El que suscribe, Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, con base en los siguientes
Considerandos
A pesar de que se afirma que lo peor de la crisis parece haber pasado, los mexicanos enfrentamos el mes de enero con una galopante alza de precios. El retorno de una nueva espiral inflacionaria, sería inaguantable tanto para los consumidores como para las empresas.
La Secretaría de Hacienda ha minimizado sistemáticamente esta problemática. En una clara muestra de insensibilidad social, se argumenta que se ha logrado la cifra de inflación más baja de las últimas décadas, sin considerar que el ingreso disponible de los mexicanos también es el más bajo de los último quince años. México vive una auténtica década perdida.
En ese sentido, contrario a lo manifestado por las autoridades
hacendarias, bastaría con una visita al supermercado, para verificar
que la mayoría de los precios han subido significativamente. El
diario El Economista publicó este lunes un estudio de precios,
que refleja lo anterior, permitiéndome citar algunos de ellos:
$ 18.00
$ 2.00
$ 22.00
$ 2.00
$ 17.50
$ 1.50
$ 12.00
$ 2.00
$ 7.88
$ 0.88
$ 12.00
$ 1.00
$ 13.45
$ 0.50
$ 13.50
$ 1.00
$ 38.00
$ 1.00
$ 58.00
$ 2.00
$ 61.00
$ 9.00
Aprovechando la necesidad de las familias y la temporada decembrina, algunas empresas han elevado sus precios injustificadamente.
Este comportamiento, se aleja de lo preceptuado en la Constitución Política, que establece en su Artículo 28:
"la ley castigará severamente (…) todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social."
Para tal efecto, esta Soberanía ha construido un marco normativo que permita la acción del Estado, para hacer valer los derechos ciudadanos, en particular la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como la Ley Federal Competencia Económica. A través de ellas, se han creado instituciones cuya función debe ser evitar estos abusos, como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofeco). No obstante, nos parecen ausentes ante estos insostenibles abusos contra los consumidores.
En este sentido, consideramos urgente y conveniente que este cuerpo representativo requiera un informe detallado a la Profeco en el que se incluya información puntual sobre su actuación en materia de denuncias en este periodo, así como un reporte que haga del conocimiento de esta Soberanía la estrategia puntual que debería estar aplicando, para garantizar los derechos de los consumidores.
Así mismo, exhortar a la Cofeco a que, en los términos del artículo 24 de la Ley Federal de Competencia Económica, emita una opinión vinculatoria en el ámbito de su importante responsabilidad, para atender las condiciones causantes del aumento injustificado de precios en este inicio del año 2010 y un desglose de alternativas para resolver permanentemente dicho conflicto, en beneficio de la población en general.
Las instituciones del estado deben garantizar el respeto a la ley y la defensa irrestricta de los derechos de quienes, además de padecer la crisis y el desempleo, son víctimas del abuso, de quienes carecen de solidaridad en estos difíciles momentos que vive México.
Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor un informe que contenga como mínimo, el número de denuncias que ha recibido en los últimos tres meses por algún alza injustificada de precios, así como su estado procedimental; el número de visitas de verificación que han generado dichas denuncias, así como su resultado; y cómo se ha informado a los consumidores sobre las acciones u omisiones de los proveedores que afecten sus derechos e intereses, detectadas en las visitas de verificación anteriormente mencionadas, además de la forma en la que los proveedores los bonificarán. Asimismo, se pide que incluya el detalle de la estrategia que se estuviese aplicando para evitar el aumento injustificado de precios.
Segundo. Se solicita a la Comisión Federal de Competencia Económica que emita una opinión vinculatoria, sobre las condiciones de competencia efectiva que guardan los mercados de abastecimiento de la canasta básica para el consumidor final; así como una lista de los obstáculos que no permiten la libre competencia, que sean las causantes del aumento injustificado de precios en este inicio del año 2010 y un desglose de alternativas para resolver estructuralmente dichos conflictos.
Palacio Legislativo, a 13 de enero de 2010.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DE LOS SECRETARIOS DE ECONOMÍA, Y DEL
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CON LA FINALIDAD DE DAR CUENTA DEL COMBATE
AL DESEMPLEO Y LOS ASUNTOS LABORALES DEL PAÍS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO
JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN, GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La crisis económica mundial, supera en magnitud e impacto en la vivida en 1929. Sus efectos no respetan fronteras ni sistemas económicos. Por ello, se traduce en la más grave ruptura del equilibrio entre la producción y el consumo, reflejándose en el desplome económico, principalmente en la inversión, el nivel de empleo, la renta y el consumo.
En México, las tasas de crecimiento de las manufacturas, la construcción y la vivienda han sido negativas en los meses recientes. La inflación, en términos relativos, se dispara y el desempleo crece ya que el número de personas que cotizan al Instituto Mexicano del Seguro Social ha disminuido radicalmente.
Nuestras exportaciones se reducen, así como las remesas que los mexicanos envían al país y los ingresos por concepto de turismo también disminuyen. Los precios de lo que exportamos baja y lo que importamos prácticamente se mantienen, acentuando el desequilibrio en las balanzas comercial y de pagos. La inversión extranjera se reduce y el tipo de cambio sube, además se han vendido montos importantes de la reserva internacional, para mantener la paridad y financiar las fugas de capital.
Las familias ya resienten la caída del empleo y de sus salarios reales, sobre todo las personas que ganan dos o menos salarios mínimos, pues el precio de los alimentos, el transporte y la vivienda han subido por encima del promedio. Las empresas ven que disminuyen sus ventas, que tienen poca liquidez, que el crédito es escaso y cada vez más caro.
Alrededor del 50 por ciento de la población vive en extrema pobreza y es probable que en el año en curso ese porcentaje vaya aumentando. La desigualdad es abismal en las condiciones de vida, en el ingreso entre las familias y entre las regiones. Sin duda que el empleo y el ingreso de millones de mexicanos es uno de los más importantes retos a enfrentar en el corto y mediano plazos. De no actuar con efectividad y oportunidad, se ponen en riesgo las condiciones mínimas de la justicia y de la gobernabilidad en el país.
La política económica y la política de empleo tienen que sacar de su marasmo a la economía, además de superar sus problemas de productividad y de competitividad. La situación en materia de empleo y de seguridad social, en los últimos 9 años, ha sido verdaderamente el prolegómeno de una autentica década perdida para México. Los datos no dejan ningún lugar a dudas.
De 2000 a 2005 el número total de trabajadores inscritos al IMSS, bajó a 96 mil y el registro de trabajadores eventuales urbanos paso de 1.71 a 1.89 millones, traducido en 45 mil empleos eventuales al año sin prestaciones sociales ni una oferta seria de mejoramiento para la población económicamente activa. Las cifras dadas a conocer recientemente por la Secretaria de Trabajo cuantifican en casi 560 mil los empleos perdidos en el periodo de esta reciente crisis. Tan solo en diciembre, la navidad le trajo a los trabajadores mexicanos 186 mil empleos cerrados.
Un aspecto de elevada gravedad de este reporte, es que, de dichos empleos, 511 mil eran permanentes y 47 mil eventuales.
Como corolario del reconocimiento de la pérdida de capacidad gubernamental para recuperar la economía, el propio presidente de la República, durante su mensaje de año nuevo, contrastando con su discurso proempleo del año 2006, habló de generar empleos temporales, con la construcción de infraestructura en el país. Se notó la ausencia de compromiso para generar empleo fijo y mejor remunerado. Recordemos que uno de los ejes de un desarrollo realista es, sin duda, el empleo, sobre todo el que permite planear la economía y dar perspectiva al futuro de los miembros de las familias, lo cual sólo lo ofrece el empleo permanente. En el PRI, creemos que debe recuperarse la relación entre la política económica y la política laboral. Ambas van de la mano para hablar efectivamente de recuperación y de desarrollo.
La información del gobierno, avalada por investigadores de diversas instituciones educativas, es dolorosa, pero cierta. No obstante, vemos titubeos y confusión en las acciones y en la orientación de la política de empleo nacional. Por lo anterior, consideramos necesario y urgente que, en un ambiente de respeto, cooperación y objetividad, concurran ante la Comisión Permanente los secretarios de Economía y del Trabajo, a efecto de puntualizar qué le espera a los mexicanos, a los trabajadores y a los jóvenes, frente a sus legítimas aspiraciones de contar con empleos dignos y con un futuro cierto.
Esta propuesta la realizamos con carácter de urgente y obvia resolución por la importancia de este asunto relevante para todo el país, solicitando el apoyo de las compañeras y compañeros integrantes de ésta soberanía.
En consecuencia, presento a esta honorable asamblea proposición, con el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita la comparecencia de los titulares de la Secretarías de Economía, y del Trabajo y Previsión Social ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a efecto de realizar un intercambio de información sobre la situación del empleo en nuestro país y sobre el alcance y contenido de la estrategia para generar nuevos empleos, así como para preservar los existentes, presentada durante el mensaje de año nuevo del titular del Poder Ejecutivo.
Palacio Legislativo, a 13 de enero de 2010.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SHCP A RESPONDER CONCRETAMENTE Y POR ESCRITO
LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN SU PASADA COMPARECENCIA ANTE EL CONGRESO, EN
UN PLAZO NO MAYOR A LA DURACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE,
PARA LOS EFECTOS CORRESPONDIENTES, SUSCRITA POR EL DIPUTADO CÉSAR
AUGUSTO SANTIAGO RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrante a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes
Antecedentes
En vista de la ausencia de respuestas a los cuestionamientos presentados por diversos partidos en la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se acuerde remitir por escrito la intervención integra que contiene el posicionamiento de los partidos políticos ante esta Comisión, a efecto de que el secretario de Hacienda y Crédito Público se sirva responder concretamente y por escrito las preguntas formuladas, en un plazo no mayor a la duración de esta propia Comisión, para los efectos correspondientes.
Diputado César Augusto Santiago Ramírez
(rúbrica)