Que reforma el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Miguel Ángel Riquelme Solís, del Grupo Parlamentario del PRI

Los diputados de la LXI Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Miguel Riquelme Solís, Francisco Saracho Navarro, Hugo Martínez González, Melchor Sánchez de la Fuente, Rubén Moreira Valdéz, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Noe Fernando Garza Flores y Tereso Medina Ramírez, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 55, fracción II y 62 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo y un tercer párrafo con sus fracciones I, II, III a la IV, al artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

Uno de los graves problemas a los que se enfrenta la gran mayoría de personas que por alguna u otra razón se han visto involucradas en un procedimiento jurisdiccional penal, es el relativo al registro de sus datos personales en un instrumento conocido como “ficha signalética”. De esta forma, la persona que ha sido “fichada” tiene un registro de antecedente judicial.

La ficha signalética resulta útil para la individualización de la pena una vez que la persona sujeta a proceso ha sido declarada culpable. En este sentido, gracias a la ficha puede saberse si la persona tiene antecedentes penales (peligrosidad) para, en su caso, imponer una sanción mayor.

De igual manera es útil para fines estadísticos y de prevención del delito. Quizás el mejor uso de la ficha consiste en poder identificar a cabalidad a la persona procesada mediante el empleo de huellas digitales y fotografías. Lo anterior, sin duda, es imprescindible para evitar problemas como los relacionados con la suplantación de identidad en los centros de reclusión.

No existiría ningún problema con la ficha signalética si sólo se le empleara de acuerdo con los fines anteriormente descritos; no obstante, la realidad es distinta pues tal ficha es muchas veces la causa de que la persona “fichada” sea estigmatizada y segregada dentro de la sociedad en virtud de que sirve como referente para la elaboración de la llamada “carta de no antecedentes penales”.

Una clara muestra de lo anterior se presenta cuando una persona emprende la búsqueda de un empleo dado que, por lo general, cualquier empleador preferirá contratar una persona que jamás haya tenido un antecedente penal de aquella que sí lo tenga.

Otro grave problema relacionado con el anterior es el uso que de dicha información pueden hacer los medios de comunicación masiva (radio y televisión). El gran poder de dichos medios es capaz de arruinarle la vida a una persona con el simple hecho de darle publicidad a un procedimiento jurisdiccional en el cual se encuentre inmersa sin importar que con posterioridad esa persona sea declarada inocente.

En el año 2007, fue reformado el Código federal de Procedimientos Penales a fin de poder dar respuesta a esta situación y se logró que los datos registrados en la ficha signalética fuesen eliminados tras haberse decretado que la persona no tenía responsabilidad en el supuesto ilícito. Cabe señalar que la eliminación de tales registros se realiza de oficio.

Ciertamente, la reforma lograda constituye un éxito, pero aún existen ciertas situaciones preocupantes que giran en torno a la dignidad humana, estas son el hecho de que se requiera en muchos lugares la “carta de no antecedentes penales” para poder acceder a un empleo y, por otro lado, el manejo que los medios de comunicación dan al uso de la información respecto de personas que se encuentran sometidas a procedimiento. Ambas situaciones resultan contrarias al principio de dignidad humana, igualdad y presunción de inocencia que nuestra Carta Magna tutela.

Antecedentes en la identificación del procesado

Desde los primeros tiempos resultó imperiosa la necesidad de identificar tanto a aquellas personas a quienes se atribuía la comisión de una conducta socialmente reprochable, como a las que habían sido reconocidas como culpables de su comisión. La descripción física fue el primer recurso para la solución de tal problema.

Decir que el probable responsable era de determinada estatura, tez, peso y etnia, por ejemplo, parecía ser la primera forma razonable de ubicar e individualizar al sujeto. No obstante, la descripción no resolvía en realidad mucho. 1

El trabajo, aún tan detallado de la descripción de la persona, podía conducir, finalmente, a un altísimo margen de errores, sobre todo si atendemos a la natural evolución que sufre el aspecto de alguien por el mero transcurso del tiempo, o la posibilidad difícilmente practicada en las primeras civilizaciones, de transformar en forma inducida el aspecto externo de la persona 2

Sin embargo, no siempre se utilizó la morfología para efectuar descripciones adecuadas, reseñar a las personas e identificarlas después.

