Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3162-BII, miércoles 15 de diciembre de 2010


Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la SCT a permitir el pago con dólares en las casetas en la próxima temporada vacacional, como una medida extraordinaria en apoyo de los paisanos que nos visitan, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Enrique Torres Delgado, diputado a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes para que permitan el pago en dólares en las casetas del país en la próxima temporada vacacional, como una medida extraordinaria de apoyo a los paisanos que nos visitan con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El gobierno federal ha implantado el programa Paisano teniendo como finalidad que los connacionales al entrar y salir del país, tuvieran un trato justo, una orientación adecuada y, sobre todo, el respeto a sus derechos humanos y bienes patrimoniales, evitando que sean sujetos de abusos o maltratos por los servidores públicos o por particulares.

Se reconoce que el gobierno federal se ha preocupado y ocupado por llevar a cabo acciones para evitar que los derechos y obligaciones de los connacionales, al ingresar y salir del territorio nacional sean sujetos de abusos por parte de las autoridades, o de la delincuencia.

Sin embargo, el 15 de junio del 2010, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anuncia medidas para regularizar la entrada de dólares en efectivo al sistema bancario mexicano.

Las medidas tienen como principal objetivo cerrarle el paso a los recursos producto de actividades ilícitas. Este hecho es relevante si consideramos que las organizaciones criminales cuentan con un gran poder económico capaz de corromper instituciones, hacerse llegar de armamento y distorsionar la actividad económica.

En este sentido, las restricciones a las operaciones con dólares buscan evitar el blanqueo de capitales, ya que a lo largo de los años los delincuentes han aprovechado las debilidades de nuestro sistema financiero y la escasa regulación para encubrir sus operaciones delictivas.

El caso que nos ocupa, es de otra naturaleza, es la llegada de paisanos que vienen a pasar sus vacaciones y fiestas navideñas, por lo que debemos darle un tratamiento distinto al establecido en las medidas antes descritas.

Con estas disposiciones que se establecieron por el gobierno federal, quiero manifestar que las casetas de cobro en carreteras y puentes que opera Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos en el estado de Sonora no reciben monedas extranjeras, por la disposición que emitió la SHCP y sólo se recibe moneda nacional, luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Muchos paisanos al circular por las carreteras sobre todo en la zona fronteriza pagan con dólares las casetas de peaje, lo que seguramente va generar un caos vial y además descontento de nuestros connacionales que visitan cada periodo de vacaciones a sus familias, que se encuentran en las diferentes entidades federativas.

En diciembre se espera el arribo de connacionales que visitan nuestro país y que desconocen la medida determinada por la SHCP, lo que va a ocasionar una problemática a los paisanos. Ya que éstos llevan consigo principalmente dólares, por los les generará dificultades en el cambio de las divisas, y puede provocar un desaliento para la llegada de paisanos al país, lo que lamentablemente desembocará en una menor entrada de divisas para México, con un impacto real en las economías de muchas regiones.

Por lo que es necesario que el gobierno federal busque alguna alternativa para resolver esta problemática, a la que se enfrentarán los connacionales que arriban cada año al interior del país.

La propuesta está encaminada a lograr que se acepte a los paisanos provenientes de Estados Unidos de América y que viajan a diversas entidades del país, y darles la opción de que el pago del peaje sea en dólares o en moneda nacional, para evitarles contratiempos en sus trayectos, ya que su estancia es temporal.

Debemos simplificar su trayecto a fin de que lleguen a su destino, asimismo, no se les debe complicar su retorno al país, por lo que habrá que buscar un mecanismo para que comprueben que son connacionales que vienen de visita para que les acepten los dólares.

Se reconoce el esfuerzo que realiza el gobierno federal en establecer medidas de regulación de las operaciones en dólares en efectivo, en aras de mantener un ordenado sistema financiero, buscando la protección de la economía en su conjunto y de la población en general.

Pero los connacionales que vienen a México a visitar a sus familias no son el problema, y no debemos ponerles trabas, ya que ellos no son el objetivo que se está combatiendo con las medidas que restringen el uso de dólares, además dejan dinero a la economía de sus lugares de origen, por lo que es necesario facilitarles el retorno en la próxima temporada vacacional.

El Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional se inclina en apoyar y generar los acuerdos necesarios entre los diferentes niveles de gobierno, con el fin de beneficiar a nuestros paisanos que arriban cada año a las diferentes entidades federativas a visitar a sus familiares.

Por lo que considero necesario exhortar al gobierno federal a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes a permitir el pago en dólares de manera temporal en todas las casetas del país para apoyar a los paisanos que nos visitan en el próximo periodo de vacaciones.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un atento exhorto a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes a permitir el pago en dólares en las casetas del país en la próxima temporada vacacional, como una medida extraordinaria de apoyo a los paisanos que nos visitan.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de diciembre de 2010.

Diputado Enrique Torres Delgado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Segob que informe a esta soberanía sobre el estado de las acciones para cumplir el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano en el caso Campo Algodonero, de Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos días se ha dado a conocer en diferentes medios informativos la pretensión del gobierno federal de construir un penal de máxima seguridad en el estado de Campeche, cuya finalidad es recluir a delincuentes de alta peligrosidad, que no pueden purgar sus condenas en otro tipo de reclusorios.

La noticia ha cimbrado a la sociedad campechana, que de inmediato ha repudiado este proyecto o pretensión, formulándose las siguientes preguntas: ¿Por qué fue elegido Campeche y no otra entidad?, ¿Qué beneficios tangibles traería para nuestro pueblo la residencia de un penal de estas características?, ¿Cuáles fueron los estudios y datos técnicos en los que se basó el gobierno federal para determinar que Campeche sea la mejor opción?, ¿Acaso el gobierno federal quiere terminar con la estabilidad y paz social que se respira en nuestra entidad y trasladar su guerra contra el narcotráfico a estados donde se camina con seguridad?

Todas y cada una de estas inquietudes han sido recibidas y tomadas en cuenta por autoridades de la entidad.

El gobierno del estado ha manifestado que este proyecto del gobierno federal necesita licencia social, y si no lay, difícilmente llegará a realizarse. Además, se ha solicitado información en torno a esta pretensión, ya que todos los sectores de la sociedad requieren ser enterados con veracidad.

Por su parte, autoridades municipales y legisladores del Congreso Local, han rechazado sistemáticamente cualquier intento del gobierno federal por construir un penal para delincuentes de alta peligrosidad en territorio campechano, puesto que al llegar secuestradores, narcotraficantes y criminales de toda índole está latente la posibilidad del inicio de actos violentos en una región que hasta hoy goza de perfecta paz social.

Todo pareciera indicar que, en lugar de hacerle justicia a un estado que colabora con el 70 por ciento de la producción nacional de petróleo y mantiene cohesión social para el desarrollo armónico de la economía y de los ciudadanos que en él habitan, se le castiga con un penal para recluir a delincuentes de alta peligrosidad.

La construcción de un penal de máxima seguridad, en ningún momento refleja la justicia que tanto nos merecemos los campechanos, refleja una decisión errónea y el desconocimiento pleno de las demandas y aspiraciones de la sociedad campechana.

Por ello, a nombre de mis representados campechanos de los diferentes municipios, manifiesto categóricamente mi total desacuerdo con la pretensión del gobierno federal para construir un penal de máxima seguridad en territorio campechano.

Campeche no es tierra de nadie, ni tampoco un lugar hostil donde la inseguridad reine sobre las autoridades y ciudadanos. De acuerdo, con datos publicados por el CIDAC (Centro de Investigación para el Desarrollo, AC) Campeche es el sexto estado más seguro del país, sólo por debajo de estados como Yucatán, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas o Querétaro.

Confirmando así, que Campeche es una tierra de trabajo, progreso y paz social.

Campeche no necesita de penales de máxima seguridad disfrazados de empleo e infraestructura, necesita el reconocimiento de la importancia estratégica que representa para el desarrollo del país.

Campeche necesita una refinería que permita al país reducir la tasa de importaciones de productos petrolíferos; necesita mayores a poyos para el campo que ayuden a mejorar la producción y consoliden la agroindustria; necesita infraestructura hidráulica que lleve agua potable a todas sus poblaciones; y necesita más carreteras y mejores puentes que comuniquen mejor a la población.

En conclusión, Campeche necesita inversión productiva que genere empleos y mejore la economía de sus habitantes, y no el traslado de problemas que se generan en otras latitudes del país, que con seguridad contaminarán el tejido social, del que estamos inmensamente orgullosos.

De lo expuesto, me permito proponer a la Cámara, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al presidente de la República, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, desistir de su pretensión de construir un penal de máxima seguridad en el estado de Campeche.

Segundo . Se solicita, al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, que informe con oportunidad a esta soberanía sobre la existencia de un plan o proyecto para la construcción de un penal de máxima seguridad en Campeche.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de diciembre de 2010.

Diputado Óscar Román Rosas González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a declarar el 15 de noviembre Día Nacional sin Consumo de Alcohol; y a los estatales y a los municipales, a fortalecer las acciones y los programas dirigidos a prevenir y erradicar la ingesta excesiva, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Enrique Torres Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía propuesta con puntos de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 destaca respecto del consumo de alcohol que, como se había observado en estudios previos, el patrón de consumo típico es de grandes cantidades por ocasión de consumo. En total, casi 27 millones de mexicanos entre 12 y 65 años beben con este patrón y presentan frecuencias de consumo que oscilan entre menos de una vez al mes y diario. Esto significa que, aunque beban con poca frecuencia, cuando lo hacen ingieren grandes cantidades. Casi 4 millones beben grandes cantidades una vez a la semana o con mayor frecuencia.

El consumo consuetudinario, es decir, cuando se bebe grandes cantidades una o más veces a la semana, es más frecuente entre hombres que entre mujeres, en una proporción de 5.8 hombres por cada mujer. Entre ellas, sin embargo, esta manera de beber está aumentando, especialmente entre las adolescentes. La diferencia entre mujeres adultas y adolescentes (una mujer entre 12 y 17 años, por cada 1.9 mujeres adultas mayores de 18 años) es menor que la que se observa entre los hombres (un adolescente entre 12 y 17 años por cada cinco adultos mayores de 18 años).

Tanto en hombres como en mujeres, el grupo de edad que muestra los niveles más altos de consumo es el de 18 a 29 años. Los niveles descienden después conforme aumenta la edad. Los resultados indican que la población adolescente está copiando los patrones de consumo de la población adulta.

El abuso implica un patrón no adaptativo de consumo en personas sin dependencia, que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo, expresado por uno o más problemas (consumo recurrente que da lugar al incumplimiento de obligaciones en el trabajo, la escuela o la casa; consumo en situaciones en las que hacerlo es físicamente peligroso; problemas legales relacionados con el alcohol; consumo continuado, a pesar de tener problemas sociales continuos o recurrentes, o problemas interpersonales causados o exacerbados por los efectos de la sustancia).

La proporción de la población que presenta abuso/dependencia al alcohol es muy elevada; poco más de cuatro millones de mexicanos cumple con los criterios para este trastorno; de éstos, tres y medio millones son hombres y poco más de medio millón son mujeres.

La encuesta nacional también señala que esta forma de beber se asocia con una proporción importante de problemas. Las dificultades más frecuentes ocurren con la familia (10.8 por ciento), a continuación aparecen las peleas (6 por ciento), los problemas con la policía son menos frecuentes (3.7 por ciento), pero en una proporción importante (41.3 por ciento) se encontraron personas que fueron detenidas bajo los efectos del alcohol. Los problemas laborales no son muy comunes (3.7 por ciento) y en una proporción aún menor los problemas derivaron en la pérdida del empleo o en la posibilidad de perderlo (1.4 por ciento). Por otro lado, a nivel mundial, México ocupa uno de los primeros lugares de mortalidad por cirrosis hepática alcohólica.

Otras estadísticas a nivel nacional, proporcionadas por el Consejo Nacional contra las Adicciones, referente a daños y consecuencias relacionadas con el abuso en el consumo del alcohol nos refieren a que la quinta parte de los accidentes en el área de trabajo se relaciona con la ingesta de bebidas con alcohol y se encuentra entre las 10 principales causas de discapacidad en los empleados; también se relaciona con un grave problema de accidentes vehiculares por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas en conductores, que cada año cobran la vida de 20 mil mexicanos.

El alcoholismo es el principal responsable de 50 por ciento de accidentes automovilísticos, que representa la primera causa de muerte en jóvenes.

El consumo de alcohol se asocia por lo menos a 16 causas de mortalidad, tanto a corto como a largo plazos. La Secretaría de Salud señala que tanto el alcoholismo como el abuso en el consumo de alcohol se encuentran entre las principales causas de pérdida de años de vida saludable en México: se registran 22 muertes por cirrosis hepática, la más alta del mundo, por cada 100 habitantes. Además, 26.5 por ciento de los cadáveres del servicio forense fallecieron bajo el efecto etílico. Es decir, ese consumo ocasiona elevados costos sociales. Se ha estimado también que tan sólo el alcoholismo representa actualmente 9 por ciento del peso total de la enfermedad en México.

Por otro lado, según algunas estimaciones, el alcoholismo absorbe 6 por ciento del gasto público y genera improductividad, ya que se pierden 160 mil horas-hombre quincenales, mientras que representa 15 por ciento del ausentismo laboral, e incrementan la deserción escolar.

Cada año se suman a las filas del alcoholismo 1.7 millones de mexicanos, además de que, de acuerdo con autoridades judiciales, 36 por ciento de los delitos y 57 por ciento de los suicidios en nuestro país se encuentran estrechamente relacionados con las bebidas embriagantes. También contribuye con mayores índices de violencia, criminalidad, vandalismo y descomposición social.

