Honorable Asamblea:
A la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, para que a través de las dependencias correspondientes se adopten medidas para mejorar la situación de los niños y niñas de padres migrantes y garantizar su normal desarrollo social y educativo a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:
Antecedentes
I. El pasado 13 de enero de 2009, el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, para que a través de las dependencias correspondientes, se adopten medidas para mejorar la situación de los niños y niñas de padres migrantes y garantizar su normal desarrollo social y educativo.
II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha solicitud de punto de acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
I. El autor de la proposición, en síntesis, justifica el punto de acuerdo cuya emisión solicita al pleno de esta soberanía en los siguientes argumentos:
- Que las personas que se trasladan del sur al norte son hombres y mujeres que se van de su lugar de nacimiento buscando mejores condiciones de vida, porque en su tierra prevalece el desempleo, el hambre y la pobreza.
- Que el fenómeno de la migración se incrementa año con año y plantea al interior de las comunidades rurales expulsoras, problemáticas que no deben pasar inadvertidas y que necesariamente tienen que ser atendidas por el gobierno mexicano.
- Que los niños hijos de padres migrantes, son de los grupos que mas resienten las consecuencias de la migración. Según encuestas realizadas por diversas organizaciones apuntan en que tres de cada diez hogares de las comunidades rurales no hay presencia del padre ni de la madre de familia de estos niños.
- Que la orfandad, el abandono y la situación de indigencia se han vuelto situaciones cotidianas que miles de niños mexicanos de estas comunidades rurales viven actualmente.
- Que la profesionalización y la educación ya no representan una opción para mejorar su calidad de vida, el trabajo en el campo tampoco representa un interés para estas generaciones.
- Que en nuestro país, los derechos de la niñez se encuentran amparados en el artículo 4° de nuestra Constitución, el cual establece en su párrafo sexto que: los niños y las niñas tienen el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
- Que la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de la Niñez, establece en su artículo 20 lo siguiente: "Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado". En este sentido, todo infante tiene derecho a una protección y ayuda especiales en el caso que no tenga padres o que estos no estén con ellos.
- Que el redoblar esfuerzos para fortalecer el sano desarrollo social y educativo de los niños y niñas en estas zonas, es urgente y perentorio, además de ser uno de los principales retos que México debe enfrentar para salir airoso.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que, a través de las dependencias correspondientes, adopte las medidas necesarias para mejorar la situación de los niños y niñas de padres migrantes que permanecen en sus comunidades de origen y garantizar su normal desarrollo social y educativo.
Respecto al tema de los niños y niñas de padres migrantes que permanecen en sus comunidades de origen, y de aquellos que se ven obligados a emprender el éxodo junto con sus padres, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de la Niñez establece en su artículo 20 que los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.
Es así, que el gobierno federal implementó en el año 2001 el Programa Intersecretarial Programa 3x1 para Migrantes. Tales líneas de acción, apoyan a las iniciativas de los mexicanos que viven en el exterior y les brinda oportunidad de canalizar recursos a México, en obras sociales que benefician a sus comunidades de origen.
El 3x1 beneficia directamente a los habitantes de las comunidades y a las familias de los migrantes; además, favorece a las zonas más pobres del país. La cobertura del programa va desde el saneamiento ambiental y conservación de los recursos hasta el brindar los servicios básicos de educación, salud y transporte.
El Programa 3x1 para Migrantes aunque limitado en su cobertura y beneficio, es de las pocas acciones del gobierno federal para atender la lamentable situación a la que se enfrentan los niños de padres migrantes que se quedan en sus comunidades de origen. Por ello, es sumamente importante que el Estado mexicano a través de sus poderes y órdenes de gobierno trabajen de manera conjunta para garantizar en términos del artículo 4° constitucional los derechos de los niños.
En atención al primer resolutivo propuesto, es preciso señalar que la Sedesol y demás autoridades de la administración pública federal (SEP, DIF, SER, etc.) realizan una evaluación previa al otorgamiento de ayudas del Programa 3x1 , pero dicha evaluación versa sobre los estudios o proyecciones propuestas por los posibles beneficiarios del programa, la cual valora el impacto que genera el fenómeno de la migración en los hijos de migrantes que se quedan en sus comunidades de origen –entre otras problemáticas sociales–. Sin embargo, es una investigación o análisis sumamente vago, que no atiende el fenómeno de los niños y niñas de una manera integral.
Asimismo, si bien se atiende parcialmente al objeto de la proposición, esta dictaminadora considera necesario realizar un exhorto al titular del Ejecutivo federal para garantizar el pleno desarrollo social y educativo de los niños.
Por lo antes expuesto, se somete a la consideración del pleno, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que, a través de las dependencias correspondientes, se lleve a cabo un estudio para valorar el fenómeno de los hijos de migrantes que se quedan en sus comunidades de origen.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que, a través de las dependencias correspondientes, adopte las medidas necesarias para mejorar la situación de los niños y niñas de padres migrantes que permanecen en sus comunidades de origen y garantizar su normal desarrollo social y educativo.
Sala de Comisiones, salón E de Cristales, ubicado en el primer piso del edificio G de la Cámara de Diputados, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 19 días del mes de enero de 2010.
La Segunda Comisión: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública
Senador Rubén Fernando Velázquez López,
presidente; senador Jorge Ocejo Moreno (rúbrica), diputado Juan
Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), secretarios; senador José
Guadarrama Márquez, senador Renán Cleominio Zoreda Novelo
(rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz
(rúbrica), diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica), senador
Guillermo Enrique Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Héctor
Pablo Ramírez Puga Leyva (rúbrica), senadora Martha Leticia
Sosa Govea, diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado
Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica), diputado
Óscar Arce Paniagua (rúbrica), diputado Juan José
Guerra Abud (rúbrica), diputado Pedro Vázquez González.
DE LA TERCERA COMISIÓN,
CON PUNTOS DE ACUERDO RELATIVOS AL PROGRAMA FRONTERA 2012 Y EL SISTEMA
DE SUPERVISIÓN Y CONTROL VEHICULAR, Y POR EL QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN
DEL PUERTO FRONTERIZO OTAY II
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo con relación al Programa Integral Ambiental Fronterizo, suscrita por la diputada Laura Elena Ledesma Romo, integrante del Grupo Parlamentario del PVEM.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 22 de diciembre de 2009, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de trabajo –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. En el capítulo "Consideraciones", la autora de la proposición que se dictamina menciona que el Sistema de Aforo Vehicular (Siave) es un método electrónico de seguridad aduanera que sirve para tomar el peso, las dimensiones y las placas de todo tipo de vehículos, colocado en los puentes internacionales y aduanas, que ayuda en el combate del contrabando.
La diputada proponente señala que en las horas pico, el Siave provoca filas prolongadas de vehículos, lo que afecta a la actividad económica comercial y turística, así como la calidad del aire por la cantidad de emisiones de combustión que los mismos generan.
Continúa la proponente señalando la prioridad de las autoridades aduaneras, que es el combate del tráfico de armas y sustancias ilícitas, razón por la cual implantan mayores controles en las puertas de entrada del país, y cita como ejemplo el cruce de la garita de San Ysidro, y el cruce fronterizo Tijuana- San Diego. No obstante, lo relaciona con lo dañino que resulta a la salud pública las concentraciones de CO y material particulado, así como la recurrente exposición de contaminantes atmosféricos por el tráfico vehicular.
La diputada proponente menciona que en un inicio el Siave se presentó como un programa bondadoso, ágil y sencillo que requería de pocos segundos para medir el nivel de riesgo de un vehículo, y que de acuerdo con la Administración General de Aduanas, el sistema permitirá cuando esté completamente en funciones que los cruces vehiculares de ingreso en toda la frontera sean sometidos a un proceso de medición de riesgo, convirtiendo a la aduana mexicana en mejor administradora de riego, haciendo mejor su labor de detener el tráfico ilegal de mercancías, armas, sustancias y personas.
Considera como una medida urgente que las dependencias federales agilicen los procesos para resolver esos cuellos de botella que dañan la calidad de vida de la población, por lo que plantea que el Ejecutivo federal instaure un programa integral de desarrollo que considere los planteamientos que han venido señalando los actores locales y regionales de la frontera. Por ello, formula el siguiente
Punto de Acuerdo
Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federa, a girar instrucciones a las dependencias responsables de la ejecución del Plan de Modernización de Aduanas 2007-2012 para que agilicen al máximo el proceso de construcción del nuevo puerto fronterizo Otay II.
El Programa Frontera XXI contribuyó a establecer los temas ambientales dentro de las prioridades de los dos países y sirvió de base para formar el actual Programa Ambiental México-Estados Unidos: Frontera 2012.
Conforme a datos publicados en el Portal de Internet de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Programa Frontera 2012 es un programa de cooperación binacional en el que participan diversas instancias de México y Estados Unidos de América, entre ellas la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Tiene como misión proteger el medio ambiente y la salud pública en la región fronteriza entre los dos países. Dentro de los principios rectores del programa se encuentran: reducir los mayores riesgos a la salud pública, conservar y restaurar el entorno natural; atender los impactos ambientales considerables en las comunidades fronterizas; fortalecer la capacidad de los residentes de las comunidades locales y de otros interesados para gestionar temas ambientales y de salud pública relacionados con el medio ambiente.
Asimismo, el Programa Frontera 2012 plantea seis objetivos, con la finalidad de enfrentar los retos ambientales y de salud ambiental de la región fronteriza, que son:
5. Reducir la exposición a sustancias químicas como resultado de descargas accidentales y/o actos de terrorismo, y
6. Mejorar el desempeño ambiental mediante la aplicación y cumplimiento de la Ley, la prevención de la contaminación y la promoción de la gestión ambiental responsable.
V. Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, y pesca; y demás materias competencia de la Secretaría, así como, en su caso, imponer las sanciones procedentes; …
Que el Sistema de Supervisión y Control Vehicular es un proyecto que se ha puesto en marcha en todas las aduanas del país en el marco del Plan de Modernización de Aduanas 2007-2012.
Consecuentemente, la comisión dictaminadora considera procedente exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal para que, con la intervención que corresponda a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público, revise la implantación del Programa Frontera 2012, y realice las acciones necesarias para procurar reducir la contaminación en los cruces fronterizos, con motivo de la instauración del Sistema de Supervisión y Control Vehicular en los mismos.
Por lo que hace al resolutivo segundo de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, el cuerpo de asistencia técnica de la Comisión Dictaminadora, corroboró en datos periodísticos la construcción del nuevo cruce fronterizo terrestre entre México y Estados Unidos "Otay Mesa u Otay II", que beneficiará a toda la región de Tijuana por diversas razones, entre ellas, porque el tiempo de espera de los cruces está teniendo un enorme impacto en la economía de la región.
La comisión dictaminadora comparte el interés de la diputada proponente para que se agilicen los trabajos de construcción del puerto fronterizo Otay II. No obstante, considera conveniente solicitar a las autoridades correspondientes, información referente sobre el tiempo estimado de apertura del puerto fronterizo, su ubicación, capacidad, peaje y demás datos relacionados con el mismo, y que en la medida de lo posible, se agilice su construcción.
En mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, con la intervención que corresponda a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público, se realicen los estudios y evaluaciones de la implantación del Programa Frontera 2012, y promueva más acciones que ayuden a reducir la contaminación en los cruces fronterizos, con motivo de la instauración del Sistema de Supervisión y Control Vehicular.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal que instruya a los titulares de las dependencias correspondientes, en el marco del Plan de Modernización de Aduanas 2007-2012 para que se sirvan informar a esta soberanía sobre el tiempo estimado para la apertura del puerto fronterizo Otay II, su ubicación, capacidad, peaje y demás datos relacionados con el mismo. Asimismo, que se informe sobre el avance en la construcción del puerto y de la posibilidad de agilizar los trabajos.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2010.
La Tercera Comisión
Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica),
presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador
Eduardo Tomás Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel
López Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos
Ramírez Marín (rúbrica), diputado Cruz López
Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez
(rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón, senadora María
del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés
Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes,
diputado Roberto Gil Zuarth (rúbrica), senador Rubén Fernando
Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud, senador
Ricardo Monreal Ávila.
DE LA TERCERA COMISIÓN,
CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE UNA ZONA ECONÓMICA
ESTRATÉGICA QUE ABARQUE LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA
SUR Y EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a que impulse el establecimiento de una zona económica estratégica que abarque los estados de Baja California, Baja California Sur y el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, suscrita por los senadores Fernando Castro Trenti, Irma Martínez Manríquez, Francisco Javier Obregón Espinoza y del diputado Humberto Lepe Lepe, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 22 de diciembre de 2009, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. En el capítulo de consideraciones los autores de la proposición, que se dictamina, se refieren a las características de los ecosistemas de México, principalmente del norte del país, cuya naturaleza impone desafíos importantes; que las políticas gubernamentales han desconocido las ventajas comparativas de esa zona y no han promovido políticas que impulsen su desarrollo; que la implantación de programas generales, como el Sistema de Aforo Vehicular, el cual pretende brindar eficacia en el combate al contrabando, no se justifica por los efectos negativos que tendrá en la vida en la frontera, afectando el comercio, el turismo, el empleo y, por ende, mermando la deteriorada capacidad de consumo de las familias mexicanas, en especial las bajacalifornianas.
Continúan los proponentes señalando que en cuanto hace a la medida en contra de la importación de vehículos usados, en los estados del norte del país se han movilizado numerosos ciudadanos inconformes con la forma en que las autoridades hacendarias y policiacas han venido criminalizando a los propietarios de autos importados; que desde el año 2007, el Servicio de Administración Tributaria y la Policía Federal Preventiva han realizado operativos tendentes a decomisar vehículos procedentes principalmente de Estados Unidos de América, muchas veces con uso excesivo de fuerza y brutalidad policíaca; que los instrumentos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 y 31 de diciembre de 2008, a través de los cuales se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, y se reforma el anexo dos de la resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, factores que han vuelto insoportable la situación para los habitantes de los estados fronterizos del norte del país.
Que en los últimos años Baja California ha vivido económicamente problemas que agravan su situación: Desplome de las actividades de la industria, comercio, servicios, turismo, maquiladora y construcción inmobiliaria; reducción del circulante y del flujo de efectivo; contracción del mercado interno; pérdida de competitividad regional y sectorial; fuga de consumidores, y altas tasas de desocupación. Proporcionan los autores de la proposición que se dictamina una serie de datos socioeconómicos de Baja California que sustentan y ponen de relieve sus afirmaciones y formulan el siguiente:
"Punto de Acuerdo
La comisión dictaminadora recibe con beneplácito la propuesta de solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal, se realicen los estudios sociológicos, económicos, científicos y de regionalización, para que se determine e impulse la posibilidad de establecer una zona económica estratégica que abarque los estados de Baja California, Baja California Sur y el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, tomando en cuenta la diversidad de las realidades regionales y de las medidas administrativas aplicadas en la zona fronteriza.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a la consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, para que, con base en los estudios sociológicos, económicos, científicos y de regionalización, se determine e impulse la posibilidad de establecer una zona económica estratégica que abarque los estados de Baja California, Baja California Sur y el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2010.
La Tercera Comisión
Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica),
presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador
Eduardo T. Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López
Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez
Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica),
diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador
Adolfo Toledo Infanzón, senadora María del Socorro García
Quiroz, senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador
José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth (rúbrica),
senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan
José Guerra Abud, senador Ricardo Monreal Ávila.
DE LA TERCERA COMISIÓN,
CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE
CAJAS DE AHORRO QUE ACTÚAN EN PUEBLA Y NUEVO LEÓN
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada proposición con punto de acuerdo para resarcir los daños causados por cajas de ahorro fraudulentas, suscrita por el senador Alejandro González Yáñez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 22 de diciembre de 2009 y turnada, para estudio y dictamen correspondiente, a la Tercera Comisión de Trabajo —Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas— de la Permanente.
Consideraciones
I. En el capítulo de consideraciones, el autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina plantea un problema de fraudes de varias cajas de ahorro, particularmente de Financiera Coofia, Grupo Bienestar Social La Paz, SC, Grupo Sigma y Grupo Inmobiliario Verhome, SA de CV (mejor conocido como Invergroup), que la problemática generada afecta a miles de clientes sólo en el estado de Puebla, los cuales han presentado denuncias penales y reclamado el daño patrimonial que se estima "en más de mil 300 millones de pesos".
Menciona el proponente diversos datos de operaciones de la caja de ahorro Coofia y concluye que es necesario que esta soberanía exhorte a las autoridades del gobierno federal y de Puebla a efecto de que los ahorradores defraudados puedan ser resarcidos en el daño patrimonial y ser sujetos del apoyo que brinda el Fideicomiso Pago, considerado en la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, y formula los siguientes
"Puntos de Acuerdo
Artículo Segundo. La creación de un fondo estatal y federal para resarcir el daño patrimonial a los afectados de las inmobiliarias Invergroup y Sitma.
Artículo Tercero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar los hechos y fincar responsabilidades a los propietarios de estos negocios y a los funcionarios federales, estatales y municipales que se hayan coludido para cometer estos delitos financieros.
Artículo Cuarto. Se acuerda la creación de un grupo plural de diputados federales que dé seguimiento a la investigación de este fraude, a fin de que propongan las acciones y las medidas legislativas para resarcir el daño causado y prevengan la comisión de estos delitos."
Con apoyo del cuerpo de asistencia técnica, se pudo precisar que efectivamente durante los últimos meses ha trascendido a los diversos medios de comunicación masiva hechos relacionados con decenas de miles de personas que han sido defraudadas en el estado de Puebla por las empresas citadas puntualmente por el proponente. Dicha información consigna que 10 mil personas han interpuesto denuncias penales por fraude ante la Procuraduría General de Justicia de la entidad. No se encontró información sobre el trámite que se haya realizado ante autoridades bancarias y financieras, salvo una referencia de que se estaba promoviendo una reunión de los reclamantes con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otras autoridades federales y estatales.
De la misma forma, la comisión dictaminadora considera pertinente realizar el exhorto a las mismas entidades para solicitar información sobre el conocimiento que tengan en relación con quejas o reclamaciones presentadas por diversos afectados por las actividades de la caja de ahorro Unión de Crédito Monterrey, SA de CV.
Consecuentemente, este es un caso en que es obvia la necesidad de solicitar mayor información, sobre todo tomando en cuenta las dimensiones del problema, los intereses afectados y el hecho de que se trata generalmente de personas de escasos recursos.
En mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45, y 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al gobernador de Puebla, a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la Procuraduría General de la República que informen a la mayor brevedad a esta soberanía sobre el conocimiento que tengan en relación con quejas o reclamaciones presentadas por diversos afectados por las actividades de Financiera Coofia, Grupo Bienestar Social la Paz, SC, Grupo Sigma y Grupo Inmobiliario Verhome, SA de CV (conocido como Invergroup), así como de las acciones y medidas que se hayan implantado o se tenga proyectado realizar para atender dichas reclamaciones y proveer, en los casos que proceda, el resarcimiento del daño patrimonial de las personas eventualmente defraudadas.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45, y 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la Procuraduría General de la República que informen a la mayor brevedad a esta soberanía sobre el conocimiento que tengan en relación con quejas o reclamaciones presentadas por diversos afectados por las actividades de la caja de ahorro Unión de Crédito Monterrey, SA de CV.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2010.
La Tercera Comisión
Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica),
presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador
Eduardo Tomás Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel
López Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos
Ramírez Marín (rúbrica), diputado Cruz López
Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez
(rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón, senadora María
del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés
Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes,
diputado Roberto Gil Zuarth, senador Rubén Fernando Velázquez
López, diputado Juan José Guerra Abud, senador Ricardo Monreal
Ávila.
DE LA TERCERA COMISIÓN,
CON PUNTOS DE ACUERDO RELATIVOS AL CONFLICTO DEL INGENIO AZUCARERO DE LOS
MOCHIS, SINALOA
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo relativa al cierre del ingenio azucarero de Los Mochis, Sinaloa, suscrita por el senador Mario López Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 22 de diciembre de 2009, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. En el capítulo de consideraciones el autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, señala que en la actualidad son 15 estados del país que desarrollan actividades relacionadas con la agroindustria de la caña de azúcar, a través de 57 ingenios que son abastecidos por mas de 160 mil productores, generando más de 450 mil empleos directos y una serie de beneficios indirectos para más de 2 millones de mexicanos relacionados con el sector.
Que la situación actual de la agroindustria azucarera a nivel nacional es complicada, toda vez que el país tras dos años con excedentes y cifras récord en las exportaciones del producto, actualmente se tiene un desabasto en el mercado interno nacional.
Lo anterior lo relaciona con la situación particular del ingenio azucarero Los Mochis, ubicado en Sinaloa, con más de 100 años en funcionamiento y que por razones económicas y laborales ha cerrado sus puertas y declarado en quiebra.
Continúa el promovente haciendo un recuento de la problemática del ingenio propiedad de la Agrícola Ohuira, de la situación de transportistas exigiendo el pago por el acarreo de la caña, del adeudo de millones de pesos por el concepto de predial, del adeudo por el suministro de agua de riego, problemas con los trabajadores y ejidatarios por beneficios y puntos no cumplidos. Asimismo, refiere que en noviembre pasado, se dio a conocer que Agrícola Ohuira debía entre 4 y 5 millones de pesos en rentas y que no había cumplido en tiempo y forma con el Programa de Apoyos Directos al Campo.
Que debido a lo anterior, el pasado 15 de diciembre, productores de caña del municipio de Ahome instalaron un plantón en las entradas del ingenio azucarero. Dos días después se cerró y se declaró en quiebra, lo que ocasionó bloqueos de trabajadores en las calles de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa.
Menciona que la entidad de Sinaloa produce alrededor de 300 mil toneladas de azúcar de la zafra de los ingenios de El dorado, Navolato y Los Mochis, y que con el cierre del ingenio se afectará el nivel de producción estipulado, situación que resulta preocupante a nivel estatal y nacional, en razón de que en septiembre de 2009 la Secretaría de Economía publicará en el DOF el tercer cupo para la importación de este producto, con lo que se podrá importar más de 900 mil toneladas de azúcar en un período en que el producto escasea en el mercado interno. Asimismo, muestra su preocupación por la cantidad de personas que se quedarían sin trabajo.
Concluye el promovente señalando que en otras ocasiones el gobierno federal ha rescatado empresas e intervenido en la solución de conflictos entre empleados y patrones, por lo que considera pertinente rescatar al ingenio azucarero. Hace referencia a los objetivos que se establecieron al constituir la Comisión Especial para la Agroindustria Azucarera del Senado de la República, el de consolidar una industria integrada y competitiva para que enfrente con éxito los mercados interno y externo de edulcorantes y bioenergéticos, apoyándola de forma especial en razón que es una actividad que representa un sector estratégico para la nación. Por ello, formula el siguiente:
"Punto de Acuerdo
Segundo. Asimismo, se exhorta a la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera en el Senado de la República a realizar las gestiones necesarias entre el gobierno federal, la Agrícola Ohuira, los trabajadores y los demás actores dentro de la problemática, para la pronta solución de los conflictos imperantes en dicho ingenio azucarero."
Como resultado de la investigación del cuerpo de asistencia técnica de la comisión dictaminadora, se corroboró en diversas notas periodísticas, que a mediados de diciembre de 2009, el ingenio azucarero Los Mochis, ubicado en el municipio de Ahome, Sinaloa, anunció el cierre de operaciones de la factoría.
En consecuencia los trabajadores del ingenio azucarero se manifestaron en las calles de Los Mochis, Sinaloa, pronunciándose en contra de las medidas tomadas por la administración del ingenio.
Por lo anterior, la comisión dictaminadora coincide plenamente en los puntos planteados por el proponente.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a la consideración del pleno, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente, solicita al Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Economía; de Hacienda y Crédito Público; y del Trabajo y Previsión Social, para que de manera coordinada intervengan, a la brevedad posible, y busquen las medidas necesarias para solucionar los múltiples conflictos que mantiene el ingenio de Los Mochis, Sinaloa, y rescatarlo de la quiebra.
Segundo. Asimismo, se exhorta a la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera en el Senado de la República a realizar las gestiones necesarias entre el gobierno federal, la Agrícola Ohuira, los trabajadores y los demás actores dentro de la problemática, para la pronta solución de los conflictos imperantes en dicho ingenio azucarero.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2010.
La Tercera Comisión
Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica),
presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador
Eduardo T. Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López
Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez
Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica),
diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador
Adolfo Toledo Infanzón, senadora María del Socorro García
Quiroz, senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador
José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth (rúbrica),
senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan
José Guerra Abud, senador Ricardo Monreal Ávila.
DE LA TERCERA COMISIÓN,
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
A ANALIZAR LA PERTINENCIA DE MODIFICAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA
EL OTORGAMIENTO DE APOYOS DEL FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar y flexibilizar a través de la Secretaría de Economía las Reglas de Operación para el Otorgamiento de Apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, suscrita por la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Los integrantes de la comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Tercera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 22 de diciembre de 2009, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. En el capítulo de consideraciones de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, la diputada proponente se refiere a la situación económica que se presenta actualmente en Michoacán y cómo ha descendido su producto interno bruto; cita como ejemplo los resultados de la industria manufacturera en esa entidad.
La proponente señala que Michoacán ha sufrido lo mismo que la economía nacional y ha enfrentado problemas para crecer y dar empleo suficiente y bien remunerado a los habitantes. Señala que son pocos los beneficios de los programas federales de desarrollo debido a la rigidez y obsolescencia de sus reglas de operación; tal es el caso de las Reglas de Operación para el Otorgamiento del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
La autora de la proposición considera necesario actualizar y modernizar dichas reglas, toda vez que los emprendedores, las micro, pequeñas y medianas empresas, deben tener una esperanza real de recibir los beneficios del fondo.
Concluye la diputada haciendo mención de las características que pudieran tener dichas reglas, como es el caso de las aportaciones de los sectores público, social y privado; de las cédulas de apoyo de proyectos; de proyectos que por insuficiencia presupuestaria no participe el gobierno estatal; de proyectos estratégicos o de importancia regional o sectorial; la creación de la subcategoría de apoyos directos destinados al fortalecimiento tecnológico para microempresas en materia de modernización en equipamiento; y de los requisitos que solicita el Fondo Pyme para la integración y presentación de proyectos. Por ello formula el siguiente
Punto de Acuerdo
Asimismo, conforme al artículo 14 del Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la Secretaría de Economía tiene entre sus funciones las siguientes:
IX. Proponer y promover la revisión de trámites y del marco jurídico aplicable para establecer las condiciones que permitan la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad y sustentabilidad de las Mipyme;
La comisión dictaminadora coincide con la diputada proponente en el sentido de que las reglas de operación de los programas federalizados pueden resultar rígidas en algunos casos, razón por la cual considera viable realizar un exhorto al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Economía, se analice la posibilidad de revisar y, en su caso, modificar las Reglas de Operación para el Otorgamiento de Apoyos del Fondo Pyme.
En mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión somete a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, a analizar la pertinencia de modificar las Reglas de Operación para el Otorgamiento de Apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a efecto de lograr lo siguiente:
b) Que los apoyos del Fondo Pyme destinados a la ejecución de un proyecto sean complementados con las aportaciones de los sectores público, social y privado.
c) Que las cédulas de apoyo de proyectos en los que no existan aportaciones del gobierno estatal sean evaluadas y opinadas técnicamente por la unidad administrativa de las Pyme competente en función del concepto de apoyo solicitado.
d) Que los proyectos en que por insuficiencia presupuestal no participe el gobierno estatal sean igualmente evaluados y se les dé seguimiento por el subcomité técnico estatal.
e) Que en los proyectos estratégicos o de importancia regional o sectorial sean consideradas las inversiones realizadas hasta dos años antes del registro del proyecto.
f) Cumplir los requisitos del Fondo Pyme para la integración y presentación de proyectos en el sistema de transparencia.
La Tercera Comisión
Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica),
presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador
Eduardo Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López
Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez
Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica),
diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador
Adolfo Toledo Infanzón, senadora María del Socorro García
Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica),
senador José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth (rúbrica),
senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan
José Guerra Abud, senador Ricardo Monreal Ávila.
DE LA TERCERA COMISIÓN,
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SAGARPA Y A ASERCA UN
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, NOMBRE, UBICACIÓN Y GRUPO DE CONTROL
ACCIONARIO DE LAS EMPRESAS QUE HAN RECIBIDO APOYOS, SUBSIDIOS O TRANSFERENCIAS
CON CARGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTES
A LOS EJERCICIOS DE 2003 A 2009
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión requiera información relativa al número, ubicación e integración accionaria de empresas comercializadoras y financieras que intervienen en la canalización de apoyos y subsidios al campo, así como respecto a la intervención de éstas en el proceso de adquisición de perecederos, coberturas financieras, cobro de comisiones y honorarios por prestación de servicios a los beneficiarios de dichos subsidios, suscrita por la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 22 de diciembre de 2009, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión —Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. En el capítulo de consideraciones la autora de la proposición que se dictamina se refiere en forma general al incremento de recursos destinados al campo en los últimos años y particularmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, señalando que se muestra la ausencia de disposiciones normativas que establezcan lineamientos de la transparencia y efectiva revisión de cuentas; invoca nuestra carta fundamental en cuanto a la excepcionalidad de asignar recursos presupuestarios en forma selectiva; y concluye que resulta preocupante la discrecionalidad, diferencia de controles efectivos en los mecanismos operados durante los últimos años por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de su agente Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) en los programas operados con la intervención de fondos y fideicomisos manejados por la banca de desarrollo.
Que tal actitud ha derivado en una concentración de recursos en empresas comercializadoras que por sus características económicas y operativas distan de ser los sujetos que se pretende beneficiar con los apoyos y subsidios contemplados en los planes y programas del sector agropecuario, propiciándose mercados altamente especulativos y de poca competencia; que existe un justo reclamo proveniente del sector campesino, ya que los agricultores ven cómo durante el desarrollo de mecanismos de intermediación los apoyos aprobados son canalizados mediante dudosos esquemas de coberturas y servicios que ocasionan multimillonarias utilidades a un número reducido de intermediarios; que el surgimiento de figuras que alejan a los destinatarios de los subsidios federales, la gestación de asesorías y provisión de supuestos servicios comerciales y financieros debe ser materia de preocupación y seguimiento puntual; y que la enorme discrecionalidad ejercida en la comercialización ha derivado en un esquema superpuesto de mediadores que anula los programas de apoyo al campo.
Finalmente, señala la proponente que las relaciones entre las almacenadoras, comercializadoras y un conjunto de fideicomisos manejados por la banca de desarrollo han mantenido la canalización de recursos en un entorno que ha sido poco eficiente para mejorar las condiciones del campo y hace indispensable que la derivación de fondos se realice en esquemas mejor diseñados, y que Aserca ha sido omisa en rendir cuentas respecto a la permanencia y crecimiento de empresarios identificados con instancias de naturaleza política como intermediarios o receptores de sumas multimillonarias sin que reúnan las condiciones de ser productores, campesinos o agrupaciones integradas por ellos, y formula el siguiente
"Punto de Acuerdo
En efecto, es frecuente y reiterada la opinión y las manifestaciones de las organizaciones y sectores campesinos del país respecto a la situación general que guarda el campo nacional, principalmente en cuanto se refiere a la falta de recursos financieros y a la presunta desviación de éstos.
Consecuentemente, esta comisión considera procedente solicitar tanto al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, como al del organismo Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria para que informen a esta soberanía básicamente en los términos solicitados por la proponente.
En mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y del organismo Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria que informen a esta soberanía sobre el ejercicio, nombre, ubicación y grupo de control accionario de las empresas que han recibido apoyos, subsidios o transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes a los ejercicios de 2003 a 2009, incluso, con motivo de planes o programas de promoción al campo y al sector campesino, en específico de los productos maíz, frijol, trigo, café y sorgo.
En dicho informe se detallarán el nombre de las empresas comercializadoras y almacenadoras, por entidad federativa, que hayan participado en dichos ejercicios, en mecanismos, procesos, esquemas, fideicomisos o análogos vinculados a la derivación o canalización de subsidios o apoyos federales, así como los requisitos, límites y prohibiciones aplicados en cada ejercicio para ser considerado "elegible" a recibir los apoyos antes indicados.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2010.
La Tercera Comisión
Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica),
presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador
Eduardo Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López
Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez
Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica),
diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador
Adolfo Toledo Infanzón, senadora María del Socorro García
Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica),
senador José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth (rúbrica),
senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan
José Guerra Abud, senador Ricardo Monreal Ávila.
DE LA TERCERA COMISIÓN,
CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA AL BANCO DE MÉXICO
A EVITAR PRÁCTICAS ABUSIVAS DE CARGA DE ADEUDOS EN DEPÓSITOS
BANCARIOS
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a evitar prácticas abusivas de carga de adeudos en depósitos bancarios de salarios, pensiones y de otras prestaciones de carácter laboral, en esta temporada del año, suscrita por los senadores Ramiro Hernández García y Carlos Jiménez Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Los integrantes de la comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Tercera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 22 de diciembre de 2009, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. En el capítulo de consideraciones, los autores de la proposición que se dictamina mencionan que el 12 de noviembre de 2009 presentaron en el Senado de la República la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 72 Ter a la Ley de Instituciones de Crédito, con la que se pretende establecer que en la celebración de contratos de apertura de crédito en cuenta corriente a los que se refiere la fracción VII del artículo 46 de la ley citada, mediante la expedición de tarjetas de crédito, no podrá pactarse el cobro de los adeudos no cubiertos en tiempo y forma con los recursos captados del mismo cliente en distinta cuenta de ahorro, sólo cuando se refiera a cuentas de ahorro en las que el empleador o patrón del cliente transfiera de manera electrónica su salario y demás prestaciones laborales. En la parte relativa de dicha iniciativa se da cuenta de las prácticas bancarias abusivas en las cuentas de ahorro de nómina, que atentan contra el salario de los trabajadores, y que estas prácticas están auspiciadas por la ausencia de una regulación concreta y clara sobre el uso y la operación de las tarjetas de crédito en el país y que, sin embargo, el Banco de México, con las facultades que le otorga su Ley Orgánica, ha emitido la circular número 29/2008, denominada "Reglas a las que habrán de sujetarse la emisión y operación de tarjetas de crédito", autorizando a las instituciones de banca múltiple para cargar los adeudos no cubiertos en tiempo por el uso de la tarjeta de crédito en cualquier otra cuenta que tenga abierta el mismo cliente con la institución bancaria.
Que la iniciativa de referencia se turnó para estudio y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, y debe seguir el procedimiento legislativo correspondiente.
Invocan los proponentes la crisis económica que afecta al país y que consideran que es más aguda con los trabajadores y sus familias, y proponen los siguientes
Puntos de Acuerdo
Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros a vigilar el funcionamiento de las instituciones de crédito para evitar prácticas abusivas de carga de adeudos en los depósitos bancarios de salarios, pensiones y de otras prestaciones de carácter laboral en cuentas de nómina de los trabajadores.
La comisión dictaminadora toma en cuenta que
b) La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) es un organismo público descentralizado al que, conforme a los artículos 4o. y 5o. de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, corresponde promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los usuarios frente a las instituciones financieras, arbitrar sus diferencias de manera imparcial y proveer a la equidad en las relaciones entre éstos.
Asimismo, la comisión dictaminadora considera procedente exhortar a la Condusef a vigilar el funcionamiento de las instituciones de crédito para evitar prácticas abusivas de carga de adeudos en los depósitos bancarios de salarios, pensiones y de otras prestaciones de carácter laboral en cuentas de nómina de los trabajadores.
En mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta respetuosamente al Banco de México a realizar con la mayor brevedad los estudios encaminados a determinar la conveniencia de reformar la circular número 29/2008, denominada "Reglas a las que habrán de sujetarse la emisión y operación de tarjetas de crédito", particularmente con el propósito de dejar sin efecto la cláusula 3.6 de dichas reglas y que no se apliquen las disposiciones que permiten a los bancos cargar los adeudos no cubiertos en tiempo por el uso de la tarjeta de crédito en cualquier otra cuenta que tenga abierta el mismo cliente con la institución bancaria, incluida la de nómina.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros a vigilar el funcionamiento de las instituciones de crédito para evitar prácticas abusivas de carga de adeudos en los depósitos bancarios de salarios, pensiones y de otras prestaciones de carácter laboral en cuentas de nómina de los trabajadores.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2010.
La Tercera Comisión
Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica),
presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador
Eduardo Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López
Paredes (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez
Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica),
diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador
Adolfo Toledo Infanzón, senadora María del Socorro García
Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica),
senador José Isabel Trejo Reyes, diputado Roberto Gil Zuarth, senador
Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan José
Guerra Abud, senador Ricardo Monreal Ávila.
DE LA TERCERA COMISIÓN,
CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE SOLICITA AL TITULAR DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL PETRÓLEO QUE EMITA OPINIÓN TÉCNICA RELATIVA
A LA CONTRATACIÓN Y TECNOLOGÍAS QUE SE UTILIZAN EN EL PROYECTO
CHICONTEPEC
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita al Instituto Mexicano del Petróleo que emita opinión técnica en relación con las tecnologías implementadas en el proyecto Chicontepec y para que se cite a comparecer al director general de Pemex Exploración y Producción, ingeniero Petrolero Carlos Arnoldo Morales Gil, y al director general del Instituto Mexicano del Petróleo, doctor Héber Cinco Ley, para que expliquen la viabilidad del proyecto. Asimismo, para que la Auditoría Superior de la Federación incluya en el programa anual de auditorías para la fiscalización de la Cuenta Pública 2009 una revisión de desempeño al proyecto integral de desarrollo de la cuenca de Chicontepec que realiza Pemex Exploración y Producción, suscrita por la diputada Esthela Damián Peralta, integrante del Grupo Parlamentario del PRD.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 22 de diciembre de 2009, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de trabajo –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. En el capítulo "Consideraciones", la autora de la proposición que se dictamina menciona se refiere al proyecto Chicontepec de Petróleos Mexicanos, según aparece en la página electrónica de esta empresa, señalando:
b) Se localiza en la cuenca geológica Tampico-Misantla, al poniente de la plataforma de Tuxpan y cubre un área de cerca de 3,800 kilómetros cuadrados que comprende nueve municipios del estado de Veracruz y tres del estado de Puebla.
c) El objetivo de Pemex es convertir al proyecto de Chicontepec en una cuenca que pueda producir entre 550 mil a 700 mil barriles diarios hacia el 2017.
d) Los yacimientos de Chicontepec se caracterizan por su bajo contenido de hidrocarburos, baja permeabilidad y baja presión, por lo que la productividad de los pozos es reducida y su explotación compleja.
e) De acuerdo con la paraestatal, se pretende desarrollar el proyecto Chicontepec con un enfoque preventivo y de largo plazo, para lo cual se requiere integrar en una misma estrategia las metas de producción, el entorno socioeconómico y el medio ambiente.
f) El presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, declaró ante los medios de comunicación "que la pobre producción que se obtuvo de este yacimiento en los últimos cuatro años se debe al incorrecto método de explotación que actualmente desarrolla Pemex, por lo que el proyecto debe ser detenido y replanteado hasta que no se tenga disponible un verdadero plan de desarrollo". Que lo anterior involucra la revisión de al menos ocho contratos que Pemex firmó con igual número de compañías, con un costo total cercano a 2 mil millones de dólares.
g) Que con motivo del análisis del régimen fiscal de Pemex, especialistas convocados por el Senado de la República, el año pasado, consideraron que el problema principal de la paraestatal no es la escasez de recursos para inversión sino la ineficacia operativa e incapacidad para ejecutar proyectos de complejidad y tamaño, como es el de Chicontepec.
"Puntos de Acuerdo
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Instituto Mexicano del Petróleo que emita opinión técnica relativa a la contratación y tecnologías que se utilizan en el proyecto Chicontepec; asimismo, para que opine sobre la viabilidad del proyecto integral Chicontepec y, en su caso, proponga alternativas tecnológicas para que en esa zona se genere un verdadero proyecto productivo.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, en ejercicio de su autonomía técnica y de gestión, a incluir en el programa anual de auditorías para la fiscalización de la Cuenta Pública de 2009 una auditoría de desempeño al proyecto integral de desarrollo de la cuenca de Chicontepec que realiza Pemex Exploración y Producción."
Conforme a lo dispuesto en la fracción VI del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Cámara de Diputados el ejercicio de su facultad de revisión y fiscalización del gasto público y la revisión de la cuenta pública se realizará a través de la entidad de fiscalización superior de la federación. La existencia y funciones de esta Entidad, están previstas en el artículo 79, fracción I, que literalmente establece:
La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
Esta entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo:
I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley.
También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.
Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la ley.
Sin perjuicio del principio de anualidad, la entidad de fiscalización superior de la federación podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la entidad de fiscalización superior de la federación emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.
Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales que determine la Ley, derivado de denuncias, podrá requerir a las entidades fiscalizadas que procedan a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados y le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la ley, se impondrán las sanciones previstas en la misma. La entidad de fiscalización superior de la Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, fincará las responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante las autoridades competentes;
…"
I. Establecer los lineamientos técnicos y criterios para las auditorías y su seguimiento, procedimientos, investigaciones, encuestas, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública;
XIX. Concertar y celebrar, en los casos que estime necesario, convenios con los gobiernos de las entidades federativas, legislaturas locales, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las entidades de fiscalización superior correspondientes, con el propósito de apoyar y hacer más eficiente la fiscalización superior, sin detrimento de su facultad fiscalizadora, la que podrá ejercer de manera directa;
Artículo 37. La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará directamente los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en otras leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.
Para el cumplimiento de las atribuciones establecidas en el párrafo anterior y en términos de la fracción XIX del artículo 15 de la presente ley, la Auditoría Superior de la Federación podrá celebrar convenios con los gobiernos de las entidades federativas, legislaturas locales, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las entidades de fiscalización superior, con el objeto de que colaboren con aquélla en la verificación de la aplicación correcta de los recursos federales recibidos por dichos órdenes de gobierno, conforme a los lineamientos técnicos que señale la Auditoría Superior de la Federación. Dichos lineamientos tendrán por objeto mejorar la fiscalización de los recursos federales que se ejerzan por las entidades federativas, por los municipios y por los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo a sus administraciones públicas paraestatales y paramunicipales.
Los lineamientos comprenderán además, la verificación del desempeño y la comprobación de la aplicación adecuada de los recursos que reciban las personas físicas o morales, públicas o privadas, en concepto de subsidios, donativos y transferencias otorgados por las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal con cargo a recursos federales.
La Auditoría Superior de la Federación establecerá los sujetos, objetivos, alcance y procedimientos de las auditorías y estructura de los informes de auditoría a practicar sobre los recursos federales entregados a entidades federativas, municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para asegurar una rendición de cuentas oportuna, clara, imparcial y transparente. El conjunto de los términos acordados con las entidades de fiscalización de las entidades federativas no podrán ser inferiores a los determinados en la ley.
En el caso de que las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas detecten irregularidades que afecten el patrimonio de la hacienda pública federal, deberán hacerlo del conocimiento inmediato de la Auditoría Superior de la Federación, para que en términos de la presente ley inicie la responsabilidad resarcitoria correspondiente y promueva las responsabilidades civiles, penales, políticas y administrativas a las que haya lugar.
La Auditoría Superior de la Federación verificará que las entidades fiscalizadas lleven el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con las disposiciones aplicables.
Artículo 39. Cuando se acrediten afectaciones a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales, atribuibles a servidores públicos de las entidades federativas, municipios o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, la Auditoría Superior de la Federación procederá a formularles el pliego de observaciones y, en caso de que no sea solventado, fincarles las responsabilidades resarcitorias conforme a la presente ley y promoverá, en su caso, ante los órganos o autoridades competentes las responsabilidades administrativas, civiles, políticas y penales a que hubiere lugar."
Por lo que se refiere a la comparecencia que se propone del director general de Pemex Exploración y Producción y del director general del Instituto Mexicano del Petróleo, se considera que lo prudente para tal caso es en una primera etapa, recibir la información referida del Instituto Mexicanos del Petróleo, tal como lo señala la promovente y, en su caso, atendiendo a la necesidad de ampliar dicha información, la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente invite a los citados funcionarios a una reunión de trabajo en la que abierta y ampliamente se discuta e intercambien ideas sobre el proyecto Chicontepec, de tal manera que dicha Comisión en forma ágil determine el formato, fecha y convocatoria de dicha reunión.
Con relación a librar un exhorto a la Auditoría Superior de la Federación, no se considera adecuado, tomando en cuenta que se trata de un órgano auxiliar de la propia Cámara, por lo que es suficiente remitir copia de dicho expediente para su conocimiento y efectos.
En mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a la consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al titular del Instituto Mexicano del Petróleo que emita opinión técnica relativa a la contratación y tecnologías que se utilizan en el proyecto Chicontepec, así como la viabilidad del proyecto y las propuestas alternativas tecnológicas para su mejor desarrollo.
Segundo. Remítase copia del presente expediente al titular de la Auditoría Superior de la Federación, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y efectos en el ámbito de su competencia.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2010.
La Tercera Comisión
Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica),
presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador
Eduardo Tomás Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel
López Paredes, secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez
Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica),
diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador
Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica p.a.), senadora María
del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés
Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes (rúbrica),
diputado Roberto Gil Zuarth (rúbrica), senador Rubén Fernando
Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica
en abstención), senador Ricardo Monreal Ávila.
DE LA TERCERA COMISIÓN,
CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE SOLICITAN PRECISIONES EN EL PROYECTO
DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-243-SSA1-2005
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios la excepción del requisito de pasteurización de la leche en la elaboración del queso cotija, suscrita por los senadores Jesús Garibay García, Rubén Fernando Velázquez López y José Guadarrama Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Los integrantes de la comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Tercera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 22 de diciembre de 2009, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. En el capítulo de consideraciones, los autores de la proposición que se dictamina refieren que el Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras y su Comisión Permanente, ha tenido conocimiento y aprobado diversos puntos de acuerdo tendentes a proteger a los productores nacionales de leche y sus derivados. Mencionan entre dichos puntos los presentados el 30 de abril de 2009 ante la Comisión Permanente con relación al precio de la leche en el marco del Programa de Adquisición de Leche Nacional; el del 29 de septiembre de 2009, ante el Senado de la República, con relación a la previsión de un recorte de 31 por ciento al presupuesto de Liconsa para el ejercicio fiscal de 2010; y del 3 de diciembre de 2009, ante la Cámara de Diputados, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a Liconsa, mediante la Sedesol, para que se reoriente el Programa de Abasto Social de Leche Subsidiada por el de leche fresca y suspenda la rehidratación y abastecimiento de leche en polvo.
Los proponentes expresan su propósito de continuar en la defensa de este sector, que ha sido uno de los más gravemente afectados por la crisis económica en que estamos inmersos. Para referirse al producto queso cotija, como uno de los insumos de producción artesanal considerados parte de nuestro patrimonio cultural, describen sus características y propiedades, y destacan que ha merecido que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), a través de su Programa de Apoyo al Desarrollo de la Agroindustria Rural de América Latina y el Caribe, apoye la implantación de políticas de calidad específica para favorecer los procesos de preservación y contribuir a mejorar el acceso de los pequeños productores en los mercados, mediante estrategias que les permitan agregar valor a las producciones de origen agropecuario, como el establecimiento de un sello de calidad.
Que en el contexto anterior, los agremiados a la Asociación de Productores de Queso Cotija han impulsado ante el Consejo para el Fomento de la Calidad de la Leche y sus Derivados, AC (Cofocalec), una norma oficial mexicana específica para comercializar y exportar su producto en los mercados nacional e internacional, proporcionando diversos datos estadísticos para dar fuerza a sus argumentos.
Que el 19 de junio de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NMX-F-735-COFOCALEC-2009, "Sistema producto leche-alimentos-lácteos-regional-queso cotija artesanal madurado-denominación, especificaciones y métodos de prueba", en el que se justifica la razón por la que se considera el uso de leche cruda y no pasteurizada en su elaboración y que, además de ser una cuestión artesanal y tradicional, sólo la flora natural asegura las características organolépticas del producto lácteo en cuestión.
Continúan los proponentes que el proyecto de NOM citado es congruente con el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios que permite el uso de leche cruda cuando se asegura con otros mecanismos la inocuidad del producto.
Sin embargo, el problema surge con la incompatibilidad del proyecto citado con otro de la misma naturaleza, el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-243-SSA1-2005, "Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos", que establece que la leche usada como materia prima para la elaboración de productos lácteos debe someterse a un tratamiento térmico que garantice su inocuidad, independientemente del uso que se le dé posteriormente.
El proyecto citado en primer término no reconoce como mecanismos efectivos de inocuidad los considerados en el proyecto a cargo del organismo técnico especializado Cofocalec, ya que tal cuestión, afirman los proponentes, "causaría un conflicto entre normas que afectaría a los productores de queso cotija artesanal madurado, al obstaculizar el comercio de estos productos". Que tal situación fue advertida por el Cofocalec, por lo que el pasado 18 de agosto remitió a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) el oficio número CFC/DG/1041-2009, en el cual listaba al reconocimiento de estos sistemas de inocuidad. Sin embargo, la Cofepris respondió que "se debe eliminar el uso de leche cruda y no exceptuar dentro de las especificaciones la pasteurización a la cual debe someterse para la elaboración del queso".
Concluyen los proponentes en que resulta necesario instar a la Secretaría de Salud, a través de la Cofepris, a considerar el daño económico y cultural que se causa a los productores al mantener una postura estricta y limitada en el caso del queso cotija. Formulan los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión extiende un respetuoso exhorto al secretario de Salud, doctor José Ángel Córdova Villalobos, a instruir al titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, licenciado Miguel Ángel Toscano Velasco, a fin de establecer en el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-243-SSA1-2005, "Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos", disposiciones de inocuidad compatibles con el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NMX-F-735-COFOCALEC-2009, "Sistema producto leche-alimentos-lácteos-alimento lácteo regional-queso cotija artesanal madurado-denominación, especificaciones y métodos de prueba", en específico en lo relativo a establecer una excepción del requisito de pasteurización de la leche para la elaboración de queso cotija artesanal madurado, siempre que la materia prima sea leche de hatos libres de brucelosis y tuberculosis, se observen buenas prácticas de higiene y sanidad en los procesos de producción, y se respete un proceso de maduración de cuando menos tres meses; todo ello, con la finalidad de no afectar a los productores de dicho insumo.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al secretario de Salud, doctor José Ángel Córdova Villalobos, y al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, licenciado Miguel Ángel Toscano Velasco, que remitan a esta representación soberana con la mayor brevedad un informe sobre el trámite dado y las consecuencias derivadas al presente exhorto.
Consecuentemente, la comisión dictaminadora estima procedente emitir un exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir al secretario de Salud para que, con la participación que corresponda al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, pondere la conveniencia de establecer en el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-243-SSA1-2005, "Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos", disposiciones de inocuidad compatibles con el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NMX-F-735-COFOCALEC-2009, "Sistema producto leche-alimentos-lácteos-alimento lácteo regional-queso cotija artesanal madurado-denominación, especificaciones y métodos de prueba", en específico en lo relativo a establecer una excepción del requisito de pasteurización de la leche para la elaboración de queso cotija artesanal madurado, siempre que la materia prima sea leche de hatos libres de brucelosis y tuberculosis, se observen buenas prácticas de higiene y sanidad en los procesos de producción, y se respete un proceso de maduración de cuando menos tres meses; todo ello, con la finalidad de no afectar a sus productores.
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir al secretario de Salud para que, con la participación que corresponda al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, pondere la conveniencia de establecer en el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-243-SSA1-2005, "Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos", disposiciones de inocuidad compatibles con el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NMX-F-735-COFOCALEC-2009, "Sistema producto leche-alimentos-lácteos-alimento lácteo regional-queso cotija artesanal madurado-denominación, especificaciones y métodos de prueba", en específico en lo relativo a establecer una excepción del requisito de pasteurización de la leche para la elaboración de queso cotija artesanal madurado, siempre que la materia prima sea leche de hatos libres de brucelosis y tuberculosis, se observen buenas prácticas de higiene y sanidad en los procesos de producción, y se respete un proceso de maduración de cuando menos tres meses; todo ello, con la finalidad de no afectar a sus productores.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que se sirvan hacer llegar con la mayor brevedad a esta soberanía un informe en la materia.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2010.
La Tercera Comisión
Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica),
presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador
Eduardo Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López
Paredes, secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
(rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica),
diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador
Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senadora María del
Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés
Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes (rúbrica),
diputado Roberto Gil Zuarth (rúbrica), senador Rubén Fernando
Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica),
senador Ricardo Monreal Ávila.
DE LA TERCERA COMISIÓN,
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, AL BANCO
DE MÉXICO Y A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
A EMITIR RECOMENDACIONES A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA NO AUMENTAR
LAS TASAS DE INTERÉS
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal, al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a emitir recomendaciones a las instituciones financieras de no aumentar sus tasas de interés, suscrita por los senadores María del Socorro García Quiroz y Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del PRI.
Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 5 de enero de 2010, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. En el capítulo "Consideraciones" los autores de la proposición que se dictamina se refieren a que, con base en los reportes emitidos por el Banco de México, recientemente los bancos comerciales aumentaron las tasas de interés de sus clientes que realizan pagos parciales de sus adeudos en tarjetas de crédito.
Que existen dos tipos de usuarios de tarjetas de crédito: algunos clientes utilizan las tarjetas solamente como medio de pago, cubriendo así cada mes la totalidad de sus adeudos; éstos se denominan "totaleros", generan ingresos a los bancos por las comisiones y no por los intereses. El otro segmento lo componen los clientes que, haciendo uso de la facilidad del crédito, realizan pagos parciales de sus adeudos, liberando así la disponibilidad del crédito y se les denomina clientes "no totaleros".
Que estos últimos son los clientes que tienen capacidad limitada para pagar, siendo así los más afectados por el alza en tasas de interés. De acuerdo con el citado reporte elaborado por el Banco de México, la tasa de interés efectiva promedio ponderada de los clientes no totaleros aumentó de 32.0 a 32.9 por ciento.
Que de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Instituciones de Crédito, el sistema bancario mexicano está integrado por el Banco de México, las instituciones de banca múltiple, las instituciones de banca de desarrollo y los fideicomisos públicos constituidos por el gobierno federal para el fomento económico que realicen actividades financieras, así como los organismos autorregulatorios bancarios.
De acuerdo con lo anterior, el Estado detenta la facultad rectora respecto del sistema bancario mexicano. El Estado ejercerá la rectoría del sistema bancario mexicano a fin de que éste oriente fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, basado en una política económica soberana, fomentando el ahorro en todos los sectores y regiones de la república y su adecuada canalización a una amplia cobertura regional que propicie la descentralización del propio sistema, con apego a sanas prácticas y usos bancarios.
Con base en lo descrito, es menester que las instituciones financieras, en corresponsabilidad con la ciudadanía y el gobierno, sean sensibles al contexto en el que viven millones de mexicanos que, ante la necesidad de un crédito, caen en un círculo vicioso de endeudamiento debido a las altas tasas de interés que cobran algunos bancos, favoreciendo así el incremento de la cartera vencida, debido a que muchos de estos créditos se vuelven impagables. En este sentido, los autores de la proposición presentan los siguientes
"Puntos de Acuerdo
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las instituciones bancarias a ofrecer programas de pago a los clientes que se han visto en problemas para pagar sus deudas a consecuencia de la pérdida de su empleo."
La comisión dictaminadora recibe con beneplácito la propuesta de solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y al Banco de México que emitan, en sus respectivos ámbitos de competencia, recomendaciones a las instituciones financieras de no aumentar sus tasas de interés e impulsar el financiamiento en condiciones más saludables para la economía de los mexicanos.
Al respecto, y para determinar la competencia en la materia, se citan las siguientes disposiciones legales:
"Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
…
VII. Planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país que comprende al banco central, a la banca nacional de desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y crédito;
…"
También será su objeto supervisar y regular a las personas físicas y demás personas morales, cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al citado sistema financiero."
Finalmente, no se considera procedente el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte a las instituciones bancarias a ofrecer programas de pago a los clientes, puesto que éstas son empresas del sector privado y, en todo caso, corresponderá a las instituciones públicas anteriormente mencionadas, hacer las recomendaciones pertinentes.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo federal, del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a emitir, en sus respectivas esferas de competencia, recomendaciones a las instituciones financieras del país a fin de mantener estables y en los niveles más bajos posibles las tasas de interés bancarias, de ofrecer programas de pago a los clientes que se han visto en problemas para pagar sus deudas a consecuencia de la pérdida de su empleo y de impulsar en general el financiamiento en condiciones más razonables, en beneficio de la economía de los mexicanos y del país.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2010.
La Tercera Comisión
Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica),
presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador
Eduardo Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López
Paredes, secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
(rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica),
diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador
Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senadora María del
Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés
Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes (rúbrica),
diputado Roberto Gil Zuarth (rúbrica), senador Rubén Fernando
Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica),
senador Ricardo Monreal Ávila.
DE LA TERCERA COMISIÓN,
CON PUNTOS DE ACUERDO RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL
DE TERCER NIVEL EN EL MUNICIPIO DE YAJALÓN, CHIAPAS
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a destinar recursos económicos para la construcción de un hospital regional de tercer nivel en el Municipio de Yajalón, Chiapas, suscrita por la Senadora María Elena Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del PRI.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de enero de 2010, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. En el capítulo de consideraciones la autora de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, manifiesta que el 8 de diciembre de 2009 el Congreso de la Unión aprobó reformas a la Ley General de Salud mediante las cuales se propone modificar el esquema de financiamiento del sistema de salud para transitar de una cuota familiar a una personal; que esta acción legislativa va encaminada a fortalecer el sistema de salud y consolidar una amplia red de servicios médicos que permitan garantizar el derecho a la protección de la salud, disminuir la desigualdad, garantizar la seguridad sanitaria y el acceso oportuno al tratamiento médico gratuito a quienes menos tienen, mediante el seguro popular.
Que el gobierno de Chiapas ha buscado mejorar la atención en salud y por ello construye 26 centros de salud microrregionales en los diferentes municipios del estado; que con una inversión de 16 millones se han inaugurado nueve unidades de especialidades médicas, cinco centros de atención primaria para las adicciones, un centro integral de salud mental y dos centros ambulatorios de prevención y atención del sida y de las infecciones de transmisión sexual; y que el gobierno estatal invierte más de 122 millones de pesos en conservación y mantenimiento de 323 unidades médicas.
Continúa la proponente proporcionando datos de inversión en infraestructura hospitalaria, de cobertura de atención y otros que revelan que en Chiapas se están haciendo esfuerzos importantes en materia de salud.
Añade que a pesar de todos estos esfuerzos los habitantes del municipio de Yajalón han solicitado a los legisladores por Chiapas, en reiteradas ocasiones, gestionar mayores apoyos para la operación, ampliación de la plantilla de médicos y la dotación de medicinas para el hospital de esa localidad; que actualmente el hospital general de Yajalón no cuenta con un número adecuado de médicos y es insuficiente en cuanto a los espacios y la atención es muy precaria. Por lo anterior, formula el siguiente
"Punto de Acuerdo
En este contexto, la atención de problemas de salud que requiere de tratamientos aplicados por médicos especialistas constituye un reclamo legítimo de toda sociedad organizada en beneficio de la comunidad, por lo cual es indispensable que se cuente con la infraestructura hospitalaria adecuada que les pueda dar solución.
Por tal motivo, los integrantes de esta Tercera Comisión consideramos viable la pretensión de la proponente en el sentido de impulsar la creación de un hospital de especialidades en la región que se señala de Chiapas, que garantice el cuidado integral de la salud de los habitantes de Yajalón y sus alrededores.
El proyecto de referencia podría ser cubierto con cargo a la partida presupuestal destinada a la creación de proyectos para la prestación de servicios, con el tipo de infraestructura social.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a la consideración del pleno, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal, informe a esta soberanía sobre la viabilidad legal y presupuestal para que, a través de la Secretaría de Salud, se asigne una partida para ser destinada a la construcción de un hospital de especialidades en el municipio de Yajalón, en el estado de Chiapas, con el propósito de atender la demanda de servicios de salud en ese municipio y, en caso afirmativo, para que se realicen las acciones tendentes a efectuar la asignación de recursos que sea procedente.
Segundo. Dese vista a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a efecto de que, en el marco de sus atribuciones, asigne la partida a la que se refiere el resolutivo anterior.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2010.
La Tercera Comisión
Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica),
presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador
Eduardo T. Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López
Paredes, secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
(rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica),
diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador
Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica p.a.), senadora María
del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés
Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes (rúbrica),
diputado Roberto Gil Zuarth (rúbrica), senador Rubén Fernando
Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud, senador
Ricardo Monreal Ávila.
DE LA TERCERA COMISIÓN,
CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA A LA AUDITORÍA SUPERIOR
DE LA FEDERACIÓN Y A LA ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO A REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN
SOBRE EL USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS POR PARTE DEL EX GOBERNADOR
FRANCISCO GARRIDO PATRÓN
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública y a la Entidad Superior de Fiscalización del estado de Querétaro que investiguen sobre el uso indebido de recursos públicos por parte del ex gobernador Francisco Garrido Patrón en la adquisición de bienes inmuebles a su favor, suscrita por la senadora María del Socorro García Quiroz, integrante del Grupo Parlamentario del PRI.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 22 de diciembre de 2009, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de trabajo –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. En el capítulo "Consideraciones" la autora de la proposición que se dictamina se refiere a la situación patrimonial del gobernador inmediato anterior del estado de Querétaro antes y durante su gestión, invocando el periódico Reforma del 14 de diciembre de 2009, para sustentar su dicho de que el referido ex mandatario adquirió seis inmuebles con valores que excedieron a sus ingresos; adicionalmente señala la proponente, por datos proporcionados por el Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro, que el mismo mandatario adquirió dos lotes del Club Campestre de Querétaro y es dueño de una vivienda ubicada en la Colonia Lomas de Querétaro, otro más en la Colonia San Pablo y un predio localizado en el municipio de Corregidora.
La proponente relaciona dichos hechos con otros asuntos similares presentados ante el Pleno de esta soberanía, en la que se señaló la eventual utilización de bienes y recursos públicos del estado para fines privados o electorales.
Solicita además la investigación a ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo y Obras Públicas, de la Comisión Estatal del Agua, así como al oficial mayor del gobierno del estado durante la administración del ex gobernador previamente mencionado, "en virtud de que existen diversas irregularidades en el manejo de recursos públicos".
Señala la proponente que el actual gobernador del estado ha estado realizando diversas investigaciones a la administración pasada, como consecuencia de las diversas denuncias por malos manejos de fondos por parte de las autoridades; señala que una auditoría fue realizada precisamente a la Secretaría de Desarrollo y Obras Públicas, y afirma que trajo como resultado "una serie de irregularidades por un monto de 35 millones de pesos, respecto a entrega de recursos para la realización de obras, que físicamente no se encuentran en la obra; además de que 80 por ciento de las obras fueron asignadas únicamente a tres empresas"; se menciona que en la administración pasada se entregó la suma de 45 millones de pesos a Operación Queretana Propago, empresa de transporte público y que "de acuerdo con la declaración del presidente de la empresa mencionada, dichos recursos nunca les fueron entregados, razón por la cual no se instalaron los 2,000 lectores de "tarjeta inteligente" en las unidades de transporte público".
Luego, la proponente menciona hechos relacionados con el Partido Acción Nacional en materia electoral y formula los siguientes
Puntos de Acuerdo
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al gobierno federal para que, a través de la entidad responsable, realice una investigación exhaustiva sobre el uso indebido de recursos públicos por parte de funcionarios públicos durante el mandato del ciudadano Francisco Garrido Patrón en el estado de Querétaro e informe a esta soberanía sobre los resultados obtenidos.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Consejo Estatal del Instituto Electoral de Querétaro a imponer una sanción conforme a derecho al Partido Acción Nacional en la entidad al haber excedido el tope de financiamiento privado en los gastos de campaña electoral autorizados."
Conforme a lo dispuesto en la fracción VI del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Cámara de Diputados el ejercicio de su facultad de revisión y fiscalización del gasto público y que la revisión de la cuenta pública se realizará a través de la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación. La existencia y funciones de esta entidad, están previstas en el artículo 79, fracción I, que literalmente establece:
La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
Esta entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo:
I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley.
También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.
Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la ley.
Sin perjuicio del principio de anualidad, la entidad de fiscalización superior de la federación podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la entidad de fiscalización superior de la federación emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.
Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales que determine la ley, derivado de denuncias, podrá requerir a las entidades fiscalizadas que procedan a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados y le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la ley, se impondrán las sanciones previstas en la misma. La entidad de fiscalización superior de la federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, fincará las responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante las autoridades competentes;
…"
I. Establecer los lineamientos técnicos y criterios para las auditorías y su seguimiento, procedimientos, investigaciones, encuestas, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública;
XIX. Concertar y celebrar, en los casos que estime necesario, convenios con los gobiernos de las entidades federativas, legislaturas locales, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las entidades de fiscalización superior correspondientes, con el propósito de apoyar y hacer más eficiente la fiscalización superior, sin detrimento de su facultad fiscalizadora, la que podrá ejercer de manera directa;
"Artículo 37. La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará directamente los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en otras leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.
Para el cumplimiento de las atribuciones establecidas en el párrafo anterior y en términos de la fracción XIX del artículo 15 de la presente ley, la Auditoría Superior de la Federación podrá celebrar convenios con los gobiernos de las entidades federativas, legislaturas locales, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las entidades de fiscalización superior, con el objeto de que colaboren con aquélla en la verificación de la aplicación correcta de los recursos federales recibidos por dichos órdenes de gobierno, conforme a los lineamientos técnicos que señale la Auditoría Superior de la Federación. Dichos lineamientos tendrán por objeto mejorar la fiscalización de los recursos federales que se ejerzan por las entidades federativas, por los municipios y por los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo a sus administraciones públicas paraestatales y paramunicipales.
Los lineamientos comprenderán además, la verificación del desempeño y la comprobación de la aplicación adecuada de los recursos que reciban las personas físicas o morales, públicas o privadas, en concepto de subsidios, donativos y transferencias otorgados por las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal con cargo a recursos federales.
La Auditoría Superior de la Federación establecerá los sujetos, objetivos, alcance y procedimientos de las auditorías y estructura de los informes de auditoría a practicar sobre los recursos federales entregados a entidades federativas, municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para asegurar una rendición de cuentas oportuna, clara, imparcial y transparente. El conjunto de los términos acordados con las entidades de fiscalización de las entidades federativas no podrán ser inferiores a los determinados en la ley.
En el caso de que las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas detecten irregularidades que afecten el patrimonio de la hacienda pública federal, deberán hacerlo del conocimiento inmediato de la Auditoría Superior de la Federación, para que en términos de la presente Ley inicie la responsabilidad resarcitoria correspondiente y promueva las responsabilidades civiles, penales, políticas y administrativas a las que haya lugar.
La Auditoría Superior de la Federación verificará que las entidades fiscalizadas lleven el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la federación que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con las disposiciones aplicables.
"Artículo 39. Cuando se acrediten afectaciones a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales, atribuibles a servidores públicos de las entidades federativas, municipios o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, la Auditoría Superior de la Federación procederá a formularles el pliego de observaciones y, en caso de que no sea solventado, fincarles las responsabilidades resarcitorias conforme a la presente ley y promoverá, en su caso, ante los órganos o autoridades competentes las responsabilidades administrativas, civiles, políticas y penales a que hubiere lugar".
La comisión dictaminadora considera que, en los términos de las disposiciones jurídicas invocadas, la intervención de la Auditoría Superior de la Federación sería procedente exclusivamente respecto a los recursos federales implicados en los hechos mencionados por la autora de la proposición que se dictamina; no obstante, por la importancia del asunto, se considera realizar los exhortos correspondientes a las entidades mencionadas por la senadora promovente y, en consecuencia, dejar en los términos de la proposición con punto de acuerdo presentada originalmente.
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación y a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado Libre y Soberano de Querétaro a realizar una investigación sobre el uso indebido de recursos públicos por parte del ex gobernador Francisco Garrido Patrón en la adquisición de bienes inmuebles a su favor.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al gobierno federal para que, a través de la entidad responsable, realice una investigación exhaustiva sobre el uso indebido de recursos públicos por parte de funcionarios públicos durante el mandato del ciudadano Francisco Garrido Patrón en el estado de Querétaro e informe a esta soberanía sobre los resultados obtenidos.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Consejo Estatal del Instituto Electoral de Querétaro a imponer una sanción conforme a derecho al Partido Acción Nacional en la entidad al haber excedido el tope de financiamiento privado en los gastos de campaña electoral autorizados.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2010.
La Tercera Comisión
Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica),
presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador
Eduardo Tomás Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel
López Paredes, secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez
Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica),
diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador
Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica p.a.), senadora María
del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés
Ocejo Moreno (rúbrica en contra), senador José Isabel Trejo
Reyes (rúbrica), diputado Roberto Gil Zuarth (rúbrica en
contra), senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado
Juan José Guerra Abud (rúbrica en abstención), senador
Ricardo Monreal Ávila.
DE LA TERCERA COMISIÓN,
CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA VIGILANCIA DE LOS AEROPUERTOS DE MÉXICO
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, licenciado Fernando Francisco Gómez Mont Urueta, y a la comisionada del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero Castillo, comparezcan a fin de que expongan y expliquen la situación actual y las acciones que están llevando a cabo enviados y agentes estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para supervisar de manera directa el paso de extranjeros por territorio mexicano, y determinen filtros a pasajeros que en su caso nieguen el acceso a nuestro país, suscrita por el Dip. David Hernández Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 5 de enero de 2010, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. En el capítulo de consideraciones, el autor de la proposición que se dictamina se refiere a la situación que se vive, desde octubre de 2009, en el Aeropuerto de la Ciudad de México, fecha en que se detectó la presencia de agentes de Estados Unidos de América que intervienen en la supervisión a pasajeros provenientes de otros países sobre territorio mexicano.
Agrega el proponente que: "Estos agentes fueron asignados por la Embajada de Estados Unidos Mexicanos en donde imponen filtros que deben aplicar para llevar un control de pasajeros que arriban al país provenientes del extranjero, cabe mencionar que dichos funcionarios son de origen latino (dominicanos, cubanos e incluso mexicano-estadounidenses), a los cuales se les ha dado la atribución de dictar medidas al personal del Instituto Nacional de Migración (INM), para el manejo del ingreso de viajeros"; que los enviados estadounidenses operan como parte de un programa conjunto de seguridad de viajeros en México y que en el ejercicio de sus funciones portan gafetes del INM, pero con la leyenda adicional de: "Embajada de Estados Unidos"; que los extranjeros gozan de los derechos civiles y garantías otorgadas por la Constitución mexicana, de la misma manera que los nacionales, y que el INM tiene como misión "contribuir al desarrollo del país a través de una gestión migratoria eficiente y segura, con base en el marco legal y el pleno respeto a la dignidad humana".
Concluye el proponente que es prioritario que el secretario de Gobernación y la comisionada del INM comparezcan ante el pleno de este órgano legislativo, con el fin de proporcionar un amplio panorama de lo que representan estos agentes estadounidenses provenientes de diferentes agencias, cuáles son sus funciones, en tanto México cuenta con agentes propios del Instituto Nacional de Migración, previamente con capacitación del Centro de Capacitación Migratoria. Por ello, formulan el siguiente:
"Punto de Acuerdo
Sin embargo, esta comisión toma en cuenta que la Comisión Permanente del presente receso concluirá sus funciones el primer día del mes de febrero del año 2010, y que resulta difícil en la práctica desahogar la comparecencia propuesta ante el pleno de dicho órgano.
Por ello, y por la consideración de que la temática planteada es de la competencia directa del INM, se considera oportuno en una primera etapa, solicitar a la titular del Instituto Nacional de Migración y al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informen por escrito a esta soberanía, la situación actual y las acciones que están llevando a cabo enviados o agentes estadounidenses en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México para supervisar el paso de extranjeros por territorio mexicano, así como informar a detalle los mecanismos o "filtros" a pasajeros que, en su caso, se les niegue el acceso a nuestro país.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a la consideración del pleno, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la titular del Instituto Nacional de Migración y al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informen por escrito a esta soberanía, la situación actual y las acciones que están llevando a cabo agentes estadounidenses en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México para supervisar el paso de extranjeros por territorio mexicano, así como informar el detalle de los mecanismos o "filtros" a pasajeros que, en su caso, se les niegue el acceso a nuestro país, antes del término de la Comisión Permanente.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2010.
La Tercera Comisión
Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador Eduardo T. Nava Bolaños (rúbrica), diputado Uriel López Paredes, secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), diputado David Hernández Pérez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica p.a.), senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), senador José Isabel Trejo Reyes (rúbrica), diputado Roberto Gil Zuarth (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Juan José Guerra Abud, senador Ricardo Monreal Ávila.