Durante la Edad Media se practicó esta costumbre de marcar a las personas, en diferentes naciones europeas, principalmente en Francia, donde, con alguna interrupción, se empleó hasta el año 1823. Al principio se marcó el rostro de los reos de ciertos delitos con la flor de lis –que era el signo real: posteriormente se hacía esta marca en la espalda; después se cambió la flor de lis por una V para los ladrones que no eran reincidentes, añadiendo las letras GAL (abreviatura de galeras) para los que llegaban a serlo, debiendo su origen esta última marca a la circunstancia de ser destinados a cumplir las penas que se les imponían en esos lugares 3 ; en Grecia y durante el Imperio Romano se les marcaba con una señal al hierro candente. 4

En la antigua China, durante muchos siglos, la impresión dactilar del pulgar del emperador fue el signo usual con el que el gobernante certificaba los documentos de estado. Más tarde la práctica se extendió a ciertos actos como el matrimonio. 5 Con el transcurso del tiempo fue utilizado como forma para identificar a los delincuentes. El mundo occidental no entró en contacto con la cultura China sino hasta el siglo XIX y fue hasta esta época en que se tuvo conocimiento de la dactiloscopia china. 6

Durante el siglo XIX y como resultado de una humanización en el derecho penal (debido, entre otros, a los trabajos de César Beccaria y su tratado de los delitos y las penas) fue necesario implementar nuevos métodos para la identificación de las personas sometidas a proceso. Un hecho científico importante lo constituyó la invención de la fotografía, en el año 1837. Inmediatamente se extendió su uso a casi todos los países haciendo concebir la esperanza de resolver de una manera eficaz, el entonces difícil problema de la identificación personal. Pero, a pesar de su indudable utilidad para la ciencia en general, su eficacia identificativa era limitada por la dificultad de clasificar y archivar el material a medida que iba aumentando el número de individuos fotografiados y por las desemejanzas fisonómicas que, entre los delincuentes y sus fotografías, iba produciendo el transcurso del tiempo. 7

Fue en Francia, a finales del siglo XIX, cuando después de casi ocho décadas de emplear la identificación criminal de descripción morfológica de los delincuentes, se pasó al interés por la búsqueda de nuevos métodos. La descripción había caído ya en una natural crisis. 8

De esta forma, Alphonse Bertillón ideó un nuevo método de identificación al que denominó antropometría que consistía básicamente en la medición de distintas partes del cuerpo humano tomando como referencia la estabilidad que el sujeto alcanzaba, por efecto del cese del periodo de crecimiento, a los 20 años. 9 Las medidas recabadas eran depositadas en una ficha (ficha antropométrica) y colocadas en los bancos de datos.

El método fue utilizado con un relativo éxito, la antropometría era un mecanismo sumamente confiable, siempre y cuando se tuviera un cuidado excelso. Un ligero descuido era suficiente para que toda la labor se viera truncada; no obstante, tenía una deficiencia que consistía en que el método de las mediciones no podía ser utilizado para obtener la vinculación identificativa a partir de las evidencias materiales que arrojaba la comisión del delito. 10 Esta situación cambiaría a partir de los estudios en dactiloscopia.

Esta forma de identificación dactilar fue rescatada en Europa por el médico Henry Faulds quien descubrió que las líneas de la piel no varían durante la vida de una persona, por lo cual constituyen un método mejor que la fotografía para la identificación. 11 Del mismo modo, el médico Francis Galton realizó estudios sobre la dactiloscopia llegando a convencerse de sus mayores beneficios en relación a la antropometría y la gran utilidad que tener para la identificación en el sistema carcelario, tan desordenado e incontrolable con las cuestiones del fraude de personalidad. 12

No obstante, el más grande progreso en materia de dactiloscopia tendría lugar no en Europa sino en América y concretamente, en Argentina, donde los trabajos de Juan Vucetich en relación a la identificación judicial a través de la dactiloscopia llevarían al país sudamericano a ser el primero del mundo en adoptar la dactiloscopia como método único para efectuar la identificación criminal. La influencia de Vucetich en distintos congresos internacionales llevaría a que, en pocos años, diversos estados de América del sur fuesen adoptando uno tras otro el sistema de huellas digitales; Brasil y Chile, en1903; Bolivia, en 1906; Perú, Uruguay y Paraguay, en 1908. 13

Fueron formas de identificación compartidas por muchos pueblos las mutilaciones, en las partes más visibles del cuerpo para reconocer a determinados delincuentes. Así, en Cuba se les cortaban las orejas a los delincuentes para que resultara más fácil su reconocimiento, cuando huían de los campos de esclavitud; en Rusia, hasta hace menos de un siglo, se le cortaba la nariz a los reincidentes de determinados delitos.

