• Con punto de acuerdo, para crear una comisión especial de carácter plural que analice, investigue y realice el seguimiento respecto a las propuestas existentes en torno de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, particularmente en el artículo 68; y solicitar a diversas comisiones que emitan opinión fundada sobre el objeto de estudio, a cargo de la diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los grupos parlamentarios y a los servidores públicos federales, estatales y municipales a no politizar los problemas de inseguridad que aquejan a Ciudad Juárez, a fin de trabajar en conjunto para darles fin y regresar al municipio la paz, la tranquilidad, la integridad y la seguridad, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer a través de la SEP medidas que favorezcan la protección y conservación de las lenguas indígenas, especialmente de aquellas en extinción, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Sedesol, a la CNBV y a la PGR a investigar el otorgamiento de créditos por parte de la SHF y de la Conavi, a través del Infonavit y de sociedades financieras en diferentes entidades del país, principalmente en el estado de México, por haber defraudado a miles de familias; y que se cite a comparecer a estos organismos de vivienda, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a crear el consejo de atención inmediata de las comunidades y de los municipios con mayor incidencia delictiva, a cargo del diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a considerar y hacer suya una propuesta de modificación del punto 11, "Etiquetado", de la Norma Oficial Mexicana 086-SSA-1994, a cargo del diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del director general de Pemex ante esta soberanía para cumplimentar el artículo décimo quinto transitorio de la Ley de Pemex y que informe del programa de reestructuración de la entidad, de sus alcances y metas y de las acciones que deriven de su aplicación, a cargo del diputado Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP que destine parte de los subejercicios a que se refiere el artículo 14 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 al fideicomiso 2106 para incrementar su patrimonio y dar cauce al objeto por el que fue creado, suscrita por los diputados Diva Hadamira Gastélum Bajo y Manuel Guillermo Márquez Lizalde, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH a investigar e inspeccionar por conducto de la visitaduría correspondiente sobre violaciones de los derechos humanos en los penales de Durango, a cargo del diputado Bonifacio Herrera Rivera, del Grupo Parlamentario del PAN

• Con punto de acuerdo, a fin de que la Junta de Coordinación Política, en uso de sus facultades, permita a las autoridades competentes investigar qué autoridad u órgano de la Cámara de Diputados instruyó la interposición de la revisión adhesiva, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reconsiderar la decisión de disminuir las capacidades y potencialidades para enfrentar la delincuencia en los municipios del país, a fin de garantizar que por lo menos a cada entidad de este nivel de gobierno se autorice el presupuesto asignado en 2009, a cargo del diputado Liborio Vidal Aguilar, del Grupo Parlamentario del PVEM

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Banco de México, a la SHCP, a la STPS, a la SE, a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y a la Profeco a instaurar las medidas necesarias, urgentes y suficientes para proteger el poder adquisitivo de la clase trabajadora y compensar el creciente deterioro de éste, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP y de la Segob a permitir en cumplimiento de sus atribuciones y funciones salvaguardar la integridad, los derechos y los bienes de la sociedad mexicana; y a actuar de manera igualitaria en la atención de las víctimas de la delincuencia y el crimen organizado, y a darles respuestas concretas y eficientes, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que, mediante las instituciones correspondientes y en ejercicio de sus atribuciones, se considere Campeche como sede para la construcción de un centro de investigaciones espaciales, a cargo del diputado José Ignacio Seara Sierra, del Grupo Parlamentario del PAN

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley de la Policía Federal y a informar mediante el titular de la SSP por qué no se ha publicado, a cargo de la diputada Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del PVEM

• Con punto de acuerdo, por el que se crea un grupo de trabajo para impulsar la reforma del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario del PT

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar mediante la SRE el consumo preferente de vinos de mesa mexicanos en las festividades propias de las embajadas y los consulados del país, con objeto de expandir la industria vitivinícola nacional, a cargo del diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid, del Grupo Parlamentario del PAN

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SCT que dé respuesta al exhorto realizado por la Comisión Permanente el 5 de enero de 2010 para cancelar la decisión de privatizar 28 kilómetros de la vía 80, que va de El Desperdicio a Lagos de Moreno, Jalisco, a cargo del diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del PT

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reclasificar mediante la SHCP, la CFE y la Sener las tarifas de energía eléctrica en Veracruz, a cargo de la diputada Carolina Gudiño Corro, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, a fin de crear una comisión especial de seguimiento del cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo federal en la estrategia para la recomposición social e institucional de Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del PAN

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que instruya al titular de la SCT para integrar en las bases de licitación pública nacional relativas a obra pública a precios unitarios y por tiempo determinado las garantías de construcción y conservación de carreteras, caminos rurales, terracerías, pavimentación, señalamientos y obras complementarias, de conformidad con las Leyes Federal de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas y su reglamento, a cargo del diputado Ángel Aguirre Herrera, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno de Baja California a asignar los recursos necesarios para que se realicen los estudios del estado de salud y de conservación de la población de totoaba en el golfo de California, a cargo del diputado Sergio Tolento Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT que instale sistemas de aterrizaje por instrumentos en el aeropuerto de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a cargo de la diputada Cristabell Zamora Cabrera y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al DIF Nacional, a los estatales y al del Distrito Federal a realizar un censo de los albergues operados por ellos para conocer cuántos menores de edad tienen a su cuidado y sus condiciones; y a implantar un programa permanente de supervisión de dichos establecimientos, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del PAN

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a congelar el precio del diesel en 2010 y a reorientar los subsidios de los combustibles, a cargo del diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del PVEM

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia ante esta soberanía de los titulares de la Segob, de la SHCP, de la Sedesol, de la Semarnat, de la Sener, de la SE, de la Sagarpa, de la SCT, de la SFP, de la STPS, de la CFE y del SAE para que expongan un informe documentado, completo y detallado del estado en que se encuentra el decreto de extinción de LFC, de la situación que guarda su proceso de desincorporación y del estado de la prestación del servicio público de energía eléctrica en la región atendida por LFC, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la CFE a disponer la reubicación de la planta generadora de energía en la subestación Los Remedios porque genera contaminación ambiental acústica y daños a las construcciones en los fraccionamientos Jardines de San Mateo y Alcanfores, en Naucalpan de Juárez, México, a cargo del diputado Sergio Mancilla Zayas, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del GDF a cumplir la entrega del subsidio para la segundad pública de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a fin de que las 16 delegaciones beneficiadas lo ejerzan de manera autónoma, conforme a la fórmula que refleja los criterios que esta soberanía estableció en el PEF de 2010, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del PAN

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta de manera urgente al Ejecutivo federal a remover al titular de la STPS, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a otorgar cuanto antes seguridad social a todas las personas que prestan servicios en esta soberanía, ya sea a grupos parlamentarios o en el régimen de honorarios, a cargo del diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del PT

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del Inegi a garantizar que se cuente bien a los habitantes de los municipios y a considerar la idea de no disminuir a menos de la mitad las preguntas del cuestionario en el próximo Censo General de Población y Vivienda, a cargo del diputado Josué Cirino Valdés Huezo, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo de la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, y demás normatividad aplicable, someto a consideración de la asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de los siguientes

Motivos

El 1 de diciembre de 2009, el diputado José Luis Marcos León Perea presentó una iniciativa para reformar y adicionar la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en los artículos 4o. y 68.

La Comisión de Pesca integró cuatro grupos de trabajo, entre los cuales se encuentra el formado para analizar la reforma del artículo 68 de esa ley.

De manera breve expongo algunas de las consideraciones particulares que, sin duda, merecen toda la atención de la Cámara por tratarse de un tema de la mayor relevancia que involucra diversos elementos de tipo ecológico, económico, turístico, pesquero, laboral y de competitividad, que por sus alcances y dimensiones repercuten en el desarrollo integral de Baja California Sur, de la nación y de diversos sectores productivos:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita la creación de una comisión especial de carácter plural que tenga duración mínima de un año, la cual analice, investigue y dé seguimiento respecto a las propuestas existentes en torno de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, particularmente al artículo 68, así como realizar las acciones conducentes a efecto de dar voz a los diferentes sectores productivos involucrados y realizar las gestiones necesarias que permitan a esta soberanía tomar decisiones oportunas y certeras en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, teniendo como base criterios fundamentales como el desarrollo integral y sustentable, la competitividad, la inclusión, el crecimiento económico y el equilibrio ecológico.

Segundo. Se solicita respetuosa y solidariamente a las Comisiones de Turismo, de Economía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al Comité de Competitividad de la Cámara de Diputados, que emitan opinión fundada de la iniciativa, presentada el 1 de diciembre de 2009 por el diputado José Luis Marcos León Perea, para reformar y adicionar la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en los artículos 4o. y 68, tomando en cuenta las consideraciones en la presente proposición.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2010.

Diputada Esthela Ponce Beltrán (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS Y A LOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES A NO POLITIZAR LOS PROBLEMAS DE INSEGURIDAD QUE AQUEJAN A CIUDAD JUÁREZ, A FIN DE TRABAJAR EN CONJUNTO PARA DARLES FIN Y REGRESAR AL MUNICIPIO LA PAZ, LA TRANQUILIDAD, LA INTEGRIDAD Y LA SEGURIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO JAIME FLORES CASTAÑEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, Jaime Flores Castañeda, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Ciudad Juárez inició el año con su primera masacre el último día de enero. En esta ocasión, las víctimas no eran miembros del crimen organizado sino jóvenes estudiantes de preparatoria, jugadores de futbol americano y miembros del cuadro de honor, quienes celebraban un cumpleaños y un triunfo obtenido, tras ganar un campeonato de futbol americano.

Durante mucho tiempo, los mexicanos hemos mostrado solidaridad ante una tragedia; acudimos a aportar la ayuda necesaria, sin importar absolutamente nada: sexo, raza, religión o ideología, ya que ante el dolor y la tragedia estamos presentes. Lo interesante es que en situaciones como la mencionada no podemos ser solidarios para prevenir ese tipo de tragedias. Regularmente esperamos a que ocurra algún evento de esa índole para que la autoridad competente o cualquier otro miembro de la sociedad civil actúen en apoyo de las víctimas.

Resulta indignante que el crimen organizado nos robe la tranquilidad, la paz, la seguridad y, principalmente, la libertad. Todos somos responsables de esto, pues parecería que Ciudad Juárez, incluso el país, no fuera nuestra, cuando es responsabilidad de todos cuidarla y protegerla.

Esta situación, como tantas otras tragedias, se podría haber evitado si sólo fuéramos solidarios con nuestros conciudadanos, si la policía cumpliera su labor de vigilancia, si nosotros, compañeros legisladores, actuamos haciendo un frente común, sin perseguir un interés político, pero principalmente si se denunciara la impunidad de los irresponsables.

Compañeras y compañeros legisladores: debemos actuar en beneficio de la sociedad, sin tintes partidistas; hay que trabajar con los ciudadanos de Juárez y del país; seamos solidarios con nuestra gente para prevenir tragedias, y no sólo cuando éstas han ocurrido.

La sociedad juarense no quiere caras que no son; la sociedad juarense clama por justicia.

No podemos decir que la operación conjunto Chihuahua no funciona, debido a que no hay resultados ni informes. La sociedad no sabe qué es peor; lo único que sabemos es que el principal problema es la impunidad, debido a que el problema de la violencia comienza ahí, pues las fronteras son zonas muy complicadas, ya que el negocio de la droga, se encuentra en ambos lados, la sociedad juarense se pregunta cómo es posible que El Paso sea una de las ciudades más pacíficas de Estados Unidos y Juárez sea calificada como la más violenta. Parecería que hay algo en la naturaleza de los juarenses que precipita la violencia, pero no es así. Es más bien la situación geográfica, debido a que éste es uno de los puntos de cruce de droga más importantes para el crimen organizado; por eso hay un conflicto tan fuerte.

La ola de violencia ya llega a la capital de Chihuahua, a otras ciudades y a distintos estados del país; se desborda.

A diferencia del de México, el gobierno de Colombia ha trabajado de manera conjunta, mostrando acciones concretas contra el lavado de dinero, detenciones de alto nivel, programas de seguridad que han dado valiosos resultados, labores de inteligencia. En México no es suficiente contar sólo con la voluntad del presidente: los tres niveles de gobierno debemos trabajar en conjunto.

Ciudad Juárez fue muy rica, con mucha vida; ahora ha perdido esto en manos del crimen organizado. Si no se corrige la estrategia, la cifra se elevaría aproximadamente a 270 homicidios por cada 100 mil habitantes, y ésta sería la cifra más grande en la historia de las ciudades de todo el mundo, según la publicación de una revista el 8 de febrero de 2010.

No debemos seguir como ha iniciado el año, sin corregir la estrategia, sin que los tres niveles de gobierno trabajemos en conjunto y sin labores de inteligencia.

Compañeras y compañeros legisladores: resulta verdaderamente indignante que tan sólo de 2007 a 2009, la comisión de delitos aumentara en 800 por ciento. No es posible que en tan corto plazo se haya incrementado la violencia.

El gobierno federal ha reducido el número de militares en Ciudad Juárez y enviado a unos 2 mil agentes de la Policía Federal. Esto resulta insuficiente, pues tiene que haber un verdadero compromiso de los servidores públicos federales, estatales y municipales para ejecutar órdenes de aprehensión, para hacer labores de inteligencia contra los carteles y averiguaciones previas contra lavadores de dinero, por mencionar algunas acciones por considerar.

En mérito de lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los grupos parlamentarios y a los servidores públicos federales, estatales y municipales a trabajar en conjunto para solucionar los graves problemas de inseguridad y regresar a Ciudad Juárez la paz interior, la tranquilidad, la integridad y, sobre todo, la seguridad que se ha perdido en los últimos años a causa del crimen organizado, sin ningún fin político.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2010.

Diputado Jaime Flores Castañeda (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ESTABLECER A TRAVÉS DE LA SEP MEDIDAS QUE FAVOREZCAN LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS LENGUAS INDÍGENAS, ESPECIALMENTE DE AQUELLAS EN EXTINCIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR PEDRAZA OLGUÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado Héctor Pedraza Olguín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en esta LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición que contiene punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el mundo hay alrededor de 7 mil lenguas en uso y cada año desaparecen 20. Además, la mitad de las existentes está en peligro de extinción, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

UNESCO, señala que la mitad de las lenguas existentes en el mundo podrían perderse dentro de "pocas generaciones", debido a su marginación de Internet, presiones culturales y económicas y el desarrollo de nuevas tecnologías que favorecen la homogenización.

La UNESCO considera que la lengua de una comunidad está en peligro de extinción cuando 30 por ciento de sus niños no la aprende y cuando la familia deja de hablarla en el espacio doméstico, aunado a otros factores como el desplazamiento forzado de la comunidad, el contacto con una cultura más agresiva o acciones destructivas de los miembros de una cultura dominante

Asimismo a la presión de fuerzas económicas, religiosas, culturales, e incluso la educación. Aunque también hay factores internos, como los cambios de actitud hacia ellas de parte de sus hablantes que, por vergüenza u otros factores, dejan de practicarlas.

Datos proporcionados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, señalan que durante la segunda mitad del siglo XX, se han perdido en México más de 110 idiomas, entre ellos el chiapaneco y el cuicateco. Sin embargo, hay muchos otros que están en riesgo, porque en riesgo están las culturas que los han generado.

Existen instrumentos jurídicos internacionales para el reconocimiento de los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas, entre los cuales destacan: la Declaración de los Derechos Lingüísticos, proclamada en Barcelona en 1996, la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Resolución 12 de la UNESCO en torno a la aplicación de una política lingüística basada en el pluralismo, dichos instrumentos se enfrentan actualmente a esquemas rígidos en los cuales los sistemas educativos reaccionan con lentitud.

En México el bilingüismo y la biculturalidad han avanzado lentamente y aún no logran una diferencia sustancial. La secundaria y el bachillerato se enfrentan todavía a problemáticas no resueltas, mientras que la aplicación de la justicia y el uso de los medios de comunicación, tampoco son campos influidos por el ejercicio de esos derechos por parte de los grupos indígenas.

Al respecto es importante destacar que en materia de justicia la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que en los últimos 13 meses han sido liberados mediante el recurso de libertad anticipada o condicionada 674 indígenas recluidos en penales del país.

De los mil 179 casos en los que la comisión gestionó durante ese periodo, el organismo logró resultados "satisfactorios" para 631 hombres y 43 mujeres de etnias como Cora, Chianteco, Chol, Maya, Mixteco, Mayo, Náhuatl y Huichol, entre otras.

Asimismo, El Universal publicó, recientemente, que la Organización de Estados Americanos, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la CNDH coincidieron en que los indígenas en México sometidos a un proceso penal enfrentan un sistema judicial que tiene "graves deficiencias", además de que los detienen, acusan y sentencian con criterios discriminatorios y racistas. Aseguran que los indígenas se enfrentan a procesos plagados de irregularidades como son detención ilegal, fabricación de pruebas, tortura, irrespeto al principio de presunción de inocencia, falta de traductores, dilación y aplicación de la máxima pena sin considerar usos y costumbres.

En este orden de ideas, el estudio de la situación real de las lenguas indígenas, es un asunto importante para la planeación política y la urgencia se centra en una reforma educativa que apunte a la biculturalidad y la condición bilingüe del pueblo mexicano.

Se requiere el fortalecimiento de la educación bilingüe y bicultural, de la que se ha escrito y hablado en demasía, pero que no se lleva a cabo, si se asiste a las escuelas de las comunidades indígenas, se podrá observar que no tienen los programas bilingües y generalmente se descuida la conservación de la lengua indígena y se enseña mal el español.

Si la prioridad más importante para el gobierno federal no es la educación, entonces no saldremos adelante, se han privilegiado más los aspectos económicos, las medidas políticas y el combate a la delincuencia organizada; y ha quedado abandonada la política educativa para los pueblos indígenas, desde el punto de vista de su bilingüismo.

Asimismo, la migración es otro fenómeno social que provoca interesantes cambios en el uso de la lengua, a tal grado que se da la condición bilingüe entre los emigrantes indígenas que aprenden el inglés y ya no se interesan por el aprendizaje del español. Pero esta condición, antes que tener su origen en la migración, se deriva de un panorama social con pocas alternativas debido a las precarias situaciones económicas, de inseguridad y de inestabilidad política a las que la población indígena se enfrenta en la actualidad, pero también a los modelos de vida extranjeros que se reciben por los medios masivos de comunicación a cada uno de los hogares, sean indígenas o no.

El reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en la Constitución, la expedición de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la creación de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la SEP y de los trabajos realizados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, sin duda han sido avances, en una tarea que de grandes dimensiones. Un tema de justicia y democracia para muchos mexicanos pertenecientes a grupos indígenas, a quienes todavía no les es posible expresarse, estudiar, leer y vivir en su propia lengua.

Sin embargo, lejos estamos todavía del pleno ejercicio de los derechos lingüísticos de los grupos indígenas, ya que la gran mayoría de lenguas indígenas se encuentran en situaciones límite de extinción.

Hablar, leer, pedir justicia y vivir en igualdad con las lenguas indígenas todavía es un reto, en un país que se ha declarado pluricultural y multilingüe.

Por lo expuesto, someto a esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a fin de que por conducto de la Secretaría de Educación Publica, establezca medidas que favorezcan la protección y conservación de las lenguas indígenas, especialmente aquellas en peligro de extinción.

Sede de la Cámara de Diputados, a 16 de febrero de 2010.

Diputado Héctor Pedraza Olguín (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SHCP, A LA SEDESOL, A LA CNBV Y A LA PGR A INVESTIGAR EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS POR PARTE DE LA SHF Y DE LA CONAVI, A TRAVÉS DEL INFONAVIT Y DE SOCIEDADES FINANCIERAS EN DIFERENTES ENTIDADES DEL PAÍS, PRINCIPALMENTE EN EL ESTADO DE MÉXICO, POR HABER DEFRAUDADO A MILES DE FAMILIAS; Y QUE SE CITE A COMPARECER A ESTOS ORGANISMOS DE VIVIENDA, A CARGO DE LA DIPUTADA LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT

La que suscribe, Laura Itzel Castillo Juárez, diputada federal a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

Durante el sexenio de Vicente Fox Quezada se constituyó la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), en sustitución del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda y se expidió su Ley Orgánica en el Diario Oficial de la Federación el jueves 11 de octubre de 2001.

El objetivo de SHF es impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda, mediante el otorgamiento de fondos y garantías destinadas a la construcción, adquisición y mejora de la vivienda, preferentemente de interés social.

Desde su fundación los funcionarios de la SHF desvirtuaron el marco normativo de su Ley Orgánica. Impulsaron y desarrollaron con recursos públicos un mercado oligopólico en la construcción de la vivienda, que benefició a empresas constructoras como: (Urbi, GEO, Demet, ARA, Sare, Sadasi, Homex), entre otras.

La SHF, también con recursos públicos impulsó el crecimiento y desarrollo de las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) como: Patrimonio, SA de CV, Hipotecaria su Casita, SA de CV, ING Hipotecaria SA de CV, Hipotecaria Ge Money SA de CV, Hipotecaria Nacional Grupo Financiero BBAV-Bancomer, SA de CV, y a la institución de banca múltiple Deutsche Bank México, SA de CV.

La SHF se convirtió en la banca de las empresas constructoras de viviendas y las Sofoles, de este modo tenemos que en el 2005 las ventas de las seis empresas desarrolladoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (Urbi, GEO, ARA, Sare, Homex y Hogar), ascendieron a casi 12 mil millones de pesos, recursos equivalentes a más del 50% del presupuesto total asignado en ese año a la Secretaría de Desarrollo Social.

La SHF ha destinado fondos millonarios para que las Sofoles adquieran las viviendas a las empresas constructoras, quienes han construido casas con materiales de mala calidad. En una acción concertada entre los desarrolladores e intermediarios financieros, han sobrevaluado el valor de las viviendas, en perjuicio de miles de familia. Con ello se defrauda y se condena a los acreditados a pagar créditos caros y en un periodo largo, que va de los 20 hasta los 30 años.

Estos actos de corrupción son avalados por la SHF quien autoriza los avalúos para el financiamiento de las viviendas. Por ejemplo: los avalúos señalan que las tuberías de agua potable son de cobre, cuando en realidad son de PVC. Es inaudito que un órgano del Estado mexicano se preste para realizar este tipo de fraudes. Las casas que financia la SHF en toda la república a través de las sofoles se caracterizan por el exceso de vicios con los que son construidas.

