Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia, al Poder Judicial y al Instituto de la Mujer de Quintana Roo a brindar atención sobre la violencia que han padecido Jimena Foucher y sus hijos, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD
prd903La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría de Justicia del Estado de Quintana Roo, al Poder Judicial de Quintana Roo, al Instituto Quintanarroense de la Mujer, a efecto de que en el ámbito de sus respectivas competencias actúen conforme a derecho y brinden atención a las diversas violencias que han padecido Jimena Foucher y sus hijos, con base en los siguientes
Antecedentes
1. Hace unos días en su colaboración semanal “Plan B”, en el diario El Universal, la periodista y activista Lydia Cacho Ribeiro publicó el artículo “Fernández de Cevallos, al ataque”. En dicho artículo denunciaba la preocupante situación que vivió Jimena Marín Foucher, joven mujer que se casó con David Fernández de Cevallos y quien padeció violencia en el ámbito familiar de forma reiterada por parte de su cónyuge, motivo que le llevó a solicitar ante las instancias judiciales el divorcio del señor David Fernández.
2. Una vez que conoció su decisión, el señor Fernández de Cevallos encerró a Jimena Marín y la aisló, amenazo de muerte e intimidó (como narra Lydia Cacho) durante cuatro meses. Ella logró burlar su encierro y salir acompañada de los hijos que procreó en su matrimonio con Fernández de Cevallos cuando se desató la crisis que provocó el secuestro de su padre, el abogado y político prominente Diego Fernández de Cevallos.
3. El mismo artículo refiere que el señor David Fernández de Cevallos llegó al domicilio de la familia Foucher en Cozumel y con la “protección” de personas encapuchadas y vestidos como policías de la Agencia Federal de Investigación aparentemente escoltados por un camión militar, ingresaron al domicilio Foucher para llevarse a los hijos de Jimena a la fuerza y con lujo de violencia.
4. Obviamente en este caso destaca la prepotencia con la que haciendo mal uso de los cuerpos de seguridad federales y como si se tratará de una empresa de seguridad privada con funciones públicas(es decir, cumpliendo un mandato judicial, si lo hubiera existido) sustraen a los dos menores de un año y cinco años.
5. También es de señalarse (como bien lo indica Lydia Cacho) que en este caso el agresor no buscaba conseguir visitas familiares respecto a sus hijos, sino sujetar a su dominio a quien consideraba parte de sus bienes, y manifestar el poder que tenía para movilizar a los agentes del Estado y, en consecuencia, quitarle a sus hijos por haberse revelado de su yugo, pasando aún por encima del mandato judicial que otorgaba a Jimena la custodia temporal de sus hijos.
6. Este acto de prepotencia y de abuso del poder es documentado por testigos presenciales y videos, y fue constitutivo de la denuncia de hechos 1656/10/2010 por la posible comisión de los delitos de secuestro, ataque y lesiones, la madre de los pequeños y los abuelos explican que fueron golpeados, que les esposaron y encañonaron y recibieron amenazas de muerte.
7. Todo esto sucedió, en un contexto de compra de autoridades, colusión de servidores públicos (jueces, agentes federales y militares). La Procuraduría de Quintana Roo asevera que no hubo solicitud de orden de colaboración, por tanto, los federales habrían cometido un ilícito . Mientras se investiga el caso, quedó en evidencia la complicidad machista de varios servidores públicos que justifican los hechos (señala Cacho en su artículo).
8. La valiente denuncia que hace Jimena Foucher debe servir para no dejar impune este hecho presuntamente delictivo y de atropello a todas las disposiciones en materia de violencia contra las mujeres, cabe señalar que existe una Ley de Acceso a las Mujeres a un Vida Libre de Violencia en el estado de Quintana Roo y que establece la obligación de emitir ordenes de protección cuando la vida e integridad de la víctima de violencia se encuentre en riesgo (artículos 25 a 31 de la LAMVLVEQR).
9. En este sentido, hacer caso omiso de su denuncia nos hace cómplices por omisión. Desde esta tribuna queremos manifestar nuestra solidaridad hacia Jimena y alzar la voz para condenar el abuso del poder económico y político que permite que agresores de mujeres sigan impunemente en las calles.
Finalmente, solicitamos a la Procuraduría de Justicia del Estado Quintana Roo, al Poder Judicial de Quintana Roo, al Instituto Quintanarroense de la Mujer que, en el ámbito de sus respectivas competencias, actúen conforme a derecho y brinden atención a las diversas violencias que han padecido Jimena Foucher y sus hijos.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Procuraduría de Justicia del Estado de Quintana Roo a investigar e integrar debidamente la averiguación previa número 1656/10/2010 y se consigne, en su caso, a los responsables de los delitos de secuestro, ataque y lesiones que denuncia Jimena Foucher.
Segundo. Se exhorta al Poder Judicial del Estado de Quintana Roo a emitir las ordenes de protección necesarias que garanticen la integridad física y psicológica de Jimena Foucher y su familia.
Tercero. Se exhorta Instituto Quintanarroense de la Mujer a dar seguimiento a este caso y recomiende las medidas necesarias para que Jimena Foucher acceda a la justicia pronta y expedita.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2010.
Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a fijarlos con base en el costo real de la canasta básica, a fin de satisfacer las necesidades normales en los órdenes material, social y cultural de los trabajadores, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, a que fije el salario mínimo en torno al costo real de la canasta básica, satisfaciendo con ello las necesidades normales de la vida en el orden material, social y cultural de la clase trabajadora, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de La Revolución Democrática; con base en las siguientes
Consideraciones
Primero. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Conasami, es un organismo público descentralizado creado mediante la reforma a la fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 21 de noviembre de 1962, así como las correspondientes reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo, publicadas en el Diario el 31 de diciembre de ese año.
Segundo. La Conasami tiene como objetivo fundamental por ley el cumplir con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se le encomienda que, en su carácter de órgano tripartita, lleve a cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre éstos y los atributos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que otorga al salario mínimo, así como actualizar periódicamente el sistema de salarios mínimos.
Tercero. En el desempeño de sus funciones, el organismo tiene que establecer las bases y los elementos para que la fijación de los salarios mínimos generales y profesionales eleven el nivel de vida del trabajador y su familia, propiciando la equidad y la justicia entre los factores de la producción que reconozcan y validen el respeto a la dignidad del trabajador y de su familia, así como, fijar y revisar los salarios mínimos generales y profesionales, procurando asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con las condiciones económicas y sociales del país, en un contexto de respeto a la dignidad del trabajador y su familia, circunstancia que en los hechos no ocurre.
Cuarto. La figura del salario mínimo se contempla desde la Constitución de 1917, en cuyo artículo 123, fracción VI, se establece que éste deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia.
Quinto. En México, el grado de deterioro de la economía popular sigue sin freno, violentándose todos los días los derechos fundamentales de la clase trabajadora. Las políticas neoliberales lejos de atender las demandas más elementales de la población agudizan cada vez más las contradicciones entre la riqueza y la pobreza. En este marco, la adquisición de la canasta básica se hace casi imposible para las familias trabajadoras.
De los 121 artículos contemplados en la canasta básica, 104, es decir, el 86 por ciento, reportaron algún tipo de incremento.
Sexto. Los trabajadores de México siguen viendo disminuir sus condiciones de vida, de trabajo, de ingreso familiar, debido a que el aumento de los precios de los productos como tortilla, pollo, leche, huevo, entre otros y servicios básicos como gasolina y el gas no corresponden a los aumentos del salario.
Séptimo. Durante los últimos diez años, los mexicanos hemos visto reducirse el poder adquisitivo en más de 45 por ciento, condenándose a las familias mexicanas al lastre que representa la pobreza alimentaria, patrimonial y de capacidades.
Octavo. Que si bien muchos de los aumentos se explican por los incrementos sin precedente en los precios internacionales de las materias primas, existe una política económica insensible que en vez de combatir la corrupción y establecer mayor austeridad en la administración pública, ha preferido incrementar impuestos y aumentar los precios en los energéticos.
Noveno. Es pertinente traer a colación, que el año 2009 el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acordó otorgar un aumento general a los salarios mínimos de las tres áreas geográficas para el 2010 de 4.85 por ciento.
En consecuencia, los salarios mínimos legales que rigieron a partir del primero de enero de 2010 fueron los siguientes: área geográfica A, 57.46 pesos diarios; área geográfica B, 55.84 pesos diarios y área geográfica C, 54.47 pesos diarios.
No obstante tal aumento, la depauperización de la vida de los trabajadores es una constante que nos preocupa.
Décimo. Solamente en la primera quincena de noviembre de este año, los productos agropecuarios registraron un incremento en su precio de 5.77 por ciento, cifra que superó a la inflación general que se mide a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor y que en ese mismo periodo se ubicó en 4.30 por ciento.
Undécimo. De acuerdo a las investigaciones realizada por Héctor Luis del Toro Chávez, investigador del Departamento de Métodos Cuantitativos, del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, en lo que va d del sexenio, el poder adquisitivo de los trabajadores ha perdido 37 por ciento.
En este sentido, resulta procedente el incrementar en términos reales del salario mínimo, estableciendo un salario por arriba de la inflación, que sea suficiente y digno para atender todas las necesidades de las trabajadoras y los trabajadores y sus familias. Con lo anterior, no perdemos de vista que en el sistema capitalista el salario mínimo es sinónimo de esclavitud salarial, misma que se puede describir como una carencia de derechos.
Por lo expuesto, someto a consideración de la honorable Cámara de Diputados, LXI Legislatura, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a fin de que el salario mínimo general, que se fije para el año 2011 alcance el monto de setenta y dos pesos para las tres áreas geográficas, beneficiándose así a los trabajadores del país, cantidad que contribuiría a cubrir con una mayor solvencia los gastos necesarios en el orden material, social y cultural.
Palacio Legislativo, a 8 de diciembre de 2010.
Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Oaxaca a reponer el procedimiento en los nombramientos de secretarios de despacho del gobierno que no cumplan lo dispuesto en su Ley Orgánica; y al Poder Ejecutivo del estado, a generar certidumbre en el nombramiento de su gabinete a partir del pleno respeto de la Constitución y de las leyes de la entidad, a cargo del diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al honorable Congreso del estado de Oaxaca a reponer el procedimiento en los nombramientos de secretarios de despacho del gobierno estatal que no cumplan con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado; asimismo, al Poder Ejecutivo del estado, a generar certidumbre en el nombramiento de su gabinete a partir del pleno respeto y seguimiento de lo establecido en la Constitución y en las leyes de la entidad, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 22 de noviembre, el gobernador electo del estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, en su calidad de ciudadano, presentó al Congreso de la entidad una iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado, misma que pretende reducir de 14 a 13 secretarías, propone la secretaría de desarrollo social, así como el cambio de nombre de la Coordinación de Delegados de Gobierno por el de Coordinación para el Desarrollo que servirá de enlace entre los municipios y el gobierno estatal, entre otros.
Propuso nuevas estructuras administrativas tendentes a mejorar la organización y el despacho de las actividades y asuntos encomendados al Poder Ejecutivo del estado, para dar mayor congruencia a sus funciones privilegiando la eficiencia y la capacidad de acción del gobierno estatal.
Una nueva reconfiguración y modernización de diversas Secretarías así como la creación de nuevas áreas con responsabilidades claramente delimitadas, sin que impliquen aumento alguno en el gasto operacional del Poder Ejecutivo.
Así también, la nueva Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, sustituye a la Secretaría de Obras Públicas, reorientando y agrupando las necesidades de infraestructura de los sectores productivos y la fusión de las actuales secretarías de economía y turismo.
Estas reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado fueron aprobadas por el congreso de Oaxaca el lunes 29 de noviembre. En los cambios sustanciales que se hicieron, destacan los requisitos para ser titulares de una secretaría en la administración pública estatal como lo es el contar al menos con título, cédula profesional o equivalente de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado en el artículo 14, fracción III.
Ha sido precisamente este artículo el que ha desatado la controversia desde el inicio de la ratificación de los integrantes en el gabinete del nuevo gobierno. El pasado 6 de diciembre el Congreso del estado pospuso la ratificación de cuatro funcionarios, entre ellos de la secretaria de Gobierno, Antonia Irma Piñeyro Arias, Óscar Cruz López, designado subsecretario de Gobierno y Desarrollo Político, de los subsecretarios Dagoberto Carreño Gopar en la subsecretaría Jurídica y Derechos, y de Fausto Díaz Montes como subsecretario de Desarrollo Municipal.
Esta reforma obliga a partir de ahora que para ser Secretarios en el gabinete deben contar con este requisito, pues así lo propuesto el nuevo gobierno y lo así lo dispuso el congreso del estado al avalar sus reformas.
Ante la posibilidad de que se violentara la ley ratificando estos nombramientos, se le exigió al nuevo gobierno apegarse con pleno respeto a la legalidad y ser congruente, pues las amplias expectativas que ha generado se desmoronarían desde el comienzo de sus gestión enviando una señal de lo que serán los próximos seis años.
Mientras tanto, durante la falta de nombramiento del titular en el despacho de la Secretaría General por varios días dejó el vacío de un interlocutor válido que dialogara con quienes constantemente realizan manifestaciones, grupos que siguen manejando el chantaje como medio de presión para obtener prebendas, como es el caso de la sección 22 del magisterio, el Sindicato de Salud del estado y la APPO, corriendo el riesgo de tener un gobierno sujeto a los caprichos de estos grupos, lo cual sería algo sumamente grave.
La repartición de posiciones tanto en el Congreso como dentro de las diversas fuerzas políticas ha desatado este tipo de decisiones erróneas que ante la opinión pública dejan en mala imagen al gobierno que recién inicia.
Sin embargo, en sesión extraordinaria del miércoles 8 de diciembre, se abordó como punto único la ratificación de la ciudadana Irma Piñeyro Arias. Se dio lectura a la solicitud de ratificación hecha por el mandatario estatal y a un escrito solicitando la dispensa de la presentación de los documentos acreditatorios de la profesión que ostenta.
Con esta poca seriedad del cargo y a la importancia que representan las funciones de esta dependencia, se acreditó la primera violación a las leyes de este gobierno. El problema no es si puede ser buena o mala funcionaria, el problema es que quién será garante del diálogo, del respeto y de la aplicación de la ley llega al cargo ilegítimamente.
Su función será conducir la política interior del estado, pero en la realidad su misión será la subordinación a los grupos que se envuelven en la bandera del Derecho, pues su ratificación surge de la ilegalidad.
Deseamos lo mejor para la nueva administración, deseamos el avance en el compromiso que hizo con los oaxaqueños y las expectativas que generó, deseamos que le vaya bien porque así le irá a Oaxaca, pero no a partir de ilegalidades e ilegitimidades.
Por ello hacemos un llamado para que el congreso de Oaxaca reconsidere esta ratificación y reponga el procedimiento en este y otros nombramientos que surjan en las mismas condiciones.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al honorable Congreso del estado de Oaxaca a reponer el procedimiento en los nombramientos de secretarios de despacho del gobierno estatal que no cumplan con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado.
Segundo. Se exhorta al Poder Ejecutivo del estado a generar certidumbre en el nombramiento de su gabinete a partir del pleno respeto y seguimiento de la Constitución y a las leyes de la entidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2010.
Diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SCT y de la SFP a tomar acciones inmediatas respecto al descenso de categoría de la aviación civil en México por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Éric Luis Rubio Barthell, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Éric Luis Rubio Barthell, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, conforme a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Antecedentes
I. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creada en 1944 por la Convención de Chicago para estudiar los problemas de la aviación civil internacional y promover los reglamentos y las normas únicos en la aeronáutica mundial. La dirige un consejo permanente, con sede en Montreal, Canadá.
II. El convenio previo al establecimiento de la OACI fue elaborado por la Conferencia de Aviación Civil Internacional celebrada en Chicago del 1 de noviembre al 7 de diciembre de 1944, que entró en vigor el 4 de abril de 1947. La Organización Provisional de Aviación Civil Internacional estuvo funcionando desde el 6 de junio de 1945 hasta que se estableció oficialmente la OACI.
III. Los fines y objetivos de la OACI son desarrollar los principios y la técnica de la navegación aérea internacional y fomentar la formulación de planes y el desarrollo del transporte aéreo internacional. Para lograr tales fines persigue fomentar el progreso de la aviación civil internacional, fomentar el diseño y el manejo de aeronaves para fines pacíficos, estimular el desarrollo de rutas aéreas, aeropuertos y satisfacer las necesidades de los países en lo relativo a transportes aéreos seguros, regulares, eficientes y económicos.
IV. La Administración Federal de Aviación (AFA) es la entidad gubernamental encargada de la regulación de todos los aspectos de la aviación civil en Estados Unidos. Fue fundada el 20 de mayo de 1926 para administrar el tráfico aéreo civil. Desde el 11 de septiembre de 2001, la agencia trabaja con el Departament of Homeland Security para el control de los vuelos y la seguridad en el aire.
V. El 18 de septiembre de 2007, los gobiernos de México y de Estados Unidos de América firmaron el acuerdo para el fomento de la seguridad en la aviación. Éste fue aprobado por la Cámara de Senadores el 8 de octubre de 2009, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de diciembre del propio año.
VI. Con fecha 23 de febrero de 2010 se publicó en el DOF el decreto promulgatorio del acuerdo entre los gobiernos de México y de Estados Unidos de América para el fomento de la seguridad en la aviación, firmado en Montreal el 18 de septiembre de 2007, donde se establece que dicho decreto entra en vigor el 24 de febrero de 2010.
En el acuerdo, ambas partes designaron a su autoridad de aviación civil: por el gobierno de Estados Unidos de América, la Administración Federal de Aviación (FAA), del Departamento de Transporte; y por el de México, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
VII. En el artículo I del acuerdo, 1 las partes se comprometieron, entre otras cosas, a facilitar la aceptación de las autorizaciones y el monitoreo de las instalaciones de mantenimiento e instalaciones de alternación o modificación, personal de mantenimiento, tripulación de vuelo, centros de capacitación en aviación y operaciones de vuelo de la otra parte, así como procurar la cooperación para mantener un nivel equivalente de seguridad y de objetivos ambientales respecto a la seguridad de la aviación.
Entre los propósitos del acuerdo se definen los siguientes términos: 2
Aprobaciones de aeronavegabilidad: la determinación de que el diseño o el cambio del diseño de un producto aeronáutico civil cumple las normas acordadas entre las partes o de que un producto aeronáutico civil se ajusta a un diseño, el cual se ha determinado que cumple dichas normas, y que está en condiciones de operar con seguridad.
Autorización de operaciones de vuelo: inspecciones y evaluaciones técnicas efectuadas por una de las partes, utilizando las normas acordadas entre ellas, de una entidad que presta servicios comerciales de transportación aérea de pasajeros o de carga, o la determinación de que la entidad cumple dichas normas.
Tripulación de vuelo: piloto, ingeniero de vuelo o navegante aéreo asignado a una tarea en una aeronave durante el tiempo de vuelo.
Mantenimiento: realización de una inspección, revisión general, reparación, conservación y reemplazo de partes, materiales, accesorios o componentes de un producto aeronáutico civil, a fin de asegurar la continuidad de la aeronavegabilidad de dicho producto, pero excluyendo alteraciones y modificaciones.
Monitoreo: vigilancia periódica realizada por la autoridad de aviación civil de una parte para determinar el cumplimiento continuo de las normas apropiadas.
Lo anterior se ratifica en el artículo III del acuerdo, que establece que las autoridades de aviación civil de las partes realizarán evaluaciones técnicas y trabajarán juntas para desarrollar la comprensión mutua de las normas y los sistemas en las siguientes áreas: (i) aprobaciones de aeronavegabilidad de productos aeronáuticos civiles; (ii) aprobación y monitoreo de instalaciones y personal de mantenimiento; (iii) aprobación y monitoreo de operaciones y tripulaciones de vuelo; y (iv) aprobación y monitoreo de centros de capacitación en aviación, entre otros.
VIII. La AFA emite una clasificación para la aviación. Los países etiquetados en la categoría 1 son los de buenas prácticas, mientras que la 2 está reservada para los que no cuentan con recursos para aplicar las normas que emite la OACI.
IX. Como consecuencia de la degradación de la aviación de México a categoría 2, se restringen nuevos servicios a ciudades estadounidenses y se limitan las posibilidades de las aerolíneas para establecer acuerdos comerciales; es decir, las aerolíneas mexicanas quedan impedidas para aumentar su flota y crear itinerarios hacia Estados Unidos.
X. La SCT en un comunicado de prensa señaló lo siguiente: 3
La modificación de la categoría se refiere exclusivamente a elementos administrativos y organizacionales de la DGAC. Particularmente, se trata de una escasez de recursos humanos en el área de inspectores de vuelo.
La FAA evalúa el marco legal de la aviación civil y cuestiones relativas a la capacidad de supervisión, entrenamiento de personal y procesos de inspección dentro de la normatividad que emite la OACI, agencia de la ONU.
Para solventar esto, la SCT trabaja en una estrategia integral a fin de superar esta situación coyuntural y recuperar con la mayor brevedad la categoría 1 y la permanencia de México en esta clasificación.
El problema que enfrenta la SCT es de cantidad, no de calidad. La DGAC cuenta con inspectores sumamente capacitados que realizan el trabajo con profesionalismo y eficacia, teniendo como objetivo principal garantizar la seguridad del transporte aéreo en México.
La medida de la FAA no significa un deterioro en la seguridad de la aviación civil en México. Las aerolíneas nacionales son seguras y seguirán con servicios de gran calidad, equiparables con los mejores estándares internacionales.
Las operaciones con Estados Unidos se desarrollarán con absoluta normalidad, sin variaciones en la frecuencia, rutas o destinos.
XI. El artículo 17 de la Ley de Aviación Civil en su tenor literal establece lo siguiente:
En la prestación de los servicios de transporte aéreo se deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar las condiciones máximas de seguridad de la aeronave y de su operación, a fin de proteger la integridad física de los usuarios y de sus bienes, así como la de terceros.
Los servicios deberán prestarse de manera permanente y uniforme, en condiciones equitativas y no discriminatorias en cuanto a calidad, oportunidad y precio.
Consideraciones
I. Derivado de una búsqueda en la página web de la SCT sobre el tema que nos ocupa, se despliega el comunicado de prensa número 124, Sin afectaciones, vuelos de aerolíneas nacionales a Estados Unidos, así como la versión estenográfica de la conferencia de prensa ofrecida por el subsecretario de Transporte, ingeniero Humberto Treviño Landois; y el director general de Aeronáutica Civil, licenciado Héctor González Weeks, en el auditorio de la sede central de la secretaría; es decir, la resolución específica por la cual se determina la degradación a categoría 2 no es un documento que se haya hecho público, aun cuando a todas luces es de suma relevancia y de interés público.
II. En el comunicado de prensa de la SCT que se mencionó, la autoridad señala que se trata de una problemática que se refiere “exclusivamente a elementos administrativos y organizacionales de la DGAC. Particularmente, se trata de una escasez de recursos humanos en el área de inspectores de vuelo”. De dicha declaración no se desprende cuál es la omisión en que incurrieron las autoridades responsables. Asimismo, de lo que sí se expresa en el comunicado no se derivan cuestiones vinculantes con el acuerdo bilateral firmado con Estados Unidos, cuyo objeto recae básicamente, como se transcribió, en protocolos de seguridad entre ambos países.
XII. Diversos medios informativos han señalado que derivado del accidente aéreo del entonces secretario de Gobernación en 2008, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, solicitó a la AFA la realización de un peritaje, en virtud de que dicha administración es la encargada de revisar de manera periódica a las autoridades de aviación de los países con compañías que operan en Estados Unidos para comprobar que cumplen normas de seguridad como control de tráfico aéreo, certificación de personal y supervisión de las aeronaves.
A su vez, se señaló que el dictamen que emitió la AFA como resultado del accidente aéreo de 2008 hacía referencia a la falta de pericia del piloto al servicio de la Secretaría de Gobernación. Señalaba que los estudios del piloto en cuestión habían sido en una escuela no certificada por la DGAC.
Se ha dicho que tras la visita de supervisión que realizó la AFA a la DGAC se solicitó al gobierno mexicano la exhibición de la lista de pilotos egresados de la citada escuela no certificada, así como la ubicación de cada uno de ellos. El plazo para entregar dicha información era febrero pasado. Concluido el plazo sin una respuesta del gobierno mexicano, a finales de julio del presente año la Embajada de Estados Unidos en México confirmó a la SCT que la AFA decidió bajar la calificación de México en materia aeronáutica a categoría 2 por incumplir los lineamientos de seguridad solicitados por la OACI.
No obstante lo anterior, de no presentar la información requerida por la AFA, todavía hay la posibilidad de que la aviación mexicana nuevamente baje su categoría a nivel 3, lo que implicaría que ningún avión nacional, privado, comercial u oficial, podría volar a Estados Unidos, lo que generaría un serio perjuicio a los usuarios e incluso se podría causar un daño patrimonial al Estado, si se considera –como señala Reuters– que 51 por ciento de los turistas que viajan a México por avión lo hace con aerolíneas estadounidenses, ya que esas operadoras extranjeras podrían tomar ventaja de la situación.
III. Por ello es de vital importancia que se informe y puntualice a esta soberanía (i) cuál es el origen del incumplimiento por el cual se degradó a categoría 2 la aviación civil mexicana; (ii) cuál es el alcance de la información solicitada por la AFA; y (iii) qué acciones ha emprendido la autoridad para resolver las medidas que originaron esta situación y para que México recobre la categoría, a efecto de fundar y motivar la acción o la omisión de las autoridades responsables a fin de que, en su caso, se les separe de su encargo y se inicien los procedimientos administrativos correspondientes.
Por lo expuesto, se somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al ciudadano Juan Francisco Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes, a presentar ante esta soberanía un informe pormenorizado, con documentación que lo soporte, respecto a la solicitud de la Administración Federal de Aviación, así como a fundar y motivar las razones por las cuales no se atendieron los requerimientos de dicha administración y que se expliquen las acciones que la dependencia a su digno cargo lleva a cabo para que México recupere la categoría 1 y su permanencia en esta clasificación.
Segundo. Se exhorta al ciudadano Juan Francisco Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes, para que de inmediato separe del encargo a los funcionarios públicos que no cumplieron sus responsabilidades en el ámbito de sus respectivas competencias.
Tercero. Se exhorta al ciudadano Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, a iniciar procedimientos administrativos contra los servidores públicos que resulten responsables por acción u omisión del descenso de la calificación de México en materia aeronáutica, ya que con ello se afectó la seguridad de la aviación en México, se llevó a cabo un descrédito internacional de la aviación del país y se puso en riesgo la vida de millones de mexicanos.
Notas
1 Artículo I
A. Las partes acuerdan
1. Facilitar la aceptación por cada parte de lo realizado por la otra parte respecto a
(a) aprobaciones de aeronavegabilidad, pruebas ambientales y autorizaciones de productos aeronáuticos civiles; y
(b) evaluaciones de calificación de simuladores de vuelo.
2. Facilitar la aceptación por las partes de las autorizaciones y monitoreo de las instalaciones de mantenimiento e instalaciones de alteración o modificación, personal de mantenimiento, tripulación de vuelo, centros de capacitación en aviación, y operaciones de vuelo de la otra parte; y
3. Procurar la cooperación para mantener un nivel equivalente de seguridad y de objetivos ambientales respecto a la seguridad en la aviación.
B. Cada parte designará a su autoridad de aviación civil como representante ejecutivo para implantar el presente acuerdo. Por el gobierno de Estados Unidos de América, el representante ejecutivo será la Administración Federal de Aviación, del Departamento de Transporte. Por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, el representante ejecutivo será la Dirección General de Aeronáutica Civil, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
2 Artículo II del acuerdo.
3 Comunicado de prensa número 124, en www.sct.gob.mx
Dado en el salón del pleno de la Cámara de Diputados, a 11 de noviembre de 2010.
Diputado Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP información sobre el estado que guardan las sociedades nacionales de crédito, a cargo del diputado David Penchyna Grub, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, David Penchyna Grub, diputado de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 53, 58, 59 60 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del honorable pleno, punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
La rendición de cuentas es una obligación de todo país que vive una democracia plena, y fortalecida por la credibilidad de sus ciudadanos, la cual genera confianza y, a su vez, permite diseñar políticas públicas específicas y especializadas para mejorar la eficacia de las instituciones y mejorar la calidad de vida de la sociedad.
La transparencia es pilar fundamental de los gobiernos desarrollados, funda y promueve la participación ciudadana en las decisiones gubernamentales. Es deber de la administración pública brindar toda la información correspondiente a sus funciones ejercidas durante un periodo determinado.
Corresponde a los Poderes Ejecutivo y Legislativo elaborar programas sociales con certeza en la dirección que deben de tomar, para mejorar las condiciones y calidad de vida de los ciudadanos. Y a su vez, optimizar los resultados de los existentes. Dicha información, permite saber dónde estamos y hacia donde queremos dirigirnos como nación.
Según distintas doctrinas, la información que las dependencias gubernamentales vierten sobre las preguntas y requerimientos que se les hacen, no es suficiente únicamente, con el envío de información limitada de ciertas operaciones que se han llevado a cabo, sino que es necesaria la aportación de documentación sustentada y explícita, clara y concisa sobre la descripción de los resultados obtenidos.
Por tal motivo, en el presente se incluyen formatos para analizar de manera más sustanciosa y ágil, la información y respuestas aportadas por la dependencia federal a la Cámara de Diputados, específicamente, sobre las instituciones nacionales de crédito entre los años 2000 y 2009, inclusive.
En pleno ejercicio de las atribuciones de la Cámara de Diputados, conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en correcto ejercicio soberano, resulta indispensable formular al titular de la secretaría de Hacienda y Crédito Público, los siguientes cuestionamientos y requerimientos de información, a efecto de que responda a la Cámara de Diputados, las preguntas y formularios expuestos en el presente punto de acuerdo.
De conformidad a la facultad expresada en el párrafo cuarto, del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto constitucional que establece la facultad de que las Cámaras requieran información o documentación a los titulares de las dependencias del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, misma que tiene que ser respondida en un periodo no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.
En virtud de lo anterior, se formulan los siguientes planteamientos al doctor Ernesto Cordero Arroyo, secretario de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que informe el estado que guardan las instituciones que comprenden las sociedades nacionales de crédito, al tenor de lo siguiente:
A la banca de Desarrollo
1. Financiera Rural
2. Nacional Financiera
3. Banco Nacional de Comercio Exterior
4. Banobras
5. Banjército
6. Bansefi
7. Sociedad Hipotecaria Federal
8. FIRA: Fideicomisos Relacionados con la Agricultura.
Fondos y fideicomisos
1. Fideicomisos sectorizados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
a. El Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (Fondo). Esta entidad opera dentro del sistema FIRA;
b. El Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (Fovi), constituido en 1965. Esta entidad inició su proceso de liquidación en 2001, al crearse la Sociedad Hipotecaria Federal, antes referida;
c. El Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA). Esta entidad opera dentro del Sistema FIRA;
d. El Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (Fega). Esta entidad opera dentro del sistema FIRA;
e. El Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (Fopesca). Esta entidad opera dentro del sistema FIRA;
f. El Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (Focir).
2. Fideicomisos sectorizados a dependencias diferentes a la SHCP
a. Fondo nacional de Fomento al Turismo (Fonatur),
b. Fondo de las Habitaciones Populares (Fonhapo),
c. Fideicomiso de Fomento Minero (Fifomi) y
e. Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot).
Asimismo, se envían los siguientes formatos, a efecto de que se responda siguiendo el esquema que acompaña el presente punto de acuerdo, con la finalidad de facilitar y agilizar el análisis de la información enviada a esta soberanía:
En atención de lo expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que se turne a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el presente, a efecto de que se dirija al secretario de Hacienda y Crédito Público, formatos con las preguntas e información requerida, respecto del estado que guardan las instituciones que comprenden las sociedades nacionales de crédito, con fundamento en el artículo 93 constitucional, fijándose plazo perentorio de quince días naturales para producir y entregar las respuestas requeridas.
En caso de que se alegue reserva o secreto respecto al tema o asunto en particular, que se indiquen el plazo, la fundamentación y la motivación de tal clasificación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2010.
Diputado David Penchyna Grub (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a evaluar la posibilidad de elaborar un programa de rescate financiero estatal y municipal, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito diputado Juan José Cuevas García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para evaluar la posibilidad de elaborar un Programa de Rescate Financiero Estatal y Municipal al tenor de lo siguiente
Exposición de Motivos
Los expertos en la materia señalan que los municipios son la célula básica de la administración pública, de la división territorial y del orden político y social. Sin embargo los tiempos que vivimos están generando una transición de este orden administrativo para convertirlo en cuerpo del desarrollo regional, social y económico del país.
Sin embargo, durante los últimos años, hemos sido testigos de que uno de los principales problemas en la administración de los ayuntamientos se relaciona con el crecimiento desmedido de sus obligaciones financieras, es decir, la contratación cada vez más frecuente de deuda, lo que ha generado una serie de problemas.
Por un lado, la deuda de los ayuntamientos se traslada de administración en administración pues existen casos de contratación de deuda hasta por 12 años, lo que reduce la capacidad de los presidentes municipales para poder aplicar políticas públicas sustentadas en finanzas sanas. En segundo lugar, es un hecho que el crecimiento de la deuda municipal está limitando su desarrollo y consolidación de las administraciones y en consecuencia, el de la sociedad que depende de éste para poder avanzar en indicadores de desarrollo como acceso a la educación, a la salud y a los servicios públicos básicos por citar un ejemplo.
De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante el ejercicio fiscal de 2009, nueve municipios absorbían una tercera parte de la deuda total que en ese año tenían los ayuntamientos en el país.
Este informe señaló que la mayor parte la contratación de créditos tuvo como justificación las necesidades de inversión en vías de comunicación, pago de pensiones, de la nómina de personal, el impulso de obras de infraestructura o en su defecto, la ampliación de seguridad.
Durante el primer trimestre de 2009, los municipios de Guadalajara, Monterrey, Tlalnepantla, Tijuana, Puebla, Ecatepec, Hermosillo, Zapopan, Benito Juárez y Puerto Vallarta que suman una deuda de más de 7 mil millones de pesos, prácticamente la tercera parte de la deuda municipal total en el país.
Esta herramienta financiera ha complicado sin lugar a dudas la situación de las finanzas municipales. Más allá de utilizar la contratación de crédito como un recurso alternativo, es cada día más común que los endebles ingresos municipales sean respaldados con las participaciones que reciben de la federación, sin considerar dos aspectos básicos: 1) La necesidad de realizar en el orden local esfuerzos de recaudación de impuestos y 2) La relación directa que existe entre el comportamiento de los ingresos federales por concepto de impuestos y los montos de participaciones entregados a los ayuntamientos.
Un dato importante de lo que significa la dependencia de las participaciones es que en 2009, los niveles de participaciones federales cayeron en el primer semestre en 50 mil millones de pesos, lo que llevó a la quiebra financiera a muchos de ellos y otros sin pensarlo recurrieron al endeudamiento. ¿Y su esfuerzo recaudatorio?
Aunque en 2010 hemos observado un comportamiento positivo de la economía y que se refleja en mayores recursos por participaciones federales a los gobiernos municipales, no es posible que se sigan exponiendo a la condición de variables externas y que sean éstas las decisivas y no las tomas de decisiones de los administradores, las que permitan establecer si las finanzas de los ayuntamientos son sanas o corren el riesgo de declararse en quiebra.
Esta situación tan complicada de las administraciones locales, en un futuro comprometerá el actual pacto fiscal que pueda derivar en una eventual crisis, pero así también, limitarán el desarrollo y el bienestar de la población.
Por ello, es fundamental que tanto la federación como los gobiernos estatales y municipales establezcan un programa de rescate financiero y que éstos últimos puedan acceder al programa siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos
• Transparencia y rendición de cuentas que den certidumbre a la población, sobre el manejo eficiente de los recursos públicos. Esta información deberá estar disponible como lo indican las leyes correspondientes, en los medios oficiales de comunicación local;
• Los gobiernos estatales y municipales deberán incrementar sus ingresos (por ejemplo, catastro y cobro de derechos de servicios) en un 50 por ciento;
• Establecer medidas de ahorro que permitan destinar un máximo de 40 por ciento de sus recursos totales para el pago de sueldos y salarios;
• Los gobiernos estatales y municipales que decidan participar en la firma de convenios con la federación para iniciar el rescate financiero, no contraten en lo sucesivo más deuda.
Los requisitos anteriores deberán cumplirse en un plazo de un año para el caso de los gobiernos municipales y de dos años para los gobiernos estatales. Mientras no se cumplan cualquiera de los requisitos y los plazos aquí citados, el gobierno federal no podrá intervenir en el rescate financiero.
Por lo antes expuesto y a efecto de que la SHCP pueda tomar como base los anteriores elementos para poder elaborar el programa de rescate, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación de los siguientes
Puntos de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para evaluar la posibilidad de elaborar un Programa de Rescate Financiero Estatal y Municipal para que todos aquellos gobiernos que cumplan con requisitos básicos en materia de transparencia, incremento en la recaudación de impuestos locales y en ahorro en sus finanzas (gasto en sueldos y salarios) en el mediano plazo estén en la posibilidad de firmar convenios que les permitan acceder al programa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2010
Diputado Juan José Cuevas García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para que el fomento, el cultivo y la exportación de la piña formen parte de los objetivos de la Comisión Especial de Citricultura, a cargo del diputado Rafael Rodríguez González, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Rafael Rodríguez González, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de esta honorable Cámara proposición con punto de acuerdo de conformidad con los motivos que a continuación se exponen
Antecedentes
En nuestro país la crisis económica de los últimos años, ha repercutido seriamente en la industria agrícola nacional, lesionando de manera grave a los grupos sociales más vulnerables, entre ellos al sector campesino, producto de esta crisis, se han impactado intensamente los trabajos agrícolas, que sumados al aumento desproporcionado de precios e insumos, fertilizantes y agroquímicos para los cuales los pequeños productores no cuentan con los recursos financieros indispensables, provocando que enfrenten tiempos difíciles de seria contingencia, riesgo y peligro.
En este escenario es necesario la articulación de políticas públicas que impacten de manera significativa el desarrollo del agro mexicano, y desde el Congreso, se debe coadyuvar con el gobierno federal en la construcción de estrategias que redunden en beneficio de este importante sector de la sociedad, no basta sólo con dotar de los instrumentos jurídicos, es necesario tener un papel más activo para sentar las bases del desarrollo agroindustrial de nuestro país.
Por esto, es necesario aprovechar la coyuntura que ofrece la riqueza de nuestro campo impulsando sectores como el piñero, en el cual se vincule de manera eficiente la cadena productiva, para que sea detonante de avance económico y social en las regiones en la cual se cultiva. Se deben generar los mecanismos que permitan una mayor integración en los actores involucrados, para explotar este nicho de oportunidad que representa el cultivo y producción de piña en nuestro país.
Actualmente en nuestro país se cultivan aproximadamente 28, 564.8 mil hectáreas en siete entidades federativas Colima, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, con una producción de un millón y medio de toneladas, obteniendo ingresos por el orden de los tres mil quinientos millones de pesos y generando cerca de 70 mil empleos, de los cuales son 35 mil directos y 35 mil indirectos.
Debemos aprovechar que nuestro país, actualmente es el séptimo productor mundial de piña, la cual en los últimos años ha tenido un auge, merced a sus propiedades médicas y terapéuticas, convirtiendo su cultivo en oportunidad de desarrollo ante la demanda creciente tanto en el mercado nacional como internacional, y en la cual nuestro país debiera ser parte importante por su ubicación geográfica, lo cual redundaría en beneficio de un importante número de familias que dependen de esta área de la producción rural.
Por ello, ante las similitudes que guarda en cuanto a características nutricionales y componentes, como lo es en cuanto a su cantidad de vitamina C y ácido cítrico, así como de algunas otras vitaminas y minerales que la asemejan con los cítricos, propongo este importante sector productivo del país se encuentre enmarcado dentro de los objetivos de la Comisión Especial de Citricultura, atendiendo a las razones ya expuestas.
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita de manera respetuosa a este honorable pleno, se apruebe, que el fomento, cultivo, producción y exportación de la piña, forme parte de los objetivos de la Comisión Especial de Citricultura.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre del 2010
Diputado Rafael Rodríguez González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los organismos nacionales y a los estatales que financian vivienda a evitar la autorización de créditos o subsidios para adquirir, construir, ampliar o remodelar inmuebles localizados en zonas de riesgo, a cargo del diputado Martín Rico Jiménez, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal Martín Rico Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta respetuosamente a los organismos nacionales y estatales que otorgan financiamiento para vivienda a fin de que eviten autorizar créditos para adquisición, construcción, ampliación o remodelación si se encuentran ubicadas en alguna zona de riesgo, con base en las siguientes:
Consideraciones
Las necesidades de vivienda son un desafío permanente, el crecimiento acelerado de la población genera una gran demanda de vivienda y los requerimientos de conservación habitacional no siempre corresponde a los recursos de inversión disponibles, al potencial productivo de la industria y a la capacidad de compra de las familias, lo que a su vez provoca que se construyan hogares en zonas de alto riesgo y con materiales de mala calidad, provocando así la pérdida de su vivienda cuando ocurren desastres naturales.
