De conformidad con los artículos 58, fracción I, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, Óscar García Barrón, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, y los demás firmantes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
El 11 de noviembre de 2009, la licenciada Guadalupe Pérez Domínguez, diputada federal, mediante oficio de esa fecha, solicitó a la Comisión de Reforma Agraria atención al conflicto social y agrario de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, para lo cual remitió un documento que contiene información del citado conflicto.
Los municipios mencionados son contiguos, y enfrentan un problema social derivado de la incertidumbre de la tenencia de la tierra. Los efectos de esta problemática en los dos municipios son la degradación de los bosques en Casas Grandes, la falta de inversión, el aumento del riesgo crediticio, y la falta de planeación y de competitividad de las empresas por la inseguridad jurídica de los terrenos sobre los que están plantadas las empresas de la región.
Este problema social tiene su fuente en un conflicto agrario caracterizado por 18 juicios agrarios sin solución, que mantienen en la incertidumbre 26 mil carteras de catastro de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, por la falta de certeza jurídica en la tenencia de la tierra.
El jueves 12 de noviembre pasado se reunieron en las oficinas de la Comisión de Reforma Agraria con el presidente de esta comisión, diputado Óscar García Barrón, y una representación de las etnias tzeltal y chol, integrada por autoridades de los bienes comunales de la zona lacandona, encabezada por su presidente, David González Sansores Chanquín, acompañados por el coordinador de la diputación federal de Chiapas, Sergio Lobato García, y el diputado Hernán de Jesús Orantes López, integrante de la Comisión de Reforma Agraria.
El propósito fue dar a conocer a la LXI Legislatura la problemática agraria, ambiental y social de la zona lacandona, solicitando su intervención ante las ausencias y falta de interés de los organismos gubernamentales del sector agrario, del sector ambiental y la propia representación del gobierno del estado, con la nula aplicación de los programas de desarrollo social que profundizan la pobreza y restringen la posibilidad de desarrollo de los pobladores de la zona lacandona.
La población indígena de esta zona vive el acoso de los cuerpos de seguridad pública, padece encarcelamientos injustificados y está inmersa en una situación de inestabilidad social originada por la falta de certidumbre en la tenencia de la tierra y por la posibilidad de confrontaciones campesinas que se derivan de las invasiones y defensa de la tierra en conflicto.
Se recibió también en las oficinas del despacho de la Comisión de Reforma Agraria a los interesados por las liquidaciones de las superficies de los terrenos afectados por la construcción de la presa Francisco Zarco, antes Las Tórtolas, en los ejidos de San Pedro del Tongo, Francisco Sarabia, La Loma, Paso Nacional, Emilio Carranza, José María Morelos, Graseros, Santa Teresa de la Uña y la Perla, en los municipios de Nazas y Lerdo, Durango, que no han sido pagadas, ya que no se ha iniciado siquiera la integración del expediente de expropiación correspondiente, muy a pesar de que sufren la afectación desde hace más de 40 años.
Es de hacerse notar que la afectación representa más de 2 mil 845 hectáreas, casas habitación, maquinaria, animales y enseres.
El 18 de noviembre de 2009, en audiencia realizada en las oficinas de la Comisión de Reforma Agraria, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se recibió a una comisión integrada por campesinos de Santiago Yaveo Choapam, Oaxaca, para plantear su problema social y agrario, caracterizado por una situación actual de relativa tranquilidad, dependiendo de resoluciones judiciales que pueden prolongarla, o cambiarla por una situación con probabilidades de enfrentamiento. En previsión, los comisionados solicitaron la intervención de la LXI Legislatura para actuar oportunamente y evitar situaciones de violencia que pudieran ser lamentables.
Existe solicitud expresa para que la Cámara de Diputados intervenga en el seguimiento de la promoción de soluciones, en los casos que nos ocupan, para evitar que se agudicen los conflictos sociales que tienen como causa la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra.
Esta legislatura no puede permanecer indiferente ante estas situaciones; es preciso cerrar el paso a la violencia provocada por la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra, iniciar o consolidar negociaciones de conciliación, y resolver de una vez por todas estas latentes situaciones explosivas, que frenan el desarrollo rural.
Por estas consideraciones, señores diputados, me permito someter a consideración de la asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura exhorta al titular del Ejecutivo federal y a los gobernadores de Durango, Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí y Guerrero a integrar con las dependencias y las entidades federales y las estatales involucradas mesas de diálogo para que con la participación de los legisladores de la Comisión de Reforma Agraria atiendan la problemática social, agraria y ambiental de los ejidos y comunidades de Nazas y Lerdo, Durango; Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, Chihuahua; los municipios de la zona lacandona, en Chiapas; y Santiago Yaveo, Oaxaca.
Segundo. La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura exhorta a los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública del gobierno federal; a los gobernadores de Durango, Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí y Guerrero; y a los alcaldes de los municipios citados en el acuerdo primero, y de la zona lacandona donde se localizan los conflictos, para que en sus acciones de gobierno interior y de seguridad pública, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, favorezcan en lo posible la seguridad y la paz social de estas regiones.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2010.
Diputado Óscar García Barrón (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL COMANDANTE DE LA VIGÉSIMA CUARTA ZONA MILITAR, AL
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y AL PODER EJECUTIVO DE MORELOS
A RESPETAR EN SUS FUNCIONES Y ACCIONES OPERATIVAS DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES Y LOS DERECHOS HUMANOS DE
LOS MORELENSES, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que se suscribe, diputado federal José Manuel Agüero Tovar perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea las siguientes
Consideraciones
Nuestro país se encuentra inmerso en sucesos que ponen en riesgo la seguridad y las garantías individuales de la ciudadanía, particularmente en algunas regiones y entidades del país; el incremento de las actividades delictivas, han creado un clima de inseguridad realmente preocupante, dando como resultado la violación de los derechos humanos, la caída de la actividad turística y la grave afectación de diversas actividades económicas en Morelos.
Casos emblemáticos de dicho fenómeno los encontramos al analizar diversos acontecimientos que a continuación se señalan:
Segundo. El pasado 11 de diciembre de 2009 en el fraccionamiento Los Limoneros del poblado de Ahuatepec del municipio de Cuernavaca, tuvo lugar un tiroteo entre militares y narcotraficantes que dio como resultado la muerte de una vecina de dicho fraccionamiento, quien era completamente ajena al conflicto que en ese momento acontecía.
Tercero. El día 16 de diciembre de 2009, en la colonia La Selva del municipio de Cuernavaca se realizó un operativo a cargó de la Secretaría de Marina con la finalidad de lograr la captura de Arturo Beltrán Leyva, dio como resultado la muerte de un civil que circulaba por el lugar de los hechos.
Cuarto. Los ciudadanos de Morelos, han padecido de retenes montados por parte de los militares, Policía Federal Preventiva, Policía Estatal y Municipal, violando así el artículo 11 constitucional.
Los ciudadanos morelenses están conscientes de las medidas preventivas que diferentes autoridades realizan para preservar la seguridad pública, lo que no es correcto y viola la integridad y seguridad de los ciudadanos; en dichos retenes, los bajan de sus vehículos con lujo de violencia sin importar que viajen familias completas, siendo cateados como si de criminales se tratase.
Asimismo, catean con violencia y sin orden judicial (artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) domicilios particulares, sin distinguir que sean unidades habitacionales, colonias populares, fraccionamientos, etcétera, violando así sus derechos.
Las autoridades en el uso excesivo de la fuerza y cateos irregulares, sobajan a las familias morelenses.
Quinto. Los militares han tratado de impedir la labor de periodistas que documentan el desarrollo de operativos y detenciones arbitrarias que están cometiendo. Se les ha obstaculizado grabar y fotografiar las acciones, en donde los militares aparecen con el rostro cubierto con pasamontañas negros, intimidándolos verbal y físicamente para que no lleven a cabo su labor profesional y ordenándoles mostrar y entregar el material grabado y fotografiado, amenazando con quitar las cámaras o llevárselos.
Sexto. Otra violación a las garantías y derechos humanos de la población civil, es que los militares quieren que los ciudadanos obedezcan y acaten sus órdenes; se han presentado agresiones físicas y violación de garantías al querer imponer la ley marcial a la población civil, quienes al no tener la respuesta esperada, surge como resultado final la violencia por parte de los militares.
De lo anterior, obra el antecedente documentado mediante oficios recibidos por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) quién notificó que ambas quejas quedaron integradas con los números de expediente CNDH/2/2009/3978/Q y CNDH/2/2009/3799/Q, sin embargo, se sigue utilizando la vía de la justicia militar para investigar estos casos, lo que ha significado una garantía de impunidad.
La Organización de las Naciones Unidas no recomienda el uso del ejército en labores de seguridad pública, ya que la experiencia internacional ha mostrado los efectos contraproducentes que conlleva utilizar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, violentando el estado de derecho, toda vez que los retenes militares son anticonstitucionales; el que los militares actúen con pasamontañas es ilegal, violatorio de los derechos humanos de la población, ya que ésta no puede denunciar al no estar en posibilidades de identificar a quienes le agreden y por tanto no podrán alcanzar justicia.
Recientemente, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, rindió su informe de labores ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, haciendo serios señalamientos a varios gobernadores entre ellos a Marco Antonio Adame Castillo gobernador de Morelos, por ignorar las recomendaciones emitidas por distintas violaciones a los derechos humanos dentro del ejercicio de su administración.
Al día de hoy, el gobierno de Morelos ha señalado que no existe una fecha para que la milicia deje de realizar actividades en contra de la delincuencia organizada en la entidad, a pesar de que en otros estados se han establecido fechas de inicio y conclusión.
Por lo expuesto, someto al pleno de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta al comandante de la vigésima cuarta zona militar; al secretario de Seguridad Pública y al Poder Ejecutivo de Morelos, para que en la actividad de sus funciones y acciones operativas en la lucha en contra de la delincuencia organizada, respeten las garantías individuales y derechos humanos de los ciudadanos morelenses.
Palacio Legislativo, a 16 de febrero de 2010.
Diputado José Manuel Agüero Tovar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL CONSEJO NACIONAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA
SECRETARÍA DE SALUD, AL DIF Y A LA SEP UN INFORME DETALLADO DEL
EJERCICIO Y EL EFECTO DEL PRESUPUESTO DESTINADO A ESTE SECTOR VULNERABLE,
A CARGO DE LA DIPUTADA HILDA CEBALLOS LLERENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
La Constitución General de la República, desde su artículo primero, prohíbe cualquier forma de discriminación que atente contra la dignidad humana y expresamente se refiere a la condición social de la discapacidad. El Plan Nacional de Desarrollo propone otorgar apoyos a las personas con discapacidad para su integración a las actividades productivas y culturales, con plenos derechos y con independencia.
La filosofía y espíritu de estos instrumentos de atención a las personas con algún tipo de discapacidad física, intelectual, auditiva, motora, visual y otros problemas de comportamiento, son sin embargo menoscabados por las prioridades de la burocracia. Parecería que a este sector vulnerable de nuestra sociedad se le quisiera mantener invisible, en la oscuridad. Hay en nuestro país, una ausencia histórica de estrategias públicas que valoren adecuadamente la realidad de 10 millones de personas –cifra estimada por la Organización Mundial de la Salud– que hoy más que nunca requieren de la solidaridad de la sociedad; de la atención de los programas de gobierno y sus presupuestos, y del interés de las políticas públicas.
Es muy importante hacer conciencia de que estos compatriotas, mermados por complicaciones en su naturaleza humana, luchan con gran dignidad por hacer valer su derecho a la vida. No piden ni imploran caridad o misericordia ni pretenden ser una carga para nadie, sino demandan su espacio de oportunidad que estimule su integración laboral, social, educativa y cultural.
Desafortunadamente, en nuestro país se va imponiendo la cultura de la indiferencia hacia las personas con discapacidad. Esta afirmación se comprueba con un dato preocupante: Los recursos etiquetados para su atención y apoyo, que concentra el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF y la Secretaría de Educación Pública, se redujeron para 2010, hasta en 55 por ciento. Esta situación se agrava en estados y municipios.
Estas son las razones que me impulsaron para presentar este punto de acuerdo. Cuando en junio de 2003 se aprobó la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación que establece medidas que protegen a las personas con discapacidad, este hecho fue saludado con gran optimismo pues era el primer paso para concretar medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades.
El avance se sintió más alentador, cuando en el 2006 se aprobó la Ley General para las Personas con Discapacidad que establece la obligación del Estado de capacitar y procurar la inserción al empleo a personas con discapacidad o diseñar y ejecutar programas para incorporar a estas personas como servidores públicos.
Estos logros, tan cruciales y decisivos en las leyes, se ven sin embargo disminuidos en la realidad. A la involución de los presupuestos, se suma la insuficiente promoción de una cultura de inclusión social y de respeto, que garantice a los discapacitados el derecho a la igualdad, que es el primero de los derechos fundamentales de la Constitución.
Ese es el gran reto que tenemos como sociedad, como gobierno y como legisladores: lograr que los esfuerzos que se han hecho para conseguir que las personas con discapacidades cobren visibilidad pública, se transformen ahora en acciones permanentes, con presupuestos suficientes e intocables, que garanticen para este sector de mexicanos, su plena inclusión social.
Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados, se solicite al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad de la Secretaría de Salud; al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Secretaría de Educación Pública, un informe detallado del ejercicio del presupuesto para este sector vulnerable, así como el impacto de los ajustes presupuestales en el cumplimiento de los objetivos institucionales de este programa.
Palacio Legislativo, a 16 de febrero de 2010.
Diputada Hilda Ceballos Llerenas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO DE MICHOACÁN A ABROGAR EL DECRETO PUBLICADO
EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL JUEVES 31 DE DICIEMBRE DE
2009 CON EL QUE SE DEJA SIN EFECTO EL SIMILAR DEL 19 DE AGOSTO DE 1993
QUE DECLARÓ ÁREA NATURAL PROTEGIDA LA LOMA DE SANTA MARÍA
Y SUS DEPRESIONES ALEDAÑAS, A CARGO DEL DIPUTADO AGUSTÍN
TORRES IBARROLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado Agustín Torres Ibarrola, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, para exhortar al gobierno de Michoacán a abrogar el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el jueves 31 de diciembre de 2009; exhortar al ayuntamiento de Morelia a elaborar un proyecto alternativo de acceso vial a Santa María que respete el área natural protegida y que tome en cuenta la opinión de los ciudadanos; exhortar al ayuntamiento de Morelia a catalogar las 232.8 hectáreas del área natural protegida como zona de preservación ecológica y evitar la construcción de cualquier inmueble en dicho lugar; exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a rechazar el cambio de uso de suelo forestal de la zona, así como a denegar la autorización en materia de impacto ambiental del proyecto de vialidad referido; exhortar a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a declarar las 232.8 hectáreas de la Loma de Santa María y depresiones aledañas como un área natural protegida de la federación; exhortar a la Secretaría de Gobernación a realizar un estudio técnico de protección civil para determinar los riesgos de la construcción de túneles y puentes sobre la cañada de los filtros viejos de Morelia y la falla geológica que ahí se encuentra.
Consideraciones
La Loma de Santa María y la cañada de los filtros viejos de Morelia son un pulmón verde de la ciudad. Le dan un fondo de paisaje verde que puede verse casi desde cualquier punto de la mancha urbana. Le ayudan a la ciudad a conservar su clima y son abrigo de muchos mamíferos y aves, algunas de ellas en peligro de extinción.
La protección a esa zona se comenzó a dar desde 1936, cuando el presidente Lázaro Cárdenas del Río la declaró zona protectora forestal. Años más tarde, en 1984, su hijo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano emitió una declaratoria de preservación ecológica de la franja. Finalmente, en 1993 el gobernador Ausencio Chávez decretó 232.8 hectáreas como área natural protegida de conformidad con la legislación local.
Absolutamente todos los estudios técnicos que han sido realizados coinciden en la importancia ambiental del área. Provee servicios ecosistémicos de regulación climática, captura de carbono, recarga de acuíferos, cuenta con una biodiversidad importante, sirve como lugar de protección para aves, mamíferos y otras especies animales de la región. Es un espacio de recreación para la población y embellece el paisaje de Morelia. Es de vital importancia preservarla tal como se encuentra ahora.
El último día del año pasado, de manera sorpresiva, ilegal e infundada técnicamente, el gobierno de Michoacán abrogó el decreto de creación del área natural protegida.
El gobierno estatal violó la Ley Ambiental y de Protección del Patrimonio Natural del Estado en su artículo 71, toda vez que para extinguir un área natural protegida es necesario seguir las mismas formalidades que para establecerla, es decir, poner a disposición del público los estudios que justifiquen el cambio, notificar a los propietarios de los terrenos involucrados sobre el inicio del procedimiento, publicar en el periódico oficial y en un diario de mayor circulación en el estado el inicio del procedimiento modificatorio y, por último, realizar reuniones públicas de información y consulta. Ninguna de estas acciones fue realizada por el gobierno estatal.
El único argumento que en ese momento dio el gobierno estatal para desaparecer el área natural protegida fue que era necesaria la restauración del hábitat y que por tanto era necesario crear una zona de restauración y protección ambiental.
El gobierno estatal nunca explicó porqué la extensión de la zona de restauración y protección ambiental dejó fuera 61.5 hectáreas que antes formaban parte del área natural protegida. En ellas hoy se puede construir absolutamente cualquier cosa con el sólo permiso del ayuntamiento.
El estudio técnico justificativo para reducir el área y cambiarla de estatus no es técnico ni es justificativo. No es técnico porque está lleno de plagios. Hemos comprobado que los antecedentes históricos son una copia literal de portales de Internet como Wikipedia y otros similares. No es justificativo porque el estudio reconoce en sus conclusiones que el área tiene una gran importancia y a pesar de eso recomienda reducirla en su extensión y en su categoría jurídica.
Para evitar la degradación y recuperar el área no se necesitaba desaparecer el área natural protegida. El artículo 60 de la Ley Ambiental y de Protección del Patrimonio Natural del Estado permite expresamente la restauración de hábitat que se encuentren sujetos a procesos de deterioro o degradación en áreas naturales protegidas.
Es mentira que sólo bajo la figura de zona de restauración podamos recuperar ese hábitat. La realidad es que esa figura no trae ningún beneficio. La única razón para crearla es que la ley no establece mayor formalidad y ello le facilitaba el camino al gobierno para realizar este atropello.
Lo que hoy es bosque y ríos podría ser mañana fraccionamientos y avenidas. El proyecto de vialidad que se pretende construir no ha sido siquiera presentado. Solamente se ha señalado el trazo geométrico de ésta pero no se ha aterrizado en un proyecto concreto. En todo caso, para la construcción de esa vialidad se necesitarían aproximadamente 2.8 hectáreas pero se le han quitado 61.5 al área natural protegida.
Acción Nacional siempre ha pugnado por desarrollar a nuestro país. Pero siempre desde la perspectiva humanista y con respeto a lo que nos rodea. El desarrollo debe ser sustentable. La recomendación en la "Agenda Hábitat" de la ONU de 1996 establece un mínimo de 16 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Morelia cuenta solamente con un metro cuadrado y aún así se le quiere quitar más.
La Ley Ambiental y de Protección del Patrimonio Natural del Estado, en su artículo 165 otorga al Consejo Estatal de Ecología la facultad de opinar y participar en la planeación y aplicación del Programa Estatal Ambiental, así como para asesorar al Ejecutivo estatal en lo referente a políticas y acciones ambientales. En uso de sus atribuciones, el miércoles 27 de enero dicho consejo recomendó al gobernador retractarse de su decisión de quitarle a la Loma de Santa María su estatus de área natural protegida. De 27 consejeros presentes, 24 votaron por devolverle su estatus de área natural protegida y 3 se abstuvieron de votar.
Recientemente, más de 200 académicos de la Universidad Michoacana, el ITESM Campus Morelia, la UNAM, El Colegio de Michoacán, la Universidad Autónoma de Chapingo, el Instituto Tecnológico de Morelia y la UAM firmaron una carta en la que demandan entre otras cosas, la inmediata abrogación del decreto del 31 de diciembre pasado.
Este domingo, durante su segundo informe de gobierno, el gobernador Leonel Godoy reconoció su error y anunció que catalogará las 61.5 hectáreas como zona de restauración y protección ambiental. Esto no es suficiente ya que bajo esa figura jurídica no existen las restricciones suficientes para evitar la construcción de inmuebles ni tampoco la necesidad de realizar consultas ciudadanas para eliminarlas.
Por lo expuesto, someto a la consideración de ésta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno de Michoacán a abrogar el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, el jueves 31 de diciembre de 2009, con el que se abroga el decreto del 19 de agosto de 1993 que declaró área natural protegida la Loma de Santa María y sus depresiones aledañas.
Segundo. Se exhorta al ayuntamiento de Morelia a elaborar un proyecto alternativo de acceso vial a Santa María que respete el área natural protegida y que tome en cuenta la opinión de los ciudadanos.
Tercero. Se exhorta al ayuntamiento de Morelia a catalogar las 232.8 hectáreas del área natural protegida como zona de preservación ecológica y a evitar la construcción de cualquier inmueble en dicho lugar.
Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a rechazar el cambio de uso de suelo forestal de la zona, así como a denegar la autorización en materia de impacto ambiental del proyecto de vialidad referido.
Quinto. Se exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a declarar las 232.8 hectáreas de la Loma de Santa María y depresiones aledañas como un área natural protegida de la federación.
Sexto. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar un estudio técnico de protección civil para determinar los riesgos de la construcción de túneles y puentes sobre la cañada de los filtros viejos de Morelia y la falla geológica que ahí se encuentra.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2010.
Diputado Agustín Torres Ibarrola (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA DESIGNACIÓN DE UN GRUPO PLURAL DE TRABAJO QUE SE ENCARGUE DE
BUSCAR UN ACERCAMIENTO ENTRE EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS,
METALÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, GRUPO
MÉXICO Y LA STPS PARA RESOLVER EL CONFLICTO DE LA MINA DE CANANEA,
A CARGO DE LA DIPUTADA MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
La suscrita, diputada federal Mary Telma Guajardo Villarreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo
Consideraciones
El 11 de febrero de 2010, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, dictó sentencia dando por terminadas las relaciones de trabajo tanto individuales como colectivas de los trabajadores de la mina de Cananea, de esta manera este tribunal dio su respaldo al injusto laudo, del pasado 14 de abril, dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en que ésta determinó que supuestamente Grupo México acreditó una causa de fuerza mayor, no imputable a este grupo, relativa a que en la mina de Cananea hay daños y destrucción producidos a la maquinaria, materiales, instalaciones y equipos esenciales para su funcionamiento y operación, de tal gravedad que producen "como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos". Una causal de terminación mentirosa, improcedente, de ciencia ficción. Es decir, ¡se dan por terminados los trabajos en esta mina ante la supuesta imposibilidad de reanudarlos, autorizando a la empresa para que de inmediato reanude operaciones, con un nuevo contrato colectivo y otro sindicato! Tamaño cinismo, tamaña burla del derecho y a la justicia pocas veces se ha visto.
Esta resolución violenta abiertamente lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo y el artículo 123 Constitucional, ya que además de lo antes dicho, es improcedente la terminación de la relación de trabajo en tanto perdure el estado de huelga; pero más allá de esto, esta resolución se traduce en una sentencia de muerte contra la legalidad laboral, la autonomía sindical, la contratación colectiva y la huelga.
Es por tanto, una declaración abierta de que continuarán el desempleo, los salarios de miseria, la inestabilidad laboral; de que el gobierno federal está decidido a imponer a toda costa la contrarreforma laboral conocida como "Lozano". Baste ver que a los 46 mil desempleados del SME, ahora se suman los más de mil 200 empleos de Cananea; y no ha de tardar mucho para que sigan el mismo camino las huelgas de Taxco y Sombrerete.
Pero por encima de todo, esta inconstitucional resolución abre el camino para la represión de los trabajadores de Cananea, de hecho ya han comenzado a llegar a este lugar miembros del ejército y de la policía federal. La resolución de comento, no es solución alguna, sino que abre el camino para el agravamiento del conflicto minero, ya que los mineros de Cananea han declarado que no aceptarán y resistirán esta resolución, por su parte los trabajadores de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas "las Truchas, pertenecientes a la sección 271 del sindicato minero, han anunciado que paralizarán sus labores en solidaridad y están dispuestos a cerrar el puerto del mismo nombre.
Los hechos de Cananea acaecidos en 1906, nada dicen a este gobierno insensible y contrario, por sistema, a los derechos de la clase trabajadora.
Ha llegado el momento de que el Legislativo federal exija la restauración de la legalidad en el mundo laboral, antes de que la acumulación de tanta injusticia presione a conductas de justicia por propia mano. Sorprende tanta dureza contra la clase trabajadora, en contraste con la errática y tibia actitud frente a la delincuencia.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al pleno de la honorable Cámara de Diputados, para que designe una comisión integrado por diputados de todos los Grupos Parlamentarios, para que se encargue de buscar un acercamiento entre el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, el Grupo México y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto de que el conflicto de la mina de Cananea, se resuelva sobre las vías del diálogo y, se evite en todo momento el uso de la violencia; respetándose el estado de huelga que el propio Poder Judicial declaró previamente como existente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero 2010.
Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LA SEMARNAT A FIN DE QUE EMITA
UN REGLAMENTO SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PLANEACIÓN DEL CESE
DE OPERACIONES DE LAS MINAS EN MÉXICO; Y A GARANTIZAR QUE NO SE
GENEREN PASIVOS AMBIENTALES PARA EL FUTURO DE NUESTROS HIJOS, A CARGO DEL
DIPUTADO CARLOS SAMUEL MORENO TERÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PVEM
El diputado Carlos Samuel Moreno Terán, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Desde el cambio a la Ley Minera en 1992, que permite desde entonces la inversión extranjera de 100 por ciento en este sector, la minería en México ha estado en una etapa de desarrollo acelerado. De acuerdo a los datos aportados por el Servicio Geológico Mexicano, la inversión extranjera en 2008 dedicada a la exploración fue de 929 millones de pesos aportados por alrededor de 263 empresas en 677 proyectos.
El volumen de la producción de oro aumentó respecto al año anterior 28 por ciento, el de la plata 13.5 por ciento, el del plomo 12.1 por ciento, entre otros.1
El aumento de producción se ha debido a la apertura de nuevas minas como Los Filos, en Guerrero; Peñasquito, en Zacatecas; El Chanate, en Sonora; Dolores y Pinos Altos, en Chihuahua; las expansiones de La Herradura, en Sonora; y Fresnillo, en Zacatecas; y la reapertura y acondicionamiento de minas antiguas como La Colorada, Topia y Guanaceví, en Durango y en Guanajuato; y Cozamín, en Zacatecas, entre otras. A la fecha se encuentran amparadas 25 millones de hectáreas de terreno como concesiones mineras en el país, en las cuales se desarrollan las minas y proyectos de exploración.
Este desarrollo se ha logrado gracias a las inversiones de las empresas mineras, de capital esencialmente extranjero, en exploración de minerales metálicos que han propiciado el descubrimiento de grandes yacimientos principalmente de metales preciosos como el oro y la plata, de yacimientos polimetálicos de plomo, zinc y cobre, y de yacimientos de cobre diseminado de gran tonelaje y leyes generalmente bajas.
Con excepción de los yacimientos polimetálicos las características de los yacimientos encontrados son en su mayoría de gran tonelaje y baja ley (o sea con contenidos metálicos muy bajos), los cuales implican para su explotación grandes operaciones mineras con enormes movimientos de tierra. Estos yacimientos minerales han sido objeto de explotación en forma de grandes y medianas unidades mineras debido a varios factores como son los siguientes:
• Las condiciones fiscales y laborales favorables de México en comparación con otros países;2y
• Los altos precios internacionales de los metales.
Se conoce que por su magnitud la cantidad de residuos mineros generada por una de las nuevas minas en nuestro país duplicará en una década la cantidad de residuos generados en cientos de años por la minería en México. Aunque actualmente y en forma voluntaria existen algunas contadas empresas que están empezando a planear los cierres de minas durante la operación minera, es evidente que se hace con recursos limitados debido a que es una actividad totalmente voluntaria en su concepción.
La legislación ambiental en México es amplia, pero en el caso de las minas carece de enfoques específicos relativos a los efectos a largo plazo de la minería en una región. Hay que tener en cuenta que algunas minas llegan a tener hasta décadas de operación y sus efectos al ambiente serán evidentes hasta en cientos de años, de manera que se necesita una legislación que garantice a la sociedad la conservación del ambiente a las siguientes generaciones.
Las manifestaciones de impacto ambiental3 que se requieren para el desarrollo de una mina incluyen un modesto capítulo acerca del programa tentativo de cierre el cual normalmente se enfoca a aspectos de rehabilitación pero que no garantizan que se realizarán durante la operación de la mina, ni tampoco garantiza la existencia del presupuesto asignado a éste.
No existe a la fecha ningún procedimiento que obligue a la autoridad o a un tercero designado por ésta a realizar auditorías que garanticen que se cumplen con dichos procedimientos de cierre de minas en tiempo y forma. A la fecha la minería está sujeta, adicionalmente a las leyes y reglamentos ambientales actuales, a las siguientes normas específicas para el sector:
NOM-141-SEMARNAT-2003, que establece los requisitos para la caracterización del sitio, proyecto, construcción, operación y postoperación de presas de jales;
NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, que establece criterios para determinar las concentraciones de remediaciones de suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, selenio, talio o vanadio; y
NOM-155-SEMARNAT-2007, que establece los requisitos de protección ambiental para los sistemas de lixiviación de minerales de oro y plata.
Otro aspecto importante resulta de la falta de información a las comunidades afectadas y potencialmente afectadas por la mina, acerca de los cambios ambientales y sociales propios de la operación minera y del período postcierre. No existe a la fecha obligación alguna para las empresas mineras de recibir la retroalimentación de los habitantes de las comunidades necesaria para que éstas vivan con tranquilidad acerca de la seguridad ambiental de la operación a largo plazo.
Es importante reconocer que las operaciones mineras son, salvo raras excepciones, finitas en el tiempo debido a que cierran sus operaciones cuando éstas ya no son rentables. Las causas del cierre de las operaciones mineras son las siguientes:4
• Reservas mineras finitas, las cuales no sólo dependen de una operación acertada, sino de la geología misma del yacimiento, la cual hace variar con el tiempo no sólo su tonelaje y ley sino también sus características mineralógicas, hasta hacer insostenible financieramente la operación por falta de mineral adecuado;
• Operaciones mineras deficientes tanto tecnológica
como administrativamente;
• Pérdida de mercado del metal; y
• Decisión empresarial.
La regulación del cierre de las operaciones mineras contribuye a:
2. Que las empresas incluyan en la planeación y ejecución de la operación el proceso de rehabilitación progresiva del lugar, e incluyan el costo de dicha rehabilitación en los estudios de viabilidad financiera del proyecto y del presupuesto de operación consecuente, con la filosofía de minando para el cierre;
3. Que las comunidades puedan planear el futuro de las mismas a consecuencia del conocimiento de los planes de rehabilitación y valorización del terreno;
4. Evitar la generación de pasivos ambientales;
5. Asegurar la existencia de fondos para dicha rehabilitación y el monitoreo de ésta; y
6. Mejorar la comunicación con las comunidades, hacer transparente el proceso ante la sociedad y hacer positivo el legado de la minería en las regiones donde esta se realiza,
• Los procesos para la presentación y aprobación de los planes de cierre de minas;
• El contenido requerido de un plan de cierre de minas;
• Las garantías financieras que aseguren la disponibilidad del efectivo para cubrir los costos de dicho plan aún cuando la empresa minera no cumpla con dichas obligaciones; y
• Procesos de auditorías del plan de cierre de minas para toda la vida de la mina y el cierre final hasta que se genere el informe final del cierre.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que proceda a emitir a la mayor brevedad posible un reglamento que norme con efectividad la obligatoriedad de la planeación del cese de operaciones de las minas en México y que con esto se garantice que no se generen pasivos ambientales para el futuro de nuestros hijos.
Notas
1. Servicio Geológico Mexicano, 2009. Anuario
estadístico de la minería mexicana ampliada 2008. http://www.sgm.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=44&seccion=Productos
2. De acuerdo a especialistas de Behre-Dolbear, México
es considerado para la industria minera como el país más
favorable fiscalmente de 25 países mineros considerados. 2010
ranking of countries for mining investment where "not to invest", Behre
Dolbear Group Inc.
3. Semarnat, 2002. Guía para la presentación
de la manifestación de impacto ambiental minero. Modalidad: particular.
4. Complementado de Cartagena, Patricio, 2007. Cierre
de faenas mineras. Una aproximación a la situación en
Chile. http://www.sonami.cl/exposiciones/cursomineria2007/pcartagena.pdf
5. Welsh, David R. SKM Minmetal, 2007. Mine closure-a
regulators guide to the things that matter. http://www.skmconsulting.com/Knowledge-and-Insights/Technical-Papers/mineclosure-regulators-guide-to-matters.aspx
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 16 de febrero de 2010.
Diputado Carlos Samuel Moreno Terán (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA SCT PARA QUE EXPLIQUE LOS
CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LAS FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO,
A CARGO DEL DIPUTADO MARIO DI COSTANZO ARMENTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PT
La Constitución General de la República prevé en los artículos 25 y 28, aquéllos bienes necesarios para el desarrollo de la infraestructura nacional y que considera como área prioritaria para ese efecto, sobre los cuales el Estado ejerce su rectoría. Entre éstos, destaca el espectro radioeléctrico.
De tal suerte, el espectro radioeléctrico es un bien de interés público cuya administración es parte estratégica de las políticas públicas del Estado mexicano para promover el desarrollo. Resulta indispensable, por tanto, contar con reglas claras para su asignación a los agentes económicos a fin de garantizar certeza jurídica, promover la competencia y evitar la corrupción.
En este sentido, los diputados debemos tener información sobre los criterios que el Ejecutivo federal utiliza para la licitación de las frecuencias del espectro radioeléctrico que son propiedad de la nación, es decir, propiedad de todos los mexicanos.
Es preocupante observar que contrario a lo que establece la legislación en la materia para promover una sana competencia entre los concesionarios y evitar la concentración, el Ejecutivo Federal este empeñado en regalar frecuencia del espectro radio eléctrico, a sus amigos o acreedores.
Es indispensable, si queremos que nuestro país se desarrolle en este sector, terminar con ese modelo perverso de licitar concesiones a la medida para los amigos o para pagar antiguas deudas, ya que si se va a continuar con este tipo de decisiones absurdas, fuera de todo marco legal, entonces para que sirven las leyes e instituciones aprobados por este Congreso; como el caso de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Cofetel, que si no va a servir para regular la sana competencia y en este sector, pues mejor la desaparecemos y utilizamos los recursos de manera más eficiente, como pudiera ser para ayudar a los que menos tienen y no para seguir manteniendo funcionarios inútiles.
Es importante destacar que la decisión de favorecer a una sola empresa: Televisa, la mayor usufructuaria del espectro radioeléctrico, resulta contrario a las leyes aprobadas por este Congreso para mantener la competencia y evitar –como ya lo expusimos– la concentración en el sector.
Es obligación de este Congreso conocer la política integral en materia de comunicaciones que habrá de seguir el gobierno de Felipe Calderón, pues se deben evaluar si el desarrollo en el sector de debe a una planeación estratégica para el desarrollo económico de la nación o solamente al desarrollo de la economía personal de sus amigos.
Por las consideraciones expuestas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, somete al pleno de esta soberanía, como de urgente resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. El pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, para que explique los criterios de asignación de las frecuencias del espectro radio eléctrico.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de febrero del año dos mil diez.
Diputado Mario di Costanzo Armenta (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL QUE INSTRUYA AL INEGI PARA
QUE INCORPORE UNA CÉDULA ADICIONAL SOBRE LA SALUD EN EL CENSO NACIONAL
DE POBLACIÓN Y VIVIENDA DE 2010, A EFECTO DE OBTENER UN EFECTIVO
DIAGNÓSTICO DE LA SALUD EN MÉXICO Y QUE EL CONTENIDO DE LA
CÉDULA SE ACUERDE CON EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, A CARGO
DEL DIPUTADO ANTONIO BENÍTEZ LUCHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRI
El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En nuestro país, los problemas de la salud cada día van en aumento, por múltiples padecimientos, que van desde las infecciones respiratorias agudas, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, las infecciones urinarias, las infecciones intestinales, que representan, las úlceras, la gastritis y la duodentitis , entre muchos otros. Todas ellas suponen, además del sufrimiento de las personas y sus familias altos costos de atención, sobre todo por la baja capacidad preventiva.
La obesidad y la diabetes, por citar un ejemplo, representan un gasto en atención de cerca de mil 500 millones de pesos, además de ser una de las 10 principales causas de hospitalización en adultos y ocasionar cada año 70 mil muertes prematuras.
Frente a ello, el planteamiento de contar con un sistema nacional de salud único continúa siendo vigente. Aunque administración tras administración ha sido abordado desde la mayor diversidad de posturas sustentadas, para alcanzarlo en beneficio de la calidad de vida de todos los mexicanos, es imprescindible alcanzar un modelo eficiente de generación y manejo de información que permita con toda oportunidad, su intercambio y utilización, sin barreras geográficas o institucionales, lo que se lograría con la conformación del archivo nacional de salud.
La constitución de tan importantes bases de datos es estratégica para la obtención del diagnóstico preciso de la salud en nuestro país, mejorar la salud, disminuir las desigualdades territoriales y sociales y alcanzar un modo de vida más digno para todos. Para lo anterior, la premisa fundamental, es la obtención de información de primera fuente, a lo cual se puede acceder mediante la cobertura y profundidad de la más importante herramienta estadística que prevé la ley, como son los censos nacionales de población y vivienda.
El objetivo anterior, se lograría mediante el empleo de un instrumento de captación de información en salud en el Censo Nacional de Población y Vivienda, que se efectuará en este año 2010. La obtención de datos iniciales conformaría, en primera instancia, un mejor y actualizado diagnóstico de la salud en méxico, con miras a la conformación del archivo nacional de salud que de la mano y apegado al rigor técnico y metodológico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se conjuntaría con el levantamiento de la información estadística que sus protocolos consideran.
En este sentido, cabe recordar que, a partir del año 2006, se implantó el Sistema Nacional de Encuestas en Salud, en la cual se recabó información relacionada al estado de salud y nutrición de la población mexicana, específicamente con un enfoque en la prevalencia de algunos padecimientos crónicos e infecciosos, la calidad y respuesta de los servicios de salud, y el gasto en salud que realizan los hogares mexicanos.
La información obtenida permitió crear una base de información para evaluar los cambios de prevalencias en la población, al comparar los resultados con las encuestas nacionales de nutrición previas.
Sin embargo, a pesar de la riqueza de la información obtenida en el ámbito nacional en materia de salud pública, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición contempla un diseño estadístico con cálculo muestral de tipo probabilístico, polietápico, estratificado y por conglomerados, que presenta dos componentes, salud y nutrición dividiendo el país en rutas donde el levantamiento se hizo en forma simultánea: noroeste noreste, sur y centro del país, lo cual la limita si se compara con las virtudes que tiene el censo en términos universalidad y especificidad de la información.
La encuesta nacional, por su naturaleza, permite estimar prevalencias y números absolutos, y el uso de ponderadores que generan cifras expandidas, empleando un mecanismo de realización para cada entidad federativa, lo que puede potenciarse con los beneficios del levantamiento del censo nacional. Además de incorporar un instrumento de captación que permita proveer información censal de los individuos específicamente en lo referente a factores de riesgo, enfermedades prevalentes e incidentes, que explore además de los daños a la salud y grupos vulnerables, se sentarían las bases para la conformación del archivo nacional de salud. Este ejercicio permitiría en primera instancia, el registro individual y la ubicación de los enfermos desde las familias y localidades en todo el territorio nacional.
Por estas consideraciones y ante la inminencia del censo de población, se propone el uso de un instrumento anexo, para permitir la captación de datos y proveer información censal de familias esencialmente en lo relacionado a factores de riesgo, enfermedades prevalentes e incidentes de importancia epidemiológica, logrando la obtención de un registro único de familias, y por ende de pacientes en todo el territorio nacional. Esta información estadística, facilitaría una planeación más efectiva en el ámbito de la salud pública.
Lo anterior fortalecería las actividades de coordinación del sistema nacional de información y de sus subsistemas, así como la prestación del servicio público de información a toda la sociedad. Al anexar un instrumento que explore daños a la salud al cuestionario básico, se evitará la inversión de recursos en encuestas específicas de salud, atendiendo a la necesidad de eficiencia y racionalidad presupuestal y administrativa, a la vez que nuestro país avanzaría en el camino de alcanzar, como lo dispone la Constitución, una salud universal en un marco de justicia social.
Por lo anteriormente expuesto, presento a esta asamblea la siguiente proposición, conforme al siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que incorpore una cédula adicional sobre la salud de los mexicanos en el próximo Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, a efecto de obtener un efectivo diagnóstico de la salud en México. Para tal efecto, se propone que el contenido de dicha cédula se acuerde con el Consejo de Salubridad General.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2010.
Diputado Antonio Benítez Lucho (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE DENUNCIAN LAS ACTIVIDADES PARTIDISTAS DEL GOBERNADOR DE COLIMA, A CARGO
DEL DIPUTADO LEONCIO MORÁN SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito, diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades competentes, a saber, a la Comisión Jurisdiccional de esta honorable Cámara de Diputados, a la Auditoría Superior de la Federación, al Instituto Federal Electoral, al Instituto Electoral del Estado de Colima y la Contaduría Mayor de Hacienda del estado de Colima, a perseguir las probables violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Penal Federal, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Código Electoral del estado de Colima, la legislación vigente en materia de responsabilidades de los servidores públicos, entre otras, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado lunes 8 de febrero, en la colonia Arboledas del Carmen, del municipio de Villa de Álvarez, entre la una y las dos de la tarde, el gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno puso en marcha el programa gubernamental "Cien Días Cien Pisos", en un acto público, acompañado, entre otras personas, por la alcaldesa de la localidad Brenda Gutiérrez Vega, por el secretario general de gobierno, Jesús Orozco Alfaro, y el secretario de Desarrollo Social de Colima, Héctor Michel Camarena.
De acuerdo con información proporcionada por testigos asistentes a dicho evento y lo que muestran diversas fotografías que exhibo ante ustedes en este momento, el gobernador Mario Anguiano Moreno portó en todo momento una camisa verde con el logotipo del PRI violando, de esta forma, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la normatividad vigente en materia electoral que prohíbe el uso de los recursos públicos y programas de gobierno para la promoción de la imagen personal y de los partidos políticos.
El artículo 134 constitucional es claro en ello:
…
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Por su parte, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señala en su artículo 347 que:
…
b) La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales;
d) Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el séptimo párrafo del artículo 134 de la Constitución;
e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato;
a) …
b) …
c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales;
d) …
e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal o municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato; y
Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de uno a nueve años, al servidor público que:
II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un partido político o candidato;
III. Destine, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido político o de un candidato, sin perjuicio de las penas que pueda corresponder por el delito de peculado; o
IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a los partidos políticos o a sus candidatos, a través de sus subordinados, usando del tiempo correspondiente a sus labores, de manera ilegal.
En el México de hoy no puede permitirse que en ningún orden de gobierno, haya quien aproveche su condición pública para sus propios intereses y para los fines de un grupo por encima del interés general. La democracia exige de todos los actores, y en especial de los gobernantes cumplir con la ley, con el Estado de Derecho, y no presentando programas gubernamentales bajo la bandera de ningún partido político. ¿Qué dirían ustedes, señores legisladores del PRI, si algún funcionario del gobierno federal o un gobernador acudiera en esas mismas condiciones portando en lugar visible un logotipo de mi partido o de cualquiera otro de los partidos políticos con registro vigente en el país.
Todos los esfuerzos para la consolidación de la democracia a nivel nacional se ven mermados con este tipo de acciones, en las que una autoridad pública tiene el descaro de hacer promoción para su partido político, sacando ventaja de su posición y de los recursos públicos.
Este tipo de actos vulneran la libertad y las conciencias de los ciudadanos, especialmente de aquellos que por necesidad son proclives a apoyar a aquella persona o partido que les brinda una ayuda inmediata, y que se vuelven parte de un círculo vicioso contrario a los objetivos y principios democráticos.
Acción Nacional hace una enérgica denuncia que sirva para frenar este tipo de acciones que sin duda afectan el desarrollo democrático del país, y hace un llamado a la conciencia de todos los representantes populares para privilegiar el respeto por el estado de derecho.
Es también un llamado a la ciudadanía para que estos hechos no queden en la impunidad y se denuncie a cualquier autoridad que utilice los recursos públicos para su propio beneficio.
Los partidos políticos representados en esta soberanía hemos estado de acuerdo en la necesidad de contar con un marco legal en materia electoral que sea respetado por los actores políticos, y la última Reforma es prueba de ello.
Condenamos todas aquellas prácticas contrarias a la ley y a los ordenamientos legales democráticos que como Estado nos hemos brindado en el conjunto de libertades, derechos y obligaciones a los que como sociedad, debemos apegarnos de forma irrestricta.
Ostentar el cargo de gobernador de un estado de la República debe representar una alta responsabilidad, frente a los gobernados y frente a la Nación. Gobernar es servir, no tomar ventaja política del cargo. Gobernar es poner el poder al servicio del bien común, no al servicio de intereses particulares, de intereses mezquinos.
Basta ya de la impunidad para mantener cacicazgos; basta ya de las prácticas antidemocráticas; basta ya de intentar engañar a los ciudadanos con las viejas costumbres del dinosaurio, al cual, por desgracia para México, algunos se han empeñado en resucitar.
Por lo anterior, se presenta el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las autoridades competentes, a saber, a la Comisión Jurisdiccional de la honorable Cámara de Diputados, a la Auditoría Superior de la Federación, al Instituto Federal Electoral, al Instituto Electoral del Estado de Colima y a la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Colima, a iniciar las acciones correspondientes dada la probable utilización de recursos públicos para fines de proselitismo político a favor del Partido Revolucionario Institucional, por parte del gobernador constitucional de Colima, Mario Anguiano Moreno.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 16 de febrero de 2010.
Diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA CFE A RENDIR UN INFORME DETALLADO DE LOS REPORTES
DE EVENTOS DIARIOS QUE EMITE EL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL REMOTO Y ACCIÓN
DE DATOS INSTALADO EN LOS CENTROS DE OPERACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN
DE ECATEPEC, PEDREGAL Y VERÓNICA, COMO CAUSA DE LAS INUNDACIONES
OCURRIDAS EN CHALCO, ECATEPEC E IZTAPALAPA, A CARGO DEL DIPUTADO EDUARDO
MENDOZA ARELLANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a los siguientes
Considerandos
Los frentes fríos que han tenido paso por el país en los últimos días han causado bajas temperaturas y precipitaciones en el Distrito Federal, área metropolitana y algunos estados de la República Mexicana. Debido a ello, el pasado 2 de febrero el Servicio Meteorológico Nacional, órgano dependiente de la Comisión Nacional del Agua sólo emitió un comunicado como el que realiza de manera habitual, y que sin embargo ante tal situación se tuvo que haber emitido una alerta; el comunicado de prensa número 020-10 preveía lluvias arriba de los 20 milímetros, para el martes 2 y miércoles 3 de febrero del presente año; como resultado de dichas precipitaciones se desbordaron el Gran Canal y el Río de los Remedios, en éste último se abrió un boquete de 10 metros que dejaron a 37 mil damnificados en el estado de México y 650 familias afectadas en la delegación Iztapalapa.
Sin embrago, vale la pena mencionar que el boquete no sólo se debe al desbordamiento de aguas negras, ya que se tiene el antecedente de que en la colonia Avándaro y El Molino en Valle de Chalco e Ixtapaluca respectivamente, existían fisuras de entre tres y cinco centímetros por las que se filtraban aguas negras; según el reporte de la Agencia de Seguridad Estatal del estado de México del 3 de julio de 2009.
El Sistema General de Drenaje y Desagüe Pluvial está integrado por 36 presas, 165 kilómetros del Sistema de Drenaje Profundo y 87 plantas urbanas de bombeo con una capacidad en conjunto de 670 metros cúbicos por segundo.
En dicho sistema el conducto para drenar el valle de México, es el Gran Canal del desagüe que recibe directamente las descargas de toda la zona urbana situada al oriente, sin embargo debido al hundimiento de la ciudad, dichas descargas tienen que efectuarse mediante bombeos regulados en los lagos de Texcoco, y del río de La Compañía; del cual los municipios de Chalco e Ixtapaluca depende primordialmente.
El pasado 26 de febrero del 2008 se inauguraron cuatro plantas de bombeo de drenaje denominadas "Vaso de Cristo, Canal de Sales, Casa Dorada y Gran Canal;" esta última disminuiría los riesgos de inundación en las zonas bajas de la Ciudad de México y el área metropolitana, objetivo que no se cumplió debido al retraso en la apertura de las compuertas del drenaje profundo que opera el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, como lo dio a conocer el periódico La Crónica, el pasado viernes 5 de febrero.
La red de drenaje de aguas residuales de la captación del Río de los Remedios es enviada hacia el interceptor central del drenaje profundo y el resto se incorpora con el del Gran Canal, de este punto se conduce al túnel interceptor dren general del valle, que recibe las aportaciones del río de La Compañía y las conduce a la planta de bombeo Texcoco norte. Para el óptimo funcionamiento de este sistema y sus plantas de bombeo se requiere de una subestación eléctrica que recibía el servicio por parte de Luz y Fuerza del Centro, siendo una de las partes esenciales de la planta; sin embargo es recurrente que haya interrupciones de energía eléctrica durante las lluvias, como sucedió en los eventos ocurridos la semana pasada.
Por lo expuesto, es importante hacer del conocimiento público que desde la noche del pasado miércoles 3 de febrero se encontraban en disturbio varios alimentadores de 23 kilovoltios como el alimentador Mad-21 (Madero), Mad-23, Xal-23, Xal-27 (Xalostoc) del centro de operación de redes de distribución de Ecatepec que dan servicio al Cárcamo de Río de los Remedios; Ayo-24 (Ayotla), Cru-27 (Santa Cruz), Cru-26, Izt-23 (Iztapalapa), Izt-21X del centro de operación de redes de distribución del pedregal que dan servicio a el cárcamo del Canal de la Compañía y al drenaje profundo de la zona sur oriente; Mag-23 (Magdalena), Mag-21X, Ara-22 (Aragón), Tepalcates (Pantitlán), del centro de operación de redes de distribución Verónica que dan servicio al drenaje profundo de la zona sur oriente, los cárcamos de la zona del Arenal y los cárcamos de la zona oriente. En general se estima que alrededor de 250 alimentadores fallaron durante el intervalo comprendido entre la noche del miércoles 3 y el jueves 4 de febrero; en donde el tiempo de restablecimiento de dichos alimentadores en algunos casos se dio hasta el viernes 5 de febrero.
Con esta información fácilmente se puede apreciar que los circuitos de 23KV que fallaron alimentan el bombeo de aguas negras y drenaje profundo del Río de los Remedios, Xalostoc, Aragón e Iztapalapa, por lo que como consecuencia de la incapacidad, la falta de preparación técnica y profesional e inexperiencia del personal de la Comisión Federal de Electricidad que se encarga de la operación de las redes de distribución del Distrito Federal y área metropolitana; así como el poco, o nulo, conocimiento acerca del funcionamiento de las plantas y subestaciones que eran operadas por la extinta Luz y Fuerza del Centro, se produjeron las inundaciones de Chalco, Iztapalapa y Ecatepec.
Ante esta situación, habría que recordar que paradójicamente Luz y Fuerza del Centro fue extinta bajo los argumentos de ser una empresa ineficiente. Después de los daños causados a miles de personas precisamente por la ineficiencia de la Comisión Federal de Electricidad habría que aclarar cuál de estos organismos resulta ser más ineficiente.
La información sobre la falla en los alimentadores antes mencionados se puede constatar y ampliar mediante la revisión el reporte de eventos diarios emitido a través del SICRAD (Sistema Integral de Control Remoto y Adquisición de Datos) y del Scada (Sistema telecontrolado de restauradores y seccionalizadores) instalados en los centros de operación de redes de distribución de Ecatepec, Pedregal y Verónica. Por todo ello, es necesario que se rinda un informe detallado de lo que quedó asentado en esos registros a fin de indagar a profundidad las causas que provocaron las inundaciones y el daño a las pertenencias de miles de personas del Distrito Federal y el estado de México.
Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Que se exhorte al titular de la Comisión Federal de Electricidad, ingeniero Alfredo Elías Ayub para que rinda un informe detallado de los reportes de los eventos diarios que emite el Sistema Integral de Control Remoto y Acción de Datos instalados en los centros de operación de las redes de distribución de Ecatepec, Pedregal y Verónica como causa de las inundaciones ocurridas en Chalco, Ecatepec e Iztapalapa.
Segundo. Se cite a comparecer ante esta asamblea al titular de la Comisión Nacional del Agua José Luis Luege Tamargo para que rinda un informe detallado sobre la situación que guarda la infraestructura en las plantas de bombeo de drenaje y en todas las instalaciones del sistema general de drenaje.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de febrero de dos mil diez.
Diputado Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA; DE TURISMO; DE GOBERNACIÓN;
DE JUVENTUD Y DEPORTE; DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS;
Y DE POBLACIÓN, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS QUE ANALICEN Y EMITAN
OPINIÓN EN TORNO DE LAS VENTAJAS QUE TENDRÍA ESTABLECER MAYORES
PROCEDIMIENTOS DE PROMOCIÓN, VISAS, COMERCIO, COOPERACIÓN
E INTERCAMBIO PARA QUE LAS ÁREAS PERTINENTES DEL GOBIERNO FEDERAL
FORTALEZCAN Y PROMUEVAN UNA POLÍTICA DE MAYOR ACERCAMIENTO EN LOS
ÁMBITOS COMERCIAL, TURÍSTICO, SOCIAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO,
ENTRE OTROS, CON EL GOBIERNO RUSO A TRAVÉS DE SU REPRESENTACIÓN
EN MÉXICO, A CARGO DE LA DIPUTADA CARITINA SÁENZ VARGAS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Quien suscribe, diputada Caritina Sáenz Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 67, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguiente consideraciones:
La Federación Rusa representa para México un vínculo muy importante de gran importancia al cual tenemos que afianzar como aliado-socio estratégico por sus características políticas, económicas y por su alto grado de desarrollo en temas de suma importancia para nuestro país tales como el energético, el agrícola, la tecnología, la educación y la cultura entre otros.
En el contexto de un mundo globalizado, nuestro país tiene que diversificar su visión estratégica y de cooperación más allá de nuestro vecino del norte. Hoy en día, no podemos permanecer aislados del mundo y mucho menos de las naciones que están desarrollando importantes rubros que pueden coadyuvar a que nuestro país tenga más y mayores oportunidades en diversos ámbitos además del económico.
Según la embajada de la Federación Rusa, nuestro país representa un "socio clave" en sus intereses regionales e internacionales. Así también, es más que reconocida la importancia de la influencia rusa en el haber de la sociedad mexicana, bastará recordar la gran influencia cultural que se tuvo durante casi una mitad del siglo XX, la cual en buena medida marcó las corrientes intelectuales, docentes y culturales en general de nuestro país.
Habría que recordar también que, a partir de la primera visita oficial de un presidente de los Estados Unidos Mexicanos (Luís Echeverría en 1973) a Moscú, sólo el ciudadano presidente Miguel de la Madrid ha omitido la oportunidad de visitar el Kremlin.
Muy importante también es tomar en cuenta que la relación bilateral México-Rusia no se limita al ámbito diplomático, sino que ambas naciones han suscrito tratados de cooperación, demostrando que a pesar de los altibajos que en algún momento sufrieron, el interés común de cooperación estratégica se mantiene e incluso pudiera aumentar.
Un claro ejemplo es el reto que tenemos en torno al fortalecimiento de la cooperación en los más variados ámbitos entre México y la Federación Rusia. Nuestras naciones estarán celebrando este año el 120 aniversario del establecimiento de vínculos diplomáticos, y a pesar de la amplia historia que tenemos con esta nación, no hemos podido consolidar una relación más estrecha en correspondencia con el potencial de ambos países, sin embargo, no por eso podemos renunciar a la firme intención de que a partir de este año las relaciones México-Rusia den un giro hacia una mayor cercanía y repercuta directamente en el fortalecimiento de la relación bilateral.
Sin duda, la visita que el jefe de la diplomacia rusa, Serguei Lavrov, realizará a México a partir del 15 de febrero se debe de tomar como una señal visible de que en Rusia y su gobierno está pensando en México más allá de un destino turístico, la agenda del señor Sergei Lavrov contempla una amplia gama de actividades entre las que se destaca la promoción turística y se afinarán detalles para que se firme pronto un acuerdo para la promoción y protección recíproca de las inversiones y un convenio en materia de transporte marítimo, entre otros documentos. Asimismo, se prevé discutir el mecanismo que promueva un mayor intercambio para afianzar la disposición de los dos países a reanudar los encuentros a nivel presidencial a través de visitas de Estado, ya que la última vez que un mandatario Mexicano visitó ese país fue en la persona de Vicente Fox hace 5 años.
Ahora sería el turno de viajar a México del presidente Dimitri Medvediev, pero también es importante que el presidente Felipe Calderón realice una gira oficial por Rusia. Con ello, estaría mandando un mensaje importante para que México no quede al margen del proceso de acercamiento que está viviendo América Latina Con Rusia.
Para México es fundamental continuar un proceso de fortalecimiento de los lazos diplomáticos, políticos y económicos con las grandes naciones del mundo, y la Federación Rusa merece una atención especial porque ambas naciones pertenecen al grupo de las 15 economías más importantes del mundo.
En diciembre pasado se realizó en Moscú la cuarta Comisión Mixta de Cooperación Económica-Comercial, Científico-Técnica y de Transporte Marítimo, esto de alguna manera sacó del letargo la relación bilateral que solo contaba entre sus antecedentes más recientes la visita que realizó la canciller Patricia Espinosa en octubre de 2008.
En la cuarta comisión mixta la delegación mexicana estuvo encabezada por Georgina Kessel, secretaria de Energía, quien se reunió con su homólogo ruso, Serguei Shmatkó, y en donde se intercambiaron opiniones importantes principalmente en el uso, procesamiento y aprovechamiento del gas natural. La Secretaria Kessel dejó el mensaje de que México quiere intercambiar experiencias en materia de eficiencia energética, exploración y explotación con el primer productor mundial de gas y el segundo de petróleo, que es Rusia.
Así también, nuestro embajador en Moscú ha promovido que los productores mexicanos entren al mercado ruso, donde 60 por ciento de los comestibles son importados
El turismo es una rama que también ha tenido alto impacto en las relaciones bilaterales por su nivel que va en crecimiento. Tras lograr que las autoridades migratorias en México aceptaran reducir a 48 horas el trámite de la visa que antes se llevaba 45 días, en 2009 viajaron a México como turistas cerca de 15 mil rusos, principalmente a Cancún y la Riviera Maya.
Según información disponible de la Secretaría de Relaciones Exteriores, existen 13 tratados vigentes suscritos por ambas naciones, los cuales se refieren a diversos temas.
Por otro lado, según datos de la Subsecretaría de Normatividad, Inversión extranjera y Prácticas Comerciales Internacionales, entre enero de 1999 y septiembre de 2006 las empresas con capital ruso materializaron inversiones por 920.8 miles de dólares. Rusia ocupó la segunda posición entre los países de Europa Central y Oriental que en ese lapso materializaron inversiones en México.
Entre enero de 1999 y septiembre de 2006, la inversión Rusa se destinó principalmente al sector servicios, con 70.4% del total; al comercio 28.1%; a la industria manufacturera, 1.3%; y a la construcción, 0.1%.
Ante ello, someto a consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: El Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos expresa su beneplácito y da la bienvenida al señor Serguei Lavrov, jefe de la diplomacia de la Federación Rusa.
Segundo: Se solicita a las Comisiones de Economía, de Turismo, de Gobernación, de Juventud y Deporte, de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios que estudien y emitan su opinión en torno a las ventajas que tendría establecer mayores mecanismos de promoción, visas, comercio, cooperación e intercambio para que las instancias pertinentes del gobierno federal de los Estados Unidos Mexicanos pueda fortalecer y promover una política de mayor acercamiento en los ámbitos comerciales, turísticos, sociales, deportivos, educativos entre otros con el gobierno ruso a través de la representación de la Federación Rusa en México.
Dado en el palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2010.
Anexo 1
Tratados Bilaterales Vigentes
México-Federación Rusa
Cooperación Económica
Adopción: Moscú, 16 de abril de 1973
Aprobación por el Senado: 22 de diciembre de 1973
Publicación en el Diario Oficial de la Federación
(DOF), aprobación: 27 de mayo de 1974
Entrada en vigor: 30 de septiembre de 1975
Publicación en el DOF de la promulgación:
20 de junio de 1975
2. Convenio de cooperación económica y tecnológica entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y la Unión de Republicas Socialistas Soviéticas (Federación de Rusia). Mediante Nota 11/ugp, del 13 de enero de 1992, la Federación de Rusia informó que continúa con el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales firmados por la URSS.
Adopción: Moscú, 18 de octubre de 1976
Aprobación por el Senado: 8 de diciembre de 1977
Publicación en el DOF de la aprobación:
24 de enero de 1978
Entrada en vigor: 17 de abril de 1978
Publicación en el DOF de la promulgación:
21 de junio de 1978
3. Acuerdo de cooperación turística entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la Federación de Rusia.
Adopción: Moscú, 28 de enero de 1997
Aprobación en el Senado: 28 de abril de 1997
Publicación en el DOF de la aprobación:
19 de mayo de 1997
Entrada en vigor: 10 de julio de 1997
Publicación en el DOF de la promulgación:
14 de enero de 1998
4. Convenio entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la Federación de Rusia para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta.
Adopción: Ciudad de México, 7 de junio de
2004
Aprobación en el Senado: 28 de septiembre de 2004
Publicación en el DOF de la aprobación:
28 de octubre de 2004
Entrada en vigor: 2 de abril de 2008
Publicación en el DOF de la promulgación:
20 de mayo de 2008
Comunicaciones
5. Convenio sobre transportes aéreos entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la Unión de Republicas Socialistas Soviéticas (Federación de Rusia). Mediante Nota 11/ugp, del 13 de enero de 1992, la Federación de Rusia informó que continúa con el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales firmados por la URSS.
Adopción: Ciudad de México, 2 de agosto
de 1976
Aprobación en el Senado: 27 de diciembre de 1976
Publicación en el DOF de la aprobación:
20 de enero de 1977
Entrada en vigor: 11 de marzo de 1977
Publicación en el DOF de la promulgación:
16 de febrero de 1977
6. Convenio de transporte marítimo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la Unión de Republicas Socialistas Soviéticas (Federación de Rusia). Mediante Nota 11/ugp, del 13 de enero de 1992, la Federación de Rusia informó que continúa con el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales firmados por la URSS.
Adopción: Moscú, 7 de julio de 1978
Aprobación en el Senado: 12 de diciembre de 1978
Publicación en el DOF de la aprobación:
30 de enero de 1979
Entrada en vigor: 13 de mayo de 1979
Publicación en el DOF de la promulgación:
3 de julio de 1979
Derecho diplomático y consular
7. Convenio consular entre los Estados Unidos Mexicanos y la Unión de Republicas Socialistas Soviéticas (Federación de Rusia). Mediante Nota 11/ugp, del 13 de enero de 1992, la Federación de Rusia informó que continúa con el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales firmados por la URSS.
Adopción: Moscú, 18 de mayo de 1978
Aprobación en el Senado: 16 de noviembre de 1978
Publicación en el DOF de la aprobación:
22 de diciembre de 1978
Entrada en vigor: 9 de agosto de 1979
Publicación en el DOF de la promulgación:
2 de agosto de 1979
Cooperación educativa y cultural
8. Convenio de cooperación en las áreas de la cultura, la educación y el deporte entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la Federación de Rusia.
Adopción: Ciudad de México, 20 de mayo de
1996
Aprobación en el Senado: 29 de octubre de 1996
Publicación en el DOF de la aprobación:
18 de noviembre de 1996
Entrada en vigor: 28 de enero de 1997
Publicación en el DOF de la promulgación:
10 de abril de 1997
Cooperación jurídica
9. Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la Federación de Rusia sobre cooperación en materia de combate al narcotráfico y a la farmacodependencia.
Adopción: Ciudad de México, 20 de mayo de
1996
Aprobación en el Senado: 10 de diciembre de 1996
Publicación en el DOF de la aprobación:
6 de enero de 1997
Entrada en vigor: 20 de febrero de 1997
Publicación en el DOF de la promulgación:
13 de junio 1997
10. acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la Federación de Rusia en cooperación y asistencia aduanera mutua.
Adopción: Moscú, 21 de julio de 2003
Aprobación en el Senado: 30 de septiembre de 2003
Publicación en el DOF de la aprobación:
28 de enero de 2004
Entrada en vigor: 7 de marzo de 2004
Publicación en el DOF de la promulgación:
17 de marzo de 2004
11. Tratado sobre traslado de reos para la ejecución de sentencias penales privativas de la libertad entre los Estados Unidos Mexicanos y la Federación de Rusia.
Adopción: Ciudad de México, 7 de junio de
2004
Aprobación en el Senado: 4 de noviembre de 2004
Publicación en el DOF de la aprobación:
3 de diciembre de 2004
Entrada en vigor: 15 de febrero de 2006
Publicación en el DOF de la promulgación:
15 de febrero de 2006
12. Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la Federación de Rusia sobre asistencia legal reciproca en materia penal.
Adopción: Moscú, 21 de junio de 2005
Aprobación en el Senado: 8 de diciembre de 2005
Publicación en el DOF de la aprobación:
3 de febrero de 2006
Entrada en vigor: 23 de abril de 2008
Publicación en el DOF de la promulgación:
23 de abril de 20
Cooperación técnica y científica
13. Convenio de cooperación técnica y científica entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la Federación de Rusia. Dejó sin efectos el Convenio Básico de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, firmado en la ciudad de Moscú, el 1 de octubre de 1975.
Adopción: Ciudad de México, 20 de mayo de
1996
Aprobación en el Senado: 8 de octubre de 1996
Publicación en el DOF de la aprobación:
29 de octubre de 1996
Entrada en vigor: 6 de noviembre de 1996
Publicación en el DOF de la promulgación:
13 de junio de 1997
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DE LOS TITULARES DE LA SEDENA Y DE LA SEMAR
ANTE LAS COMISIONES DE MARINA, DE DEFENSA NACIONAL, Y DE DERECHOS HUMANOS
PARA QUE INFORMEN SOBRE LOS RESULTADOS DE SU INCORPORACIÓN A TAREAS
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL ESTADO QUE GUARDAN LOS CASOS DE VIOLACIONES
DE LOS DERECHOS HUMANOS POR MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS, A CARGO DEL
DIPUTADO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
Juan Enrique Ibarra Pedroza, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En el inicio de este segundo periodo ordinario de sesiones es el momento límite para revisar, desde el Poder Legislativo, la estrategia contra el crimen organizado. Desde hace ya tres años, el Ejecutivo ha emprendido dos operaciones de considerable alcance institucional: la Iniciativa Mérida que ha comprometido un gran número de recursos en conjunto con los Estados Unidos de América y el Operativo Conjunto Chihuahua que ha orientado a las instituciones militares hacia tareas de seguridad pública.
Los magros resultados saltan a la vista: en las más recientes encuestas, la mayoría de la población cree que la estrategia emprendida por Calderón ha generado mayor inseguridad. Por si fuera poco, a esta espiral de violencia que afecta al tejido social se agrega una crisis económica sin precedentes.
El Ejecutivo ha sostenido que las operaciones contra el crimen organizado comprenden una "guerra" y que su objetivo es preservar la seguridad. No obstante, para ello se requiere la autorización del Congreso de la Unión, de acuerdo con el artículo 89, fracción VIII, de la Constitución para declarar una guerra; en consecuencia, el mensaje hacia la población y hacia los miembros de las Fuerzas Armadas parte de una impostura contraria al principio constitucional. A estos excesos se agrega una interpretación sesgada del artículo 13 constitucional, al considerar los actos castrenses que afecta a la población civil como faltas contra la disciplina militar.
Las poblaciones que en algún momento clamaban su ayuda para el combate a los grupos delincuenciales, hoy gritan su retiro. El miedo a los secuestros, las ejecuciones, los robos y las drogas hoy se acompañan del miedo de ser detenidos sin motivo, de ser afectados por los militares. La confusión gubernamental entre seguridad pública y seguridad nacional ha lastimado al país entero. No sólo no se han registrado disminuciones en las operaciones delincuenciales, sino que se ha incrementado su beligerancia y su capacidad de respuesta.
Nuestras honorables Fuerzas Armadas, como parte fundamental del Estado mexicano, deben estar obligadas a rendir cuentas de sus acciones. Los incrementos significativos y constantes en su presupuesto no han sido acompañados por mecanismos que informen a la población de sus actividades, mucho menos de sus resultados.
Pareciera que el aumento presupuestal ha sido proporcional a las violaciones de derechos humanos que han perpetrado. Durante 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió más de mil 500 denuncias contra miembros de las Fuerzas Armadas. Organizaciones nacionales e internacionales coinciden en que cada día se señalan abusos, violaciones físicas, emocionales y sexuales, torturas y detenciones arbitrarias.
La impunidad no puede ser parte del combate a la inseguridad, mucho menos la impunidad uniformada. Por ello, exigimos transparencia, rendición de cuentas y respeto a la ciudadanía en la lucha por la recuperación de la soberanía interior arrebatada por la delincuencia. Exigimos que las Fuerzas Armadas se transparenten y nos informen verazmente, ése sí es un aspecto que incide en la seguridad nacional y en la seguridad pública.
En ocasión del bicentenario, debemos reivindicar las luchas históricas que buscaron la igualdad de los ciudadanos ante la ley, que pugnaron por abolir los fueros y los privilegios, que buscaron acotar la arbitrariedad de los gobiernos. Esta soberanía ha sido omisa con respecto a la situación que está generando, en los hechos, fueros y privilegios para los poderes fácticos y para integrantes de esferas del Estado cuya tarea es proveer seguridad. Ante la menor sospecha de que la utilización de instituciones honorables como las Fuerzas Armadas está generando un daño a la ciudadanía, el Poder Legislativo debe vigilar estrictamente el apego al estado de derecho.
Hoy que se habla de replantear el régimen político, comencemos por la relación entre los poderes y por la relación de éstos con la ciudadanía. El estado de derecho comienza por las instituciones públicas. Reconozcamos que la cohesión social que ha aludido el secretario de la defensa es inalcanzable sin una plena gobernabilidad democrática.
De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución, la Cámara tiene la facultad de convocar a los secretarios de Estado a informar, bajo protesta de decir verdad, sobre sus respectivos ramos y actividades. Es por ello que la Cámara de Diputados debe llamar a comparecer a los titulares del las Secretarías de la Defensa Nacional, y de Marina para informar, entre otros aspectos que los diputados consideren pertinentes:
• Las razones por las cuales se presentaron más de mil 500 quejas por violaciones a los derechos humanos durante 2009.
• Las acciones preventivas y disuasivas que estén desarrollando los mandos de las Fuerzas Armadas para las detenciones arbitrarias, cateos ilegales y torturas.
• Datos sobre el número de procesos en curso, sentencias y condenas contra los miembros que incurrieron en violaciones a los derechos de la población civil desde diciembre de 2006 hasta la fecha.
• El estado que guarda la investigación sobre el asesinato de dos civiles en las operaciones armadas de la Marina en Morelos en diciembre de 2009.
Por lo expuesto, solicito respetuosamente que se someta a consideración del pleno de esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Por lo expuesto solicito se cite a comparecer públicamente ante las Comisiones de Defensa, de Marina, y de Derechos Humanos, a los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional, y de Marina, a fin de que informen sobre los resultados de su incorporación a tareas de seguridad pública y sobre el estado que guardan los casos de violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de las Fuerzas Armadas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2010.
Diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD UN TOMÓGRAFO DE ALTAS
ESPECIFICACIONES MÉDICAS EN EL PAQUETE PRESUPUESTAL ASIGNADO EN
2010 AL SECTOR SALUD PARA EL HOSPITAL GENERAL DOCTOR ERNESTO MEANA SAN
ROMÁN, DE JOJUTLA DE JUÁREZ, MORELOS, A CARGO DE LA DIPUTADA
ROSALINA MAZARI ESPÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Rosalina Mazari Espín, diputada federal del distrito 4 por el estado de Morelos en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración del pleno una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud del gobierno de la República, un tomógrafo de altas especificaciones médicas dentro del paquete presupuestal asignado al sector salud en este ejercicio fiscal de 2010 por la Cámara de Diputados, para el hospital general " Doctor Ernesto Meana San Román" del municipio de Jojutla de Juárez, en Morelos, de acuerdo a las siguientes
Consideraciones
Morelos requiere de infraestructura hospitalaria que permita el equipamiento de hospitales generales del sector público con tecnología de punta, 86 por ciento de la población en esta entidad federativa es urbana y el resto se ubica en zonas rurales de alta marginación donde las enfermedades que más afectan a los habitantes siguen siendo principalmente padecimientos del corazón, tumores malignos, sobresale el cáncer de mama, la diabetes mellitus, las enfermedades del hígado, también las cerebrovasculares y pulmonares, entre otros padecimientos, ante esto se necesita la inversión económica de la Secretaría de Salud del gobierno de la República, que otorgue el equipamiento para la modernización hospitalaria en rescate de vidas y en la calidad para la atención médica.
El distrito 4 que represento abarca 10 municipios de Morelos, y por extensión territorial es el más grande, con municipios muy urbanos y otros como Tlaquiltenango tiene comunidades de alta marginación social, existen dos comunidades indígenas las más representativas de la entidad federativa, como son Xoxocotla perteneciente a Puente de Ixtla y Coatetelco, de Miacatlán, las cuales enfrentan altos grados de enfermedades y una limitada economía que les hace imposible pagar de 5 a 8 mil pesos los estudios de tomografía para lograr imágenes detalladas de cortes axiales del cuerpo humano.
El hospital público más cerca y que tiene un tomógrafo está en la capital del estado, a una hora de distancia y el cual sólo alcanza a cubrir la población enferma de su jurisdicción sanitaria ante el alto índice de padecimientos de la población del centro de Morelos, lo que hace imposible que ciudadanos de la zona sur y sur poniente de Morelos se vean beneficiados, por lo que están clínicamente ante un estado vulnerable al no tener los medio económicos que les permita detectar de forma precisa, clara y a tiempo la situación física de su cuerpo.
El hospital general "Doctor Ernesto Meana San Román", por su ubicación abarca una población de 350 mil habitantes, siendo el hospital regional más concurrido, cercano y que cuenta con mejor atención por su nivel dentro del sector salud. A pesar de una actual ampliación a sus instalaciones, ésta no contempla la adquisición de un tomógrafo el cual tiene que ser de altas especificaciones en cortes axiales del cuerpo humano que logre una imagen final del padecimiento, equipo que permite la exploración de huesos rotos, cánceres, coágulos de sangre, signos de enfermedad cardiaca y hemorragia interna; por los montos económicos que representa, hace necesario e indispensable que esta diputación federal y como secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, solicite a la Secretaría de Salud otorgue este indispensable equipo médico con los recursos asignados por la honorable Cámara de Diputados en el ejercicio fiscal de 2010.
Por lo expuesto, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se otorgue un tomógrafo de altas especificaciones al hospital general " Doctor Ernesto Meana San Román" de Jojutla de Juárez, en Morelos, por parte de la Secretaría de Salud del gobierno de la República, con los recursos asignados al sector salud por la honorable Cámara de Diputados dentro del ejercicio fiscal de 2010, ante la urgencia médica de la población de la zona sur y sur poniente de Morelos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2010.
Diputada Rosalina Mazari Espín (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CÓRDOBA, VERACRUZ, A CONDUCIRSE
CON HONESTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES CONSTITUCIONALES, Y A NO
EVADIR EL PAGO DE IMPUESTOS QUE LE CORRESPONDE COMO TITULAR DE DICHO AYUNTAMIENTO,
A CARGO DEL DIPUTADO BERNARDO TÉLLEZ JUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito, diputado por Veracruz a la LXI Legislatura, Bernardo Margarito Téllez Juárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la atención de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El pasado 31 de diciembre de 2007 tomó protesta como presidente municipal constitucional de la ciudad de Córdoba, Veracruz, Juan Antonio Lavín Torres al haber obtenido la confianza mayoritaria del pueblo residente de aquélla ciudad histórica fundada por los 30 caballeros.
A lo largo de su administración el derroche de recursos públicos en beneficio de un personal proyecto partidista denota los matices de su desempeño como alcalde. Hoy día no es el rojo de la sangre de los héroes nacionales que firmaron en esa histórica ciudad la independencia de nuestro país lo que mancha sus calles principales y centro histórico, sino un personal creciente e ilegal activismo político. Pero al adentrarse al verdadero pueblo cordobés, aquél que vive enclavado en los cerros de El Jacal, El Ezotepec, El Chinatepec, El Gallego y El Ejido, lo que pinta es un gris desteñido, propio de una administración municipal corta y retraída.
Muchos son los problemas locales que aún quedan por resolver; los caminos de esta demarcación no existen, han sido cubiertos por el fango o bien quebrantado por las lluvias, la falta de los rellenos sanitarios y la deforestación en las inmediaciones son sólo algunos, pero el más grave de todos es la escasez de agua. En particular en la Sierra del Gallego, perteneciente al ayuntamiento en comento, se han implantado, ya desde hace varios años, convenios con entidades vecinas como Ixhuatlán del Café y con Amatlán de los Reyes para surtir del vital líquido a esa comunidad cuya principal actividad económica y de subsistencia depende de su suministro.
Es por ello que uno de los principales compromisos de campaña de Juan Antonio Lavín Torres para llegar a la alcaldía fue el hacer llegar agua a esta congregación ya mencionada de la Sierra del Gallego haciéndola autónoma con un interesante proyecto de reciclaje y saneamiento. Pero ya con más de dos terceras partes del trienio que comprende su administración no existe solución para estos habitantes, por el contrario todo se ha complicado y envuelto en un escandaloso proceder del presidente municipal Lavín Torres al haber adquirido un predio, que presuntamente protegería el manantial denominado "Los Berros" que surte de agua a esta comunidad.
Este ignominioso proceder se dio de la siguiente manera:
2. El cabildo expresa que al respecto se deben de realizar estudios que determinen la verdadera conveniencia para proceder a su adquisición.
3. El alcalde hace caso omiso al cabildo y adquiere el bien inmueble autorizando una erogación de sus arcas públicas por un monto de 3 millones 400 mil pesos.
4. El cabildo le pide cuentas al edil con motivo de no haber realizado los estudios que se habían acordado, antes de la adquisición y que determinaran la real pertinencia de la transacción, así como también por haber autorizado la erogación correspondiente del erario público pero haberse descubierto que al respecto nunca se realizó una compraventa sino una donación.
5. El presidente municipal informa a la representación municipal que efectivamente legalmente no fue adquirido mediante una compra-venta sino mediante una donación, pero que el dinero sí le fue entregado al entonces propietario, y que si la transacción se hizo de esa manera fue para evadir el pago de impuestos.
6. Al día de hoy no ha aparecido el donante de esta propiedad en comento a manifestar el haber recibido esta cantidad de dinero.
7. Para redondear este torpe trato, la congregación de la sierra El Gallego han afirmado que el predio adquirido no contiene ningún venero, ni manantial alguno.
Primera. El mandato popular representa el encargo más delicado para un ciudadano de la república. Es otorgado directamente por el pueblo soberano en una de sus muy pocas manifestaciones y contiene la confianza general y la esperanza del mejoramiento popular. Quienes tenemos la muy alta distinción de ejercerlo debemos ser congruentes de palabra y de acciones, ser cercanos a nuestros mandantes y conducirnos en todo momento con una intachable conducta, tanto en nuestra vida pública como en la privada; de hecho dedicarse al servicio público, quizás significa despojarse de la vida privada.
Segunda. Resulta imprescindible que en la ciudad de Córdoba, Veracruz, se aclare puntualmente el destino que se le dieron a esos 3 millones 400 mil pesos, toda vez de que la obscuridad en el proceder del presidente municipal, Juan Antonio Lavín Torres, da lugar a la especulación y descrédito popular.
Tercera. Resulta intolerable el que un funcionario público de primer nivel declare abiertamente el haber efectuado un acto fraudulento con el ánimo de engañar a las autoridades recaudadoras correspondientes. Eso lo único que demuestra es el ser tramposo, afecta las finanzas públicas en perjuicio de todos los mexicanos, y naturalmente desvanece la confianza una vez depositada.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al presidente municipal de la ciudad de Córdoba, Veracruz, a que se conduzca con honestidad en el ejercicio de sus funciones constitucionales, y a que no evada el pago de impuestos que le corresponde realizar como titular de ese ayuntamiento.
Palacio Legislativo, a 16 de febrero de 2010.
Diputado Bernardo Margarito Téllez Juárez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEGOB A COORDINARSE CON LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN
CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL ANTE LAS INUNDACIONES RECIÉN PRESENTADAS
EN VENUSTIANO CARRANZA, COYOACÁN, IZTAPALAPA Y GUSTAVO A. MADERO,
A CARGO DEL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Nazario Norberto Sánchez, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados propuesta con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, a fin de exhortar a la Secretaría de Gobernación a coordinarse de inmediato con la de Protección Civil del Distrito Federal ante las inundaciones que se presentaron en días pasados en Venustiano Carranza, Coyoacán, Iztapalapa y Gustavo A. Madero.
Antecedentes
1. Que en meses pasados se presentaron lamentables desastres naturales debido a las lluvias en el estado de México y en el Distrito Federal. Sumando lo inoperante que resulta el sistema de drenaje de la ciudad, las numerosas zonas de alto riesgo que requieren de inmediato obras y acciones y la implantación de programas de protección civil, se ha despertado la preocupación de jefes delegacionales y diputados locales del Distrito Federal, ya que son urgentes los trabajos en materia de prevención de desastres naturales para salvaguardar la vida de los ciudadanos que habitan en Gustavo A Madero, Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena Contreras, Iztapalapa, Milpa Alta y Tláhuac, como se ha mencionado en anteriores ocasiones.
2. Que la semana pasada las colonias Los Arenales (Venustiano Carranza), Cuchilla del Tesoro (Gustavo A Madero), CTM Culhuacán (Coyoacán) e Iztapalapa, en especial en las colonias Lienzo Charro, Peñón del Marqués I y II y en el asentamiento irregular Antorcha Popular resultaron fuertemente afectadas debido a las lluvias, presentándose lamentables inundaciones que provocaron incluso el desbordamiento de aguas negras, convirtiendo la zona de Arenales principalmente, en ese momento un foco rojo en Venustiano Carranza, debido a que las inundaciones han alcanzado poco más de un metro de altura. En la colonia Cuchilla del Tesoro se presentaron grandes afectaciones, las cuales fueron debidamente atendidas por la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal y por el propio jefe del gobierno. Sin embargo, información de expertos de la UNAM en el área meteorológica señala la gran probabilidad de que el fin de semana vuelva a llover en una temporada invernal, lo cual significa que se requieren medidas inmediatas de prevención ante la inminente posibilidad de lluvias, ya que de lo contrario se está terminando de limpiar las viviendas afectadas, negocios de la zona e incluso calles y plazas publicas inundadas en días pasados, volviendo a ser afectadas miles de viviendas y familias que habitan la zona.
Exposición de Motivos
I. Si bien ya están bajando recursos del Fondo de Prevención de Desastres Naturales, que tiene como finalidad proporcionar recursos tanto a las dependencias y a las entidades de la administración pública federal como a las entidades federativas, destinados a la realización de acciones y procedimientos tendentes a reducir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos destructivos de fenómenos naturales sobre la vida y bienes de la población, los servicios públicos y el ambiente, no debemos esperar a que se presente el fenómeno natural para tomar medidas de prevención. Por tanto, reiteramos que deben tomarse medidas de prevención y no de atención, ya que si se previenen los desastres su atención oportuna significará menores pérdidas materiales e incluso humanas.
II. Ahora bien, ya hemos expresado en repetidas ocasiones que la existencia del Fonden no sustituye la responsabilidad que corresponde a los tres órdenes de gobierno para prever en sus respectivos presupuestos recursos destinados a la realización de acciones preventivas, considerando entre las líneas generales de acción lo siguiente:
• Fomentar la corresponsabilidad, coordinación
y comunicación de los tres ámbitos de gobierno, los sectores
social y privado, y la población en general.
• Fortalecer la investigación aplicada para desarrollar
o mejorar tecnologías para mitigar los riesgos.
• Implantar una política y cultura de la autoprotección.
IV. Es necesario solicitar que el secretario de Protección Civil del Distrito Federal y los directores de las entidades de la zona conurbada realicen una reunión de inmediato para que se coordinen los trabajos, principalmente de prevención de desastres.
V. Que esta legislatura ha tenido el acierto, tal vez tardío, pero a fin de cuentas ya existe la Comisión Especial de Protección Civil, en vías de ser acordada como ordinaria, por lo que sería conveniente que dicha comisión sirva de enlace permanente entre el Sistema Nacional de Protección Civil y la Secretaria de Protección Civil del Distrito Federal y las direcciones estatales en la materia para que de manera continua y coordinada se revise la normatividad aplicable, pero de manera prioritaria la cuestión operativa y técnica de atención de desastres naturales y contingencias, privilegiando la premisa "es mejor la prevención que la atención".
Por las consideraciones expuestas, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Único. Que se apruebe por el pleno de la Cámara de Diputados exhortar a la Secretaría de Gobernación a coordinarse de inmediato con la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, ante las inundaciones que se presentaron en días pasados en Venustiano Carranza, Coyoacán, Iztapalapa y Gustavo A. Madero.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2010.
Diputado Nazario Norberto Sánchez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
EL GOBIERNO DE MÉXICO REPLANTEE LA ESTRATEGIA DE ENERGÍA
CON UN CRITERIO DE DESARROLLO DEL PAÍS Y NO FAVORECEDOR DE LOS GRANDES
CAPITALES EXTRANJEROS Y DE LOS NACIONALES, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO
AMADEO ESPINOSA RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
En el Partido del Trabajo existe una profunda convicción nacionalista, antimonopólica y antiimperialista, un enfoque para que las políticas públicas incidan y promuevan un desarrollo sustentable pero, sobretodo, que la mayoría de la población cuente con un modo de vida digno: trabajo, educación, salud, vivienda.
Estas aspiraciones están contenidas en la Constitución Política de nuestro país, no ajenas a los ideales del pueblo de México.
Hace 31 años, en 1979, en la primera Conferencia Mundial sobre el Clima se advirtió el proceso de cambio climático, y hoy "se ha perfilado como el problema ambiental global más relevante de nuestro siglo, en función de sus impactos previsibles sobre los recursos hídricos, los ecosistemas, la biodiversidad, los procesos productivos, la infraestructura, la salud pública y, en general, sobre los diversos componentes que configuran el proceso de desarrollo.
"La necesidad y la conveniencia de actuar ahora resulta cada vez más evidente y no debe posponerse una acción que, además de contrarrestar el cambio climático y sus impactos adversos, podría contribuir al logro de múltiples objetivos que confluyen en el desarrollo humano sustentable, como la seguridad energética y alimentaria, la salud pública, la defensa del capital natural o la utilización racional de nuestros recursos naturales." Cita del Programa Especial de Cambio Climático 2008-2012 del gobierno de México.
El cambio climático, "representa, a mediano y largo plazo, una de las mayores amenazas para el proceso de desarrollo y el bienestar humano: además de producir un desplazamiento de regiones climáticas, intensificación de sequías, inundaciones, huracanes intensos, derretimiento de glaciares, aumento en el nivel del mar, entre otros efectos, incide en la pérdida de biodiversidad, así como en el deterioro de los recursos hídricos y de los servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas.
Enfrentar el cambio climático implica desarrollar de inmediato actividades de mitigación, o reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y de adaptación, o reducción de la vulnerabilidad y de los riesgos para la vida, para el orden natural y el desarrollo", cita del mismo documento.
Este fenómeno trasciende intereses personales, de grupo, de organización, de partidos, de religiones, de países, puesto que se coloca como prioridad para todos: el planeta, nuestra gran casa.
Dependiendo de cómo se afronte, puede haber dos desenlaces: o genera y profundiza las desigualdades sociales y económicas, o es un factor de equilibrios sociales y económicos entre personas, pueblos, regiones y países.
Esta reflexión tiene que ver con recientes decisiones del gobierno mexicano:
El Proyecto Global de Combustibles Limpios de Pemex Refinación considera la construcción de 22 plantas en las seis refinerías del país, además de la modernización de otras 18 plantas de destilados intermedios.
11 corresponden a unidades de postratamiento de gasolinas, 4 hidrodesulfuradoras, 4 de hidrógeno y 3 para tratamiento de azufre.
Se consideraron hasta ahora 3 paquetes de contratos de obra pública que esencialmente se busca procesar y producir gasolinas ultra bajo azufre para ajustarse a las especificaciones para combustibles que se venden México, según las normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Con la primera decisión –aunque se licitó y existen observaciones sobre ello–, Petróleos Mexicanos (Pemex) entrega a grandes empresas extranjeras la opción de construir plantas para producir combustibles limpios que coadyuven a mitigar los gases efecto invernadero que son los causantes principales del cambio climático.
La construcción y desarrollo de estas plantas desulfuradoras de gasolina, en Tula, Salamanca, Cadereyta y Ciudad Madero, se licitaron mediante contratos que suman aproximadamente mil quinientos millones de dólares y se otorgaron a las empresas Samsung, coreana; ICA Fluor, mexicana-estadounidense; y Saipem, de origen italiano.
La segunda decisión del gobierno –que ya fue ciertamente considerada en este pleno el pasado 9 de febrero–, se refiere al proceso de licitación para adquirir por Pemex un biocombustible denominado Bioetanol –esencialmente alcohol anhidro (derivado de caña de azúcar, sorgo o remolacha, entre otros)– para sustituir al MTBE (éter metilterbutílico) como un aditivo para mejorar la combustión de las gasolinas –en lugar de utilizar plomo, como se realizaba anteriormente– y actualmente también recomendándose no utilizarse por efectos negativos en la salud humana.
Además de los señalamientos de procedimientos en el proceso de licitación para adquirir etanol o Bioetanol que ha seguido Pemex, lo que nos interesa destacar es que ciertamente, al aprobarse la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, una de las causas que la motivaron fue que contribuyera al desarrollo del campo mexicano aprovechando y creando cadenas productivas con participación de productores, puesto que se busca un desarrollo rural sustentable.
El hecho es que el gobierno, al margen de lo que indica la propia ley referida, no asume lo establecido en los artículos 25, 26 y 27 de nuestra Constitución Política en el sentido de la rectoría, planeación y promoción del desarrollo nacional, dejando y esperando en consecuencia que sólo sea la iniciativa privada, las grandes empresas nacionales y trasnacionales, sean quien se apliquen a invertir, producir y obtener sus ganancias, cuando los recursos públicos pueden ser un instrumento para fomentar la producción y el desarrollo.
En resumen, planteamos que las políticas públicas consideren fundamentalmente el desarrollo nacional y la búsqueda de equilibrios económicos y sociales y no al contrario como ocurre al favorecer a los grandes empresarios y extranjeros.
En la Cámara de Diputados debemos estar atentos y dar seguimiento a la estrategia para afrontar el cambio climático, o más miseria o desarrollo.
Por tanto proponemos a esta honorable Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Que el Gobierno de México replantee la estrategia de energía con un criterio de desarrollo de México y no de favorecimiento a los grandes capitales extranjeros y nacionales.
Segundo. Que como se establece en la ley, en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la administración pública federal, primero se presente a la honorable Cámara de Diputados la estrategia de energía antes de ponerla en marcha.
Salón de sesiones, a 16 de febrero de 2010.
Diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DE TAMAULIPAS A REALIZAR LAS ACCIONES
NECESARIAS PARA CUBRIR LAS PLAZAS DE MAESTROS JUBILADOS EN MATAMOROS, A
CARGO DE LA DIPUTADA NORMA LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
La suscrita, diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, integrante de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades educativas del gobierno estatal en Tamaulipas a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen a la brevedad las acciones necesarias para cubrir las plazas de maestros jubilados en el municipio de Matamoros, debido a que las vacantes en la referida plaza se encuentran afectando la educación de un número indeterminado de alumnos, de igual modo, se exhorta a las autoridades educativas del gobierno federal a que dé el correspondiente seguimiento a las acciones emprendidas por el gobierno de Tamaulipas, hasta cubrir en su totalidad las plazas vacantes, bajo las siguientes
Consideraciones
En la actualidad nos podemos dar cuenta que existe un gran rezago dentro del ramo de la educación en nuestro país, por lo que, hoy más que nunca, en todos los niveles de gobierno de cada estado así como cada uno de los ciudadanos debemos fomentar y promover los medios necesarios para que las aulas de todas las escuelas se encuentren funcionando a su máximo cupo de alumnos, así como de maestros que tengan la debida capacitación para impartir educación que sea de calidad.
Los pasados meses de noviembre y diciembre de 2009 en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, hubo un aproximado de 300 maestros de diferentes niveles educativos que realizaron sus trámites correspondientes para su jubilación, por lo que igual número de grupos en distintas escuelas se han quedado sin instructores, encontrándose a mitad del calendario escolar, lo que provoca así un rezago mayor en la educación al que existe ya en nuestro país.
Ante dicha problemática el coordinador del magisterio en Matamoros, Naif Hamsho Ibarra, ha realizado las acciones para selección de maestros egresados de las escuelas normales tanto públicas como privadas tratando de esta manera cubrir las plazas que fueron abandonadas por el personal que se encuentra en trámites de jubilación. Sin embargo dichos esfuerzos han sido insuficientes por lo que es urgente exhortar a las autoridades educativas federales y estatales para que realicen las medidas conducentes para que se pueda satisfacer la demanda de grupos que se encuentran sin maestro en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.
Al no contar con personal docente para las escuelas públicas que se encuentran en el municipio de Matamoros, los padres de los alumnos que acuden a dichas instituciones educativas se han comenzado a desesperar por el tiempo que se ha perdido, ya que temen que sus menores no puedan concluir los temas dentro de los tiempos marcados en el ciclo escolar conforme a la Secretaría de Educación Pública.
Por lo que, ahora más que nunca desde autoridades y representantes ciudadanos, debemos unir esfuerzos para combatir ese rezago educativo cada vez mayor en el progreso de los centros educativos y que inevitablemente se ve reflejado en el lento progreso y desarrollo de nuestro país
Es por todo lo anterior, que se somete a la consideración de esta asamblea, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades educativas del gobierno estatal de Tamaulipas a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen a la brevedad las acciones necesarias para cubrir las plazas de maestros jubilados en el municipio de Matamoros, debido a que las vacantes en las referidas plazas se encuentran afectando la educación de un número indeterminado de alumnos.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades educativas del gobierno federal a que dé el correspondiente seguimiento a las acciones emprendidas por el gobierno de Tamaulipas, hasta cubrir en su totalidad las plazas vacantes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2010.
Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SHCP A SUSPENDER DE INMEDIATO EL COBRO DEL IMPUESTO SOBRE
LA RENTA A PENSIONADOS Y JUBILADOS, Y A DEVOLVERLO SI FUE INDEBIDAMENTE
COBRADO, A CARGO DEL DIPUTADO EMILIO SERRANO JIMÉNEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Consideraciones
En el país, "adulto mayor" es casi sinónimo de "pobreza", "marginación", "desamparo". Esto ha impulsado un reclamo nacional para que las pensiones y jubilaciones adopten el carácter de derecho universal y, al propio tiempo, alcancen un monto digno.
A contracorriente de lo anterior, a partir de febrero de este año el gobierno federal decidió reducir en 17 por ciento (según denuncia de los derechohabientes) el monto, ya de por sí precario, de las pensiones otorgadas por los Institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), pues les aplica el cobro por concepto del impuesto sobre la renta. El golpe a las pensiones ha sido más duro, debido al injusto incremento de 2 por ciento de la tasa de ISR decretada por el PRIAN a partir de 2010.
Sobre el gravamen de que son objeto las pensiones, argumentan los personeros del gobierno federal, el cobro es legal, ya que desde 1979 se encuentra previsto en la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; que sólo por problemas operativos no se había aplicado antes; pero sobre todo, que únicamente afecta las pensiones que excedan de 9 salarios mínimos generales del área geográfica respectiva, que representan alrededor de 2 por ciento.
La esencia del problema no es si este cobro es legal, por ya preverse en el artículo 109 de mención, sino si es constitucional; más aún: debe valorarse si es justo. Por otro lado, es evidente que no fueron problemas meramente operativos los que hasta la fecha evitaron este despojo, pues es imposible que en más de 30 años no se hubieran resuelto éstos, cuanto más que se trata de pensiones bajo el control del IMSS e ISSSTE; sino que el nuevo cobro del ISR responde al encarnizamiento político de un gobierno federal que, en medio de la peor crisis económica de los últimos tiempos, pretende sostener sus privilegios a costa de los intereses de los que menos tienen, amén de su poco respeto de la soberanía nacional, ya que desde hace varios años el Banco Mundial había venido insistiendo en la necesidad de gravar las pensiones.
El hecho de que el gobierno federal reviva este injusto impuesto pone en riesgo también las pensiones que no rebasan nueve salarios mínimos generales, pues abre las puertas para que en el futuro sean gravadas, ya que la esencia del neoliberalismo es quitar de manera insaciable a los pobres para enriquecer a unos cuantos. La recomendación del Banco Mundial para gravar las pensiones abarca prácticamente todas, sin distingo, con el falso argumento de que la mayor parte de los pensionados del IMSS e ISSSTE no es pobre y pertenece a los estratos medio y alto de ingresos.
En segundo lugar, parecería que los pensionados y jubilados que obtienen mensualmente 15 mil 514.20 pesos o más por concepto de pensión gozaran de un privilegio inaceptable, que obtuvieran una verdadera fortuna, cuando esta cantidad ha sido propuesta por diversos estudiosos como la cantidad que debería comprender el salario mínimo en el país precisamente para satisfacer los extremos del salario remunerador previsto en el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo.
En lugar de que el gobierno federal se sintiera avergonzado de las pensiones de hambre que da al pueblo y tratara de mejorarlas hasta igualarlas con las que reciben los trabajadores de mejores ingresos, pretende aplicar a todos un rasero de miseria.
Con base en cifras del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el salario mínimo general apenas si se puede adquirir, y esto a principios de 2009, 40.56 por ciento de la canasta básica recomendable. De tal manera, casi 18 millones de mexicanos no tienen ingresos suficientes para adquirir esta canasta básica.
Es decir, las pensiones de más de 9 salarios mínimos sí se comparan con las pensiones de mil 600 pesos que en promedio reciben los trabajadores. Pueden parecer altas, pero si se comparan con la actual carestía de la vida, los mínimos de bienestar requeridos para una vida digna, las necesidades adicionales de los adultos mayores y, con la pensión remuneradora que ordena la Constitución, tales pensiones son apenas suficientes, por lo que es injusto que se reduzcan para que el gobierno federal siga con el inadmisible derroche de un "gobierno rico" a costa de un pueblo pobre.
Los mexicanos mayoritariamente viven en la miseria. En México hay 54.8 millones de pobres; y según los grupos neoliberales que malamente gobiernan el país, ése es el único estatus válido para el pueblo: el hambre, la miseria más abyecta, la desesperación. Por lo mismo, en su criterio es inaceptable que gente del pueblo, con base en su esfuerzo, supere la línea de la supervivencia, y obtenga recursos para un poco de mayor bienestar.
Esto es aún más inaceptable, ya que en su momento los jubilados y pensionados pagaron impuestos sobre sus salarios, en general sobre los ingresos recibidos, base de los ahorros que dieron origen a las pensiones y jubilaciones.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a intervenir de inmediato ante el secretario de Hacienda y Crédito Público para que suspenda cuanto antes el cobro del impuesto sobre la renta en perjuicio de los pensionados y jubilados; igualmente, a dictar las medidas necesarias para que el impuesto ya cobrado a éstos les sea devuelto sin dilación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2010.
Diputado Emilio Serrano Jiménez (rúbrica)
Traigo a esta tribuna la honrosa encomienda de los diputados del sector rural de mi partido, Cruz López Aguilar, Alberto Jiménez Merino, Gerardo Sánchez García, Manuel Humberto Cota Jiménez, María Hilaria Domínguez y Fermín Montes Cavazos, para solicitar a la Presidencia de esta soberanía que, con el respeto y consideración que nos merece nuestra colegisladora, formule una excitativa a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Estudios Legislativos Segunda, y de Desarrollo Rural de esa Cámara de Senadores para que, de conformidad con el artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dictamine la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria.
Esa iniciativa, se sustentó en los siguientes antecedentes:
Hubo consenso de todos los sectores productivos y el gobierno de que era preciso no sólo enfrentar las urgencias del corto plazo, sino impulsar una vigorosa política de Estado que priorizara los propósitos de terminar con la alta dependencia agroalimentarias de nuestro país; acabar con la incertidumbre, la inestabilidad y la discrecionalidad en políticas, programas reglas de operación y presupuestos; disminuir el alto costo económico, social, político, humano y ético, que se traduce en una mala nutrición, que ocasiona desnutrición y obesidad y, sobre todo, sustentar todas estas cuestiones de fondo en la revisión y actualización del marco jurídico, presentando iniciativas que reflejaran la decisión de modernizar el campo mexicano con una visión nacionalista para hacerlo menos dependiente.
b) Con ese compromiso nacional, en la sesión del 30 de marzo de 2006, los diputados del sector rural de diversas fracciones parlamentarias de la LIX Legislatura, presentaron la iniciativa de la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria, la cual fue aprobada con 328 votos a favor, minuta que fue enviada el 4 de abril de 2006 a la Cámara de Senadores, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Estudios Legislativos Segunda, y de Desarrollo Rural para su análisis y dictamen.
En virtud de estos razonamientos, los diputados que suscribimos, nos permitimos solicitarle respetuosamente:
Que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por conducto de su presidente, se sirva enviar excitativa a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Estudios Legislativos Segunda, y de Desarrollo Rural de la Cámara de Senadores para que, a la brevedad, emita y realice el dictamen correspondiente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2010.
Diputados: Cruz López Aguilar, Narcedalia
Ramírez Pineda, Alberto Jiménez Merino, Gerardo Sánchez
García (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez, María
Hilaria Domínguez Arvizu, Fermín Montes Cavazos.
AL SENADO DE LA REPÚBLICA,
A SOLICITUD DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS OVANDO PATRÓN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, en su calidad de diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral 1, inciso g), y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, 85, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente de esta Presidencia que tenga a bien formular una excitativa a las Comisiones Unidas Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, a efecto de que se dictamine con la mayor brevedad, para su presentación ante el pleno de este órgano legislativo, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Título Vigésimo Séptimo al Libro Segundo del Código Penal Federal, "De los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión ejercida mediante la Actividad Periodística".
Es necesario contribuir a que se garantice el ejercicio de la libertad de expresión, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y factor esencial para la vigencia del Estado de derecho y del régimen democrático.
La protección de los derechos fundamentales de los miembros del sector periodístico implica la responsabilidad nacional e internacional del Estado de identificar sus necesidades reales de tipo profesional y personal para el pleno y seguro ejercicio de su actividad, a fin de establecer las medidas legales y administrativas necesarias para su adecuada y oportuna atención, sin más limitaciones que las establecidas en la ley; acciones que deben constituir un elemento primordial para consolidar y garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Al señalar los derechos fundamentales que el Estado, en su calidad de garante, se encuentra obligado a proteger y las directrices que debe seguir para satisfacer las necesidades de los gobernados, como establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, los legisladores debemos buscar que los profesionales de la comunicación cuenten con las garantías necesarias para salvaguardar su integridad y seguridad jurídica, así como su derecho a una debida procuración e impartición de justicia.
Se trata de reconocer la posición de los periodistas como un sector particularmente destinatario de agresiones y de violaciones de sus derechos humanos, así como de proteger la esencial actividad pública que realizan en la vida democrática del país, en especial en los casos en que los profesionales de la información cubren situaciones de conflicto armado o de urgencia, circunstancias en las que deben ser igualmente sujetos de especial protección para garantizar al máximo que dispongan de medios para cumplir su función informativa.
En el país, el Estado de derecho sienta sus bases en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene un catálogo de derechos fundamentales, entre otros bienes jurídicos tutelados, de la integridad y seguridad personal, y de la seguridad jurídica, lo que incluye una debida procuración e impartición de justicia en favor de los gobernados y, en este caso específico, de la libertad de expresión.
En el orden jurídico mexicano, la integridad y seguridad personal se reconocen como derechos fundamentales, específicamente en los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 19, último párrafo, y 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Entre los instrumentos internacionales que remarcan estos derechos destacan las disposiciones contenidas en los artículos 7 y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley; y 1.2 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
En lo sustancial, los preceptos nacionales e internacionales referidos establecen que nadie podrá ser privado de la libertad ni molestado en su persona; esto es, que todo ser humano tiene derecho a que se respeten su integridad y seguridad personales, derechos que estarán protegidos en la ley, por lo que nadie podrá ser privado de éstos arbitrariamente.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en fecha 22 de abril de 2008, el diputado Jesús de León Tello, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Código Penal Federal.
A su vez, en sesión celebrada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en fecha 13 de agosto de 2008, los diputados Ruth Zavaleta Salgado, Alliet Bautista Bravo, Joaquín de los Santos Molina y Victorio Montalvo Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Penal Federal, en materia de protección de los periodistas.
Finalmente, en sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en fecha 27 de noviembre de 2008, los diputados miembros de la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, el presidente de la Mesa Directiva y los coordinadores de los grupos parlamentarios presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan el Título Vigésimo Séptimo y los artículos 430 del Código Penal Federal, 116 del Código Federal de Procedimientos Penales y 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
De la presentación de dichas iniciativas, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura emitió dictamen mediante el cual se adiciona el Título Vigésimo Séptimo al Código Penal Federal, "De los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión ejercida mediante la Actividad Periodística", adicionando los siguientes artículos:
El artículo 430 del citado ordenamiento, a fin de sancionar a quien cometa un hecho ilícito previsto en las leyes penales, con el propósito de impedir, interferir, limitar o atentar contra la actividad periodística, estableciendo una pena de prisión de uno a cinco años y de cien a quinientos días multa.
Se aumentará hasta en una mitad la pena señalada en el párrafo anterior cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, y se impondrán con independencia de la que corresponda por la comisión de otro u otros delitos.
Asimismo, se propone adicionar el artículo 431 del citado ordenamiento, a fin de establecer como definición de actividad periodística el ejercicio de buscar, recolectar, fotografiar, investigar, sintetizar, redactar, jerarquizar, editar, imprimir, divulgar, publicar o difundir informaciones, noticias, ideas u opiniones para conocimiento del público en general, a través de cualquier medio de comunicación, así como la distribución de éstas. La actividad puede realizarse de manera habitual o esporádica, remunerada o no y sin que necesariamente haya relación laboral con un medio.
Dicho dictamen fue aprobado en este recinto legislativo con 263 votos a favor el 2 de abril de 2009, sin que a la fecha la Cámara revisora haya emitido el dictamen correspondiente.
Han transcurrido nueve meses a partir de que fue votada, aprobada y enviada dicha minuta, tiempo por demás suficiente para que, con fundamento en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República, presenten el dictamen correspondiente de la minuta en cuestión.
En tal virtud, es procedente que el presidente de la Cámara de Senadores, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 67, numeral 1, inciso g), y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, 85, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a las comisiones unidas citadas para que emitan el dictamen correspondiente.
La libertad de expresión no es una concesión del Estado sino un derecho fundamental, mediante el cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información, por lo que la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida deben estar debidamente sancionadas, más aún el asesinato, el secuestro, la desaparición forzada, la intimidación o la amenaza cometida contra las personas que se dedican a este tipo de actividades.
Por lo expuesto y fundado, a usted, ciudadano presidente de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, atentamente pido que se sirva
Único. Excite a las Comisiones Unidas de Justicia, y Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores para que presenten el dictamen respectivo de la minuta con proyecto de decreto por la que se que adiciona el Título Vigésimo Séptimo al Libro Segundo del Código Penal Federal, "De los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión ejercida mediante la Actividad Periodística", turnada el 14 de abril de 2009.
Diputado José Luis Ovando Patrón (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO, A SOLICITUD DEL DIPUTADO JOSÉ ÓSCAR
AGUILAR GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado José Óscar Aguilar González, en nombre de la diputación federal del Partido Revolucionario Institucional de Puebla, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, 58 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, promueve ante usted excitativa con la solicitud de que sea atendida a la mayor brevedad.
Antecedentes
El 13 de septiembre de 2007 el Ejecutivo federal presentó iniciativa para abrogar la Ley de Tenencia y Uso de Automóviles a partir del 1 de enero de 2014, sin perjuicio de que pudiera suspenderse el cobro del impuesto federal en el caso de que las entidades federativas, de manera previa a la fecha mencionada, establecieran ese impuesto en forma local.
El 21 de diciembre de 2007 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, dando con ello el final legislativo de este impuesto como contribución de carácter federal a partir del 1 de enero de 2012.
El segundo párrafo del numeral cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos previó, en términos de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo –vigente hasta el 31 de diciembre de 2011– que las entidades federativas que establecieran impuestos locales sobre tenencia o uso de vehículos respecto de vehículos por los que se debía cubrir el Impuesto Federal considerado en la ley que se abrogaba, suspenderían el cobro del impuesto federal correspondiente en la entidad federativa de que se tratara.
Con fecha 26 de marzo de 2009 el diputado Horacio Garza Garza, del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa que abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos a partir del 1 de enero de 2010, y reforma la Ley de Coordinación Fiscal en el artículo 2, para que el Fondo General de Participaciones se constituya con el 21.35 por ciento de la recaudación federal participable en 2010 y se modifique la fórmula de distribución a las entidades federativas, considerando la tenencia participada a los estados en 2009.
El 11 de marzo de 2009, el senador Carlos Lozano de la Torre, con otros senadores del Partido Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 2-B a la Ley de Coordinación Fiscal para crear un fondo especial resarcitorio que se constituya con el 1.35 por ciento de la recaudación federal participable a distribuir entre las entidades federativas y al gobierno del Distrito Federal en forma proporcional con los montos recaudados del impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos que hayan obtenido durante el ejercicio de 2009. Lo anterior a partir del 1 de enero de 2010.
Consideraciones
El Partido Revolucionario Institucional insistió siempre en adelantar la eliminación del impuesto sobre tenencia a partir de 2010 y no hasta el 1 de enero de 2014 como lo proponía el Ejecutivo federal, prueba de ello son las iniciativas presentadas tanto por el diputado Horacio Garza Garza como por el senador Carlos Lozano de la Torre, quienes plantearon no sólo su abrogación a partir de enero de 2010 sino cuidando de que no se afectaran las finanzas de las entidades federativas al proponer mecanismos que compensen la baja de la recaudación del impuesto al ser eliminado.
Hasta hoy la presidencia de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en forma inexplicable, ha hecho caso omiso de las reiteradas peticiones para dictaminar las iniciativas en comento, permaneciendo éstas congeladas en forma por demás preocupante.
Resulta apropiado reconocer que en 2007, cuando se aprobó esta reforma, no se apreciaba una perspectiva económica mundial como la que hoy enfrentamos. Por ello, en las actuales condiciones de la economía global, en donde se presentan escenarios recesivos para la industria en general, debemos tomar medidas que nos permitan fortalecer el mercado interno apoyando nuestras empresas, nuestra industria y nuestros empleos para enfrentar de manera decidida la crisis económica que aún se resienten en las familias mexicanas.
La respuesta debe de ser la abrogación inmediata para el actual ejercicio fiscal de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, para minimizar el impacto de la crisis, que tiene efectos internacionales y a los que no es ajena la sociedad mexicana.
Cabe señalar que el gobierno federal recibirá por concepto de ingresos excedentes por exportación de petróleo crudo en 2010 por lo menos 150 mil millones de pesos, que cubrirían con creces la constitución de un fondo resarcitorio que compense los montos que dejen de recibir las tesorerías estatales o bien incrementar el Fondo General de Participaciones.
Por otro lado, la abrogación para el ejercicio fiscal de 2010 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos debe considerar categóricamente la restitución a las finanzas públicas locales, lo anterior en virtud de que a pesar de que se otorga un periodo de pago de tres meses, el impuesto ya fue causado y presupuestado por las entidades federativas y ha surtido todos sus efectos para todos los contribuyentes a partir del 1 de enero del ejercicio.
Cabe precisar que la constitución del fondo especial resarcitorio o el aumento del Fondo General de Participaciones se fundamenta en que para 2010 la recaudación tributaria podrá crecer al ritmo de la economía previsto en un 4.0 por ciento, mayor al 3.3 por ciento inicial, así como por mayores ingresos petroleros derivados de un mayor precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación, al ser ésta en promedio de 70 dólares por barril, superior a los 59 dólares estimados en promedio en la Ley de Ingresos para 2010.
Es de señalar que los ingresos por concepto del impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos representan para 2010 el 1.27 por ciento de la recaudación federal participable. El impuesto sobre tenencia o uso de vehículos estimado para 2010 en la Ley de Ingresos de la Federación es de 21 mil 67.9 millones de pesos.
Por lo anterior, se propone adicionar la Ley de Coordinación Fiscal para crear un fondo especial resarcitorio equivalente al 1.27 por ciento de la recaudación federal participable para 2010, a efecto de restituir a las entidades federativas los recursos que dejarán de percibir al momento de que surta efectos la abrogación de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, o bien incrementar el Fondo General de Participación para que se constituya con el 21.35 por ciento de la recaudación federal participable.
Por las razones expuestas y con fundamento en el artículo 45, numeral 6, incisos c), e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados lo siguiente:
Único. Se excite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que conforme a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos proceda a la mayor brevedad a dictaminar las iniciativas del diputado Horacio Garza Garza que abroga la Ley sobre Tenencia o Uso de Vehículos y reforma el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal; y la iniciativa del senador Carlos Lozano de la Torre que adiciona el artículo 2-B de la Ley de Coordinación Fiscal.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 16 de febrero de 2010.
Diputados: José Óscar
Aguilar González (rúbrica), José Alberto González
Morales, Janet Graciela González Tostado, María del Carmen
Izaguirre Francos, Juan Pablo Jiménez Concha, Blanca Estela Jiménez
Hernández, Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica),
Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Julieta Octavia Marín
Torres, María Isabel Merlo Talavera, Fernando Morales Martínez,
Francisco Ramos Montaño,