En el caso de México, el pionero en los trabajos dactiloscópicos fue Benjamín Martínez (1902) quién inicia formalmente, la labor de la investigación identificativa en nuestro país. Funda primeramente el Gabinete de Identificación y el Laboratorio de Criminalística, en la entonces Jefatura de Policía del Distrito Federal, escribiendo importantes tratados sobre dactiloscopia.

El profesor Benjamín Martínez fue fundador del Servicio de Identificación Dactiloscópica de la Policía Judicial Militar de México; del Servicio de Identificación Dactiloscópica de la Policía de México; del Laboratorio de Investigación del Crimen; y del Servicio de Identificación del Ejército Mexicano. Fue miembro de American Academy of Political & Social Science, socio de International Identification Association, presidente honorario de la Asociación Mexicana de Detectives, vicepresidente del primer Congreso Nacional de Policía y graduado como policiólogo por el mismo Congreso. 14

De esta forma ha llegado hasta nuestros días la identificación procesal basada en el sistema dactiloscópico utilizando además, otros métodos como la toma de fotografías y la descripción antropométrica.

Frente a la identificación del procesado han existido muy diversas opiniones y críticas. Para algunos puede ser considerado contrario al principio de dignidad humana la toma de fotografías y huellas digitales del procesado, para otros resulta adecuado, pero se critica el hecho de que sean tomadas durante el procedimiento jurisdiccional pues consideran que resulta contrario al principio de presunción de inocencia y que, en todo caso, deberían de ser tomadas sólo hasta que el procesado sea declarado culpable a través de la sentencia.

Sin duda alguna, las anteriores críticas tienen muchos elementos certeros pero hasta la fecha no existe un mejor método para identificar a las personas sometidas a proceso. El no utilizar la ficha signalética podría llevarnos a situaciones como la suplantación de identidad y a un grave problema en el control de la información respecto de las personas que se encuentran sometidas a procedimiento.

Lo anterior no sólo es en beneficio de una mejor impartición de justicia sino también lo es en el del procesado, al existir una base de datos en la cual está registrado para evitar situaciones como las desapariciones forzadas.

Marco normativo

En relación a la identificación de las personas que fueron o están siendo sujetas a un proceso penal, cabe precisar que la normatividad relativa se desarrolla en dos vertientes principales, la atinente a la “ficha signalética”, que es la tarjeta en la que constan las medidas corporales y señas particulares de un individuo bajo custodia (también conocida como ficha antropométrica) y la constancia de “no antecedentes penales”, que si bien no define con precisión la legislación, puede entenderse como el documento en que obran los datos de una persona que ha sido sujeta a un proceso penal.

En la ficha signalética, además de los datos particulares o generales del individuo (como el domicilio, estado civil, edad, etcétera.), media filiación y delito por el que se instauró la causa, es costumbre registrar las huellas dactilares y fotografías del indiciado, tanto de frente como de perfil.

Por su parte, en la constancia de no antecedentes penales, solamente se asientan los datos relativos a las generales del individuo (nombre, apodo, sexo, domicilio edad, estado civil, etcétera.), los datos de juicio, el delito por el cual se siguió la causa, la pena impuesta, etcétera, sin incluir los datos antropométricos que contiene la ficha signalética.

El fundamento jurídico de ambos tipos de identificación, a nivel federal, se desprende del contenido del artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Penales, que fue modificado por una serie de reformas verificadas durante el año 2007, de lo que resultó la emisión de los diversos artículos 165 Bis y 165 Ter.

Para mayor claridad se transcriben los referidos preceptos:

Artículo 165. Dictado el auto de formal prisión o el de sujeción a proceso se identificará al procesado por el sistema adoptado administrativamente. En todo caso se comunicarán a las oficinas de identificación las resoluciones que pongan fin al proceso y que hayan causado ejecutoria, para que se hagan las anotaciones correspondientes.

Las constancias de antecedentes penales y los documentos o fichas en que conste la identificación de individuos indiciados o inculpados con motivo de cualquier averiguación o proceso penal, sólo se proporcionarán por las oficinas respectivas cuando lo requiera una autoridad competente, fundando y motivando su requerimiento, o cuando se solicite por ser necesarias para ejercitar un derecho o cumplir un deber legalmente previstos.

Artículo 165 Bis. Se procederá a la cancelación del documento de identificación administrativa que establece el artículo 165 de la presente ley, en los siguientes supuestos

a) Cuando el proceso penal haya concluido con una sentencia absolutoria que haya causado estado;

b) En el caso de que el sobreseimiento recayera sobre la totalidad de los delitos a que se refiere la causa, y

c) En el caso de reconocimiento de inocencia, contemplado en el artículo 96 del Código Penal Federal.

Artículo 165 Ter. En los supuestos previstos en el artículo 165 Bis, el juzgador, de oficio y sin mayor trámite, ordenará la cancelación del documento de identificación administrativa. De lo anterior dejará constancia en el expediente.

Asimismo, respecto de los datos que deberá contener la ficha signalética tenemos a los artículos 193 Quater y 193 Quintus del Código Federal de Procedimientos Penales que a la letra rezan

Artículo 193 Quater. La autoridad que practique la detención deberá registrarla de inmediato en términos de las disposiciones aplicables. El registro, al menos, deberá contener

I. Nombre y, en su caso, apodo del detenido;

II. Media filiación

III. Motivo, circunstancias generales, lugar y hora en que se haya practicado la detención;

IV. Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención. En su caso, rango y área de adscripción, y

V. Lugar adonde será trasladado el detenido y tiempo aproximado para su traslado.

Artículo 193 Quintus. La información capturada en este registro será confidencial y reservada. A la información contenida en el registro sólo podrán tener acceso

I. Las autoridades competentes en materia de investigación de los delitos, para los fines que se prevean en los ordenamientos legales aplicables, y

II. Los probables responsables, estrictamente para la rectificación de sus datos personales y para solicitar que se asiente en el mismo el resultado del procedimiento penal, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Los datos contenidos en el registro de detención serán proporcionados al detenido y a su abogado defensor, quienes sólo podrán utilizarlos en el ejercicio del derecho de defensa.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá acceso a ese registro cuando medie queja.

Bajo ninguna circunstancia se podrá proporcionar información contenida en el registro a terceros.

El registro no podrá ser utilizado como base de discriminación, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad u honra de persona alguna.

Al servidor público que quebrante la reserva del registro o proporcione información sobre el mismo, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda.

El registro deberá ser cancelado de oficio y sin mayor trámite cuando se resuelva la libertad del detenido o cuando en la averiguación previa no se hayan reunido los elementos necesarios para ejercitar la acción penal, cuando se haya determinado su inocencia o cuando se actualicen las hipótesis previstas en el artículo 165 Bis de este código.

Los datos contenidos en la ficha signalética son usados, además, con fines estadísticos y de prevención del delito. A nivel federal, el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social señala en su artículo 13 fracción XV como una atribución de los directores generales: “Vigilar que se recabe, procese y actualice en la base de datos jurídico–criminológicos del Sistema Nacional de Información y en el Archivo Nacional de Sentenciados, la información relativa al expediente único de cada interno;” Como ejemplos a nivel local tenemos el Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del Distrito Federal –artículos 16 y 30– y el Reglamento de la Penitenciaria del estado de Chihuahua –artículos 11 y 13– en los que se señalan los datos a reunir en la ficha antropométrica así como su utilización para la creación de sistemas de información y estadística.

De lo anterior podemos derivar que, respecto a la información de una persona que fue o está siendo sometida a un proceso penal, se establece, de manera destacada, lo siguiente

1. Los datos, generalmente, no deben ser proporcionados a terceros.

2. La ficha sólo tiene por objeto aportar datos para la individualización de la pena, estadísticos, investigación de delitos, para ser empleados por el propio titular de la información, por ende:

a) No se usará la información con fines distintos a los antes enunciados.

b) No puede usarse la información, cuando se atente contra la dignidad, intimidad u honra de la persona.

c) Se fincará responsabilidad a la autoridad que le dé otro fin a la información.

3. Se cancelarán o eliminarán de oficio los datos que obran en el registro correspondiente cuando se determine legalmente y en definitiva la libertad y/o inocencia de la persona.

Problemática

La normatividad antes precisada regula la protección de los datos y la determinación de responsabilidad frente al mal empleo de los mismos, con lo que se ha pretendido atemperar la vulneración a la dignidad de la persona sometida a un procedimiento penal; no obstante, aún se presentan ciertos problemas cuya solución resulta imprescindible para la protección de los derechos fundamentales de los gobernados. A continuación señalamos dicha problemática.

1. Requerimiento de la carta de no antecedentes penales para ser contratado en un trabajo o empleo.

Para entender el problema relativo a la carta de no antecedentes penales, es menester entender que dicho documento tiene como origen el contenido de la denominada ficha signalética.

La ficha signalética, tiene como principal objetivo proporcionar al juez elementos para la individualización de la pena, así también, resulta útil para fines de estadística e investigación del delito.

El emplear la información que obra en la referida ficha, para fines distintos a los que han quedado precisados en el párrafo que precede, es conculcatorio de derechos humanos, puesto que sólo se excusa el uso de este tipo de información para los efectos precisados; es decir, no puede concebirse la difusión de la información del proceso penal al que fue sujeta una persona, pues ello atentaría contra su dignidad, prestigio y le estigmatizaría como persona non grata , propiciando actos discriminatorios en su contra.

En ese sentido, el requerimiento de cualquier constancia, documento o carta de no antecedentes penales, da como resultado la conculcación de los derechos fundamentales de dignidad, igualdad, presunción de inocencia y derecho al trabajo, como se ampliará en los párrafos subsecuentes.

Dentro del derecho comparado, existen criterios relevantes al respecto. La corte constitucional de Colombia, en repetidas ocasiones se ha pronunciado en el sentido de que el trabajo:“...es no sólo un valor y un principio, sino también un derecho constitucional fundamental de los ciudadanos. El ciudadano tiene, pues, derecho a aspirar razonablemente –en la medida en que las condiciones estructurales de la organización económica lo vayan permitiendo– a un libre acceso al mercado del trabajo y a la consiguiente obtención de un empleo sin que constituya óbice para ello el simple hecho de figurar en una reseña elaborada para diversos fines por las autoridades competentes, en desarrollo de las normas arriba mencionadas. En aquellos casos en que no existan antecedentes penales en los claros términos del artículo 248 de la carta, la simple reseña –ficha signalética– no puede constituir impedimento válido para la obtención de un empleo...” 15

En el caso anterior, la corte constitucional colombiana se refirió a un sujeto cuyos datos habían sido recopilados por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) como consecuencia de un procedimiento jurisdiccional en el cual se vio inmerso y donde finalmente resultó exonerado. A propósito, la corte señaló:

“...En virtud de su propia naturaleza, el titular del derecho de intimidad, el cual se protege en buena medida a través del habeas data está legitimado para reaccionar contra todas aquellas divulgaciones de hechos propios de la vida privada o familiar, lo mismo que contra investigaciones ilegítimas de acontecimientos propios de tal universo amurallado. Igualmente se halla facultado para tomar por sí las decisiones concernientes a la esfera de su vida privada.

En el caso sub lite el peticionario estima, como se ha visto, que la divulgación de la reseña que se le hizo en las dependencia del F-2, con ocasión de su transitoria reclusión en un establecimiento carcelario, vulnera tanto su derecho de habeas data como el de escoger trabajo, profesión u oficio...” 16

Respecto del derecho fundamental a la presunción de inocencia, nuestra Constitución establece en su artículo 20, apartado B, fracción I que toda persona imputada tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

El constituyente quiso que dicha presunción fuera piedra angular del sistema de garantías individuales que precisa los requisitos procesales mínimos que deben observarse respecto a las personas llamadas a responder ante las autoridades.

Los tribunales extranjeros han extendido significativamente el ámbito propio del derecho a dicha presunción cuando afirman que:

“...No puede entenderse reducido al estricto campo del enjuiciamiento de conductas presuntivamente delictivas, sino que debe entenderse también que preside la adopción de cualquier resolución tanto administrativa como jurisdiccional que se base en la condición o conducta de las personas cuya apreciación derive un resultado sancionatorio o delimitativo de sus derechos...” 17

La corte constitucional de Colombia ha señalado el alcance que guarda el principio de presunción de inocencia:

“...Con la consagración de la presunción de inocencia como derecho fundamental constitucional extensivo a toda disciplina sancionatoria se busca vincular a las autoridades que, en ejercicio de sus funciones, impongan sanciones de cualquier índole. De esta forma, se quiere evitar la presencia de actuaciones arbitrarias, en la cual el funcionario unilateralmente imponga la sanción, y que la presunción de inocencia que establece la Constitución sólo sea desvirtuada a través de un proceso en donde el sindicado tenga la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa en debida forma...” 18

Ahora, el hecho de requerirse la carta de no antecedentes penales contraviene el principio de presunción de inocencia, entendido contrario sensu , pues podemos interpretar que el empleador considera a todo aspirante al empleo como una persona con antecedentes penales (y por tanto culpable de la comisión de un delito) y que la única forma de desvirtuar esta presunción es a través de la carta de no antecedentes penales.

Independientemente de que la sentencia definitiva resulte absolutoria y se hagan las anotaciones correspondientes, los patrones preferirán contratar a personas que jamás hayan tenido problema legal alguno. Tratándose de sentencia condenatoria, también se vulnerarían los derechos humanos de los sentenciados, en virtud de que si éstos ya compurgaron las penas impuestas por el juzgador y no se ordena su inhabilitación, no existen motivos suficientes para exigirles dicha carta de no antecedentes penales; con ello se perjudica a quien habiendo obtenido su libertad por resolución judicial o una vez readaptado, desea incorporarse a la sociedad y ejercer su derecho constitucional de obtener un trabajo digno y honesto.

La carta o constancia de no antecedentes penales es discriminatoria, toda vez que aunque el sujeto hubiese resultado culpable, al haber compurgado la condena correspondiente, se encuentra imposibilitado para su debida reinserción social, pues tal carta le sujeta a un perpetuo señalamiento social. Al respecto, la corte constitucional de Colombia en casos anteriores se pronunció de la siguiente manera:

“...cumplida la pena los antecedentes criminales no podrán ser por ningún motivo factor de discriminación social o legal... ese antecedente no puede convertirse en una “especie de ‘INRI’ o ‘letra escarlata’ en la vida de los ciudadanos”, lo que, además, conllevaría a admitir que existen medidas imprescriptibles, contrariando el artículo 28 superior...” 19

“...La corte confirmará el fallo del tribunal superior toda vez que, sin duda, mantener públicamente el dato negativo del actor, relacionado con una condena que ya se extinguió por haberse cumplido, vulnera sus derechos al habeas data , a la intimidad, al buen nombre y al trabajo...” 20

“...esta sala de decisión considera que cuando la pena se declara extinguida por la autoridad judicial competente, la anotación suministrada por el DAS según la cual la persona registra antecedentes penales pero no es requerida por autoridad judicial, cuya certificación tiene fines meramente particulares, comporta una grave discriminación frente al sujeto que pretende reincorporarse a la sociedad una vez cumplió con la sanción penal impuesta mediante sentencia, pues ante esa inscripción se convierte en blanco, esencialmente en el ámbito laboral, de distinción, estigmatización y exclusión ante el resto de la sociedad... 21

Otro de los derechos fundamentales que resulta vulnerado mediante la exigencia de la carta de no antecedentes penales es el derecho a la igualdad, dado que crea un factor de discriminación respecto de los demás ciudadanos que por no tener antecedentes penales pueden obtener un certificado judicial sin anotaciones y acceder a un empleo. 22

Lo anterior vulnera derechos fundamentales como el de igualdad en el acceso a las oportunidades de empleo y a la vida en condiciones de dignidad.

Cabe señalar que existen ciertas actividades para las cuales el requisito de la carta de no antecedentes penales resultaría justificable como las relacionadas con la seguridad pública y la administración de justicia. Ciertos cargos públicos requerirían tal carta de no antecedentes penales como el Procurador General de Justicia, ministros de la Suprema Corte de Justicia, etcétera. Al respecto, para todos aquellos cargos públicos en los que se exija jurídicamente el no haber cometido un delito (de cierta magnitud: grave o no grave; o de cierto contenido como por ejemplo un delito patrimonial) es justificable el requerimiento de una carta de no antecedentes penales, ello en virtud de que se requiere “que no exista la menor duda” sobre la honestidad y probidad de que quien desempeñe el encargo; lo que en ninguna forma implica el afirmar que quienes hayan sido sujetos a un proceso penal carezcan de dichas cualidades, sino que en ese tipo de cargos no se puede, siquiera, generar la más mínima sospecha por parte de los ciudadanos destinatarios del servicio público.

En vista de lo anterior, resultaría conveniente una reforma a nivel constitucional para prohibir la exigencia de la carta de no antecedentes penales, con las excepciones precisadas, toda vez que con una disposición constitucional se propiciaría la consecuente adaptación de las leyes secundarias. 23 Con lo anterior se avanzaría considerablemente para terminar con una práctica tan contraria a la dignidad de la persona como lo es el solicitar la carta de antecedentes no penales como requisito para ocupar un empleo.

Por lo expuesto, se presenta a esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Para quedar de la forma siguiente:

Artículo Primero. Se adiciona un segundo párrafo y un tercer párrafo con sus fracciones I, II, III a la IV, al artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

No podrá solicitarse a los aspirantes a un empleo, cualquier tipo de constancia de no antecedentes penales, salvo en aquellos cargos públicos que, conforme a la ley sea necesario este requisito.

En el ámbito privado sólo podrá exigirse carta de no antecedentes penales para el desempeño de las actividades relacionadas con

I. Seguridad privada;

II. Instituciones del sistema financiero y de banca múltiple;

III. Juegos y sorteos permitidos, de conformidad con la Ley Federal de Juegos y Sorteos y;

IV. Operadores de transportes aéreos y terrestres;

La ley determinará en cada estado, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales e índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale.

El estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa.

Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio.

El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles.

La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1. Rosas Romero, Sergio y et., al. Investigación en torno a delito, delincuente y delincuencia. Identificación criminal dactiloscópica. Fundación Internacional para la Educación y la Cultura. 2002. México. Pág. 2.

2. Rosas Romero, Sergio. Ob. Cit. Pág. 3.

3. Rosas Romero, Sergio. Ob. Cit. Pág. 5.

4. Rosas Romero, Sergio. Ob. Cit. Pág. 4.

5. “Por ejemplo, las leyes chinas de Young Hwui (650 a 655 d. De C.), decretaban que un marido al solicitar el divorcio, fuese o no analfabeto, debía marcar con la huella de su dedo los documentos en los que exponía sus deseos” ROSAS ROMERO, Sergio. Ob. Cit. Pág. 8.

6. Rosas Romero, Sergio. Ob. Cit. Pág. 17.

7. Rosas Romero, Sergio. Ob. Cit. Pág. 7.

8. Rosas Romero, Sergio. Ob. Cit. Pág. 11.

9. Rosas Romero, Sergio. Ob. Cit. Pág. 13.

10. Rosas Romero, Sergio. Ob. Cit. Pág. 24.

11. Rosas Romero, Sergio. Ob. Cit. Pág. 20.

12. Rosas Romero, Sergio. Ob. Cit. Pág. 32.

13. Rosas Romero, Sergio. Ob. Cit. Pág. 47.

14. Rosas Romero, Sergio. Ob. Cit. Pág. 49.

15. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia No. T-008-93

16. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia No. T-008-93

17. Cfr. Tribunal Constitucional Español. Sentencia de Marzo 8 de 1985.

18. Tribunal Constitucional Español. Sentencia de Marzo 8 de 1985.

19. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia No. T-008-93

20. Corte Suprema de Justicia de Colombia. Sala de casación penal. Tutela (impugnación) 47.830. Jhon Wilson Amaya Rivera

21. Ver auto del 10 de abril de 2008 de la Sala de Casación Penal, Colombia. radicado 29472.

22. Corte Suprema de Justicia. Sala de casación penal. Aacción de tutela con radicado 47.546.

23. Villar González, Alejandra. La Identificación judicial vulnera los derechos humanos de procesado. Tesis de licenciatura en Derecho. 2009, UNAM. Pág. 104.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2010.

Diputados. Miguel Riquelme Solís (rúbrica), Hugo Martínez González (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Rubén Moreira Valdéz (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Héctor Fernández Aguirre (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Noe Fernando Garza Flores (rúbrica), Tereso Medina Ramírez (rúbrica).