La acción concertada para la sobrevaluación de las viviendas realizada por las constructoras y las Sofoles es del conocimiento de la SHF. La institución de banca de desarrollo prestó su base de datos de los créditos hipotecarios, para la realización del estudio titulado Modelo de detección de fraude por sobrevaluación del valor de la vivienda, que fue elaborado por los especialistas Julieta Alemán H., Javier Gutiérrez G. y Gabriel Gómez R., publicado el pasado 22 de enero de 2008.

El modelo de detección de fraude ilustra en su página 6 cómo se realizaron éstas operaciones fraudulentas y señala lo siguiente: "al elevar el valor de la vivienda se cubre el monto requerido por las instituciones financieras como enganche y de esta forma se otorga el crédito... En el caso de SHF esta sobrevaluación se ha hecho evidente al realizar avalúos posteriores a la fecha de originación para algunos créditos que reclamaron el pago de la garantía. En estos casos se observó que el precio de la vivienda es aproximadamente 40% por ciento menor al precio de venta".

En este mismo sentido para la elaboración del modelo de detección de fraude, se realizaron visitas a los conjuntos habitacionales. Se detectó que los avalúos fueron inflados con el fin de que no se cubrieran los enganches o los gastos de escrituración. En el documento se revela que los valuadores reportaron en los avalúos valores predeterminados por el desarrollador. La SHF realizó estudios de mercado en las zonas respectivas, que permiten confirmar que los avalúos fueron inflados e inclusive SHF cuenta con una lista negra de valuadores y contralores.

El estudio tomó de la base de datos de SHF una muestra de 21 mil 912 créditos, el modelo de detección de fraude encontró 5 mil 119 registros, es decir el 23% como créditos sospechosos y se distribuyen los más altos por entidad federativa de la siguiente manera: Baja California 1,244, Jalisco 873, Distrito Federal 629, estado de México 472, Nuevo León 408, Sinaloa 211, Baja California Sur 184, Chihuahua 180, Guanajuato 119, Sonora 112, Quintana Roo 105, Tamaulipas 83, Querétaro 77, Veracruz 77, Aguascalientes 59 y Puebla 51, cabe señalar que el 23% es un porcentaje muy alto y la sobrevaluación de los créditos se presenta en todo el territorio nacional.

En la página 34 del citado estudio se realiza una comparación entre los resultados del modelo de detección de fraude contra la lista negra elaborada por SHF y las conclusiones son las siguientes: el 34% de los avalúos detectados fueron realizados por un valuador o contralor que se encuentra en la lista negra de la SHF. En el caso del estado de México y Nuevo León, más del 80% de los avalúos detectados fueron realizados por un perito o contralor que está en la lista negra y en el estado de Jalisco representó el 47%.

Es preciso señalar que la SHF también es responsable de los fraudes cometidos en el esquema de renta con opción a compra por las empresas Urbi Desarrollos Urbanos, SA de CV, Inmobiliaria AR & BG, SA de CV, Hipotecaria su Casita, SA de CV, y Deutsche Bank México, SA de CV.

Este programa es contrario a Ley Orgánica de la SHF, toda vez, que la norma establece que los fondos o garantías se destinan para la construcción, adquisición y el mejoramiento de vivienda y no se contempla la renta con opción a compra.

Las familias bajo el esquema de renta con opción a compra llevan pagando un "enganche" de 4 a 5 años con mensualidades de $ 4 mil 500 o $ 5 mil 500 pesos y han pagado de $ 45 mil a 280 mil pesos de "rentas" y de manera fraudulenta. Las empresas que constituyeron este esquema se han negado a escritura les sus contratos de compra venta y garantía hipotecaria. Estas empresas simularon juicios especiales de desahucio para despojarlos de su patrimonio y lanzarlos de sus viviendas.

Estos actos de corrupción han sido denunciados por el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, AC, por los fraudes cometidos por las constructoras, concretamente por Urbi Desarrollos Urbanos, SA de CV, y las Sofoles en el Estado de México, en los conjuntos habitacionales de Villa del Real, quinta y sexta secciones, Los Héroes, Real del Sol, Real del Cid, Real Castelo, Urbi Villas del Campo en el municipio de Tecámac; Las Américas, en el municipio de Ecatepec, y Urbi Quinta Montecarlo, en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Estas denuncias fueron presentadas en la PGR, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Conavi y la SHF. Estos órganos del Estado mexicano han sido omisos y de manera impune están protegiendo diversas conductas delictivas que deben ser investigadas y sancionadas para reparar los daños causados a miles de familias mexicanas.

Por lo expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, y de Desarrollo Social, Jesús Heriberto Félix Guerra, y al procurador general de la República Arturo Chávez Chávez para que investiguen y se sancione a los funcionarios de la SHF, de la Conavi, del Infonavit, de Fovissste, a las sociedades financieras de objeto limitado como Patrimonio, SA de CV; Hipotecaria su Casita, SA de CV; ING Hipotecaria, SA de CV; Hipotecaria Ge Money, SA de CV; Hipotecaria Nacional Grupo Financiero BBAV-Bancomer, SA de CV; Crédito y Casa, SA de CV; Deutsche Bank México, SA de CV, y a la empresa constructora Urbi Desarrollos Urbanos, SA de CV, por haber defraudado a miles de familias en el otorgamiento de créditos hipotecarios en diferentes entidades federativas del país y principalmente en el estado de México.

Segundo. Se exhorta al procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, a integrar y consignar la averiguación Previa UEIDFF/FINM06/173/2009, radicada en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, en donde se denuncia a los funcionarios de SHF, Conavi, Infonavit y Fovissste, así como también a las Sofoles y a la constructora Urbi Desarrollos Urbanos, SA de CV.

Tercero. Se cite a comparecer a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados a los directivos de SHF, de Conavi, del Infonavit, del Fovissste, de las Sofoles y de la empresa Urbi Desarrollos Urbanos, SA de CV, para que aclaren estas irregularidades.

Diputada Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CREAR EL CONSEJO DE ATENCIÓN INMEDIATA DE LAS COMUNIDADES Y DE LOS MUNICIPIOS CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS ALFONSO NAVARRETE PRIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, Jesús Alfonso Navarrete Prida, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Consideraciones

La inseguridad pública se manifiesta en el incremento del índice delictivo, la impunidad y la corrupción, existen muchas y muy diversas aristas políticas, económicas y sociales, que inciden en este tema, así como los errores de estrategia del gobierno federal para atacar el problema de la criminalidad organizada. Errores que por cierto, desde hace meses se han señalado con puntualidad y que consiste en la persistencia del ataque policiaco al narcotráfico como eje central de la política anticrimen decantada a la vez por la política de control del consumo de drogas en Estados Unidos.

En la década de los 80, el gobierno estadounidense adoptó la postura de evitar que la droga producida en diversos países de Latinoamérica llegara a su territorio, por lo que a los cárteles de la droga les importaba podía garantizar en México el transporte de droga hacia Estados Unidos, por ello, los "socios" en el negocio ilícito eran miembros de las corporaciones policíacas federales o militares que aseguraban "corredores geográficos del producto", así surgieron el cártel de Sinaloa, el del Golfo, el de Juárez, la lucha de cárteles se daba por el control de rutas, mientras que la delincuencia común no significaba grandes riesgos para la seguridad, no ejercía niveles de violencia alarmantes.

En los años 90 se reorienta la política antidrogas de Estados Unidos que ahora se basa en inhibir el consumo, por ello, la mecánica de producción y tráfico de drogas en el continente también cambió: al socio Mexicano dedicado al transporte, se le convirtió en socio dedicado a transportar y recibir parte del cargamento de droga que se le enviaba, la única condición era que esa droga en pago no ingresara al territorio americano para no generar "sobre oferta", con lo cual se modificó de raíz el panorama delictivo al interior del país.

Los cárteles se asociaron con los grupos delictivos locales que potenciaron su peligrosidad bajo la tutela de las grandes organizaciones criminales, lo que las hizo evolucionar rápidamente hacia otros nichos delincuenciales muy redituables como el robo masivo de vehículos y el secuestro, pero, sobre todo, propició que el control del territorio (plaza) se volviera el centro de su actividad. Ya no era entonces buscar una ruta segura de trasiego, sino el control del territorio, el resultado fue claro: gran violencia y nuevos fenómenos delictivos poco conocidos en el país.

Las organizaciones delictivas locales siguieron creciendo, reclutaron miembros activos que estuvieran dispuestos a enfrentarse a muerte al rival (con poca o nula formación) y corromper, presionar o ejecutar, a autoridades y policías locales (fundamentalmente municipales) que sin estar preparados para enfrentarlos han sucumbido al embate de las nuevas organizaciones y a su capacidad corruptora.

El número de adictos a nivel mundial también ha crecido y en México de forma exponencial (70 por ciento en 8 años). La pregunta es, ¿de dónde se sustenta la afirmación de que se está ganando la "guerra" que declaró el gobierno federal?

Se ha seguido la misma decisión estratégica desde hace 10 años, aun cuando la condición y variables del fenómeno han cambiado radicalmente, esta estrategia ha merecido el aval del gobierno estadounidense, porque así conviene al país vecino, lo que a la vez ha implicado que el gobierno federal bajo el argumento de "potenciar el esfuerzo" haya trasladado el combate al narcomenudeo hacia los estados, sin recursos para enfrentarlo.

En esta tesitura se ha omitido la aplicación de una estrategia de corte social para las comunidades y municipios que presentan los más serios problemas de criminalidad. La inseguridad deteriora el tejido social, vulnera las relaciones entre sociedad y autoridad, afecta la vida cotidiana de las personas y las familias, restaurarlo es responsabilidad de todos, se requiere una gran convocatoria para que todos participen en mejorar la calidad de vida comunitaria mejorando así la seguridad pública. Se considera necesario que el cambio de estrategia del combate a la delincuencia incorpore un programa mínimo de acción en materia social, por lo cual se formulan los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para crear el Consejo de atención inmediata a las comunidades y municipios que presentan mayor incidencia delictiva en el país, que tendría como objetivo diseñar políticas y ejecutar programas y acciones que incidan efectivamente en la mejora de las condiciones de seguridad pública y que estas se evalúen a partir de la reducción efectiva de los índices delincuenciales registrados en las instancias procuradoras de justicia y en las encuestas de percepción ciudadana.

Segundo. El consejo se integraría por los titulares de las Secretarías de Salud, Educación, Desarrollo Social, Trabajo, Hacienda y Crédito Público, Seguridad Pública, el Instituto Nacional de la Juventud, el Instituto Nacional de la Mujer, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y miembros de organizaciones sociales. Se propone que el consejo desarrolle las siguientes acciones inmediatas:

El consejo podrá instituirse para el desarrollo de acciones y programas de mediano y largo plazo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2010.

Diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A CONSIDERAR Y HACER SUYA UNA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PUNTO 11, "ETIQUETADO", DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA 086-SSA-1994, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, José Manuel Agüero Tovar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Salud a considerar y hacer suya una modificación del punto 11, "Etiquetado", de la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SSA-1994, con el propósito de que los productos que contengan organismos genéticamente modificados sean etiquetados con la leyenda "Este producto es transgénico o contiene ingredientes transgénicos".

Antecedentes

En el país, la introducción de los organismos genéticamente modificados data de 1988, cuando la empresa Campbell’s experimentó en el jitomate. De esto se derivó gran variedad de productos genéticamente modificados. A la fecha, muchas empresas dedicadas a la importación y comercialización en México no cuentan con información suficiente y contundente y mucho menos necesaria en torno de ellos.

Con la importación de los productos genéticamente modificados, la población ha tenido que seguir los estándares de empresas destinadas a la producción y comercialización de alimentos, tanto para consumo humano como animal, considerando la necesidad preponderante de que tales productos son básicos en su mayoría para la alimentación en la población, que es de más de 100 millones de habitantes.

De los consumidores mexicanos, 96 por ciento ignora qué son los transgénicos o no sabe si los está consumiendo o en qué alimentos se encuentran; en tanto, 98 por ciento opina que las empresas deben informar en las etiquetas si los productos contienen transgénicos.

México importa de Estados Unidos más de 6 millones de toneladas de maíz cada año, de los cuales 45 por ciento es transgénico.

En el país está prohibido sembrar maíz transgénico; sólo hay permisos para siembra "no comercial" de soya y algodón transgénicos.

La autoridad sanitaria permite la comercialización para consumo humano de 31 transgénicos de soya, canola, maíz, algodón, papa, jitomate y alfalfa. Estos ingredientes entran en nuestra alimentación diaria sin control alguno y sin consentimiento expreso.

Contar de manera oportuna completa, clara y veraz con información de los bienes y servicios que las compañías ofrecen permite a los consumidores elegir qué quieren comprar. Por ello, los mexicanos tenemos derecho a saber si los alimentos que adquirimos para nuestras familias contienen ingredientes transgénicos o derivados de transgénicos.

Este derecho no está garantizado en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (mejor conocida como "Ley Monsanto"), que sólo obliga a informar sobre los transgénicos nutrimentalmente distintos de forma significativa.

Los cultivos transgénicos son organismos creados en el laboratorio con una técnica que permite insertar genes de bacterias o virus a plantas o animales y a cultivos como el maíz y la soya.

Estas técnicas permiten a los científicos saltarse la selección natural y la evolución, al intercambiar genes entre especies que naturalmente no podrían cruzarse.

La principal razón para evitar los transgénicos en los alimentos es la gran incertidumbre científica existente en torno de estos productos.

A la fecha no se han hecho las pruebas y los estudios necesarios para garantizar científicamente que su consumo no tendrá efectos nocivos en el mediano y largo plazos.

La industria biotecnológica, interesada en vender transgénicos, ha señalado que no hay datos para confirmar daños en la salud, pero tampoco existen datos científicos publicados que garanticen que no los habrá.

Los transgénicos son usados en dos de cada tres productos a la venta en los supermercados, como panes, alimentos infantiles, cervezas, dulces, caramelos, chicles, refrescos, licores, embutidos, botanas, sueros, bebidas, leche en polvo, chocolate en polvo, confitería, margarinas, alimentos preparados, jugos, mermeladas y alimentos para animales.

Consideraciones

1. El Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas informa que los organismos genéticamente modificados son cada vez más utilizados en el mundo, y la primera generación de estos productos ya es explotada.

2. El año pasado, 13.3 millones de agricultores aplicaron este tipo de cultivos, lo que significa que aumentó el número de hectáreas donde se cosechan productos transgénicos y, en consecuencia, el consumo de ellos por los seres humanos o mexicanos.

3. Que en el mundo, el comparativo entre la década de 1990 y la época actual es el crecimiento de 74 veces mayor; hay actualmente 125 millones de hectáreas dedicadas a estos cultivos, lo cual nos habla de que los alimentos transgénicos se han convertido en una práctica agrícola de rápida adopción.

4. De los 25 países productores de estos cultivos, 15 están en desarrollo.

Marco jurídico

Consideraciones jurídicas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El artículo 6o. constitucional, párrafo I, última línea, determina:

Punto de Acuerdo

Único. Se propone a la Secretaría de Salud que considere y haga suya la siguiente modificación en el sentido incluyente del punto 11, "Etiquetado", de la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SSA-1994:

Para los productos orgánicamente modificados o elaborados con insumos transgénicos, indistintamente del gen o genes y su grado de modificación, contenga la leyenda:

Diputado José Manuel Agüero Tovar (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE PEMEX ANTE ESTA SOBERANÍA PARA CUMPLIMENTAR EL ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DE PEMEX Y QUE INFORME DEL PROGRAMA DE REESTRUCTURACIÓN DE LA ENTIDAD, DE SUS ALCANCES Y METAS Y DE LAS ACCIONES QUE DERIVEN DE SU APLICACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR MANUEL KIDNIE DE LA CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que se suscribe, Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, diputado federal del l Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución para que el doctor Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos, comparezca ante el pleno de esta soberanía con el fin de complementar el artículo decimoquinto de la Ley de Petróleos Mexicanos e informe del Programa de Reestructuración, basado en los principios de racionalidad administrativa y eficiencia para evitar la duplicidad de actividades y reducir los costos de operación, así como para aumentar la eficiencia de y entre las áreas corporativas, los organismos subsidiarios y las estructuras administrativas y operativas regionales, así como de los alcances, metas y acciones que deriven de su aplicación.

Antecedentes

1. Que la Ley de Petróleos Mexicanos se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el viernes 28 de noviembre de 2008.

2. Que en la página de Internet de Petróleos Mexicanos en el icono del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, esta la sesión 805 ordinaria celebrada el viernes 18 de diciembre de 2009, y que se contemplaba en el punto VI.5 Programa de Reestructuración de Petróleos Mexicanos, y dan cuenta que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, tomó conocimiento del cumplimiento del director general de Petróleos Mexicanos con el plazo de la presentación de la propuesta de Programa de Reestructuración del organismo, en términos de lo establecido en la Ley de Petróleos Mexicanos

Consideraciones

1. El artículo decimoquinto de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada el viernes 28 de de noviembre de 2008, establece lo siguiente:

3. Que a más de dos de meses de que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos conoció el Programa de Reestructuración de Petróleos Mexicanos, no se ha comunicado a esta soberanía de ello, soslayando el artículo decimoquinto de la Ley de Petróleos Mexicanos.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que el doctor Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos, comparezca ante el pleno de la Cámara de Diputados para que explique el Programa de Reestructuración de Petróleos Mexicanos, e informe porque no se cumplió en tiempo y forma con lo establecido en el artículo decimoquinto de la Ley de Petróleos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2010.

Diputado Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SHCP QUE DESTINE PARTE DE LOS SUBEJERCICIOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 AL FIDEICOMISO 2106 PARA INCREMENTAR SU PATRIMONIO Y DAR CAUCE AL OBJETO POR EL QUE FUE CREADO, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO Y MANUEL GUILLERMO MÁRQUEZ LIZALDE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los suscritos diputados federales integrantes de la LXI Legislatura, diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo representante del estado de Sinaloa y el diputado Manuel Guillermo Márquez Lizalde representante del estado de Chihuahua ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de este honorable pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo por el cual se destine al Fideicomiso 2106, parte de los subejercicios a que se refiere el artículo 14 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, mismos que informará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a partir del mes de abril del presente año, de conformidad con este precepto, con el fin de incrementar el patrimonio del mismo, dar cauce al objeto con el que fue creado y poner punto final al más viejo asunto de violación de los Derechos Humanos.

En el año de 1942 procurando una fuente de trabajo para trabajadores agrícolas y obreros mexicanos, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, general Manuel Ávila Camacho, y el presidente de los Estados Unidos de América, Franklin Delano Roosevelt, ofreció un acuerdo binacional, en dónde se estableció la creación de más de 5 millones de contratos de trabajo, éstos se celebraron durante 1942-1964 de manera temporal en el siglo pasado. Con el objeto de que nuestros compatriotas participaran en tiempos difíciles para nuestro vecino del norte.

Durante los primeros meses del programa, más de 4 mil trabajadores fueron admitidos en Estados Unidos de América, de conformidad con las condiciones de los contratos individuales de trabajo que suscribieron los braceros. Con lo que se genero al final del Programa Bracero un fondo de ahorro del 10 por ciento de los salarios que percibían los trabajadores en ese país, con lo cual se integró el Fondo de Ahorro Campesino. Mismos que fueron enviados por el Gobierno de los Estados Unidos de América a México al entonces Banco Nacional de Crédito Agrícola, que después se constituyó como Banco Nacional de Crédito Rural, SNC, hoy Financiera Rural.

Estos recursos ahorrados no fueron regresados a los trabajadores migratorios tal y como el convenio establecía, quedando sin los recursos que con tanto esfuerzo ahorraron los trabajadores migratorios por años.

Este programa terminó en 1964 cuando los dos gobiernos decidieron concluirlo como respuesta a las críticas y a los informes de abusos a los derechos humanos que se cometían en contra de los trabajadores migratorios mexicanos.

Las demandas legales presentadas en San Francisco, California, a principios del 2000, resaltaron las pésimas condiciones y documentaron el destino final de las deducciones de estos fondos de ahorro, pero la demanda fue rechazada ya que el Banco de Crédito Rural, SNC, y el Banco del Ahorro Nacional nunca operaron en los Estados Unidos.

Después de una larga lucha los trabajadores braceros continúan exigiendo sus derechos, muchos de ellos ya fallecieron, pero quedan sus viudas e hijos, quienes por años han estado esperando a que se les pague el dinero que generaron mediante el fondo de ahorro.

Para atender la problemática de los braceros en el año 2005 se formó a instancias del Poder Legislativo federal y en coordinación con la Secretaría de Gobernación, el llamado "Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos". La Secretaría de Gobernación fue la encargada de integrar un padrón de ex trabajadores braceros. La inclusión en esta lista quedó sujeta a la acreditación por parte de los trabajadores de haber laborado en los Estados Unidos de América durante los años de 1942 a 1964 en el Programa Bracero, o bien la relación familiar con legítimo derecho de recibir el dinero, en el caso del que el ex trabajador hubiese fallecido.

El 22 de noviembre de 2005, se creó la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el objeto de recibir un informe trimestral sobre el avance de la gestión que permita conocer la situación financiera y determinar en su caso, la cantidad a presupuestar para el siguiente ejercicio fiscal.

Han sido abiertas dos etapas para la recepción de documentos e inscripción de ex trabajadores migrantes, para quienes y de acuerdo con las reglas de operación del fideicomiso, se ha establecido un importe de pago por un monto de 38 mil pesos.

Conforme a cifras oficiales, durante la primera etapa del programa de recepción de documentos, han sido inscritos 42 mil 633 ex trabajadores migratorios y se benefició con el pago a un número de 40 mil 198. Una segunda etapa, que concluyó en enero del presente año, registró 172 mil 178 inscritos. De esta lista, han sido beneficiados 125 mil 506 ex trabajadores migratorios conforme al corte de 12 de enero de este año. Quedando pendientes de pago y revisión 46 mil 668 compañeros, acumulándose a este número alrededor de 170 mil personas que a través de sus organizaciones, demandan una nueva apertura de ventanillas de registro, ya que existen ex braceros que, por diversas razones ajenas a su voluntad, no pudieron obtener su inscripción en las primeras dos etapas.

Incluso, y contraviniendo lo dispuesto en el numeral cinco de las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106, que establecen un pago por el orden de los 38 mil pesos, se cubrió un pago parcial por un monto de apenas 4 mil pesos para estos 125 mil 506 beneficiados.

Cabe destacar que la composición de esas listas ha sido motivo de innumerables discrepancias y conflictos, tal es el caso que aún faltan miles de braceros tanto en México como en Estados Unidos que aún no reciben su pago, ya sea por falta de presupuesto, por errores de captura, por no estar dentro del padrón de beneficiarios debido a la falta de documentos básicos que acrediten su derecho a recibir el dinero, o porque no pueden venir a México a realizar los trámites necesarios debido a que no son residentes legales en los Estados Unidos.

La Cámara de Diputados aprobó, como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2010, la cantidad de 300 millones de pesos para el pago a ex braceros.

Con este dinero sólo se podrá pagar a 7 mil 800 personas de las 46 mil 200 que ya han acreditado su calidad de ex bracero para aparecer en las listas que ha ido formando la Secretaría de Gobernación, eso sin contar un bloque de 200 a 250 mil personas que reclaman su pago.

Consideraciones

El Presupuesto asignado para este año al "Fideicomiso 2106", es de 300 millones de pesos, solamente se logra cubrir un porcentaje mínimo del total de ex braceros.

Por primera vez en la historia, se establece en el artículo 14 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, una disposición con la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará trimestralmente a la Cámara de Diputados, a partir del 1o. de abril de 2010, sobre dichos subejercicios. Además de que esta misma disposición señala que los recursos correspondientes a los subejercicios que no sean subsanados en el plazo que establece el artículo 23, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, serán reasignados a los programas sociales y de inversión en infraestructura previstos en este decreto.

Con estos subejercicios y el Presupuesto de Egresos que se aprobará para el año 2011 se lograra finalizar el adeudo que se tiene con los trabajadores ex braceros de 1942-1964.

Con base en lo anterior, se expone a consideración la presente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Se propone incluir como fuente de recursos extraordinarios, para el "Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos", un porcentaje considerable de los subejercicios del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, que resulten de los informes realizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Segundo. Se hace un atenta solicitud a la Secretaría de Gobernación, para que sea emitida y publicada con prontitud la convocatoria y se apliquen los Fondos del Fideicomiso 2106 que le sean reasignados de los subejercicios que se generen del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Tercero. Sé publique a la brevedad posible el acuerdo para los efectos constitucionales correspondientes en el Diario Oficial de la Federación.

Finalmente señor presidente, solicitamos que esta proposición con punto de acuerdo se inserte íntegra en el Diario de los Debates y sea turnada a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Publica.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de febrero de 2010.

Diputados: Diva Hadamira Gastélum Bajo, Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbricas).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA CNDH A INVESTIGAR E INSPECCIONAR POR CONDUCTO DE LA VISITADURÍA CORRESPONDIENTE SOBRE VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS PENALES DE DURANGO, A CARGO DEL DIPUTADO BONIFACIO HERRERA RIVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, Bonifacio Herrera Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 21 de enero de 2010 se suscitó una riña colectiva en el centro de readaptación social (Cereso) número 1 de Durango, que dejó un saldo de 24 internos asesinados. El hecho forma parte de una cadena de sucesos sangrientos en y con relación a los penales de Durango en los últimos 15 meses, los cuales no tienen comparación con la situación de violencia en los penales de las restantes entidades federativas.

Entre los hechos de violencia ocurridos en los últimos 15 meses destacan los que se consignan en la siguiente concisa cronología:

La rivalidad de estos grupos es bien conocida, y sus integrantes están bien identificados. Pese a ello, las autoridades penitenciarias y de seguridad pública en general no han puesto en práctica medidas elementales para prevenir el contacto entre los integrantes de las facciones antagónicas y los estallidos de violencia en dichos penales.

Parte de la omisión en la prevención es que los reos dispongan, al parecer sin mayor dificultad, de armas punzocortantes e incluso de fuego. Esto habla, por un lado, de la grave corrupción que permite la introducción y el tráfico de armas en los penales; y por otro, de la falta de operaciones de revisión para la localización y el decomiso de tales armas.

Llama la atención que una vez que estalla la violencia, los elementos del personal de custodia sean incapaces de detenerla y no actúen hasta que el enfrentamiento ha cesado. Esta omisión significó que en el más reciente incidente murieran 24 internos, cantidad de decesos que muy probablemente habría sido menor de producirse una reacción oportuna.

Pese a la larga cadena de hechos de violencia en los penales de Durango en los últimos 15 meses, no hay indicios de que las autoridades responsables adopten medidas para enmendar sus omisiones, por lo que es de prever nuevos hechos sangrientos.

El sentido de la prisión preventiva es proteger a la sociedad de individuos que con sus conductas han probado (o presuntamente han probado) ser una amenaza para el resto de su semejantes. Pero la privación temporal de la libertad no significa que los internos queden desprovistos por completo de garantías, pues siguen siendo titulares de derechos, entre ellos, del derecho a la vida y de su seguridad, los cuales las autoridades penitenciarias y de seguridad pública deben tutelar. Cuando en los centros de reclusión prevalece la violencia, no hay lugar para esperar que se cumpla la elevada aspiración a la readaptación.

En las prisiones se encuentran internados delincuentes o presuntos delincuentes, que ya se encuentran sometidos por la fuerza del Estado. Por tanto, las autoridades responsables deberían ser capaces de un mejor control de la violencia en estas instituciones y la protección de los internos. Pero cuando lo anterior no ocurre, estamos ante un síntoma inequívoco de grave debilidad del Estado, pues si las autoridades no pueden controlar la violencia en un espacio donde se supone que los delincuentes ya están identificados y sometidos, menos podrán hacerlo extramuros.

En virtud de la gravedad de los hechos de violencia en los penales de Durango y de la incertidumbre sobre la actuación de las autoridades responsables, los legisladores mal haríamos en permanecer como meros espectadores. Debemos jugar un papel activo en el ámbito de nuestras atribuciones y con respeto del ámbito de competencia de las autoridades administrativas directamente responsables.

Cabe recordar como antecedente significativo de intervención del Poder Legislativo ante problemas de la misma índole que el 16 de octubre de 2008 el Senado de la República acordó instruir a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de esa soberanía a trasladarse a Baja California con el propósito de realizar una inspección y análisis de los hechos ocurridos en el centro de readaptación social La Mesa, de Tijuana, "con la finalidad de que dicha comisión elaborase un informe que se haría del conocimiento del pleno en un plazo no mayor de 30 días calendario y, derivado de este último, las autoridades competentes determinarían las responsabilidades penales, administrativas y políticas que resulten". Asimismo, el Senado de la República resolvió exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar inspecciones e investigaciones en el mismo penal.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar en el ámbito de su competencia y por conducto de la visitaduría correspondiente las investigaciones e inspecciones pertinentes a fin de determinar la existencia de violaciones de las garantías individuales en los penales de Durango.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2010.

Diputado Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, EN USO DE SUS FACULTADES, PERMITA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES INVESTIGAR QUÉ AUTORIDAD U ÓRGANO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS INSTRUYÓ LA INTERPOSICIÓN DE LA REVISIÓN ADHESIVA, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN JIMÉNEZ LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Que con fecha 20 de enero del presente fue interpuesta por la Cámara de Diputados un recurso de revisión adhesiva a nombre del licenciado Luigi Enrique Medina, director de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de esta soberanía, según consta el acuse de recibo del Cuarto Tribunal Colegiado en materia de trabajo.

2. Que dicho recurso señala en su cuerpo lo siguiente:

En términos de lo dispuesto por el artículo 83, último párrafo de la ley de amparo, es procedente el presente recurso de revisión adhesiva, ya que el mismo se adhiere a los recursos de revisión interpuestos por la parte quejosa. Aunado a que la sentencia dictada por el juez de distrito fue favorable a los intereses de esta autoridad responsable a quien represento.

3. Continua el texto: El recursos de revisión adhesiva es procedente en virtud de que la sentencia de fecha 10 de diciembre de 2009, terminada de engrosar el 8 de enero del año en curso, dictada por la juez primera de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región en el Distrito Federal, resolvió sobreseer y no amparar ni proteger al Sindicato Mexicano de Electricistas ni a sus agremiados en el juicio de amparo. En virtud de lo anterior, la parte quejosa interpuso dos recursos de revisión en contra de la mencionada sentencia, señalando en los mismos como agravio principal, que la sentencia es ilegal, toda vez que la A quo no consideró los agravios de la demanda de garantías.

4. Que en virtud de estos señalamientos, argumenta: La adhesión al recurso no es autónoma, sino un medio procesal que garantiza a quien obtuvo sentencia favorable, la posibilidad de mejorar y reforzar las consideraciones que condujeron al punto resolutivo que le beneficio, en la medida en la que proporciona al tribunal revisor, como materia de estudio en la segunda instancia, nuevos elementos que permitan confirmar la sentencia en la parte impugnada a través del recurso de revisión. También puede servir este recurso, como lo ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para robustecer las conclusiones alcanzadas por el juzgador de primera instancia, situación que aun cuando no es la razón que llevó al legislador a plasmar este medio de defensa en la ley, viene sin embargo a reforzar un sistema integral de argumentación plena en el esquema del juicio de amparo.

5. Una vez aclarada la naturaleza del recurso en la argumentación señala: Con base en lo antes expuesto, se interpone el recurso de revisión adhesiva con la finalidad de reforzar las consideraciones que condujeron a la A quo para emitir la sentencia que le benefició a mi representada y así proporcionar al A quem nuevos elementos que permitan confirmarla.

6. Así mismo determina que respecto a dichos supuestos agravios expresados por la parte quejosa, resulta pertinente establecer que la A quo actuó conforme a derecho al establecer que el mencionado artículo 16 de la ley de federal de las entidades paraestatales y sui reforma son constitucionales.

7. Que entorno a la supuesta inconstitucionalidad que aduce la parte quejosa del citado artículo 16, se considera que los agravios expresados en sus recursos de revisión, resultan infundados, ya que la parte quejosa sólo se limitó a enunciar, en forma vaga e imprecisa, descalificativos contra la sentencia en cuestión.

8. Que los argumentos vertidos en los recursos de revisión, son meras apreciaciones subjetivas derivadas de una indebida interpretación de los preceptos constitucionales que señala como violados resultando ser solo señalamientos ambiguos y superficiales que en nada demuestran la inconstitucionalidad del referido artículo 16.

9. que con respecto a la garantía de audiencia se señala que en ningún momento se está atentando contra esta garantía establecida en el segundo párrafo del artículo 14 de la constitución: "Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho".

Precisándose que la garantía de audiencia debe respetarse, cuando el gobernado vaya a ser afectado en sus propiedades, posesiones o derechos, luego entonces en el presente asunto, en cuanto a la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la parte quejosa no tiene en su esfera jurídica el derecho sobre dicho organismo descentralizado.

De acuerdo con lo anterior, la mencionada garantía de audiencia es de carácter personalísimo, en virtud de que su titularidad corresponde siempre a la persona, que tenga derecho propio, de tal suerte que no es posible admitir que cuando éste se afecte por un acto de autoridad, el individuo que lo ejercite a nombre, representación o por delegación de su titular, pueda en su propio provecho invocar a su violación.

Aunado a que la garantía de audiencia en todo momento está condicionada a la existencia previa de un derecho, del cual se pueda privar a los particulares, lo que no sucede con el Sindicato Mexicano de Electricistas, hoy parte quejosa en este juicio. Razón jurídica por la cual el vigente artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, no resulta inconstitucional.

10. Que en referente a la extinción de un organismo descentralizado creado por el ejecutivo Federal, las consistentes en dejar de cumplir con sus fines, u objeto, o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público.

Y en caso concreto, al quedar plenamente de mostrada la ineficacia e ineficiencia operativa y financiera de Luz y Fuerza del Centro, se procedió a actuar conforme al citado artículo 16; puesto que siguiendo el principio de ejercicio eficiente del gasto público, debe extinguirse; ello fundado en que su funcionamiento ya no resulta conveniente desde el punto de vista de la economía nacional y del interés público o social.

Concluyéndose que las consideraciones hechas por la A quo en torno a la constitucionalidad del artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Para estatales, resultan constitucionales y legales, en virtud de los razonamientos expuestos, solicitándose a sus señorías que sigan considerándose en su resolución.

11. Que en el resolutivo final confirma en los acuerdos lo siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Esta soberanía solicita a la Junta de Coordinación Política que, en uso de sus facultades, autorice a las autoridades competentes, a fin de investigar qué autoridad u órgano de esta honorable Cámara de Diputados instruyó la interposición de la revisión adhesiva anterior expuesta.

Segundo. Si en su caso se hizo de manera autónoma, solicitar la remoción inmediata del licenciado Luigi Enrique Herrera Medina, director de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales, ya que el espíritu de la misma es contraria a los acuerdos tomados por este Congreso soberano.

Tercero. Esta soberanía solicita a la Junta de Coordinación Política que en un plazo no mayor de 15 días presente ante el pleno de esta cámara el resultado de las investigaciones.

Cuarto. Si el resultado de las investigaciones, son contrarias a la revisión adhesiva interpuesta por el licenciado Luigi Enrique Herrera Medina, esta soberanía debe tomar de manera urgente las medidas pertinentes para revertir en lo posible esta acción legal.

Palacio Legislativo, a 11 de febrero de 2009.

Diputado Ramón Jiménez López (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A RECONSIDERAR LA DECISIÓN DE DISMINUIR LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES PARA ENFRENTAR LA DELINCUENCIA EN LOS MUNICIPIOS DEL PAÍS, A FIN DE GARANTIZAR QUE POR LO MENOS A CADA ENTIDAD DE ESTE NIVEL DE GOBIERNO SE AUTORICE EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN 2009, A CARGO DEL DIPUTADO LIBORIO VIDAL AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Liborio Vidal Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Los programas de seguridad pública que se implantan en los municipios constituyen un eje fundamental para lograr una verdadera armonía social en el país.

La importancia del tema resulta aún mayor en un clima de violencia que sólo ha generado una descomposición social e inseguridad regional.

Con frecuencia se cuestiona si el espacio de lo cotidiano traspasa lo público debilitando instituciones para desvanecer la función de gobierno. Los liderazgos suelen mostrarse en momentos de desconcierto o con desmesurado optimismo para exhortar a un patriotismo que no propicia plena confianza.

La violencia generada por la delincuencia ha hecho surgir escenarios donde lo público rebasa el ámbito privado, tanto a nivel familiar como en la propia vida individual de los mexicanos.

En ocasiones se piensa que el régimen actual podrá arribar a buenos resultados en su estrategia de lucha contra la delincuencia organizada.

En otros momentos nos preguntamos si el gobierno de Felipe Calderón nos estará encauzando a confrontaciones con la delincuencia organizada sin resultados de corto plazo. Y surge la pregunta: ¿sería conveniente revisar la estrategia de combate del crimen organizado y propiciar un diálogo entre poderes, gobernadores y fuerzas partidistas? Son políticas cuya aplicación propiciaría evitar el desgaste de instituciones.

En este sentido, nos referimos a que se adopten acciones institucionales en materia de seguridad, a fin de fortalecer la coordinación adecuada entre los tres órdenes de gobierno. En este punto vale la subrayar la política pública en materia de seguridad dirigida a los municipios.

El programa sectorial de la Secretaría de Seguridad Pública 2007-2012 contiene dos propósitos fundamentales: combatir la delincuencia y corregir las conductas sociales que propician la comisión de delitos. En el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dicho programa sectorial pretende mediante el respeto de las soberanías estatales y de las autonomías municipales llevar a cabo una acción concurrente de beneficio directo a los municipios con gran incidencia delictiva.

El artículo 10 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 establece que el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun) es un recurso que tiene como objeto fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de seguridad pública, salvaguardar los derechos y la integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

En el cumplimiento de los fines del programa sectorial de seguridad pública, los recursos autorizados al Subsemun se destinarían a tres acciones:

En el tercer párrafo del mismo artículo 10 del decreto de Presupuesto se establece que el Ejecutivo federal dará a conocer la lista de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento del subsidio, así como la fórmula utilizada para su selección, que deberá considerar, entre otros criterios, el número de habitantes y la incidencia delictiva. Asimismo, se dará cobertura a municipios con destinos turísticos, zonas fronterizas, municipios conurbados y a grupos de municipios que por su proximidad geográfica sean afectados por la alta incidencia delictiva. En dicha publicación se establecerá el porcentaje de participación que representarán las aportaciones de recursos que realicen al fondo los municipios y el Distrito Federal.

El 15 y 29 de enero de 2009, respectivamente, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos donde se establecieron las bases para la elegibilidad de los municipios para la asignación del Subsemun y las reglas de este fondo. De acuerdo con estas bases, 23 municipios ingresaron y 23 fueron eliminados con relación a los ingresados en 2009.

Por esos cambios, Yucatán y Aguascalientes serán beneficiados con la aportación de un solo municipio: la capital de la entidad respectiva. El resultado se derivó del cambio de los criterios de las reglas que el Ejecutivo federal emite respecto a la elegibilidad de los municipios para asignar los recursos del Subsemun.

El cambio se realizó pese a que el artículo 10 del Presupuesto de Egresos de 2010 no varió sobre los criterios por aplicar para la distribución y asignación de recursos en materia de seguridad pública. Ese cambio se encuentra comprendido en un criterio que en 2009 establecía:

Con el propósito de cumplir los principios de equidad, proporcionalidad y racionalidad en el combate del fenómeno delictivo y una vez obtenida la lista jerarquizada de la totalidad de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se consideraron aspectos de impacto nacional, con base en el orden que establece el índice de criminalidad compuesto (ICC), de la forma siguiente:

Entre los perjuicios ocasionados por la falta de subsidio a los municipios eliminados en los términos planteados se encuentran los siguientes:

Otro aspecto importante es el aumento de la participación de recursos que deben aportar los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, que pasó de 25 por ciento en 2009 a 30 para este ejercicio.

Se estima que dicho incremento es totalmente inoportuno, considerando las condiciones económicas y financieras que los municipios padecieron en 2009, sobre todo tratándose de un tema tan apremiante como la seguridad pública.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a reconsiderar su decisión de disminuir las capacidades y potencialidades para enfrentar la delincuencia en los municipios, a fin de que a través del Fondo de Subsidios a los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública se garantice que por lo menos a cada entidad de este nivel de gobierno se autorice el presupuesto que se le asignó durante 2009 y, en consecuencia, se adopten los mismos calendarios de suministros que se dieron en ese año.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 18 de febrero de 2010.

Diputado Liborio Vidal Aguilar (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL BANCO DE MÉXICO, A LA SHCP, A LA STPS, A LA SE, A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS Y A LA PROFECO A INSTAURAR LAS MEDIDAS NECESARIAS, URGENTES Y SUFICIENTES PARA PROTEGER EL PODER ADQUISITIVO DE LA CLASE TRABAJADORA Y COMPENSAR EL CRECIENTE DETERIORO DE ÉSTE, A CARGO DE LA DIPUTADA CORA PINEDO ALONSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA

Cora Cecilia Pinedo Alonso, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados, exhorte al Banco de México, a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, del Trabajo y Prevención Social, de Economía, a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y a la Procuraduría Federal del Consumidor, con el fin de que aplique las medidas necesarias urgentes y suficientes, para proteger y compensar el creciente deterioro del poder adquisitivo de la clase trabajadora.

Consideraciones

México, a la fecha, no cuenta con una política salarial que compense el constante deterioro del ingreso de los trabajadores mismo que se hace evidente desde hace años y que ahora se profundiza de manera preocupante por el creciente incremento de los precios.

Al respecto el Banco de México reporta a través del índice nacional de precios, que la inflación acumulada en 2008 llego a 6.53 por ciento, más del doble de la cifra proyectada en los Criterios Generales de Política Económica para ese año, en 2009 este indicador refleja una cifra de 3.57 y para 2010 proyecta una cifra de alrededor de 5 por ciento.

Pero si el análisis de este índice lo hacemos en forma desagregada, podremos ver que los productos básicos se incrementan muy por arriba del índice nacional de precios.

Un ejemplo de esto lo podemos ver al analizar el comportamiento de los precios de una serie de productos básicos en la Ciudad de México, los cuales aumentaron 7.8 por ciento, de acuerdo con datos reportados por la Procuraduría Federal del Consumidor.

Esta canasta de artículos se adquiría gastando 626 pesos al término de 2008, mientras que al final de diciembre pasado se requería un desembolso de 675 pesos.

Algunos de los aumentos más drásticos se presentaron en el azúcar, que subió 79 por ciento; el kilo de arroz, que aumentó 24 por ciento; los detergentes, 20 por ciento, y el kilo de jitomate 15 por ciento.

A estos incrementos hay que sumar los aplicados en energéticos e impuestos aplicados en los primeros días del año, y que han disparado más los precios como consecuencia de las modificaciones que entraron en vigor a partir del primero de enero de 2010, que seguramente contribuirán a presionar aún más el ritmo inflacionario a lo largo de este año.

Como podemos ver, el incremento de los precios, de los impuestos y la eliminación de subsidios, suman un duro golpe a la clase trabajadora del país y merman el nivel de vida de la clase media.

No hay duda, el impuesto inflacionario es el más que más deteriora el ingreso de la clase trabajadora y el de la clase media, y como podemos observar en México sigue siendo un problema creciente y preocupante.

Esto debe reconocerse, no sólo porque daña seriamente el nivel de ingreso, sino porque los crecientes precios de los bienes y servicios siguen impactando y deteriorando los niveles de consumo.

Lo más grave e inconsistente es que de acuerdo a las proyecciones de la Secretaría de Hacienda, se pretende, por un lado alcanzar una inflación de 3 por ciento en 2010, y por otro, la secretaría libera y modifica precios clave de bienes y servicios proporcionados por las empresas públicas, como son la gasolina, el gas y el diesel, que impactan los precios de toda las cadenas productivas y de distribución a lo largo y ancho del país.

Esto inclusive lo reconoció el doctor Agustín Carstens Carstens, al argumentar que "las medidas fiscales recientemente adoptadas, que han tenido un impacto en el alza de precios de servicios, son inevitables".¹

Estas contradicciones de la política pública deben corregirse urgentemente.

Adicionalmente a esto debemos de admitir que el reciente "aumento" a los salarios mínimos, anunciado el jueves 17 de diciembre pasado, de sólo 4.85 por ciento, no fortalece en nada el ingreso real de las familias de la clase trabajadora, ya que este aumento es sólo inercial y pretende, sin lograrlo, sólo compensar el incremento de la inflación de 2009. Recordemos que el incremento a los salarios mínimos es de sólo 2.60 pesos

Esta política es abiertamente regresiva en términos salariales, situación que es reconocida por organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo², cuando argumenta que México es uno de los países de América Latina que no ha superado el nivel del poder adquisitivo de hace 17 años. Por lo que podemos afirmar que nuestro país presenta una tasa de crecimiento negativo de los salarios.³

Esta preocupante situación seguirá presente durante 2010, con el agravante de que el desempleo sigue siendo creciente, de acuerdo al Inegi, la tasa de desempleo se ubica por arriba del 5 por ciento de la población económicamente activa, consecuencia de los problemas estructurales que tiene nuestro mercado interno y de los efectos negativos que produce en la economía internacional la crisis financiera.

En este contexto el Estado mexicano esta obligado a compensar, proteger y sobre todo, detener el deterioro del ingreso de los trabajadores y crear expectativas económicas que le den estabilidad al ingreso real, mejorando el perfil de distribución de la renta hacia un esquema más equitativo y favorable a los trabajadores.

Esperando siempre una respuesta pronta y positiva de las Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Trabajo, Economía, de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y de la Procuraduría Federal del Consumidor, y tomando en cuenta las consideraciones expuestas con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para que sea considerado de urgente y obvia resolución, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Banco de México, a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, del Trabajo y Prevención Social, de Economía, a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y a la Procuraduría Federal del Consumidor, con el fin de aplicar medidas necesarias, urgentes y suficientes para proteger y compensar el creciente deterioro del poder adquisitivo de la clase trabajadora.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de febrero de 2010.

Diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SHCP Y DE LA SEGOB A PERMITIR EN CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD, LOS DERECHOS Y LOS BIENES DE LA SOCIEDAD MEXICANA; Y A ACTUAR DE MANERA IGUALITARIA EN LA ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA DELINCUENCIA Y EL CRIMEN ORGANIZADO, Y A DARLES RESPUESTAS CONCRETAS Y EFICIENTES, A CARGO DEL DIPUTADO JAIME FLORES CASTAÑEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, Jaime Flores Castañeda, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el carácter de urgente u obvia resolución se permite presentar ante esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En este día hago uso del derecho que me corresponde para alzar la voz no sólo en nombre de la sociedad juarense, sino también en nombre de la sociedad mexicana, que como se ha visto en épocas recientes, se encuentra inmerso en acontecimientos en los que no solo la zona metropolitana de Juárez sino también distintos estados de nuestro país, se ha visto flagelado por el incremento incontrolable de la inseguridad.

Recientemente ha derivado de la lucha contra el crimen organizado; en la que se encuentran involucrados los órganos de seguridad del Estado, una serie de hechos lamentables en contra de la población civil, que sin verse protegida, en muchos de los casos se ve amenazada por el crimen organizado. méxico, es un país que sigue presentando rezago en cuanto al respeto de las garantías individuales de sus ciudadanos, al mismo tiempo que en materia de seguridad.

Por ende, es necesidad de esta sociedad destacar que las autoridades federales deben hacer valer sus obligaciones. Que si bien es cierto, la actual encomienda presidencial de combatir empecinadamente al crimen organizado en la zona metropolitana de Juárez, Chihuahua; principalmente en lo referente al tráfico, trasiego y venta de drogas, así como la eliminación de los cultivos, los ha colocado al filo de su actuación basada en hechos, es indiscutible que se trata de un órgano del Estado que en todo momento debe velar por la seguridad de los gobernados. Por desgracia, recientemente se han suscitado una serie de actos y hechos funestos, algunos de ellos, en los que se han visto involucrados y perjudicados, niños, madres, jóvenes, trabajadores, deportistas, actores y actrices, reporteros, en fin, personas inocentes.

La delincuencia y el crimen organizado, deben ser erradicados no sólo en esta frontera, sino de todo el país, por ende, debe ser tratado como un problema grave, incluso de prioridad nacional en materia de seguridad.

La prioridad es destacar que estos hechos han resultado de un marco en la incesante lucha contra el narcotráfico, no debemos esperar a que este problema se resuelva por sí solo, mientras los tres Poderes de la Unión dan cabida a que sólo trate de tranquilizar a la sociedad mediante cifras utópicas y declaraciones en promocionales triunfalistas.

Debemos hacer hincapié en la importancia de que los funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, como es el caso de la Secretaria de Seguridad Pública que participan en tareas de seguridad en nuestro país, cuenten siempre con instrumentos jurídicos, conocimientos y capacitación técnica oportuna y suficiente para conducirse como verdaderos aliados de la sociedad en el desempeño de sus funciones y no sólo que busque esclarecer aquellos hechos en los que se vea afectado algún personaje público (deportistas, actores, actrices, reporteros).

Ante estos hechos compañeras y compañeros legisladores, es inadmisible que se continúe actuando con pasividad desde la Presidencia de la República, es necesario actuar con eficacia y eficiencia y de manera conjunta en los tres niveles de gobierno.

Estos actos no deben quedar impunes, debemos exigir resultados concretos y satisfactorios en materia de seguridad, necesitamos establecer acciones y estrategias que partan de la información que se obtiene de estudios de impacto que los diversos programas de prevención del delito que han tenido durante la gestión del Presidente de la República, trabajo conjunto entre federación, estados y municipios para combatir a la delincuencia organizada.

Sin tintes partidistas, a todos los grupos parlamentarios, solicito su apoyo y colaboración, para evitar la propagación de este problema no sólo en mi municipio sino también en toda la república, evitemos que siga llevándose más vidas la delincuencia y el crimen organizado. No debemos polarizar más esta problemática, debemos replantear la estrategia.

Es impresionante la impunidad que se ha alcanzado. El desenlace ante esa forma de "trabajar" es ya conocido por todos: los criminales se mofan de la autoridad y al ciudadano le gana el miedo y la desesperanza porque no hay más ley que la de aquellos que han decidido imponer la barbarie. Los encargados de hacer valer la ley en nuestro país deben ofrecer resultados concretos con respecto al número de homicidios acontecidos en Juárez, pues en 2007,ocurrieron 301 homicidios; en 2008, 1606; en 2009, 2600 y en lo que va del año más de 200 homicidios, imputados al crimen organizado y al narcotráfico, estos actos no deben quedar impunes. En mérito de lo expuesto con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de ésta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y al secretario de Gobernación a adoptar procedimientos acordes a sus atribuciones y funciones, para que se atiendan con prioridad nacional, a todos aquellos miembros de nuestra sociedad mexicana que han sido víctimas de la delincuencia y el crimen organizado en forma igualitaria en el ámbito de sus atribuciones, que a cada uno correspondan y no dejen impunes estos actos de violencia, asimismo, disminuya de manera significativa la delincuencia y el crimen organizado que aqueja a nuestro país, principalmente a la zona metropolitana de Juárez, Chihuahua con estricto apego a los derechos humanos para salvaguardar con integridad y decoro el orden constitucional y la paz interior, de esta sociedad mexicana.

Se solicita del pleno de la Cámara de Diputados que la presente proposición con punto de acuerdo se tramite de urgente resolución, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de febrero de 2010.

Diputado Jaime Flores Castañeda (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EFECTO DE QUE, MEDIANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES Y EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, SE CONSIDERE CAMPECHE COMO SEDE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INVESTIGACIONES ESPACIALES, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ IGNACIO SEARA SIERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, José Ignacio Seara Sierra, en su calidad de diputado federal por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, acude a esta soberanía para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar, mediante las instituciones correspondientes y en ejercicio de sus atribuciones, Campeche como sede para la construcción de un centro de investigaciones espaciales, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. Durante los últimos 50 años, la investigación del espacio ha sido el área científica que más impulso ha dado a la obtención de conocimientos y al avance de la tecnología de las grandes potencias, del grueso de los países desarrollados y, en algunos casos, de países latinoamericanos.

Segundo. En el caso de México, es difícil reconocer que durante este periodo el país desperdició una gran oportunidad para integrarse a este proceso. Así lo refieren los datos estadísticos que nos sitúan en los lugares 55 del índice de competitividad mundial y 60 en el Reporte global de información tecnológica.

Tercero. Si bien perdimos cinco décadas de avance tecnológico en el rubro de la investigación espacial, a principios de este joven siglo se fueron sumando esfuerzos para crear la Agencia Espacial Mexicana (Aexa), con lo que México se sumará al grupo de países latinoamericanos, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Venezuela, que ya cuentan con una institución similar.

Cuarto. Como todos sabemos, la finalidad de la Aexa, a la cual se autorizaron 10 millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2010, no es llevar astronautas mexicanos al espacio, ni lanzar naves espaciales. No, la Agencia Espacial Mexicana habrá de canalizar sus primeros esfuerzos a la investigación científica mexicana en el espacio. Esto habrá de reflejarse en un mayor avance en rubros como las telecomunicaciones, y los experimentos biológicos y meteorológicos. Ello definitivamente brindará a los mexicanos mejoras agrícolas para el campo, mayor conservación de sus recursos hidráulicos, una mejor prevención del clima y desastres, un sustancial avance en la localización de fuentes de energía, una real preservación de ecosistemas y de su biodiversidad, y el mejoramiento de la salud humana a través de nuevas tecnologías.

Quinto. Los beneficios que México tendrá con la creación de la Aexa son innumerables y, sobre todo, podrán satisfacer las apremiantes necesidades de México en materia tecnológica, económica, social y de salud, e incluso en el ramo de la propiedad intelectual, lo que puede llevar a México a participar con mayor fuerza en programas de colaboración internacional que darían acceso a aplicaciones que de otra manera llevaría décadas desarrollar.

Sexto. Debemos ser enfáticos en la necesidad de apoyar esta empresa que México inicia en los albores de una nueva década y hacer lo posible por asignar mayores recursos al ramo de ciencia y tecnología y, en específico, a la Aexa para el próximo Presupuesto de Egresos, a fin de que en una segunda etapa se puedan instalar al menos dos centros de investigaciones espaciales, los cuales habrán de generar, con empresas privadas e instituciones gubernamentales, productos espaciales, como medicamentos y software desarrollados sin atmósfera, innovaciones robóticas y electrónicas, así como la creación de materiales y tecnologías de búsqueda y rescate.

Séptimo. La Aexa también deberá hacer aportes para la industria aeronáutica mexicana, para las telecomunicaciones, para la prevención de desastres, para impulsar la construcción de satélites de percepción remota, para el desarrollo de nuevos materiales, para seguir impulsando el crecimiento de la robótica y de temas nuevos para el país, como la recreación atmosférica, los satélites artificiales, la industria espacial, la bioastronáutica, exobiología y lo que últimamente se ha denominado "recreación atmosférica interplanetaria".

Octavo. Con la finalidad promover y desarrollar ciencia de alto nivel a lo largo y ancho del país, proponemos la creación de al menos dos centros de estudios espaciales: uno al norte del país y otro al sur, específicamente en Campeche, que reúne condiciones geográficas, geológicas y de infraestructura en materia de comunicaciones para llevar a cabo investigación en astronomía, astrofísica, ciencia del espacio y ciencia planetaria.

Noveno. De aprobarse la anterior propuesta, estaríamos impulsando la creación de empleos directos e indirectos en una entidad que hasta nuestros días depende en su mayor parte de los ingresos petroleros. Por eso, el impulso de proyectos educativos, de investigación científica y tecnológica como un centro de investigaciones espaciales vendría a impulsar un proceso de diversificación económica en la entidad, además de impulsar el desarrollo educativo a nivel técnico y profesional del estado.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a considerar, mediante las instituciones correspondientes y en ejercicio de sus atribuciones, Campeche como sede para la construcción de un centro de investigaciones espaciales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2010.

Diputado José Ignacio Seara Sierra (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EXPEDIR EL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL Y A INFORMAR MEDIANTE EL TITULAR DE LA SSP POR QUÉ NO SE HA PUBLICADO, A CARGO DE LA DIPUTADA ADRIANA SARUR TORRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Adriana Sarur Torre, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 23 de abril de 2009, el Congreso de la Unión concluyó el proceso de análisis y deliberación que permitió la aprobación, con un alto grado de consenso, el dictamen que mediante el cual se creaba la Ley de la Policía Federal.

Las reflexiones de los legisladores fueron diversas pero sin duda existió un eje rector que planteaba la necesidad de mejorar y consolidar a las instituciones encargadas de la seguridad pública dotando al Ejecutivo federal de las herramientas necesarias que permitan un nuevo desarrollo de este rubro, que enfrente de manera efectiva el grave déficit que existe sobre la materia.

En este contexto, y desde la creación de la Policía Federal Preventiva en 1999, la organización de esta institución, así como su profesionalización y las bases del servicio civil de carrera, fueron previstas en el respectivo marco normativo pero principalmente la ejecución de estos conceptos encontraba desarrollo en el reglamento respectivamente. No obstante, por diversas razones, el accionar de la Policía Federal Preventiva no cubrió las expectativas de su creación.

La aprobación de la Ley de la Policía Federal contempló los principios que rigen la actuación de las instituciones policiales, previstos en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las facultades en materia de prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, al tiempo que se erige sobre las bases mínimas a que está sujeto el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, observa el perfeccionamiento de un aspecto fundamental, a saber, el ingreso, selección, promoción y reconocimiento de los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el ámbito federal.

Este tema se ubica en el capítulo IV en el que se establecen las normas que regirán el servicio profesional de carrera policial de la Policía Federal, buscando garantizar la igualdad de oportunidades en el reclutamiento, selección, ingreso, permanencia, promoción, profesionalización, el régimen de estímulos y la conclusión del servicio, regulando los requisitos de ingreso y de permanencia de los integrantes.

Existe también un rubro destinado a la disciplina como la base del funcionamiento y organización de las instituciones en el cual los integrantes de la Policía Federal deberán centrar su conducta al marco normativo, órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y alto concepto del honor, de la justicia y de la ética, cumpliendo en todo momento las obligaciones que tienen encomendadas.

Estos y otros novedosos conceptos fueron incorporados a esta nueva ley, sin embargo, gran parte de su aplicación depende de la publicación del reglamento por parte del Ejecutivo federal.

Por ejemplo, para la realización de operaciones encubiertas la fracción VII del artículo 8, relativo a las atribuciones y obligaciones de la Policía Federal, establece que será el reglamento el que definirá con precisión los lineamientos para la realización de esta facultad. Asimismo, en los nombramientos de los altos funcionarios de esta corporación, el otorgamiento de grados el reglamento, la determinación de las relaciones jerárquicas en la Policía Federal, sus estructuras normativas y operativas, su organización territorial, las atribuciones de mando, dirección y disciplina, así como otros componentes de su régimen interno, el reglamento es necesario y fundamental.

Es un hecho que aun cuando no se estableció plazo para la expedición del reglamento correspondiente, la importancia de la institución para prevenir y combatir a la delincuencia organizada demanda su expedición a la brevedad. Debemos prevenir que ante la falta de disposiciones reglamentarias, existe la posibilidad de que la actuación de la policía federal no se lleve a cabo conforme al principio de legalidad.

Es por ello que resulta preocupante que el Ejecutivo Federal no cumpla con su obligación de publicar el referido reglamento, sobre todo cuando el Congreso de la Unión consumó la aprobación de la Ley desde el mes de abril de 2009. Incluso el secretario de Seguridad Pública reconoció durante su comparecencia ante la Comisión Permanente que no se había publicado sin informar de alguna fecha tentativa sobre el particular.

En tal virtud, y siendo el problema de seguridad pública y tema que debe ser acometido con toda la fuerza del Estado, se proponen los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que expida el reglamento de la Ley de la Policía Federal.

Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través del secretario de Seguridad Pública, informe las razones por las cuales no se ha publicado el Reglamento de la Ley de la Policía Federal, aprobada por esta soberanía desde abril de 2009.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2010.

Diputada Adriana Sarur Torre (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA UN GRUPO DE TRABAJO PARA IMPULSAR LA REFORMA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO PORFIRIO MUÑOZ LEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT

El suscrito, diputado Porfirio Muñoz Ledo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición por la que se crea un grupo de trabajo para impulsar la reforma del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. En los albores del siglo XXI, en que se han producido transformaciones políticas importantes en diversas partes del mundo, no es posible concebir en México una reforma del Estado sin la reforma del Congreso. La dinámica del cambio político mexicano ha hecho que el Poder Legislativo adquiera una nueva centralidad en la vida pública del país. El proceso de democratización, iniciado con la reforma política de 1977, tuvo un rápido impacto en la conformación de las Cámaras, así como en su organización y funcionamiento. Las reglas con las que habían realizado sus atribuciones constitucionales se enfrentaron a una realidad política en continua transformación.

La creciente pluralidad llevó a la expedición de la Ley Orgánica del Congreso en 1979, en donde se incluyeron disposiciones sobre la integración de la Mesa Directiva, los grupos parlamentarios y las comisiones y los comités. Con este instrumento se actualizaban, esencialmente, normas contenidas en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de 1934, cuyos procedimientos se mantuvieron intactos. Sucesivas reformas a la Ley Orgánica reconocieron esa pluralidad al crearse, en 1994, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados, como órgano de gobierno integrado por los coordinadores de cada uno de los grupos parlamentarios.

Sin embargo, aun con este nuevo paisaje, el Congreso siguió funcionando bajo una lógica de partido mayoritario y dominante a través de la Gran Comisión, en aspectos relevantes como la operación de la Mesa Directiva, la integración de comisiones, los debates, la aprobación de dictámenes y la distribución de recursos económicos.

La primera gran reforma interna llegaría con un nuevo impulso democrático.

II. La ausencia de mayorías en la Cámara de Diputados, como resultado de las elecciones intermedias de 1997, y una mayor pluralidad en la Cámara de Senadores, hicieron inoperantes las disposiciones orgánicas y reglamentarias vigentes hasta entonces. La imposibilidad de alcanzar un acuerdo de consenso para instalar la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados, por la carencia de una normatividad que previera el novedoso escenario de pluralidad política y gobierno de minoría, obligó a una reforma profunda de la Ley Orgánica y a otros cambios significativos.

III. Como se reconoce en su exposición de motivos, la nueva Ley Orgánica de 1999 propició un trabajo colegiado de ambas Cámaras, y constituyó un gran ejercicio de modernización de los órganos e instituciones parlamentarias.

Basta señalar el establecimiento de la Mesa de Decanos, la trascendente determinación de fijar la duración de la Mesa Directiva por un año con posibilidades de reelección de sus miembros, la conformación de un nuevo órgano de gobierno denominado Junta de Coordinación Política, la reestructuración del sistema de comisiones para fortalecerlas, y el establecimiento del servicio civil de carrera como componente fundamental de la organización técnica y administrativa de la Cámara. Estos cambios fueron acompañados por otros de enorme importancia como la creación del Canal del Congreso y la Gaceta Parlamentaria.

La nueva Ley Orgánica, gestada en la LVII Legislatura, fue posible no sólo por la coyuntura histórica, sino por la voluntad política manifestada por las distintas fuerzas representadas en el Congreso, que llevó a la integración de los coordinadores parlamentarios y de legisladores expertos en el tema de ambas Cámaras, en un grupo de trabajo que se encargó de formular el proyecto de decreto, escalón fundamental, en la construcción de la nueva norma.

IV. Ciertamente, varias de las reformas acordadas en la LVII Legislatura requerían de su instrumentación y profundización como el impulso a la carrera parlamentaria o el fortalecimiento del sistema de comisiones. Otras, derivadas de la nueva Ley Orgánica, simplemente no fueron posibles porque el horizonte temporal de esa legislatura era finito y porque legislaturas posteriores no alcanzaron el consenso suficiente para materializarlos.

No obstante, es de destacarse el esfuerzo realizado en la LIX Legislatura para dotar a la Cámara de Diputados de un nuevo reglamento para su gobierno interior, que fue un ejercicio de síntesis e integración de muchas iniciativas presentadas por todos los grupos parlamentarios, plasmado en un proyecto de dictamen que quedó de primera lectura¹ sin que el pleno pudiera votarlo. Con este instrumento se pretendía mejorar los procedimientos legislativos internos, reforzar el trabajo de las comisiones, agilizar los trámites de los dictámenes, elevar la calidad del debate, modernizar y eficientar el funcionamiento de la Cámara.

V. La realidad política imperante, en la que prevalece un Congreso sin mayorías y un sistema político multipartidista, obligan a realizar una nueva generación de reformas al funcionamiento y actualizar los obsoletos procedimientos de la Cámara de Diputados, que le permitan actuar con eficacia ante los retos que el país le impone.

Ha quedado por demás demostrado que la adopción de acuerdos parlamentarios para regular temas como la formulación del orden del día, el desahogo de las iniciativas, dictámenes y proposiciones, así como para debatir los temas de la agenda política nacional, en más de una ocasión, han quedados rebasados por la dinámica actual de los trabajos del pleno. Estos acuerdos, si bien han ayudado a cubrir las lagunas de la actual reglamentación, han generado incertidumbre por tener una jerarquía menor a la Ley Orgánica y al reglamento, y han sido motivo de constantes críticas.

VI. Los llamados "puntos de acuerdo" ocupan una parte considerable de los trabajos del pleno, sin que su utilidad sea clara, aunque con frecuencia se transparenten sus motivaciones clientelares. No existen, además, como tales en la ley ni el reglamento, por lo que se ubican dentro del amplísimo concepto de propuestas no legislativas que pueden referirse absolutamente a cualquier asunto, según el artículo 58 del reglamento. Habría, pues, que acotarlas a fin de volver más eficaces las labores parlamentarias y encontrar procedimientos adecuados para que las peticiones del Congreso sean obligatoriamente respondidas por las autoridades.

VII. Es preciso revisar temas torales como lo son las facultades de los órganos de gobierno y el alcance de sus acuerdos; definir un nuevo régimen de comisiones, su integración, funcionamiento, atribuciones y fortalecer sus facultades de control; agilizar el procesamiento y la emisión de dictámenes; evaluar la conveniencia de adoptar la afirmativa ficta y caducidad de las iniciativas para abatir el rezago legislativo; regular la pregunta e interpelación parlamentarias, así como los formatos de las comparecencias; instaurar el servicio profesional de carrera; rediseñar el papel de los centros de estudio; dar mayor autonomía a la Auditoría Superior de la Federación y aplicar una política de austeridad rigurosa en el ejercicio del gasto en la Cámara de Diputados, entre otros temas.

VIII. Un obligado comienzo es enfrentar de una buena vez la problemática, por todos conocida, que se traduce en dos factores principales: terminar con la pasividad legislativa de las comisiones; es decir, lograr que todas las iniciativas que son presentadas puedan ser dictaminadas o resueltas en el corto plazo y, el segundo, reconfigurar la dinámica en que se desarrollan las sesiones del pleno.

IX. Para que el Congreso juegue un papel relevante en la transformación de país y acometa con éxito los desafíos que le presentan las actuales circunstancias económicas, políticas y sociales debe encarar un nuevo ciclo de cambios en su estructura y funcionamiento. Para ello, es necesario retomar el sabio dicho de que el buen ciudadano, por su casa empieza.

Lograr ese fin es posible y en extremo urgente. Para ello, proponemos conformar, como ya se hizo en el pasado, un grupo plural de diputados con funciones de dirección en sus grupos parlamentarios y de legisladores expertos en la materia, que se haga cargo de estudiar la reforma que la Cámara requiere, convencidos que lograr este cometido será el inicio de una reforma mayor, que permita transformar el Congreso General en favor del equilibrio de poderes y de la democratización del sistema político mexicano.

Por las anteriores consideraciones, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea un grupo de trabajo para impulsar la reforma del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El objetivo inmediato del grupo será realizar los trabajos necesarios para generar las propuestas de modernización de la normatividad y las prácticas parlamentarias en la Cámara de Diputados.

Segundo. El grupo se integrará de la siguiente manera:

Cuarto. El grupo podrá allegarse de los elementos necesarios y solicitar la información que considere pertinente para realizar sus actividades, así como celebrar eventos con otras dependencias e instituciones académicas.

Notas
1. Diario de los Debates, 27 de abril de 2006. Cámara de Diputados, paginas 85-155.

Dado en el Palacio Legislativo, a 18 de febrero de 2010.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CONSIDERAR MEDIANTE LA SRE EL CONSUMO PREFERENTE DE VINOS DE MESA MEXICANOS EN LAS FESTIVIDADES PROPIAS DE LAS EMBAJADAS Y LOS CONSULADOS DEL PAÍS, CON OBJETO DE EXPANDIR LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA NACIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO ARTURO VEGA DE LAMADRID, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid, a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo los siguientes

Considerandos

1. El vino es una bebida que contiene más de mil sustancias, la mayoría de las cuales (como las vitaminas o los minerales), vienen de las uvas. La bebida se obtiene del fermentado alcohólico del zumo de la uva, lo cual se produce por la acción de levaduras que transforman los azúcares del fruto en alcohol etílico y anhídrido carbónico. Se conoce como vino solamente al líquido que resulta de la fermentación alcohólica, total o parcial, del zumo de uvas, sin agregarle ninguna sustancia. Existen diferentes tipos de vinos "clásicos", los cuales son vinos tintos, blancos, rosados, claretes, de hielo y varietales; además del Chacoli, el vino generoso, el vino espumoso, el Vermut y el vino gasificado.

2. La historia del vino en el mundo es basta y extensa, es de todos bien sabido que la hechura y consumo de vino se monta desde la época de los egipcios, pasando por el auge y la decadencia del Imperio romano y la época del medievo; así como la etapa de las diversas conquistas mundiales y de exploración o descubrimientos.

Es precisamente en esta etapa que en el país llega la historia de la conquista y junto con ella la historia del vino en nuestro territorio, según escritos antiguos de la post conquista, el 20 de marzo de 1524 el gobernador de la Nueva España, Hernán Cortés, decretó que cada español debería plantar 100 pies de vid por cada 100 indígenas que estuvieran a su servicio, al tiempo de ordenar que cada barco que llegara de España hacia el nuevo territorio trajera vides y olivos.

3. Es un hecho irrefutable que el vino ha estado en la historia humana desde las civilizaciones antiguas dónde se destacan las distinciones que hicieron con él, las civilizaciones griegas y romanas, lo cual ha significado que es un producto con una importante relevancia dentro de las sociedades actuales ya que en el mundo aún se sigue consumiendo de manera considerable los productos emanados de la uva.

4. En México, la industria vitivinícola se integra por productores de: uva de mesa, uva pasa, jugo de uva concentrado de vino y los licores de uva, principalmente brandy. Esta industria ha sufrido varios cambios desde el decreto pos colonial en México, sin embargo, el cambio más dramático de los últimos años que ha padecido esta industria en nuestro país tiene lugar hace poco más de 15 años, dónde el sector vitivinícola inició un periodo de resurgimiento, ya que las casas productoras adoptaron técnicas novedosas de elaboración y los consumidores empezaron a voltear la mirada hacia la producción de vinos nacionales. En la década de los años ochenta, lugares como Nueva Zelanda, Argentina y nuestro país, empezaron a producir vinos de calidad sin tener necesariamente una tradición vitivinícola centenaria, más sin embargo, desde aquella década los vinos mexicanos empezaron a tener un auge mundial.

De igual forma, se empezó a contar con el apoyo de buenos enólogos profesionales, así como la inversión en tecnología de punta que ha permitido en los últimos años que México, entre a una competencia mundial, por un buen lugar y posición en materia de su industria vitivinícola y la producción de buenos vinos.

Según cifras de la Asociación Nacional de Vitivinicultores, para el año 2008 existían en el país más de tres mil hectáreas cultivadas distribuidas principalmente en Baja California (83 por ciento), Querétaro (8 por ciento), Coahuila (4 por ciento), Zacatecas (3 por ciento) y Aguascalientes (2 por ciento). La exportación llega a más de 20 países alrededor del mundo. Desde Inglaterra, Francia y Alemania, hasta Japón, Rusia e Islandia; pasando por Islas Malvinas, Eslovenia y Noruega, entre otros.

Según la propia Asociación, en México se venden alrededor de 13 millones de botellas de vino y se exportan alrededor de 800 mil, facturando alrededor de 42 millones de dólares al año, lo cual es un número menor para un país como el de México, ya que en Latinoamérica aún estamos por debajo de países vitivinicultores como Chile y Argentina.

5. En materia de salud pública, algunas organizaciones de salud en el mundo han comprobado científicamente, que el vino tinto, entre las bebidas existentes en el mundo, es muy saludable para el consumo humano. Lo anterior debido al bajo contenido de alcohol etílico y de sus muchos componentes nutritivos; además es una bebida digestiva, que ayuda a relajar, antidepresiva y antiséptica se tiene registro histórico de ser aplicado como medicamento y se usaba como un alimento básico, mezclándose con agua para calmar también la sed; además es considerada la más higiénica de las bebidas, ya que se dice, es menos peligroso beber agua mezclada con vino, que sólo agua.

Favorece a reducir el colesterol perjudicial en las arterias, por lo cual pueden prevenirse males cardiovasculares, su alto contenido de antioxidantes retarda el envejecimiento, además que uno de sus compuestos (resveratrol) previene el desarrollo de enfermedades cancerígenas y ayuda a neutralizar manifestaciones negativas de células malignas ya desarrolladas, por otro lado, el alcohol que contiene licua la sangre y ayuda a reducir la grasa en el cuerpo.

La presente proposición, establece las bondades y el auge que el vino mexicano ha atravesado a lo largo del tiempo, de igual manera se trata de establecer que la industria vitivinícola en México puede tener un mayor impulso y crecimiento con la aprobación de proyectos legislativos como el presente.

En la actualidad únicamente cerca del 40 por ciento de los productos de vino que se maquilan en el país se consumen dentro del territorio nacional, el 60 por ciento restante del consumo proviene de los vinos importados principalmente de Europa, chile, Australia y Nueva Zelanda.

Por ello, pretendemos mandar un exhorto al Ejecutivo federal a efecto que se establezca como obligatorio desde la Ley Orgánica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que en las embajadas y consulados mexicanos en el exterior se procure consumir preferentemente, vinos de mesa de fabricación nacional en las festividades propias y así dar cabida a la apertura del incremento del comercio de esta industria en el exterior y en regiones del mundo que aún los productos vid nacionales son desconocidos.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en las festividades propias de las embajadas y consulados mexicanos, en el exterior se consuman vinos de mesa preferentemente mexicanos ayudando a expandir la industria vitivinícola del país.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a los 18 días del mes de febrero del año 2010.

Diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SCT QUE DÉ RESPUESTA AL EXHORTO REALIZADO POR LA COMISIÓN PERMANENTE EL 5 DE ENERO DE 2010 PARA CANCELAR LA DECISIÓN DE PRIVATIZAR 28 KILÓMETROS DE LA VÍA 80, QUE VA DE EL DESPERDICIO A LAGOS DE MORENO, JALISCO, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT

El suscrito, diputado Enrique Ibarra Pedroza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados solicita al secretario de Comunicaciones y Transportes que dé cabal y puntual respuesta al exhorto que, con fecha 5 de enero de 2010, esta soberanía le efectuó para que se cancele la decisión correspondiente a concesionar la conversión de la carretera libre de El Desperdicio a Lagos de Moreno –ambas poblaciones de Jalisco– a autopista concesionada, así como la construcción de una caseta de peaje, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 5 de enero del corriente año, el suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante la Comisión Permanente de esta soberanía un punto de acuerdo mediante el que se exhortaba al titular del Ejecutivo federal a girar instrucciones al secretario de Comunicaciones y Transportes para que se cancelara la decisión de concesionar la conversión de un tramo de 28 kilómetros de la carretera federal 80, que corre de El Desperdicio a Lagos de Moreno, –ambas poblaciones de Jalisco–, así como la construcción de una caseta de peaje.

Se debe recordar asimismo que el exhorto en comento contó con la simpatía, y así se documentó, del diputado Francisco Ramírez Acuña, ex gobernador de la entidad y presidente de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados, del diputado Arturo Zamora Jiménez, coordinador de la diputación de Jalisco en esta Cámara, y del senador Ramiro Hernández García.

Se propaló que la concesión citada se adjudicó a la empresa Red de Carreteras de Occidente, a la que pertenece Ingenieros Civiles Asociados.

En la ocasión, el suscrito presentó los argumentos legales y los hechos que convalidaban el exhorto.

Tanto los hechos como la parte legal invocados fueron debidamente acreditados y hasta la fecha no se ha recibido respuesta oficial por parte de la secretaría mencionada.

El problema, no atendido por las autoridades del ramo, lejos de desactivarse, se ha complicado más por lo siguiente:

El 7 de enero y el 16 de los corrientes, en sendas cartas abiertas, un nutrido grupo de jaliscienses publicaron en medios de Jalisco, dirigidas al presidente de la República, al secretario de Gobernación, a los presidentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores y del Congreso estatal de Jalisco, al secretario y al subsecretario de Comunicaciones y Transportes, en las que se oponen a la privatización de este bien público, dicen no a la transformación del tramo carretero libre a concesionado, se pronuncian en contra del cobro de peaje y exigen atención inmediata a su problema.

En el ínterin, el 15 de febrero de este año, la secretaría publicó en medios locales que "no existen condiciones para instrumentar en su totalidad el esquema de operación planteado por la empresa".

No obstante, se insiste en el hecho de que la autoridad no ha dado puntual respuesta al planteamiento efectuado por el suscrito, por lo que se crea un vacío de autoridad consistente en que los vecinos afectados no tienen certidumbre legal de su situación.

En vista de lo expuesto, el diputado Enrique Ibarra Pedroza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, somete al pleno de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al secretario de Comunicaciones y Transportes que a la mayor brevedad dé respuesta cabal al exhorto del 5 de enero de 2010, en el sentido de cancelar la decisión de privatizar el tramo carretero de 28 kilómetros de la vía 80, que corre de El Desperdicio a Lagos de Moreno.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2010.

Diputado Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A RECLASIFICAR MEDIANTE LA SHCP, LA CFE Y LA SENER LAS TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VERACRUZ, A CARGO DE LA DIPUTADA CAROLINA GUDIÑO CORRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La suscrita, Luz Carolina Gudiño Corro, integrante de la diputación de Veracruz por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permite someter a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo a fin de solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Energía que reclasifiquen las tarifas de energía eléctrica para Veracruz de Ignacio de la Llave, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La dinámica de un verdadero federalismo implica no sólo la desconcentración de atribuciones y la consiguiente asignación de responsabilidades, sino que obliga a distribuir cargas de manera proporcional y directa a la participación de cada entidad federativa respecto al desarrollo nacional.

La Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 prevé un ingreso de 3 billones 176 mil 332 millones de pesos, de los cuales 237 mil 831.1 millones provienen de la Comisión Federal de Electricidad; es decir, dicha paraestatal representa 7 por ciento de los ingresos de la federación.

Veracruz contribuye preponderantemente a la producción y venta de energía eléctrica. Así lo reconoce la Secretaría de Energía, en el documento publicado en su portal de Internet Prospectiva del sector eléctrico 2005-2014, del cual destaco lo siguiente:

Ante el anunciado e inminente incremento de los precios que injustamente pagan los veracruzanos por el servicio, me permito hacer un llamado a las autoridades competentes para que ejerzan sus atribuciones y reclasifiquen las tarifas eléctricas para Veracruz, pues la dolosa e insensible manipulación de los rangos de consumo por el Ejecutivo federal provocó en las costas de la república incrementos del servicio de suministro de energía eléctrica, los que merman la economía de muchas familias que habitan en esas regiones y hacen más evidente el trato desigual con relación a otras regiones del país.

La Cámara de Diputados ha aprobado diversas propuestas, orientadas a considerar la reclasificación de las tarifas eléctricas, en las cuales se destaca el principio de justicia distributiva y tomar en cuenta las condiciones climáticas adversas como variables decisivas para establecer el monto de las tarifas en ciertas regiones. Aun cuando se ha instado en diversas ocasiones al Ejecutivo federal para que apoye a los millones de mexicanos afectados por las continuas alzas de bienes y servicios, la petición ha sido desatendida; y, al contrario, se ha emprendido una ofensiva en detrimento de la economía popular, que cada vez se hace más intensa y menos justificable, pues se incrementan de manera continua y lesiva los costos de este servicio público, indispensable para alcanzar los estándares mínimos de una vida digna y decorosa, garantizados en la Constitución federal y delineados por organismos internacionales.

Como ente rector de las directrices que han de normar las facultades de los órganos del poder, del cual somos parte, debe ser precursor, vigía e impulsor, de los principios establecidos en la Constitución que dotan de carácter democrático a la república.

Dos de los principios requeridos corresponden a la equidad y proporcionalidad, los cuales son autoimplicativos, pues la equidad no puede explicarse sin hacer referencia directa a la proporcionalidad, y viceversa. Ajustándose a estos principios, Veracruz, a través de sus representantes, ha solicitado por diversas vías la reducción de las tarifas eléctricas que le ha impuesto el gobierno federal.

No se reclama pagar menos: se solicita pagar igual que otras entidades federativas.

Sin embargo, 7 millones 110 mil veracruzanos enfrentan cada día una situación injusta pues, a pesar del liderazgo nacional en producción de energía y del compromiso para impulsar el desarrollo nacional, se les cobran tarifas superiores a las de otras ciudades.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que, mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Federal de Electricidad, y la Secretaría de Energía, en un término de 30 días naturales, contados a partir de la publicación de la presente propuesta en la Gaceta Parlamentaria, reclasifique las tarifas de energía eléctrica en Veracruz para disminuir el pago que se realiza por el servicio.

México, Distrito Federal, a 23 de febrero de 2010.

Diputada Luz Carolina Gudiño Corro (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE CREAR UNA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL EJECUTIVO FEDERAL EN LA ESTRATEGIA PARA LA RECOMPOSICIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ANTONIETA PÉREZ REYES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita, María Antonieta Pérez Reyes, diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la honorable Cámara de Diputados que apruebe la creación de una comisión especial para dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo federal en la estrategia para la recomposición social e institucional de Ciudad Juárez, Chihuahua, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado jueves 11 de febrero, el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, realizó una gira a Ciudad Juárez, Chihuahua, una de las ciudades del país en la que –quizá en la que más– la violencia ha tomado tintes de extrema gravedad, problema que se suma a otros muchos de carácter social y económico que han influido para ser un foco rojo de gobernabilidad.

Posterior a visitar y dar sus condolencias, así como una sentida disculpa a familiares de los 15 jóvenes asesinados en la madrugada del domingo 31 de enero en la colonia Salvárcar de aquella entidad, hecho que provocó en gran medida la gira presidencial, el presidente Calderón sostuvo una reunión con diversos sectores de la sociedad en un acto denominado "Todos somos Juárez: reconstruyamos la ciudad", donde presentó su estrategia contra la inseguridad y la violencia en Ciudad Juárez.

Acompañado por un amplio número de los miembros de su gabinete, por el presidente municipal de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, y el gobernador de la entidad, José Reyes Baeza, el presidente Calderón instruyó a los secretarios federales a discutir esta estrategia con sus contrapartes estatales, así como con la sociedad civil para corregir o afinarla para abatir la violencia.

La estrategia del Ejecutivo federal se basa en cuatro ejes: primero, la recomposición del factor institucional; segundo, el factor operacional; tercero, el factor social, que incluye los temas de educación y salud, entre otros; y cuarto, la participación ciudadana.

Cabe destacar que se están llevando a cabo mesas de discusión por cada uno de los temas para hacer que la estrategia sea viable en términos de recursos económicos, materiales y humanos a destinar, así como los tiempos para la puesta en marcha de las políticas públicas pertinentes. Este diálogo con la sociedad es importante desde el punto de vista de obtener el consenso surgido del conocimiento real de la problemática y no de la imposición de una estrategia alejada de los verdaderos problemas.

Es así que el mismo día del acto, los miembros del gabinete presentes realizaron propuestas concretas y recibieron opiniones a través de un intercambio de ideas enriquecedor que derivó en el compromiso por parte de los funcionarios federales y del propio presidente de la República para acudir nuevamente y continuar con los trabajos de la estrategia integral.

Es necesario dar un seguimiento puntual a todas y cada una de las propuestas y acciones a emprender en Ciudad Juárez que vayan surgiendo del diálogo con los sectores de la sociedad en los días subsecuentes.

Las propuestas esbozadas durante el primer encuentro del gobierno federal con los diversos sectores de la sociedad juarense fueron las siguientes:

Las propuestas derivadas de la nueva estrategia para la recomposición social e institucional de Ciudad Juárez privilegia la atención a niños y jóvenes, para ofrecerles mejores oportunidades de desarrollo y espacios óptimos para llevar a cabo sus actividades. De igual forma, la propuesta pretende dotar de más y mejores servicios a zonas marginadas, para evitar que las personas que ahí habitan o laboran sean proclives a los malos hábitos y a la contracultura de la inseguridad pública.

Es de suma importancia que todas estas acciones se lleven a cabal cumplimiento y que, en observancia al pleno respeto entre los poderes, el Legislativo tenga la posibilidad no sólo de dar seguimiento a la puesta en marcha de las políticas públicas comprometidas por el Ejecutivo federal, sino también evaluar su evolución para tener la posibilidad de, desde el ámbito de competencia de la Cámara de Diputados, contribuir al mejor desarrollo de dichas políticas a través de instrumentos legales que den viabilidad a las acciones y no haya obstáculos para su funcionamiento.

La creación de una comisión especial para dar seguimiento a los compromisos del Ejecutivo federal permitirá incorporar un mayor número de actores y visiones en la solución de los problemas.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se crea en esta soberanía, y en el marco de sus atribuciones, una comisión especial para dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo federal en la estrategia para la recomposición social e institucional de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2010.

Diputada María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE INSTRUYA AL TITULAR DE LA SCT PARA INTEGRAR EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL RELATIVAS A OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO LAS GARANTÍAS DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS RURALES, TERRACERÍAS, PAVIMENTACIÓN, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES FEDERAL DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, A CARGO DEL DIPUTADO ÁNGEL AGUIRRE HERRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, diputado federal Ángel Aguirre Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal instruya al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se integren dentro de las bases de licitación pública nacional relativas a obra pública a precios unitarios y por tiempo determinado, lo relativo a las garantías de construcción y conservación de carreteras, caminos rurales, terracerías, pavimentación, señalamientos y obras complementarias, de conformidad a lo establecido en la Ley Federal de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, al tenor de los siguientes

Considerandos

Las bases de licitaciones públicas nacionales emitidas y publicadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto de la Subsecretaria de Infraestructura, consideran con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, los criterios de evaluación para determinar la solvencia de las proposiciones presentadas.

Sin embargo, dentro de los aspectos generales a considerar en el apartado de Evaluación Técnica no se contemplan de acuerdo con las características, magnitud y complejidad de los trabajos, son las garantías de conservación que otorga el licitante. Ya que se conocen los programas de ejecución cuantificados y programados, los de suministro y utilización de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, pero en ningún momento dentro de esos programas, se determina la responsabilidad del licitante de conservar la vía en buen estado de tránsito (objeto para lo que fue licitada la obra) en caso de adjudicación.

Toda vez que en los términos del último párrafo del artículo 36 de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas, determina en los criterios relativos a la calidad y a la oportunidad, en donde se especifica que el licitante presente el mayor número de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza a la que se convoca en los últimos 5 años, previos a la fecha de publicación de la convocatoria; y que no se tengan antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos, durante los últimos 5 años, previos a la publicación de la convocatoria. Toda vez que el tiempo es aludido a la certificación conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y, tratándose de procedimientos de contratación para la especialidad, experiencia y capacidad técnica. Se considera prioritario que como parte de esa garantía de vicios ocultos se fije específicamente "que la persona física o moral adjudicada, debiera garantizar como parte integral de las bases de licitación, no sólo la construcción, sino la conservación en buen estado durante los 5 años posteriores a la conclusión de la obra pública licitada".

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de manera discrecional, tiene la dispensa en su calidad de convocante del proceso de licitación, de asignar los criterios de "aplicación o no aplicación" en los rubros de las bases de licitación. Como convocante determina si cuenta o no con elementos para su valoración, o si pueden ser o no proporcionados por los licitantes.

Si bien la obra pública se lleva a cabo con sujeción a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, el proyecto y sus especificaciones generales y particulares, también deben sujetarse a Normas especificas expedidas por la SCT, como parte de los programas expresados en el Presupuesto de Egresos del año fiscal al que corresponda.

Esto nos da luz sobre las atribuciones jurídicas que se encuentran en manos de la SCT, para que se contemplen en sus normas y reglamentos de referencia, la aplicación y efectividad de las garantías de conservación que deben existir, como parte de las bases de licitación de Obras Públicas de construcción de carreteras, caminos rurales, terracerías, pavimentación y obras complementarias; como parte sustancial del cumplimiento en la protección de la obra construida y como concepto de trabajo en la conclusión de la obra pública, misma que tiene como objeto fundamental el ejercer como vía de comunicación y por ello debe garantizarse no sólo la protección y ejecución de los trabajos en tiempo y forma, sino también la conservación de la obra como parte del cumplimiento de los objetivos para los que fue licitada.

Todos los rubros son importantes, desde el proceso de licitación, la adjudicación del proyecto integral de una carretera, camino rural, terracería, pavimentación y obras complementarias, lo que garantizará la adecuada ejecución de la obra pública y el seguimiento de ésta. Así como la garantía de que existirá una responsable utilización de los recursos públicos en la construcción, conservación y mantenimiento de la vía licitada. Lo que dará mayores certezas ante la ciudadanía, los usuarios, incluyendo confiabilidad en los beneficios socioeconómicos proporcionados por los proyectos de caminos y carreteras, así como la reducción de los costos de inversión, transporte y un mayor acceso a nuevos centros de empleo.

Está demostrado que las obras de parche en los caminos y carreteras, sólo producen impactos negativos. Si bien la rehabilitación y el mantenimiento de las carreteras, caminos rurales, terracerías y pavimentación son usualmente limitados, debemos tener conciencia de los impactos positivos y directos relacionados con la construcción, conservación, mantenimiento y tránsito eficaz de nuestros caminos y carreteras en todo el país.

Así también, los caminos rurales juegan un papel preponderante en nuestra realidad nacional, ya que unen a las poblaciones más pequeñas de mercado regional, y son los caminos terciarios, secundarios y de penetración a las comunidades. Existen caminos rurales con una capa delgada de asfalto; otros angostos y con curvas cerradas y cuestas empinadas, y muchos de estos caminos, aún se encuentran sin pavimentar.

Pero es triste darse cuenta que en la realidad, la construcción, mejora y rehabilitación de estos caminos rurales, sólo puede ser emprendida como un subcomponente de un proyecto con magnitudes superiores, sin darles un lugar prioritario a las comunidades alejadas de los caminos ya existentes o bien, alejadas de un lugar turístico, de instalaciones hidroeléctricas, o fuera de una ubicación geográfica estratégica.

Como parte de un reflejo nacional, en los últimos años, la organización económica de México ha cambiado sus criterios de manera radical. Por lo tanto, los sistemas de comunicaciones y transportes también han sufrido modificaciones trascendentales en sus formas de operación y en los sistemas de comunicaciones, transportes y control.

Sin embargo, pese a los esfuerzos concretos en áreas específicas, en materia de infraestructura, México se encuentra muy rezagado en relación con los países con los que comercia. El estudio de competitividad del World Economic Forum ubica a México en el lugar 31 en la clasificación general entre 59 países; en infraestructura ocupa el sitio 40, y en financiamiento de infraestructura el lugar 54, "lo que indica que este factor está afectando negativamente nuestra posición competitiva global", señala un estudio conjunto del Consejo Coordinador Empresarial y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Era previsible que la infraestructura requiriera ampliarse y modernizarse de una manera integral a fin de articular mejor los diferentes modos de transporte. Ante ello, se tornó necesaria la implementación una política que lo mismo se enfocara hacia la expansión y la modernización de la infraestructura y servicios del sector, como al mantenimiento de obras que fueron construidas hace muchos años y que a su vez alentara la desregulación, la competencia y, sobre todo, la inversión privada en el sector.

La modernización de las carreteras (mantenimiento y construcción) y la construcción de caminos rurales continúan siendo actividades de prioridad para las comunicaciones del país. De 1994 a la fecha se han construido carreteras de mejores especificaciones, aprovechándose materiales que incrementan su vida útil.

Respecto al mantenimiento y conservación de las carreteras federales, hace cinco años únicamente la tercera parte de éstas estaba clasificada en la categoría de buen estado, según la SCT. Al concluir este año, las dos terceras partes de las carreteras serán clasificadas como de buen estado.

La viabilidad financiera de los proyectos está sujeta a que se lleven a cabo estudios de evaluación bien soportados desde el punto de vista técnico y financiero, que estén respaldados por grupos promotores y otros participantes que tengan capacidad de realizarlos con las especificaciones y dentro de los plazos establecidos, y que cuenten con la solidez financiera para asumir los riesgos.

En virtud de lo anterior, se plantea como parte de los importantes requerimientos legales, el que jurídicamente el Programa Nacional de Infraestructura y el Programa Carretero 2007-2012 y sus esquemas de asociación público-privada (concesiones, PPS y aprovechamiento de activos), respondan y reflejen los compromisos, garantías y condiciones actuales del país, con el fin de que proporcionen un marco útil para la instrumentación de proyectos y el cumplimiento de las garantías otorgadas en los procesos de licitación, como parte de los mecanismos procedimentales consagrados en el Reglamento de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y el Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, mismos que es menester ajustar y supervisar para la existencia de mayores garantías en la construcción, conservación, mantenimiento y tránsito de nuestras carreteras, caminos rurales, terracerías, tramos de pavimentación y obras complementarias.

Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, losiguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita al titular del Ejecutivo federal instruya al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se integren dentro de las bases de licitación pública nacional relativas a obra pública a precios unitarios y por tiempo determinado, lo relativo a las garantías de construcción y conservación de carreteras, caminos rurales, terracerias, pavimentación, señalamientos y obras complementarias, de conformidad a lo establecido en la Ley Federal de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Segundo. Se considera prioritario que como parte de la garantía de vicios ocultos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fije específicamente en las bases de licitación expedidas y publicadas por concepto de Obra Pública a precios unitarios y por tiempo determinado "que la persona física o moral adjudicada, deberá garantizar como parte integral de las bases de licitación, no sólo la construcción, sino la conservación en buen estado durante los 5 años posteriores a la conclusión de la obra pública licitada", digáse construcción de carretera, camino rural, terracería, pavimentación y obras complentarias.

Dado en la Cámara de Diputados, Ciudad de México, el 23 de febrero de 2010.

Diputado Ángel Aguirre Herrera (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA A ASIGNAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE SE REALICEN LOS ESTUDIOS DEL ESTADO DE SALUD Y DE CONSERVACIÓN DE LA POBLACIÓN DE TOTOABA EN EL GOLFO DE CALIFORNIA, A CARGO DEL DIPUTADO SERGIO TOLENTO HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado Sergio Tolento Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presenta proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al gobierno del estado de Baja California a asignar los recursos necesarios para que se realicen los estudios del estado de salud y estatus de conservación de la población de totoaba en el Golfo de California, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Armonizar el crecimiento y la distribución territorial de la población con las exigencias del desarrollo sustentable para mejorar la calidad de vida de los mexicanos y fomentar el equilibrio de las regiones del país con la participación del gobierno y de la sociedad civil, son fundamentales para crear una cultura ecológica que considere el cuidado del entorno y del medio ambiente en la toma de decisiones en todos los niveles y sectores.

México debe fortalecer la investigación científica y tecnológica, que ayude a comprender mejor los procesos ecológicos, para así propiciar condiciones socioculturales que permitan contar con conocimientos ambientales y desarrollar aptitudes, habilidades y valores para comprender los efectos de la acción transformadora del hombre en el medio natural.

El Golfo de California es una importante área de alimentación, procreación y crianza de especies que aporta a nuestro país una riqueza biológica que a su vez, genera el sustento para las poblaciones locales, con actividades turísticas y productivas de pesca, esta ultima alcanza una dimensión social, cultural y económica que convierte a nuestra comunidad en un referente de identidad.

La pesca es parte del quehacer económico y social del país. En el estado de Baja California, es un componente fundamental del ingreso directo de poco más de seis mil personas y una fuente de divisas, pero sobre todo, representan actividades complejas que requieren especial atención, por la biodiversidad de los hábitats y la riqueza de los ecosistemas marinos, costeros, continentales y oceánicos.

En éste sentido debemos buscar políticas públicas que ayuden a asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de la sociedad en el cuidado, la protección, la preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural del país, y así afianzar el desarrollo económico y social sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras.

La humanidad está viviendo una época de extinciones de especies sin precedentes, en México, con la declaratoria de las Áreas Naturales Protegidas y con la creación de la NOM 059-ECOL-SEMARNAT-2001, se han hecho grandes esfuerzos para proteger una de las biodiversidades más importantes del mundo.

La Totoaba macdonaldi es una de las primeras especies de peces marinos clasificadas como "en peligro", a pesar de que existen estudios biológicos que permiten conocer el estado de las poblaciones de esta especie, la mayoría de ellos se realizaron a principios de los años noventa, cuando las poblaciones ya habían sido afectadas gravemente, además la falta de monitoreo reciente ha generado controversias y conflictos de intereses sobre el potencial manejo de las poblaciones actuales, así como diversas problemáticas como las relacionadas con los permisos de fomento para fines de investigación, aunado a lo anterior, la pesca ilegal o incidental también afecta a las poblaciones, pero la falta de métodos adecuados para identificar a la especie en productos procesados que salen del país vía pesca deportiva imposibilita estimar el impacto de estas actividades sobre las poblaciones naturales.

Existen esfuerzos de repoblación en el Alto Golfo por parte de investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California, empleando técnicas de reproducción asistida. Sin embargo, es conocido que estas prácticas pueden afectar seriamente la talla efectiva y causar reducciones drásticas de la diversidad genética. Lamentablemente no ha habido evaluaciones genéticas, biológicas y fisiológicas que permita determinar el éxito de la reproducción asistida.

Gracias a diversos esfuerzos de investigación y protección, durante los últimos años se ha obtenido importante información sobre la especie, con lo que se hace necesario un análisis de la misma para definir su condición actual. Asimismo, con la reciente promoción de la reconversión productiva del sector pesquero ribereño en el Alto Golfo de California, el interés y las solicitudes por aprovechar esta especie con fines recreativos se ha incrementado significativamente.

Desafortunadamente uno de los obstáculos más importantes en el planteamiento de alternativas de conservación para estas especies es la carencia de información básica sobre su biología, genética y ecología poblacional, los impactos de las actividades humanas sobre las tendencias poblacionales. Sin tal conocimiento, cualquier recomendación de protección y manejo es irreal, y lo más preocupante es que puede conducir a decisiones equivocadas o conflictos sociales de interés debido a las controversias generadas por la falta de conocimientos específicos.

Evaluar el estado de salud y el estatus de conservación actual de la Totoaba macdonaldi mediante el estudio de la biología, fisiología, genética, dinámica y ecología de la población sus relaciones con el ambiente en el Golfo de California y su economía, y proponer planes de ordenamiento alternativos, que prevengan la disminución crítica de la abundancia de su población y promuevan su conservación, recuperación y desarrollo sustentable, permitirá el planteamiento de medidas de ordenamiento de la especie.

El proyecto permitirá incrementar el número del personal científico de excelencia en investigación, al formar recursos humanos de alto nivel con un enfoque en la biología de la conservación de especies amenazadas, pero con bases científicas y usando tecnología de frontera.

En dicha investigación participaran las más reconocidas instituciones de investigación en ciencias marinas del país, además e institutos que reconocen la importancia de esta propuesta de investigación y han expresado su apoyo para el desarrollo de la misma. Esta propuesta quedó registrada en el Proyecto Estratégico de Biodiversidad del Noroeste de México.

Con el desarrollo de ésta investigación, se coadyuvará a mejorar las condiciones de aprovechamiento de la especie y contar con un sector rentable, respetuoso de derechos legales y de los recursos naturales, que sea fuente de sustento digno para quienes se dedican a estas actividades, donde la cooperación y corresponsabilidad de productores y gobierno permita capitalizar las oportunidades de los mercados y que hagan posible el desarrollo, una mejor calidad de vida y el arraigo de la población en sus comunidades.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al gobierno del estado de Baja California para que asignen los recursos necesarios con la finalidad de que se realicen los estudios del estado de salud y estatus de conservación de la población de totoaba en el Golfo de California, a fin de asegurar la sustentabilidad ambiental.

Diputado Sergio Tolento Hernández (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SCT QUE INSTALE SISTEMAS DE ATERRIZAJE POR INSTRUMENTOS EN EL AEROPUERTO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, A CARGO DE LA DIPUTADA CRISTABELL ZAMORA CABRERA Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La suscrita, diputada federal Cristabell Zamora Cabrera, en nombre propio y de los diputados del Estado Soberano de Tamaulipas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable asamblea punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que instale sistemas de aterrizaje por instrumentos en el aeropuerto internacional Quetzalcóatl de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con base en las siguientes

Consideraciones

Nuevo Laredo es una de las ciudades fronterizas más importantes de México, dado el volumen del tráfico comercial que tiene el lugar cada día; por ello, la aduana de Nuevo Laredo es la primera en América Latina.

Por su ubicación privilegiada, es la ruta más corta a los principales centros industriales de distribución de Estados Unidos de América, Canadá y la República Mexicana.

El aeropuerto internacional Quetzalcóatl, o Aeropuerto Internacional de Nuevo Laredo, está situado a 7 kilómetros de la ciudad, muy cerca de la frontera entre Estados Unidos de América y México, al lado opuesto de Laredo, Texas. Y es operado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares, una entidad del gobierno federal, en dependencia directa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Incorporado desde en 1972 a esta entidad, cuenta con una superficie de 235 hectáreas aproximadamente y su plataforma para la aviación comercial es de 13 mil 500 metros cuadrados; además tiene tres posiciones y una pista de 2 kilómetros de longitud, apta para recibir aviones tipo Airbus A320.

En el 2008, este aeropuerto recibió a 88 mil 500 pasajeros, según datos publicados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares, y su volumen de operaciones en éste fue de 3 mil 826, con un horario oficial de operación de 8 de la mañana a 8 de la noche.

El Quetzalcóatl es un aeropuerto cuya infraestructura se considera fundamental para el desarrollo y crecimiento de la economía de nuestro país, desde que forma parte de los 56 aeropuertos con clasificación de internacional.

Y no sólo eso, la nueva terminal intermodal de carga aérea que se encuentra en proceso de funcionamiento aprovechará al máximo las ventajas comparativas y competitivas de esta frontera haciendo más competitivo nuestro sistema aduanero dentro de una economía internacional globalizada fortaleciendo el comercio exterior y manteniendo a Nuevo Laredo como la mejor aduana de América Latina.

Esta terminal de carga contará con recinto fiscal, almacenes fiscalizados, andenes de revisión, patios de maniobras e inspección, así como instalaciones para aduanas, que estarán supervisados por la policía fiscal, agentes aduanales, operadores de carga y transportistas sumando 16 operaciones diarias a las actuales y manejando un volumen cercano a las 120 mil toneladas de carga anual. Siendo la primera aduana de la frontera norte en ofrecer el servicio aéreo para exportación e importación de mercancías.

Sin embargo, y a pesar de todo ello, la ciudad y su economía, que representan la mayor parte de los ingresos aduaneros de nuestro país, se han visto mermados ante la escasa posibilidad del funcionamiento del aeropuerto en condiciones de vuelos nocturnos y bajo situaciones meteorológicas que, aunque no nulifican las operaciones normales de otros aeropuertos, sí lo hacen en Nuevo Laredo, debido a que no cuenta con sistemas de aproximación de vuelos y trayectorias de aterrizaje que le dé un mayor grado de seguridad a estas operaciones.

Es muy usual que las condiciones climáticas adversas en los aeropuertos generen importantes contratiempos en los vuelos tanto nacionales como internacionales y, por ende, la molestia de miles de pasajeros. Las condiciones meteorológicas en el país, se presentan como la principal causa de demoras en los vuelos, constituyendo sin duda, un alto costo para la economía de las aerolíneas, compañías de transporte de carga y de los pasajeros.

Ante esta situación, la industria aeronáutica ha creado valiosos instrumentos de apoyo para la navegación, como lo es el sistema de aterrizaje por instrumentos, conformado principalmente por dos equipos, un localizador y uno de trayectoria de planeo; el primero indica al piloto y al avión el eje de la pista, mientras que el segundo le da la trayectoria o pendiente de aterrizaje. Con esta tecnología, los pilotos de las aeronaves pueden realizar despegues y aterrizajes en condiciones nocturnas o de muy baja visibilidad, como consecuencia de la niebla, bruma o lluvia intensa, pero con un alto grado de seguridad.

Los puertos aéreos que cuentan con un sistema de aterrizaje por instrumentos operan casi al 100 por ciento del tiempo, pese a las condiciones climáticas. Los beneficios son enormes: la probabilidad de retrasos, cancelaciones o el cierre del puerto se reduce prácticamente a cero, mientras que las aerolíneas mantienen a sus aviones la mayor parte del tiempo en el aire.

Indudablemente, el número de pasajeros y operaciones transporte de carga aérea se han incrementado en los últimos años, sobre todo en la mayor aduana de América Latina, por lo que es necesario intensificar la eficiencia y continuidad operativa del aeropuerto Quetzalcóatl, mediante este sofisticado instrumento de ayuda aérea que brinde seguridad tanto a los aviones como a los pasajeros al momento del aterrizaje, infraestructura que elevará la competitividad de la región y abriendo la ventana para nuevas oportunidades de negocios y de fuentes de empleo para miles de personas en Tamaulipas y los estados circunvecinos de Coahuila y Nuevo León.

Es evidente, que los aeropuertos de clase internacional y que están a la vanguardia tecnológica, incentivan el aterrizaje de más aeronaves, incrementado sus ingresos económicos, así como la creación de nuevos empleos, a través de nuevas rutas y conexiones, una mayor afluencia turística, el desarrollo de nuevos centros comerciales y de ocio, el crecimiento de la industria aeronáutica auxiliar, las ampliaciones del aeropuerto y el mejoramiento de sus accesos, y demás servicios conexos para atender a los usuarios de este transporte.

Además, de instalarse sistemas de aterrizaje por instrumentos en el aeropuerto de Nuevo Laredo, se mejoraría el clima de negocios y se vigorizaría la economía del Estado mexicano, ya que aumentaría la población residente, se incrementaría la oferta inmobiliaria, se instalarían empresas foráneas, se crearían nuevas empresas relacionadas con el aeropuerto y sus usuarios y, en general, habría un importante escalada en la actividad productiva.

El aeropuerto Quetzalcóatl es administrado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que es un organismo descentralizado del gobierno federal, donde el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes encabeza su consejo de administración. En tal sentido, esa secretaría es la autoridad competente para equiparlo y colocarlo a la vanguardia tecnológica y de seguridad internacional.

Con el propósito de incrementar la seguridad aeronáutica y la eficiencia de la infraestructura aeroportuaria, es conveniente que nuestro aeropuerto pueda contar con sistemas de seguridad avanzados para enfrentar condiciones meteorológicas adversas y aproximaciones nocturnas. Asimismo, incluirlo en los aeropuertos modernos y seguros que se caracterizan por contar con sistemas de aterrizaje por instrumentos para salvaguardar, esencialmente, la vida de usuarios, personal aéreo y de tierra.

Es por todo lo anterior que sometemos a esta honorable asamblea, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que a través de Aeropuertos y Servicios Auxiliares modernice e instale a la mayor brevedad posible en el aeropuerto internacional Quetzalcóatl sistemas especializados para aterrizaje por instrumentos, con objeto principal de salvaguardar, esencialmente, la vida de usuarios, personal aéreo y de tierra y no interrumpir el potencial de desarrollo económico, industrial y comercial que para nuestro país representa Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Palacio Legislativo, a 23 de febrero de 2010.

Diputados: Cristabell Zamora Cabrera (rúbrica), Carlos Flores Rico, Francisco Javier Martín Gil Ortiz, Luis Alejandro Guevara Cobos, Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (rúbrica), Cruz López Aguilar (rúbrica), José Francisco Rábago Castillo (rúbrica), Felipe Solís Acero, Rodolfo Torre Cantú, Jesús Everardo Villarreal Salinas, Edgardo Melhem Salinas.
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL DIF NACIONAL, A LOS ESTATALES Y AL DEL DISTRITO FEDERAL A REALIZAR UN CENSO DE LOS ALBERGUES OPERADOS POR ELLOS PARA CONOCER CUÁNTOS MENORES DE EDAD TIENEN A SU CUIDADO Y SUS CONDICIONES; Y A IMPLANTAR UN PROGRAMA PERMANENTE DE SUPERVISIÓN DE DICHOS ESTABLECIMIENTOS, A CARGO DEL DIPUTADO AGUSTÍN CASTILLA MARROQUÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado Agustín Castilla Marroquín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y a los DIF estatales y del Distrito Federal a realizar un censo de los albergues que operan en sus demarcaciones, con el objeto de conocer cuántos menores de edad tienen a su cuidado y en qué condiciones, y a implementar un programa permanente de supervisión de esos establecimientos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el territorio nacional operan cientos de albergues que, a la vez, tienen bajo su cuidado a miles de menores de edad; sin embargo, no existe una estadística fidedigna que indique con precisión el número de esos establecimientos ni de las casas hogar existentes, ni mucho menos a cuántos menores albergan, no obstan0te que el artículo 28 de la Ley de Asistencia Social expresamente obliga al DIF nacional a elaborar y actualizar un directorio nacional de instituciones públicas y privadas de asistencia social, mientras que la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, denominada "Para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores" –que no se ha actualizado desde hace 13 años– indica que toda institución que brinde servicios de asistencia social como las casas hogar o albergues para menores, deben incorporarse a dicho directorio.

En efecto, la falta de datos es preocupante, sobre todo si tomamos en cuenta que al consultar el directorio de referencia, en el rubro de servicio de tutela y custodia de menores, solamente se tienen registradas a 281 instituciones en todo el país, de hecho, la única estadística que proporciona el Sistema Nacional de Información de la Asistencia Social señala que hasta enero de 2009 en toda la República se tiene un total de 10 mil 326 menores, la gran mayoría en albergues privados, sin embargo, en 17 entidades federativas aún no existe información, lo que representa el 53% del total, e incluso dentro de las Entidades que sí proporcionaron información, en algunos casos los números reportados resultan difíciles de creer como es el caso de Chiapas que asegura tener sólo 46 niños albergados, de ahí la importancia de que el directorio en comento sea actualizado.

Esta situación resulta de suma preocupación, tan sólo basta recordar los casos de La Casita, en Cancún, Quintana Roo; Centro de Adaptación e Integración Familiar, AC, en Monterrey, Nuevo León, o el de Casitas del Sur, en el Distrito Federal, de donde hasta el momento se tiene conocimiento de que al menos 22 menores han desaparecido ante la actitud simplemente contemplativa de las autoridades, ya que ni ellas mismas saben cuántos menores están al cuidado de algún albergue, ni las condiciones en las que se encuentran y por consiguiente es muy fácil su sustracción ilegal o malos tratos.

Es así que la vulnerabilidad en que se encuentran miles de menores es altísima, ya que aunado a la falta de control estadístico en el ingreso y egreso de los menores, tampoco se realiza en la práctica una supervisión real de la condición de los menores, lo que puede dar lugar a un sinfín de riesgos como puede ser la falta o inadecuada educación, alimentación, asistencia médica o psicológica, pero sobre todo no se podrá supervisar si los menores son sujetos de corrupción, violencia psicológica, golpes, trabajo forzado, adoctrinamiento o fanatismo religioso, vejaciones, pornografía infantil, lenocinio, violación o abuso sexual, por mencionar algunos.

De igual manera, la falta de supervisión de la presencia física de los menores dentro de los albergues puede dar lugar a la comisión de otros ilícitos, como sustracción ilegal de menores, turismo sexual infantil, tráfico de menores u órganos, prostitución infantil, adopción ilegal, entre otros.

Ante esta falta de supervisión, debemos recordar el operativo realizado por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en los inmuebles de Casitas del Sur, en donde se pudo constatar que los menores albergados presentaban signos evidentes de violencia psicológica, adoctrinamiento y fanatismo, aunado a la falta de control y vigilancia del propio inmueble.

No debemos dejar de lado que actualmente existe legislación tanto local, como federal que obliga –aunque de manera dispersa– a diversas instituciones a supervisar las condiciones de los albergues y de los menores que se encuentren a su cuidado. Así lo establecen los artículos 65 y 66 de la Ley de Asistencia Social al indicar que le corresponde a la Secretaría de Salud a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a las autoridades locales, la supervisión y vigilancia del cumplimiento de la legislación y de las normas oficiales mexicanas en materia de albergues, a la vez que serán coadyuvantes en la supervisión los Sistemas Estatales y del Distrito Federal para el Desarrollo Integral de la Familia, lo que en la práctica resulta pocas veces llevado a cabo, razón por la cual resulta imperioso que el DIF nacional y los locales realicen un programa intensivo de supervisión de las condiciones de los menores que se encuentren en algún albergue.

Aunado a las inconsistencias antes referidas que se han detectado en la operación de los albergues en el país, la Red por los Derechos de la Infancia en México indica que en 2010 habrá en el país alrededor de 29 mil 310 niños que no contarán con cuidados familiares ni institucionales, por lo que es urgente que la autoridad informe respecto a la capacidad con la que cuenta el Estado para el cuidado de los menores que se encuentren en situación de desamparo.

En este sentido, ante la falta de información real respecto a cuántas niñas y niños se encuentran en albergues, quiénes son, dónde y cómo están, sumados a la incapacidad del Estado y de la sociedad para dar atención y cuidado a miles de niños, se abre un amplio espacio de riesgo e impunidad que resulta necesario de atender, por lo que a fin de brindar seguridad y certeza jurídica en el funcionamiento de las instituciones de cuidado y con el objeto de salvaguardar los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, presento para su aprobación el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que actualice a la brevedad posible el directorio nacional de las instituciones públicas y privadas de asistencia social, con objeto de contar con información oficial respecto al número de albergues públicos y privados que operan en el territorio nacional.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y a los sistemas estatales y del Distrito Federal para el Desarrollo Integral de la Familia a realizar, en el ámbito de su competencia y en colaboración con las dependencias locales respectivas, un censo de los albergues públicos y privados que operan en sus demarcaciones, con objeto de conocer cuántos menores de edad tienen a su cuidado y en qué condiciones se encuentran, e implementen un programa permanente de supervisión de los albergues.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a informar a esta soberanía respecto a la capacidad, programas y acciones con que cuenta el gobierno federal para la atención institucional de los menores que se encuentran en situación de desamparo.

Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Salud a actualizar la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, "Para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores"; y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a las autoridades locales, a supervisar y vigilar su cumplimiento.

Diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CONGELAR EL PRECIO DEL DIESEL EN 2010 Y A REORIENTAR LOS SUBSIDIOS DE LOS COMBUSTIBLES, A CARGO DEL DIPUTADO GUILLERMO CUEVA SADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Guillermo Cueva Sada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Nos encontramos transitando en una crisis económica mundial, en la cual nuestro país se ve afectado con mayor intensidad que otras naciones, debido a factores internos, como la gran dependencia económica con Estados Unidos y el descenso de los precios del petróleo a nivel internacional.

Aunado a lo anterior, el estancamiento productivo del sector energético ha obligado a nuestro país a importar cantidades cada vez mayores de combustibles elaborados (gasolinas y diesel), dado que nuestra capacidad de refinación no alcanza a cubrir la demanda nacional.

El caso del diesel resulta de la mayor relevancia, puesto que es el principal combustible utilizado en las actividades productivas de los sectores agrícola, ganadero, pesquero, así como en el transporte de alimentos y mercancías. Por consiguiente, un alza en los precios del diesel afecta todas las cadenas productivas y repercute posteriormente en el consumidor final.

Basándonos en lo que estipula el artículo 27 constitucional, así como su ley reglamentaria en el ramo del petróleo, corresponde a la nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible del petróleo y de todos los hidrocarburos que se encuentren en el territorio nacional.

Así pues, el gobierno federal debería cobrar al consumidor final, únicamente los costos que resulten de la extracción, transformación y transporte del diesel, absorbiendo completamente los gastos de importación, que no deberían ocurrir, dada la riqueza petrolera con la que aún cuenta nuestra nación.

Sin embargo, durante los últimos tres años el precio del diesel ha aumentando en más de 2 pesos por litro, dando como resultado un crecimiento mayor a 50 por ciento. Al inicio del año 2006, el litro de diesel llegó a costar 5.33 pesos hasta llegar a 8.24 pesos en enero de 2010.

El año 2008 fue sin duda el de mayores aumentos, de modo que en abril de dicho año, el precio del diesel rebasó por primera vez al precio de la gasolina Magna, como se muestra en la siguiente gráfica, obtenida de los Indicadores Económicos de Petróleos Mexicanos:
 

Caber recordar que, al inicio de 2009, el presidente Calderón anunció el Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo, en el cual se congeló el precio de las gasolinas, el gas LP y las tarifas eléctricas industriales, pero se excluyó al diesel.

Ante este escenario, resulta lamentable que las propuestas del gobierno federal para hacer frente a la crisis económica dejen al margen al diesel, afectando con ello todas las actividades productivas del país. Adicionalmente, al iniciar 2010, el gobierno nos recibe con nuevos incrementos a los combustibles, incluido el diesel.

Para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México no sólo es relevante proteger el poder adquisitivo de los consumidores, sino también reactivar la cadena productiva, la cual tendrá un efecto multiplicador en el mercado interno y, en general, en la economía en su conjunto. Por ello proponemos exhortar al Ejecutivo federal a congelar el precio del diesel durante el año 2010, como medida de apoyo efectivo ante la crisis económica.

Adicionalmente, estamos consientes de que nuestro país debe transformar gradualmente su portafolio energético, para reducir la dependencia en los combustibles fósiles y mitigar las emisiones de los sectores industriales y del transporte, por medio de combustibles limpios y tecnologías alternativas para la industria y el transporte.

En esta transición energética hacia las tecnologías limpias y las energías renovables, la política de precios resulta de la mayor relevancia, puesto que los subsidios pueden ser una herramienta exitosa para incentivar los cambios tecnológicos que se requieren.

De esta manera, los subsidios que actualmente se aplican de manera generalizada a los combustibles, podrían reorientarse gradualmente para incentivar el uso de los combustibles menos contaminantes, como el diesel de bajo azufre y el etanol, al mismo tiempo que desincentivan el consumo de las opciones más contaminantes.

Esta medida no representaría presión adicional a las finanzas públicas, puesto que el monto de los subsidios permanecería igual; sin embargo, sí tendría un impacto positivo en el sector energético y favorecería la reducción de emisiones contaminantes. En consecuencia, proponemos exhortar al Ejecutivo federal a ajustar gradualmente la política de precios de los combustibles, para reorientar los subsidios, con una visión ambientalista.

En atención a lo anteriormente expuesto, el legislador que suscribe somete a la consideración del pleno como de urgente u obvia resolución, la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a congelar el precio del diesel en todo el territorio nacional durante el año 2010.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Energía, ajuste gradualmente la política de precios de los combustibles, para que los subsidios existentes sean reorientados a promover la utilización de combustibles menos contaminantes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 23 de febrero de 2010.

Diputado Guillermo Cueva Sada (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA ANTE ESTA SOBERANÍA DE LOS TITULARES DE LA SEGOB, DE LA SHCP, DE LA SEDESOL, DE LA SEMARNAT, DE LA SENER, DE LA SE, DE LA SAGARPA, DE LA SCT, DE LA SFP, DE LA STPS, DE LA CFE Y DEL SAE PARA QUE EXPONGAN UN INFORME DOCUMENTADO, COMPLETO Y DETALLADO DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL DECRETO DE EXTINCIÓN DE LFC, DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA SU PROCESO DE DESINCORPORACIÓN Y DEL ESTADO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA REGIÓN ATENDIDA POR LFC, A CARGO DE LA DIPUTADA LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT

Quien suscribe, Laura Itzel Castillo Juárez, diputada del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta al pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo para que se cite a comparecer ante esta soberanía a los secretarios de Gobernación, Fernando Francisco Gómez Mont Urueta; de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Javier Cordero Arroyo; de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada; de Energía, Georgina Yamilet Kessel Martínez; de Economía, Gerardo Ruiz Mateos; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Francisco Javier Mayorga Castañeda; de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco Molinar Horcasitas; de la Función Pública, Salvador Vega Casillas; y del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, así como a los directores generales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub; y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Luis Miguel Álvarez, todos del actual régimen, a fin de que expongan un informe documentado, completo, detallado y por escrito del estado en que se encuentra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), la situación que guarda el proceso de desincorporación de LFC y el estado en que se encuentra la prestación del servicio público de energía eléctrica en la región atendida por LFC, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 11 de octubre de 2009 se decretó la extinción de LFC, se despidió a alrededor de 44 mil trabajadores electricistas y se colocó en estado de indefensión a cerca de 22 mil jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). El citado decreto pasó por encima de las facultades constitucionales de la Cámara de Diputados, plasmadas en el artículo 73, pues modificó por la vía de un decreto administrativo una disposición legislativa; violó diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente el 27, párrafo sexto; pisoteó los derechos laborales plasmados en la Ley Federal del Trabajo; y vulneró derechos contractuales individuales y colectivos de miles de electricistas.

El supuesto argumento de Felipe Calderón fue que LFC era una carga insostenible y que los salarios, las prestaciones y las prerrogativas contractuales de los trabajadores y de los jubilados electricistas constituían privilegios y cargas onerosas que afectaban el interés público y la economía nacional.

Sin embargo, el principal problema que dañó la economía y las finanzas de LFC es la compra de energía en bloque a la CFE, a precios elevados y por encima del precio de venta a los usuarios en tarifas industriales, provocando pérdidas crecientes en sus resultados de operación y una deuda con la CFE que en pocos años se volvió impagable.

Pese a la campaña que pregonaba las bondades que acarrearía la intromisión de la CFE en la zona atendida por LFC, ha ocurrido lo contrario: la intromisión ilegal de la CFE en la zona de LFC ha generado una caída considerable en los estándares de atención eléctrica proporcionados por LFC.

La CFE no atiende las quejas, no corrige las fallas, no atiende debidamente los disturbios y vastas zonas del Distrito Federal, y estados circunvecinos se van quedando total, parcial o temporalmente sin servicio público de energía eléctrica, con todas las consecuencias que afectan la seguridad y el bienestar de millones de habitantes en la región central del país.

La situación descrita se ha vuelto crítica a raíz de la precipitación pluvial del pasado 3 y 4 de febrero, afectando cientos de colonias y a millones de habitantes de la región atendida por LFC, al ocasionar disturbios, fallas, apagones y faltas de luz, frente a los cuales la administración pública federal ha asumido una actitud indolente y poco responsable.

En cambio, el SME ha ofrecido generosamente, y con independencia del curso de los procesos judiciales en trámite, regresar a laborar de manera temporal para corregir los disturbios eléctricos y normalizar el suministro eléctrico en la región centro del país.

La soberbia gubernamental ha rechazado la generosa propuesta del SME y, de manera irresponsable, ha argumentado, sin soporte técnico, laboral, administrativo y económico alguno, que la CFE tiene bajo control los disturbios y que éstos representan sólo 9 por ciento en la zona atendida por LFC. Tal afirmación carece de sustento; los datos que presentamos demuestran lo contrario.

Como puede revisarse en la lista que abajo presentamos, desde el miércoles 3 de febrero, en delegaciones del Distrito Federal han quedado sin luz diversas colonias: en Tlalpan, 22; Xochimilco, 10; Coyoacán, 12; Cuauhtémoc, 21; Miguel Hidalgo, 16; Iztacalco, 3; Venustiano Carranza, 9; Iztapalapa, 18; Álvaro Obregón, 7; Benito Juárez, 8; Gustavo A Madero, 25; y La Magdalena Contreras, 10.

En los municipios siguientes se han quedado sin luz diversas colonias: en Nezahualcóyotl, 16; Naucalpan, 12; Atizapán, 9; Cuautitlán Izcalli, 13; Tultitlán, 9; Ecatepec, 7; Amecameca, 7; e Ixtapaluca, 12.

Adicionalmente, desde el 3 de febrero se encuentran con fallas temporales o totales los siguientes alimentadores y subestaciones: Chapingo 2, Copa 4, Contreras 3, Pagés 1, Agua Viva 4, Odón de Buen 3, Xochimilco 4, Madero 2, Xalostoc 2, Aragón 3, San Andrés 2, Condesa 3, Atizapán 3, Valle de México 1, Cuajimalpa 1, Coyoacán 4, Ayotla 1, Olivar del Conde 3, Nezahualcóyotl 3, Santa Cruz 2, Magdalena 2, Iztapalapa 3, Topilejo 1 y Tacubaya 2.

De manera específica, queremos destacar los siguientes disturbios eléctricos que se conectan con las intensas lluvias del 3 y 4 de febrero y las inundaciones ocasionadas:

El servicio que se brinda telefónicamente a los usuarios por la CFE, mediante el número 071, ha resultado ineficiente por la falta de conocimiento técnico y administrativo.

Los usuarios se quejan por la tardanza en ser atendidos y las nulas soluciones. Los cambios de voltaje generan aparatos quemados; los apagones tampoco son atendidos, y no hay explicaciones. El último recurso es acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor, donde también en varias ocasiones los usuarios reciben respuestas negativas a sus problemas.

La situación descrita condensa reportes de diversos medios de comunicación y de trabajadores sindicalizados no liquidados del área de distribución de LFC. Hay suposición justa de que los disturbios afectan más de 300 alimentadores en 23 kilovatios en el Distrito Federal y el estado de México.

El 12 de octubre de 2009, un día después de la publicación del decreto de extinción, llegaron a la Cámara de Diputados dos documentos, clasificados como reservados por 1 y 12 años, con los que se pretendió justificar, sin sustento, la extinción de LFC. Dichos documentos no han sido conocidos ni valorados por esta soberanía.

Entre sus consideraciones se encuentra el reconocimiento de la Subsecretaría de Electricidad de 22 zonas críticas de LFC, situadas en el Distrito Federal, estado de México, Morelos, Hidalgo y Puebla. Estas zonas críticas no son obra de condiciones climáticas sino fruto deliberado, a lo largo de más de 15 años, de una política presupuestaria de muy bajos recursos para la inversión productiva de LFC y, eventualmente, pueden colapsar el sistema eléctrico en la región central del país. ¿Cuál es el objetivo de correr estos eventuales riesgos eléctricos: avanzar en su perverso propósito de generar ineficiencias, provocar pérdidas técnicas y un mal servicio, golpear al sindicato, privatizar el sector eléctrico?

La desincorporación de LFC se ha convertido en un botín de la guerra de exterminio contra el SME. ¿Quién puede informar del inventario de bienes y activos de LFC, previamente a la desincorporación y el actual? ¿Quién conoce los estados financieros previos al 11 de octubre y el anual de 2008, dictaminados por un auditor externo? ¿Ante quién se rinde cuentas del uso discrecional de los valores, dineros, documentos, que están siendo utilizados para pagar pasivos y contingencias de LFC? ¿De dónde salen los recursos para que la CFE, en su calidad de patrón sustituto, pague a las empresas contratistas? ¿A manos de quién van los equipos, las herramientas, los bienes y los activos que a diario salen de los almacenes y centros de trabajo de LFC?

Desde los primeros minutos del 11 de octubre de 2009 debió operar la figura de "patrón sustituto". Esto puede verificarse en documentos, también clasificados por 12 años como reservados, por los que la propiedad, los activos, los bienes, etcétera, de LFC, fueron puestos a disposición de la CFE.

¿Por qué negarse a aceptar que la CFE opera ya como patrón sustituto? Ese reconocimiento abriría una vía de solución jurídica y laboral al conflicto con el SME.

La incapacidad del gobierno actual apunta exclusivamente a una salida represiva, violenta, que por supuesto no beneficia a México. ¿Imaginan ustedes la celebración del bicentenario con soluciones basadas en la sinrazón del uso de la fuerza pública, la represión y la violencia?

Todas estas cuestiones deben tener respuesta oficial, respuesta oportuna y verdadera. Se trata de un servicio público básico para la población. Se trata de un área estratégica de la economía. No corresponde al Poder Legislativo dejar al garete esta problemática; es necesario que nos respondan.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se requiere a los secretarios de Gobernación, Fernando Francisco Gómez Mont Urueta; de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Javier Cordero Arroyo; de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada; de Energía, Georgina Yamilet Kessel Martínez; de Economía, Gerardo Ruiz Mateos; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Francisco Javier Mayorga Castañeda; de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco Molinar Horcasitas; de la Función Pública, Salvador Vega Casillas; y del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, así como a los directores generales de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub; y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Luis Miguel Álvarez, todos del actual régimen, para que comparezcan ante esta soberanía a fin de que expongan un informe documentado, completo y detallado del estado en que se encuentra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, la situación que guarda el proceso de desincorporación de Luz y Fuerza del Centro y el estado en que se encuentra la prestación del servicio público de energía eléctrica en la región atendida por Luz y Fuerza del Centro.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2010.

Diputada Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA CFE A DISPONER LA REUBICACIÓN DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA EN LA SUBESTACIÓN LOS REMEDIOS PORQUE GENERA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL ACÚSTICA Y DAÑOS A LAS CONSTRUCCIONES EN LOS FRACCIONAMIENTOS JARDINES DE SAN MATEO Y ALCANFORES, EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO SERGIO MANCILLA ZAYAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Sergio Mancilla Zayas, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante esta honorable asamblea las consideraciones y la proposición con punto de acuerdo, siguientes

Consideraciones

Los fraccionamientos de Jardines de San Mateo y Alcanfores, ubicados en el municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, existen desde hace más de cuarenta años, con un carácter eminentemente habitacional.

La hoy extinta, Luz y Fuerza del Centro estableció una subestación eléctrica denominada "Los Remedios" dentro de un predio de aproximadamente 15 hectáreas, el cual colinda con los fraccionamientos Jardines de San Mateo y Alcanfores.

Cabe señalar que en marzo de 2006, se construyó dentro del predio de la subestación mencionada, una planta generadora de energía de 32 megawats, a escasos cincuenta metros de la zona habitacional, a pesar de que por la vasta extensión del predio se pudo haber colocado en la zona más alejada respecto de los fraccionamientos.

Con motivo de la mencionada instalación de la planta generadora de energía, se ha dado una innegable contaminación ambiental por el ruido que produce (niveles superiores a lo autorizado en la norma oficial mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, superando los 120 decibeles), y por las altas emisiones de óxidos de nitrógeno derivados de la combustión de gas natural que utiliza para su operación, sin pasar por alto los daños que se han presentado en diversas edificaciones de ambos fraccionamientos, como consecuencia de la vibración que provoca el funcionamiento de la plata.

En razón de ello, los habitantes de los fraccionamientos precisados realizaron diversas gestiones ante la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, así como ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), delegación Valle de México, a efecto de que se revisara si dicha planta cumple con los requisitos de impacto ambiental, estudios de riesgo y programas de prevención de accidentes, así como la reubicación suspensión, revocación o cancelación de la autorización otorgada para la construcción de la planta generadora de electricidad, entre otras cosas.

Es de señalar que a la fecha persisten los problemas enunciados, que originan potencialmente tres riesgos inminentes: El primero que ocurra una explosión derivada del gas natural que diariamente se concentra en las viviendas cercanas a la planta generadora de electricidad; el segundo, el deterioro y daño de las edificaciones por la vibración constante derivada de los trabajos de la planta generadora de electricidad; y el tercero, como consecuencia de los dos anteriores, el daño a la salud, a la integridad corporal y a la vida de los habitantes de los fraccionamientos Jardines de San Mateo y Alcanfores.

Por lo expuesto, someto a consideración de ésta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Para exhortar al director general de la Comisión Federal de Electricidad, con objeto de que disponga la reubicación de la planta generadora de energía, dentro de la subestación "Los Remedios", en la zona más alejada respecto de los fraccionamientos Jardines de San Mateo y Alcanfores, del municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, a efecto de evitar daños en la salud, integridad corporal y vida, así como daños en las construcciones, por el potencial peligro que representa la contaminación ambiental por ruido, emisión de óxidos de nitrógeno y vibraciones permanentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2010.

Diputado Sergio Mancilla Zayas (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL GDF A CUMPLIR LA ENTREGA DEL SUBSIDIO PARA LA SEGUNDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, A FIN DE QUE LAS 16 DELEGACIONES BENEFICIADAS LO EJERZAN DE MANERA AUTÓNOMA, CONFORME A LA FÓRMULA QUE REFLEJA LOS CRITERIOS QUE ESTA SOBERANÍA ESTABLECIÓ EN EL PEF DE 2010, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DE LA PAZ QUIÑONES CORNEJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita, diputada federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de la Cámara de Diputados punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los cambios tecnológicos tan vertiginosos que se han suscitado en los últimos años, así como las necesidades creadas por la mercadotecnia, han generado descomposición de la familia. Hoy día, tanto el hombre como la mujer salen a trabajar, permitiendo un nuevo esquema de convivencia social, que éste, a su vez, ha engendrado la violencia que sobrelleva la población mexicana, traduciéndolo en un problema de seguridad pública. Entre las múltiples formas de violencia que se presentan, la delincuencia es una de las que más daña el tejido social y ocasiona efectos materiales y emocionales.

La delincuencia se ha interpretado como el resultado de la frustración del individuo en lograr lo que considera sus necesidades y la falta de adaptación a la sociedad en la que vive. La delincuencia ha ido evolucionando y conformando de manera organizada hasta volverse trasnacional y tejiendo sus redes, penetrando en las diferentes esferas sociales, traduciéndose en operaciones como narcotráfico, pornografía infantil, trata de personas, secuestro, blanqueo de dinero. La corrupción y la impunidad son elementos que va acompañando a la delincuencia, frenando la inversión y el crecimiento económico.

Un factor importante para atacar la delincuencia es la prevención del delito; conociendo las causas que lo generan podemos atacar el problema, haciendo el análisis con el seguimiento del comportamiento de la sociedad. Existen varias corrientes doctrinarias sobre la prevención del delito, entre las que se destaca la prevención penal, que es una función propia de las leyes penales sustantivas y que están vinculadas al derecho punitivo. Los criminólogos y especialistas la dividen en la prevención general y especial, o en primaria, secundaria y terciaria. La prevención general se da antes de delinquir y la especial una vez consumado el delito.

La prevención social permite el desarrollo de mejores condiciones de vida que garanticen a la población el goce de sus derechos y libertades, así como la apertura de mayores oportunidades para la educación y el empleo, extendiendo los valores de respeto a la legalidad y el derecho.

En virtud del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2010, por el que se establecen las bases para la elegibilidad de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal para la asignación de recursos del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Subsemun) el Ejecutivo federal a través de la Secretaria de Gobernación da a conocer la fórmula de elegibilidad utilizada para la selección de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, dando a conocer en el apartado segundo del acuerdo, la lista de los municipios y demarcaciones del distrito federal elegibles para el otorgamiento del subsidio antes señalado.

El subsidio federal otorgado para las demarcaciones del Distrito Federal en materia de seguridad pública (Subsemun) no es otorgado directamente a los órganos político-administrativos del Distrito Federal, ya que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Finanzas, administra el total del monto otorgado a las dieciséis delegaciones del Distrito Federal, sin que éstas, en estricto sentido, tengan alguna injerencia en poder manifestar sus necesidades fundamentales de cada delegación, ya que la Secretaría de Seguridad Pública en el DF envía cada ficha técnica para priorizar sus necesidades y no la de los órganos políticos administrativos; en las fichas técnicas en ningún momento se ve reflejado el beneficio en alguna delegación ya que se reitera el beneficiario directo es la Secretaría de Seguridad Pública y no alguna de las policías delegacionales, tan es cierto que en el presupuesto designado a cada delegación en ningún momento se tomó a consideración alguna petición formal, para que algún órgano político administrativo tuviera injerencia en establecer alguna de sus prioridades muy variadas como las que existen en cada órgano político administrativo, es decir, que las dieciséis delegaciones únicamente son testigos oculares del presupuesto que se designa.

Primeramente, reiterando lo expuesto, no son tomadas en cuenta para poder precisar algunas de sus múltiples necesidades; en segundo lugar, la policía delegacional no es la beneficiada, sino la del sector, que pertenece directamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Y por último, la Secretaría de Finanzas del DF es la encargada de administrarle los recursos a la SSP DF sin que la delegación pueda intervenir para solicitar patrullas, radios equipamiento o capacitación; esto se puede constatar realizando visitas de inspección a las demarcaciones del Distrito Federal y verificando infraestructura equipamiento capacitación y salarios que son devengados, haciendo una encuesta con el mismo personal.

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta al titular del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, a dar cumplimiento a la entrega del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Subsemun), con la finalidad de que las dieciséis delegaciones beneficiadas ejerzan este subsidio de manera autónoma, conforme a la formula que refleja los criterios que estableció esta honorable Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 23 de febrero de 2010.

Diputada María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA URGENTE AL EJECUTIVO FEDERAL A REMOVER AL TITULAR DE LA STPS, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN JIMÉNEZ LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito diputado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

El señor Felipe Calderón ha señalado que 2010 debe ser el año de la "reconciliación nacional". Si esta afirmación tiene un mínimo de certeza, debe comenzar removiendo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a Javier Lozano Alarcón, el cual se ha caracterizado por ser un provocador profesional, cuya atribución principal, pareciera ser, la de crear conflictos, el prender fuego por todo el mundo laboral, no de manera gratuita, sino para servir a los intereses de un puñado de patrones que se creen los dueños del país, como los Larrea, caciques de la industria minera del país.

Este comportamiento lo llevado a incumplir con su principal obligación, como lo es el buscar siempre los caminos del diálogo y la conciliación entre los factores de la producción, tutelando en todo momento los derechos de los trabajadores, que para eso precisamente se creó el derecho laboral y la Secretaría que de manera deshonrosa ocupa.

Lo que mal empieza, mal acaba. Apenas se supo que el señor Lozano ocuparía la Secretaría del Trabajo, comenzaron las inconformidades, ya que carecía de trayectoria en materia laboral, su experiencia se había forjado básicamente en el mundo de las telecomunicaciones, y por cierto no sólo de manera poco brillante sino obscura, acusándosele incluso de diversos actos de corrupción cuando fungió como titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones de abril de 1998 a mayo de 1999.

Al poco tiempo de ocupar la Secretaría del Trabajo se dio el escándalo con el chino quien acuño la famosa frase "aceptas o cuello", en ese momento su puesto estaba en la cuerda floja, razón por la cual a partir de ahí Lozano Alarcón endureció aún más su política antiobrera, por una ruta casi mafiosa con delito de sindicalizarse. En el caso del SME y de la Unión mencionada, se violentan además de los artículos referidos en relación al Sindicato Minero los artículos 14, 16, 73, 131, entre otros de la Carta Magna.

El señor Lozano está en vías de "proponer" una iniciativa de reformas integrales a la Ley Federal del Trabajo que violenta de manera nefasta lo ordenado por la letra y espíritu del artículo 123 constitucional.

Para no hablar de que el denominado secretario del Trabajo, ha sido factor central para el aumento creciente del desempleo en el país y, la pérdida constante del poder adquisitivo del salario. Este señor se ocupa de todo, anda en permanente grilla, pero no presta atención de lo que debiera ser su obligación central, crear un ambiente de paz laboral, del empleo y los salarios dignos, para el bienestar del pueblo de México y el desarrollo del país. En suma, su gran mérito ha sido aumentar el hambre, la desprotección, la persecución, la represión, y la ilegalidad en contra de la clase trabajadora. Pero por encima de todo, ha transformado en delito el ejercicio de los derechos que la Constitución federal y la Ley Federal del Trabajo otorgan a los trabajadores.

El escándalo de la actitud arbitraria del señor Lozano ha trascendido a nivel internacional; México, la cuna de los derechos sociales a nivel constitucional, transformado en un país fascistoide hacia los derechos de los trabajadores.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta de manera urgente al titular del Ejecutivo federal, para que en uso de sus atribuciones al señor Javier Lozano Alarcón como secretario del Trabajo y Previsión Social, ante su ilegal y pésimo desempeño y, proceda a designar a alguien de conducta intachable, comprometido con el respeto y tutela a los derechos de los trabajadores, pero sobre todo con experiencia en materia laboral y seguridad social.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2010.

Diputado Ramón Jiménez López (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A OTORGAR CUANTO ANTES SEGURIDAD SOCIAL A TODAS LAS PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS EN ESTA SOBERANÍA, YA SEA A GRUPOS PARLAMENTARIOS O EN EL RÉGIMEN DE HONORARIOS, A CARGO DEL DIPUTADO MARIO ALBERTO DI COSTANZO ARMENTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

En nuestro país, como en otras partes del mundo, la instauración del modelo neoliberal ha supuesto la flexibilización de una serie de políticas que en todos los casos van en detrimento de los trabajadores.

El mercado de trabajo se caracteriza por una serie de medidas que generan inseguridad y pérdida de derechos adquiridos que están consagrados en la Constitución.

El modelo de flexibilidad laboral inhibe por no decir que cancela la contratación colectiva, la creación de sindicatos, a excepción de los sindicatos blancos, promueve la subcontratación, la multiplicidad de funciones en un mismo puesto de trabajo, el pago por comisión sin un salario fijo o establecido en el contrato o acuerdo firmado entre el patrón y el trabajador.

Cifras oficiales señalan que en la economía mexicana hay 3.9 millones de personas que no perciben un salario por su trabajo, subsisten básicamente de aportaciones voluntarias o propinas, es el caso de franeleros, meseros, empacadores, valet parking, despachadores de gasolina, entre otros.

El propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía reconoce que hay 12.5 millones de mexicanos en la economía informal.

Este contexto dificulta sensiblemente la recuperación y el crecimiento económico del país.

Grandes empresas transaccionales y sus corporativos han encabezado este tipo de políticas desde haces más de 20 años, las cuales han ido poco a poco trasladándose a distintas dependencias de la administración pública federal y a los otros dos Poderes de la Unión, el Legislativo y el Judicial.

Es cada vez mayor el número de plazas del gobierno federal que se someten a la dinámica de contratación por honorarios y que no cuentan con las distintas prestaciones relativas a la seguridad social.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en la fracción XIV del artículo 123, Apartado B, relativo a los trabajadores de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal que "La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social".

En consonancia, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria de dicho Apartado B) del artículo 123 constitucional dispone en su artículo 5, fracción tercera, numeral A, el catálogo de trabajadores de confianza que integran la plantilla laboral de la Cámara de Diputados.

Además, el artículo 10 de dicha ley de manera inequívoca prescribe: "Son irrenunciables los derechos que la presente ley otorga".

A mayor abundamiento sobre el tema la ley citada en su artículo 43 fracción VII señala la obligación de los titulares de la relación laboral, en este caso concreto, la Honorable Cámara de Diputados, a proporcionar a los trabajadores que no estén incorporados al régimen de la Ley del ISSSTE, las prestaciones sociales a que tengan derecho de acuerdo con la ley y reglamentos en vigor.

Dentro de esta Cámara hay un número significativo de trabajadores que no está recibiendo las prestaciones laborales que marca la ley.

Lo anterior es así porque se utiliza la figura de contratación por honorarios proveniente de la legislación civil, que señala que se establece una relación contractual no de naturaleza laboral sino de prestación de un servicio profesional.

La realidad es que en los hechos los trabajadores de confianza o por honorarios que laboran en la Cámara de Diputados mantienen una relación laboral con funciones específicas y subordinado a un jefe inmediato superior, todo ello disfrazado a través de la figura de prestación de servicios profesionales.

Compañeras diputadas y compañeros diputados: la situación general que hemos descrito refleja la precariedad de las condiciones de trabajo en el que se desempeñan millones de mexicanos y en lo particular un importante número de trabajadores de la Cámara de Diputados, las cuales deben ser subsanadas, buscando en todo momento preservar los derechos de los trabajadores y abonar a su bienestar.

Creemos que es muy importante empezar por nuestra propia institución para dar un ejemplo de compromiso con los trabajadores que prestan sus servicios y apoyan a las tareas institucionales de esta Cámara y de los grupos parlamentarios.

Por lo expuesto, me permito someter a su consideración la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la honorable Cámara de Diputados a otorgar con la mayor brevedad seguridad social a todas las personas que prestan sus servicios en esta Cámara, sea a grupos parlamentarios o por el régimen de honorarios.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2010.

Diputado Mario di Costanzo Armenta (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DEL INEGI A GARANTIZAR QUE SE CUENTE BIEN A LOS HABITANTES DE LOS MUNICIPIOS Y A CONSIDERAR LA IDEA DE NO DISMINUIR A MENOS DE LA MITAD LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO EN EL PRÓXIMO CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, A CARGO DEL DIPUTADO JOSUÉ CIRINO VALDÉS HUEZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado Josué Cirino Valdés Huezo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de conformidad a los siguientes

Antecedentes

La historia nos muestra que la actividad geográfica ha estado ligada al desarrollo del país: los insumos geográficos han sido copartícipes de la construcción nacional. Desde épocas ancestrales, se han realizado documentos para identificar los límites y características territoriales. Durante la época prehispánica resultó importante conocer a fondo los rasgos de las zonas. Los indígenas representaron lugares habitados, caminos, zonas boscosas, cerros y plazas principales en códices. Posteriormente, en la conquista, la necesidad de conocer la extensión de las nuevas tierras motivó a exploradores y aventureros a crear mapas.

En el México independiente, la institucionalización de la actividad geográfica tomó forma en distintos organismos. Se creó, en 1833, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, bajo la dirección de José Gómez de la Cortina, quien organizó el acopio de datos levantados y materiales cartográficos a fin de realizar la carta general del país. Asimismo, se fundó la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, vigente hasta nuestros días.

Ya en el siglo XX, en la década de los 30, se llevó a cabo el primer Congreso nacional de planeación, organizado por el gobierno de la república, con el propósito de plantear el gran proyecto cartográfico que requería el país.

Con la fundación del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México se dio importante apoyo a la investigación geográfica fuera del ámbito gubernamental.

Como respuesta a la cada vez más creciente necesidad de organizar y normar las actividades, en diciembre de 1980 se publicó la Ley de Información Estadística y Geográfica, que considera, con una visión vanguardista, la integración y desarrollo del Sistema Nacional de Información Geográfica. En este marco, el 25 de enero de 1983 se creó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), a fin de coordinar estas actividades dentro del territorio nacional.

El cambio metodológico ha implicado pasos hacia la modernidad: de los procesos analógicos a los digitales, de los sistemas de triangulación y poligonales geodésicas a posicionamiento global, de los archivos manuales a las bases de datos, del análisis visual al digital, de la edición manual a los sistemas de despliegue visual computarizado, de los sistemas aerofotográficos, a las imágenes de satélite, y así sucesivamente.

Atento a lo anterior, pensamos que una de las primeras prioridades como país debe ser conocer la realidad de nosotros mismos, evitando la autodenigración, la autoflagelación que sólo conducen al desánimo, pero siendo realistas para la autocrítica constructiva, la evaluación y la redefinición del rumbo nacional.

Considerando

Primero. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1o. de la Ley de Información, Estadística y Geográfica, dichas materias son elementos consustanciales de la soberanía nacional.

Segundo. Que es necesario conocer de manera más pormenorizada los problemas de pobreza, desempleo, rezago educativo, sobrepoblación, inseguridad pública, servicios médicos, migración e inmigración, cambios en la curva de edad, natalidad, movimientos poblacionales urbano-campesinos y, muy en particular, el conteo de población municipio por municipio, con apego a la realidad.

Tercero. Que con base en el artículo 15 de la ley en mención, el Programa Nacional de Desarrollo de Estadística y de Información Geográfica estará sujeto a un proceso permanente de análisis y evaluación y éste tomará en consideración la participación de las dependencias y entidades, y de los poderes e instituciones sociales y privadas en la elaboración del programa.

Cuarto. Que la opinión pública ha denunciado la tentativa, desde nuestro punto de vista errónea, de disminuir de 55 a 23 el número de preguntas del cuestionario del censo que se practicará a la ciudadanía.

Quinto. Que muchos municipios del país, como el caso de Ecatepec de Morelos, estado de México, constantemente nos vemos mermados en cuanto a recursos federales, por distorsiones en las cifras oficiales de población.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía proposición con

Puntos de Acuerdo

1. Se exhorta al licenciado Eduardo Sojo Garza Aldape, director general del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a efecto de que en el próximo Censo General de Población y Vivienda se formulen las 55 preguntas que originalmente se tenían consideradas en el cuestionario, en lugar de las 23 que se pretenden, en virtud de que la actividad estadística y geográfica es de vital importancia para el conocimiento de la situación socioeconómica que guarda la nación, y ello nos permita una mayor profundidad para tomar decisiones más reales con relación al desarrollo del país.

2. Se exhorta al director general del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a ser escrupuloso en el cómputo real de los mexicanos que viven en cada uno de los municipios del país, para que dichos entes constitucionales no se vean afectados en sus derechos ni mermados en sus participaciones federales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2010.

Diputado Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica)
 
 

En todo el mundo, millones de mujeres conmemoramos el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. El origen de tal celebración tiene diferentes versiones, lo cierto es que este día, más que una celebración, es un llamado a recordar y reconocer las condiciones de desigualdad en las que han estado y están todavía miles de mujeres en todo el mundo, sin importar raza, situación económica, edad o condición social.

La fecha no es lo importante: el motivo por el cuál se conmemora este día es lo que nos debe llamar a la reflexión. En México, todos los días del año leemos, escuchamos, vemos y vivimos hechos que nos evidencian las condiciones de desigualdad, discriminación, violencia y explotación que enfrentamos mujeres y niñas en el país.

El subir hoy a la tribuna no es parte de una agenda política, como se les denomina a estos pronunciamientos, es mas bien un acto coherente respecto a la obligación que tengo con todas las mujeres del país y aunque represento a una región determinada, mi voz es el eco de todas las mujeres y niñas que sufren violencia en los campos de cultivo, que cumplen jornadas laborales excesivas sin una retribución equitativa, que viven condiciones insalubres, que mueren por la negligencia y falta de servicios médicos, que son asesinadas al salir de su hogar e incluso dentro de él, que son hostigadas y acosadas sexualmente todos los días en cualquier ámbito de su vida, que son discriminadas por su condición de género, que no tienen acceso a la justicia en igualdad que los hombres y que son víctimas, entre otras cosas, de la violencia institucional, entre muchas otras realidades.

Todas y todos aquellos que somos parte del Poder Legislativo –tanto federal como estatal– tenemos una gran responsabilidad y el compromiso de modificar la realidad de estas mujeres, mediante la reforma y creación de nuevas normas que de esta manera les permitan la exigibilidad de sus derechos humanos.

Las buenas intenciones, las palabras y promesas de campaña ya no son suficientes ante la cruda realidad que observamos.

Si bien es de reconocerse que el trabajo legislativo de nuestras antecesoras ha sido valioso y ha dado los primeros frutos en esta lucha a nivel nacional, como se observa con la creación de un instituto creado por y para mujeres, y la aprobación de ordenamientos como las Leyes General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, y para prevenir y sancionar la Trata de Personas, así como la institucionalización de la perspectiva de género en el Poder Legislativo federal con la creación de una Comisión Ordinaria de Equidad y Género y un Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género; esto es sólo una parte del gran trabajo que aún tenemos por hacer, sin que en este esfuerzo nos ganen las pasiones partidistas, las tentaciones políticas y la necesidad del protagonismo.

Todas y todos aquellos que creemos firmemente en la igualdad real y en la justicia y que tenemos como bandera y convicción el reconocimiento de los derechos humanos de mujeres y niñas de este país debemos de conjuntar esfuerzos y trabajos en común para presentar iniciativas que coadyuven a este reto, pero no solamente el hecho de presentarlas cambia la realidad, sino que debemos unir nuestras voluntades para que estas propuestas lleguen a buen puerto.

Innumerables iniciativas se han presentado en diversos temas relacionados con los derechos humanos de las mujeres y la equidad de género y que en muchas ocasiones, se refieren al mismo tema y a la misma legislación, sin embargo, la mayoría de éstas forman parte de la lista interminable de iniciativas en la congeladora legislativa.

Temas como derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a una vida libre de violencia, educación, salud, derechos laborales, participación política, entre otros, han ocupado un lugar, aunque no privilegiado, en la agenda política de género de los diversos grupos parlamentarios.

Siendo de los principales temas trabajados legislativamente, el de los derechos laborales de las mujeres y el acceso a una vida libre de violencia, dejando en la lista de los menos importantes los temas de salud, educación y seguridad social que tanto nos afectan a las mujeres.

Ya basta, hombres y mujeres legisladores; no podemos seguir pensando que el tema de los derechos humanos de las mujeres es un tema de un día: es una lucha de todos los días, es un compromiso que adquirimos en campaña y que hoy aquí tenemos que cumplir.

Del trabajo llevado a cabo en la LX Legislatura aún están pendientes de discusión y, en su caso, de aprobación 138 iniciativas en la materia y, en lo que va de esta LXI Legislatura, se han presentado 69 y todas están pendientes de discusión y dictaminación por las diversas comisiones a las que fueron turnadas que, ignorando lo mandatado en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación de las comisiones ordinarias de presentar su dictamen en los negocios de su competencia dentro de los 5 días siguientes a la fecha en la que los hayan recibido, han dejado para después este trabajo.

Es necesario que se retome este trabajo legislativo y se desahoguen a la mayor brevedad las valiosas propuestas que las legisladoras y los legisladores hemos hecho sobre el tema.

Muchas gracias.

Atentamente
Diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero