El que suscribe, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por medio del cual se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, licenciado Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta, y a la comisionada del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero Castillo, a comparecer a fin de que expongan y expliquen la situación actual y las acciones que están llevando a cabo enviados y agentes estadounidenses en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México para supervisar de manera directa el paso de extranjeros por territorio mexicano y determinen filtros a pasajeros que, en su caso, nieguen el acceso a nuestro país, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Desde octubre de 2009 la presencia de agentes de Estados Unidos en el aeropuerto de la Ciudad de México se ha visto incrementada, pues además de un crecimiento en presencia tienen la facultad de manera directa de supervisar a pasajeros provenientes de otros países sobre territorio mexicano.
Estos agentes fueron asignados por la Embajada de Estados unidos Mexicanos en donde imponen filtros que deben de aplicar para llevar un control de pasajeros que arriban al país provenientes del extranjero; cabe mencionar que dichos funcionarios son de origen latino (dominicanos, cubanos e incluso mexicano-estadounidenses), a los cuales se les ha dado la atribución de dictar medidas al personal del Instituto Nacional de Migración (INM) para el manejo del ingreso de los viajeros.
Los enviados estadounidenses operan como parte de un programa conjunto de seguridad de viajeros en México cuya coordinación está a cargo de Víctor Manuel Guerra Enríquez y cuyo programa, de acuerdo a testimonios del INM, el funcionario comentó que es parte de un programa piloto del conocido en Estados Unidos (Trsuted Traveler Program) y cuyos trabajos serán supervisados por Matthew Suárez , jefe del US Customs Border Protection (CBP), y son estos agentes los que portan gafetes del Instituto Nacional de Migración, pero con una leyenda más: "Embajada de Estados Unidos".
Entre la lista de agentes figuran los de la CBP, los de Transportation Security Administration, Federal Aviation Administration, US Immigration and Customs Enforcement, los cuales tras el protocolo diplomático entregan una copia de su credencial y reciben a cambio una de alguna dependencia de México, ya sea de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o de la Secretaría de Agricultura.
Personal del INM señaló que agentes del CBP negaron el ingreso de una familia de origen iraquí, pese a que sus papeles estaban en regla.
En marzo de 2002 los gobiernos de Estados Unidos y el mexicano acordaron veintidós compromisos de asociación en materia de seguridad fronteriza para evitar riesgos de terrorismo, pese a esto agentes del INM comentaron que agentes de Custom Border Protection operan aplicando su criterio.
Considerandos
– El Instituto Nacional de Migración es un órgano técnico desconcentrado de la administración pública federal dependiente de la Secretaría de Gobernación, el cual aplica la legislación migratoria vigente, y su público usuario lo integran quienes nos visitan de otros países, y aquellos que quieren permanecer en México en forma temporal o permanente.
– Que a efecto de hacer constar su nacionalidad y gozar de los derechos que les concediesen las leyes y los tratados que México hubiese firmado con sus respectivas naciones, el INM lleva un registro ante la Secretaría de Estado y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
– Que los extranjeros gozarán de los derechos civiles y garantías otorgadas por la Constitución mexicana de la misma manera que los nacionales y que el INM tendrá como misión "contribuir al desarrollo del país a través de una gestión migratoria eficiente y segura, con base en el marco legal y el pleno respeto a la dignidad humana", y una visión, en la cual "el INM es una entidad que brinda servicios migratorios de manera eficiente, honesta, segura y en armonía con el concierto internacional, y que como instancia de seguridad nacional intercambia información y se coordina adecuadamente con otras dependencias de gobierno" entre cuyos objetivos estratégicos se encuentran, entre otros:
Por lo expuesto y fundado, someto ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se acuerda llamar a comparecer ante el Pleno de esta Cámara al titular de la Secretaría de Gobernación, licenciado Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta; y a la comisionada del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero Castillo, a fin de que expongan y expliquen la situación actual y las acciones que están llevando a cabo enviados y agentes estadounidenses en el aeropuerto internacional de la ciudad de México para supervisar de manera directa el paso de extranjeros por territorio mexicano y determinen filtros a pasajeros que, en su caso, nieguen el acceso a nuestro país.
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
PARA QUE INFORME DEL ESTADO QUE ÉSTA GUARDA EN MÉXICO, A
CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados federales a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes
Considerandos
Como nunca, la ciudadanía percibe a la inseguridad como uno de los problemas más graves del país, a pesar de que hoy es cuando más recursos se le han otorgado en la historia.
Según la última encuesta de Consulta Mitofsky (julio 2009) "Percepción ciudadana sobre la seguridad en México", el 75.2% de los ciudadanos tienen miedo a ser secuestrados y el 82.3% tiene miedo a sufrir un robo a mano armada; además, sólo la mitad de la población (53.5%) "muy probablemente" presentaría una denuncia en caso de sufrir un robo en su casa.
La inseguridad nos hace perder a todos, pero quien pierde más son los pobres. No es de sorprender que las mayores tasas delictivas se concentren en las regiones de menores ingresos. Los 7 millones de jóvenes mexicanos que ni trabajan ni estudian –como lo dijo José Narro, rector de la UNAM– pueden alimentar la bolsa de trabajo del crimen organizado, porque han encontrado más oportunidades en las industrias ilícitas –en el mercado informal en el mejor de los casos que en las universidades públicas o en las empresas legalmente establecidas.
El problema de la inseguridad, de no resolverse, puede quitar viabilidad al Estado mexicano, por lo que resultan urgente mejores leyes y un sistema integral de seguridad; no heroísmos espontáneos, en el mejor de los casos, que al corto tiempo sólo se descubren como fines mediáticos para elecciones venideras. Se necesita un aparato real de información y estrategia nacional; no sólo publicidad que se jacte de los logros obtenidos en ésta cruel lucha en la que lamentablemente se pierden miles de vidas inocentes y por supuesto, de nuestro destacado ejército, quien se entrega en cuerpo y alma en este frente.
Todo esto se cuestiona, al inicio de un largo camino que se pretende recorrer junto con agencias de seguridad internacionales. Pues no queda claro ante los ojos del Congreso de la Unión cómo se logrará una coordinación internacional cuando aún no es clara la logística nacional, dado que sólo basta observar el contraste entre los operativos militares derivados de estrategias equivocadas de, parte del Ejecutivo federal y las declaraciones pasadas que hizo la Agencia Antidrogas Estadounidense, a través de su vocera, Michele Leonhart, quien en un comunicado oficial asegura que el golpe al narcotráfico en México, ejecutado el pasado el pasado 17 de diciembre de 2009 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, fue resultado de la importante cooperación y el intercambio de información entre las agencias de seguridad de Estados Unidos y México. En este sentido, surgen las interrogantes de cuál es la ruta que se está trazando para el combate al narcotráfico, su estrategia y sobre qué premisas de garantías jurídicas y de seguridad para todos los ciudadanos mexicanos.
En otro tenor, hay que enfatizar los señalamientos que hacen organizaciones de la sociedad civil sobre la flagrante violación de derechos humanos que en la lucha contra la inseguridad se han cometido en los últimos años; Amnistía Internacional, la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros sin Fronteras, el Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos, todos coinciden en lo mismo.
Estos hechos pueden confirmar que el respeto de los derechos humanos ha pasado a segunda instancia en el orden de importancia de la agenda de seguridad del país. De nada sirve combatir a los delincuentes si, al hacerlo, se vulneran las garantías individuales de los ciudadanos. Los medios importan para justificar el fin.
Al notar que en los últimos 3 años el Ejército ha tomado las calles de muchas ciudades de nuestro país y que los casos de violación a los derechos humanos en esta lucha han aumentado, no queda más que exigir al titular de la seguridad pública federal, respuestas sobre las tareas propias de su responsabilidad y la coordinación que tiene con instituciones nacionales e internacionales para cumplir con ellas; cuál es la estrategia para combatir al crimen organizado bajo el respeto de los derechos humanos de la ciudadanía y bajo qué competencia legal se realizan.
Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía, de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita que la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerde la comparecencia del secretario de Seguridad Pública Federal, ingeniero Genaro García Luna, ante el Pleno de dicho cuerpo colegiado, a efecto de que informe cuál es el estado que guarda la seguridad pública en México.
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA
FUGA DE CEREBROS EN MÉXICO, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRI
El que suscribe, diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60, primer párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en lo siguiente:
De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, los porcentajes de jóvenes con estudios muestran "la posible descapitalización educativa de México a causa de la migración internacional en la búsqueda de mejores ingresos laborales".
Debido a la migración de mexicanos hacia otros países, sobre todo a Estados Unidos, se tiene registro de que hay un stock de 811 mil mexicanos residentes en aquel país que cursaron algún ciclo universitario, aunque no terminaron sus estudios, sin embargo, 278 mil connacionales establecidos en dicho país tienen un título equivalente a profesional asociado o técnico superior universitario y hay 442 mil residentes con licenciatura y alrededor de 110 mil nacionales con estudios de maestría o doctorado.
Es de gran importancia reconocer que la educación y el desarrollo científico son la clave del desarrollo, por lo que resulta sumamente grave la descapitalización humana e intelectual que vive México por la llamada "fuga de cerebros", atizada por las naciones desarrolladas.
Cabe mencionar que mientras en EUA existe un investigador por cada 10 mil habitantes, en nuestro país, menos del .5 de la población alcanza el nivel de posgrado y muchos de ellos salen del país o no regresan a él.
Asimismo, con base en las estadísticas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la mayoría de los estudiantes de posgrado se concentran en el área de ciencias sociales y humanidades, destacando la falta de estudiantes de posgrado en los tópicos de tecnología. Esto puede ser un primer acercamiento a descifrar el rezago tecnológico de México.
Ante tal situación se considera urgente la realización de políticas que busquen enfrentar el reto de la movilidad calificada o "fuga de cerebros", y que no sólo se vea como una pérdida definitiva de talentos, sino que se busquen campos de oportunidad para México.
Por lo expuesto, presento a esta Soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita al secretario de Educación Pública del Poder Ejecutivo federal que emita un programa para impulsar políticas más realistas y efectivas de desarrollo, empleo y aprovechamiento del capital humano del país, con visión de estado, en especial de quienes alcanzan niveles universitarios y de postgrado como una prioridad nacional.
(rúbrica)