Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Considerandos
La banca de desarrollo es uno de los componentes más importantes que permiten a un país poder acceder a un nivel mayor de crecimiento económico y, por ende, en una mejoría de la calidad de vida de las personas.
En México, con los cambios que se han registrado en el sistema financiero y ante la casi desaparición de la banca de desarrollo gubernamental, fue necesario diseñar alternativas que dieran continuidad a este tipo de fomento productivo.
Lo anterior fue posible mediante la promulgación de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, promulgada en 2001, permite a las cajas populares formar parte del conjunto de instituciones financieras con la capacidad de concentrar recursos y fungir como banca de desarrollo.
El principal objetivo de las cajas populares es agrupar recursos que aportan los socios, dichos montos son otorgados mediante préstamo a personas físicas y morales que requieren de una cantidad para invertir en diversos proyectos, en la mayoría de los casos, el crédito es otorgado a una tasa preferencial.
En México, de acuerdo a la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, operan 92 entidades según los lineamientos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, las cuales se clasifican de la siguiente manera:
A este Congreso han acudido personas que son víctimas de fraude por parte de quienes presiden algunas cajas populares, el caso que ahora traigo a esta tribuna está relacionado con la caja popular "Juntos y Organizados Venceremos", situada en el estado de Tlaxcala.
El fraude que se presenta en la caja popular mencionada afecta a 347 ahorradores, quienes han perdido un monto superior a los 36 millones 439 mil pesos. Los afectados habitan en los municipios de Apizaco, Chiautampan, Huamantla, Tlaxcala y Zacatelco.
Es un caso que se dio desde diciembre de 2008 y a la fecha su solicitud no ha tenido respuesta. Los ahorradores han acudido ante diferentes autoridades, entre las que se puede mencionar el propio gobernador de Tlaxcala, licenciado Héctor Ortiz Ortiz, pidiéndole intervenir para solucionar dicha problemática.
Como legisladores, no podemos permitir que este tipo de prácticas fraudulentas continúen estando presentes, ya que su prevalencia lacera y lastima a miles de familias que pierden sus ahorros, los cuales son el producto de su arduo trabajo.
El sistema financiero mexicano aún requiere de continuar avanzando en el proceso de construcción y consolidación de contar con instituciones financieras sólidas, capaces de responder a las necesidades de la sociedad mexicana, permitiéndoles acceder de una mejor manera a los mercados de ahorro y crédito.
Cuanto más fuertes sean nuestras instituciones financieras mayores posibilidades tendremos de alcanzar el crecimiento económico. En este sentido, las cajas populares son un componente fundamental en el fomento de la banca de desarrollo, la cual será el detonante del desarrollo económico nacional.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobernador de Tlaxcala a atender y, en su caso, implantar las acciones necesarias para otorgar el apoyo requerido a las 347 personas defraudas por la caja popular Juntos y Organizados Venceremos, a fin de que puedan recuperar sus recursos que ascienden a más 36 millones 439 mil pesos.
Segundo. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a revisar y, en su caso, otorgar los apoyos necesarios a los defraudados por la caja popular mencionada, con el objetivo de resarcir el daño causado y para que se finquen las responsabilidades correspondientes que sancionen, conforme a la normatividad aplicable, a quienes cometieron dicho fraude.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de enero de 2010.
Diputado Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DESTINAR MEDIANTE LA SECRETARÍA
DE SALUD RECURSOS ECONÓMICOS PARA CONSTRUIR UN HOSPITAL REGIONAL
DE TERCER NIVEL EN YAJALÓN, CHIAPAS, SUSCRITA POR LA SENADORA MARÍA
ELENA ORANTES LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La que suscribe, senadora María Elena Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 8 de diciembre pasado el Congreso de la Unión aprobó reformas a la Ley General de Salud, mediante las cuales se propone modificar el esquema de financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud para transitar de una cuota familiar a una personal, evitando así la desigualdad en la distribución de recursos entre las entidades federativas a fin de fortalecer el principio de equidad.
Esta acción legislativa va encaminada a fortalecer el sistema de salud y consolidar una amplia red de servicios médicos que permitan garantizar el derecho a la protección de la salud.
En este sentido, es indispensable disminuir la desigualdad en salud entre grupos y zonas geográficas, garantizando la seguridad sanitaria y el acceso oportuno al tratamiento médico a través de la política de gratuidad a quienes menos tienen a través del Seguro Popular.
Como parte del este esfuerzo, el gobierno de Chiapas ha buscado fortalecer el primer nivel de atención. Para ello, se construyen 26 centros de salud microrregionales en los diferentes municipios del estado, reforzando en este rubro principalmente a los de menor índice de desarrollo humano (IDH).
Con una inversión de 16 millones de pesos se han inaugurado nueve unidades de especialidades médicas (Uneme), cinco centros de atención primaria para las adicciones, un centro integral de salud mental, así como dos centros ambulatorios de prevención y atención del Sida y de las infecciones de transmisión sexual.
Asimismo, el gobierno del estado invierte más de 122 millones de pesos en conservación y mantenimiento de 323 unidades médicas.
Por otro lado, recientemente entró en operaciones el Centro de Salud con Servicios Ampliados de la Ciudad Rural Sustentable de Nuevo Juan de Grijalva en el municipio de Ostuacán.
De los mil 969 millones 396 pesos que se ejercen en infraestructura hospitalaria en Chiapas, más de 73 por ciento es aportación estatal. En este sentido, se demuestra el compromiso de contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para garantizar servicios médicos a la población y la inversión en infraestructura médica.
En Chiapas, la cobertura de atención aumentó en 3 millones 911 mil 956 habitantes, a través de las mil 542 unidades médicas de primer nivel de atención, 45 de segundo nivel y dos hospitales de tercer nivel del sistema estatal de salud.
Al cierre de 2009, se emprendieron 106 campañas de cirugías extramuros de 14 especialidades, para dar un total de 9 mil 420 intervenciones quirúrgicas, las cuales beneficiaron a personas de escasos recursos, sobre todo, en cirugía general, labio y paladar hendido, oftalmología, ginecología y ortopedia.
Para la adquisición de 118 ambulancias totalmente equipadas para fortalecer la red de servicios, el gobierno de Chiapas invirtió 59 millones 589 mil 410 pesos, para garantizar el traslado adecuado de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia en las localidades de más difícil acceso.
El plan de acción estratégico diseñado e implementado por el gobierno de Chiapas para enfrentar la contingencia epidemiológica declarada por el gobierno federal ante la presencia del virus de la influenza A (H1N1), permitió que la entidad pasara del primero al sexto lugar en cuanto al número de casos presentados durante el periodo de abril a la fecha.
La vacunación contra el virus de la influenza A (H1N1) inició el pasado 27 de noviembre. En esta primera etapa se aplican las primeras 21 mil 830 dosis a personal de salud de las áreas de urgencias y terapia intensiva y a mujeres embarazadas en el tercer trimestre de gestación.
Asimismo, la Secretaría de Salud estatal ha fortalecido el programa de género y salud con la creación de la Subdirección de Salud de la Mujer que aborda la salud reproductiva, la salud materna, la equidad de género y prevención de la violencia intrafamiliar, así como la prevención de los cánceres cervicouterino y mamario.
Al elevar a rango constitucional los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en Chiapas se reforzaron las estrategias para mejorar la salud materna y disminuir los índices de mortalidad de la mujer. En el presente año, se registraron 52 defunciones maternas, 36 menos que en 2008, lo que representa una reducción del 40.9 por ciento.
Para 2009, Chiapas logró la cobertura de 85.69 por ciento respecto a la meta sexenal con la afiliación de 98 mil 800 familias que, sumadas a las 598 mil 969 ya afiliadas, hacen un total de 697 mil 769.
Chiapas tiene firmados convenios de colaboración y coordinación en materia de prestación de servicios médicos y compensación económica con las entidades de Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo, Guerrero, Yucatán y Veracruz, lo que ha permitido garantizar la atención de los afiliados al Seguro Popular en dichos estados.
A pesar de todos estos esfuerzos los habitantes del municipio de Yajalón han solicitado a los legisladores por Chiapas en reiteradas ocasiones, gestionar mayores apoyos para la operación, ampliación de la plantilla de médicos y la dotación de medicinas para el hospital de esa localidad.
Actualmente, el hospital general de Yajalón no cuenta con un número adecuado de médicos, por lo que se ve rebasado por la demanda de los pacientes que llegan de las diferentes comunidades aledañas a ese sitio, con la esperanza de recibir atención y, a pesar de los esfuerzos, no es suficiente, ya que el personal y los medicamentos resultan escasos para atender a los enfermos.
En la actualidad, el hospital es insuficiente en cuanto a los espacios y la atención es muy precaria. Existen casos difíciles donde los pacientes se tienen que trasladar a Tabasco para solicitar una atención que, en principio, se debería proporcionar en Chiapas, provocando complicaciones en los pacientes y un gasto extraordinario para su traslado, por parte de los familiares.
Es por ello, que a través de este punto de acuerdo se busca solicitar que la federación responda a la solicitud de lograr en coordinación con el gobierno de Chiapas, la construcción de un hospital regional de tercer nivel en este lugar que beneficiaría a mucha gente humilde que habitan en los municipios de Salto de Agua, Tumbalá, Tila, Sabanilla, Yajalón, Chilón y Sitalá.
Es momento que en con un sentido federalista y de justicia social, la Secretaría de Salud encamine de manera coordinada con el gobierno de Chiapas, los esfuerzos de inversión en infraestructura hospitalaria para dar cabida a la construcción de un nuevo hospital en el municipio de Yajalón.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a destinar recursos económicos y gestionar todas las diligencias necesarias para la construcción de un hospital regional de tercer nivel en el municipio de Yajalón, Chiapas.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2010.
Senadora María Elena Orantes López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SAGARPA QUE IMPLANTE DE INMEDIATO UNA FASE PREVENTIVA
PARA INSPECCIONAR CULTIVOS Y CONTRARRESTAR LOS EFECTOS DE LA MOSCA DE LA
FRUTA Y LOTES LARVADOS QUE HAN AFECTADO CULTIVOS IMPORTANTES DE MANGO ATAÚLFO
EN CHIAPAS, SUSCRITA POR LA SENADORA MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La que suscribe, María Elena Orantes López, senadora de la República por Chiapas, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Dirección General de Sanidad Vegetal detectó a finales del 2009, un incremento del 67 por ciento en el número de lotes larvarios en huertos de mango de Chiapas, en comparación con el año 2008.
De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en 2008 se presentaron 137 lotes larvados con mosca de la fruta, mientras que en 2009 fueron 230.
Ante ello, las autoridades de Estados Unidos han decidido fortalecer la vigilancia en los huertos que se inscriban para la exportación del mango ataulfo destinados a ese país. Como vemos, de no hacer lo necesario en el momento oportuno, se afectaría seriamente la economía de los productores de mango en Chiapas.
Chiapas es el estado que más infestación de la plaga presenta y ello se demuestra en los lotes larvados, incluso en el resto de las entidades productoras de mango ataulfo, éstos han bajado; Sinaloa está en el segundo lugar con 16, seguido de Colima con ocho y Guerrero con siete.
Esa situación ha obligado a la dependencia federal a que en la nueva temporada de cosecha que se avecina se fortalezcan los registros y verificación de huertos de mango para exportación.
También se obligará a los productores a realizar acciones de detección y control de la mosca de la fruta, a fin de mejorar la calidad fitosanitaria e integrarse al padrón de huertos para exportación.
Ante la amenaza de que la plaga arrase cultivos enteros de mango en Chiapas, es necesario urgir a las autoridades de Agricultura para que tomen medidas preventivas, pues la presencia de lotes larvarios ha prendido la alerta.
Es importante establecer una fase preventiva para inspeccionar los cultivos y verificar la magnitud del problema para contrarrestar los efectos de esta plaga buscando alternativas de control, con el fin de evitar el uso de productos químicos.
Asimismo, los pobladores deben recibir de inmediato capacitación sobre la fase biológica de la plaga y los diferentes estadios en que atraviesa, así como las técnicas para el exterminio de la plaga, con la idea de potenciar la colaboración de los habitantes en el sector agrícola.
Es urgente implantar campañas de fumigación para disminuir los problemas de plagas causados por la mosca de la fruta, a fin de reducir los lotes larvarios en mango ataulfo en la zoca del Soconusco.
Es necesario también intensificar los trabajos para lograr un estado de baja prevalencia y que la solución para abatir completamente los problemas de las plagas, se base en las labores interinstitucionales entre el gobierno y los productores, pues con esto, se fortalecen las acciones de sanidad en beneficio del agro chiapaneco.
Chiapas ocupa el sexto lugar en la producción del sistema producto mango a nivel mundial y el primero en exportar a Estados Unidos.
Por tal motivo, esta proposición con punto de acuerdo busca como objetivo principal, abatir el riesgo de la pérdida de cultivo de mango, así como el fortalecimiento de comercialización tanto de exportación como del mercado nacional de mango ataulfo, al tiempo de evitar el deterioro económico de miles de familias chiapanecas que dependen del ingreso de este cultivo.
Por lo expuesto y fundado en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ha implantar de inmediato una fase preventiva para inspeccionar los cultivos y verificar la magnitud del problema para contrarrestar los efectos de la mosca de la fruta y lotes larvados que afectan cultivos importantes de mango ataulfo en Chiapas, así como cursos de capacitación para los productores en el sector agrícola para hacer frente a esta plaga.
Segundo. La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a destinar programas y proyectos productivos y de financiamiento a los productores de mango ataulfo en Chiapas.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2010.
Senadora María Elena Orantes López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL,
Y A ORGANISMOS AUTÓNOMOS, DESCENTRALIZADOS Y DESCONCENTRADOS A INICIAR
DE INMEDIATO UN PROGRAMA INTEGRAL DE SUSTITUCIÓN DE FOCOS INCANDESCENTES
POR LÁMPARAS AHORRADORAS EN TODAS LAS INSTALACIONES, EDIFICIOS Y
OFICINAS PARA CONTRIBUIR DE MANERA IMPORTANTE A LA MITIGACIÓN DE
LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y AL AUMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
EN EL PAÍS, SUSCRITA POR EL SENADOR HUMBERTO ANDRADE QUEZADA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, senador Humberto Andrade Quezada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Primera. En México, producimos anualmente 643 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, lo que nos sitúa en el lugar número 12 de los países que más emisiones de CO2 (dióxido de carbono) lanzan a la atmósfera. De estos millones de toneladas, el 30 por ciento corresponde a la generación y uso de energía eléctrica, la mayoría proveniente de combustibles fósiles.
Segunda. Si bien el gobierno mexicano ha instituido programas para reducir esta gran cantidad de gases de efecto invernadero, así como el reciente anuncio del titular del Ejecutivo federal para apoyar el proyecto Luz Verde que inició con éxito en el estado de Puebla y el que algunas organizaciones de la sociedad civil intentan conscientizar a la población de lo importante que es el ahorro de energía, los resultados hasta ahora no han sido satisfactorios y significativos.
Tercera. La sustitución de focos incandescentes por lámparas fluorescentes ahorradoras –además del uso de energías limpias y acabar con la deforestación, entre otras– es una de las acciones más efectivas e inmediatas para aumentar la eficiencia energética y disminuir las emisiones de CO2. Por poner sólo dos ejemplos: si se reemplazaran 4 focos por lámparas en tan sólo el 30 por ciento de las viviendas de nuestro país, el ahorro en el uso de energía sería de casi16 mil gigawatts hora (GWh), lo que equivale a por lo menos 10 años de operación de la hidroeléctrica de El Cajón, o a que el 90 por ciento del parque vehicular del Distrito Federal dejara de circular durante un año.
Cuarta. Las lámparas ahorradoras, utilizadas en la iluminación de viviendas disminuyen en un 80 por ciento el consumo de electricidad, lo que significaría un ahorro anual por vivienda de 250 pesos en un cálculo conservador; si se instalaran en el 100 por ciento de las viviendas del país, el ahorro anual sería de seis mil doscientos cincuenta millones de pesos aproximadamente. La reducción en la demanda conlleva, también, el ahorro considerable en la operación de la capacidad instalada y en las inversiones diferidas para la construcción de nuevas plantas, que casi todas dependen de la quema de combustibles fósiles, el principal generador de GEI.
Quinta. En la actualidad, se venden anualmente en el país 270 millones de focos incandescentes, por lo que se deberá iniciar también un proceso gradual de conversión de las plantas productoras de este tipo de focos. Por otra parte, todas o casi todas las lámparas ahorradoras son producidas en China, con muy diversas calidades, por lo que en la adquisición de estas lámparas se deberá asegurar que cuenten con la certificación aduanal señalada en la norma mexicana 017.
Sexta. En el ámbito de la administración pública, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, mejor conocida como la Conae, instituyó un protocolo de eficiencia energética obligatorio para las dependencias y entidades federales, cuyo resultados se darán a conocer próximamente, es imperativo que estas medidas y otras que colaboren a la eficiencia energética sean asumidas por la totalidad de los gobiernos estatales y municipales, comenzando por el reemplazo de los focos incandescentes por lámparas fluorescentes ahorradoras.
Por lo anteriormente expuesto, y a partir de que la actuación de las autoridades debe servir de ejemplo, tanto por una actitud de convicción como por el cumplimiento cabal de sus obligaciones, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a todas las instancias del Poder Ejecutivo federal, así como a las de los Poderes Ejecutivos estatales y a las de los gobiernos municipales, a que inicien y en su caso complementen, un programa integral de sustitución de focos incandescentes por lámparas fluorescentes ahorradoras, y la implementación de un sistema de monitoreo que concentre y difunda los logros y avances del programa.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de enero de 2010.
Senador Humberto Andrade Quezada (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
AL ASESINATO DEL LÍDER INDÍGENA MIGUEL ÁNGEL PÉREZ
CAZALES, SUSCRITA POR EL SENADOR JOSÉ GUADARRAMA MÁRQUEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, senador José Guadarrama Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Miguel Ángel Pérez Cazales, herrero de profesión y comunero del poblado indígena de Santa Catarina, Tepoztlán, Morelos, tenía 50 años de edad.
La mañana del 31 de octubre de 2009 salió de su domicilio para realizar un presupuesto y ya no regresó.
Ese día su cadáver fue encontrado en un terreno baldío en el poblado de Ahuatepec, al norte de Cuernavaca, Morelos, con un "tiro de gracia" en la nuca. Había sido vilmente golpeado y torturado.
La víctima, al igual que su padre –asesinado en 1992–, emprendió una lucha por preservar el agua y los bosques del área de El Texcal ante los asentamientos irregulares.
Incansable luchador social por la defensa de las tierras de Santa Catarina, Miguel Pérez Cazales era dirigente del Consejo de Pueblos de Morelos y representante de éste en la negociación para resolver el problema de tierras entre la comunidad de Tejalpa y Santa Catarina.
Miguel Ángel Pérez Cazales se había integrado activamente a la lucha de los 13 de pueblos de Morelos, siempre apoyando las luchas por los recursos naturales de las comunidades indígenas de la entidad.
Encabezó la lucha para detener la construcción de viviendas en las cercanías de los manantiales de Morelos y fue siempre un líder comprometido con la defensa del medio ambiente y la solución pacífica de los diferendos relacionados con los derechos de propiedad.
Hoy, todos los involucrados en la firma del convenio de delimitación de tierras entre Tejalpa y Santa Catarina se encuentran amenazados de muerte.
Es por ello que los integrantes del Consejo de Morelos se han acercado a nosotros para solicitar la intervención de legisladores y autoridades locales y federales, a efecto de detener las ejecuciones arbitrarias, garantizar la seguridad de quienes han sido amenazados y realizar las investigaciones que sean necesarias para llevar a los culpables ante la justicia.
De igual forma, los representantes de las comunidades indígenas de referencia hacen un llamado urgente y extienden una invitación para que abrir un diálogo con ellos sobre estos crímenes y diversas violaciones a los derechos humanos.
Por lo expuesto, me permito poner la consideración de la asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que realicen una investigación sobre el asesinato del líder indígena Miguel Ángel Pérez Cazales.
Segundo. La honorable Comisión Permanente exhorta a las autoridades de Morelos a que tomen las medidas pertinentes para garantizar la seguridad y la integridad física de los comuneros de Tejalpa y de Santa Catarina.
Salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, a los 13 días del mes de enero de 2010.
Senador José Guadarrama Márquez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A INTEGRAR UNA
MESA INTERINSTITUCIONAL SOBRE LA CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN
CIUDADANA, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JUAN JOSÉ GUERRA ABUD, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PVEM
Como todos sabemos, el 28 de julio de 2009 el Presidente Felipe Calderón anunció la creación de la cédula de identificación ciudadana, que contendría los datos de la población mexicana residente en el país, de los mexicanos residentes en el extranjero y de los extranjeros naturalizados que viven en México.
Desde ese momento y debido a que se trató de un anuncio que tomó por sorpresa tanto a este Poder Legislativo, como a otros actores fundamentales, incluido el Instituto Federal Electoral (IFE), surgieron muchas dudas e inquietudes sobre esa inesperada decisión del Ejecutivo federal.
Dudas e inquietudes que, desde su origen y hasta la fecha el gobierno federal, específicamente la Secretaría de Gobernación, no han sido capaces de disipar, particularmente respecto a la manera puntual en que se llevará a cabo el proyecto, sus costos y, sobre todo, los efectos que este nuevo documento tendría sobre la credencial para votar que emite el IFE.
Fue por ello que el 20 de agosto del año pasado se llevó a cabo, en las instalaciones del propio Instituto Federal Electoral, una reunión entre el Consejero Presidente y el Secretario de Gobernación, en torno a los alcances de dicho documento de identidad.
En esa reunión, como así se anunció públicamente, se señaló que la Cédula no se contrapondría a la credencial de elector; que la credencial continuaría como documento de identificación; y que el IFE no entregaría los datos del padrón electoral, con el propósito de salvaguardar su confidencialidad.
Sin embargo, finalmente no se llegó a ninguna decisión definitiva.
Tenemos conocimiento, asimismo, que se han realizado encuentros posteriores, incluso se dijo hace unos cuantos días que ambos titulares se volverían a reunir para firmar un convenio sobre la expedición de la cédula de identidad, lo que a la fecha aún no ha sucedido.
Resulta inadmisible que para un tema tan importante el secretario de Gobernación y el Presidente del IFE se reúnan de manera privada e incluso acuerden la firma de un convenio, sin que este sea conocido con anterioridad por los diversos actores políticos involucrados en el tema, resulta absurdo que incluso hasta el día de ayer los consejeros del IFE no conocieran dicho acuerdo.
Es lamentable que la Secretaría de Gobernación nuevamente salga en falso y no busque la participación y consenso del poder Legislativo en este sensible tema, en el que se confirma nuevamente la prisa para sacarlo adelante, con el tiempo se han ido sumando cada vez más voces y opiniones en contra del mismo.
Prisa que, además de que nos ha dejado ver como se están haciendo las cosas prácticamente al vapor, pues el asunto no se ha consensuado debidamente, como ya lo mencioné, ni con los consejeros electorales, ni con los legisladores, ni con los partidos políticos.
A todo esto se debe de sumar que el Ejecutivo federal no ha tomado en cuenta un exhaustivo estudio desarrollado por el Registro Federal de Electores, respecto al impacto real que la cédula de identidad tendría sobre el padrón electoral y la credencial para votar.
Sus resultados son contundentes, ya que indican que se ocasionaría un alarmante grado de desactualización, aproximadamente de un 10 por ciento, en los registros ciudadanos del padrón electoral.
Tampoco ha considerado que el IFE destina 40 por ciento de su presupuesto para la actualización y el mejoramiento del padrón electoral, para las listas nominales y la credencial para votar, que se constituyen en los instrumentos registrales más importantes a utilizar en las elecciones y, ésta última, actualmente en el documento de identificación oficial de más de 77 millones de mexicanos.
Mucho menos se ha detenido a pensar, no obstante su recurrido discurso de austeridad y ahorro, que el Estado mexicano ha invertido en los últimos 20 años alrededor de 2 mil millones de dólares en todos estos instrumentos imprescindibles para la democracia de nuestro país, y que ahora pretende efectuar un multimillonario gasto adicional para duplicar un documento de identificación que ya existe.
Compañeras y compañeros legisladores: En el Congreso de la Unión tenemos que ser congruentes con los acuerdos adoptados por el voto de la mayoría, como lo hicimos al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, cuando por un lado no autorizamos la partida para continuar con la creación de la citada cédula y, por el otro, autorizamos el presupuesto asignado al IFE, refrendando así nuestra total confianza a la credencial para votar con fotografía, como el mecanismo único de identidad para las y los mexicanos mayores de edad.
Es claro y evidente que existe un problema de legalidad que tendrá que ser corregido por el poder legislativo.
Adicionalmente, ya que el Poder Legislativo es el lugar donde se toman las resoluciones por consenso, mediante el diálogo y la concertación, es nuestro deber, antes de que se llegue a una decisión sobre la creación de un nuevo documento de identidad, propiciar un mayor debate sobre la multicitada cédula de identidad.
Un debate más amplio, más completo y más plural, para contar con la opinión de los partidos políticos y, señaladamente de los legisladores, senadores y diputados que conformamos el Congreso de la Unión.
Es urgente que en el Poder Legislativo nos pronunciemos sobre este trascendental tema, no sólo con expresiones políticas, sino con propuestas de ley concretas que lo resuelvan de manera definitiva.
Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. En virtud de que la creación de la cédula de identidad ciudadana, propuesta por el Ejecutivo federal, es sin duda un asunto del Estado mexicano en su conjunto y, toda vez que el diálogo al respecto, iniciado entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Federal Electoral, pareciera que ha sido fructífero, es todavía insuficiente e incompleto, al no incorporar la opinión de otros actores políticos fundamentales, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Segob y al IFE a establecer una mesa de diálogo de alto nivel en la que participen, además de los titulares de ambas, los dirigentes nacionales de los partidos políticos y los presidentes de las Comisiones de Gobernación, y de la Función Pública de la Cámara de Diputados, así como el presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, con objeto de estar en posibilidad de brindarle una solución consensuada e integral al proyecto de creación de la cédula de identidad ciudadana, propuesto por el Ejecutivo federal.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2010.
Diputado Pablo Escudero Morales (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SEGOB, DE LA SAGARPA Y DE LA CONAGUA A
IMPLANTAR ACCIONES INMEDIATAS PARA OTORGAR APOYOS A LAS REGIONES CAFETALERAS
DE PUEBLA, VERACRUZ, SAN LUIS POTOSÍ E HIDALGO AFECTADAS POR LAS
HELADAS ATÍPICAS DE LAS ÚLTIMAS SEMANAS, SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JUAN NICOLÁS CALLEJAS ARROYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El paso de la humanidad por la tierra ha ocasionado que se generen una serie de afectaciones ambientales que han devengado en cambios climatológicos que afectan a millones de personas, así como a la flora y fauna existente en el planeta, ocasionado cambios en los ecosistemas.
El calentamiento global es el fenómeno ambiental que más implicaciones tiene en el ecosistema y el clima mundial. Derivado de lo anterior es que ahora los fenómenos climatológicos se presentan con una mayor recurrencia en temporalidades que no estaban identificadas y con un incremento de su potencialidad.
Los huracanes, tormentas tropicales, ondas gélidas, sequías y demás contingencias climáticas son de una intensidad mayor, afectando a un número mayor de regiones y a las personas que habitan en ellas.
Nuestro país se caracteriza por estar en una zona geográfica con un alto grado de afectaciones climatológicas. Como consecuencia de lo anterior, los daños en la infraestructura, en la producción y en la salud de las personas es cada vez más cuantioso.
Durante las últimas semanas nuestro país está padeciendo los estragos del frente frío número dos, que afecta a las poblaciones que se sitúan desde Canadá hasta México, principalmente en la zona del golfo de México.
Las afectaciones son de diversa índole, sin embargo, destacan las de tipo agropecuario, en particular, la de producción de café. De acuerdo a la información disponible, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo han resentido en mayor cuantía los efectos de la onda gélida.
En Puebla, las heladas atípicas han afectado a más de 15 mil hectáreas, de las 72 mil que se siembran en la entidad, así lo informo el secretario de Desarrollo Rural de la entidad.
En tanto que en Veracruz los daños se estima que superen los 10 mil millones de pesos, en la zona cafetalera que se sitúa en el golfo de México. Lo anterior es considerando que el precio por kilo de café cereza que se paga al productor es de 3 pesos con 50 centavos.
En el caso de San Luis Potosí, el gobernador de la entidad ha mencionado que las hectáreas de café afectadas son alrededor de 2 mil 500, principalmente en la zona de la Huasteca que comparte con Hidalgo.
Es importante mencionar que los daños ocasionados a las plantaciones de café no sólo deben considerarse en el corto plazo, ya que la pérdida tendrá repercusiones en las producciones futuras ya que la oferta se verá severamente disminuida.
Hasta el momento, según la información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional, se han registrado tres tormentas invernales, se pronostica que la próxima iniciara, aproximadamente, el 14 de enero. De igual forma, se espera clima frío, de cero a cinco grados centígrados en Aguascalientes, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.
Ante esta emergencia climatológica no podemos quedarnos de brazos cruzados: es imperativo implantar medidas que permitan otorgar apoyos directos e inmediatos a los cafetaleros de Puebla y Veracruz.
Asimismo, es necesario que las autoridades federales actúen de manera inmediata a fin de disminuir los efectos negativos de este fenómeno climatológico.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional de Agua a emitir la declaratoria de emergencia en las comunidades cafetaleras de Puebla, Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo, con el objetivo de coadyuvar a resarcir las pérdidas que se registran debido a la onda gélida que afecta a dichas entidades.
Segundo. Se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implantar las acciones necesarias que permitan otorgar apoyos directos a los productores de café de Puebla, Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo, a fin de resarcir parte de los recursos que se estima se perderán debido a los frentes fríos que se han presentado.
Tercero. Se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a activar de manera inmediata el Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC) a cargo de esa dependencia, a fin de apoyar a los productores afectados de las entidades mencionadas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de enero de 2010.
Diputados: Juan Nicolás Callejas Arroyo,
José Francisco Yunes Zorrilla, José Óscar Aguilar
González, Juan Carlos Lastiri Quirós, Ardelio Vargas Fosado,
Silvio Lagos Galindo, Jorge Alberto Juraidini Rumilla.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN FORMULA UN
LLAMADO URGENTE A LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, EN LOS ÁMBITOS
EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, PARA QUE EN SUS ACCIONES Y RESOLUCIONES
TOMEN COMO PRINCIPIO RECTOR EL INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS,
DEBIENDO GARANTIZAR LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE ÉSTOS, ADEMÁS
DE SU BIENESTAR, POR ENCIMA DEL BENEFICIO DE LOS ADULTOS, SUSCRITA POR
LOS SENADORES MARTHA LETICIA SOSA GOVEA Y GUILLERMO TAMBORREL SUÁREZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Guillermo Tamborrel Suárez y Martha Leticia Sosa Govea, senadores de la República de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a consideración de esta honorable Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un urgente llamado a los tres órdenes de gobierno dentro de sus ámbitos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que en sus acciones y resoluciones tomen como principio rector el interés superior del niño, debiendo garantizar la observancia de los derechos de niñas y niños, así como su bienestar, por encima del beneficio de los adultos, en base a la siguientes:
Consideraciones
1. Más allá de la existencia de diversos tratados internacionales que exigen la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, cualquier Estado que se precie de ser un Estado de Derecho tiene la obligación de centrar sus esfuerzos a partir de la perspectiva de la niñez, es decir, posicionando el derecho de los menores de edad por encima de cualquier otro y llevando a cabo todo lo que esté a su alcance para propiciarles un ambiente adecuado que permita su sano desarrollo.
Es así que una de las tareas fundamentales del Estado mexicano debe ser, dentro de sus tres órdenes de gobierno, velar por el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de niñas, niños y adolescentes toda vez que este grupo poblacional se constituye como el más vulnerable de cualquier sociedad.
Sin embargo, y aunque duela reconocerlo, al día de hoy esto no siempre se cumple, ya que continuamos priorizando los derechos de los adultos sobre los de niñas, niños y adolescentes.
Ejemplos de lo anterior hay muchos y por citar algunos, en la actualidad todavía se considera el pago de la pensión alimenticia como una obligación de los progenitores, cuando más que eso: es un derecho de los hijos aunque ciertamente conlleva a la mencionada obligación.
Lo anterior y cuyo fin pudiera parecer el mismo desde ambas perspectivas, no lo es. Ello, debido a que realizar cualquier política, norma o ley desde una visión de derechos de los adultos deja de lado aspectos primordiales que propicien el respeto íntegro de los derechos de la niñez hasta el punto de dejarlos en estado de indefensión, pues en el caso citado de la "pensión alimenticia" el obligado a cubrirla puede declararse insolvente y dejar de cumplir con esta, lo cual deja al menor de edad desamparado.
Sin embargo, si esta figura se previera como un derecho de niñas, niños y adolescentes, serían más fácilmente satisfechas sus necesidades de alimentos, casa, educación y vestido sin excusa alguna, debido a que este derecho no debe estar sujeto a ninguna condicionante y menos aún de una que pone por encima los intereses o aspectos intrínsecos de los adultos sobre los derechos de los niños.
Un ejemplo más lo encontramos en una materia tan delicada como lo es la adopción, situación en la que es cotidiano que se sobreponga el derecho de los adultos a ser madres o padres y conformar una familia, a la verdadera finalidad de esta figura que es brindarle a la niña y niño la posibilidad de integrarse a un núcleo familiar.
En esta materia, se han podido observar reformas legislativas realizadas exclusivamente desde una visión "adulto-céntrica" con grandes y graves repercusiones en la niñez caracterizadas por la ausencia de argumentos que vislumbren sus consecuencias en niñas y niños, llegando al extremo de ni siquiera mencionarlos en las consideraciones de los dictámenes correspondientes.
Más aún, es común que los postreros argumentos se basen en estudios realizados en otros contextos y latitudes, muy distintos a la realidad nacional que, para su pesar, se trata de países que no han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, como es el caso de los Estados Unidos de América.
2. El Estado mexicano ha ratificado diversos instrumentos internacionales que tienen como propósito salvaguardar los derechos de la niñez, sobresaliendo la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado mediante el cual México se compromete a respetar íntegramente y sobre cualquier otro, los derechos de niñas, niños y adolescentes.
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
2. ...
3. ...
Asimismo, esta obligación es reconocida en el derecho mexicano dentro de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ordenamiento de carácter general que regula los tres órdenes de gobierno, dentro del artículo 4 que establece que el principio del interés superior de la infancia, es aquel dirigido a procurarles a niñas, niños y adolescentes, lo necesario para lograr un crecimiento y desarrollo plenos que en ningún momento, ni circunstancia, podrá estar condicionado por los derechos de los adultos.
No obstante, nuestro marco jurídico, políticas públicas y resoluciones a nivel municipal, estatal y federal, tienen pendientes diversas reformas y ajustes para la debida protección integral de los derechos de niñas y niños.
3. En virtud de lo expuesto en los apartados anteriores, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, en las observaciones realizadas al Estado mexicano en base a la Convención sobre los Derechos del Niño (Documento CRC/C/MEX/CO/3 fechado el 8 de junio de 2006), expresó su preocupación de que en la legislación y las políticas nacionales no se preste la debida atención al principio del "Interés Superior del Niño" y que la población tenga escasa conciencia de su importancia, señalando textualmente:
25. Al Comité le preocupa que en la legislación y las políticas nacionales no se preste la debida atención al principio del interés superior del niño y que la población tenga escasa conciencia de la importancia de ese principio.
26. El Comité recomienda que el Estado Parte adopte medidas para sensibilizar a la población acerca del significado y la importancia de aplicar el principio del interés superior del niño y vele por que el artículo 3 de la Convención esté debidamente reflejado en sus medidas legislativas y administrativas, como las relacionadas con la asignación de los recursos públicos.
El Comité, toma como ejemplo de que no siempre se observa el mencionado principio a la "adopción", argumentando que le preocupa "el hecho de que en el Estado Parte no se comprenda ni acepte suficientemente que el interés superior del niño debe regir en todos los trámites de las adopciones" [Inciso b) del numeral 41].
Por ello, el Comité recomienda que el Estado Parte "escuche sistemáticamente las opiniones de niñas y niños sobre su colocación, asegurando con ello que el interés superior del niño sea el principio que rija todas las adopciones." [Inciso c), numeral 42].
Otro ejemplo lo constituye el caso de los niños con uno de sus padres en la cárcel, para lo cual el Comité recomienda que el Estado Parte elabore y aplique directrices claras sobre la colocación de los niños con su padre o madre en la cárcel en los casos en que se considere que responde al interés superior, en atención a su edad, duración de la estancia, contacto con el mundo exterior y circulación dentro y fuera de la cárcel.
En cuanto a la legislación y su aplicación, el multicitado Comité señala lo siguiente:
6. Aunque el Comité acoge con satisfacción las medidas adoptadas para armonizar la legislación nacional, la Convención y otras normas internacionales, le preocupa la falta de eficacia de las medidas adoptadas para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención y permitir que los titulares de esos derechos los hagan prevalecer. También le preocupa que la legislación nacional no esté todavía en plena armonía con la Convención, por ejemplo los códigos civiles sustantivos y de procedimiento, que no dan a los niños la oportunidad de ser escuchados por las autoridades judiciales.
Asimismo, le preocupa que la aplicación de las leyes sea tan compleja debido a la estructura federal del Estado Parte, lo cual puede dar lugar a que las nuevas leyes no se lleguen a aplicar debidamente en los distintos estados. En particular, algunas leyes como la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, promulgada en 2000, todavía no se ha integrado plenamente en la legislación de los estados.
Derivado de lo anterior y con arreglo al artículo 12 de la Convención, el Comité recomienda que el Estado Parte "enmiende los códigos de procedimientos civiles para asegurar que los niños sean escuchados en las actuaciones judiciales que los afecten" [numeral 42, inciso b)].
Como se lee, en el mencionado instrumento se hacen diversas observaciones que denotan que no se ha cumplido cabalmente con los aspectos necesarios para procurar que niñas, niños y adolescentes tengan las condiciones propicias para su adecuado desarrollo, mismas que hasta hoy no se han resuelto.
A su vez, el informe "La infancia cuenta 2008", de la ONG "Red por los derechos de la infancia", establece en su "Índice de calidad de las leyes en materia de infancia"1 calificaciones por debajo de "6" en cuanto a la calidad, lo que demuestra que todavía es incipiente su incursión en el resto de las legislaciones que componen el marco jurídico de los estados.
En conclusión, dicho informe evidencia las omisiones en los mecanismos de exigibilidad y justicia de los derechos de niñas, niños y adolescentes, lo que deriva en marcos jurídicos demasiado débiles para influir de forma determinante en las políticas, programas y prácticas que afectan el pleno ejercicio de los derechos de la infancia y su interés superior.
Por todo lo anteriormente expuesto y en atención a que día a día se observa que las reformas legislativas, políticas públicas y acciones judiciales, dentro de los tres niveles de gobierno, no siempre toman en consideración como principio rector y supremo de su quehacer al interés superior del niño, se somete a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un urgente llamado a los tres órdenes de gobierno dentro de sus ámbitos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que en sus acciones y resoluciones tomen como principio rector el Interés Superior del Niño, debiendo garantizar la observancia de los derechos de niñas y niños, así como su bienestar, por encima del beneficio de los adultos.
Nota
1. Interpretación del índice:
Muestra el nivel de adecuación de las leyes estatales
de derechos de la infancia a una serie de indicadores derivados de la Convención
de los Derechos del Niño y de otros tratados internacionales, así
como de recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño
hacia México. El índice es presentado en una escala de 0
a 10 en donde el valor más cercano a 10 implica mejor nivel de adecuación.
Recinto legislativo de San Lázaro, a 13 de enero de 2010.
Senadores: Martha Leticia Sosa Govea, Guillermo
Tamborrel Suárez (rubricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CONVOCA AL CONGRESO DE LA UNIÓN A CELEBRAR UN PERIODO EXTRAORDINARIO
DE SESIONES, SUSCRITA POR EL SENADOR JESÚS GARIBAY GARCÍA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Jesús Garibay García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de la Comisión Permanente, con carácter de urgente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se convoca al Congreso de la Unión a celebrar un periodo extraordinario de sesiones
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión en funciones durante el primer receso ordinario del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos convoca al Congreso de la Unión a celebrar un periodo extraordinario de sesiones a efecto de discutir y, en su caso, aprobar un decreto para la protección de la economía popular, que tenga por objeto la reversión y el congelamiento temporal de los precios de los combustibles derivados de hidrocarburos.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2010.
Senador Jesús Garibay García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA VIOLACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO,
SUSCRITA POR EL SENADOR RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PT
El motivo por el cual solicito que se investigue la violación en que incurrió el gobernador del estado de México nada tiene que ver con una estrategia política o electoral. Obedece a que, con el simple hecho de que esté circulando una biografía con su foto, nombre y texto que a la letra dice lo siguiente: "EI 15 de septiembre de 2005 rindió protesta como gobernador, y se le considera como posible candidato a la Presidencia de la Republica en el 2012, por parte del PRI, al ser reconocido por expertos como el gobernador más conocido por los mexicanos".
Por este simple motivo, está transgrediendo nuestra Carta Magna y nuestra legislación electoral.
El artículo 134 de la Constitución Política, párrafo octavo, dice que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional, informativo, educativo o de orientación social. Pero también señala, y cito textualmente, que:
Sin embargo, el señor tiene el descaro de negar su violación a este artículo, dice que esto no es así; argumenta que no sabía de la existencia de este material y que él nunca dio instrucciones a la casa editorial para que hiciera un tiraje de su biografía, y ésta, en complicidad, así lo reitera. Pero esto es mucho peor, porque al parecer, tanto Peña Nieto como la casa editorial olvidan que cualquier biografía que se publique sin la anuencia (léase permiso), de una persona que está viva, también constituye un delito. Si lo hicieron fue un delito y no hemos visto que haya presentado Enrique Peña Nieto una denuncia por el uso indebido de su nombre y de su responsabilidad pública.
No es la primera vez que incurre en delitos a nuestras normas, lo hace muy a menudo, porque a todas luces promueve su imagen en cualquier actividad de carácter político, social y hasta religioso. Y cuando no lo hace directamente, contrata a personajes de la farándula del espectáculo para que exalten su imagen y sus obras públicas como gobernador a través de la televisión y de la radio, en tiempos que no son exclusivos del Estado.
Lo peor es que se le exhibe, sin recibir sanción alguna, con la complacencia de los medios de comunicación televisivos y radiofónicos. Principalmente Televisa, quien lo promueve como su posible candidato para el 2012 y a cambio le cobrará la factura con ciertas reformas en materia de radio y televisión si es que llega a la presidencia.
Con este proceder, cabe señalar que también se viola lo estipulado por el punto 3 del artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), el cual señala textualmente que los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Tampoco podrán contratar los dirigentes y afiliados a un partido político, o cualquier ciudadano para su promoción personal con fines electorales.
Desde donde se le quiera ver, se viola lo estipulado en el artículo 134 constitucional y 49 del Cofipe. También se agravia lo que intentaba prever la reforma electoral del 2008; hacer a un lado a los poderes fácticos de los procesos electorales.
Lo crucial del asunto es que los pocos avances democráticos que hemos tenido en las últimas décadas se verán ensombrecidos, de no hacer nada al respecto, porque está reproduciendo viejas prácticas autoritarias, de simulación y hasta corporativas con este señor. Y como ejemplo ilustrativo tenemos la embestida y asalto a la que fue sometida la Asociación de Municipios de México, donde Peña Nieto impuso a la alcaldesa de Naucalpan para que ocupara la dirigencia de ese organismo, y así poder controlar los enormes recursos económicos y políticos de los que dispone dicha asociación.
Este personaje y los que lo patrocinan "creen" que los ciudadanos somos ingenuos –por no decir otra palabra–, o que el frío de la temporada nos congeló el cerebro y ello nos impide pensar y damos cuenta de sus actos aberrantes.
Si no se procede jurídicamente, no servirán los discursos retóricos y mediáticos que ponen a nuestro país con grandes avances en el terreno democrático, porque aunque ha habido algunos cambios, éstos se eclipsan por actos como éste. Donde encontramos el gatopardismo en su máxima expresión: donde todo aparentemente cambia para seguir igual.
Esta contradicción hace que la democracia se quede en la dimensión electoral y retórica. Mientras esto no se corrija no podremos transformarla en una expresión institucional completa.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo federal y a través de esta solicita a la Procuraduría General de la República investigue la violación de los artículos antes mencionados y al Instituto Federal Electoral, investigue las violaciones a los artículos antes citados y que se proceda jurídicamente contra el Gobernador del Estado de México.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los trece días del mes de enero de 2010.
Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
ESTA SOBERANÍA EXPRESA SU ENÉRGICA CONDENA POR LAS RECIENTES
DECLARACIONES DEL GOBERNADOR DE COAHUILA SOBRE EL SECUESTRO Y EL ASESINATO
DEL PERIODISTA VALENTÍN VALDEZ ESPINOSA Y LO EXHORTA A SUJETARSE
A LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, SUSCRITA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El Grupo Parlamentario del PAN a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, expresa su enérgica desaprobación de las recientes declaraciones del C. Humberto Moreira Valdés, gobernador constitucional del estado de Coahuila con relación al secuestro y el asesinato del periodista Valentín Valdés Espinosa, y lo exhorta a atenerse a los acuerdos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como a las responsabilidades que le confiere su investidura, de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
El secuestro y asesinato del periodista Valentín Valdés Espinosa a manos del crimen organizado es un hecho por demás lamentable que no puede permanecer impune. Como delito del orden común, es responsabilidad de las autoridades del estado de Coahuila el llevar a la justicia a quienes perpetraron tan lamentable crimen, así como velar cabalmente por la seguridad de los periodistas que realizan su trabajo en la entidad federativa.
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ha presentado iniciativas para federalizar los delitos en contra de periodistas, considerando que cuando esto sucede, no sólo se atenta contra su persona, sino que se atenta contra el derecho social de la ciudadanía a mantenerse informada. Sin embargo la legislación vigente continúa considerando estos crímenes como del orden común.
La estrategia de combate al crimen organizado debe ser frontal y contundente, la intervención federal y la de todos los estados de la República debe ser acorde. Resultan por demás irresponsables las recientes declaraciones del gobernador del estado de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, en las que pretende deslindarse de sus responsabilidades, por un lado para atender delitos de orden común que suceden en su territorio, y por otro de sus responsabilidades en materia de seguridad pública.
Compañeros legisladores, resulta inadmisible el que el gobernador Moreira pretenda "echar la culpa" al gobierno federal por un crimen cometido en la entidad que gobierna, y deslindarse de las responsabilidades que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como lo suscrito en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Resulta completamente irresponsable el que el gobernador Moreira pretenda apoyarse en afirmaciones que carecen de un análisis objetivo, y que únicamente están sustentadas en factores emocionales con el sólo ánimo del descrédito de una estrategia del combate al crimen organizado que se encuentra reflejada en ordenamientos legales que atañen a los gobiernos de los estados. La estrategia en contra del crimen organizado requiere de toda la fuerza del Estado.
En este entendido, la postura irresponsable asumida por el gobernador Moreira se convierte en un incentivo para que los grupos criminales puedan ver una oportunidad perfecta para la impunidad, con lo que no solamente se pone en riesgo la vida de los periodistas del estado y del país, sino que se atenta contra la seguridad de la nación en su conjunto.
El crimen organizado es un problema que elimina por completo las libertades democráticas y que pretende someter a los ciudadanos a la voluntad de los mafiosos. Señor gobernador Moreira, es lamentable que sus recientes declaraciones irresponsables contribuyan a poner en riesgo la seguridad de todos los periodistas de su estado tan sólo para que usted intente hacerse alguna propaganda.
Se añade a lo anterior una situación por demás lamentable en la que el señor gobernador del estado de Coahuila mantiene con gran parte de la prensa local una relación que nos recuerda los tiempos del ex gobernador Óscar Flores Tapia, fundada en tratos inconfesables por decir lo menos, que mantienen a los comunicadores locales muchas veces sujetos no a la objetividad periodística, sino a la consigna y la fabricación de notas a modo.
Así como el señor Moreira dice de forma tan elocuente: "Ya basta de grillar a los estados", nosotros le decimos: "Ya basta de sus artimañas comunicacionales para desacreditar al presidente de la República y al gobierno federal". Lo exhortamos a la responsabilidad democrática.
Ya basta de colgarse de temas tan sensibles para hacerse propaganda, misma que no puede autogenerarse por el desempeño de un buen gobierno. Desde aquí le decimos señor Moreira: Póngase a trabajar y deje de buscar explicaciones a algo que usted no está dispuesto a hacer que es brindar seguridad y convivencia pacífica a los ciudadanos de Coahuila.
México clama por el cese a los crímenes en contra de los periodistas, de los defensores de derechos humanos, de los ciudadanos; y México también repudia a aquellos que no asumen su responsabilidad de gobierno, a aquellos que nada más se están echando la bolita de manera totalmente irresponsable y sin hacer frente a lo que les corresponde y por lo que fueron electos.
Hoy nuestro país reclama gobiernos solidarios para hacer frente a los mayores problemas que se enfrentan. Gobiernos que cooperen y no que disgreguen, gobiernos que construyan y no que destruyan, gobiernos que desde su libertad y autonomía republicana engrandezcan a la nación.
Por lo anterior se presenta el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del
Congreso de La Unión expresa su enérgica condena de las recientes
declaraciones del C. Humberto Moreira Valdés, gobernador del estado
de Coahuila con relación al secuestro y el asesinato del periodista
Valentín Valdez Espinosa y lo exhorta a atenerse a la Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como a la
responsabilidad democrática.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SEGOB A IMPLANTAR LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS
PARA QUE EL GOBIERNO MEXICANO DÉ CABAL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA
DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO CAMPO ALGODONERO
VS. MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARY TELMA GUAJARDO
VILLARREAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone a consideración de esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado mexicano de ser responsable de violar el derecho a la vida, a la integridad personal y la libertad personal en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monrreal, tres de las ocho víctimas de feminicidio, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el 6 de noviembre de 2001.
La sentencia de la CIDH responsabilizó al Estado mexicano de de no haber adoptado medidas de protección eficaces e inmediatas ante las denuncias de desaparición de mujeres en Ciudad Juárez documentadas desde 1993; asimismo, determinó que el Estado mexicano incurrió en irregularidades en las investigaciones, entre las que destacó la falta de información al momento de reportar el hallazgo de los cadáveres, una inadecuada preservación de la escena del crimen, falta de rigor en la recolección de evidencias y en la cadena de custodia, así como contradicciones e insuficiencias en las autopsias y en la identificación de los cuerpos.
La Corte determinó, además, que si se permite que personas responsables de estas graves irregularidades continúen en sus cargos, o peor aún, ocupen posiciones de autoridad, se puede generar mayor impunidad y crear las condiciones para que los factores que inciden en el contexto de violencia persistan o se agraven, ya que el hecho de que no se haya investigado a ninguno de los funcionarios supuestamente responsables por las negligencias ocurridas pone de manifiesto la situación de indefensión de las víctimas y propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos.
Se trata de una sentencia sin precedentes para los familiares de las víctimas de feminicidios en México, ya que es la primera resolución en la región que reconoce violaciones reiteradas a los derechos humanos de las mujeres, en donde la respuesta de las autoridades durante todos estos años había sido de tratar los diferentes crímenes como violencia común del ámbito privado, sin reconocer la existencia de un patrón persistente de violencia contra la mujer que tiene raíces más profundas basadas en la discriminación, aunado a una política de desinformación y la falta de acceso a los expedientes y la falta de interés por sistematizar la información de los casos reportados ni por crear un registro de datos que facilitara las investigaciones, la búsqueda y la sanción de los presuntos responsables de los crímenes y que hoy no sólo forman parte de Ciudad Juárez sino que se extiende a otras entidades del país.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al ciudadano Fernando Gómez Mont Urueta, secretario de Gobernación, a implantar los mecanismos para que el gobierno mexicano dé cabal cumplimiento a la sentencia de fecha 16 de noviembre de 2009, relativas al caso "campo algodonero contra Estados Unidos Mexicanos", emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Salón de sesiones, a 13 de enero de 2010.
Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA,
INGENIERO GENARO GARCÍA LUNA, SUSCRITA POR EL SENADOR RICARDO MONREAL
ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
La propuesta de reforma política que Calderón envió a la Cámara de Senadores pareciera que desvió la atención de los analistas y la sociedad civil respecto de los grandes problemas sociales, económicos y políticos que atraviesa el país y a los cuales debiera atenderse con carácter de urgente.
No le estamos dando la vuelta a discutir esta propuesta, al contrario, en su momento daremos nuestro posicionamiento, porque ya la estamos analizando, y de entrada les digo que hemos encontrado muchos vacíos de conocimiento e inconsistencias graves, pero reitero, ese asunto en su momento lo trataremos con mayor profundidad.
El tema del cual les quiero hablar es uno que no responde a la coyuntura política del momento, viene de tiempo atrás y estoy seguro que a todos nos preocupa; es la cuestión del narcotráfico.
Este asunto no solo es alarmante por el número de muertos –entre civiles, policías, militares y sicarios– que ha dejado esta mal llamada guerra, que según datos oficiales y cálculos realizados por diversos medios de comunicación superan en lo que va de esta administración más de 15 mil muertos, sino que también preocupa por las secuelas que deja a la sociedad, y los serios problemas para la estabilidad y la gobernabilidad en el país.
Para abordar este último punto, recordemos que ha habido municipios, en el estado natal de Calderón, donde la población se ha quedado sin autoridades locales por el miedo a no tener una garantía de ejercer plenamente sus funciones. El problema se agrava aún más si lo trasladamos a nivel federal, y es que una investigación realizada por el Congreso de Estados Unidos que lleva por título Relaciones México- Estados Unidos: Asuntos para el Congreso, el cual consta de 36 páginas, señala literalmente que: "…El aumento y el carácter tan dramático de la violencia ha llevado a que algunos observadores cuestionen la fortaleza del gobierno de México, hasta caracterizarlo potencialmente como un Estado fallido."
Más que una visión catastrofista es una advertencia de que se necesita hacer algo urgente al respecto. Porque el sentido de este estudio no dista mucho del análisis que tiempo atrás, en el año 2000, el Senado francés publicó con el número 309, que llevaba por título México 2000, el cual fue avalado por la Comisión de Asuntos Exteriores, Defensa y Fuerzas Armadas de ese país. Aquí se advertía que "el principal factor de violencia, de corrupción y de tensiones que tienen que afrontar hoy (se refería al México del año 2000, pero que actualmente se aplica a la perfección) los dirigentes mexicanos reside, sin duda, en la importancia creciente del narcotráfico".
Y es que el asunto no es menor, pues este estudio señala que el tráfico de drogas en nuestro país podría generar, según ciertas estimaciones, recursos equivalentes a 9 por ciento del producto interno bruto mexicano. Resulta inútil decir que 9 por ciento es una magnitud enorme.
Lo peor es que no se ha hecho nada, y lo poco que se hace es muy cuestionado; corrupción, militarización, muertes, violación a los derechos humanos, deterioro de la relación entre sociedad y Estado, pero, además, pérdida de soberanía.
Pues como parte de la Iniciativa Mérida, que en un principio se llamaba "Plan México", la embajada de Estados Unidos en nuestro país, a cargo de Carlos Pascual –especialista en "Estados fallidos"– señaló algo que ya se sabía; que abrirían en el 2010 una oficina binacional en territorio mexicano, desde la cual agentes estadounidenses junto con miembros de la PGR, de la Secretaría de Seguridad Pública, entre otros, se coordinarían en acciones conjuntas para enfrentar al narcotráfico. Recordemos que nuestras leyes impiden participar a extranjeros en operativos – incluidos mecanismos de inteligencia- policiacos o militares en territorio nacional.
Y digo que esto no es nuevo porque a raíz de la visita de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en marzo de 2009, se abrió la "oficina bilateral de implementación", por medio de la cual el gobierno estadounidense participa físicamente y de manera directa en el diseño, la ejecución y supervisión de políticas estratégicas antinarcóticos.
Resulta sumamente imprescindible una interpretación crítica, eficiente y alertadora de la Iniciativa Mérida desde la perspectiva histórica entre nuestro país y Estados Unidos, y entre éste y América Latina. Porque nuestros vecinos del norte no tienen amigos, sino "intereses". Sólo de este modo se puede explicar la actual ayuda, pero también se comprende que la expansión de Estados Unidos de América implicó la toma de territorios que pertenecían a México: arrebatándonos Texas en 1836, pasando por la guerra contra México en 1846 hasta 1848, que culminó con la anexión de Nuevo México y Utah hasta el océano Pacífico. Estas victorias diplomáticas y militares sobre nuestro país fueron una condición previa para la expansión transcontinental de Estados Unidos.
Ahora tristemente, por la incapacidad de las administraciones federales en turno, el narcotráfico es la pantalla y el motivo para un nuevo intervencionismo y una apropiación territorial a través de la fuerza policial-militar y de inteligencia, sobre naciones donde se localizan recursos naturales estratégicos (petróleo, agua, uranio y otros minerales).
Y aquellos que duden de nuestros argumentos les comento que un análisis del Instituto de Estudios Estratégicos del Ejército de EU (2009) se plantea que por su énfasis en el lado de la oferta del mercado de los narcóticos, tanto el Plan Colombia como la Iniciativa Mérida desatienden nada menos que las raíces socioeconómicas y la estructura financiera del fenómeno del narcotráfico; la corrupción oficial; el consumo en gran escala en EU y el inusitado suministro de armas de alto poder desde allá hacia México: "ponen poca atención a los problemas estructurales más profundos que alimentan el tráfico de drogas y la violencia que conlleva". Es decir, no se ataca el problema de fondo, y mientras esto no se toque no se avanzará para erradicar este cáncer que afecta al tejido social y a la estructura misma del Estado mexicano.
Mientras esto pasa, de lo cual no se dice mucho, y si se hace se le da poca importancia, el señor Calderón se jacta y se da aires de grandeza porque las fuerzas armadas matan a un capo de los Beltrán Leyva, o porque supuestamente vamos por buen camino en esta lucha, que de antemano está perdida por esta fallida estrategia.
Al mismo tiempo se da en el país un clima de inflación y carestía en productos de la canasta básica, alzas en los combustibles como el gas, las gasolinas y el diesel, así como pérdida del poder adquisitivo en el salario de la clase trabajadora.
Pero no perdamos el hilo conductor y el motivo que nos ocupa. Éste tiene que ver en esta ocasión con el tema del narcotráfico; cuestión que a partir de diciembre de 2006, cuando el señor Felipe Calderón lanzó oficialmente su guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, cobró suma importancia para el Estado y la sociedad. Los motivos que lo orillaron a emprender esta estrategia fueron dos factores: para atender la principal demanda ciudadana en ese momento que era la inseguridad, pero también para buscar una legitimidad política que no había obtenido en las urnas. Sacar al Ejército a las calles y fotografiarse con una casaca militar (por cierto, bastante grande), buscaba esos objetivos mediáticos y emblemáticos.
La guerra se justificó oficialmente con cuatro argumentos: recuperar territorios ocupados por el crimen organizado, desmantelar las redes de protección del narcotráfico, disminuir la violencia y la inseguridad en el país, y reducir las adicciones entre la población, sobre todo, entre los jóvenes.
Para ello, el gobierno solicitó y la mayoría en el Congreso lo concedió, armas constitucionales, legales y presupuestales para lanzar esta guerra y ganarla, sin escusas ni pretextos.
Hoy, a tres años de iniciada esa embestida, tenemos indicadores y argumentos de sobra para evaluar si la guerra va por buen camino o es el momento de corregir su curso.
Empecemos por los propios objetivos oficiales:
2) Las redes de protección al narcotráfico siguen intactas. Buena parte del fracaso de esta guerra se explica porque el enemigo está dentro de las propias filas, en los tres órdenes de gobierno, y es la corrupción. La única acción que se ha llevado a cabo fue en Michoacán, pero resultó fallida porque más de la mitad de los funcionarios aprehendidos tuvieron que ser liberados por falta de pruebas y porque el objetivo de este golpe fue electorero, más que de combate a la inseguridad. Y la última acción espectacular contra uno de los capos del narcotráfico y sus familiares tiene visos de una medida aislada y parcial, de golpear a uno de los cárteles, dejando intactos a los otros.
3) Hoy tenemos más ejecuciones y desapariciones en las calles que cuando empezó esta guerra. De dos mil en el año 2006, pasamos a siete mil 500 al año pasado, superando las 15 mil muertes violentas en la vía pública y sumando cerca de 4 mil las personas desaparecidas en los últimos tres años. Este es un récord mundial que no lo tienen Ruanda ni Somalia, países que han sido acusados de genocidas y violadores sistemáticos de derechos humanos en los tribunales internacionales. La violencia no se ha detenido en México y si ahora la inseguridad ocupa el segundo lugar en las preocupaciones ciudadanas, no es porque haya bajado la incidencia delictiva, es porque el desempleo y los problemas económicos son más importantes ahora que cualquier otro asunto público.
4) Las adicciones a la droga entre la población joven está creciendo. No alcanza los índices del alcohol, que es la primera entre la población, pero es innegable que hoy la droga es más barata y se consigue con más facilidad en la calle y en lugares públicos que hace tres años.
Termino diciendo que el estado de derecho –considerado históricamente como el imperio de la ley– gravita sobre la defensa de la seguridad y la libertad de los ciudadanos. Cuando no se cumple con este precepto se carece de legitimidad esencial y básica. Hecha esta aclaración para describir lo que acontece en nuestro país, parece poco discutible que el estado de derecho en México no ha podido garantizar, hace ya tiempo, ni la plena seguridad, ni la plena libertad de los ciudadanos.
Si el Ejecutivo federal no quiere, no puede o no le interesa modificar su estrategia fallida contra el crimen, el Congreso sí puede y tiene facultades para hacer una propuesta más integral y de fondo. Es decir, sí podemos corregirle la plana al Ejecutivo en materia de seguridad y procuración de justicia.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. El Senado de la República, exhorta al Ejecutivo federal y a través de esta solicita la comparecencia del secretario de Seguridad Pública Federal, ingeniero Genaro García Luna, para que informe a esta soberanía cuáles son las razones por las que se mantiene este combate tan poco eficaz y eficiente de lucha contra el crimen organizado.
Segundo. Se considere la realización de un foro de consulta con especialistas, académicos, expertos y técnicos de la materia, para diseñar una estrategia integral y efectiva para combatir el crimen organizado.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los trece días del mes de enero de 2010.
Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE
LA LEGISLATURA LOCAL, A EFECTO DE QUE EL INCREMENTO DEL IMPUESTO PREDIAL
APROBADO EN 54 DE LOS 125 MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD, DE ENTRE 16 Y 50 POR
CIENTO EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2010, SEA PROPORCIONAL AL AUMENTO DE 1.2
POR CIENTO RECIBIDO POR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES EN EL
MISMO AÑO, SUSCRITA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
La crisis financiera de 2009 impactó de manera negativa en la mayor parte de los países del mundo. Así ello, en nuestro país fuimos testigos de la disminución de la producción de petróleo y sus precios, de incrementos marginales en precios de algunos artículos de la canasta básica, de altibajos en los indicadores de empleo, de una menor recaudación de impuestos por parte de la federación y en términos general, de un gasto público moderado.
Como resultado de esto y tomando las debidas reservas ante las eventuales condiciones económicas para el presente ejercicio fiscal, los diputados que integramos esta H. Cámara de Diputados, aprobamos un paquete económico que tiene por objetivo incentivar y dinamizar la economía de nuestro país; aprobamos un paquete económico que permitirá impulsar la inversión en infraestructura en todo el territorio nacional, continuar con el combate frontal a la pobreza, ampliando su cobertura a zonas urbanas; ampliar la cobertura en los servicios de salud; continuar con el impulso a la educación de calidad en el país; fomentar la inversión en el campo, y en general, en un gasto eficiente y eficaz por parte del gobierno federal.
En coordinación con el gobierno federal, y después de largos e intensos debates, aprobamos un paquete económico que incluye un incremento temporal y marginal de impuestos que permitirá hacer frente a las necesidades de gasto que nuestro país requiere para resarcir y superar las secuelas que trajo consigo la crisis económica mundial.
Permítanme señalar compañeros legisladores, que nuestras entidades federativas no quedaron al margen de los beneficios que traerá el ejercicio del gasto para el presente año. Al contrario, los gobiernos estatales resultaron beneficiados en gran medida con las reformas de carácter tributario que incrementarán, sin lugar a dudas, el monto de participaciones y aportaciones que recibirán para erogar a discreción y de acuerdo a lo que justifique el Ejecutivo estatal, lo que determinen sus propios Congresos locales y por supuesto, conforme a los criterios de gasto y transparencia estipulado en la Ley de Coordinación Fiscal.
Sin embargo compañeros, no todos los incrementos y medidas recaudatorias tienen un sustento y una justificación para los ciudadanos, como es el caso particular de lo aprobado por el Congreso local del Gobierno del estado de México para el presente ejercicio fiscal o lo que es lo mismo, aprobado por el gobernador de dicha entidad.
Este Congreso, conformada mayoritariamente por asambleístas pertenecientes al partido que gobierna actualmente la entidad, aprobó un incremento del 15 por ciento en el cobro del impuesto predial para el 2010 en 54 de los 125 municipios que integran la entidad y a 12 de los ayuntamientos se les autorizó un aumento de entre 16 y 50 por ciento de dicho impuesto.
Esta medida resulta inaceptable, si consideramos que el estado de México ocupa el primer lugar en asignación de recursos por concepto de participaciones y aportaciones federales no sólo durante el ejercicio fiscal 2010, sino de al menos durante los últimos 10 años. Por estos conceptos, en 2010 la entidad recibirá recursos por 96,125.8 millones de pesos, que representa un crecimiento de 1.2 por ciento real en comparación con 2009. Sumemos a este monto 7,143.4 millones de pesos por proyectos etiquetados en los anexos. En total, estamos hablamos de 103,269.2 millones de pesos asignados al estado.
Ante la actual situación económica por la que atraviesa nuestro país y la sociedad en su conjunto, es imposible continuar mermando el ingreso de las familias mexicanas, y en este caso, los ingresos de las familias mexiquenses.
El problema del impuesto predial compañeros legisladores, no se soluciona en incrementar las tarifas en la mayor parte de sus ayuntamientos; el problema va mucho más allá y tiene que ver con actualizar las bases catastrales y ampliar en consecuencia, la base gravable para poder generar más ingresos municipales y estatales.
En Acción Nacional no estamos de acuerdo en sacrificar los ingresos familiares para que unos cuantos políticos y funcionarios públicos del gobierno del estado de México se vean beneficiados. Al contrario, pugnamos por encontrar los conductos adecuados para generar un beneficio social en condiciones económicas adversas. Basta ya de justificar lo injustificable y de marginar aún más a los que menos tienen. Basta ya, de políticos y funcionarios públicos sin criterios en el estado de México.
En virtud de lo expuesto y con base en los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único Se exhorta al gobierno del estado de México, a través de su legislatura local, para que el incremento aprobado en las tarifas del impuesto predial de entre 16 y 50 por ciento durante el ejercicio fiscal 2010 en 54 de los 125 municipios mexiquenses, sea proporcional al incremento de 1.2 por ciento en las participaciones y aportaciones federales recibidas durante el presente año.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a
13 de enero del 2010.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBERNADOR Y AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO
DEL CONGRESO DE GUERRERO A IMPLANTAR LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS A FIN
DE CUMPLIR LA RECOMENDACIÓN NÚMERO 78/2009 DE LA CNDH, RELATIVA
AL SECUESTRO, A LA TORTURA Y A LA EJECUCIÓN DE LOS DIRIGENTES DE
LA ORGANIZACIÓN PARA EL FUTURO DE LOS PUEBLOS MIXTECOS, RAÚL
LUCAS LUCÍA Y MANUEL PONCE ROSAS, SUSCRITA POR LA DIPUTADA FLORENTINA
ROSARIO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La recomendación número 78/2009, de fecha 28 de diciembre pasado, firmada por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, marca un parteaguas en la lucha histórica en Guerrero por la defensa de los derechos humanos.
Sin duda, esto demuestra que en México ha pasado una serie de delitos que demuestran el estado fallido en procuración de derechos humanos. Dicha recomendación se refiere al secuestro, a la tortura y a la ejecución de los dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 23 de noviembre de 2009, condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco y reconoció la existencia de un contexto de violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos durante la guerra sucia. Además, ordenó continuar la búsqueda de Rosendo Radilla o, en su caso, de sus restos mortales.
Creemos firmemente que la CNDH cumple su labor histórica de seguir reconociendo que este contexto no se dio como hechos aislados del pasado sino que es una conducta sistemática del Estado o de sus autoridades que, por ineficacia e ignorancia, siguen permitiendo que estos casos se den como parte constante del ejercicio del poder en México.
El 13 de febrero de 2009, aproximadamente a las 13:15 horas, al encontrarse en un acto público en la explanada de la escuela secundaria Plan de Ayutla, en Ayutla de los Libres, Raúl Lucas y Manuel Ponce fueron detenidos por tres sujetos que, sin identificarse, ingresaron en el lugar, los detuvieron y se los llevaron con rumbo desconocido a bordo de un vehículo.
Por ello, varias organizaciones de defensa de los derechos humanos emitieron opiniones y presentaron denuncias para que se diera con el paradero de los dos indígenas. Días después, a través elementos de la Policía Ministerial de Guerrero, recibieron una llamada telefónica anónima, a través de la cual se hizo de su conocimiento que en el paraje solitario de la comunidad de San Francisco, municipio de Tecoanapa, se encontraban sepultadas dos personas y que al parecer se trataba de los dos desaparecidos, "razón por la que personal de la Agencia del Ministerio Público del fuero común del distrito judicial de Allende realizó la inspección ocular en el lugar del hallazgo y dio fe de los cadáveres y de su levantamiento.
"Por ello, la CNDH, en la recomendación número 78/2009, de fecha 28 de diciembre pasado, afirma que violaron en perjuicio de los agraviados occisos, así como de sus familiares, los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica y al acceso a la procuración de justicia, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 20, Apartado B; 21, párrafo primero; y 102, Apartado A, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Por esos motivos emite las recomendaciones al titular del gobierno estatal a fin de llegar a la verdad material e histórica y que instruya a quien corresponda para tal efecto, específicamente realizar un nuevo peritaje. De igual forma, recomienda al presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local que instruya al presidente municipal de Ayutla, Armando García Rendón, para que se repare el daño a las familias de los indígenas occisos.
Esta soberanía debe pronunciarse para que esta recomendación surta efectos, y permita el esclarecimiento de tan grave caso, que nos recuerda la época más oscura de represión en el país, y que no pasen más de 30 años como en otros casos sin resolverse y por ello sin castigar a los culpables.
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta con total respeto de la soberanía estatal y de la división de poderes al ciudadano Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, gobernador constitucional de Guerrero; al diputado Héctor Vicario Castrejón, presidente de la Comisión de Gobierno de Congreso local, a implantar los mecanismos que den cumplimiento a la recomendación número 78/2009 de la CNDH, de fecha 28 de diciembre de 2009, firmada por su presidente, licenciado Raúl Plascencia Villanueva; y a enviar un informe a esta soberanía sobre las acciones por implantar.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de enero de 2010.
Diputada Florentina Rosario Morales (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA INVESTIGAR
A FONDO LAS MUERTES DE PERIODISTAS E IMPEDIR QUE SE SIGAN SUSCITANDO AGRESIONES
CONTRA ÉSTOS, SUSCRITA POR EL SENADOR RICARDO MONREAL ÁVILA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
"El periodista no es buscador de problemas.
Es buscador de verdad, de datos, de información, de métodos."
Por la evidente influencia que el periodismo tiene en la sociedad, este suele ser conocido como "el cuarto poder". Debido a la alarmante situación de inseguridad en nuestro país, el periodismo se ha convertido en una de las profesiones más riesgosas. El periodista, hoy día, desarrolla su profesión en una situación sumamente vulnerable, a consecuencia de que la libertad de prensa se ha visto repetidamente obstruida por acontecimientos violentos.
Cada vez son más los comunicadores que, en el ejercicio de su profesión, son víctimas de amenazas, intimidaciones, persecuciones, atentados, desapariciones forzosas y en el peor de estos casos, la muerte, como les ha ocurrido a 148 periodistas en los últimos 39 años.
Los ataques sistemáticos a reporteros y periodistas representan un lastre en nuestro país que refleja la lamentable condición de un estado fallido, en el que la incivilidad, la inseguridad y la impunidad, son sólo algunos ingredientes para socavar el estado de derecho y la consecuente democracia, vistos estos últimos por algunos como una diada inseparable. Ya que según la jurisprudencia de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los derechos de libertad de pensamiento y de libre expresión y manifestación de las ideas son indiscutiblemente pilares de los modernos estados democráticos de derecho.
En 1984 había sido asesinado el conocido periodista Manuel Buendía y, según la fundación del mismo nombre, el número de atentados contra periodistas aumentó paulatinamente en cada sexenio: de acuerdo con un estudio realizado por la organización Artículo 19, en el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) fueron asesinados 6 profesionales de la información; durante la administración lopezportillista (1976-1982) la cifra ascendió a 12; en el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) resultaron muertos 33 informadores; y, conforme un minucioso rastreo hemerográfico de la Fundación Manuel Buendía, a lo largo del régimen de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) cayeron 46 profesionales de la tecla informativa. Ello da un total de 97 periodistas asesinados en un lapso de 24 años, cifra con la cual México ocuparía el primer lugar en ese terreno a nivel latinoamericano, arriba de Colombia, con 89, y Guatemala, con 53.
Las agresiones en contra de periodistas no constituyen algo novedoso, más bien se trata de una tradición de fuerte raigambre en nuestro país. En 1988, por ejemplo, fue asesinado Héctor Félix, reportero de Zeta, después de escribir artículos que criticaban a Jorge Hank Rhon. Por este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó a expedir 10 años después una recomendación que exigía el esclarecimiento de este crimen (CIDH 1999).
Han sucedido, además, hechos escandalosos, como la detención el 13 de septiembre de 1996 del editor de El Universal, Juan Ealy Ortiz, por fraude fiscal, en lo que para el director de este diario, Roberto Rock, se trató de una represalia por publicar información sobre cuentas secretas del gobierno. Para el académico Tanius Karam, "el acto contra Healy (sic) fue selectivo y discrecional ya que no se procedió igualmente con otros diarios que tenían problemas fiscales, como el caso de Excélsior".
Actualmente, de acuerdo con el listado de agresiones a los derechos humanos a periodistas denunciados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la lista se ha elevado a partir de 2005, con 72 agresiones; 2006, con 74; 2007, con 84; 2008, con 80, y este año hasta noviembre, con 78.
La CNDH agregó que la cifra puede incrementarse si se suman los casos registrados en las comisiones de derechos humanos de los estados, así como todas las agresiones que no se denuncian.
El homicidio, el pasado mes de diciembre, de Alberto Velázquez, reportero del periódico Expresiones de Tulum, aumentó a 12 el número de periodistas asesinados en 2009 y a 57 la cifra de comunicadores ultimados en los últimos 10 años. Todavía en días recientes se cuenta la muerte de un periodista local en Los Mochis.
En tal virtud, México superó a Irak y ahora emparenta nuevamente con ese deshonroso primer lugar del mundo en el número de asesinatos y agresiones contra periodistas, según informa el director de la Fundación Manuel Buendía, Omar Raúl Martínez. Al presentar el Informe Buendía 2008-2009, explicó que tan sólo en el primer semestre del año 2009, en nuestro país se registraron 142 actos contra el trabajo periodístico y 5 asesinatos, con lo cual, esta tendencia apuntaría a que en el año pasado se duplicaría el número de agresiones contra reporteros respecto a las registradas hace dos años.
"Estas cifras son abrumadoras considerando que en el Informe Buendía 2007 se consignaron 113 casos. No es gratuito, por ello, que se catalogue a 2008 y al primer semestre de 2009 como uno de los periodos más violentos y con mayor número de ataques para el periodismo mexicano en los últimos tres lustros" explicó en conferencia de prensa Raúl Martínez.
Durante el sexenio del ex presidente Vicente Fox nunca se mostró verdadera voluntad política para atender las agresiones a los diversos periodistas y comunicadores, pues más allá del discurso nada existió. Tan es así que durante el último año de su sexenio (2006) se registraron 26 asesinatos de los cuales 95 por ciento aún permanece impune. 70 por ciento de los presuntos autores son funcionarios de gobierno, policías (municipales, estatales y federales), procuradurías locales y General de la República (PGR), y militares; mientras que en 30 por ciento fueron integrantes del crimen organizado, entre otros.
Para aquél entonces, México ya se ubicaba en el segundo lugar más inseguro para los periodistas, sólo después de Irak. Lo que está documentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos es la cerrada competencia de quienes atacan más a los periodistas, pues de cada 10 agresiones, 4 son de autoridades y 3 de delincuentes. De acuerdo con la investigación en materia, elaborada por Cencos y Article XIX los datos de 2007 son alarmantes.
Si bien es cierto que en el sexenio de Vicente Fox existió poca voluntad política para proteger a periodistas, la situación se agudiza en los primeros años del sexenio del presidente Felipe Calderón. Tan es así que en 2007, las cifras aumentaron. El número de agresiones registradas fue de 89, 34 más que en 2006. De ellas, 21 por ciento fueron amenazas, 16.5 por ciento agresiones materiales, 15 por ciento agresiones físicas y 6.64 por ciento se trató de asesinatos. Más grave aún resulta el dato que señala que en casi todos los estados del país se registraron agresiones a periodistas, hecho que desdibuja algunas hipótesis que plantean que la violencia contra los comunicadores obedece a los metapoderes (crimen organizado).
Algunos comunicadores y medios de comunicación son objeto de abuso de autoridad en un sentido lato, por parte de los funcionarios públicos, quienes por el contenido de las notas y programas deciden censurarlos usando todo el andamiaje político con el que cuentan. Estos fenómenos merecen consideración.
Ejemplos recientes son el del periodista radiofónico José Gutiérrez Vivó y su Grupo Monitor, quien alegaba un "bloqueo" publicitario del gobierno federal debido a represalias por su postura política; y el de la periodista Carmen Aristegui, quien no fue requerida para renovar su contrato como titular de un espacio radiofónico en W Radio —propiedad de Televisa— presuntamente por los conflictos de interés que generaba, entre otras cuestiones, su cobertura crítica de la ley de medios cabildeada por agentes de la televisora.
Periodistas y luchadores sociales mexicanos han sido, además, víctimas de agresiones por informar sobre asociaciones delictivas de otros giros, como las redes de tráfico y abuso de menores, trata de personas, caciquismo, abusos policiacos y guerra sucia. Un caso que acaparó la atención de medios internacionales fue el de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, amenazada de muerte y privada ilegalmente de su libertad como represalia por denunciar públicamente una red de pederastia que operaba en el Caribe mexicano.
Más recientemente, pueden encontrarse notas de medios de comunicación nacionales y organismos internacionales, dirigidas a los atropellos, abusos y crímenes cometidos en contra de periodistas locales. En Guerrero, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la muerte de Juan Daniel Martínez Gil, periodista de W Radio y de Radiorama Acapulco, cuyo cuerpo fue encontrado en el mes de julio del año pasado.
Del ese modo, en esta entidad federativa, por esas mismas fechas estuvo de visita el periodista Mike O´Connor, representante del Comité de Protección a Periodistas (CPJ), el cual se desplazó a Acapulco para estudiar de cerca el caso del asesinato del corresponsal de Televisa, Amado Ramírez. En sus propias palabras: "hacer periodismo en Guerrero es como ir a la guerra".
Todavía, el pasado viernes 8 de enero, el periódico Zócalo de Saltillo, Coahuila, dio a conocer a través de su portal de Internet que su reportero Valentín Valdés Espinosa fue ejecutado ese día, luego de ser "levantado" la noche anterior con otros dos periodistas por sujetos desconocidos que viajaban en dos camionetas.
Como se deduce de lo anterior, el fenómeno de la violencia contra los periodistas incluye desde la intimidación y la violencia "legal" hasta la violencia física, secuestro y homicidio contra periodistas y trabajadores de la industria de los medios de comunicación. Para hablar sobre violencia contra la prensa hay que considerar una definición amplia de esta.
La Unidad de Libertad de Expresión de la Fundación Manuel Buendía considera la siguiente tipología de agravios contra las libertades de expresión e información:
2. Hechos que pueden significar inhibición o presiones a periodistas: n) arbitrariedad en la edición, o) anuncio de demanda, p) auto de formal prisión, q) cita a comparecer, r) demanda, s) despido, t) detención por parte de autoridades, u) orden de aprehensión, v) renuncia inducida, w) robo, x) soborno, y) suspensión, z) cateo.
3. Ataques públicos o embozados a medios: a) allanamiento, b) amenazas e intimidación, c) amenazas de confiscación, d) amenazas de toma, e) atentado, g) bloqueo informativo, h) censura, i) confiscación, j) toma.
4. Hechos que pueden significar inhibición o presiones a medios: k) anuncio de bloqueo publicitario, l) anuncio de demanda, ll) auditoría fiscal, m) bloqueo publicitario, n) cancelación de un programa o de una concesión, n) cierre temporal o clausura de una emisora, o) demanda, p) embargo, q) robo, r) anuncio de bloqueo informativo.
Para Silvio Waisbord, la violencia contra los periodistas es una de las tres limitaciones centrales de la prensa en América Latina, junto con el marco legal y la economía de la prensa. Waisbord hace notar que mientras en las regiones democráticas liberales desarrolladas ha disminuido casi totalmente la existencia de ataques contra la prensa (limitándose estos a los sufridos por corresponsales en coberturas de conflictos en naciones no desarrolladas), los ataques contra la prensa en Latinoamérica han permanecido latentes.
Durante 2008, el Centro Nacional de Comunicación Social y Article XIX se dieron a la tarea de fortalecer la metodología para el registro y documentación de agresiones a periodistas. De acuerdo con esta investigación, el total de agresiones registradas durante este año fueron 228, de las cuales el mayor porcentaje lo ocupa la agresión física material, seguida de la intimidación, la presión y amenazas.
Como se ha mencionado, la otra cara de la moneda que atenta contra la consolidación de una prensa democrática, la encontramos en las redes de delincuencia organizada. En la medida en que las organizaciones criminales gozan de poder en una región, aumenta el peligro en el que se ponen los medios de comunicación al informar sobre fenómenos criminales. La prensa se ve amenazada porque, a decir de Silvio Waisbord, "es una arena central en la batalla por la expresión pública".
En esa cerrada disputa por constituir la principal fuente de agresiones hacia periodistas, los funcionarios de los gobiernos de los distintos niveles y la delincuencia organizada, en esa dialéctica inevitable, han configurado un escenario (guerra contra el narcotráfico) que ha provocado que medios de comunicación y comunicadores se conviertan en un grupo especialmente vulnerable.
Presenciamos con tristeza y desesperación, como estos han sido señalados como blancos estratégicos de ambos bandos. La libertad de expresión y el acceso a la información, son herramientas útiles para desafiar un régimen corrupto y el contaminado statu quo. En tal virtud, debemos oponernos enérgicamente a que continúen las agresiones en contra de dicho grupo.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo federal y, a través de esta, solicita a la Procuraduría General de la República (específicamente a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas) informe a esta soberanía sobre los resultados de las investigaciones y los procesos criminales seguidos en contra de los presuntos responsables de agresiones y homicidios perpetrados en contra de reporteros y periodistas, en donde se demuestre que los responsables de lo diversos crímenes han sido debidamente juzgados y sancionados.
Segundo. Se tomen las medidas necesarias para frenar la oleada de delitos cometidos en contra de los medios de comunicación y de los comunicadores. Debiendo investigar hasta sus últimas consecuencias los hechos y esclarecer de manera pronta si estuvieron vinculados con la actividad periodística. Asimismo, se adopten los mecanismos adecuados para la protección de los periodistas en México.
Tercero. Se considere la creación, desde el seno de esta soberanía, de una comisión especial contra las agresiones a periodistas y en defensa de la libertad de expresión.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2010.
Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTAURAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA
RESOLVER LA INSEGURIDAD QUE PADECE BAJA CALIFORNIA Y A NO REALIZAR ACCIONES
ADMINISTRATIVAS QUE AGRAVEN LA PRECARIA SITUACIÓN DE LAS FAMILIAS,
SUSCRITA POR EL SENADOR FERNANDO CASTRO TRENTI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El que suscribe, Fernando Castro Trenti, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permite someter a consideración del pleno de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A raíz del recrudecimiento de la ola de violencia que en los últimos días se ha suscitado en Tijuana, Baja California, líderes empresariales de dicha ciudad exigieron el lunes de esta semana mayor presencia policial y demandaron resultados a las autoridades, advirtiendo que subirán el tono de la exigencia si no se frenan los delitos de alto impacto. Además, solicitaron al Congreso de la Unión su intervención para hacer frente a la situación que impera en la región.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, Fernando Otañez Martínez, expuso que están viendo con enorme preocupación cómo se ha incrementado la violencia, lo que los obligó a convocar a los gobiernos estatal y municipal a una reunión con carácter urgente.
La inseguridad es un problema que envenena a la sociedad mexicana, y la de Baja California no es la excepción.
Desde que el titular del Ejecutivo federal rindió protesta, la lucha frontal contra el crimen organizado ha sido su lema y plataforma política. Sin embargo, y a pesar de que hemos sido testigos de la implantación de planes, acciones y estrategias en todos los niveles de gobierno, la ola de violencia causada por el crimen organizado, lejos de aminorar o desaparecer, se ha ido acrecentando de manera alarmante.
Tan sólo en 2009 fueron registrados más de 7 mil 700 asesinatos violentos y vinculados presuntamente con el crimen organizado; ya van más de 16 mil asesinatos de este estilo desde que el presidente de la República asumió el encargo.
En lo que va de 2010 se han registrado más de 280 muertes violentas. En Tijuana, en enero, la cifra oficial de homicidios dolosos ha llegado a 56; de acuerdo con las estadísticas, en 2008, que había sido históricamente el año más violento, el promedio mensual era de 48 decesos relacionados con el crimen organizado. Si la violencia continúa con esa tendencia ascendente, este mes podría cerrar con más de 90 muertes relacionadas con los delitos de alto impacto.
El norte del país ha resultado especialmente afectado por la ola de violencia; por tanto, esta zona debe recibir una atención si bien no preferencial, sí especial.
Atacar de fondo los problemas de inseguridad pública que padece el país no está reñido con una política de crecimiento económico que incremente el empleo, atraiga las inversiones e incentive el turismo.
Los tijuanenses son principalmente afectados en su ingreso debido, en parte, a que las acciones de las autoridades federales no han tomado en cuenta el efecto negativo de la inseguridad en la economía. Es lamentable que debamos enfrentar determinaciones administrativas que agravan la crisis económica más de lo que disminuyen la delincuencia organizada o la violencia, lo cual ha generando en la comunidad la percepción de que nos encontramos entre dos fuegos: por un lado, el proveniente de la delincuencia organizada; y, por otro, la insensibilidad de las autoridades administrativas.
La imposición de algunos planes gubernamentales, como el Sistema de Aforo Vehicular (Siave) o la material prohibición de la importación de vehículos usados, ha significado el atropello de las expectativas de la sociedad fronteriza.
El Siave, el cual pretende brindar eficacia en el combate del contrabando, no se justifica por los efectos negativos que tendrá en la vida común de las fronteras. La medida contra la importación de vehículos usados ha provocado la movilización de los ciudadanos del norte del país, inconformes con la forma en que las autoridades hacendarias y policiacas han venido criminalizando a los propietarios de autos importados, afectando el comercio, el turismo y el empleo y, por ende, mermando la ya muy deteriorada capacidad de consumo de las familias mexicanas, en especial las bajacalifornianas.
Producto de la inseguridad y de equivocadas decisiones gubernamentales, aunadas a la crisis económica global, en el último año en Baja California se ha incrementado el número de personas desocupadas: pasaron de 21 mil 800 a 82 mil, 7.56 por ciento, lo que coloca esta entidad en el décimo lugar nacional en tasa de desocupación, según el Banco de Información Económica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Resulta lógico pensar que el alto grado de desempleo en la entidad, provocado en parte por malas decisiones administrativas, se convierta en detonante para la inseguridad que se vive en Baja California.
Preocupados por la grave situación que padece la sociedad tijuanense, el sector empresarial de esa ciudad ha manifestado la imperiosa necesidad de implantar medidas para enfrentar la criminalidad, sin que con esto se generen más problemas para la economía local, pues la fuga de capitales, tanto nacionales como extranjeros, continúa a raíz de la inseguridad que se vive en la ciudad, lo que repercute directamente en la economía nacional.
Una de sus propuestas es la presencia de más elementos de la Policía Federal en las calles de Tijuana, donde se ha registrado la mayor parte de los hechos delictivos, a fin de inhibir la presencia de las organizaciones criminales y de sus integrantes, que circulan libremente por las calles.
Es tiempo de actuar para remediar esta situación, y la única manera de lograrlo es mediante la cooperación entre poderes y el trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno.
El pueblo bajacaliforniano espera la decidida actuación de sus representantes en el Congreso de la Unión. La Comisión Permanente no puede menos que solidarizarse con el sector productivo de Baja California, que reclama mayor seguridad en las calles, en beneficio de las familias bajacalifornianas.
Desde el Congreso de la Unión debemos exhortar al titular del Ejecutivo federal a incrementar la participación de las fuerzas policiacas en la entidad, en especial en Tijuana, Baja California. Asimismo, debe llevarse a cabo una operación para combatir la inseguridad y el crimen organizado que hacen víctima a dicha entidad federativa.
Por lo expuesto, se somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a la luz de la creciente ola de violencia que se vive en Tijuana, Baja California, se solidariza con las exigencias del sector productivo de esa ciudad referentes a la urgente necesidad de implantar medidas efectivas para dar una satisfactoria solución al problema de inseguridad. Asimismo, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a incrementar mediante la Secretaría de Seguridad Pública federal la presencia de elementos de la Policía Federal e instaurar las medidas necesarias para apoyar a la población bajacaliforniana.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2010.
Senador Fernando Castro Trenti (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE PUEBLA A INSTALAR UNA MESA DE DIÁLOGO
CON LA PARTICIPACIÓN DE LEGISLADORES FEDERALES PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA
DE LOS INVERSIONISTAS AFECTADOS POR LOS CONSORCIOS INMOBILIARIOS SITMA
E INVERGROUP, SUSCRITA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la atención de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
La empresa denominada "Servicios Inmobiliarios y Computación SA de CV", conocida como SITMA, fue creada en el año de 1990 en la ciudad de Atlixco, Puebla, por una persona llamada Leonardo Tiro Moranchel. Esta sociedad, presuntamente, tenía como eje de su actividad comercial la venta de bienes inmuebles, tanto viviendas como terrenos, y su desarrollo, durante 18 años de los 19 que estuvo en funcionamiento, fue espectacular, logrando posicionarse en los estados de Baja California, estado de México, Guanajuato, Tlaxcala, Nuevo León, Morelos, Jalisco, Puebla, Querétaro, y Veracruz, además del Distrito Federal. Y captando los recursos de más de 15 mil personas.
Las campañas publicitarias emprendidas por dicha empresa fueron más que agresivas, por decir lo menos originando el establecimiento de muchas sucursales en la capital y el interior de los estados mencionados. Lo mismo se promocionaba en radio como en televisión y medios impresos, ofreciendo atractivos intereses al público por la captación de sus recursos económicos, que iban desde el 1.34 por ciento, hasta el 2.40 por ciento mensual de la inversión realizada.
Para dar una idea más clara de lo que se menciona, una persona que invirtiera un monto total de 110 mil pesos a un plazo de 18 meses obtendría una ganancia mensual de 1,870 pesos, sumando al final del plazo una ganancia total neta de 33,660 pesos.
A fines del año 2005 fue creada la empresa Invergroup SA de CV por el señor Edmundo Tiro Moranchel, hermano del dueño de la mencionada persona moral SITMA, con el mismo giro comercial, y con la misma intensidad en su campaña publicitaria, logrando posicionarse como una alternativa en el mercado respectivo por su similar (por no decir igual), esquema de rendimientos económicos en favor de sus potenciales clientes.
Mediante un contrato de promesa de compraventa iniciaba la relación financiera entre dichas personas morales según fuera el caso, y la persona física determinada.
La bonanza de ambas empresas se veía reflejada incluso en el sistema de pago de intereses hacia sus consumidores, llamando penalización por éstas, toda vez que utilizaban al sistema bancario, específicamente al Banco BBVA Bancomer, otorgando una tarjeta de débito a quien invirtiese su dinero, pactándose que cada mes la empresa SITMA, o Invergroup respectivamente depositarían en ella el monto del rendimiento asentado en el contrato que diera origen a la relación entre uno y otro.
A principios del año de 2009 estas empresas comenzaron a incumplir con el depósito de los intereses pactados a sus clientes, lo que generó, sin duda, la desconfianza generalizada.
En los meses de marzo y abril de ese mismo año las tantas veces mencionadas empresas retiraron la tarjeta de débito a sus agremiados indicándoles que el pago de su intereses les serían entregados de manera personal en las sucursales a las que pertenecieran.
Ya en los meses de abril y mayo, SITMA e Invergroup, prácticamente suspendieron el pago de intereses a sus clientes, hecho que desató el estallido que para estos momentos representa una problemática de alcances inusitados de los estados en donde se ofrecían los servicios de estas empresas, preponderantemente en Puebla, Tlaxcala, estado de México y el Distrito Federal.
Los afectados por esta situación, es decir, quienes fueron clientes de buena fe de las empresas SITMA e Invergroup, y que de la noche a la mañana fueron despojados completamente de, en muchos casos, los ahorros de toda su vida, y que en mayor medida conforman parte de la población de la tercera edad, han presentado la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del estado correspondiente.
Las procuradurías de justicia estatales han clausurado todas las oficinas matrices y sucursales de estas defraudadoras, así como también han procedido al aseguramiento de los bienes de ellas mismas, y se encuentran buscando al señor Leonardo Tiro Moranchel a efecto de cumplimentar diversas ordenes de aprehensión que tiene en su contra este personaje por el delito de fraude en agravio de miles y miles de personas y familias a lo largo y ancho del territorio nacional.
En este sentido y considerando:
Que existieron diversas irregularidades en la forma en que los grupos SITMA e Invergroup desarrollaron su actividad comercial, llamando poderosamente la atención el que las autoridades públicas de cada uno de los estados en donde se establecían estas empresas no haya supervisado el bienestar de su propia población, comenzando por el estado de Puebla en donde nacieron las mismas.
Que de acuerdo a lo manifestado por los afectados de estas organizaciones financieras en comento a este Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, las autoridades competentes estatales y federales no les han prestado el apoyo necesario para la resolución de esta problemática comenzando por el gobernador del estado de Puebla.
Que por la naturaleza del asunto también podría tener competencia la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como la Procuraduría Federal del Consumidor.
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, a que instale una mesa de diálogo con la participación de diputados federales, a fin de atender la problemática de los inversionistas afectados por los grupos inmobiliarios SITMA e Invergroup.
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Federación, a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a la Procuraduría Federal del Consumidor, a que intervengan en esta problemática y si es el caso, colaboren hasta la total y satisfactoria conclusión del asunto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de enero
de 2010.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO DE NAYARIT A RESOLVER EL CONFLICTO AGRARIO DEL EJIDO
PANTANAL, EN XALISCO, DERIVADO DEL PAGO DE INDEMNIZACIONES DE SUS TIERRAS
PARA CONSTRUIR EL AEROPUERTO AMADO NERVO, DE TEPIC, SUSCRITA POR EL SENADOR
FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD
El suscrito, Francisco Javier Castellón Fonseca, senador a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, somete a consideración del Pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Nayarit a resolver el conflicto agrario del ejido de Pantanal, municipio de Xalisco, Nayarit, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En el año de 1984, el gobierno del estado de Nayarit solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación de una superficie de alrededor de 400 hectáreas de terrenos de cultivo pertenecientes al ejido de Pantanal, ubicado en el municipio de Xalisco, estado de Nayarit.
Esta expropiación tuvo que ver con la construcción del aeropuerto internacional Amado Nervo de la ciudad de Tepic, Nayarit.
El 29 de enero de 1993 se publicó el decreto a través del cual se les expropiaban las tierras a los ejidatarios del Pantanal para la construcción del complejo aéreo.
Fue entonces cuando se notificó a los ejidatarios sobre la afectación de sus terrenos, quienes no opusieron resistencia alguna, ya que desde el principio del proyecto se les prometió que sus parcelas –a causa de la expropiación por utilidad pública– serían pagadas de manera justa.
Se les dijo que para pagarles se tenía que realizar un avalúo, el cual estaría a cargo de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (Cabin), pero pasó el tiempo y dicha comisión no rendía su avalúo.
Después de algunos años, la Cabin por fin rindió el citado avalúo, el cual se presentó con muchas irregularidades, pues omitió señalar que todas las tierras afectadas eran de cultivo, indicando, por el contrario, que la mayor parte eran tierras de agostadero –aquellas que por su precipitación pluvial, topografía o calidad, producen en forma natural o cultivada, pastos y forrajes que sirven para alimentar al ganado–, situación que provocó la inconformidad entre los afectados, por lo que iniciaron las gestiones de rectificación ante las autoridades competentes.
Ante la negativa de las autoridades de rectificar el avalúo de sus tierras, los ejidatarios del Pantanal, acudieron a las oficinas del Tribunal Unitario Agrario en la ciudad de Tepic, Nayarit, para iniciar un juicio agrario por la falta de pago de sus tierras expropiadas.
Por fin, en el año 2004 se dictó sentencia condenatoria por la cual se ordenó al Ejecutivo del estado de Nayarit a pagarle a los ejidatarios por motivo de la expropiación de sus tierras. Sin embargo, desde esa fecha el gobierno estatal ha retardado de manera deliberada el pago a los ejidatarios.
En 2007 el conflicto por el pago de indemnizaciones de las tierras a los ejidatarios de el Pantanal tomó un curso diferente, pues el gobierno estatal logró, a través de un juicio de amparo, la suspensión definitiva a la sentencia, por lo que ya no fue obligado a cumplir con el requerimiento del Tribunal Agrario.
Lo anterior, no obstante que dicho Tribunal había apercibido al gobierno de Nayarit con imponerle una sanción económica si no mostraba el avalúo de las casi 400 hectáreas donde se encuentra ahora el aeropuerto nayarita.
El gobierno de estado de Nayarit consiguió que el Juzgado Tercero de Distrito le ofreciera una suspensión definitiva contra actos del Tribunal Agrario –dentro del número de amparo 977/2007, interpuesto el ocho de agosto de 2007.
El juzgado de distrito sobreseyó el amparo del gobierno, pero éste interpuso un recurso de revisión de amparo ante el Tribunal Colegiado, lo que permitió al Ejecutivo del estado "ganar tiempo", pues dicha suspensión definitiva hizo que el Tribunal Agrario quede imposibilitado para proceder contra la administración estatal.
Ante tales procedimientos, la comunidad del Pantanal a su vez presentó otro amparo (1037/2007) ante el Juzgado Tercero de Distrito, mediante el cual reclamó la lentitud del Tribunal Agrario para ejecutar el pago de sus tierras.
Es pertinente señalar que durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari se especificó que el gobierno de Nayarit pagaría 14 millones 466 mil 381 pesos por el uso de la tierra citada, pero el dinero jamás fue entregado a los ejidatarios. Por otro lado, cabe mencionar que el monto que en la actualidad les corresponde a los ejidatarios es mucho mayor.
Después de más de 20 años de espera, en junio del año 2009, legisladores federales y locales de Nayarit acompañamos a los ejidatarios del Pantanal, quienes acudieron a la Ciudad de México ante el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, para reclamar el pago de sus parcelas en las que se construyó el Aeropuerto "Amado Nervo".
Aunado a esta acción, los ejidatarios presentaron una denuncia ante el magistrado Ramón Medina de la Torre, integrante del Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Distrito, con sede en la ciudad de Tepic, Nayarit.
Desgraciadamente, la resolución del amparo que interpuso el gobierno de Nayarit se ha venido retrasando, con lo que la administración estatal ha evadido su obligación del pago de indemnizaciones.
Ante tal escenario, los ejidatarios del Pantanal no descartan la posibilidad de realizar manifestaciones que reflejen su inconformidad, con la finalidad de que reciban el pago de indemnización por las tierras de que fueron despojados.
Por lo anterior, es pertinente no dejar solos a los ejidatarios del Pantanal en su lucha por el pago de sus indemnizaciones, y hacer lo posible porque se les haga justicia, pues ya son más de 20 años de soportar agravios y burlas por parte de las autoridades del estado de Nayarit.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nayarit a resolver el conflicto agrario del Ejido de Pantanal, municipio de Xalisco, derivado del pago de indemnizaciones de sus tierras de cultivo para la construcción del aeropuerto Amado Nervo de la ciudad de Tepic.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2010.
Senador Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE MEDIANTE LA CANCILLERÍA EXHORTE
AL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A EXCLUIR CUBA DE LA LISTA
DE PAÍSES PROMOTORES DEL TERRORISMO, SUSCRITA POR EL SENADOR RICARDO
MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
A partir del fallido atentado que sufrió Estados Unidos en la navidad de 2009, contra un avión de la aerolínea estadounidense Northwest Airlines, la Administración de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos comenzó a aplicar medidas adicionales de control de seguridad, en todos los aeropuertos del mundo, a todos los pasajeros que pretenden llegar a territorio de ese país, procedente de los países designados por el Departamento de Estado como "patrocinadores del terrorismo internacional", entre los que, arbitraria e injustamente, se incluye a Cuba, junto a Irán, Siria y Sudán, así como de otros países considerados "de interés", que son: Afganistán, Argelia, Irak, Líbano, Libia, Nigeria, Pakistán, Arabia Saudita, Somalia y Yemen. Dichas medidas también serán aplicables a cualquier persona que haga escala en alguno de estos 14 países.
De toda la lista, Cuba es un país que no encaja como país catalogado de terrorista, ya que no representa una amenaza de terrorismo. La isla no es un Estado fracasado, donde se encuentran franjas de territorio fuera del control del gobierno, más bien es una de las sociedades más duramente bloqueadas del mundo, un lugar donde, como lo manifestó Eugene Robinson, catedrático de periodismo en Harvard, Premio Pulitzer 2009 y editor de la Sección Exterior del Washington Post, la idea de que un ciudadano cubano pueda conseguir en el territorio de este país y llevar en sus manos explosivos plásticos, armas o aditamentos terroristas de cualquier tipo, es simplemente ridícula.
De acuerdo con reportes de prensa que reproducen declaraciones de funcionarios estadounidenses no identificados, los pasajeros que sean catalogados o considerados bajo estas categorías serán objeto de revisiones corporales adicionales, su equipaje de mano será minuciosamente revisado y podrán ser sometidos a refinadas técnicas de detección de explosivos o de escáner por imágenes.
El 5 de enero, en cuanto regresó de sus vacaciones por Hawai, el propio presidente Barack Obama confirmó la adopción de las medidas antes mencionadas "a pasajeros que vuelen a Estados Unidos, desde o a través de las naciones en nuestra lista de Estados patrocinadores del terrorismo u otros países de interés", señaló textual.
Esa misma tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Sección de Intereses de Cuba en Washington presentaron una nota de protesta a la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana y al Departamento de Estado, respectivamente, en las que se rechaza categóricamente esta nueva acción hostil del gobierno de los Estados Unidos, que se deriva de la inclusión injustificada de Cuba en la llamada lista de Estados patrocinadores del terrorismo, por razones meramente políticas, que tienen como único propósito justificar la política de bloqueo, que la comunidad internacional ha condenado de manera abrumadora y que en el pasado ya ha sido rechazada sistemáticamente por las Cámaras de este honorable Congreso de la Unión.
En la nota de referencia, el ministerio puntualiza que los hechos demuestran el récord impecable de Cuba en materia de enfrentamiento al terrorismo, del que ha sido históricamente víctima; reitera que son totalmente infundados los argumentos que emplea el gobierno de Estados Unidos para justificar la inclusión de Cuba en el listado de "Estados patrocinadores del terrorismo internacional", y demanda su inmediata exclusión de esta lista arbitraria.
Ese mismo día, un portavoz del Departamento de Estado al ser interrogado declaró que "Cuba es un país que apoya actividades terroristas y por lo tanto sus ciudadanos y viajeros en tránsito aéreo deben ser sometidos a controles suplementarios por motivos de seguridad".
A raíz de la promulgación de esta nueva medida, columnistas de importantes medios de prensa estadounidenses, como el Washington Post, han calificado de "ridícula" e "inmerecida" la designación de Cuba como "Estado terrorista", al recordar que Cuba no constituye una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y afirmar que buscar terroristas en vuelos procedentes de Cuba "es una pérdida de tiempo".
El portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley declaró que Cuba tiene "bien ganada" su designación como "Estado patrocinador del terrorismo". Un día después, otro vocero reiteró a la agencia AFP los desgastados pretextos que supuestamente justifican mantener a Cuba en la lista terrorista.
Como parte de su política de hostilidad y de sus campañas de propaganda para tratar de desacreditar la imagen de la Revolución Cubana, en 1982 el gobierno de Ronald Reagan incorporó injustamente a Cuba en la lista anual del Departamento de Estado sobre los "Estados patrocinadores del terrorismo internacional", mucho antes de que se produjera el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York. Esta inclusión conllevó la aplicación de nuevas sanciones económicas, incluyendo el congelamiento de transacciones financieras, prohibiciones de transferencias de tecnología y medidas restrictivas y de aislamiento contra el país y sus ciudadanos. Estas sanciones se sumaron a las ya severas medidas impuestas por el bloqueo económico, comercial y financiero decretado desde inicios de la Revolución.
Como se ha expresado en ocasiones anteriores por las Cámaras de este honorable Congreso, la llegada del presidente Obama a la Casa Blanca no ha significado un cambio real en la política hacia Cuba y este es un ejemplo concreto adicional de ello.
Cada año, el gobierno de Estados Unidos mantiene a Cuba en esa lista, para lo cual ha utilizado diversos pretextos, todos insostenibles y sin poder presentar la menor evidencia de su participación en acto terrorista alguno.
Cuba ha hecho públicos en el pasado suficientes elementos que demuestran la falsedad y el carácter manipulador de estos pretextos, tal como se reflejó exhaustivamente en la Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores, "Cuba no tiene nada que ocultar ni nada de qué avergonzarse", emitida el 2 de mayo de 2003.
Por el contrario, ha sido el gobierno de Estados Unidos el que ha recibido en su territorio, desde el triunfo de la Revolución, a centenares de delincuentes, asesinos y terroristas, ignorando las solicitudes formales de devolución presentadas por el gobierno de Cuba en cada caso, al amparo de acuerdos de extradición entonces vigentes. Muchos de estos individuos aún se pasean libre y tranquilamente por las calles de ese país, incluso tras haber estado implicados en nuevos actos terroristas contra ciudadanos e intereses de Estados Unidos, Cuba y otras naciones.
El caso más conocido y atroz es el de la voladura de un avión de pasajeros de Cubana de Aviación, el 6 de octubre de 1976, que causó 73 muertes y constituyó el primer acto terrorista contra una aeronave civil, en pleno vuelo, en el hemisferio occidental. Sus autores, Orlando Bosch Ávila y Luis Posada Carriles han vivido y aún residen impunemente en Miami, el primero, gracias al perdón presidencial de George Bush y, el segundo, en espera de un prolongado juicio por mentir y obstruir la justicia en un proceso migratorio y no por los cargos de terrorismo internacional que merece.
Algunas de estas verdades no han podido ser desconocidas por esos mismos informes del Departamento de Estado que designan a Cuba como "Estado patrocinador del terrorismo".
Cuba ha rechazado, por ilegítimo, el mecanismo mediante el cual el gobierno de Estados Unidos se arroga el derecho a certificar la conducta de otras naciones en materia de terrorismo y a emitir listas discriminatorias y selectivas, con fines políticos, mientras asume una posición de doble rasero al no juzgar y permitir que sigan en libertad los responsables confesos de horrendos actos terroristas contra Cuba.
El caso de los cinco héroes cubanos que cumplen arbitrarias e injustas condenas en cárceles estadounidenses, desde hace más de 11 años por impedir acciones terroristas cometidas desde el propio territorio de Estados Unidos, es ejemplo fehaciente de ello, tema que congruentemente este honorable Congreso ha denunciado y dado seguimiento.
Como se expresa en la Declaración del Gobierno de la Isla, Cuba siempre ha tenido un desempeño ejemplar en la lucha contra el terrorismo, y para muestra baste recordar:
2. El territorio de Cuba nunca ha sido utilizado ni se utilizará jamás para organizar, financiar o ejecutar actos terroristas contra ningún país, incluyendo a Estados Unidos.
3. Cuba es Estado parte de los 13 convenios internacionales existentes en materia de terrorismo y cumple estrictamente las obligaciones emanadas de las resoluciones 1267, 1373 y 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en esta esfera.
4. Cuba no posee, ni tiene intención de poseer, armas de exterminio en masa de ningún tipo y cumple sus obligaciones en virtud de los instrumentos internacionales que ha suscrito en materia de armas nucleares, químicas y biológicas.
5. La Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba aprobó, el 20 de diciembre de 2001, la Ley 93 "Contra actos de terrorismo", la cual tipificó todos los actos de terrorismo internacional como delitos graves y estableció penas muy severas.
6. Cuba ha adoptado, además, medidas para prevenir y reprimir todo acto de terrorismo y todas las actividades relacionadas con estos, incluida la financiación del terrorismo. Asimismo, ha incrementado la vigilancia de las fronteras y ha fomentado medidas para impedir el tráfico de armas e intensificar la cooperación judicial con otros países, para lo cual ha firmado 35 acuerdos en materia de asistencia jurídica y ha manifestado reiteradamente su disposición permanente de cooperar con todos los Estados en esta esfera.
7. En este espíritu, Cuba ha cooperado, incluso activamente, con el gobierno de Estados Unidos. En tres ocasiones (noviembre de 2001, diciembre de 2001 y marzo de 2002), Cuba propuso a las autoridades estadounidenses un proyecto de Programa de cooperación bilateral para combatir el terrorismo, y en julio de 2009, Cuba reiteró su disposición a cooperar en esta esfera.
8. En varias ocasiones, las autoridades cubanas han hecho conocer al gobierno de Estados Unidos, su disposición a intercambiar información sobre planes de atentados y acciones terroristas dirigidas contra objetivos en cualquiera de los dos países. Es igualmente conocido que, en 1984, Cuba alertó sobre un plan de atentado contra el presidente Ronald Reagan que condujo a la neutralización de los involucrados por parte de las autoridades estadounidenses. En 1998, se le trasladó a la administración de William Clinton información sobre planes de hacer estallar bombas en aviones de líneas aéreas cubanas o de otros países que viajaban a Cuba.
9. Asimismo las autoridades cubanas han entregado al gobierno de Estados Unidos abundante información sobre actos terroristas cometidos contra Cuba.
10. En 1997, 1998, 2005 y 2006, Cuba entregó al FBI cuantiosas evidencias sobre las explosiones con bombas en varios centros turísticos cubanos, dándole incluso acceso a los autores de esos hechos, detenidos en Cuba, y a testigos.
11. No debe olvidarse, además, que Cuba fue uno de los primeros países que condenó públicamente los criminales ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, trasladó su disposición a brindar asistencia médica y humanitaria a las víctimas, y ofreció de inmediato abrir su espacio aéreo y sus aeropuertos para recibir a los aviones de pasajeros con destino a territorio estadounidense. A pesar de los numerosos actos terroristas procedentes de territorio estadounidense contra Cuba, este país ha mantenido una conducta intachable y limpia, en relación con cualquier hecho que pueda afectar a los ciudadanos estadounidenses, porque es una nación que se rige por principios políticos y normas éticas.
El 11 de enero, la Comisión Permanente de Relaciones Internacionales del Parlamento cubano, se sumó a esta condena e hizo un llamado a los legisladores de otros parlamentos internacionales, regionales, federales y nacionales, así como a las respectivas comisiones de relaciones internacionales y a los grupos parlamentarios de amistad a no dejarse engañar por ésta otra gran mentira contra Cuba, pidiéndoles además que rechacen dicha inclusión por ofender la verdad y la dignidad del mundo.
Es oportuno recordar a esta asamblea, que la secretaria de Relaciones Exteriores Patricia Espinosa Cantellano, el pasado 11 de diciembre, estuvo en La Habana, Cuba en el marco de la IV Reunión del Mecanismo Permanente de Información y Consultas Políticas Cuba-México, en la cual con su homólogo Bruno Rodríguez, sostuvieron conversaciones sobre los principales temas de la agenda bilateral, regional y multilateral y muy en particular se debe recalcar que ambos cancilleres reconocieron su interés de ampliar y fortalecer los Propósitos y Principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en especial todo lo relativo a la igualdad soberana de los Estados, la preservación de la paz y la seguridad internacionales, así como el fomento de las relaciones de amistad entre ambas naciones.
Por lo anterior, y por el hecho de que México no puede mantenerse impasible ante ésta nueva agresión al derecho internacional, y en congruencia con los pasos dados recientemente para el estrechamiento de la relación bilateral, es que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, debe condenar este intento de medidas extremas que en el caso de Cuba tienen un fin políticamente claro: endurecer el bloqueo al que han tenido sometida a la isla.
Es oportuno recordarles compañeros legisladores, que a principios del próximo mes de febrero se llevará a cabo en La Habana, Cuba la XI Reunión Interparlamentaria México-Cuba, hecho que será una muestra más de que la relación bilateral entre nuestros hermanos países es cada día mejor, y será el perfecto escenario para permitir y coadyuvar a que esta relación diplomática sea lo que en otras épocas fue.
Por lo anterior, es que el contenido del presente punto de acuerdo es una prueba fehaciente más de lo importante que es para este Congreso de la Unión, la relación bilateral con Cuba; ya que a juicio nuestro dicha inclusión en la lista de países patrocinadores del terrorismo no es más que otra argucia de la política implantada por el gobierno de Estados Unidos, aún y con la llegada de Barack Obama a la presidencia del país que se dice más poderoso del mundo, y que en aras de no permitir ataques terroristas en su territorio, está yendo mucho más allá de lo que implica el respeto a la soberanía e integridad de cada país.
Un tema que finalmente deseo dejar sólo a la consideración de esta asamblea, es el hecho de la importancia de la próxima creación y constitución del Grupo de Amistad México-Cuba en la Cámara de Diputados, ya que estimo que ésta podrá ser una instancia que le brinde el seguimiento tanto a los resolutivos que se aprueben sobre el presente punto de acuerdo, así como a los resultados que traiga consigo la Reunión Interparlamentaria de febrero próximo. El cual, no es menor, por el contrario, es con el encuentro por el que se refleja la voluntad de dos pueblos amigos y en su mandato democrático que da origen y legítima a nuestro actuar como legisladores; esto en ausencia, hay que decirlo, de una relación sólida, de respeto y ayuda recíproca entre México y Cuba no puede haber equilibrio regional armónico, ni beneficio suficiente para América Latina. No se debe olvidar, que el vínculo solidario de nuestros países ha sido permanente factor de equilibrio en el contexto de Latinoamérica, y lo será más si se basa en un amplio proyecto de cooperación y en el pleno respeto a nuestra soberanía y a la autodeterminación de nuestras decisiones.
Los parlamentarios mexicanos tenemos la firme convicción de que donde las diferencias ideológicas pueden trazar linderos, la inteligencia y creatividad políticas pueden y deben unir a los pueblos, por eso es que se deben dar muestras del apoyo solidario que implica ésta relación bilateral.
Como mexicanos no podemos tolerar, ni permitir que a un país hermano que ha realizado por tantas décadas una lucha impecable por sus propios ideales, se le tache de terrorista. Ya que en los temas que se han trabajado de manera bilateral en México y Cuba, está incluido el de seguridad, y dentro de ésta tenemos el de delincuencia organizada y en nuestro país el terrorismo es parte de la delincuencia organizada; por lo anterior la lucha contra el terrorismo está estrechamente vinculado con lo que tenemos pensado seguir impulsado en este Congreso. Sin embargo, en pro de esta lucha tampoco vamos a permitir que se cometan injusticias como en el caso aquí planteado, y sí vamos impulsar las acciones pertinentes para que exigir ante las instancias respectivas que esto no se permita.
Por lo anterior, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
De urgente y obvia resolución:
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión reprueba de manera rotunda y categórica la inclusión de Cuba como un país patrocinador del terrorismo internacional.
Segundo. La Comisión Permanente extiende un respetuoso llamado al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en nombre del gobierno mexicano se exhorte de manera respetuosa al gobierno de Estados Unidos a excluir a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Salón Verde, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a trece días del mes de enero de 2010.
Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS
IMPLANTADAS PARA GARANTIZAR EL RESGUARDO Y BUEN USO DE VACUNAS O MEDICAMENTOS
DE URGENCIA, SUSCRITA POR LA SENADORA MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA
QUIROZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La que suscribe, senadora María del Socorro García Quiroz, integrante del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Recientemente se dieron a conocer en todos los medios de comunicación que por descuido en el manejo de las vacunas contra la influenza A (H1N1) se provocó daño a unos lotes que llegaron a Colima y Morelos. La negligencia de personal de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del gobierno ocasiono que en el estado de Colima se echaran a perder 2 mil 670 dosis de vacuna contra la influenza A (H1N1) con un valor de 263 mil pesos, reconoció el gobernador Mario Anguiano Moreno.
Dicho mandatario en su oportunidad anunció que ya se había procedido a "dar de baja a tres trabajadores de la Secretaría de Salud", contra quienes podrían existir "acciones legales".
Con este reconocimiento, el gobernador puso fin a una polémica generada entre la Secretaría de Salud federal y la estatal, que en los últimos días se culparon mutuamente por el mal manejo de la dotación de vacunas, que tuvieron que ser regresadas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre), para su reposición.
El 24 de noviembre de 2009 llegaron 2 mil 670 dosis de vacunas contra la influenza A (H1N1) las cuales cuando fueron recibidas se detectó que el termómetro interno marcaba 19 grados, cuando la temperatura apropiada debe ser entre dos y cuatro grados centígrados, dijo Saúl Adame Barreto, titular de Salud en Colima, situación que provocó su descomposición.
Inicialmente se manejo la información de que dichas vacunas se echaron a perder porque "ninguna autoridad de Colima asistió al aeropuerto a recogerlas, lo que provocó que se rompiera la cadena de frío y ya no fueran útiles, dado que las vacunas deben permanecer a 4 grados centígrados".
Esa acusación, inicialmente, fue rechazada por el secretario de Salud y Bienestar Social del estado, Saúl Adame, quien culpó a la empresa Laboratorios Biológicos y Reactivos de México por la pérdida de las dosis.
Para poner fin a la polémica, el gobernador Anguiano Moreno reconoció el error de la Secretaría de Salud local y anunció el despido de tres trabajadores de la dependencia "al acreditar errores cometidos en el manejo de las dosis para vacunar contra la influenza A (H1N1)".
El gobernador expresó que los trabajadores dados de baja a partir del domingo fueron el epidemiólogo José Miguel Torres Marín, la capturista de datos Aidé Guadalupe Aldaz y la coordinadora del Programa de Control y Seguimiento de las Vacunas, Marcela Dueñas Cárdenas.
Recordemos que nuestro país, de momento, no esta produciendo la vacuna, la importa. Ojalá exista una mejor coordinación entre quienes envían y los que reciben las dosis para que no se vuelva a dar otra pérdida similar.
La Secretaría de Salud del Distrito Federal ha solicitado cuatro mil millones de pesos más a su presupuesto del año venidero para poder atender los casos que se presenten. En esa situación se encuentran la mayoría de las entidades federativas de nuestro país. Recordemos que la emergencia aún no ha sido superada, que nos encontramos en la fase amarilla, por lo que se impone una mayor atención. Además de encontrarnos en plena temporada invernal donde se alcanzarán picos de contagio, como no sé había hecho desde que se presentó la epidemia en nuestro país. Alerta y atención parecen ser las palabras clave en este asunto.
Dado lo acontecido en Colima y Morelos; resulta preocupante, lo que recientemente a dado a conocer el titular de la Secretaría de Salud doctor José Ángel Córdova Villalobos respecto de que con el fin de que los mexicanos puedan protegerse contra el virus de la influenza humana, a partir del 1 de febrero del año en curso, dicha vacuna podrá venderse en el sector privado, pudiendo ser ofertada en los consultorios médicos privados probablemente en un costo aproximado de los 300 o 400 pesos, recordemos que el costo de estas vacunas ronda los 85 pesos (4.5 euros); y de acuerdo con su declaración, dicha oferta será verificada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios al igual que por los Laboratorios Biológicos y Reactivos de México.
En virtud de lo anterior, esta soberanía solicita a la Secretaría de Salud explique los criterios bajo los cuales se llevara a cabo dicha verificación y mecanismo de oferta.
La inutilización de los biológicos es un hecho sumamente delicado, resulta urgente que la Secretaría de Salud informe a la brevedad sobre las medidas emergentes que tiene implantadas para vacunas o medicamentos que requieran refrigeración en caso de existir cortes en los suministros de energía eléctrica y contingencias ambientales; asimismo, para que explique las medidas de seguridad en el resguardo de éstos.
Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que a la brevedad posible informe a esta soberanía las medidas emergentes que tiene implantadas para vacunas o medicamentos que requieran refrigeración en caso de existir cortes en los suministros de energía eléctrica y contingencias ambientales; asimismo, para que explique las medidas de seguridad en el resguardo de éstos.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que, a la brevedad posible, explique a esta soberanía sobre los criterios bajo los cuales se llevara a cabo la verificación y mecanismo de oferta para poner a disposición del sector privado la vacuna contra la influenza A (H1N1).
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2010.
Senadora María del Socorro García Quiroz
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO A RECTIFICAR SU DETERMINACIÓN
SOBRE LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS POR EL PODER EJECUTIVO; Y AL
PODER JUDICIAL, A INTERPONER CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL POR INVASIÓN
DE COMPETENCIAS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS ALBERTO PÉREZ CUEVAS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de México a rectificar su determinación respecto a la designación de Magistrados por parte del Poder Ejecutivo y excitativa al Poder Judicial para interponer controversia constitucional por invasión de competencias.
Consideraciones
El Estado es una sociedad humana, asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde, sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad estatal.
Mediante la distribución de competencias se hace posible que la Federación y los estados puedan coincidir en el territorio mexicano, sin obstaculizarse ni duplicar sus funciones.
El principio de división de poderes, adoptado por nuestra Constitución Federal en su artículo 49, tiene como finalidad delimitar las funciones de cada uno de los poderes; impedir la concentración de poder en una misma persona o un grupo de personas; prohibir a los poderes que ejerzan funciones que no les corresponden, y establecer controles de unos poderes sobre los otros para evitar abusos.
En un estado democrático, la legalidad, la certeza y la seguridad jurídica son elementos indispensables para garantizar el acceso a la justicia para hacer realidad este derecho fundamental de los gobernados. En esta tarea, la función que desempeñan los órganos encargados de la administración de justicia son de marcada trascendencia para la sociedad, la cual, cada día exige su perfeccionamiento.
El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra como derecho constitucional el acceso a la justicia, vinculando al Estado y a sus tribunales a que en el ejercicio de la función jurisdiccional se garantice una justicia pronta, completa e imparcial.
A los tribunales les corresponde una labor fundamental que exige de sus integrantes la máxima diligencia y profesionalización permanente, lo que se debe fortalecer con la autonomía e independencia en sus funciones, porque sólo mediante la concurrencia de tales elementos se puede eficientar la administración de justicia.
La independencia del Poder Judicial y la recta administración de justicia, son garantes del estado de derecho, son condición de vida de toda sociedad y su importancia se acentúa en regímenes de realidades como el nuestro, dado que es precisamente el Poder Judicial el que tiene a su cargo velar por que se mantenga el orden constitucional y servir como freno a los actos de cualquier autoridad e inutilizar los efectos derivados de la aplicación de una ley que son contrarios a la Constitución.
La creación y conformación del Consejo de la Judicatura surgió institucionalmente en el ámbito federal en nuestro país, con las reformas del 31 de diciembre de 1994 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se reestructura el Poder Judicial Federal, se genera una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que, entre sus objetivos tuvo como propósito principal, separar las funciones de carácter administrativo que estaban a cargo del pleno de la Suprema Corte para dejarlas en manos del Consejo de la Judicatura Federal como órgano especializado en funciones administrativas, de vigilancia y disciplinarias, a efecto de que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dedicarán esencialmente a la función jurisdiccional.
Este fue el referente constitucional que se recogió en la reforma integral a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado el veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y cinco, para crear el Consejo de la Judicatura local, ya que en la exposición de motivos se dejó establecido que "La administración del Poder Judicial se encarga a un órgano denominado Consejo de la Judicatura a fin de que la función jurisdiccional que corresponde a los magistrados y a los jueces no se interrumpa o distraiga por actividades distintas a estas, como son los actos de organización, manejo y control de personal y elaboración del presupuesto de egresos, entre otros."
A partir del dos de marzo de mil novecientos noventa y cinco, fecha en que entró en vigor la reforma integral a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, dio inicio el funcionamiento del Consejo de la Judicatura del Estado, determinándose en el artículo 107 de la referida Constitución local, que el Consejo quedaría conformado por cinco integrantes, el presidente del Tribunal Superior de Justicia quien a su vez presidiría el Consejo, dos magistrados electos por insaculación y dos jueces de primera instancia electos por la misma vía.
El aspecto objetivo de la independencia del Poder Judicial se identifica con la ausencia de presiones externas respecto de dicho poder. Exige una organización que excluya intromisiones indebidas de otros poderes y fuerzas del Estado; limitar la actuación administrativa sobre los magistrados para evitar que las influencias políticas, gubernamentales y de sectores sociales pudiera mermar o interferir de manera directa o indirecta en la independencia personal que debe caracterizar a dichos funcionarios en el ejercicio de sus funciones.
Sin perjuicio de lo anterior, en la sesión del pasado 17 de diciembre del año en curso, la LVII Legislatura del estado de México aprobó la minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 61, fracción XV, en sus párrafos primero y segundo; 77, en su fracción XII, 89, 107 en su primer párrafo y en sus fracciones II y III y 110; se adicionan las fracciones IV y V y dos últimos párrafos del artículo 107 de la Constitución Política del estado de México; referentes a los nombramientos de magistrados del Tribunal Superior de justicia y del Tribunal Contencioso Administrativo.
Los dictámenes fueron aprobados por 60 votos a favor de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, Nueva Alianza, Verde Ecologista, PT, Convergencia y el diputado del PSD, Antonio García Mendoza, por siete abstenciones del Grupo Parlamentario del PRD, que se suman a la mayoría según lo establece el artículo 115 del Reglamento del Poder Legislativo.
Establecen que el Consejo de la Judicatura se integrará por dos magistrados elegidos entre los miembros del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y un juez de Primera Instancia, así como un consejero designado por el Ejecutivo y dos designados por la Legislatura estatal. Como hasta ahora, el presidente del Tribunal lo será también del Consejo.
Podrán ser consejeros del Ejecutivo y el Legislativo quienes cuenten con los méritos suficientes tanto en lo profesional como en lo académico, sin haberse desempeñado necesariamente en el TSJ. Las reformas, también consagran en la Constitución estatal un retiro justo y digno después de 15 años de servicio. El primer año se les otorgará el 100 por ciento de su salario y los 5 siguientes el 80 por ciento.
Con base en lo anterior, concluyo, que el principio de separación de poderes no se preserva en las recientes modificaciones implementadas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicho estado con respecto a la designación de Magistrados por parte del Ejecutivo, por ello, se exhorta al Congreso del estado de México a fin de que modifique su determinación con respecto a la designación de magistrados.
Por lo anterior se presenta el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de México para que rectifique su determinación respecto a la designación de Magistrados por parte del Poder Ejecutivo y hace una excitativa al Poder Judicial para que defienda nuestra democracia, interponiendo la respectiva controversia constitucional por invasión de competencias.
México, Distrito Federal, a 13 de enero de 2010.
Diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL CONGRESO DE NAYARIT A DEROGAR EL COBRO DE TENENCIA, REEMPLACAMIENTO
Y VERIFICACIÓN VEHICULARES APROBADO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2009;
Y AL GOBERNADOR, A DISEÑAR Y PONER EN MARCHA PROGRAMAS URGENTES
QUE DISMINUYAN EL EFECTO DEL ALZA DE LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA
Y DE LOS COMBUSTIBLES, SUSCRITA POR EL SENADOR FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN
FONSECA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Francisco Javier Castellón Fonseca, senador a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, somete a consideración del Pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Congreso de Nayarit a derogar el cobro de la tenencia, reemplacamiento y verificación vehicular aprobado el 20 de diciembre de 2009, así como al titular del Ejecutivo del estado a desarrollar y poner en marcha programas emergentes que disminuyan el impacto del aumento en los precios de los productos de la canasta básica y de los combustibles, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En los últimos años, los precios de los productos alimentarios básicos a nivel mundial aumentaron drásticamente. Pero fue en abril de 2008, cuando en el mercado internacional se registraron los precios más altos de los últimos 10 años de dichos productos. Por ejemplo, el precio del trigo se duplicó en menos de un año y otros alimentos básicos como el maíz y el arroz también sufrieron aumentos similares.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), entre enero de 2006 y abril de 2008, el precio internacional de maíz amarillo creció 140 por ciento; el de arroz 257; el de la soya 126, y el del trigo 117 por ciento. Este aumento de los precios también incluyó a los productos pecuarios.
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y la FAO pronostican que, aunque los precios de los alimentos en los años venideros sean más bajos que los registrados en el 2008, seguirán siendo considerablemente más altos de lo que lo fueron en el pasado.
El incremento en los precios mundiales de los productos básicos afecta a cientos de millones de personas pobres que se enfrentan al hambre y la malnutrición, situación que en algunos países ha causado disturbios y estallidos sociales.
Por estas razones, los gobiernos han abordado el problema de los precios de los alimentos desde distintas perspectivas, adoptando ciertas medidas, entre las que se pueden mencionar las siguientes: reducir o eliminar tasas e impuestos sobre las importaciones de cereales alimentarios; restringir las exportaciones; imponer un control de precios y su cumplimiento y conceder subsidios a los consumidores; aumentar la oferta utilizando las reservas, y establecer o ampliar una serie de programas sociales; así como la promoción de créditos y subsidios a la producción.
Por su parte, en nuestro país, a partir de 2006 el costo de la canasta básica ha experimentado constantes alzas, desencadenando y profundizando la vulnerabilidad económica y la inseguridad alimentaria, aumentando los niveles de pobreza alimentaria y patrimonial.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reporta que en el país, el 18.2 por ciento de la población se encuentra en el nivel de "pobreza alimentaria", es decir, que carece de los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades de alimentación diaria. Mientras que el 47 por ciento vive en situación de "pobreza patrimonial", lo que representa más de 50 millones de mexicanos.
No obstante, los niveles de pobreza son mayores debido a que el informe del Coneval no considera los efectos causados por la severa crisis económica del 2009.
El año pasado en México, los aumentos de los precios de la mayoría de los productos se dispararon. Por ejemplo, el aceite comestible se incrementó 105 por ciento, el arroz 90, el frijol 85, el azúcar más del 10 por ciento, y el precio de las tortillas de maíz –en algunos lugares del país– se incrementó más del 100 por ciento.
Por otra parte, la Procuraduría Federal del Consumidor señala que la canasta básica costaba 818.44 pesos en diciembre de 2006, mientras que al mismo mes de 2009 se ubicó en 1,544 pesos. Además, según el Banco de México, el índice de precios de la canasta básica de consumo registró un crecimiento anual de 4.39 por ciento al mes de octubre de 2009.
Pero también la crisis mundial ha traído consigo el incremento de los precios de los combustibles, lo cual ha provocado que en distintas partes del país organizaciones del sector productivo –en particular los transportistas– hayan realizado protestas en contra de dicho aumento.
En el estado de Nayarit los ciudadanos y transportistas también están indignados por el constante aumento de los combustibles, en particular de la gasolina y el diesel que viene aplicando el gobierno federal.
El aumento de los precios de los energéticos tiene un efecto multiplicador que repercute en todos los bienes y servicios, perjudicando a millones de familias mexicanas, así como a la productividad de las micro y pequeñas empresas, además de los sectores productivos agropecuario y pesquero que utilizan estos insumos.
Para el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM, el impacto que tendrá el incremento marginal de 4.85 por ciento, a los salarios mínimos aprobado para este 2010 será nulo; por lo que se advierte que el poder adquisitivo de los trabajadores continuará en "picada", tomando en cuenta que en lo que va de la presente administración cayó un poco más del 37 por ciento.
Por tanto, para detener el deterioro de la calidad de vida de la mayoría de los mexicanos, se debe "frenar" a toda costa el incremento en el precio de los productos de la canasta básica, así como el aumento de los productos y servicios que ofrece el gobierno, pues el salario mínimo que recibe la clase trabajadora mexicana, no será suficiente para satisfacer las necesidades más apremiantes de sus familias.
A este injustificado aumento en los precios de los alimentos y de los combustibles se tiene que sumar el incremento de las cargas tributarias, que sólo provocarán una mayor inflación para el pueblo mexicano.
En este contexto, los tres niveles de gobierno deben de comportarse de manera sensible y realizar esfuerzos para que, a través de un proceso de negociación con los grupos comerciales e industriales, eviten el incremento en los precios de la canasta básica.
Es momento de pedir al gobierno federal y a los gobiernos estatales que asuman su responsabilidad e implementen acciones coordinadas a fin de: atender las necesidades alimentarias de los segmentos de la población más vulnerables; dando a los pequeños agricultores y campesinos pobres y marginados la posibilidad de incrementar la producción de alimentos y poner en marcha programas emergentes que apoyen los de medios de vida de mujeres, hombres y jóvenes en condiciones de desventaja.
Por otra parte, por considerarla como una medida unilateral y un atentado contra la economía de las familias nayaritas, en esta proposición con punto de acuerdo también se exhorta al Congreso del estado a dar marcha atrás al pago de tenencia, reemplacamiento y verificación vehicular que empezará a aplicarse, a partir del 15 de enero del presente año, por la Secretaría de Hacienda local.
Lo anterior, considerando que los programas de reemplazamiento se deben llevar a cabo cada 10 años y no cada dos como pretende el gobierno estatal.
Ciudadanos, empresarios, líderes políticos y sociales inconformes con esta medida expresan que es lamentable que por caprichos personales, el gobierno del estado y la Cámara de Diputados local hayan aprobado otro impuesto, pues representa un atentado contra la economía familiar, además de que Nayarit, a nivel nacional, es la entidad que paga mayor número de impuestos.
Según el gobierno del estado, con este impuesto se captarán alrededor de 120 millones de pesos anuales, monto insignificante si tomamos en cuenta que, solamente el endeudamiento de Nayarit es de mil 190 millones de pesos. Por lo que sería mejor que dichos recursos provengan de un programa de austeridad y recorte de gastos superfluos del gobierno estatal.
Por lo anteriores pretende que con la derogación de estos nuevos impuestos se beneficie a más de 170 mil ciudadanos que cuentan con un vehículo en los 20 municipios que tiene el estado.
Considero que el gobierno del estado de Nayarit no debe ser insensible a los problemas de aumento de precios y tarifas que los ciudadanos y los sectores productivos están enfrentado debido a las malas condiciones económicas en que se encuentra el país, pues de continuar el deterioro de la calidad de vida de los mexicanos y de los nayaritas, los problemas sociales se tornarán más complejos, pues "el hambre despierta las conciencias".
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del estado de Nayarit a derogar el cobro de tenencia, reemplacamiento y verificación vehicular, aprobado el 20 de diciembre de 2009 y que comenzará a aplicarse a partir del 15 de enero de 2010.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo de Nayarit, licenciado Ney González Sánchez, a desarrollar y poner en marcha, a través de las dependencias y entidades competentes, programas emergentes que disminuyan el impacto del aumento en los precios de los productos de la canasta básica, así como de los combustibles; con la finalidad de detener el deterioro en la calidad de vida de los habitantes del estado.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2010.
Senador Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
SE INVESTIGUE LA EVASIÓN FISCAL DE LOS GRANDES CONSORCIOS EMPRESARIALES
NACIONALES E INTERNACIONALES, SUSCRITA POR EL SENADOR RICARDO MONREAL ÁVILA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
Hace escasos meses, aquí en el Congreso General, el PRI y el PAN decidieron aumentar los impuestos; el IVA en un 16 por ciento y el ISR en un 30 por ciento. Este decálogo erróneo muestra el cinismo del PRI, porque ahora sale a decir en los medios de comunicación que no se debieron aumentar las gasolinas, el diesel, el gas y los productos de primera necesidad; "avienta la piedra y esconde la mano"; se quiere deslindar de esta decisión.
También muestra la insensibilidad social del PAN y la administración de Calderón aparece con un doble rostro, porque hace tres años Felipe envió una propuesta de paquete fiscal al Congreso, en ella, cito textual, decía lo siguiente: "tampoco es una opción considerar la elevación de las tasas en los actuales impuestos pues la experiencia histórica en México, confirmada por la experiencia mundial en la materia, nos advierte que las tasas más altas inhiben aún más el cumplimiento de las obligaciones tributarias, crean incentivos para mayor elusión y evasión fiscales, desalientan la actividad productiva y, a la postre, en lugar de producir mayor recaudación dejan como salida una caída de los ingresos tributarios, una mayor expansión de la informalidad y un severo deterioro en el tejido social y en la relación entre el Estado y los ciudadanos. Además tasas más altas de impuesto son incompatibles con las exigencias de la competitividad y la productividad…", fin de la cita.
Tres años más tarde mostró su verdadera careta, sin tapujos y con toda su frivolidad. Se mostró ante la sociedad con un doble rostro; uno el que dice y otro el que hace, porque el aumento en los impuestos se concretó.
Lo peor es que la medida se tomó en un contexto que para el país y la economía es muy grave. Actualmente atravesamos por momentos muy difíciles, momentos que se ven marcados por el creciente desempleo, una población sometida a un severo empobrecimiento, la inseguridad, la violencia, la carestía en productos de primera necesidad como la tortilla, pan, agua, leche, huevo, fríjol, lenteja, arroz, aceite, carne de res, de cerdo y de pollo, azúcar, pastas para sopa, entre otros. También ahora tenemos alzas en los combustibles como las gasolinas; diesel y el gas. Todo ello en un clima donde existe incertidumbre y empieza a manifestarse la angustia y la frustración de la sociedad.
Los incrementos de los impuestos y la carestía en productos de la canasta básica y en los combustibles ya empiezan a repercutir de manera muy negativa en los bolsillos de la gente, y no se vale, porque la gente más pobre es la que lo resiente; la que paga los platos rotos por sus incompetencias.
Incompetencias que se ven reflejadas en los malos manejos públicos que hace esta administración, por ejemplo, del año 2000 al 2007, el tamaño de los excedentes petroleros que ingresaron a México entre la administración foxista y el primer año de Calderón fue de dos puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) cada año, ¿qué quiere decir esto? Simple y sencillamente que si un punto del PIB se calcula en 120 mil millones de pesos, esto indica que anualmente los gobiernos del PAN recibieron 240 mil millones de pesos, que multiplicados por siete nos darían un billón 680 mil millones de pesos, repito, un billón 680 mil millones de pesos de la actividad petrolera. Más que en cualquier otra época de la historia del país y más de tres veces el tamaño del boquete en las finanzas públicas que se intenta tapar con el aumento de impuestos.
¿Y qué se hizo con todo este dinero de los excedentes petroleros? Nada, absolutamente nada, lo único que supieron hacer fue dilapidar todo ese dinero en un manejo incierto (léase corrupción) y en el mejor de los casos sirvieron para engordar a la burocracia gubernamental con la creación de plazas de alto nivel para acomodar a las élites de panistas que reclamaban espacios y posiciones para poder vivir del presupuesto. Por eso no es extraño que el gasto corriente del sector público, del año 2000 al 2007, haya subido de 714 mil millones de pesos a un billón 466 mil millones de pesos; es decir, se duplicó.
De este modo, al final, priistas y panistas se pusieron de acuerdo, aprobaron subir los impuestos, el aumento a las gasolinas, diesel, gas y, por ende, la carestía de todos los productos de primera necesidad.
Y lo peor es que de manera mafiosa Peña Nieto, los otros gobernadores del PRI y algunos del PAN, se repartieron el botín o lo que van a obtener con este nuevo sacrificio de los mexicanos, especialmente en los estados donde este año habrá elección a gobernador. Y todo esto lo consiguen con la complicidad de los medios de comunicación, en especial Televisa; que sólo sirve para administrar la ignorancia de nuestro pueblo.
Son unos cínicos e insensibles, porque saben que con el control de los medios, principalmente de la televisión, pueden manipular las decisiones y determinar el modo de pensar de la gran mayoría de mexicanos. Hacen creer a la gente que no había más alternativas ante la crisis que aumentar impuestos, incrementar el costo de las gasolinas y de los productos que conforman la canasta básica. Piensan que la gran mayoría de la población somos unos ingenuos (digo esta palabra por no mencionar otra), creen que el frío de la temporada nos congeló el cerebro y que estamos impedidos para pensar.
¡Ah!, pero eso sí, mientras que a los pobres se les carga la mano con el aumento de los impuestos, se exenta a los ricos de pagar éstos. Con el simple hecho de que pagaran los empresarios sus impuestos ello equivaldría a una cantidad que bastaría por sí sola para llenar el hueco de las finanzas públicas que se pretende con el aumento al ISR y al IVA.
Por ejemplo, la misma Secretaría de Hacienda ha informado que el sector privado adeuda al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 453 mil millones de pesos en créditos fiscales.
Y desglosando cifra por cifra el monto que corresponde a cada empresario que no ha pagado impuestos, nos arroja datos que demuestran el pago de favores de la actual administración por haberlo encumbrado en el cargo. A continuación pongo de manera íntegra la siguiente información:1
La Secretaría de Hacienda informó que el sector privado adeuda al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 453 mil millones de pesos en créditos fiscales.
2. Cemex, de Lorenzo Zambrano, adeuda 38 mil 443.41 millones
de pesos.
3. Grupo México, de Germán Larrea Mota
Velasco, adeuda 11 mil 183.3 millones de pesos.
4. Grupo Modelo, de Carlos Fernández, no ha pagado
al SAT 8 mil 222.37 millones.
5. Coca-Cola Femsa, del fallecido Eugenio Garza Lagu¨era,
debe al fisco 2 mil 205.12 millones.
6. Bachoco, de Eduardo Bours Castello, adeuda mil 868.93
millones.
7. Televisa, de Emilio Azcárraga Jean, debe 2
mil 284.4 millones en impuestos diferidos.
8. TV Azteca, de Ricardo Salinas, debe 254.23 millones,
pero si se incorpora el negocio de los abonos chiquitos, Elektra, entonces
el saldo fiscal crece a 3 mil 365 millones de pesos.
9. Peñoles y Grupo Palacio de Hierro, de Alberto
Bailleres, adeudan 6 mil 124.14 millones.
4. Telmex 15,417,160,000 de pesos
5. Grupo México 11,183,300,000 de pesos
6. Grupo Modelo 8,222,370,000 de pesos
7. Soriana 7,508,940,000 de pesos
8. Telmex Internacional 7,275,820,000 de pesos
9. Industrias Peñoles y Grupo Palacio de Hierro
6,124,140,000 de pesos
10. Wal-Mart 5,252,000,000 de pesos
11. Homex 4,631,960,000 de pesos
12. Urbi Desarrollos Urbanos 4,506,800,000 de pesos
13. Grupo Carso 4,141,360,000 de pesos
14. Liverpool 3,977,700,000 de pesos
15. Coppel 3,915,200,000 de pesos
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo federal y a través de esta solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, rinda un informe de los grandes consorcios que no están al corriente con el pago de sus impuestos, y cuáles son las multas y las sanciones en las que incurrieron por no pagar a tiempo sus impuestos.
Segundo. Se considere la creación desde el seno de esta soberanía de una comisión especial para investigar todo este tipo de violaciones y evasión fiscal por parte de estos grandes consorcios empresariales.
Nota
1. Los datos fueron obtenidos del diario uno más
uno, en su edición del 11 de enero de 2010. También se puede
consultar en Internet bajo el siguiente vínculo:
http://www.unomasuno.com.mx/es/cont/distrito_federal/Ricos_adeudan_453_mmdp_al_fisco.php
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2010.
Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y
DE LA PROFECO A PUBLICAR DE INMEDIATO LA INFORMACIÓN RELACIONADA
CON EL ESTABLECIMIENTO DEL PRECIO DE LOS PRODUCTOS PROVENIENTES DEL CAMPO
PARA PROPORCIONAR DATOS A LOS CONSUMIDORES DE TALES MERCANCÍAS,
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO JIMÉNEZ MERINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Nuestro país aún se encuentra inmerso en un periodo de crisis, el cual se agudiza en este inicio del año 2010, ello como consecuencia de los incrementos que se han registrado en los precios de bienes y servicios, de entre los cuales destacan aquellos que integran la canasta básica de las familias mexicanas.
Durante los primeros días de este año le hemos puesto especial énfasis al incremento en el precio de los combustibles, sin embargo, es imperativo revisar lo que ocurre con otros productos.
De acuerdo a la normatividad aplicable y vigente en nuestro país, la Secretaría de Economía es la institución que tiene la responsabilidad de fijar los precios de todos los bienes y servicios comercializados en el territorio nacional, y para organismo que tiene a su cargo vigilar que se respeten dichos precios es la Procuraduría Federal del Consumidor.
En el caso de los productos comercializados de manera directa, éstos no cuentan con un criterio particular que establezca un parámetro entre el precio máximo y el mínimo en el que se venderán estas mercancías.
Lo que a continuación les comentare, puede parecer algo curioso, sin embargo es cierto, los precios de los productos agrícolas se fijan a través de la simple aplicación de la oferta y la demanda, un día cualquiera llegan los productos a la central de abasto de la Ciudad de México, y en función de la cantidad de producto es como se establece el precio, es decir, ante la abundancia el precio es bajo y ante la baja disponibilidad se incrementa.
Si preguntáramos a las autoridades en la materia, nos dirían que los precios de los productos agrícolas se fijan de acuerdo a la cotización diaria de dicho comestible en el Chicago Mercantile Exchange, bolsa de valores en donde se cotizan las commodities, adjetivo que se otorga a los productos agrícolas.
De acuerdo a lo que dictan la reglas del mercado, en dicha bolsa de valores se establece el precio de los productos agrícolas en función de las expectativas, estimaciones o proyecciones que se realizan de los niveles de producción, permitiendo establecer un precio promedio, sin embargo, dado el tamaño de nuestro sistema financiero, los productos agrícolas aún no se consideran en el conjunto de variables financieras o de capital.
Otro de los elementos en el que debemos poner especial énfasis es en la diferencia que se presenta entre el costo y el precio final del producto. Las teorías económicas vinculadas a estudiar esta problemática aún tienen vigencia, la determinación de los costos continúa prevaleciendo, y consiste en la suma de todos los factores de la producción: tierra, semillas, trabajo y recursos naturales y tecnológicos.
Por su parte, en el establecimiento del precio final se suman otros elementos, entre los que se encuentran: el transporte, el almacenamiento y la comercialización, estos últimos aspectos llegan a superar el costo de la producción y son los que en última instancia elevan los precios a los consumidores.
No existe una vinculación directa que permita regular de manera adecuada el incremento de los precios, derivado del costo de circulación de los productos, continuamos privilegiando a los grandes capitales, dejando en el rezago a los productores del campo, quienes, en algunos casos, pierden su cosecha debido a lo costoso que resulta trasladar su producto al mercado.
Son las grandes corporaciones las que se benefician en mayor cuantía de esta situación, ya que, con el objetivo de obtener un margen mayor de ganancia, manipulan el contexto a fin de obligar al productor a vender su producto en un nivel menor, que en ocasiones, llega a estar por debajo del costo del mismo, lo que se traduce en una pérdida económica que afecta a las familias agricultoras.
Es fundamental que la sociedad, en particular los consumidores, cuenten con la información suficiente, la cual les permita tomar mejores decisiones en el momento de llegar al mercado a comprar los productos provenientes del campo.
Lo anterior, en aras de darle mayor certidumbre a ambas partes, en el caso de los productores, es importante que estos puedan contar con parámetros que les otorguen la posibilidad de poder determinar el costo promedio de producción, en tanto que los consumidores contarán con información certera y precisa respecto a los costos de circulación de los productos, es decir, el costo de transporte, mercadeo y publicidad.
El poder contar con un tabulador que establezca los precios máximos y mínimos de los productos provenientes del sector primario es una obligación que debe cumplir el Estado.
No se conocen los costos de producción agropecuarios, lo cual ocasiona discrecionalidad en su venta, afectado especialmente a los productos de mayor demanda y que integran la canasta básica.
Con relación a esta problemática de los precios agrícolas, en los próximos días el Grupo Parlamentario del PRI presentará una iniciativa de ley a través de la cual se creará un marco normativo que permita poner un alto al incremento desproporcionado de los precios de los productos agrícolas.
De igual forma, la reforma legislativa incluirá responsabilidades particulares para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), con la finalidad de que en coordinación con la Secretaría de Economía puedan conjugar esfuerzos a fin de corregir dicha problemática.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Economía y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) con la finalidad de
Establecer conjuntamente con las autoridades competentes, en particular con la Sagarpa, los lineamientos o estudios que permitan conocer los costos de producción de los productos agropecuarios y alimenticios que más demanda la población.
Que la Profeco establezca mecanismos rigurosos de vigilancia, relacionados con los precios, pesos y medidas aplicados en la comercialización de los productos agropecuarios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de enero de 2010.
Diputado Alberto Jiménez Merino (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
SOLICITAR LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y DEL DIRECTOR
GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA QUE RINDAN
UN INFORME DETALLADO SOBRE EL CONTENIDO Y LOS ALCANCES DEL ACUERDO COMERCIAL
ANTIPIRATERÍA; Y DE SOLICITAR A LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA LA INTEGRACIÓN
DE UNA SUBCOMISIÓN O COMISIÓN ESPECIAL QUE DÉ SEGUIMIENTO
A LAS NEGOCIACIONES DE DICHO ACUERDO, SUSCRITA POR EL SENADOR FRANCISCO
JAVIER CASTELLÓN FONSECA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, Francisco Javier Castellón Fonseca, senador de la república por Nayarit en la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con fundamento en los artículos 116, 122, 123 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo para solicitar la comparecencia del secretario de Economía y del director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a fin de que rindan un informe detallado sobre el contenido y los alcances del Acuerdo Comercial Antipiratería (Anti Counterfeit Trade Agreement, o Acta); y solicitar a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República la integración de una subcomisión o comisión especial que dé seguimiento a las negociaciones de dicho acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La propiedad intelectual ha cobrado un papel central en las relaciones comerciales modernas. Los tratados comerciales suscritos por México muestran una tendencia a fortalecer la protección de los distintos aspectos relacionados con la propiedad intelectual y el comercio. Prueba de lo anterior la constituye la suscripción del TLCAN y los ADPIC, entre otros.
El Senado de la República, como foro plural y abierto, ha recibido un número importante de peticiones ciudadanas en las que se han manifestado distintas inquietudes y preocupaciones que tienen que ver con la negociación de un nuevo tratado comercial, el Acta, o Acuerdo Comercial Antipiratería, respecto del que se tiene conocimiento que está siendo negociado por la Secretaría de Economía, a través del IMPI, y la Procuraduría General de la República; sin embargo, se desconocen el contenido y alcance de dichas negociaciones.
La principal preocupación de los interesados en el tema lo constituye el hermetismo y la confidencialidad con que se realizan las negociaciones y redacción del texto del tratado en comento. A la fecha, según nos hacen saber los ciudadanos que se han acercado a esta soberanía, no se ha dado oportunidad a la sociedad civil de participar en las negociaciones del tratado comercial, y sólo se conocen documentos presumiblemente filtrados de algunas oficinas pertenecientes a otros países que también participan en la negociación del Acta.
Temas como el derecho de autor en el entorno digital, cuya agenda se encuentra programada para discutirse en el país en próximos días, representan puntos de suma importancia para el marco normativo nacional y para los derechos fundamentales de los ciudadanos y de las personas en general.
Otra de las preocupaciones expresada ante esta soberanía es la relativa a que, aparentemente, sólo se ha dado voz y voto en la redacción y conducción de las negociaciones que incumben al Acta a los representantes de las industrias de contenidos, como la musical, la cinematográfica, la televisora y de desarrollo de software. En consecuencia, se aprecia un fuerte desequilibrio de intereses entre productores de contenidos, usuarios y consumidores de éstos.
También se ha manifestado la preocupación por lo que podría ser una violación grave del principio de legalidad y certeza jurídica que invoca la inocencia de toda persona hasta que no sea demostrado lo contrario mediante un procedimiento seguido formalmente conforme a leyes claras y precisas. Esto, derivado de que en los documentos aparentemente filtrados se dan a conocer posturas mediante las que la autoridad administrativa tendría la facultad para llevar a cabo diversas medidas que implican romper dicho principio de presunción de inocencia sin la participación de un juez, acción a todas luces inconstitucional en el marco de la legislación mexicana.
De igual forma, hay incertidumbre respecto de los contenidos y de las comunicaciones que circulan a través de Internet. Los documentos aparentemente filtrados suponen que los prestadores de servicios de conexión a Internet estarían obligados a filtrar toda comunicación que se intercambie a través de las redes públicas de telecomunicaciones. Puesto en otras palabras, los prestadores de servicios de conexión a Internet estarían obligados a conocer todo el contenido de las comunicaciones que pasen por su infraestructura, independientemente de la tecnología que se utilice. Lo anterior se percibe como un atentado grave a la privacidad de las personas, además de que obliga, injustamente, a un prestador de servicios a convertirse en delator, en su caso, de sus propios clientes.
Por otro lado, las provisiones que aparentemente se estarían incorporando a la legislación en materia de propiedad intelectual constituyen una grave disminución de los derechos de que hoy gozan los usuarios de obras protegidas por el sistema de propiedad intelectual en el país. Cabe recordar que hay una serie de limitaciones debidamente especificadas en la Ley Federal del Derecho de Autor y en la de la Propiedad Industrial, principalmente, que fueron concebidas como un factor de equilibrio entre los intereses que corresponden a los creadores de obras e inventores y los correspondientes a la sociedad civil. En consecuencia, se aprecia como un retroceso grave pretender disminuir, en cualquier medida, los derechos de que hoy gozan los ciudadanos como consecuencia de la ampliación de los privilegios de unos pocos en perjuicio de la mayoría.
Se tiene conocimiento de que el IMPI ha convocado a lo que ha denominado como "consultas públicas del Acta". No obstante, también se tiene conocimiento, gracias a diversos comunicados de ciudadanos que desean involucrarse en dichas negociaciones, de que las consultas públicas aparentemente no han sido tales sino que sólo han sido convocatorias que buscarían legitimar la negociación del acuerdo comercial sin que en realidad se esté dando la oportunidad de participar a la sociedad civil. Ejemplo de esto lo representa la información que se encuentra en el sitio de Internet del IMPI, donde se hace una relatoría de las diferentes reuniones que se han llevado a cabo en torno de las negociaciones del Acta, pero no se dan mayores detalles sobre el texto puntual que se piensa quede como redacción final del acuerdo.
Lo anterior contrasta con negociaciones similares llevadas a cabo en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, donde se ha favorecido la transparencia e inclusión de diversos sectores productivos y de la sociedad civil, en busca de un justo equilibrio de intereses entre ambas partes.
A fin de que el Senado mexicano estuviera informado paso a paso de las negociaciones de los tratados internacionales que más tarde serían sometidos a su aprobación, con fecha 2 de septiembre de 2004 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica. En ese ordenamiento se establecen procedimientos para que el Senado conozca con todo detalle y oportunidad el comienzo de cualquier negociación comercial que el Ejecutivo federal emprenda con otros países. Asimismo, se le obliga a informar permanentemente a esta Cámara sobre el avance, los objetivos y el calendario de las actividades relativas a la negociación.
Sin embargo, y pese al procedimiento referenciado en el párrafo anterior, en el Senado de la República no se ha recibido ningún tipo de información por parte del Ejecutivo de las negociaciones y contenido del Acta, ha habido total hermetismo sobre los alcances y beneficios que en concreto el país obtendría por la adopción del acuerdo.
Resulta preocupante que el Ejecutivo federal esté realizando las negociaciones sin intervención del Senado de un instrumento de tal trascendencia y múltiples efectos. Es menester que esta Cámara conozca el texto general que se negocia, así como la posición del país en las reuniones que se llevan a cabo, y que justamente sea este cuerpo colegiado el punto de contacto con la sociedad civil, y los sectores industriales y productivos, mediante la realización de foros públicos en los que participen académicos, funcionarios, representantes del sector privado y demás interesados, a fin de analizar y debatir los alcances del acuerdo.
Es urgente que, de una vez y sin justificaciones, el Ejecutivo federal cumpla la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica e informe al Senado sobre el curso de esta negociación. De igual manera, y por la importancia del tema, se solicita la creación de una subcomisión o comisión especial, que se integre de manera plural conforme a la representación de todos los grupos parlamentarios, a fin de seguir las negociaciones del Acta.
El país tiene un extenso número de tratados comerciales y económicos con distintas naciones, que han permitido la supuesta inserción de México en el comercio mundial. No obstante, son cuestionables las ventajas reales de la adopción de estos instrumentos, ya que lejos de haber obtenido beneficios, las condiciones de competitividad del país siguen deteriorándose en cualquiera de los índices de medición internacional que se apliquen. La experiencia demuestra que la mayoría de los tratados económicos firmados por México ha sido en condiciones notablemente desventajosas o que, en su caso, respondieron a intereses particulares, alejados de beneficios reales a la sociedad o al sector productivo, lo cual podría volver a suceder si no se respeta el marco legal aplicable ni se realiza una consulta pública y responsable respecto del Acta.
Como consecuencia de lo anterior, y a fin de poder disipar las preocupaciones y dudas manifestadas ante esta soberanía por integrantes de la sociedad civil, se somete a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al secretario de Economía y al director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que se sirvan comparecer ante esta soberanía a fin de proporcionar un informe detallado respecto a lo siguiente:
b) Alcance del texto preliminar del Acta;
c) Lista de participantes en las negociaciones del Acta, pormenorizando delegaciones correspondientes a cada país que interviene en las negociaciones, así como nombres de los funcionarios y de las empresas a que representan por parte de las industrias convocadas a las rondas de negociaciones, incluida la correspondiente por llevarse a cabo en México;
d) Provisiones que se pretenden incluir en el texto de dicho acuerdo comercial con relación al uso de obras en el entorno digital, particularmente por lo que concierne a Internet, medios de soporte digital y electrónico;
e) Facultades y medidas que se pretenden conceder a la autoridad administrativa para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual en el país para el caso de que esta soberanía tenga a bien ratificar la suscripción del dicho acuerdo comercial por los Estados Unidos Mexicanos;
f) Obligaciones que se pretende imponer a los prestadores de servicios de Internet para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual en el marco del Acta y consecuencias para la ciudadanía en caso de su aplicación;
g) Contenido de las minutas levantadas en las rondas de negociaciones en que ha intervenido o asistido México; y
h) Programa de consultas públicas y procedimientos de participación ciudadana en la ronda de negociación por llevarse a cabo en México y para las reuniones subsecuentes por celebrarse en otros países.
Tercero. La subcomisión o comisión especial evaluará el efecto, el beneficio o las desventajas que el Acta podría representar para México; y, de forma particular, analizará si cumple los objetivos previstos en la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica. De igual manera, deberá realizar consultas públicas de análisis con todos los sectores interesados.
Cuarto. La subcomisión o comisión especial se integrará de manera plural, conforme a la representación de todos los grupos parlamentarios, y su presidencia será rotativa. En todo momento, la subcomisión o comisión especial deberá hacer pública la información que reciba del Ejecutivo federal e informar periódicamente sobre sus actividades.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2010.
Senador Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ADOPTAR POR LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES
MEDIDAS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN DE LOS NIÑOS DE PADRES
MIGRANTES Y GARANTIZAR SU NORMAL DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO, SUSCRITA
POR EL SENADOR ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRI
El que suscribe, Adolfo Toledo Infanzón, senador de la república del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con puntos de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La migración en México se ha vuelto con el paso de los años una actividad ordinaria, realidad que impone retos y genera problemáticas de las que no podemos permanecer al margen. Los procesos migratorios de los humanos obedecen a causas políticas, pero principalmente, y sobre todo en el país, responden a cuestiones económicas.
El asunto de la migración constituye un punto fundamental en el orden político estatal mexicano, que afecta directamente a un segmento amplio de la sociedad mexicana.
Las personas que se trasladan del sur al norte son hombres y mujeres que se van de su lugar de nacimiento en busca de mejores condiciones de vida porque en su tierra prevalece el desempleo, el hambre y la pobreza.
Este fenómeno se incrementa año con año y plantea en las comunidades rurales expulsoras problemáticas que no deben pasar inadvertidas y que necesariamente tienen que ser atendidas por el gobierno mexicano.
En términos macrosociales, el asunto migratorio constituye un aspecto primordial en la vida política nacional. Sin embargo, en términos microsociales demarca elementos que determinan variables de vida entre las personas y grupos sociales con que se relaciona.
Uno de ellos es el que se refiere a la ola generacional de niños que se han quedado sin la protección de los progenitores, como consecuencia de la migración de éstos. El aumento del flujo migratorio de mujeres jóvenes aumenta cada día este problema.
Los niños hijos de padres migrantes son de los grupos que más resienten las consecuencias de la migración. Encuestas realizadas por diversas organizaciones apuntan en que 3 de cada 10 hogares de las comunidades rurales no hay presencia del padre ni de la madre de esos niños. Y a pesar de que en estas comunidades el envío de remesas es más elevado, que los niños dejen de estudiar y que la migración no sea solamente una necesidad, también es una realidad.
De igual manera, la orfandad, el abandono y la indigencia se han vuelto cotidianos; miles de niños mexicanos de estas comunidades rurales los viven actualmente.
Estudios de diversas organizaciones revelan que actualmente en las comunidades rurales donde viven la mayoría de los niños hijos de padres migrantes, los infantes de 10 años de edad ya no están pensando en estudiar sino en irse a ciudades como Nueva York o Los Ángeles. La profesionalización y la educación ya no representan una opción para mejorar su calidad de vida; el trabajo en el campo tampoco representa un interés para estas generaciones.
Redoblar esfuerzos para fortalecer el sano desarrollo social y educativo de los niños en esas zonas es urgente.
Los derechos de la niñez se encuentran amparados en el artículo 4o. de la Constitución, el cual establece en el párrafo sexto que los niños tienen el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de la Niñez establece en el artículo 20 lo siguiente: "Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado". En ese sentido, todo infante tiene derecho a una protección y ayuda especiales en caso de que no tenga padres o que éstos no estén con ellos, como es el caso que nos ocupa.
Velar por el futuro de estos infantes es uno de los principales retos que México debe enfrentar, y tiene que salir airoso de él.
Por tal razón y con objeto de fortalecer el pleno crecimiento de la niñez mexicana en las comunidades rurales expulsoras de migrantes, someto a consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo a llevar a cabo mediante las dependencias correspondientes un estudio para valorar el fenómeno de los hijos de migrantes que se quedan en las comunidades de origen.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo a adoptar mediante las dependencias correspondientes las medidas necesarias para mejorar la situación de los niños de padres migrantes que permanecen en las comunidades de origen y garantizar su normal desarrollo social y educativo.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2010.
Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A GARANTIZAR
LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD, COMODIDAD Y RAPIDEZ EN LA
AUTOPISTA CONCESIONADA LAS CHOAPAS-OCOZOCUAUTLA, SUSCRITA POR EL SENADOR
RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito, Rubén Fernando Velázquez López, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a garantizar en la autopista concesionada Las Choapas-Ocozocuautla las condiciones mínimas de seguridad, comodidad y rapidez.
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, para que solicite al órgano público descentralizado, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos verifique si en la autopista concesionada Las Choapas-Ocozocuautla se garantiza la seguridad, comodidad y rapidez de la vía, según dispone el artículo 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas para que solicite a la concesionaria Banobras todos los datos o informes necesarios que acrediten las acciones u obras realizadas para garantizar un óptimo servicio a los usuarios de la autopista concesionada Las Choapas-Ocozocuautla y, en su caso, si éste no se garantiza, ordenar la exención del pago de peaje, según obligue el título de concesión o la modalidad de la vía.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2010.
Senador Rubén Fernando Velázquez López
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A REVERTIR LOS AUMENTOS DE
LAS TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USUARIOS DOMÉSTICOS,
SUSCRITA POR EL SENADOR SILVANO AUREOLES CONEJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El que suscribe, Silvano Aureoles Conejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a revertir los aumentos en las tarifas de energía eléctrica para usuarios domésticos de conformidad con los siguientes
Considerandos
En este inicio de año los mexicanos hemos resentido los incrementos de los precios en la canasta básica, los combustibles, las gasolinas, el diesel y las tarifas de energía eléctrica para usuarios domésticos.
Consideramos necesario que desde el Congreso se muestre sensibilidad política con los millones de mexicanos que se encuentran en situación de pobreza, con aquellos que han perdido sus empleos* o han tenido que cerrar fuentes de trabajo ha consecuencia de la profunda crisis económica por la que está atravesando el país.
Por tanto, sí como se ha afirmado ante los medios de comunicación, los aumentos no son significativos, solicitamos como medida de apoyo a los hogares que menos tienen, que el Ejecutivo federal emita un decreto, dando marcha atrás a los aumentos a las tarifas eléctricas para uso domestico y que éstas se congelen por el resto de 2010.
Según información de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las tarifas eléctricas para uso domestico aumentaron a partir del primero de enero y registrarán un incremento anual acumulado de al menos 4 por ciento,
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó a la CFE un incremento de 0.3 por ciento en las tarifas de consumo doméstico básico, el cual estará vigente solamente durante enero y se ajustará en forma mensual.
Los incrementos tarifarios serán mensuales y para su determinación se tomará como referencia la inflación y los precios internacionales de los principales combustibles utilizados para la generación de electricidad, como gas natural, carbón, combustóleo y diesel.
La tarifa uno de consumo doméstico básico, que incluye el uso de hasta 75 kilovatio-hora, en un mes será de 0.687 pesos por kilovatio-hora. Pero después de ese límite, los hogares tendrán que pagar a 0.819 pesos el kilovatio-hora que consuman, lo que significa un incremento de casi 20 por ciento en relación con el precio doméstico básico.
Los aumentos han sido justificados, como medidas difíciles pero necesarias, que a largo plazo servirán para la reactivación económica y los cuales no se reflejaran en aumentos significativos en la inflación.
Si es verdad que el impacto del incremento a las tarifas de energía eléctrica es mínimo en la economía nacional, entonces se podrían evitar que el mismo lo absorban los hogares mexicanos, lo que daría un respiro a la economía familiar de los aumentos en cascada que han tenido que soportar estos primeros días del año.
Por lo expuesto, someto a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo federal a revertir los aumentos y congelar, en el presente año fiscal, las tarifas de energía eléctrica para usuarios domésticos.
Nota
* Según un informe de la Organización
Internacional del Trabajo, la crisis económica se cobró 2.2
millones de puestos de trabajo el pasado año en Latinoamérica
y el Caribe y nuestro país no ha sido la excepción: en México
hemos pasado de 3.9 a 5.5 por ciento en la tasa de desempleo.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2010.
Senador Silvano Aureoles Conejo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA PROFEPA PARA QUE EXPLIQUE
LA CANCELACIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS DEL FONATUR EN HUATULCO,
OAXACA, SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR PABLO RAMÍREZ PUGA
LEYVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Ley General de Turismo en su artículo 44 establece las funciones de El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) entre las que destacan: la elaboración de estudios y proyectos que permita identificar zonas y áreas territoriales susceptibles de ser aprovechadas en proyectos turísticos; asimismo, realizar las gestiones necesarias para obtener y simplificar las autorizaciones, permisos o concesiones que permitan el desarrollo de proyectos productivos y de inversión turísticos.
Actualmente, el Fonatur cuenta con cinco Centros Integralmente Planeados en el país: Los Cabos, Ixtapa, Loreto, Huatulco, y Litibú-Nayarit, y se calcula que 73 millones de turistas extranjeros se han hospedado en los últimos 30 años en estos destinos turísticos. A través del Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios, el Fonatur asesora la planeación turística de regiones y destinos que requieran un nuevo impulso.
La elaboración de los Programas de Desarrollo Turístico que realiza, tienen como finalidad analizar la situación y requerimientos de destinos, regiones y sitios, además de definir las estrategias para su desarrollo turístico sustentable, contemplando aspectos económicos, urbanos, ambientales y sociales.
La evaluación física de la zona, el potencial turístico, la factibilidad de su elaboración y el impacto ambiental son aspectos fundamentales para la ejecución de los proyectos.
La coordinación y colaboración entre el Fonatur y las autoridades municipales de Huatulco han hecho de este destino uno de los más importantes en el país. Sin embargo, estos se han visto afectados por las constantes trabas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), clausurando proyectos turísticos argumentando que se carecen de permisos y autorizaciones en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo forestal que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Semarnat.
Es importante mencionar que la información mínima requerida que presentan los estados y municipios interesados en proyectos turísticos es indispensable para la asistencia técnica del Fonatur. En esta se detalla la legislación aplicable en materia ambiental del ámbito de acción del estudio.
A pesar de que se cumplen estas disposiciones y de que existe la disponibilidad presupuestal anualmente aprobada por la honorable Cámara de Diputados, dichos proyectos son clausurados y se pierde la oportunidad de seguir dotando a la región de fuentes de empleo.
Pero en el fondo resulta una contradicción, pues siendo la Profepa. un órgano desconcentrado de la Semarnat obstruye las labores del Fonatur que se encuentra bajo la coordinación sectorial de la Secretaría de Turismo, impidiendo con ello la aplicación de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, demostrando que son las trabas burocráticas del gobierno federal la causa de los subejercicios.
Huatulco se ha consolidado como destino sustentable al haber obtenido por cuarto año consecutivo la certificación Green Globe, siendo el único reconocimiento en Latinoamérica por el éxito de sus inversiones a través de la concientización ambiental de la población en la región.
Con este reconocimiento por el cuidado del ambiente, resultan infundados los argumentos de la Profepa al clausurar proyectos de alto impacto social y económico para la región.
Actualmente, Huatulco tiene una capacidad hotelera de 2 mil 597 habitaciones. Durante esta última temporada vacacional, recibió en sus 36 playas alrededor de 36 mil 769 visitantes que generaron una derrama económica por 302 millones 169 mil pesos.
Se estima que para el año 2020 cuando el desarrollo turístico esté terminado por completo, habrá más de 16 mil cuartos de hotel y recibirá anualmente a un millón de visitantes.
Para la temporada de barcos cruceros que inició en Huatulco en septiembre de 2009 y culmina en mayo de este año, se estima que arriben 99 barcos con 150 mil turistas trayendo consigo una importante derrama económica para la región.
Además, se registran 2 mil 820 vuelos anuales con 142 mil 506 pasajeros movilizados por esta vía al aeropuerto internacional de Huatulco.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita la comparecencia del titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que explique la cancelación de proyectos turísticos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo en Huatulco, Oaxaca.
Dado en el salón Legisladores de la República, a 13 de enero de 2010.
Diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE INSTA AL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA A PAGAR DE
MANERA PUNTUAL LAS BECAS A LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
NACIONALES Y EN EL EXTRANJERO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARY TELMA GUAJARDO
VILLARREAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada federal Mary Telma Guajardo Villarreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente, proposición con punto de acuerdo, por el que se insta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología cumpla con el pago puntual del monto de las becas a los estudiantes de instituciones educativas nacionales y en el extranjero, con base en las siguientes
Consideraciones
En reiteradas ocasiones, becarios nacionales y en el extranjero del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, han manifestado a través de los medios masivos de información su inconformidad por el retraso en el pago de las becas por parte de esa institución. Esto constituye no sólo una irregularidad del Conacyt, sino también una flagrante violación a la normatividad vigente en materia de becas, en específico al Reglamento de Becas del Programa de Fomento, Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel.
Este ordenamiento, establece expresamente la obligación del Conacyt del pago del monto de las becas en una fecha determinada y la cual queda especificada en los convenios de asignación entre la institución y el becario.
Dicha disposición también está regulada en la fracción I, del artículo 18 del citado reglamento, que a letra dispone como obligación del Conacyt otorgar los recursos convenidos de las becas "conforme a los rubros, montos y plazos establecidos en los respectivos convenios suscritos con los becarios".
Asimismo, en la fracción II, del citado artículo y ordenamiento, está regulada como obligación del Conacyt "informar a los becarios y, en su caso, a la institución receptora, cuando ocurran cambios en los tabuladores o surta efecto alguna modificación de la beca".
En el caso que nos ocupa, el retraso del pago de las becas a los estudiantes nacionales y en el extranjero, no responde de ninguna manera a cambios de tabuladores o modificación de las becas, sino a una irregularidad injustificable del Conacyt para con sus becarios.
Pero esta violación reiterada a la normatividad por parte del Conacyt, una vez más, fue denunciada en un periódico de circulación nacional el pasado domingo 10 de enero por el estudiante Víctor Serrano, estudiante del programa de doctorado en ciencias biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El becario subrayó que de acuerdo al convenio establecido con el Conacyt, esta institución debe depositar el pago de la beca a más tardar el día 5 de cada mes, pero al 10 de enero no había recibido el correspondiente depósito. De acuerdo con el becario el retraso también ocurrió el año pasado, situación que ha afectado a cerca de 17 mil becarios nacionales y en el extranjero, los cuales también han externado su inconformidad por el mismo motivo.
Alguien pudiera considerar que el problema del retraso de unos días en el pago de la beca, resulta una minucia o exageración. Pero no es ni una cosa ni la otra. En primer lugar, como se ha señalado con anterioridad, el Conacyt viola la normatividad vigente en materia de becas, lo cual ya de suyo es importante.
Pero además, los becarios resultan sumamente afectados, porque también de acuerdo a la normatividad vigente se les exige dedicación de tiempo completo para realizar sus estudios de posgrado, y por tanto no pueden trabajar ni tampoco les es permitido percibir ingresos adicionales, ya sea por becas o salarios.
En consecuencia, los becarios tienen que sufragar todos sus gastos personales y, en algunos casos de sus familias, es decir, esposas e hijos, como son los costos de los materiales educativos como libros, computadora, impresora, teléfono o los servicios básicos cotidianos.
Quizás cuando este punto de acuerdo se haya presentado o turnado a la comisión respectiva de la Comisión Permanente, el problema del retraso en el pago de la beca esté subsanado. Pero, nadie garantiza que el problema no se repita, pues tal como lo han denunciado los becarios este año no es la primera vez que ocurre la demora del pago de la beca. Es por ello, que resulta pertinente solicitar que el director general del CONACYT adopte las medidas preventivas, para erradicar esa irregularidad.
Por lo anteriormente fundado y motivado, me permito someter a consideración del pleno de esta honorable soberanía de la Comisión Permanente, la presente proposición con el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente insta al titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Juan Carlos Romero Hicks, cumpla con el pago puntual de los montos de las becas convenidas con sus becarios, que actualmente realizan estudios en instituciones nacionales y extranjeras, y asimismo adopte las medias pertinentes para evitar en lo futuro que nuevamente haya un retraso en el pago de las becas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a los 13 días del mes de enero del año 2010.
Diputada Mary Telma Guajardo Villareal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA INTEGRACIÓN DE UNA COMISIÓN PLURAL DE DIPUTADOS
QUE INVESTIGUE LAS CAUSAS DE LOS FRAUDES COMETIDOS POR LOS CONSORCIOS INMOBILIARIOS
SITMA E INVERGROUP EN AGRAVIO DE MILES DE FAMILIAS DE PUEBLA Y OTROS ESTADOS,
SUSCRITA POR EL DIPUTADO URIEL LÓPEZ PAREDES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El que suscribe, diputado federal Uriel López Paredes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente, proposición con puntos de acuerdo, relativos al fraude cometido por los grupos inmobiliarios Sitma e Invergroup afectando a miles de familias en Puebla y otros estados de la República Mexicana, con base en las siguientes
Consideraciones
Que durante el año de 2009, en el estado de Puebla se dieron a conocer escandalosos fraudes de financieras e inmobiliarias, como lo son Financiera Coffia y la Caja de Ahorro Bienestar La Paz, así también los grupos inmobiliarios Sitma e Invergroup, quienes afectaron en su patrimonio y en su forma de vida a decenas de miles de familias principalmente de campesinos, migrantes y comerciantes, generando un grave problema social en Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Nuevo León, Jalisco, Querétaro, México y Distrito Federal, desde luego, que esto no debe ser extraño para nadie ya que Puebla se le ubica como uno de los tres estados más corruptos del país.
Que para la promoción, acreditación y operación de Financiera Coffia fueron utilizados inmuebles donde también funcionan delegaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado de Puebla, e incluso dependencias del gobierno de la entidad y algunos ayuntamientos realizaron depósitos en dicha financiera, y como han informado algunos medios de comunicación, el gobierno del estado retiró a tiempo sus depósitos respectivos, con lo cual se deduce que el gobierno del estado fue informado de la situación financiera de Coffia.
Por otra parte, en el caso de Sitma, estamos convencidos que no fue la casualidad que el licenciado Mario Plutarco Marín Torres, actual gobernador de Puebla, haya estado presente en la inauguración y corte de listón de algunas oficinas del grupo inmobiliario Sitma, como también fue pública la portación de playeras con el logotipo de Sitma que en su momento realizó el titular del Poder Ejecutivo estatal, es de entenderse que éstos actos tuvieron la finalidad de dar confianza a la ciudadanía en ésta financiera y grupo inmobiliario, por lo que de manera indirecta el gobierno del estado de Puebla tiene responsabilidad en éste caso de defraudación a usuarios e inversionistas.
Que por éstos casos fraudulentos se han movilizado miles de afectados por las calles de la ciudad de Puebla, demandando la intervención del gobierno del estado para que asuma su responsabilidad social ante los defraudados, en el caso de Coffia ha afirmado que se realiza el trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que se les restituya parte de sus ahorros incluyéndolos en el programa Fipago; pero en el caso de las inmobiliarias Sitma e Invergroup, ha respondido que es un asunto entre particulares, así respondió también la bancada del PRI en el Congreso local, hubo negativa del PRI para apoyar la creación de un fideicomiso que permitiera resarcir cuando menos de manera parcial los daños a los defraudados de las inmobiliarias. Sólo ha ofrecido el apoyo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que ha instruido a las agencias del ministerio público tanto en la capital como al interior del estado, para que reciban las querellas y denuncias de los afectados por Sitma e Invergroup, hasta ahora, según información de los medios de comunicación existen más de 5 mil querellas y denuncias por fraude cometidos por Coffia, Sitma e Invergroup, presentadas por los defraudados ante los Ministerios Públicos, de las cuales 1023 han sido consignadas ante los juzgados penales, sin embargo, la integración de las averiguaciones son con demasiada lentitud, tanto en éstas como en los procesos penales, los presuntos responsables han empezado a promover amparos en contra de las consignaciones de diversas averiguaciones, como también en contra de las órdenes de aprehensión libradas ya en procesos penales, pareciera ser que cuentan con información desde los Ministerios Públicos; por otra parte, a los agraviados se les niega información, no se les permite que se impongan y revisen expedientes, les niegan información y expedición de copias certificadas y documentos públicos relativos a las inmobiliarias defraudadoras, es evidente la decisión política que ha tomado el gobierno del estado, de no informar sobre éste caso a los defraudados y mucho menos a la ciudadanía.
Asimismo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla ha informado que han asegurado cuentas bancarias e inmuebles de los presuntos responsables del mencionado fraude, como también han solicitado al Registro Público de la Propiedad y a la Dirección General de Notarias del estado de Puebla, sobre los bienes de los presuntos defraudadores, sin que hasta la fecha se tenga un avance importante al respecto.
Que toda vez que los grupos inmobiliarios Sitma e Invergroup simularon ser instituciones financieras de ahorro y crédito, puesto que recibían dinero en efectivo del público en general donde les pagaban mensualmente intereses mayores a la banca comercial, operaciones financieras que realizaron sin tener las autorizaciones correspondientes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ni de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con esto, no se ajustaron a lo establecido en el artículo 111 de la Ley de Instituciones de Crédito que textualmente dice: "Serán sancionados con prisión de cinco a quince años y multa de quinientas a cincuenta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, las personas físicas, consejeros, funcionarios y administradores de personas morales que realicen operaciones en contravención a lo dispuesto por los Artículos 2 Y 103 de ésta Ley", éstos artículos se refieren a la captación de recursos del público de parte de personas físicas y morales no autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siendo éste caso el de los grupos inmobiliarios Sitma e Invergroup; en consecuencia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público esta legitimada y facultada para presentar querella por el delito de fraude y los que resulten, cometido en agravio de decenas de miles de defraudados como también de la sociedad; por tanto, la SHCP debe pedir a la Procuraduría General de la República, el inmediato aseguramiento de los bienes que existan en diversos estados, de todos y cada uno de los presuntos defraudadores y de terceros simuladores, para garantizar lo más que se pueda la reparación del daño a favor de los miles de afectados, asimismo fincar responsabilidades penales que se deriven de las operaciones financieras ilegales que realizaron los multicitados defraudadores.
Tal y como se observa se trata de un delito federal, ya que en el Código Penal Federal en su Artículo 6 dice: "Cuando se cometa un delito no previsto en éste Código, pero si en una ley especial o en un tratado internacional de observancia obligatoria en México, se aplicarán éstos, tomando en cuenta las disposiciones del Libro Primero del presente Código, y, en su caso, las conducentes del Libro Segundo" Así también, la Ley de Ahorro y Crédito Popular establece en su artículo 140, que se procederá en forma indistinta, a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o bien, a petición de los organismos de integración de la entidad de que se trate o de quien tenga interés jurídico; en relación con el artículo 136 Bis, se procederá en contra de las personas que por si, o a través de otra persona o por medio de nombres comerciales o por cualquier medio de publicidad, se ostente como entidad de ahorro y crédito popular, sociedad financiera popular, sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, caja rural, caja popular, caja de ahorro u otras que expresen ideas semejantes en cualquier idioma, sin contar con la autorización de la comisión para operar con tal carácter.
Que uno de los principales problemas que afectan a la sociedad mexicana son la corrupción y la impunidad, que en muchas ocasiones se promueven desde y con la complicidad de funcionarios de diversos niveles de gobierno, razón por la que se justifica la desconfianza cada día mayor de la sociedad hacia las instituciones, por ello, es necesario tomar medidas correctivas y preventivas, con éste espíritu proponemos la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Que ésta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión se sirva nombrar una comisión plural de diputados federales para investigar las causas de los fraudes cometidos a miles de mexicanos, tanto por instituciones financieras como por grupos inmobiliarios, tal y como se señala en el presente unto de acuerdo.
Segundo. Que ésta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorte al gobernador del estado licenciado Mario Marín Torres establezca una mesa de diálogo con los representantes de defraudados por Sitma e Invergroup y la comisión plural de diputados federales, para efecto de buscar mecanismos que permitan resolver la problemática social de los defraudados en Puebla y demás estados. También gire instrucciones al procurador general de Justicia en el estado de Puebla para que brinde información a los agraviados sobre el estado que guardan las averiguaciones, y facilidades para las integraciones respectivas; asimismo, que el director general del Registro Público de la Propiedad y Comercio del estado de Puebla se sirva informar sobre las propiedades de los presuntos defraudadores y expedir los documentos públicos que le sean solicitados en relación con el caso que nos ocupa.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al procurador general de la República a ejercer su facultad de atracción con relación a las denuncias interpuestas por los defraudados por Sitma e Invergrup en las diversas entidades del país.
Cuarto. Que ésta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que informen a ésta soberanía si los grupos inmobiliarios Sitma e Invergroup contaban con autorización para realizar operaciones financieras tal y como lo hicieron durante más de 10 años, como también si hacían de manera legal sus respectivas declaraciones fiscales, ya que en el acta constitutiva de Sitma, cuya razón social ha sido y es Servicios Inmobiliarios y Computación, SA de CV, inició con un capital social de 50 mil pesos y hasta noviembre de 2008 continuaba con el mismo capital.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2010.
Diputado Uriel López Paredes (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA –MEDIANTE
LA SHCP– RESPECTO AL MONTO DEL SUBEJERCICIO DE LA SAGARPA EN EL EJERCICIO
FISCAL DE 2009 Y A LA REASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS A LOS MISMOS
PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS DE APOYO AL CAMPO; Y A NO EXIGIR EN LOS PROGRAMAS
DE TIPO PARI PASSU LA APORTACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE,
SUSCRITA POR EL SENADOR ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El que suscribe, senador Adolfo Toledo Infanzón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En su último informe, la Comisión Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo Social publicó que desde el 2006 el número de mexicanos en situación de pobreza ha aumentado en cinco millones, sin considerar las cifras que se esperan, serán más graves, después de la crisis vivida el año pasado.
Asimismo, divulgó el incremento de 6 millones de personas en pobreza patrimonial y de 5.1 millones de pobres alimentarios, es decir con hambre, lo que coincide con los fuertes incrementos en los precios de productos básicos. Lo anterior, sin duda representa un fracaso evidente de la política social del estado y del gobierno federal.
Sin embargo, es el sector rural el reflejo más claro de la crítica situación económica que vive el país y del crecimiento de la pobreza. Hoy, alrededor de 38 millones de mexicanos que conforman nuestra población rural viven en condiciones de vida muy precarias y con la mayor marginación.
La cada vez menor participación del sector rural en la generación del producto interno bruto nacional es otro indicador de su precaria situación; así como el hecho de no haber crecimiento en la superficie cultivada y en cambio, si ha crecido el déficit de la balanza agropecuaria, importamos el 50 por ciento de la leche que consumimos; el 70 por ciento del arroz; el 90 por ciento del aceite; la tercera parte de la carne.
Resulta claro que un país que no promueve y logra tener un sector primario equilibrado y dinámico, no podrá alcanzar un proceso de desarrollo efectivo y armónico. En nuestro caso, la situación de crisis del sector rural significa un grado creciente de dependencia alimentaria.
Ahora bien, mientras en el año 2000 se aprobó un presupuesto de 24 mil 849 millones de pesos; en 2009 fue de 70 mil 705 millones, casi tres veces más, que en 2010 ascendió a más de 73 mil millones. No obstante, aún cuando el presupuesto destinado al campo se ha incrementado, esto no se ve reflejado en los resultados, menos aún cuando se percibe que en vez de descentralizarse, por el contrario el presupuesto se ha centralizado y existen subejercicios.
Por ello, resulta preocupante que recursos que son fundamentales para la actividad productiva de miles de campesinos no se hayan aplicado en su totalidad o en el tiempo adecuado, como los que se refieren a los Fideicomisos Estatales de Fomento Agropecurario del ejercicio presupuestal 2009, que a quince días de terminar el año pasado presentaba un subejercicio de más de 8.3 mil millones de pesos y que nos hace presumir no llegaron a sus destinatarios, es decir, miles de campesinos y pequeños productores del país.
En estos momentos de crisis, no podemos permitir que el Presupuesto de Egresos de la Federación no se aplique como fue autorizado y establecido por la Cámara de Diputados o que se condicione su ejercicio a las aportaciones por parte de los estados.
Sobre todo, cuando los estados y municipios vieron reducidos sus ingresos por concepto de participaciones, las cuales fueron muy inferiores a los originalmente contemplados en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, debido a que en el ejercicio fiscal 2009 hubo una reducción en la Recaudación Federal Participable provocada tanto por la caída en los ingresos petroleros, como por la menor recaudación federal proveniente de los impuestos sobre la renta y del Impuesto al valor agregado.
Ya en otras ocasiones nuestro grupo parlamentario en el Senado ha expuesto esta problemática y ha presentado iniciativas de ley que tienen como finalidad establecer el replanteamiento de los convenios de asignación de recursos federales, en particular los denominados pari passu, los cuales exigen a los gobiernos locales la aportación de recursos mancomunados a los recursos federales. Lo anterior, con la finalidad de evitar que recursos federales que fueron programados y etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación se pierdan.
Por todo lo anterior, compañeras y compañeros legisladores, consideramos prioritario solicitar al gobierno federal un informe sobre los subejercicios presentados en el presupuesto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en el ejercicio fiscal 2009; y una vez identificados, hacer un exhorto para que estos recursos se reasignen en los mismos programas y beneficiarios de apoyo al campo para los cuales fueron programados en dicho ejercicio fiscal, sin que estén condicionados a las aportaciones de las entidades federativas.
El país atraviesa una fuerte crisis económica aún cuando exista un optimismo incierto sobre la misma y se diga que este será el año de la recuperación. La crisis en el campo y la precaria situación en la que viven nuestros campesinos es un claro reflejo. Por ello, debemos exigir un ejercicio transparente del presupuesto rural y no permitir que se pierdan recursos destinados a los más pobres de este país, en un momento en que cualquier recurso será insuficiente para cubrir las necesidades y enfrentar la pobreza.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a informar, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informe a esta soberanía a cuánto asciende el subejercicio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del ejercicio fiscal 2009, que a la fecha no haya sido reasignado conforme dispone la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal a que dichos recursos se reasignen a los mismos programas y beneficiarios de apoyo al campo para los que fueron programados y etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009; se entreguen con la mayor brevedad y que, por esta ocasión, dada la crisis económica por la que atraviesan las entidades federativas en los programas de tipo pari passu no se exija la aportación estatal correspondiente.
Salón de la Comisión Permanente, a 13 de enero de 2010.
Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA FAMILIA, SUSCRITA POR LA DIPUTADA
DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica y 58 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
La inclusión en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de derechos familiares ha dado un crecimiento favorable e inusitado al derecho privado constitutivas del derecho de familia o dicho de otra forma, se ha ampliado en derecho constitucional y el derecho privado se ha reducido. Desde la perspectiva de los derechos humanos y en especial los referidos con la familia, el derecho constitucional los pone en la cabecera del ordenamiento jurídico.
La exaltación de los derechos de la familia, ha hecho una fuerza normativa que vincula y obliga, porque se hacen exigibles y posibles de alegar ante los tribunales como derechos fundamentales. Es muy difícil que hoy alguna entidad federativa se animara a regular discrecionalmente la filiación, patria potestad, alimentos, derechos de la infancia, puesto que la norma magna fija principios y valores insustituibles de aquellas relaciones de hombres y mujeres, en su función de cónyuges, hijos, hermanas, progenitores, parientes y convivientes, abarcando sus interactuaciones en las esferas educacional, social, económica, religiosa y ética.
Todas estas nuevas valoraciones evidencian en el texto constitucional, que el derecho de familia no podía quedar recluido en el Código Civil o en el Código Familiar, en virtud que los derechos humanos comprometidos en este laboratorio fecundo de vicios y virtudes del género humano, desbordaron los diques que tenían reservados las normas de derecho privado y las ascendieron al nivel máximo legal. Es decir que ahora la ley debe encasillarse en un diseño constitucional al que además converge el derecho internacional humanitario.
Que hoy veamos al derecho familiar en el vértice del derecho constitucional, no es sino reconocer, que esos derechos de personas físicas que tienen arraigo en relaciones familiares, son oponibles incluso al Estado y desde luego a los particulares.
La familia constituye el medio por el cual el sujeto en formación, el niño, recibe las primeras informaciones, aprende actitudes y modos de percibir la realidad, construyendo así los contextos significativos iniciales. La familia es un punto de partida arbitrario ya que es al que más fácilmente podemos acceder. Como parte integrante de la red social más amplia es portadora de un sistema de ideas, creencias, valores, actitudes que tamiza a través de su propia dinámica, de sus mitos y rituales.
De la familia la sociedad espera que sea capaz de enseñar a sus hijos a:
Desempeñar determinados roles sociales tanto ocupacionales como de género o roles en las instituciones como el matrimonio o la paternidad.
Adquirir un significado global de qué es lo que importa, qué es lo que se valora en su sociedad y cultura y para qué se tiene que vivir.
• Para hacer realidad la educación de los hijos la familia cuenta con las siguientes condiciones:
Los padres son responsables del cuidado de los hijos por derecho natural.
Los padres gozan de la ascendencia y autoridad que son precisas para educar.
Las relaciones padres-hijos están marcadas, en principio, por el amor y el respeto, requisitos esenciales de la relación educativa.
La vida familiar proporciona múltiples situaciones para hacer efectiva la educación, ya que se trata de una vida de comunicación permanente.
La acción combinada del padre y de la madre proporciona una educación integral de lo roles sexuales de la vida adulta.
Además de lo anterior, se requiere el diseño y fortalecimiento de políticas públicas que velen por su protección integral, que hagan responsable al Estado en todos sus ámbitos y niveles, a la familia y a la sociedad de la garantía y el restablecimiento de sus derechos, en cumplimiento del artículo 44 de la Constitución Política que ordena la prevalencia de los derechos de los niños y las niñas sobre los derechos de los demás.
Continuando con la serie de artículos vinculados a los niños/adolescentes implicados en delitos, en esta oportunidad abordaremos los ejes propuestos para la creación de la comisión especial de la Familia para la elaboración de un proyecto de ley sobre la problemática que -dicho sea de paso- esperemos sean tomados en cuenta por los legisladores.
Los ejes propuestos para la reflexión son los tres puntos a continuación citados en forma textual:
2) Creación del Programa de Familia Social dirigido a promover la integración de los adolescentes en situación de exclusión social, mediante la implementación de un proyecto que brinde contención y ofrezca a los beneficiarios alternativas nuevas y eficaces que permitan mejorar cualitativamente y fortalecer cuantitativamente la oferta social existente para darle cobertura a este segmento de jóvenes.
3) Implantar un nuevo régimen legal aplicable a personas menores de 18 años en conflicto con la ley penal que contemple los siguientes principios:
• Inimputabilidad de los menores de 16 años. Implantación de un nuevo régimen de tutela judicial (no penal) para casos donde se impute a un adolescente menor de 16 y mayor de 14 la producción de un delito grave que pudiese corresponder una sanción privativa de la libertad mayor a cinco años. Un régimen que contemple el respeto de las garantías procesales, la protección del adolescente, la seguridad pública y en particular la transformación positiva de su conducta.
Introducir modificaciones a la legislación en vigencia implantando un régimen sancionatorio de mayor rigurosidad para los adultos que por su acción u omisión induzcan a los niños y adolescentes a la comisión de delitos.
Declamar ciertos ejes a nivel legislativo, sin proveer los recursos asistenciales para el niño/adolescente y su familia no deja de ser una mera "declamación de principios" sin acciones concretas que den respuesta a las necesidades de la sociedad toda.
Como sociedad necesitamos grupos y organizaciones abocados al trabajo con adolescentes, a la vez que demandar el compromiso de los funcionarios responsables para que se fortalezcan con recursos humanos y materiales los programas de atención directa de niños/adolescentes y sus familias en cada municipio y provincia según las necesidades de cada región.
Consideramos que esta propuesta de crear la Comisión Especial de la familia es una alternativa eficaz para evitar reiteradas internaciones que se prolongan por años y muestran a las claras el fracaso de la intervención de un sistema proteccional muchas veces sostenido por bien intencionados operadores comunitarios y profesionales que hacen lo mejor que pueden en un contexto por demás adverso. Es necesario establecer criterios de abordaje con los actores del sistema social para evitar la cronificación de situaciones de malos tratos contra la infancia que conllevan deterioros progresivos en los niños que terminan "eligiendo" la calle como medio de protección por no tener otras alternativas.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determine la creación de la Comisión Especial de la familia, y una vez realizado lo anterior, lo someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados.
Segundo. El objeto de la comisión especial será emprender lo que se deriva de su denominación.
Tercero. La comisión especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política, en forma proporcional a la representación en la Cámara de Diputados.
Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha comisión especial podrá allegarse la información que considere pertinente; así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de sus competencias.
Quinto. La comisión especial objeto del presente punto de acuerdo, funcionará de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
Sexto. La duración máxima de los trabajos que realice la comisión especial, será el mes de agosto de 2012, sin perjuicio de que al cumplirse su objetivo para el cual fue creada, se extinga en forma anticipada, y por la importancia del tema no será rotatoria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de enero de 2010.
Diputada Diva Hadamira Gastelum Bajo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA DE CHIHUAHUA A REALIZAR
UNA INVESTIGACIÓN EXPEDITA SOBRE LOS ASESINATOS DE DOS JÓVENES
EN ESE ESTADO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La que suscribe, diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, para lo cual presenta las siguientes
Consideraciones
Compañeras y compañeros diputados: La violencia contra las mujeres en México y en el mundo sigue siendo una constante y cada vez más agravada problemática que refleja la iniquidad y la injusticia social.
Los países integrantes de las Naciones Unidas han impulsado acciones diversas para señalar esa violencia e intentar erradicarla, sin embargo, en muchos de los casos, no ha pasado de buenas intenciones.
Los países en general no han sabido, no han podido o no han querido, tomar las medidas necesarias para la protección de un derecho humano fundamental: la integridad física de las mujeres.
Apenas el pasado 18 de noviembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) condenó al Estado mexicano por la violación de los derechos humanos de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez, quienes fueron encontradas sin vida y con rasgos de tortura sexual los días 6 y 7 de noviembre de 2001, en el predio conocido como Campo Algodonero, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Estos tres casos, de un total de ocho, fueron los primeros en llegar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos por violación a los derechos humanos de las mujeres. La sentencia aún no es pública, pero se espera que lo sea esta semana.
Si bien la Coidh será la primera instancia legal en condenar la falta de protección a la seguridad y vida de las mujeres en México. El hecho no es nuevo, en nuestro país la violencia contra las mujeres es constante y Ciudad Juárez ha sido a lo largo de muchos años un espacio de crimen e impunidad. Solamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado 504 asesinatos contra mujeres de 1993 a la fecha y son ya 22 las jóvenes menores de edad que han desaparecido en 2009 en esa ciudad, sin que exista justicia inmediata y responsabilidad fincada a nadie.
Compañeros y compañeras: Han pasado años, comienzan a configurarse las condenas jurídicas a nuestro país, que acompañan a la ya larga lista de condenas públicas y sociales y sin embargo el delito de feminicidio es una constante y la ineficacia de las autoridades para investigar también.
Hasta el momento no se han registrado avances en las investigaciones de los asesinatos y desapariciones de mujeres, pese a que se han destinado más de mil 818 millones de pesos por parte del Gobierno federal, estatal y municipal de Ciudad Juárez y Chihuahua para combatir la violencia contra las mujeres y el feminicidio a través de la creación de Fiscalías.
Me gustaría que esta intervención fuera sólo una denuncia más de estos hechos inadmisibles y permanentes en Ciudad Juárez y que se tratara de un discurso en torno al día internacional para erradicar la violencia contra las mujeres, que se conmemoró apenas hace unas semanas, pero no es así; se trata de una nueva denuncia, esta vez de un par de asesinatos más, perpetrados no sólo contra otra joven mujer, sino además contra un joven estudiante, ambos asesinados con un día de diferencia y ambos vinculados con líderes de organizaciones que, desde hace ocho años, en Juárez han denunciado y dado seguimiento a la impunidad.
El pasado 29 de noviembre, en Ciudad Juárez, el joven Jesús Alfredo Portillo fue asesinado a balazos por dos sujetos cuando se encontraba en un establecimiento comercial, tenía 27 años y era estudiante de diseño gráfico. El joven era yerno de Marisela Ortiz Rivera, vocera y fundadora de la organización social Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que desde 2001 ha venido impulsando y acompañando diversas denuncias de desaparición y asesinato de mujeres y niñas en Ciudad Juárez.
Es difícil mirar el asesinato de Jesús Alfredo como un hecho fortuito o desvinculado a la lucha política de su tía, lo es porque las integrantes de Nuestras Hijas de Regreso a casa han recibido de manera constante amenazas de muerte contra ellas y sus familiares, han sido víctimas del acoso de funcionarios públicos para que ya no denuncien; han sufrido tres allanamientos a su oficina sin que las autoridades puedan ubicar a los responsables de estos actos.
Un día antes, el 28 de noviembre, en la región serrana de Tomochi, en Chihuahua, hombres encapuchados raptaron, violaron y asesinaron a la profesora Flor Alicia Gómez López, de 23 años, sobrina de Alma Gómez Caballero, activista de la organización Justicia para Nuestras Hijas, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
¿Es una casualidad? Los índices de violencia en el país son tan altos que ¿sólo coinciden en fecha los fatales asesinatos de Jesús Alfredo y Flor Alicia?
No lo sabemos, pero la evidencia, la impunidad, la sentencia de la Corte Interamericana, el activismo incansable de las familias de ambos vuelve sospechosos estos asesinatos, por ello es obligación de las autoridades aclarar los hechos y ofrecer justicia expedita.
El compromiso del Partido Revolucionario Institucional y de todos los legisladores será importante en la seguridad de los mexicanos y el buen desempeño de los funcionarios públicos. Hoy damos un paso.
Por todas las consideraciones señaladas proponemos al pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta a la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua a realizar una investigación expedita de los asesinatos de los jóvenes Jesús Alfredo Portillo y Flor Alicia Gómez López, solicitando que a la brevedad envíe un informe por conducto de la Comisión de Justicia a esta soberanía de los avances en las pesquisas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 13 de enero de 2010.
Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica)
En la pasada sesión de la Comisión Permanente del 5 de enero del actual, diversos legisladores de las distintas fracciones parlamentarias destacaron la importancia de asegurar el cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental por parte de las diferentes autoridades federales involucradas, ante el hecho de que se están incrementando las conductas y las modalidades para evitar su aplicación. Situación que forma parte de una actitud –que se ha incrementado– de no rendición de cuentas, por parte de las instituciones y servidores públicos involucrados.
Estos mismos señalamientos se hicieron extensivos por varios legisladores a las administraciones públicas de los estados, destacando la necesidad de incrementar la vigilancia sobre el gasto público de éstas y de lograr que la transparencia y el acceso a la información no sigan siendo asignaturas pendientes.
Con el propósito de atender a fondo la solución de esa problemática, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ha venido formulando desde 2007 diferentes iniciativas para reformar o adicionar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y otras leyes vinculadas con la materia. Las iniciativas señaladas, su contenido general, sus objetivos y el senador promoverte son los siguientes:
Objetivos:
– Superar el severo incumplimiento de dicha ley en este aspecto.
Objetivos:
– Involucrar en ese consejo a los organismos autónomos y a los Poderes Legislativo y Judicial, con el apoyo del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI); y
– Superar el importante rezago que éstos advierten en el cumplimiento de esa legislación.
Objetivos:
– Lograr que las diversas dependencias de la administración pública federal sistematicen, preserven y difundan la información técnica sobre su desempeño institucional;
– Instrumentar las gacetas gubernamentales en cada uno de los sectores de la administración pública federal;
– Asegurar que cada una de esas gacetas difundan regularmente los estudios, investigaciones, políticas, análisis, propuestas, informes, estadísticas, proyecciones, publicaciones, índices y demás documentos análogos relacionados con las diversas atribuciones competencia de cada dependencia; y
– Asegurar que la divulgación de las gacetas se realice mediante las revistas respectivas y los medios electrónicos empleados para la difusión institucional.
Objetivos:
– Suprimir los múltiples candados que se han establecido para evitar que la ciudadanía conozca las estructuras, programas, metas, avance y ejercicio real de los recursos por parte de las Instituciones Federales; y
– Evitar que el IFAI continúe asesorando a las dependencias para que dificulten la consulta de su información y logra un genuino cumplimiento de esta legislación.
Objetivos:
– Incorporar en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental la divulgación de los índices de la información reservada, en los mismos sitios y medios que están previstos para la difusión de la información gubernamental que previene el artículo 7o. de ésta;
– Asegurar la identificación correcta de la información reservada por parte de la población;
– Cumplir con el propósito del legislador de lograr la mayor apertura posible en la consulta de la información en poder de las instituciones gubernamentales;
– Favorecer la divulgación masiva de esos índices y, por lo mismo, la difusión de los periodos de reserva y los fundamentos aplicables en los diferentes rubros de información reservada; y
– Asegurar, en amplia medida, la adecuada consulta de esta información.
Con base en dicho acuerdo, me permito solicitarle que se formule excitativa a las Comisiones Legislativas de Gobernación, y de Estudios Legislativos del Senado señaladas, para lo cual me he permitido precisarle en el cuadro anterior lo siguiente: a) el autor de la iniciativa; b) la fecha de presentación y el turno respectivo; c) la comisión o comisiones a las que se turnó para su estudio y dictamen; y d) los objetivos que pretende cada iniciativa.
De conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo sexto de dicho acuerdo, me he permitido señalarle la fecha de la presentación y de la publicación electrónica de las iniciativas señaladas en la gaceta, con la finalidad de que una vez recibido el presente oficio el asunto sea programado en el orden del día de la sesión respectiva.
Ante la importancia conferida por los diversos grupos parlamentarios al tema de la transparencia y la rendición de cuentas y considerando que nuestro partido ya ha formulado las propuestas referidas para la atención a fondo de este asunto, le estimaré que pueda considerarse su registro y publicación en la gaceta parlamentaria respectiva.
Sin otro particular, le agradezco de antemano la atención que se otorgue a nuestra solicitud y le envío un cordial saludo.
Senador Arturo Escobar y Vega (rúbrica)