El consumo excesivo de alcohol es una constante preocupación para la salud pública debido al número de muertes y de años de vida saludables perdidos por esta sustancia. El alcohol consumido en exceso genera tanto daños a la salud del individuo, como daños a las familias y a la sociedad en general.

Por ello, el gobierno federal ha emprendido una serie de acciones, estrategias y programas a fin de prevenir que los jóvenes inicien el consumo de bebidas alcohólicas a temprana edad y, sobre todo, para evitar el consumo excesivo de alcohol, a través del Consejo Nacional contra las Adicciones, el Instituto Mexicano de la Juventud, del Programa de Acción Específico 2007-2012 “Prevención y Tratamiento de Adicciones”, por señalar algunos; sin dejar de mencionar que hay acciones muy concretas en los distintos ordenes de gobierno a fin de prevenir y tratar el problema de alcoholismo entre los jóvenes.

No obstante los esfuerzos que se han emprendido en la materia, considero que ante la magnitud del problema es necesario fortalecer las acciones y programas dirigidos a prevenir y erradicar el consumo excesivo de alcohol en nuestra población, particularmente entre los jóvenes. Si bien, el alcohol ha demostrado ser una industria próspera en México, no podemos hacer caso omiso a los patrones de consumo indebido y excesivo que están caracterizando a su población.

Expuesta la problemática anterior, compañeras y compañeros legisladores, me permito presentarles una propuesta que nos permita exhortar al gobierno federal a declarar el 15 de noviembre de cada año como el Día Nacional sin Consumo de Alcohol, y a los tres ámbitos de gobierno a que de manera coordinada fortalezcan las acciones y programas dirigidos a prevenir y erradicar el consumo excesivo de alcohol en la población mexicana, pero particularmente entre los jóvenes.

En el marco del Día Internacional en Memoria a las Víctimas de Accidentes de Tránsito, que se celebra el 15 de noviembre, se propone redoblar la acción del Estado para prevenir el consumo excesivo de alcohol que nos permita atender la problemática asociada a dicho fenómeno.

Por lo expuesto, someto a su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a declarar el 15 de noviembre de cada año como el Día Nacional sin Consumo de Alcohol, y en este marco a fortalecer las acciones y programas dirigidos a prevenir y erradicar el consumo excesivo de alcohol.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales y municipales a efecto de que de manera coordinada fortalezcan las acciones y programas dirigidos a prevenir y erradicar el consumo excesivo de alcohol entre la población mexicana, particularmente entre los jóvenes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de diciembre de 2010.

Diputado Enrique Torres Delgado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a informar a esta soberanía sobre el cumplimiento que la federación, los estados y los municipios dan al artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a la incorporación de un sistema de seguros que considere el fallecimiento y la incapacidad total o permanente de elementos de seguridad acaecidos en el cumplimiento de sus funciones, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a informar a esta soberanía sobre el cumplimiento que están dando la federación, los estados y los municipios a lo establecido en el artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto al establecimiento de un sistema de seguros que considere el fallecimiento y la incapacidad total o permanente de los elementos de seguridad acaecidos en el cumplimiento de sus funciones, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La policía es una herramienta del Estado moderno, que tiene dos funciones primordiales: por un lado, mantener el orden social a través de la aplicación de la ley; y, por otro, luchar contra la delincuencia. Ésta implica a su vez varios aspectos: en primer lugar, la represión al delito (a través de la detención y entrega de los culpables al sistema judicial); y, en segundo, la prevención en materia de vigilancia y disuasión de los agentes delictivos.

La principal misión de los elementos de seguridad es garantizar la integridad y los derechos de las personas, prevenir delitos, y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

En la profesión de policía, los trabajadores deben hacer frente a intensos y diversos riesgos. Los profesionales que integran estos cuerpos deben asumir riesgos inherentes a la naturaleza de los trabajos que realizan, dadas las funciones que tienen encomendadas.

Como señala Diego Torrente, “colectiva e individualmente, el riesgo siempre está presente en la policía, dado que trabaja con la violencia. El riesgo afecta a sus miembros y, a través de éstos, a la organización. El riesgo a la muerte es lo más difícil de justificar para una organización, y la amenaza de forma grave”.

En la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, el número de agentes caídos en cumplimiento de su deber, considerados por el secretario de Seguridad Pública (SSP) federal como “héroes que entregaron su vida de manera consciente por un ideal: construir un mejor país para todos”, ha aumentado de forma considerable.

Lamentablemente, cuando un agente fallece en acciones contra el crimen organizado, su caso se suma a las estadísticas de la violencia; y sus familiares, a las cifras sobre pobreza.

Estadísticas de la SSP señalan que han sido asesinados 208 policías federales por integrantes del crimen organizado de diciembre de 2006 a junio de 2010.

Los estados donde mayor número de elementos han sido ejecutados por miembros del crimen organizado son Michoacán, 56; Chihuahua, 24; Distrito Federal, 20; Sinaloa, 15; Baja California y Guerrero, 6; y Tamaulipas, 4.

De esos 208 elementos, 34 tenían entre 21 y 25 años; 66, entre 26 y 30; y 59, entre 31 y 35.

Datos aproximados señalan que a agosto de 2009, 267 integrantes de la Policía Federal Ministerial habían perecido.

A principios de agosto de este año, la Secretaría de la Defensa Nacional (que integra al Ejército y la Fuerza Aérea) tenía registrados a 191 militares fallecidos en operaciones de combate del narcotráfico. De ellos, 8 eran jefes, 35 oficiales, 1 cadete y 148 elementos de tropa.

Dado el destacado trabajo que desempeñan estos agentes y los riesgos a que se enfrentan día con día, consideramos necesario revalorar y dignificar al servidor de la seguridad pública para atraer a esta actividad a mexicanos que encuentren en ella un proyecto digno de vida profesional, sentando las bases de seguridad y reconocimiento social que merecen. Para ello es preciso reforzar la carrera policial, sustentándola en un régimen de prestaciones económicas y sociales congruente con la importancia y el riesgo de su labor.

Al respecto, la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otras cosas, que “las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes instaurarán sistemas complementarios de seguridad social”.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala en los artículos 45 y 84 lo siguiente:

Artículo 45. Las instituciones de seguridad pública deberán garantizar al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado; las entidades federativas y los municipios generarán de acuerdo con sus necesidades y con cargo a sus presupuestos una normatividad de régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 84. La remuneración de los integrantes de las instituciones policiales será acorde con la calidad y el riesgo de las funciones en sus rangos y puestos respectivos, así como en las misiones que cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y deberán garantizar un sistema de retiro digno.

De igual forma, se establecerán sistemas de seguros para los familiares de los policías, que consideren el fallecimiento y la incapacidad total o permanente acaecida en el cumplimiento de sus funciones.

Para tales efectos, la federación, las entidades federativas y los municipios deberán promover en el ámbito de sus competencias las adecuaciones legales y presupuestarias respectivas.

Como se desprende de lo anterior, hay disposiciones legales cuyo fin es precisamente establecer un régimen de prestaciones que dé seguridad a los agentes. Sin embargo, la realidad es que día tras día nos enfrentamos con noticias que nos dicen que gobiernos municipales dejan de pagar las pólizas de los seguros de vida de los elementos de seguridad pública municipal, dejando a ellos y a sus familias en total estado de desprotección. Vemos además policías estatales y municipales manifestándose y exigiendo lo que de acuerdo con la ley es su derecho.

Consideramos indispensable que este órgano legislativo tome cartas en el asunto. No obstante, para estar en posibilidad de analizar la situación y realizar propuestas para la solución de estos conflictos, es necesario contar con información respecto al cumplimiento que están dando la federación, los estados y los municipios a la obligación contenida en el artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En razón de lo expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a informar a esta soberanía sobre el cumplimiento que están dando la federación, los estados y los municipios a lo establecido en el artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto al establecimiento de un sistema de seguros que considere el fallecimiento y la incapacidad total o permanente de los elementos de seguridad acaecidos en el cumplimiento de sus funciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 7 de diciembre de 2010.

Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Querétaro a dejar insubsistente y reponer el procedimiento legislativo para la elección de los integrantes del nuevo Consejo General del Instituto Electoral de la entidad, a cargo de la diputada Adriana Fuentes Cortés, del Grupo Parlamentario del PAN

Honorable Asamblea:

La suscrita, diputada Adriana Fuentes Cortés, de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a los diputados integrantes de la LVI Legislatura de Querétaro, a fin de que sea anulada la selección de consejeros electorales efectuada en la sesión del Congreso local el pasado 30 de noviembre, y en consecuencia se establezcan los procedimientos para reponer con estricta sujeción a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de Querétaro y demás normas aplicables, el procedimiento legislativo para la elección de las o los consejeros electorales que integrarán el nuevo Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro.

Consideraciones

Un principio fundamental que permite la vigencia del estado de derecho, dicta que todas las autoridades tienen la obligación de respetar y hacer respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, tratándose de las autoridades de Querétaro, la Ley Fundamental de dicha entidad establece que Nada ni nadie por encima de la Constitución, es justamente lo que prescriben los artículos 133 1 y 39 2 de nuestra Constitución Política para los Estados Unidos Mexicanos.

Para el caso el estado de Querétaro, su Constitución Política establece con claridad en la fracción IV del artículo 17 3 , que será facultad de la legislatura él elegir a los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, siempre que esta sea a través del voto calificado, el cual comprende como mínimo el voto de las dos terceras partes de los 25 diputados que la integran.

Lo cual, desafortunadamente no se cumplió a cabalidad en la sesión del pasado 30 de noviembre en el Congreso estatal, donde se efectuó arbitrariamente la designación de 7 consejeros propietarios y 7 suplentes, para integrar el Consejo General del Instituto Electoral, con la presencia de sólo 15 diputados integrantes de la LVI Legislatura de Querétaro –ninguno de ellos perteneciente al Partido Acción Nacional–, lo que sin lugar a dudas es una grave violación a la Constitución Política de esa entidad federativa que prevé que la designación deberá ser avalada por las tres cuartas partes del Congreso local (conformado por 25 diputados locales) es decir entre 16.6 o 17 legisladores.

Aunado a lo anterior, también se advirtieron irregularidades en el proceso como lo fue avalar por los integrantes del PRI y de las demás fuerzas representadas en el Congreso con excepción de las de Acción Nacional, las boletas para la elección de consejeros, sin que en ellas, se estableciera un recuadro para votar en contra. Argucia jurídica que se explica muy fácilmente, pues al no haber la opción para votar en contra de la propuesta del nuevo Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, podría llegar a presumirse que el voto nulo se adhiere a los votos a favor, lo cual es evidentemente contrario a lo establecido en la Constitución de aquel estado.

Esta violación constitucional, desde luego deberá reponerse y dejar sin efecto ni validez alguna la elección de los consejeros electorales, luego entonces, se advierte que el Consejo General actualmente esta ilegalmente constituido, es una incompetencia de origen, pero sobre todo, existe una ausencia total de legitimidad política y de autoridad legal, para organizar los futuros procesos de elección popular en el Estado de Querétaro, con la evidente puesta en riesgo a la gobernabilidad y paz social que los queretanos merecen.

Los legisladores de Acción Nacional, así como cualquier otro grupo parlamentario tenemos la obligación de denunciar esta situación ante la opinión pública nacional y apoyar en congruencia la defensa del Estado Constitucional de Derecho, que ha sido a todas luces, flagrantemente violentado por un grupo de legisladores en Querétaro, quienes al fraguar y ejecutar esta obvia violación a la Ley Suprema del Estado de Querétaro.

Igualmente, debemos hacer del conocimiento a los responsables de esta conflagración, la posible responsabilidad de índole penal, que oportunamente deberán ser perseguidas y sancionadas por las autoridades ministeriales y judiciales del Estado de Querétaro, tratándose de la coalición de servidores públicos, de un delito perseguible de oficio.

Con independencia de que la grave crisis política que pudiera estallar por la debilitación de las instituciones Queretanas, debemos exhortar al Congreso Local y la cordura de sus integrantes, para evitar que esto se tenga que resolver ante los tribunales competentes, una vez que se ejerzan las acciones conducentes por quienes acrediten interés jurídico para ello.

Por desgracia, subsiste en el clima político de esa Entidad federativa, una preocupación fundada por la puesta en riesgo a la gobernabilidad, que indudablemente podría comprometerse a partir de este agravio, la legitimidad y confianza que los ciudadanos aún tienen en las instituciones sociales queretanas.

Nuestra Nación y el gobierno federal que encabeza el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, se encuentran haciendo un enorme esfuerzo por superar las adversidades que nos imponen los actuales desafíos de la economía global, por devolver a los mexicanos la seguridad perdida a lo largo de décadas de gobiernos irresponsables, por convertir al país del miedo, la medianía y la simulación legal, en un México ganador, exitoso, reconocido por la comunidad internacional y orgulloso por su compromiso con el respeto de la legalidad.

En congruencia con lo anterior, este cuerpo de representantes de la Nación, no puede ni debe permitir que el Estado de Querétaro, sea la mancha de ese esfuerzo colectivo de todos los mexicanos: una especie de reminiscencia vergonzosa del pasado, donde las leyes del Derecho y la Razón, eran apenas ornamento y disfraz de otra Ley más primitiva: la de la fuerza y la imposición.

Con la responsabilidad que compete a la honorable Cámara de Diputados, de mirar en todo por el bien de la nación, es tiempo de llamar al Congreso de Querétaro a la cordura, a la prudencia y al estado de derecho, pues el desaseo en la conformación de los órganos electorales, será la antesala de unos comicios plagados de vicios y dudas que en nada abonan al estado de democracia que debe imperar en todos y cada uno de las entidades que forman nuestra nación, por lo que el procedimiento de selección que hoy acuso ante ustedes, resquebraja la confianza institucional y la armonía de la que todavía gozan los queretanos.