En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo, dispone la obligación de prevenir y atender los riesgos derivados de los desastres naturales, al tiempo que pretende sensibilizar a las autoridades y a la población de la existencia de riesgos y la necesidad de incorporar criterios para la prevención de desastres en los planes de desarrollo urbano y en el marco normativo de los municipios.
Es por ello que se deben orientar estrategias para hacer de la prevención de desastres y el manejo integral de riesgos una política de desarrollo sustentable a través de la promoción de un mayor financiamiento entre los sectores público, social y privado, y a fortalecer prácticas de cooperación entre la federación, estados y sociedad civil, que permitan atender con mayor oportunidad a la población afectada por fenómenos naturales, lo que implica diseñar e implementar nuevos programas estratégicos, dirigidos a mitigar la exposición de la población frente a amenazas de origen natural y antropogénico.
Los daños por fenómenos naturales afectan indistintamente a todos los sectores de la población del área de la catástrofe, sin embargo, la vulnerabilidad por la amenaza se acentúa en las áreas marginadas y de pobreza. Las consecuencias por desastres naturales y antropogénicos por la falta de prevención son cada vez más tangibles y afectan principalmente a sectores de la sociedad que menos tienen. Estos desastres han puesto en riesgo el patrimonio de muchos mexicanos, que en ciertas zonas se ha deteriorado o han perdido su vivienda.
Para minimizar los efectos de estos fenómenos existen instrumentos de prevención, elaborados y promovidos por el Sistema Nacional de Protección Civil y los gobiernos locales, así como los Atlas Nacionales y Locales de riesgos, mapas de zonas de vulnerabilidad, medidas reglamentarias con indicaciones específicas de construcción y ubicación de construcciones, reglamentos de construcción, entre otros.
En estos documentos se busca desarrollar un sistema integral de información sobre riesgo de desastre con productos geográficos y cartográficos que delimitan las zonas donde es más probable que sucedan estos fenómenos y afecten a la población que se encuentra en ellas.
Son diversos los factores que generan que un asentamiento humano sea irregular, entendiéndose éstos como los que han surgido y crecido fuera del marco legal aplicable en zonas no aptas para el desarrollo urbano, con independencia de la causa de su surgimiento.
El establecimiento de estas viviendas no cuentan con un reconocimiento legal por lo que resulta necesario contar con mecanismos e instrumentos jurídicos para dotar de mayores atribuciones a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de evitar la concentración y proliferación de asentamientos humanos en zonas de riesgo y reducir el riesgo de la población más vulnerable y atender la necesidad de controlar el crecimiento de los asentamientos humanos en zonas de riesgo como los causes de ríos.
En este contexto, el contar con mecanismos que permitan poner al alcance de las familias mexicanas la vivienda que requieren no sólo satisface una demanda social, sino también impulsa el crecimiento de la economía, del empleo y derrama recursos que permiten a la población hacerse de una vivienda, sin embargo es necesario ampliar el acceso al financiamiento para los segmentos de la población más desfavorecidos y para emprender proyectos de construcción en un contexto de desarrollo ordenado, racional y sustentable de los asentamientos humanos, pero siempre cuidando fortalecer la comunidad familiar en el orden de la vivienda, es por ello que los organismos que otorgan financiamiento para vivienda deben observar en todo tiempo las especificaciones indicadas en los instrumentos de planeación que restrinjan áreas propensas a riesgos naturales en concordancia con los atlas de riesgos y estudios similares, a fin de proporcionar lugares seguros para asentamientos humanos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a los organismos nacionales y estatales que otorgan financiamiento para vivienda a fin de que eviten autorizar créditos para adquisición, construcción, ampliación o remodelación si se encuentran ubicadas en alguna zona de riesgo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2010.
Diputado Federal Martín Rico Jiménez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la desaparición de menores en el estado de México, a cargo de la diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La niñez mexicana es uno de los grupos más vulnerables que existen en el país. A pesar de formar parte de la mitad de la población, son víctimas de constantes abusos y se encuentran expuestos a entornos violentos tanto en el hogar como en sus escuelas.
Adicionalmente, México ocupa el lugar 28 en el mundo, y el quinto en América Latina, con mayor comercio sexual de menores.
Datos de la Asociación México Unido contra la Delincuencia señalan que anualmente en nuestro país desaparecen aproximadamente 45 mil menores de 18 años, siendo el Distrito Federal, el estado de México y Jalisco los que registran el mayor índice delictivo al respecto.
Las cifras oficiales de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos, dependiente de la Procuraduría General de la República y la Policía Cibernética, dependiente de la Policía Federal, registran el secuestro de 12 mil niños con fines de explotación sexual y laboral.
La Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, AC, ha señalado que en el mes de octubre de 2010 se han registrado 53 casos de menores desaparecidos, de los cuales 30 ocurrieron en el estado de México, principalmente en los municipios de Tecámac, Ecatepec y Naucalpan, es decir, 60 por ciento de niños robados en el país ocurre en el estado de México.
El último de los casos tiene que ver con la desaparición de la menor María José Monroy Enciso, la cual le fue arrebatada a su madre por un sujeto el pasado 21 de septiembre de 2010.
No obstante, a pesar de haber detenido al sujeto, la menor no aparece y las autoridades de la Procuraduría de Justicia del estado se han negado a proporcionarle la información a los padres de esta menor violando los derechos que tiene como víctimas en el proceso penal.
Se trata de un asunto que requiere de la mayor atención por parte de las autoridades, ya que se trata de niños recién nacidos o que tiene menos de seis años de edad, los cuales pueden ser vendidos a parejas que no pueden concebir, susceptibles de adopciones ilegales, explotados o prostituidos.
Por lo antes expuesto sometemos al a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con absoluto respeto al federalismo, exhorta al ciudadano Enrique Peña Nieto, gobernador constitucional del estado de México, a implantar las medidas y los mecanismos necesarios para encontrar a los menores que han desaparecido en esa entidad, e instruya a la autoridades de la Procuraduría de Justicia del estado para que proporcionen la asesoría, el apoyo y la asistencia a los padres y las víctimas de estos delitos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2010.
Diputada Lizbeth García Coronado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Colima a suprimir el cobro del derecho de alumbrado público a los habitantes, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, diputado del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se someta a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Colima a suprimir el cobro del derecho de alumbrado público a los habitantes de sus municipios, bajo las siguientes
Consideraciones
1. Que desde hace algunos años en diversos municipios de los estados de Guanajuato y Tlaxcala, principalmente, ha tenido lugar una queja ciudadana en contra del pago de una contribución denominada Derecho de Alumbrado Público, que consiste en el cobro que realizan algunos ayuntamientos a sus habitantes por el alumbrado público en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común. La tarifa que se cobra por el derecho de alumbrado público, es la que resulta de dividir el costo originado al municipio por la prestación de este servicio, entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad, por lo que el resultado que se obtiene se cobra individualmente en el recibo que para tal efecto expide la empresa suministradora de energía eléctrica.
2. Que el 17 de julio de 2008, el Diario Oficial de la Federación dio a conocer una resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en referencia a jurisprudencia derivada de litigios de los años de 2006 y 2007 en torno al pago del derecho de alumbrado público.
De la resolución dictada por el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 28/2007, promovida por el procurador general de la república destaca lo siguiente
• Los ministros José Ramón Cossío Díaz y José Fernando Franco González concluyeron que, de conformidad con los artículos 40, 41, 42 y 124 de la Constitución, el Estado mexicano se constituye en una república federal, compuesta de estados libres y soberanos en cuanto a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de la ley fundamental, por lo que si bien los estados pueden crear su propio sistema jurídico no deben contravenir las disposiciones del pacto federal en el que se establecen competencias residuales, de acuerdo con lo cual, todas aquellas facultades que no están expresamente otorgadas a la federación, corresponden a los estados.
• De la interpretación literal del artículo 73, fracción XXIX, sección 5a., inciso a) de la Constitución, se desprende que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión establecer contribuciones en materia de energía eléctrica.
• En términos de lo previsto por el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, las contribuciones deben tener ciertos elementos, tales como sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago.
• El detalle jurídico se encuentra justo en el concepto mismo de “derechos”, toda vez que éstos representan “las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el estado en sus funciones de derecho público”. Dentro de tales servicios o funciones, debe incluirse el de generar iluminación en la vía pública.
• Si bien el artículo 115, fracción III, inciso b) de la Constitución Federal, prevé que el municipio tendrá a su cargo el servicio público de alumbrado, dicha facultad no puede extenderse para que el municipio pueda, a través de su Ley de Ingresos, cobrar impuestos por el consumo de energía eléctrica.
3. Como sustento de lo anterior se encuentra la acción de inconstitucionalidad 25/2006 de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice que en materia de alumbrado público, “las diversas leyes de ingresos de los municipios del estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2003, que prevén la tasa aplicable a esa contribución especial, invaden la esfera de atribuciones de la federación”.
4. Se trata de un asunto en el que prácticamente todas las entidades de la república, finalmente eliminaron de sus correspondientes leyes hacendarias municipales el cobro del derecho de alumbrado público, teniendo en cuenta que se trata de un procedimiento violatorio del pacto federal, pero a la vez invasor de las facultades que sólo le competen al gobierno federal.
5. No obstante lo anterior, la actual legislatura del estado de Colima aprobó el cobro del derecho de alumbrado público en los diez municipios de Colima, amedrentando a la población que de no pagar el derecho de mérito se dejará sin luz a los municipios y con ello a merced de la inseguridad pública, por lo que en mi calidad de representante popular y por ser violatorio de la Constitución solicito que esta Cámara de Diputados exhorte al Congreso del estado de Colima a suprimir el cobro del derecho de alumbrado público.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Congreso del estado de Colima a suprimir el cobro del derecho de alumbrado público a los habitantes de sus municipios.
Transitorio
Esta proposición entrará en vigor el día de su aprobación en la Cámara de Diputados. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre del 2010
Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para crear una comisión especial sobre la lucha contra la corrupción, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Juan José Cuevas García, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante este pleno una proposición con punto de acuerdo por la que se solicita la creación de la Comisión Especial sobre la lucha contra la corrupción, bajo las siguientes
Consideraciones
La corrupción es un flagelo que lastima y resquebraja la confianza que debe, siempre, imperar en medio de la relación que hay entre un pueblo y las instituciones gubernamentales. Así, cada sociedad tiene la creencia en que otra persona o grupo será capaz de actuar de forma adecuada en una determinada situación y pensamientos.
El cáncer de la corrupción es un asunto del mayor interés para los ciudadanos y sus gobernantes; se trata de un tema que se expone y sanciona moralmente en los medios de comunicación; su existencia y habitualidad trastorna la naturaleza de la relación entre gobierno y ciudadanos, una relación en la que los funcionarios públicos deben trabajar siempre con base en la expectativa de que cada ciudadano debe y puede confiar en ellos.
Se trata de un fenómeno que no respeta fronteras legales, jurisdiccionales o esferas gubernamentales. Tal situación requiere que todos los actores del estado ejecuten una labor coherente y coordinada, con una visión a largo plazo que pondere los intereses de la nación ante cualquier interés político. Es imperioso que México combata con toda la fuerza del estado las actividades corruptas y de ello se derive la oportunidad de fincar el futuro de una patria prometedora y en vías de lograr un estilo de vida plenamente democrático.
Históricamente las sociedades han demandado –hoy con mayor fuerza– que los gobiernos lleven a cabo sus actividades de forma transparente y sujeta a la evaluación pública; también exigen gobiernos con una sensibilidad tal que les permita emerger como instituciones cercanas a la gente. Debemos estar convencidos de que al fomentar la lucha contra la corrupción, estamos trabajando en beneficio del crecimiento económico y, por tanto, para la reducción de la pobreza y la desigualdad social. Asimismo, estaremos coadyuvando en la lucha contra la delincuencia común y la organizada.
Nuestro país ha emprendido importantes reformas, cuyo objetivo es abatir la corrupción. Sin embargo, sólo representan el inicio de un loable esfuerzo a largo plazo.
Para lograr esa meta es indispensable un cambio de actitud, el cual permita transitar de una cultura de la corrupción a una cultura de legalidad, de transparencia y de honestidad. Así pues, es indispensable que los servidores públicos y los ciudadanos actúen para prevenir y erradicar la corrupción en sus distintas modalidades.
El gobierno federal ya ha emprendido este difícil camino. Al respecto ha puesto en marcha el Programa de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal, con el que pretende eliminar por completo la reglamentación excesiva al interior del gobierno y la falta de claridad en la regulación, como campo propicio para la discrecionalidad y la corrupción.
Sumado a lo anterior, se ha implementado el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción, cuyo objetivo es el de consolidar una política de estado que permita fortalecer las buenas prácticas dentro de la función pública. De igual forma, contribuye al fortalecimiento de una cultura de apego a la legalidad, así como a la construcción de una ética pública que sirva para establecer valores y principios que guíen y orienten la actuación de los servidores públicos, y de la sociedad en su interacción con las instituciones.
México, a nivel internacional, ha asumido el compromiso de tomar medidas para combatir el fenómeno de la corrupción. Ante tal situación, ha firmado y ratificado
1. La Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos.
2. La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y
3. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, también conocida como la Convención de Mérida.
Por virtud de estos instrumentos, propios del derecho internacional público, nuestra nación se ha sumado a otros países para combatir diferentes dimensiones de la corrupción, además de promover y facilitar la cooperación entre los distintos países.
Esta lucha requiere de la cooperación de todos los actores políticos. Por eso el honorable Congreso de la Unión, entre 2007 y 2008, aprobó la reforma constitucional que reconoce el acceso a la información como un derecho fundamental, estableciendo principios y criterios que deben cumplir las instituciones públicas en todos los niveles de gobierno.
Asimismo se logró consolidar la reforma hacendaria, que entre otros aspectos establece la obligación de adoptar esquemas de evaluación del desempeño vinculados al presupuesto en todos los órdenes de gobierno, así como las reformas que amplían el alcance de la fiscalización de recursos públicos a todo ente público o privado, y la reforma en materia de seguridad y justicia.
De la misma forma, en 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuya última reforma fue publicada el 5 de julio del presente año. Paralelamente, y en el delicado ámbito de la seguridad pública, el 2 de enero de 2009 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la que se establece el sistema nacional de acreditación y control de confianza para cumplir con la evaluación y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.
La rendición de cuentas, la transparencia y la apertura de información pueden cerrar los caminos por los que la corrupción avanza día a día, y aunque hay avances significativos, aún siguen existiendo actividades, en todos los ámbitos de gobierno, que no son del todo transparentes y que generan impunidad.
Por eso, debemos seguir llevando a cabo acciones que fomenten una plena cultura de legalidad, en la que los ciudadanos y servidores públicos acepten el respeto a la ley con base en sus valores, principios y razonamientos individuales y colectivos; en donde ejerzan sus derechos respetando los derechos del otro, así como la dignidad de los demás ciudadanos. Pero también, es menester impulsar la participación ciudadana, mediante una vinculación activa y permanente con los sectores organizados y ampliando los espacios para que la ciudadanía participe en las políticas públicas.
Compañeras y compañeros legisladores, aquí en la Cámara de Diputados debemos luchar por forjar una gobernabilidad democrática que haga tangible la existencia de políticas públicas y prácticas administrativas compatibles con los principios y valores de la democracia. Sobre esas bases es vital lograr que las políticas de transparencia y de rendición de cuentas se extiendan y arraiguen en las instituciones del estado.
Recordemos que para el mejor desempeño de sus labores, esta Cámara cuenta con comisiones, mismas que permiten lograr cada una de los propósitos del Poder Legislativo.
Por su temática, la corrupción requiere que el pleno, apruebe la creación de una Comisión especial que se haga cargo de atender este asunto específico, que por sus características requiere del desarrollo de estudios económicos, jurídicos, políticos y sociales de todo el país. Además, que se dedique a su medición, la cual es difícil y complicada, por lo que es necesario desarrollar instrumentos para cuantificar el problema. Además, debe ocuparse de establecer los parámetros de referencia, también para diseñar estrategias y acciones tendientes a combatirla, así como la evaluación de la eficacia de cada estrategia o programa.
Lo anterior reitera, que no sólo se requiere impulsar y dar seguimiento oportuno a las acciones legislativas y de política pública requeridas para disminuir el problema de la corrupción, sino que también es necesario que este órgano del Poder Legislativo federal, cuente con un órgano integrado por conocedores de cada uno de los aspectos que engloban el tema de la corrupción, que de forma coordinada, opine y participe en todas aquellas reformas legales que reformen o perfeccionen el marco jurídico federal, para combatir este flagelo.
Es en este contexto, que se considera que la Cámara de Diputados deberá realizar los trabajos necesarios ya mencionados, a través de la creación de una Comisión Especial denominada “Sobre la Lucha Contra la Corrupción”.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acuerde la creación de la Comisión Especial sobre la lucha contra la corrupción, y una vez realizado lo anterior, lo someta a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados.
Segundo. El objeto de la Comisión Especial será el de realizar estudios económicos, jurídicos, políticos y sociales vinculados con el tema de la corrupción; evaluar la eficacia de cada estrategia o programa que se implemente en la materia, así como opinar y participar en todas aquellas reformas legales que reformen o perfeccionen el marco jurídico federal en la materia.
Tercero. Para el cumplimiento de su objetivo dicha Comisión Especial podrá allegarse de la información que considere pertinente; así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de sus competencias.
Cuarto. La Comisión Especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política, en forma proporcional a la representación de los Grupos Parlamentarios en la Cámara de Diputados.
Quinto. La Comisión Especial objeto del presente punto de acuerdo, funcionará, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
Sexto. La vigencia del acuerdo que crea la Comisión Especial que se propone, será a partir de su aprobación por el pleno y hasta el mes de agosto de 2012.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2010
Diputado Juan José Cuevas García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para crear una comisión especial que dé seguimiento al sistema Mexibús Ciudad Azteca-Tecámac, México, a cargo de la diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada federal en la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
El proyecto Mexibús de Autobuses Rápidos Troncales original consistía de 24 estaciones en un recorrido de 16 kilómetros desde Ciudad Azteca, en Ecatepec, a Ojo de Agua, en Tecámac. Pero el pasado 2 de octubre se puestos en funcionamiento sólo 11 kilómetros y 20 estaciones, yendo únicamente de Ciudad Azteca a la Central de Abastos. Cuatro estaciones del proyecto fueron derribadas debido a que fueron mal planeadas y su ubicación no resultó funcional, lo que agravó el retraso de la obra.
Este sistema ha estado plagado de anomalías, incumplimientos, molestias a usuarios y vecinos, y de opacidad financiera por parte del gobierno del estado de México, a través de su Secretaría de Comunicaciones y de su Junta Local de Caminos, encargadas de la ejecución de la obra.
El presupuesto para el Mexibús se asignó en 2007 y debería haberse concluido en 2008; sin embargo, apenas entró en operación ésta primera etapa de la línea uno concesionada a la empresa Transmasivo, integrada a su vez por transportistas de 13 empresas, en una concesión por 30 años.
La apertura del corredor completo, Ciudad Azteca-Tecamac; luego se programó para el 22 de agosto de 2009; después se programó para el 28 de noviembre, la última fecha de compromiso fue en febrero de este 2010, algo que no se cumplió hasta este octubre.
Al mismo tiempo, el gobierno estatal es el responsable de la construcción del carril confinado, las adecuaciones técnicas y la semaforización en todo el trayecto por el cual transitan los autobuses articulados; pero estos trabajos ocasionaron afectaciones a la circulación de vehículos particulares, al transporte público, a los peatones y habitantes de las zonas aledañas a la obra.
Su operación no ha traído las ventajas esperadas para los vecinos, dado el elevado pasaje que tienen que pagar. Carece, desde su inicio, de señalamientos que faciliten la vialidad, puentes peatonales, y falta de difusión de rutas alternativas. Todo lo anterior evidencia la falta de un plan de mitigación para el funcionamiento de la obra.
En otro aspecto, la Auditoría Superior de la Federación dentro de su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Publica 2008, revisó 242.2 millones de pesos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfirió al gobierno del estado de México a través del Fondo Metropolitano, en donde se encontraron 26 observaciones incluyendo 23 irregularidades contables, lo que evidencia una falta de planeación y de responsabilidad en la ejecución del proyecto. El gobierno estatal nunca presentó el proyecto técnico de la obra y no transfirió los recursos al Fideicomiso Trans Mexiquense Bicentenario, creado para la construcción del Mexibús, ni contó con estudios de factibilidad técnica, económica y ambiental del proyecto, tampoco tramitó los permisos y licencias necesarios para la construcción del carril confinado.
Es decir, se violó la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, y la Ley de Planeación y las reglas de operación del Fondo Metropolitano.
También existió otro problema, se quiso expropiar las viviendas laterales de la avenida donde se presentó la afectación para poder abrir carriles pero los vecinos se ampararon y ganaron.
Las anomalías y problemas han afectado a la misma empresa concesionaria ya que, debido al retraso en la entrega de carril confinado por parte de la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México, Transmasivo dijo que ha perdido hasta antes del inicio de operaciones 60 millones de pesos, por lo cual el señor Genaro Rosalino García, director general de Transmasivo, declaró que esa situación los llevaría a revocar el contrato de financiamiento por 63 autobuses articulados firmado con la empresa Volvo.
En algún momento, el representante de los transportistas reconoció la insolvencia económica de la empresa para continuar pagando puntualmente el financiamiento de los autobuses, debido a los siete meses que llevaba hasta ese momento el retraso de la obra.
Las autoridades estatales celebraron “el mérito de este acuerdo es que en este momento, a pesar de la crisis mundial, hayamos concretado formalmente la concesión, ahora tanto las autoridades del Gobierno del Estado de México como los transportistas somos socios en este proyecto. El título de concesión establece que las variables financieras podrían tener modificaciones en caso de cambios bruscos de la economía y eso da certeza a los transportistas”. Como se ve, hay una asociación poco clara y se denota una inconsistencia e indefinición en el aspecto financiero de la obra.
Según el gobierno mexiquense, se estudiaron los costos del transporte público en territorio mexiquense comparado con el costo del Mexibús y se encontró que es más caro transportarse en microbús, combis o taxis que en este nuevo sistema. El costo del pasaje, de Central de Abasto a Ciudad Azteca, es 7 pesos, aunque las autoridades mexiquenses pugnan por que sea más elevado.
En virtud de lo anteriormente señalado, con el propósito de transparentar el financiamiento, construcción y operación de esta obra, y con base en lo señalado en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial para dar seguimiento al sistema Mexibús Ciudad Azteca-Tecámac, en el estado de México.
Segundo. El objetivo de la comisión especial será el que se deriva de su denominación.
Tercero. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha comisión especial podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales responsables y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, de conformidad al marco normativo aplicable.
Cuarto. La comisión estará integrada por quince miembros propuestos por los grupos parlamentarios en la siguiente proporción: seis diputados del PRI, cuatro diputados del PAN, tres diputados del PRD y dos diputados pertenecientes a los grupos parlamentarios restantes. La comisión contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y dos secretarios.
Quinto. La Comisión Especial estará vigente hasta el 31 de agosto de 2012. Para estos efectos deberá presentar de manera anual un informe de actividades ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.
Transitorio
Único. Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.
Diputada Federal Lizbeth García Coronado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del GDF y de la delegación Tlalpan a dar solución pacífica a las invasiones e irregularidades en materia de vivienda y uso de suelo en Mesa los Hornos, perteneciente a esa demarcación, a cargo del diputado César Daniel González Madruga, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado César Daniel González Madruga, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo en que se exhorta al jefe delegacional en Tlalpan, Higinio Chávez, así como al jefe de gobierno Marcelo Ebrard Casaubón, a dar una solución pacífica a las invasiones e irregularidades en materia de vivienda y uso de suelo en la zona conocida como Mesa los Hornos, perteneciente a la delegación Tlalpan; la cual considere todas las partes involucradas de manera justa respecto a la situación de cada habitante de la zona.
Exposición de Motivos
Durante varios años, la colonia Mesa los Hornos ha sido objeto de invasiones y habitación irregular por parte de diversos grupos de personas, dando como resultado la falta de servicios urbanos, así como diferentes conflictos entre grupos sociales, falta de seguridad pública y certeza jurídica de los predios. Las diferentes administraciones delegacionales han pasado por alto y confundido a la población con planes de lotificación y regularización que no se han llevado a cabo conforme a las necesidades y demandas de los vecinos originarios de la comunidad. Se cuenta con documentos expedidos por delegaciones anteriores en los que se planifica a detalle la división del predio para uso habitacional y pretende regularizar la situación jurídica del inmueble, misma que no ha sido tomada en cuenta por las autoridades correspondientes para dar solución y certeza a los pobladores de la comunidad. Los habitantes se encuentran preocupados por un posible cambio en el uso de suelo, así como la poca certeza jurídica de su patrimonio, pues el predio en cuestión, se ha vuelto atractivo para algunas empresas privadas.
El predio en cuestión es propiedad del gobierno del Distrito Federal, mismo que no ha brindado atención a los vecinos originarios, ni tampoco ha tomado cartas en el asunto para regularizar la ocupación del predio. Ya que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda realizó un acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 2 de agosto de 2010, por el que se emite el programa de regularización del uso del suelo de establecimientos mercantiles de hasta 100 metros cuadrados de superficie construida, cuyos giros sean abasto y almacenamiento, venta de productos básicos y de especialidades, administración y asistencia social, de bajo impacto urbano.
La ciudadanía tiene que ser tomada en cuenta para dar su opinión y ser participe de una solución integral que otorgue una mejora en la calidad de vida de los habitantes que puedan acreditar su derecho a permanecer en el predio.
Toda vez que ya se hizo modificaciones en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y esto se debe de reflejar en la certeza jurídica para que tanto el gobierno del Distrito Federal como la Delegación Tlalpan otorguen constancias de propiedad de los predios aludidos a los vecinos ya originarios de la colonia Mesa los Hornos.
Con esto se controlaría el asentamiento irregular de personas ajenas a la colonia y los ciudadanos tendrían seguridad y confianza jurídica de sus predios, dándoles el acceso a información necesaria a los vecinos para que puedan obtener sus constancias de propiedad al igual para que tenga la suficiente información por parte de las autoridades capitalinas de los diferentes acuerdos y modificaciones que se han realizado a la legislación local como el acuerdo por el que se emite el programa de regularización del uso del suelo de establecimientos mercantiles de hasta 100 metros cuadrados de superficie construida cuyos giros sean abasto y almacenamiento, venta de productos básicos y de especialidades, administración y asistencia social, de bajo impacto urbano, que establece lo siguiente:
Primero. Se emite el Programa de regularización del uso del suelo de establecimientos mercantiles de hasta 100 metros cuadrados de superficie construida, cuyos giros sean abasto y almacenamiento, venta de productos básicos y de especialidades, administración y asistencia social, de bajo impacto urbano.
Segundo. Se entiende por establecimientos de bajo impacto urbano, aquéllos que tengan hasta 100 metros cuadrados de construcción, que no obstruyan la vía pública, no provoquen congestionamientos viales, no arrojen al drenaje ni a la vía pública, sustancias o desechos tóxicos, no utilicen materiales peligrosos, no emitan humos ni ruidos perceptibles por los vecinos, cuenten con acceso directo a la vía pública y los procesos de comercialización que se desarrollen sean al menudeo.
Con esto, el acceso a la información de los ciudadanos capitalinos estaría cubierta y más en específico a los vecinos de la delegación Tlalpan que son los primeros afectados por esta desatención y omisión de información por parte de las autoridades responsables antes citadas.
Toda vez que ya se hizo modificaciones en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y esto se debe de reflejar en la certeza jurídica para que tanto el gobierno del Distrito Federal como la delegación Tlalpan otorguen constancias de propiedad de los predios aludidos a los vecinos ya originarios de la colonia Mesa los Hornos.
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal y al jefe delegacional de Tlalpan a que, con estricto apego a la ley, prevalezcan los principios de certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad para solucionar la regularización de los predios y la información de uso de suelo a los vecinos tlalpenses.
Segundo. Se exhorta al jefe delegacional de Tlalpan a girar instrucciones a las áreas bajo su cargo correspondientes para que, en lo sucesivo, se realice una puntual observación del cumplimiento de los acuerdos pertinentes y a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a fin de garantizar el verdadero compromiso y cumplimiento de los ordenamientos legales para satisfacer las necesidades de los tlapenses.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2010.
Diputado César Daniel González Madruga (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Ejecutivos federal y estatales a formalizar la obligatoriedad de que todas las dependencias de gobierno consideren las artesanías de producción nacional como único bien por obsequiar a visitantes nacionales o extranjeros; y a la SFP, a verificar su cumplimiento, a cargo del diputado Martín García Avilés, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presento a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo a efecto de que se formalice la obligatoriedad de que todas las dependencias de gobierno, en sus distintos niveles consideren a las artesanías de producción nacional, como único bien a obsequiarse a visitantes nacionales o extranjeros.
Antecedentes
El sector artesanal de nuestro país refleja la diversidad cultural y riqueza creativa de nuestros pueblos y nuestros antepasados, constituyendo parte fundamental de la identidad de todos los mexicanos.
Las artesanías mexicanas están consideradas como un referente cultural del país y son reconocidas y valoradas en el mundo entero.
Los artesanos de México, preservan y reproducen, a través de generaciones, los valores más elementales y representativos de nuestra cultura y nuestras tradiciones.
En el marco jurídico mexicano se entiende por artesanía a la actividad realizada manualmente en forma individual, familiar o comunitaria, que tiene por objeto transformar productos o substancias orgánicas e inorgánicas en artículos nuevos, donde la creatividad personal y la mano de obra constituyen factores predominantes que les imprimen características culturales, folklóricas o utilitarias, originarias de una región determinada, mediante la aplicación de técnicas, herramientas o procedimientos transmitidos generacionalmente. 1
Asimismo, se conceptualiza a los artesanos como aquellas personas cuyas habilidades naturales o dominio técnico de un oficio, con capacidades innatas o conocimientos prácticos o teóricos, elaboran bienes u objetos de artesanía. 2
No obstante la capacidad de producir artesanías en nuestro país y de que ésta pueda constituirse en una actividad productiva eficiente, enfrenta actualmente diversos factores tales como las bajas posibilidades de acceso a la educación para los artesanos, la ausencia de mecanismos de producción, la migración y la evolución tecnológica, han colocado al sector artesanal de nuestro país en una situación cada día más complicada.
Los miles de artesanos mexicanos, que junto con sus familias, se dedican a la creación, producción y comercialización de artesanías, enfrentan serios obstáculos económicos y son víctimas de trabas administrativas y la ausencia de una política de fomento de largo aliento para el sector.
Los programas creados para atender las demandas del sector artesanal en México aplicados hasta el día de hoy, han resultado insuficientes y limitados para contribuir a mejorar sus niveles de vida.
La situación de los mexicanos, en general, y de los artesanos, en particular, es cada día más crítica, los esquemas existentes de producción artesanal no logran generar suficientes ganancias para cubrir los costos de producción. Esto se debe a que la mayor parte de los artesanos venden a precios muy bajos su trabajo, su producción y venta se conciben tanto para el autoconsumo como para el intercambio en una economía de trueque, donde no se establece claramente un valor económico al trabajo.
Por otra parte, en las entidades federativas existen institutos de fomento a las artesanías, organismos denominados casas de las artesanías y direcciones de fomento artesanal, que de igual manera realizan actividades de organización, promoción, capacitación y apoyo a la comercialización de artesanías tradicionales, quienes en la mayoría de los casos se ven limitados a adquirir productos, por existir requerimientos fiscales que cientos de miles de artesanos no cubren, quedando excluidos de estas compras que realizan las dependencias de gobierno.
Como se puede apreciar, poco es lo que se ha avanzado en la tarea de vincular la creatividad del artesano con el consumidor final, y el hecho de que el gobierno compre directamente a los artesanos sus productos con el objeto de abrir nuevos canales para facilitar su venta, no puede seguirse viendo como una alternativa sostenible.
De igual forma, la organización de concursos; la capacitación y la asistencia técnica; así como el escaso financiamiento a la producción, poco han ayudado a colocar los productos artesanales en el mercado nacional e internacional.
Por ello, para ayudar a los artesanos de nuestro país a dejar atrás la situación de abandono y marginación por la que atraviesan, necesitamos diseñar mecanismos que contribuyan a colocar al sector en mejores condiciones de competencia.
En otros países se valora su producción artesanal, existiendo programas integrales para apoyar a quienes se dedican a producir artesanías. En algunos de estos países existe, incluso, financiamiento a fondo perdido, y apoyo para proyectos productivos del sector artesanal que no tienen que regresar y no tienen que evaluarse en un esquema meramente comercial o bancario, sino que se evalúan desde una perspectiva acorde con la realidad en que viven quienes se dedican a producir artesanías. Existiendo, también, políticas públicas de protección al sector artesanal.
En México contamos con una gran variedad de artesanía, que va desde la artesanía artística, dirigida a museos y coleccionistas, a la artesanía utilitaria, pasando por la artesanía convencional o cultural. Cada una de estas tiene diferentes mercados, diferentes problemáticas; sin embargo, tienen una constante, requieren de apoyo y promoción para generar capacidad de producción más allá del autoconsumo, en el que en el mejor de los casos se encuentran, en su mayoría actualmente.
Se requiere generar mecanismos legales que obliguen a las dependencias de gobierno, en todos sus niveles a adquirir productos artesanales mexicanos para regalarlos a las visitas que vienen de diferentes partes, del país o del extranjero.
De tal suerte que se difunda tanto nacional como internacionalmente la producción de artesanías mexicanas, coadyuvando con ello a mejorar las condiciones de competitividad del sector artesanal.
Cabe destacar que con esta propuesta se busca generar condiciones que permitan mejorar la calidad de vida de los mexicanos que viven del sector artesanal, y de otros que hoy se encuentran en el desempleo y podrán encontrar en este sector una posibilidad de integrarse a la vida productiva del país.
Consideraciones
La situación económica en la que vive la población mexicana es cada día más deplorable, el porcentaje de población en condiciones de pobreza es muy alto, de acuerdo con el Cuarto Informe de Gobierno, actualmente 47.19 millones de personas viven en situación de pobreza multidimensional, lo que significa que no cuentan con los recursos para satisfacer sus necesidades básicas.
Debido a la falta de infraestructura y oportunidades la población rural en pobreza se ve inmersa en una serie de privaciones y riesgos, de ahí la importancia de generar alternativas que contribuyan a propiciar escenarios y herramientas que permitan al sector artesanal armar estrategias distintas que les permitan salir de la pobreza a partir de su trabajo.
En la búsqueda de propiciar mejores condiciones para el sector artesanal, al inicio de la LXI Legislatura del Senado de la República, dicho órgano legislativo, acordó un exhorto para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incorpore al gremio artesanal y las artesanías tradicionales de conformidad con los conceptos establecidos en la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, en el capítulo de autofacturación y catálogo de bienes autofacturables contenido en el capítulo 2.5 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
Sin embargo, dichas medidas no han sido suficientes para mejorar las condiciones de vida de quienes se dedican a producir artesanías en nuestro país, así como tampoco han generado el desarrollo de dicho sector, por el contrario, la falta de difusión y promoción de nuestras artesanías, han llevado al deterioro en la calidad de vida de las y los artesanos mexicanos.
Por ello, en un ánimo propositivo de contribuir al diseño de alternativas y soluciones viables para hacer frente a una problemática tan particular y con el objeto de que los artesanos cuenten con herramientas para propiciar condiciones de promoción que generen, crecimiento y desarrollo en este sector, considero pertinente poner a su consideración exhortar a que todas las dependencias de gobierno a que consideren las artesanías de producción nacional como único bien a obsequiarse a visitantes nacionales o extranjeros.
Atendiendo a los acuerdos protocolarios y disposiciones de ahorro para la administración pública federal, local y municipal, ya que se trata de un sector que prácticamente vive del autoconsumo por lo que el que todas las dependencias de gobierno deban comprarles su producto les generara un ingreso seguro, pero además, sus productos se darán a conocer a nivel nacional e internacional, provocando una promoción desde el gobierno de las artesanías mexicanas.
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados federal exhorta al Ejecutivo federal y a los ejecutivos de los estados, a que formalicen la obligatoriedad de que todas las dependencias de gobierno, en sus distintos niveles consideren a las artesanías de producción nacional, como único bien a obsequiarse a visitantes nacionales o extranjeros.
Asimismo, se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a verificar el cumplimiento de que todas las dependencias de gobierno consideren los productos del sector artesanal nacional como único bien a obsequiarse a visitantes nacionales o extranjeros.
Notas
1. Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal artículo 3°, fracción II.
2. Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal artículo 3°, fracción III.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2010
Diputado Martín García Avilés (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Vivienda a instaurar acciones a fin de que los organismos de la administración pública integrantes del Sistema Nacional de Vivienda impulsen en los programas de cofinanciamiento con las entidades financieras privadas convenios e instrumentos para apoyar a quienes están reportados de manera injusta en el buró de crédito, con objeto de que tengan acceso a un crédito hipotecario, a cargo del diputado Pedro Peralta Rivas, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Pedro Peralta Rivas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
El Buró de Crédito es una sociedad de información crediticia cuyo objetivo principal es apoyar la actividad económica del país, proporcionado a las empresas (instituciones bancarias, emisoras de tarjetas de crédito, arrendadoras financieras, empresas de financiamiento automotriz, las hipotecarias, tiendas departamentales, compañías de servicio de comunicación) toda aquella información que requieran, con el fin de facilitar la apertura de crédito a sus clientes.
Actualmente el Buró de Crédito es el marco de referencia más importante para el otorgamiento de crédito en México, ya que cuenta con expedientes crediticios de personas físicas, empresas y personas físicas con actividad empresarial.
Si por circunstancias especiales se tienen problemas crediticios, derivados de una enfermedad, por la pérdida de nuestro trabajo o por alguna otra situación, es muy importante recordar que se puede recurrir al Buró de Crédito, pues a través de esta institución se obtiene la información necesaria respecto a cuándo y con qué proveedor se incumplen los compromisos, esa información sirve para que en caso de que sea necesario, se limpie la imagen negativa por haber incumplido con algún pago.
Cuando una persona ha contado o cuenta con alguna tarjeta de crédito, tarjeta de servicio, crédito automotriz o crédito para adquirir una vivienda, seguramente el Buró de Crédito contará con un historial crediticio.
Los reportes de crédito proporcionan una historia del comportamiento de un crédito de hasta 24 meses, contados a partir de la fecha en que se liquidó totalmente el crédito, o bien, a partir de la última vez que se reportó información a Buró de Crédito. En esta historia está reflejada la forma en que se paga el crédito, ya sea que haya sido pagado puntualmente o haya presentado atrasos.
Si se pagan los créditos a tiempo, seguro existirá un buen historial, pero si se incurre en el incumplimiento de alguna amortización, un pago a destiempo o, como también ocurre con frecuencia, algún reporte negativo originado por causas ajenas a la persona, es un hecho que se estará en la lista negativa del Buró de Crédito.
Esta información es utilizada como referencia para que otro banco facilite recursos para otorgar el financiamiento hipotecario, o cualquier otro tipo de financiamiento, y, ante este escenario, esta referencia, tanto positiva como negativa, inmediatamente está convirtiéndose en el principal motivo para que sea otorgado el crédito, o sea, definitivamente negado por cualquier institución crediticia.
El Buró de Crédito tiene registrados actualmente en su base de datos 140 millones de créditos, correspondientes a 54 millones de personas. El 96 por ciento corresponde a personas morales.
Por su parte el Círculo de Crédito, la segunda sociedad de información crediticia más importante de México, posee registro de 58.4 millones de créditos correspondientes a 36.3 millones de personas físicas.
60 por ciento de los usuarios registrados con notas negativas en la base de datos de estas sociedades de información crediticia es por créditos financieros, 23 por ciento por un préstamo comercial y 14 por ciento desconoce la causa, según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Sin duda, no todas las personas físicas o morales que tienen antecedentes negativos en el Buró de Crédito o en el Círculo de Crédito son incumplidos, o se negaron a pagar el crédito adquirido. Existe también el caso de que renegociar una deuda con el banco es una solución para liquidar el préstamo, pero puede ocasionar una nota negativa en el Buró de Crédito y afectar al usuario, así lo ha advertido la Condusef.
Las reestructuras, ofrecidas en la mayoría de los casos por las instituciones financieras, son un “acuerdo de voluntades” entre el banco y el cliente para modificar las condiciones originales del crédito, sin embargo no se informa de las consecuencias de éstas en el historial crediticio.
Particularmente en lo que se refiere a las personas que requieren de un crédito para comprar una casa, esta situación les afecta al grado de ver frustrados sus planes de formar un patrimonio. Pueden tener una calificación negativa en el Buró de Crédito, pero ello no quiere decir que no cuenten con las posibilidades de adquirir y pagar un crédito hipotecario. En este sentido, es importante valorar otros aspectos que hagan a estas personas sujetas de este tipo de créditos, a pesar de contar con un antecedente negativo en el Buró o Círculo de Crédito.
Un organismo competente para incidir favorablemente en el impulso de los mecanismos que contribuyan a abrir la posibilidad de que las personas que se encuentran en estas circunstancias, tengan la oportunidad de acceder a un crédito hipotecario es la Comisión Nacional de Vivienda.
La Comisión Nacional de Vivienda es la instancia federal encargada de coordinar la función de promoción habitacional, así como de aplicar y cuidar que se cumplan los objetivos y metas del gobierno federal en materia de vivienda, plasmados en el Programa Nacional de Vivienda 2007-2012: Hacia un desarrollo habitacional sustentable. Se creó en julio de 2001 con el nombre de Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (Conafovi), y en junio de 2006 se convirtió en la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), organismo descentralizado, de utilidad pública e interés social, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
De acuerdo con la Ley de Vivienda, expedida en junio de 2006, la Conavi tiene entre sus atribuciones supervisar que las acciones de vivienda se realicen con pleno cuidado del desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable.
Asimismo, tiene la función de promover y concertar con los sectores público, social y privado programas y acciones relacionados con la vivienda y suelo, así como desarrollar, ejecutar y promover esquemas, mecanismos y programas de financiamiento, subsidio y ahorro previo para la vivienda.
Además de estas atribuciones de la Conavi, el Programa Nacional de Vivienda 2007-2012 contempla entre sus líneas de acción las siguientes
• Impulsar programas de bursatilización de carteras hipotecarias de las instituciones de vivienda.
• Fomentar el cofinanciamiento de créditos en las entidades financieras de vivienda.
• Impulsar la optimación y la eficiencia de los mecanismos de otorgamiento de créditos hipotecarios y administración de carteras de las instituciones de vivienda.
• Promover la participación de los intermediarios del sector privado y de la banca de desarrollo en el financiamiento a la vivienda hacia la población de menores ingresos, preferentemente a la que se encuentra en situación de pobreza; y
• Estimular el crecimiento de la industria de la construcción y propiciar el incremento de la inversión extranjera directa en el sector.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión Nacional de Vivienda para que en el ámbito de su competencia, instrumente las acciones necesarias a fin de que los organismos de la administración pública que integran el Sistema Nacional de Vivienda, dentro de los programas de cofinanciamiento con las entidades financieras privadas, impulsen convenios y mecanismos para apoyar a las personas que están reportadas de manera injusta en el buró de crédito para que puedan acceder a un crédito hipotecario.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2010
Diputado Pedro Peralta Rivas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instituciones públicas prestadoras del servicio de guardería y estancias infantiles a contar con instalaciones y áreas físicas que garanticen atención de calidad y libre de riesgos para los usuarios, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del PRD de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El informe de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS 2009) publicado en junio pasado, indica que la falta de seguridad social para acceder a las guarderías, la desconfianza en los servicios, la lejanía o falta de espacio en los establecimientos se encuentran entre las principales razones por las cuales las abuelas se hacen cargo del cuidado de casi la mitad de los niños menores de seis años cuyas madres trabajan. La ENESS indica que 2 millones 914 mil niños son cuidados por alguna institución o persona distinta a su madre. De ese total, 347 mil son atendidos en guarderías públicas y 134 mil en privadas. 25.7 por ciento de las madres encuestadas señaló que recurre a familiares u otras personas para el cuidado de los menores por no contar con derecho a inscribirlos en instituciones públicas ni con recursos para acudir a guarderías privadas.
En cuanto a la participación de las mujeres en el mercado laboral puede decirse que en el transcurso de los años aumentó de manera significativa el porcentaje de la población femenina económicamente activa. Mientras que en los años setenta, la tasa de participación de las mujeres de 12 años o más era de 16 por ciento y estaba comprendida sobre todo por mujeres solteras que realizaban labores más relacionadas con el sector terciario tales como secretarias, enfermeras, maestras, meseras y trabajadoras en servicios personales; para el año 2004 el porcentaje de mujeres en el mercado representaba el 37.5 por ciento y estaba formado por personas entre los 25 y 39 años que trabajan en el sector servicios y en el comercio.
Debido al aumento de las mujeres que se incorporan anualmente a la población económicamente activa, la necesidad del servicio ha vencido el temor. La demanda supera la oferta ya que la proporción de guarderías a nivel nacional es insuficiente para atender a los hijos de quienes, por tener que trabajar, no pueden cuidar de ellos. De ahí la necesidad por contar con lugares donde se puedan cuidar los hijos para el pleno desempeño profesional de las mujeres.
Instituciones como el IMSS contemplan en su ley el ramo de guarderías, sin embargo, los servicios no alcanzan a cubrir la necesidad de las mujeres trabajadoras. En México existe un gran déficit de guarderías, ya que sólo se atiende 28 por ciento de la demanda de derechohabientes, lo cual deja fuera a millones de mujeres sin acceso a este beneficio.
Para el año 2000, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de sus guarderías, atendía a 100 mil menores de 6 años, y el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a 30 mil en sus estancias infantiles, lo que las ubica en una de las últimas opciones, sólo antes del recurso de niñeras o personas remuneradas. Esto indica, sin lugar a dudas, la urgencia de que el gobierno mexicano incluya el cuidado de los hijos como actividad prioritaria; que se incremente la cobertura de guarderías, modificar la legislación y así evitar también que las mujeres trabajadoras tengan que desertar del mercado laboral.
Desafortunadamente, el pasado 10 de junio del 2009 ocurrieron los dramáticos acontecimientos en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, que marcaron e impusieron la irrenunciable demanda de actuar con responsabilidad y seriedad, por lo que se puso a consideración del Consejo Técnico del IMSS un acuerdo que tiene el objeto de ampliar el apoyo médico, psicológico y económico de las familias afectadas.
Los expertos de las Procuradurías federal y estatal coinciden en que el origen del incendio, en la guardería ABC del Instituto Mexicano del Seguro Social en Hermosillo, Sonora, fue un refrigerador de aire que había en el almacén adjunto a dicha guardería, establecida dentro de un edificio cuyo fin era el de ser bodega.
Este hecho deja claro que el contar con instalaciones que no garantizan la seguridad de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras, haciéndolos vulnerables a riesgos que ponen en peligro la vida.
Debido a este faltante, las guarderías privadas han proliferado en nuestro país. Son una oportunidad de negocio, por ello vemos un sinnúmero de ellas, sólo necesitan un espacio amplio como un garaje. No puede existir una guardería-modelo, aunque sí se pueden sumar los aciertos de los diferentes proyectos que ya existen siempre y cuando, éstas cumplan con los espacios físicos que permitan complementar las actividades infantiles y de desarrollo fuera del ambiente hogareño.
Lo cierto es que las funciones de una guardería no son sólo “cuidar” o tener “guardados” a los pequeños mientras los padres trabajan, sino, entre otras cosas, cuidar la dieta, hábitos y aseo personal así como de trato personalizado.
Los diseños arquitectónicos de las guarderías deben incluir una serie de requisitos que involucren aspectos del buen funcionamiento y seguridad (espacios, instalaciones, fachadas, croquis, mobiliario y equipo) con el propósito de garantizar la seguridad de los niños y el personal que en ella laboran.
Desde el punto de vista arquitectónico la guardería es el conjunto de espacios dotados del ambiente apropiado para el desarrollo de actividades educativas y recreativas de un grupo de niños menores de seis años de edad, sirviendo como una prolongación del hogar, que ayuda técnicamente a los programas establecidos para el buen desarrollo integral del niño. Si pensamos en la persona más importante de este edificio, “el niño”, entenderemos su espacio egocéntrico inicial que se transforma paulatinamente en una progresión cognoscitiva, que va desde el espacio concreto hasta el espacio abstracto.
La función principal de una guardería es brindar los servicios de cuidado y enseñanza-aprendizaje del niño, por lo cual todos sus espacios giran alrededor de esos servicios, que como consecuencia, necesitan de otros espacios de apoyo los que deben de estar contenidos en un espacio físico adecuado, construido específicamente para albergar dichos servicios.
Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las instituciones públicas responsables de otorgar el servicio de guardería o estancias infantiles, para que hagan las reformas necesarias a sus estatutos para que las instalaciones e infraestructura donde prestan dichos servicios sean apropiadas, que garanticen ser espacios físicos dignos, convenientes y libres de riesgo para la población infantil que utiliza estos servicios y que sean edificaciones construidas específicamente para albergar el servicio de guardería.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre del 2010
Diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a establecer por la Sectur y la Comisión Federal de Competencia un plazo perentorio, de 30 días naturales, para que se publique el reglamento respectivo, a cargo del diputado Baltazar Martínez Montemayor, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Baltazar Martínez Montemayor a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a través de la Secretaría de Turismo y a la Comisión Federal de Competencia para establecer una fecha perentoria de 30 días naturales para que se publique el reglamento respectivo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Con la aprobación y publicación de la Ley General de Turismo, lo que se pretende es mejorar y fortalecer las funciones de la Secretaría de Turismo (Sectur), además de que permita favorecer el funcionamiento de la actividad turística, se fomente una mejor coordinación con los diferentes niveles de gobierno, así como también con la iniciativa privada, en aras de mantener el crecimiento y el progreso del turismo en nuestro país.
A través de la nueva ley, se otorgan más atribuciones y mayor capacidad de decisión a la Sectur en temas migratorios, beneficia la conectividad con los destinos turísticos y medio ambiente, estimula y promueve las cadenas productivas y redes de valor, impulsa el ordenamiento turístico, entre otros aspectos, esto se da bajo tres ejes esenciales que son ordenamiento, transversalidad y concurrencia. De igual manera permite una mejor planeación, promoción y programación de la actividad turística en el país, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado.
Sin embargo hasta la fecha la Secretaría de Turismo no ha generado el reglamento correspondiente que proporcione viabilidad y permita una mejor ejecución de las disposiciones normativas a los operadores de los servicios turísticos.
Es importante mencionar que la ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio del 2009, por lo que se tiene un rezago de más de un año, hasta la fecha, generando con ello incertidumbre en la actividad turística.
En el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Turismo establece que la Sectur deberá emitir el reglamento de la presente ley, dentro de los ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto, el cual incluirá su reestructuración administrativa en los términos de la Ley General de Turismo.
Por lo que es prioritario y urgente que a la brevedad la Sectur publique el reglamento con sus diferentes disposiciones normativas de la Ley General de Turismo, a fin de otorgar certeza jurídica a todos los prestadores de servicios turísticos que tienen un papel trascendental para el desarrollo de México, ya que esta noble actividad es fuente generadora de entrada de divisas para el país, detona las economías locales, permite la derrama de ingresos en las distintas entidades federativas, asimismo fomenta la inversión en los sectores productivos y favorece la creación de fuentes de empleo.
En consecuencia a lo anterior, es importante que la Sectur aclare las diversas causas que obedecen al retraso en la creación y publicación del reglamento respectivo. Asimismo, es de gran relevancia que se informe a esta soberanía, cómo se ha venido desenvolviendo la nueva Ley General de Turismo con cada uno de los actores que se encuentran involucrados en el desarrollo del sector turístico.
Considero que es necesario y prioritario de que exista el marco jurídico suficiente que permita el impulso del sector turístico en cada orden de gobierno, ya que es necesario tener una mejor coordinación con el sector privado y social, en el que el turismo sea un detonante de ingresos del desarrollo económico y social de México, en un ambiente de respeto y uso racional de los recursos naturales, históricos y culturales.
Se requiere tener un reglamento que permita sustancialmente mejorar la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional, que garantice el desarrollo turístico sustentable, mejore el ordenamiento territorial integral y la prestación de servicios de calidad.
Sin duda, el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional considera al turismo como una de las bases económicas del país, gracias a que su industria genera importantes empleos, fomenta el desarrollo regional, acelera los proyectos de infraestructura y difunde los atractivos culturales y naturales con los que cuenta nuestra nación.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se hace un atento exhorto al gobierno federal a través de la Secretaría de Turismo para que informe cómo se ha venido desenvolviendo la nueva Ley General de Turismo.
Segundo. Se hace un atento exhorto al gobierno federal a través de la Secretaría de Turismo y la Comisión Federal de Competencia para establecer una fecha perentoria de 30 días naturales para que se publique el reglamento respectivo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2010
Diputado Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, del IMSS, del ISSSTE, de los Servicios Médicos de la Sedena, de la Semar y de Pemex a implantar en el Sistema Nacional de Salud un programa nacional de atención integral de pacientes con insuficiencia renal crónica, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Insuficiencia Renal Crónica (IRC), es un proceso multifactorial de carácter progresivo e irreversible que frecuentemente lleva a la muerte. El termino insuficiencia renal crónica terminal se utiliza para referirse a un estado en el cual la función renal se encuentra suficientemente deteriorada como para que el paciente necesite, para conservar la vida, tratamiento, siendo éste hemodiálisis, diálisis y/o trasplante.
La IRC es un problema de salud pública a nivel mundial, el número de pacientes incrementa tanto en países desarrollados como en las naciones en desarrollo. Como consecuencia, cada vez es mayor la necesidad de recurrir a procedimientos de diálisis, hemodiálisis o transplante renal con costos altos dado la necesidad de procedimientos, medicamentos y tecnología para su atención.
En lo que respecta al panorama epidemiológico mundial de la situación de la IRC, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que en el mundo hay aproximadamente 150 millones de personas con diabetes las cuales si no reciben un cuidado estricto de su padecimiento serán las que estarán llenando las unidades nefrológicas, además de que predicen que este dato puede ser doblado a más de 300 millones para el año 2025 1 .
Se estima que en México existen aproximadamente 103,000 personas con enfermedad renal; 49 mil afectados reciben una terapia de reemplazo renal de las instituciones de seguridad social del país como son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 3 por ciento accede a tratamiento bajo algún otro esquema de protección como es Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaria de Marina (Semar) o se atiende mediante seguros u hospitales privados. Los pacientes que cuentan con alguno de estos esquemas de seguridad social cuentan con cobertura universal para el tratamiento de IRC, incluyendo el tratamiento renal de reemplazo.
Otro problema agregado a la presencia de insuficiencia renal crónica es el registro de la misma, el cual aún no es confiable para determinar su epidemiología, por lo tanto su incidencia y prevalencia tienen tasas con amplias variaciones. Entre los registros más completos están el de Estados Unidos de Norteamérica y el de Japón, en donde la incidencia es de 150 a 200 pacientes por millón de habitantes y la prevalencia está entre 1100 y 1300 pacientes por millón de habitantes, con un total de 300 mil pacientes con algún tipo de tratamiento en los Estados Unidos. 2 En contraste con países latinoamericanos quienes tienen entre 200 y 600 pacientes por millón de habitantes, lo cual denota un importante problema de subregistro.
En las instituciones de seguridad social, existen 233 nefrólogos enfocados a los programas de hemodiálisis y trasplante, de modo que la mayoría de los pacientes son tratados con diálisis y atendidos por médicos internistas. En general los recursos humanos son insuficientes, la proporción internista/nefrólogo es de 300/1, el número de cirujanos como parte del equipo de diálisis es aún menor, por lo que las unidades de diálisis se encuentran sobresaturadas.
En México la enfermedad renal está relacionada directamente con la hipertensión arterial, diabetes mellitus (neuropatía diabética, glomerulonefritis) y dislipidemias entre otras, en las niñas y los niños las malformaciones son la causa más frecuente de enfermedad renal junto con la glomérulonefritis. Es por ello, que la enfermedad renal crónica es considerada como un desafío global que urge a que se fortalezcan las estrategias de prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento.
Sin embargo en nuestro país no existe una clara política de salud orientada a contener la gran repercusión que tendrá la insuficiencia renal, en particular, para reducir el impacto económico y social que deriva de intervenciones como diálisis y trasplante.
En cuanto a tratamiento, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal corrigen sólo parcialmente la uremia y además introducen cambios sustanciales en el estilo de vida. El trasplante o terapia renal de reemplazo ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, derivado de una sustancial ganancia de vida y calidad de ésta, para los pacientes que han recibido y asimilando la donación de un riñón, puesto que restablece la función renal.
La práctica médica tiene como meta preservar la calidad de vida de una persona ya que incluye términos como salud y bienestar, a través de la prevención y tratamiento de las enfermedades. El objetivo de implementar un programa nacional de atención integral de pacientes con enfermedad renal crónica, es mejorar la calidad de la atención de pacientes con este padecimiento, reducir nuevos casos de pacientes con enfermedad renal crónica y su fallecimiento.
El Programa debe contener una nueva normatividad incluyendo los esquemas de financiamiento que permitan la atención de la o el paciente con IRC y su seguimiento a través de un sistema de vigilancia epidemiológica considerando la aplicación de una “autopsia verbal” que permita identificar con certeza las causas ante un fallecimiento e implementar estrategias oportunas de mejora, en cualquier institución pública o privada, para identificar los eslabones críticos y proponer estrategias de calidad de la atención de pacientes con este padecimiento, a fin de reducir los casos de pacientes con enfermedad renal crónica y su fallecimiento, logrando la convergencia y la portabilidad con el respaldo del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular).
Los cambios necesarios para implementar en el sistema nacional de salud, un programa nacional de atención integral de pacientes con insuficiencia renal crónica deben englobar acciones que prioricen la prevención, atención médica (guías clínico-terapéuticas, trasplante, medicamentos e insumos) y rehabilitación; homologando los niveles de calidad independientemente de la institución a la cual se esté afiliado, orientado a mejorar la calidad de vida de los pacientes y su reinserción a sus actividades cotidianas. Lo anterior sólo lo garantiza la prevención, manejo adecuado de casos y en etapas finales de la enfermedad, el trasplante que da una segunda oportunidad de vida plena.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud (SSA), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la familia ( SNDIF), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y la Secretaría de Marina (Semar), para que se coordinen e implementen un Programa Nacional de Atención Integral a Pacientes con Enfermedad Renal Crónica.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, para que el sistema nacional de salud implemente un sistema de vigilancia epidemiológica que incluya la aplicación de la “autopsia verbal” adaptada a dicho padecimiento, un censo nominal de pacientes portadores de Enfermedad Renal Crónica, notificación a la Dirección General Adjunta de Epidemiología de la Secretaria de Salud de los pacientes portadores de enfermedad renal crónica y de manera inmediata, en caso de muerte.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, para que el Programa Nacional de Atención Integral a Pacientes con Enfermedad Renal Crónica contemple una política de prevención, de atención médica (guías clínicas y normas de manejo), así como un proyecto de financiamiento para este padecimiento.
Notas
1. Wilde C. Diabetic nephropathy –who-cares? EDTNA ERCA J. 2004 Jul-Sep, pp.163-5
2. ESRD Annual Report V, Patient mortality and survival in ESRD therapy, AJK Disease 1999, pp.144-151.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre del 2010
Diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Salud a intervenir para que se corrijan las graves irregularidades existentes en el Hospital Juárez de México; y a la ASF y a la SFP, a iniciar una investigación sobre el desempeño de su actual administración, a cargo de la diputada Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con puntos de acuerdo:
Consideraciones
Cualquier acto arbitrario debe indignar a esta representación popular, sobre todo cuando están de por medio la salud e incluso la vida de muchos mexicanos; valores que todo médico está obligado a tutelar, no sólo por razones legales sino éticas. Ello que exige una inmediata reparación, dejando de lado cualquier otro interés que no sea el bienestar de la comunidad y el respeto de los derechos humanos.
El Hospital Juárez de México tiene más de 160 años de historia. Proporciona atención médica a cientos de miles de mexicanos de escasos recursos económicos, forma a miles de personas en el campo de la salud y contribuye con investigaciones al progreso del país.
Sin embargo, el hospital presenta un vertiginoso deterioro en todos los órdenes, debido a las decisiones arbitrarias, irresponsables, injustas y represivas de su actual director, doctor José Adrián Rojas Dosal. Eso ha traído como consecuencia una deficiente atención médica, decremento en la calidad de la formación de recursos humanos para la salud, nula investigación de impacto, encarecimiento de los servicios, obsolescencia de los equipos médicos, y mala administración de los recursos humanos y económicos.
Algunas de las irregularidades del hospital son éstas:
a) Cuotas de recuperación por atención médica desproporcionadas con el nivel adquisitivo de los pacientes, lo que desalienta la afluencia de pacientes, en perjuicio de su salud. Las cuotas se han incrementado hasta en 1000 por ciento.
b) Se condicionan al previo pago la consulta y los estudios de laboratorio y gabinete en el servicio de urgencias, desestimando el estado de gravedad del paciente, como muestra de total deshumanización.
c) Arrendamiento de equipo e instrumental quirúrgico obsoleto, de funcionamiento deficiente y elevado costo.
d) Inexistencia de la unidad de choque, lo que resulta inconcebible en un hospital general.
e) Carencia de medicamentos de primera necesidad, como analgésicos y antibióticos, que obliga a los pacientes y familiares a comprarlos por su cuenta.
f) Contratación de camilleros menores de edad, en riesgo de la seguridad del paciente. Igualmente, nepotismo de los directores y jefes de área, que cubren con familiares plazas vacantes.
g) Insuficiencia de personal médico, de enfermería y técnico, lo que propicia sobrecargas de trabajo.
h) Se obliga a las trabajadoras sociales a establecer costos de recuperación sin tomar en cuenta el nivel socioeconómico de los pacientes.
i) Falta de mantenimiento y renovación del equipo médico.
j) Venta permitida de insumos e implantes por proveedores situados en el hospital a un precio superior al dado por las empresas externas.
k) El 17 de junio de 2010, dos neonatos sufrieron quemaduras de primer grado por el uso de equipo de fototerapia en mal estado y desgastado, que no ha sido reemplazado, con riesgo cotidiano para los recién nacidos.
l) Entre el 24 y 25 de julio de 2010 se cayó el plafón, lo que dañó la estructura de sostén del servicio de endoscopia de alto costo; hay goteras en muchos sitios, como en la central de equipos, neonatología, binomio y biblioteca. Se ha inundado el comedor del personal por aguas negras por deficiencias en el mantenimiento del drenaje del desagüe. Hay un desnivel en el primer piso del estacionamiento del ala norte por daño estructural, que amerita un peritaje porque pone en riesgo al personal y automóviles. A últimas fechas se han acelerado arreglos superficiales al inmueble del hospital, sin atender su problemática de fondo.
m) Se ha permitido que el director administrativo usurpe la profesión de licenciado.
n) Si bien hay una dirección de investigación integrada por laboratorios y numeroso personal, su productividad de impacto es nula.
o) Domina un bajo nivel académico de 80 por ciento de los cursos de especialidad médica, según los datos del examen departamental de 2009 aplicado por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México; hay deserción de residentes por la escasa calidad de la enseñanza.
p) Se designa a los jefes de servicio y de las áreas de enseñanza sin concurso y con desprecio absoluto del mérito y de la trayectoria.
El colmo fue cuando, días antes a la certificación del hospital, se programaron juntas con el personal en presencia de autoridades de recursos humanos, del departamento jurídico y otras autoridades para acallarlos e imponerles las respuestas que darían a los auditores.
Frente a un panorama tan desolador, el director general se da el lujo de permanecer en el hospital sólo de las 8:00 a las 14:00 horas, ya que da consulta privada a partir de las 16:00.
El director general ha implantado un ambiente de persecución contra los médicos más eminentes, que podrían contender para la inminente elección del nuevo director.
Urge que la Secretaría de Salud tome cartas en el asunto para corregir las arbitrariedades e injusticias referidas.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al secretario de Salud a intervenir de inmediato para corregir las irregularidades existentes en el Hospital Juárez de México, a fin de preservar la salud y la vida de los pacientes, proporcionar un servicio de calidad y humano que considere el nivel socioeconómico del público usuario, impulsar una formación de calidad de recursos humanos para la salud, y apoyar una investigación de impacto, en general, se haga una legal y transparente administración de los recursos humanos y económicos, todo lo cual repercutirá en bien del prestigio de esta histórica institución.
Segundo. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública a iniciar en el marco de sus respectivas atribuciones una investigación sobre el desempeño de la actual administración del Hospital Juárez, especialmente de su director, doctor José Adrián Rojas Dosal, procediéndose al deslinde de las responsabilidades que procedan.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2010.
Diputada Magdalena Torres Abarca (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a liberar los recursos necesarios para que se incrementen los sueldos del personal contratado por honorarios, incluidos los asimilados a salarios, a cargo de la diputada Ma. Dina Herrera Soto, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita diputada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
Son constantes los llamados desde esta tribuna, para que se respeten plenamente los derechos de los trabajadores del país. Es por este motivo que espero el inmediato apoyo de las diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios para hacer justicia a las personas que laboran dentro de la propia Cámara de Diputados. No voy a referirme a toda la problemática laboral que existe; sólo voy a tocar en este momento la situación de las personas que prestan sus servicios bajo el régimen de honorarios.
Y, bien, como es de todos sabido, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) acordó con el gobierno federal para este año de 2010, un incremento salarial de 4.9 por ciento, mismo que se hizo efectivo para todos los trabajadores de la Cámara de Diputados a partir de la primera quincena de septiembre pasado.
Sin embargo, de este beneficio mínimo fueron excluidos las personas que trabajan por honorarios. Esto es inadmisible, con base en las siguientes consideraciones:
a) Estas personas carecen de atención médica, cotizaciones para una pensión y demás prestaciones, razón por la cual, su salario es su única fuente para sufragar no sólo el sostenimiento de ellos y sus familias, sino las prestaciones de las que indebidamente están excluidos, destacadamente los servicios médicos. Es obvio, que sus ingresos han perdido poder adquisitivo en vista de la inflación anual sufrida por los bienes y servicios que deben de cubrir con el pago que reciben.
b) Año con año estas personas han recibido el incremento acordado por la FSTSE para sus trabajadores; sorpresivamente se les pretende negar por primera vez en este año 2010. Pero no hay que olvidar que la repetición en el tiempo de un beneficio, constituye una costumbre, que es fuente de derecho, con mayor razón tratándose del Derecho Social, en bien de las personas que viven de la prestación de sus servicios.
c) Las personas contratadas por honorarios en esta Cámara, están sujetas a órdenes, y a un horario, tienen un lugar de trabajo, reciben un pago uniforme mes a mes, razón por la cual son verdaderos trabajadores que sufren la violación de sus derechos en el marco de una ilegal simulación de su relación de trabajo. Y esto no sólo se desprende de mi opinión basada en la doctrina, la jurisprudencia y el derecho laboral vigente, sino de la disposición expresa de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en cuyo artículo 43 Transitorio, se señala no sólo que son trabajadores, cuya simulación jurídica debe terminar, sino que tienen derecho a ser afiliados al ISSSTE y recibir una plaza, derechos que les han sido permanentemente desconocidos; frente a lo cual por lo menos deben recibir el incremento salarial acostumbrado.
d) Estos trabajadores forman parte de la estructura de personal de esta Cámara, por lo que sólo con base en una evidente discriminación que agrede al artículo 1o. constitucional, se les puede excluir del incremento de cita. Exclusión que constituye un delito, al agredir derecho laborales mínimos y la dignidad de estas personas.
e) Pero inclusive conforme a la legislación civil federal a la que se quiere reducir indebidamente la contratación de estos trabajadores, tendrían derecho a este incremento, ya que afrentosamente podríamos hablar de una renta de servicios personales. Y es evidente que si la legislación común contempla el aumento anual del pago por arrendamiento de bienes, con mayor razón tratándose de la renta de los servicios de los seres humanos que tienen sus necesidades, sus familias, sus proyectos de vida.
Que en la decisión de esta problemática nos guíe el sentido de equidad, legalidad y congruencia, de lo contrario se carecerá de fuerza moral para invocar en situaciones análogas la aplicación de los principios que guían al Derecho Social esencia de nuestro orden constitucional.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se hace un respetuoso exhorto a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados, para que de inmediato libere los recursos necesarios para que se incrementen en 4.9 por ciento, los sueldos del personal contratado por honorarios, incluidos los asimilados a salarios; aumento que se deberá pagar de manera retroactiva a enero de este año 2010.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2010.
Diputada Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica)