La que suscribe, senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 15 de abril del año 2009, la suscrita senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz y otros legisladores, presentamos un punto de acuerdo relacionado con el intento de soborno que realizó el ciudadano Miguel Ángel Jiménez Godínez, en su carácter de director general de la Lotería Nacional (Lotenal) al Grupo Megamedia, para favorecer a los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado de Campeche.
En dicho documento solicitamos entre otras cosas, la realización de un proceso de investigación por la presunta comisión de delitos electorales y el desvío de recursos públicos de la Lotenal y de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Campeche, para apoyar las campañas electorales de los entonces candidatos para gobernador, alcalde y diputados federales del PAN.
Asimismo, destacamos la cuestión de que la denuncia presentada por el Grupo Megamedia detalló claramente el modo, tiempo, lugar, así como el nombre de los funcionarios públicos y militantes de PAN que participaron en los hechos.
Cabe resaltar que en ningún momento el C. Miguel Ángel Jiménez Godínez negó que se hubiera reunido con el director editorial y gerente general del Grupo mencionado, es más el 2 de abril del año pasado, por medio de una carta dirigida al director general del Diario de Yucatán, declaró que: "El acercamiento que tuvo con Grupo Megamedia responde a la gran penetración que tienen los medios que forman parte del consorcio en la península de Yucatán. El encuentro con los agentes de ventas de su empresa no tuvo otro motivo más que el comercial, cualquier otra idea es producto de una confusión".
Aunado a lo anterior, en la comparecencia que realizó ante la Cámara de Diputados explicó que había pedido prestada la oficina a Carlos Mouriño Terrazo, toda vez que la Lotenal carecía de una oficina propia en la ciudad, cuando lo lógico hubiera sido llevar a cabo la negociación directamente en las oficinas del multicitado Grupo, si realmente se trataba de una cuestión estrictamente comercial exclusivamente entre la dependencia y el periódico.
En junio de 2009, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), decretó el no ejercicio de la acción penal en contra de Miguel Ángel Jiménez Godínez, por no haber encontrado elementos suficientes.
Por su parte el Instituto Federal Electoral, manifestó que "si bien en la especie existen indicios para advertir la actualización de un caso de desvío de recursos por parte de un funcionario gubernamental", no era la autoridad competente para imponer la sanción.
El pasado 24 de diciembre, en medio de la temporada vacacional, la agencia Notimex difundió la noticia sobre la presunta exoneración que haría la Secretaría de la Función Pública al ex director de la Lotería Nacional.
Los argumentos en que basan esa decisión fuentes de la dependencia, son que: "aunque el ofrecimiento hubiese sido real, el hecho no se materializó. Entonces para nosotros la tentativa no es responsabilidad. No hubo ni siquiera un contacto entre la Lotenal y el medio, entonces no se puede hacer más, salvo (si hubiera) una grabación, un papel o hechos".
Como se desprende de las distintas versiones de las instituciones públicas, basan sus argumentos en que el hecho realizado por el ex director de la Lotenal se realizó en grado de tentativa y que por tanto al no consumarse el hecho no había incurrido en responsabilidad, lo cual es contrario a lo establecido en el artículo 12 del Código Penal Federal, pues el hecho se exteriorizó, realizándose actos parciales tendientes a producir un resultado.
Además, es falsa la aseveración que hace la SFP de que no hubo ningún contacto entre las partes involucradas, toda vez que Miguel Ángel Jiménez Godínez reconoció públicamente los encuentros sostenidos.
Independientemente de lo resuelto por las autoridades, es innegable que nos encontramos ante la presencia de un hecho notorio, que si bien es cierto que el contenido está sujeto a prueba, no podemos negar que la conducta fue ampliamente conocida por la sociedad y que trascendió nuestras fronteras a través de los medíos de comunicación, que durante cierto tiempo generó una sensación de veracidad.
Un caso de tal magnitud, en el que pudieron verse comprometidos recursos públicos con fines de asistencia social y no electoral, de no haber sido por la denuncia realizada por el Grupo Megamedia, debió de haberse tomado con más seriedad y dar a conocer con más detalles las causas por las cuales se exoneró al funcionario público.
Esta situación viene a incrementar, todavía más, la desconfianza que la sociedad mexicana tiene respecto a sus funcionarios e instituciones públicas, impidiendo el crecimiento y fortalecimiento de la democracia.
Por otra parte y si bien es cierto que legalmente no existía impedimento para que el funcionario ocupara otro cargo en la administración pública, la situación en la que participó el ex director de la Lotenal dejo una mala impresión en la sociedad.
Luego entonces, es incongruente que una persona que estuvo sujeto a un proceso de investigación por una supuesta desviación de recursos públicos, cuya inocencia o culpabilidad no quedo claramente comprobada, pues los argumentos realizados por las autoridades son insuficientes, haya sido nombrado ministro consejero de la Embajada de México en el Reino Unido.
La imagen que está mostrando nuestro país al exterior se ha venido deteriorando en los últimos años y este tipo de decisiones en nada nos favorece para redimir nuestra imagen, además el desempeño de este tipo de puestos requieren de una especialización en la materia para obtener resultados que beneficien al pueblo de México.
Urgimos en la presente proposición para que se reconsidere dicho nombramiento, al tiempo de exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que realice los nombramientos de los colaboradores en las representaciones diplomáticas de nuestro país en el exterior, de conformidad con lo establecido por la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su Reglamento.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, manifiesta un extrañamiento respecto del nombramiento del C. Miguel Ángel Jiménez Godínez como ministro consejero de la Embajada de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte; y se solicita respetuosamente a reconsiderar el mismo.
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que realice los nombramientos de los colaboradores en las representaciones diplomáticas de nuestro país en el exterior, de conformidad con lo establecido por la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su Reglamento.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2010.
Senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE, MEDIANTE LA SECRETARÍA DE
SALUD Y EL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES, SE APOYE A LA UNIVERSIDAD
DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS PARA QUE LLEVE A CABO UN ESTUDIO SOBRE EL
CONSUMO DE DROGAS ENTRE ESTUDIANTES INDÍGENAS DE LOS NIVELES MEDIO
SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA ENTIDAD, SUSCRITA POR LA SENADORA MARÍA
ELENA ORANTES LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La que suscribe, senadora María Elena Orantes López, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Según la V Encuesta Nacional de Adicciones dada a conocer en octubre de 2009, el principal problema en relación con esta problemática en el país, es el consumo de bebidas alcohólicas en grandes cantidades y la dependencia que afecta a 4.2 millones de individuos, lo que aumenta la posibilidad de dependencia y de daño a la salud, ya que se relaciona con 9 por ciento de las causas de mortalidad general, sobre todo por accidentes, cirrosis hepática y violencia intrafamiliar.
Por lo que se refiere a las bebidas alcohólicas, las comunidades indígenas en Chiapas presentan altos porcentajes de consumo y, lo peor de todo, es que cada vez vemos con mayor frecuencia, jóvenes indígenas que, además de alcohol, ingieren drogas ilegales a temprana edad, por lo que se hace necesario impulsar políticas públicas contra las adicciones, que proteja a los adolescentes indígenas no sólo del consumo de alcohol y tabaco, sino de estupefacientes ilegales.
Las campañas, así como los mejores centros de rehabilitación se encuentran preferentemente en zonas urbanas. Regularmente, las campañas contra las adicciones no llegan a las zonas indígenas de mayor marginación, lo que deja en el desamparo a miles de jóvenes en comunidades rurales que siguen abusando del alcohol y de otras drogas, con el consecuente deterioro del tejido social y del incremento de la violencia en sus comunidades.
En la frontera sur de nuestro país, el aumento del consumo y trasiego de drogas, hace urgente la necesidad de actuar con oportunidad para evitar que los jóvenes indígenas experimenten con drogas ilegales.
Asimismo, es necesario reforzar el conocimiento de la población indígena respecto del potencial daño a los jóvenes, quienes están más expuestos, aún más, si no asisten a la escuela, viven fuera de sus hogares o conviven con sujetos consumidores.
En este sentido, la prevención y el reforzamiento de los programas encaminados a lograr que los indígenas con problemas de consumo se acerquen a tratamiento es indispensable, pero también lo es, el acercar unidades de atención a las comunidades rurales más marginadas.
En el estado de Chiapas, durante 2009, se logró poner en operación cinco Centros de Atención Primaria para las Adicciones, entre otras importantes obras de infraestructura hospitalaria.
En este mismo contexto, actualmente, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas realiza un valioso estudio sobre el uso de drogas entre estudiantes indígenas de los niveles medio superior y superior de la entidad, con el fin de establecer las estrategias de prevención que contrarresten la problemática.
Dicho estudio cuenta con la valiosa participación de los representantes de más de 25 centros educativos que acordaron que, en tanto se concluye la tabulación de los datos recabados para conocer el comportamiento de las drogas en estudiantes indígenas de las etnias tzeltal, tzotzil, chol y tojolabal, empezarán a atender el alcoholismo.
En este sentido, consideramos que las acciones preventivas contra las adicciones en los jóvenes indígenas es fundamental para frenar y evitar que este sector de la población se vea atrapado por el consumo de estupefacientes.
Con esta investigación se permitirá saber con un alto grado de precisión, el uso y abuso de drogas en localidades indígenas de Chiapas y, con ello, determinar las acciones preventivas para atender la problemática, la cual, debe ser integral.
Ahora bien, no obstante que las autoridades de salud hacen un gran esfuerzo para impulsar una política de reducción de la demanda, es oportuno fomentar los mecanismos para desarrollar una mejor colaboración con instituciones gubernamentales de salud y educación de los tres órdenes de gobierno, instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior, organizaciones deportivas, el sector empresarial y la sociedad civil organizada, con el propósito de encaminar estrategias integrales de vinculación para hacer frente a esta grave problemática que tiende a acrecentarse en nuestro país.
Para ello, podemos advertir la problemática de la disponibilidad de las drogas para los jóvenes en las entidades fronterizas debido a lo arraigado que está el mercado de estupefacientes en esas zonas de nuestro país, por el trasiego de mercancías ilegales y lo ligado que esto está con otros negocios ilícitos como el tráfico de armas, la trata de personas, proliferación de centros de vicio y prostitución.
Por tanto, es urgente atender estos temas que afectan el tejido social y que es oportuno abordar mediante la celebración de encuentros entre instituciones de los tres niveles de gobierno para coordinar acciones que permitan a las instituciones de salud y educativas, el Consejo Nacional contra las Adicciones, los consejos estatales y los comités municipales, las universidades, las organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil, encaminar estrategias de vinculación para hacer frente a esta grave problemática de salud pública en México.
Por ello, creemos oportuno exhortar desde la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a la Secretaría de Salud para que a través del Consejo Nacional contra las Adicciones, se apoye con recursos humanos y financieros a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a fin de coadyuvar en todo lo necesario para llevar a cabo el estudio sobre el uso de drogas entre estudiantes indígenas de los niveles medio superior y superior de la entidad, así como para que, de manera coordinada, se establezcan al final del estudio de referencia, estrategias de prevención que contrarresten la problemática.
Asimismo, para que a partir de la firma de un convenio de colaboración, se puedan instrumentar campañas informativas, conferencias, investigaciones, desarrollo de programas y estudios sobre la población adicta, así como la problemática de la disponiblidad creciente de drogas entre los jóvenes en el medio rural, la migración, y repercusiones sociales de estos fenómenos, que tengan como objetivo fundamental mejorar las condiciones sociales de la juventud indígena en el estado de Chiapas, con el objeto de erradicar el consumo de drogas.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente solicita a la Secretaría de Salud que, a través del Consejo Nacional contra las Adicciones, se apoye con recursos humanos y financieros a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a fin de coadyuvar en todo lo necesario para llevar a cabo el estudio sobre el uso de drogas entre estudiantes indígenas de los niveles medio superior y superior de la entidad, así como para que, de manera coordinada, se establezcan al final del estudio de referencia, estrategias de prevención que contrarresten dicha problemática.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 20 días del mes de enero de 2010.
Senadora María Elena Orantes López (rubrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA CREACIÓN DE UN GRUPO PLURAL DE LEGISLADORES PARA
REENCAMINAR EL DIÁLOGO ENTRE EL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS
Y EL GOBIERNO FEDERAL; Y SE EXHORTA A LA SCJN A ATRAER EL RECURSO DE REVISIÓN
DE LA SENTENCIA DE NEGATIVA DE AMPARO ADMITIDO POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL DECRETO DE LIQUIDACIÓN DE
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, SUSCRITA POR DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Los suscritos, diputados federales de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y de Convergencia, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a atraer el recurso de revisión a la sentencia de negativa de amparo admitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en materia laboral, correspondiente al decreto de liquidación de la compañía Luz y Fuerza del Centro según los siguientes
Antecedentes
Desde que el gobierno federal decidió de manera unilateral cerrar la compañía de Luz y Fuerza del Centro y enviar a 44 mil trabajadores al desempleo, la Cámara de Diputados ha visto con preocupación el desenvolvimiento de estos hechos.
Una vez que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) planteó su voluntad de encontrar una salida negociada y que se formó una comisión con los líderes de las bancadas del PRI, PAN y PRD en el Senado de la República, el rector de la UNAM y el ex director del IPN, faltaba la expresión del gobierno federal para generar una salida a dicho conflicto. El SME aceptó las condiciones que la citada comisión estableció, pero fue el gobierno quien rechazó la participación de ésta como intermediación, así como las condiciones básicas establecidas.
Consideramos que la intermediación es necesaria, pues se requiere un coadyuvante en la búsqueda de una solución definitiva a un conflicto que afecta a decenas de miles de familias y que lleva ya más de tres meses de duración y se perfila como un conflicto permanente en la ya de por si difícil situación económica y política que sufre la nación.
De igual forma, consideramos que las bases mínimas planteadas por la anterior comisión hay que retomarlas para construir una alternativa de diálogo y solución. Por lo anterior, determinamos la creación de una comisión de intermediación plural de la Cámara de Diputados cuyo punto de partida se base en los incisos descritos a continuación:
Que las partes reconozcan expresamente su voluntad de respetar las resoluciones firmes que sobre el particular emita el Poder Judicial de la Federación.
Que la defensa de sus posturas y derechos, los trabajadores se conduzcan en todo momento en los cauces de la legalidad, la institucionalidad y el respeto a los derechos de la ciudadanía, evitando actos de violencia o que pongan en peligro el servicio de energía.
Que el gobierno federal esté dispuesto a buscar alternativas de apoyo a los trabajadores sindicalizados de Luz y Fuerza del Centro, con cargo a las prestaciones que conforme a derecho se lleguen a derivar de la resoluciones firmes del Poder Judicial de la Federación en el conflicto planteado, a fin de atender las necesidades básicas de los trabajadores sindicalizados de Luz y Fuerza del Centro.
Que en todo momento se respeten los derechos laborales de los trabajadores sindicalizados de Luz y Fuerza del Centro.
Que el gobierno federal considere cubrir conforme a la ley a todos los trabajadores sindicalizados de Luz y Fuerza del Centro la parte proporcional del aguinaldo que tienen derecho conforme a la ley, el fondo de ahorro retenido y los salarios de semanas devengadas.
Que el gobierno federal ponga en práctica los procesos necesarios para que los trabajadores sindicalizados recuperen sus pertenencias resguardadas en los centros de trabajo.
Que la representación sindical acepte llevar a la consideración de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, integrantes del sindicato, las propuestas que oficialmente presente en la mesa de diálogo y negociación el gobierno federal por medio de la Secretaría de Gobernación.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se decide la conformación de un grupo plural de legisladores para que intervengan en pos de reencaminar el diálogo entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y el gobierno federal, a efecto de que se alcancen propuestas viables, legales y democráticas, para resolver la problemática generada por la emisión del decreto de liquidación de la compañía Luz y Fuerza del Centro.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a privilegiar el diálogo en la resolución del conflicto, descartando la criminalización o represión de las manifestaciones de apoyo a las demandas sociales del Sindicato Mexicano de Electricistas, así como de cualquier persona participante en éstas.
Tercero. Se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a atraer, en uso de sus facultades de ley, el recurso de revisión a la sentencia de negativa de amparo admitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en materia laboral el 14 de enero de 2010.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2010.
Diputados: Alejandro Encinas
Rodríguez, Víctor Castro Cosío (rúbrica), Agustín
Guerrero Castillo (rúbrica), Pedro Vázquez González,
Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Juan Enrique Ibarra
Pedroza, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (rúbrica),
Pedro Jiménez León, Jaime Cárdenas García (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA
POR EL SENADOR JAVIER OROZCO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PVEM
Los suscritos, integrantes de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General; y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presentamos proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
En la pasada sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura del 9 de enero de 2008 nuestro Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó una propuesta de punto de acuerdo, que fue aprobada en esa sesión y publicada en la respectiva edición de la Gaceta del Senado de la República de esa misma fecha, para plantear la problemática relativa al Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, señalando que su importancia iría en incremento en la actividad general de la zona metropolitana, no sólo por el mayor número de instalaciones, viajes y usuarios, también por su significativa aportación ecológica y su utilización creciente a medida que aumenta el tráfico vehicular de superficie.
Conviene recordar que la operación diaria del metro incide poderosamente en el cumplimiento de los horarios de millones de trabajadores, empleados, estudiantes y personas en general. Millares de industrias, comercios, instituciones y servicios del área dependen de éste para la correcta iniciación y desarrollo de sus actividades. De ahí que las deficiencias en su operación se traduzcan en importantes afectaciones a la actividad económica y social de esa zona.
Así, el Sistema de Transporte Colectivo no sólo representa uno de los servicios más importantes para la adecuada operación de dicha zona metropolitana, también significa uno de los principales soportes para la generación de millones de bienes y servicios, en una de las zonas de mayor actividad económica en el país. De ahí que resulte imperativo atender la problemática que advierte su funcionamiento y que se detalla a continuación.
En la propuesta de punto de acuerdo mencionada señalamos que en la operación del Sistema de Transporte Colectivo se advertía la existencia de la problemática siguiente:
II. Ante la evidencia de que: a) la operación actual del Sistema de Transporte Colectivo se ha multiplicado casi 20 veces, con respecto a sus cifras originales y en relación con el tamaño de la red y la transportación diaria de personas, b) sean casi 3 000 millones los viajes anuales considerando los transbordos entre líneas diversas; y c) oscile alrededor de un 25 por ciento el volumen atendido por el sistema respecto al transporte total de la zona metropolitana de la Ciudad de México, podría considerarse que resulta normal la sobresaturación de éste, así como la acentuada lentitud que frecuentemente advierten de la mayor parte de sus líneas, sobre todo durante las horas de mayor afluencia.
III. Sin embargo, la percepción señalada no es correcta. Primero, porque la infraestructura de la que dispone el Sistema podría atender con mayor eficiencia los volúmenes adicionales señalados, si se modernizara su organización. Segundo, porque desde hace años se han generado una serie de deficiencias en la operación del Sistema que han venido a complicar su funcionamiento normal. Entre otras deficiencias pueden señalarse las siguientes:
a) Se advierte la descompostura sistemática de torniquetes y máquinas receptoras de los boletos. Es frecuente que una sola estación tenga descompuestos, durante semanas, varios de estos equipos. Esta situación se vuelve crítica en las estaciones terminales y de transferencia.
b) Se permite el acceso masivo a los andenes del Metro, situación que en las horas de mayor afluencia complica severamente el descenso y ascenso a los vagones. Esta falta de control en los flujos de usuarios está provocando que a diario se interrumpa el servicio. Es muy frecuente que los vagones permanezcan detenidos en una misma estación por lapsos que van desde 4 hasta 12 minutos, sin que nadie informe a los usuarios sobre el motivo de la demora ni el tiempo probable de reestablecimiento del servicio. Con ello se vuelve ilusorio el indicador de que el tiempo mínimo de recorrido entre estación y estación sea de de 56 segundos y el máximo de 130 segundos. En las primeras épocas del Servicio se contaba con dispositivos mecánicos o personal suficiente para regular esos flujos.
c) Se permite el acceso al Metro de personas con bultos voluminosos, los cuales molestan a los usuarios y obstaculizan la circulación en pasillos, escaleras, andenes y vagones. No se aplica una regla al respecto. Hasta hace pocos años se restringía el acceso de las personas que pretendieran transportar objetos voluminosos.
d) Se permite que usuarios porten mochilas voluminosas en el interior de los vagones, manteniéndolas en sus espaldas e impidiendo el paso, en lugar de ponerlas a su lado en el piso, o en sus piernas, cuando viajen sentados .Incluso, se permite que los usuarios se sienten o acuesten en el piso de los vagones, sobre todo en los pasillos de intercomunicación entre esos vagones, con lo cual estorban severamente la circulación.
e) Se carece de un programa permanente destinado a los usuarios para el correcto uso de las instalaciones del servicio. La carencia de ese programa propicia que se manifiesten múltiples conductas que entorpecen la circulación interna, deterioran innecesariamente las instalaciones y generan muy diversas molestias a los usuarios.
f) Se permite el acceso de un ejército de vendedores ambulantes (de todo tipo) a los pasillos, andenes y vagones del Metro. Incluso se autorizan miles de puestos ambulantes en los corredores de mayor afluencia, sobre todo en las estaciones con mayor aforo. Su trabajo cotidiano estorba la circulación, sobre todo en los vagones.
g) Se permite el libre acceso de centenares de vendedores de discos y dvd piratas, para su venta entre los usuarios. Éstos tienen que soportar en cada viaje hasta diez versiones distintas y con aparatos que van encendidos a todo volumen, para promocionar el mayor negocio de piratería de discos en el país. Además se permite el libre acceso de miles de personas que solicitan dinero a los andenes y los vagones del Metro. Su actividad ininterrumpida dificulta la circulación en esas áreas .También se permite que personas indigentes dormiten, de día o de noche, en los pasillos y escaleras de numerosas terminales. Esto provoca diversas molestias a los usuarios y también obstaculiza la circulación en esas áreas.
h) Se toleran prácticas de tortuguismo en las estaciones terminales. Es muy frecuente que los convoyes hagan base en las estaciones terminales y que, una vez aseados, permanezcan sin actividad durante largos lapsos. Es evidente que esta práctica contribuye poderosamente a la saturación de los andenes y a la lentitud de los trayectos. Con ello se alteran notablemente los indicadores sobre intervalos entre vagones y de vueltas programadas.
i) Se permite que los conductores de los vagones puedan atender asuntos personales, en las terminales intermedias. Por razones de cambio de turno, entregas o recepción de objetos, conversaciones entre el personal, entre otros, se detienen los convoyes en cualquier estación, con absoluta discrecionalidad del operador.
j) Se continúa con la operación obsoleta de estaciones con andenes dobles para el mismo vagón. A pesar de contarse con suficiente espacio en los dos andenes señalados, se realiza una lenta operación para que primero se descienda y ascienda por un lado y después, la misma maniobra por el otro. Esta operación representa más de un minuto adicional. La supresión del acceso por ambos andenes no se ha puesto en práctica.
k) Se han deteriorado miles de señales internas en los accesos y andenes de las terminales y se ha estancado el programa de señalización en ellos. El uso natural del Servicio ha destruido numerosas señales que desafortunadamente no han sido substituidas. Incluso decenas de vagones ya no cuentan con los carteles laterales que indican las estaciones por las que circula el convoy. Numerosas estaciones advierten importantes deficiencias en materia de señalización interna, situación que sin lugar a dudas complica el uso del Servicio, sobre todo para los usuarios no familiarizados con la estación respectiva.
l) Se ha omitido señalizar, en numerosos pasillos de las estaciones terminales o de transferencia, el sentido en que deben caminar los usuarios, con lo cual se provoca que éstos se entrecrucen, se frenen y se detenga su marcha continuamente.
m) Se han descompuesto los sistemas de ventilación en los vagones más antiguos, así como las ventanas laterales de los vagones. En temporadas calurosas esto provoca sensibles molestias a los usuarios. También se han deteriorado numerosos equipos de sonido en esos vagones, con lo cual resultan inaudibles.
n) Se permite el estacionamiento, indebido, de numerosos vehículos en las vías primarias adjuntas a las estaciones, así como la instalación de infinidad de puestos ambulantes en las zonas próximas a las entradas y salidas de las estaciones. Esta situación genera graves congestionamientos vehiculares y entorpece la circulación de los usuarios en dichas áreas.
o) Se permite que pasos a desnivel adjuntos a las estaciones y construidos para facilitar el acceso al público, sean utilizados por el comercio ambulante, mientras tanto, y sin utilizar esos pasos a desnivel, los usuarios invaden las vías primarias y entorpecen el tráfico en las mismas.
p) Se aprecia un creciente desaseo en las estaciones terminales y de transferencia. Resulta explicable que la mayor afluencia de usuarios ensucie mayormente las instalaciones señaladas; empero, se puede observar un descuido mayor en el mantenimiento de estas áreas, acompañado por una presencia creciente del comercio informal que contribuye de manera importante con este problema.
IV. En razón de que este servicio resulta primordial para el transporte diario de casi tres millones ochocientos ochenta mil usuarios y la operación puntual de decenas de miles de industrias, talleres, comercios, bancos, escuelas, institutos, etcétera, su operación eficiente resulta esencial para elevar los indicadores de productividad y competitividad, nacional e internacional, en una de las regiones que tiene la mayor contribución al producto interno bruto del país.
Meses después, los directivos del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México enviaron a las oficinas de nuestro Grupo Parlamentario en el Senado de la República diversa información sobre la operación de ese sistema y con la cual se pretendía justificar su adecuado funcionamiento, así como la correcta atención que se estaba otorgando a su operación, sin reconocer la existencia de la problemática que señalábamos.
Hace pocas semanas las autoridades de ese Sistema de Transporte Colectivo y el propio jefe de Gobierno de la Ciudad de México han venido anunciando a la opinión pública la ejecución prioritaria de importantes medidas para atender la problemática en la operación de ese sistema. Con agrado observamos que la problemática que se pretende resolver por esas autoridades justamente es la que destacamos ante esta Soberanía desde el año antepasado.
Por las razones antes expuestas, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar al Pleno de esta Cámara de Senadores se someta a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente destaca y solicita al director del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, lo siguiente:
II. El envío trimestral al Senado de la República, a través de la Comisión del Distrito Federal, de información sobre los avances alcanzados hasta la resolución sustancial de esa problemática.
Diputado Juan José Guerra Abud
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO A IMPEDIR EL DESPOJO DE TIERRAS
PROPIEDAD DE LA ASOCIACIÓN CIVIL LOMAS DEL PARQUE, DE TULTITLÁN,
SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS PEDRO VÁZQUEZ GONZÁLEZ Y TERESA
GUADALUPE REYES SAHAGÚN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
Los integrantes de la Unión de Colonos, Inquilinos, Solicitantes de Vivienda y Comerciantes Lomas del Parque, AC, adquirieron en propiedad el 25 de enero de 1995 un predio de 27.08 hectáreas, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, con la escritura pública número 261855, situado en San Francisco Chilpan, en Tultitlán, México, compra que derivó del decreto expropiatorio federal pronunciado el 27 de julio de 1960 y publicado en el Diario Oficial el 2 de agosto del mismo año.
La negociación de compraventa se llevó a cabo con la comparecencia del Instituto de Acción Urbana e Integración Social y el Banco del Centro, SA, y con el crédito señalado con el folio 2314 otorgado por el Fondo Nacional de Habitaciones Populares, para la edificación de mil 653 viviendas, destinadas a personas de bajos recursos económicos.
A partir de 2002, el predio en cuestión ha sido objeto de venta ilegal por fraccionadores clandestinos que se dicen ser ejidatarios. Hasta la fecha, en aproximadamente 17.08 hectáreas de terreno hay más de mil asentamientos irregulares. Debido a lo anterior, la asociación Lomas del Parque ha interpuesto diferentes denuncias penales; a saber: la TUL/MEBI/05/02, consignada en el Juzgado Tercero de lo Penal, con la causa número 202/022; la PRE/FE/070/03, consignada en el Juzgado Tercero de lo Penal, con la causa 186/03; la PRE/FE/075/03, consignada al Juzgado Segundo de lo Penal, con la causa penal 16/04; y la LER/078/2004, consignada al Juez Cuarto de lo Penal, con la causa 6904. Todas éstas, en Cuautitlán, México, quedando bajo resguardo de Desarrollo Urbano del gobierno del estado de México.
En diciembre de 2007, los presuntos ejidatarios, representados por el señor José María Fuentes y familia, interpusieron un amparo administrativo, ante el Juzgado Primero de Distrito en Naucalpan de Juárez, México, con el número de expediente 1166/07, cuyo titular actual es el licenciado Guillermo Núñez Loyo.
Es importante aclarar que, en su momento, los supuestos ejidatarios interpusieron amparos, que fueron sobreseídos por declararlos improcedentes, pues en los considerandos de la resolución judicial se expone que el gobierno estatal pagó la indemnización que corresponde al núcleo ejidal por la expropiación. Asimismo, los quejosos no realizaron en tiempo y forma recurso alguno durante el periodo establecido en la ley a la expropiación ante el Fonafe.
Al día de hoy, y a pesar de que la compra del terreno destinado a la construcción de vivienda popular se realizó con todas las formalidades legales, de que se indemnizó en su momento a los ejidatarios anteriores propietarios de los predios y de que los juicios de amparo interpuestos por los quejosos han sido sobreseídos, además de que quedan acreditados de manera fehaciente el despojo y el fraude denunciado en diversas ocasiones ante autoridades de los Poderes Ejecutivo y Judicial en el estado de México, lo cierto es que nada se ha hecho para impedir ni mucho menos revertir la tremenda injusticia que se comete contra quienes legalmente adquirieron los terrenos, la Unión de Colonos, Inquilinos, Solicitantes de Vivienda y Comerciantes Lomas del Parque, AC.
Por las razones expuestas, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para que se considere de urgente resolución, proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobernador constitucional del estado de México, licenciado Enrique Peña Nieto, a intervenir a efecto de impedir que se continúe el despojo de tierras de que son víctimas los integrantes de la Asociación Civil Lomas del Parque, de Tultitlán, México.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de enero de 2010.
Diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LA SRE PARA QUE EN LA DELEGACIÓN
PERMANENTE ANTE LA UNESCO MANTENGA EMBAJADOR ESPECÍFICO Y AUTÓNOMO
DE CUALQUIER OTRA EMBAJADA DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO FELIPE
SOLÍS ACERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Felipe Solís Acero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, sustentado en las siguientes
Consideraciones
Hace unos días, el 10 de enero de 2010, se publicó en la prensa nacional la especie de que el gobierno federal ordenó cerrar la delegación permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
La Secretaría de Relaciones exteriores confirmó esta versión con algunos matices y una pretendida justificación.
En efecto, el subsecretario de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, según se publicó el 13 de enero de 2010 en un diario de circulación nacional, dijo que "La misión permanente de México ante la UNESCO permanece, así como los funcionarios adscritos que están en la oficina … Todo el personal del servicio exterior y local permanece y el cambio –por razones de presupuesto– es que en lugar de tener un embajador será el encargado de llevar la relación con Francia quien vea a este organismo".
Es decir, por razones presupuestales –un ahorro de 206 mil dólares mensuales según se refiere en notas de prensa–, el gobierno de México decide que los temas que competen a la delegación permanente ante la UNESCO serán atendidos en lo sucesivo por el embajador de México en Francia.
Con esta decisión, el gobierno mexicano elimina la autonomía de la delegación permanente –al hacerla depender del embajador de México ante la República de Francia– y, además, elimina también la especialidad de la representación, ya que las tareas vinculadas con la educación, la ciencia y la cultura serán actividades adicionales a las ya muy importantes que desarrolla el Embajador de México en Francia.
Lo anterior, de suyo implica un desdén de los asuntos educativos, científicos y culturales del gobierno del presidente Felipe Calderón, degradando la atención de esos temas al hacerlos parte de la actividades cotidianas de un embajador ante el país sede de la UNESCO y no ante el propio organismo.
El gobierno del presidente de la República resta importancia a los temas propios de la atención de la organización y disminuye y minimiza el papel histórico de México en la diplomacia internacional, particularmente en la UNESCO.
Recordemos, México ingresó en la UNESCO en 1946 y desde 1967 acoge una oficina nacional de la organización.
La organización, a lo largo de su historia, ha tenido 9 directores generales, uno de ellos, el segundo, en el período comprendido entre 1948 y 1952, Jaime Torres Bodet, diplomático, servidor público, ensayista, escritor y poeta, un mexicano de excepción.
Hasta el año de 2009, México fue miembro del Consejo Ejecutivo. Actualmente es miembro del Consejo Internacional Coordinador del Programa del Hombre y la Biósfera; del Consejo del Programa Internacional Hidrológico; del Comité Intergubernamental para la Promoción del Retorno de la Propiedad Cultural a su Lugar de Origen o su Restitución en Caso de Apropiación Ilícita; y del Comité de las Oficinas Centrales, a más de tener establecidas 11 cátedras UNESCO.
Como sabemos, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, tiene como objetivo fundamental construir la paz en la mente de los hombres mediante la educación, la cultura, las ciencias naturales y sociales, y la comunicación.
La UNESCO, en un mundo de mucha mayor relación política, económica y cultural que hace 65 años en que fue fundada (16 de noviembre de 1945), es un centro de intercambio de información y conocimiento que busca ayudar a los Estados miembros y asociados en la construcción de sus capacidades humanas e institucionales en sus diferentes ámbitos de actuación.
La organización busca crear condiciones propicias para un diálogo entre las civilizaciones, las culturas y los pueblos, fundado en el respeto de los valores comunes. Por medio del diálogo pretende que el mundo forje concepciones de un desarrollo sostenible, con observancia de los derechos humanos, el respeto mutuo y la reducción de la pobreza.
Las prioridades de la UNESCO no son ajenas a México ya que, además de perseguir el desarrollo en África y la igualdad entre hombres y mujeres, tiene como ejes de actuación, entre otros, lograr la educación de calidad para todos y el aprendizaje a lo largo de toda la vida; movilizar el conocimiento científico y las políticas relativas a la ciencia con miras al desarrollo sostenible; abordar los nuevos problemas éticos y sociales; promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural y una cultura de paz; y construir sociedades del conocimiento.
No sólo se trata de alfabetizar, no sólo de propiciar mayores niveles de educación sino hacerlo desde una perspectiva sostenible, de forma tal que la importancia de la cooperación internacional que propicia la organización abarca uno de los principales temas globales: la viabilidad de la generaciones futuras a partir de la revisión y reorientación de lo que la humanidad hace con sus recursos naturales.
La UNESCO fomenta la enseñanza de la filosofía, con el fin de estimular el pensamiento crítico e independiente, fomenta el entendimiento mutuo y propiciar de esa manera la tolerancia y la paz. Fomenta la democracia, los derechos humanos y el diálogo.
La organización promueve la investigación y el aumento de capacidades técnicas para una gestión racional de los recursos naturales; alienta la elaboración y aplicación de políticas científicas, tecnológicas y de innovación, con miras al desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.
A la UNESCO le importa el agua y los ecosistemas conexos, así como promover principios, prácticas y normas éticas en relación con el desarrollo científico, tecnológico y social.
También promueve la diversidad cultural y la cohesión social mediante el fomento del pluralismo, fomenta una comunicación libre, independiente y pluralista, y el acceso universal a la información. Vigila la libertad de prensa y denuncia públicamente los graves atentados que se perpetran contra ella, como, por ejemplo, los asesinatos y encarcelamientos de periodistas.
En fin, la UNESCO aborda temas trascendentales para las naciones y, por supuesto, para México.
Educación, ciencia y tecnología, sostenibilidad, agua, biósfera, energías renovables, derechos humanos, información y comunicación, salvaguarda del patrimonio material e inmaterial de las naciones y de la humanidad, son algunos de los muchos temas sobre los que la UNESCO toma decisiones que nos importan, que debemos atender con seriedad.
La decisión del gobierno federal es, desde esta perspectiva, al menos desdeñosa con la ciencia, la tecnología, la educación, la cultura, la comunicación y, con ello, con el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.
La inevitable falta de atención de estos temas que la decisión involucra es innegable; sería ingenuo suponer que el Embajador de México en Francia, a más de sus ocupaciones ordinarias por la relación con esa República, puede atender los numerosos y muy relevantes temas que hemos anotado brevemente, además de participar en los consejos y comités, al tiempo de mantener la relación multilateral que requerimos como Nación, las negociaciones atinentes en el interés de México, todo en temas que exigen de especialización.
El trabajo es imposible para una sola persona, por más que se conserve el equipo humano y material, sin olvidar la importancia que la misión diplomática de suyo tiene y cuyo tratamiento dice mucho de la atención que México pretende dar al organismo y a los temas que son de su competencia.
En fin, de mantenerse la decisión se abren espacios de riesgo para nuestro país, en términos de interlocución y negociación política, a más de que implica, se ha dicho, un retroceso en nuestra activa participación en la Organización. Ya se han expresado públicamente en contra diplomáticos mexicanos que encabezaron la misión en otro tiempo, quienes se han pronunciado por mantener una oficina de carácter autónomo de la Embajada de México en Francia, una oficina especializada, a nivel Embajador. Atendamos la experiencia que se suma a los argumentos que ya hemos expuesto.
Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que mantenga en la delegación permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), embajador específico y autónomo de cualquier otra embajada de México.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los veinte días del mes de enero de dos mil diez.
Diputado Felipe Solís Acero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA RESPECTO
A LA INTENCIÓN DE DESAPARECER LA OFICINA EXTERNA DE LA MISIÓN
PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA UNESCO, SUSCRITA POR EL SENADOR RICARDO
MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) nació el 16 de noviembre de 1945, México es uno de los 20 Estados fundadores y miembro desde 1946, ha tenido una oficina ante este organismo en París desde 1967.
Lo más importante para este organismo de las Naciones Unidas no es construir escuelas en países devastados o publicar hallazgos científicos. El objetivo de la organización es mucho más amplio y ambicioso: construir la paz en la mente de los hombres mediante la educación, la cultura, las ciencias naturales y sociales y la comunicación.
También se encarga de promover la colaboración entre las naciones, a fin de garantizar el respeto universal de la justicia, el imperio de la ley, los derechos humanos y las libertades fundamentales que la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión.
En la actualidad hay 193 Estados miembros de la UNESCO y seis miembros asociados.
La UNESCO desempeña cinco funciones principales, que son las siguientes:
El adelanto, la transferencia y el intercambio de los conocimientos, basados primordialmente en la investigación, la capacitación y la enseñanza.
Actividad normativa, mediante la preparación y aprobación de instrumentos internacionales y recomendaciones estatutarias.
Conocimientos especializados, que se transmiten a través de la "cooperación técnica" a los Estados miembros para que elaboren sus proyectos y políticas de desarrollo.
Intercambio de información especializada.
Dentro de la UNESCO, México ha logrado tener una significativa presencia en la lista de bienes culturales y naturales reconocidos como patrimonio mundial, lo que ha potencializado la capacidad de generación de excedentes económicos generados por la visita a los recursos mexicanos.
La presencia de nuestro país dentro de dicho organismo encierra una tradición histórica, que implica la activa participación de grandes personajes como Jaime Torres Bodet, quien fuera uno de los mejores secretarios de Educación Pública que ha tenido este país y uno de los principales promotores para la conformación de dicho organismo internacional, a grado tal, que incluso llegó a ser director general de éste de 1948 a 1952.
Todavía el pasado 4 de diciembre nuestro país resultó electo miembro del Consejo Consultivo Científico y Técnico de la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático.
En ese mismo mes, el señor Calderón soslayando la relevancia pasada y presente de la presencia de México ante este organismo, ordenó el cierre definitivo de la oficina en comento, y además transfirió las tareas propias de ésta, al personal de la Embajada de México en Francia, ajustándose a la formula que pises más pequeños han adoptado. Asimismo, soslayando la tradición histórica y la emblemática participación de la Secretaría de Educación Publica como coordinadora del Programa de la Misión Permanente, ordenó que la Secretaría de Relaciones Exteriores asumiera ese papel.
No podía ser de otro modo, pues el señor Calderón tratándose de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura, ha mostrado efectivamente y de manera inexplicable una política de austeridad y debilitamiento, (un caso palpable lo encontramos en la reducción en términos reales del gasto federal en ciencia y tecnología del 4.6 por ciento para el año 2010).
Y digo de manera inexplicable, porque muy por el contrario, tratándose de asuntos que él llama "de seguridad pública", no ha tenido miramientos para asignar partidas privilegiadamente altas, cuando el destino de las mismas son los cuerpos policíacos, las fuerzas armadas y los órganos de procuración de justicia, siendo el caso que todas estas instituciones son plenamente identificadas como corruptas, ineficientes y objeto de políticas de seguridad nacional y seguridad pública totalmente cuestionables por su evidente falta de resultados. Ayer fue un claro ejemplo de como se maneja esta administración en este rubro, cuando su política es meramente discursiva, ya lo vimos ayer en la comparecencia del secretario de Seguridad Pública federal.
Por otro lado, la medida no atiende realmente a un principio de eficiencia administrativa, sino que se trata de una medida precipitada en la cual no se hizo un adecuado ejercicio de evaluación para sopesar las consecuencias que esto puede acarrear. Existe hipocresía al respecto, ¿Porque la embajada de México en el Vaticano no sólo permaneció intocable, sino que además, se le pretende dotar mayores recursos?
En un país en donde se le está poniendo tan poca atención a los verdaderos problemas estructurales que producen el escenario de inestabilidad política, económica, social y de inseguridad pública y en donde la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura son factores indispensables para abatir estos problemas, el juego de ponderaciones de la administración calderonista, no solamente es errático, sino que está totalmente invertido.
Debemos apostarle todo a la educación, tenemos como ejemplo a varios países como Japón, India, Corea, China, Brasil y Costa Rica, los cuales a raíz de esta inversión han tenido un fuerte crecimiento y desarrollo tecnológico; incluso en este último a mediados del siglo pasado se decidió erradicar al ejército y se destinaron gran parte de los recursos que eran propios de éste a la educación.
De perpetrarse las desorientadas intenciones del seño Calderón, no solamente se daría un paso más a la jibarización de la presencia de México en la palestra internacional, sino que se estaría menospreciando y traicionando una histórica tradición, construida a base de los esfuerzos de mexicanos ilustres que si tenían bien definida la senda que debíamos de tomar para arribar al progreso, el desarrollo y el bienestar general.
La política exterior llevada a cabo por la actual administración por el contrario, va sin brújula ni rumbo como en muchas otras materias.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Por el que se le solicita al Ejecutivo federal rinda un informe detallado sobre los verdaderos motivos que tuvo para pretender cerrar la Oficina Externa de la Misión Permanente de México ante la UNESCO, cuando se dejaron intactas otras representaciones diplomáticas y se aumentó el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Segundo. Por el que se le exhorta al Ejecutivo federal claudique en sus acciones de desaparecer la representación de la Oficina Externa de la Misión Permanente de México ante la UNESCO, y a su vez se fortalezca con la determinación de beneficiar a México en los temas que a esta le competen.
Tercero. Por el que se le solicita al Ejecutivo federal exhorte a la secretaria de Relaciones Exteriores para que rinda un informe pormenorizado de las actividades de la oficina de México ante ese organismo.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el día 20 del mes de enero de 2010.
Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTAURAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA
SOLUCIONAR LA INSEGURIDAD EN BAJA CALIFORNIA, SUSCRITA POR EL SENADOR FERNANDO
CASTRO TRENTI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, Fernando Castro Trenti, legislador integrante de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter al pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
A raíz del recrudecimiento de la ola de violencia que en los últimos días se ha suscitado en Tijuana, Baja California, líderes empresariales de dicha ciudad, el día lunes de esta semana, exigieron mayor presencia policial y demandaron resultados a las autoridades, advirtiendo que subirán el tono de la exigencia si no se frenan los delitos de alto impacto. Además, solicitaron al Congreso de la Unión su intervención para hacer frente a la situación que impera en la región.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, Fernando Otañez Martínez, expuso que están viendo con enorme preocupación cómo se ha incrementado la violencia, lo que les obligó a convocar a los gobiernos estatal y municipal a una reunión con carácter urgente.
La inseguridad es un problema que envenena a la sociedad mexicana y la de Baja California no es la excepción.
Es bien sabido que desde que el titular del Ejecutivo federal rindió protesta, la lucha frontal contra el crimen organizado ha sido su lema y plataforma política. Sin embargo, y a pesar de que hemos sido testigos de la implementación de planes, acciones y estrategias en todos los niveles de gobierno, la ola de violencia causada por el crimen organizado, lejos de aminorar o desaparecer, se ha ido acrecentando de manera alarmante.
Tan sólo durante el 2009, fueron registrados más de 7 mil 700 asesinatos violentos y vinculados, presuntamente, con el crimen organizado; ya van más de 16 mil asesinatos de este estilo desde que el presidente de la República asumió su encargo.
En lo que va de este 2010 se han registrado más de 280 muertes violentas. En Tijuana, en lo que va del mes de enero, la cifra oficial de homicidios dolosos, los primeros quince días llegaron a 74, lo que supera los 73 registrados en todo el mes de enero del 2009; si la violencia continúa con esa tendencia ascendente, este mes podría cerrar con más de 140 muertes relacionadas con los delitos de alto impacto, lo que superaría la cifra de diciembre de 2009, el mes más violento de ese año.
Con la reciente captura de Teodoro García Simental, alias "El Teo" o "El Tres Letras", las autoridades esperaban una drástica disminución en la ola de crímenes, lamentablemente, los delitos violentos no han cesado y el impacto del crimen organizado, lejos de disminuir ha ido en aumento, prueba de esto es que junto a los cadáveres de víctimas recientes, los supuestos ejecutores han dejado al menos dos cartulinas con un texto semejante: "‘El Teo’ sigue mandando".
Es por demás sabido que el norte del país se ha visto especialmente afectado por la ola de violencia, y, por lo tanto, esta zona debe recibir una atención, si bien, no preferencial, si especial.
El atacar de fondo los problemas de inseguridad pública que padece el país no está reñido con una política de crecimiento económico que incremente el empleo, atraiga las inversiones e incentive el turismo.
La ciudadanía tijuanense se ve mayormente afectada en su ingreso debido, en parte, a que las acciones de las autoridades federales no han tomado en cuenta el impacto negativo sobre la economía que causa la inseguridad. Es lamentable que debamos enfrentar determinaciones administrativas que agravan la crisis económica más de lo que disminuyen la delincuencia organizada o la violencia, lo cual ha generando en la comunidad la percepción de que nos encontramos entre dos fuegos: por un lado el proveniente de la delincuencia organizada y por el otro la insensibilidad de las autoridades administrativas.
La imposición de algunos planes gubernamentales, como el Siave o la material prohibición a la importación de vehículos usados, han significado el atropello de las expectativas de la sociedad fronteriza.
El Sistema de Aforo Vehicular (Siave), el cual pretende brindar eficacia en el combate al contrabando, no se justifica por los efectos negativos que tendrá en la vida común de las fronteras. La medida en contra de la importación de vehículos usados, ha provocado la movilización de los ciudadanos del norte del país, inconformes con la forma en que las autoridades hacendarias y policíacas han venido criminalizando a los propietarios de autos importados, afectando el comercio, el turismo, el empleo y, por ende, mermando la ya muy deteriorada capacidad de consumo de las familias mexicanas, en especial las bajacalifornianas.
Producto de la inseguridad y de equivocadas decisiones gubernamentales, aunado a la crisis económica global, en el último año en Baja California se ha incrementado el número de personas desocupadas, pasando de 21 mil 800 a 82 mil, un 7.56 por ciento, lo que coloca a esta entidad en el décimo lugar nacional en tasa de desocupación1. Resulta lógico pensar que el alto grado de desempleo en la entidad, provocado en parte por malas decisiones administrativas, se convierta en detonante para la inseguridad que se vive en Baja California.
Preocupados por la grave situación que padece la sociedad tijuanense, el sector empresarial de esa ciudad ha manifestado la imperiosa necesidad de implementar medidas para enfrentar la criminalidad, sin que con esto se generen más problemas para la economía local, pues, la fuga de capitales, tanto nacionales como extranjeros, continúa a raíz de la situación de inseguridad que se vive en la ciudad, lo que repercute directamente en la economía nacional.
Una de sus propuestas, es la presencia de más elementos de la Policía Federal Preventiva en las calles de la ciudad de Tijuana, donde se han registrado la mayor parte de los hechos delictivos, a fin de inhibir la presencia de las organizaciones criminales y de sus integrantes que circulan libremente por las calles de la ciudad.
Señores legisladores: es tiempo de actuar para remediar esta situación y la única manera de lograrlo es mediante la cooperación entre poderes y el trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno.
El pueblo bajacaliforniano espera la decidida actuación de sus representantes en el Congreso de la Unión, la Comisión Permanente no puede menos que solidarizarse con el sector productivo de Baja California, que reclama mayor seguridad en las calles, en beneficio de las familias bajacalifornianas.
Desde el Congreso de la Unión, debemos exhortar al titular del Ejecutivo federal para que incremente la participación de las fuerzas policíacas en la entidad, en especial en Tijuana, Baja California. Asimismo, debe llevarse a cabo un operativo para combatir la inseguridad y el crimen organizado que victimiza a dicha entidad federativa.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este pleno, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a la luz de la creciente ola de violencia que se está viviendo en Tijuana, Baja California, se solidariza con las exigencias del sector productivo de esta ciudad, referentes a la urgente necesidad de implementar medidas efectivas para dar una satisfactoria solución a este problema de inseguridad. Asimismo, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que, por medio de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, incremente la presencia de elementos de la Policía Federal Preventiva y se instrumenten las medidas necesarias para apoyar a la población bajacaliforniana.
Nota
1. Banco de Información Económica, BIE,
del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 20 días del mes de enero de 2009.
Senador Fernando Castro Trenti (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA
AL DIRECTOR GENERAL DE LA CONAGUA QUE INSTRUYA AL COORDINADOR GENERAL DEL
SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL PARA QUE ASISTA A LA REUNIÓN
ANTE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DEL SENADO A FIN DE
ANALIZAR EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO METEOROLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO 2009, SUSCRITA POR EL SENADOR SERGIO ÁLVAREZ
MATA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, senador Sergio Álvarez Mata, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de los siguientes
I. Antecedentes
En el marco del Acuerdo de Cooperación Internacional, suscrito en septiembre de 2005 entre la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) –Proyecto Premia– y del Programa de Cooperación de los Servicios Meteorológicos Iberoamericanos, la Conagua solicitó el apoyo y asistencia técnica de la OMM para la realización de un diagnóstico institucional del Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN) y para el diseño de un plan estratégico de desarrollo para su fortalecimiento y modernización.
En consecuencia se constituyó una misión de la OMM con la Dirección de la Oficina para las Américas, la Gerencia de la Oficina de Movilización de Recursos y un equipo de consultores expertos procedentes de la Agencia Estatal de Meteorología de España, el Instituto de Meteorología de Finlandia y la Universidad Autónoma de México.
Los componentes del proyecto y los consultores de la OMM, de acuerdo con los términos de referencia, fueron
2. Redes de observación y telecomunicaciones meteorológicas;
3. Desarrollo de productos y servicios meteorología; y
4. Desarrollo de infraestructura para los temas de clima y cambio climático.
II. Algunos aspectos del diagnóstico realizado por la OMM
La observación meteorológica está dispersa en diferentes instituciones y gestionada con diferentes criterios. La cobertura espacial con las estaciones de superficie gestionadas por el SMN (sinópticas y automáticas) es insuficiente para la extensión y características geográficas y climáticas de México.
La falta de mantenimiento, refacciones y consumibles para los sistemas de observación conlleva una importante pérdida de información. Además de la falta de calibración de los sensores de las estaciones meteorológicas hace que sus datos sean cuestionables.
La estructura organizativa y operacional del SMN es poco adecuada para generar productos y servicios para sectores específicos. Los métodos de elaboración y producción de información meteorológica son fundamentalmente manuales sin que se haya avanzado suficientemente en una automatización que optimice su eficiencia.
Tiene una notable insuficiencia de personal para poder llevar a cabo las tareas propias de un SMN. Aunque este personal, en su mayoría, tiene una indudable vocación meteorológica, carece, en muchos casos, de la formación académica y capacitación profesional para aprovechar las modernas técnicas y procesos de elaboración de nuevos productos que serían muy útiles para satisfacer gran parte de las demandas de los usuarios.
El curso de la actividad económica de nuestro país requiere contar con estructuras gubernamentales lo suficientemente eficaces que anticipen fenómenos atmosféricos e hidrometeorológicos que representen una amenaza a esa actividad, para que la integridad física de los mexicanos pueda ponerse a salvo frente a condiciones climáticas adversas, así como para que el flujo de recursos financieros que garantizan el bienestar de nuestros ciudadanos no se vea afectado.
Recientemente, como se expuso, por solicitud expresa del Servicio Meteorológico Nacional a la Organización Mundial Meteorológica, esta institución que agrupa a 188 países miembros, entregó a la Comisión Nacional del Agua el diagnóstico preliminar del Servicio Metereológico en la que detallan las debilidades bajo las que opera ese organismo en la predicción de las condiciones atmosféricas e hidrometeorológicas.
El resultado de ese estudio alerta sobre la necesidad de invertir en recursos humanos suficientemente capacitado, así como en recursos materiales y financieros que redimensionen el trabajo del Servicio Meteorológico Nacional.
De acuerdo con cifras del Centro Nacional de Prevención de Desastres (características e impacto socioeconómico de los principales desastres ocurridos en la República Mexicana en 2007) los daños provocados por la presencia de huracanes y otros fenómenos naturales, afectó a más de tres millones de personas, de los cuales ocurrieron 526 decesos y sumó la cantidad de 4 mil 248 millones de dólares.
En materia de protección civil, la participación del SMN es fundamental ya que los avisos de los fenómenos hidrometeorológicos permiten al Centro Nacional de Prevención de Desastres orientar su trabajo y prevenir a la población de agentes destructivos.
Ello da cuenta de la ineludible necesidad de atender el diagnóstico preliminar de la Organización Meteorológica Mundial para corregir las fallas del Servicio Meteorológico Nacional y de apoyar como legisladores la inversión en esta área, no sólo como medida de precaución en la cadena productiva, sino fundamentalmente para salvaguardar la integridad física de los habitantes en nuestro país.
En suma, las observaciones de la Organización Meteorológica Mundial indican que deben traducirse en acciones a corto, mediano y largo plazos que dirijan la función del Sistema Meteorológico Nacional, por lo que someto a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al director general de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, que instruya al coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Felipe Adrián Vázquez Gálvez, para que asista a la reunión de trabajo con la Comisión de Protección Civil del Senado de la República para analizar el proyecto de modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México 2009 y, en su caso, el plan estratégico para corregir las deficiencias del servicio.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2010.
Senador Sergio Álvarez Mata (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE LA ASF EFECTÚE UNA REVISIÓN DE OBRA PÚBLICA E
INVERSIÓN FÍSICA Y DE SEGUIMIENTO DE LAS LICITACIONES, DE
LOS CONTRATOS Y DE LAS CONCESIONES DE LA CFE; DE QUE LA SFP REALICE LAS
INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES; Y DE QUE SE CITE A COMPARECER A DIVERSOS
SERVIDORES PÚBLICOS PARA QUE INFORMEN SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS
AL RESPECTO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAMÓN JIMÉNEZ LÓPEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Recientemente el Departamento de Justicia de Estados Unidos puso al descubierto una red de corrupción entre la subsidiaria de una empresa suiza, con sede en Texas, y funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en México, que permitió que ambas partes se beneficiaran de pactar contratos sin licitación alguna y a cambio de sobornos.
Cabe señalar que la CFE otorgó en 1997, y después renovó en 2003, a la filial texana del grupo suizo ABB para que operara un centro eléctrico. El contrato en cuestión fue para operar el Centro Nacional de Control de Energía y suscrito en 1997, cuando era titular de la CFE el actual consejero de Pemex Rogelio Gasca Neri, posteriormente renovado en 2003 en un proceso de actualización de licencias.
La Corte Federal del Distrito sur de Texas indaga presuntos sobornos a funcionarios de la paraestatal. En este sentido el Departamento de Justicia estadounidense detuvo al ex gerente de la compañía ABB, John Joseph O’Shea, quien se apoyaba en el intermediario mexicano Fernando Maya Basurto. Es importante mencionar que John Joseph O’Shea, ha sido acusado de conspiración, violación de la Ley Anticorrupción, lavado internacional de dinero y falsificación de registros. En tanto que Maya Basurto fue arrestado y se declaró culpable poco antes de que se produjera el arresto de su socio, Joseph O’Shea. Por lo que Maya Basurto es un testigo clave de las autoridades judiciales de Estados Unidos para desentrañar una maraña de intereses y corruptelas.
A cambio de recibir contratos, la empresa suiza ABB especializada en sistemas eléctricos, robótica y alta tecnología, entregó dinero a varios servidores públicos que estaban adscritos a la Subdirección de Transmisión, Transformación y Control de la CFE. Joseph O’Shea y Maya Basurto crearon un esquema para destinar 10 por ciento del valor de los contratos firmados con la CFE a sobornar a un indeterminado número de funcionarios en México.
En 2004, cuando se firmó uno de los acuerdos, O’Shea y Maya canalizaron recursos a distintas cuentas bancarias de cuatro funcionarios mexicanos de la CFE. Es pertinente mencionar que uno de los pagos fue a parar a una escuela militar en Estados Unidos para pagar la colegiatura de un hijo de un funcionario de la CFE.
La empresa subsidiaria de ABB en Texas mantenía contratos con la CFE desde 1997 para mejorar la red eléctrica. En ese año, ambas empresas firmaron el contrato Sitracen.
En octubre de 2003, la CFE otorgó a la empresa texana un contrato multianual conocido como "Evergreen" para el mantenimiento del Sitracen. El contrato que, se firmó en diciembre de 1997, cubre el soporte tecnológico para los sistemas de control y despacho eléctrico del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
Por involucrar el uso de licencias, el contrato fue actualizado en 2003, en lo relacionado con el mantenimiento y renovación de versiones operativas. El Cenace forma parte de la Subdirección de Transmisión, Transformación y Control (Sitracen) de la CFE, y el contrato en cuestión se concretó en la anterior administración de la empresa, que estuvo a cargo de Rogelio Gasca Neri, quien hoy se desempeña como consejero profesional de Petróleos Mexicanos.
Por su parte, O’Shea, Maya Basurto y funcionarios de la CFE acordaron que aproximadamente 10 por ciento de los ingresos que recibiría la empresa en Texas serían regresados a funcionarios de la CFE como pagos. Además se pactó que O’Shea recibiría aproximadamente 1 por ciento de los ingresos generados por ese contrato. De acuerdo con la acusación en Estados Unidos se estima que el contrato Evergreen generó aproximadamente 37 millones de dólares.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos se emplearon facturas falsas para pagos por servicios técnicos y de apoyo de mantenimiento, mientras que los acusados enviaron fondos vía electrónica, los cuales son presuntamente pagos corruptos.
También se hicieron pagos adicionales de comisión a Basurto y su familia, los cuales fueron trasladados a por lo menos cuatro funcionarios de la CFE. Asimismo, se usaron cuentas en Alemania y empresas ficticias en México para trasladar los pagos a los funcionarios de CFE.
Según el Departamento de Justicia estadounidense, O’Shea autorizó pagos corruptos a funcionarios de la CFE. Fue una investigación interna de la propia empresa matriz suiza que acabó con el negocio cuando de manera voluntaria reveló los pagos ilícitos al Departamento de Justicia y la Comisión de Valores. En tanto que la empresa ABB informó que O’Shea fue cesado en 2004.
Los pagos a los funcionarios mexicanos tuvieron diversos nombres, entre ellos pagos a los buenos tipos (good guys) o impuestos de tercer mundo. Mientras que, en algunos casos, los pagos se depositaban en cuentas de familiares de los funcionarios de la CFE. La acusación por parte del Departamento de Justicia hace referencia a cuatro funcionarios de la CFE a quienes sólo se menciona con letras (N, J, C y G) como parte de la conspiración. Además, incluye a cinco individuos y empresas en México que tampoco son identificados más allá de una letra, los cuales se supone también son participantes.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que la Auditoría Superior de la Federación lleve a cabo una auditoría especial, así como de obra pública e inversión física y de seguimiento de los contratos, licitaciones y concesiones de la Comisión Federal de Electricidad del periodo citado en el presente punto de acuerdo.
Segundo. Se acuerda solicitar a la Secretaría de la Función Pública que proceda a realizar una investigación sobre los contratos y licitaciones de la Comisión Federal de Electricidad en el periodo citado, una vez concluido el estudio que sus conclusiones se entreguen a la Comisión de la Función Pública de esta soberanía y, en su caso, proceda a fincar las responsabilidades que a sus atribuciones corresponda.
Tercero. Esta soberanía acuerda solicitar la comparecencia del secretario de la Función Pública, del director de la Comisión Federal de Electricidad y del consejero de Pemex, Rogelio Gasca Neri, para que expliquen y proporcionen un informe detallado de los contratos de la CFE, con objeto de que esta soberanía cuente con mayores elementos al respecto. Asimismo, que las entidades relacionadas: Secretaría de Energía, Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía, rindan cuentas sobre los contratos en CFE.
Palacio Legislativo, a 20 de enero de 2010.
Diputado Ramón Jiménez López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA CONSAR Y DE
LA SHCP A REVISAR LAS INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES
COLOCADOS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, SUSCRITA POR EL SENADOR RICARDO
MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El día de ayer apareció en el periódico Reforma la prestigiada columna "Coordenadas", de Enrique Quintana, titulada "La nueva burbuja", en la que se cuestiona lo siguiente:
A diferencia de México, el índice Dow Jones cerró ayer en 10 mil 663 puntos, lo que todavía lo deja muy lejos de los poco más de 14 mil puntos que obtuvo en octubre de 2007.
Cuando se hace esta comparación surge una pregunta: ¿cómo es posible que la economía mexicana se encuentre atada al desempeño de la de Estados Unidos de América, mientras que al parecer el valor de las empresas que cotizan en la bolsa, expresado en el precio de las acciones, no lo está?
Eso es parte de la especulación que es intrínseca en los mercados financieros. Sin embargo, también señala el riesgo de que estemos frente a una burbuja y que en algún momento vaya a reventarse.
Los múltiplos precio-utilidad de las empresas bursátiles mexicanas ya están muy por arriba de sus promedios previos a la crisis. Los estimados del mercado para el cierre de año son de 15 veces el precio-utilidad frente a un promedio de 12.8 veces en los últimos 5 años y de 9 veces en el primer trimestre de 2009.
Así que o las compañías logran un despegue espectacular de sus utilidades o no va a haber sustento para los precios que encontramos en el mercado accionario mexicano.
La preocupación respecto a lo que pasa con los mercados bursátiles no es un asunto local. La edición de esta semana de The Economist señala que el futuro de los mercados depende de estímulos gubernamentales que son insostenibles en el largo plazo, por lo que algo tendrá que suceder.
El semanario británico hace una advertencia. Imagine que los estímulos fiscales y monetarios tienen resultado y, en el curso de este año, las economías del mundo desarrollado empiezan a crecer de manera firme. Si esto sucediera, habría un aumento en la demanda de crédito que presionaría a las tasas de interés al alza y con ello se crearía el riesgo de un reventón de la burbuja en los mercados bursátiles.
Pero si las economías no crecieran de manera firme y no se generara tal demanda de crédito, entonces habría el riesgo de que los resultados de las empresas no validaran las expectativas que se reflejan en sus precios y entonces también habría riesgos de que los inversionistas se salieran del mercado y propiciaran una caída de las acciones.
El otro riesgo es el manejo del déficit público. No va a ser fácil que se cumplan las promesas de reducción que se han hecho, pues va contra la naturaleza de los políticos hacer recortes del gasto y hay poco margen para aumentar impuestos.
Si la demanda de recursos de los gobiernos es más fuerte y prolongada de lo que se supuso previamente, entonces lo más probable es que allí surja otra presión que eleve las tasas de interés.
Dicen que con mucha frecuencia los gérmenes de la siguiente crisis financiera aparecen en el modo en que se soluciona la previa.
En este momento, el alza de los mercados bursátiles se ha convertido en una señal positiva para la economía, pero si ese incremento es más bien una burbuja, entonces el reventón de ésta podría dar lugar a un nuevo tropezón financiero apenas cuando la economía mundial empezaba a levantar la cabeza nuevamente."
Hasta aquí la columna del periódico Reforma que, en nuestra opinión, tiene todos los fundamentos para ser tomada muy en cuenta, pues es muy obvio que la economía mexicana no está en las mejores condiciones que hagan lógica y justificable esta desproporcionada alza de la Bolsa Mexicana de Valores.
Es un aviso muy oportuno para tomar las medidas urgentes y oportunas y evitar una nueva "minusvalía" de los fondos de pensiones de los trabajadores, considerando que una parte de dichos fondos de pensiones están precisamente invertidos en la Bolsa Mexicana de Valores y por consiguiente están expuestos al "reventón de esta nueva burbuja bursátil".
El Congreso Mexicano debe evitar que de nueva cuenta que se afecte la de por sí precaria rentabilidad de los fondos de pensiones de la clase trabajadora mexicana, ya afectada significativamente por las elevadas comisiones de las administradoras que han sido las únicas beneficiadas de este esquema de pensiones implantado y sostenido en nuestro país, no obstante las negativas experiencias de otros países que lo implantaron con anterioridad al nuestro.
Ya el año pasado los trabajadores sufrieron severas pérdidas que pomposamente la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) calificó como simples "minusvalías" que se recuperarían en el muy largo plazo, lo cual no necesariamente sería en el largo plazo, pues todos sabemos que, por la crisis económica, muchos de los trabajadores han tenido necesidad de retirar parte de sus ahorros disminuidos por las "minusvalías". Minusvalías que pudieron haberse evitado si la Consar hubiese actuado con efectividad en defensa de los trabajadores, vigilando oportunamente las inversiones más adecuadas de los fondos de manera tal que al bajar de precio determinados tipos de valores, los fondos de los trabajadores de las afore ya no estuvieran invertidas en esos valores que previsiblemente con la experiencia y conocimiento de los expertos se podía suponer previamente su pérdida de valor. Pero claro, no son sus inversiones, sino las de millones de trabajadores que desconocen el manejo y funcionamiento de los mercados de valores y bursátiles.
Por lo anterior, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, me permito proponer a esta Comisión Permanente el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Consar y al secretario de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno de la Consar, a realizar de de inmediato una profunda revisión de las inversiones de los fondos de pensiones de los trabajadores invertidos en la Bolsa Mexicana de Valores y, con la oportunidad y diligencia debidas, ejecuten los cambios de inversiones necesarias para evitar que se afecte la rentabilidad de los fondos de pensiones de los trabajadores por el eventual "reventón de la burbuja bursátil" que razonablemente se prevé pudiera sufrir el mercado bursátil en nuestro país.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso, a 20 de enero de 2010.
Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que
se exhorta al Ejecutivo federal a iniciar mediante la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas la construcción
de los tramos carreteros Sola de Vega-Santa Cruz Zenzontepec y El Vado-Los
Llanos, en Oaxaca, suscrita por el senador Adolfo Toledo Infanzón,
del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe Adolfo Toledo Infanzón, legislador integrante de la Comisión Permanente a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El desarrollo de infraestructura carretera es sin duda alguna uno de los pilares básicos que impulsan y detonan el crecimiento económico y social de cualquier estado, región o comunidad. Los caminos y carreteras no sólo constituyen la principal forma de comunicación; propician y aceleran además el intercambio de bienes, servicios y personas.
Datos del Consejo Nacional de Población y del Inegi apuntan que tenemos más de 10 millones de habitantes indígenas mexicanos, de los cuales al menos 2.5 millones viven en localidades ubicadas a más de 3 kilómetros de distancia de caminos pavimentados o revestidos. Esta situación genera altos grados de dispersión y aislamiento geográfico para las comunidades indígenas, convirtiéndose éste, en uno de los mayores problemas a los que se enfrentan.
Ahora bien, en el Plan Nacional de Desarrollo, el Ejecutivo federal establece que: "México debe su riqueza cultural y su carácter distintivo como pueblo único en el mundo a la herencia formidable de sus pueblos originarios. Su rico patrimonio en lenguas, arte y cultura convierten a México en una de las naciones latinoamericanas con mayor legado y población indígenas. El profundo carácter mestizo de la nación mexicana sólo puede explicarse por el pasado milenario y el presente enriquecedor de sus pueblos y comunidades indígenas1"
Y reconoce que, desgraciadamente, los pueblos y comunidades indígenas aún no disfrutan de una situación social y económica propicia para un mejor desarrollo humano; se caracterizan por vivir en altos niveles de pobreza y en una situación de significativa desventaja. El combate al rezago social de los pueblos y comunidades indígenas representa una de las áreas de política de mayor relevancia para el desarrollo de México.2
En este sentido, la red de comunicaciones terrestres resulta un factor determinante para mejorar la calidad de vida de los indígenas y establecer un mayor grado de progreso y nivel de desarrollo.
En México, y específicamente en los municipios de la Sierra Sur del estado de Oaxaca, la carencia de comunicaciones eficientes han sumergido a las poblaciones indígenas en profundas problemáticas; la dificultad del abastecimiento de productos y alimentos, el acceso eficiente a los servicios de salud en caso de emergencia, a las escuelas, el no poder comercializar sus producciones locales y las conflictos para que los programas institucionales operen con eficiencia, son sólo alguno de ellos.
Reconocer estas problemáticas significa un avance, sin embargo no es la solución; hace falta asignar recursos, y más que asignar ejercerlos. Desde el 2005, la Presidencia de la República y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas anunciaron su compromiso de ampliación y modernización de tramos carreteros en la Sierra Sur de Oaxaca, sin embargo y por razones que desconocemos, los trabajos no han sido continuados y se han estacando en cuanto a su ejecución.
De este modo, tramos de construcción carretera como el de Sola de Vega-Santa Cruz Zenzontepec, así como el de El Vado-Los Llanos y kilómetros subsecuentes han quedados varados, situación que ha llevado a las comunidades indígenas de Oaxaca a continuar viviendo en condiciones de pobreza y rezago social.
Es fundamental que el gobierno federal incremente el desarrollo de condiciones que estimulen la modernización de las vías de comunicación para estas comunidades. La continuación de inversión, por lo consiguiente, de los tramos carreteros de Sola de Vega-Santa Cruz Zenzontepec, de El Vado-Los Llanos y tramos subsecuentes es impostergable.
Por ello, hacemos un exhorto al Ejecutivo federal para que inicie los trabajos y ejerza de manera inmediata los recursos asignados para estos dos tramos carreteros en el ejercicio fiscal 2010, esperando no llegar al final de año y encontrarnos nuevamente con subejercicios y obras no concluidas por desidia administrativa.
Es la oportunidad de generar empleos para las familias de una región marginada por la pobreza y el abandono, que además se encuentran catalogados dentro de los 100 municipios con menor índice de desarrollo humano del país. México atraviesa por momentos particularmente complicados, en los que debe imperar por sobre todas las cosas el interés nacional y el bienestar de su población. El desempeño de la administración pública con una visión de progreso y desarrollo debe prevalecer en el actuar gubernamental.
Por tal motivo, exhortamos al Ejecutivo federal y a la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas asumir y cumplir el compromiso de transformación, de nuevas oportunidades de desarrollo, de empleo y de vida digna de los indígenas oaxaqueños.
Es por lo anteriormente expuesto que someto a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo, para que a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ponga en marcha de manera inmediata los trabajos de construcción de los tramos carreteros Sola de Vega-Santa Cruz Zenzontepec y El Vado-Los Llanos, en el estado de Oaxaca, y se ejerza el presupuesto asignado para estos tramos carreteros de manera oportuna.
Notas
1. Plan de Desarrollo Nacional 2010.
2. Ídem
Salón de la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2010.
Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEGOB Y AL IFE A CONSIDERAR LA VIABILIDAD TÉCNICA,
OPERATIVA Y FINANCIERA DE QUE EL DOCUMENTO ÚNICO ELECTORAL Y DE
IDENTIDAD SEA EXPEDIDO A LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR, SUSCRITA
POR EL SENADOR LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
Luis Alberto Villarreal García, senador de la república en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Federal Electoral a considerar la viabilidad técnica, operativa y financiera de que el documento único electoral y de identidad sea expedido a los mexicanos residentes en el exterior, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El derecho al voto es considerado el derecho político por excelencia, que permite al ciudadano manifestar su voluntad en favor del candidato u opción de su preferencia en sufragios realizados para ocupar ciertos encargos públicos.
En el sistema jurídico del país, el voto es tanto un derecho como una obligación para los ciudadanos. El derecho al voto está inscrito en la fracción I del artículo 35 de la Carta Magna: "Son prerrogativas del ciudadano: I. Votar en las elecciones populares". En cuanto a la obligación de votar en elecciones populares, ésta se encuentra en la fracción III del artículo 36 de la Constitución: "Son obligaciones del ciudadano de la república: votar en las elecciones populares en los términos que marque la ley".
Asimismo, el artículo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) establece que "votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular" y que éste es "universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible".
Diversos instrumentos internacionales de derechos humanos de los cuales México es parte contienen disposiciones relativas al derecho de voto; por ejemplo:
2. El Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que en el artículo 25 establece que "todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre elección de la voluntad de los electores".
3. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 23 establece que "todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores".
4. La Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre, que establece en el artículo XX que "toda persona legalmente capacitada tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de anticipar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres".
5. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares establece en el artículo 41: "Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a participar en los asuntos públicos de su Estado de origen y a votar y ser elegidos en elecciones celebradas en ese Estado, de conformidad con su legislación" y que los Estados de que se trate facilitarán, según corresponda y de conformidad con su legislación, el ejercicio de esos derechos.
Muchas organizaciones de inmigrantes mexicanos, en especial en Estados Unidos, han propugnado intensamente porque se les permita ejercer el voto en su lugar de residencia.2
Para tal efecto se aprobaron, en junio de 2005, reformas del Cofipe, con el objetivo de permitir la participación de los mexicanos en el exterior en las elecciones presidenciales. Las reformas, enmarcadas en el Libro Sexto de dicho código, establecen que quienes cumplan el artículo 34 de la Constitución (requisitos de ciudadanía) y el párrafo 1 del artículo 6 del Cofipe (estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar) podrían participar en las elecciones para presidente de la República.
Para ejercer el voto, los ciudadanos en el extranjero necesitan solicitar su inscripción en la lista nominal de electores en el extranjero y manifestar el domicilio en el extranjero en que se hará llegar la boleta electoral. En caso de ser aceptados en la lista nominal, el voto debe enviarse entonces por correo certificado y debe ser recibido en el Instituto Federal Electoral hasta 24 horas antes que se lleve a cabo la elección.
Según estimaciones de El Colegio de la Frontera Norte, en 2006 había entre 2.4 y 4 millones de mexicanos en el exterior que cumplían los requisitos para ejercer el derecho de voto.3
Pese a las amplias expectativas que se generaron por la participación de ciudadanos mexicanos en los comicios para elegir al presidente de la República en 2006, los resultados fueron desalentadores: únicamente 54 mil 780 connacionales solicitaron su registro en la lista nominal de electores en el extranjero, de los que 13 mil 904 fueron rechazados. Asimismo, sólo 32 mil 632 personas enviaron su voto en tiempo y de acuerdo con lo establecido en la ley.4 De esa manera, si se consideran las estimaciones más bajas de El Colegio de la Frontera Norte sobre la cantidad de ciudadanos mexicanos que tienen la capacidad de votar –2.4 millones de connacionales–, únicamente 1.36 por ciento de ellos lo hizo en las elecciones presidenciales de 2006.
Entre los motivos que pueden explicar la baja participación de los mexicanos en el extranjero se encuentran los siguientes: la poca capacidad de difusión en el extranjero de los procedimientos de registro en la lista nominal de electores en el extranjero, el hecho de que el envío del voto por correo certificado tenía un costo de entre 8 y 9 dólares, y que muchos connacionales se encuentran de manera indocumentada, en especial en Estados Unidos, y tienen miedo a ser detenidos o deportados al ir a ejercer su derecho; y, por último, que gran cantidad de ellos no cuenta con credencial para votar.
Durante el proceso de análisis que alimentó las reformas del Cofipe en 2005 se manifestó la imposibilidad técnica y la inviabilidad financiera de realizar en el exterior un proceso credencialización y el empadronamiento de mexicanos en el exterior.
En fechas recientes, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal Electoral anunciaron que trabajan de manera coordinada para expedir un solo documento oficial que permita que los ciudadanos "acrediten fehacientemente su identidad en todos los ámbitos" y, a la vez, les permita ejercer el derecho de voto.5
Es indispensable que, ante la situación descrita en estas líneas, ambas instituciones consideren la importancia de los ciudadanos en el exterior, y realicen un esfuerzo para que, de crearse un nuevo documento de identidad que permita a los ciudadanos mexicanos identificarse y ejercer el derecho al voto, se facilite a los millones de connacionales que viven en el exterior la obtención de este documento, con el objetivo de que puedan participar en futuras elecciones, de acuerdo con la Constitución, los tratados internacionales que aquí han sido mencionados y demás disposiciones de ley en la materia.
El proceso electoral de 2006 dejó la experiencia de que es necesario facilitar el ejercicio del sufragio para los mexicanos residentes en el extranjero. Por ello, ante la coyuntura que representa la expedición del documento electoral y de identidad, consideramos indispensable que por razones técnicas, operativas y presupuestales, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal Electoral analicen la importancia de que los connacionales residentes en el exterior se beneficien en forma igual que todos los mexicanos y reciban una cédula de identidad que, a la vez, los acredite como electores.
Por todo lo expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Federal Electoral a efecto de que ante la próxima expedición de un solo documento oficial que permita a los ciudadanos, acreditar fehacientemente su identidad y, al mismo tiempo, garantizar el ejercicio de su derecho al voto, consideren la viabilidad técnica, operativa y presupuestal para que dicho documento también sea expedido a los mexicanos residentes en el exterior, con la finalidad de que puedan identificarse como mexicanos y ejercer su derecho al sufragio.
Notas
1. Pew Hispanic Center, Mexican immigrants in the
United States, abril de 2009, página 1.
2. Instituto de los Mexicanos en el Exterior, "Voto de
los mexicanos en el exterior", en Mexicanos en el Exterior, volumen
1, número 9, noviembre de 2004, página 1.
3. Ídem.
4. Fundación Rafael Preciado Hernández,
"El voto de los mexicanos en el extranjero, un proceso perfectible", en
Papeles para la Reflexión, año I, número 37,
septiembre de 2008, páginas 1 y 2.
5. Secretaría de Gobernación, boletín
de prensa número 16/10, 14 de enero de 2010.
Senador Luis Alberto Villarreal García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA COMISIÓN PERMANENTE EXPRESA AL EJECUTIVO FEDERAL SU ENÉRGICA
CONDENA POR EL RAQUÍTICO AUMENTO DE LOS SUELDOS MÍNIMOS PARA
2010 Y SE SOLICITA QUE INTERVENGA ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS
SALARIOS MÍNIMOS A FIN DE ESTABLECER UN INCREMENTO DE URGENCIA,
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR CASTRO COSÍO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito, diputado Víctor Castro Cosío, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo
Consideraciones
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos volvió a golpear el poder adquisitivo de las y los trabajadores al dar un miserable incremento a los mínimos para el 2010 de apenas un 4.85 por ciento, es decir, en promedio los trabajadores percibirán 2 pesos con 65 centavos más. Esto es una burla y un crimen para la miseria que padece nuestro pueblo. El aumento de aproximadamente un 4 por ciento anual a los mínimos, se ha convertido en una costumbre nefasta, que golpea los derechos de los trabajadores y la economía nacional que muere en torno a un mercado interno cada vez más estrecho.
Que no se diga que ya nadie obtiene esta percepción, ya que de la población ocupada 5 millones 868 mil 476, según datos del Inegi al tercer trimestre de 2009, reciben la mínima percepción y, además ésta sirve de "tope" inconstitucional para las negociaciones salariales, contractuales y no contractuales. Este injusto incremento es aún más grave, si tomamos en cuenta que a parte de la denominada "cuesta de enero", arrancando el próximo año el pueblo va a sufrir incrementos de impuestos y de los combustibles, por lo que este aumento a los mínimos nace muerto.
El monto a que son condenados los mínimos contrasta con los supersalarios de los altos funcionarios de los tres Poderes de la Unión. Por lo que los trabajadores, los que producen la riqueza y sus familias padecen cada vez peores condiciones económicas y los que viven a costa de los trabajadores, disfrutan de la abundancia, para ellos nunca hay crisis.
La canasta básica seguirá quedando cada vez más fuera del alcance de la mayoría de los trabajadores. Ya en enero de 2009, el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, señalaba: "La mala, que en 25 meses de continuidad (en el gobierno de Calderón) el poder adquisitivo del micro ingreso acumula una pérdida de 32.64 por ciento, mientras en igual lapso el incremento del precio de la canasta alimenticia recomendable ha sido de 67.16 por ciento…"
Pese al negro panorama que presentan los salarios en el país, comenzando por los mínimos, se tiene que seguir luchando para hacer realidad lo ordenado por el artículo 123 constitucional y ratificado por la Ley Federal del Trabajo:
Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa al Ejecutivo federal su más enérgica condena por el raquítico aumento a los mínimos para el 2010, de apenas un 4.85 por ciento en promedio; por lo que le solicita que a la brevedad, intervenga ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para establecer un aumento de emergencia a los mínimos que cumpla con lo ordenado por el artículo 123, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2010.
Diputado Víctor Castro Cosío (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA UNIÓN A CONVOCAR A AMBAS CÁMARAS
A UN PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES PARA TOMAR MEDIDAS URGENTES QUE
FRENEN EL DETERIORO DE LA ECONOMÍA POPULAR, SUSCRITA POR EL SENADOR
RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El gobierno legítimo de México, que preside Andrés Manuel López Obrador, por mi conducto, hace a los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso, la siguiente reflexión y propuesta:
Como lo hemos sostenido, la oligarquía, su gobierno y sus dos partidos, el PRI y el PAN, están decididos a seguir oprimiendo a la mayoría del pueblo aunque terminen de arruinar a México y de desgraciarnos a todos.
Es inaudito que frente a la crisis económica y de las finanzas públicas, esta funesta camarilla haya puesto como remedio aumentar los impuestos y los precios de las gasolinas, el diesel, el gas y la energía eléctrica.
Por eso, ante el grave daño que se está ocasionando a la economía de la mayoría de los mexicanos, recurrimos de nuevo al Congreso para pedirles, señores legisladores, que actúen con dignidad, que cumplan con su encargo de representantes del pueblo y dejen de actuar como simples empleados de los potentados, como verdugos del pueblo.
Todavía se puede frenar la escalada de precios, originada por los aumentos de impuestos, de las gasolinas, del diesel, el gas y la energía eléctrica. Aún es tiempo de corregir si hay verdadera voluntad para atender este asunto de sumo interés para millones de mexicanos.
La propuesta que les hacemos consiste en que se apruebe un punto de acuerdo para convocar a ambas Cámaras a un periodo extraordinario de sesiones, con el único objetivo de tomar medidas urgentes para frenar el deterioro en la economía popular.
De aprobarse este punto de acuerdo, se podrían buscar opciones para obtener recursos y cubrir el déficit de las finanzas públicas, cancelando los aumentos vigentes de impuestos y de precios en gasolinas, diesel, gas y energía eléctrica.
No es cierto que no existan opciones o alternativas. Está la posibilidad de aprobar las dos iniciativas de ley que hemos presentado para obtener hasta 500 mil millones de pesos. Nos referimos a los proyectos de decreto para hacer valer la austeridad republicana y abolir los privilegios fiscales de las grandes corporaciones empresariales y financieras.
Estos dos proyectos de decreto se presentaron desde el año pasado, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, y de nuevo subrayamos su propósito.
Se trata de impulsar la aprobación de una ley de austeridad republicana, que contempla el reducir los sueldos de los altos funcionarios en 50 por ciento, eliminar los bonos, las percepciones extraordinarias, la atención médica privada, la caja de ahorro especial de los altos funcionarios públicos, entre otras canonjías. También establece suprimir las pensiones millonarias de los ex presidentes; la reducción en 80 por ciento del gasto de publicidad; el ahorro de 30 por ciento en servicios telefónicos, asesorías, computación, renta de inmuebles, combustible, fotocopiado, papelería y de otros materiales y suministros; la prohibición para la compra de vehículos nuevos; la reducción en 50 por ciento del gasto en viajes nacionales e internacionales; la eliminación de la flotilla de aviones y helicópteros del Estado Mayor Presidencial y del sector público, con excepción de los que se utilicen para el traslado de enfermos, la protección civil y la seguridad pública. Es decir, los funcionarios tendrán que viajar por carretera o en aviones de línea comercial.
De aprobarse esta ley se obtendrían ahorros por 200 mil millones de pesos. Su justificación es más que evidente.
El segundo proyecto de decreto, que presentamos desde octubre del año pasado, consiste en una reforma legal para abolir los privilegios fiscales de grandes empresarios y banqueros. Esta propuesta contempla la derogación del régimen de consolidación fiscal, la depreciación acelerada de activos y en la adquisición de terrenos, el cobro de impuestos a las operaciones en la Bolsa de Valores, el pago de impuestos sobre dividendos, limita la reducción en el pago de impuestos por donaciones y campañas de redondeo. Además, modifica el llamado secreto fiscal para que el Congreso conozca cuánto pagan de impuestos los llamados grandes contribuyentes. También se propone suprimir la facultad discrecional de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda para condonar impuestos a grandes empresas y bancos.
Esta iniciativa busca restablecer la equidad fiscal; es decir, que haya progresividad en el pago de los impuestos, que pague más el que gana más. Se propone que las contribuciones sean proporcionales y equitativas, como lo establece el artículo 31 de la Constitución.
Es inadmisible que, en 2008, las 422 corporaciones más acaudaladas del país, sólo pagaron del impuesto sobre la renta (ISR) y de impuesto empresarial a tasa única (IETU), 1.78 por ciento de todos los ingresos que obtuvieron, y todavía son beneficiados con devoluciones de impuestos.
Aquí queremos llamar la atención para señalarles, señores legisladores, que si se hubiera aprobado el año pasado esta reforma que incluye, como ya dijimos, el pago de impuestos de las operaciones en la Bolsa de Valores, estarían por ingresar a las finanzas públicas mil 500 millones de dólares por la venta que hizo la empresa Femsa de la cervecera Cuauhtémoc, a la trasnacional holandesa Heineken. Sin embargo, por esta operación de compra-venta José Antonio Fernández Carbajal, Alberto Bailleres, Roberto Servitje y otros barones del dinero y del poder, recibirán 7 mil 347 millones de dólares, y no pagarán absolutamente nada de impuestos, porque la legislación vigente así lo permite. Recordemos que amparado en ese mismo privilegio, Roberto Hernández vendió a Banamex en 12 mil millones de dólares y tampoco pagó impuestos.
En México, a la inmensa desigualdad social y económica tenemos que sumarle la injusticia fiscal, ya que la mayor parte de los contribuyentes recaen en los trabajadores asalariados, los profesionistas, los pequeños y medianos empresarios y comerciantes.
Los políticos y periodistas de prensa, radio y televisión, al servicio de la oligarquía, hablan mucho de las ventajas de la globalidad, pero no quieren que se homologuen los sueldos de los altos funcionarios públicos y el cobro de impuestos en nuestro país a los estándares internacionales. En ningún país desarrollado o de las llamadas economía emergentes ocurre lo que en México, donde los altos funcionarios llegan a ganar hasta 600 mil pesos mensuales. Un ministro de la corte gana el doble de lo que recibe el presidente Obama. Un magistrado electoral recibe más que sus homólogos del resto del mundo y los gobernadores de nuestro país obtienen ingresos superiores a los gobernadores de Estados Unidos y de todos los países europeos. Asimismo, en ninguna parte del mundo se presenta el caso de que un integrante de la clase media, un profesionista, un trabajador asalariado, en proporción a su ingreso, pague mil 500 por ciento más de impuestos que el más rico empresario o banquero del país, como sucede en México. Esto no sólo es injusto e ilegal, es una inmoralidad.
Las cúpulas de empresarios y banqueros cuestionan los supuestos privilegios laborales de los trabajadores, pero se niegan a que se les cobre impuestos a las empresas en la misma proporción que a los trabajadores. Asimismo, proponen eliminar los subsidios a los servicios públicos, a los combustibles y a los programas de apoyo a los mexicanos más pobres del campo y la ciudad, pero lo que no dicen es que el gobierno otorga subsidios más grandes y onerosos a los más ricos, a las empresas y bancos con mayores ingresos.
Ya es hora de acabar con fueros y privilegios que lesionan el interés nacional y debilitan las finanzas públicas. Si los políticos y traficantes de influencias quieren, como sostienen demagógicamente, solidarizarse con los más pobres, que actúen en consecuencia, que prediquen con el ejemplo, que sean los primeros en comportarse como buenos ciudadanos.
Para que no digan que no hay opciones, les vamos a volver a entregar los dos proyectos de decreto que permitirían frenar los aumentos de impuestos, de gasolinas, de diesel, de gas y de energía eléctrica, y obtener recursos por 500 mil millones de pesos para las finanzas públicas.
Les exhortamos a que se discuta y apruebe de inmediato el punto de acuerdo que estamos presentando hoy, para convocar a un periodo extraordinario de sesiones de ambas Cámaras, con el único objetivo de tomar medidas urgentes para frenar el grave deterioro en la economía del pueblo de México.
Y recuerden que en una república democrática es preferible el bien de muchos a la opulencia de pocos.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Congreso de Unión a que se apruebe un punto de acuerdo para convocar a ambas Cámaras a un periodo extraordinario de sesiones, con el único objetivo de tomar medidas urgentes para frenar el deterioro en la economía popular.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2010.
Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL TITULAR DE LA COFEPRIS QUE INFORME SOBRE EL AVANCE REAL
DEL PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DE REGISTROS, CAUSALES DE RETRASO
Y LIMITACIONES, SUSCRITA POR EL DIPUTADO DAVID HERNÁNDEZ PÉREZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado David Hernández Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base a lo siguiente:
Antecedentes
El 24 de febrero de 2005 se publico en el Diario Oficial de la Federación la obligatoriedad de la renovación de los registros sanitarios de los productos farmacéuticos para cumplir con la reforma al artículo 376 de la Ley General de Salud.
No se incluyen solamente medicamentos, sino estupefacientes, psicotrópicos, equipo médico, prótesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos odontológicos, material quirúrgico, de curación, productos higiénicos, plaguicidas y sustancias toxicas.
Para tal efecto, el registro otorgado por la Secretaría de Salud sólo tendrá vigencia por 5 años, pudiendo prorrogarse en plazos iguales.
El problema es que en la ley no se fijaron plazos para el reglamento y tampoco los lineamientos para realizar ese registro. Originalmente la ley contempló unos artículos transitorios, pero en su momento se eliminaron en el Senado.
En enero de 2008 apareció el reglamento, pero no se incorporaron las reglas para el registro, asunto que hasta la fecha es discrecional de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), situación que genera polémicas cuando a un producto se le niega registro.
La industria Farmacéutica pide insistentemente que se subsane esta laguna jurídica y se publique el procedimiento en el Diario Oficial de la Federación, como establece el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos.
Hasta ahora la Cofepris ha dejado sin resolver esta petición.
Con fundamento en lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios para que:
2. Informe de manera objetiva el avance real en el procedimiento de renovación de registros, así como las causales de retraso y limitación de avance.
3. Sugiera una solución integral a este propósito y se elimine la laguna jurídica en el procedimiento.
4. Permita conocer a esta LXI Legislatura de la Cámara de Diputados la realidad documental de este proceso de renovación de registros. Así como las medidas adoptadas para resolver la situación.
Diputado David Hernández Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DE COLIMA A
ESTUDIAR Y REVISAR DE MANERA MINUCIOSA LOS PROCEDIMIENTOS LLEVADOS A CABO
EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009 PARA NOMBRAR Y RATIFICAR A MAGISTRADOS PROPIETARIOS
DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA ENTIDAD, SUSCRITA POR LA SENADORA
MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Martha Leticia Sosa Govea, senadora de la República a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado de colima, a realizar un minucioso estudio y revisión de los procedimientos llevados a cabo el día treinta de septiembre de dos mil nueve, relativos al nombramiento y ratificación de magistrados propietarios del Supremo Tribunal de Justicia del estado, al tenor de los siguientes
Considerandos
1. Que siendo el Federalismo un elemento que sustenta nuestra forma de gobierno como república, democrática, representativa y federal, este elemento impone libertad y soberanía a las entidades federativas para integrar los tres poderes que lo componen, basándose para su estructura en lo estipulado dentro de la Constitución General de la República, en su artículo 116.
2. Que conforme a lo establecido en el artículo 116 de la Carta Magna, "el poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial"; en este sentido, la fracción tercera, relativa al poder judicial, se refiere a la organización con que cada una de las entidades libres y soberanas, llevarán a cabo su cometido de impartir justicia.
3. Que la impartición de la justicia en el estado de Colima, como en todas las entidades que conforman nuestra federación, debe apreciarse como la prioridad y el elemento fundamental en el desarrollo armónico de la sociedad. Para tal efecto, el Supremo Tribunal de Justicia del estado de Colima, tiene a su cargo, dirimir todas las controversias legales que en el marco de sus atribuciones les sean presentadas, constituyéndose como la máxima institución encargada de velar por la permanencia del Estado de derecho.
4. Que el Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Colima está compuesto por el Supremo Tribunal de Justicia, integrado a su vez por magistrados y jueces, designados bajo lo establecido en el precepto constitucional aludido –artículo 116, fracción III, párrafo cuarto– que a la letra dice:
Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.
5. Que para cumplir con su cometido en la impartición de justicia en el estado de Colima, el nombramiento de los magistrados propietarios que integran su Supremo Tribunal, de acuerdo con el artículo 70 de la Constitución local y el 7o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Colima, debe realizarse por parte del gobernador del estado, sometiendo su decisión a la aprobación del Congreso local. El proponente tiene la obligación de considerar en su designación los requisitos legales, establecidos en el artículo 69 de referida Carta Magna del estado, los cuales se refieren a la nacionalidad, plenitud de derechos civiles y políticos, rango de edad, título profesional de abogado y buena reputación de los aspirantes.
6. Que de igual forma, el Ejecutivo local debe encausar su decisión, tras una valoración completa de la actividad profesional de los candidatos, haciendo especial énfasis para su elección, en profesionales del derecho que hayan cubierto estándares de excelencia en su formación, permanencia y distinción en el servicio de la Judicatura local, lo cual es prioritario en la administración de justicia. Tales términos encuentran sustento legal en el mencionado artículo 116, fracción III, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y confirmado en el Ordenamiento Constitucional del estado de Colima, en su artículo 72.
7. Que el ya referido artículo 70 de la Constitución de Colima establece la facultad del Congreso del estado para confirmar o negar la aprobación de la propuesta hecha por el Ejecutivo, en un "improrrogable término de diez días", plazo necesario para un completo estudio de fondo de los candidatos a ocupar los cargos de magistrados propietarios, en cuanto a su experiencia, formación profesional y especialmente aptitudes idóneas para la impartición de justicia.
8. Que dados estos elementos estipulados con claridad y lógica jurídica en el citado artículo 70, resulta improcedente para el caso concreto de la ratificación del o los candidatos a ocupar el cargo de magistrado en el Supremo Tribunal de Justicia, la admisión de cualquier tipo de dispensa de trámites legislativos, contemplada en el artículo 48 de la Constitución del estado, tendente a desahogar el cumplimiento de un asunto de manera urgente. Esta imposibilidad se funda en que el multicitado numeral 70, señala expresamente las posibilidades de actuación concreta por parte del Congreso en los casos de no aprobación de las personas designadas por el gobernador.
9. Que conforme a lo anterior, el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Colima manifiesta el procedimiento a seguir en los casos de dispensa de trámites, en sus artículos 141, 142, 143 y 144, los cuales exigen la consulta, discusión y aprobación previa de la Asamblea para conceder dicha dispensa, siempre que ésta sea solicitada verbal o por escrito y por tanto, que obre constancia de ello en las actas de las sesiones.
10. Que el contenido presentado en los numerales invocados en los dos puntos precedentes, halla también sustento con la tesis jurisprudencial identificada con el número 36/2009, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que manifiesta lo siguiente:
1. Que de manera contraria a lo antes mencionado y sustentado en los puntos anteriores, el pasado 30 de septiembre del año 2009, el entonces gobernador del estado de Colima, ciudadano Jesús Silverio Cavazos Ceballos, presentó ante la LV Legislatura del Poder Legislativo local, mediante el oficio DGG-460/09, signado por la secretaria de Gobierno, ciudadana Yolanda Verduzco Guzmán, la designación de los ciudadanos Miguel García de la Mora, María Concepción Cano Ventura y Juan Carlos Montes y Montes, para ocupar tres de las plazas de magistrados propietarios del Supremo Tribunal de Justicia, en sustitución de los señores magistrados Eugenio Olmos Mendoza, Felipe Chávez Carrillo y Carlos Alberto Macías Becerril, quienes dejaron el cargo por causa de su jubilación.
2. Que la iniciativa de acuerdo presentada a los diputados secretarios de la Comisión Permanente del Congreso del estado carece de los documentos suficientes y referencias que confirmen en los tres casos, su probidad para acceder al cargo de magistrados, en virtud de haber sido presentados solamente las cartas curriculares elaboradas por cada uno de los postulantes, carentes de comprobación y otros documentos anexos que acreditaran lo plasmado en las mismas.
3. Que el Ejecutivo del estado, no cumplió con lo ordenado con el artículo 70 de la Constitución local en la designación de magistrados, pues no existe antecedente documental alguno donde el gobernador del estado, haya solicitado informes o comprobado las aptitudes de las personas designadas el 30 de septiembre de 2009, a las autoridades judiciales locales, atentando con tal omisión contra los principios de legalidad y certeza jurídica que deben regir todo acto de autoridad.
4. Que en el caso de los ciudadanos María Concepción Cano Ventura y Juan Carlos Montes y Montes, su experiencia y notable aptitud para acceder al cargo, es comprobable mediante la consulta de sus hojas de servicio expedidas por el propio Supremo Tribunal, documentos que corroboran su trayectoria y desempeño en el Poder Judicial del estado; sin embargo, el ciudadano Miguel García de la Mora, carece por completo de experiencia en algún órgano de impartición de justicia, además de cualquier otro tipo de desempeño excepcional dentro del foro u otras ramas del derecho.
5. Que en razón de lo anterior, se advierte de igual manera que, en cuanto al ciudadano Miguel García de la Mora, el documento expedido por la Secretaría de Gobierno no hace mención de los requisitos de nacionalidad, edad, título profesional, reputación o vecindad, por lo que es apreciable un claro incumplimiento a lo ordenado al ya analizado artículo 116, fracción III de nuestra Carta Magna y de los artículos 69 y 72 de la Constitución del estado de Colima.
6. Que la designación realizada por el entonces titular del Poder Ejecutivo estatal, fue recibida y ratificada en idéntica fecha por la LV Legislatura de Colima, sin existir un estudio adecuado y de fondo de la capacidad de desempeño en el cargo de las personas presentadas para ocupar los cargos señalados dentro del Supremo Tribunal de Justicia, haciendo patentes múltiples inconsistencias y violaciones a las disposiciones contenidas para tal acto, en la Constitución General de la República, la propia Constitución estatal, así como dentro de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y de su Reglamento, tal y como se describe en los hechos siguientes.
7. Que las irregularidades presentadas en el procedimiento de turno, estudio y aprobación de los magistrados de acuerdo con la designación expuesta en puntos anteriores, son comprobables al enunciar las actividades de la Comisión Permanente del Congreso local, el 30 de septiembre de 2009, mediante el diario de debates y las visiones estenográficas de las sesiones.
8. Que no se encuentra asentado en ninguna de las actas de las sesiones, cuenta y turno de la designación de magistrados hecha por el ciudadano gobernador a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, por parte de la Comisión Permanente, para su estudio y discusión. Esta omisión, constituye una causa de violación de los preceptos legales establecidos en los artículos 128 y 216 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, en los que se obliga a dar cuenta de las iniciativas recibidas, a la asamblea o Comisión Permanente, para su posterior turno a estudio a la comisión respectiva, con la posibilidad de dispensarse de este procedimiento, siempre y cuando haya una "obvia resolución por no ameritar un examen profundo o que a juicio de la misma sean urgentes", cuestión que en este caso, no es procedente.
9. Que evidenciando el punto anterior y haciendo patente las violaciones al Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso del estado, emitieron los Secretarios de la Comisión Permanente el oficio número 4111/2009, dirigido al diputado Arturo García Arias, entonces presidente de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, con el fin de dar trámite al nombramiento de los magistrados propuestos.
10 Que a pesar de lo expresado en el oficio enunciado, las actas y visiones estenográficas ya señaladas, denotan que este punto no fue diligenciado en sesión alguna, pues dichas actas no respaldan ningún acuerdo, referente al turno dado a la comisión respectiva.
11. Que no obstante lo anterior, la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes elaboró un dictamen en que manifiesta haber revisado los documentos anexos a los nombramientos y que reúnen los requisitos exigidos por el artículo 69 de la Constitución local. En este sentido, el dictamen afirmó falsamente tener documentos probatorios, toda vez que la Secretaría de Gobierno del estado de Colima únicamente envió, anexo a los nombramientos, la información curricular elaborada por los propios aspirantes; por lo tanto, no se cumplen adecuadamente los postulados del mencionado numeral 69 para el nombramiento, ni tampoco con los suficientes medios para cumplir con lo ordenado en el artículo 70 de la carta fundamental estatal.
12. Que enfatizando el punto anterior, la falta de un estudio y análisis del nombramiento por parte de la comisión en comento, presenta sendas violaciones de forma y fondo a lo consignado en los artículos 57, 91 y 92 Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Colima y 127 y 128 de su Reglamento; mismos que ordenan a las comisiones el estudio, análisis y la emisión de un dictamen claro, preciso y fundado de las iniciativas turnadas por la directiva o asamblea.
13. Que en las actas de la Comisión Permanente y en las versiones estenográficas derivadas, se evidencia la celebración de cinco sesiones el citado día 30 de septiembre de 2009, de las que tres fueron de carácter ordinario, una de carácter extraordinario y una última igualmente ordinaria, pero empleada únicamente para la clausura del periodo legislativo de la LV Legislatura.
14. Que la primera sesión ordinaria, designada conforme al orden cardinal como número doce, de acuerdo con su acta, se celebró con la comparecencia de los siete ciudadanos diputados integrantes de la Comisión Permanente, dando inicio a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, aprobándose, entre otros puntos la hora de inicio de la próxima a las quince horas.
15. Que de acuerdo con el acta de la sesión trece, ésta dio comienzo con el mismo quórum a las dieciséis horas con treinta y cinco minutos, es decir, con un retraso de una hora con treinta y cinco minutos, en la cual se aprobó, entre otros, el punto VI del orden del día, basado en la presentación del dictamen y solicitud de convocar a la celebración de sesión extraordinaria, así como convocar a sesión de la Comisión Permanente, acordándose que esta última daría inicio a las diecisiete horas.
16. Que de acuerdo con el acta de la sesión catorce, se contó con el mismo quórum de las anteriores e inició a las dieciséis horas con cincuenta y ocho minutos, es decir dos minutos antes de lo convocado, llevándose a cabo la aprobación del punto V del orden del día, referida a la convocatoria de la sesión extraordinaria, acordando llevarla a cabo a las quince horas con quince minutos.
17. Que de acuerdo con su acta, en la misma sesión número catorce, la Comisión Permanente dio seguimiento y atendió el dictamen referido al nombramiento de los magistrados, a pesar de no encontrarse dicho punto dentro del orden del día.
18. Que no obstante lo anterior, en la misma sesión el diputado presidente de la comisión, ciudadano Luis Gaitán, al tratar el punto IV del orden del día propuso convocar a sesión extraordinaria, ese mismo día, a efecto de discutir y votar el dictamen realizado por la comisión.
19. Que de acuerdo con su acta, la sesión extraordinaria identificada como número seis fue celebrada por los ciudadanos diputados integrantes de la LX Legislatura constitucional del estado, dando comienzo con veinticinco minutos de retraso, es decir, a las diecisiete horas con cuarenta minutos. En ella, se aprobó, entre otros puntos, el VII del orden del día, referido a la lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen relativo al nombramiento como magistrados propietarios de los ciudadanos indicados en el punto anterior, no existiendo ningún tipo de manifestación por parte de los legisladores tendiente a la discusión o análisis, por lo que sumariamente y por vía de la votación económica, se aprobó por unanimidad.
20. Que de acuerdo a los puntos anteriores, resulta evidente que en el proceso de aprobación de la designación de magistrados propietarios, no se llevó a cabo el procedimiento de iniciativa, de acuerdo con el marco legal que rige la actividad legislativa.
21. Que según indica el punto anterior, en primer lugar, la comisión dictaminadora, es decir, la encargada de Justicia, Gobernación y Poderes, presidida en ese entonces por el ciudadano Arturo García Arias, no solicitó a la Comisión Permanente convocar a sesión extraordinaria, con el fin de presentar el dictamen respectivo para su discusión y aprobación. En este sentido, cabe mencionar que no fue generado oficio o acta que corrobore la petición hecha por parte de la mencionada comisión, tal y como lo indica el artículo 216 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, mencionado en el punto ocho.
22. Que se desprende de las actas de las sesiones números trece y catorce ordinarias y seis extraordinaria, que ninguna de éstas inició en la hora señalada en su convocatoria, violando claramente lo establecido en los numerales 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 109, párrafo tercero de su reglamento, que ordenan su realización en las horas convenidas.
23. Que de igual forma, ninguna de las actas levantadas con motivo de la sesiones mencionadas en los puntos previos, fue firmada por el presidente, los secretarios ni por ninguno de los diputados, lo cual, contraviene los postulados de los artículos 45, fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como de los artículos 34, fracción II y 37 fracción II de su reglamento, los cuales señalan la obligación de plasmar la firma de las actas de sesiones después de haber sido aprobadas y asentadas en el registro respectivo.
Ante tal situación, se afirma que todas las sesiones celebradas el día 30 de septiembre del año 2009, son nulas.
24. Que el Congreso del estado, al realizar la aprobación del nombramiento, no envió al entonces gobernador la resolución, firmada por la Mesa Directiva, con el fin de que fuese publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". Esta situación puede ratificarse al no existir ningún acuse de recibo sobre tal envío, por lo que dicha omisión, es contraria a los preceptos de los numerales 177 y 182 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado.
25. Que resulta evidente que el proceso de nombramiento de magistrados propietarios, estuvo plagado de irregularidades y claras violaciones a la legislación local, particularmente a la ley fundamental, así como a nuestra Carta Magna, mismas que invalidan los acuerdos tomados.
26. Que ante tales violaciones a la Ley, el Honorable Congreso del estado, en su LVI Legislatura, recibió un escrito de fecha cinco de enero de dos mil diez, con copia remitida al diputado Raymundo González Saldaña, mediante el cual se hizo una exposición sucinta y bien estructurada de los hechos controvertidos, poniendo de manifiesto la ilegalidad que dio pauta a la designación de los magistrados propietarios señalados en puntos anteriores, haciendo especial énfasis en el caso del ciudadano Miguel García de la Mora, solicitando asimismo, que no le sea tomada protesta para asumir el cargo conferido, por no cubrir con los ordenamientos legales, como ya ha quedado mencionado.
27. Que en el escrito referido en el punto anterior, se pidió de igual forma ser revisado "el procedimiento de aprobación de la Iniciativa del Acuerdo" en la que se confirmó el nombramiento de los magistrados propietarios; además de requerirse la declaración de nulidad o descalificación de todo el proceso, por ser éste infundado y carente de sustento legal y jurídico.
28. Que en razón de todos los puntos anteriores, es fundamental que el actual gobernador, ciudadano Mario Anguiano Moreno, en unión del Congreso del estado y el Poder Judicial, actúen a la mayor brevedad posible, para subsanar este conjunto de irregularidades que únicamente denotan violaciones al Estado de derecho y al principio de certeza jurídica.
29. Que debe prevenirse que la impartición de justicia sea susceptible de falta de legitimidad, misma que en el caso concreto expuesto en puntos anteriores, podría hacerse latente con la interposición, por parte de los ciudadanos, de juicios de amparo contra las resoluciones emitidas por los magistrados en cuestión, toda vez que la designación de éstos fue violatoria de la legalidad.
30 Que el estado de Colima requiere aplicar de manera rigorista, los principios de constitucionalidad, certeza jurídica y legitimidad, para que la sociedad colimense pueda dirimir sus conflictos ante el Supremo Tribunal de Justicia, con la seguridad de que sus funcionarios cumplen con todos los requisitos que el cuerpo legal estatal establece.
Por lo expuesto, someto a consideración del Pleno de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Colima a realizar la revisión, en sus archivos, de las actuaciones llevadas a cabo por el entonces gobernador constitucional del estado, ciudadano Jesús Silverio Cavazos Ceballos, por conducto de la Secretaría de Gobierno, con el fin de proporcionar los suficientes elementos que permitan proceder a corregir las irregularidades legales originadas en la designación de magistrados propietarios, llevada a cabo el 30 de septiembre de 2009.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Congreso del estado de Colima a realizar un minucioso estudio y revisión de los procedimientos llevados a cabo el día 30 de septiembre del 2009, relativo al análisis y confirmación del nombramiento de magistrados propietarios, presentada por parte del Poder Ejecutivo local, para que se proceda a la brevedad a reponer el proceso conforme a los preceptos legales correspondientes.
Tercero. Se exhorta respetuosamente al Supremo Tribunal de Justicia del estado de Colima a coadyuvar con los poderes Ejecutivo y Legislativo locales en la minuciosa revisión, estudio y aprobación que conduzcan a una reposición del proceso de nombramiento y confirmación de los magistrados propietarios designados el 30 de septiembre de 2009; o, en su caso y por conducto del magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Colima, interponga una controversia constitucional en contra de los nombramiento de los mencionados magistrados propietarios, realizada por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo locales en los actos llevados a cabo el 30 de septiembre de 2009; controversia sustentada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Ley Fundamental.
Salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, a 20 de enero de 2010.
Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SEP QUE POSPONGA LA PUBLICACIÓN DE
LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LAS
TIENDAS O COOPERATIVAS ESCOLARES DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA,
QUE AUTORIZAN LA VENTA DE PRODUCTOS CHATARRA, SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al titular de la Secretaría de Educación Pública posponga la publicación de los lineamientos generales para el expendio de alimentos y bebidas en las tiendas o cooperativas escolares de los planteles de educación básica que autorizan la venta de los denominados "productos chatarra"; asimismo, se solicita que la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados cite a una reunión de trabajo al subsecretario de Educación Básica de esa dependencia, a efecto que explique por qué, en los citados lineamientos, autoriza en las cooperativas escolares la venta de ese tipo de productos, que son una de las causas de obesidad infantil en el país, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En la actualidad, México continúa ocupando el primer lugar mundial en obesidad y sobrepeso infantil, dado que 51.7 por ciento de la población entre 5 y 11 años de edad padece ese problema de salud en todo el territorio nacional. Además, los estudios realizados por la Secretaría de Salud registran un incremento en la prevalencia del exceso de peso en la población del país, aunque destacan de manera importante el aumento generalizado en la población escolar en ese rango de edades.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 confirma lo anterior e incluso destaca que entre los hallazgos más importantes se detectó que la obesidad y el sobrepeso en los niños de 5 a 11 años de edad se elevaron, en promedio, de 18.6 por ciento a 26 por ciento en el periodo comprendido entre 1999 y 2006. Los resultados muestran diferencias en las poblaciones escolares por entidades federativas, pero el común denominador es un incremento de niños y niñas con obesidad o sobrepeso.
La encuesta no deja lugar a dudas, es claro cómo se ha elevado la prevalencia de sobrepeso y obesidad en este grupo de población (de 5 a 11 años de edad), pues mientras que en 1999 hasta 24.9 por ciento de los escolares de la Ciudad de México padecía sobrepeso y obesidad, en 2006 esta cifra se elevó 10.2 puntos porcentuales, es decir, 35.1 por ciento de los escolares la presentan. El caso de las demás regiones es igual de alarmante, el aumento para la región centro ha sido de 9.6 puntos porcentuales (de 17.3 por ciento a 26.9 por ciento) y la del sur de 8.7 puntos porcentuales (de 13.6 por ciento a 22.3 por ciento); en el norte, aunque el incremento es menor (4 puntos porcentuales), en 2006 es la región que ocupa el segundo lugar de mayor prevalencia en toda la nación.
El análisis de sobrepeso más obesidad indica que los escolares de ambos sexos que habitan en localidades urbanas muestran mayor prevalencia que los escolares que residen en áreas rurales. Las mujeres de zonas urbanas y rurales poseen una prevalencia ligeramente mayor que los hombres: 30.1 por ciento en localidades urbanas y 18.2 por ciento en las rurales, mientras que la prevalencia en varones es de 29.5 por ciento y 16.5 por ciento, respectivamente (cuadros 1.33 y 1.34).
Se observa que el sobrepeso está presente en 19.3 por ciento de las niñas residentes en localidades urbanas y en 14.9 por ciento de las niñas que viven en áreas rurales; en cambio, en los varones las prevalencias son menores, 18.6 por ciento en los niños de localidades urbanas y 11.1 por ciento en los de zonas rurales. En relación con la obesidad hay una mayor prevalencia en los habitantes de localidades urbanas de ambos sexos que en los de áreas rurales. En la localidad urbana, el comportamiento de la prevalencia es similar por sexo: niños (10.9 por ciento) y niñas (10.8 por ciento); por su parte, en la localidad rural la obesidad es más prevalente en los niños con 5.4 por ciento respecto de las niñas con 3.3 por ciento.
En cuanto a la incidencia por edades, 62 por ciento de la población infantil de 9 y 11 años constituye el grupo mayoritario con obesidad y sobrepeso, tal como se puede apreciar en el cuadro siguiente
En consecuencia, para la Secretaría de Salud la obesidad y el sobrepeso se encuentra entre los problemas de salud pública más importantes y alarmantes, con repercusiones económicas para el sector salud, tal como lo ha reconocido el titular de esa dependencia, José Ángel Córdova Villalobos. En diversos momentos, el funcionario ha advertido que la diabetes mellitus, junto con el sobrepeso y la obesidad, consumen una tercera parte de las instituciones de salud, lo cual puede incluso poner en riesgo su viabilidad.1
El problema llega a grados extremos, pues Córdova Villalobos consideró incluso que la diabetes es más letal que la influenza; es decir, si la diabetes tiene como una de sus principales causas la obesidad y el sobrepeso, pues estamos ante un asunto de la mayor importancia para el país.
Otros estudios han documentado que el alarmante porcentaje de la población, de todos los sectores sociales, con obesidad y sobrepeso, se debe al consumo irracional y generalizado de productos con un alto valor en calorías y carbohidratos, entre ellos los conocidos como comida "chatarra" con una amplia gama de mercancías, como son frituras, golosinas, toda clase de repostería (galletas y pastelitos) y refrescos, entre otros muchos productos.
Como resulta obvio, la población infantil es la mayor consumidora de esos productos y los escolares prácticamente son compradores cautivos dentro de los planteles educativos pues, desafortunadamente, en las cooperativas escolares se expenden gran variedad de productos chatarra. En consecuencia, se puede establecer, sin lugar a duda, que exista una correlación directa entre la obesidad infantil con el consumo de ese tipo de productos.
Ahora bien, en días pasados información publicada en el periódico Reforma señala que los nuevos lineamientos generales para el expendio de alimentos y bebidas en las tiendas o cooperativas escolares de los plantes de educación básica autorizan la venta de los productos chatarras en los planteles escolares del país. Cabe mencionar, que los lineamientos fueron elaborados por la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública federal.
En descargo de esta equívoca decisión, de acuerdo con el rotativo, en los citados lineamientos las autoridades educativas plantean sugerencias y recomendaciones a los padres de familia para evitar que sus hijos compren los productos chatarras. Entre otras cosas, por ejemplo, proponen que no les proporcionen dinero o les envíen un refrigerio con alimentos saludables. Pero, ¿no es mejor prohibir la venta de los productos chatarras en los planteles educativos? O bien, ¿por qué se autorizan si tienen incidencia en la obesidad infantil?
Al respecto, cabe mencionar que, en abril de 2004, el director del Área de Vigilancia de la Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública, Salvador Francisco Villalpando Hernández, advirtió la necesidad de revisar el marco jurídico de las normas oficiales y reglamentos respectivos de las escuelas primarias, en coordinación con las Secretarías de Educación Pública, Economía y demás instancias, para regular los alimentos que se introducen en las cooperativas escolares.
En ese sentido, prohibir la venta de productos chatarras en los planteles escolares es equiparable a la prohibición de fumar en espacios cerrados, que como se sabe se legisló considerando que el tabaquismo constituye un serio problema de salud pública. Por tanto, este argumento es válido para no permitir la comercialización de los multicitados productos chatarras, cuando menos, en los planteles escolares.
Además, los nuevos lineamientos para las cooperativas escolares contravienen o violan el propósito inicial educativo de ellas, que es "fomentar en los educandos hábitos de previsión, auxilio mutuo y consumo racional", tal como lo establece el acuerdo secretarial 51, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 1980.
Como resultado de una consulta en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública, no se encontraron los nuevos lineamientos ni tampoco en el Diario Oficial de la Federación, donde deben ser dados a conocer por esa dependencia. Sin embargo, en varios estados del interior del país, como en San Luis Potosí, las autoridades educativas locales los dan como un hecho, pues plantearon que buscarán instrumentar medidas para contrarrestar la autorización de la venta de productos chatarra.
Por lo anteriormente fundado y motivado, me permito someter al pleno de esta soberanía de la Comisión Permanente, la proposición con los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente solicita al titular de la Secretaría de Educación Pública, Alonso Lujambio Irazábal, posponga la publicación de los lineamientos generales para el expendio de alimentos y bebidas en las tiendas o cooperativas escolares de los planteles de educación básica, que permiten la venta de los productos chatarra, considerados una de las causas importantes en el grave problema de la obesidad infantil del país.
Segundo. Asimismo, aprueba que la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos cite a una reunión de trabajo al subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, Fernando González Sánchez, a efecto que explique el por qué, en los citados lineamientos referidos en el primer artículo petitorio, autoriza la venta de los productos chatarra en las cooperativas escolares.
Notas
1. Declaraciones del titular de la Secretaría
de Salud, publicadas en el periódico La Jornada, el viernes
25 de septiembre de 2009.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2010.
Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA CONADE A RESOLVER LA ASISTENCIA DEL EQUIPO DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL A SUDÁFRICA EN AGOSTO DEL PRESENTE
AÑO, A CARGO DEL DIPUTADO DAVID HERNÁNDEZ PÉREZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Antecedentes
La selección nacional de México, desde el año 1998, con sede en Inglaterra, inicio su participación en las Copas del Mundo de esta especialidad, obteniendo resultados sobresalientes tales como
El cuerpo técnico de la selección está integrado por:
Auxiliar técnico: José Luis Rodríguez
Ortiz; Guadalajara, Jalisco.
Preparador Físico: Jorge Enrique Reyes Gámez;
Morelia, Michoacán.
Masajista: Julio César Ramos Mateos; Veracruz,
Veracruz.
Psicólogo: David Romero Coria; Morelia, Michoacán.
Arbitro: Miguel Castañeda Agredano; Guadalajara, Jalisco.
La selección nacional está integrada por 11 deportistas titulares y 7 suplentes.
El sistema de competencia requiere para poder asistir a la Copa de Futbol Soccer Rumbo a Sudáfrica, se tendrá que eliminar la selección nacional de México con la región de América donde la organización de este evento se tendrá como sede el país de Sao Paolo Brasil, del 13 al 19 de abril del presente año, donde participan los equipos de Argentina, Guatemala, Colombia, Venezuela, Uruguay, Chile, Brasil y México
En este sistema de competencia se distribuyen dos plazas para poder asistir a la Copa del Mundo, que serían los equipos que logren obtener el primero y segundo lugar de esta región de América.
I. Las necesidades de participación en la fase selectiva de la región de América INAS-FID rumbo a la Copa del Mundo de Futbol Soccer Sudáfrica 2010 son las siguientes:
– La alimentación, hospedaje y trasportación local la otorga el Comité Organizador de los Juegos de forma gratuita.
Nota: el cierre de inscripción para asistir a la Copa del mundo se debe realizar antes del 20 de abril al comité organizador.
II. Necesidades para poder asistir a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.
– 25 hospedajes y alimentación a un costo aproximado de 16 mil pesos por persona, lo cual hace un total de 400 mil pesos.
Es de suma importancia el apoyo a todos los deportistas de nuestro país, por lo tanto es elemental no dejar a un lado a este tipo de deportistas con capacidades diferentes que de la misma forma se esfuerzan y se preparan cada día para lograr excelentes resultados como ya lo han demostrado.
Por lo anterior expuesto y fundado pongo a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la comisión nacional del deporte para que dentro de sus facultades se tome en cuenta a la selección de deportistas con capacidades diferentes para asistir a la copa de Futbol Soccer Rumbo a Sudáfrica.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de enero de 2010.
Diputado David Hernández Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO DE AGUASCALIENTES A INVESTIGAR LAS INTERVENCIONES
DE LLAMADAS PRIVADAS DE LEGISLADORES, Y DE ACTORES SOCIALES Y EMPRESARIALES,
SUSCRITA POR LOS SENADORES RUBÉN CAMARILLO ORTEGA Y EDUARDO TOMÁS
NAVA BOLAÑOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Rubén Camarillo Ortega, senador de la República, por el Partido Acción Nacional y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, para solicitar al gobierno del estado de Aguascalientes, realice las correspondientes investigaciones respecto a las intervenciones en llamadas privadas a legisladores y a actores sociales y empresariales al tenor de los siguientes
Considerandos
El espionaje es una práctica que lesiona gravemente el derecho más elemental del ser humano, el derecho a la intimidad, sobre todo cuando sale a la luz pública y se utiliza de manera subrepticia sin la orden judicial correspondiente para llevarlo a cabo.
En nuestro país, la forma indiscriminada en que se escuchan las conversaciones y que se hacen en el momento más propicio de acuerdo a los intereses de quienes realizan estas prácticas, llámese funcionarios públicos, organismos de investigación privada u otros, con el único objetivo de desacreditar, callar o denunciar, violan el artículo dieciséis, de la Constitución Política.
La impunidad con que actúan quienes cometen estas tropelías, que de manera ilícita persiguen y espían a periodistas, dirigentes sindicales y sociales, de partidos políticos y organizaciones civiles, también los opositores políticos y empresarios no sometidos sufren en carne propia estas prácticas nefastas y vejatorias de la dignidad y privacidad humana, con el fin de contar con elementos de presión y control.
En este sentido, se expidió la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, legalizando este tipo de espionaje con la finalidad de atacar al narcotráfico.
Asimismo, la nueva Ley de la Policía Federal, que entró en vigor recientemente, contiene un apartado importante que es el del control judicial, referente a la intervención de comunicaciones en ciertos delitos y cumpliendo con un protocolo, en beneficio de la ciudadanía.
De tal forma, el artículo 48 de la Ley de la Policía Federal dice que "en concordancia con los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, Código Federal de Procedimientos Penales y este ordenamiento, exclusivamente las autoridades civiles a que hacen referencia estas leyes, podrán solicitar la intervención de comunicaciones".
Sin embargo, falta adecuar esta normatividad para evitar dejar abiertas las puertas para las grabaciones telefónicas ilícitas, ya que hoy cualquier persona puede adquirir micrófonos ocultos, "caimanes" en registros de líneas telefónicas, grabadoras de conversaciones, escaneo de llamadas y otros artefactos de tecnología avanzada.
Tal estado de cosas afecta las libertades individuales y socava las garantías constitucionales; de tal forma que la indefensión del ciudadano resulta de que en la actualidad no existe un número privado que no pueda ser obtenido y ser intervenido o ambos.
Expendedores de celulares en Aguascalientes, coincidieron en que es posible intervenir una llamada y tan fácil hacerlo como obtener el número de la línea a espiar. Declararon que si bien en Internet llegan a ofrecerse claves para interferir llamadas telefónicas; uno de los métodos más sencillos y reales para hacerlo es solicitarle a las compañías que las comunicaciones a cierto número sean enviadas a otro; servicio que inclusive uno puede activar desde su propio aparato.
A nivel nacional el problema del espionaje telefónico se ha reflejado entre actores políticos, penado por la Constitución y el Código Penal para proteger el derecho a la privacidad de las personas; permitiéndolo sólo por la Ley Contra la Delincuencia y el Crimen Organizado, siempre y cuando haya una investigación en curso y el mandato de un juez, para intervenir un teléfono.
En el caso de Aguascalientes, hay fundadas sospechas de que personal adscrito a la Secretaría General del Gobierno y de la Procuraduría General de Justicia del estado, indebidamente, y al amparo de las atribuciones que tienen en el ámbito de gobernabilidad del estado, se han dedicado, utilizando recursos públicos a espiar a legisladores federales, locales, a empresarios, presidentes de asociaciones, de organismos intermedios y en general a líderes de opinión del estado.
Entre las actividades que realizan ilegalmente, están la intervención de llamadas a celulares, la videograbación de eventos privados y otros tipos de actividades que nada tienen que ver con las atribuciones legales de dicha dependencia.
En este sentido es importante mencionar que el derecho a la privacidad o a la intimidad de las comunicaciones entre los ciudadanos, es un bien jurídico que no puede ser quebrantado por terceros ajenos, sean estos particulares o agentes de la autoridad, salvo los casos de excepción que establezca la propia ley, se encuentran tutelados por el artículo 16 constitucional en su primer y onceavo párrafo.
Dicha violación, es objeto de sanción por el derecho penal cuyos artículos 177 y 211 Bis del Código Penal Federal señalan:
Artículo 211 Bis. "A quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión."
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al gobierno del estado de Aguascalientes a investigar y, en su caso, sancionar a quienes dentro de la Secretaría General de Gobierno y de la Procuraduría General de Justicia del estado, indebidamente utilicen recursos públicos para llevar a cabo de manera ilegal, políticas de espionaje, consistentes en la intervención de llamadas telefónicas, especialmente de celulares, así como la videograbación de eventos privados de legisladores federales y estatales, líderes de partidos políticos, actores sociales, empresariales y, en general, de líderes de opinión del estado.
Salón de sesiones, a 20 de enero de 2010.
Senador Rubén Camarillo Ortega (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA PGR A ATRAER EL CASO DEL HOMICIDIO DE JOSEFINA REYES SALAZAR;
AL GOBIERNO FEDERAL, A REPARAR EL DAÑO DE SU FAMILIA, EN TÉRMINOS
DEL DERECHO PÚBLICO INTERNACIONAL; Y AL GOBIERNO Y A LA PROCURADURÍA
DE JUSTICIA DE CHIHUAHUA, A EMITIR DE INMEDIATO LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN
PARA SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS GUSTAVO
DE LA ROSA, CIPRIANA JURADO Y GERO FONG, SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA
QUEZADA CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59, 171 y 172 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para que se exhorte a la Procuraduría General de la República a atraer en ejercicio de sus facultades el caso del homicidio de Josefina Reyes Salazar; al Estado mexicano, a través de sus órganos judiciales, a reparar el daño a la familia de Josefina Reyes Salazar, en términos del derecho internacional público, y sancionar a los responsables de su muerte; y al gobierno de Chihuahua, a través de su titular, licenciado José Reyes Baeza Terrazas, y a la procuradora estatal, a emitir de inmediato las órdenes de protección para salvaguardar la seguridad, y la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos Gustavo de la Rosa, Cipriana Jurado y Gero Fong, conforme a los siguientes
Antecedentes
Primero. El domingo 3 de enero de este año fue asesinada Josefina Reyes Salazar por un comando armado alrededor de las 13:30 horas, a las puertas de un negocio de venta de barbacoa, en el cruce de las calles Carretera Juárez Porvenir y Ramón Aranda, de la colonia Sauzal, al este de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Versiones periodísticas revelan que lo último que escuchó fue: "¿Te crees muy chingona porque estás con las organizaciones?" Y varias detonaciones posteriores terminaron con su vida.
Segundo. Josefina Reyes obtuvo notoriedad desde 2008, cuando inició una huelga de hambre frente a las oficinas de la Procuraduría General de la República, en reclamo por la desaparición de su hijo, detenido por militares en Valle de Juárez. Su hijo, Miguel Ángel Reyes, trabajaba como mecánico del presunto narcotraficante Rikin Escajeda, detenido el año pasado por el Ejército en Nuevo Casas Grandes.
Otro de los hijos de Josefina murió asesinado en Valle de Juárez. Desde la desaparición forzada de Miguel Ángel, al inicio de la operación conjunta Chihuahua, Josefina comenzó a exigir públicamente su regreso ante las autoridades y a denunciar los abusos militares en el estado.
Tercero. Entre las actividades públicas de denuncia que realizó Josefina Reyes se destaca, además de esta huelga de hambre, su participación, en agosto de 2009, en el Foro contra la militarización y represión, que organizó el Frente Nacional contra la Represión.
Dichas denuncias las realizó a partir de que otro de sus hijos, Julio César, fue asesinado en Valle de Juárez tras la llegada de las fuerzas federales a la frontera para "combatir la violencia".
Como consecuencia de los actos públicos que Josefina realizó durante 2008 y 2009, su domicilio fue allanado en tres ocasiones por miembros del Ejército.
Cuarto. En 2008 declaró a los medios que los militares catearon dos veces su casa y que toda la propaganda que ella tenía de Andrés Manuel López Obrador fue regada en el piso. "Rompieron puertas, se metieron, esculcaron la casa y se robaron un modular y una cámara digital", agregó.
En esa ocasión dijo: "Hace algunos meses, los soldados empezaron a catear diferentes viviendas, para lo cual llegan rompiendo puertas y robando cuanto pueden; se llevan gente secuestrada, incluso a mujeres".
Quinto. Josefina Reyes Salazar ya había sido amenazada de muerte en varias ocasiones por desconocidos. Presentó denuncia de hechos ante la delegación estatal de la Procuraduría General de la República y en la Subprocuraduría de Justicia del Estado, zona norte, pero en ninguna de las dos instancias investigaron el caso.
Sexto. Con Josefina Reyes, lamentablemente para el estado de derecho, suman siete los activistas y personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos que son asesinados en Chihuahua en los últimos dos años, con el pretexto de la guerra entre bandas de narcotraficantes.
Séptimo. Su asesinato ha sido repudiado y condenado por diversos organismos nacionales e internacionales que pedido que se investigue, se detenga a los responsables y se emitan por la Procuraduría estatal las órdenes de protección necesarias para proteger la vida de otros defensores de derechos humanos.
Destaca lo dicho por Amnistía Internacional, que publica en su página web que otros defensores de los derechos humanos que pertenecen a la Coordinadora de Organizaciones de la Sociedad Civil de Ciudad Juárez también corren peligro de intimidación y agresiones. En particular, Cipriana Jurado, otra activista que ha colaborado estrechamente con Amnistía Internacional en casos de abusos a manos de las Fuerzas Armadas, puede estar en peligro. "Las autoridades deben garantizar que Cipriana Jurado y otros defensores de los derechos humanos vinculados a la Coordinadora de Organizaciones de la Sociedad Civil de Ciudad Juárez reciben protección inmediata y eficaz", manifestó Kerrie Howard, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional. Este organismo ha pedido al Estado mexicano una investigación exhaustiva, pronta e imparcial del homicidio de Josefina Reyes, que los resultados se hagan públicos y que se lleve a los responsables ante la justicia.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó el homicidio y exige la profundización de las investigaciones tendentes a la captura y castigo de los responsables y demanda que sean atendidas exhaustivamente todas las líneas de investigación que se desprenden de sus actividades como defensora de los derechos humanos.
A través de la Quinta Visitaduría General, la CNDH inició un expediente de queja para dar seguimiento a la investigación que realizan las autoridades ministeriales.
Octavo. "Ante este crimen, todos debemos elevar la voz, por encima de diferencias, hacer sentir la firmeza de nuestro compromiso común y exigencia hacia el respeto de los derechos humanos en México", señaló en un comunicado el presidente del organismo.
Noveno. Los agravios contra defensores de derechos humanos documentados por la CNDH van en aumento, ya que en 2005 se tuvo conocimiento de 24; en 2006, de 18; en 2007, de 16; en 2008, de 24; y en 2009, de 25. El de Josefina Reyes es el primero de 2010. Los hechos violatorios más denunciados están relacionados con los derechos a la integridad y seguridad personal, a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la propiedad o posesión y a la vida.
A estas reacciones se han sumado una veintena de organizaciones que realizaron una marcha a las instalaciones de la PGR y ayer emitió un comunicado Rocío García Gaytán, directora del Inmujeres, para repudiar el asesinato y pedir su esclarecimiento.
Considerando
1. Que la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, establece: "Los Estados deberán promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional" (artículo 1) y a "garantizar la protección… de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante de ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente declaración" (artículo 12.2).
2. Que desde el inicio de la operación conjunta Chihuahua se ha desatado una serie de atropellos contra los derechos humanos, generando un ambiente pernicioso entre los habitantes de la frontera, en especial de Ciudad Juárez.
3. Que ante el clima de violencia e impunidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en junio de 2008, recomendó que se aplicaran medidas cautelares en favor de los defensores de derechos humanos en México.
4. También existe el Informe sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos, emitido por la Oficina del Alto Comisionado en 2009.
Por lo expuesto, someto a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, LXI Legislatura, la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República, a través de su titular, licenciado Arturo Chávez Chávez, a atraer el caso del homicidio de Josefina Reyes Salazar, en virtud de que éste lo llevó a cabo un comando que portaba armas de uso exclusivo del Ejército.
Segundo. Se exhorta al Estado mexicano a reparar a través de sus órganos judiciales el daño de la familia de Josefina Reyes Salazar, en términos del derecho internacional público, y sancionar a los responsables de su muerte.
Tercero. Al gobierno de Chihuahua, a través de su titular, licenciado José Reyes Baeza Terrazas, así como a la procuradora de Justicia de Chihuahua, licenciada Patricia Lucía González Rodríguez, para que en conjunto emitan sin mayor dilación las órdenes de protección o medidas cautelares con objeto de salvaguardar la seguridad, y la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos Gustavo de la Rosa, Cipriana Jurado y Gero Fong, quienes en diversos espacios han denunciado los abusos de los militares contra la población en el marco de la operación conjunto Chihuahua.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de enero de 2010.
Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A SUSPENDER MEDIANTE LA SAGARPA LA MINISTRACIÓN
DE RECURSOS AL GOBIERNO DE OAXACA POR LA INEFICIENTE APLICACIÓN
DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO EN LA
ENTIDAD, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
En un país democrático como lo es México, el ejercicio de la transparencia y rendición de cuentas debe ser sin duda, el reflejo de un país incluyente, plural y con visión de futuro. Durante la última década, los políticos comprometidos con el desarrollo de las instituciones de nuestro país, el ejercicio correcto de los recursos públicos, y el desarrollo del país hemos apostado por legislar y avanzar en la materia.
Sin duda, el camino no ha sido fácil, pero a pesar de estos avances nos seguimos encontrando con gente sin escrúpulos, fundamentalmente funcionarios públicos a nivel local, que su deseo de poder y de dinero, se antepone a la visión de desarrollo, democracia y transparencia de la cual les hablo.
Tal es el caso de los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) en Oaxaca, particularmente su titular, quien bajo el discurso de que el gobierno federal "no le cumple a Oaxaca", desvía los recursos que en teoría debieran destinarse al desarrollo del campo de esa entidad.
El marco normativo, las Reglas de Operación de los programas de la Sagarpa, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación no han sido un impedimento para que el citado funcionario, continué desviando recursos o en su defecto, asignándolos de manera discrecional y a conveniencia política, sin importar la situación por la que atraviesan los campesinos y mucho menos sus demandas de apoyo.
Cuando nuestro país, y sobretodo un estado como Oaxaca necesitan de recursos para invertir en el campo, funcionarios como éste se dan el lujo de argumentar una serie de falacias para ocultar su incapacidad como servidor público.
A pesar de que durante los últimos cinco años el Congreso local a través de los diferentes grupos parlamentarios que lo integran ha autorizado recursos importantes para el campo, la Seder se ha dado el lujo de no aplicarlos durante esos ejercicios, por el contrario, se ha insertado en una política de discurso de descalificación de las políticas públicas del gobierno federal para el campo, como una estrategia para mantener una cortina de humo, que dificulte a la gente del campo ver la innegable realidad: "Durante los cinco años de gestión del actual gobierno, no existen políticas públicas estatales para el campo de Oaxaca, y mucho menos se han aplicado recursos económicos que la respalden".
Es muy fácil argumentar que no ha habido apoyos por parte del gobierno federal. Pero también es muy fácil rebatir este discurso con datos duros. Por ejemplo, de 2006 a 2009, el gobierno del estado solamente aportó 267.34 millones de pesos (mdp) para apoyos al campo, mientras que el gobierno federal invirtió en este lapso 2 mil 827.20 mdp, que representa el 91.4 por ciento del total invertido en la entidad durante ese periodo. El gobierno estatal solo aportó el 8.6 por ciento restante.
Por si fuera poco, debemos recordar que todos los recursos aplicados en acciones para el campo en la entidad, principalmente en el medio rural, como lo son inversiones en activos productivos, capacitación, asistencia técnica, caminos, comercialización de productos, desarrollo rural, entre otros, proceden de Programas federales principalmente de Sagarpa, Sedesol, SRA, SE, SCT y STPS.
¿Qué pasa entonces con los recursos aprobados por el Congreso local para apoyar al campo? ¿Por qué si existen convenios de coordinación pactados entre el gobierno estatal y la Sagarpa, al final el primero incumple con los mismos? Entre 2006 y 2009, se han firmado cuatro "convenios de coordinación", comprometiendo el Ejecutivo federal a participar con un monto por 7 mil 547.7 mdp, mientras que el Ejecutivo estatal aportaría 705.0 mdp. La realidad indica que el gobierno federal ha cumplido con el 100 por ciento de los recursos comprometidos, mientras que el gobierno estatal a través de la Seder sólo aportó 265.4 mdp; es decir, el 37.64 por ciento de lo que se comprometió originalmente.
Es muy fácil rebatir los argumentos esgrimidos por el titular de la Seder en Oaxaca. Compañeros legisladores, basta ya de discursos mediocres, de discursos sin fundamentos, de discursos que no abonan al desarrollo del país, a la consolidación de su democracia, al tema de la transparencia y rendición de cuentas. Basta ya de ser condescendientes de funcionarios públicos ineficientes e incapaces de desarrollar sus funciones en pro del campo oaxaqueño. Repito compañeros, nuestro país y sobretodo Oaxaca, no necesitan de este tipo de funcionarios.
En Acción Nacional seguiremos pugnando por una política pública con visión de desarrollo rural, con una política pública que incentive la inversión en el campo, pero sobre todo, que se encamine a lo autosustentabilidad de dicho sector y no al derroche, no al clientelismo político como actualmente sucede en Oaxaca.
En virtud de lo expuesto y con base en los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno federal, a través de la Sagarpa, para suspender la ministración de recursos federales al gobierno del estado de Oaxaca, debido a la ineficiencia en la aplicación de políticas públicas para el desarrollo del campo por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural de la entidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de enero del 2010.
(Rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL PROCURADOR AGRARIO, AL TITULAR DE LA SRA, Y AL GOBERNADOR
Y A LOS 58 AYUNTAMIENTOS DE SAN LUIS POTOSÍ A CUMPLIR EL ACUERDO
ESTABLECIDO CON EL MOVIMIENTO HUASTECO DEMOCRÁTICO, SUSCRITA POR
LA DIPUTADA LETICIA QUEZADA CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 171 y 172 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al licenciado Rosendo González Patiño, procurador agrario; al agrónomo Abelardo Escobar Prieto, titular de la Secretaria de la Reforma Agraria; y al doctor Fernando Toranzo Fernández, gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí, así como a los 58 municipios de esa entidad federativa a cumplir el acuerdo establecido con el Movimiento Huasteco Democrático, de fecha 24 de junio de 1997 y se otorguen los títulos de propiedad agraria en cumplimiento a las diversas minutas de trabajo establecidas con la organización y que son procedentes conforme a la normatividad en materia agraria y justicia social, bajo los siguientes:
Antecedentes
Primero. El 24 de Junio de 1997 se logró un acuerdo agrario con el Grupo Operativo Especial del Consejo Agrario Estatal en San Luis Potosí con la organización campesina Movimiento Huasteco Democrático; con este acuerdo se atendía la demanda en el distrito de riego Pujal Coy, y fue suscrito por los licenciados Mario del Valle Fernández, Hermenegildo García Walle, Juan Serrano Amador y Humberto Páez Galván.
Derivado del acuerdo del 24 de junio de 1997, primero se hace la entrega de una constancia de asignación de una superficie de 1500 hectáreas la organización campesina Movimiento Huasteco Democrático, el día 21 de octubre de 1997, para beneficiar a varios núcleos agrarios que en su oportunidad serían seleccionados por la propia organización. Posteriormente se fueron entregando diferentes actas de posesión precaria en diferentes fechas que abarcan desde el 26 de noviembre de 1997 hasta el 24 de enero de 2000, donde se formaron todos los diferentes ejidos.
Segundo. Dicho acuerdo se refiere a la entrega de 5 mil hectáreas; en este convenio se establece, en su numeral 3o. que la organización campesina presentaría ante este grupo operativo especial el listado de los integrantes de cada grupo responsabilizándose que cumpliera con ciertos requisitos como son: ser mexicanos y mayores de edad; que tengan por ocupación habitual el campo; que no haya sido propietario de tierra privada o social; y que no estén casados o vivan en unión libre con otra persona que sea beneficiada con el programa.
Tercero. La Procuraduría Agraria y la Secretaria de la Reforma Agraria violaron el acuerdo que sostenían con la organización campesina denominada Movimiento Huasteco Democrático, y de igual forma no respetaron el punto de acuerdo número cuatro del convenio, el cual se refiere a que a esta organización campesina se le otorgaría una superficie de 5 mil hectáreas porque se incorporaron personas que inicialmente no integraban el padrón que inscribió la organización agraria.
Cuarto. Después de que la Procuraduría Agraria entrego los resultados a la organización campesina Movimiento Huasteco Democrático, quienes a través de sus representantes hicieron del conocimiento a la Procuraduría que no estaban de acuerdo con la entrega que se estaba haciendo.
Quinto. Derivado de esta problemática, en el año de 2003 los campesinos integrantes de la Organización trataron de tomar nuevamente sus tierras pero fueron fuertemente reprimidos por los órganos del Estado, como dan cuenta los rotativos de circulación local.
Sexto. Derivado de este conflicto el día 29 de Junio de 2004 en Ciudad Valles, San Luis Potosí, se firma un nuevo convenio, que tiene por objeto, dar cumplimiento al acuerdo agrario de fecha 24 de Junio de 1997. En este nuevo acuerdo se establece que:
Una vez concluido este proceso se iniciarían los trabajos técnicos en el predio denominado Emiliano Zapata del municipio de Tamuín, San Luis Potosí, que serían entregados a los integrantes de la organización campesina Movimiento Huasteco Democrático.
Octavo. Todos estos hechos fueron denunciados a la opinión pública y son del conocimiento de los entonces responsables de la política pública agraria en la entidad.
Noveno. Que hasta el momento no se le ha dado solución a las demandas de los campesinos integrantes del Movimiento Democrático Huasteco para ser restituidos, ni se han instado las mesas de negociación que permitan dar atención a nuestra problemática. Considerando
2. Que el Estado, a través de la ley, ha establecido el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.
3. Que es un objetivo de la norma el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural.
4. Que la resolución del conflicto agrario requiere la reinstalación de mesas de trabajo que permitan entregar a los campesinos que pertenecen al Movimiento Democrático Huasteco, la repartición de tierras que les corresponde a los que han sido desposeídos en forma arbitraria de su propiedad agraria.
5. Que se revise la integración irregular de los expedientes integrados por la representación de la Procuraduría Agraria en el Estado de San Luis Potosí.
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al licenciado Rosendo González Patiño, procurador agrario; al agrónomo Abelardo Escobar Prieto, titular de la Secretaria de la Reforma Agraria; y al doctor Fernando Toranzo Fernández, gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí, así como a los 58 municipios de esa entidad federativa a revisar, en el ámbito de sus respectivas competencias, los expedientes de la Organización Movimiento Democrático Huasteco y se instalen las mesas de trabajo tendientes a dar solución al conflicto agrario.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al licenciado Rosendo González Patiño, procurador agrario; al agrónomo Abelardo Escobar Prieto, titular de la Secretaria de la Reforma Agraria; y al doctor Fernando Toranzo Fernández, gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí, así como a los 58 municipios de esa entidad federativa a cumplir el acuerdo del 24 de junio de 1997 y se otorguen los títulos de propiedad agraria en cumplimiento a las diversas minutas de trabajo establecidas con la organización Movimiento Huasteco Democrático y que son procedentes conforme a la normatividad en materia agraria y justicia social.
Palacio Legislativo, a 20 de enero de 2010.
Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LOS GOBIERNOS DE CHIHUAHUA, PUEBLA Y VERACRUZ QUE INFORMEN
A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS TÉRMINOS DE SU ENDEUDAMIENTO,
EL COSTO FINANCIERO Y EL DESTINO DE SUS RECURSOS PÚBLICOS, A CARGO
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se solicita a los gobiernos de los estados de Chihuahua, Puebla y Veracruz informen a esta soberanía sobre los términos de su endeudamiento, su costo financiero y el destino de dichos recursos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Tres estados en los que habrá procesos electorales locales este año. Tres estados que, como otros en años anteriores, recurren al instrumento de la deuda directa o indirecta como lo es la bursatilización de los recursos provenientes de la federación para utilizarlos con fines electorales sin ningún tipo de escrutinio o fiscalización.
En el periodo de 1994 a 2009, la deuda pública de las entidades federativas se ha incrementado cada año 15.1 por ciento en promedio, equivalente a un monto de 194 mil 167 millones de pesos al año. La garantía de esta deuda han sido las participaciones federales. Con esto la relación entre la deuda de los estados respecto a su producto interno bruto alcanzó, en 2009, 50 por ciento.
Son dos los estados de la república que han liderado este explosivo endeudamiento, Hidalgo y Puebla, con incrementos en su deuda de 41 por ciento y 28.3 por ciento, respectivamente, en los últimos 15 años.
Las entidades de Veracruz, con un saldo de deuda de 9 mil 261 millones de pesos; Chihuahua, con 8 mil 72 millones de pesos; y Puebla, con 6 mil 533 millones de pesos, constituyen los tres principales estados de la república que mantuvieron los mayores niveles de deuda pública con la banca en 2009.
Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda de las entidades federativas y municipios con la banca privada y pública asciende a 220 mil millones de pesos, monto superior al gasto programable que ejercieron las dependencias federales en septiembre pasado.
Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como inconstitucional la bursatilización de activos como mecanismo de acceso al financiamiento por parte de las entidades federativas. Esto se debió a que la bursatilización no es considerada deuda pública, además de que no existe transparencia en el uso de los recursos y cuya garantía han sido las participaciones federales. El caso concreto de Sonora, en el año 2009, en que el entonces gobernador de la entidad, Eduardo Bours emitió una deuda indirecta a través de los instrumentos bursátiles por 10 mil millones de pesos.
Pese a este escenario, según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, las entidades federativas han realizado bursatilizaciones por 12 mil 178 millones de pesos, continuando con las participaciones federales como su mecanismo financiero de garantía.
Estos datos evidencian la falta de congruencia que las autoridades hacendarias locales han denotado en el manejo de sus finanzas, ya que mientras que a nivel federal los gobernadores se oponen a la construcción de una reforma fiscal integral federalista, recurren a la deuda pública como mecanismo rápido de acceso al financiamiento a corto plazo, pero sin considerar las implicaciones económicas y financieras que esto trae para el bolsillo de la gente tanto en el presente como para las generaciones futuras.
Hoy, la democracia mexicana no puede permitirse este tipo de actos mediante los cuales los gobiernos estatales recurren a artimañas o al aprovechamiento de lagunas legales para incidir en los comicios, gastando más en obra pública durante los últimos meses de su mandato u ocupándolos en programas sociales eventuales o ayudas de corte asistencialista sin que ninguna entidad fiscalizadora conozca los padrones de destinatarios.
En el proceso de consolidación democrática en nuestro país, los ciudadanos exigen conocer el destino de los recursos públicos; exigen contar con información veraz sobre la forma en que se ejecuta el gasto público y su eficacia, y también exigen que las obras y políticas públicas se realicen durante todo el tiempo en que dura el mandato de un gobernante y no sólo durante los últimos meses de su gestión.
El Partido Acción Nacional hace un señalamiento enérgico sobre estos hechos que han sido recurrentes durante los últimos años para advertir lo que está sucediendo en Chihuahua, Puebla y Veracruz.
El Partido Acción Nacional durante toda su historia ha pugnado por elecciones libres, por procesos comiciales democráticos, por la equidad en las contiendas electorales, por la transparencia y la rendición de cuentas en todos los ámbitos de gobierno y así seguirá siendo.
Es claro que a nivel federal ya se observan estos principios y valores; sin embargo, a nivel local aún hay mucho por hacer en estos temas de tanta relevancia para el devenir democrático e institucional de la federación.
Exigimos transparencia y eficacia en el uso de los recursos, con el fin de que estos no sean destinados a otros fines que no sean los de brindar bienestar y asegurar los servicios necesarios y suficientes a la población.
Que los recursos públicos sirvan para el crecimiento y desarrollo de todas y cada una de las comunidades del país, y no para el crecimiento de los votos en favor de un candidato o partido por la vía de la cooptación, el engaño, el paliativo efímero y la compra de las conciencias.
Por lo anterior se presenta el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a los gobiernos de Chihuahua, Puebla y Veracruz informen a esta soberanía sobre los términos de su endeudamiento, su costo financiero y el destino de dichos recursos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 20 de enero de 2010.
(Rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SEGOB A PRECISAR LOS PLAZOS, LOS PROCEDIMIENTOS
Y LAS INSTITUCIONES QUE INCLUIRÍA EL ESQUEMA MEDIANTE EL CUAL EL
GOBIERNO MEXICANO DARÁ SEGUIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA POR LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO DEL CAMPO ALGODONERO,
SUSCRITA POR LA DIPUTADA TERESA INCHÁUSTEGUI ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone a consideración de esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su sentencia del caso González y otras (campo algodonero) contra México, del 16 de noviembre de 2009, hizo responsable al Estado mexicano de violaciones a los derechos humanos de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, niñas víctimas de feminicidios, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el 6 de noviembre de 2001, haciendo imposible, a partir de este histórico documento, negar que los feminicidios existen.
Campo algodonero es un caso emblemático de niñas asesinadas en un contexto de violencia sistemática hacia las mujeres en Ciudad Juárez y en el país, por lo que México ha merecido más de cuatrocientas recomendaciones internacionales.
El cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos es fundamental para garantizar el derecho de las mexicanas a una vida libre de violencia, dado que señala de manera específica los aspectos fallidos presentes en los procesos de investigación judicial, la falta de profesionalismo y compromiso de los funcionarios encargados de las investigaciones, la ausencia de protocolos adecuados para la búsqueda de desaparecidas, las fallas en el seguimiento y registro de casos. Además de reconocer el hostigamiento y las amenazas a familiares de las víctimas por parte de cuerpos policiales que debieran cumplir con su tarea.
Ante estos elementos la Corte Interamericana dictó reparaciones específicas y señaló acciones puntuales de política pública, impartición y procuración de justicia, indispensables para evitar la repetición de estas violaciones a los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
Valoramos la voluntad del gobierno de México de estudiar detenidamente la sentencia y llevar a cabo los esfuerzos necesarios para su cumplimiento, expresados en el comunicado de prensa de la Secretaría de Gobernación del 10 de diciembre pasado, en el que además se señala que el fallo de la Corte Interamericano de Derechos Humanos es definitivo e inapelable y que el Estado mexicano reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1998.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al secretario de Gobernación, dependencia responsable del Estado mexicano de coordinar el cumplimiento de la sentencia emitida por la CIDH relativo al caso "campo algodonero", a
2. Considerar, para el seguimiento de los avances, la participación de servidores públicos de alto nivel de todos los Poderes de la Unión, así como a integrantes de la comisión de feminicidios de la LXI Legislatura, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a representantes de organismos internacionales de derechos humanos, particularmente al alto comisionado para los Derechos Humanos para dotar de apoyo técnico al proceso,
Diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD QUE RECONOZCA LA HEPATITIS
C COMO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA Y GARANTICE LA DISPONIBILIDAD Y
EL ACCESO DE SU TRATAMIENTO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ANTONIO OSUNA
MILLÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, legislador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Secretaría de Salud que se reconozca la hepatitis C como un problema de salud pública, y que garantice la disponibilidad y el acceso para su tratamiento, en coordinación con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La hepatitis C es una infección producida por el virus de la hepatitis C (VHC). Dicho virus se encuentra en la sangre de las personas infectadas, provocando que el hígado se inflame y deje de funcionar correctamente. Este virus produce una infección aguda, que en la mayoría de los casos es asintomática.
El VHC es la primera causa de hepatitis crónica en el mundo occidental, con riesgo de desarrollar complicaciones, como cirrosis o cáncer de hígado. En el mundo, afecta a 3.3 por ciento de la población; y en México, aproximadamente a 1.5 por ciento.
En México, la cirrosis hepática es la tercera causa de muerte en hombres y la séptima en mujeres, y 42 por ciento de la cirrosis hepática es producido por hepatitis virales.
Los principales factores de riesgo son éstos:
b) Intervenciones quirúrgicas mayores antes de 1995 (el año en a y b atiende en razón a que la versión definitiva de la NOM-003-SSA2-1993, que determina la detección de anticuerpos de VHC en los bancos de sangre, no se dio a conocer hasta el 18 de julio de 1994);
c) Uso de drogas por vía intravenosa o vía intranasal al compartir instrumentos contaminados;
d) Contacto con sangre de una persona infectada, por vía parenteral: heridas, exudados de heridas, laceración de la piel o mucosas;
e) Pinchazos accidentales al compartir agujas, inyecciones intravenosas o jeringas contaminadas con sangre infectada;
f) Tratamientos dentales con instrumentos no esterilizados;
g) Uso de la acupuntura corporal, tatuajes, perforaciones y podología con materiales no desechables o no esterilizados y que estén contaminados;
h) Transmisión sexual por historial de múltiples parejas o relaciones de alto riesgo (heterosexual u homosexual) sin protección; e
i) Trabajadores de la salud como grupo de riesgo.
Noventa por ciento de los pacientes recién infectados progresa hasta desarrollar hepatitis crónica; sin tratamiento, ésta progresa hasta la cirrosis hepática, enfermedad que se caracteriza por la presencia de múltiples complicaciones, como sangrado del tubo digestivo, ascitis y encefalopatía.
Por ello, la hepatitis C debe ser tratada a tiempo e inmediatamente después de su diagnóstico para evitar la generación de gastos gubernamentales excesivos a consecuencia de las hospitalizaciones, cuidados intensivos, trasplantes del órgano hepático, inmunodepresores y estudios clínicos de alto impacto económico.
Las estadísticas son alarmantes: el VHC se ha convertido en un importante problema de salud a escala mundial. Por esa razón se deben crear políticas públicas que consideren el acceso de esta enfermedad.
La cobertura actual de los servicios de salud otorgados a escala federal incluyen el tratamiento de la hepatitis C únicamente cuando la infección se presenta en coinfección con el virus del VIH/sida, lo que representa una discriminación y violación de los derechos humanos de las personas que únicamente padecen de hepatitis C sin coinfección, al denegarles un tratamiento médico existente en el esquema actual de servicios.
El costo anual del tratamiento sólo para la hepatitis C fue calculado por el Instituto Nacional de Salud Pública en 168 mil pesos. Sin embargo, en los enfermos que no reciben tratamiento y evolucionan de forma natural hacia la cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer de hígado se gastan anualmente entre 30 mil y 40 mil pesos mensuales, requiriendo al cabo de 10 años cerca de 500 mil pesos, y con una calidad de vida muy inferior a la que podrían tener si se hubiera tratado a tiempo. Este decremento de la calidad de vida del paciente muchas veces lo obliga a dejar de ser económicamente activo, lo que habría sido evitable de haberse atendido oportunamente.
Hoy día, los pacientes con hepatitis viral C pueden tener oportunidad de tratamiento, ya que se cuenta con la posibilidad de utilizar Peginterferon Alfa, en combinación con Ribavirina, que tiene hasta 80 por ciento de probabilidades de éxito terapéutico, eliminando el VHC y evitando que los pacientes infectados progresen a cirrosis hepática.
Por todo lo anterior, y en virtud de que a nuestro partido preocupa este asunto de salud pública, se somete a su consideración la siguiente propuesta con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a desarrollar las acciones necesarias para que a través de los servicios de salud de carácter público se garanticen la disponibilidad y el acceso al tratamiento de la hepatitis C para la población beneficiaria.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud a considerar, por medio de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de dicha enfermedad, como parte del conjunto de intervenciones amparadas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 20 de enero de 2010.
Diputado Miguel Antonio Osuna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA COMISIÓN PERMANENTE RESUELVE QUE LOS ANUNCIOS PROMOCIONALES POR
DIFUNDIR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA EN 2010
HAGAN REFERENCIA AL PATRIMONIO CULTURAL MEXICANO, SUSCRITA POR LA SENADORA
MARÍA DE LOURDES ROJO E INCHÁUSTEGUI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
La suscrita, senadora a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
El año 2010 tiene para los mexicanos especial significado en tanto que estaremos celebrando el bicentenario del inicio de nuestra Independencia y el centenario del comienzo de la Revolución Mexicana, acontecimientos fundamentales en el desarrollo de nuestra nación.
La Independencia y la Revolución Mexicana, como hechos históricos, tienen importancia fundamental vistos en sí mismos y atendiendo a los efectos en nuestra vida colectiva e individual, pero hay que señalar que para que la historia tenga presencia perenne en nuestro ánimo, no es suficiente la justa celebración, sino además hace falta incitar a los mexicanos a la reflexión sobre el alcance de las luchas sociales, las instituciones, los valores y el patrimonio que a lo largo del tiempo hemos consolidado.
Es cierto que las celebraciones habrán de ser muchas y muy variadas y que sin duda se fortalecerá nuestro espíritu cívico y nuestro patriotismo, pero considero que lo social y lo político son elementos comprensibles gracias a la cultura, elemento que a través de las expresiones artísticas de toda índole y de diverso nivel nos permite no sólo una visión particular del mundo sino su interpretación y transformación.
Por ello, el patrimonio tangible e intangible generado mediante el quehacer cultural más que vestigio de nuestra identidad es rasgo característico que la fortalece, motivo por el cual, con motivo de las celebraciones del inicio de la Independencia y de la Revolución Mexicana, dicho patrimonio merece ser reconocido y honrado. La manera en que ejercemos el poder de nuestros sentidos, nuestra imaginación y la memoria se apoya en los indicios materiales e inmateriales que hemos cultivado a lo largo de milenios; desde la era prehispánica, pasando por el choque de civilizaciones que fundó una nueva raza y una nueva nacionalidad, hasta las transformaciones sociales que son referente constante de nuestra identidad actual, hemos encontrado innumerables muestras de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser gracias al efecto inquietante de las artes: la arquitectura, las artes plásticas y escénicas, la literatura, la música, el cine conforman nuestro entorno y nuestras mentes.
Es en ese orden de ideas que formulo ante esta soberanía una propuesta que, de ser resuelta favorablemente, dará al Congreso de la Unión la oportunidad de abrir su participación en las celebraciones del 2010 como difusor de nuestra cultura y el patrimonio cultural de todos los mexicanos.
Por otra parte, es de enfatizarse que el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ha sido especialmente sensible al tema de la cultura en todas sus vertientes y así lo ha puesto de manifiesto tanto en su labor legislativa como en diferentes acciones como son exposiciones, foros o publicaciones, por ejemplo.
En virtud de lo anterior, se somete a consideración de este honorable Pleno, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos resuelve que en los spots promocionales que se difundan en los medios de comunicación electrónica durante el 2010 se haga referencia al patrimonio cultural mexicano.
Dado en San Lázaro el 20 de enero de 2010.
Senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA ASF QUE AUDITE AMPLIAMENTE EL PROGRAMA SOCIAL TARJETA
DE LA GENTE, IMPLANTADO POR EL GOBIERNO DE COAHUILA EN EL EJERCICIO FISCAL
DE 2009, SUSCRITA POR EL SENADOR JOSÉ GUILLERMO ANAYA LLAMAS, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, senador de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente propuesta con punto de acuerdo para solicitar respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación practique una auditoría exhaustiva al Programa Social "Tarjeta de la Gente" implantado por el gobierno de Coahuila durante el ejercicio fiscal de 2009, de conformidad con lo siguiente:
El Presupuesto de Egresos de Coahuila para el ejercicio fiscal de 2009, señala en su artículo 2o. que el Presupuesto señalado en el artículo 1o. se comprenden los recursos correspondientes al fondo que se creará mediante decreto del Ejecutivo, para apoyos a personas en estado de necesidad, que será operado por las dependencias correspondientes.
Por su parte, en enero de 2009, el gobernador del estado, profesor Humberto Moreira Valdés anunció con bombo y platillo el establecimiento del Programa "Monedero de la Gente", que sería implantado entre la población vulnerable mediante la distribución de una tarjeta con crédito a fin de adquirir productos de la canasta básica, de igual forma serviría para cubrir pagos a servicios del hogar.
En ese tenor, el 3 de abril de 2009 se publicaron en el Periódico Oficial del estado de Coahuila las Reglas de Operación del citado Programa Social "Tarjeta de la Gente", mejor conocido como "Monedero de la Gente", por medio del cual se daría un apoyo económico a la población con altos índices de vulnerabilidad social, cuyos beneficiarios son adultos mayores de 60 años, hombres y mujeres con discapacidad, mujeres en situación de desventaja como madres solteras y familias con índice de alta marginación social.
El programa consiste en distribuir una tarjeta plástica a los beneficiarios del programa, en la cual se abonan 200 pesos mensuales que pueden ser utilizados para la adquisición de productos de la canasta básica y para el pago de servicios básicos para el hogar, y tendría una duración indefinida.
Asimismo, en las Reglas de Operación se señala que solamente se otorgará un plástico por familia, aun y cuando en ésta haya más de una persona que pertenezca a cualquiera de los grupos más vulnerables que el propio programa menciona.
Dichas Reglas señalan que el programa es de cobertura estatal, que se implanta en los 38 municipios del estado, que operará con recursos estatales sujetos a disponibilidad presupuestaria y que se regirá, entre otros, por el principio de transparencia.
Igualmente se establece que es el gobierno de Coahuila la instancia responsable de vigilar la adecuada operación, seguimiento y control del Programa "Monedero de la Gente" siendo el gobernador del estado el presidente institucional del comité de éste.
Con base en lo anterior, en el año de 2009 se destinaron 700 millones de pesos para la implantación del "Monedero de la Gente" y se registraron 150 mil beneficiarios de éste.
Sin embargo, a principios de 2010 el nuevo secretario de Desarrollo Social de Coahuila anunció la suspensión del Programa "Monedero de la Gente" por detectarse diversas irregularidades en su implantación, como monederos duplicados en el 20 por ciento del padrón de beneficiarios, el reparto de dos o tres monederos en una misma familia y se detectó un faltante aproximado de ciento cincuenta millones de pesos.
No obstante lo anterior, las cifras declaradas por el propio gobernador Moreira y los funcionarios públicos involucrados no justifican el gasto de los 700 millones de pesos que fueron asignados al "Monedero de la Gente", ya que si se registraron 150 mil beneficiarios se debieron haber erogado 270 millones de pesos y, en consecuencia faltarían por justificar 430 millones de pesos.
Desde el anuncio oficial de la existencia de dichas irregularidades los legisladores panistas federales y locales de Coahuila hemos exigido al Ejecutivo estatal la total transparencia y rendición de cuentas del desvío de recursos en uno de los programas sociales más relevantes del estado porque atiende las necesidades básicas de la población más desamparada.
Sin embargo, en lugar de encontrar una respuesta en la que el gobierno estatal asuma su responsabilidad, explique de forma clara y detallada la aplicación de los recursos y emprenda las acciones legales necesarias para sancionar y castigar a los servidores públicos involucrados en el desfalco del erario público, encontramos actitudes de denostación y minimización de dichas conductas delictivas, además de una campaña oficial en la que se pretende engañar a los coahuilenses diciendo que el Partido Acción Nacional pretende dejar a las personas necesitadas sin el apoyo que implica el "Monedero de la Gente".
Compañeros legisladores, nada más falso, el PAN siempre apoyará medidas y programas gubernamentales que erradiquen la pobreza y ayuden a la población más vulnerable del país, como un ejemplo de ello, a nivel federal se han reforzado los recursos asignados al Programa Oportunidades.
Lo que sí es verdad, es que aquí, en lo concerniente al "Monedero de la Gente" de Coahuila, estamos ante un fraude millonario en el que están involucrados servidores públicos del gobierno del señor Humberto Moreira y que implica un desfalco significativo de los recursos públicos que debían apoyar a las familias más pobres del estado.
Pedimos hacer valer el estado de derecho, exigimos transparencia y rendición de cuentas en la implantación del Programa "Monedero de la Gente" y exigimos las sanciones administrativas y penales a los responsables de este fraude al erario público de Coahuila que ha ocasionado un perjuicio grave a quienes dejaron de recibir el apoyo monetario a que tenían legítimo derecho.
En ese tenor, derivado de que dicho programa era financiado con recursos provenientes de las aportaciones federales, solicito la inmediata intervención de la Auditoría Superior de la Federación, para que en uso de sus facultades constitucionales y legales, revise y audite ampliamente el Programa Social "Tarjeta de la Gente" implantado por el gobierno de Coahuila en el ejercicio fiscal de 2009 y deslinde las responsabilidades a que haya lugar.
El manejo claro y transparente de los recursos públicos es una exigencia que los mexicanos hacen a cualquier gobernante de cualquier nivel, y la adecuada aplicación del dinero público es una obligación ineludible cuando dichos recursos van orientados a atender las necesidades de pobreza de la población más vulnerable.
Por lo expuesto, por el digno conducto de usted presidente, someto a la consideración de ésta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Único. Solicito la inmediata intervención de la Auditoría Superior de la Federación, para que en uso de sus facultades constitucionales y legales, revise y audite ampliamente el Programa Social "Tarjeta de la Gente" implantado por el gobierno de Coahuila en el ejercicio fiscal de 2009 y deslinde las responsabilidades a que haya lugar.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinte días del mes de enero de dos mil diez.
Senador José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SCJN A ATRAER EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO
POR EL SME CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA JUEZ DE DISTRITO GUILLERMINA
COUTIÑO MATA QUE INDEBIDAMENTE DECLARÓ CONSTITUCIONAL EL
DECRETO DE EXTINCIÓN DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, SUSCRITA POR EL
DIPUTADO RAMÓN JIMÉNEZ LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito diputado, Ramón Jiménez López, integrante de Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo
Consideraciones
La justicia social debe ser eje sustancial de toda comunidad, si queremos mantener los equilibrios mínimos para su supervivencia y desarrollo.
1. El viernes 11 de diciembre de 2009, se cerró el cerco de los tres Poderes de la Unión en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), violentando en un acto alevoso e inconstitucional, derechos fundamentales de la democracia, como el derecho al trabajo y a la autonomía sindical, entre otros.
Es de recordar que el Ejecutivo federal tomó por asalto con cuerpos policiacos y militares las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, para luego dictar un inconstitucional decreto para su extinción.
2. El legislativo federal abdicando de sus atribuciones, se negó a interponer una controversia constitucional en contra de este decreto, y posteriormente en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, la gran mayoría decidió suprimir los recursos destinados a favor de Luz y Fuerza.
3. Por lo que hace al Poder Judicial federal, este negó la procedencia de la controversia constitucional interpuesta por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; igualmente no aceptó constituir una comisión especial que investigara las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en todo este proceso de violencia hacia los trabajadores electricistas y sus derechos tal y como lo establece el artículo 97 de la Constitución.
Es decir, estamos frente a una vergonzosa acción concertada de los tres Poderes de la Unión, que busca abrir las puertas de la privatización al fabuloso negocio de la fibra óptica, pretende sancionar a una agrupación gremial, por su carácter independiente y combativo y, de paso intimidar al resto del sindicalismo independiente. Igualmente busca la aprobación fast track de la llamada "iniciativa Lozano" de reformas integrales a la Ley Federal del Trabajo.
El viernes 11 de diciembre de 2009, la juez de distrito Guillermina Coutiño Mata, que decepcionó todas las esperanzas de justicia que el pueblo había puesto en ella, negó el amparo y la protección de la justicia federal al SME con argumentos tan insostenibles, como el que señala que el decreto, extinguió la fuente de empleo de los electricistas, más no impide reinsertarse en el mercado laboral, ¡esto es una franca inconstitucionalidad y burla! Nada más faltaba que se les prohibiera reemplearse a estos trabajadores; por otro lado este despido masivo se da en circunstancias económicas especialmente difíciles; esto sin señalar que gracias a la campaña mediática difamadora del gobierno federal, ha provocado que los trabajadores electricistas estén siendo objeto de una verdadera persecución y discriminación laboral.
Igualmente argumenta la juez Coutiño que con su decisión hizo prevalecer el interés público sobre el interés privado que representa el SME, como si la sobrevivencia de Luz y Fuerza no respondiera también a un interés público y sin recordar que el SME es titular de un interés social que debe ser tutelado por mandato de la Constitución. Además se negó resolver los planteamientos de legalidad en materia de trabajo alegados por este sindicato y dio su espaldarazo a la supresión del derecho de audiencia en perjuicio de los trabajadores y, a la invasión de atribuciones del Legislativo por el Ejecutivo.
Se legalizó la farsa de la división de poderes que existe en nuestro país, lo que nos anuncia tiempos difíciles para la patria.
En suma, una incongruente, anticonstitucional, vergonzosa, aberrante sentencia que llena de oprobio al Poder Judicial, en la que, como dicen los trabajadores "hubo mano negra", nos pone en alerta. Ante este escenario plagado de irregularidades, queda demostrado que las decisiones políticas están por encima de las decisiones jurídicas. Frente a esta resolución de la juez de distrito de mención, resta a los trabajadores la interposición del recurso de revisión en los términos de los artículos 83 y 86 de la Ley de Amparo. Para así tratar de reparar tamaño atropello.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a hacer uso de su facultad de atracción sobre el recursos de revisión que ha interpuesto el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en contra de la sentencia dictada por la juez de distrito Guillermina Coutiño Mata que indebidamente declaró constitucional el decreto de extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Igualmente, llegado el momento legal oportuno, resuelva a favor de los trabajadores electricistas el recurso de revisión de cita, a fin de restaurar el estado de derecho, en bien de la justicia y la paz social. Esto con fundamento con el artículo 107, fracción VIII, inciso b), segundo párrafo de la Constitución federal en relación con el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la federación.
Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal y, en especial a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a que respeten la suspensión definitiva otorgada al SME en vía de amparo, por lo que deberán inhibirse de dar por concluidas las relaciones de trabajo entre los trabajadores afiliados a este sindicato y Luz y Fuerza del Centro.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de enero de 2010.
Diputado Ramón Jiménez López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL CONGRESO DE PUEBLA A CUMPLIR LA SENTENCIA DICTADA POR LA
SEGUNDA SALA DE LA SCJN SOBRE LA RATIFICACIÓN DEL LICENCIADO GERMÁN
GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ BRUN COMO MAGISTRADO ELECTORAL DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DE LA ENTIDAD, SUSCRITA POR LOS SENADORES JORGE OCEJO MORENO
Y JESÚS GARIBAY GARCÍA, DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL
PAN Y DEL PRD, RESPECTIVAMENTE
Los suscritos, senadores de la república a la LXI Legislatura, Jorge Andrés Ocejo Moreno, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y Jesús Garibay García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Congreso del estado de Puebla a dar cumplimiento de la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa al proceso de ratificación del licenciado Germán Gabriel Alejandro López Brun como magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, toda vez que se requiere dar certeza jurídica y legalidad al proceso electoral a efectuarse en el estado de Puebla el próximo 5 de julio, con base en las siguientes
Consideraciones
Para México la construcción de una normalidad democrática, a lo largo y ancho del país, ha implicado un largo y costoso proceso de varias décadas atrás, cuya finalidad ha sido construir y consolidar instituciones que la sustenten. Entre ellas, los tribunales especializados en materia electoral que resuelven casos de conflictos entre partidos políticos y de ciudadanos con estos últimos.
No ha sido tarea sencilla que pueda soslayarse, por lo que es nuestro deber, como representantes ciudadanos, vigilar y exigir el cabal respeto, vigencia y cumplimiento de los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad, pilares del sistema político-electoral mexicano.
En el presente año, catorce entidades federativas celebrarán procesos electorales locales. Y una de estas entidades es, precisamente, el estado de Puebla, donde el próximo mes de julio, se elegirá gobernador, 217 ayuntamientos y se renovará la legislatura del Congreso local.
En razón de lo anterior, manifiesto mi preocupación ante esta Soberanía por la irregular situación con relación al procedimiento para la integración del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Puebla para el periodo 2006-2012, actor fundamental en el proceso electoral en cierne, y pongo en antecedentes lo siguiente:
La comisión especial responsable de la revisión de las propuestas resolvió sobre el particular, que una vez realizada la evaluación del desempeño del Licenciado López Brun como magistrado de dicho tribunal, éste cumplió con cada uno de los requisitos establecidos en la base VI de la convocatoria, antes referida.
Es así, que el acuerdo de la comisión fue sometido para la aprobación del Pleno del Congreso del estado de Puebla en su sesión ordinaria del 16 de noviembre de 2006, resultando ratificados los tres magistrados electorales propuestas en el dictamen de dicha comisión, incluido el licenciado López Brun, con una votación de 34 votos a favor y 4 en contra, lo cual consta en acta del mismo Congreso estatal.
2) En fecha posterior, el 23 de noviembre de 2006, el Pleno del este mismo Congreso aprobó un nuevo acuerdo, pero en sentido desfavorable para el licenciado López Brun, distorsionando el estatus del magistrado, pasando de ser "magistrado ratificable" a "aspirante a magistrado", por lo cual designó finalmente a nuevos magistrados electorales; hecho totalmente extraño, violatorio del procedimiento de la convocatoria a que debió sujetarse, y que hace presumir dolo por parte de los legisladores que votaron este acuerdo.
3) En uso de su pleno derecho, el ciudadano Germán Gabriel Alejandro López Brun acudió al juicio de amparo constitucional, con la finalidad de reclamar la revisión por parte del Poder Judicial Federal, de todas y cada una de las actuaciones del Congreso del estado con los que efectuó la integración del Tribunal Electoral.
De esta forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con fecha 26 de octubre de 2009, emitió sentencia respecto a dicho juicio de amparo, donde establece lo siguiente:
"Siguiendo los lineamientos de esta sentencia, el Congreso local, deberá emitir una resolución justificada mediante una motivación reforzada, en la que decida ratificar o no al quejoso como Magistrado Electoral para el periodo correspondiente, para lo cual deberá tomar en consideración la evaluación ya realizada por la comisión especial (aprobada por el pleno del Congreso) sobre el desempeño del quejoso en dicho cargo, toda vez que esta última actuación valorativa se encuentra intocada, al no haber sido cuestionada por parte legitima."
4) No obstante que el Congreso del estado de Puebla está obligado a dar cumplimiento a la ejecutoria de la sentencia, éste ha sido omiso en dos ocasiones a los requerimientos por parte de las autoridades judiciales federales, toda vez que se ha argumentado que el asunto fue turnado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio o que el Congreso estatal se encuentra en periodo de receso, razones que la Corte ha estimado como omisiones de la ejecutoria de sentencia e intentos de evadir la justicia federal.
Por ello, en fecha 6 de enero del presente año, el Juzgado Primero del Poder Judicial de la Federación ordenó requerir nuevamente al Congreso para que en 24 horas diera cumplimiento al fallo, con apercibimiento que de no hacerlo se daría inicio al procedimiento establecido en el artículo 105 de la Ley de Amparo. Esto es, remitir el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el desacato a dar cumplimiento a la sentencia de amparo.
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del estado de Puebla a dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual tiene como ejecutoria dar una resolución justificada por parte del Congreso local, en la que se decida la ratificación o no del licenciado Germán Gabriel Alejandro López Brun como magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, y con ello dar certeza jurídica y legalidad al proceso electoral a efectuarse en el estado de Puebla el próximo 5 de julio.
Salón de sesiones de Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2010.
Senadores: Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica),
Jesús Garibay García.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SCT A RECONSIDERAR LA VENTA Y LA FUSIÓN DE LAS AEROLÍNEAS
MEXICANAS PORQUE TIENDEN A MONOPOLIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO,
SUSCRITA POR EL SENADOR RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Rubén Fernando Velázquez López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la secretaría de Comunicaciones y Transportes a reconsiderar la venta y fusión de las aerolíneas mexicanas, por considerarlo como un acto tendente a monopolizar el servicio de transporte aéreo.
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ciudadano Juan Molinar Horcasitas, así como a la Comisión Federal de Competencia, a reconsiderar la venta y fusión de las aerolíneas mexicanas, por considerarse un acto tendiente a monopolizar el servicio de transporte aéreo.
Senador Rubén Fernando Velázquez López
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CONFERIR PRIORIDAD A LA AYUDA PARA MUJERES
EN HAITÍ, SUSCRITA POR LA DIPUTADA TERESA INCHÁUSTEGUI ROMERO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, integrante del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, perteneciente a la LXI Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 de la ley Orgánica del Congreso General, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo con objeto de exhortar al gobierno federal a que priorice a las mujeres en el otorgamiento de ayuda al pueblo de Haití de cara a la emergencia que vive, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
El terremoto de 7 grados en la escala de Richter que azotó Haití el pasado 12 de enero de 2010 ha dejado una secuela de más de 100 mil personas fallecidas y millones de damnificados y damnificadas y un dolor inconmensurable.
Según señala Elaine Enarson, el género está presente en los mundos sociales donde ocurren los desastres naturales y las situaciones de emergencia como la que vive el pueblo de Haití afectan de manera diferente a las mujeres y a los hombres.
Las mujeres, debido al papel que tienen asignado, están responsabilizadas de las tareas domésticas como el cuidado de los niños, ancianos o discapacitados, la preparación de alimentos y la atención a enfermos, que no se interrumpen en la situaciones de desastre, sino que incluso pueden aumentar y, lo que es peor, deben realizarse en condiciones extraordinarias debido a la emergencia. Igualmente tienen necesidades de instalaciones específicas debido al embarazo, los partos y los ciclos reproductivos y pueden verse más expuestas a situaciones de violencia y abusos que no son infrecuentes en estos casos, sobre todo las niñas y adolescentes.
Dado que con frecuencia la vivienda queda destruida por el desastre, las familias se ven obligadas a reubicarse en albergues, que no son adecuados para tareas diarias como cocinar, aumentando la carga doméstica y económica de la mujer, disminuyendo su libertad de movimiento para buscar fuentes alternativas de ingreso.
Cuando las mujeres pierden sus recursos económicos, su posición de negociación en el hogar se ve perjudicada. Los desastres aumentan la vulnerabilidad de la mujer. Además del aumento de los hogares encabezados por mujeres y el hecho que la mayoría de los residentes en los albergues son mujeres, varios estudios han revelado un aumento en los niveles de violencia doméstica y sexual después de los desastres.1
En este sentido, organismos internacionales como el Fondo de Población de las Naciones Unidas ha recomendado reconocer esta realidad y la doble carga de las mujeres en los casos de desastre y en los programas de reconstrucción.
La salud reproductiva y sexual de la mujer comienza a ser reconocida como un componente clave de los esfuerzos de ayuda en los desastres. Y también su participación en la organización de la comunidad para responder a los desastres y coadyuvar a la mitigación de las situaciones difíciles.
En Haití las mujeres son la población más pobre y discriminada lo cual aumentará gravemente a partir del desastre ocurrido. Además, siendo que un 43% de las familias haitianas son encabezadas por mujeres también responsables de las labores domésticas y de cuidados, serán ellas las que en estos momentos tendrán la carga de la supervivencia de sus familias, las labores de cuidado y protección en los albergues y la reconstrucción de sus viviendas y comunidades.
La responsabilidad de otorgar ayuda al pueblo haitiano, incluye proveer a las mujeres de todos los medios para que puedan contribuir a la reconstrucción del país y las familias, y vigilar que el acceso a la ayuda humanitaria no genere mayor marginación y violencia contra las mujeres.
Es por ello que hacemos un llamado para que el gobierno federal continúe enviando ayuda a este país poniendo especial atención al apoyo que se brinde a las mujeres, así como que garantice que la ayuda les llegue directamente a ellas y sus familias, para lo cual una vía idónea es la canalización a través de las organizaciones civiles que trabajan directamente con mujeres en Haití.
Punto de Acuerdo
Único. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a dar prioridad a la ayuda a las mujeres en Haití y garantizar su acceso directo a la ayuda humanitaria.
Nota
1. McCarrher, D.R. y P.E. Bailey. "Evaluation of a Domestic
Violence Mass Media Campaign Targeted at Men – Campaña desastre,
Nicaragua". Family Health International (junio de 2000). Y Enarson,
E. "Surviving Domestic Violence and Disasters". Freda Centre for Research
on Violence against Women and Children (enero den 1998) http://www.harbour.sfu.ca/freda/reports/dviol.htm
Presentado ante el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 18 de enero de 2010.
Diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero
(rubrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL PRESIDENTE DEL INEGI A COMPARECER ANTE ESTA ASAMBLEA PARA
QUE EXPLIQUE LA DISMINUCIÓN DE PREGUNTAS RELATIVAS A LA CONDICIÓN
DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL CUESTIONARIO BÁSICO DEL CENSO
DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, SUSCRITA POR EL SENADOR FRANCISCO JAVIER
CASTELLÓN FONSECA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, senador Francisco Javier Castellón Fonseca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes
Consideraciones
El Instituto Nacional de Población realizará este 2010 el primer Censo Nacional de Población y Vivienda de este año, tal y como lo ha hecho en cada inicio de década desde 1900. Dicho censo es el instrumento por excelencia del Estado mexicano para conocernos como sociedad, como nación, para identificar nuestra riqueza poblacional, pero también nuestro déficit social y las áreas prioritarias de acción en materia de bienestar.
Pero este Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010, puede quedar lejos de cubrir con los objetivos que se le han conferido, lo anterior, porque la Sociedad Mexicana de Demografía manifestó el 15 de diciembre que ve "con profunda preocupación la disminución significativa de preguntas que habrá de tener el cuestionario básico del próximo censo, lo cual reduce sus posibilidades de comparación con ejercicios censales anteriores. El cuestionario básico del Censo de Población y Vivienda 2010 propuesto no incluye todas las variables esenciales de la dinámica demográfica y de la actividad económica".
La argumentación oficial para recortar preguntas al censo y restar amplitud y profundidad al instrumento primordial de generación estadística sobre la población mexicana, es que no hay recursos presupuestales suficientes. Lo anterior llama la atención porque la Junta de Gobierno del propio instituto elaboró en septiembre pasado su anteproyecto de presupuesto, el cual contemplaba un total de 8 mil 765.7 millones de pesos para 2010, de los cuales se destinarían 4 mil 592.1 millones al Censo de Población y Vivienda.
Tras la discusión del Presupuesto de Egresos de 2010, la Cámara de Diputados aprobó, para el Inegi, un monto de 8 mil 765.7 millones de pesos, es decir la misma cantidad programada en su proyecto de presupuesto del instituto. Entonces si hay escasez de recursos para hacer un buen censo, la responsabilidad directa es de la Junta de Gobierno del Inegi.
Ahora bien, como si hubiese algo más importante para un Estado que conocer las características de las personas que lo conforman, desde 2009 se avanzó en el diseño de un Censo de Población y Vivienda trunco. Por ejemplo, no se contempla incluir preguntas que permitan conocer el nivel de ingresos de los hogares y, con ello, se priva de la oportunidad de saber, a través de un ejercicio censal, la situación real de la desigualdad social que las encuestas no captan.
Asimismo, el cuestionario básico del censo, que se aplica en todo el país, excluye preguntas sobre condición de actividad económica, es decir, las que permiten determinar si una persona trabaja o no, además de las referidas a la rama de actividad y posición en el empleo, con las cuales se configura la información sobre la estructura ocupacional del país y se tienen elementos para estimar la dimensión de la precariedad laboral.
La exclusión de preguntas de parte del instituto sobre ingreso y condición de actividad es grave, porque a partir de esos datos se puede hacer la estratificación indispensable para el diseño de las más diversas encuestas, así que también se está causando un daño a la calidad de las inferencias estadísticas, públicas y privadas, por venir.
Peor aún, los responsables del Censo de Población y Vivienda 2010 no han considerado incluir una pregunta sobre hijos nacidos vivos por mujer –menos todavía sobre hijos sobrevivientes– con lo cual seguiremos sin conocer a ciencia cierta el nivel de fecundidad en México y sin tener elementos suficientes sobre las dinámicas de natalidad y mortalidad, lo que afectará la fiabilidad de las proyecciones poblacionales como las que hace el Consejo Nacional de Población.
Por lo expuesto, el censo descarta recabar diferente información, las cuales destacan:
• La pregunta que permite captar el monolingüismo, lo cual repercutirá sobre el registro de la diversidad étnica.
En cambio, los responsables del censo no omiten preguntas sobre religión, como si fuera más importante saber qué fe profesa una persona que de qué vive o cuántos hijos ha tenido.
Por lo expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente, con carácter de urgente, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a comparecer al presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Eduardo Sojo Garza Aldape, comparezca ante esta asamblea para que explique la disminución de preguntas relativas a la condición de actividad económica en el cuestionario básico del censo de población y vivienda 2010.
Dado en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 20 días del mes de enero de 2010.
Senador Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CONVOCA AL CONGRESO DE LA UNIÓN A CELEBRAR UN PERIODO EXTRAORDINARIO
DE SESIONES, SUSCRITA POR EL SENADOR JESÚS GARIBAY GARCÍA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Jesús Garibay García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de la Comisión Permanente, con carácter de urgente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se convoca al Congreso de la Unión a celebrar un periodo extraordinario de sesiones
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión en funciones durante el primer receso ordinario del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos convoca al Congreso de la Unión a celebrar un periodo extraordinario de sesiones a efecto de discutir y, en su caso, aprobar un decreto para la protección de la economía popular, que tenga por objeto la reversión y el congelamiento temporal de los precios de los combustibles derivados de hidrocarburos.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2010.
Senador Jesús Garibay García (rúbrica)
El que suscribe, en su calidad de diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral 1, inciso g), y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, 85, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicito respetuosamente de esta presidencia que tenga a bien formular una excitativa a las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos, y de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores a efecto de que se dictamine con la mayor brevedad, para su presentación ante el pleno de este órgano legislativo, la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adiciona el Capítulo IV Bis al Título Octavo del Libro Primero del Código de Justicia Militar, adicionando los artículos 275 Bis y 275 Ter.
Antecedentes
Con fecha 23 de abril de 2009, en sesión ordinaria se presentó ante el pleno de la Cámara de Senadores la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar el Capítulo IV al Título Octavo del Libro Primero del Código de Justicia Militar, para sancionar penalmente a los miembros de las Fuerzas Armadas que se incorporen a la delincuencia organizada; a quienes empleen bienes y recursos a su cargo, se aprovechen de su mando para apoyar a una asociación delictiva; obstaculicen o permitan eludir las acciones de las Fuerzas Armadas contra las bandas delictivas; o proporcione cualquier servicio a los miembros de la delincuencia organizada, presentada por Ejecutivo federal.
Una vez recibido el proyecto de iniciativa referido, en la misma fecha se turnó a las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos, y de Defensa Nacional, para su respectivo dictamen.1
La seguridad debe ser un tema prioritario para todos los grupos parlamentarios, toda vez que si no se cuenta con las mínimas garantías para ejercer los derechos y las libertades con que cuenta la sociedad mexicana, no será posible cumplir los fines del propio Estado y los objetivos ciudadanos en lo particular.
Por lo anterior, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional insistimos en que se continúe el combate frontal de la delincuencia organizada, para lo cual es necesario que se reformen y adicionen los ordenamientos pertinentes con objeto de crear el marco legal requerido para conseguir la seguridad de los mexicanos.
Consideraciones
La reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 18 de junio de 2008 sentó las bases para adicionar y derogar diversas disposiciones en materia de seguridad pública y justicia penal. En el párrafo noveno del artículo 21 constitucional se estableció de forma clara que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios.
Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nacional ha establecido diversos criterios jurisprudenciales; entre ellos, el siguiente:
Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Si bien pueden participar en acciones civiles en favor de la seguridad pública, en situaciones en que no se requiera suspender las garantías, ello debe obedecer a la solicitud expresa de las autoridades civiles a las que deberán estar sujetos, con estricto acatamiento de la Constitución y de las leyes.
Del estudio relacionado de los artículos 16, 29, 89, fracción VI, y 129 de la Constitución, así como de los antecedentes de este último dispositivo, se deduce que al utilizarse la expresión "disciplina militar" no se pretendió determinar que las fuerzas militares sólo pudieran actuar, en tiempos de paz, dentro de sus cuarteles y en tiempos de guerra, perturbación grave de la paz pública o de cualquier situación que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, fuera de ellos, realizando acciones para superar la situación de emergencia, en los términos de la ley que al efecto se emita. Es constitucionalmente posible que el Ejército, Fuerza Aérea y Armada en tiempos en que no se haya decretado suspensión de garantías puedan actuar en apoyo de las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad pública. Pero ello, de ningún modo pueden hacerlo "por sí y ante sí", sino que es imprescindible que lo realicen a solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles y de que en sus labores de apoyo se encuentren subordinados a ellas y, de modo fundamental, al orden jurídico previsto en la Constitución, en las leyes que de ella emanen y en los tratados que estén de acuerdo con ella, atento a lo previsto en su artículo 133.2
Es decir, las Fuerzas Armadas Mexicanas, dentro de sus obligaciones, deben velar por la seguridad del país y en la disciplina militar, conforme a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerzas Aérea Mexicanos y Ley Orgánica de la Armada de México.
Por lo anterior, cualquier conducta realizada por un miembro de las Fuerzas Armadas contraria al marco jurídico nacional o de derechos humanos de los ciudadanos se debe considerar con una gravedad mayor por lesionar el principio de lealtad ante su institución y la sociedad mexicana, además de incumplir su deber fundamental, consistente en dar seguridad.
Ahora bien, la iniciativa presentada al Senado de la República, como se plantea puntualmente en su exposición de motivos, tiene el objeto de crear un tipo penal genérico, en el que la conducta punible desarrollada por el militar se actualiza en el hecho de incorporarse a la delincuencia organizada.
Asimismo, se prevé un tipo penal específico, en que se sanciona a los que con el empleo de bienes y recursos puestos a su cargo o mando para el cumplimiento de las misiones que tienen encomendadas las Fuerzas Armadas Mexicanas favorezca a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictiva; o para lograr que les proporcione apoyo aprovechándose del cargo que le es conferido, o provoque que elementos que cuenten con preparación militar se pongan a su servicio, o los reclute para tal fin, afectando con este proceder la actuación de las Fuerzas Armadas Mexicanas, los intereses del país y la seguridad de la sociedad mexicana.
Por lo anterior, expreso las siguientes
Consideraciones de Derecho
Del 23 de abril de 2009 a la fecha ha transcurrido el tiempo suficiente para que, con fundamento en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones del Congreso de la Unión, concretamente en el caso las Unidas de Estudios Legislativos, y de Defensa Nacional, presenten el dictamen correspondiente a la iniciativa descrita.
En tal virtud, es procedente que el presidente de la Cámara de Senadores, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 67, numeral 1, inciso g), y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, 85, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos, y de Defensa Nacional para que emitan el dictamen correspondiente.
Por lo expuesto y fundado, a usted, presidente de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, atentamente pido que se sirva
Único. Excite a las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos, y de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores para que presenten el dictamen respectivo a la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona el Capítulo IV Bis al Título Octavo del Libro Primero del Código de Justicia Militar, adicionando los artículos 275 Bis y 275 Ter, presentada por el Ejecutivo federal el 23 de abril de 2009.
Notas
1. http://www.senado.gob.mx/gace61.php?ver=gaceta&sm=1001&id=13258&lg=60.
2. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
novena época, pleno, P./ J.36/2000, abril de 2000, materia constitucional,
página 552.
Diputado Carlos Pérez Cuevas (rúbrica)
A LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD
PÚBLICA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, DEL SENADO DE LA REPÚBLICA,
A SOLICITUD DEL DIPUTADO CARLOS ALBERTO PÉREZ CUEVAS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, en su calidad de diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral 1, inciso g), y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 21, fracción XVI, 85, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente de esta presidencia, tenga a bien formular una excitativa a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores, a efecto de que se dictamine con la mayor brevedad, para su presentación ante el pleno de este órgano legislativo, la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma la Ley de Seguridad Nacional.
Antecedentes
Con fecha 23 de abril de 2009, en sesión ordinaria se presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores, la iniciativa con proyecto de decreto para se reforma la Ley de Seguridad Nacional, para crear la figura jurídica denominada "declaración de existencia de una afectación a la seguridad interior", presentada por Ejecutivo federal, a fin de permitir la participación de las fuerzas armadas y otras instancias de seguridad del Estado para enfrentar eventos que afecten la seguridad interior como la sublevación en una entidad federativa, agresiones contra autoridades del Consejo Nacional de Seguridad o actos que pongan en peligro el orden, la paz o la seguridad pública de un municipio, estado o región.
Se establece que la declaratoria procederá cuando se presente cualquier situación que, de no atenderse de inmediato, pueda derivar en una perturbación grave del orden o de la paz pública o ponga a la sociedad en grave peligro y conflicto, pero en ningún caso implique la suspensión de garantías individuales por parte de la autoridad.
Se establece que la solicitud debe ser sustanciada por el Consejo Nacional de Seguridad Nacional quien integrará el expediente tomando la opinión de la Comisión Bicamaral del Congreso de la Unión. En dicho expediente se establecerá la situación de que se trate, región geográfica afectada, medidas a instrumentar, temporalidad, institución responsable y autoridades que colaborarán.
La vigencia de la declaratoria podrá prorrogarse mientras subsistan las causas que le dieron origen, o modificarse, y nunca podrá ser por tiempo indefinido. Del mismo modo, cuando desparezca la situación que motivó la declaratoria, el Ejecutivo federal hará del conocimiento de la sociedad su conclusión.
Una vez recibido el proyecto de iniciativa aludido, en la misma fecha, se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Primera para su respectivo dictamen.1
Mantener el orden social y seguridad al interior nuestro país es una obligación y facultad por parte del Ejecutivo federal en conjunto con el Congreso de la Unión; lo anterior se desprende de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su numeral 29; donde dispone la posibilidad de un Estado de excepción con la denominación de "suspensión de garantías", únicamente permite su aplicación en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.
Consideraciones
Dentro del tema prioritario de "seguridad pública" se debe introducir la seguridad nacional tanto la interior como la exterior, siendo necesario para la protección y conservación de la soberanía, territorio, población y gobierno del Estado mexicano en situaciones de emergencia.
En este sentido, la suspensión de garantías es una medida excepcional establecida en la Constitución que mediante normas generales dispone un procedimiento especial para la adopción de medidas urgentes en situaciones específicas. Asimismo, determina que autoridades deben intervenir en dicho proceso, pero sin precisar con claridad sus obligaciones y facultades.
Al respecto, México es un país que respeta y protege las garantías individuales y derechos humanos en base a un Estado democrático de derecho, es fundamental contar con disposiciones jurídicas adecuadas y especificas para afrontar cualquier crisis nacional para la protección de los derechos humanos y garantías individuales de los ciudadanos; así como, regular la actuación de las autoridades ante un acontecimiento en concreto.
Ahora bien, la iniciativa presentada al Senado de la República, como se plantea puntualmente en su exposición de motivos, resaltar que el principal objeto es implementar un procedimiento para declarar la existencia de una afectación a la seguridad interior. Dicho procedimiento iniciará con una solicitud de declaratoria de la autoridad competente al secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Nacional, quién integrará el expediente.
Asimismo, el expediente será sometido para su análisis y evaluación al pleno del consejo, que analizará y evaluará la magnitud de la afectación a la seguridad interior; y podrá consultar y requerir información, en tanto que el secretario ejecutivo solicitará opinión a la comisión bicamaral del honorable Congreso de la Unión.
Por lo anterior, expreso las siguientes
Consideraciones
Del 23 de abril de 2009 a la fecha ha transcurrido el tiempo suficiente para que con fundamento en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos las comisiones del Congreso de la Unión, concretamente en el caso a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Primera, presenten el dictamen correspondiente a la iniciativa descrita.
En tal virtud, es procedente que el Presidente de la honorable Cámara de Senadores, en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 67, numeral 1, inciso g), y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 21, fracción XVI, 85, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores para que se emita el dictamen correspondiente.
Por lo expuesto y fundado, a usted, ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Senadores de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, atentamente pido se sirva:
Único: Excite a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores para que presenten el dictamen respectivo a la iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se reforma la Ley de Seguridad Nacional, presentada por el Ejecutivo Federal el 23 de abril de 2009.
Nota
1. http://www.senado.gob.mx/gace61.php?ver=gaceta&sm=1001&id=13261&lg=60
Diputado Carlos Pérez Cuevas (rúbrica)