Lo anterior implica, que esta Cámara con toda oportunidad y con visión de Estado, debe ejercer su responsabilidad y exhortar a los legisladores autores de este atropello a las instituciones del estado de Querétaro, a reparar de inmediato el procedimiento de selección de consejeros electorales en estricto cumplimiento de la legislación vigente, de lo contrario también seríamos cómplices por omisión de las desafortunadas consecuencias.

Como bien ustedes saben, la vigencia del estado de derecho depende, fundamentalmente, de la confianza de la ciudadanía en su gobierno y en las leyes que lo rigen. Para ello es indispensable una actuación íntegra y transparente de la autoridad, que brinde a los ciudadanos la certidumbre de que cuentan, en todo momento, con instituciones que garantizarán el respeto a sus derechos mediante la aplicación de la ley”.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los diputados integrantes de la LVI Legislatura de Querétaro, para que en el ámbito de su competencia, anulen y en consecuencia establezcan los procedimientos para reponer con estricto cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de Querétaro y demás normas aplicables, el procedimiento legislativo para la elección de las o los consejeros electorales que integrarán el nuevo Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, y se efectué nuevamente en estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política de Querétaro.

Notas

1 Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

2 Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

3 Artículo 17. Son facultades de la legislatura:

I. a III. ...

IV. Elegir, con el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura , a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, al magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública, a los consejeros electorales del Instituto Electoral de Querétaro , al titular de la entidad superior de fiscalización y a los demás que determine la ley;

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2010.

Diputada Adriana Fuentes Cortés (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se promueve la creación de un parlamento verde, a cargo del diputado Eduardo Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El 8 de septiembre de 2009, el diputado Eduardo Mendoza Arellano solicitó a la Junta de Coordinación Política que se constituyera la comisión especial sobre el cambio climático, para promover en el ámbito legislativo las medidas y acciones necesarias para estudiar, mitigar y adaptarse al fenómeno global del cambio climático en el país.

El cambio climático es identificado por los científicos como el principal problema ambiental del siglo XXI. Es sin duda un éxito para la ciencia haber creado conciencia sobre las consecuencias de las crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero.

Los países así lo han reconocido. El 4 de junio de 1992, en la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, se abrió para firma la Convención sobre el Cambio Climático; 155 países la suscribieron y entró en vigor el 21 de marzo de 1994, cuando fue ratificada por 50 naciones; actualmente, más de 189 la han ratificado, entre ellas México.

La convención define en el artículo 1 lo siguiente:

Por cambio climático se entiende una modificación de clima atribuida directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables.

En el artículo 2 de la convención es señalado con claridad el objetivo:

El objetivo último de la presente convención y de todo instrumento jurídico conexo que adopte la conferencia de las partes, es lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la convención, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.

Estabilizar los gases de efecto invernadero (GEI) implica cambios en las actuales formas de crecimiento económico; compromisos para todas las partes, que son señalados en el artículo 4 de la convención. En forma general destacan los siguientes:

– Presentar inventarios de emisiones de GEI por fuente y su absorción por sumideros y actualizarlos periódicamente.

– Desarrollar programas nacionales o regionales para mitigar el cambio climático y adaptarse a los potenciales efectos.

– Fortalecer la investigación científica y tecnológica, la observación del sistema climático y fomentar el desarrollo de tecnologías, prácticas y procesos para controlar, reducir y prevenir las emisiones antropogénicas de los GEI.

– Promover programas de educación y sensibilización pública acerca del cambio climático y sus efectos.

En 1995, en la primera conferencia de las partes (COP-1) en Berlín, conforme al citado artículo 4 de la convención, que plantea que en el primer periodo de sesiones evaluaría si los compromisos eran adecuados o no.

La COP-1 reconoció que eran insuficientes para estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y acordó poner en marcha el proceso de negociación de un protocolo que precisaría los compromisos cuantitativos adquiridos.

En 1997, en la tercera conferencia de las partes, en Kyoto, fue adoptado el protocolo. En el hoy llamado “Protocolo de Kyoto” se señala que para que éste entre en vigor se requiere que 55 países lo ratifiquen; y que entre las partes que lo ratifiquen haya suficientes países del anexo 1 de la convención que contribuyan con al menos 55 por ciento de las emisiones registradas en 1990.

En el anexo I de la convención se encuentran los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos hasta 1992, y los países de Europa central y del este con economías en transición a una economía de mercado. Éstos son los únicos países que asumen compromisos cuantitativos en el marco de la convención.

Estos compromisos consisten en estabilizar sus emisiones y reducirlas hasta el nivel en que se encontraban en 1990. De acuerdo con el texto original de la convención, la meta debía alcanzarse en 2000.

Con la ratificación en 2004 por la Federación Rusa, los países del anexo I que han ratificado el protocolo alcanzan 61.6 por de las emisiones de 1990, con lo que se cumplió la condición que faltaba para su entrada en vigor, que fue el 16 de febrero de 2005.

El Protocolo de Kyoto no establece compromisos de reducción para los países en desarrollo. Esto, conforme al principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas.

Lo que hace el protocolo, además de compartir los objetivos de la Convención sobre el Cambio Climático, es comprometer a las partes del anexo I a cumplir en lo individual metas legalmente vinculantes para limitar o reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Esas metas representan una reducción en sus emisiones de gases de efecto invernadero de por lo menos 5 por ciento respecto de los niveles de 1990, por cumplirse en el periodo 2008-2012.

La comunidad científica estudia permanentemente el fenómeno del cambio climático. El 2 de febrero del 2007 se presentó en París, Francia, la contribución del Grupo I al cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

El resumen para responsables de políticas de este grupo I del IPCC es de especial relevancia.

A través del mencionado informe, se sabe el estado del conocimiento científico de las causas dominantes del cambio climático, el cambio climático observado y un rango de cálculos del cambio climático futuro derivados de estos trabajos.

Entre los datos más relevantes del informe del IPCC se pueden mencionar los siguientes:

En el informe se dice que es muy probable que la actividad humana haya logrado la mayor concentración de gases de efecto invernadero –en especial dióxido de carbono– en la atmósfera en 650 mil años.

El calentamiento del sistema climático es inequívoco, tal y como evidencian ahora las observaciones de los incrementos en las temperaturas medias del aire y los océanos, el derretimiento generalizado de hielo y nieve y el incremento medio global del nivel del mar.

De los últimos 12 años (1995-2006), 11 han sido de los más calurosos en los registros de temperaturas de superficie instrumentalizados (desde 1850). La tendencia lineal actualizada para los últimos 100 años (1906-2005) es de calentamiento de 0.74 grados Celsius, y la mayor parte de este incremento ha tenido lugar durante los últimos 50 años (0.13º C por década).

Los científicos del IPCC señalan, que la mayor parte del incremento observado desde la mitad del siglo XX en las temperaturas medias se debe, muy probablemente, a los aumentos observados en los gases de efecto invernadero antropogénico –principalmente uso de combustibles fósiles.

Se han observado sequías más largas y más intensas en áreas más amplias desde los años setenta, particularmente en los trópicos y subtrópicos. El aumento del desecamiento, vinculado a unas temperaturas más altas y a la disminución de las precipitaciones, ha contribuido a cambios en las sequías. Los cambios en las temperaturas de la superficie del mar, los patrones de viento, y la disminución de glaciares y de la capa de nieve se han vinculado también a las sequías.

La frecuencia de episodios de precipitaciones fuertes se ha incrementado en la mayoría de las áreas, en concordancia con el calentamiento y el incremento del vapor de agua observado en la atmósfera.

Se han observado grandes cambios en temperaturas extremas durante los últimos 50 años. Los días y las noches fríos y las heladas han empezado a ser cada vez menos, mientras las noches y los días calurosos y las olas cálidas se han hecho más frecuentes.

Las observaciones muestran la evidencia de un incremento en la actividad de ciclones intensos en el Atlántico Norte desde aproximadamente 1970, correlacionando con el calentamiento observado de la temperatura de la superficie del mar en los trópicos. Hay evidencias de un incremento en la intensidad de la actividad de los ciclones tropicales en otras regiones, donde la preocupación sobre la calidad de los datos es mayor.

Para las próximas dos décadas, las proyecciones apuntan a un calentamiento de unos 0.2º C por década para un rango de emisiones. Si las concentraciones se estabilizan en los niveles del 2000, podría esperarse un calentamiento de 0.1º C por década.

Los expertos del IPCC han presentado seis escenarios de temperatura. En el mejor de los casos calculan para 2100 un calentamiento de 1.1 hasta 2.9º C. En el peor de los escenarios la temperatura puede subir de 2.4 hasta 6.4º C. En el mismo espacio de tiempo puede incrementarse el nivel del mar hasta 59 centímetros.

Es muy probable que los episodios de calor extremo, olas de calor y precipitaciones fuertes tiendan a ser cada vez más frecuentes.

De acuerdo con un rango de modelos, es probable que los ciclones tropicales (tifones y huracanes) tiendan a ser más intensos, con mayores picos en velocidades del viento y precipitaciones más fuertes, asociadas con los incrementos que están teniendo lugar en la temperatura superficial de los mares tropicales. Hay poca confianza en las proyecciones de un decrecimiento global en el número de ciclones tropicales. El incremento aparente en la proporción de las tormentas intensas desde 1970 en algunas regiones es mucho mayor que la simulada por los modelos actuales para ese periodo.

En la última semana de mayo de 2007, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático del gobierno federal, que está integrada por nueve secretarías de Estado, presentó la Estrategia nacional de cambio climático , como una respuesta del “Poder Ejecutivo federal en relación con la mitigación del cambio climático y la adaptación a los efectos adversos de éste”.

La estrategia es sin duda alguna un documento básico, en donde se tiene entre otros aspectos un diagnóstico sobre los impactos del cambio climático en su nivel global, como de país. Identifica y enumera diversas líneas de acción y oportunidades para la mitigación y adaptación en distintos temas relacionados con el cambio climático. Sin embargo, carece de metas concretas y calendarios específicos, de los recursos presupuestales para implementar todas estas acciones y oportunidades, así como del grado de responsabilidad de las distintas instituciones involucradas, que seguramente tienen que vincularse a acciones de reformas al actual marco legal del país. Por ello, se espera que con la presentación, este año, del Programa Especial de Cambio Climático 2008-2012 se atiendan por los menos algunos de estos aspectos para los próximos tres años.

La estrategia señala que México durante 2000 contribuyó con alrededor de 1.5 por ciento de las emisiones anuales globales de gases de efecto invernadero, situándose en la posición número 13 entre los 25 principales emisores del mundo.

Continúa la cita de la estrategia:

La contribución histórica de México durante el periodo 1950-2000, lo coloca en la posición número 15 por emisiones derivadas de la quema de combustibles fósiles y de procesos industriales, y en la número 16 por deforestación. Durante este periodo un tercio de las emisiones mexicanas provinieron de la destrucción de bosques y selvas.

La posición de nuestro país cambia significativamente si se consideran las emisiones per cápita, México ocupó en el año 2000 el lugar 93, con 6.40 toneladas de CO2e emitidas por habitante, situándose un poco por debajo del promedio mundial, que fue de 6.55.

En la más reciente actualización del Inventario Nacional de Emisiones se estima un total nacional de 643.2 millones de toneladas de CO2e para 2002, lo que representó emisiones per cápita de 6.44 toneladas de CO2e.

Además, México contribuye de manera importante con carbono al cambio climático, las consecuencias para el país son preocupantes. En general, el incremento de temperatura va afectar de manera negativa los múltiples servicios que nos proporcionan los ecosistemas, la producción de alimentos, la salud, la infraestructura y la seguridad de los asentamientos humanos.

En el caso específico de cómo afectará el cambio climático a México, existen trabajos de gran importancia; por ejemplo, en 2006, se presento el informe México, tercera comunicación nacional ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Dicho informe es producto del trabajo de la Comisión Intersecretarial sobre Cambio Climático. En él se presenta el avance de las medidas para estudiar, mitigar y adaptarse al fenómeno global del cambio climático. En el informe se llegó a las siguientes conclusiones, que a continuación se citan textualmente:

Es muy probable que el clima de México sea más cálido para 2020, 2050 y 2080, principalmente en el norte del país;

Se proyectan disminuciones en la lluvia, así como cambios en su distribución temporal, con respecto al escenario base de 1961-1990. Por ejemplo, se esperan reducciones de hasta 15 por ciento en regiones del centro y de menos de 5 por ciento en la vertiente del Golfo de México, principalmente entre enero y mayo;

El ciclo hidrológico se volverá más intenso, por lo que aumentará el número de tormentas severas y la intensidad de los periodos de sequía;

Los componentes del ciclo hidrológico indican que en México cerca de 75 por ciento de la precipitación se evapotranspira y 5 por ciento recarga los acuíferos. El balance hídrico sugiere que el aumento en temperatura hará que la evapotranspiración se incremente y que la humedad en el suelo disminuya. Las evaluaciones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático indican que México puede experimentar una disminución significativa en el escurrimiento, del orden de 10 a 20 por ciento nacional, y mayor de 40 por ciento en los humedales costeros del Golfo de México;

En el caso de los fenómenos extremos como los frentes fríos (nortes), es posible que éstos se vuelvan menos frecuentes. Es incierto en qué medida dicha disminución podría afectar las precipitaciones, pero de acuerdo con ciertos escenarios, éstas tenderán a disminuir principalmente en la vertiente del Golfo de México; y

La temperatura de la superficie del mar en el Caribe, Golfo de México podría aumentar entre 1 y 2º C. Con base en consideraciones físicas, incrementos en la temperatura del mar aumentan la eficiencia de los ciclones tropicales, favoreciendo las probabilidades de que éstos alcancen categoría mayores en la escala Saffir-Simpson.

El fenómeno amenaza además, por ejemplo, con propagar enfermedades transmitidas por vector, como el paludismo y el dengue, por el incremento de temperatura en áreas donde antes no se presentaban dichas enfermedades.

En la página electrónica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal se encuentra el documento de síntesis del estudio La economía del cambio climático en México.

Este estudio calcula que será de entre 3.5 y 4.2 por ciento del producto interno bruto (PIB) el costo anual previsible del cambio climático para nuestro país en función de la pérdida de producción agropecuaria, menor disponibilidad de agua, deforestación, efectos en la salud y pérdida de biodiversidad, mientras el cumplimiento de la meta indicada representaría un costo de 0.56 por ciento del PIB.

El estudio llega fundamentalmente a cinco conclusiones:

1. El cambio climático tiene y tendrá impactos significativos, crecientes y no lineales en el tiempo en la economía mexicana...

En general, se observa que los costos económicos de los impactos climáticos a 2100 son al menos tres veces superiores que los costos de mitigación de 50 por ciento de nuestras emisiones. Por ejemplo, en uno de los escenarios considerados, con tasa de descuento de 4 por ciento anual, se observa que los impactos climáticos alcanzan, en promedio, 6.22 por ciento del PIB actual, mientras que los costos de mitigación de 50 por ciento de las emisiones representan 0.70 y 2.21 por ciento del PIB, a 10 y 30 dólares la tonelada de carbono, respectivamente.

2. El conjunto de resultados muestra que los costos de la inacción son más elevados que la participación en un acuerdo internacional equitativo, que reconozca las responsabilidades compartidas pero diferenciadas de los países, y que es indispensable una acción inmediata y decidida para abatir los peores impactos del cambio climático.

3. La construcción de una estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático en México debe reconocer la necesidad de utilizar diversos instrumentos en forma continua con una visión de largo plazo.

4. La economía mexicana, en los próximos años, tendrá que transitar a una trayectoria de crecimiento de baja intensidad de carbono como el resto de las economías del mundo, al mismo tiempo que realiza un proceso de adaptación que minimice los impactos del cambio climático.

5. La solución al cambio climático implica corregir las condiciones que ocasionan esta gran externalidad negativa, lo que requiere la consolidación de un mercado internacional de carbono ya sea a través de la imposición directa de impuestos al carbono, del uso de un sistema de permisos comercializables o directamente del establecimiento de regulaciones con este propósito, o incluso de un sistema híbrido que combine algunos de estos instrumentos (páginas 6 a 8).

Un párrafo del estudio señala algo esencial: “La decisión estratégica fundamental consiste entonces no en reconocer la necesidad de enfrentar aquello que ya es inevitable sino descubrir la mejor forma de hacerlo” (página 9).

El estudio plantea algunas políticas específicas para cumplir la meta de reducir de manera voluntaria las emisiones de gases de efecto invernadero en 50 por ciento hacia 2050, tomando como base 2000. Para afrontar un fenómeno como el cambio climático es necesario que nosotros, como legisladores, empecemos a identificar estrategias, políticas e instrumentos en el ámbito de nuestras atribuciones, que permitan desarrollar medidas efectivas de acción sobre el cambio climático. Necesitamos avanzar en la búsqueda de soluciones, tanto desde el punto de vista de la mitigación como desde el ámbito de la adaptación a las causas y efectos del cambio climático.

La citada Comisión Especial entró en funciones el 26 de enero del año en curso.

2. En el marco de la Conferencia Nacional sobre Cambio Climático, el 13 de mayo del año en curso en Puerto Vallarta, Jalisco, el diputado Eduardo Mendoza Arellano presentó propuesta para crear el parlamento verde en los ámbitos nacional e internacional, con el objeto de dar seguimiento a las discusiones y acuerdos que se tomen respecto del tema de cambio climático. Asimismo, planteó la conveniencia de contar con un consejo consultivo de la sociedad civil que permita crear un padrón de asociaciones interesadas en aportar y participar, que al tiempo puedan ser un punto de conexión entre la ciudadanía y los diputados.

Como parte de los acuerdos a los que se llegó durante el desarrollo de los trabajos de la mesa de diálogo “Resultados de la COP-15, el G5 y expectativas de la COP-16”, y la mesa de trabajo “Legislación internacional para la mitigación y adaptación al cambio climático”, en la que participaron funcionarios de diversos países, se encuentra la formación de un órgano interparlamentario deliberativo de análisis y coordinación, que en materia de cambio climático integran los Poderes Legislativos en el orden federal y local, estará representado por dos diputados del Poder Legislativo de cada entidad federativa, quienes tendrán el rango de propietario y suplente; la designación de estos cargos corresponderá a cada congreso local y a la Asamblea de Legislativa del Distrito Federal, procurando que los representantes de cada entidad federativa pertenezcan a comisiones que estén vinculadas al tema.

3. Como parte de los trabajos realizados en la Conferencia de las Partes COP 16 en Cancún, Quintana Roo, el tema del Cambio Climático, exige de un tratamiento integral, especializado y transversal ya que toca no sólo el aspecto ambiental sino también políticas públicas y presupuestales, al sector económico, social, industrial, empresarial, académico y científico entre otros para atender asuntos como la contaminación, sequía, deforestación, desabasto de agua, energía, calentamiento, etcétera.

Los asistentes a dicha conferencia internacional coinciden en que la creación y toma de medidas tendientes a la mitigación de los efectos nocivos que implica el cambio climático no representa un trabajo individual, sino que comprende una colaboración conjunta de todos los involucrados en este complicado tema.

El diputado Eduardo Mendoza propone que el proyecto de carácter nacional denominado “parlamento verde” sea integrado por legisladores locales, federales y senadores y que los trabajos de dicho órgano se lleven a cabo por comisiones ordinarias o especiales que estén involucrados en el tema; de esta manera la creación y el funcionamiento no implicarían una erogación presupuestal” pues se estaría trabajando a través de los congresos locales.

La creación de dicho parlamento surge de nueva cuenta a petición del legislador con motivo de las declaraciones manifestadas por la Secretaria de Relaciones Exteriores en el sentido de que México puede y debe mejorar el marco para reportar sus acciones y así fomentar la confianza y transparencia “pues no se trata sólo de conocer lo que los demás hacen sino de contribuir a que cada uno de nosotros evalúe sus propias acciones y las vaya adaptando paulatinamente”.

El diputado llama a cristalizar dicha propuesta, pues argumenta que no se pueden plantear a escala mundial políticas ambientales, mientras México no hace lo propio.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que promueva la creación de un “parlamento verde”, que tendrá por objeto analizar, discutir, coordinar e impulsar los esfuerzos que en materia de cambio climático se realicen en el ámbito público y privado, con el propósito de establecer y orientar desde el Poder Legislativo el establecimiento de una política de estado que restringa el uso de energías que produzcan gases de efecto invernadero y fomente el uso de energías renovables, así como dar seguimiento a las discusiones y a los acuerdos que se tomen respecto al cambio climático.

Segundo. El parlamento verde será un órgano interparlamentario deliberativo de análisis y coordinación, que en materia de cambio climático integran los Poderes Legislativos federal y locales, estará representado por dos diputados del Poder Legislativo de cada entidad federativa quienes tendrán el rango de propietario y suplente; la designación de estos cargos corresponderá a cada congreso local y a la Asamblea de Legislativa del Distrito Federal, procurando que los representantes de cada estado pertenezcan a comisiones vinculadas al tema. El Poder Legislativo federal nombrará a dos representantes por cada una de sus Cámaras. De esa manera, los recursos económicos para la creación y el funcionamiento no implicarían una erogación presupuestal, pues se estaría trabajando a través de los congresistas ya elegidos.

Tercero. La organización del parlamento verde recaerá en un presidente de mesa directiva y cuatro secretarios, que serán elegidos de entre sus miembros por votación mayoritaria; la titularidad de la mesa directiva será rotatoria. Se renovará cada seis meses, y podrá reelegirse si así lo aprueba la asamblea.

Cuarto. Dicho parlamento tendría entre sus principales funciones siguientes:

• Elaborar propuestas sobre políticas y normas que remitirá al Ejecutivo para que sean consideradas en el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de Energía.

• Establecer la posición de México en materia de acciones frente al cambio climático y el aprovechamiento y desarrollo de energías renovables, en la conferencias de las partes o en las de carácter internacional que sobre estos temas se lleven a cabo.

• Proponer de acuerdo con análisis previos la asignación de una partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de la cual podrán disponer las instituciones de educación superior para investigaciones que contribuyan al uso y producción de energías alternativas.

• Solicitar al Ejecutivo bimestralmente avances sobre los Programas Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, y Especial sobre Cambio Climático.

• Establecer en coordinación con las Secretarias de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales un programa de difusión para promover la aplicación de tecnologías, y el uso de equipos y aparatos que ahorren energía.

• Evaluar el funcionamiento de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, proponiendo al Ejecutivo federal las observaciones a que haya lugar, con referencia al cumplimiento de estrategias, objetivos, acciones y metas consideradas en el Programa para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

• Emitir opiniones con carácter de recomendación a efecto de que las dependencias y las entidades de la administración pública en cuyas atribuciones recaigan el estudio, análisis y ejecución de programas de uso eficiente de energías, realicen sus actividades dentro de parámetros de eficiencia administrativa y racionalidad del gasto público.

• Enviar una terna al Ejecutivo federal sobre la designación del titular de la Comisión Nacional para el uso Eficiente de la Energía.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2010.

Diputado Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la PGR, a la Secretaría de Salud y al DIF a fin de que implanten un programa integral de apoyo, atención y seguimiento para niños y adolescentes víctimas del narcotráfico, a cargo de la diputada Yolanda del Carmen Montalvo López, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Yolanda del Carmen Montalvo López, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, instruya a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Salud y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que implanten un Programa Integral de Apoyo, Atención y Seguimiento a niñas, niños y adolescentes Víctimas del Narcotráfico, al tenor de los siguientes

Consideraciones

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o., párrafos sexto y octavo se establece la obligación del Estado mexicano para garantizar la procuración y el cumplimiento de los derechos de las niñas y niños mexicanos. Asimismo, debemos mencionar que desde 1990, México, junto con otros países, promovió en el seno de la Organización de las Naciones Unidas la realización de la cumbre mundial en favor de la infancia, para abordar al más alto nivel los problemas de la niñez.

2. Que la Convención sobre los Derechos del Niño, establece en su artículo 19 que: “los países miembros tomarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas adecuadas para proteger al niño de toda forma de violencia física o mental, de traumatismos o de maltratos, de descuidos o trato negligente, de maltrato o de explotación, en especial del abuso sexual, mientras se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que esté a cargo del niño.”

3. Que además de haber ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, la legislación interna se ha venido actualizando, con la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2000, que en su Artículo 7, párrafo primero señala que: “corresponde a las autoridades o instancias federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, la de asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar...”

4. Asimismo, en el mismo artículo, párrafo segundo se señala que: “El gobierno federal promoverá la adopción de un Programa Nacional para la Atención de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, en el que se involucre la participación de las entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como del sector privado y social, para la instrumentación de políticas y estrategias que contribuyan al cumplimiento de la presente ley y garantice el mejoramiento de la condición social de niñas, niños y adolescentes.”

5. Que por otra parte, la citada ley en su artículo 19, establece que: “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones que permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, moral y social”. Mientras que en su Artículo 50, se establece que: “El Gobierno Federal promoverá la celebración de convenios de coordinación con los gobiernos del Distrito Federal, estados y municipios, a efecto de realizar acciones conjuntas para la procuración, protección y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes.”

6. Que en 1977 se creó por decreto presidencial, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a partir de la fusión del Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia (Impi) con la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez (IMAN). Es a partir de ese momento, que el DIF, es actualmente el organismo público encargado de instrumentar, aplicar y dar dimensión a las políticas públicas en el ámbito de la asistencia social.

7. Que siendo la Procuraduría General de la República, el órgano encargado de encarnar al Ministerio Público de la federación por mandato constitucional, y que por otra parte, debido a que en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República se establece en su artículo 6, numeral X, que: “Son atribuciones indelegables del Procurador General de la República, celebrar acuerdos, bases de colaboración, convenios y demás instrumentos jurídicos con autoridades federales y con los gobiernos del Distrito Federal, de los estados integrantes de la federación y municipios, organismos públicos autónomos, incluso constitucionales, así como con organizaciones de los sectores social y privado.”

8. Que en ese sentido, es importante señalar que durante los últimos diez años, la violencia contra niñas, niños y adolescentes en México, se ha elevado de manera sustancial debido a diversos factores sociales, económicos y de seguridad nacional, que vive nuestro país. Es de destacarse, la lucha contra el narcotráfico que México enfrenta y que ha dejado un alto porcentaje de niñas, niños y adolescentes muertos, ya que ha crecido su participación en actividades delictivas relacionadas con el crimen organizado.

9. Que los más afectados por la lucha contra el narcotráfico están siendo las niñas, los niños y los adolescentes, debido a que también se han visto involucrados en balaceras entre bandas y policías o por ser hijos de militares o policías, lo que ha derivado en que un gran número de ellos se han quedado sin sus padres, y con daños físicos y mentales, para lo cual es necesario que reciban apoyo con el objeto de que superen esa situación y logren reintegrarse a la sociedad.

10. Que según el Informe alternativo sobre protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 1 , relativo a la participación de niños en conflictos armados, elaborado y presentado por la Red por los Derechos de la Infancia en México 2 , Redim, en junio de 2010, reporta que el crimen usa a niños y adolescentes en toda la línea de producción y tráfico de drogas.

11. Que según informes de diversas organizaciones civiles y sociales mexicanas, la edad de reclutamiento, hace una década, se ubicaba entre los veinte y treinta y cinco años. Mientras que en la actualidad, ingresan a las filas de la delincuencia jóvenes de entre doce y quince años.

12. Que como podemos observar, este fenómeno es creciente y potencial en México, ya que de diciembre de 2006 a octubre de 2010, entre 1200 y 1600 menores murieron en la guerra contra el crimen organizado, mientras que alrededor de 40 mil niños han quedado huérfanos por la misma situación. Y que entre 2009 y 2010 se incremento en un 34 por ciento el número de adolescentes detenidos por su actividad en la delincuencia organizada, por portación de armas y delitos contra la salud 3 .

13. Que ante esta situación, es imprescindible e inaplazable, promover acciones y políticas púbicas claras y contundentes, que logren el cumplimiento de los objetivos de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y especialmente el cumplimiento de las observaciones realizadas al Estado Mexicano en el año 2006, por parte del Comité sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas 4 .

14. Que la violencia contra los niños y niñas producto de la guerra contra el narcotráfico ha ocasionado orfandad, abandono o tratamiento negligente; para después devenir en probables explotaciones y abuso sexual. A su vez, esta situación afecta la salud física y mental de los niños, perjudica su habilidad para aprender y socializar, y, más adelante, socava su desarrollo como adultos funcionales y en los casos más graves, puede conducir a la muerte.

15. Que de contar con un programa integral de apoyo, atención y seguimiento a niñas, niños y adolescentes víctimas del narcotráfico, nos permitiría atender este tema que sin duda repercute de manera negativa en el desarrollo social, económico, cultural y psicológico de los niños, niñas y adolescentes de México.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, instruya a la Procuraduría General de la República, a la Secretaria de Salud y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a efecto de que instrumenten las acciones y medidas necesarias tendentes a implantar un programa integral de apoyo, atención y seguimiento a las niñas, niños y adolescentes víctimas del narcotráfico”.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos del Distrito Federal, estados y municipios, para que en el ámbito de sus atribuciones, y una vez implantado dicho programa, instrumenten las políticas y estrategias necesarias que contribuyan a su cumplimiento, y garanticen el mejoramiento de la condición social de niñas, niños y adolescentes.

Notas

1 Según este Informe, se incrementan los homicidios y lesiones como expresión de la violencia contra la infancia en todos los estados del país. El clima de inseguridad en las áreas más pobres, zonas serranas y alejadas de posibilidades para empleo y educación. Especialistas calculan que aproximadamente treinta mil niños y adolescentes se encuentran en riesgo de ser utilizados y explotados por el crimen organizado para toda la línea de producción y tráfico de drogas.

2 Redim expresa en este informe, su preocupación por que el Estado mexicano ha avanzado muy poco en la recomendación número 7 del Comité, que insta a nuestro país a armonizar las leyes federales y estatales con la Convención y las normas internacionales pendientes, además de asegurar su aplicación así mismo, insta a asegurar que las leyes estatales sean compatibles con las Federales, en particular con la Ley para la protección de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes de 2000.

3 Datos obtenidos del ensayo temático “La infancia cuenta en México: La violencia contra niños, niñas y adolescentes en México. Miradas regionales”, publicado por la Red por los Derechos de la Infancia en México, México, 2010.

4 Aquí cabe destacar que una de las recomendaciones versa sobre el tema de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y que a su vez, en el inciso d), se recomienda expresamente al Estado mexicano, “Asegurar que los niños víctimas de esas prácticas reciban servicios adecuados para su tratamiento, recuperación y reintegración social”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2010.

Diputada Yolanda del Carmen Montalvo López

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 se consideren recursos para crear un fondo de apoyo social en la atención de urgencias no ambientales, a cargo del diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del PRI

Carlos Manuel Joaquín González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Salud, y de Trabajo y Previsión Social de la honorable Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 la creación, con carácter permanente, de un fondo de apoyo social durante la atención de contingencias no ambientales y que para el ejercicio presupuestal de 2012 se forme con un monto de 3 mil millones de pesos, proyecto que complementa la propuesta promovida al inicio de esta honorable LXI Legislatura por nuestro estimado y extrañado compañero, el finado diputado federal por Tamaulipas Rodolfo Torre Cantú, y de un grupo de compañeros de mi fracción, y que hoy se retoma adicionándole un componente de carácter social con base en los siguientes

Antecedentes

Como señala la propuesta para la creación del Fondo de Contingencia Epidemiológica, la presencia a nivel mundial de nuevos riesgos sanitarios y enfermedades emergentes que afectan a todos los sectores de la población, conforman un panorama complejo que requiere a corto plazo necesidades de servicios que van más allá de las acciones y programas con que actualmente cuenta el sistema nacionales de salud.

En México se puede advertir que los principales motivos de demanda de servicios se concentran en las enfermedades crónico-degenerativas infecciosas; estas últimas, al no ser tratadas a tiempo, evolucionan hasta convertirse en brotes epidémicos, pudiendo llegar a pandemias. Es importante señalar que la atención medica temprana y el contar con los recursos para los insumos, es de vital importancia para frenar la evolución de estos padecimientos y evitar o disminuir la mortalidad.

Algunos de los padecimientos que pueden generar una carga alta de enfermedades y urgencias epidemiológicas son el dengue, paludismo, cólera, hepatitis viral, tuberculosis, dengue, entre otros, y enfermedades prevenibles por vacunación tales como tosferina, tétanos y sarampión. Destacan además las urgencias epidemiológicas por infecciones nosocomiales, las cuales provocan problemas sociales, gastos catastróficos y altas tasas de mortalidad hospitalaria.

Cada año se atiende una gran variedad de urgencias epidemiológicas; en 2009 se atendió la emergencia epidemiológica por rickettsiosis, transmitida por garrapata que inició en Mexicali, Baja California, y que se extendió a otros estados como Sonora, Baja California Sur, Hidalgo y Tamaulipas. Asimismo, se atiende el incremento de tosferina, lo que constituye emergencias epidemiológicas que no pueden ser postergadas para su atención.

Por otro lado, la influenza A (H1N1) representó un verdadero reto para el sistema de salud para nuestro país y diversos países en todos los continentes que se han visto afectados por la presencia de brotes epidémicos, convirtiéndose en un problema mundial que ha dejado en evidencia, en muchos de los casos, la escasa capacidad de respuesta ante situaciones catastróficas.

El virus que se registró en el mes de marzo del año pasado, afecto a 168 países con unos 209 mil 438 casos y más de 2 mil 185 defunciones en el mundo .

En este sentido, nuestro país tuvo que enfrentar este problema inédito con el surgimiento del virus con potencial y evolución desconocidos, por lo que sin duda se buscó en todo momento proteger la salud y la vida de los mexicanos por encima de cualquier consideración económica.

En lo que respecta a México, el año próximo pasado, la Secretaría de Salud confirmó 22 mil 363 casos de influenza A (H1N1) y un lamentable saldo de 199 personas fallecidas por dicha causa.

Los impactos económicos fueron devastadores; y aun ahora no se sabe realmente su dimensión. En el sector turístico de México, los resultados obtenidos durante 2009 fueron el reflejo de una de las peores crisis turísticas de las que se tenga memoria. El efecto combinado de la recesión económica mundial, la crisis sanitaria provocada por el virus A (H1N1) que enfrenta el país, ocasionaron una profunda erosión al sector la que, de acuerdo con las estimaciones derivadas del estudio elaborado por la Universidad Anahuac del Norte en coordinación con el Consejo Nacional Empresarial Turístico, alcanzó una pérdida de alrededor de 9 mil millones de dólares en dicho año, lo que es equivalente a una disminución por turismo, sin precedente, de alrededor de 1 por ciento en el producto interno bruto nacional.

Las secuelas de ello siguen vigentes y aunque comparativamente con 2009 se registran crecimientos en los primeros 7 meses del año en las llegadas de turistas internacionales (5.6 por ciento) y en los ingresos por visitantes internacionales (8.1 por ciento), no puede ignorarse que en estas mismas variables nos encontramos por debajo de 2008 en 1.6 por ciento y 10.8 por ciento, respectivamente. 1

Según lo publicado en el Informe de Gobierno 2008-2009 de la Secretaría de Turismo federal, de enero a junio de 2009 ingresaron al país 42.6 millones de visitantes internacionales, cifra que considera la afluencia de 10.7 millones de turistas internacionales, es decir, personas que al menos pernoctaron una noche en nuestro país, sea en el interior o en la franja fronteriza, y 31.9 millones de excursionistas internacionales, visitantes sin pernocta, Cabe mencionar que la alerta sanitaria por influenza presentó el mayor impacto durante mayo y se extendió, aunque con menor intensidad, a junio, por lo que los viajes internacionales disminuyeron significativamente.

Los ingresos por visitantes internacionales a México en los primeros seis meses de 2009 sumaron 6 mil 48 millones de dólares, de éstos, 83 por ciento (5 mil 19 millones de dólares) correspondió a turistas al interior y fronterizos, y el restante 17 por ciento (mil 29 millones de dólares) a excursionistas fronterizos y en crucero. 2

El impacto en la planta laboral fue enorme y sus consecuencias en la economía de las familias fue más grave aún, y ello sin duda se presentó con mayor fuerza en los destinos turísticos de mayor presencia a nivel nacional y con impacto en el escenario internacional como fue el caso de destinos como Quintana Roo, Jalisco, Baja California Sur, por mencionar sólo algunos de ellos.

En Quintana Roo, el panorama fue caótico para Cancún, la Riviera Maya, Isla Mujeres, Cozumel, Tulum y Majahual, destinos turísticos internacionales de gran envergadura y que representan 90 por ciento de la población económicamente activa de la entidad.

El reciente brote de influenza ha ocasionado que las empresas navieras, operadoras de cruceros, hayan anunciado el cese de arribos a los puertos de Cozumel y Mahahual, al menos en mayo, junio y julio, adicionalmente varias líneas aéreas han anunciado la restricción de vuelos hacia Cancún, lo cual ha iniciado una escalada de cancelaciones masivas de reservaciones hoteleras de hasta el 40 y el 50 por ciento de los hoteles de 4 y 5 estrellas y gran turismo.

Según datos de las Secretarías de Turismo federal y estatal (Sectur y Sedetur), se estiman reducciones de hasta 70 por ciento en el arribo de cruceros y 60 por ciento de llegadas de turistas, lo que impactará de la siguiente manera:

Este panorama hace ver que se estima que la afluencia de turistas no supere los 5 millones de visitantes en 2009, lo cual, sin lugar a dudas, impactará en la economía del estado.

Aparejado con el fenómeno de la reducción en el flujo de visitantes, se estima la drástica caída en la captación de divisas tal como lo ilustra la siguiente tabla:

En vista de lo expuesto, y ante el riesgo que implica poner en riesgo los 269 mil 636 empleos formales en el estado, se estima la posibilidad de que hasta un 30 por ciento de ellos corran el riesgo de desaparecer, es decir, cerca de 90 mil plazas laborales:

IMSS

Datos a marzo de 2009

Trabajadores asegurados permanentes: 227 mil 147.

Trabajadores asegurados eventuales urbanos: 42 mil 489.

Total de trabajadores: 269 mil 636.

Con todo lo anterior, sólo se pretende dejar en claro que los efectos de la influenza A (H1N1), aunada a la crisis económica, significaron, además de la lamentable pérdida de vidas, muchos miles de millones de pesos y de empleos, de afectación de los niveles de vida y elemento de tensión social, principalmente afectando a quienes viven del turismo.

La Secretaria de Trabajo y Previsión Social del gobierno federal diseño el Programa de Apoyo Emergente para los Trabajadores del Sector Servicios, que vieron afectados sus ingresos, con motivo de las medidas adoptadas para combatir la epidemia de influenza ocasionada por el virus A (H1N1), y de la desaceleración de la economía nacional, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009.

La población objetivo de dicho programa eran los trabajadores que desempeñaban actividades dentro del sector servicios, particularmente aquellas que se encontraban vinculadas con el turismo, y que vieron afectados sus ingresos en las actividades que realicen, como consecuencia de los fenómenos de coyuntura anteriormente descritos.

Las cifras oficiales dicen que tan solo en el estado de Quintana Roo, se aplicaron recursos por 135 millones 716 mil 32.50, beneficiando a 39 mil 515 personas, aun y cuando fue un esfuerzo institucional importante, fue tardío e insuficiente.

Por ello es conveniente invertir 3 mil millones, como aquí se pretende, para acciones y apoyos disponibles oportunamente para mitigar de forma sustancial los efectos sociales de contingencias epidemiológicas como la vivida.

En ello radica la importancia de trabajar en la creación de mecanismos de respuesta inmediata que aseguren un rápido acceso a recursos económicos, que permitan implantar medidas de prevención y mitigación por parte de los gobiernos estatales, así como para apoyar la capacidad de la salud pública nacional.

De ahí la necesidad de recursos para hacer frente a las consecuencias sociales de las crisis epidemiológicas.

Por todo lo anterior, se propone la creación de un fondo de apoyo social durante la atención de urgencias no ambientales en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012, que cuente con recursos suficientes y oportunos y que vayan más allá de las becas de empleo y prevea los costos elevados que representa la pérdida de las fuentes de ingresos familiares .

Por lo expuesto, y en ejercicio de mis atribuciones, pongo a consideración de esta LXI Legislatura el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Trabajo y Previsión Social de la honorable Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, la creación, con carácter permanente, de un Fondo de Apoyo Social, durante la atención de urgencias no ambientales, con un monto de 3 mil millones de pesos que pueda ser aplicado en los destinos turísticos en los que se presenten contingencias en materia de salud que afecten severamente las fuentes de trabajo de los empleados que laboren directa e indirectamente para el sector turístico.

Notas

1 Panorama de la actividad turística en México, Información para la toma de decisiones de los empresarios, Consejo Nacional Empresarial Turístico y Universidad Anáhuac del Norte, número 1, México, DF, 1 de octubre de 2010.

2 Informe de Gobierno, Secretaría de Turismo federal, 2008-2009.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2010.

Diputado Carlos Manuel Joaquín González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Tamaulipas a suspender la publicación y entrada en vigor de las reformas recién aprobadas por el Congreso local a la Ley de Tránsito y Transporte, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por los que por el que se exhorta al gobernador del estado de Tamaulipas a suspender la publicación y entrada en vigor de las recientes reformas aprobadas por el Congreso del estado a la Ley de Tránsito y Transporte del estado de Tamaulipas con base en las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con las autoridades, en Tamaulipas circulan alrededor de 1 millón 70 mil unidades legalmente documentadas, aunado a un promedio de 10 mil más con reporte de robo en otros estados.

Con motivo de los recientes ilícitos cometidos por el crimen organizado utilizando vehículos sin placas o de procedencia extranjera, es que el Ejecutivo estatal determinó presentar ante el Congreso del estado una iniciativa de ley que reforma diversas disposiciones a la Ley de Tránsito y Transporte del estado de Tamaulipas.

Con las modificaciones a la ley se pretende reducir los índices delictivos, no sólo con el robo de unidades, sino los delitos que se cometen abordo de éstas. Según reportes, tan sólo entre enero y septiembre del presente año, se reportó a la Procuraduría General de Justicia del estado el robo de seis mil 16 vehículos.

En atención a la iniciativa del Ejecutivo estatal, la Comisión de Estudios Legislativos del Congreso del estado de Tamaulipas aprobó las reformas a los artículos 9, 10, 12 y 14 de la Ley de Tránsito y Transporte de la misma entidad.

De igual modo, en sesión plenaria del Congreso del estado se votó y aprobó, el pasado viernes 26 de noviembre del año en curso, el proyecto de decreto que reforma artículos de la Ley de Tránsito y Transporte del estado de Tamaulipas, mediante el cual otorga facultades a las autoridades viales para quitar de circulación los vehículos “chocolates” y sin placas que circulan en Tamaulipas.

Al entrar en vigor el decreto de reformas, se amplían las facultades a las autoridades policiales y las administrativas en la materia, y retirar de circulación a todo vehículo que no cuente con placas, carros extranjeros que no tengan documentación legal en el territorio y unidades que no tengan comprobada la legitima propiedad en el territorio tamaulipeco.

Asimismo, los propietarios de vehículos en Tamaulipas estarán obligados a registrar sus unidades ante la Secretaría de Seguridad Pública, presentando los documentos de rigor como placas, engomados y pago de revistas mecánicas.

El proyecto de decreto da el visto bueno a las autoridades viales a retirar de la circulación los automotores que circulen sin placas o permisos vencidos que vienen del los Estados Unidos.

Los vehículos registrados en el extranjero podrán circular en el estado durante el tiempo concedido a sus propietarios por las autoridades migratorias y aduanales mexicanas, siempre que reúnen los demás requisitos previstos en la ley.

Por lo que hace a vehículos con placas de otro estado, cuyo propietario se establezca en Tamaulipas, será válido el registro por el periodo vigente y, una vez que concluya, se deberán registrar en Tamaulipas.

En efecto, ahora los artículos 12 y 14 del referido ordenamiento legal disponen a la letra lo siguiente:

Articulo 12. Los vehículos automotores registrados en el extranjero podrán circular en el estado durante el tiempo concedido a sus propietarios por las autoridades migratorias y aduanales mexicanas siempre que reúnan los demás requisitos previstos en esta ley o su reglamento.

Cualquier autoridad comprendida entre las instituciones policiales, en términos del artículo 21 de la Constitución General de la República, podrá requerir a los conductores de los vehículos automotores la presentación de los documentos inherentes a la identificación de éste, así como los relativos a la identidad de su conductor.

Articulo 14. Es obligación de las autoridades de tránsito poner a disposición de la dependencia correspondiente todo vehículo automotor del que no se acredite la legítima propiedad, así como también impedirán la circulación de aquéllos vehículos automotores que no cumplan con las previsiones del artículo 9 de la presente ley.

Una vez satisfechos dichos requisitos, se autorizará su circulación, previo pago de las infracciones a que se hiciera merecedor.

Ahora bien, consideramos que las reformas que el Congreso del estado hizo a la Ley de Tránsito –que autorizan a cualquier autoridad a decomisar autos americanos y sin placas–, sólo habrán de aumentar la corrupción que existe entre las corporaciones estatales y municipales.

El hecho es que de publicarse esta ley provocaría que cualquier ciudadano pueda ser víctima de extorsiones por parte de tránsitos, policías preventivos, estatales y federales, ya que tendrán un elemento para obligar a los conductores de vehículos americanos a darles dinero para evitar que se los decomisen; aunado a lo anterior se encuentra la proximidad de la temporada navideña en la cual miles de connacionales regresan a territorio nacional a pasar un tiempo con sus familias y evidentemente lo harán en vehículos americanos, los cuales muchas de las veces son víctimas de fraudes lo que implica que no cuenten con permisos de internación expedidos por autoridades competentes.

En virtud de lo anterior, es que estimamos prudente que las reformas aprobadas por el Congreso del estado de Tamaulipas sean suspendidas en cuanto su publicación y entrada en vigor, ya que de lo contrario los automovilistas tamaulipecos, así como de otros estados se verán obligados a repartir parte de sus aguinaldos entre los elementos de policía y tránsito que los detengan.

No omito mencionar que, si bien es cierto, consideramos que la idea promovida por parte del gobierno estatal es buena, en tanto que pretende evitar la comisión de ilícitos con vehículos irregulares, también es cierto que las condiciones no están dadas para desarrollarla con legalidad, ya que tan sólo en Ciudad Victoria hay más de 35 mil automovilistas que no están al corriente del pago de sus derechos vehiculares y 3 mil son vehículos americanos.

Todas estas personas se convertirán en las principales víctimas de los tránsitos, quienes podrían actuar con toda impunidad amparados mediante esta reforma que se hizo de la ley.

En mérito de lo expuesto es que estimamos que sería necesario realizar un análisis muy minucioso y determinar las consecuencias que de hecho podrían presentarse, con anticipación a que entren en vigor las reformas aprobadas al multicitado ordenamiento legal, mediante su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Por lo expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Primero. Se exhorta al gobernador del estado de Tamaulipas a suspender la publicación y entrada en vigor de las recientes reformas aprobadas por el Congreso del estado a la Ley de Tránsito y Transporte del estado de Tamaulipas, a fin de evitar extorsiones a nuestros connacionales durante el periodo de invierno 2010-2011 por parte de policías estatales y municipales.

Segundo. Se exhorta a las autoridades competentes del estado de Tamaulipas a realizar un análisis exhaustivo y minucioso que permita determinar las consecuencias reales y de hecho que pudieran presentarse con la entrada en vigor de las reformas aprobadas recientemente a la Ley de Tránsito y Transporte.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2010.

Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso y al gobernador de Querétaro a garantizar la plena vigencia y observancia del estado de derecho, y reponer el procedimiento de elección de consejeros del Instituto Electoral de la entidad, suscrita por los diputados Miguel Martínez Peñaloza, María Marcela Torres Peimbert y María Sandra Ugalde Basaldúa, del Grupo Parlamentario del PAN

De conformidad con los artículos 58, fracción I, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, quienes suscriben, Miguel Martínez Peñaloza, María Marcela Torres Peimbert y María Sandra Ugalde Basaldúa, diputados a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, y los demás firmantes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

1. El 31 de octubre de 2010 fue publicada por la LVI Legislatura del Congreso del estado de Querétaro la convocatoria para la elección de consejeros ciudadanos del Instituto Electoral de Querétaro.

2. De las siete posiciones que integran el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro –órgano superior de dirección– sólo cuatro debían ser electas y de tres sus actuales ocupantes podían ser reelectos.

3. El artículo 17, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, faculta a la Legislatura para que, con el voto calificado de las dos terceras partes de 25 diputados, elijan a los consejeros electorales; las dos terceras partes de 25, son 17 y sólo 15 diputados participaron en la elección de los consejeros.

4. El pasado martes 30 de noviembre de 2010, feneció el plazo legal para que el Congreso queretano eligiera la nueva integración del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro.

5. Sin embargo, al filo de la media noche de ese martes 30 de noviembre de 2010 quince diputados encabezados por el Partido Revolucionario Institucional procedieron a elegir a siete nuevos consejeros electorales, violentando la Constitución local y la Ley Electoral del estado de Querétaro, ya que, sin quórum en la sesión de pleno, y sin mayoría calificada, de diecisiete votos, lo aprobaron sólo con quince.

6. Que, a no dudarlo, se han violentado flagrantemente no sólo la Ley Electoral del Estado de Querétaro y la Constitución Política del Estado de Querétaro, sino el principio republicano fundamental de democracia contenido en el artículo 40 de nuestra Carta Magna, que privilegia el consenso político al atropello por parte de la fuerza política gobernante.

7. La aprobación de la nueva integración del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, en tales condiciones de ilegalidad, desdeña al Estado democrático y atiende a intereses inconfesables propios de una época antidemocrática y de fraude electoral que no debe volver.

8. Una aprobación de la nueva integración del órgano máximo de dirección del Instituto Electoral de Querétaro en tales condiciones de ilegalidad, raya en lo delictivo al otorgar nombramientos a quienes carecen de los requisitos para, ello incurriendo en desempeño irregular de funciones públicas, previsto en el artículo 263, fracción VIII del Código Penal del Estado, e inclusive hace promoción del delito ya que incita a los consejeros ilegalmente designados, a incurrir en ejercicio indebido del servicio público, previsto en el artículo 261, fracción I del Código Penal de nuestra entidad.

9. La madrugada de este miércoles 1 de diciembre de 2010 será recordada por los ciudadanos queretanos como la fecha en que el Partido Revolucionario Institucional decidió violar la Constitución del estado, en aras de llevarse el “carro completo” del Instituto Electoral de Querétaro, para asegurar la subordinación del árbitro electoral y continuar la estrategia nacional de desmantelamiento de las instituciones garantes de la democracia.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura exhorta al honorable Congreso del Estado de Querétaro y al titular del Poder Ejecutivo del Estado, licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa a garantizar en la entidad la plena vigencia y observancia del Estado de derecho, y se reponga el procedimiento de elección de consejeros electorales para que sea una mayoría calificada de diputados la que apruebe la nueva integración del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2010.

Diputadas: Miguel Martínez Peñaloza (rúbrica), María Marcela Torres Peimbert, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a destinar recursos de la Iniciativa Mérida para la rehabilitación social, a cargo del diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, fundamentado en las potestades conferidas en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes

Considerandos

1. Como bien sabemos, la relación binacional entre México y Estados Unidos en materia de seguridad ha crecido en los últimos años, a su vez, la declaración de los estados, contra la lucha al crimen organizado se incrementando de manera significativa.

En ocasiones pasadas, al hablar en esta misma tribuna de este tema, mencioné que México ha puesto un interés mayor al que Estados Unidos ha demostrado en la lucha de la delincuencia organizada trasnacional, el incremento en los índices de violencia, la psicosis social y la escasa lucha contra las adicciones, se agrava cada día en nuestro país.

2. La Iniciativa Mérida surge en medio del compromiso con la cooperación bilateral estratégica, táctica, concertada y necesaria para combatir de manera efectiva la actividad criminal, particularmente la amenaza que representa para nuestra juventud y para lograr una cooperación regional e internacional más amplia necesaria para ser exitosos en la lucha de este tema.

3. En diversas ocasiones, se han reunido los gabinetes de seguridad de ambos países, para establecer los avances y la evaluación sistemática de esta Iniciativa, el encuentro que sostuvieron en marzo de 2007, entre Felipe Calderón y George W. Bush en marzo de 2007 en Mérida, establecieron como una prioridad urgente la ampliación de la cooperación bilateral y regional para alcanzar los objetivos establecidos en esta misma iniciativa.

Entre los objetivos de la Iniciativa Mérida se encuentran 1) reforzar los esfuerzos internos de procuración de justicia en México; 2) reforzar los esfuerzos internos de procuración de justicia en Estados Unidos; y 3) ampliar la cooperación bilateral y regional dirigida a la amenaza que representa la delincuencia trasnacional organizada.

4. Sabemos que la iniciativa Mérida, cumple parcialmente sus objetivos, asimismo, sabemos que los esfuerzos de ambas naciones se someten a revisiones anuales, tales han sido las reuniones del pasado agosto de 2009, realizada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el pasado mes de mayo del 2010 en el marco de la visita del Presidente Calderón a la Casa Blanca.

Sin embargo, aún hasta ahora, no se ha previsto un acuerdo para que la iniciativa Mérida, contemple un recurso encaminado a la rehabilitación y la recuperación en las adicciones a la drogadicción.

Según datos de la propia Secretaría de Gobernación, el Gobierno de los Estados Unidos de América, solicitó a su Congreso recursos adicionales para el año fiscal 2008, por 500 millones de dólares, para reforzar el trabajo que México está haciendo en la lucha de combate al narcotráfico, aunado al presupuesto que en nuestro País se destina para dicho efecto. Estos recursos son parte de la solicitud global multianual que se hizo por 1.4 mil millones de dólares.

De este universo presupuestal, aún no se alcanza a vislumbrar una parte de recursos importante, destinada a la rehabilitación y recuperación de la drogadicción, motivo de la presente proposición.

Según el documento que existe en la Secretaría de Gobernación, sobre la iniciativa Mérida, se establece que se ha consolidado una visión estratégica e integral para los próximos años, que asegura la continuidad de las acciones bilaterales, que actualmente se desarrollan, esta visión comprende acciones en cuatro grandes áreas estratégicas:

• Desarticulación de las organizaciones delictivas, mediante el debilitamiento de sus redes, estructuras y capacidades logísticas, operativas y financieras;

• Adecuación del marco para la seguridad y justicia y el fortalecimiento de las instituciones públicas de ambos países;

• Desarrollo de una frontera segura, que procure la seguridad de los ciudadanos e interrumpa los flujos de drogas, amas, dinero y mercancías ilegales; y

• Fortalecimiento de la cohesión social de las comunidades de los dos países favoreciendo el desarrollo integral de los individuos, incluyendo el apoyo a los esfuerzos para atender las causas de raíz del crimen y la reducción del uso de drogas ilícitas.

Es precisamente en este último punto en dónde recae, la responsabilidad ambos gobiernos para destinar recursos suficientes para el combate a las adicciones y la rehabilitación, es necesario que nuestro país voltee la mirada hacia este tema, es pertinente que ambos países dediquen esfuerzos e interés al principal problema que es el consumo y la rehabilitación de la adicción del uso de drogas.

Con antelación presenté ante esta tribuna, un exhorto al Ejecutivo Federal, para que se implementara un programa dirigido a la rehabilitación de ex convictos deportados en México, de igual forma, solicité un registro de estos ex convictos que contenga datos de información biométrica, identificación de nacionalidad y nivel de peligrosidad, todo lo anterior encaminado como complemento al combate en contra del crimen organizado.

La actual proposición, es justamente para exhortar al Ejecutivo federal, para que destine recursos provenientes de la iniciativa Mérida, para el diseño e implementación de un programa de rehabilitación y reinserción social, encaminado al combate en contra de las adicciones.

Es por ello, que me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a destinar recursos suficientes, provenientes de la colaboración binacional, a través de la Iniciativa Mérida, a efecto de implementar un programa de rehabilitación y reinserción social, con la finalidad de combatir la adicción a las drogas ilícitas.

Señor presidente le solicito de la manera más atenta que la presente se inserte de manera íntegra, en la gaceta parlamentaria y en el diario de los debates.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 9 de diciembre de 2010.

Diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados a destinar un porcentaje del tiempo fiscal y oficial asignado al Estado por los medios de comunicación para difundir derechos y deberes de los niños y de los adolescentes; y a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía, a promoverlos de modo permanente por el Canal del Congreso, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal de la LXI Legislatura, María Joann Novoa Mossberger, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Consideraciones

Los derechos del niño son aquellos que poseen los niños, niñas y adolescentes; son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia. Las niñas y niños son objeto de derechos especiales dirigidos a brindarle protección, salud, hogar, entre otras, además de cumplir con sus necesidades específicas. Es nuestra obligación respetar, garantizar y orientar hacia el cumplimiento de sus derechos.

La Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño los consagran en el ámbito internacional, formando parte nuestro país de dicho documento, que reconoce a los niños como sujetos de derecho, y convierten a los Estados y a los adultos en titulares de la obligación de respetarlos y hacerlos respetar.

A través de la historia tenemos la primera Declaración de los Derechos del Niño, y la llamada Declaración de Ginebra de 1924, aprobada ese mismo año. Para 1948 las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual incluía los derechos del niño. Ante ello, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó en 1959 una Declaración de los Derechos del Niño, la cual contenía 10 principios considerados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. A partir de 1979, con ocasión del Año Internacional del Niño, se comenzó a discutir una nueva declaración de derechos del niño, fundada en nuevos principios. Tras este debate, en 1989 se firmó en la ONU la Convención sobre los Derechos del Niño y dos protocolos facultativos que la desarrollan:

• Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía;

• Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en los conflictos armados.

Entre los derechos del niño tenemos los siguientes:

1. Los niños tienen derecho a la vida.

2. Los niños tienen derecho al juego.

3. Los niños tienen derecho a la libertad y a compartir sus puntos de vista con otros.

4. Los niños tienen derecho a dar a conocer sus opiniones, entre otros más.

A partir de la promulgación de la convención se ha ido adecuando la legislación interna a los principios contemplados en la declaración. Sin duda, es un instrumento de mayor relevancia en esta materia, ratificada por México en 1990.

La protección integral de los derechos de la infancia en nuestro país está protegida por el artículo 4o.Constitucional, así como por un conjunto de leyes y disposiciones jurídicas de aplicación tanto federal como estatal, sobre todo a raíz de la aprobación de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Asimismo, la Comisión Especial para la Niñez ha trabajado en medidas que van desde la asignación de presupuestos suficientes para la aplicación de políticas públicas, aunado a reformas dentro del marco legal, ya que como legisladores nos encontramos comprometidos en dar seguimiento al cumplimiento de los derechos de los niños que se encaminen a la formulación de una política pública que articule las acciones del gobierno, de la sociedad civil en su conjunto, de la iniciativa privada, de las organizaciones, todo ello en los ámbitos federal, estatal y local en beneficio de la niñez.

Ante los compromisos que adquirimos como diputados federales, hemos correspondido pugnando por un mejor presupuesto para este sector de la población, entre ellos, el poder contar con un diagnostico nacional sobre la niñez, además de contar con una línea de tres dígitos con la finalidad de crear medios rápidos y accesibles para la denuncia del maltrato y la violencia hacia la niñez, entre otros.

La Cámara de Diputados cuenta actualmente con el Canal del Congreso, el cual tiene como función la difusión e información que se genera en este recinto legislativo de acuerdo a nuestra Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 130

1. El Congreso de la Unión hará la más amplia difusión de los actos a través de los cuales las Cámaras lleven a cabo el cumplimiento de las funciones que la Constitución y esta ley les encomiendan.

Artículo 131

1. El Congreso de la Unión, para la difusión de sus actividades y de acuerdo con la legislación en la materia, contará con el canal de televisión que le asigne la autoridad competente, de conformidad con las normas técnicas aplicables.

2. El canal tiene por objeto reseñar y difundir la actividad legislativa y parlamentaria que corresponda a las responsabilidades de las Cámaras del Congreso y de la Comisión Permanente, así como contribuir a informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los problemas de la realidad nacional vinculadas con la actividad legislativa.

Por lo anterior, solicitamos que por medio del Canal del Congreso sean difundidos de manera permanente los derechos de las niñas y niños, en cumplimiento, tanto de la Convención de los Derechos de los Niños, como de nuestra Constitución y leyes aplicables.

Asimismo, y conforme al artículo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, supervisa la administración y la distribución de los tiempos fiscales otorgados por las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal. Dicha distribución se realiza en la proporción siguiente: 40 por ciento al Poder Ejecutivo Federal; 30 por ciento al Poder Legislativo, que se distribuye en partes iguales a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores; 10 por ciento al Poder Judicial; y 20 por ciento a los entes autónomos.

Establece que los “tiempos oficiales sólo se pueden destinar a actividades de difusión, información o promoción de los programas de las dependencias o entidades, así como a las actividades análogas que prevean las leyes aplicables”.

En tal virtud exhortamos al Ejecutivo federal para que, del 40 por ciento de tiempo que tiene asignado, destine por lo menos un 5 por ciento cada año para que la población reciba información sobre los derechos de las niñas y los niños, basándose en los programas que para tal fin cuenta la Secretaría de Educación.De igual forma, exhortamos al Poder Legislativo federal, en particular a la Cámara de Diputados, para que, del 15 por ciento que le corresponde, designe 2 por ciento anual de su tiempo a los temas mencionados en el párrafo anterior.

Es importante destacar que la Ley General de Educación, en el artículo 7o., prevé que en la educación que impartan el Estado (organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios) deberá difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercitarlos.

Es nuestra responsabilidad reconocer y difundir de manera permanente, la existencia de los derechos que son propios de las niñas, niños y adolescentes, en el marco del respeto recíproco que debe regular las relaciones entre los niños y adultos. Nuestra responsabilidad es que los niños identifiquen, reconozcan y realicen sus derechos, relacionándolos con la satisfacción de sus necesidades generales y específicas.

De ahí la importancia de que la población en general reciba este tipo de información de manera constante, lo cual sin duda, ayudará a reforzar las formas de protección con que cuentan para ejercerlos y es a través de la difusión de programas de radio y televisión, como función social, una de las formas de contribuir al fortalecimiento de la educación de la infancia y a que prevalezca el principio del interés superior del niño.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a efecto de que a través del Canal del Congreso se difundan de manera permanente los derechos de los niños, con la finalidad de dar cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Segundo. Se exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo y a la Cámara de Diputados a fin de que del tiempo fiscal asignado por ley que otorgan al Estado los medios de comunicación, se designe el 5 por ciento, en el caso del Poder Ejecutivo, y el 2 por ciento, para la Cámara de Diputados, a la promoción y difusión de los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes, así como la forma de ejercerlos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2010.

Diputada María Joann Novoa Mossberger (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a iniciar los trámites correspondientes ante el GDF y, en particular, ante la delegación Venustiano Carranza para trasladar al Palacio Legislativo de San Lázaro el monumento del doctor Miguel Ramos Arizpe, a cargo del diputado Héctor Fernández Aguirre, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los que suscriben, integrantes de la diputación federal por Coahuila del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en voz de Héctor Fernández Aguirre, de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, presentan a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A solicitud del Congreso de la Unión, el 16 de junio de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara 2010 Año del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana.

Para ello se creó la comisión organizadora, encargada de preparar un programa base que contenga la relación de encuentros, acciones, expresiones, homenajes, calendarios cívicos, conmemoraciones y demás proyectos recomendables en todo el país, que deberán llevarse a cabo desde la entrada en vigor del presente decreto hasta el último día de 2010.

Las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras del Congreso de la Unión presentaron sendos puntos de acuerdo para crear una comisión especial que participará activa y coordinadamente con las autoridades federales, estatales, municipales, instituciones educativas y organizaciones civiles encargadas de organizar dichos festejos.

El 30 de octubre de 2007, el Senado de la República aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se crea la Comisión Especial para los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana, formalmente instalada el 15 de noviembre del mismo año.

El 18 de diciembre de 2006, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se constituyó la Comisión Especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución, que quedó formalmente instalada el 29 de marzo de 2007.

A la fecha siguen vigentes estas comisiones en ambas Cámaras.

Los magnos festejos nacionales nos hacen recordar las proezas de los valientes hombres y mujeres que dieron la vida por los ideales de libertad que dan razón y sustento a la patria de hoy. Uno de estos grandes héroes fue el doctor, presbítero y diputado federal don José Miguel Ramos de Arizpe, conocido también como el “Padre del Federalismo” y declarado Benemérito de la Patria por el Congreso Nacional.

Por su carácter heroico y progresista, los integrantes de la coordinación de Coahuila del Grupo Parlamentario del PRI y la presidencia de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, dentro del marco de estos festejos, deseamos realizar un homenaje permanente al doctor Ramos Arizpe. Por lo mismo acudimos a esta soberanía a fin de solicitar su apoyo para que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados evalúe la posibilidad de iniciar los trámites correspondientes ante el gobierno del Distrito Federal y en particular ante la delegación Venustiano Carranza para trasladar el monumento del doctor Miguel Ramos Arizpe situado en la avenida Eduardo Molina, esquina con calle Emiliano Zapata al Palacio Legislativo de San Lázaro, en reconocimiento de su labor legislativa, y en particular de sus actividades en pro del federalismo en su época, plasmado en el Acta Constitutiva del naciente imperio mexicano en 1824 y garantizada en la Carta Magna vigente.

Por tal motivo acudimos hoy a esta tribuna a fin de solicitar su respaldo para la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a iniciar los trámites correspondientes ante el gobierno del Distrito Federal, y en particular ante la delegación Venustiano Carranza, para trasladar el monumento del doctor Miguel Ramos Arizpe al Palacio Legislativo de San Lázaro.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2010.

Diputados: Héctor Fernández Aguirre, César Octavio Pedroza Gaitán, Héctor Franco López, Francisco Saracho Navarro, Noé Fernando Garza Flores, Tereso Medina Ramírez, Melchor Sánchez de la Fuente, Miguel Ángel Riquelme Solís, Hugo Héctor Martínez González, Diana Patricia González Soto (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y a sus delegaciones, al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y a los organismos auxiliares de sanidad vegetal a observar y hacer cumplir el acuerdo por el que se dan a conocer las medidas fitosanitarias para controlar el huanglogbing y su vector, a cargo de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Alba Leonila Méndez Herrera, diputada de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Huanglongbing (Hlb), conocida como enverdecimiento, es la enfermedad más devastadora de los cítricos, ocasionada por la bacteria Candidatus liberibacter , la cual se disemina por el psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri), el cual se detectó en México desde 2002.

Tiene un amplio rango de hospedantes en especies y variedades citrícolas. Algunos autores, como Manicom y Van Vuren (1990), afirman que los síntomas se expresan más severamente en naranja dulce, mandarinas y tangerinas, y moderados en toronjas, limones y naranja agria.

Sus síntomas son progresivos, que inician desde el aclaramiento y engordamiento de nervaduras de las hojas, pasando por fuertes floraciones con un pobre cuajado de frutos y su inminente caída del árbol. Seguidamente, baja la cantidad y calidad del jugo, hasta secarse finalmente la planta y morir.

Por ello la Hlb es considerada como una de las peores enfermedades que afectan a los cítricos en el mundo debido a los efectos sobre la productividad y por la rapidez con que se dispersa.

Por mencionar algunos ejemplos de su capacidad destructiva, en Sao Paulo, Brasil, de 2004 a la fecha se han eliminado cinco millones de árboles. En Asia acabó con 53 millones de hectáreas; en África, con 10 millones; y en Estados Unidos de América, con 450 mil. Alrededor de 64 millones de plantas han tenido que ser sacrificadas en estos países, según datos del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

En nuestro país se ha detectado la bacteria en algunas regiones, por lo que representa una seria amenaza para las 549 mil hectáreas de cítricos cultivados distribuidas en 23 estados: Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Campeche, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, lo que equivale a la producción de 6.9 millones de toneladas anuales, con un valor de 9 mil 600 millones de pesos, de los cuales 7 estados ya están infectados: Yucatán, Quintana Roo, Nayarit, Jalisco, Campeche, Colima y Sinaloa.

En la región del Pacífico, en los estados de Nayarit, Jalisco, Colima y Sinaloa, se han detectado a la fecha 734 muestras vegetales y 192 muestras de psílidos con Hlb, y se han eliminado 12 131 árboles de cítricos y 7 mil 835 de limonaria en huerto de traspatio, 4 mil 933 árboles de cítricos en huertos comerciales y 1 millón 360 mil 626 plantas de vivero.

En la península de Yucatán, en lo que va del año, se llevan detectadas 469 muestras de vegetales y 94 de psílidos con Hlb entre Campeche, Quintana Roo y Yucatán; se han eliminado 2 mil 788 árboles de cítricos y 69 mil 86 de limonaria en huertos de traspatio y 409 en huertos comerciales. Tan sólo en esta región, son 28 municipios afectados.

Ante este panorama, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en julio de 2009, publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma de Emergencia NOM-EM-047-FITO-2009, en la que se establecían acciones fitosanitarias para mitigar el riesgo de introducción y propagación del Hlb en el territorio nacional; entre ellas, implantaba un programa de monitoreo que incluía la toma de muestras, diagnóstico, inspección y vigilancia.

La autoridad sanitaria está consciente de que para el control y manejo de la enfermedad, se requiere de una estrategia nacional en la que participen la federación, los gobiernos estatales y municipales y, para determinar dichas medidas, expidió el 16 de agosto de 2010, el acuerdo por el que se dan a conocer las medidas fitosanitarias que deberán aplicarse para el control del huanglogbing y su vector.

Dicho acuerdo tiene por objeto establecer las medidas fitosanitarias tendentes al control y manejo del Hlb en las zonas donde se encuentra esa enfermedad, así como prevenir su dispersión y la de su vector, para proteger y conservar los vegetales, sus productos y subproductos, libres de dicha enfermedad.

En dicho documento se enlistan 56 productos y subproductos hospedantes de Hlb y señala en su artículo cuarto que estarán obligados a cumplir este acuerdo las personas físicas y morales que los produzcan, manejen, movilicen o comercialicen. Entre las acciones fitosanitarias que deben emprenderse ante la detección de la bacteria, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria deberá establecer a la entidad federativa como zona bajo control sanitario y prohibir la movilización de material hospedante, mediante puntos de verificación interna.

Una cuestión muy importante es que le confiere la facultad de ordenar la retención, disposición o destrucción de vegetales, sus productos o subproductos infectados que se encuentren en los viveros, cultivos, siembras, cosechas, plantaciones, empaques y embalajes y para llevar a cabo estas acciones, señala que Senasica y las delegaciones estatales de la Sagarpa podrán solicitar la intervención de los organismos auxiliares de sanidad vegetal.

Una obligación que asignan a los productores y a los sistemas producto es la de realizar el control del vector en unidades de producción, huertas comerciales, plantas de limonaria y otros hospedantes localizados dentro de la zona bajo control fitosanitario, debiendo incluir aplicaciones de productos químicos. También describe puntualmente como se realizará el manejo fitosanitario de huertos comerciales y el procedimiento de destrucción y la movilización de las plantas

Los organismos auxiliares de sanidad vegetal operarán la red de vigilancia epidemiológica para la detección del Hlb que implante la Sagarpa a través de Senasica, y la inspección y verificación se hará de acuerdo a lo señalado en el capítulo tercero de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, que entre sus atribuciones tiene el de promover, coordinar y vigilar, en su caso, las actividades y servicios fitosanitarios en los que participen las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, gobiernos estatales y municipales, organismos auxiliares y particulares vinculados con la materia.

Las sanciones administrativas por el incumplimiento del acuerdo en comento están consideradas en los artículos 65 y 66 de la ley de sanidad vegetal mencionada y en los artículos 73 al 77 establece las conductas constitutivas de delitos que tienen relación con el acuerdo citado.

Estamos ante un problema de dimensiones catastróficas, se trata de un cáncer incurable para los cítricos. Según pronóstico de Senasica, el problema en Colima se ha diseminado de tal manera, que señalan que, en un término de 5 años, la citricultura en ese estado desaparecerá por completo.

Sabemos que es difícil que los productores asuman que tienen que eliminar sus plantas, pero si no se hace a tiempo, su propagación será un hecho y estarán condenadas a morir. Por ello, el acuerdo que se menciona es de suma importancia y deberá cumplirse en sus términos para evitar que en este país, nos quedemos sin cítricos.

Por todo esto, las autoridades responsables de vigilar la aplicación del acuerdo deben actuar con responsabilidad. En primer término, el Senasica es quien debe aplicarlo e incluso menciona que las delegaciones estatales de la Sagarpa podrán solicitar la intervención de los organismos auxiliares de sanidad vegetal. Son los productores y el sistema producto los responsables de realizar el control del vector en las plantaciones.

El acuerdo señala, incluso, que en los casos en que los productores se nieguen a eliminar sus plantas infectadas, la delegación estatal de la secretaría aplicará lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Sanidad Vegetal y le faculta solicitar, en su caso, el apoyo de la fuerza pública.

Por tanto, invito a cada uno de los diputados de esta soberanía a hacer suyo el acuerdo por el que se dan a conocer las medias fitosanitarias que deberán aplicarse para el control del huanglogbing y su vector, y apoyen promoviendo las medidas ahí contenidas; pero, sobre todo, a que acompañen y coadyuven con las delegaciones estatales de la Sagarpa en la promoción de este acuerdo, para que los productores asuman su responsabilidad y se evite así la propagación de la enfermedad que pone en riesgo a la citricultura nacional.

No podemos quedarnos impávidos ante una enfermedad mortal como es el Hlb, contamos con la Ley Federal de Sanidad Vegetal y con un acuerdo emitido por el Ejecutivo, lo que falta es que tanto las delegaciones de la Sagarpa de los 23 estados productores, como los organismos auxiliares de sanidad vegetal (comités estatales de sanidad vegetal y juntas locales ) y los sistemas producto, promuevan de manera intensiva y por todos los medios posibles sensibilizar a los productores sobre la magnitud del problema y de sus obligaciones ante la detección de la enfermedad en sus plantíos.

Ya contamos con instrumentos legales, ahora los diputados de los 23 estados productores de cítricos asumamos un compromiso con el sector citrícola, si actuamos hasta que la enfermedad haya invadido la mayoría de las plantaciones, estaremos condenando a acabar con la producción de 6.7 millones de toneladas de cítricos al año

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorte a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y a sus delegaciones estatales; al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y a los organismos auxiliares de sanidad vegetal a cumplir y hacer cumplir, en todos sus términos, el acuerdo por el que se dan a conocer las medidas fitosanitarias que deberán aplicarse para el control del huanglogbing y su vector, publicado el 16 de agosto de 2010 en el Diario Oficial de la Federación; y promuevan, por todos los medios posibles, las obligaciones que este acuerdo les confiere a los productores, para prevenir, manejar y erradicar el Hlb en nuestro territorio nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2010.

Diputada Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial forestal, a cargo del diputado José Ignacio Pichardo Lechuga, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos Diputados Federales José Ignacio Pichardo Lechuga, Héctor Franco López, Ninfa Salinas Sada, Agustín Torres Ibarrola, Ma. Dina Herrera Soto, César Francisco Burelo Burelo, Andrés Aguirre Romero, Héctor Velasco Monroy, Rafael Pacchiano Alamán, María de la Paz Quiñones Cornejo, Gerardo del Mazo Morales, Sergio Saldaña del Moral, Ramón Merino Loo, María Araceli Vázquez Camacho, integrantes de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de obvia resolución, para crear la Comisión Especial Forestal al tenor de las siguientes

Consideraciones

México, como miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, a través del Comité Forestal participa en el desarrollo de programas para analizar y alentar el desarrollo forestal sostenible, contribuyendo en el análisis y elaboración de perspectivas del sector forestal para identificar las principales fuerzas que determinan las tendencias del sector en las próximas décadas en un contexto amplio de cambios económicos, ambientales, sociales, institucionales y tecnológicos.

Ante el cambio climático la iniciativa de las Naciones Unidas, sobre la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación, trata de una nueva política sectorial, una alianza entre gobierno y sociedad con el único propósito de reducir las emisiones que se generan por deforestación y degradación de los bosques, y conservar la biodiversidad de las áreas naturales, elementos que constituyen una postura internacional en la cual México es reconocido como líder.

Actualmente como sede, organizador y presidente de la Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático, tiene el compromiso de mostrar a los demás países sus aportaciones en bosques y selvas, para desarrollar con puntualidad resultados sólidos al reto global que representa el cambio climático, por lo anterior, se debe contar con la creación de un ente legislativo que le de seguimiento a los trabajos para cumplir con la responsabilidades contraídas.

Asimismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución por la que se declara 2011 Año Internacional de los Bosques. Esta celebración resultará útil para tomar mayor conciencia de la importancia forestal en el desarrollo sostenible del planeta, en ese sentido México, como parte de las Naciones Unidas debe emprender acciones legislativas frente al Año Internacional de los Bosques; por tal motivo la honorable Cámara de Diputados tiene un importante papel que desarrollar.

Nuestro país es de vocación forestal y de los pocos en el mundo donde se reconoce la propiedad de las comunidades sobre sus recursos forestales ya que se estima que entre el 60 y 70 por ciento de las áreas forestales son propiedad de comunidades y ejidos, quienes a través de los procesos de silvicultura comunitaria han logrado aprovechar sus bosques de manera directa, realizando las labores de extracción, transporte, aserrío y mercadeo de sus productos forestales mediante la conformación de empresas forestales comunitarias, quienes han contribuido de manera significativa en su desarrollo.

En el ámbito presupuestal asignado al sector forestal se ha incrementado considerablemente, toda vez que en 2006 fue de casi 2 mil millones de pesos, mientras que en 2010 se le asignaron más de 5,300 millones de pesos y para 2011 el presupuesto es de 6,590 millones de pesos, logrando un incremento histórico, esto refleja la importancia que ha tomado el sector para la vida del país.

Cabe citar que en la LV legislatura existió una comisión ordinaria de bosques y selvas, y es hasta la legislatura LIX donde se retoma la importancia del sector forestal creando la Comisión Especial de atención a pueblos que viven en el bosque, lo anterior y aunado a los graves riesgos y efectos que entrañan la deforestación y el cambio climático, tenemos el deber, no solo de conservar nuestra masa forestal sino incrementarla, convirtiendo a nuestros bosques en un motor del desarrollo sostenible, por tal motivo es de suma importancia la creación de una comisión especial que norme y vigile desde éste órgano legislativo, de manera particular los bosques del país.

La comisión especial tendrá el número de integrantes que acuerde la Junta de Coordinación Política, cuidando los justos criterios de proporcionalidad y peso específico de cada grupo parlamentario.

Esta comisión tendrá un plazo de veinte meses para dar cumplimiento a sus tareas, sus mandatos y objetivos, entre los que se destacan los siguientes:

• Impulsar el diseño de políticas públicas que fortalezcan al rubro forestal en sus diferentes facetas: competitividad, humedales, combates a incendios, plantaciones, sanidad, servicios ambientales, silvicultura, suelos, turismo de la naturaleza, y orientarlas transversalmente en la educación, el desarrollo económico y social.

• Analizar la normatividad vigente, con la finalidad de definir una legislación que permita organizar y satisfacer las necesidades del sector forestal.

• Revisar las prioridades nacionales del sector forestal, para impulsar un presupuesto hacia los distintos programas, procurando un equilibrio de acuerdo a las necesidades del país.

• Lograr la definición de una metodología que cuantifique la situación de los bosques en el país.

• Realizar un seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas de las líneas de acción del Programa Institucional de la Comisión Nacional Forestal.

• Emprender acciones que impulsen la competitividad del sector en México e internacionalmente.

Punto de Acuerdo

Único. Se crea la Comisión Especial Forestal, cuyo objeto será contribuir al desarrollo sostenible de los bosques y selvas del país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2010.

Diputados: José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Ninfa Clara Salinas Sada, Agustín Torres Ibarrola, Héctor Franco López (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo, Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Héctor Velasco Monroy (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán, María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales, Fausto Sergio Saldaña del Moral (rúbrica), Ramón Merino Loo (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho, José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica) (rúbrica), Óscar Javier Lara Aréchiga (rúbrica), María del Rosario Brindis Álvarez (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Rolando Zubia Rivera (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Sandra Méndez Hernández (rúbrica), Armando Ríos Piter (rúbrica), Guillermo Cueva Sada (rúbrica), Diego Guerrero Rubio (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica), Miguel Ángel García Granados (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Germán Contreras García (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Vidal Llerenas Morales (rúbrica), José Manuel Agüero Tovar (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa (rúbrica), Rubén Arellano Rodríguez (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas (rúbrica), Julio Saldaña Moran (rúbrica), Bernardo Margarito Téllez Juárez (rúbrica), Adriana Fuentes Cortés (rúbrica), Cecilia Soledad Arévalo Sosa (rúbrica), Pablo Rodríguez Regordosa (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Roberto Rebollo Vivero (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), Miguel Ángel Terrón Mendoza (rúbrica), Guillermina Casique Vences (rúbrica), Fernando Ferreyra Olivares (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), José Luis Soto Oseguera (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez (rúbrica), Héctor Pedroza Jiménez (rúbrica), Andrés Massieu Fernández (rúbrica).