Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2936-VII, miércoles 27 de enero de 2010.


Comunicaciones Dictámenes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Comunicaciones
DE LA TERCERA COMISIÓN, POR LA QUE SE CONSIDERA DESAHOGADA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE PUEBLA A INSTALAR UNA MESA DE DIÁLOGO, CON LA PARTICIPACIÓN DE DIPUTADOS FEDERALES, A FIN DE ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LOS INVERSIONISTAS AFECTADOS POR LOS GRUPOS INMOBILIARIOS SITMA E INVERGROUP

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres a que instale una mesa de diálogo con la participación de diputados federales, a fin de atender la problemática de los inversionistas afectados por los Grupos Inmobiliarios Sitma e Invergroup, suscrita por legisladores del Grupo Parlamentario del PAN.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de enero de 2010, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo de antecedentes los autores de la proposición que se dictamina, se refieren a acciones de las empresas Servicios Inmobiliarios y Computación, SA de CV, conocida como Sitma, que señalan también es conocida como Invergroup, realizan en los estados de Baja California, de México, Guanajuato, Tlaxcala, Nuevo León, Morelos, Jalisco, Puebla, Querétaro y Veracruz, además del Distrito Federal, detallando la forma de operar de dichas empresas.

Continúan los proponentes señalando que en los meses de abril y mayo (de 2009) Sitma e Invergroup prácticamente suspendieron el pago de intereses a sus clientes, y que las procuradurías de justicia estatales han clausurado todas las oficinas matrices y sucursales de estas defraudadoras y han procedido al aseguramiento de sus bienes, además de estar buscando al señor Leonardo Tiro Moranchel para cumplimentar diversas órdenes de aprehensión que tiene en su contra por el delito de fraude relacionado con la actividad de las empresas antes citadas. Formulan los siguientes

"Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable del Congreso de la Unión exhorta al gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, a que instale una mesa de diálogo con la participación de diputados federales, a fin de atender la problemática de los inversionistas afectados por los grupos inmobiliarios Sitma e Invergroup.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Federación, a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a la Procuraduría Federal del Consumidor, a que intervengan en esta problemática y si es el caso, colaboren hasta la total y satisfactoria conclusión del asunto."

II. La comisión dictaminadora toma en cuenta que la Comisión Permanente, en su sesión del 20 de enero de 2010, aprobó el siguiente dictamen con punto de acuerdo: "Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al gobernador constitucional del estado de Puebla, a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Procuraduría General de la República, para que informen a la brevedad a esta soberanía, sobre el conocimiento que tengan en relación con quejas o reclamaciones presentadas por diversos afectados por las actividades de Financiera Coofía, Grupo Bienestar Social La Paz, SC, Grupo Sigma y Grupo Inmobiliario Verhome, SA de CV, conocido como Invergroup, así como de las acciones y medidas que se hayan implantado o se tenga proyectado realizar para atender dichas reclamaciones y proveer, en los casos que proceda, el resarcimiento del daño patrimonial de las personas eventualmente defraudadas.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a los Titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Procuraduría General de la República, para que informen a la brevedad a esta Soberanía, sobre el conocimiento que tengan en relación con quejas o reclamaciones presentadas por diversos afectados por las actividades de la caja de ahorro Unión de Crédito Monterrey, SA de CV."

Consecuentemente la comisión dictaminadora, estima pertinente considerar desahogada la proposición materia del presente dictamen, en razón de que se relaciona directamente con los términos del punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente en la fecha referida.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a la consideración del pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se considera desahogada en la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Puebla, a que instale una mesa de diálogo con la participación de diputados federales, a fin de atender la problemática de los inversionistas afectados por los Grupos Inmobiliarios Sitma e Invergroup, en razón del punto de acuerdo aprobado por esta Comisión Permanente en sesión del 20 de enero de 2010, e insta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Federación, a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a la Procuraduría Federal del Consumidor, a que coadyuven con el gobierno del estado hasta la total y satisfactoria conclusión del asunto.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2010.

La Tercera Comisión

Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador Eduardo Tomás Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth, senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.
 
 
 

DE LA TERCERA COMISIÓN, POR LA QUE SE CONSIDERA DESAHOGADA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A RESPONDER POR ESCRITO LAS PREGUNTAS QUE LE FUERON FORMULADAS EN SU PASADA COMPARECENCIA

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público a remitir por escrito las respuestas de las preguntas que le fueron formuladas en su pasada comparecencia ante este honorable Congreso, suscrita por el diputado César Augusto Santiago Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI.

Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de enero de 2010 y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. El autor de la proposición que se dictamina expresa sucintamente lo siguiente:

En vista de la ausencia de respuestas a los cuestionamientos presentados por diversos partidos en la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sometemos a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se acuerde remitir por escrito la intervención íntegra que contiene el posicionamiento de los partidos políticos ante esta comisión, a efecto de que el secretario de Hacienda y Crédito Público se sirva responder concretamente y por escrito las preguntas formuladas en un plazo no mayor a la duración de esta propia comisión, para los efectos correspondientes.

II. La comisión dictaminadora toma en cuenta que, en su reunión de trabajo celebrada el 19 de enero de 2010, se acordó que por conducto de su mesa directiva se remitiera al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público copia del expediente de la proposición presentada por el promovente, así como la versión estenográfica de la comparecencia del secretario el 7 de enero de 2010, para que sirva dar respuesta en los términos solicitados.

Que en cumplimiento al acuerdo referido, la mesa directiva de esta comisión remitió al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la documentación señalada en el párrafo anterior el 20 de enero de 2010.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se considera desahogada en la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público a responder por escrito las preguntas que le fueron formuladas en su pasada comparecencia.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2010.

La Tercera Comisión

Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador Eduardo Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth, senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.








Dictámenes
DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SAGARPA QUE ESTABLEZCA O, EN SU CASO, REFUERCE LAS MEDIDAS CONTRA LA PLAGA DE LA MOSCA DE LA FRUTA EN EL MANGO ATAULFO EN CHIAPAS

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), implementar de inmediato una fase preventiva para inspeccionar los cultivos y verificar la magnitud del problema para contrarrestar los efectos de la mosca de la fruta y lotes larvados que han afectado cultivos importantes del mango ataúlfo en Chiapas, así como cursos de capacitación para los habitantes en el sector agrícola para hacer frente a esta plaga, suscrita por la senadora María Elena Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del PRI.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de enero de 2010, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones la autora de la proposición que se dictamina presenta diversos datos de la Dirección General de Sanidad Vegetal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), respecto al incremento de lotes larvarios en huertos de mango de Chiapas, lo que "…ha obligado a la dependencia federal a que en la nueva temporada de cosecha que se avecina se fortalezcan los registros y verificación de huertos de mango para exportación", y "…también se obligará a los productores a realizar acciones de detección y control de la mosca de la fruta, a fin de mejorar la calidad fitosanitaria e integrarse al padrón de huertos para exportación". Señala que es necesario urgir a las autoridades de Sagarpa para que tomen medidas preventivas, ante la presencia de lotes larvarios que han prendido la alerta, que los pobladores reciban de inmediato capacitación sobre la fase biológica de la plaga y los diferentes estadios en que atraviesa, así como las técnicas para exterminio de la plaga e implementar campañas de fumigación para disminuir los problemas de plagas causados por la mosca de la fruta, a fin de reducir los lotes larvarios en mango ataúlfo en la zona del Soconusco. Por ello, propone el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a implantar de inmediato una fase preventiva para inspeccionar los cultivos y verificar la magnitud del problema para contrarrestar los efectos de la mosca de la fruta y lotes larvados que afectan cultivos importantes de mango ataúlfo en Chiapas, así como cursos de capacitación para los productores en el sector agrícola para hacer frente a esta plaga.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a destinar programas y proyectos productivos y de financiamiento a los productores de mango ataúlfo en Chiapas.

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden con los planteamientos de la autora de la proposición que se dictamina.

Como resultado de la investigación realizada por el cuerpo de asistencia técnica se pudo confirmar lo siguiente:

• Que a finales del año próximo pasado aparecieron publicaciones en medios masivos de comunicación relativas a la presencia de la mosca de la fruta en los plantíos de mango en Chiapas.

• Que en el Diario Oficial de la Federación del 3 de abril de 2000 aparece publicada la NOM-076-FITO-1999, "Sistema preventivo y dispositivo nacional de emergencia contra las moscas exóticas de la fruta", en el que se incluye expresamente la mosca de la fruta del mango (Ceratitis-Cosyra-Walk).

Por los antecedentes encontrados se llega a la convicción de que se trata de un problema que no es nuevo y en el que la autoridad responsable, Sagarpa, ha venido adoptando diversas acciones y medidas. Consecuentemente, en el caso no se estima procedente solicitar de la autoridad citada que realice determinadas medidas en fase preventiva para inspeccionar los cultivos y verificar la magnitud del problema, sino solicitarle información actualizada sobre las acciones y medidas que se han venido implementando o se proyecten implementar para atender el problema de la presencia de larvas de la mosca de la fruta en los cultivos del mango de Chiapas.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, somete a la consideración del pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, implante o, en su caso, refuerce las acciones y medidas necesarias para atender el problema de la presencia de larvas de la mosca de la fruta en los cultivos de mango ataúlfo de Chiapas, incluyendo aquellas de la fase preventiva de inspección de cultivos y verificación de la magnitud del problema, detalladas en la NOM-076-FITO-1999; asimismo, para que implante o, en su caso, refuerce la impartición de cursos de capacitación, dirigidos a los productores de esta fruta, para hacer frente a esta plaga, así como los programas y proyectos productivos y de financiamiento enfocados a los productores de mango de Chiapas.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2010.

La Tercera Comisión

Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador Eduardo Tomás Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth, senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.
 
 
 

DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL UN INFORME PORMENORIZADO, POR CONDUCTO DE LAS SECRETARÍAS DE ENERGÍA, Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN Y AVANCES DEL PROGRAMA NACIONAL PARA SUSTITUIR FOCOS INCANDESCENTES POR LÁMPARAS AHORRADORAS

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, y organismos autónomos, descentralizados y desconcentrados a que inicien de inmediato un programa integral de sustitución de focos incandescentes por lámparas ahorradoras en todas las instalaciones, edificios y oficinas para contribuir de manera importante a la mitigación de los efectos del cambio climático y al aumento de la eficiencia energética en el país, suscrita por los senadores Guillermo Tamborrel Suárez y Humberto Andrade Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los integrantes de la comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Tercera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de enero de 2010, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones, los autores de la proposición que se dictamina se refieren a diversas medidas y programas que ha instituido el gobierno mexicano para reducir la cantidad de gases de efecto invernadero, así como al reciente anuncio del titular del Ejecutivo federal para apoyar el proyecto Luz Verde, que inició con éxito en Puebla, y sobre algunas organizaciones de la sociedad civil que intentan concienciar de su importancia. Sin embargo, señala que hasta ahora los resultados no han sido satisfactorios ni significativos.

Destaca el proponente que la sustitución de focos incandescentes por lámparas fluorescentes ahorradoras es una de las acciones más efectivas e inmediatas para aumentar la eficiencia energética y disminuir las emisiones de CO2, pues disminuyen en 80 por ciento el consumo de electricidad. Proporciona diversos datos estadísticos para sustentar sus afirmaciones y formula el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a todas las instancias del Poder Ejecutivo federal, así como a las de los Poderes Ejecutivos estatales y a las de los gobiernos municipales, a iniciar y, en su caso, complementar un programa integral de sustitución de focos incandescentes por lámparas fluorescentes ahorradoras, y la implantación de un sistema de monitoreo que concentre y difunda los logros y avances del programa. II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden sustancialmente con los planteamientos de los autores de la proposición que se dictamina.

El grupo de asistencia técnica realizó la investigación necesaria y confirmó que el presidente de la República anunció un programa para sustituir los focos por lámparas ahorradoras, en un encuentro denominado Luz sustentable, celebrado en la explanada Francisco I. Madero de la residencia oficial de Los Pinos, en el que se destacaron la importancia y los beneficios del programa, pero sin dar a conocer los detalles de éste, salvo el hecho de que las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Energía "han implantado programas para la sustitución de lámparas incandescentes por otras de mayor eficiencia de tipo fluorescente, que este año han sustituido 1.5 millones de estos dispositivos en el país"; que "se tiene considerado realizar 30 programas específicos para sustituir en cada uno 1 millón de lámparas. El primero de estos programas específicos se llevó a cabo en Puebla. En esta primera etapa, el proyecto sustituyó lámparas incandescentes (LI) por otras ahorradoras (fluorescentes compactas, LFC) en alrededor de 250 mil viviendas".

Se conoció información difundida por el Comité Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica respecto a la celebración de un convenio con la Secretaría de Energía para ejecutar el Proyecto Piloto de Sustitución de Focos para el Ahorro de Energía, mediante el que se pretende sustituir 500 mil focos incandescentes por lámparas ahorradoras o fluorescentes y así beneficiar a 167 mil familias de distintos estados del país, citando a Veracruz, Michoacán y Chiapas.

También se tuvo conocimiento, por los medios de comunicación masiva, que el presidente de la República instruyó a las Secretarías de Energía, y de Medio Ambientes y Recursos Naturales para que se proceda a la preparación de una norma para sustituir todos los focos incandescentes del país por lámparas ahorradoras.

Lo anterior muestra que el Poder Ejecutivo federal ya está adoptando desde hace algunos meses diversas medidas y proyectando otras tendentes a implantar un programa general de sustitución de focos incandescentes por lámparas ahorradoras y que, consecuentemente, en lugar de exhortar a todas las instancias del Poder Ejecutivo federal, estatales y municipales, en el caso procede solicitar del Poder Ejecutivo federal, con la participación que corresponda a las Secretarías de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que se sirva presentar un informe pormenorizado de la implantación y los avances del programa para sustituir focos incandescentes por lámparas fluorescentes ahorradoras.

En mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45, y 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al titular del Poder Ejecutivo federal, por conducto de las Secretarías de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que se sirva hacer llegar a esta soberanía con la mayor brevedad un informe pormenorizado de la implantación y los avances del programa nacional para sustituir focos incandescentes por lámparas fluorescentes ahorradoras.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2010.

La Tercera Comisión

Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador Eduardo Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth, senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.
 
 
 

DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A REVISAR LAS POLÍTICAS Y REGLAS DE DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS PARA USUARIOS DOMÉSTICOS

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a revertir los aumentos de las tarifas de energía eléctrica para usuarios domésticos, suscrita por el senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los integrantes de la comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Tercera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de enero de 2010, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones, el autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina manifiesta sustancialmente lo siguiente: "En este inicio de año, los mexicanos hemos resentido los incrementos de los precios en la canasta básica, los combustibles, gasolinas, diesel, y las tarifas de energía eléctrica para usuarios domésticos… Según información de la Comisión Federal de Electricidad, las tarifas eléctricas para uso doméstico aumentaron a partir del 1 de enero y registrarán un incremento anual acumulado de al menos 4 por ciento, 0.3 por ciento en las tarifas de consumo básico, el cual estará vigente solamente durante enero y se ajustará en forma mensual… Los incrementos tarifarios serán mensuales y para su determinación se tomarán como referencia la inflación y los precios internacionales de los principales combustibles utilizados para la generación de electricidad… La tarifa 1 de consumo doméstico básico será de 0.687 por kilovatio hora, pero después del límite de hasta 75 kWh tendrán que pagar a 0.819 pesos el kWh".

Comenta el autor de la proposición que se dictamina: "Si es verdad que el efecto del incremento de las tarifas de energía eléctrica es mínimo en la economía nacional, entonces se podrían evitar que éste lo absorban los hogares mexicanos, lo que daría un respiro a la economía familiar de los aumentos en cascada que han tenido que soportar estos primeros días del año". Propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo federal a revertir los aumentos y congelar en el presente año fiscal las tarifas de energía eléctrica para usuarios domésticos. II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden plenamente con los planteamientos y la propuesta del autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina.

La comisión dictaminadora toma en cuenta que en los años recientes han sido reiteradas la preocupación y la acción de los legisladores y de este cuerpo legislativo respecto a los incrementos reiterados, excesivos e inoportunos de los diversos energéticos, incluida la energía eléctrica y los combustibles, que afectan de manera significativa no sólo la economía general del país, en crisis, sino la economía y el bienestar de los mexicanos.

Además, se toma en cuenta que es notoria, por la amplia difusión que ha recibido en los diversos medios de comunicación social nacionales y regionales, la incidencia de las actuales tarifas de energía eléctrica, y sus incrementos periódicos, en la economía nacional y en particular de los habitantes del territorio mexicano.

La comisión dictaminadora estima procedente exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a revisar las políticas y reglas de determinación de las tarifas eléctricas, con objeto de evitar o limitar en lo posible alzas de la energía eléctrica.

En mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al titular del Ejecutivo federal a revisar las políticas y reglas de determinación de las tarifas eléctricas para usuarios domésticos, con objeto de evitar o limitar en lo posible alzas de este energético.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2010.

La Tercera Comisión

Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador Eduardo Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth, senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.
 
 
 

DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES UN INFORME SOBRE EL OTORGAMIENTO O PROYECTO DE CONCESIÓN DEL TRAMO DE LA CARRETERA EL DESPERDICIO-LAGOS DE MORENO, JALISCO

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo relativo al exhorto que hace al titular del Ejecutivo federal, para que gire instrucciones al Secretario de Comunicaciones y Transportes, en el sentido de que cancele la decisión relativa a concesionar la conversión de la carretera libre de El Desperdicio a Lagos de Moreno, ambos dentro del estado de Jalisco, a autopista concesionada, así como la construcción de una caseta de peaje, suscrita por el diputado Enrique Ibarra Pedroza, integrante del Grupo Parlamentario del PT.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de enero de 2010, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de trabajo, de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En su exposición de motivos el autor de la proposición que se dictamina menciona que "…en los últimos días se ha propalado que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha concesionado a la empresa Ingenieros Civiles Asociados, la conversión de un tramo carretero federal, de 28 kilómetros, que corre de El Desperdicio a Lagos de Moreno, ambas poblaciones del estado de Jalisco a autopista"; invoca el derecho de tránsito consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, relativa a la facultad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de otorgar concesiones.

Señala el proponente que desde hace medio siglo se construyó y está en funciones la carretera libre federal número 80, Tampico-Barra de Navidad, conocida también como la ruta interoceánica que comunica al Golfo de México con el océano Pacífico; que en el tramo correspondiente al estado de Jalisco, que tiene una extensión de 28 kilómetros, denominado El Desperdicio-Lagos de Moreno, cuenta con cuatro carriles y es una arteria vital en el corazón de Los Altos y en la zona centro del país; que en año 2007 la SCT concesionó cuatro autopistas, actualmente pertenecientes al Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas, entre ellas la de Zapotlanejo-El Desperdicio, y que nunca se concesionó para su explotación, operación y conservación el tramo comprendido entre Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos.

Agrega el proponente que si se concesionara a particulares el tramo citado, los automovilistas no tendrían ruta alterna para transitar sin costo alguno y, es de explorado derecho, que para que exista una autopista de peaje debe haber una vía de tránsito público, es decir, gratuita. Con base en lo anterior, formula el siguiente

"Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo a girar instrucciones al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, para que cancele la decisión de convertir un tramo de la carretera federal en autopista, en los 28 kilómetros comprendidos entre El Desperdicio y Lagos de Moreno, ambos dentro del estado de Jalisco, así como la construcción de una caseta de peaje, que afectaría la economía de los habitantes de la zona." II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden con la preocupación externada por el autor de la proposición que se dictamina. Sin embargo, éste es uno de los casos en que no existen elementos de información y convicción suficientes para que en este dictamen se proponga a la Comisión Permanente la adopción de una postura sobre el problema planteado. En efecto, el mismo proponente señala que "en los últimos días se ha propalado que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha concesionado…" y de la investigación realizada por el cuerpo de asistencia técnica si bien se encuentran notas en los medios de comunicación sobre la concesión de cuatro autopistas en el año 2007, en las mismas únicamente se menciona la rehabilitación del pavimento del tramo El Desperdicio-Lagos de Moreno.

La comisión dictaminadora considera procedente transcribir el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal:

"Artículo 30. La Secretaría podrá otorgar concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, estados o municipios, conforme al procedimiento establecido en la presente ley; así como para mantener, conservar y explorar caminos federales construidos o adquiridos por cualquier título por el Gobierno Federal. En este último caso, las concesiones no podrán ser por plazos mayores a 20 años. La Secretaría garantizará, cuando haya vías alternas, la operación de una libre de peaje. Excepcionalmente la Secretaría podrá otorgar concesión a los gobiernos de los estados o a entidades paraestatales sin sujetarse al procedimiento de concurso a que se refiere esta ley. Cuando la construcción u operación de la vía la contrate con terceros deberá obtener previamente la aprobación de la Secretaría y aplicar el procedimiento de concurso previsto en el artículo 7 de esta ley.

La construcción, mantenimiento, conservación y explotación de los caminos y puentes estarán sujetos a lo dispuesto en esta ley y sus reglamentos, y a las condiciones impuestas en la concesión respectiva."

Consecuentemente, en el caso procede solicitar de la SCT, como la autoridad señalada como la presuntamente concesionaria, se sirva informar a esta Soberanía, sobre el otorgamiento o proyecto de otorgamiento de una concesión para convertir el tramo de carretera federal en autopista, respecto a los 28 kilómetros comprendidos entre El Desperdicio y Lagos de Moreno, acompañando, en su caso, la información y anexos técnicos relevantes, incluyendo la circunstancia de si existe una vía alterna gratuita para recorrer el tramo relativo.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que se sirva hacer llegar a esta soberanía, a la brevedad, un informe sobre el otorgamiento o proyecto de otorgamiento de una concesión para convertir el tramo de carretera federal en autopista, respecto a los 28 kilómetros comprendidos entre El Desperdicio y Lagos de Moreno, estado de Jalisco, acompañando, en su caso, la información y anexos técnicos relevantes, incluyendo la circunstancia de si existe una vía alterna gratuita para recorrer el tramo relativo.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2010.

La Tercera Comisión

Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador Eduardo Tomás Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.
 
 
 

DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE SOLICITA DE LA SHCP QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA, CON LA MAYOR BREVEDAD, SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA SAGARPA, DEL EJERCICIO FISCAL 2009 Y HASTA LA FECHA, Y SE PONDERE LA POSIBILIDAD DE QUE EN LOS PROGRAMAS PARI PASSU NO SE EXIJA LA APORTACIÓN CORRESPONDIENTE

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar a esta soberanía, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cuánto asciende el subejercicio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del ejercicio fiscal 2009; asimismo, a que dichos recursos se reasignen a los mismos programas y beneficiarios de apoyo al campo y que en los programas de tipo pari passu no se exija la aportación estatal correspondiente, suscrita por el senador Adolfo Toledo Infanzón, integrante del Grupo Parlamentario del PRI.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de enero de 2010, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de trabajo, de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones, el autor de la proposición que se dictamina se refiere a la situación de pobreza por la que atraviesa el país, proporcionando algunos datos estadísticos y destacando que en el sector rural se vuelve más crítica la situación económica que vive el país y el crecimiento de la pobreza.

Enseguida, señala el proponente que en el año 2000 se aprobó un presupuesto de 24,849 millones de pesos, en 2009 fue de 70,705 millones y para 2010 ascendió a más de 73 mil millones, pero que aún cuando el presupuesto destinado al campo se ha incrementado esto no se ve reflejado en los resultados en virtud de que el presupuesto se ha centralizado y existen subejercicios. Presenta varios argumentos para señalar que no se puede permitir que el Presupuesto de Egresos de la Federación no se aplique como fue autorizado y establecido por la Cámara de Diputados o que se condicione su ejercicio a las aportaciones por parte de los estados y propone el siguiente

"Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a informar, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informe a esta soberanía a cuánto asciende el subejercicio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del ejercicio fiscal 2009, que a la fecha no haya sido reasignado conforme dispone la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal a que dichos recursos se reasignen a los mismos programas y beneficiarios de apoyo al campo para los que fueron programados y etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009; se entreguen con la mayor brevedad y que, por esta ocasión, dada la crisis económica por la que atraviesan las entidades federativas en los programas de tipo pari passu no se exija la aportación estatal correspondiente."

II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden plenamente con los planteamientos y propuesta del autor de la Proposición que se dictamina.

Esta comisión considera pertinente reproducir los artículos 3 y 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:

"Artículo 3. La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de competencia del Ejecutivo Federal, corresponde a la Secretaría y a la Función Pública en el ámbito de sus respectivas atribuciones. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Fiscal de la Federación serán supletorios de esta ley en lo conducente.

Las dependencias y entidades deberán observar las disposiciones generales que emitan la Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, para dar correcta aplicación a lo dispuesto en esta ley y el reglamento. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y de los entes autónomos, sus respectivas unidades de administración podrán establecer las disposiciones generales correspondientes.

Las disposiciones generales a que se refiere el párrafo anterior deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación."

"Artículo 23.

Los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten, deberán subsanarse en un plazo máximo de 90 días naturales. En caso contrario dichos recursos se reasignarán a los programas sociales y de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos. La Secretaría estará obligada a reportar al respecto oportunamente a la Cámara, así como hacerle llegar la información necesaria."

De las disposiciones legales transcritas, resulta que corresponde a la dependencia a la que se asignó el recurso subsanar los subejercicios de los presupuestos en un plazo máximo de 90 días naturales y, en su defecto, la SHCP deberá proceder a la reasignación de dichos recursos a los programas sociales y de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración del Pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita de la Secretaría Hacienda y Crédito Público que informe a esta soberanía, con la mayor brevedad, sobre la ejecución del presupuesto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, del ejercicio fiscal 2009 y hasta la fecha, y, en caso de que hubiera subejercicios que no hayan sido reasignados conforme lo dispone la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se informe a esta soberanía.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que los subejercicios presupuestarios sean subsanados en términos del último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y, que en esta ocasión, se pondere la posibilidad de que en los programas tipo pari passu no se exija la aportación correspondiente. Se solicita de la Secretaría citada que se sirva enviar con la mayor brevedad a esta soberanía un informe detallado del avance sobre las acciones emprendidas para subsanar los subejercicios de referencia.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2010.

La Tercera Comisión

Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador Eduardo Tomás Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth, senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud, senador Ricardo Monreal Ávila.
 
 
 

DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE CAPUFE QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, Y SEGURIDAD DE LA AUTOPISTA CONCESIONADA LAS CHOAPAS-RAUDALES-OCOZOCUAUTLA

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a garantizar en la autopista concesionada Las Choapas–Ocozocuautla, las condiciones mínimas de seguridad, comodidad y rapidez, suscrita por el senador Rubén Fernando Velázquez López, integrante del Grupo Parlamentario del PRD.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de enero de 2010, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

En la proposición que se dictamina, el autor no presenta antecedentes, consideraciones o exposición de motivos y se limita a proponer los siguientes

"Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, para que solicite al órgano público descentralizado, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos verifique si en la autopista concesionada Las Choapas-Ocozocuautla se garantiza la seguridad, comodidad y rapidez de la vía, según dispone el artículo 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas para que solicite a la concesionaria Banobras todos los datos o informes necesarios que acrediten las acciones u obras realizadas para garantizar un óptimo servicio a los usuarios de la autopista concesionada Las Choapas-Ocozocuautla y, en su caso, si éste no se garantiza, ordenar la exención del pago de peaje, según obligue el título de concesión o la modalidad de la vía."

II. La comisión dictaminadora, con apoyo del cuerpo de asistencia técnica, pudo determinar que en diversos medios de comunicación masiva se consigna que en la última parte del año 2009 se produjeron varios accidentes, algunos inclusive fatales, en la autopista Ocozocuautla–Las Choapas, en la región sureste de México. En las mismas fuentes informativas se señala la existencia de baches y el hecho de que la autopista de Las Choapas–Raudales–Ocozocuautla es una de las más peligrosas.

Por otra parte, en la página electrónica de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), se consultó el Programa de Trabajo 2009 de esta empresa descentralizada, en el cual se contempla llevar a cabo la conservación mayor de autopistas (rehabilitación de pavimento), entre otras, de la carretera Las Choapas–Raudales–Ocozocuautla.

Consecuente con lo anterior, la comisión dictaminadora considera procedente y oportuno solicitar información actualizada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Capufe, que incluyan un diagnóstico de la situación que guardan los programas y proyectos de reparación, reconstrucción y mantenimiento de esa carretera.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a la consideración del Pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, informen a esta soberanía, a la brevedad, sobre la situación que guardan los programas y proyectos de reparación, mantenimiento, y seguridad de la autopista concesionada Las Choapas-Raudales-Ocozocuautla, en el sureste del país.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2010.

La Tercera Comisión

Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador Eduardo Tomás Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth, senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.
 
 
 

DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CNBV A ESTABLECER LOS MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES NECESARIOS PARA ATENDER LOS RECLAMOS DE LOS AHORRADORES DEFRAUDADOS POR LA CAJA POPULAR JUNTOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS, DE LOS MUNICIPIOS DE APIZACO, CHIAUTEMPAN, HUAMANTLA, TLAXCALA Y ZACATELCO, TLAXCALA

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Permanente, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Tlaxcala y al titular de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) implantar medidas que permitan a los ahorradores de la caja popular Juntos y Organizados Venceremos recuperar sus recursos, suscrita por el diputado Alberto Jiménez Merino, integrante del Grupo Parlamentario del PRI.

Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de enero de 2010 y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo "Consideraciones", el autor de la proposición que se dictamina destaca la importancia de la banca de desarrollo para el crecimiento económico; menciona los cambios que se han registrado en el sistema financiero mexicano, con la "casi desaparición de la banca de desarrollo gubernamental"; cita la Ley de Ahorro y Crédito Popular, promulgada en 2001, que "permite a las cajas populares formar parte del conjunto de instituciones financieras con la capacidad de concentrar recursos y fungir como banca de desarrollo", y señala que el principal objetivo de las cajas populares es agrupar recursos que aportan los socios que luego son otorgados mediante préstamos a personas físicas y morales para invertir en diversos proyectos.

Menciona el proponente diversos datos estadísticos de información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y, concretamente, el caso de la caja popular Juntos y Organizados Venceremos, publicada en el estado de Tlaxcala, señalando que esta caja afecta a 347 ahorradores, quienes han perdido un monto superior a los 36 millones 439 mil pesos. Los afectados habitan en los municipios de Apizaco, Chiautempan, Huamantla, Tlaxcala y Zacatelco; formula los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobernador de Tlaxcala a atender y, en su caso, implantar las acciones necesarias para otorgar el apoyo requerido a las 347 personas defraudas por la caja popular Juntos y Organizados Venceremos, a fin de que puedan recuperar sus recursos que ascienden a más 36 millones 439 mil pesos.

Segundo. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a revisar y, en su caso, otorgar los apoyos necesarios a los defraudados por la caja popular mencionada, con el objetivo de resarcir el daño causado y para que se finquen las responsabilidades correspondientes que sancionen, conforme a la normatividad aplicable, a quienes cometieron dicho fraude.

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden plenamente con los planteamientos del autor de la proposición que se dictamina.

La comisión dictaminadora estima que en este caso procede, como ha sido el caso de otras proposiciones con punto de acuerdo relacionadas con perjuicios que han sufrido ahorradores miembros de las cajas populares en otras entidades de la república, que se exhorte a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de que se establezcan los mecanismos y procedimientos institucionales necesarios, en el marco de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas y Préstamo y Apoyo a sus Ahorradores, para atender los reclamos de los ahorradores defraudados por la caja popular Juntos y Organizados Venceremos, habitantes de los municipios Apizaco, Chiautempan, Huamantla, Tlaxcala y Zacatelco.

En mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a establecer los mecanismos y procedimientos institucionales necesarios, en el marco de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas y Préstamo y Apoyo a sus Ahorradores, para atender los reclamos de los ahorradores defraudados por la caja popular Juntos y Organizados Venceremos, habitantes de los municipios Apizaco, Chiautempan, Huamantla, Tlaxcala y Zacatelco, del estado de Tlaxcala.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2010.

La Tercera Comisión

Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador Eduardo Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth, senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.
 
 
 

DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA REMITIR COPIA DEL PRESENTE EXPEDIENTE AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE NAYARIT, PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Congreso de Nayarit a derogar el cobro de la tenencia, reemplacamiento y verificación vehicular aprobado el 20 de diciembre de 2009, así como al titular del Ejecutivo de Nayarit a desarrollar y poner en marcha programas emergentes que disminuyan el impacto del aumento en los precios de los productos de la canasta básica y de los combustibles, suscrita por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, integrante del Grupo Parlamentario del PRD.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de enero de 2010, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones el autor de la proposición que se dictamina se refiere al incremento de los precios alimentarios básicos a nivel mundial, proporcionando diversos datos estadísticos difundidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, para señalar que los gobiernos han abordado el problema de los precios de los alimentos desde distintas perspectivas.

Que en nuestro país, a partir de 2006, el costo de la canasta básica ha experimentado constantes alzas, profundizando la vulnerabilidad económica y la inseguridad alimentaria, aumentando los niveles de pobreza; cita diversos datos estadísticos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, destacando que en el año pasado, en México, los aumentos de los precios de la mayoría de los productos se dispararon, citando como ejemplo el aceite comestible que se incrementó 105 por ciento, el arroz 90 por ciento, el frijol 85 por ciento, el azúcar más del 10 por ciento y las tortillas de maíz más del 100 por ciento.

Continúa citando datos estadísticos, ahora de la Procuraduría Federal del Consumidor, relativos a los precios de la canasta básica y de los combustibles. Que en Nayarit los ciudadanos y transportistas están indignados por el constante aumento de los combustibles, señalando que el aumento de los precios de los energéticos tiene un efecto multiplicatorio que repercute en todos los bienes y servicios perjudicando a millones de familias mexicanas, a la productividad de las micro y pequeñas empresas, a los sectores productivos agropecuario y pesquero.

Continúa el proponente comentando sobre la importancia y consecuencias del incremento de los precios de alimentos y combustibles para expresar que es momento de pedirle al gobierno federal y a los gobiernos estatales que asuman su responsabilidad e implanten acciones coordinadas a fin de atender las necesidades alimentarias de los segmentos de la población más vulnerables y para "exhortar al Congreso local de Nayarit a que dé marcha atrás al pago de tenencia, reemplazamiento y verificación vehicular que empezará a aplicarse, a partir del 15 de enero del presente año, por la Secretaría de Hacienda local".

Argumenta el proponente que, según el gobierno del estado, con este impuesto se captarán alrededor de 120 millones de pesos anuales, "monto insignificante si tomamos en cuenta que, solamente el endeudamiento de Nayarit es de 1 mil 190 millones de pesos, por lo que sería mejor que dichos recursos provengan de un programa de austeridad y recorte de gastos superfluos del gobierno estatal". Por lo anterior, formula los siguientes

"Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso de Nayarit a derogar el cobro de tenencia, reemplacamiento y verificación vehicular, aprobado el 20 de diciembre de 2009 y que comenzará a aplicarse a partir del 15 de enero de 2010.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo de Nayarit, licenciado Ney González Sánchez, a desarrollar y poner en marcha, a través de las dependencias y entidades competentes, programas emergentes que disminuyan el impacto del aumento en los precios de los productos de la canasta básica, así como de los combustibles; con la finalidad de detener el deterioro en la calidad de vida de los habitantes del estado."

II. La comisión dictaminadora toma en cuenta que, como lo reconoce expresamente el proponente en su capítulo de considerandos y en sus puntos resolutivos, en el caso se trata de un asunto de la jurisdicción y competencia del gobierno de Nayarit, y el Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras o de la Comisión Permanente, se ha manifestado siempre respetuoso de los principios y normas que rigen el federalismo que impera en nuestro sistema jurídico y político nacional. En este sentido, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental." Consecuentemente, la comisión dictaminadora considera que en el caso procede remitir el expediente al gobernador constitucional de Nayarit, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de su competencia.

En mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a la consideración del pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Remítase copia del presente expediente al gobernador constitucional de Nayarit, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de su competencia.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2010.

La Tercera Comisión

Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador Eduardo Tomás Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth, senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.
 
 
 

DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS MEDIDAS PARA EL RESGUARDO DE VACUNAS Y MEDICAMENTOS QUE REQUIERAN REFRIGERACIÓN, LOS CONTRATOS DE COMPRA Y EL USO POR EL SECTOR PRIVADO DE LOS INMUNIZANTES CONTRA LA INFLUENZA A (H1N1)

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que informe sobre las medidas que tiene implementadas para el resguardo y buen uso de vacunas o medicamentos de emergencia, suscrita por la senadora María del Socorro García Quiroz, integrante del Grupo Parlamentario del PRI.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de enero de 2010 y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones la autora de la proposición que se dictamina se refiere a la información difundida por los medios de comunicación social relacionada con el "descuido en el manejo de las vacunas contra la influenza A (H1N1)", lo que provocó daños a unos lotes que llegaron a Colima y Morelos; que la Secretaría de Salud de Morelos inició una investigación administrativa contra personal del hospital civil Ernesto Meana San Román del municipio de Jojutla, luego de que 90 vacunas contra la influenza A (H1N1) fueron expuestas a condiciones climáticas desfavorables y se permitió que dichas dosis se alteraran dos grados centígrados; el secretario de Salud de Morelos dio a conocer que nueve personas estaban sujetas a investigación administrativa para deslindar responsabilidades, indicó que se estaba analizando si se habían echado a perder o no las 90 vacunas de referencia.

Agrega la proponente que en la ciudad de Colima, el 24 de noviembre de 2009, llegaron 2 mil 670 dosis de vacunas contra la influenza A (H1N1), y cuando fueron recibidas se detectó que el termómetro interno marcaba 19 grados, cuando la temperatura apropiada debe ser entre 2 y 4 grados centígrados, lo que provocó su descomposición; el gobernador del estado anunció que ya se había procedido a "dar de baja a tres trabajadores de la Secretaría de Salud, contra quienes podían existir acciones legales".

Menciona la autora de la proposición que se dictamina, que la Secretaría de Salud del Distrito Federal ha solicitado 4 mil millones de pesos más a su presupuesto del año 2010 para poder atender los casos que se presenten y en esta situación se encuentran la mayoría de las entidades federativas de nuestro país, recordando que la emergencia aún no ha sido superada y nos encontramos en plena temporada invernal.

Finalmente, menciona que el titular de la Secretaría de Salud dio a conocer que a partir del 1 de febrero del año en curso, la vacuna de referencia podrá venderse en el sector privado, probablemente en un costo aproximado de 300 ó 400 pesos, y que dicha oferta será verificada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), al igual que por los Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex). Por lo anterior, propone los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que a la brevedad posible informe a esta soberanía las medidas emergentes que tiene implantadas para vacunas o medicamentos que requieran refrigeración en caso de existir cortes en los suministros de energía eléctrica y contingencias ambientales; asimismo, para que explique las medidas de seguridad en el resguardo de éstos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que, a la brevedad posible, explique a esta soberanía sobre los criterios bajo los cuales se llevara a cabo la verificación y mecanismo de oferta para poner a disposición del sector privado la vacuna contra la influenza A (H1N1).

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden con los planteamientos de la autora de la proposición que se dictamina, con algunas salvedades de claridad y estilo.

La comisión dictaminadora toma en cuenta que la proposición que se dictamina se sustenta y motiva en hechos notoriamente conocidos y que han sido objeto de amplia difusión en los medios de comunicación masiva del país.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a la consideración del pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al titular de la Secretaría de Salud, hacer llegar a esta soberanía, a la brevedad, un informe sobre:

a) Las medidas emergentes que se tienen implantadas o se vayan a implantar para vacunas y medicamentos que requieran refrigeración, principalmente en caso de existir cortes en los suministros de energía eléctrica y contingencias ambientales, explicando a detalle las medidas de seguridad en su resguardo;

b) Los criterios bajo los cuales se llevará a cabo la verificación y mecanismo de oferta para poner a disposición del sector privado la vacuna contra la influenza A (H1N1), y

c) Los contratos que se han otorgado o se vayan a otorgar para la compra de las vacunas contra la influenza A (H1N1), explicando al detalle las condiciones que imperaban durante la fase de alarma y, concretamente, durante la contratación.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2010.

La Tercera Comisión

Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador Eduardo Tomás Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth, senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.
 
 
 

DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTOS DE ACUERDO MEDIANTE LOS CUALES SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A REALIZAR LO NECESARIO PARA GARANTIZAR PARA LA POBLACIÓN BENEFICIARIA LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO AL TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE QUIENES PADECEN HEPATITIS C, Y A CONSIDERARLOS COMO PARTE DEL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Permanente, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud que reconozca a la hepatitis C como problema de salud pública y garantice la disponibilidad y acceso a su tratamiento, suscrita por el diputado Miguel Antonio Osuna Millán, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.

Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 20 de enero de 2010 y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo "Consideraciones", el autor de la proposición que se dictamina señala que la hepatitis C es una infección producida por el virus de la hepatitis C (VHC), el cual se encuentra en la sangre de las personas infectadas, provocando que el hígado se inflame y deje de funcionar correctamente.

Comenta que el virus VHC es la primera causa de hepatitis crónica en el mundo occidental y que puede generar complicaciones, como cirrosis o cáncer de hígado.

El promovente refiere que en México, la tercera causa de muerte en hombres y la séptima en mujeres es la cirrosis hepática; y que 42 por ciento de esta cirrosis es producida por hepatitis virales.

Hace referencia a los principales factores de riesgo, entre los que señala la transfusión de sangre antes de 1995, uso de drogas por vía intravenosa o vía intranasal al compartir instrumentos contaminados, contacto con sangre de una persona infectada por vía parental, tratamientos dentales con instrumentos no esterilizados, entre otros.

Plantea la diferencia de la hepatitis C aguda y la hepatitis C crónica, y la importancia de esta última de ser tratada a tiempo después de su diagnóstico, y plantea la necesidad de crear políticas públicas que consideren el acceso de esta enfermedad.

Menciona que la cobertura actual de los servicios de salud otorgados a escala federal incluyen el tratamiento de la hepatitis C únicamente cuando la infección se presenta en coinfección con el virus del VIH-sida, lo cual considera que representa una discriminación y violación de los derechos humanos de las personas que únicamente padecen de hepatitis C.

Concluye el promovente señalando que el tratamiento de la hepatitis C resulta económicamente costoso y que en la actualidad los pacientes con este padecimiento tienen la oportunidad de tratarse, de utilizar peginterferon alfa en combinación con ribavirina, que tiene hasta 80 por ciento de probabilidades de éxito terapéutico, eliminando el VHC y, en consecuencia, un posible progreso de cirrosis hepática. Por ello, propone los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a desarrollar las acciones necesarias para que a través de los servicios de salud de carácter público se garanticen la disponibilidad y el acceso al tratamiento de la hepatitis C para la población beneficiaria.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud a considerar, por medio de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de dicha enfermedad, como parte del conjunto de intervenciones amparadas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden con los planteamientos del autor de la proposición que se dictamina.

Esta comisión considera pertinente reproducir los artículos 77 Bis 1 y 77 Bis 29 de la Ley General de Salud, relacionados con la protección social en salud y el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos:

Artículo 77 Bis 1. Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al sistema de protección social en salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social. La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.

Las disposiciones reglamentarias establecerán los criterios necesarios para la secuencia y alcances de cada intervención que se provea en los términos de este Título.

Artículo 77 Bis 29. Para efectos de este Título se considerarán gastos catastróficos a los que se derivan de aquellos tratamientos y medicamentos asociados, definidos por el Consejo de Salubridad General, que satisfagan las necesidades de salud mediante la combinación de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, con criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, que impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren. Con el objetivo de apoyar el financiamiento de la atención principalmente de beneficiarios del sistema de protección social en salud que sufran enfermedades de alto costo de las que provocan gastos catastróficos, se constituirá y administrará por la federación un fondo de reserva, sin límites de anualidad presupuestal, con reglas de operación definidas por la Secretaría de Salud.

Asimismo, el cuerpo de asistencia técnica de la comisión corroboró en el portal de Internet de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud que el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos busca otorgar servicios médicos de alta especialidad a las personas que no cuentan con seguridad social y que padecen enfermedades de alto costo que pueden poner en riesgo su vida y patrimonio familiar, que proporciona recursos monetarios a través de un fideicomiso, a los prestadores de servicios acreditados y con convenios firmados de las 32 entidades federativas.

La comisión dictaminadora toma en cuenta que en México, un gran número de personas se encuentran infectadas con el virus de la hepatitis C, y que ese porcentaje de la población puede ir en aumento en razón de que muchas personas desconocen que están infectadas. Asimismo, coincide con el autor de la proposición, por lo que hace al costo económico considerable que cualquier persona puede tener para el tratamiento adecuado.

En mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, solicita a la Secretaría de Salud que informe a esta soberanía, a la mayor brevedad, sobre las medidas que esté llevando a cabo con relación al tratamiento de la hepatitis C, exhortándole a reforzar las acciones necesarias para que a través de los servicios de salud de carácter público se garanticen la disponibilidad y el acceso al tratamiento de esa enfermedad para la población beneficiaria.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta a la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a analizar la pertinencia de considerar el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de dicha enfermedad como parte del conjunto de intervenciones amparadas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2010.

La Tercera Comisión

Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador Eduardo Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth, senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.
 
 
 

DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A PONER EN MARCHA, CON LA PARTICIPACIÓN QUE CORRESPONDA A LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS CARRETEROS SOLA DE VEGA-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC Y EL VADO-LOS LLANOS, EN OAXACA, Y A EJERCER DE MANERA OPORTUNA EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ELLO

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a iniciar mediante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas la construcción de los tramos carreteros Sola de Vega-Santa Cruz Zenzontepec y El Vado-Los Llanos, en Oaxaca, suscrita por el senador Adolfo Toledo Infanzón integrante del Grupo Parlamentario del PRI.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 20 de enero de 2009, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones el autor de la proposición que se dictamina, se refiere a que, según datos del Consejo Nacional de Población y del Inegi, existen más de 10 millones de habitantes indígenas mexicanos, de los cuales al menos 2.5 millones viven en localidades ubicadas a más de 3 kilómetros de distancia de caminos pavimentados o revestidos. Esta situación genera altos grados de dispersión y aislamiento geográfico para las comunidades indígenas, convirtiéndose éste, en uno de los mayores problemas a los que se enfrentan.

Los pueblos y comunidades indígenas aún no disfrutan de una situación social y económica propicia para un mejor desarrollo humano; se caracterizan por vivir en altos niveles de pobreza y en una situación de significativa desventaja. El combate al rezago social de los pueblos y comunidades indígenas representa una de las áreas de política de mayor relevancia para el desarrollo de México.

En este sentido, la red de comunicaciones terrestres resulta un factor determinante para mejorar la calidad de vida de los indígenas y establecer un mayor grado de progreso y nivel de desarrollo.

Desde el 2005, la Presidencia de la República y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas anunciaron su compromiso de ampliación y modernización de tramos carreteros en la Sierra Sur de Oaxaca, sin embargo y por razones que se desconocen, los trabajos no han sido continuados y se han estacando en cuanto a su ejecución.

De este modo, tramos de construcción carretera como el de Sola de Vega-Santa Cruz Zenzontepec, así como el de El Vado-Los Llanos y kilómetros subsecuentes han quedados varados, situación que ha llevado a las comunidades indígenas de Oaxaca a continuar viviendo en condiciones de pobreza y rezago social.

Por ello, el proponente hace un exhorto al Ejecutivo federal para que inicie los trabajos y ejerza de manera inmediata los recursos asignados para estos dos tramos carreteros en el ejercicio fiscal de 2010, esperando no llegar al final de año y encontrar nuevamente subejercicios y obras no concluidas por desidia administrativa.

Para dar cumplimiento con lo anterior, el autor de la proposición formula el siguiente

"Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo, para que a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ponga en marcha de manera inmediata los trabajos de construcción de los tramos carreteros Sola de Vega-Santa Cruz Zenzontepec y El Vado-Los Llanos, en el estado de Oaxaca, y se ejerza el presupuesto asignado para estos tramos carreteros de manera oportuna." II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden con los planteamientos del autor de la proposición que se dictamina y consideran procedente su propuesta, en virtud de que se encuentra fundada y motivada.

Esta comisión dictaminadora reconoce que el desarrollo de infraestructura carretera es sin duda alguna uno de los pilares básicos que impulsan y detonan el crecimiento económico y social de cualquier estado, región o comunidad. Los caminos y carreteras no sólo constituyen la principal forma de comunicación; propician y aceleran además el intercambio de bienes, servicios y personas.

Además, en el Plan Nacional de Desarrollo, el titular del Ejecutivo federal establece que: "México debe su riqueza cultural y su carácter distintivo como pueblo único en el mundo a la herencia formidable de sus pueblos originarios. Su rico patrimonio en lenguas, arte y cultura convierten a México en una de las naciones latinoamericanas con mayor legado y población indígenas. El profundo carácter mestizo de la nación mexicana sólo puede explicarse por el pasado milenario y el presente enriquecedor de sus pueblos y comunidades indígenas".

Estamos conscientes de que en México, y específicamente en los municipios de la Sierra Sur de Oaxaca, la carencia de comunicaciones eficientes han sumergido a las poblaciones indígenas en profundas problemáticas; la dificultad del abastecimiento de productos y alimentos, el acceso eficiente a los servicios de salud en caso de emergencia, a las escuelas, el no poder comercializar sus producciones locales y las conflictos para que los programas institucionales operen con eficiencia, son sólo alguno de ellos.

Es fundamental que el gobierno federal incremente el desarrollo de condiciones que estimulen la modernización de las vías de comunicación para estas comunidades. La continuación de inversión, por lo consiguiente, de los tramos carreteros de Sola de Vega-Santa Cruz Zenzontepec, de El Vado-Los Llanos y tramos subsecuentes es impostergable.

También, estamos convencidos que ésta es la oportunidad de generar empleos para las familias de una región marginada por la pobreza y el abandono, que además se encuentran catalogados dentro de los 100 municipios con menor índice de desarrollo humano del país. México atraviesa por momentos particularmente complicados, en los que debe imperar por sobre todas las cosas el interés nacional y el bienestar de su población. El desempeño de la administración pública con una visión de progreso y desarrollo debe prevalecer en el actuar gubernamental.

Asimismo, y considerando que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas tiene como misión orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicos para alcanzar el desarrollo integral y sustentable y el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera procedente el exhorto al titular del Ejecutivo, a través de esta Comisión Nacional, para que se pongan en marcha los trabajos de los tramos carreteros mencionados.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, para que, con la participación que corresponda a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se pongan en marcha, los trabajos de construcción de los tramos carreteros Sola de Vega-Santa Cruz Zenzontepec y El Vado-Los Llanos, en el estado de Oaxaca y se ejerza el presupuesto asignado para estos tramos carreteros de manera oportuna.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2010.

La Tercera Comisión

Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador Eduardo Tomás Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth, senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.
 
 
 

DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y AL PRESIDENTE DE LA CNSM A ANALIZAR Y DETERMINAR LA PERTINENCIA DE UNA REVISIÓN URGENTE DE LOS SALARIOS MÍNIMOS A EFECTO DE QUE SE CUMPLA LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa al Ejecutivo federal su enérgica condena por el raquítico aumento de los sueldos mínimos para 2010 y se solicita que intervenga ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a fin de establecer un incremento de urgencia, suscrita por el diputado Víctor Castro Cosío, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los integrantes de la comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Tercera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 20 de enero de 2010, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones, el autor de la proposición que se dictamina se refiere a la resolución de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que estableció el incremento de éstos aplicable para 2010 y que es de 4.85 por ciento; argumenta en contra de lo reducido de dicho incremento, que contrasta con los salarios de los funcionarios de los tres Poderes de la Unión y con los incrementos de la canasta básica, invoca la fracción VI, párrafo tercero, del Apartado A del artículo 123 constitucional y formula el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa al Ejecutivo federal su más enérgica condena por el raquítico aumento de los mínimos para 2010, de apenas 4.85 por ciento en promedio, por lo que le solicita que con la mayor brevedad intervenga ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para establecer un aumento de urgencia de los mínimos que cumpla lo ordenado en el artículo 123, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo. II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden con los planteamientos del autor de la proposición que se dictamina, y por ello toman en cuenta lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo: Artículo 94. Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional, integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.

Artículo 95. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y las comisiones consultivas se integrarán en forma tripartita, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo II del Título Trece de esta ley.

También se toma en consideración que, conforme al artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos revisará anualmente los salarios mínimos; y conforme a los artículos 570 y 573 del mismo ordenamiento, podrán revisarse en cualquier momento en el curso de su vigencia, siempre que haya circunstancias económicas que lo justifiquen. Las revisiones se llevarán a cabo por iniciativa del secretario del Trabajo y Previsión Social formulada al presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, a solicitud de sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores.

Consecuentemente, la comisión dictaminadora considera procedente exhortar al secretario del Trabajo y Previsión Social y al presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 570 y 573 de la Ley Federal del Trabajo, analicen y determinen la procedencia de hacer una revisión urgente de los salarios mínimos, a efecto de que se cumpla el artículo 123, Apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al secretario del Trabajo y Previsión Social y al presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 570 y 573 de la Ley Federal del Trabajo, analicen y determinen la procedencia de hacer una revisión urgente de los salarios mínimos a efecto de que se cumpla lo establecido en el artículo 123, Apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2010.

La Tercera Comisión

Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador Eduardo Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth, senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.
 
 
 

DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE SALUD A APOYAR, A TRAVÉS DEL CONADIC, A LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS CON RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS A FIN DE QUE LLEVE A CABO EL ESTUDIO SOBRE EL USO DE DROGAS ENTRE ESTUDIANTES INDÍGENAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA ENTIDAD Y SE ESTABLEZCAN ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que, mediante la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional contra las Adicciones, se apoye a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas para que lleve a cabo un estudio sobre el consumo de drogas entre estudiantes indígenas de los niveles medio superior y superior de la entidad, suscrita por la senadora María Elena Orantes López integrante del Grupo Parlamentario del PRI.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 20 de enero de 2010, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones la autora de la proposición que se dictamina, se refiere a que, según la V Encuesta Nacional de Adicciones dada a conocer en octubre de 2009, el consumo de bebidas alcohólicas en grandes cantidades, que afecta a 4.2 millones de individuos, es el principal problema a resolver, ya que, esta adicción, se relaciona con 9 por ciento de las causas de mortalidad general, como accidentes automovilísticos, cirrosis hepática y violencia intrafamiliar.

Asimismo, se hace referencia a que en las comunidades indígenas de Chiapas, se ve, lamentablemente, con mayor frecuencia, que los jóvenes indígenas, además de alcohol, ingieren drogas ilegales a temprana edad, por lo que se hace necesario impulsar políticas públicas contra las adicciones, que protejan a los adolescentes indígenas no sólo del consumo de alcohol y tabaco, sino de estupefacientes ilegales.

Expone, la proponente, la realidad de la frontera sur de nuestro país, en donde el aumento del consumo y trasiego de drogas, hace urgente la necesidad de actuar con oportunidad para evitar que los jóvenes indígenas experimenten con drogas ilegales.

Se expresa la necesidad de reforzar el conocimiento de la población indígena respecto del potencial daño a los jóvenes, quienes están más expuestos, si no asisten a la escuela, viven fuera de sus hogares o conviven con sujetos consumidores; por lo anterior es que, actualmente, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas realiza un valioso estudio sobre el uso de drogas entre estudiantes indígenas de los niveles medio superior y superior de la entidad, con el fin de establecer las estrategias de prevención que contrarresten la problemática.

Por último, la proponente establece que, a partir de la firma de un convenio de colaboración, se puedan llevar a cabo campañas informativas, conferencias, investigaciones, desarrollo de programas y estudios sobre la población adicta, así como la problemática de la disponibilidad creciente de drogas entre los jóvenes en el medio rural, la migración, y repercusiones sociales de estos fenómenos, que tengan como objetivo fundamental mejorar las condiciones sociales de la juventud indígena en Chiapas, con el objeto de erradicar el consumo de drogas. Por ello, formula el siguiente

"Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente solicita a la Secretaría de Salud que, a través del Consejo Nacional contra las Adicciones, se apoye con recursos humanos y financieros a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a fin de coadyuvar en todo lo necesario para llevar a cabo el estudio sobre el uso de drogas entre estudiantes indígenas de los niveles medio superior y superior de la entidad, así como para que, de manera coordinada, se establezcan al final del estudio de referencia, estrategias de prevención que contrarresten dicha problemática." II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden con los planteamientos de la autora de la proposición que se dictamina y consideran procedente sus propuestas, en virtud de que se encuentran fundadas y motivadas.

Esta comisión considera pertinente reproducir los artículos 1 y 2 del Reglamento Interior del Consejo Nacional Contra las Adicciones:

Artículo 1. El Consejo Nacional Contra las Adicciones tendrá por objeto promover y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la prevención y combate de los problemas de salud pública causados por el alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia, así como proponer y evaluar los programas relativos a esas materias.

Artículo 2. Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Promover las políticas, estrategias y programas en materia de adicciones, que deberán considerar el alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia, así como promover las adecuaciones y modificaciones necesarias;

II. Promover las acciones que coadyuven al eficaz cumplimiento de los programas contra las adicciones, así como evaluar sus resultados;

III. Promover y acordar mecanismos de coordinación entre las autoridades de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios para la eficaz ejecución de los programas a que se refiere este Reglamento;

IV. Fomentar que los programas de educación para la salud y seguridad e higiene en el trabajo, incorporen conceptos que tiendan a disminuir en la población el uso y abuso de bebidas alcohólicas, así como el alcoholismo, el tabaquismo y la farmacodependencia;

V. Promover en forma permanente actividades de investigación que apoyen las acciones contra el alcoholismo, el tabaquismo y la farmacodependencia;

VI. Promover las acciones de sensibilización entre la población acerca de las adicciones y convocar a la comunidad a participar en la prevención y en la reinserción social de los adictos;

VII. Recomendar medidas para el control sanitario de la publicidad relativa a bebidas alcohólicas y tabaco;

VIII. Proponer reformas a las disposiciones legales y administrativas relativas a la producción, comercialización y consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y otras sustancias psicoactivas;

IX. Promover la integración de grupos de trabajo tendientes al establecimiento de acciones en materia de regulación, investigación, prevención, tratamiento y rehabilitación en materia de adicciones;

X. Promover acciones que tiendan a la disminución de los riesgos asociados con el consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y otras sustancias psicoactivas;

XI. Dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales ratificados por México en las materias relacionadas con su objeto y proponer la celebración de otros acuerdos y convenios internacionales relacionados con las adicciones, y

XII. Establecer, conforme a la normatividad aplicable, los lineamientos para la administración y disposición de sus recursos.

Además, esta comisión dictaminadora está convencida que con la investigación propuesta, se permitirá saber con un alto grado de precisión, el uso y abuso de drogas en localidades indígenas de Chiapas y, con ello, determinar las acciones preventivas para atender la problemática, la cual debe ser integral.

Ahora bien, no obstante que sabemos el gran esfuerzo de las autoridades de salud, para impulsar una política de reducción de la demanda, es oportuno fomentar los mecanismos para desarrollar una mejor colaboración con instituciones gubernamentales de salud y educación de los tres órdenes de gobierno, instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior, organizaciones deportivas, el sector empresarial y la sociedad civil organizada, con el propósito de encaminar estrategias integrales de vinculación para hacer frente a esta grave problemática que tiende a acrecentarse en nuestro país.

Asimismo, se puede advertir una creciente disponibilidad de drogas para los jóvenes en las entidades fronterizas debido a lo arraigado que está el mercado de estupefacientes en esas zonas de nuestro país, por el trasiego de mercancías ilegales y lo ligado que está con otros negocios ilícitos como el tráfico de armas, la trata de personas, proliferación de centros de vicio y prostitución.

Por tanto, es urgente atender estos temas que afectan el tejido social y que es oportuno abordar mediante la celebración de encuentros entre instituciones de los tres niveles de gobierno para coordinar acciones que permitan a las instituciones de salud y educativas, el Consejo Nacional contra las Adicciones, los consejos estatales y los comités municipales, las universidades, las organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil, encaminar estrategias de vinculación para hacer frente a esta grave problemática de salud pública en México.

También creemos oportuno exhortar a la Secretaría de Salud para que, a través del Consejo Nacional contra las Adicciones, se apoye con recursos humanos y financieros a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a fin de coadyuvar en todo lo necesario para llevar a cabo el estudio sobre el uso de drogas entre estudiantes indígenas de los niveles medio superior y superior de la entidad, así como para que, de manera coordinada, se establezcan al final del estudio de referencia, estrategias de prevención que contrarresten la problemática.

En mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud, para que, a través del Consejo Nacional contra las Adicciones en el ámbito de sus atribuciones, se apoye con recursos humanos y financieros a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a fin de coadyuvar en todo lo necesario para llevar a cabo el estudio sobre el uso de drogas entre estudiantes indígenas de los niveles medio superior y superior de la entidad, así como para que, de manera coordinada, se establezcan al final del estudio de referencia, estrategias de prevención que contrarresten dicha problemática.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2010.

La Tercera Comisión

Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador Eduardo Tomás Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth, senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.
 
 
 

DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA DE LA SECRETARÍA DE SALUD, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COFEPRIS QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EL AVANCE EN EL PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DE ÉSTE Y EN LA ELABORACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que informe sobre el avance real en el procedimiento de renovación de registros, causales de retraso y limitaciones, suscrita por el Diputado David Hernández Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de enero de 2010, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de trabajo, de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo "Consideraciones" el autor de la proposición que se dictamina señala que el 24 de febrero de 2005 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud, que establece la obligatoriedad de la renovación de los registros sanitarios de los productos farmacéuticos.

Refiere que además de los medicamentos, están incluidos estupefacientes, psicotrópicos, equipo médico, prótesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos odontológicos, material quirúrgico, de curación, productos higiénicos, plaguicidas y sustancias toxicas.

Que el registro otorgado por la Secretaría de Salud tendrá una vigencia de 5 años, pudiendo prorrogarse en plazos iguales.

De lo anterior, menciona que en la ley no se fijaron plazos para expedir el reglamento y los lineamientos para realizar está renovación de registros, que tal ordenamiento contempló en un inicio disposiciones transitorias que en su momento fueron eliminadas en el Senado de la República.

Que en enero de 2008 aparecieron disposiciones parciales en el Reglamento de Insumos para la Salud en su artículo 190 Bis 1, sin establecer las reglas para la renovación de los registros, dejando esa atribución de manera discrecional a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Una prueba del déficit regulatoria, es que aún se encuentra pendiente de aprobación en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la reglamentación "visita in situ" para expedir los certificados de buenas prácticas de fabricación (bps), que son un requisito fundamental para obtener la renovación del registro para la fabricación de medicamentos.

Concluye el promovente señalando que la industria Farmacéutica ha solicitado permanentemente que se subsane esa laguna jurídica y consecuentemente que se publique el procedimiento en el Diario Oficial de la Federación, como se establece en los artículos 4 y 69 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Por ello, formula el siguiente

"Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que:

1. De manera inmediata, se den a conocer los lineamientos para realizar el registro.

2. Informe de manera objetiva el avance real en el procedimiento de renovación de registros, así como las causales de retraso y limitación de avance.

3. Sugiera una solución integral a este propósito y se elimine la laguna jurídica en el procedimiento.

4. Permita conocer a esta LXI Legislatura de la Cámara de Diputados la realidad documental de este proceso de renovación de registros. Así como las medidas adoptadas para resolver la situación."

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden con los planteamientos del autor de la proposición que se dictamina.

La comisión dictaminadora considera pertinente transcribir el artículo 17 Bis de la Ley General de Salud:

Artículo 17 Bis. La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios que conforme a la presente ley, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden a dicha dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley en sus fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud a los que se refieren los artículos 34 y 35 de esta Ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres y XXVII, esta última salvo por lo que se refiere a personas, a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior compete a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios:

I. Efectuar la evaluación de riesgos a la salud en las materias de su competencia, así como identificar y evaluar los riesgos para la salud humana que generen los sitios en donde se manejen residuos peligrosos;

II. Proponer al secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos sanitarios así como su instrumentación en materia de: establecimientos de salud; medicamentos y otros insumos para la salud; disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes; alimentos y bebidas, productos de perfumería, belleza y aseo; tabaco, plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; productos biotecnológicos, suplementos alimenticios, materias primas y aditivos que intervengan en la elaboración de los productos anteriores; así como de prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre, salud ocupacional y saneamiento básico;

III. Elaborar y expedir las normas oficiales mexicanas relativas a los productos, actividades, servicios y establecimientos materia de su competencia, salvo en las materias a que se refieren las fracciones I y XXVI del artículo 3o. de esta Ley;

IV. Evaluar, expedir o revocar las autorizaciones que en las materias de su competencia se requieran, así como aquellos actos de autoridad que para la regulación, el control y el fomento sanitario se establecen o deriven de esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y los demás ordenamientos aplicables;

V. Expedir certificados oficiales de condición sanitaria de procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionadas con las materias de su competencia;

VI. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de los productos señalados en la fracción II de este artículo, de las actividades relacionadas con los primeros, de su importación y exportación, así como de los establecimientos destinados al proceso de dichos productos y los establecimientos de salud;

VII. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de la publicidad de las actividades, productos y servicios a los que se refiere esta Ley y sus reglamentos;

VIII. Ejercer el control y la vigilancia sanitarios de la disposición y trasplantes de órganos y tejidos y células de seres humanos, salvo lo dispuesto por los artículos 329, 332, 338 y 339 de esta ley;

IX. Ejercer las atribuciones que esta Ley y sus reglamentos le confieren a la Secretaría de Salud en materia de sanidad internacional, con excepción de lo relativo a personas;

X. Imponer sanciones y aplicar medidas de seguridad en el ámbito de su competencia;

XI. Ejercer las atribuciones que la presente Ley, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le confieren a la Secretaría de Salud en materia de efectos del ambiente en la salud, salud ocupacional, residuos peligrosos, saneamiento básico y accidentes que involucren sustancias tóxicas, peligrosas o radiaciones;

XII. Participar, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Salud, en la instrumentación de las acciones de prevención y control de enfermedades, así como de vigilancia epidemiológica, especialmente cuando éstas se relacionen con los riesgos sanitarios derivados de los productos, actividades o establecimientos materia de su competencia, y

XIII. Las demás facultades que otras disposiciones legales le confieren a la Secretaría de Salud en las materias que conforme a lo dispuesto en este artículo sean competencia de la comisión.

La comisión dictaminadora considera viable atender la proposición del presente dictamen, atendiendo a las atribuciones que tiene la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; por lo que se plantea solicitar información a ese organismo referente a los lineamientos para realizar el registro sanitario de productos farmacéuticos, el avance en el procedimiento de renovación de registros, así como la expedición de la normatividad aplicable para tal efecto.

En mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a la consideración del Pleno el siguiente

Punto e Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicita de la Secretaría de Salud, con la participación que corresponda a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que informe a esta soberanía con la mayor brevedad lo siguiente:

a) Los lineamientos para realizar el registro sanitario de productos farmacéuticos.

b) El avance en el procedimiento de renovación de estos registros, detallando las medidas adoptadas, problemas y limitaciones que se hayan encontrado al respecto.

c) El avance en la elaboración y expedición de la normatividad aplicable para tal efecto.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2010.

La Tercera Comisión

Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador Eduardo Tomás Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth, senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud, senador Ricardo Monreal Ávila.