El suscrito, diputado José Manuel Agüero Tovar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete al pleno de ésta honorable soberanía del honorable Congreso de la Unión el siguiente punto de acuerdo, mediante el que se exhorta por tercera ocasión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cumplir con el pago del m a jubilados y pensionados del gobierno federal, en función del punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados y Publicado en la Gaceta Parlamentaria No. 2136-I del martes 21 de noviembre del 2006.
Consideraciones
Al término del sexenio del Presidente Zedillo, se cubrió el bono a jubilados y pensionados el mes de marzo del 2000, por un total de 625 millones de pesos, correspondiendo a cada uno la cantidad de $1,592.00, tras una serie de manifestaciones públicas de miles de derechohabientes.
Se publicó un punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria del 21 de noviembre de 2006, mediante el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "para que, en el marco de sus atribuciones y competencias, disponga lo necesario para que de inmediato se haga extensivo el pago extraordinario como complemento a las medidas de fin de sexenio a todos los trabajadores al servicio del Estado, a todos los de la educación, así como a los pensionados y jubilados de la administración pública federal".
En diciembre de 2006 se pagó dicho bono a los trabajadores en activo; sin embargo, no se ha pago a la fecha a los jubilados y pensionados.
El mes de junio del 2007, ante la inexplicable exclusión del pago, diversas organizaciones de jubilados y pensionados enviaron oficios al ciudadano presidente de la república, con copia a los titulares de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, solicitando la entrega del apoyo a los trabajadores jubilados y pensionados.
La Presidencia, informó que tardaría entre 30 y 40 días la determinación de lo procedente y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado estaban en espera de la decisión del ciudadano presidente de la república, toda vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debía decidir la partida presupuestal para pagar a jubilados y pensionados el bono sexenal.
El 15 de agosto del 2007 los diputados federales Marco Antonio Bernal Gutiérrez y María del Carmen Pinete Vargas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron el punto de acuerdo exhortando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que "en el marco de sus atribuciones y competencias, disponga lo necesario para que de inmediato se haga extensivo el pago extraordinario, denominado bono sexenal, como complemento a las medidas de fin del sexenio próximo pasado, a todos los trabajadores pensionados y jubilados de la Administración Pública Federal".
El 21 de agosto de 2007, la comisión dictaminadora de la Tercera Comisión, con fundamento en todo lo anteriormente expuesto, consideró procedente exhortar nuevamente al Poder Ejecutivo federal, a fin de que los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, contemplen y procedan a realizar el pago extraordinario denominado bono sexenal, a todos los jubilados y pensionados de la administración pública federal, como complemento a las medidas de fin de sexenio 2006.
Considerando que en los logros de nuestras instituciones, han sido alcanzados con la participación de quienes en su momento eran trabajadores en activo y hoy son jubilados y pensionados de la administración pública federal, que en su mayoría reciben pensiones de sobrevivencia, y que han transcurrido dos años y medio, y a la fecha no se ha cumplido el exhorto mencionado, es evidente la injusticia de esta situación. Como un acto de elemental justicia y solidaridad debe de otorgárseles este beneficio, mismo que sería un alivio temporal para su angustiada situación, sin dejar al olvido que el legislativo debe analizar reformas que mejoren su nivel de vida.
De otra manera, nunca se podrán avanzar en la construcción de una nación de justicia y de leyes encaminadas a lograr el bienestar social, como lo dispone la Constitución General de la República.
Por todo lo antes expuesto someto a la consideración del pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado procedan a realizar el pago extraordinario denominado "bono sexenal", como complemento a las medidas del fin de sexenio próximo pasado, a todos los jubilados y pensionados de la administración pública federal.
Palacio Legislativo, a 4 de marzo del 2010.
Diputado José Manuel Agüero Tovar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A AGREGAR EL INCISO D) A LA FRACCIÓN
VII DEL ARTÍCULO 24 DEL DECRETO PARA EL FOMENTO Y OPERACIÓN
DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA, A CARGO DEL DIPUTADO ROBERTO PÉREZ
DE ALVA BLANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
Roberto Pérez de Alva Blanco, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La actividad maquiladora fue el sector más dinámico de la economía mexicana en las dos últimas décadas del siglo pasado. Numerosos estudios indican que desde el establecimiento de las primeras maquiladoras en territorio nacional, el crecimiento anual de empleo fue próximo a 10 por ciento, en contraste con un promedio nacional del 2 por ciento concentrado principalmente en la franja fronteriza norte.
Ante el grave descenso de la actividad agrícola y la amplia demanda de empleo impulsada por diferentes fenómenos sociales, como la repatriación de los braceros y el descenso de la actividad turística en la zona fronteriza principalmente, se dio lugar a un alto índice de crecimiento poblacional, que fue generando un grave fenómeno de falta de empleo en las ciudades de esa franja.
Ante tal situación, en la década de 1970 el gobierno federal inició una serie de programas, como el Nacional Fronterizo, la introducción de los artículos gancho, y el Programa de Industrialización Fronteriza (PIF). Mientras las dos primeras medidas se orientaban a la reactivación y el impulso del turismo, buscando la retención de los compradores del lado mexicano, el PIF surgió con la idea de contrarrestar el desempleo generado por el término del Programa Bracero, así como del proceso de internacionalización de los grandes capitales y de empresas transnacionales.
Así, en 1965 se aprobó el impulso de la industrialización de la frontera norte mediante el PIF, que consistió básicamente en la instalación de fragmentos de los procesos productivos de industrias que requerían uso intensivo de mano de obra.
Para finales de los setenta, México se había convertido en uno de los países maquiladores más importantes: ocupaba el tercer lugar mundial, sólo detrás de Alemania occidental y Canadá.
El desarrollo de la industria maquiladora se ha situado en gran medida en la zona fronteriza norte, por el concepto de "plantas gemelas", en las que una sola gerencia podía manejar una planta de alta tecnología de capital intensivo extranjero, y una planta de uso intensivo de mano de obra en el lado mexicano, acogiéndose al régimen aduanero de importación temporal, que permite la introducción en el país, con ciertas facilidades, de todo tipo de maquinaria, equipo, materia prima, etcétera, todo ello sujeto a la reexportación.
La industria maquiladora en el país, desde la publicación del decreto que regula su funcionamiento, ha cobrado enorme importancia en el ramo productivo y en la generación de empleos en el país, particularmente en la región fronteriza norte. Sus objetivos de crear fuentes de empleo, fortalecer la balanza comercial del país, elevar la competitividad internacional de la industria mexicana y fomentar la capacitación de los trabajadores, junto con el impulso del desarrollo y la transferencia de tecnología moderna en la nación, se han venido cumpliendo de manera cada vez más intensa, no obstante que su desarrollo ha enfrentado crisis recurrentes y altibajos, lo que puede observarse con una simple mirada a las estadísticas que lo confirman.
En efecto, en una amplia gama de actividades, las maquiladoras industriales, las controladoras de empresas, las de servicios, etcétera, que obedecen al concepto del proceso industrial o de servicio destinado a la transformación, elaboración o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación, han desempeñado su trabajo con inobjetable beneficio a la economía nacional, fundamentalmente en el marco de la legislación laboral mexicana y con un efecto que ha sustituido algunas otras ramas de la producción, en particular la actividad agropecuaria, que en los últimos años ha tenido un grave deterioro.
Por razones evidentes, este desarrollo se ha concentrado en la frontera norte, derivado de los bajos costos de transporte y la mayor calidad de la infraestructura industrial. Diversos estudios señalan que las diferencias entre la región note y el centro del país en la captación de la inversión extranjera en la industria maquiladora en cuanto a tipo de industria y complejidad antes de disminuir siguen aumentando; entre las razones están la proximidad con el mercado y los proveedores, los bajos costos de transporte y una mayor productividad, lo que desaparece otro tipo de desventajas, como la de remuneraciones más altas.
Lo expuesto deja muy en claro la enorme importancia y el nivel de participación que tiene en el empleo de miles de nacionales la industria de la maquila, que si bien cumple en lo general sus obligaciones patronales, con frecuencia saltan a la vista algunas que, desempeñándose formal o informalmente, dejan de hacerlo por la permisividad de la norma que las regula.
Para el propósito de esta propuesta, deseo centrar la atención en el aspecto laboral en el que se desempeñan, sobre todo en la zona fronteriza, decenas de miles de empleados, y muy particularmente resaltar algunas desventajas de esa ubicación tan cerca de la línea fronteriza, a la luz del acogimiento de ciertas empresas al régimen de importación temporal.
Particularmente deseo referirme al caso de la reexportación o retorno al país de origen de forma repentina de maquinarias, equipo y en ocasiones materias primas, que con la protección del régimen de importación temporal hacen algunas empresas en forma intempestiva, dejando tras de ese retorno deudas por falta de pago en salarios o prestaciones a los trabajadores y con adeudos ante los Institutos Mexicano de Seguro Social, y del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y que al retornar el capital que significa el equipo de trabajo, dejan a los empleados en el más absoluto desamparo.
Estas empresas, por fortuna las menos, han recibido el calificativo de "golondrinas". Es frecuente que los medios de comunicación nos enteren de la justa protesta de los trabajadores por uso abusivo del régimen de importación temporal que permite el retiro de los equipos de manera apresurada, lo que se convierte en un problema social que en un momento afecta también diversas instancias de gobierno.
La Ley Aduanera considera algunas prevenciones y requerimientos para que se permita a las empresas que dejan la plaza definitivamente el retorno de los equipos; sin embargo, esos requerimientos son de tipo administrativo y aduanero y en ningún capítulo se incluye alguna prevención que verifique la condición laboral que tras de sí dejan las empresas al momento del retorno de sus maquinarias.
Por lo anterior, el punto de acuerdo que se presenta exhorta al Ejecutivo federal a incorporar en el articulado de las obligaciones de las personas morales a que se haya aprobado un programa de operación de maquila como considera el decreto para el fomento y operación de la industria maquiladora de exportación un agregado que establezca la obligación para que en el trámite al momento del retorno y la salida definitiva del país ante la autoridad aduanera se incorpore en las documentales testimonio de la autoridad laboral o social correspondiente de que la empresa está al corriente con sus obligaciones patronales, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo y cualquier otra norma concurrente. Esto, a fin de proteger a los trabajadores ante un eventual incumplimiento de sus derechos, manteniendo los equipos en territorio nacional como garantía de sus prestaciones.
A fin de evitar complejidades burocráticas, el agregado que se propone establece que si las autoridades correspondientes no expiden la constancia de la regularidad en las obligaciones patronales en un plazo no mayor de 10 días calendario, la solicitud se tomará como respondida afirmativamente.
Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a agregar el inciso d) a la fracción VII del artículo 24 del decreto para el fomento y operación de la industria maquiladora, para quedar como sigue:
I. a VI. …
VII. Solicitar a la secretaría el registro, previo trámite ante el SAT, de lo siguiente:
d) El trámite del retorno ante la autoridad aduanera deberá acompañarse de constancia de la Secretaría del Trabajo de que la empresa se encuentra al corriente de sus obligaciones patronales. Si la autoridad responsable no expide la constancia de la regularidad en un plazo no mayor de diez días hábiles a partir de que le fue solicitada, se tendrá por respondida afirmativamente.
Diputado Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SE Y A LA SECTUR A EJERCER UNA ACCIÓN COORDINADA
PARA EMITIR LA NORMA OFICIAL MEXICANA QUE INCREMENTE Y FORTALEZCA LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS MANUEL JOAQUÍN GONZÁLEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Manuel Joaquín González, diputado presidente de la Comisión de Turismo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Turismo, a que ejerzan una acción coordinada a fin de emitir la Norma Oficial Mexicana "Para Prácticas de Comercialización del servicio de Tiempo Compartido", con el fin de incrementar y fortalecer la actividad turística en México.
Señores diputados y señoras diputadas, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; como es de todos sabido el turismo en México es una actividad económica importante para el país, y ha sido posicionada en octavo lugar a nivel mundial en términos de llegadas de turistas internacionales.
En el sector turístico existen diferentes actividades que provocan derrama económica en nuestros destinos turísticos, una de ellas es el tiempo compartido, que nace dentro de la industria turística, como un procedimiento para comercializar cualquier bien inmueble donde la división implica la copropiedad de cada unidad y los gastos de conservación y mantenimiento se comparten.
La industria del tiempo compartido actual incluye cerca de 6 mil desarrollos en todo el mundo, para un dar total de 11 millones de "intervalos" de tiempo compartido que ha sido vendido individualmente a cerca de 7 millones de familias en todo el mundo. Las ventas globales de tiempo compartido suman un total de más de 9 mil millones de euros anualmente, con un crecimiento proyectado que es del doble del turismo mundial.
Antecedentes
El tiempo compartido como actividad, se ha venido desarrollando durante varios años; esta actividad es inminentemente turística, y se encuentra regulada y sancionada por la Secretaría de Economía, por lo que estamos convencidos que en esta regulación debe existir una coordinación entre la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Economía toda vez que reconocemos que la Secretaría de Economía ha llevado a cabo esfuerzos importantes para regular la actividad, pero que sin duda la mejor forma de hacerlo es con la colaboración de la secretaría coordinadora de sector.
En la actualidad esta actividad representa cerca del 39 por ciento de la oferta de hospedaje de calidad turística del país, con 409 proyectos, lo que equivale a cerca del 24 por ciento de la oferta en Latinoamérica y el Caribe, es decir cerca de 46 mil 549 unidades construidas o 100 mil cuartos hoteleros generando más de 6 millones de turistas, niveles de ocupación del 80 por ciento al año, y ventas del orden de los 3 mil 44 millones de dólares.
La Ley Federal de Turismo en su capítulo VI, artículo 66, señala que corresponde a la Secretaría de Turismo verificar el cumplimiento de esta ley, su Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas en Materia de Turismo verificando a los prestadores de servicios turísticos; razón que no ha sido aplicada para los tiempos compartidos.
En tanto que la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, contempla en el artículo 42, sección X, que corresponde a la Secretaría de Turismo regular, orientar y estimular las medidas de protección al turismo, y vigilar su cumplimiento, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal y con las autoridades estatales y municipales, Así como en su artículo 34, sección II, corresponde a la Secretaría de Economía regular, promover y vigilar la comercialización, distribución y consumo de los bienes y servicios.
Considerandos
La Norma Oficial Mexicana emitida por la Secretaría de Economía 029-SCFI-1998, establece únicamente la relación comercial que se genera, sin especificar que dicha actividad es puramente turística; por lo cual, resulta conveniente resaltar la importancia de la regulación de los tiempos compartidos para el fortalecimiento y el desarrollo del turismo en México.
La elaboración de la Norma Oficial Mexicana 029-SCFI-2009 para "Prácticas Comerciales-Requisitos informativos para la prestación del servicio de tiempo compartido" , contempló algunos temas innovadores que a experiencia de las localidades es de difícil aplicación, por los antecedentes ocurridos en materia turística y que de acuerdo a dicha experiencia las Legislaturas Locales, han venido haciendo lo propio para poder dar certeza y certidumbre jurídica a los contratos y a la figura del tiempo compartido.
En la elaboración de cada una de estas normas jurídicas entendemos, han tenido una importante colaboración la Secretaría Federal de Turismo, generando con ello una mayor satisfacción tanto en los empresarios como en los turistas, haciendo crecer en una forma exponencial y ordenada esta actividad.
En virtud de lo anteriormente señalado se presenta este punto de acuerdo para que ésta actividad siga siendo un ámbito de competencia concurrente entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Turismo Federal.
En mi calidad de presidente de la Comisión de Turismo presento el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Turismo a ejercer una acción conjunta a fin de emitir la Norma Oficial Mexicana "Para Prácticas de Comercialización del Servicio de Tiempo Compartido", con el fin de incrementar y fortalecer la actividad turística en México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2010.
Diputado Carlos Manuel Joaquín González
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL INEGI A REALIZAR Y PUBLICAR UN CENSO CON INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA ACERCA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, A CARGO
DE LA DIPUTADA MARÍA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita María de Jesús Aguirre Maldonado, diputada federal por el estado de Nuevo León e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el pleno de esta honorable Cámara, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con los motivos que a continuación expongo:
Consideraciones
La importancia y relevancia de contar con datos estadísticos veraces, precisos y actuales de la población es asunto que tanto los estados como la gran diversidad de instituciones públicas y privadas deben considerar dentro de sus plataformas y campos de acción, pues dicha información cubre distintas áreas de interés acerca de la realidad demográfica y socioeconómica de una población en una situación temporal determinada.
Para las autoridades de los distintos niveles de gobierno, estos datos sirven para cuantificar y cualificar necesidades, para determinar grupos específicos dentro de la población y áreas geográficas; para conocer potencialidades, tendencias y comportamientos de fenómenos específicos, así como las dimensiones que estos tienen, su distribución en el espacio físico, la ubicación en el tiempo en que se suscitan, su comportamiento, es decir, si el fenómeno se mantiene estable, decrece o incrementa y finalmente los vínculos que puede tener con fenómenos de otra naturaleza. Con ello se establecen los programas de acción convenientes para cada problemática.
En el caso de nuestro país, en el año 1116 dentro de la época prehispánica, el rey Xólotl de la tribu Chichimeca notó la imperante necesidad de establecer un censo poblacional, por lo que ordenó que todos sus súbditos fueran contados, aquél censo fue el primero registrado en México. Tiempo después, en los años 1791 y 1793 de la época colonial, se realizaron censos que incluían información de la población, recursos naturales, manufacturas, vías de comunicación, número de profesionistas, migración y educación. Con el paso del tiempo los censos poblacionales fueron perfeccionados pero no fue hasta 1985 que se realizó el primer Censo General de Población y Vivienda.
En la actualidad, la institución encargada de esta formidable y compleja labor es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), quien lleva a cabo proyectos censales a nivel nacional y que permiten el desglose geográfico de la información; gracias a ella se establece un perfil de la población y sirve a su vez para compararse a nivel nacional e internacional.
Posteriormente, en 1993 el INEGI publicó un documento llamado Los Niños en México, el cual contenía información de vital importancia acerca de este creciente e importante segmento de la población; en el mencionado documento se pudieron recabar aspectos generales como: el porcentaje de población infantil de 0 a 14 años en 1990, su distribución por edad y su tasa de crecimiento en relación con 1950 y 1970. Dentro de los rubros específicos como educación recabaron datos acerca la aptitud para leer y escribir, la asistencia escolar y el nivel de instrucción; en el tema de fecundidad y estado civil obtuvieron el porcentaje de niñas de 12 a 14 años con hijos, el número de hijos vivos y su condición civil; de las características económicas de este segmento puntualizaron datos como su actividad laboral, el ingreso obtenido o no obtenido por éste y las horas trabajadas por semana; y también el porcentaje de infantes y adolescentes de habla indígena o española. Esta información se fragmentó por entidad federativa, por sexo y además por rango de edades.
Si bien aquella información no es suficiente en la actualidad, puesto que los indicadores analizados entonces y el entorno de nuestro país se ha transformado continuamente, en su momento proporcionó las bases para que los tres ámbitos de gobierno trabajaran en un contexto más cercano a la realidad de las niñas, niños y adolescentes de la década de los noventas.
Hoy en día, es necesario actualizar dicha información y así mismo establecer nuevos criterios que aborden las necesidades actuales de este gran segmento de la población que, de acuerdo con los resultados del Censo General de Población y Vivienda 2000, en el país residían alrededor de 32.6 millones de infantes de 0 a 14 años de edad, es decir 1.4 millones más que los reportados en 1990.
En el párrafo séptimo, del artículo 4to, de nuestra Constitución Política se señala que "El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos". De acuerdo con la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dentro de esos derechos están la no-discriminación, la igualdad, el derecho a vivir en familia, a una vida libre de violencia, a la protección, a una sana alimentación, a la educación, vestido, recreación y muchos otros que como legisladores conocemos ampliamente.
Por tal motivo, conocer datos puntuales y veraces acerca del porcentaje de este segmento de la población, su dinámica demográfica, salud, educación, nutrición, empleo, ingreso y pobreza, seguridad, vivienda, mortalidad, maltrato, situación de calle, migración, discriminación, adicciones, entre otros más; es imprescindible en la elaboración y gestión de una política dirigida a mejorar la calidad de vida de nuestra niñez y adolescencia mexicanas. Ellos son responsabilidad tanto del estado como de la sociedad misma, puesto que no podemos ser ajenos e indiferentes ante el incremento en las dificultades y retos que niñas, niños y adolescentes deben atravesar durante su desarrollo y que, al mismo tiempo, impacta profundamente en el desarrollo mismo de nuestro país. Los niños no son solo el futuro de nuestro país, son nuestro presente, nuestro ahora, nuestro hoy.
Por tales consideraciones es necesario que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, como se establece en el artículo 58 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, publique un documento específicamente de la niñez y adolescencia, con los indicadores establecidos en el artículo 78, fracción I, de dicha ley y otros que también considere pertinentes; estableciéndose el rango de edad determinado en el artículo 2 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual define a niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos y adolescentes los que tienen entre 12 años y 18 años cumplidos; y asimismo, que dicho documento tenga una periodicidad de al menos diez años, al igual que el Censo de Población y Vivienda.
En virtud del impacto positivo para la aplicación de las políticas públicas convenientes a la situación de la niñez y adolescencia mexicanas, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que realice y publique un censo con información estadística acerca de la niñez y adolescencia en México, el cual deberá tener un periodo de estudio no mayor a 10 años y considerará el rango de edad infantil tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo del 2010.
Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE FORMULAN AL EJECUTIVO FEDERAL PREGUNTAS PARLAMENTARIAS SOBRE SU RECIENTE
VIAJE A DAVOS, SUIZA, LA VISITA OFICIAL A JAPÓN Y LAS REUNIONES
CELEBRADAS RESPECTO AL RAMO DEL PETRÓLEO, A CARGO DE LA DIPUTADA
LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
La suscrita, Laura Itzel Castillo Juárez, diputada por el Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presenta a esta soberanía punto de acuerdo con pregunta parlamentaria al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Mediante oficio y en términos de la Constitución federal, Felipe Calderón informó a la Comisión Permanente los objetivos básicos para su viaje a Davos, Suiza.
"Posicionar a México como un destino seguro para invertir y como mercado de oportunidad en un año de repunte económico.
"Difundir entre los líderes económicos y empresariales globales el inicio de la recuperación económica de nuestro país.
"Promover la construcción de consensos en materia de cambo climático frente a la celebración de la decimosexta Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 16) en México".
Cabe resaltar que no se informó a la Comisión Permanente en específico, de ninguna reunión con líderes de empresas en materia de energía.
Sin embargo conforme a los boletines de prensa que salieron de su oficina se dio a conocer que esta reunión con "empresas trasnacionales más importantes del mundo" fue la que organizó Nestlé.
Sin embargo, llevo a cabo otra reunión en la que según trascendió a la empresa, se habría reunido con petroleras internacionales para ser felicitado por haber permitido que fueran estas empresas extranjeras y no Pemex, las que diseñaran los nuevos contratos, que como se ha denunciado, son inconstitucionales.
Conforme al boletín correspondiente se expuso:
"Explicó que esta reforma pone al sector petrolero mexicano en la ruta de la modernización, debido a que le permite a Pemex contratar servicios en la industria petrolera de manera más competitiva, con mejores costos y nueva tecnología, para incrementar la inversión y la eficiencia en la industria."
Por lo expuesto, solicito a esta asamblea que apruebe la siguiente pregunta parlamentaria en términos del artículo 93 constitucional:
¿Cuáles fueron los alcances de la reunión sostenida en Davos, Suiza, entre Felipe Calderón y las empresas petroleras trasnacionales?
Diputada Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR
DE LA FEDERACIÓN A SOLICITAR AL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
QUE REVISE EL GASTO DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE
LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SOBRE LOS RECURSOS UTILIZADOS EN
EL PAGO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA POR EL PRIMER MANDATARIO Y LOS SECRETARIOS
DE ESTADO, A CARGO DEL DIPUTADO CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO RAMÍREZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, César Augusto Santiago Ramírez, diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, somete a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Considerandos
Uno. Es ostensible el número de impactos publicitarios que el gobierno federal despliega cotidianamente tanto en medios nacionales como en las entidades federativas.
Dos. El presidente de la República aparece en múltiples ocasiones todos los días, con los más variados temas de la vida política de este país, emitiendo declaraciones, dialogando en eventos públicos y hasta en algunos casos, oficiando como maestro de ceremonias, como ocurrió en su última aparición en el evento de Ciudad Juárez Chihuahua.
Tres. Los medios dan cuenta de esta incesante actividad publicitaria del presidente, que ahora nos enteramos le cuesta sumas millonarias que él paga para ocupar, hay que reconocerlo, muchas veces sin éxito, las primeras planas en periódicos de este país.
Cuatro. El jueves 25 de febrero, del año en curso, en una visita del presidente Calderón a Yucatán, imputó a la prensa difundir gratis, narcomensajes y amplificar los problemas del país que él mismo consideró "se ha convertido en un deporte". Al mismo tiempo señaló que ha empresas y gobierno, "nos cuesta millones una primera plana y a ellos gratis" (se refiere a los autores de las narcomantas).
Cinco. Es muy delicada su aseveración porque en el caso de ser cierta, tendría que informar puntualmente cuántas primeras planas ha comprado, con qué propósitos y sustentado en que región presupuestal se han ejercido los recursos.
Seis. Estoy seguro que los periódicos no cobran por sus primeras planas, por lo que, se demostraría que la afirmación presidencial es tan solo un ardid publicitario que no puede quedar impune, porque daña el prestigio y la solvencia de los diarios de este país, que estoy seguro, no cobran a nadie por la emisión de sus notas de primera plana.
Siete. Es muy delicado que el presidente de la República, insista en este frenesí declarativo que lo lleva a conflictuar a todos contra todos y es urgente recuperar la sobriedad y el sentido republicano de la Presidencia de la República que debiera estar ocupado de los asuntos de la república en vez de estar interesado en confrontar a todos contra todos para genera un caos político, que sólo puede beneficiar al autoritarismo.
Por lo anterior, someto a consideración del pleno el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Para que la Comisión de Vigilancia del órgano de fiscalización superior solicite la realización inmediata de una auditoría a la oficina u oficinas encargadas del gasto publicitario de la Presidencia de la República, a efecto de indagar concretamente, como lo afirmó el presidente Calderón, "cuántas primeras planas han pagado, a qué medios y cuánto es el importe y justificación presupuestal de tal uso de los dineros públicos".
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2010.
Diputado César Augusto Santiago Ramírez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LOS MIEMBROS PERMANENTES, A LOS INVITADOS Y A LOS PARTICIPANTES
DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA
DE PERSONAS QUE GARANTICEN QUE LAS DEPENDENCIAS INTEGRANTES DE ÉSTA
CONTRIBUYAN A CREAR UN ACERVO ESPECIALIZADO CON BANCO DE INFORMACIÓN
SOBRE EL TEMA, A CARGO DE LA DIPUTADA ROSI OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta H. Asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes:
Antecedentes
México es el segundo país que más víctimas de trata provee a Estados Unidos, superado únicamente por Tailandia, señala el "Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que propician la Trata de Personas en México", elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS).
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cada año son explotados sexualmente entre 16 y 20 mil niños y niñas en nuestro país.
Según el diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, el entorno de violencia, cada vez más generalizado en el país a causa del crimen organizado, es propicio para la trata de personas y, en particular de menores.
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada tiene detectadas recientemente tan sólo en Guerrero, 14 bandas del crimen organizado que se dedican a la prostitución infantil y trata de personas.
De acuerdo con el informe de la Asociación Americana de Abogados de la Iniciativa del Estado de Derecho (American Bar Association), con sede en Washington, DC, de marzo de 2009, existen en México 47 bandas dedicadas a la trata sexual y laboral de personas, que operan principalmente en la Ciudad de México y en 17 estados de la República, como Baja California, Chiapas, Quintana Roo y Jalisco.
De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para el control de las Drogas y la Prevención del Delito, y el Reporte de Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, México esta catalogado como fuente, tránsito, y destino para la trata de personas, para los propósitos de la explotación sexual comercial y del trabajo forzado. Los grupos considerados más vulnerables para la trata de personas en México incluyen a mujeres y los niños, las personas indígenas, y los migrantes indocumentados.
Considerandos
Primero. Concentrar en un solo organismo toda la información dispersa referente a la trata de personas, con la finalidad de poder identificar la problemática de manera puntual, y a partir de estos datos, desarrollar estrategias encaminadas a la consulta, estudio y análisis para la implantación de políticas públicas determinadas a la prevención, sanción y la atención a víctimas.
Segundo. La compilación de la información, construirá un banco de datos confiable para su consulta en investigaciones y estudios, para sensibilizar a la población acerca del problema y fomentar su participación y confianza principalmente para la denuncia.
Tercero. Crear una figura de información central que estimule a los estados y municipios a establecer y compartir sus propios bancos de información, lo cual ayudará a la autoridad a implantar medidas de prevención, combate y atención a víctimas del delito de trata de personas.
Lo anterior corresponde al interés de resolver el fenómeno de trata de personas a través de la cooperación y voluntad entre los distintos involucrados en el tema, los cuales han generado valiosa información.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de ésta honorable Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a todos los miembros permanentes, invitados y participantes de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas a que cada dependencia que integra la comisión de referencia contribuya a crear un acervo especializado que contenga un banco de información correspondiente al tema de la trata de personas.
Segundo. Se exhorta a la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas a coordinar la integración del banco de información, y a que genere y suscriba los convenios necesarios con aquellas organizaciones relacionadas con el tema de trata de personas para integrar de mejor manera dicho acervo informativo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero del 2010.
Diputada Rosi Orozco (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEGOB Y AL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
QUE ADMINISTRA EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS
MEXICANOS A TOMAR MEDIDAS A FIN DE CUBRIR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS
TITULARES O A SUS BENEFICIARIOS CUANDO SE LES HAYA DENEGADO POR ERRORES
TIPOGRÁFICOS O EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE,
TOTALMENTE AJENOS A SU RESPONSABILIDAD, Y A CORREGIRLOS, A CARGO DE LA
DIPUTADA VELIA IDALIA AGUILAR ARMENDÁRIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
La suscrita, diputada federal Velia Idalia Aguilar Armendáriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permite someter a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
El 23 de julio de 1942 se firmó un convenio binacional que consideraba que campesinos mexicanos cubrieran la escasez de mano de obra de Estados Unidos en la agricultura, en vista de que este país ocuparía toda la mano de obra que tuviera a su alcance para trabajar en su producción bélica para participar en la Segunda Guerra Mundial.
De acuerdo con el contrato, el gobierno estadounidense fungiría como contratista, y los trabajadores mexicanos adquirirían los mismos derechos que cualquier ciudadano. Se les proporcionaría techo adecuado, con las condiciones sanitarias necesarias y alimentación.
Durante el Programa Bracero, de 1942 a 1964, casi 5 millones de mexicanos entraron a laborar en los campos agrícolas de Estados Unidos, convirtiendo la agricultura de ese país en un negocio muy rentable. Aunque el hecho significó una oportunidad de trabajo para los campesinos mexicanos, la explotación y la humillación fueron constantes por las empresas contratistas. Sufrieron violaciones y vejaciones físicas y psicológicas: desde su llegada a los centros de reclutamiento, cuando se les rociaba con el insecticida DDT para "matar pulgas mexicanas" y se les sometía a revisiones corporales para verificar que no tuvieran enfermedades venéreas. Las investigaciones señalan que las condiciones de vivienda de los braceros eran, en muchos casos, deplorables. Vivían en casas de campaña, en vetustos barracones y en campamentos miserables. La comida era mala, había una ducha de agua fría para varios de ellos. También hubo numerosas quejas por malos tratos, abusos y falta de cumplimiento del contrato.
Por si no fuera suficiente, el gobierno mexicano nunca les regresó 10 por ciento del salario que les era retenido para constituir un fondo de ahorro que se les entregaría cuando finalizara el contrato. La deuda del gobierno a los braceros, de 1943 a 2008, alcanzó 5 billones 90 mil 231 millones de pesos.
Con la intención de subsanar la situación, en 2003, durante la administración de Vicente Fox, la entonces LVIII Legislatura creó una comisión especial para investigar el destino del fondo. Luego de dos años, se aprobó la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Para tener acceso al fideicomiso, los ex braceros deben cumplir requisitos que se enumeran en el artículo sexto de la citada ley, que ordena que para acreditar haber sido trabajador migratorio mexicano, el beneficiario deberá presentar uno o más de los siguientes documentos: el contrato individual de trabajo, el comprobante de pago emitido por el contratante o la tarjeta de identificación consular, documentos difíciles de exhibir para la mayoría de ellos, pues no los conservaban o se los habían retenido.
A esta cadena agravios se suma el hecho de que se les ha denegado el pago del apoyo social que se establece en la ley simplemente porque se cometió un error ortográfico al escribir el nombre o el apellido de los trabajadores ex braceros. Un caso específico y concreto es el de un hombre en Colima, Rafael Velasco, una persona de avanzada edad: fue a cobrar a telégrafos, a la cabecera municipal, y no le pagaron los 4 mil pesos porque Velasco lo escribieron con "z" y es con "s"; por un "error de dedo", el señor, moribundo, se quedó sin dinero para comprar los medicamentos que requería. Es triste el caso de Rafael Velasco, que no pudo cobrar el dinero, pero hay otros casos, penosos diría yo, en que una vez entregado el dinero al poco tiempo se les exige que sea devuelto porque hubo un error de una letra en el nombre o apellido. Ésa es una situación por demás complicada para una persona de 80 o 90 años, que necesita de los 4 mil pesos para comprar medicinas o alimentos.
Tal error naturalmente es de todo ajeno a los trabajadores migratorios; son errores de captura de los datos que aparecen en las listas difundidas por la Secretaría de Gobernación y que, de forma lamentable, no son situaciones excepcionales: se pueden contar por cientos o incluso miles los casos en Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Colima, Michoacán u otros estados.
Compañeros legisladores: tenemos una responsabilidad moral con estos mexicanos, que abandonaron sus comunidades en busca de un mejor futuro para ellos y sus familias. Ahora, después de más de 40 años de espera para recibir una retribución por los fondos que les fueron retenidos por el gobierno mexicano y que después nadie encontró, resulta que no pueden recibirlos por un error infantil a la hora de escribir el nombre, los apellidos de estas personas que ahora se encuentran enfermas, pobres e incluso en el abandono.
Propongo que se otorgue reconocimiento a los recibos emitidos oficialmente contra entrega de los documentos originales de los beneficiarios que acudieron a registrarse previamente en las mesas receptoras de documentos. De esa forma, presentando dicho recibo y una identificación oficial, puedan cobrar el apoyo que les corresponde, aun con un error tipográfico, imputable a la Secretaría de Gobernación y que tardaría meses en ser enmendado, lo cual nos parece totalmente injusto, dada la condición de vulnerabilidad en que se encuentran los ex braceros.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y al Comité Técnico del Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos a tomar las medidas pertinentes para cubrir inmediatamente el pago correspondiente a los ex braceros o a sus beneficiarios cuando éste se les haya denegado por errores tipográficos o en el proceso de integración del expediente, los cuales son totalmente ajenos a su responsabilidad, así como a corregirlos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2010.
Diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A PAGAR EN UNA SOLA EXHIBICIÓN LA
CANTIDAD QUE SE ADEUDA A EX TRABAJADORES MIGRATORIOS, CON CARGO AL PATRIMONIO
DEL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRA EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES
MIGRATORIOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El suscrito, diputado Enrique Ibarra Pedroza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución para que esta soberanía exhorte al Poder Ejecutivo federal a pagar sin dilación, en una sola exhibición, la cantidad aproximada de 5 150 millones pesos que se adeudan a ex trabajadores migratorios, con cargo al patrimonio del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Con fecha 25 de mayo de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
2. En la época correspondiente se firmó un acuerdo para que el 10% de los ingresos de esos trabajadores, esto es, fueran retenidos y deducidos por el gobierno estadounidense, lo reintegrara al gobierno mexicano y así se les retornara a nuestros compatriotas.
3. Es el caso que cientos de miles mexicanos, fueron víctimas del robo y despojo de sus ahorros, ya que el gobierno estadounidense sí entregó los fondos, en tanto que el mexicano no los devolvió a los trabajadores.
4. La Secretaría de Gobernación determinó que la cifra a devolver a cada mexicano por ese concepto sería la de 38 mil pesos y que eran 139 095 los trabajadores que están en el supuesto mencionado que se registraron en México, más 5 089 connacionales que lo hicieron en consulados mexicanos en Estados Unidos, para un total de 144 184 trabajadores. Es menester señalar que a la fecha, el promedio de edad de los trabajadores es de 81 años, amén de que algunos ya fallecieron.
5. Al efecto, se constituyó el fideicomiso número 2016, que tuvo como fideicomitente al gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y como fiduciario al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC.
6. La ley en comento tuvo la finalidad de otorgar un apoyo social a los ex trabajadores migratorios mexicanos, que hubieren prestado sus servicios en los Estados Unidos de América, durante los años de 1942 a 1964.
7. De acuerdo con la ley en comento, los beneficiarios serían los ex trabajadores migratorios mexicanos o, en su caso, sus cónyuges o hijas o hijos que sobrevivan.
8. El comité técnico del fideicomiso acordó, en principio, que la cifra de 38 mil pesos a pesar de ser una miseria, se pagara en 10 anualidades, es decir, a razón de 4 mil pesos anuales, que resultan una burla para esos mexicanos adultos mayores, en un entorno en que la crisis que padece el país, esas cantidades son risibles: los 38 mil globales y los 4 mil pesos anuales.
9. Con fecha 3 de febrero del corriente año la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, con el fin de que los apoyos de 38 mil pesos se liquiden en una sola exhibición. Habida cuenta de que la iniciativa generó el apoyo de 97 legisladores, es de esperarse que en el Pleno de esta soberanía, se apruebe.
10. La Secretaría de Gobernación informó recientemente que al 60% del total de los supuestos beneficiarios, es decir, 86 510 trabajadores se les cubrió una mensualidad de 4 mil pesos; y al 40% restante, 57 674, no se les ha pagado ni siquiera esa miseria.
11. Debe mencionarse que no obstante que una de las obligaciones del comité técnico del fideicomiso, señalada en la fracción XIII del artículo 5 de la ley respectiva, es ejercer y destinar los recursos que se le asignan para el pago a los ex trabajadores, por diversas argumentaciones, no se les ha liquidado.
12. El colmo del comité ha llegado al extremo de no pagar por razones fútiles, como la de que cuando no coincide el nombre del beneficiario con el que aparece en la lista respectiva, por evidentes errores mecanográficos el pago se detiene.
Al respecto, debe invocarse el capítulo 4.1, "De los Documentos probatorios"; fracciones I, II, III y IV, del acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan, diversos numerales de las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942 a 1964, que hace mención a esas discrepancias y regula a favor de los beneficiarios.
13. De los datos anteriores resulta que hay un pasivo a favor de los ex trabajadores y a cargo del fideicomiso instituido, que asciende aproximadamente a 5 150 millones de pesos, integrado como sigue: 86 510 casos a razón de 34 mil pesos cada uno, son 2 941 millones 340 mil pesos; más 57 674 mexicanos a 38 mil pesos cada uno, son 2 191 millones 612 mil pesos. Es decir, un total de 5 132 millones 952 mil pesos, salvo error u omisión. Un total aproximado de 5 150 millones de pesos.
14. El 9 de los corrientes, en el seno de esta soberanía, se instaló la Comisión Especial para dar seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros, que tendrá como objetivo el resarcir a nuestros compatriotas la cantidad de 5 150 millones aproximadamente, a que se hace mención en el punto anterior.
En vista de lo antes expuesto, el suscrito, diputado Enrique Ibarra Pedroza, somete al Pleno de esta Cámara de Diputados, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. El Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a los secretarios de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público para que se pague de inmediato la cantidad total y no en anualidades, a los beneficiarios de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, la cantidad aproximada de 5 150 millones de pesos, haciendo las adecuaciones presupuestales que correspondan.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2010.
Diputado Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA HUELGA DE CANANEA, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO HERNÁNDEZ
JUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado Francisco Hernández Juárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 59 y 69 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la huelga de Cananea, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Cananea es el cruce de caminos de nuestra historia, un momento fundacional del movimiento obrero y del México contemporáneo. La población sonorense representa, como pueblo de frontera, el punto de origen de las luchas contemporáneas del pueblo mexicano. Hoy, los herederos directos de las jornadas de junio de 1906, nuevamente se enfrentan a la voracidad del capital que, al paso de un siglo, no han podido terminar con la veta de rebeldía del trabajador minero.
En la noche del último día de mayo de 1906, los 5 mil 360 trabajadores mexicanos de Cananea Consolidated Cooper Company declararon la huelga, acto casi inconcebible ante una dictadura que llevaba 26 años en el poder, por tres demandas fundamentales: salario mínimo de cinco pesos; jornada de ocho horas e igualdad de condiciones de los trabajadores mexicanos con los estadounidenses, que fueron rechazadas por el coronel William C. Green, gerente de la mina, por considerarlas "absurdas". La respuesta de la dictadura fue una sangrienta represión los días 1 y 2 de junio en la que intervinieron los Ejércitos Mexicano y estadounidense. Se asesinaron a 23 trabajadores, 22 fueron heridos y 60 detenidos, que fueron enviados a la siniestra prisión de San Juan de Ulúa y a la leva, para combatir a los yaquis. Para el 6 de junio, se restablecen las labores bajo vigilancia militar.
Sin embargo, estos precursores de la Revolución Mexicana lograron plasmar en la Carta Magna sus principales demandas. Dirigentes de las jornadas de 1906 se incorporarían al movimiento revolucionario y serían a la postre miembros del Congreso Constituyente de Querétaro en el que se plasmarían el derecho a una jornada de 8 horas, el salario mínimo y derechos colectivos como la sindicalización y la huelga.
No olvidemos que décadas después, el Ejército Mexicano volvió a presentarse en el municipio fronterizo. En agosto de 1989, el ejército entró a la población a petición de la Compañía Minera de Cananea en momentos en que la representación sindical negociaba una revisión contractual. Luego de más de dos meses de lucha, bajo la ocupación de los cuerpos represivos que hostigaban a la población y realizaban detenciones selectivas, el movimiento finalizó con el reajuste de una cuarta parte del personal y la mutilación del contrato colectivo de trabajo. Un año después, la empresa minera fue privatizada a un precio ridículo.
2. El 30 de junio de 2007, los trabajadores de Cananea estallaron una huelga en defensa de su contrato colectivo. Al mismo tiempo, en Sombrerete, Zacatecas y Taxco, Guerrero, los trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana hicieron uso de una garantía constitucional: el derecho de huelga frente a violaciones del patrón al contrato colectivo de trabajo.
En esos casos, el denominador común es el de salvaguardar la integridad y la salud de los trabajadores mineros, pactada bilateralmente, pero no garantizada por el patrón en cada centro de trabajo. También es común a los tres conflictos enfrentar a un grupo empresarial, el Grupo México, que se caracteriza por la absoluta falta de respeto a los derechos laborales, la rapacidad como filosofía empresarial y la complicidad con autoridades venales.
El Grupo México ha hecho de la impunidad su principal fuente de riqueza pues antes de invertir un peso en proteger la vida de un operario, prefiere comprar complicidades y obtener ganancias basadas en la negligencia criminal y en la explotación desmedida de los trabajadores a su servicio.
En diversas ocasiones, la Junta de Conciliación y Arbitraje ha desempeñado una labor vergonzosa; en diversas ocasiones ha declarado inexistente la huelga con motivos irrisorios. En estas ocasiones, el Poder Judicial, por la vía del juicio de garantías ha hecho valer los derechos constitucionales de los huelguistas; empero, el pasado jueves 11 de febrero, seis meses después del golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas, el Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo radicado en el Distrito Federal, inusitadamente negó el amparo a los trabajadores de Cananea y ordenó la terminación de las relaciones laborales por supuestas "causas de fuerza mayor" y porque supuestamente la mina es inoperable luego de 30 meses de huelga, razones que no pueden sobreponerse a derechos fundamentales de los trabajadores.
Una resolución como la citada conculca garantías constitucionales, crea un nuevo foco de conflicto que puede llevar a la violencia, atropella el estado de derecho y evidencia el carácter parcial de quienes deberían respetar y hace respetar las leyes. La población de Cananea teme que se tomen por la fuerza las instalaciones que resguardan, pues de esto hay un precedente cuando en enero de 2008, más de 700 elementos de corporaciones de los tres niveles de gobierno intentaron apoderarse de la mina, ante un fallo de la Junta que fue anulado por la vía del amparo.
Hoy, la lucha sindical vuelve a enfrentar nuevos y viejos retos, a encarar a los enemigos de siempre en nuevas condiciones. Esta honorable Cámara de Diputados, debe manifestar su compromiso con las mejoras causas del pueblo de México. Proponemos que se pronuncie contra cualquier medida que pretenda conculcar derechos, contra cualquier chantaje que ponga en la mira las conquistas y las luchas legítimas del pueblo trabajador y haga un enérgico llamado a las autoridades laborales y judiciales a conducirse en un marco de absoluta legalidad, respeto y prudencia, cumpliendo su deber de conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones laborales.
Proponemos que haya firme pronunciamiento para que la resolución del conflicto en esta empresa, así como de todas las huelgas y paros del sector minero metalúrgico, se resuelvan por la vía del diálogo y la concertación, con estricta sujeción a lo dispuesto en la Constitución, en las leyes, en los contratos colectivos y en las normas estatutarias sindicales.
Por lo expuesto y fundado, el suscrito diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, someto a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal y al gobierno constitucional de Sonora a que, en un marco de respeto al estado de derecho, se abstenga del uso de la fuerza pública hacia los trabajadores de la mina de cobre Mexicana de Cananea, Sonora, integrantes de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.
Segundo. Asimismo, exhorta a las partes involucradas a encontrar por la vía del diálogo una solución a este conflicto en un marco de respeto a los derechos individuales y colectivos consagrados en el artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo, el Contrato Colectivo de Trabajo vigente y las demás disposiciones que sean aplicables.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2010.
Diputado Francisco Hernández Juárez (rúbrica)
La institución familiar en México sigue siendo de especial relevancia en todos los estratos sociales. Así lo demuestra una encuesta realizada recientemente por el Instituto Mexicano de la Juventud que señala, que más del 78.2 por ciento de los jóvenes mexicanos acude a la familia cuando tienen algún problema de índole económico o personal, siendo la familia el punto de referencia y sustento de la gran mayoría de los ciudadanos, además constituir un elemento esencial de seguridad y permanencia.
Como toda experiencia vital, la familia no ha permanecido al margen de las transformaciones sociales, políticas y económicas de los últimos tiempos. Somos testigos de los enormes retos que la familia tiene que enfrentar diariamente, tales como el desempleo, las condiciones inequitativas del trabajo femenino que obligan a la mujer al descuido temprano de los hijos, el fenómeno de la emigración que separa al padre de la madre y a éstos de sus hijos, la amenaza de las drogas o del pandillerismo que, aunada a la falta de oportunidades, incita a los jóvenes por la vía de la ilegalidad y de la violencia.
Cuando la familia sufre se enferma la sociedad, y las consecuencias no tardan en hacer sentir sus efectos traducidos en descomposición social y en el debilitamiento de su estructura, acentuados por los problemas que agobian al mundo globalizado. Lo anterior afecta indistintamente a países con altos índices de pobreza, como a naciones altamente desarrolladas.
La vulnerabilidad a la que está expuesta la familia, no hace referencia exclusiva a las carencias materiales, es más grave aún cuando rotos los lazos familiares, quedan expuestos mujeres, niños, ancianos o enfermos, a la soledad, a la inseguridad, al abandono, a la depresión o a la tristeza, aún cuando se cuente con recursos.
Conscientes de la importancia de fortalecer a la familia como, "estructura fundamental a favor de la ecología humana", a partir del año 2005 quedó instituido como Día de la Familia Mexicana, el primer domingo de marzo. Esta fecha conmemorativa tiene por objeto promover su fortalecimiento y sano desarrollo, recordando a la vez la importancia de la familia en sus distintos aspectos.
La familia es un centro forjador de ciudadanos. Constituye la primera comunidad en donde el niño interioriza las bases de la solidaridad y adquiere las buenas costumbres. Por ende, es en el ámbito familiar donde se descubren las formas básicas de vida social y se aprende a relacionarse con la comunidad. Así, la familia se convierte en la esfera más significativa para el desarrollo armónico de la personalidad y el descubrimiento de la propia identidad, sentando las bases para el apropiado desarrollo de competencias solidarias.
La familia es un ámbito privilegiado de aprendizaje en el desarrollo de habilidades, destrezas, y capacitación para el trabajo. Son los padres, junto con los maestros quienes deben dar acompañamiento a los alumnos para lograr mayor aprovechamiento en los estudios.
Fortalecer a la familiar es prevenir riesgos y disminuir la vulnerabilidad social. Está comprobado que un medio efectivo contra la violencia es el fortalecimiento de la integración familiar, quedando sus miembros menos propensos al vandalismo, narcotráfico, crimen organizado o drogadicción.
La familia es sustento de una economía sana fincada no en un paternalismo de estado, sino en la responsabilidad individual de cada uno de sus miembros. Por tanto resulta indispensable, promover políticas públicas para apoyar a la familia a través de incentivos fiscales, sociales y económicos siendo ésta es la inversión más redituable en vistas a obtener ciudadanos productivos.
Fortalecer a la familia es fortalecer al Estado y el ejercicio efectivo del principio de subsidiariedad. No podemos permanecer indiferentes ante la urgencia de implementar políticas públicas que fortalezcan la institución de la familia, su apoyo resulta indispensable para la construcción democrática de ciudadanía, a partir de la gestión social, política, económica, cultural y ambiental de las comunidades.
En consecuencia, se requiere superar la tendencia de las políticas sectoriales que consideran en forma fragmentada y parcial a los miembros de las familias, –niños, niñas, jóvenes, mujeres o personas mayores–, para asumir un enfoque que integre a la familia como un todo. Ello significa pasar de las familias como sumatoria de individuos, al reconocimiento de las familias como sujetos de derechos.
La importancia jurídica y social que tiene la institución de la familia se fundamenta en el artículo 4o. constitucional en donde se reconoce el derecho fundamental al "desarrollo de la familia". Es por tanto una obligación de orden público, velar por su cuidado, protección y promoción. Lo anterior en concordancia con los compromisos internacionales adquiridas por México al suscribir la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece en su artículo 16.3 que "La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado".
Resulta altamente redituable para el Estado apoyar a la familia. Cuando la familia no cumple con su función primaria como primera responsable de cada uno de los miembros, el Estado tiene que invertir cantidades considerables en remediar los males que esto trae por consecuencia: más policías, más cárceles, más casas de ancianos, más orfanatorios, más presupuesto para labores asistenciales, es decir, más partidas burocráticas destinadas a cubrir tareas que la familia puede realizar de manera más eficaz. Nada resulta tan barato, tan sencillo, tan profundo, tan ajustado al ser personal, como esa realidad sencilla que llamamos familia.
Fomentar el fortalecimiento de la familia, no solamente en su día conmemorativo sino de manera permanente, es fomentar el fortalecimiento de México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2010.
Diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica)