• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal y al Congreso de Baja California Sur que realicen las acciones conducentes a evitar la venta del predio Punta Belcher, en Comondú, a cargo de la diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, para que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados haga llegar una felicitación a las autoridades de la Universidad Autónoma de Guadalajara con motivo de su 75 aniversario, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al director general de la Conagua para que explique, en el ámbito de su competencia, las causas de las inundaciones de Tabasco en 2007, 2008 y 2009, y de las recién ocurridas en el Distrito Federal, estado de México y Michoacán; y exponga las políticas y acciones instauradas a fin de evitar inundaciones, a cargo del diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Conagua, y al gobierno del estado de México a aplicar recursos que prevengan inundaciones en San Mateo Atenco, a cargo del diputado Sergio Octavio Germán Olivares, del Grupo Parlamentario del PAN

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP que otorgue los recursos económicos designados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 a las entidades federativas para que no se retrase la implantación de las políticas públicas consideradas en cada una de éstas, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incrementar los recursos destinados a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de San Luis Potosí para atender la salud de personas de escasos recursos y carentes de seguridad social, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF a ejercer con oportunidad, transparencia y equidad el presupuesto aprobado a Iztapalapa, a cargo de la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del PAN

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a aceptar la recomendación número 64/2008, emitida por la CNDH, sobre la explosión de la mina 8 en Pasta de Conchos, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Coordinación General de Protección Civil de la Segob un informe detallado de la situación de los 159 nosocomios identificados como focos rojos o de alta complejidad; y se exhorta a la Comisión de Salud a reunirse con representantes de esa dependencia sobre el mismo tema, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar mediante la SHCP la fracción VI, numeral 41, de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano para incorporar el municipio como integrante del Comité Técnico del Fideicomiso de ese fondo, a cargo de la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del PAN

• Con punto de acuerdo, por el que se propone que los diputados a la LXI Legislatura donen un día de dieta para reconstruir el patrimonio de los afectados por las inundaciones del 4 y 5 de febrero de 2010 en Venustiano Carranza, Distrito Federal, a cargo de la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar medidas que favorezcan al sector campesino y que contrarresten el alza debida al aumento del costo de las gasolinas y del diesel, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, a fin de crear una comisión especial para impulsar el desarrollo de la industria vitivinícola y de los productos vid de México, a cargo del diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid, del Grupo Parlamentario del PAN

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención de la SHCP, de la SE y de la Semarnat respecto a la situación de la industria automotriz, a cargo de la diputada Indira Vizcaíno Silva, del Grupo Parlamentario del PRD

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la STPS a vigilar el cumplimiento de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en torno del conflicto minero de Cananea, a cargo del diputado Miguel Ernesto Pompa Corella, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, a fin de que la ASF realice una revisión financiera a los recursos federales para Colima, a cargo de la diputada Indira Vizcaíno Silva, del Grupo Parlamentario del PRD

• A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y demás normatividad aplicable, someto a consideración de la asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Ejecutivo de Baja California Sur, con el pretexto de que su gobierno se está "dando a la tarea de identificar los bienes inmuebles propiedad del gobierno del estado que no están cumpliendo la función de prestar algún servicio a la comunidad, identificando unos con uso y vocación turística", envió una iniciativa de decreto mediante la cual solicita autorización para promover y enajenar a título oneroso predios propiedad del gobierno del estado.

Dicha iniciativa señala en el artículo cuarto: "Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo de Baja California Sur para promocionar, licitar y, en su caso, enajenar a título oneroso una fracción de predio denominado ‘Punta Belcher’, ubicado en la isla Bahía Magdalena, de Comondú…" La situación ha alarmado a la sociedad bajacaliforniana, toda vez que dicha acción confirma las intenciones del gobernador para vender en 2 millones 629 mil 251 pesos el predio Punta Belcher, lugar turístico con dunas y vegetación de la isla Magdalena, en Comondú, que comprende 2 mil 500 hectáreas.

Tales intenciones resultan desde cualquier óptica absolutamente fuera de lugar, toda vez que Punta Belcher

En virtud de lo anterior, y atendiendo a un alto sentido de la ética, la justicia, la legalidad, la honradez y el respeto pleno de los sudcalifornianos y del ecosistema, resulta a todas luces incongruente e irresponsable pretender que un reserva ecológica de vital importancia para Baja California Sur quede al servicio de intereses económicos personales, pasando por alto derechos constitucionales, ambientales y ciudadanos.

Por lo señalado, someto a consideración de la asamblea la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Congreso de Baja California Sur a efecto de que, en defensa del patrimonio de los sudcalifornianos y con arreglo a lo mandatado en la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y el marco normativo que de ella se desprende, tenga a bien resolver como improcedente la iniciativa de decreto mediante el cual el titular del Ejecutivo de Baja California Sur solicita autorización para promover, licitar y, en su caso, enajenar a título oneroso una fracción de predio Punta Belcher, situado en la isla Bahía Magdalena, de Comondú.

Segundo. Se solicita al secretario de Gobernación, en razón de lo mandatado en la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que realice en el marco de su competencia las acciones necesarias para evitar que el predio Punta Belcher, situado en la isla Bahía Magdalena, de Comondú, Baja California Sur, sea enajenado por el gobierno del estado.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al secretario de Gobernación a llevar a cabo las gestiones conducentes a que la isla Bahía Magdalena sea declarada área natural protegida.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2010.

Diputada Esthela Ponce Beltrán (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS HAGA LLEGAR UNA FELICITACIÓN A LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA CON MOTIVO DE SU 75 ANIVERSARIO, A CARGO DE LA DIPUTADA OLIVIA GUILLÉN PADILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La suscrita, Olivia Guillén Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Mesa Directiva de esta soberanía que salude y felicite a las autoridades de la Universidad Autónoma de Guadalajara con motivo de su 75 aniversario, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

La Universidad Autónoma de Guadalajara fue fundada el 3 de marzo de 1935; es la primera universidad particular en México. El 26 de julio de 1991, por decreto presidencial, se le otorgó la autonomía universitaria, la facultad de expedir sus títulos profesionales y de autogobernarse por sus ordenamientos administrativos y estatutarios.

La celebración del 75 aniversario de la Universidad Autónoma de Guadalajara no sólo significa reconocer el tiempo que ha perdurado su patrimonio a través de los años, sino que nos ofrece la oportunidad a los jaliscienses de refrendar el testimonio de cuánto es lo que se ha realizado y logrado en sus espacios académicos, de investigación y de cultura por una innumerable cantidad de hombres y mujeres que han cumplido el sueño de terminar sus estudios, de desempeñar una labor universitaria en sus aulas y de ser dignos ciudadanos del país.

El trabajo que se desarrolla con claridad en la Universidad Autónoma de Guadalajara surgió desde su creación, como resultado de la concepción filosófica de sus fundadores, sustentada en la fuerza de la unidad y la perseverancia de sus ideales que como estudiantes mostraron, espíritu que ha perdurado a través del tiempo desde el 3 de marzo de 1935, pensamiento sembrado desde ese entonces en cada una de las generaciones que han egresado de tan grandiosa institución.

La tolerancia de las ideas es lo único que permite que un país avance en paz para lograr los objetivos de nación que su pueblo requiere, y la educación nos permitirá lograr nuestras aspiraciones individuales y de la sociedad en general. En sus aulas se ha dado cabida a diversas corrientes y formas de pensamiento.

Por ello, en este 75 aniversario, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre la historia del país para apreciar los esfuerzos de todos los mexicanos y reconocer en esta noble institución lo que nos identifica y debe atesorarse con desvelo; pero al mismo tiempo, nos permitirte inspirarnos con la tenacidad superior de su trabajo educativo.

"Reine siempre en nosotros, compañeros, la luz del espíritu inmortal; a Jalisco y a México honremos en la libre universidad", dice su himno; y en su desempeño lo ha logrado sin duda, al inculcar en alumnos, egresados y personal docente la misión de siempre ver más allá de lo inmediato, con la firme encomienda de formar parte importante del desarrollo de la sociedad y sembrar en ellos el orgullo de ser parte fundamental de la historia institucional de esta universidad.

En estos tiempos, de crisis no sólo económica sino también social, resulta importante y por demás fundado no olvidar las conmemoraciones de los centros de educación superior porque precisamente en las universidades como la Autónoma de Guadalajara se percibe el mayor compromiso de encontrar y plantear soluciones a los problemas nacionales.

Hoy, que la exigencia de los nuevos tiempos pone a prueba la importancia y el papel de la educación tanto en el ámbito social, económico y productivo como cultural, aprovechemos esta oportunidad de congratularnos del actuar visionario y audaz, que a lo largo de estos 75 años de existencia ha logrado la Universidad Autónoma de Guadalajara, impartiendo el conocimiento en diversas materias del quehacer universitario, pilar fundamental para contribuir a alcanzar el país que todos deseamos.

Felicitemos a la Universidad Autónoma de Guadalajara por la valiosa labor desempeñada como parte relevante del sistema educativo nacional, en estos 75 años de labor en favor de estudiantes de Jalisco, del resto del país y del extranjero, y a la comunidad universitaria que ha tenido la oportunidad de contar con un espacio dónde estudiar y desenvolverse.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se hace una respetuosa solicitud a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en el marco de sus facultades de apoyo de la educación nacional y en reconocimiento de la responsabilidad de las instituciones públicas y privadas de promover la educación como una forma de lograr la igualdad de oportunidades para todos los mexicanos, salude y felicite a las autoridades de la Universidad Autónoma de Guadalajara con motivo del 75 aniversario de su fundación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2010.

Diputados: Olivia Guillén Padilla (rúbrica), Jorge Arana Arana (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Ana Estela Durán Rico (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Joel González Díaz (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Jorge López Portillo Basave (rúbrica), José Padilla López (rúbrica), María Scherman Leaño (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica), Juan José Cuevas García, Alberto Esquer Gutiérrez (rúbrica), Gustavo González Hernández (rúbrica), José Luis Iñiguez Gámez, César Madrigal Díaz, Carlos Meillón Johnston (rúbrica), María Novoa Mossberger (rúbrica), Ana Elia Paredes Árciga, Felipe Rangel Vargas (rúbrica), Francisco Ramírez Acuña, Ignacio Téllez González (rúbrica), Juan Ibarra Pedroza (rúbrica).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL DIRECTOR GENERAL DE LA CONAGUA PARA QUE EXPLIQUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, LAS CAUSAS DE LAS INUNDACIONES DE TABASCO EN 2007, 2008 Y 2009, Y DE LAS RECIÉN OCURRIDAS EN EL DISTRITO FEDERAL, ESTADO DE MÉXICO Y MICHOACÁN; Y EXPONGA LAS POLÍTICAS Y ACCIONES INSTAURADAS A FIN DE EVITAR INUNDACIONES, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO JIMÉNEZ LEÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario de Convergencia, Pedro Jiménez León, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en el artículo 23, numeral 1, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto acuerdo para solicitar la comparecencia del ingeniero José Luis Luege Tamargo, director general de la Comisión Nacional del Agua, ante las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados de Recursos Hidráulicos, Presupuesto y Cuenta Pública, y la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que explique en el ámbito de su competencia, las causas que provocaron las inundaciones en Tabasco, durante 2007, 2008 y 2009; y las recientes registradas en el Distrito Federal, estado de México y Michoacán; y exponga las políticas y acciones que ha aplicado para evitar que vuelvan a suscitarse nuevas inundaciones; y exhortar a esta honorable Cámara de Diputados para que en el caso de Tabasco, se instale una mesa de trabajo plural e incluyente en la que participe el gobierno federal; el gobierno del estado; los presidentes municipales; el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; el director de la Comisión Nacional del Agua; el Congreso local; instituciones de educación superior; las cámaras empresariales y representantes de la sociedad civil; a fin de dar seguimiento a las obras del Plan Hídrico, e impulsar acciones conjuntas que eviten nuevas inundaciones en el Estado, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los últimos años se han registrado inundaciones en distintas entidades federativas del país, donde las causas no se derivan de la fuerza de la naturaleza, sino a la ausencia de planeación, a la insuficiente infraestructura hidráulica y a la falta de visión gubernamental para darle sustentabilidad y viabilidad a las ciudades.

Tal es el caso de las inundaciones que se registraron durante 2007, 2008 y 2009 en Tabasco, debido fundamentalmente a la falta de un Plan Hídrico que debió haberse construido y operado desde hace más de veinte años.

Apenas hace unos días, se presentaron nuevas inundaciones que causaron cuantiosos daños patrimoniales en colonias del Distrito Federal, municipios del estado de México y Michoacán. Las causas son las mismas: insuficiente infraestructura, ausencia de inversión, y falta de visión del gobierno.

Mientras el gobierno federal se deslinda de su responsabilidad y atribuye las fallas y causas de las inundaciones a los gobiernos locales; la ciudadanía sigue sufriendo los estragos de las inundaciones, en sus casas, en su patrimonio y con sus familias; sin contar con ninguna certeza de quienes gobiernan, que no volverán a sufrir nuevas inundaciones.

A pesar de que ya pasó la contingencia en vanas ciudades, la sociedad afectada continúa viviendo en la zozobra y en la incertidumbre. Ante esta situación, nuestro grupo parlamentario se encuentra cada vez más preocupado, ya que estos fenómenos son cada vez más frecuentes y amenazan repetirse constantemente en buena parte del territorio nacional. Insistimos, no por la fuerza de la naturaleza, sino por la omisión de las autoridades competentes.

La reacción del Gobierno Federal, a través del titular de la Comisión Nacional del Agua, ingeniero José Luis Luege Tamargo; ha sido únicamente de deslinde, mediante señalamientos acerca de lo que en su opinión dejó de hacerse en materia de prevención a nivel estatal y municipal.

El gobierno federal ha asumido una posición muy cómoda, tratando de evadir su responsabilidad. Lejos de encontrar procedimientos de colaboración para superar el problema entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, se recurre una y otra vez a la estrategia que pretende ocultar a la opinión pública, las omisiones y faltas.

Las inundaciones ocurridas en Tabasco durante los años 2007 y 2008, que afectaron a los municipios de Jonutla, Frontera y en Villahermosa, así como en 2009 en donde la zona afectada fue la Chontalpa, que abarca los municipios de Cunduacán, Cárdenas, Comalcalco, Huimanguillo y Paraíso; cuyos daños fueron cuantiosos y las promesas del Ejecutivo incumplidas, debido a que de las 220 mil viviendas que se censaron, sólo se entregaron 130 mil vales para enseres domésticos, y se dejaron de atender 90 mil viviendas, a las cuales no se entregaron los vales de reconstrucción de viviendas.

Las inundaciones de Tabasco y las recientes registradas en el Distrito Federal, estado de México y Michoacán, deben llamar nuestra atención, para que desde esta Soberanía se promueva la instrumentación de acciones de gobierno, que eviten nuevas inundaciones por falta de infraestructura hidráulica y por falta de visión de gobierno.

Es por ello, que estamos solicitando la comparecencia del titular de la Comisión Nacional del Agua, para que explique ante comisiones y en el ámbito de su competencia, las causas que provocaron las inundaciones en el Estado de Tabasco durante 2007, 2008 y 2009, y las recientes registradas en el Distrito Federal, estado de México y Michoacán.

De igual modo, para el caso de Tabasco estamos proponiendo la instalación de una mesa de trabajo plural e incluyente en la que participe el gobierno federal; el gobierno del estado; los presidentes municipales; el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; el director de la Comisión Nacional del Agua; el Congreso local; Instituciones de Educación Superior; las cámaras empresariales y representantes de la sociedad civil; a fin de dar seguimiento a las obras del Plan Hídrico, e impulsar acciones conjuntas que eviten nuevas inundaciones en el Estado.

En la búsqueda por encontrar soluciones viables, el Grupo Parlamentario de Convergencia, comprometido con los intereses de la sociedad mexicana, promueve el presente punto de acuerdo, en donde deja de manifiesto que la postura asumida por el gobierno federal, no sólo no contribuye a solucionar el problema de las inundaciones que afectan a miles de mexicanos, sino que en su pretensión de deslindar responsabilidades, retrasa y entorpece la organización necesaria para atender el problema.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Solicitar la comparecencia del ingeniero José Luis Luege Tamargo, director general de la Comisión Nacional del Agua, ante las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados de Recursos Hidráulicos; Presupuesto y Cuenta Pública; y la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; a fin de que explique en el ámbito de su competencia, las causas que provocaron las inundaciones en Tabasco, durante 2007, 2008 y 2009; y las recientes registradas en el Distrito Federal, estado de México y Michoacán; y exponga las políticas y acciones que ha aplicado para evitar que vuelvan a suscitarse nuevas inundaciones.

Segundo. Exhortar a la honorable Cámara de Diputados para que en el caso del estado de Tabasco, se instale una mesa de trabajo plural e incluyente en la que participe el gobierno federal; el gobierno del estado; los presidentes municipales; el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; el director de la Comisión Nacional del Agua; el Congreso local; instituciones de educación superior; las cámaras empresariales y representantes de la sociedad civil; a fin de dar seguimiento a las obras del Plan Hídrico, e impulsar acciones conjuntas que eviten nuevas inundaciones en el estado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2010.

Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA CONAGUA, Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MéXICO A APLICAR RECURSOS QUE PREVENGAN INUNDACIONES EN SAN MATEO ATENCO, A CARGO DEL DIPUTADO SERGIO OCTAVIO GERMÁN OLIVARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado Sergio Octavio Germán Olivares, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General, presenta proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); y al gobierno del estado de México a aplicar los recursos necesarios que prevengan las inundaciones en el municipio de San Mateo Atenco, estado de México, al tenor de los siguientes

Considerandos

Es por todos conocidos los efectos desfavorables que han ocasionado los fenómenos climatológicos atípicos propios de la actual temporada invernal en diversas zonas de la República Mexicana; primero por las ondas gélidas que cubrieron prácticamente a todo el país y en días recientes por las lluvias intensas que han generado verdaderas tragedias en muchos lugares de México.

En este sentido, como representante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional debo reconocer el esfuerzo coordinado que ha encabezado el gobierno federal con los demás órdenes gubernamentales para resarcir las afectaciones que se han presentado en distintas entidades federativas del país.

Considero que la respuesta ha sido rápida para atender las demandas más elementales de los ciudadanos perjudicados por estos eventos en estados como Nayarit, Michoacán, estado de México y el Distrito Federal, entre otros.

No obstante, veo con suma preocupación que este esfuerzo no ha sido suficiente o, al menos, no para ciertas comunidades que han sufrido graves daños por las lluvias y que no se ha reconocido su crítica situación.

Es el caso concreto del municipio de San Mateo Atenco, estado de México, el cual sufre de recurrentes problemas derivados de los fenómenos climatológicos, y el más reciente presentado a principios de este mes de febrero, no ha sido la excepción.

San Mateo Atenco apenas se empezaba a recuperar de la última inundación sufrida el pasado septiembre, en donde salieron afectadas mil 200 familias y 750 casas con inundaciones de entre los 50 centímetros hasta 1 metro con 20 centímetros, cuando se presentó el reciente fenómeno de lluvias intensas generado por el aire húmedo, ambiente frío y la vaguada que afectaron a gran parte de México.

Esta situación ha provocado la presentación de lluvias desde el 30 de enero pasado de manera continua hasta el 4 de febrero, lo que repercutió en severas inundaciones en el municipio, ya que éste se encuentra geográficamente abajo del río Lerma, por lo que recibe todo el líquido pluvial proveniente de Toluca, Zinancatepec, Metepec y Calimaya, entre otras comunidades.

San Mateo tiene la capacidad de expulsar cuatro litros por segundo, el problema es que está recibiendo 19 litros por segundo, lo que agrava su situación. Tan sólo en tres días el agua de las lluvias generadas en esta región, equivalen a la que comúnmente cae en todo un mes.

Las consecuencias de este fenómeno no se han hecho esperar: las principales calles del municipio se inundaron, como son la avenida Juárez, la avenida Independencia y la avenida Lerma.

Por otra parte, se estima que existen 150 comercios dañados y más de 200 casas afectadas. También se reportaron inundaciones en barrios como el de San Pedro y la colonia Isidro Fabela.

Un efecto negativo que inevitablemente acompaña a este fenómeno es el riesgo sanitario que representan las lluvias, por las enfermedades infeccioso-respiratorias, así como enfermedades agudas y neumonías, gastroenteritis, diarrea y deshidratación.

Pero esto es apenas la parte primaria del problema, ya que existe un serio riesgo de que aumente el afluente del río Lerma y se desborde el mismo, lo que afectaría al menos mil viviendas que se sitúan en el barrio de Guadalupe, colindante con los márgenes del río. Nos preocupa que este potencial problema rebase los daños que han ocasionado en eventos anteriores los canales de San Carlos y de San Isidro.

Ante esta realidad, hago uso de esta alta tribuna no solo para pedir el apoyo de las autoridades correspondientes en lo concerniente a la solución concreta de este fenómeno, sino para hacer consciencia y prevenir efectos aún más devastadores para esta región del estado de México.

Si bien los apoyos estatales y federales sirven para sobrellevar las contingencias y atender sus efectos inmediatos, es indispensable contar con un apoyo efectivo y planeado a largo plazo, para que San Mateo Atenco solucione de manera definitiva el problema de las inundaciones que se generan por los canales de San Carlos y San Isidro, que recurrentemente inundan con aguas pluviales y residuales al municipio.

Asimismo, esta estrategia de prevención que solicitamos es fundamental para evitar que el Río Lerma se convierta en otra amenaza importante para San Mateo Atenco.

Los invito a sumarse a este exhorto para garantizar la seguridad de los habitantes de San Mateo Atenco, así como el abasto de los servicios básicos y condiciones mínimas necesarias de salud.

De esta manera, hacemos un exhorto al Poder Ejecutivo federal a través de la Conagua, así como al gobierno del estado de México a enfocarse, coordinadamente, en prevenir y proteger a los habitantes del municipio de San Mateo Atenco y áreas circundantes.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional del Agua; y al gobierno del estado de México a aplicar los recursos necesarios que prevengan las inundaciones en el municipio de San Mateo Atenco, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2010.

Diputado Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SHCP QUE OTORGUE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DESIGNADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE NO SE RETRASE LA IMPLANTACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSIDERADAS EN CADA UNA DE ÉSTAS, A CARGO DE LA DIPUTADA CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Quienes suscriben, Claudia Edith Anaya Mota, Samuel Herrera Chávez, Ramón Jiménez Fuentes, Gerardo Leyva Hernández y Heladio Verver y Vargas Ramírez, integrantes de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgue a la brevedad a las entidades federativas los recursos económicos que les fueron asignados a través del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, a efecto de no retrasar más la implementación de las políticas públicas contempladas por éstas, conforme a las siguientes

Consideraciones

La crisis financiera, iniciada el pasado 2008 en Estados Unidos, se reflejó en la caída de la actividad económica de nuestro país, llegando incluso a ser mayor que la efectuada en el resto de América Latina y el Caribe. Esta situación redundó en el alza de impuestos y de precios de los bienes y servicios, disminuyendo así el poder adquisitivo de la población y, con ello, la demanda del mercado interno. En adición, en el país se reporta un aumento del desempleo, menores ventas, inflación, quiebras y fuga de capitales.

La situación económica en el país se agrava día a día al enfrentar los mexicanos una crisis profunda, cuya duración se estima en al menos un año más. Lo que sin duda afecta negativamente a la economía nacional y, sobre todo, a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Ante estas circunstancias, las entidades federativas, tratando de hacer frente a la crisis que vive la sociedad, han tomado una serie de medidas traducidas en políticas públicas que bien tratan de incentivar el comercio y el turismo, a fin de aminorar las consecuencias de la crisis económica que hoy día todavía se experimenta en el país. De igual manera, diversos programas estatales buscan poner en macha un conjunto de medidas de apoyo indirecto para los sectores económicos.

Catedráticos como Arturo Huerta González, profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, han precisado que la actual crisis es más grave que la de 1982 y la de 1994; por lo que el alza de impuestos afectará a la producción nacional y se agravarán los problemas internos de cartera vencida. Asimismo, señala que pese al crecimiento de la bolsa, la actividad económica sigue en crisis, al igual que el aumento de desempleo en el país. A ello, debemos sumarle el crecimiento de las importaciones, de los productos provenientes del exterior que desplazan la mercancía nacional y, en resumen, vuelven dependiente a nuestra economía nacional. A todo esto, se suma la caída de las remesas que, sin duda, representa una de las fuentes de economía de muchos mexicanos.

Ante este panorama, los gobiernos de las entidades federativas han diseñado programas, acciones y políticas destinadas a reactivar su economía, bien sea a través del fomento a la industria, a las actividades agrícolas, turísticas, obras públicas, entre otras, todo con el ánimo de aminorar las consecuencias de la crisis en que se encuentra inmerso, no sólo México, sino el mundo. Sin embargo, para poder implementar y ejecutar todas las acciones programadas, las entidades federativas requieren que la federación, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregue los recursos programados de manera inmediata; de lo contrario, dicho atraso repercutirá en la insatisfacción de las necesidades de la población, con lo que se estarán propiciando situaciones de inconformidad social.

En este sentido, es importante resaltar que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que el Presupuesto de Egresos de la Federación debe ser aprobado por la Cámara de Diputados el 15 de noviembre. Lo anterior, con la intención de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuente con 45 días naturales para evaluar y documentar todos los programas y proyectos de obra para su ejecución y, así, esté en posibilidades de liberar los recursos correspondientes el 1 de enero del año siguiente, situación que, como se señalo anteriormente, no ha ocurrido. Existen entidades federativas que no han podido comenzar el desarrollo y ejecución de sus políticas y proyectos debido al retraso en la entrega de recursos.

De ahí la necesidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público designe, de manera puntual y oportuna, los recursos económicos ya designados a las entidades federativas, a fin de que éstas tengan la posibilidad real de atender oportunamente las necesidades sociales de sus población.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgue a la brevedad los recursos económicos designados a las entidades federativas, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, a efecto de que no se retrase la implementación de las políticas públicas contempladas en cada una de éstas.

Palacio Legislativo, a 11 de febrero de 2010.

Diputados: Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), Samuel Herrera Chávez, Ramón Jiménez Fuentes, Gerardo Leyva Hernández, Heladio Verver y Vargas Ramírez.
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A INCREMENTAR LOS RECURSOS DESTINADOS A LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSÍ PARA ATENDER LA SALUD DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y CARENTES DE SEGURIDAD SOCIAL, A CARGO DE LA DIPUTADA DELIA GUERRERO CORONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La que suscribe, Delia Guerrero Coronado, diputada federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a incrementar los recursos destinados a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de San Luis Potosí con base en las siguientes

Consideraciones

En fundamento jurídico de la beneficencia pública se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 27, fracción III, establece la ayuda o el auxilio a los necesitados como objeto de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Reconociendo las importantes acciones de la beneficencia pública a favor de las personas más desprotegidas de nuestra sociedad, en abril de 1995, el Consejo Nacional de Salud adoptó el acuerdo de promover la creación de las Beneficencias Públicas Estatales.

También se propuso que para favorecer la formación de un patrimonio de beneficencia pública estatal, los estados ya descentralizados establecieran un fondo proveniente de un porcentaje de las cuotas de recuperación obtenidas en sus unidades aplicativas.

Actualmente, ya existen diversos estados de la federación que a partir de decretos expedidos por los gobernadores de las respectivas entidades y, en su caso, por decreto de la legislatura estatal, ya cuentan con su Beneficencia Pública.

En San Luis Potosí, el patrimonio de la beneficencia pública se constituyó mediante decreto publicado en octubre de 1998 y su instalación se logró en enero de 2002.

En el caso de la Administración de la Beneficencia Pública en San Luis Potosí, su función sustantiva consiste en ayudar a personas de escasos o nulos recursos y que carecen de seguridad social, que se encuentren en situación emergente, brindándoles apoyo y recursos de atención a la salud y mejorando la calidad de vida de esa población vulnerable.

Concientes de que actualmente el sistema de seguridad social no cubre en su totalidad a los derechohabientes con ayudas funcionales a los que sean derechohabientes ya sea del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o de hospitales privados para su inserción a la sociedad, la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del estado ha buscado apoyar a la sociedad económicamente más desprotegida

La importancia de esta institución radica en el cada vez mayor número de personas apoyadas. El año pasado la institución atendió miles de casos en cuestión de medicamentos, gastos de hospitalización, estudios de laboratorio y gabinete, sesiones de hemodiálisis, tratamiento oncológico y radioterapia, entre otros.

Básicamente se apoya a las personas de bajos recursos económicos, a los no derechohabientes de alguna institución de seguridad social, ó a los derechohabientes en conceptos no considerados por su institución pública.

Adicionalmente también se han brindado apoyos a organizaciones de la sociedad civil constituidas jurídicamente y que tienen proyectos de alto impacto en salud.

El total de pacientes atendidos por esta institución alcanzó los 49 mil 155 personas a julio de 2009, de los cuales 19 mil 963 fueron pacientes de primera vez y 29 mil 192 subsecuentes.

El promedio diario de casos atendidos es de aproximadamente 40 a los que se procura ayudar y brindar una solución a sus peticiones de acuerdo a la capacidad económica el mismo día en que son atendidos.

Y también se han beneficiado a personas físicas con apoyos funcionales en especie con la donación de 48 prótesis de cadera, 15 prótesis de rodilla, 14 prótesis para amputado, 2 prótesis oculares, 1 prótesis de húmero, 408 auxiliares auditivos, 47 sillas de ruedas, 6 concentradores de oxigeno, 44 pares de muletas, 15 andadores y 5 sets de columna, entre otros muchos apoyos.

El presupuesto de la mayoría de las beneficencias depende exclusivamente del depósito del 10 por ciento del total de las cuotas de recuperación de las unidades médicas aplicativas del primero y segundo nivel de atención de la Secretaría de Salud.

También otras fuentes de financiamiento como son donativos, herencias y legados, pero en este tipo de financiamiento, lo recaudado es mínimo. Después de la creación del Seguro Popular de Salud, las beneficencias públicas han visto disminuido el ingreso por el 10 por ciento de las cuotas de recuperación, ya que estos pagos que efectúa el seguro popular no los registran las unidades aplicativas vía recibos únicos nacionales.

Actualmente la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de San Luis Potosí recibe alrededor de 2 millones 750 mil pesos anuales por parte del gobierno estatal y en cuotas de recuperación correspondiente al 10 por ciento de lo que recaudan los hospitales públicos son alrededor de 2 millones 500 mil pesos anuales.

Sin embargo, para mejorar la situación financiera y poder ampliar el apoyo a más pacientes con mejores insumos se requiere al menos el triple de recursos de los que actualmente se tienen.

La situación financiera de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública estatal es crítica, debido a que en los últimos años se registró una reducción significativa de sus recursos netos, mientras que la demanda de apoyos para atender a la población de escasos recursos sin cobertura de seguridad social se ha visto incrementada.

La crisis económica que se experimenta actualmente en nuestro país ha motivado que un mayor número de personas desempleadas haya perdido su cobertura de seguridad social y acuda a los servicios públicos de salud en busca de atención.

El efecto combinado de ambas tendencias se ha traducido en un deterioro continuo del flujo de efectivo y, consecuentemente, de la capacidad financiera de la institución para dar cumplimiento a su función social.

Consecuentemente, es necesario obtener una ampliación líquida presupuestal para operar en forma efectiva la actividad sustantiva de la Administración del patrimonio de la Beneficencia Pública en San Luis Potosí, lo cual implica restablecer la capacidad financiera de la institución para dar cumplimiento a su función social.

Por lo expuesto, la que suscribe somete a consideración de la asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud federal a incrementar los recursos destinados a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de San Luis Potosí para atender la salud de personas de escasos recursos y que carecen de seguridad social.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2010.

Diputada Delia Guerrero Coronado (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GDF A EJERCER CON OPORTUNIDAD, TRANSPARENCIA Y EQUIDAD EL PRESUPUESTO APROBADO A IZTAPALAPA, A CARGO DE LA DIPUTADA SILVIA ESTHER PÉREZ CEBALLOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Como representante del Distrito Federal y en particular de la delegación Iztapalapa, me dirijo a ustedes con una inquietud que todos los habitantes de esta ciudad compartimos, y es precisamente la forma en la que se ejerce el presupuesto que se otorga a la Ciudad de México por esta soberanía.

Durante el año 2009 se autorizó para la delegación Iztapalapa un presupuesto de 3 mil 76 millones de pesos, dicho presupuesto fue modificado, restándole el 4.9 por ciento lo que dio un resultado de 2 mil 905 millones de pesos. Sin embargo el presupuesto ejercido por dicha demarcación hasta septiembre de 2009 era sino de mil 677; es decir, que más de la mitad del presupuesto, un 55.7 por ciento no había sido ejercido para esa fecha, lo cual indica un posible subejercicio en perjuicio de los habitantes de una de las delegaciones con más problemas de inseguridad y sobre todo de marginación y pobreza en el Distrito Federal, siendo el ejemplo de la enorme desigualdad que aqueja a nuestra ciudad.

Según el Gobierno del DF los principales logros durante 2009 en la delegación Iztapalapa fueron:

En este orden de ideas, el presupuesto etiquetado de la delegación se establece de la siguiente forma:

A pesar de que coincidimos en la necesidad imperante de agua potable en esta demarcación, así como un urgente incremento en la seguridad pública, no podemos sino manifestar nuestra suspicacia en el rubro etiquetado como "programas delegacionales" ya que no se especifica cuales serán dichos programas, pudiendo ser utilizados con fines electorales, o como parece señalar el ejercicio del año anterior, ser subejercido; siendo una obligación y responsabilidad del Gobierno del Distrito Federal, así como de las Delegaciones Políticas actuar con transparencia en el ejercicio de los recursos aprobados.

Por lo expuesto y en beneficio de toda la población de la delegación Iztapalapa, es que presento la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que ejerza con oportunidad, transparencia y equidad el presupuesto aprobado a la delegación Iztapalapa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero 2010.

Diputada Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PGR A ACEPTAR LA RECOMENDACIÓN NÚMERO 64/2008, EMITIDA POR LA CNDH, SOBRE LA EXPLOSIÓN DE LA MINA 8 EN PASTA DE CONCHOS, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a que acepte la recomendación 64/2008 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos relativa a la explosión de la mina 8 en Pasta de Conchos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Este 19 de febrero se cumplen 4 años de lucha por alcanzar la justicia para los 65 mineros que fallecieron al estallar la mina 8 de la unidad Pasta de Conchos, en Sabinas, Coahuila.

Las viudas y familiares no han escatimado procedimiento jurídico alguno; han recurrido a todas las instancias nacionales e internacionales para lograr el rescate de los cuerpos y la aplicación de la justicia a los responsables del accidente en la mina, los señores Germán Larrea y Francisco Javier García de Quevedo dueños del corporativo Industrial Minera México. A lo largo de estos años los deudos de los mineros fallecidos han logrando importantes resoluciones a su favor, tanto en la Organización Internacional del Trabajo como en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, instancia que hacen responsable al gobierno de no cumplir las normas laborales establecidas.

En las legislatura LIX y LX, ha sido parte fundamental de la agenda el esclarecimiento del accidente en la mina 8 de Pasta de Conchos, cuya Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina Pasta de Conchos de la legislatura anterior, la cual concluyó que funcionarios de las secretarías de Trabajo y Previsión Social, de Economía y del Instituto Mexicano del Seguro Social eran responsables de negligencia por omisión y que el Grupo Industrial Minera México lo era por incumplimiento de las normas laborales y de seguridad e higiene, haciendo las recomendaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y responsabilidades ocurridos.

Dentro de los procedimientos iniciados para deslindar responsabilidades se encuentra la averiguación previa 20/UEIDCSPCAJ/2007, presentada ante el Ministerio Publico de la Federación, para determinar las probables responsabilidades de servidores públicos adscritos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por las omisiones y negligencias en que habrían incurrido al faltar en su deber de inspeccionar las condiciones de seguridad e higiene y de tutelar la vida de los trabajadores de la mina Pasta de Conchos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por su parte, ha establecido en su recomendación 64/2008, que el Ministerio Publico de la Federación no actuó con diligencia para la pronta y debida procuración de justicia. Del mismo expediente se determina que era necesario que ingenieros en minería realicen un peritaje de la mina 8 que incluya las condiciones de operación y seguridad al momento y antes del siniestro; además que se hace necesario un peritaje de química forense a fin de buscar e identificar sustancias explosivas, para lo cual debería de terminar con las operaciones de desescombro, rescate de cadáveres y desgasificación en el interior de la mina.

Ninguno de estos peritajes ha sido realizado por la PGR. Incluso el agente del Ministerio Publico de la Federación solicitó al director general de Servicios Periciales que requiriera la participación de profesionistas de la UNAM y del IPN, sin que exista hasta hoy, respuesta alguna de la citada dirección.

Estas omisiones nos dan la convicción de que la PGR ha brindado protección a los funcionarios públicos que tenían por obligación aplicar las normas de seguridad e higiene.

Esta impunidad ha permitido que el grupo Industrial Minera México siga incumpliendo y poniendo en peligro la vida de sus trabajadores, pues mientras no se castigue a los responsables del "homicidio industrial" ni a los funcionarios que debían evitarlo, las normas de protección a favor de los trabajadores seguirán siendo letra muerta.

Por lo expuesto y fundado, el suscrito diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al procurador general de la República, licenciado Arturo Chávez Chávez, a que, atendiendo al artículo 102 Apartado B de la Carta Magna, acepte la recomendación 64/2008 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por las deficiencias en que incurrieron los servidores públicos de la dependencia a su cargo, durante las indagatorias para determinar las causas de la explosión en la mina Pasta de Conchos, en Sabinas, Coahuila, el 19 de febrero de 2006, y en consecuencia implemente los puntos recomendatorios, con el fin de reabrir la averiguación previa y realice las diligencias necesarias para determinar la responsabilidad a que haya lugar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2010.

Diputado Francisco Hernández Juárez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA SEGOB UN INFORME DETALLADO DE LA SITUACIÓN DE LOS 159 NOSOCOMIOS IDENTIFICADOS COMO FOCOS ROJOS O DE ALTA COMPLEJIDAD; Y SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE SALUD A REUNIRSE CON REPRESENTANTES DE ESA DEPENDENCIA SOBRE EL MISMO TEMA, A CARGO DEL DIPUTADO MARCO ANTONIO GARCÍA AYALA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, Marco Antonio García Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y demás relativos somete a consideración de esta soberanía proposición, fundada en los siguientes

Antecedentes

El 17 de enero del presente, la coordinadora general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, licenciada Laura Gurza Jaidar, emitió un comunicado de prensa en el que señala que se han identificado 159 hospitales públicos, de los cuales 89 pertenecen a la Secretaría de Salud, 11 a la Secretaría de Marina, 32 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 19 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 8 a Petróleos Mexicanos, que se encuentran en zonas de alto riesgo y que por ello son considerados focos rojos o de alta complejidad, a partir de una evaluación de su "infraestructura, en dónde está ubicado geográficamente, cuáles son los riesgos a que está expuesta esa infraestructura, los elementos estructurales, si esa infraestructura fue desarrollada conforme a un reglamento de construcción adecuado que garantice que se mantenga en pie durante un sismo…También se evaluaron los elementos funcionales del hospital, el grado de preparación del personal médico, de enfermería y administrativo, para garantizar que pueden implantar un plan de continuidad de operaciones durante el escenario de desastre".

La funcionaria destaca el hecho de que, para evitar que el sistema hospitalario público colapse ante un sismo u otro fenómeno desastroso, el gobierno mexicano reitera su prioridad de dar continuidad a la adopción de la iniciativa Hospital Seguro, a la cual México se comprometió ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante la conferencia mundial sobre reducción de desastres en Kobe, Japón.

Los desastres naturales, como terremotos, huracanes o inundaciones, han traído nocivos efectos no sólo en pérdida de vidas humanas, su mayor efecto nocivo, sino también en graves afectaciones a los sistemas económicos, a la gobernabilidad y a los servicios públicos. Destacan en este caso los servicios de atención médica, lo que deviene en la creación de un gran problema para los países porque no sólo es una pérdida de fortaleza y capacidad institucional, sino porque disminuye de manera abrupta la capacidad instalada para la atención de las personas en condiciones de convivencia ordinaria, sino para la propia recuperación después del desastre o para la atención de las emergencias provocadas por el negativo suceso.

Hace sólo unas semanas, Haití sufrió un devastador terremoto, que afectó particularmente su ciudad capital, Puerto Príncipe. Ese país, como todo el mundo, debe lamentar el deceso de por lo menos 150 mil personas; también ha perdido prácticamente toda su capacidad gubernamental, entre ellos hospitales y clínicas, lo que incrementará la pérdida de vidas, el sufrimiento humano y la recuperación de la nación.

Países de todo el mundo, de todos los continentes y de todos los grados de desarrollo han sufrido los efectos nocivos de los fenómenos naturales. El terremoto de Turquía de 1999 dejó más de 44 mil personas heridas, que debieron ser atendidas en hospitales lejanos de las zonas afectadas o al aire libre porque las instalaciones médicas cercanas resultaron gravemente afectadas. En El Salvador, los terremotos de 2001, que provocaron la muerte a más de mil personas y dejaron más de 8 mil heridos, 19 hospitales, más de 60 por ciento de los que había, fueron afectados y 6 de ellos desalojados totalmente, y hoy todavía se padecen los efectos de estas pérdidas.

También en Haití, la tormenta tropical Jeanne afectó en 2004 la provincia de Artibonito y prácticamente destruyó, a causa de las inundaciones y el peso del agua de lluvia, el único hospital existente para la atención de más de 250 mil personas, que todavía no se ha repuesto y que tuvo que ser sustituido con un hospital de campaña donado por Noruega.

También México conoce el significado doloroso de los desastres naturales y sus efectos; por ejemplo, el terremoto de 1985, que provocó la muerte de más de 5 mil personas, según estimaciones oficiales, y grandes daños en el sector salud del Distrito Federal y de algunas otras zonas del país.

Lo más lamentable es la pérdida de 320 médicos, enfermeras, paramédicos y personal administrativo en los Hospitales General de México, Juárez y Centro Médico Nacional. Pero también se deben consignar las siguientes pérdidas materiales: 2 mil 775 camas censables, lo que disminuyó en más de la tercera parte este patrimonio situado en el valle de México; quedaron fuera de servicio 4 unidades de medicina familiar del IMSS, con un total de 140 consultorios; el hospital general de zona de Uruapan, Michoacán, sufrió daños que dejan fuera de operación 40 camas. El ISSSTE perdió alrededor de 870 camas, de 2 mil 427, en la zona metropolitana, y cierre temporal de 4 clínicas de medicina general y 3 de especialidades, que representan 150 consultorios. En Zapopan, Jalisco, en el hospital Valentín Gómez Farías, del ISSSTE, la Secretaría de Salud perdió 745 camas de las 4 mil 975 que tenía. En el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se perdieron el hospital general, con capacidad de 60 camas, así como un centro de salud; fueron desalojados 14 inmuebles de oficinas administrativas. Particularmente, se debe señalar la caída del edificio de residencias y la torre de ginecoobstetricia del Hospital General de México, el inmueble de seis pisos donde se localizaba el hospital Juárez, en el centro del Distrito Federal, así como graves daños en el hospital Ignacio Zaragoza y de especialidades Primero de Octubre del ISSSTE.

Recientemente, catástrofes naturales como las inundaciones ocurridas en Ciudad Juárez o en Tabasco y Chiapas, hace un par de años, o la tromba sucedida hace unos meses en los límites del Distrito Federal y el estado de México han provocado afectaciones perjudiciales graves a las instalaciones médicas.

Ante este panorama, la ONU y otros organismos internacionales, con las autoridades locales de 158 países, entre ellos México, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, han asumido compromisos específicos para disponer medidas que puedan atenuar posibles efectos nocivos prevenibles cuando ocurran desastres naturales e incluso para que esas manifestaciones naturales no provoquen daños o los menos posibles en vidas humanas o en actividades fundamentales como las que realiza el sector salud.

El programa Hospital Seguro, puesto en marcha en 2005 por la ONU, tiene como propósito evitar daños prevenibles o los menos posibles en las instalaciones y servicios médicos ante los fenómenos naturales a fin de incrementar al máximo la garantía de que cuando ocurran éstos se encontrarán en condiciones de seguir prestando servicio, pues en esas circunstancias se requieren con mayor insistencia y apremio, pero que, además, después de atendido el periodo de crisis, se tenga la certeza de que continuarán brindando los servicios que ordinariamente ofrecen y que resultan tan socialmente importantes, referidos no sólo a la atención de enfermos sino también a la realización de actividades de prevención, a la formación de recursos humanos para la salud, a la realización de investigaciones médicas y a la tranquilidad social, a la gobernabilidad y a la justificación de la existencia de un orden político.

Los hospitales representan un valor material elevado y un nicho destacado de dinamismo económico. Al respecto vale la pena recordar el alto costo que representa para una sociedad la construcción de las instalaciones médicas, pero también su operación permanente, el pago de su personal, su equipamiento adecuado, la adquisición de los medicamentos e insumos diversos que se consumen cotidianamente, etcétera.

Sin embargo, hay informaciones que resultan si no contradictorias, sí preocupantes porque, por un lado, se informa que el país ha atendido las sugerencias y recomendaciones del programa Hospital Seguro, de tal suerte que se dice que México es el país latinoamericano más avanzado en el cumplimiento del programa; empero, la declaración de la Coordinación del Protección Civil de la Secretaría de Gobernación sobre la existencia de casi 160 hospitales públicos en condiciones críticas, revela la existencia de un grave riesgo y la duda sobre las acciones que las autoridades han realizado para que los nosocomios sean seguros.

En virtud de los acontecimientos que se han suscitado en el mundo, como recientemente en Haití y en la experiencia nacional, es de vital importancia procurar que la infraestructura e instalaciones de los hospitales y unidades médicas sean adecuadas y seguras para evitar así catástrofes mayores, toda vez que ningún país esta a salvo de sufrir algún desastre natural, asunto sobre el cual esta representación nacional debe ocuparse por ser un tema social prioritario de seguridad nacional, atendiendo además el hecho de que los nosocomios determinados por protección civil de la Secretaría de Gobernación en situación de riesgo se encuentran funcionando con toda normalidad, otorgando los servicios de salud para los cuales están destinados, con el consiguiente riesgo en que se encuentran trabajadores, pacientes y visitantes.

En razón de lo fundamentado y motivado, y en ejercicio de las facultades que las leyes me reconocen, me permito proponer la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a la licenciada Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, que envíe un informe detallado sobre la situación que guardan los 159 nosocomios identificados como focos rojos o de alta complejidad.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Salud a realizar una reunión con la citada funcionaria en materia del estado que guardan las instalaciones médicas en situación de riesgo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2010.

Diputado Marco Antonio García Ayala (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A MODIFICAR MEDIANTE LA SHCP LA FRACCIÓN VI, NUMERAL 41, DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO METROPOLITANO PARA INCORPORAR EL MUNICIPIO COMO INTEGRANTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ESE FONDO, A CARGO DE LA DIPUTADA ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Rosa Adriana Díaz Lizama, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente propuesta con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hoy día el crecimiento de las ciudades se da de manera vertiginosa, trayendo como resultado el surgimiento y la multiplicación de diversas necesidades sociales que los gobiernos locales deben resolver de manera eficiente. El crecimiento de la población, la dotación de servicios públicos, la conservación y proyectos de sustentabilidad del medio ambiente, entre otros de no menos importancia, son algunos de ellos.

Las ciudades que no se adapten rápidamente a las condiciones que marcan estos procesos, sin duda quedarán rezagadas y sus problemas, seguramente, se incrementarán al grado de no ser controlables en el mediano y largo plazo.

Este crecimiento constante de las ciudades ha dado origen al desarrollo de las denominadas zonas metropolitanas y en consecuencia en nuestro país, han generado una responsabilidad adicional y compartida del gobierno federal, el estatal y el Poder Legislativo. Por ello, en 2006 se crea y se aprueban recursos para el Fondo Metropolitano como una respuesta a los problemas del crecimiento de éstas, con el objetivo de reordenar la vida social en las zonas metropolitanas y tratar de que el ejercicio eficiente de los recursos administrados por un consejo, atiendan aspectos como el abastecimiento de agua potable, alcantarillado, drenaje, transporte público y obras de inversión vial.

En principio se destinaron recursos al rubro Fondo Metropolitano que incluía única y exclusivamente recursos para el Distrito Federal y el estado de México. Sin embargo, con el paso del tiempo se han ido incorporando nuevas zonas, al grado de considerarse hoy día, 32 zonas metropolitanas en el Presupuesto 2010, entre las que se encuentra la ciudad de Mérida cuyos recursos asciende a 67.8 millones de pesos.

Ante la compleja situación económica derivada de la crisis internacional, el destacado crecimiento demográfico de la zona metropolitana de Mérida y la proliferación de zonas afectadas por altos índices de marginación, para los gobiernos municipales resulta fundamental contar no sólo con el respaldo de la federación sino también del gobierno del estado para asegurar que se disponga de los recursos apropiados para atender los programas y acciones que se llevan a cabo a favor de la población. ¿Y quiénes más aptos para el ejercicio de estos recursos sino los gobiernos municipales que conocen las necesidades básicas de la población?

Quiero señalar que a pesar de que ante el Consejo de Desarrollo Metropolitano de Yucatán (Comey) los presidentes municipales de la zona metropolitana tienen el derecho de presentar planes y proyectos para que les sean tomados en cuenta y en consecuencia acceder a más y mejores recursos, el gobierno estatal haciendo patente su autoritarismo y su falta de visión en materia de planeación, ha demostrado una nula coordinación para con los gobiernos municipales, pero aún más, a lo largo de los últimos años ha limitado el acceso a los recursos por parte del fondo por no decir que ha seleccionado a los beneficiarios.

Por si su razonamiento político (que no económico y social) fuera poco, encontramos una alta opacidad y falta de transparencia por parte del gobierno del estado en el ejercicio de estos recursos al no querer proporcionar información de cómo se llevan a cabo las funciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, ni permitir como lo establecen claramente las reglas de operación del fondo vigentes, que sean los municipios que cumplan con los requerimientos quienes concursen, administren y ejecuten los recursos, así como la lógica de distribución de los recursos del fideicomiso y su administración.

Es imposible continuar con esta situación, la cual seguramente se repite en la mayor parte de las zonas metropolitanas que integran el citado fondo. El municipio, como cualquier orden de gobierno, debe de fungir como un ente más en la toma de decisiones para la distribución y, por supuesto, para el ejercicio de los recursos del mencionado fondo.

Debemos considerar que, en la actualidad, la verdadera problemática a la que se enfrentan las zonas metropolitanas no se relacionan única y exclusivamente con su crecimiento o el rebase de sus límites municipales, sino también con las formas de coordinación entre administraciones, pero aún más importante, con la disponibilidad de recursos para enfrentar a los retos que genera el crecimiento de nuestras ciudades.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a modificar la fracción VI, numeral 41, de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano para incorporar al municipio como un integrante más del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2010.

Diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE PROPONE QUE LOS DIPUTADOS A LA LXI LEGISLATURA DONEN UN DÍA DE DIETA PARA RECONSTRUIR EL PATRIMONIO DE LOS AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES DEL 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2010 EN VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA ESTHELA DAMIÁN PERALTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Vengo a esta tribuna para compartirles una de las vivencias más dolorosas que se han suscitado en la delegación Venustiano Carranza.

El pasado 4 de febrero del año en curso las colonias Moctezuma Segunda Sección, Pensador Mexicano, Arenal segunda, Arenal tercera, Arenal cuarta y Fraccionamiento Aeropuerto Arenal.

Colonias donde el agua alcanzó el metro con 60 centímetros de altura.

Al llegar a la colonia Arenales encuentro rostros desolados, niños sin zapatos vistiendo un short y una playera porque no hay nada más que ponerse. Mujeres y hombres que se vieron secuestrados en su propio hogar, adultos mayores que hacía más de dos días que no tienen agua para beber, familias y otras que se encontraban refugiados en el segundo piso de sus domicilios.

Cubetas y lazos eran el mejor medio para los vecinos, de esta manera se allegaban de alimentos, agua, leche o una cobija. Escuche voces escalofriantes que solicitan a nuestro paso una mamila, pañales, leche, agua para sus hijos ó un medicamento porque tenían fiebre, dolor intenso de estomago, mareos, ojos irritados, etcétera.

La prioridad, hasta ahora, ha sido bajar los niveles de agua. Esta acción ha posibilitado que, por fin muchos vecinos de la zona hayan logrado ingresar a sus viviendas a tres días del desastre.

El recuento de los daños incluye, la pérdida de muebles, daños estructurales en las viviendas, automóviles inservibles, negocios que se perdieron, infraestructura urbana destrozada, ausencia total de energía eléctrica, la ropa, los papeles personales de los vecinos, todo en pérdida total.

Por tres y cuatro días muchas familias han cambiado su hogar por un aula del Conalep o la escuela cercana. Y a pesar de la ayuda que se les ha brindado, cualquier acción o ayuda traerá un gran alivio para estas más de 40 mil familias afectadas por el fenómeno hidrometereológico que vivimos en el Distrito Federal.

Las lanchas, así como camiones de bomberos, pipas, carros de volteo, las camionetas y los camiones de la Secretaría de Seguridad Pública, son los vehículos que sirven para que la gente llegue a su casa.

Pues son los únicos que por el nivel del agua pueden transitar por las calles de Coxcox, Xanixa, Maxtla, Xalostoc, Cocotli, Xanaguia, Xamimilulco, Moctezuma II, por mencionar algunas de las más de colonias afectadas.

Ante la adversidad los mexicanos nos hemos distinguidos por ser un pueblo que resurge de sus cenizas.

No han hecho mella en nuestra esencia los sismos, los incendios y los cataclismos. Hemos vivido la guerra y las depresiones económicas y de todas nos hemos levantado.

Todo con el instinto y con la capacidad del raciocinio. La solidaridad nos salvó del terremoto de 1985 y con la experiencia y el uso razonado de los recursos nos ha permitido ayudar a otros pueblos a levantarse.

Con esa experiencia, motivación, y ante el poder gigantesco de la naturaleza, debemos ser solidarios con nuestros propios hermanos, sin distingos de colores o ideologías, y donar parte de nuestra dieta para la reconstrucción de su vida.

En nuestros estados hemos sufrido embates de orden natural o hidrometereológico, para nadie es ajeno el rostro de la tragedia.

Por eso acudo a ustedes para solicitar su solidaridad con nuestros vecinos de la delegación Venustiano Carranza, tengan la seguridad que su contribución aliviará en gran medida la desventura de miles de familias que hoy viven en la desesperanza de haber perdido su patrimonio.

En consecuencia, los invito para que donemos un día de dieta para las familias que se encuentran sin casa, sin muebles, sin ropa, otras sin su automóvil, sin agua y con el servicio de energía eléctrica suspendido.

Por lo expuesto ante este honorable pleno propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Los integrantes de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerdan, de manera voluntaria, responsable y solidaria, que se destine un día de dieta para la reconstrucción de la población afectada en la delegación Venustiano Carranza, en el Distrito Federal debido a las inundaciones ocurridas los días 4 y 5 de febrero del 2010, recursos que serán canalizados a través de las autoridades competentes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días del mes de febrero de 2010.

Diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTAURAR MEDIDAS QUE FAVOREZCAN AL SECTOR CAMPESINO Y QUE CONTRARRESTEN EL ALZA DEBIDA AL AUMENTO DEL COSTO DE LAS GASOLINAS Y DEL DIESEL, A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR PEDRAZA OLGUÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado Héctor Pedraza Olguín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en esta LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición que contiene punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos en su fracción XX, establece que: "El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, crédito, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público."

Como resultado el 7 de diciembre del 2007 entró en vigor la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, reglamentaria de la fracción XX del artículo 27 Constitucional, donde el propósito fundamental de dicha ley, fue promover el desarrollo del país, considerado de interés general, así como el desarrollo rural que incluía la planeación y organización de la producción agropecuaria y todas aquellas acciones que buscaran elevar la calidad en la producción.

Uno de los principales problemas del campo mexicano se ha concentrado en el deterioro de los precios del grano mexicano, así como el elevado costo de los insumos; y la baja del presupuesto dirigido al campo, ya que en 1995 se destinaba el 6.5 por ciento del Presupuesto y en el 2000, bajó a 2.9 por ciento. Así pues, no es de extrañarse que a la actividad agraria se le haya perdido interés por parte de los productores, debido a que el gobierno no ha puesto la atención debida en este rubro.

En este contexto, los campesinos no han percibido un beneficio sustancial, ni recibido los apoyos necesarios en el campo mexicano, con motivo de la entrada en vigor de dicha ley, por el contrario se ha mantenido un constante aumento de precios en diversos sectores de la economía y productos, entre los que destacaron el maíz, por consiguiente la tortilla, la carne, el transporte, el pago de derechos, etétera.

Con la entrada en vigor del capítulo agrario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el primero de enero del 2008, que permite el ingreso sin aranceles al país, de diferentes granos y productos, como el maíz, frijol, la caña de azúcar y leche en polvo provenientes de Estados Unidos y Canadá; difícilmente el campo mexicano compite con dichos productos, debido a que no es fácil para los productores mexicanos ponerse a la altura de los socios comerciales de México, ya que el problema del campo mexicano, radica en la falta de tecnología y subsidios por parte del gobierno a los campesinos, así como la emigración de mano de obra que sufre cada año el campo en nuestro país; en contraste, Estados Unidos subsidia a los productores del campo con por lo menos 700 dólares mensuales.

Dicha competencia desleal, ha provocado el encarecimiento de los productos y la preferencia de los compradores por los productos de menor costo, lo que representa un golpe muy fuerte a la economía del campo mexicano.

Como parte de las reformas que el gobierno federal ha implantado para reactivar su economía, es el retirar gradualmente el subsidio al principal combustible; la gasolina, sin embargo, esto contradice al anuncio que en enero del 2009 realizó el presidente Felipe Calderón de mantener estables los precios de la gasolina, así como del gas doméstico y la electricidad a fin de apoyar a las familias mexicanas a afrontar la crisis económica.

Aunado a lo anterior, los aumentos a los precios de los combustibles que viene aplicando la presente administración; desde el inicio del llamado "gasolinazo", consistente en adicionar entre 1.6 y 2.4 centavos al precio de cada litro de combustible, propició una alza de precios que no se hizo esperar y un impacto en la economía del sector agrario. Sin embargo, nuevamente se vuelve a la carga y a partir del primer minuto de este sábado 6 de febrero del presente año, los precios de las gasolinas y diesel sufrieron un incremento de precios, según dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El precio de la gasolina Magna aumentó ocho centavos, al pasar de 7.88 pesos por litro a 7.96 pesos, en tanto que la gasolina Premium registró un ajuste de cuatro centavos, por lo que el litro es comercializado en 9.70 pesos.

El precio del diesel tuvo un incremento de ocho centavos, ya que se vendía en 8.24 pesos y se expende en 8.32 pesos.

En la zonas fronterizas, donde se aplica una tasa de 11 por ciento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) el precio del litro de la gasolina Magna es de 7.65 pesos; la Premium de 9.31 pesos y el Diesel de 8.05 pesos.

El llamado "gasolinazo" es el punto de partida para el alza de los precios en nuestro país, debido a que los transportistas al ver un mayor gasto en su operación, tienen que elevar sus costos para trasladar los insumos, bienes y prestación de servicios en el campo mexicano.

Así las cosas, el sector agrario debe de convertirse en una de las prioridades de la Reforma del Estado, ello debido a que todos los programas con los que se cuenta no están integrados y no han dado el resultado esperado porque carecer de una planeación acorde a la realidad del agro mexicano.

El campo requiere mejores esquemas que garanticen la rentabilidad de la producción y de la comercialización de los productos y se necesita una política que en vez de favorecer a los productos extranjeros favorezca a los nacionales, dándoles facilidades y apoyos a los campesinos y productores para el desarrollo y comercialización de sus cultivos, ya que al realizarlo, ello se reflejará dentro de la economía del país, ya que la política actual va en detrimento de los campesinos y de la economía de las familias y en consecuencia provoca la alza de precios.

Por lo expuesto, someto a esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, a fin de que por conducto de las Secretarías de Economía, y de Agricultura, Recursos Naturales, Pesca y Alimentación, instaure medidas que favorezcan al sector campesino para contrarrestar el alza a los insumos agrícolas y el costo de los servicios, ocasionada por los constantes aumentos a los precios de la gasolina.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero del 2010.

Diputado Héctor Pedraza Olguín (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE CREAR UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA Y DE LOS PRODUCTOS VID DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO ARTURO VEGA DE LAMADRID, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, facultado en las potestades conferidas en los artículos 58 y 60 del Reglamento para al Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

1. La industria vitivinícola del país ha tenido un auge importante a partir de los últimos 15 años, razón por la cual los empresarios que se dedican a este ramo han retomado un significativo crecimiento, sin embargo, aún falta que se les apoye desde el ámbito gubernamental, entendido como tal a los Poderes de la Unión y no sólo al Ejecutivo federal.

En el Poder Legislativo federal aún a la fecha carecemos de una comisión ordinaria y especial que atienda los problemas propios de una industria tan relevante e importante para la economía nacional como lo es la industria vitivinícola y la ampliación de sus productos emanados.

En la legislatura anterior se estableció una relación con los productores de vino y se logró desarrollar el primer Foro Legislativo de la Industria Vitivinícola, dando inicio el 6 de agosto del 2008, donde se contó con la participación de los presidentes de las Comisiones de Agricultura, de Economía, de Ciencia y Tecnología, así como de diputados de Baja California.

En las conclusiones de este foro se reiteraron los objetivos que la asociación Sistema de Productos Vid y, en general, la industria vitivinícola de país, entre los cuales destacan el fomento de la producción y del vino mexicano, así como el fomento a la inversión, creación de empleos y crecimiento económico del país.

Algunas de las demandas específicas del sector vitivinícola mexicano, son el fomento de cultivo vid y de olivo, no solamente en la región de Baja California, sino también en las entidades que han presentado interés como Querétaro, Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes; las demandas comprenden: a) atender el requerimiento de mayor cantidad de hectáreas destinadas específicamente a la producción vitivinícola, b) buscar que se decrete la protección del uso de suelo de acuerdo a su vocación natural y a su potencial crecimiento en cuanto al cultivo de la vid y el olivo, c) buscar estímulo fiscales a la industria vitivinícola, a través de una distinción fiscal de los productos con contenido alcohólico que son generados a través de procesos de fermentación y no de destilación, y d) exhortar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para implementar campañas de promoción del consumo de vino mexicano, entre otras.

Todo lo anterior según los establecido en las memorias del primer Foro Legislativo de la Industria Vitivinícola realizado en agosto de 2008 y del cual se comprometieron distintas autoridades y representaciones de las tres esferas de gobierno: legisladores federales, el gobernador de Baja California y representantes del municipio de Ensenada, Baja California.

Está demostrado que nuestro país es uno de los mejores productores de vinos de mesa del mundo, equiparando nuestros productos con los de la Unión Europea, Australia, Chile y Argentina.

Desde 2005 varios vinos de mesa nacionales han ganado medallas de oro y plata en concursos mundiales tan importantes como el Concurso Mundial de Bruselas donde cinco de nuestros vinos de diferentes casas ganaron la medalla de oro y siete ganaron la medalla de plata en 2005.

Sin embargo, los vinos mexicanos se enfrentan a dos problemas graves, lo cual no ha dejado que la industria vitivinícola crezca a los niveles que esperamos y que sin duda alguna nos ayudaría dentro del esquema de la macroeconomía; por una parte, no existe subsidio relevante alguno que ayude a la producción de vinos de mesa por parte del gobierno federal y que los 25 países que conforman la Unión Europea cuentan con dicho subsidio de forma abierta y desde hace ya varios años; otro de los problemas significativos que esta industria debe enfrentarse es la relativa a los impuestos ya que en México estos productos están doblemente gravados, por un lado deben pagar el impuesto al valor agregado (IVA) y por otro el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS).

El resultado de ambos problemas se ve reflejado principalmente en los niveles de producción de vinos mexicanos y en el precio que es sin duda un freno para el desarrollo integral de esta industria.

Ejemplo de ello, es que en la Unión Europea se producen, aproximadamente, 36 mil millones de litros de vino, en tanto que en México producimos únicamente alrededor de 45 millones de litros anuales y los precios se incrementan considerablemente por botella ya que el encarecimiento de los vinos mexicanos se debe principalmente a que la suma de los impuestos significa 43 por ciento del costo de cada botella de vino, estableciendo un precio elevado para el vino mexicano, dejándolo en estado de indefensión contra productos de la Unión Europea e incluso con vinos australianos y chilenos.

Es por ello que es necesaria la creación de una comisión especial que tenga como objetivo velar por la solución de estos y otros problemas que surgen desde el seno de la industria vitivinícola nacional, encaminada al apoyo de los productos de la vid, para lo cual se propone que dicha comisión tenga una duración de por lo menos un año y medio en el cual se puedan establecer los mecanismos de presentación ante esta soberanía, de los proyectos legislativos evaluados al interior de dicha comisión con los representantes de esta industria y que sirva como enlace entre los empresarios y el gobierno federal, así como para reformar la legislación vigente encaminada al apoyo del desarrollo integral de esta industria.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que, dentro del ámbito de su competencia, cree una comisión especial para impulsar el desarrollo de la industria vitivinícola, así como de los productos de la vid de México.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 11 febrero de 2010.

Diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE LA SHCP, DE LA SE Y DE LA SEMARNAT RESPECTO A LA SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, A CARGO DE LA DIPUTADA INDIRA VIZCAÍNO SILVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El sector automotriz generó al menos un millón de empleos directos y aportó divisas al país por 17 mil millones de dólares en 2008, de acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), así como la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).

Sin embargo, la fabricación de automóviles en México reportó un decrecimiento de 34.9 por ciento entre enero y octubre de 2009 respecto al mismo periodo de 2008. La crisis que atraviesa la industria automotriz significa una caída de más de 31 por ciento que acumulan las ventas al mercado interno. Las seis marcas con producción en México –General Motors, Chrysler, Ford, Honda, Toyota y Volkswagen– poseen 86 por ciento del mercado pese a la caída en ventas de vehículos.

Ante la crisis, el sector automotor estima que el apoyo del gobierno federal se ha quedado corto y rezagado frente a las necesidades de la industria y comparado con las acciones en otras economías del mundo. Cabe recordar que la crisis del sector es reflejo del colapso financiero y la contracción del crédito han presionado los precios de las materias primas, así como los aumentos en los precios de los combustibles. En el caso de Estados Unidos de América, durante 2008 la Cámara de representantes aprobó un plan de rescate para la industria automotriz por 14 mil millones de dólares.

En Europa y Estados Unidos de América, la venta de coches cayó durante la crisis, en contraste en China el mercado del automóvil es el más dinámico del mundo.

Las ventas están impulsadas por los planes de estímulo, para fomentar la innovación tecnológica en el sector, sobre todo en los vehículos de bajo consumo, híbridos y eléctricos. En China, las ventas en noviembre crecieron 93 por ciento respecto al mismo periodo de 2008, cifras que contrastan con la modesta progresión en Europa (6.7 por ciento), en América Latina (5.0 por ciento) y en Estados Unidos de América (2.7 por ciento).

En el caso de Estados Unidos de América, el programa de incentivos para adquirir vehículos nuevos, tendrá apoyo gubernamental de mil millones de dólares para la compra de hasta 250 mil unidades, del programa Efectivo por Carcachas.

Apoyos similares en Brasil, Alemania, España y Canadá, donde el flujo de apoyos favoreció un aumento de un dígito en las ventas del sector automotor, luego que la comercialización había caído por la crisis financiera internacional.

La Secretaría de Economía desde hace tres años ha destinado apoyos a la industria automotriz por cuatro mil millones de dólares. De dicho monto, 70 por ciento se han destinado en 2009 para atender el problema de liquidez de las empresas, y además el Programa de Preservación del Empleo para la nómina de las empresas en caso de paros técnicos por la contracción del mercado.

A pesar de lo anterior, en el país el grave efecto que dejó la entrada de 4.5 millones de autos usados de procedencia extranjera, deterioro el parque vehicular, además de las consecuencias negativas al medio ambiente y el uso de combustibles. Esta situación, según la AMIA, privó el crecimiento de 80 por ciento, del mercado interno, depreciando los autos usados nacionales y dejando de crear más de 350 mil empleos en el sector.

Este año la industria calcula que venderá casi 780 mil unidades en tanto que para el próximo año cerca de 810 mil, no obstante para los especialistas del sector, las medidas tomadas hasta ahora por el gobierno federal para este sector no son contracíclicas pues no impulsan las ventas de autos nuevos en el mercado mexicano.

Recientemente, la Secretaría de Economía anunció la ampliación del Programa de Renovación Vehicular, no obstante según los especialistas el programa ha fracasado porque se han chatarrizado sólo 3 mil 680 vehículos, un promedio de 700 al mes, cuando la expectativa es que serían destruidos ente 8 mil y 10 mil vehículos mensualmente.

Además aún no se definen las reglas sobre la antigüedad de los autos usados, ni sobre los requisitos que tendrán que cumplir los dueños para poder chatarrizar su vehículo. En los casos de los autos con más de 10 años ya se flexibilizaron las reglas, y no se exige ya la factura original. Tampoco se ha definido hasta cuando seguirá vigente el programa.

Otro aspecto tiene que ver con que no hay aún consenso en el tema del monto del subsidio, que es de 15 mil pesos, que se considera muy bajo y la causa principal del fracaso de la deschatarrización.

Por otra parte, el aumento a 16 por ciento en el IVA afectará las ventas de automotores nuevos durante 2010. Para algunos analistas, es un aumento indirecto que difícilmente podrá trasladarse en los precios de los autos nuevos en las condiciones actuales del mercado.

En este sentido se han planteado algunas propuestas entre las cuales se encuentran la eliminación de la Tenencia de automóviles nuevos (en su lugar crear una imposición de 350 pesos de este gravamen para los vehículos usados, incluidos los de más de 10 años de antigüedad), así como una eliminación emergente del impuesto a la adquisición de autos nuevos y la aprobación de un fondo de 5 mil millones de pesos para un programa nacional de renovación del parque vehicular.

Otras propuestas del sector son la ampliación de la deducibilidad de autos nuevos de 150 mil a 400 mil pesos. También la deducibilidad inmediata de los automotores adquiridos por las personas morales así como de las inversiones productivas del sector, así como mantener el decreto que ordena la entrada de autos usados al país.

Desde nuestra apreciación se pueden impulsar también otros estímulos adicionales a los que solicita el sector, para beneficiar con la deducibilidad de autos nuevos a micro, pequeños y medianas empresas, pequeños productores, cooperativas, universidades, escuelas rurales, organizaciones sociales, campesinas, pesqueras etcétera, los cuales contribuirían con la reactivación del sector y de la economía. Una medida para incentivar al sector automotriz y que la Secretaría de Economía puede impulsar tiene que ver con mejorar las reglas existentes a cubrir por los automóviles usados que ingresen al país. Asimismo, sería importante permitir a los consumidores devolver sus nuevos automóviles si pierden sus empleos.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de este pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Esta soberanía acuerda solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que rinda un informe sobre otorgar incentivos al consumidor, impulsar el Programa de Renovación del Parque Vehicular, eliminación temporal de impuestos como la tenencia, sobre automóviles nuevos y del costo de poner en práctica un programa de eliminación temporal de la carga fiscal que afecta la venta de autos nuevos, y elevar el nivel de deducibilidad, ampliándolo a todo el territorio nacional, para el ejercicio fiscal de 2010.

Segundo. Se acuerda solicitar a la Secretaría de Economía que proceda a realizar una investigación del programa vigente de renovación de parque vehicular, así como alcances, limitaciones y su impacto económico. Del mismo modo que se incluya el costo-beneficio si se consideran las propuestas del sector automotriz. Una vez concluida la investigación que sus conclusiones se entreguen a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Tercero. Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en el marco de sus atribuciones, verifique la correcta aplicación de los mecanismos de emisiones y condiciones físico-mecánicas de autos usados para que, en caso de que se encuentren en buenas condiciones, no sean incluidos en el programa de chatarrización de vehículos, por contar con más de 10 años, situación que afecta a las familias que no pueden acceder a la compra de un auto nuevo. Asimismo, se solicita a la Semarnat un informe sobre el seguimiento de la situación en que se encuentran los centros de verificación vehicular en el país.

Palacio Legislativo, a 11 de febrero de 2010.

Diputada Indira Vizcaíno Silva (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA STPS A VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN TORNO DEL CONFLICTO MINERO DE CANANEA, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, Miguel Ernesto Pompa Corella, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta respetuosamente a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

Desde el 30 de julio de 2007 el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana estalló la huelga en Cananea, Sonora, derivada de escasas condiciones de seguridad e higiene en ese centro laboral.

A pesar de los llamados que se han hecho en ésta y en la pasada legislatura, la construcción de los diálogos y la prevalencia de la legalidad han sido escasas. En varias ocasiones la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró inexistente la huelga, resolución que fue invalidada por las autoridades de amparo.

Ahora, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje notificó el martes 8 de febrero pasado al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros que permita el paso al Tercer Regimiento de Caballería Motorizada y a personal del Registro Federal de Armas de Fuego y Explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional para que realice verificaciones de sustancias químicas de nitrato de amonio y emulsión a granel en las instalaciones de la compañía minera.

En opinión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sólo la Secretaría de la Defensa Nacional puede determinar las medidas que se deben llevar a cabo en las instalaciones de la empresa Mexicana de Cananea para evitar un eventual accidente en los polvorines de la minera y echa por tierra la valiosa experiencia de académicos y científicos y de instituciones de educación superior.

Precedido por la evidente incapacidad de las autoridades laborales federales para resolver el conflicto minero y derivado de las diferentes embestidas a que los trabajadores han estado sometidos, es evidente que una resolución que notifica así al Sindicato Minero despierta inquietudes por la escasa voluntad del gobierno federal por resolver el conflicto laboral.

Estas condiciones enrarecen el clima laboral en el país y le restan credibilidad al proceder de las instituciones federales en el conflicto laboral en Cananea en detrimento de los factores de producción nacional, en épocas en que la crisis económica demanda condiciones elementales de capacidad y sabiduría.

De esta manera, para dar cumplimiento al artículo 935 de la Ley Federal del Trabajo el cual establece que la Junta de Conciliación y Arbitraje fijará el número indispensable de trabajadores que deberá prevenir el perjuicio grave de maquinaria y materias primas y que podrá ordenar la práctica de las diligencias que juzgue conveniente, me permito someter a esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al secretario del Trabajo a efecto de que en cumplimiento de la fracción VIII del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigile el cumplimiento de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en torno al conflicto minero en Cananea, absteniéndose de emitir notificaciones a petición expresa de la Compañía Mexicana de Cananea, SA de CV.

Segundo. Se exhorta al secretario del Trabajo a realizar cuanto antes un peritaje de sustancias químicas y explosivos en los polvorines de la mina Mexicana de Cananea, SA de CV, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, con personal de emergencia sindicalizado y con académicos e investigadores de la División de Ingenierías Civil y Geomática y de Ciencias de la Tierra del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que determinen peligrosidad y acciones a seguir.

Tercero. Se exhorta al Secretario del Trabajo a efecto de que de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal reconvenga a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y ésta notifique la participación de personal sindicalizado, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México en número paritario para ingresar a las instalaciones de la mina de Cananea que explota la compañía Mexicana de Cananea, SA de CV.

Cuarto. Se exhorta al secretario del Trabajo a vigilar la legalidad y corrección de los trabajos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el sentido de llamar en número exacto, preciso e indispensable particularmente de policías y fuerzas castrenses federales para realizar tareas preventivas en las instalaciones de la mina de Cananea y a evitar roces e intimidaciones derivadas de una atropellada gestión del Ejecutivo federal en el conflicto laboral.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2010.

Diputado Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE LA ASF REALICE UNA REVISIÓN FINANCIERA A LOS RECURSOS FEDERALES PARA COLIMA, A CARGO DE LA DIPUTADA INDIRA VIZCAÍNO SILVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Recientemente el ex gobernador de Colima, Silverio Cavazos Ceballos, fue acusado de enriquecimiento ilícito, esto por haberse hecho acreedor (como el mismo lo ha aceptado públicamente) de 2 bienes inmuebles de elevado costo durante su desempeño como gobernador.

Es pertinente mencionar que la deuda estatal durante el mandato de Silverio Cavazos creció aproximadamente en 800 millones de pesos. Del mismo modo no se ha informado en qué se utilizaron 60 millones de pesos que quedaron como deuda durante la alcaldía del ahora gobernador Mario Anguiano. El gobernador no ha hecho público en que se gastaron los mil 200 millones de pesos con que el ex gobernador Silverio Cavazos Ceballos dejó endeudado al gobierno estatal. Tampoco ha explicado los más de 60 millones de pesos que no se encuentran en el ayuntamiento de Colima. Asimismo, el desvío de los recursos que retuvieron a los trabajadores y que no enteraron a pensiones del gobierno del estado y que en el ayuntamiento de Colima se estima en 20 millones de pesos que el ahora gobernador retuvo y no enteró en su momento.

De acuerdo con cifras del gobierno del estado de Colima, hasta el 31 de octubre de 2009, ascendía a 1 mil 200 millones de pesos, 800 millones para pagar a largo plazo y 400 millones a corto plazo; sin embargo, al cierre de 2009 se incrementó 76 millones más por deuda adquirida para cubrir compromisos.

El gobierno del estado informó que de estos 1 mil 200 millones, más de 700 millones se le deben a Banobras y 100 millones a Banorte, mientras que la deuda restante a corto plazo, se cubrió en diciembre por un monto de 100 millones, este incluye el pago a proveedores y aportaciones.

Por su parte, el proyecto de la playa de La Boquita se llegó al acuerdo de suspender las obras, hasta no recibir el estudio de impacto ambiental por parte de la Semarnat. Es en este sentido que se ha exhortado al gobernador, a transparentar la historia de corrupción que ensombrece el convenio de compra-venta de La Boquita, Manzanilla, para la creación de un megaproyecto turístico.

Cabe recordar que el convenio de venta entre el gobierno estatal y la empresa privada Puerto Santiago Manzanillo, Sociedad de Responsabilidad Limitada, en el que destaca el pago de 1 millón de pesos, sin precisar a quién ni cuándo se hizo.

Además de la contaminación de la playa de ese lugar y la laguna de Juluapan, no existe la garantía de que con este proyecto se respetará la vida comercial de los habitantes de la zona.

De acuerdo a cifras reveladas por la Auditoría Superior de la Federación, ASF, sobre la Cuenta Pública de 2007, los resultados del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el estado de Colima, fueron los siguientes:

La auditoría practicada al gobierno del municipio de Manzanillo, Colima, en relación con los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al municipio, a través del fondo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativa aplicable, así como el cumplimiento de metas y objetivos, se determinó fiscalizar un monto de 13 mil 561.1 miles de pesos, que representa el 89.9 por ciento de los 15 mil 88.6 miles de pesos reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2007.

La ASF considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Gobierno del municipio de Manzanillo, Colima, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables de la transferencia de recursos, adjudicación y contratación de obra públicas con recursos del fondo.

Por su parte, en la cuenta pública 2006 la ASF le solicitó al órgano interno del estado de Colima fincara responsabilidad administrativa sancionadora por infracciones en la transferencia y aplicación de fondos de los recursos correspondientes al ejercicio 2006 con cargo al fideicomiso para la infraestructura en los estados.

Mientras que en 2010, los recursos federales para el estado de Colima, los cuales incluyen las participaciones y aportaciones federales de los ramos 28 y 33, sumaran 6 mil 766 millones de pesos, lo que representara un incremento de 1.1 por ciento respecto a lo aprobado en 2009, según los datos identificados en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, de conformidad con lo aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en la Gaceta Parlamentaria del 15 de noviembre de 2009.

Es pertinente señalar que están por recibirse los resultados de la auditoría relativa al año 2008, mismos de los que también debemos estar estrictamente pendientes y deben considerarse.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que la Auditoría Superior de la Federación lleve a cabo una auditoría financiera de los recursos federales para el estado de Colima, del último año de gestión del ex gobernador Silverio Cavazos Ceballos, el cual comprende del 1 de noviembre de 2008 al 31 de octubre de 2009.

Asimismo, de forma respetuosa le solicitamos al órgano interno de control del gobierno del estado de Colima informe por escrito, en un plazo prudente la solventación que la ASF le solicitó de las observaciones realizadas a los ejercicios de 2006 y 2007 y el estado que guardan; y que sea entregado a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Segundo. Se acuerda solicitar a la Secretaría de la Función Pública que proceda a realizar una investigación sobre los contratos y licitaciones de los recursos federales para el Estado de Colima, en el periodo citado, una vez concluido el estudio que sus conclusiones se entreguen a la Comisión de la Función Pública de esta soberanía. y en su caso proceda a fincar las responsabilidades que a sus atribuciones corresponda.

Tercero. Esta soberanía exhorta respetuosamente a las autoridades competentes del estado de Colima para que se apoye en la realización de la auditoria, con lo cual se estaría apoyando la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos federales que recibe la entidad. Asimismo, se exhorta respetuosamente a que el gobernador de Colima considere las opiniones de la Auditoria Superior de la Federación, del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del estado y de la Secretaría de la Función Pública y que esta opinión contribuya a dar respuesta a las demandas de la comunidad.

Palacio Legislativo, a 11 de febrero de 2010.

Diputada Indira Vizcaíno Silva (rúbrica)
 
 

El suscrito, diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo reglamentado en los artículos cuarto, párrafo cuarto, quinto, inciso i), y decimoquinto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, se solicita que formule una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para que a la mayor brevedad dictamine la minuta con proyecto de decreto enviada por la Cámara de Senadores el 10 de diciembre de 2009, por la que se adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en los siguientes

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 15 de diciembre 2009, la Cámara de Diputados dio cuenta del oficio que envió la Cámara de Senadores, con fecha 10 de diciembre de 2009, con el que se remite el expediente con la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta enviada por la Cámara de Senadores a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictaminación.

Consideraciones

Primera. En nuestra tradición jurídica nacional se han privilegiado los derechos individuales sobre los derechos colectivos. Ello se debe a que el modelo jurídico en nuestro país es de inspiración liberal e individualista y, en gran medida, su interés por fortalecer la defensa colectiva de derechos ha sido residual.

Segunda. En el desarrollo conceptual de los derechos colectivos, la doctrina ha convenido en establecer las siguientes precisiones: 1. Que el término derecho colectivo comprende los derechos difusos, colectivos en sentido estricto, e individuales de incidencia colectiva; 2. Que en sentido estricto, los derechos e intereses difusos y colectivos son aquellos derechos e intereses transindividuales, de naturaleza indivisible de los que es titular una colectividad indeterminada (derechos difusos) o determinada (derechos colectivos en sentido estricto), cuyos miembros se encuentran vinculados por circunstancias de hecho o de derecho; y 3. Que los derechos o intereses individuales de incidencia colectiva son aquellos de carácter individual y divisible que, por circunstancias comunes de hecho o de derecho, permiten su protección y defensa en forma colectiva.

Tercera. Desde el derecho social, sólo algunas materias han logrado una defensa, más o menos adecuada, de derechos colectivos en México: el derecho agrario y el derecho laboral; más tarde tendríamos un relativo avance en materia ambiental, de derechos indígenas y en la protección del derecho de los consumidores. Avances, todos ellos, insuficientes para proteger los intereses y derechos de las distintas colectividades que existen en nuestro país.

Cuarta. En Iberoamérica existen varios países que ya han adelantado esfuerzos en la incorporación y fortalecimiento de los derechos colectivos, entre ellos España, Colombia, Brasil, Uruguay, Chile, Costa Rica, Venezuela, por lo que México no puede quedar a la zaga en la defensa de derechos de las colectividades.

Quinta. A partir de que en nuestros países iberoamericanos existe una multiplicidad de enfoques y diseños jurídicos respecto a la defensa de los derechos colectivos y su instrumentalización jurídica, surgió en mayo de 2002 la idea de un código modelo de procesos colectivos para Iberoamérica, el cual se convirtiera en el marco jurídico de referencia para los sistemas jurídicos nacionales.

Sexta. En un afán de fortalecer el diseño jurídico en torno a la defensa de los derechos colectivos, esta Cámara de Diputados, con fecha 23 de abril de 2009 aprobó una modificación al artículo 17 constitucional, para incorporar la acción colectiva aunque de manera limitativa a la protección del consumidor, usuarios de servicios financieros y protección al ambiente. Ese mismo día, la minuta con proyecto de decreto fue enviada a su colegisladora, la Cámara de Senadores, para que se continuara el proceso de reforma constitucional correspondiente.

Séptima. La Cámara de Senadores ignorando la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 constitucional en materia de derechos colectivos que le fue enviada el 23 de abril de 2009 por la Cámara de Diputados, envío a esta soberanía una nueva minuta con proyecto de decreto que también reforma el artículo 17 en la misma materia, con lo cual inicia nuevamente el proceso de reforma constitucional previsto en el artículo 72 de nuestra Constitución Política.

Octava. Con la finalidad de que, una vez concluido el proceso de reforma constitucional del artículo 17 en materia de acciones colectivas, continuemos el fortalecimiento jurídico de los derechos colectivos, el 9 de febrero del año en curso presenté a esta soberanía una iniciativa que propone reformar el Código Federal de Procedimientos Civiles para incorporar la regulación de las acciones y procedimientos colectivos, pudiéndose convertir así, en la reglamentación del artículo 17 constitucional, en lo que a la materia de acciones colectivas se refiera.

Novena. Nuestra propuesta tiene como objetivos lo siguientes:

Por lo expuesto, a usted, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de manera respetuosa se solicita:

Único. En los términos de los antecedentes y consideraciones expuestas, así como de conformidad con los preceptos legales invocados, se sirva excitar e instruir día determinado, para que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados presente el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto enviada por la Cámara de Senadores el 10 de diciembre de 2009, por la que se adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2010.

Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica)