La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo decimocuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presentan los diputados Silvio Lagos Galindo y Genaro Mejía de la Merced, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se somete a la consideración del pleno los siguientes
Acuerdos
Primero. Se extiende respetuosamente una excitativa a las Comisiones Ordinarias de Transportes y de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, con el propósito de que de inmediato tomen las medidas pertinentes a fin de asegurar que las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público encuentren los cauces legales que permitan poner en marcha las obras que en materia de comunicaciones y transportes beneficiaran a los estados de la República.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que amplíe el plazo establecido en el artículo transitorio decimoquinto del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la (rúbrica)de Comunicaciones y Transportes den ingreso y trámite a las solicitudes de registro ya presentadas por los estados a los Centros SCT, y a su vez informen cuantos proyectos han sido validados e ingresados formalmente al proceso de registro.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2010.
Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez
(rúbrica p.a.)
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional
Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica
p.a.)
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional
Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática
Diputado Juan José Guerra Abud
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México
Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Diputado Reyes Tamez Guerra
Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Diputado Pedro Jiménez León
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
Proposición con punto de acuerdo, a cargo del diputado Silvio Lagos Galindo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a los secretarios de Hacienda y Crédito público y de comunicaciones y transportes, a que agilicen el registro de los caminos rurales y carreteras alimentadoras de las entidades federativas, conforme lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 y transfieran a los gobiernos de los estados los recursos correspondientes para la realización de las obras
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Que es obligación de la federación, los estados y los municipios construir y extender las redes de comunicaciones y transportes del país con el fin de que con su ampliación se permita la integración de las comunidades puesto que así lo dicta el apartado B, fracción IV, del artículo 2 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos; y
Segunda. Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, establece en su artículo decimoquinto transitorio que los proyectos del Programa de Infraestructura Económica de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales del ramo 09 del propio Presupuesto que no cuenten con registro en la cartera de inversión, se habrán de ajustar a lo siguiente:
II. Una vez que dicho proyecto cuente con registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, se realizarán los trámites conducentes para efectos de la suscripción del convenio de reasignación correspondiente en términos de las disposiciones aplicables;
III. El recurso reasignado a la entidad federativa estará sujeto al cumplimiento de la normatividad federal aplicable en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, su Reglamento, en las demás disposiciones aplicables y en lo conducente, a la normatividad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y
IV. Los recursos reasignados a las entidades federativas a que se hace referencia en este artículo, sólo podrán aplicarse a los proyectos para los que son autorizados, los cuales se detallan en el anexo respectivo de este decreto; en consecuencia, queda prohibido transferir o traspasar dichos recursos a cualquier otro programa o proyecto. Los recursos que no sean, utilizados u observan subejercicios se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 14 de este decreto.
El total de recursos destinados a caminos rurales en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009, autoriza 15 mil 917.7 millones de pesos para estudios, proyectos y la realización de obras de infraestructura en materia de caminos rurales y alimentadores.
Fue así que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo decimoquinto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, los gobiernos de los estados han entregado, durante enero y hasta el día de hoy, a los Centros SCT los proyectos ejecutivos, estudios técnicos, ambientales y socioeconómicos de los proyectos que corresponden a los caminos rurales durante enero y hasta el día de hoy incluidos en el PEF de 2010 con el objetivo de obtener el registro de las obras autorizadas en el ramo 09 del citado Presupuesto, conforme a la evaluación de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con ello estar en posibilidades de recibir las transferencias de los recursos del gobierno federal para la ejecución de las obras correspondientes, tal como se señala en el transitorio décimo quinto del propio decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Sin embargo, lejos de observar los términos del citado artículo, en el sentido de procesar en forma ágil y expedita las solicitudes de registro, las dependencias federales parecen obstaculizar este proceso y a la fecha no se advierten resultados de las gestiones iniciadas por los gobiernos estatales.
Por lo expuesto, y ante la urgente necesidad de dar cumplimiento a las normas fundadas se exhorta al Ejecutivo federal para que dé cumplimiento al artículo decimoquinto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, e instruya a los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes, a que autoricen y agilicen el registro de los caminos rurales y carreteras alimentadoras de las Entidades Federativas autorizados en el ramo 09, Anexo 30 del citado Presupuesto, a efecto de que se transfieran de inmediato los recursos correspondientes a los estados.
De la misma manera, se exhorta al secretario de la Función Pública a que realice una investigación detallada con respecto al incumplimiento del proceso de registro en la cartera de programas y proyectos de inversión y de la liberación de los recursos las obras del ramo 09, en el rubro de caminos rurales y carreteras alimentadoras, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 y aplique en el marco de sus atribuciones las sanciones correspondientes a los servidores públicos que resulten responsables.
Por lo antes expuesto se presenta el presente punto de acuerdo de obvia y urgente resolución con los siguientes
Resolutivos
Primero. Se extiende respetuosamente una excitativa a las comisiones ordinarias de Transportes, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, con el propósito de que de inmediato tomen las medidas pertinentes a fin de asegurar que las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público encuentren los cauces legales que permitan poner en marcha las obras que en materia de comunicaciones y transportes beneficiaran a los estados de la república.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público amplíe el plazo establecido en el artículo transitorio decimoquinto del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes den ingreso y trámite a las solicitudes de registro ya presentadas por los estados a los Centros SCT y a su vez informen cuantos proyectos han sido validados e ingresados formalmente al proceso de registro.
Diputado Silvio Lagos Galindo (rúbrica)
(Aprobado. Febrero 25 de 2010.)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2010.
Diputado Francisco Ramírez Acuña
Presidente de la Mesa Directiva
Honorable Congreso de la Unión
Presente
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción VIII, y 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente solicito que tenga a bien poner a consideración de esta soberanía que el pasado 20 de diciembre de 2009 solicité una licencia temporal para retirarme de mis funciones hasta el día 30 de abril de 2010, por lo cual ahora solicito que se me conceda la reinstalación en mis funciones como diputado a partir del 1 de marzo del presente año ,y por tanto, se dé por concluida la licencia hasta ahora en vigencia.
Agradezco de antemano su atención y aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.
Diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente
(rúbrica)
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2010.
Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña
Presidente de la Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con la petición de que sean publicados en la Gaceta Parlamentaria e integrados en el expediente correspondiente:
Bajas
2. Diputada Ana María Rojas Ruiz, baja como integrante de la Comisión de Equidad y Género.
3. Diputada Angélica del Rosario Araujo Lara, baja como integrante de la Comisión de Equidad y Género.
4. Diputada Angélica del Rosario Araujo Lara, baja como integrante de la Comisión de Turismo.
5. Diputada Angélica del Rosario Araujo Lara, baja como secretaria de la Comisión de Vivienda.
6. Diputada Sara Gabriela Montiel Solís, baja como integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
7. Diputada Sara Gabriela Montiel Solís, baja como integrante de la Comisión de Derechos Humanos.
8. Diputada Sara Gabriela Montiel Solís, baja como integrante de la Comisión de Equidad y Género.
9. Diputada Hilda Esthela Flores Escalera, baja como integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
10. Diputada Hilda Esthela Flores Escalera, baja como integrante de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.
11. Diputada Fuensanta Patricia Jiménez Case, baja como secretaria de la Comisión del Distrito Federal.
12. Diputada Fuensanta Patricia Jiménez Case, baja como integrante de la Comisión de Participación Ciudadana.
13. Diputada Yulma Rocha Aguilar, baja como secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
14. Diputada Yulma Rocha Aguilar, baja como integrante de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo.
15. Diputado Juan Carlos Lastiri Quiroz, baja como integrante de la Comisión Desarrollo Social
16. Diputado Juan Carlos Lastiri Quiroz, baja como integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
17. Diputado Juan Carlos Lastiri Quiroz, baja como integrante de la Comisión de Transportes.
18. Diputado Rodolfo Torre Cantú, baja como integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
19. Diputado Rodolfo Torre Cantú, baja como integrante de la Comisión de Salud.
20. Diputado Javier Duarte de Ochoa, baja como integrante de la Comisión de Economía.
21. Diputado Javier Duarte de Ochoa, baja como integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
22. Diputado Jorge Herrera Caldera, baja como secretario de la Comisión de Transportes.
23. Diputado Jorge Herrera Caldera, baja como integrante de la Comisión de Participación Ciudadana.
24. Diputado Jorge Herrera Caldera, baja como integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
25. Diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas, baja como secretario de la Comisión de Energía.
26. Diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas, baja como integrante de la Comisión de Juventud y Deporte.
27. Diputado Eviel Pérez Magaña, baja como integrante de la Comisión Función Pública.
28. Diputado Eviel Pérez Magaña, baja como integrante de la Comisión de Transportes.
29. Diputado Eviel Pérez Magaña, baja como integrante de la Comisión de Pesca.
30. Diputado Silvio Lagos Galindo, baja como integrante de la Comisión de Justicia.
31. Diputado Felipe Enríquez Hernández, baja como integrante de la Comisión de Reforma Agraria.
32. Diputada Claudia Ruiz Massieu, baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.
33. Diputado José Oscar Aguilar González, baja como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.
34. Diputado Leobardo Soto Martínez, baja como integrante de la Comisión de Seguridad Social.
35. Diputada Claudia Ruiz Massieu, baja como integrante de la Comisión Especial sobre cambio climático.
2. Diputado Efraín Ernesto Aguilar Góngora, alta como secretario de la Comisión de Vivienda.
3. Diputado Enrique Salomón Rosas Ramírez, alta como Comisión de Reforma Agraria.
4. Diputado Noé Fernando Garza Flores, alta en la Comisión de Derechos Humanos.
5. Diputado Noé Fernando Garza Flores, alta en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.
6. Diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, alta como secretario de la Comisión del Distrito Federal.
7. Diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, alta como integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.
8. Diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, alta como integrante de la Comisión de Justicia.
9. Diputado Guillermo Ruíz de Teresa, alta como secretario de la Comisión de Energía.
10. Diputado Maleo Ramírez Martínez, alta como integrante de la Comisión de Seguridad Social.
11. Diputado José Oscar Aguilar González, alta como integrante de la Comisión de Desarrollo Social.
12. Diputado Leobardo Soto Martínez, alta como integrante de la Comisión de Transportes.
13. Diputado Silvio Lagos Galindo, alta como integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
14. Diputado Morelos Canseco Gómez, alta como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.
15. Diputado Pedro Ávila Nevárez, alta como integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
16. Diputado Pedro Ávila Nevárez, alta como secretario Comisión de Ciencia y Tecnología.
17. Diputado Pedro Ávila Nevárez, alta como integrante de la Comisión de Transportes.
18. Diputada Daniela Nadal Riquelme, alta como integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
19. Diputada Daniela Nadal Riquelme, alta como integrante de la Comisión Equidad y Genero.
20. Diputada Daniela Nadal Riquelme, alta como integrante de la Comisión de Participación Ciudadana.
21. Diputado Eric Rubio Barthell, alta como integrante de la Comisión Especial de acceso digital.
22. Diputada Claudia Ruiz Massieu, alta como integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
23. Diputada Mercedes del Carmen Guillén, alta como integrante de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidios registrados en México
24. Diputado Carlos Oznerol Pacheco, alta como integrante de la Comisión Especial para la atención de los asuntos de la frontera sur, encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo de la frontera sur de México.
25. Diputado Ángel Aguirre, alta como integrante de la Comisión Especial sobre cambio climático.
26. Diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, alta como integrante de la Comisión Especial para la lucha contra la trata de personas.
27. Diputada Laura Felicitas García Dávila, alta como integrante de la Comisión de Juventud y Deporte.
28. Diputada Laura Felicitas García Dávila, alta como integrante de la Comisión de Equidad y Genero.
29. Diputada Laura Felicitas García Dávila, alta como Integrante Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica)
Presidente
(Aprobada en votación económica. Febrero
25 de 2010.)
México, DF, a 23 de febrero de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Mario Vázquez Raña para aceptar y usar la condecoración Manuel Amador Guerrero, en Grado de Gran Oficial, que le otorga el gobierno de la República de Panamá.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Minuta
Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Mario Vázquez Raña, para aceptar y usar la condecoración Manuel Amador Guerrero, en Grado de Gran Oficial, que le otorga el gobierno de la República de Panamá.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 25 de febrero de 2010.
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)
Secretaria
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Febrero
25 de 2010.)
Los suscritos, diputados Cruz López Aguilar, Gerardo Sánchez García, José Tomas Carrillo Sánchez, Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI, y Francisco Hernández Juárez y Federico Ovalle Vaquera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos a revisar y modificar los términos de la licitación 1857611202209 para la adquisición de etanol anhidro para oxigenar las gasolinas de la zona metropolitana de Guadalajara, priorizando su adquisición a productores nacionales, bajo las siguientes
Consideraciones
1) El pasado martes 9 de febrero, esta soberanía aprobó un punto de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta a la paraestatal Petróleos Mexicanos para que lleve a cabo una investigación sobre las empresas que participan en la licitación para la adquisición de etanol y considere dichos resultados en la emisión del fallo correspondiente; asimismo, considere la posibilidad de replantear los términos de la licitación y garanticen, como lo señala la ley de la materia, la participación de empresarios mexicanos y productores proveedores de materias primas.
2) El punto de acuerdo en comento, estima la necesidad de que esta institución paraestatal del gobierno mexicano lleve a cabo una revisión puntual de la licitación 1857611202209 para la adquisición de etanol anhidro y oxigenar las gasolinas de la zona metropolitana de Guadalajara, cuya convocatoria fue publicada el 29 de septiembre del 2009, toda vez que se observan incongruencias, inconsistencias, contrasentidos que violentan la Ley en materia de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos (LPDB) y sobretodo ponen en riesgo el sano desarrollo de esta industria que todos estamos procurando tener en beneficio de México, de los mexicanos y en especial de los productores del campo.
3) De acuerdo con el análisis que hemos realizado de dicha licitación, algunas observaciones son las siguientes:
– De la misma manera, violenta el artículo 8o. de la LPDB, ya que omite la participación del sector social en este arranque de la producción de los biocombustibles. A mayor abundamiento el artículo 17 señala que las secretarías integrantes de la Comisión de Bioenergéticos elaborarán e instrumentarán acciones para el fomento de la producción sustentable de insumos. Puntualiza que estas acciones estarán dirigidas a los productores de insumos y deberán impulsar la productividad, fomentar la generación de empleos, motivar la creación y consolidación de empresas rurales cuya participación accionaria de los productores de insumos sea de al menos un 30%. Impulsar la producción de bionergéticos sin la participación de los productores del campo es tanto como convertirlos en "carne de cañón" del gran capital o de las trasnacionales, que tienen puestos los ojos en el acaparamiento del mercado interno.
– La LPDB es clara y precisa para promover el desarrollo de esta industria de México y para los mexicanos. La licitación queda muy corta. La función fundamental de la Comisión Intersecretarial no se observa, incluso se manifiesta una falta de coordinación entre las diferentes secretarias participantes. Es más, ni siquiera la Secretaría de Energía (que es la cabeza de sector), tiene la información sobre los criterios para la adquisición de los bioenergéticos, como lo establece la fracción VI del Artículo 12 de la LPDB.
– Se observa en la licitación una desatención a las disposiciones en materia ambiental que se establecen en la LPDB, por ejemplo: Prevención control de la contaminación de la atmósfera, aguas, suelo originada por la producción de bioenergéticos; evaluación del impacto ambiental de las instalaciones para la producción, el almacenamiento, el transporte, la distribución y comercialización de los bioenergéticos; regulaciones en materia forestal, de vida silvestre y bioseguridad de organismos genéticamente modificados conforme lo dispuesto en la Ley de la materia, a fin de preservar, restaurar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales y la biodiversidad.
– Privilegia al sector externo en suministros de insumos, afectando la producción nacional de los mismos.
– Lo anterior no es ninguna casualidad ya que la propia licitación establece requisitos que es prácticamente imposible que productores mexicanos los cumplan, sobre todo los que son del medio rural. Con este criterio dejan fuera de toda posibilidad a los productores nacionales. Este no es un asunto sólo de mercado, sino de política económica para los bioenergéticos. Algo así como lo que en Brasil denominan "sello combustible social", que no es otra cosa que una pieza de identificación donde el productor de bioenrgéticos tiene acceso a tasas de integración social, contribución para el financiamiento de la seguridad social y se garantiza el acceso a mejores condiciones para el financiamiento de la banca, entre otros.
– La falta de trasparencia es otra de las graves omisiones que se observan en la licitación, es decir, no se contempla de manera expedita lo que se establece en el artículo 24 de la LPDB.
Compañeras y compañeros diputados: Pemex es la industria más importante del gobierno mexicano. A más de 70 años de su nacionalización ha sido estratégica para el país. Durante décadas el desarrollo de esta industria permitió no sólo desarrollar la industria petrolera hacia adentro sino, al mismo tiempo, fue factor fundamental del proceso de industrialización de nuestra nación.
Es necesario pues que esta paraestatal retome su papel estratégico para la que fue creada. Si bien es cierto que no todo es Estado, tampoco todo es mercado. Las instituciones como Pemex no tienen porqué responder sólo a criterios mercantilistas. Su función no sólo es tecnocrática y hacer crecer su rentabilidad a costa de lo que sea. Las instituciones –a decir de Sartori– son instrumentos de gobierno. Para tener buenos gobiernos se necesitan buenas y sólidas instituciones. Pemex es una de estas instituciones que debe ser vértice para detonar nuevamente el desarrollo del país. Los bioenergéticos son una alternativa donde Pemex juega un papel decisivo. De ahí nuestra insistencia en este tema.
Por lo anterior, sometemos a consideración del pleno de esta honorable soberanía proposición con
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta a la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos a revisar y modificar los términos de la licitación 1857611202209 para la adquisición de etanol anhidro para oxigenar las gasolinas de la zona metropolitana de Guadalajara, priorizando su adquisición a productores nacionales; incorpore la participación del sector social; incorpore los criterios para la adquisición de los bioenergéticos por parte de la Secretaría de Energía; incorpore la disposición de preferencia de la producción nacional, sobre la importación de bioenergéticos; atender la disposición en materia ambiental; incorpore criterios de transparencia; priorice la participación de proveedores de la región; modifique la fórmula para el cálculo del precio del etanol; preserve los aranceles actuales a la importación de etanol; considere un esquema que permita la participación de los productores de manera asociada; establezca esquemas de apoyo a los productores de insumos; elimine el requisito de capital social; modifique la NOM-086, para prohibir la utilización del MTBE; establezca requisitos que puedan ser cubiertos por los productores nacionales; aumente el componente de etanol para preferir la producción nacional del insumo, entre otros puntos.
Diputados: Cruz López Aguilar, Gerardo Sánchez García (rúbrica), José Tomás Carrillo Sánchez, Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Francisco Hernández Juárez, Federico Ovalle vaquera.
(Turnada a la Comisión de Energía. Febrero
25 de 2010.)
A las 13:20 horas del jueves ocho de octubre de 2009, en el vestíbulo del edificio E, situada en Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, de la Cámara de Diputados, se reunieron los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con la convocatoria de fecha 7 de octubre de 2009.
1. Lista de asistencia y presentación de los integrantes
Se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes:
Diputados: Presidente 1, secretarios 10, integrantes 18.
2. Declaratoria de quórum
El presidente de la comisión, diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba, asistido por la secretaria Graciela Ortiz verificaron que hubiese quórum reglamentario y, enseguida, se dio por iniciada la reunión.
3. Lectura del orden del día
Acto seguido, el presidente diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba puso a consideración de los miembros presentes de la comisión el orden del día.
2. Asuntos generales.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta entregó al presidente de la Comisión una propuesta de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal; y solicitó que quedara asentado en el acta de la reunión el artículo 8, fracción XII, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
XII. Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por si o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para si, o para las personas a que se refiere la fracción XI de este articulo, que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor publico de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión.
Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión.
Una vez concluido el empleo, cargo o comisión, el servidor público deberá observar, para evitar incurrir en intereses en conflicto, lo dispuesto en el articulo 9 de la ley;
En el caso del personal de los centros públicos de investigación, los órganos de gobierno de dichos centros, con la previa autorización de su órgano de control interno, podrán determinar los términos y condiciones especificas de aplicación y excepción a lo dispuesto en esta fracción, tratándose de los conflictos de intereses que puede implicar las actividades en que este personal participe o se vincule con proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en relación con terceros de conformidad con lo que establezca la Ley de Ciencia y Tecnología."
El doctor José Antonio Meade explicó que el paquete económico 2010 tenía dos elementos fundamentales, a saber: una serie de modificaciones al marco tributario entonces vigente y una serie de modificaciones que coadyuvarían con la administración tributaria.
Enseguida, explicó que el sistema tributario, cuenta con tres elementos: 1. El 52 por ciento de nuestra recaudación en el 2008, provino del impuesto sobre la renta ISR; 2. El 38 por ciento aproximadamente del impuesto al valor agregado IVA; y 3. Aproximadamente el 4 por ciento de los impuestos especiales sobre producción y servicios, IEPS.
Con relación a la Ley del IEPS, explicó que se estaba proponiendo introducir un impuesto del 4 por ciento a los servicios que se prestan a través de una red pública de telecomunicaciones, exentando a la telefonía pública y rural, así como el servicio de interconexión.
Comentó que anteriormente, en los años noventa, hubo un impuesto telefónico superior al 25 por ciento y, que a principios de esta década había un impuesto similar en estructura al que era propuesto en la iniciativa, con la diferencia de que la tasa era del 10 por ciento.
Asimismo, explicó que la Suprema Corte de Justicia de Nación encontró que el esquema de derechos vigentes para el radioespectro en la frecuencia de 1.9 era constitucional, por lo que la Ley Federal de Derechos sugería crear un esquema en donde la telecomunicación se gravara por la vía del aprovechamiento al 5 por ciento de los ingresos de las empresas, para que se empezara a gravar sobre la base de derechos.
Por otra parte, el doctor José Antonio Meade dijo que el segundo elemento que se modificaba en el caso de la Ley del IEPS, era la introducción de un incremento al gravamen de la cerveza, cuyo aumento era de 25 a 28 por ciento, con una transición que llevaría a que de 2000 a 2010 se gravaría al 28 por ciento; 2013, 27 por ciento, y 2014 al 25 por ciento.
En bebidas alcohólicas y tabaco, la modificación tenía dos vertientes. Primero, la incorporación del gravamen; y segundo, la forma de tratar a este sector. En ese mismo tenor, el doctor José Antonio Meade comentó que en México tanto las bebidas alcohólicas como el tabaco están sujetos a un IEPS que se fija con un porcentaje del precio. Por lo tanto, se proponía que se incluyera tres pesos por litro de bebida alcohólica y 80 centavos al tabaco labrado que iría creciendo hasta llegar a 2 pesos en 2013.
Asimismo, explicó que el impuesto al tabaco labrado hace tres años era de 110 por ciento, y en el momento de la exposición era de 167 por ciento. Este incremento con la gradualidad propuesta llevaría a que el equivalente de la tasa fuera de 197 por ciento.
En relación con la iniciativa de la contribución para el combate a la pobreza comentó que se proponía gravar con una tasa del 2 por ciento los ingresos por la venta de diversos productos y servicios, lo que permitiría recaudar casi 72 mil millones de pesos; consideró que así se fortalecerían los ingresos públicos encaminados a cubrir las prioridades del país en materia social; pues este impuesto estaría enfocado a financiar los programas de combate a la pobreza y desigualdad.
En materia de impuesto sobre la renta explicó que se sometían a consideración dos modificaciones fundamentales: la primera era la consolidación fiscal en donde se planteaba hacer exigibles los saldos acumulados con antigüedad mayor a cinco años del impuesto diferido sobre la renta; para que se entregaran en una exhibición de 60 por ciento y el resto se iría entregando en cuatro años a un ritmo de 10 por ciento por año. Así, la recaudación esperada de esta medida, era de 27 mil 591 millones de pesos.
El doctor José Antonio Meade explicó que se estaba proponiendo preservar el régimen con sus ventajas de competitividad, de apoyo a la inversión y al empleo, pero con un límite para que el diferimiento no pudiera ser superior a los cinco años.
Comentó que la última modificación dentro del paquete de medidas tributarias eran las de la Ley de Impuestos a los Depósitos en Efectivo en la cual se estaba proponiendo subir la tasa de 2 a 3 por ciento, bajar el umbral de exención de 25 a 15 mil pesos mensuales, es decir, el equivalente más o menos a 10 salarios mínimos. También explicó que existía mayor claridad en la definición del sistema financiero pues se estaba incluyendo a las entidades de ahorro y crédito popular, algunas de las cuales tienen captaciones que se ubican en los rangos de retención que se estaban planteando.
Con respecto a las modificaciones de la Ley Federal de Derechos, explicó que año con año cambian debido a que cuando cambia la política sectorial, se realizan reformas, o cambia la ley o la norma administrativa. Por consiguiente, se busca que la Ley de Derechos guarde congruencia y permanezca vigente conforme a ese nuevo entorno.
En relación a los servicios que no se cobraban explicó que se estaba proponiendo, en el caso de la Sener, implantar un nuevo derecho relativo a la expedición de permisos para la producción, almacenamiento, transporte o comercialización de bioenergéticos para contribuir a la autosuficiencia energética del país a través del uso de energías renovables. En el caso de Sagarpa, adicionar los derechos relativos a la expedición de certificados internacionales; en salud, incorporar los derechos relativos a la expedición de la licencia sanitaria de establecimientos que realicen la producción, fabricación o importación de productos de tabaco, a fin de apoyar las actividades regulatorias de las autoridades sanitarias.
En relación a los cambios en política sectorial, y en particular en referencia a los puertos, el doctor José Antonio Meade explicó que la iniciativa estaba proponiendo precisar el derecho que pagan las embarcaciones cuando arriban a puertos nacionales, para que también se cause cuando lo hacen en terminales de uso público fuera de puerto habilitado, ya que comentó no estaba especificado en la ley vigente. Asimismo, se buscaba que se homologara el tratamiento de extinción de derechos por el uso de la zona federal marítima terrestre vigente para los inmuebles de las capitanías de puerto y las dependencias de los tres niveles de gobierno, extendiéndose a los inmuebles del dominio público de la federación que estuviesen destinados a las labores propias de las capitanías del puerto.
De igual manera, explicó que se proponía derogar el cobro de derechos vinculado a cruceros que arriben a puertos mexicanos, y también el derecho por la reposición de la forma migratoria de no inmigrante.
En el caso de SRE se proponía la simplificación del pago de los derechos vinculados con la promoción del establecimiento de empresas en México, lo anterior de acuerdo con el Programa Federal de Apertura Rápida de Empresas.
Para concluir, el doctor José Antonio Meade explicó que la Ley de Ingresos de la Federación ha evolucionando a causa de IETU, IDE y IEPS, pues la recaudación tributaria alcanzó 1.2 billones de pesos; y superó ligeramente el crecimiento del PIB, tanto en términos absolutos como en términos del porcentaje del PIB.
Comentó que durante 2008, se recaudaron 561 mil millones de pesos por impuestos vinculados con el ISR, el IETU y el IDE.
Por otro lado, comentó que el objeto del IETU es el recuperar el potencial recaudatorio de los impuestos directos y notablemente del ISR, operando como un impuesto que lo complementaba para garantizar una contribución mínima a fin de evitar la evasión y elusión fiscal, por lo que de los 135 mil millones de pesos que implicaban los gastos fiscales del ISR empresarial, el IETU recaudó casi 47 mil millones de pesos. Esto, implicó un crecimiento del sistema de ISR integrado ahora por el IETU y por el IDE de 11.4 por ciento real, porcentaje que creció el 1.3 por ciento real, por lo que consideró que el IETU si ayudó a controlar el ISR y a aumentar de manera equitativa y proporcional la recaudación a través de los impuestos, es decir 3 veces mas de lo anterior.
En lo que respecta al IDE explicó que en 2008 recaudó 17 mil millones de pesos y en los siete primeros meses de 2009 se llevaban recaudados también ingresos brutos por la misma cantidad. Explicó que este impuesto cumple con el objetivo de proveer información relevante a la autoridad fiscal para el control de las obligaciones, permitiendo identificar personas no inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes.
También, informó que en la propuesta se le estaba aprobando al Distrito Federal un endeudamiento por 5 mil 500 millones de pesos.
En relación a las obligaciones de Pemex, mencionó que se proponía ajustar los montos de pagos diarios y semanales sobre los derechos ordinarios que Pemex va pagando, y se precisaban los elementos de información que Pemex está obligada a reportar al SAT.
Finalmente, en materia de transparencia informó que se aclaraban los requisitos que tiene la Secretaría de Hacienda de informar, asimismo, se precisaban en transitorios algunos regímenes específicos, como el que los montos de las reservas que utiliza el IMSS no deberían computarse contra los ejercicios de balance presupuestal. Y, se planteaba en relación a las propuestas de reestructura del sector que, quienes se queden sin empleo en consecuencia de estas, podrían gozar de apoyo, y de seguridad social por un periodo de hasta por seis meses.
Acto seguido, el presidente diputado Mario Becerra abrió la sesión de preguntas y respuestas.
El diputado Mario di Costanzo preguntó en referencia al 52 por ciento de los ingresos totales que se recaudo ¿qué porcentaje del ISR era aportado por personas físicas y qué porcentaje por personas morales?
El doctor José Antonio Meade respondió que en 2008 las personas morales pagaron 214 mil 610.9 mil millones de pesos. En materia de salarios hubo una retención de 268 mil 958.1 mil millones de pesos. En referencia a las personas físicas no asalariadas, 16 mil 311.8 millones de pesos. Otros obligados a contribuir al ISR pagaban 60 mil 935.2 millones de pesos, para un total de 560 mil 816 millones de pesos. Lo que indicaba que las personas morales pagaron en directo aproximadamente 38 por ciento del ISR.
El diputado Mario di Costanzo preguntó el cual era el precio implícito de gasolina, de los dos tipos y de diesel; y, si se tenía alguna recaudación negativa.
El doctor José Antonio Meade respondió que en el caso de las gasolina, tanto Premium como Magna, y el Diesel, el IEPS se determinaba por la diferencia, la que existe entre precios al productor internacional y nacional. Es decir, que cuando el precio nacional es positivo, el IEPS también es positivo, y cuando el nacional es inferior al internacional, entonces la recaudación se vuelve negativa.
El diputado Mario di Costanzo en relación al tema de consolidación fiscal, solicitó los cálculos y los impuestos diferidos de los 422 grupos que consolidaban, mismos que ya había solicitado al doctor Messmacher.
El doctor José Antonio Meade respondió que la forma para estimar los ingresos diferidos vigentes en 2004 era a través de una regla de tres que sugería que si la recaudación iba a ser de 27 mil 590 y esa cifra era el 60 por ciento del 100 por ciento de la recaudación estimada, habría que inflarlo para que me llegara al 100 por ciento, y esa diferencia daría los impuestos diferidos por razones de consolidación fiscal.
Asimismo, comentó que eran varios los conceptos y varias las razones que llevaban a que las empresas reflejaran en su contabilidad impuestos diferidos. Explicó que en términos generales, esto se daba cuando había una diferencia entre el valor contable de los actores y el fiscal de los activos. Cuando el valor contable de los activos es mayor a su valor fiscal, esto da lugar en la contabilidad a un impuesto diferido, el cual se causará hasta que se desincorporen los activos.
El diputado Mario di Costanzo, en relación con el papel de las calificadoras de grado de inversión, preguntó si se midió el costo de oportunidad de que le bajaran la calificación a México, contra los beneficios que pudría traer crecer al 3 por ciento, después de que la economía cayó casi en 8 por ciento este año. Y, en referencia a la manera que Hacienda manifiesta que el déficit genera inflación, preguntó si se había hecho un análisis costo-beneficio entre lo que implicaría financiar el hoyo fiscal, el hoyo financiero vía déficit, y qué impacto inflacionario tendría y/o contra la reforma fiscal.
El doctor José Antonio Meade respondió que si se hubiese hecho un cálculo que pudiera compartir, puntual de costo-oportunidad; el hecho de que México perdiera el grado de inversión tendría características diferenciales entre los distintos sectores. En el caso del sector público, implicaría menor acceso a financiamiento por mayores tasas. En el del sector privado, implicaría la imposibilidad de acceder a financiamiento, ya que muchas de las fuentes de inversión, tienen como condicionante el que se invierta en países que tienen grado para ello.
Por lo tanto, la estimación sí habría sido un elemento muy costoso el que la claridad crediticia del país se pusiera en duda. En ese sentido, comentó que México es un país que debe poco porque está perdiendo capacidad de generación de ingresos tributarios y nunca ha tenido una gran capacidad de ellos.
Finalmente, consideró que el impacto en la inflación, se estimaba de 1 por ciento y que el Banco de México tenía un objetivo de inflación de 3 por ciento más menos uno, por lo que consideró difícil caracterizar que las medidas que se estaban proponiendo condujeran a un régimen en donde la inflación se estuviera saliendo de control, o siquiera amenazara con hacerlo.
La diputada Ruth Lugo preguntó: ¿por qué el IDE no podría permanecer igual?; ¿por qué no podrían quedar fuera del ISR los contribuyentes jornales?, dirigiendo el impuesto únicamente a los que no están registrados en hacienda; ¿cuántos contribuyentes se formalizaron de acuerdo con la estrategia implementada?; y, con relación al sistema financiero, ¿cuál era el tratamiento para las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo?
El doctor José Antonio Meade respondió –de manera general– que el IDE fue una introducción benéfica al sistema tributario, en el que se fortalece cada uno de los pilares tributarios, ya que se buscaba que en materia de informalidad existiera un impacto mayor. Así, el IDE permite detectar omisiones parciales o totales de ingresos, por lo que al incrementar la tasa, fortalece el incentivo a utilizar medios de pago distintos del efectivo en la mayor parte de las transacciones mercantiles; y evita prácticas para eludir el pago de este impuesto por la vía de abrir múltiples cuentas.
Asimismo, explicó que no por el hecho de que un contribuyente tenga un registro ante el SAT, se le esta reportando al fisco los ingresos que genera.
El diputado José Narro: preguntó ¿por qué no se incorporaron los otros regímenes especiales?; ¿por qué en el mismo mecanismo de consolidación fiscal no nada más es para el pago de los créditos fiscales pendientes?; y ¿por qué no buscar evadir el problema de la evasión y la elusión fiscal?
Manifestó su inconformidad con el impuesto del 2 por ciento al que consideró como un incremento al IVA, ya que se le cobra igual a pobres y a ricos, y pregunta cual es el destino especifico de lo que se recaude por ese impuesto del 2 por ciento.
El doctor José Antonio Meade respondió con relación a la pregunta de los regímenes especiales que en el caso del IETU, al ser un impuesto de control fungía como un impuesto mínimo del ISR, siendo como ponerle una especie de red para evitar que se tenga fugas.
En el caso del IVA, comentó que los principales rubros de tratamiento especial son el IVA exento, el de frontera, y el de tasa cero a alimentos, medicinas, libros, periódicos, y revistes. El ISR de personas físicas son los ingresos exentos de los trabajadores por diferentes conceptos, sumadas a las deducciones que tienen las personas físicas por razones de gastos médicos mayores, y la posibilidad de deducir el componente real de sus deudas hipotecarias.
En el caso del ISR para personas y empresas, los principales elementos del régimen fiscal son el subsidio al empleo, que es el más importante, y es un programa de apoyo a los trabajadores que tienen menores ingresos.
En relación con la pregunta de consolidación fiscal respondió que es un régimen que permite diferir el pago de los impuestos, lo que crea un esquema que da competitividad, estimula la inversión y el empleo, por lo que combinado con los elementos de la propuesta considera importante que no se difiriera por más de cinco años el pago de los impuestos.
Por último, en relación con los programas que se beneficiarían con la recaudación del 2 por ciento manifestó que eran Oportunidades, Apoyo Alimentario, Albergues Escolares Indígenas, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, Programa Empleo Temporal, Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas y algunos otros que inciden en la lucha contra la pobreza.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta preguntó cuál era el deslizamiento histórico del precio de la gasolina, ya que mencionó que el diferencial en el precio de la gasolina vendida en México y la de Estados Unidos era alrededor de 2.50, siendo más barata en México que en los Estados Unidos. Asimismo, preguntó sobre el riesgo de que dado existieran vicios de retroactividad, lo que pudiera dar lugar a amparos contra la reforma que se estaba planteando con respecto al régimen de consolidación fiscal.
El doctor José Antonio Meade manifestó que entregaría un anexo de cómo se había venido comportando el desliz de gasolinas en diferentes momentos de tiempo, así como la información que ya le ha sido solicitada.
Acto seguido, el presidente diputado Mario Becerra, dio la bienvenida al licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jefe del Servicio de Administración Tributaria SAT, quien procedió a hacer la presentación sobre las reformas al Código Fiscal.
El licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena explicó que la propuesta de la iniciativa era mejorar algunos mecanismos de comprobación fiscal, facilitar algunos mecanismos y mejorar la parte de la cobranza de la administración tributaria.
Explicó que se estaba planteando la eliminación del comprobante impreso. Asimismo, comentó que la banca no estaba en posibilidades de permitir el estado de cuenta como comprobante fiscal porque no se permite el desglose del IVA, y mencionó que lo conveniente seria trabajar con la banca para que esto se pudiera hacerse en el futuro.
De igual forma, explicó que se trata de fomentar más el uso del comprobante fiscal digital, pues este tiene la ventaja de darle a la Administración Tributaria información sobre el contribuyente, lo que permitiría agilizar las devoluciones a un máximo de 20 días.
Con relación a los mecanismos de cobranza, explicó que la iniciativa proponía ampliar el domicilio fiscal de las personas morales, incluyendo el del representante legal.
Sobre las facultades de comprobación mencionó que los cambios que se proponían eran restricciones a las declaraciones complementarias de ejercicios anteriores que repercuten en el ejercicio sujeto a revisión; así como la eliminación de formalidades que conllevaran a dilatar el de facultades de comprobación de la autoridad fiscal.
Por último, explicó que la administración tributaria tenía una cartera de créditos muy grande de cuentas por cobrar que ascendía a 468 mil millones de pesos, la cual estaba dividida en la parte que está sujeta al litigio, y la parte que históricamente se esta administrando. Ante ello, consideró que las reformas podrían representar un incremento en la recaudación de 23 mil millones de pesos, que aunado a la eficiencia tributaria de las demás reformas podría dar unos 43 mil millones.
Acto seguido, el presidente Mario Becerra abrió una sesión de preguntas y respuestas.
El diputado Mario di Costanzo manifestó su preocupación respecto al hecho de que el SAT tenía una recaudación de 43 mil millones de pesos, y el esfuerzo de la gente seria de 71 mil 500 con la contribución a la pobreza. Asimismo, sobre la recaudación por auditorias manifestó que hubo empresas que pagaron 74 pesos de ISR, y que solo se recupera el 0.3 por ciento de créditos fiscales.
Por lo anterior, solicitó información del por qué el SAT han perdido los juicios que litiga, y cómo se pudría garantizar que el SAT pierda menos y recupere más.
El licenciado Alfredo Gutiérrez respondió que el SAT en el 2003 ganaba el 35 por ciento de los juicios que se litigaban. Y, al día de la presentación eral 56 por ciento de los juicios que se estaban litigando. Asimismo, explicó que si se ve por monto de cada uno, se ganaba el 70 por ciento de los juicios. Lo que correspondería al 80 por ciento.
Por otro lado, mencionó que en relación a la recaudación por auditorías; en el 2003 la administración tributaria liquidó alrededor de 40 mil millones de pesos. Y, el año pasado cerca de 68 mil millones de pesos. Y, consideró que este año se rebasaría el monto.
En cuanto a los contribuyentes que pagaron 74 pesos, explicó que gran parte fueron contribuyentes que pertenecían a grupos subsidiarios y no se tomó lo que estaba pagando el grupo sino lo que estaba pagando una empresa subsidiaria, que pudo haber sido una empresa que no tenía necesariamente utilidades.
La diputada Graciela Ortiz comentó que en el 2007 se propusieron reformas al Código Fiscal, las cuales no fueron aprobadas porque contenían exactamente los mismos elementos que contenía el paquete fiscal 2010. Por lo que manifestó su descuerdo y rechazó aprobar una iniciativa que ya fue presentada y rechazada por la Cámara de Diputados.
El diputado David Penchyna manifestó que en el año 2001 se plantearon temas como la profesionalización del SAT. Asimismo, preguntó sobre la evolución operativa del SAT.
El licenciado Alfredo Gutiérrez respondió que se hizo una investigación con la encuestadora Nilson. Por lo que, haría llegar el resultado de la encuesta una vez concluida, junto con una presentación de la administración tributaria y el plan estratégico de la administración tributaria.
El diputado Pablo Rodríguez Regordosa, con respecto al timbre fiscal, manifestó que los impresores se quejaron por la propuesta con lo que él estaba de acuerdo. Por lo tanto, propuso que se hagan corresponsables a los impresores y con responsabilidades penales, ya que lo importante es combatir el tráfico de facturas.
El licenciado Alfredo Gutiérrez respondió que los timbres se repartirían a través de los impresores autorizados como canales para su venta. Asimismo, explicó que su costo era de 72 centavos, más barato que la impresión de la factura cuyo precio era de aproximadamente 3 pesos. Señaló que la idea es que la factura sea electrónica, el estado de cuenta del banco cuando se paga con una tarjeta, y ya no preocuparse por si se tiene o no la factura.
La diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez: Con relación al fortalecimiento de los mecanismos de programación, el SAT señala 122 mil nuevos contribuyentes inscritos y pregunta qué entidades federativas no participaron en este programa, y por qué.
El ciudadano Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena respondió que el Programa de Actualización de Registro es un programa que se hace en conjunto con los estados y que se comparten los gastos en 50 por ciento. E informó que los estados que han participado han sido Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, DF y los que están pendiente son Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala. Ya operó en Coahuila, Durango, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Zacatecas, México, Chiapas, Guanajuato, Nayarit, Yucatán, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Guerrero.
Acto seguido el presidente Mario Alberto Becerra Pocoroba le dio la palabra al doctor Luis Madrazo, coordinador de asesores del secretario de Hacienda, quien realizó la presentación sobre la Ley Federal de Derechos en materia del Régimen Fiscal de Pemex.
El doctor Luis Madrazo explicó que la propuesta de modificaciones al régimen fiscal proponía dos cuestiones. Lo primero era permitir que las regiones de Chicontepec y de aguas profundas, las cuales tienen costos muy importantes; y, por tanto marginales, se allegaran los recursos suficientes provenientes de la explotación para poder pagar los costos. Asimismo, se planteaba también que la extracción del gas natural tuviese un tratamiento fiscal muy similar al petróleo crudo.
El segundo elemento era incrementar los ingresos de Pemex que no son atribuibles a la actividad de PEMEX, principalmente los incrementos en precios.
El doctor Luis Madrazo señaló que la propuesta de modificaciones al régimen fiscal, permitiría al erario extraer la renta petrolera en beneficio de todos los mexicanos.
Asimismo, manifestó que para lograr estos dos objetivos, la propuesta se centraba en dos elementos: uno, rebajar las tasas impositivas, promedio que Pemex enfrenta; y, segundo, a precios mayores imponer una tasa de gravamen marginal mayor para que vaya incrementando que la Secretaría de Hacienda recauda.
La diputada María Esther Scherman solicitó, al diputado presidente, una reunión en comisiones unidas con la Comisión de Energía a fin de tener una revisión más profunda.
El diputado Mario di Costanzo pidió que se explicara si se estaba reduciendo la carga fiscal a la empresa, y la caída de la producción petrolera; así como el precio del petróleo no vaya a subir sustancialmente.
El doctor Luis Madrazo respondió que modificar el régimen fiscal es una medida prospectiva en beneficio de la empresa y de sus proyectos, los cuales tienen un horizonte de planeación muy alto, pero que no tiene un impacto en la recaudación actual de la empresa.
5. Clausura y cita
En virtud de que no había asuntos generales que tratar el presidente Mario Alberto Becerra Pocoroba dio por concluida la reunión del jueves 8 de octubre de 2009 y citó para el viernes 9 de octubre a las 9:00 horas en los salones C y D del edificio G.
Diputados asistentes
Diputados: Mario Alberto Becerra
Pocoroba (rúbrica), Graciela Ortiz González (rúbrica),
David Penchyna Grub (rúbrica), Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica),
Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), Armando Ríos
Piter (rúbrica), Víctor Manuel Báez Ceja (rúbrica),
Adriana Sarur Torre (rúbrica), Óscar González Yañez,
Cora Cecilia Pinedo Alonso (rúbrica), María Guadalupe García
Almanza (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO, CONCERNIENTE A LA REUNIÓN LLEVADA
A CABO EL VIERNES 9 DE OCTUBRE DE 2009
A las 9:30 horas del viernes 9 de octubre de 2009, en los salones C y D del edificio G de la Cámara de Diputados, sita en Congreso de la Unión 66, colonia El Parque, se reunieron los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con la convocatoria respectiva, de fecha 7 de octubre de 2009.
1. Lista de asistencia y presentación de los integrantes
Se pasó lista de asistencia, y se encontraban el presidente, 3 secretarios y 10 integrantes.
2. Lectura del orden del día
El presidente, Mario Alberto Becerra Pocoroba, puso a consideración de los presentes el orden del día:
II. Asuntos generales.
El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba dio la bienvenida a las organizaciones; y les concedió la palabra hasta por 10 minutos para que formulasen su propuesta.
El primer tema correspondió a la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR).
La contadora Patricia González, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, manifestó que el régimen de consolidación fiscal no es uno de excepción sino uno de neutralidad, ya que desde su origen así fue conceptuado.
Comentó que la principal ventaja del régimen de consolidación es que un grupo de empresas determina y paga su impuesto como si fuera una sola entidad o holding.
La ventaja del actual régimen, detalló, se tiene comparativamente con sociedades individuales: un libre flujo de dividendos de empresas.
Refirió que la consolidación fiscal, al considerarse un solo ente, presenta la oportunidad de tener un régimen para las empresas residentes en México, el cual no es privativo de grupos mexicanos sino que se extiende a todos los multinacionales que hay aquí, tanto de sucursales como de empresas extranjeras y mexicanas, que les permite competir en igualdad de circunstancias con Estados Unidos, Holanda, Canadá u otros países.
Señaló que si bien no hay un régimen formal de consolidación como tal en países como Canadá y algunos de la Unión Europea, éstos permiten que las operaciones entre subsidiarias, con el flujo libre de dividendos, se eliminen entre sí y se cause el impuesto como hasta hoy cuando se pagan los dividendos a los accionistas.
Mencionó que si se eliminan los efectos de la consolidación diferida, habría ciertas consecuencias en la parte de pérdidas y en la del libre flujo de dividendos. Consideró que los impuestos diferidos nunca se han detonado en lo referente al flujo de dividendos, pues éste genera un diferimiento de impuestos, sino hasta que se salga la consolidación y que es cuando el holding paga dividendos a sus accionistas, dado que en ese momento se causa el impuesto
Para concluir, dijo que se afectará la competitividad del país con sus principales socios comerciales, pues no se tendría un incentivo en la inversión, ni la seguridad jurídica de que se podría tener en regímenes de largo plazo, por lo que la confianza para ciertas inversiones se perdería.
Omar Zúñiga, coordinador del Comité Fiscal del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, comentó en materia de consolidación fiscal que la reforma limita la competitividad de empresas y de grupos mexicanos, ya que la razón de ser de la consolidación fiscal es dar un régimen de neutralidad económica a una unidad.
Mencionó que el régimen de consolidación en México sigue una tendencia diferente de la mayoría de los países que consideran a la consolidación como un régimen de diferimiento absoluto. Es decir, no tienen una regla de recaptura como tiene México en materia de consolidación fiscal.
En la propuesta de reforma consideró que hay varias cuestiones técnicas que ameritan corrección: con el cálculo que prevé la reforma propuesta, da un efecto multiplicador al impuesto diferido. Este efecto multiplicador puede ser hasta de tres veces, y lo más grave es que no se tenía previsto.
En el tema del Código Fiscal de la Federación, y en referencia a la adopción tanto del domicilio del representante legal como del domicilio alternativo de la empresa, consideró que sólo debe quedarse para empresas que no dictaminan sus estados financieros y cumplen en tiempo y forma la obligación, pues señaló que las empresas que dictaminan sus estados financieros no se esconden del fisco a través de recurrir al expediente de cambiar con frecuencia de domicilio.
Con relación al delito fiscal, estimó preocupante el uso de comprobante sin requisitos, ya que las compañías del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales reciben miles de comprobantes al día y es imposible cotejar que cada uno de ellos cumpla los requisitos que marca la ley; no verificarlo generaría una consecuencia de delito fiscal.
Omar Zúñiga añadió que la pérdida de la empresa se considera como un costo diferido, pues la misma pérdida se convierte en utilidad, que se cubre con el impuesto, y entonces se considera como diferido para efectos de la reforma.
José Antonio de Anda, presidente de la Comisión Fiscal de la Concamin, en materia de comprobantes fiscales propuso que se eliminen los excesivos requisitos, y que se fomente el uso de factura electrónica de manera simultánea con otras opciones para los que no tengan infraestructura para ésta.
Consideró que debe eliminarse la obligatoriedad de la presentación de dictámenes fiscales o, en su defecto, que se confieran a los contribuyentes derechos reales en función del dictamen fiscal que presenten, a fin de que se les agilicen las devoluciones de saldo a favor, que se apliquen revisiones secuenciales a éstos. Asimismo, que la autoridad examine el dictamen fiscal antes de ejercer facultades de revisión respecto al contribuyente y que sean mucho más asequibles los esquemas de pago en parcialidades para cubrir los créditos fiscales.
Con relación al pago de contribuciones, mencionó que los empresarios solicitan que se den más opciones para pagar impuestos, así como que se vuelvan a acondicionar las ventanillas bancarias para que realice el pago de los impuestos que adeudan, igual en las tiendas de autoservicio, como sucede en las contribuciones locales, o que se dé como opción de pago el de la tarjeta de crédito.
Mencionó que para las Pyme debe reducirse la frecuencia de clasificaciones bimestrales o trimestrales y todo lo que tiene que ver con declaraciones informativas, espaciar más la periodicidad con que deben ser presentadas.
Explicó que se busca que se distingan las obligaciones fiscales que tienen que afrontar los contribuyentes e, igualmente, si son de mediana capacidad administrativa, pequeños o grandes contribuyentes porque hoy son las mismas obligaciones para todos, y ante la imposibilidad de cumplir las obligaciones, muchos contribuyentes eligen la informalidad o la ilegalidad antes que sumarse a la legalidad.
Respecto a la atención del contribuyente, solicitó que se agreguen en el Código Fiscal de la Federación sanciones para los funcionarios públicos que no regularicen ni faciliten o no atiendan realmente las necesidades del contribuyente, ya que se considera un obstáculo para que el contribuyente haga frente a sus obligaciones fiscales.
Sobre los momentos de acumulación de ingresos, dijo que es parte de la carga administrativa que tienen que enfrentar los contribuyentes. Por lo mismo, solicitó que se homologuen los momentos de acumulación de ingresos para las tres leyes y, en su caso, aprobarse el impuesto a la pobreza. También, que se equipare con el impuesto sobre la renta, para que sólo se tenga que llevar un control por el contribuyente, todo sobre la base del flujo de efectivo o todo sobre la base de devengado, pero no llevar diferentes controles o contabilidades para poder administrar el tributo.
En cuanto al acreditamiento en pagos provisionales de ISR contra IETU, solicitó que se vuelva a incorporar al texto de ley y no se quede en resolución de miscelánea la posibilidad de aplicar indistintamente renta y IETU contra uno u otro.
Manifestó que están a favor del IDE porque ataca frontalmente la economía ilegal, pero requirió que se establezcan procedimientos más expeditos para devolver y obtener la devolución del impuesto.
Jaime Zabludovsky, del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, consideró en el tema de consolidación fiscal que la iniciativa presentada por el Ejecutivo es un cambio de las reglas del juego en procesos de inversión que están en marcha y, sobre todo, en empresas que han planeado de largo plazo y que han hecho labor en algunas ocasiones con otros países para atraer inversiones a México.
Consideró que no sólo se cambian las reglas del juego en materia de consolidación sino que las repercusiones que se darían sobre algunas empresas son presiones de liquidez muy fuertes, y la afectación sobre el grado de la calificación de un grupo pequeño pero fuerte de empresas en los mercados internacionales, que afectaría también la inversión de éstas.
Consideró que México, como país, puede perder el grado de inversión, lo cual implicaría costos en el financiamiento del país y en las empresas. Ciertas empresas mexicanas llevan décadas construyendo una reputación en los mercados internacionales, utilizándolos para colocar deuda y capital; y este cambio de reglas podría amenazar el trabajo de décadas de empresas mexicanas y multinacionales.
El presidente, diputado Mario Becerra Pocoroba, comentó que una de las prioridades de la comisión es crear una reforma hacendaría integral en los próximos periodos de sesiones, y por ello el pleno de la Cámara acordó la constitución de la Comisión Especial para analizar los gastos fiscales.
Raúl Rodríguez, de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, se manifestó de acuerdo con la propuesta del licenciado Jaime Zabludovsky, ya que él expuso en nombre también de su empresa, por lo que nada agregó.
El licenciado Raúl Riquelme, de la Coparmex, mencionó que la exclusión del tema de investigación y desarrollo le preocupa, pues considera que el país necesita invertir en crecer, en investigar y en desarrollarse. Opinó que al eliminarse, perjudicaría lo que podría ser uno de los mayores elementos de crecimiento del país.
Finalmente, dijo que está de acuerdo con las propuestas de los participantes anteriores.
El presidente, Mario Alberto Becerra Pocoroba, informó que ha solicitado a los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que informen cuál es el procedimiento que establecieron en la ley para determinar el impuesto diferido.
Dijo que la intención no es establecer un régimen que perjudique en lo absoluto, pero sí la posibilidad de obtener recursos adicionales, y que el análisis será profundo, no sólo en el tema de la consolidación, sino también de todos los regímenes, por lo que se tendrá la oportunidad de corregir muchas deficiencias del régimen actual, y tomar las determinaciones correspondientes.
Socorro Lagos, de la Fundación Licio y Gloria Lagos, explicó que la ley de contribución contra la pobreza deja sin oportunidad de cumplir los requisitos señalados a las donatarias autorizadas, con poca infraestructura y que además cuentan con recursos limitados en su mayoría.
Consideró que de aprobarse, no se facilitaría la transparencia que se requiere sino que se crearían mayores obstáculos para propiciar el acceso a la información para las donatarias que realizan actividades y que favorecen a los sectores más vulnerables del país; por lo mismo, se destinarían los recursos obtenidos mediante donativos en actividades diferentes del cumplimiento de su objeto social.
Opinó que es necesario crear mecanismos que den a conocer los requisitos, los trámites y las opciones para la acreditación. Explicó que las donatarias autorizadas por su limitada capacidad administrativa no ponen a disposición los datos a que están obligadas, lo que implicaría que mil 891 autorizaciones para donatarias pueden ser revocadas o no renovadas; es decir, 30 por ciento a escala nacional.
Por ello propuso que se especifiquen en la legislación la clasificación por sectores y las dependencias, así como reestablecer la vigencia del documento de acreditación, a fin de mantener actualizado el seguimiento del cumplimiento del objeto social.
Pidió simplificar los requisitos sobre declaraciones informativas que involucren la contratación de personal calificado, Definir el proceso de liquidación en caso de que no proceda la autorización o renovación de donatarias para garantizar que los recursos provenientes de donativos no se conviertan en mayor costo fiscal o social y evitar la evasión.
Por último, pidió establecer mecanismos que favorezcan a los grupos más vulnerables en el territorio nacional, sin motivar que los recursos se envíen al extranjero mediante donativos sino que se distribuyan de mejor manera entre la población mexicana.
El licenciado Enrique Bustrián, de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, explicó que la crisis se ha traducido en la disminución, de entre 30 y 40 por ciento, del volumen de carga transportada, en el incremento del precio del diesel y de los insumos relacionados con derivados del petróleo, en el alto costo en los peajes, en la competencia desleal y en el uso de camiones importados ilegalmente.
Comentó que en la Ley de Ingresos, el sector cuenta con dos estímulos: el consumo del diesel y el uso de autopistas. Señaló que en la práctica, debido al procedimiento que la ley prevé para determinar el impuesto por acreditar, el del consumo del diesel ha resultado inaplicable, lo cual se debe a que su precio en México era menor que en Estados Unidos.
Propuso establecer un procedimiento para dar efectos reales al estímulo por consumo del diesel, o fijar una cantidad por litro usado en combustible, en el caso de autopistas, ampliar la aplicación del acreditamiento que resulta del estímulo por el uso de éstas, ampliándolo contra el IVA o impuestos retenidos.
El doctor Herbert Bettinger, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, dijo que el Código Fiscal de la Federación viola la seguridad jurídica, la legalidad, y la garantía de audiencia previa y su debido proceso.
En cuanto a domicilio fiscal, mencionó que rompe la seguridad jurídica de cualquier persona física que, en su caso, sea apoderada de una empresa, ya que considera que no está aclarado.
Acerca de la responsabilidad solidaria, mencionó que actualmente se encuentra acotada la responsabilidad a que no se tenga inscripción ni RFC, cambiar su domicilio sin aviso y no llevar contabilidad, y ahora se abren esas posibilidades.
Sobre los comprobantes fiscales digitales, dijo que no está de acuerdo con la propuesta, ya que consideró una monopolización la emisión de éstos mediante el SAT.
Con relación a las facultades de comprobación, tampoco estuvo de acuerdo con no dejar un citatorio previo, lo consideró violatorio, debido a que puede ser atendido por cualquier persona.
Consideró un exceso la reparación del daño porque se paga tres veces: la pena corporal, la satisfacción del crédito fiscal y los recargos correspondientes.
Con referencia al embargo de bienes, manifestó su desacuerdo en que la autoridad pueda cobrar directamente de las cuentas bancarias de los contribuyentes, afectando de manera grave la operación de la propia empresa y su subsistencia, quitando la facultad al contribuyente de designar los bienes para pagar el crédito fiscal.
Sergio Aguilar Rodríguez, de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos, manifestó su desacuerdo en que el domicilio de las personas morales y el de sus representantes legales se conviertan en una amplificación. Hizo extensivo su desacuerdo respecto tanto al cambio de domicilio propuesto en la iniciativa, y que establece que no surtirá efectos cuando no se acredite materialmente el nuevo domicilio con el traslado de la administración principal de su negocio, como a que se entregue la notificación de la diligencia a la persona que se encuentre en el domicilio del contribuyente, sin que sea necesario dejar citatorio previo.
En cuanto a las facultades de comprobación, propuso que puedan incidir en el ejercicio en revisión las declaraciones complementarias de los anteriores al actual, a fin de evitar que se alteren datos cuando se hayan iniciado las facultades de comprobación, y no tendría efectos cuando se presenten una vez iniciado el ejercicio de las referidas facultades.
En relación con los contadores públicos, propuso que se especifique en el Código Fiscal de la Federación la vigencia de la conservación de los papeles de trabajo por los auditores.
El esquema de comprobación fiscal y su acreditación a través de la página de Internet lo consideró exagerado, pues se tendría una carga administrativa mayor para las empresas al estar verificando en la página del SAT la autenticidad de los comprobantes fiscales.
Sobre los delitos fiscales como la falsificación, la reproducción de comprobantes y la comercialización, opinó que es difícil para los contribuyentes y los auditores determinar si un comprobante es apócrifo o no, y considerarlo delito fiscal sería excesivo.
El ciudadano Marco Antonio Suárez Collado, de la Cámara Nacional de la Industria de las Artes Gráficas, informó que esa rama se integra por 14 mil 900 empresas, que generan 120 mil empleos directos, por cada uno de los cuales se crean cinco empleos indirectos: en total 720 mil empleos productivos.
Comentó respecto a los talleres de impresión que se han realizado las inversiones necesarias, se adecuaron y capacitaron de conformidad con la normativa vigente a fin de que las autorizaciones para la impresión de folios se soliciten a través de Internet, mediante el sistema de comprobantes fiscales.
Explicó que con las propuestas de la iniciativa permite que la impresión de comprobantes fiscales se realice por el propio contribuyente o a través de un tercero, adicionándole un dispositivo de seguridad, que será personalizado y que el propio contribuyente deberá aplicar en forma manual cada vez que elabore una factura en papel.
Mencionó su desacuerdo porque significaría un caos debido al volumen de comprobantes que se expiden. Por tanto, propuso que el dispositivo de seguridad sea genérico, que soporte con facilidad su protección y su distribución; y que sea fabricado en México.
Propuso que los contribuyentes que emitan comprobantes fiscales superiores a 2 mil pesos los realicen mediante comprobantes fiscales digitales, a través de la página de Internet. Los que sean menores de 2 mil pesos podrían emitirlos de manera digital o en papel, siempre que cumplan el dispositivo de seguridad personalizado. El SAT proporcionaría a los contribuyentes aplicaciones gratuitas y los estándares para generar el comprobante digital, contando con su firma electrónica y que hayan solicitado el certificado para el uso de sellos digitales.
Manifestó que de aprobarse las propuestas del Ejecutivo, se tendría un efecto negativo, pues desaparecería la figura del impresor autorizado, y con ello se afectaría a 7 mil 100 empresas de artes gráficas dedicadas a esa actividad, generando una cancelación de 240 mil empleos directos, afectando también otras áreas de las artes graficas, y la producción y distribución de la cadena productiva del sector.
Por consiguiente, propuso que no desaparezca la figura de "impresor autorizado" sino que se implante su certificación realizando las adecuaciones necesarias al Código Fiscal de la Federación y a la Ley del IVA.
Eduardo Solís, de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, anunció que asistía en representación de las armadoras y de los fabricantes de vehículos en México, que han generando 1 millón de empleos directos.
Informó que su inversión fue de más de 20 mil millones de dólares entre 2000 y 2006, y que el año pasado, cuando México tuvo un déficit comercial de 15 mil millones de dólares, la industria automotriz generó más de 17 mil millones de dólares en divisas netas.
Explicó que exportan 81 por ciento de lo que fabrican, y que presentan una caída de 40 por ciento en la producción, y en el mercado de 31 por ciento, por lo que solicitó apoyo para la industria.
Comentó que no hay un programa que permita resolver el de chatarrización de la Secretaría de Economía para la renovación de parque vehicular, del que se ha logrado vender sólo mil 200 vehículos, de 33 mil que se estimaba, por lo cual no tiene la efectividad necesaria.
Por lo mismo, propuso que se elimine la tenencia en la venta de autos nuevos y que se incremente la deducibilidad a 400 mil pesos en todo el territorio nacional para la adquisición de vehículos de personas morales.
Planteó que la industria automotriz busca diseñar un plan anticrisis, que promueva la industria y tenga mayor recaudación, y no cree que la mejor manera sea poner un impuesto más elevado, ya que eso significa menos ventas.
Por último, dijo que rechaza la nueva propuesta de consolidación; y explicó que sus empresas cuentan con inversión extranjera, por lo que tienen derechos al amparo de los acuerdos comerciales internacionales, y el ofrecimiento gubernamental significaría una violación de esos tratados comerciales internacionales.
El diputado Mario di Costanzo preguntó al representante de la industria automotriz si recurrirían al amparo o si preferirían que se quedara como está propuesto por la Secretaría de Hacienda, o que se regresara al esquema de 60 por ciento.
Eduardo Solís, de la industria automotriz, contestó que el amparo es un derecho de cada empresa, y que en cualquier caso también tienen derechos internacionales consagrados en los acuerdos comerciales que México tiene firmados y en vigor. Manifestó que no está de acuerdo con cambiar las reglas ni con la retroactividad.
El licenciado Eduardo García Villaseñor, de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, comentó que la Concanaco agrupa 252 cámaras de comercio, servicios y turismo, por lo que representa más de 650 mil empresas, equivalentes a más de 50 por ciento del producto interno bruto del país, y más de 50 por ciento del empleo formal.
Manifestó que está de acuerdo con las propuestas presentadas por las organizaciones que le antecedieron. Puntualizó que en materia fiscal se necesita un Estado con recursos suficientes, basado en un sistema de tributación eficiente y que otorgue certeza jurídica, así como ampliar la base de contribuyentes, simplificar radicalmente las leyes y su administración, combatir la evasión, promover la inversión y el ahorro, y alentar la competitividad que impulse la federalización de los recursos.
Comentó que no cree que la propuesta que presentó el Ejecutivo cumpla esas condiciones.
Con relación a la simplificación fiscal, propuso que a los pequeños contribuyentes se exceptúe de las obligaciones de emitir comprobantes fiscales digitales, con dispositivo de seguridad por medios propios o a través de proveedores autorizados.
A propósito de los "repecos", consideró que deben ajustarse las posibilidades de pago a fin de evitar la elusión y la evasión fiscales. Señaló que los tabuladores para determinar el impuesto por pagar son desproporcionados, ya que el cálculo se efectúa sobre los ingresos brutos y no sobre las ganancias, lo que genera números rojos entre los pequeños comerciantes
Por ello propuso que se establezca una tabla en la que se apliquen la superficie en metros cuadrados del negocio, el capital invertido en el negocio y las utilidades obtenidas en el periodo de fiscalización.
Manifestó que la propuesta tiene por objeto promover el empleo, estimular las empresas y crear la cultura de la seguridad social.
Propuso que para apoyar a los repecos, un porcentaje de las cuotas recaudadas se destine al otorgamiento de créditos por el gobierno para los pequeños comerciantes, y otro porcentaje a las confederaciones, a fin de solventar los gastos de los verificadores de campo y de su labor.
Por lo que se refiere al IDE, comentó que hay negocios con margen de utilidad reducido, y que la retención automática por depósitos en efectivo afecta directamente el capital con que cuentan para llevar a cabo sus operaciones, pues les resultaría muy arriesgado mantener el efectivo en sus establecimientos, por lo que se ven en la necesidad de depositarlo en bancos.
De ahí que propusiera que se cree un mecanismo de devolución más ágil del impuesto a los depósitos en efectivo a las empresas formalmente establecidas para facilitar y no afectar su flujo de efectivo.
Gustavo Cantú Durán, de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información, con relación al tema del IEPS de las telecomunicaciones opinó que éste es incongruente con la política pública de desarrollo social y económico planteada por el gobierno federal.
Resaltó que los servicios de comunicación, la telefonía, incluida la telefonía rural pública, fija, móvil, e Internet, no son servicios de lujo sino un servicio básico. Por consiguiente, el IEPS de las telecomunicaciones inhibe el consumo y perjudica la competitividad del país, dado que las telecomunicaciones son un insumo básico para la cadena productiva de todos los sectores económicos.
Mencionó que los sistemas de telecomunicaciones son parte fundamental en la población de bajos recursos y en las pequeñas, medianas y grandes empresas, ya que es el contacto con sus familias y para las negociaciones en cada caso, además de que les permite tener competitividad no sólo en el país sino también a escala internacional.
Opinó que debe emitirse una regulación efectiva que estimule la competencia. Consideró que un impuesto simplemente no estimula la competencia. Por eso pidió a los diputados que rechacen este nuevo impuesto, pues es un perjuicio para toda la sociedad mexicana.
Gustavo Cantú informó que se haría llegar un estudio, y explicó que 10 por ciento de incremento de la adopción de la banda ancha significa un incremento de 1.4 puntos porcentuales al PIB; es decir, si se fomenta el sector y se alcanzan estas tasas de crecimiento, la contribución a futuro es mucho mayor y la recaudación de esa contribución también sería mayor. En la parte móvil, un incremento de 10 por ciento en la penetración contribuye en 0.8 puntos porcentuales al producto interno bruto.
Finalmente, comentó que habrá una desaceleración de entre 4 y 5 millones de la tasa de crecimiento esperado; es decir, un retroceso de entre 4 y 6 por ciento de la tasa, lo cual implicaría falta de crecimiento del PIB y el efecto en los empleos.
Emilio Herrera Arce, de la Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y Malta, informó que esa empresa genera más de 800 mil empleos, directos e indirectos, en una cadena que inicia con los productores de cebada, los de empaques y materiales, la elaboración de las cervezas, su distribución, su transporte, y su comercialización.
Explicó que la cadena productiva de la industria cervecera representa 1.6 por ciento del PIB, y 3.8 de la recaudación del país, del IVA y del IEPS, la industria cervecera aporta 27 mil 500 millones de pesos de recaudación al fisco de México.
Dijo que la propuesta del Ejecutivo repercutiría directamente en los precios de la cerveza: 3 puntos en IEPS y 2 puntos de la contribución contra la pobreza. Asimismo, mencionó que el IEPS, por la manera en que está estructurado, se multiplica por el IVA; por tanto, el efecto real para la industria sería de un incremento de 6 puntos. Eso significaría un incremento de 22 por ciento, pues son 6 puntos porcentuales de 25.
Por tanto, consideró, la industria estaría perdiendo en toda la cadena cerca de 30 mil empleos.
Propuso que a esta industria se permita la misma tasa de 25 por ciento, que siga llevando su tendencia de crecimiento, ya que es capaz de aportar cerca de 2 mil millones de pesos.
El licenciado Alfonso Pérez Lizaur, de la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos, declaró que 40 por ciento de la participación de este rubro es ilegal: no se pagan impuestos.
Está de acuerdo con la propuesta de que por medios tecnológicos se establezca la obligación de proporcionar la información en línea y en tiempo real de las operaciones y los registros en los sistemas centrales. Sin embargo, comentó que a los que participan en el sector formal y que contribuyen con 100 por ciento de los impuestos, se les va fiscalizar adicionalmente, lo que les crearía costos adicionales para que puedan conectarse con la Secretaría de Hacienda.
Señaló que ello no ocurrirá con el 40 por ciento que no paga impuestos, por lo que no sería necesario instalar un sistema en línea en el mercado ilegal. Manifestó que se necesitaría visitar esos establecimientos, contar las terminales, fijar un impuesto por terminal y cobrarlo mensualmente.
Opinó que el cambio del IEPS de 20 a 30 por ciento desalentaría la inversión de las empresas legalmente establecidas, fomentaría el crecimiento de las irregulares, evasoras, y provocaría desempleo en las empresas legales.
Informó que la industria genera más de 100 mil empleos directos e indirectos, y se han generado inversiones por más de 2 mil millones de pesos. Dijo que el efecto multiplicador de la industria del juego es muy significativo, ya que por cada 10 trabajadores que se ocupan se generan 5 puestos de trabajo adicionales en la economía.
Por ello, si se aprueba esta reforma, 50 por ciento o más del mercado se va a ir a los ilegales, pues pueden pagar mejores premios porque no pagan impuestos.
Explicó que de la recaudación total del IEPS, más el impuesto sobre la renta, en miles de millones de pesos en 2012, la industria contribuiría con 4 mil 400 millones de pesos de impuestos en el año, siempre que el IEPS se quedara en 20 por ciento y no se tuviera que pagar el 2 por ciento.
Por último, dijo que si la tasa se eleva a 30 por ciento, se contribuiría con 3 mil 500 millones de pesos, menos de lo estimado por esa industria.
La licenciada Débora, de la American Chamber of Commerce, informó que ésa es una asociación con mil 700 socios, de los cuales 60 por ciento corresponde a compañías mexicanas.
Opinó que la contribución para el combate de la pobreza implicaría que las empresas implanten otro sistema contable, con costos adicionales, innecesarios e improductivos. Puntualizó que un sistema fiscal competitivo a escala mundial implica tasas competitivas a escala mundial.
Consideró importante tomar en cuenta que las empresas extranjeras han podido acreditar el IETU pagado aquí en México contra impuesto sobre la renta en Estados Unidos, debido a que el "SAT estadounidense" ha tomado la decisión de estudiar el IETU para ver si se acredita o no.
La licenciada Patricia González Tirado, de la American Chamber of Commerce, opinó que la contribución para el combate de la pobreza es un IVA sobre la tasa general, la cual subiría a 17 por ciento, y los productos que tienen tasa de 0 por ciento o se encuentran exentos se irían a 2 por ciento. Por ende, propuso una tasa general menor de 15 por ciento, que permita que todos los artículos estén gravados.
El licenciado Eugenio Carrión, de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, informó que son más de 17 mil tiendas cuya actividad equivale a ventas de 750 mil millones de pesos y representan una contribución al PIB aproximada a 3 por ciento, con una generación de 550 mil empleos.
Comentó que en los últimos tres años se han creado 50 mil empleos; son así recaudadores efectivos, eficientes, seguros y uno de los principales recaudadores de IVA.
Rodolfo García Gómez de Parada, de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, manifestó su desacuerdo con las propuestas del Ejecutivo de incrementar el impuesto sobre la renta a una tasa de 30 por ciento, y al aumento de los impuestos indirectos, prácticamente 17 por ciento. En el tema de consolidación fiscal, dijo, hay efectos de retroactividad, que fomentarán la evasión fiscal.
Expresó que a través de los impuestos indirectos es posible generar un verdadero incremento de la recaudación, y está de acuerdo con el impuesto de 2 por ciento, pero no estaba con que sólo sea un impuesto por motivos políticos que no afronte la realidad económica del país. Por ello, no creyó conveniente hacer alguna canasta básica, pues habría una distinción en el impuesto y una gran dificultad para identificar qué producto está sujeto a él y cuál no.
Con relación al incremento a 3 por ciento del impuesto a los depósitos en efectivo, opinó que se excluiría de la retención a los contribuyentes que dictaminan para efectos fiscales; de lo contrario, representan un incremento sólo a las labores administrativas, tanto para los contribuyentes como para el Servicio de Administración Tributaria.
Mencionó que en su sector han obtenido devoluciones de éste, ya que sus ingresos provienen en efectivo, y se genera un saldo a favor.
El licenciado Jorge Nieto, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, informó que el sector asegurador mexicano tiene alrededor de 80 millones de contratos vigentes: las casas aseguradas llegan a 3.9 por ciento; automóviles, a 47; y gastos médicos, a 1.2 por ciento. En gastos médicos mayores, el colectivo es de 3.7 por ciento, por lo que la suma asegurada representan 3.5 veces el PIB.
Explicó que el seguro de vida no constituye un producto de consumo, no se debería aplicar un impuesto indirecto. Es un instrumento de protección patrimonial y de ahorro para las familias. Por eso, su propuesta es que la contribución para el combate de la pobreza no afecte las primas de seguros de vida.
René Martínez Cumming, de la Cámara de la Industria Azucarera y Alcoholera, opinó que la contribución para el combate de la pobreza es un IVA disfrazado de 2 por ciento sobre bienes y servicios con muy pocas exenciones. En impuestos directos, el ISR subiría temporalmente a 30 por ciento como tasa máxima, bajando a 29 en 2013 y 28 en 2014.
Consideró que la propuesta afecta de manera directa las empresas; se mantiene la dualidad del ISR y el IETU. Por ello, manifestó, sería necesario optar por uno solo.
En relación con el IDE, dijo que debería exentarse a los contribuyentes del ISR y el IETU que presenten declaraciones.
Solicitó apoyo para eximir del pago del impuesto especial sobre producción y servicios de 50 por ciento a la enajenación del alcohol y del desnaturalizado de fabricación nacional e importado, ya que en los últimos años se ha observado un grave daño a la agroindustria azucarera y alcoholera, que pone en riesgo la supervivencia de las plantas de alcohol y de los ingenios, debido a los problemas en la producción, comercialización e importación informal de alcohol etílico.
Explicó que hay competencia desleal derivada del manejo del IEPS, ya que los productores y comercializadores informales lo aplican cuando es alcohol de contrabando y cuando es producido por mieles incristalizables, cuyo destino original era la fabricación de levaduras o agropecuario y es desviado a la producción del alcohol, sin que ingrese en el SAT.
Consideró que la aplicación del impuesto hace atractivos el contrabando del alcohol etílico, y la producción y comercialización clandestinas, en detrimento de la importación, producción y comercialización formales, que sí pagan el IEPS, el IVA, el ISR y, en su caso, el impuesto al activo correspondiente.
Propuso que se elimine el IEPS a la enajenación e importación del alcohol y alcohol desnaturalizado que se destinen a la elaboración de éste. Con ello se deja intacta la recaudación que la Secretaría de Hacienda obtiene por la enajenación e importación de bebidas alcohólicas.
Comentó que las plantas de alcohol de los ingenios nacionales están de acuerdo en que la exención se condicione al cumplimiento de diversas obligaciones formales, consistentes básicamente en llevar controles físicos de los volúmenes de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables fabricadas, producidos o envasados, así como proporcionar información sobre la producción, enajenación e importación de dichos productos, de los principales clientes y proveedores de las características, y de los equipos utilizados para la producción, destilación, envasamiento y almacenaje.
La licenciada Rosario Sánchez, del Consejo Mexicano del Ahorro y Crédito Popular, opinó que es acertado que se atiendan de manera prioritaria y urgente el combate de la pobreza, la generación de empleos y el combate de la inseguridad.
Dijo que el Movimiento Cooperativo Mexicano y el sector cooperativo de ahorro y préstamo pueden contribuir de manera importante a generar empleos y combatir la pobreza.
Informó que más de 400 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo se encuentran en proceso de adaptación jurídica a la Ley para regular las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; se agrupan en federaciones y cuentan con más de 700 mil millones de pesos en activos totales, con más de 600 mil millones de pesos en cartera. Entregan diariamente más de 150 millones de pesos en créditos, y otorgan más de 300 mil créditos mensualmente. En resumen, se otorgan más de 3.5 millones por año, cada uno en promedio de 15 mil pesos.
Consideró que el sector debe contar con un marco fiscal integral que conozca la contribución de las sociedades cooperativas en el desarrollo económico y social del país y su función no lucrativa.
Propuso la exención completa de los intereses de las cooperativas de ahorro y préstamo por las cuotas que cobren a sus asociados. Explicó que se agregaría en la iniciativa del Ejecutivo, en la fracción XIII, inciso f), la exención de las federaciones y confederaciones, conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas, por las cuotas que cobran a sus asociados, a sus cooperativas en el caso de las federaciones, y a sus federaciones en el caso de la confederación.
Con relación a la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, propuso la exención por las cooperativas; es decir, que no cobren ese impuesto a los socios de las cooperativas, el sector social más desfavorecido.
El maestro Fabris Salamanca, de AgroBio México, informó que Salamanca de AgroBio es una asociación sin fines de lucro que reúne a las personas, organizaciones, académicos y empresas interesados en impulsar la biotecnología agrícola en México, con la misión de generar y difundir información basada en evidencia científica sobre los beneficios de la biotecnología moderna.
Explicó que la ley de bioseguridad distingue tres tipos de fases para la liberación de organismos genéticamente modificados: la experimental, en programa piloto, y de manera comercial. Esto hace que en cualquier ensayo, los interesados tengan que hacer el pago de derechos que se demandan en la solicitud, de la misma manera en que son necesarios diversos estudios para cada tecnología y demostrar la inocuidad de la tecnología o los beneficios para el agro mexicano.
Dijo que tratándose de la etapa experimental, no sólo los particulares o las empresas hacen este tipo de investigaciones, también los centros públicos, como el Instituto de Biotecnología de la UNAM o el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Politécnico Nacional, y no contarían con los recursos para pagar en cada solicitud los derechos pedidos.
Propuso que se establezcan distintos montos, según se trate de liberación experimental, en programa piloto, o comercial, de la siguiente manera: en fase experimental, 2 mil dólares; en programa piloto 5 mil; y en fase comercial, 10 mil.
También propuso reformar el recurso de reconsideración en la ley. Para iniciar el trámite de reconsideración se tendrán que pagar 129 mil 900 pesos, pues debe ser un derecho por revisar el expediente y no sólo el que tenga los recursos para hacerlo pueda ejercer ese derecho.
El licenciado Luis Foncerrada, del Consejo Coordinador Empresarial, opinó que si no se hacía una reforma completa de las finanzas públicas, gasto, ingreso y un seguimiento del déficit, no habrá inversión, y seguirán generándose pobreza y desigualdad.
Refirió que, en términos del ISR, se debía mantener o reducir, siempre que se elimine la evasión y se eliminen algunos regímenes especiales. Consideró importante que en 2011 el sistema sea de un solo impuesto, con una tasa competitiva.
Comentó que estaba de acuerdo con el 2 por ciento de contribución a la pobreza, ya que permite imponer el consumo que no se grava generalizado, pero consideró que debe irse a empleos, y no a programas asistencialistas.
El contador público Fernando Ruiz Sahagún, del Consejo Coordinador Empresarial, opinó que si en el país no había inversión, no iba a crecer. Por tanto, debe haber un incentivo a través de la deducción de inversiones en el ISR y mantener la compensación del IETU en el crédito fiscal susceptible de aplicar contra el ISR.
Dijo que la consolidación no es un régimen preferencial sino que es uno que identifica al contribuyente, que tiene que aplicar exactamente las mismas reglas y procedimientos que cualquier otro, por lo que no es un régimen preferencial. Si se elimina, se perderá competitividad.
Manifestó que la iniciativa tiene características de retroactividad, ya que establece gravámenes para las situaciones que de hecho ya se dieron en el pasado. Comentó que lo que pretende es establecer gravámenes a hechos ya consumados, a través de anticipar momentos de pagos de impuestos que estaban definidos perfectamente en la ley.
Con relación a los impuestos diferidos que se muestran en los estados financieros de las empresas que consolidan, dijo que éstos no son producto de la consolidación sino de la diferencia entre los tratamientos contables y fiscales que se tienen, por los principios contables, y por las leyes fiscales.
En materia del Código Fiscal, mencionó que la responsabilidad solidaria que se establece a los accionistas en caso de que los activos de una empresa no alcancen para cubrir los pasivos que tienen, afectará la inversión, pues los inversionistas van a tener en mente que no sólo pueden perder lo que hicieron en la empresa sino también su patrimonio.
Manifestó su desacuerdo sobre la facultad que se pretende de que puedan embargarse sus cuentas bancarias.
4. Clausura y cita
El presidente, diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba, dio por clausurada la reunión a las 15:45 horas del 9 de octubre de 2009, y citó para el miércoles 14 de octubre, a las 17:00 horas.
Diputados asistentes
Diputados: Mario Alberto Becerra
Pocoroba (rúbrica), presidente; Graciela Ortiz González (rúbrica),
David Penchyna Grub (rúbrica), Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica),
Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), Víctor Manuel
Báez Ceja (rúbrica), Armando Ríos Piter (rúbrica),
Adriana Sarur Torre (rúbrica), Óscar González Yáñez,
Cora Cecilia Pinedo Alonso (rúbrica), María Guadalupe García
Almanza (rúbrica), secretarios.
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN EFECTUADA
EL MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2009
A las 17:20 horas, del 14 de octubre de 2009, en los salones C y D del edificio G, situados en Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, de la Cámara de Diputados, se reunieron los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con la convocatoria de fecha 9 de octubre de 2009.
1. Lista de asistencia y presentación de los integrantes
Se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes el presidente, 8 secretarios y 22 integrantes.
2. Declaratoria de quórum
El presidente, Mario Alberto Becerra Pocoroba, inició la reunión.
3. Lectura del orden del día
Acto seguido, el presidente puso a consideración de los presentes el orden del día donde se plantea la presentación del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales relativo al Código Fiscal de la Federación y, en su caso, su aprobación; así como asuntos generales.
4. Intervención de los integrantes
El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, a nombre del Partido Revolucionario Institucional, manifestó que la iniciativa del Ejecutivo en relación con el Código Fiscal de la Federación tiene vicios de inconstitucionalidad, ya que no respeta las garantías de los contribuyentes.
Propuso eliminar como responsable solidario a los socios o accionistas; así como la posibilidad de iniciar una visita domiciliaria o efectuar el cierre del acta final de una auditoría, sin que se entregue citatorio previo. También planteó eliminar la restricción de que los contribuyentes no puedan presentar declaraciones complementarias de ejercicios anteriores durante el ejercicio de las facultades de comprobación y eliminar la posibilidad de suspender el plazo para el ejercicio de las facultades de comprobación, hasta que surta efectos el aviso de cambio en el domicilio.
De la misma manera, propuso eliminar el plazo para que opere la caducidad hasta por 10 años, cuando el contribuyente presente más de dos avisos de cambios de domicilio en el ejercicio. Igualmente, señaló que no sean susceptibles de embargo y cobro los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual del ahorro para el retiro, hasta por el monto de las aportaciones que se hayan realizado de manera obligatoria, conforme la ley en la materia, y tratándose de comprobantes fiscales que se establezca la entrada en vigor hasta el año que entra.
Finalmente, expuso que se establezca la posibilidad de implementar el cobro de créditos fiscales mediante un procedimiento específico, cuando se trate de créditos firmes y eliminar la penalización establecida en los artículos 90, 92, 94 y 100, ya que la consideró un exceso.
El presidente comentó que las modificaciones en materia del Código Fiscal de la Federación son con la finalidad de otorgarle al Servicio de Administración Tributaria (SAT) mayores facultades para el ejercicio de comprobación o para las facultades de ejercicio de comprobación, y de la administración de los ingresos tributarios.
Informó que después de platicar con diputados tanto del PAN como del PRI, se estaría dictaminado en sentido negativo en lo concerniente al domicilio fiscal, por considerar que es una norma totalmente ambigua, que da lugar a que la autoridad ejerza en forma absoluta sus facultades, incluso con representantes que tengan conferidos poderes especiales, hasta para créditos y cobranzas.
En relación con los responsables solidarios, el supuesto de los accionistas como responsables solidarios contenido en el código se eliminó como causa grave, siendo que la ley claramente establecía desde que entró en vigor que solamente aplicaría cuando no estuvieran inscritos al Registro Federal de Contribuyentes, cambiaran su domicilio sin presentar aviso, o bien llevando contabilidad alterada no la instruyeran. Por ello, se estaría dictaminando en sentido negativo dado que no se encontró ninguna razón jurídica para variar de hipótesis.
Asimismo, dado que la eliminación del citatorio en las órdenes de visita y en conclusión de las visitas domiciliarias es atentatorio contra lo dispuesto en el 14 constitucional se estaría dictaminando en sentido negativo por ser una clara violación al domicilio.
En relación con las declaraciones complementarias mencionó que no eliminará esa situación, lo cual que fue sugerido por el Grupo Parlamentario del PRD.
Comentó que también se dictaminaría como negativa la suspensión del plazo para la conclusión de la visita hasta que la autoridad no verificara el cambio de domicilio. Esto porque si el contribuyente presentó su aviso de cambio de domicilio, la autoridad puede verificarlo en cualquier momento, y si no existe el domicilio, las facultades ya están previstas claramente, tanto en el Código Fiscal como en la Ley Orgánica que rige al órgano desconcentrado.
Mencionó, en el mismo sentido, que la caducidad a 10 años por el hecho de que el contribuyente cambiara su domicilio por más de dos ocasiones en un ejercicio también contenía una clara violación al principio de certeza jurídica.
Por lo que toca a las declaraciones periódicas, el presidente, Mario Alberto Becerra Pocoroba, señaló que los Grupos Parlamentarios del PAN y PRI propusieron establecer con claridad en la ley que se precisan tres requerimientos en los que se otorgue un plazo de 15 días en cada uno de ellos para que, en caso de la atención a los requerimientos, la autoridad pueda determinar una cantidad igual a cualquiera de las últimas seis declaraciones presentadas, por ser considerada una causa grave.
En relación al hecho de inmovilizar una cuenta bancaria cuando un crédito fuese exigible, explicó que los grupos parlamentarios propusieron incorporar un artículo 156 Ter, en donde se establece que debe tratarse de un crédito firme, entendiéndose este como aquel que no pueda ser impugnado o porque ya fue resuelto en definitiva por la autoridad jurisdiccional, o bien porque fue consentido por el contribuyente.
En cuanto a las medidas de apremio, dijo que en el artículo 40, el Ejecutivo propuso como medida de apremio el embargo precautorio y explicó que se modificó la propuesta rechazando este supuesto, estableciendo que podrá proceder al embargo precautorio, siempre y cuando éste se sujete a los principios previstos por la ley, eliminando la posibilidad de que la autoridad pudiera en una simple oposición a un acto practicar un embargo precautorio.
Finalmente, el presidente mencionó que, en relación con los comprobantes electrónicos, se estableció una vacatio legis al 31 de diciembre de 2010, para entrar en vigor el 1 de enero de 2011, y no como estaba previsto al 30 de junio de 2010.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta solicitó que quedara asentado en el acta el artículo 8o., fracción XII, de la Ley de Responsabilidades Administrativas.
XII.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por si o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XI de este artículo, que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión.
Una vez concluido el empleo, cargo o comisión, el servidor público deberá observar, para evitar incurrir en intereses en conflicto, lo dispuesto en el artículo 9 de la ley.
En el caso del personal de los centros públicos de investigación, los órganos de gobierno de dichos centros, con la previa autorización de su órgano de control interno, podrán determinar los términos y condiciones específicas de aplicación y excepción a lo dispuesto en esta fracción, tratándose de los conflictos de intereses que puede implicar las actividades en que este personal participe o se vincule con proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en relación con terceros de conformidad con lo que establezca la Ley de Ciencia y Tecnología.
La diputada Graciela Ortiz González propuso que en relación con el artículo 40, que dice: "cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, se opongan u obstaculicen", que en lugar de ello diga: "se opongan, impidan o manifiesten resistencia", a fin de que quede más claro y menos subjetivo la redacción actual.
El presidente comentó que ya había una propuesta de redacción similar y que el texto propuesto decía: "se opongan impidiendo u obstaculizando físicamente". Y preguntó a la diputada Graciela Ortiz González si estaba de acuerdo. Ella manifestó su aprobación.
Asimismo, clarificó que el artículo 113-A es desechado, y no el artículo 113-III presentado en el anteproyecto de dictamen, quedando el artículo 113 como único precepto original.
Después el presidente propuso el procedimiento para la votación y explicó que se vota primero en lo general y, posteriormente, se hacen las reservas, así cada diputado se reservaría en lo particular los artículos que quieran discutir del dictamen que se haya votado en lo general. Por consiguiente, se procedió a tomar la votación del procedimiento, el cual fue aceptado por la mayoría.
El secretario David Penchyna Grub sometió a votación en lo general el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales, relativo al Código Fiscal de la Federación, quedando aprobado por unanimidad.
Preguntó posteriormente a los diputados acerca de sus reservas, quedando de la siguiente manera:
La diputada Ruth Lugo Martínez comentó en lo que respecta al artículo 15-C que la iniciativa y el dictamen consideran como entidades financieras a las cooperativas de ahorro y préstamo. En relación con la redacción comentó que el primer párrafo define lo que son las entidades financieras y luego hace como una asimilación a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, y que para ser consideradas como entidades financieras tienen que cumplir estos requisitos. Dijo que en la Ley para Regular las Actividades Cooperativas de Ahorro y Préstamo ya se establece que las sociedades cooperativas son integrantes del sistema financiero, pero en los términos de la fracción IV del artículo tercero de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Por lo anterior, propuso que se hiciera referencia directa al inciso b) de la fracción IV del artículo III de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El presidente comentó que es un asunto de redacción e hizo una salvedad referente al caso de que Ley de la Comisión Bancaria y de Valores fuese modificada con posterioridad. Por consiguiente, tendría que haber mejor una referencia en el código. También propuso que solamente dijera "tal como lo establece la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores".
El diputado Guillermo Levin Coppel opinó que estaba mejor la redacción que proponía en el dictamen que la referencia.
La diputada Ruth Lugo Martínez dio lectura al artículo 15-C para efectos de aclarar su propuesta. Acto seguido, leyó la redacción propuesta por ella.
El secretario Penchyna Grub sometió a votación la propuesta de la diputada Ruth Lugo Martínez, la cual es rechazada por mayoría. Enseguida, la reunión continuó con el siguiente artículo reservado.
La diputada Ruth Lugo Martínez en referencia a los comprobantes fiscales en el tercer párrafo, fracción VII, del artículo 29, propuso modificar el monto de los 2 mil pesos para hacer un planteamiento de 50 mil pesos. El artículo establece: "Tratándose de operaciones cuyo monto no exceda de 2 mil pesos, los contribuyentes podrán emitir sus comprobantes fiscales en forma impresa por medios propios o a través de terceros, siempre y cuando reúnan los requisitos que se precisan en los artículos 29-A de este código, con excepción de lo previsto en las fracciones dos y nueve del citado precepto", a lo que propuso que dijera: "tratándose de operaciones cuyo monto no exceda de 50 mil pesos".
Comentó que el motivo era permitir que empresarios de mediana y pequeña capacidad puedan continuar imprimiendo sus comprobantes en imprentas llevando el dispositivo de seguridad con mayor cantidad y aun cuando se haya previsto que la expedición de comprobantes digitales inicie en enero de 2011.
Se comentó que tomando en cuenta que esta aplicación será hasta en un año, habría tiempo para discutirlo con la Secretaría de Hacienda, por lo que sugirió que se quedara como estaba en el dictamen.
El secretario Penchyna Grub sometió a votación la propuesta de la diputada la cual fue rechazada por la mayoría. Acto seguido, se continuó con la discusión de la siguiente reserva.
La diputada Ruth Lugo Martínez retiró su reserva del artículo 32-B, por lo que fue aprobado por la mayoría en los términos en que fue presentado en el dictamen.
La diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño, en relación con el artículo 40, solicitó que se le aclarara si se invierten los numerales, primero en la definitividad del procedimiento jurídico o darle orden al procedimiento; primero iría la solicitud del auxilio de la fuerza pública, luego la imposición de la multa, luego el embargo precautorio, y después la solicitud de la participación de las autoridades judiciales federales.
El presidente le aclaró que era correcto, por lo que la diputada retiró su reserva y se pasó la palabra a la diputada Graciela Ortiz González quien también había reservado este artículo.
La diputada Graciela Ortiz González propuso que el artículo 40 quedara redactado como lo propuso el presidente, en la cual se acotaba el sentido del término "se opongan".
El diputado Ricardo Ahued Bardahuil, refiriéndose al mismo artículo, manifestó su preocupación por el término "contribuyentes", ya que cuestionó como se contrarrestarían las mercancías ilícitas que se ven en el movimiento cotidiano del sector empresarial, y que no son bodegas que están registradas en el padrón que tiene el SAT.
El diputado Óscar Guillermo Levín Coppel propuso que en la exposición de motivos se hiciera una referencia al tema para no romper con el articulado.
El presidente explicó que el término "contribuyente" es el que está obligado a pagar determinada contribución, puede o no estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes y consideró que está incorporado en el precepto, al establecer el término contribuyente, que en ese caso se trataría de un contribuyente no inscrito al Registro Federal de Contribuyentes, o al padrón de importadores o de exportadores.
La diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño comentó que adicionalmente el SAT tiene dos programas. Uno que se denomina Programa de No Inscritos, en el que le faculta la ley, y su reglamento respectivo para realizar acciones como las que concibe el artículo 40, y el Programa de Actualización, el llamado "Par", que se hace mediante convenio con las entidades federativas, para tener un mayor número de altas en el padrón de contribuyentes.
La diputada Graciela Ortiz González comentó que lo que se había planteando estaba contemplado en el artículo 145 del Código Fiscal que establece en su fracción IV la realización de visitas a contribuyentes que estén en ese contexto de ilegalidad.
Finalmente, propuso también que el párrafo II de la fracción tercera del artículo 30, referente a la obligatoriedad de que la autoridad levante un acta circunstanciada, aplicara a todas las fracciones del artículo 40.
El secretario David Penchyna Grub sometió a votación la propuesta de que el párrafo II de la fracción tercera del artículo 30 aplicara a todas las fracciones del artículo 40, la cual fue rechazada por mayoría. En cuanto a la modificación de la redacción del artículo 40, que se adoptó por congruencia en la redacción, al segundo párrafo de la fracción III, tal como estaba en el dictamen fue aprobado por la mayoría.
Acto seguido, se continuó con las reservas. El diputado Ríos Piter retiró su reserva del artículo 42, por lo que se aprobó en términos en que fue presentado dictamen.
El diputado Mario Alberto di Constanzo Armenta, en relación con la reserva que hizo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, comentó que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentó una iniciativa relativa al secreto fiscal.
Propuso que fuera añadido un segundo párrafo al artículo 69, que establezca la posibilidad de que, las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y las de investigación a que se refiere el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puedan tener información sobre los contribuyentes. Acto seguido, dio lectura a su propuesta.
El diputado Sebastián Lerdo de Tejada manifestó su acuerdo con las observaciones del diputado Mario di Costanzo Armenta, pero consideró que la interlocución del Congreso con el Ejecutivo federal, es que el Congreso ha pedido las cosas sin fundamentarlas jurídicamente y el Ejecutivo se ha escurrido al no encontrar la fundamentación.
Comentó que agregar un párrafo adicional en texto de Código Fiscal de la Federación que alude explícitamente a instancias de organización interna de la Cámara de Diputados, no era la solución.
Dijo que en una discusión más profunda, habría que modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento de la Cámara de Diputados, para tener mucha mayor precisión en este tipo de cuestiones.
Finalmente, propuso que se mantenga la redacción en sus términos, ya que si se fundamenta la solicitud a través del 69 del Código Fiscal de la Federación como está en sus términos, el secretario de Hacienda estaría obligado a entregar este tipo de información.
El diputado Ríos Piter manifestó estar de acuerdo con el planteamiento del diputado Mario di Costanzo Armenta y propuso que se aceptara esa propuesta.
El diputado Óscar González Yánez señaló que hay una necesidad eminente que es parte del avance democrático y de los avances de las sociedades y la transparencia. Por ello, para no generar dudas sobre el Congreso, propuso que se quite del tema a las Comisiones de Hacienda y que se pase al Congreso, a través de las comisiones que el Congreso, o mecanismos que el Congreso, determine.
El secretario David Penchyna Grub solicitó a los diputados Mario di Costanzo Armenta y Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias que se reunieran fuera del recinto, a fin de que conciliaran una sola propuesta, y continuar con las reservas solicitadas.
La diputada Ruth Lugo Martínez retiró sus reservas a los artículos 84-A y 84-B, por lo que se aprobaron en los términos que se presentaron en el dictamen.
El diputado Julio Castellanos Ramírez explicó que el artículo 113, en el dictamen viene rechazando. Propuso agregar el artículo 113-A para quedar como sigue "Se sancionará de tres meses a seis años de prisión a quien utilice, modifique o falsifique información de los contribuyentes contenida en los comprobantes fiscales digitales que hayan sido validados por el Servicio de Administración Tributaria o por proveedores autorizados de certificación de comprobantes fiscales digitales".
El presidente informó a los diputados que por un error en el dictamen que se les entregó, no aparece el artículo 113, por lo que hizo referencia al mismo en el cual decía: "se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión al que fabrique, falsifique, reproduzca, enajene gratuita u onerosamente, distribuya, comercialice, transfiera, transmita, obtenga, guarde, conserve, reciba en depósito, introduzca a territorio nacional, sustraiga, use, oculte, destruya, modifique, altere, manipule o posea dispositivos de seguridad sin haberlos adquirido en términos del artículo 29-A".
La diputada Graciela Ortiz González dijo que el artículo 113-A no tenía razón de ser, y que el 113 sí se refería a un acto de defraudación que justamente debía ser sancionado con un castigo de orden corporal, por lo que propuso que se desechara el artículo 113-A y se incorporara a la propuesta de dictamen el artículo 113 que había quedado fuera por un error de orden administrativo.
El secretario David Penchyna Grub informó que el diputado Julio Castellanos Ramírez retiró su propuesta, por lo que fue aprobado en los términos en que está establecido en el dictamen. Enseguida, se refirió al siguiente artículo reservado que era el 156 Bis por la diputada Adriana Sarur Torre, el cual también fue retirado. Por lo que sólo quedó por revisar el texto de la propuesta del artículo 69.
El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias informó que ya estaba el texto de la propuesta y manifestó que se mantendrá la redacción del artículo en términos del dictamen, y se generó un artículo transitorio que diría: "Para los efectos del artículo 69 de este código, las autoridades fiscales deberán proporcionar a la Cámara de Diputados la información solicitada por actividad económica sin el nombre o dato alguno que permita la identificación individual del contribuyente. Lo anterior, en tanto se establezcan las instancias de la Cámara de Diputados que garanticen la confidencialidad de la información de los contribuyentes".
El presidente sometió a votación la propuesta de los diputados Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias y Mario di Costanzo Armenta en los términos en que fue leído, el cual fue aprobado por mayoría.
Al no haber más reservas se sometió a votación la aprobación del dictamen en lo particular, el cual se aprobó por mayoría.
5. Asuntos generales
El presidente informó que la comparecencia del secretario de Economía en las Comisiones Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, y de Fomento Cooperativo y Economía Social, sería el jueves 15 de octubre a las cinco de la tarde, en la zona C del edificio G.
6. Clausura y cita
El presidente dio por concluida la reunión y acordó citar con anticipación la próxima reunión de la comisión.
Diputados asistentes
Se aprobó la parte correspondiente al Código Fiscal de la Federación del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales (miscelánea fiscal).
El dictamen fue aprobado por mayoría y se acordó firmar el documento una vez que se aprobara la miscelánea completa, es decir, también la parte que corresponde a la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y Ley del Impuesto al Valor Agregado.
La Mesa directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público
Diputados: Mario Alberto Becerra
Pocoroba (rúbrica), presidente; Graciela Ortiz González (rúbrica),
David Penchyna Grub (rúbrica), Ovidio Cortázar Ramos (rúbrica),
Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), Víctor Manuel
Báez Ceja (rúbrica), Armando Ríos Piter (rúbrica),
Adriana Sarur Torre (rúbrica), Óscar González Yáñez,
Cora Cecilia Pinedo Alonso (rúbrica), María Guadalupe García
Almanza (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO, RELATIVA A LAS REUNIONES EFECTUADAS EL
VIERNES 30 Y EL SÁBADO 31 DE OCTUBRE DE 2009
Treinta de octubre de 2009
A las 18:15 horas del día treinta del mes de octubre de 2009, en el salón de protocolo del edificio C, ubicado en Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, de la Cámara de Diputados, se reunieron los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con la convocatoria de fecha Treinta de octubre de 2009.
El presidente, diputado Mario Becerra Pocoroba, informó que en el Senado de la República aún se llevaba a cabo la discusión de las minutas que fueron enviadas el 20 de octubre, por lo que propuso que se instalara la reunión, se declarara en sesión permanente y se estableciera un receso, a fin de dar tiempo a que las minutas estuvieran en poder de la comisión.
El secretario diputado David Penchyna Grub preguntó a los presentes si estaban de acuerdo con la propuesta del presidente, lo cual fue aceptado por la mayoría. Por lo que se decretó un receso.
Treinta y uno de octubre de 2009
A las 8:20 horas del treinta y uno del mes de octubre de 2009, en el salón de protocolo del edificio C se reanudo la reunión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público iniciada el treinta de octubre del mismo año.
1. Lista de asistencia y presentación de los integrantes
Se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes el presidente, 10 secretarios y 23 integrantes de la comisión.
2. Declaratoria de quórum
El presidente dio por iniciada la reunión.
3. Lectura del orden del día
Acto seguido, el diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba puso a consideración de los presentes el orden del día:
b) Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
c) Minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
d) Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al régimen fiscal de Pemex.
e) Minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.
f) Asuntos generales.
En virtud de que las minutas relativas al paquete fiscal 2010 provenientes del Senado de la República tenían poco tiempo de haber sido recibidas por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, el diputado Mario di Costanzo solicitó que se decretara un receso para tener tiempo de conocer los cambios que el Senado había realizado. El presidente estuvo de acuerdo y se decretó un receso de 15 minutos.
Una vez concluido el receso, los diputados iniciaron el desahogo del primer punto de la orden del día: modificaciones realizadas por el Senado de la República en materia de impuesto sobre la renta y al Código Fiscal de la Federación.
El diputado Mario di Costanzo solicitó que antes de llevar a cabo la votación el Sistema de Administración Tributaria informara sobre la estimación del efecto de las modificaciones hechas, qué cantidades o qué impactos recaudatorios estaban generando y que esas cifras se confrontaran con las de la Secretaría de Hacienda.
El secretario David Penchyna sometió a votación la propuesta del diputado Mario di Costanzo sobre solicitar información al SAT, la cual fue desechada por mayoría.
El presidente informó que la Junta de Coordinación Política le pidió que la reunión entrara en receso, ya que se estaba tratando un acuerdo importante. Acto seguido, se decreto un receso.
Concluido el receso, el presidente informó que estuvieron en reunión los miembros de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva y que habían llegado al acuerdo de que se aprobaran las cinco minutas que envió el Senado de la República en lo general, en primer término, para que enseguida los integrantes de la comisión hicieran las reservas que consideraran necesarias.
Mencionó que la opinión de la Junta de Coordinación Política era que se reservaran todos los artículos y que la discusión y el debate de cada uno de ellos fueren llevados al pleno de la Cámara.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta señaló que no estaba de acuerdo en que se desechara su propuesta, ya que consideró importante saber cuánto implica la recaudación de lo que se estaba aprobando en materia de consolidación fiscal, porque de eso dependía que el Estado no aplicara el incremento de un punto al impuesto al valor agregado. Consideró que se afectarían a 105 millones de mexicanos
El diputado Jaime Cárdenas mencionó que era importante saber si la minuta que enviaba el Senado de la República cumplía lo establecido en el artículo 141 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, es decir, que estuviese firmada por el Senado, que se acompañaran los expedientes respectivos, que incluyera el extracto de discusión y los antecedentes que se trataron, que los documentos estuviesen foliados y marcados con el sello de la Secretaría del Senado.
Por lo anterior, solicitó que los documentos fueran firmados por los miembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara, para que el pleno los conociera y así evitar que fueran cambiados por otros.
El diputado Armando Ríos Piter dijo que en la reunión con la Junta de Coordinación Política se acordó subsanar la deficiencia de las firmas, con lo cual estuvo de acuerdo el Presidente del Senado y quedó claro que era una demanda legítima para cumplir con el debido proceso.
El diputado José Narro Céspedes: expresó que la posición del PRD era en el mismo sentido que la del PT, en particular con la del diputado Jaime Cárdenas, para que se subsanara lo señalado en el artículo 141 de la Ley Orgánica, lo cual ya se había hecho con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, y solicitó que se garantizará un espacio suficiente para discusión en el pleno a fin de que pudieran expresar sus puntos de vista.
El presidente informó que tomaría nota del posicionamiento que se hiciera por grupo parlamentario sobre los cinco dictámenes, por lo que les daría la palabra a cada uno a fin de que, manifestaran sus puntos de vista y sus reservas.
La diputada Cora Cecilia Pinedo manifestó que su grupo parlamentario, Nueva Alianza, aceptaba el acuerdo que se tomó en la Junta de Coordinación de aprobar en lo general los dictámenes. Y, reservó el artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
El presidente, diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba, informó que no se podía reservar el artículo 219, ya que estaba derogado y no se incluía en los cambios que había enviado el Senado.
El diputado Mario di Costanzo expuso que la posición del Partido del Trabajo era en contra, porque las modificaciones profundizaban la iniquidad tributaria del país, desgravaban la carga fiscal de las empresas, hacían más fuerte la carga fiscal sobre las personas físicas, se acrecentaba la desigualdad tributaria y se violaba el artículo 31 constitucional. Reservó los artículos 64, 68, y 70-A referentes a la consolidación.
El diputado Armando Ríos Piter manifestó que el Partido de la Revolución Democrática estaba en contra del paquete fiscal, ya que era totalmente regresivo e inoportuno para la economía mexicana, toda vez que, le pegaba al 46 por ciento de la conformación de la demanda agregada en un momento en que los ciudadanos están sufriendo los peores estragos de la crisis.
Asimismo, manifestó su molestia ya que la información del Servicio de Administración Tributaria permitió de un día para otro pasar del 40 por ciento en el gravamen de consolidación al 25 por ciento, dando los mismos resultados de recaudación, con lo cual no estuvo de acuerdo.
El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba informó que, al no haber más oradores para hacer su posicionamiento, se procedía a votar las minutas del senado, lo cual a solicitud de varios diputados se llevó a cabo una por una, y en el caso de la relativa al régimen fiscal de Pemex, se tomó la votación también de los integrantes de la Comisión de Energía que se encontraban presentes.
El diputado Mario di Costanzo solicitó que primero se hicieran las reservas de cada minuta y luego se votara en lo general.
El diputado Roberto Gil Zuarth resaltó que el acuerdo establecía que las reservas hechas en reunión de la comisión no eran para discusión y votación en lo particular, sino para el efecto de la discusión en el pleno. Y explicó que primero se vota en lo general los dictámenes, se genera una pieza legislativa que se elevaría a la consideración del pleno, y ésta tendría la indicación de aquellos artículos que estarían sujetos a discusión y votación en lo particular en la sesión plenaria.
La diputada María Esther Sherman mencionó no existía ningún inconveniente en que las reservas se hicieran previamente, para después proceder a votar minuta por minuta en lo general, ya que los acuerdos de los coordinadores de la Junta de Coordinación Política no pueden estar por encima del reglamento.
El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida solicitó que la Mesa directiva de la Comisión informara a los diputados los artículos que modificó la Cámara de Senadores, y sobre eso se hicieran las reservas; que se procediera a hacer las minutas correspondientes, para consecuentemente llevar la discusión de los artículos reservados al pleno, ya que había muchos diputados esperando que esto ocurra.
El diputado Roberto Gil Zuarth señaló que lo que se reservaba para discusión en lo particular era un elemento puntual de un dictamen, por lo que se tenía que generar uno previo, y explicó que, una vez generado, se hacía la relatoría concreta de todas las reservas puntuales, para que éstas se discutieran y votaran en lo particular en el pleno de la Cámara de Diputados.
Informó que primero se debía generar el dictamen con la finalidad de provocar las reservas, ya que si se reservaba antes de generar el dictamen, el efecto jurídico era que no quedarían dictaminadas, y consecuentemente, el pleno no podría pronunciarse sobre ellas.
El diputado Ríos Piter informó que él y los diputados Luis Videgaray y Roberto Gil propusieron que se hiciera la votación en ese momento, en lo general, a fin de temer un dictamen y que tanto el posicionamiento de los grupos parlamentarios sobre el paquete fiscal como las reservas fueran enviados al pleno.
El diputado Luis Videgaray complementó diciendo que no se quería que la comisión de Hacienda se convirtiera en una instancia de trámite, sino que permitiera que la discusión se trasladara al pleno para tener un debate intenso.
La secretaria diputada Graciela Ortiz puso a consideración de los integrantes de la Comisión la propuesta de los diputados Ríos Piter, Videgaray, Roberto Gil y Jesús Alfonso Navarrete, en el sentido de votar las minutas en lo general y luego las reservas de los artículos correspondientes, lo cual fue aprobado por mayoría.
Acto seguido, se realizó la votación de las 5 minutas:
2. Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se aprobó por mayoría.
3. Con proyecto de decreto por el que se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Se aprobó por mayoría.
4. Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al régimen fiscal de Pemex. Se aprobó por mayoría de las dos comisiones.
5. Con proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010. Se aprobó por mayoría.
La diputada Graciela Ortiz informó que se habían concluido con las votaciones toda vez que las minutas presentadas habían sido aprobadas en lo general y una vez que las reservas a ser discutidas en el pleno habían sido efectuadas.
El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba informó que se elaboraría una minuta con las reservas correspondientes para presentarse en el pleno y preciso que todos los artículos estaban reservados.
5. Clausura
El presidente dio por clausurada la reunión a las 11:25 horas del día treinta y uno de octubre de 2009. Informó que daría a conocer oportunamente la fecha y hora de la próxima reunión.
Diputados asistentes
1. Minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales: Ley del Impuesto sobre la Renta, Código Fiscal de la Federación (miscelánea fiscal)
Mario Alberto Becerra Pocoroba
A favor
Graciela Ortiz González
No votó
David Penchyna Grub A favor
Ovidio Cortazar Ramos A favor
Luis Enrique Mercado Sánchez
A favor
Armando Ríos Piter En
contra
Víctor Manuel Báez Ceja
En contra
Adriana Sarur Torre A favor
Óscar González Yáñez
En contra
Cora Cecilia Pinedo Alonso A
favor
Guadalupe García Almanza
En contra
Ricardo Ahued Bardahuil En contra
Jesús Alberto Cano Vélez
No votó
Julio Castellanos Ramírez
A favor
Óscar Saúl Castillo Andrade
A favor
Alberto Emiliano Cinta Martínez
A favor
Raúl Gerardo Cuadra García
A favor
Mario di Costanzo Armenta En
contra
Roberto Gil Zuarth A favor
Ildefonso Guajardo Villarreal
A favor
Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa
A favor
Silvio Lagos Galindo A favor
Juan Carlos Lastiri Quirós
A favor
Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias
A favor
Óscar Guillermo Levín Coppel
No votó
Ruth Esperanza Lugo Martínez
A favor
Emilio Andrés Mendoza Kaplan
A favor
Pablo Rodríguez Regordosa
A favor
Leticia Quezada Contreras En
contra
José Narro Céspedes
En contra
José Adán Ignacio Rubí Salazar
A favor
Claudia Ruiz Massieu Salinas
A favor
María Esther de Jesús Sherman Leaño
En contra
Luis Videgaray Caso A favor
Mario Alberto Becerra Pocoroba
A favor
Graciela Ortiz González
A favor
David Penchyna Grub A favor
Ovidio Cortazar Ramos A favor
Luis Enrique Mercado Sánchez
A favor
Armando Ríos Piter En
contra
Víctor Manuel Báez Ceja
En contra
Adriana Sarur Torre A favor
Óscar González Yáñez
En contra
Cora Cecilia Pinedo Alonso A
favor
Guadalupe García Almanza
En contra
Ricardo Ahued Bardahuil En contra
Jesús Alberto Cano Vélez
A favor
Julio Castellanos Ramírez
A favor
Óscar Saúl Castillo Andrade
No votó
Alberto Emiliano Cinta Martínez
No votó
Raúl Gerardo Cuadra García
A favor
Mario di Costanzo Armenta En
contra
Roberto Gil Zuarth A favor
Ildefonso Guajardo Villarreal
A favor
Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa
No votó
Silvio Lagos Galindo No votó
Juan Carlos Lastiri Quirós
A favor
Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias
A favor
Óscar Guillermo Levín Coppel
A favor
Ruth Esperanza Lugo Martínez
A favor
Emilio Andrés Mendoza Kaplan
A favor
Pablo Rodríguez Regordosa
A favor
Leticia Quezada Contreras No
votó
José Narro Céspedes
En contra
José Adán Ignacio Rubí Salazar
No votó
Claudia Ruiz Massieu Salinas
A favor
María Esther de Jesús Sherman Leaño
En contra
Luis Videgaray Caso A favor
Mario Alberto Becerra Pocoroba
A favor
Graciela Ortiz González
A favor
David Penchyna Grub A favor
Ovidio Cortazar Ramos A favor
Luis Enrique Mercado Sánchez
A favor
Armando Ríos Piter En
contra
Víctor Manuel Báez Ceja
En contra
Adriana Sarur Torre Abstención
Óscar González Yáñez
En contra
Cora Cecilia Pinedo Alonso A
favor
Guadalupe García Almanza
En contra
Ricardo Ahued Bardahuil En contra
Jesús Alberto Cano Vélez
No votó
Julio Castellanos Ramírez
No votó
Óscar Saúl Castillo Andrade
No votó
Alberto Emiliano Cinta Martínez
No votó
Raúl Gerardo Cuadra García
A favor
Mario di Costanzo Armenta En
contra
Roberto Gil Zuarth A favor
Ildefonso Guajardo Villarreal
A favor
Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa
No votó
Silvio Lagos Galindo No votó
Juan Carlos Lastiri Quirós
A favor
Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias
A favor
Óscar Guillermo Levín Coppel
A favor
Ruth Esperanza Lugo Martínez
A favor
Emilio Andrés Mendoza Kaplan
A favor
Pablo Rodríguez Regordosa
A favor
Leticia Quezada Contreras No
votó
José Narro Céspedes
En contra
José Adán Ignacio Rubí Salazar
No votó
Claudia Ruiz Massieu Salinas
A favor
María Esther de Jesús Sherman Leaño
A favor
Luis Videgaray Caso A favor
Mario Alberto Becerra Pocoroba
A favor
Graciela Ortiz González
A favor
David Penchyna Grub A favor
Ovidio Cortazar Ramos A favor
Luis Enrique Mercado Sánchez
A favor
Armando Ríos Piter En
contra
Víctor Manuel Báez Ceja
En contra
Adriana Sarur Torre A favor
Óscar González Yáñez
En contra
Cora Cecilia Pinedo Alonso A
favor
Guadalupe García Almanza
En contra
Ricardo Ahued Bardahuil En contra
Jesús Alberto Cano Vélez
A favor
Julio Castellanos Ramírez
A favor
Óscar Saúl Castillo Andrade
No votó
Alberto Emiliano Cinta Martínez
No votó
Raúl Gerardo Cuadra García
A favor
Mario di Costanzo Armenta En
contra
Roberto Gil Zuarth A favor
Ildefonso Guajardo Villarreal
A favor
Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa
No votó
Silvio Lagos Galindo No votó
Juan Carlos Lastiri Quirós
A favor
Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias
A favor
Óscar Guillermo Levín Coppel
A favor
Ruth Esperanza Lugo Martínez
A favor
Emilio Andrés Mendoza Kaplan
A favor
Pablo Rodríguez Regordosa
A favor
Leticia Quezada Contreras No
votó
José Narro Céspedes
En contra
José Adán Ignacio Rubí Salazar
No votó
Claudia Ruiz Massieu Salinas
A favor
María Esther de Jesús Sherman Leaño
A favor
Luis Videgaray Caso A favor
Mario Alberto Becerra Pocoroba
A favor
Graciela Ortiz González
No votó
David Penchyna Grub A favor
Ovidio Cortazar Ramos A favor
Luis Enrique Mercado Sánchez
A favor
Armando Ríos Piter En
contra
Víctor Manuel Báez Ceja
En contra
Adriana Sarur Torre A favor
Óscar González Yáñez
En contra
Cora Cecilia Pinedo Alonso A
favor
Guadalupe García Almanza
En contra
Ricardo Ahued Bardahuil En contra
Jesús Alberto Cano Vélez
A favor
Julio Castellanos Ramírez
A favor
Óscar Saúl Castillo Andrade
No votó
Alberto Emiliano Cinta Martínez
No votó
Raúl Gerardo Cuadra García
A favor
Mario di Costanzo Armenta En
contra
Roberto Gil Zuarth A favor
Ildefonso Guajardo Villarreal
A favor
Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa
No votó
Silvio Lagos Galindo No votó
Juan Carlos Lastiri Quirós
A favor
Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias
A favor
Óscar Guillermo Levín Coppel
A favor
Ruth Esperanza Lugo Martínez
A favor
Emilio Andrés Mendoza Kaplan
A favor
Pablo Rodríguez Regordosa
A favor
Leticia Quezada Contreras No
votó
José Narro Céspedes
En contra
José Adán Ignacio Rubí Salazar
No votó
Claudia Ruiz Massieu Salinas
A favor
María Esther de Jesús Sherman Leaño
En contra
Luis Videgaray Caso A favor
A las 11:27 horas del día nueve del mes de diciembre de 2009, en el salón de protocolo del edificio A, situado en Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, de la Cámara de Diputados, se reunieron los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con la convocatoria de fecha 8 de diciembre del presente año.
1. Lista de asistencia y presentación de los integrantes.
Se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes el presidente, 3 secretarios y 9 integrantes de la comisión.
2. Declaratoria de quórum.
El presidente, diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba, solicitó al diputado secretario Luis Enrique Mercado Sánchez que corroborara el quórum.
El diputado Luis Enrique Mercado informó que no se reunió el quórum necesario, por lo que se suspendió la reunión.
El presidente informó que se citaría para otra hora y lugar.
Diputados asistentes
Diputados: Mario Alberto Becerra
Pocoroba, presidente; Graciela Ortiz González, David Penchyna Grub,
Ovidio Cortázar Ramos, Luis Enrique Mercado Sánchez, Víctor
Manuel Báez Ceja, Armando Ríos Piter, Adriana Sarur Torre,
Óscar González Yáñez, Cora Cecilia Pinedo Alonso
, María Guadalupe García Almanza.
A la reunión ordinaria que se llevará a cabo el viernes 26 de febrero, a las 10:00 horas, en el salón de protocolo del edificio C.
Atentamente
Diputada Alma Carolina Viggiano Austria
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
A la reunión de mesa directiva que se llevará a cabo el lunes 1 de marzo, a las 12:00 horas, en la sala de juntas del órgano legislativo convocante, situada en el tercer piso del edificio G.
Atentamente
Diputado Pablo Escudero Morales
Presidente
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
A la reunión de mesa directiva que se realizará el lunes 1 de marzo, a las 19:00 horas, en el salón B del edificio G.
Atentamente
Diputado José Francisco Yunes Zorrilla
Presidente
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS DE CREACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS
A la primera reunión ordinaria, que se llevará a cabo el martes 2 de marzo, a las 10:00 horas, en el salón E del edificio G.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL
A la segunda sesión plenaria, que se efectuará el martes 2 de marzo, a las 11:00 horas, en el salón C del edificio G.
Orden del Día
4. Discusión y, en su caso, aprobación de dictamen turnado a la comisión:
a) En sentido positivo, sobre los puntos de acuerdo remitidos por la Junta de Coordinación Política por los que se exhorta al Congreso y al gobierno de Oaxaca a cumplir la responsabilidad que impone el artículo 10 de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Apoyo a sus Ahorradores, con relación al fraude cometido a la persona moral Sacriputla, SC de RL.
5. Informe de los asuntos turnados a la comisión:
a) Proposición con punto de acuerdo a fin de que
en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010
se asigne una partida especial para resolver la problemática de
la Sociedad Cooperativa Sacriputla, SC de RL, y por la Caja Popular Casandoo,
SA de CV, de Oaxaca, presentado por el diputado Elpidio Desiderio Concha
Arellano, del Grupo Parlamentario del PRI;
b) Minuta con proyecto de decreto que devuelve la Cámara
de Senadores, para los efectos de la fracción D del artículo
72 constitucional, donde se crea la Ley Reglamentaria del Artículo
25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
enviado por el senador Arturo Núñez Jiménez, del Grupo
Parlamentario del PRD;
c) Proposición con punto de acuerdo para solicitar
a las legislaturas de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal que emitan las disposiciones legales que regulen a
las personas físicas y jurídicas que realizan contrataciones
u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria no
reguladas en la legislación financiera y, en su caso, que revisen
las disposiciones jurídicas locales que regulan este tipo de instituciones
que se acogen a la figura de "asociaciones civiles" o "instituciones de
asistencia privada", presentada por el diputado Ovidio Cortazar Ramos,
del Grupo Parlamentario del PAN; y
d) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona
y deroga diversas disposiciones de las Leyes para regular las Actividades
de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y de Ahorro
y Crédito Popular, presentada por el diputado Javier Duarte de Ochoa,
del Grupo Parlamentario del PRI.
6. Asuntos generales:
a) Informe sobre el Curso intensivo de formación
cooperativa;
b) Informe sobre el foro-taller Cooperativismo y régimen
tributario, organizado por la comisión, el 13 y 14 de mayo,
en el Palacio Legislativo de San Lázaro;
c) Informe del tercer Congreso internacional de fomento
cooperativo, que organiza el Gobierno del Distrito Federal, mediante
la Secretaría del Trabajo, por realizarse el 3 de julio.
7. Clausura.
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LOS FONDOS APORTADOS POR LOS TRABAJADORES MEXICANOS BRACEROS
A la primera reunión ordinaria, que tendrá lugar el martes 2 de marzo, a las 14:00 horas, en el salón de protocolo del edificio A, planta baja.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO
A la reunión que la Subcomisión de Análisis y Revisión de Proyectos sostendrá el martes 2 de marzo, a las 16:00 horas, en la sala de juntas del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (edificio H, tercer piso).
Atentamente
Diputada Alma Carolina Viggiano Austria
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA
A la cuarta reunión ordinaria, que se realizará el martes 2 de marzo, a las 16:00 horas, en la zona C del edificio G.
Orden del Día
8. Evaluación del desempeño del sector agrario
del cuarto trimestre del ejercicio fiscal de 2009:
a) De resultados trimestrales y anuales en gasto ejercido
y metas;
b) Adecuaciones presupuestarias;
c) Reintegro de recursos por subejercicio; y
d) Eficacia en la aplicación de reglas de operación
en 2009.
9. Programación de las mesas de trabajo para la
atención de conflictos agrarios en Durango, Chihuahua, Chiapas,
Oaxaca, San Luis Potosí y Guerrero.
10. Programación de foros y consultas para las
reformas y adiciones de la Ley Agraria y divulgación de las iniciativas.
11. Análisis y estudio de proposición con
punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de Ejecutivo federal
y a los gobernadores de Durango, Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí
y Guerrero a integrar con las dependencias y entidades federales y estatales
involucradas mesas de diálogo para que, con la participación
de los legisladores de la Comisión de Reforma Agraria, se atienda
la problemática social, agraria y ambiental de los municipios, ejidos
y comunidades que se citan.
12. Asuntos generales.
13. Clausura.
DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
A la reunión extraordinaria de mesa directiva que tendrá verificativo el martes 2 de marzo, a las 17:00 horas, en la sala de juntas del órgano legislativo convocante, situada en el edificio D, planta baja.
Atentamente
Diputada Yolanda de la Torre Valdez
Presidenta
DE LA COMISIÓN BICAMARAL DE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN EN CHIAPAS
A la cuarta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 3 de marzo, a las 9:00 horas, en el salón Heberto Castillo, situado en la Cámara de Senadores (Paseo de la Reforma 10, piso 27).
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS
A la reunión de mesa directiva que tendrá lugar el miércoles 3 de marzo, a las 10:00 horas, en la sala de juntas del órgano legislativo convocante, situada en el edificio F, cuarto piso.
Atentamente
Diputado José Trinidad Padilla López
Presidente
A la tercera reunión plenaria, que tendrá lugar el miércoles 3 de marzo, a las 10:00 horas, en el salón de usos múltiples número 3 del edificio I.
Atentamente
Diputado Javier Corral Jurado
Presidente
A la reunión ordinaria que se llevará a cabo el miércoles 3 de marzo, a las 11:00 horas, en la zona C del edificio G.
Orden del Día
4. Avances del trabajo legislativo:
• Discusión y votación de dictámenes
de proposiciones de acuerdos.
• Discusión y votación de dictámenes
de iniciativas.
5. Propuestas para el avance del trabajo legislativo.
6. Asuntos generales.
DE LA COMISIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
A la cuarta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 3 de marzo, a las 12:00 horas, en el salón D del edificio G.
Atentamente
Diputado Pablo Escudero Morales
Presidente
DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A la quinta reunión plenaria, que se llevará a cabo el jueves 4 de marzo, a las 11:00 horas, en el salón E del edificio G.
Atentamente
Diputada Ninfa Clara Salinas Sada
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS DE LA FRONTERA SUR
A la primera reunión ordinaria, que se llevará a cabo el jueves 4 de marzo, a las 13:00 horas, en el salón C del edificio G.
Atentamente
Diputado Juan Carlos López Fernández
Presidente
A la reunión plenaria con el licenciado Miguel Ángel Toscano Velasco, comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que se realizará el martes 9 de marzo, a las 17:00 horas, en la zona C del edificio G.
Atentamente
Diputado Miguel Antonio Osuna Millán
Presidente
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS
A la sexta reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 10 de marzo, a las 10:00 horas, en el salón B del edificio G.
Atentamente
Diputado José Trinidad Padilla López
Presidente
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS
A la séptima reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 14 de abril, a las 10:00 horas, en el salón B del edificio G.
Atentamente
Diputado José Trinidad Padilla López
Presidente
DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Al Premio Nacional de Finanzas Públicas 2010
Cámara de Diputados
LXI Legislatura
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Premio Nacional de Finanzas Públicas
Tercera edición
2010
Presentación
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados es un organismo de apoyo técnico al que se le ha otorgado como misión contribuir a la función legislativa en materia de finanzas públicas y economía, mediante el análisis, seguimiento y evaluación técnica de las políticas públicas; así como apoyar a los legisladores, comisiones y grupos parlamentarios de una manera objetiva en el ámbito y finalidad de las atribuciones del Congreso de la Unión.
Actualmente la función del CEFP se desarrolla en circunstancias en las que la sociedad reclama una profunda reforma de las finanzas públicas y diversos sectores plantean inquietudes, opciones y alternativas para ello.
De ahí la importancia de convocar a la tercera edición del Premio Nacional de Finanzas Públicas, que al igual que en sus dos primeras ediciones, espera recibir una favorable participación de estudiosos y de ciudadanos que buscan que sus propuestas sean examinadas, discutidas, reconocidas y difundidas.
Siempre es grato emplazar al ejercicio de las ideas y del talento en el análisis, pero lo es más cuando se requieren ensayos inéditos que abonen al examen de soluciones y pongan a disposición del Poder Legislativo evidencias sobre las tendencias y los derroteros en el campo de las finanzas públicas y la responsabilidad hacendaria, por ello el CEFP publica su
Convocatoria al Premio Nacional de Finanzas Públicas
Tercera edición
2010
Objetivo
Impulsar la cultura de las finanzas públicas en México y disponer de un acervo de investigaciones de calidad y estudios de frontera en materia de finanzas públicas que coadyuven con el trabajo legislativo en el tema de referencia.
Premio
Bases
Podrán participar todos los interesados que cumplan
con los siguientes:
Requisitos
Presentar estudios enmarcados bajo las siguientes modalidades:
• Teóricos, cuando contribuyan a expandir la frontera del conocimiento en el campo de las finanzas públicas.
• Tecnológicos, cuando la aportación sea un desarrollo de software, hardware o de prototipos innovadores en el campo de las finanzas públicas y las políticas públicas asociadas a este tema
Reforma Hacendaria y Fiscal:
Los estudios, investigaciones o desarrollos tecnológicos pueden ser elaborados por una o varias personas, de nacionalidad mexicana o extranjeros.
Los trabajos deben cumplir las siguientes características:
Los ensayos se presentarán en cinco tantos, bajo pseudónimo, en disco compacto y en edición impresa. En forma anexa se acompañará un sobre lacrado con los datos del participante. Es importante que en el exterior del sobre lacrado se escriba un correo electrónico para mantener contacto y para avisos en general.
La entrega puede ser en forma personal en horas hábiles o por paquetería con acuse de recibo certificado en las instalaciones del CEFP, edificio I, primer piso, Palacio Legislativo, avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, código postal 15960, teléfono 5036 0000, extensión 56006.
Calendario
La convocatoria se abre a partir del martes 24 de noviembre de 2009 y la fecha límite de entrega de los trabajos será el lunes 1 de marzo de 2010.
Los resultados del jurado se darán a conocer el lunes 5 de abril de 2010 en el sitio www.cefp.gob.mx, y el premio se entregará la última semana del mismo mes en una ceremonia especial.
Exclusiones
Los trabajos patrocinados por entidades públicas o por empresas de carácter mercantil y aquellas obras cuyos derechos no sean propiedad del autor. Asimismo, no podrán participar los estudios elaborados por personal adscrito al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
Jurado
La tercera edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas contará con un reconocido y ameritado grupo de profesores, investigadores y estudiosos de universidades e institutos nacionales, así como de funcionarios públicos que se desempeñan en las dependencias relacionadas con las finanzas públicas.
Informes
Para aclaración y detalles de información
en general se pueen dirigir a la página: http://www.cefp.gob.mx,
o al teléfono 5036 0000 extensión 56006 o 55220
Al curso Fenómenos a los cuales está expuesto el territorio nacional, así como su impacto socioeconómico; avances en el atlas de riesgos, que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) de la Universidad Nacional Autónoma de México impartirá a los integrantes de ese órgano legislativo el miércoles 3 de marzo, de las 10:00 a las 14:00 horas.
El curso se llevará a cabo en las instalaciones del Cenapred, en Ciudad Universitaria: avenida Delfín Madrigal 665, colonia Pedregal de Santo Domingo, delegación Coyoacán, código postal 04360, México, Distrito Federal.
Atentamente
Diputado Fernando Morales Martínez
Presidente
Al foro Impulso del turismo de la salud, que se llevará a cabo el miércoles 10 de marzo, de las 8:00 a las 20:00 horas, en los salones 2 y 3 del edificio I.
Atentamente
Diputado Miguel Antonio Osuna Millán
Presidente
DEL COMITÉ Y DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Al foro Día Internacional de la Mujer. Avances y retos en los derechos humanos de las mujeres, que se llevará a cabo el miércoles 10 de marzo, de las 9:30 a las 14:30 horas, en el salón de usos múltiples número 4 del edificio I.
Confirmar la asistencia en las extensiones 59201 y 59207, o mediante correo electrónico a la dirección ceameg@congreso.gob.mx
Atentamente
Diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero
Presidenta del Comité
Maestra María de los Ángeles Corte Ríos
Directora General del Centro de Estudios
DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA
Al seminario internacional Democracia 2.0: nuevas tecnologías para una mejor comunicación con los ciudadanos que, en coordinación con el Centro Interamericano de Gerencia Política de Miami, se llevará a cabo el miércoles 17 y el jueves 18 de marzo, de las 10:00 a las 19:00 horas, en el salón de usos múltiples número 3 del edificio I.
Objetivo
Proporcionar una visión de los desafíos y las oportunidades que representan las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, y brindar los conocimientos para el desarrollo de estrategias de comunicación política, utilizando la red de Internet, las redes sociales y la revisión de las experiencias exitosas en otros países.
Temas
Atentamente
Maestro Carlos Enrique Casillas Ortega
Director General