De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 5123 que contiene la iniciativa que reforma el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, presentada por el entonces diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En virtud del análisis y estudio de la iniciativa que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las facultades que le confiere la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico; los artículos 39, numerales 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

1. El 11 de diciembre de 2008, el entonces diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de esta Cámara, la iniciativa que reforma el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre.

2. En la misma fecha, fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, bajo el expediente número 5123 para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3. Durante el proceso de entrega recepción de la LX a la LXI Legislatura de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se recibió como asunto de rezago el proyecto de dictamen del expediente de la Iniciativa que reforma el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, presentada por el entonces diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui.

4. El martes 8 de diciembre de 2009, los diputados integrantes de la Mesa Directiva del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, enviaron a la presidenta de esta comisión ordinaria oficio, sin número, mediante el cual, emiten opinión con respecto a la iniciativa que se dictamina, aprobando su desecho.

Contenido de la iniciativa

Del análisis realizado al expediente de la iniciativa con proyecto de decreto que se dictamina, se entiende que el legislador propone agregar excepciones al texto vigente del artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, con el objeto de que, mediante el cambio de uso del suelo o aprovechamiento de las zonas de manglar, se permita la ejecución de una diversidad de obras o actividades, particularmente portuarias que, a decir del diputado promovente, sean consideradas estratégicas e impliquen beneficios de importancia para las entidades federativas o para la economía en general, sujetándolas exclusivamente al procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EIA) para su autorización. Para tal efecto se propone la siguiente redacción:

Artículo 60 Ter. ...

...

Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior:

I. Obras o actividades que tengan por objeto proteger, restaurar, investigar o conservar las áreas de manglar;

II. Obras de infraestructura marítimo-portuaria y de vías generales de comunicación de interés público, así como aquéllas que signifiquen el desarrollo sustentable de una comunidad y que por su naturaleza no puedan ser ubicadas en otro sitio; y

III. Aquellas obras que signifiquen el desarrollo sustentable de una región.”

Dichas obras o actividades estarán sujetas al procedimiento de evaluación del impacto ambiental de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y sus reglamentos.

La secretaría deberá establecer las medidas necesarias para recuperar los bosques de mangle que resulten afectados por las obras mencionadas en este artículo, de conformidad con las disposiciones federales aplicables.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con base en las disposiciones legales aplicables, en los siguientes 30 días hábiles a la fecha de publicación del proyecto de decreto iniciará el proceso para modificar las normas oficiales mexicanas que involucren la salvaguarda de humedales y manglares en la República Mexicana, incluyendo los niveles equivalentes para las acciones o medidas de compensación, restauración o reparación de los ecosistemas de manglar necesarias que deberán realizarse en la misma región, zona o cuenca.

Tercero. Entrando en vigor el presente decreto se derogan todas las disposiciones legales que contravengan al éste.” 1

Consideraciones

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina que: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, ...”. Del mismo modo, “bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.”

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, define al desarrollo sustentable como:

El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras;

De tal suerte que, por mandato constitucional, todos y cada uno de los sectores que promueven el desarrollo de la economía mexicana deben considerar los criterios de política ambiental, antes descritos. Si bien es cierto, el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, citado por el diputado promovente, reconoce que el crecimiento económico y las oportunidades de bienestar están claramente relacionados con el grado de desarrollo de la infraestructura del país, éste, no puede fomentarse a costa de los elementos naturales o su degradación. En igual o mayor grado, para la población mexicana, la educación de alta calidad y el acceso efectivo a un sistema de salud eficiente, son elementos fundamentales para el crecimiento económico y el bienestar social en el país.

No debe escapar a la atención de los legisladores, que el principio rector del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 es el Desarrollo Humano Sustentable, el cual reconoce que: “Para que el desarrollo humano planteado sea sustentable, requiere la protección del patrimonio natural del país y el compromiso con el bienestar de las generaciones futuras.” 2

Este programa nacional también plantea como uno de sus objetivos nacionales: “asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los mexicanos en el cuidado, la protección, la preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural del país logrando afianzar el desarrollo económico y social sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras.” 3 En ese sentido, no sorprende que reconozca que: “No lograremos respetar, ni conservar los recursos naturales de nuestro país, ni la extraordinaria biodiversidad de nuestro entorno, si no transformamos significativamente la cultura de nuestra sociedad.” 4

Más aún, el PND 2007-2012 claramente determina que: “México está aún a tiempo de poner en práctica las medidas necesarias para que todos los proyectos, particularmente los de infraestructura y los del sector productivo, sean compatibles con la protección del ambiente.” 5 Adicionalmente reconoce que: “El cuidado del ambiente es un tema que preocupa y ocupa a todos los países. Las consecuencias de modelos de desarrollo, pasados y actuales, que no han tomado en cuenta al medio ambiente, se manifiestan inequívocamente en problemas de orden mundial como el cambio climático.” 6

Aunque el diputado promovente reconoce la importancia de los manglares, afirma que la disposición legal vigente ha detenido la inversión en proyectos portuarios y carreteros, destacando los casos de: “Michoacán, Tamaulipas, Quintana Roo y Veracruz, donde las inversiones en puertos con proyectos de crecimiento están detenidas por encontrarse en zonas de manglar; dichas inversiones ascienden a 9 mil 190 millones de pesos, que para ser específicos son la ampliación del puerto en la laguna de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz; la ampliación del canal suroeste y la vialidad norte en la isla de Cayacal, en Lázaro Cárdenas, Michoacán; y la ampliación del puerto profundo y la instalación de terminales portuarias en Puerto Morelos, Quintana Roo; todos ellos proyectos ambiciosos que resultan de estudios técnicos y de impacto ambiental, los cuales otorgarán, no sólo a estos estados, sino a la regiones y en general al país, de esas herramientas mencionadas y necesarias para el desarrollo. En lo que respecta a los proyectos carreteros detenidos también por la ley vigente, y por lo cual se exponen los motivos para su modificación, son por ejemplificar algunos cuantos los siguientes: libramiento de Atasta, en Campeche; costera Coahuayana de Hidalgo-Lázaro Cárdenas, en Michoacán; la carretera Tuxpan-Tampico, en Veracruz y Tamaulipas; y la carretera Mérida-Progreso y el acceso al puente Yucalpetén, en Yucatán; proyectos que representan inversiones por 3 mil 970 millones de pesos y los cuales generarían miles de empleos directos.”

A efecto de corroborar la afirmación del diputado promovente citada en el párrafo anterior, la comisión que dictamina llevó a cabo una investigación acuciosa sobre los citados proyectos encontrando lo siguiente:

• Ampliación del puerto en la laguna de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz

La obra no está detenida. De acuerdo con la información contenida en el boletín 240 de noviembre de 2008, publicado con motivo de la Segunda Reunión Anual de la Asociación Americana de Puertos del Golfo de México, celebrada del 12 al 14 de noviembre de 2008, en Mérida, Yucatán, el Lic. Alejandro Chacón Domínguez, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, realizó una presentación sobre los principales proyectos de infraestructura portuaria que lleva a cabo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sobre el caso de Veracruz de Ignacio de la Llave, señaló, entre otros: “los servicios del Ferrobuque y el desarrollo portuario en la Laguna de Pajaritos”.

Adicionalmente, se considera relevante mencionar que, el 16 de diciembre de 2008, se presentó la manifestación de impacto ambiental correspondiente, encontrándose actualmente en proceso de evaluación. De acuerdo con las disposiciones del proceso de EIA, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene hasta el 26 de marzo próximo para emitir la resolución correspondiente.

A la luz de lo anterior, resulta sumamente preocupante que el diputado promovente formule una aseveración tan delicada, perjudicando negativamente el proceso de impacto ambiental. Asimismo, preocupa que el coordinador general de Puertos y Marina Mercante informe que los trabajos de infraestructura se están llevando acabo, cuando la autoridad ambiental no ha emitido aún su resolutivo sobre la manifestación de impacto ambiental (MIA), de ser así, se estaría violentando la legislación federal en la materia.

• Ampliación del canal suroeste y la vialidad norte en la isla de Cayacal, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El documento de la Administración Portuaria Integral Lázaro Cárdenas, SA de CV, “Obra Pública. Ejercicio 2008, Capítulo 6000”, no contempla una fecha que indique el período de ejecución de esta obra, así como tampoco señala al contratista. Lo anterior reconoce que, en el año 2008, no se llevó a cabo el concurso de licitación que diera pie a la preparación y presentación ante la autoridad ambiental de la manifestación de impacto ambiental, hecho que quedó constatado al revisar la base de datos de la Semarnat.

No obstante, la comisión que dictamina considera importante informar que el 13 de enero de 2009, la Administración Portuaria Integral Lázaro Cárdenas, SA de CV, presentó una manifestación de impacto ambiental para la “Integración y Validación de los Proyectos en ese recinto, en el marco de los ordenamientos vigentes y vocaciones de uso de suelo.” Al respecto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene como plazo hasta el 9 de abril próximo para emitir la resolución correspondiente.

• Ampliación del puerto profundo y la instalación de terminales portuarias en Puerto Morelos, Quintana Roo.

Este es un caso particularmente importante. En el mes de mayo de 2002 la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S. A. de C. V. presentó la Manifestación de Impacto Ambiental “Ampliación y Modernización del Recinto Portuario de Puerto Morelos, Quintana Roo”, que fue declarada improcedente por la autoridad ambiental, ya que contravenía diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de su Reglamento en materia de EIA, Programa de Manejo del Área Natural Protegida, Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos, así como del Programa de Ordenamiento Ecológico del Corredor Cancún-Tulúm.

El 6 de diciembre de 2007, la autoridad ambiental recibió nuevamente la manifestación de impacto ambiental “Ampliación y Modernización del Recinto Portuario de Puerto Morelos, Quintana Roo”, que fue negada al subsistir las irregularidades encontradas en el proyecto presentado en 2002, entre las que destacan: el daño grave a los arrecifes coralinos de Puerto Morelos, la falta de información sobre la disposición de residuos sólidos urbanos, la violación de lo dispuesto por el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de Benito Juárez, al pretender ubicar las obras dentro de la poligonal de un área natural protegida federal, entre otros. A continuación se muestra el resolutivo.

Primero. Negar la autorización solicitada en materia de impacto ambiental para el proyecto “Ampliación y modernización del recinto portuario de Puerto Morelos, Quintana Roo” promovido por la empresa Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV, con pretendida ubicación en la localidad de Puerto Morelos, municipio Benito Juárez, en el estado de Quintana Roo, dado que de la manifestación de impacto ambiental, modalidad regional, contraviene lo dispuesto en el artículo 30, primer párrafo, de la LGEEPA; los artículos 13, fracciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII del REIA; así como por contravenir lo dispuesto en los lineamientos establecidos en los criterios ecológicos CG-44, CO-13 del Programa de Ordenamiento Ecológico local del municipio de Benito Juárez (POELMBJ) publicado en el Periódico Oficial del Estado los días 20 y 21 de julio de 2005, así como los criterios ecológicos FF-25 y FF-26 del Programa de Ordenamiento Ecológico de la región denominada corredor Cancún-Tulúm, publicado en el Periodico Oficial el 16 de noviembre de 2001, de acuerdo a lo indicado en los considerandos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del presente resolutivo.

• Libramiento de Atasta, Campeche.

El 12 de diciembre de 2008, se presentó la actualización de la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente, misma que ha sido remitida al evaluador. De acuerdo con las disposiciones del proceso de EIA, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene como plazo hasta el 24 de marzo próximo para emitir la resolución correspondiente.

• Costera Coahuayana de Hidalgo-Lázaro Cárdenas, Michoacán.

La MIA correspondiente fue presentada el 11 de noviembre de 2008, y actualmente se encuentra en evaluación, por lo que de acuerdo con las disposiciones del proceso de evaluación de impacto ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene como plazo hasta el 4 de marzo próximo para emitir la resolución correspondiente.

• Autopista Tuxpan-Tampico, en Veracruz y Tamaulipas.

Esta carretera forma parte del Eje Carretero del Golfo, presentado por el Gobernador de Veracruz de Ignacio de la Llave en abril de 2008, quien el pasado 2 de diciembre informó que: “la Secretaría de Comunicaciones de Veracruz ha comenzado hace unas horas todos los trabajos de liberación de derechos de vía de lo que será la autopista Tuxpan-Tampico en sus primeros 30 kilómetros, del tramo del libramiento de Tampico sur a la parte veracruzana, dentro de lo que se ha llamado el paquete del Eje Carretero del Golfo”. 7 Como se aprecia, el anuncio del gobernador Herrera Beltrán ilustra claramente que esta obra no se encuentra detenida.

• Carretera Mérida-Progreso y el acceso al puente Yucalpetén, en Yucatán.

De acuerdo a la información contenida en la tabla “Principales Trabajos de Construcción y Modernización de Carreteras Federales Realizados en el periodo SEPT./2007-AGO./2008”, que se encuentra en la página 49 del Segundo Informe de Labores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la carretera Mérida-Progreso II, se encuentra en ampliación, obra que representó una inversión de 199 millones de pesos y añadió 11.1 kilómetros de red carretera a Yucatán.

Por lo que se refiere al acceso al puente Yucalpetén, se tiene conocimiento que en octubre de 2008, dieron inicio las labores de acceso al puente, que se inicia entre las calles 140 y 37. Más aún, el pasado jueves 15 de enero, el Diario de Yucatán informó que ese mismo día el Puente de Yucalpetén sería abierto a la circulación en esa misma fecha y agregó que: “Trabajadores de Canteras Peninsulares, empresa que construyó el puente, informaron que ya se les avisó que hoy se abre al tránsito. La inauguración de la obra se hará después en fecha aún por determinar. Ayer, una cuadrilla de trabajadores se encargaba de instalar señalamientos en el puente y la avenida que conduce a la zona de marinas turísticas y la de Yucalpetén que entronca con el Periférico Poniente. La glorieta de la calle 140 con la avenida de la 37 (Yucalpetén) ya casi está lista.” 8 Esta información comprueba que la obra no esta detenida.

Como resultado de la investigación, se puede afirmar que en ninguno de los casos referidos por el promovente, resulta cierta la afirmación de que las obras de infraestructura se encuentran detenidas por lo dispuesto en el vigente Artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre.

Ahora bien, por lo que se refiere al monto de la inversión de estos proyectos, la comisión dictaminadora no es ajena a su importancia, ni al impacto que esas obras tendrán en la generación de empleos –la mayoría de ellos temporales– así como en el bienestar de la sociedad. Sin embargo, considera igualmente importante destacar que el fomento al desarrollo de infraestructura a costa del ecosistema de humedales costeros, particularmente el manglar, así como su zona de influencia, ignora que en el mediano y largo plazo, el costo que deberán asumir el Estado Mexicano y la sociedad por la degradación y pérdida de los ecosistemas que los protegen de los efectos adversos del cambio climático y que además les proporcionan una amplia gama de servicios ambientales, será exponencialmente mayor.

Al respecto, esta comisión dictaminadora considera importante mencionar que en el año 2005, el costo por degradación del medio ambiente para México fue estimado en 684 mil 761.801 millones de pesos. 9 Más aún, de acuerdo al estudio de Robert Costanza (1997), los servicios ambientales que prestan los humedales costeros han sido valuados en 4 mil 800 millones de dólares por hectárea al año, a precios de 1994. Sin embargo, si este valor se expresa a precios de 2006, alcanza la cifra de 13 mil 589 millones de dólares por hectárea al año. 10 Ahora bien por lo que se refiere al valor cultural del manglar, éste, en términos monetarios ha sido calculado en 881 dólares por hectárea al año, a precios de 1994. Tomando en cuenta estos datos es importante reconocer las bondades que proporciona la conservación de los bosques de mangle toda vez que realizan funciones económicamente rentables.

La importancia del valor económico intrínseco de los humedales costeros, entre ellos los manglares, ante los efectos adversos del cambio climático, queda reforzada con la propuesta del gobierno de México a la décima Conferencia de las Partes de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, celebrada del 28 de octubre al 4 de noviembre de 200,8 en la ciudad de Changwon, China; además de reiterar el valor económico que da a los humedales el estudio de Robert Costanza: “Destacando asimismo que el estudio intitulado “El Costo de la Inacción de Políticas” publicado en mayo de 2008, alerta que en caso de no alcanzar el objetivo de reducir significativamente la tasa actual de pérdida de Biodiversidad para 2010 el mundo deberá enfrentar costos significativos difíciles de solventar como los siguientes: por pérdida de arrecifes coralinos en el año 2030, entre 35 y 200 mil millones de dólares; por pérdida de los servicios ambientales que prestan los Humedales en Europa 6 mil millones de euros anuales, mientras que en África el costo será de 221 millones de dólares anuales.”

Aquí es importante mencionar que no se pudo incorporar a la resolución el valor económico de los humedales costeros mexicanos, incluidos los manglares, toda vez que a la fecha no se cuenta con dicha estimación.

Por si lo anterior no fuera suficiente, la propuesta de reformas y adiciones que se dictamina ignora las recomendaciones del Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). En éste, estudios científicos demuestran que los manglares son particularmente vulnerables al incremento del nivel del mar y al cambio en el grado de salinidad del agua. El Informe establece que la pérdida de manglares será más severa en el Golfo de México, por lo que deben adaptarse políticas para protegerlos, al igual que a los arrecifes coralinos. Destaca asimismo que aún cuando existen algunos manglares que pueden adaptarse al cambio climático, la indiscriminada construcción de infraestructura limitará la potencial migración de los bosques de manglar. 11

A ello, debe sumarse una de las conclusiones del Segundo Día de los Bosques que se llevó a cabo en el marco de la decimocuarta Conferencia de las Partes a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en la Ciudad de Poznan, Polonia; del 1 al 12 de diciembre pasado. Ésta conclusión, además de reafirmar el contenido del Cuarto Informe de Evaluación del IPCC, aludido en el párrafo anterior, recomienda a la comunidad internacional conservar los ecosistemas que de forma gratuita permiten reducir la vulnerabilidad y facilitar la adaptación a los efectos adversos del cambio climático. Entre esos se incluyen los humedales costeros y por ende, los manglares y sus zonas de influencia.

Otro aspecto que esta Comisión dictaminadora considera importante aclarar relacionada a la exposición de motivos de la iniciativa que se dictamina, es que dentro del dictamen de 2006, no se incluyó la siguiente referencia: “Se tiene claridad que las principales amenazas a los manglares en el país son la afectación del espacio de vida del manglar, ya sea por disminución del insumo hídrico de agua dulce o por la erosión de la costa por falta de sedimento (éstos son causados por la extracción masiva de agua de las cuencas hidrológicas); la construcción de granjas camaronícolas; la destrucción ocasionada por el desarrollo de centros turísticos y urbanos; y la tala motivada por la ampliación de la frontera agrícola-ganadera.” Ello puede ser corroborado al revisar la Gaceta Parlamentaria, número 2157-III, del jueves 21 de diciembre de 2006, día en que se votaron y aprobaron las reformas vigentes. Por lo que, se presume que el Diputado promovente utilizó información “no fidedigna” para la realización de su exposición de motivos, hecho que, además de preocupante es sumamente grave, ya que inevitablemente debilita el fundamento de la iniciativa de reformas propuesta.

De igual forma, esta comisión dictaminadora considera pertinente comentar que, aún cuando el Diputado promovente afirme que: “las obras y actividades que más amenazan a los ecosistemas de manglar son otras distintas al desarrollo portuario”, todas las organizaciones y centros de investigación que participaron en la elaboración de la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, 12 reconocieron lo contrario. Y para sustentar esta afirmación, la Dictaminadora se permite citar el numeral 0.43, de la norma antes citada, que establece: “Que la suma o acumulación de impactos ambientales producidos en la mayoría de las lagunas costeras y estuarios provocadas por los desarrollos portuarios y la infraestructura turística, canalizaciones, dragados, rellenos, así como diversas actividades productivas sobre las cuencas hidrológicas (agricultura, ganadería, deforestación, etc.), así como por el vertimiento de aguas residuales urbanas, la disposición de residuos sólidos y algunas formas de energía, han reducido y deteriorado los hábitats productivos deteriorando los depósitos de sedimentos, afectando la calidad del agua del estuario, alterando los ciclos biogeoquímicos y provocando presión sobre las poblaciones de diversas especies estuarianas en general.” 13

A efecto de despejar cualquier duda de que el numeral 0.43 se refiere a los manglares, la dictaminadora se permite citar el numeral 3.23 de la Norma Oficial Mexicana en comento, que define al Estuario como: “... un ecosistema costero cuya fisiografía semicerrada con conexión al mar abierto y cuya característica es la dilución de agua marina con aporte de agua dulce proveniente de un escurrimiento continental, por lo que la salinidad varía entre 3 y 25 partes por millón. Los sistemas estuarinos incluyen estuarios, deltas, lagunas costeras, esteros, manglares y zonas lodosas y arrecifes.”

De igual forma cita el contenido del numeral 3.45 de la Norma Oficial Mexicana, que al definir a las obras o actividades productivas, establece claramente que entre éstas se incluyen las obras del sector comunicaciones y transportes: “3.45. Obra o actividad productiva: Aquellos trabajos, labores u ocupaciones antropogénicas tales como: acuacultura, asentamientos humanos, industriales, obras: eléctrica, minera, turística, comunicaciones y transportes, que modifican el marco biofísico y generan degradación del ecosistema en los humedales costeros.”

Es importante señalar que en sesión del 12 de agosto de 2009, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la constitucionalidad de los artículos 60 Ter y 99, segundo párrafo, de la Ley General de Vida Silvestre al negar el amparo 1573/2009 a los quejosos, en virtud de que la prohibición impuesta en dichos artículos está plenamente justificada en aras del bien jurídico que se tutela, que es siendo éste el equilibrio ecológico.

Con lo anterior, esta comisión dictaminadora confirma su preocupación respecto del motivo real del diputado promovente, al proponer una reforma que pone en riesgo el equilibrio ecológico de las zonas costeras donde predomina el ecosistema de manglar ya que, las reformas que propone son precisamente las que la NOM-022-SEMARNAT-2003 prohibía, antes de que se publicara la especificación 4.43 a la misma. De igual forma, esta comisión dictaminadora comprueba que el diputado promovente ha convertido al tema motivo del dictamen, en un asunto de percepción, determinado por factores económico y políticos pero no así, científicos, ambientales y mucho menos sociales, toda vez que ha quedado comprobado que de afectarse el ecosistema de humedal costero y su zona de influencia, la población asentada en zonas costeras será una de las más vulnerables a los embates de fenómenos meteorológicos como huracanes.

Por lo motivado y fundado, esta comisión dictaminadora considera la reforma propuesta improcedente toda vez que la preocupación del diputado promovente tiene su origen en la inadecuada lectura de lo dispuesto por el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre y por la sección V Evaluación de Impacto Ambiental, del Capítulo IV Instrumentos de Política Ambiental, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Ya que de acuerdo con estos artículos, las actividades a que hace referencia el diputado promovente pueden llevarse a cabo siempre que no impliquen los supuestos del primer párrafo del Artículo 60 Ter y cumplan con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental correspondiente.

La dictaminadora también considera que la reforma propuesta contraviene el espíritu de lo dispuesto en la ley en su Capítulo I Especies y Poblaciones en Riesgo y Prioritarias para la Conservación, del Título VI Conservación de la Vida Silvestre. Toda vez que los manglares, así como otras especies y poblaciones asociadas al ecosistema de humedal costero, son consideradas por la normatividad vigente como especies y poblaciones en riesgo que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 3o. de la Ley General de Vida Silvestre se define como: “aquellas identificadas por la secretaría como probablemente extintas en el medio silvestre, en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial, con arreglo a esta ley.”

El artículo 61 de la ley en comento, dispone que la designación de una especie o población en riesgo, obedece a que una determinada especie o población se encuentra en, al menos, alguno de los siguientes supuestos:

“a) Su importancia estratégica para la conservación de hábitat y de otras especies.

b) La importancia de la especie o población para el mantenimiento de la biodiversidad, la estructura y el funcionamiento de un ecosistema o parte de él.

c) Su carácter endémico, cuando se trate de especies o poblaciones en riesgo.

d) El alto grado de interés social, cultural, científico o económico.”

Adicionalmente, para el caso que nos ocupa, es fundamental destacar que, de conformidad con lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-059 SEMARNAT-2001. Protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo, las especies de manglar del país se clasifican como “sujetas a protección especial”.

A la luz de lo anterior se estima necesario recordar lo dispuesto por el inciso c) del artículo 58 de la ley en comento, que define a las especies y poblaciones en riesgo sujetas a protección especial como: “aquellas que podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación o la recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas.”

Aunado al hecho de que los manglares de México son especies sujetas a protección especial, algunas de las especies que habitan en el ecosistema de humedales costeros mexicanos son endémicas. Como ejemplo tenemos: la codorniz yucateca, el loro yucateco y los peces “cachorritos”. Los humedales costeros mexicanos también acogen especies migratorias como la cigüeña americana, la garceta rojiza, el flamenco rosa del Caribe y la barlaca carinegra. Asimismo, albergan especies en peligro de extinción como el mono aullador, la pardela mexicana, el ganso de collar, el ganso de melena, el rascón café, el caracol rosado, y a las tortugas: laúd, golfina, carey, caguama, blanca y prieta.

En ese sentido, la reforma que motiva el presente dictamen propiciaría que fracasen los esfuerzos de conservación de ecosistemas prioritarios, especies y poblaciones en riesgo, así como todas aquellas acciones tendientes a mitigar y adaptar a las comunidades costeras, incluidas las llanuras costeras, a los efectos adversos derivados del cambio climático, al exceptuar de lo dispuesto en el artículo 60 Ter a las obras de infraestructura marítimo-portuaria y de vías generales de comunicación de interés público, así como a las obras que signifiquen el desarrollo sustentable de una comunidad o región y que, por su naturaleza, no puedan ser ubicadas en otro sitio. Bajo esta perspectiva, el costo de esta reforma será mucho mayor que el mantener la legislación sobre manglares en el estado actual.

De permitir la ejecución de obras o actividades de infraestructura en manglares de la forma que pretende la reforma motivo del presente dictamen, se fomentará el inadecuado desarrollo costero, con las consecuentes amenazas de desmontes y actividades de construcción que implican la remoción de la vegetación natural, dragado, relleno, canalización y desagües; la extracción de arena, la pérdida de dunas costeras, humedales, playas y áreas adyacentes.

Resulta inconveniente confiar plenamente en instrumentos como la evaluación de impacto ambiental y las compensaciones por daño ambiental como mecanismos que garanticen la protección ambiental, toda vez que, entre otras cosas, la evaluación del efecto acumulativo no es considerada en una manifestación de impacto ambiental, mientras que la compensación definida y conceptualizada, desde la perspectiva jurídica, derivada del derecho civil, no incluye criterios de ingeniería ecosistémica, necesarios para que una compensación sea efectiva en términos de reparación del daño ambiental producido.

En México la evaluación de impacto ambiental viene operando desde finales de la década de los años 70. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente vigente, ubica a la figura de la EIA, como uno de sus instrumentos de política ambiental, definiéndola en su artículo 28 como:

“...el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente”.

Desafortunadamente, se considera que la EIA –como instrumento de política ambiental– con aplicación específica e incidencia directa en las actividades productivas, ha perdido su carácter preventivo, ya que en los últimos años, son cada vez más constantes y notorias las irregularidades jurídicas que presentan los procedimientos de evaluación y autorización de las MIA. Igualmente, muchos de los proyectos incumplen con los requisitos que la ley exige, y aún así, son autorizados.

Aunado a esto, las denuncias sobre presuntas responsabilidades de servidores públicos, que diversas organizaciones no gubernamentales e incluso instituciones académicas han presentado ante la Secretaría de la Función Pública, ponen en evidencia la ineficacia de la autoridad ambiental al desahogar los procedimientos evaluatorios de impacto ambiental. Cada vez es más frecuente la problemática relacionada con autorizaciones emitidas sobre una base estrictamente intuitiva, aplicando medidas de mitigación sin conocer si quiera los impactos ambientales reales carentes, en muchas ocasiones, de criterios técnicos, regulación y procedimientos coherentes, por lo que en la mayoría de las veces, el proceso se supedita a un mero trámite administrativo por cumplir.

El problema no sólo estriba en el actuar del servidor público, sino también en que nuestra legislación cuenta con vacíos jurídicos, que la hacen flexible y benevolente, razón por la cual pese a que los proyectos sean ambientalmente inviables, jurídicamente son posibles. Basta mencionar, que en esta Legislatura diversos Grupos Parlamentarios han presentado iniciativas de reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, reconociendo los vacíos y problemas que tiene el procedimiento evaluatorio de impacto ambiental. Así la comisión dictaminadora reitera que de permitir la modificación del artículo 60 Ter en los términos propuestos por el diputado promovente y confiar en que la EIA será suficiente para garantizar el aprovechamiento sustentable y mitigación de los impactos que las obras o actividades generen sobre los ecosistemas de manglar, no es un argumento lo suficientemente válido como para aceptar la reforma sujeta a dictamen.

Si como refiere el diputado promovente, se quiere un país que se desarrolle y que cuide sus recursos naturales, la Comisión dictaminadora considera que este es el momento decisivo para pasar de la retórica a la práctica. Pero para ello, los desarrolladores de obras de infraestructura, en este caso portuaria, no requieren de reformas legales sino de un cambio en la forma en que conciben y materializan los proyectos que sin lugar a duda son necesarios para el desarrollo del país.

Si hemos de heredar a las generaciones futuras, un México sustentable, esta comisión dictaminadora considera que las reformas propuestas por el diputado promoverte, son del todo improcedentes.

Por las razones señaladas, los integrantes de la comisión legislativa que suscriben, se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo y adiciona los párrafos tercero y cuarto al artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre.

Notas

1 Que reforma el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre. Presentada por el diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, PRI. Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Gaceta Parlamentaria, número 2651-II, martes 9 de diciembre de 2008 (2444).

2 Presidencia de la República. 2007. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. México, p. 24.

3 Ídem. página 26.

4 Ídem. página 27. Las negritas son de la comisión dictaminadora.

5 Ídem, página 234. Las negritas son de la comisión dictaminadora.

6 Ídem, páginas 234 y 236.

7 “Inicia Secom liberación de derecho de vía de la Tuxpan-Tampico.” Diario de Jalapa . 2 de diciembre de 2008. En: http://www.oem.com.mx/diariodexalapa/notas/n953439.htm. Página consultada el 18 de enero de 2008.

8 “El nuevo puente se abre hoy a la circulación” Diario de Yucatán . Jueves 15 de enero de 2009. En: http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=51$4109060000$3994592& f=20090115. Página consultada el 18 de enero de 2009.

9 Auditoría Superior de la Federación. 2005. Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005, Tomo I; México, DF, página 186.

10 Costanza, Robert. et.al . 1997. “The Value of the World’s Ecosystem Services and Natural Capital”. Nature, Vol. 387, 15 May 1997, p. 256.

11 Nicholls, R.J., P.P. Wong, V.R. Burkett, J.O. Codignotto, J.E. Hay, R.F. McLean, S. Ragoonaden and C.D. Woodroffe, 2007: Coastal systems and low-lying areas. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change , M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. Hanson, Editores, Cambridge University Press, Cambridge, UK, páginas 315-356.

12 Que establece las especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar.

13 Las negritas son de la comisión dictaminadora.

Dado en el salón de comisiones de la honorable Cámara de Diputados, el día 17 de febrero 2010.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Roberto Borge Angulo, Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), María Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvares Cisneros (rúbrica), secretarios; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Alejandro Bahena Flores, Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), María Estela de la Fuente Dagdug, Gerardo del Mazo Morales, Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Judith Fabiola Vázquez Saut (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica).