Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a instruir a las universidades del país para que incluyan en sus planes de estudio de la carrera de derecho asignaturas relacionadas con la implementación del sistema acusatorio y para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011 se consideren recursos para la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, establecidos en la Constitución, el 18 de junio de 2008, a cargo del diputado Alfonso Jesús Martínez Alcázar, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe diputado Alfonso Jesús Martínez Alcázar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la XLI Legislatura, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudo ante el pleno de esta soberanía a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que en el ámbito de sus competencias, instruya a las universidades públicas del país a que se incluya en sus planes de estudio de la carrera de derecho, asignaturas relacionadas con los juicios orales, en base a los siguientes
Considerandos
1. Que el derecho procesal mexicano, a partir de las distintas propuestas de reforma al sistema integral de justicia penal, ha encontrado un avance doctrinario que se ha visto plasmado en el decreto publicado el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación y que mandata, la inclusión de un sistema preponderantemente acusatorio y oral.
2. Que es importante conocer las nuevas tendencias del Derecho Procesal a efecto de que el profesionista del derecho o funcionario judicial no se conforme con meras compilaciones o comparaciones legislativas, sino que se introduzca al campo de los conceptos, técnicas, instituciones y principios que rigen todas las ramas del enjuiciamiento oral.
3. Que los juicios orales se perfilan como una posibilidad real de fortalecer la administración de justicia, pues llevan el propósito de diversificar las posibilidades de atender, cada vez con mayor certeza y mejor, a los justiciables.
4. Que en las facultades de derecho de las universidades públicas del país, se detecta una fuerte insuficiencia de material bibliográfico y acceso a fuentes de información necesarios para una mejor formación académica en consonancia con los objetivos de la reforma judicial. Esta misma deficiencia se refleja en los programas de estudio que conceden poca importancia a la formación dirigida al desempeño de los futuros abogados.
5. Que antes en las universidades se enseñaba retórica y oratoria, pero como resultado de la transformación del sistema jurídico en el país a un sistema jurídico totalmente escrito, ésta y la comunicación oral se olvidaron. Que para llevar a cabo los juicios orales se tiene que retomar la comunicación oral, comunicación que no practican en la actualidad los alumnos en las universidades.
6. Que de no ser las universidades públicas como máximas instituciones educativas en el país, quienes pueden subsanar estas carencias, los estudiantes de la carrera de derecho solo podrían capacitarse en el tema de juicios orales mediante el pago oneroso de cursos y diplomados en instituciones educativas privadas y, que en ocasiones son de dudosa reputación.
7. Que la estructura de los planes de estudio de la mayoría de las universidades públicas, está diseñada desde una perspectiva enciclopedista; donde las materias están divididas en “ramas” del derecho separadas e inconexas; donde la cátedra magistral (a manera de monólogo) predomina; donde las plantas docentes, conformadas en gran medida por abogados postulantes, reciben escasa o nula capacitación pedagógica; es decir, se educa a través del formalismo y del análisis abstracto del sistema normativo, sin atender a los problemas prácticos que emergen en la vida cotidiana, y no se promueve el desarrollo de destrezas como la comunicación oral y escrita, el trabajo en equipo, la investigación, la redacción de documentos legales, entre otras, que son fundamentales en la formación de un abogado, máxime ante la entrada en vigor del sistema oral acusatorio.
8. Que para la optimización de la formación integral de los actuales y futuros abogados y funcionarios del ramo judicial, éstos deben enfrentarse a un medio profesional cada vez más competitivo, por lo cual precisan de un espacio adecuado y funcional dentro de las universidades públicas, en el cual demostrar su talento y capacidad, con mayores exigencias que las meramente teóricas, y superiores a las que actualmente les brindan estas casas de estudios.
9. Que los estudiantes de derecho merecen ser introducidos sistemáticamente en el ámbito judicial, de una manera más rigurosa que las tradicionales pasantías y prácticas, que hoy se muestran insuficientes y totalmente rebasadas por las complejas e intrincadas características del proceso judicial moderno, inculcando al mismo tiempo al estudiante, valores de transparencia, ecuanimidad, diligencia y lealtad procesal. Lo cual indudablemente se lograría si existiesen dentro de los planes de estudio de la universidades públicas asignaturas o materias relacionadas con el tema de los juicios orales.
10. Que en la actualidad existen alrededor de 120 universidades públicas que imparten la carrera de derecho, con una matricula aproximada de 525 mil alumnos. Mientras que en 2003 el número de estudiantes de la carrera de derecho ascendía a 203 mil 149, distribuidos en 526 planteles de educación superior públicos y privados, lo cual nos da una idea clara de la demanda matricular en nuestro país para esta área. Por lo cual se torna imprescindible que este medio millón de alumnos adquieran los conocimientos básicos necesarios en torno al tema de los juicios orales, su implementación y práctica.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en el ámbito de su competencia, instruya a las universidades públicas del país a que incluyan en los planes de estudio de la carrera de Derecho, dentro de un plazo no mayor a seis meses, las asignaturas relacionadas con la implementación del sistema acusatorio establecido en la Constitución el 18 de junio de 2008.
Palacio legislativo de san Lázaro, a 9 de noviembre de 2010
Diputado Alfonso Jesús Martínez Alcázar (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Secretaría de Economía y a la STPS a instrumentar todas las medidas necesarias para incidir positivamente en la próxima determinación de los salarios mínimos generales, a cargo del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El diputado Gerardo del Mazo Morales, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, y del Trabajo y Previsión Social a instrumentar todas las medidas necesarias y suficientes para incidir positivamente en la próxima determinación de los salarios mínimos generales, con el fin de compensar su creciente deterioro.
Consideraciones
México no cuenta con una política salarial que compense el creciente deterioro del ingreso de los trabajadores, que se hace evidente desde hace años y que ahora se profundiza de manera preocupante por el creciente incremento de los precios, el Banco de México reporta a través del Índice Nacional de Precios, que la inflación en el mes de octubre de 2010, fue de 0.62 por ciento, arriba de lo que se esperaba, con lo cual el Índice Nacional de Precios al Consumidor repuntó de 3.70 a 4.02 por ciento.
Esto, según el Banco de México, es consecuencia de que durante varios meses la inflación ha estado sobre niveles de 3.5 por ciento, resultado de importantes aumentos en los precios de energía, electricidad, así como de diversos productos básicos fundamentales en la dieta de la mayoría de la población, así como de frutas y verduras que en promedio aumentaron durante el periodo más de 25 por ciento.
Adicionalmente, informa que los precios de la canasta básica aumentaron al pasar de 3.70 por ciento en junio a 4.04 por ciento en septiembre de 2010.
Esto significa que los precios de la canasta básica están por arriba del resto de los precios que toma en cuenta el Banco de México para medir el índice nacional de precios.
Esta situación es grave, ya que la canasta básica es un componente relevante en la medición de la inflación, pues representa una tercera parte de los componentes que construyen el índice inflacionario.
Este incremento de los precios de la canasta básica, es resultado del incremento sobre todo de los bienes y servicios administrados y concertados, lo que implica necesariamente pérdida del poder de compra del salario mínimo general, situación que vulnera a la mayoría de la población ocupada ya que al tercer trimestre de 2010, el 56.72 por ciento de la población ocupada ganaba hasta tres salarios mínimos.
El efecto de la inflación sobre los salarios mínimos es devastador, su crecimiento de enero a octubre fue negativo. Esto lo reconoce la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en su informe anual de la comisión técnica, cuando acepta que el poder adquisitivo del minisalario apenas registró una recuperación. En su comportamiento interanual de octubre de 2009 a octubre de 2010, tuvo una recuperación nominal de apenas 1.3 por ciento.
Esto significa que en la actual administración, el salario mínimo acusa una disminución real de 1.8 por ciento, y analizando esto por zona geográfica presenta caídas reales todavía mayores. En la Zona “A”, de 2.2 por ciento, en la Zona “B” de 1.9 por ciento y en la Zona “C” de 1.5 por ciento.
Este efecto inflacionario, destruye el poder adquisitivo del salario. Recordemos que la inflación opera como un impuesto muy costoso para la clase trabajadora.
Esta realidad debe reconocerse, no sólo porque afecta seriamente el nivel de ingreso de la población, sino porque deteriora el consumo y debilita el mercado interno.
En adelante, las expectativas no son mejores, el incremento de los precios continuará repercutiendo negativamente en los bolsillos de los mexicanos.
Lo más grave y contradictorio es que por un lado el gobierno federal pretende lograr una inflación de entre 3 y 4 por ciento en 2010 y por otro, toma medidas que atentan contra este objetivo, como son la instrumentación de aumentos administrados de los precios de algunos energéticos producidos y distribuidos por empresas públicas, como son las gasolinas, el diesel, y la electricidad, productos y precios clave, que necesariamente impactan toda las cadenas productivas y de distribución de la economía nacional.
Estas contradicciones de la política pública deben corregirse urgentemente. Entendemos que el incremento de los precios en gasolinas, electricidad, gas, diesel, entre otros, representan para el erario público ingresos adicionales, pero las instituciones responsables deben hacer algo para compensar el impacto negativo que estas alzas tienen en el ingreso de los trabajadores.
Todas estas medidas impactan seriamente la dinámica de los precios, generando inflación real e inercial afectando y deteriorando severamente el nivel de ingreso de los trabajadores.
Adicionalmente a esto, debemos admitir que el “aumento” a los salarios mínimos en México, anunciado el jueves 17 de diciembre de 2009, de sólo 4.85 por ciento, no compensó, ni fortaleció el ingreso real de las familias de la clase trabajadora, ya que este incremento es sólo inercial y pretende, sin lograrlo, sólo compensar el incremento de la inflación de 2009. Recordemos que el incremento nominal fue de sólo 2.60 pesos
Esta política regresiva en términos salariales, es reconocida por organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, cuando argumenta que México es uno de los países de América Latina que no ha superado el nivel del poder adquisitivo de hace 17 años. Por lo que podemos afirmar que nuestro país presenta una tasa de crecimiento negativo de los salarios.
Esta preocupante situación seguirá presente durante 2010, con el agravante de que el desempleo sigue siendo creciente.
En este contexto el Estado mexicano está obligado a compensar, proteger y sobre todo, detener el deterioro del ingreso de los trabajadores, creando expectativas económicas que le den estabilidad, mejorando el perfil de distribución de la renta hacia un esquema más equitativo y favorable a los trabajadores.
Esperando siempre una respuesta pronta y positiva de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, y del Trabajo y Previsión Social, y tomando en cuenta las consideraciones expuestas con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para que sea considerado de urgente y obvia resolución, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Uno. Se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, y del Trabajo y Previsión Social a instrumentar todas las medidas necesarias y suficientes para incidir positivamente en la próxima determinación de los salarios mínimos generales, con el fin de compensar su creciente deterioro.
Dos. Se informe a esta soberanía de los resultados obtenidos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de diciembre de 2010.
Diputado Gerardo del Mazo Morales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a garantizar a través de la Semarnat el pleno ejercicio de los recursos federales asignados en el anexo 34 del Ramo 16, “Medio ambiente y recursos naturales, del PEF de 2010, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Los diputados que suscribimos, integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:
Considerandos
I. Que el tema ambiental ha cobrado particular relevancia en la agenda pública de los gobiernos estatales y del Distrito Federal, pues los efectos del deterioro ambiental han impactado considerablemente a nuestro país;
II. Que los gobiernos estatales han demostrado capacidades crecientes de gestión en la materia, implementando políticas públicas que atienden a las necesidades de cada unas de sus regiones;
III. Que en consecuencia dichos gobiernos, han solicitado a la Federación mayores recursos que les permitan incrementar el gasto público, como parte del fortalecimiento al federalismo ambiental;
IV. Que derivado del interés de las entidades federativas y en reconocimiento de la importancia de fortalecer el presupuesto en materia ambiental, los Diputados de todas las fracciones parlamentarias representadas en el Congreso de la Unión, promovieron el incremento de recursos presupuestales destinados al Ramo 16, “Medio ambiente y recursos naturales”, a fin de fortalecer desde este instrumento las capacidades de los estados y el Distrito Federal en materia de gestión e infraestructura ambiental;
V. Que en fecha 15 de noviembre de 2009, la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (DPEF) 2010, incluyendo en su Ramo 16, “Medio ambiente y recursos naturales” un incremento de recursos no previstos en la propuesta original enviada por el Ejecutivo federal al Congreso, que fueron incluidos en el anexo 34 del DPEF, otorgando un total de $1,350,000,000 (mil trescientos cincuenta millones de pesos 00/100 moneda nacional) que fueron asignados a las entidades federativas enlistadas en dicho anexo, con el objeto de promover la conservación del medio ambiente a través de la instrumentación y operación de los diversos programas aprobados;
VI. Que no obstante los esfuerzos realizados por los diversos grupos parlamentarios para incrementar el Presupuesto federal asignado al Ramo 16, “Medio ambiente y recursos naturales” a un total de $1,350,000,000.00 (mil trescientos cincuenta millones de pesos 00/100 moneda nacional), según el oficio número 511.1.4/2642, de fecha 2 de agosto de 2010, suscrito por el director general de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, emitido a solicitud expresa de esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales mediante Oficio HCD/LXI/CMARN/0742/10, informó que sólo se han ministrado $419,607,458.53 (cuatrocientos diecinueve millones seiscientos siete mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 53/100 moneda nacional), es decir sólo el 31.08% ha sido ejercido. En tanto que, $930,392,541.47 (novecientos treinta millones trescientos noventa y dos mil quinientos cuarenta y un pesos 47/100 moneda nacional) están por ministrar, es decir el 68.92%;
VII. Que de la interpretación de esas cifras, es evidente que la radicación de los recursos no se ha realizado de manera pronta y efectiva, derivando en un retraso en la ejecución de los proyectos propuestos por las entidades federativas y, más aún, en algunos casos, supone riesgo de subejercicio de los recursos presupuéstales asignados en el anexo 34; y
VIII. Que en atención a que ese 68.92% de los recursos otorgados al Ramo 16 en el DPEF 2010 debe ser ejercido en los dos últimos meses de este año para evitar subejercicio que sin duda, sería en detrimento de la protección del medio ambiente y de los mexicanos; los integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta honorable Cámara de Diputados consideramos procedente dirigir un exhorto al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se garantice el pleno ejercicio de los recursos federales previstos en el anexo 34 del Ramo 16, “Medio Ambiente y recursos naturales”, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, a fin de evitar posibles subejercicios.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración del pleno de esta asamblea que se vote a favor, de urgente y obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo.
Ante este escenario, los diputados abajo firmantes proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que se garantice el pleno ejercicio de los recursos federales previstos en el anexo 34 del Ramo 16, “Medio ambiente y recursos naturales”, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, mediante la reasignación de los mismos a proyectos viables de aquellas Entidades Federativas que así lo acrediten, a fin de evitar posibles subejercicios.
Diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins, Héctor Franco López (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley General de Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Rosario Ortiz Yeladaqui, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, diputada Rosario Ortiz Yeladaqui, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Ley General de Personas con Discapacidad entró en vigor el 11 de junio de 2005 y, a la fecha, el Ejecutivo federal no ha publicado el reglamento a que hace referencia el Artículo quinto transitorio de esa ley.
Ya en agosto de 2009, la Comisión Permanente de la LX Legislatura aprobó un exhorto del diputado Cesar Duarte Jáquez en el sentido de expedir dicho Reglamento tras advertir esta omisión del Ejecutivo federal que debió cumplimentarse el 7 de diciembre de 2005.
Sin embargo, a cinco años de fenecer el plazo de 180 días para la expedición del Reglamento una vez entrada en vigor la Ley General de Personas con Discapacidad, y a más de un año de resolverse en sentido positivo un exhorto en la Comisión Permanente, la Presidencia de la República continúa aplazando dicha expedición.
El asunto reclamado resulta vital para la inclusión justa de las personas con discapacidad a todos los ámbitos de la vida nacional. Más que un trámite, constituye la traducción de la Ley General en acciones, reglas y objetivos concretos para su aplicación efectiva.
Llama la atención que exista, entonces, un Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad (Pronadis) sin un reglamento expedito que lo determine y que permita a los legisladores federales juzgar su aplicación.
Pero lo más preocupante es que hemos empezado a trabajar para un beneficiario poco conocido, cuyas necesidades rebasan las que pretendemos atender desde este pleno y con la asignación presupuestal del anexo 28.
En efecto, la Secretaría de Salud reconoce que “en México se desconoce la verdadera dimensión de la discapacidad entre la población” y sólo apunta a estimar, con base en el Censo de Población y Vivienda del 2000, que el 9 por ciento de los mexicanos presenta algún grado de dificultad en los dominios de movilidad, función mental, estado de ánimo, actividades usuales y dolor y función social. 1
Siendo así, los mejores esfuerzos de la administración pública en esta materia están dirigidos a un universo incierto; el cual, en cambio, podría conocerse mejor y calcularse con mayor exactitud si se expide un Reglamento que establezca, entre otras cosas, mecanismos, indicadores y medidas claras sobre la discapacidad en México.
Esta omisión, pues, nos ha puesto más pronto que tarde en punto ciego en el que no alcanzamos a ver como autoridades las otras realidades de la discapacidad en el país.
A este respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomienda: “visualizar a las personas con discapacidad como un grupo de necesidades diversas y no reducirlo únicamente a la atención de las necesidades con discapacidad motriz” 2 .
Lo anterior derivado de un estudio que la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana realizó en 2009 y en el que se determina que el diseño de los recintos públicos, o sus adaptaciones, se han enfocado y avanzado en lo relativo a la accesibilidad física, más no a la accesibilidad a personas con discapacidad distinta a la física.
Hoy reitero ante esta soberanía la pertinencia de persuadir al titular del Ejecutivo federal para que expida a la brevedad el Reglamento de la Ley General de Personas con Discapacidad.
Los derechos de las personas con discapacidad, sí, están consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Personas con Discapacidad y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; sin embargo, las principales barreras que excluyen a las personas con discapacidad persisten en los edificios, los transportes, los materiales informativos, las escuelas, los centros laborales y de salud ante la falta de un reglamento que fije la manera en que habrá de cumplirse inequívocamente la Ley que protege sus derechos.
Por lo expuesto y fundado, someto a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que expida a la mayor brevedad el Reglamento de la Ley General de Personas con Discapacidad a fin de que la política y los programas nacionales para defender los derechos de este sector vulverable de la población sean aplicados de manera integral, eficaz y transparente.
Notas
1 Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012 . Por un México incluyente: construyendo alianzas para el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Secretaría de Salud. Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. Septiembre de 2009. Página 15.
2 Muestra-Diagnóstico Nacional de Accesibilidad en inmuebles de la Administración Pública Federal . CNDH, Libre Acceso, AC, y Federación Mexicana de Arquitectos. Página 124.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.
Diputada Rosario Ortiz Yeladaqui (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a modificar a través de la Sedesol las reglas de operación de los programas sociales enfocados al desarrollo de las capacidades básicas, a fin de que niñas y niños que se encuentran en albergues y casas de hogar cuenten con el apoyo necesario para garantizar su acceso a la educación, alimentación y a los servicios de salud, a cargo del diputado Tomás Gutiérrez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal Tomás Gutiérrez Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:
Consideraciones
El artículo 4° de nuestra Constitución Política establece desde el 12 de abril de 2000, cuando se llevó a cabo la reforma para ampliar la regulación relativa a los derechos de los niños y las niñas, en sus párrafos séptimo, octavo y noveno que “los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos”. Y, además, “el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez”.
Del mismo modo, además del artículo 4° constitucional, México ha firmado y ratificado diversos convenios internacionales para proteger los derechos de la niñez, entre ellos se encuentran el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Convenio Internacional del Trabajo número 90, y la Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, en vigor desde 1995 y publicada en 1994. Todos ellos, y conforme a la última tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentran por debajo de la Constitución pero por encima de las leyes.
No obstante a la protección jurídica que le brinda la Constitución, así como el haber signado diversos tratados internacionales en la materia y de contar con varias leyes secundarias como la Ley General de Educación, la Ley General de Salud y la Ley General de Desarrollo Social, la Ley de Asistencia Social y, particularmente, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; la dura realidad muestra que en México persisten importantes rezagos en atención y protección a la población infantil ya que al menos 20 millones de niños subsisten en condición de pobreza, de acuerdo con datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
De igual manera, datos del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) revelan que la población de 0 a 17 años que se encuentra en situación de pobreza es de 20.8 millones, de los cuales 5.1 millones están en pobreza extrema lo que significa que 44 por ciento de los 47.2 millones de mexicanos que el gobierno federal ubica en los estratos de mayores carencias, son menores de edad.
Seguramente esos casi 21 millones de niños que se encuentran en una condición de pobreza son beneficiarios de algún programa social que les brinda un apoyo alimentario, becas y servicios de salud.
No obstante, habrá muchos otros, aproximadamente 1.6 millones que se encuentran en orfandad de los cuales, de acuerdo con el segundo Conteo Nacional de Población 2005 que realizó el INEGI, 28,107 niños, niñas y adolescentes por algún motivo no pueden vivir con su familia de origen y están internados en las 657 casas hogar existentes en la República.
Situación que es preocupante ya que si bien se encuentran bajo el amparo de alguna institución, se ha denunciado continuamente que el gobierno federal no tiene los registros completos de los niños que se encuentran en albergues y casas hogar, tanto públicos como privado y se desconoce la condiciones en que viven. Un ejemplo de esto es el caso de Casitas del Sur, albergue de una iglesia evangélica de donde desaparecieron niños que no los han encontrado. Pese a que se ha solicitado información a las entidades para registrar a los niños que se tenían en albergues, poco más de 10 respondieron; esta negación revela que ni los gobiernos estatales saben cuántos niños tienen en sus albergues, por lo que estos infantes se encuentran en una total desprotección y expuestos a situaciones irregulares. Ante esta situación es necesario promover la inclusión de los niños a los programas de desarrollo social pertinentes para que cuenten con un apoyo economico para satisfacer sus necesidades básicas.
La política social actual del gobierno federal cuenta con las herramientas necesarias para desarrollar y potenciar las capacidades básicas de las niñas y niños en situación de desamparo a través del acceso a programas como Oportunidades, el Programa de Apoyo Alimentario, Abasto Social de Leche de Liconsa que brindan: apoyos económicos y suplementos para la alimentación, el respaldo de becas para la permanencia y avance escolar, y acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades.
Compañeros legisladores, en este contexto, es responsabilidad del gobierno y de toda la sociedad, garantizar que todo mexicano tenga sus necesidades más apremiantes satisfechas, máxime si se trata de nuestras niñas y niños que se encuentran en una situación de desamparo y que por algún motivo no pueden vivir con sus familias por lo que se requiere tomar las medidas necesarias, particularmente en el ámbito de la política social a fin de fortalecer sus capacidades humanas para que puedan ser participes en el proceso de desarrollo económico y formen parte integral de la sociedad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social se modifiquen las reglas de operación de los programas sociales enfocados al desarrollo de las capacidades básicas, a fin de que niñas y niños que se encuentran en albergues y casas hogar tengan un apoyo económico para garantizar su acceso a la educación, alimentación y a los servicios de salud.
Diputado Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar a través de la SEP, de la SHCP y de la Sedesol un estudio analítico de los factores que inciden en el fenómeno del “rezago educativo” de las personas jóvenes y adultas, así como de sus causas y su impacto en el desarrollo humano, social y económico, a cargo del diputado Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, para que por conducto de las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Social, realice un estudio analítico de los factores que inciden en el fenómeno del “rezago educativo” de las personas jóvenes y adultas así como de sus causas y su impacto en el desarrollo humano, social y económico, con el objeto de establecer políticas públicas efectivas en materia educativa que deriven en políticas económicas a fin de fortalecer la infraestructura para la educación de los jóvenes y adultos, con base en las siguientes:
Consideraciones
Primera. Entre los más importantes desafíos que hoy en día tiene el Estado mexicano se encuentra la impartición de una educación asequible, integral y de calidad que permita otorgar a los mexicanos un desarrollo económico y humano sostenido en igualdad de oportunidades que impulse el progreso de México elevando la calidad de vida de todos sus habitantes.
La educación es un elemento indispensable para permitir al individuo madurar intelectualmente, desarrollar valores y conocimientos para elevar su calidad de vida, perfeccionar destrezas y habilidades que le den oportunidad de adquirir una conciencia analítica para tomar decisiones, desenvolverse en la comunidad y transformar su entorno y a la sociedad misma.
La alfabetización, por su parte, es la base más importante sobre la cual se puede establecer un aprendizaje general, inclusivo e integrado a lo largo de toda la vida y en todos los aspectos de la misma, pues con ésta y la educación básica el individuo puede hacer frente a múltiples necesidades sociales, económicas y políticas.
Es así que el aprendizaje y la educación de adultos son en su conjunto, también un factor indispensable para el logro de la equidad y la inclusión, para mitigar la pobreza y para construir sociedades equitativas, tolerantes, sostenibles y basadas en el conocimiento.
No obstante lo anterior y dada la complejidad e interdependencia de fenómenos como la pobreza, el desempleo, la discriminación y otras conflictos sociales que se potencian con la ignorancia y falta de conocimientos, han hecho que la educación no pueda ser accesible para todos, así como el que los gobiernos afronten un constante desafío procurando rediseñar estrategias innovadoras y factibles que permitan superar el analfabetismo y el rezago educativo.
Por tanto, para conducir a México hacia un desarrollo económico y social sustentable, se requiere procurarle al individuo un entorno donde las condiciones de vida le permitan gozar de la igualdad de oportunidades para su sano desarrollo, así como mecanismos educativos coadyuvantes, modernos e innovadores para optimizar su actividad.
De igual manera, es indispensable dotar al país de condiciones favorables para superar la insuficiencia de recursos humanos cualificados que incentiven una economía competitiva con mayor oportunidad de inversiones, que genere más empleos, mayor seguridad y bienestar, y con mejores niveles de crecimiento.
Segunda. Teniendo en cuenta lo anterior, así como que el Constituyente de 1917 estableció en el artículo 3o. de nuestra Carta Magna, el derecho de todos los mexicanos a recibir educación pública, gratuita, laica y con aspiración a preparar a las personas para enfrentar la vida y facultarla con herramientas básicas que le permitan desarrollarse en plenitud; es necesario que el Estado y la sociedad colaboren estrechamente para lograr que se cumpla este objetivo. Para ello, se hace necesario materializar los modelos educativos, planes y programas de estudio como plataformas de educación más accesibles, integrales y de calidad, orientadas al desarrollo y basadas en el aprovechamiento de los recursos existentes.
Tercera. Ahora bien, si observamos que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece:
“Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Proyectar y coordinar la planeación nacional del desarrollo y elaborar, con la participación de los grupos sociales interesados, el Plan Nacional correspondiente;
II. Proyectar y calcular los ingresos de la Federación, del Departamento del Distrito Federal y de las entidades paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal, la utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la administración pública federal;
III. a XIII. ...
XIV. Proyectar y calcular los egresos del gobierno federal y de la administración pública paraestatal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas del desarrollo nacional;
...
Artículo 32. A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza; en particular, la de asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda;
II. ...;
III. Coordinar las acciones que incidan en el combate a la pobreza fomentando un mejor nivel de vida, en lo que el Ejecutivo federal convenga con los gobiernos estatales y municipales, buscando en todo momento propiciar la simplificación de los procedimientos y el establecimiento de medidas de seguimiento y control;
VI. Coordinar, concretar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores sociales más desprotegidos, en especial de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos de las áreas urbanas, para elevar el nivel de vida de la población, con la intervención de las dependencias y entidades de la administración pública federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales y, con la participación de los sectores social y privado;
...
Artículo 38. A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, incorporadas o reconocidas;
a) La enseñanza preescolar, primaria, secundaria y normal, urbana, semiurbana y rural.
b) La enseñanza que se imparta en las escuelas, a que se refiere la fracción XII del artículo 123 constitucional.
c) La enseñanza técnica, industrial, comercial y de artes y oficios, incluida la educación que se imparta a los adultos.
d) a f) ...;
II. a VII. ...;
VIII. Promover la creación de institutos de investigación científica y técnica, y el establecimiento de laboratorios, observatorios, planetarios y demás centros que requiera el desarrollo de la educación primaria, secundaria, normal, técnica y superior; ...;
IX. a XXVI. ...;
XXVII. Organizar, promover y supervisar programas de capacitación y adiestramiento en coordinación con las dependencias del gobierno federal, los gobiernos de los estados y de los municipios, las entidades públicas y privadas, así como los fideicomisos creados con tal propósito. A este fin organizará, igualmente, sistemas de orientación vocacional de enseñanza abierta y de acreditación de estudios;
XXVIII. a XXX Bis. ...; y
XXXI. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.
...”
Así como que el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 en su objetivo general número 2 “Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad” establece la necesidad de implementar estrategias efectivas para:
“Ofrecer servicios educativos gratuitos a jóvenes y adultos de 15 años o más que se encuentren en condición de rezago educativo con el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo, para la adquisición, acreditación y certificación de los conocimientos y aprendizajes, en el marco de la educación integral y en atención a su formación ciudadana.
Realizar una difusión más efectiva a fin de atraer mayores públicos y favorecer su permanencia; ampliar la comprensión del disfrute del arte y la cultura como una alternativa real de entretenimiento y generar una imagen pública atractiva de espacios y foros de promoción artística específicos.”
Y en su objetivo general número 3 “Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento”, señala que se debe:
“Diseñar un módulo de uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que incluya estándares, conectividad y definición de competencias a alcanzar.
Ofrecer servicios educativos dirigidos a jóvenes y adultos de 15 años o más que se encuentran en condiciones de rezago educativo con el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo para la adquisición, acreditación y certificación de los conocimientos.
Realizar una difusión más efectiva a fin de atraer mayores públicos y favorecer su permanencia, ampliar la comprensión del disfrute del arte y la cultura como una alternativa real de entretenimiento y generar una imagen pública atractiva de espacios y foros de promoción artística específicos.”
Que el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (PSE) establece seis objetivos relacionados con acciones específicas para:
1. Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.
2. Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.
3. Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.
4. Ofrecer una educación integral que equilibre la formación de valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares en el aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural.
5. Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral.
Y con ello lograr entre otras metas que la Educación de Adultos continúe focalizándose a permitir la adquisición de los conocimientos y aprendizajes; en combatir el rezago educativo en beneficio de las personas entre 15 y 39 años; en fortalecer los servicios educativos proporcionando nuevas opciones educativas apoyadas en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación; y en consolidar la normalización y la certificación de competencias laborales.
Finalmente lo señalado el día 23 de junio de 2010 por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, en el Auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) de la máxima casa de estudios, 1 en cuanto a que:
“... el analfabetismo tiene que ver con la exclusión y esta nueva sociedad, la cual cada día interactúa más, tiene la amenaza de nuevas formas de analfabetismo, entre ellas, el informático...”
Y que es precisamente:
“... la ausencia de infraestructura tecnológica y el creciente analfabetismo informático en el país, debido, entre otros factores, al escaso acceso a Internet, da lugar a mayor desigualdad entre la población y menos posibilidades de acceder a una mejor educación...”, así como el que “... todavía una de cada 12 personas no sabe leer ni escribir, y a esa brecha de desigualdad se suman las personas que no tienen acceso a las nuevas tecnologías...” puesto que “... El analfabetismo es exclusión...”.
Lo antes expuesto nos hace advertir lo imprescindible y urgente que resulta que el Poder Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Social, lleven a cabo un estudio analítico y puntual de los aspectos que inciden en el incremento o persistencia constante del fenómeno “rezago educativo” en las personas jóvenes y adultas, y de sus causas e impacto en el desarrollo humano, social y económico.
Por lo tanto congruente a las consideraciones anteriores, me permito someter a la consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que, por conducto de las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Social, se realice un estudio analítico de los factores que inciden en el fenómeno del “rezago educativo” de las personas jóvenes y adultas, así como de sus causas y su impacto en el desarrollo humano, social y económico, con el objeto de establecer políticas públicas efectivas en materia educativa que deriven en políticas económicas a fin de fortalecer la infraestructura para la educación de los jóvenes y adultos.
Nota:
1 Periódico La Jornada del jueves 24 de junio de 2010 y Diario El Mexicano Nacional del 24 de junio de 2010.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.
Diputado Marcos Pérez Esquer (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del IMSS a suspender la recisión de contratos de las guarderías denominadas proveedores de servicios hasta en tanto no precise los criterios jurídicos, técnicos, de operabilidad y certificación por los cuales está ejecutando tal acto, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI
Las que suscriben, Diva Hadamira Gastélum Bajo y Adriana Terrazas Porras, diputadas federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
En 1983 comenzó el esquema subrogado de guarderías, con la figura de guarderías participativas, donde el IMSS, con participación de la comunidad mediante asociaciones civiles, posibilitó la cobertura de la seguridad social, instalando guarderías en comunidades pequeñas, en inmuebles del propio instituto y, en otros, a través de préstamos para su establecimiento.
En 1995 nació el esquema vecinal comunitario por medio de la inversión privada de sociedades civiles, instalándose esos centros de atención en inmuebles adaptados y exprofeso, con capacidad instalada de 65 a 200 niños. En ese entonces se estableció la cuota de pago por niño atendido. Esos esquemas han permitido al IMSS atender actualmente y por conducto de más de mil prestadores del servicio a más de 200,000 mil niños.
Es evidente que los mejores jueces del bienestar de un hijo son los propios padres, asimismo los años de operación de los esquemas subrogados, en continuo crecimiento y sin que se reporte demérito en los servicios ofrecidos respecto a los estándares institucionales, soportan nuestra convicción de que ésta es una opción adecuada para el aumento de la cobertura de los derechohabientes del IMSS, razón por la cual consideramos pertinente retomarla.
Asimismo, y a pesar que el esquema de guarderías subrogadas funcionara adecuadamente y que permitió al Instituto Mexicano del Seguro Social atender la demanda de este importante derecho constitucional de la madre trabajadora, del padre viudo o divorciado con la custodia del menor.
A partir del año 2001, se inicia el abaratamiento del esquema vecinal comunitario, a través de la simplificación de los requerimientos en mobiliario, equipo, plantilla y perfil del personal, alimentación y especificaciones en inmuebles, con la finalidad de sustentar la disminución de la cuota de subrogación, que se ha venido castigando hasta este momento.
A partir del año 2007 se incorpora totalmente el esquema de guarderías subrogadas del Seguro Social, regulándose en la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público, y cambia la figura de subrogación por proveedores, pero lo más delicado, es que los niños, son considerados como artículos o piezas perdiéndose la naturaleza del servicio de interés público, social y humano.
En los últimos meses y aún cuando las proveedoras de servicios reúnen los requisitos de certificación procedentes por la ley del IMSS, por la Ley de Educación y la Ley de Protección Civil, más de 70 de ellas han sido cerradas, sin fundamentar adecuadamente los requisitos de hecho y de derecho, que hagan procedente tal acción, cayendo muchas de las veces en contradicción de acuerdo a lo estipulado por la propia ley del IMSS y aquellas que las regulan.
Cuando las autoridades del IMSS se presentan a la rescisión contractual o cierre de una guardería, sin previo aviso, única y exclusivamente informan a los usuarios que se pueden trasladar a cualesquiera otra, sin precisar a cual, provocando con esto, la idea de que tales autoridades, trafican con las necesidades de las mamás y de sus hijos, en el uso de las guarderías sin importar lo que las madres trabajadoras hagan para dejar a resguardo a sus hijos, poniendo en riesgo la permanencia en su empleo y además, cerrando las fuentes de trabajo directas e indirectas consideradas dentro de la economía formal y que aportan mensualmente las cuotas obrero patronales.
En esta hipótesis, es importante tener una explicación respecto al porqué, del divorcio entre el IMSS y los subrogatarios porque mientras estos, tratan de encontrar el camino por la permanencia, la viabilidad de sus empresas sociales coadyuvantes del estado y crecimiento de este sistema con calidad, seguridad y calidez, las autoridades responsables de esta noble institución, buscan el abaratamiento y debilitamiento de dicho esquema.
Las legisladoras y los legisladores consideramos que esta situación viola los derechos de las niñas y niños, así como las prestaciones de la madre trabajadora, porque de acuerdo con la nueva normatividad, se considera al niño como un bien material, disminuyendo con esto la alimentación, salud y educación del menor, así como la disminución en el horario de atención, que limita la integración de la madre y del padre al escenario laboral.
Para brindar un mejor servicio y proteger, el interés superior de la niñez y las familias mexicanas, es necesario que para tal efecto, se unifiquen los criterios en materia de protección civil por los diferentes niveles de gobierno para establecer y regular la responsabilidad de todos los involucrados, regresando al anterior sistema de subrogación de las guarderías.
Es urgente que las autoridades del IMSS reconozcan el carácter coadyuvante de los subrogatarios, no de simples proveedores en la prestación de la seguridad social, así como también que la autoridad institucional se apegue estrictamente a su propia ley para el uso eficiente de los recursos de los asegurados en el ramo de la seguridad social, con la asignación correcta de los recursos para convertirlos en una relación justa entre el IMSS y los subrogatarios para aumentar la calidad y seguridad de la atención de los infantes
Por lo expuesto, sometemos a consideración de este pleno, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que de manera inmediata suspenda la rescisión de contratos de las guarderías denominadas proveedores de servicios, hasta en tanto no precise, los criterios jurídicos, técnicos, de operabilidad y certificación, por los cuales está ejecutando tal acto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2010.
Diputadas: Diva Hadamira Gastélum Bajo, Adriana Terrazas Porras (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a remitir, por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un informe detallado que contenga los resultados y acciones reportados hasta la fecha por las instituciones, autoridades y demás actores involucrados en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, a cargo del diputado Sergio González Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal Sergio González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a efecto de que por conducto del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública remita un informe detallado que contenga los resultados y acciones reportados hasta la fecha por las instituciones, autoridades y demás actores involucrados en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad con base en las siguientes
Consideraciones
El 21 de agosto de 2008, en el marco de la vigésima tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, los Poderes Ejecutivos federal y estatales, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial federal, representantes de las asociaciones de presidentes municipales, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sindicales y religiosas, firmaron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Este acuerdo tuvo su origen en un momento en que la sociedad mexicana enfrentaba una situación crítica debido tanto a la delincuencia común como del crimen organizado; por lo que representa una propuesta para el mejoramiento de las políticas públicas y programas de gobierno en materia de seguridad pública, de administración y procuración de justicia.
Cada uno de los poderes y de los órdenes de gobierno, los sectores productivos, las asociaciones religiosas, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación nos comprometimos, desde nuestros distintos ámbitos de competencia, a la consecución de setenta y cuatro compromisos, con las metas y en los tiempos convenidos.
De estos compromisos, al Poder Ejecutivo federal le correspondían un total de veintiocho, dentro de los que se encontraban el de depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia; la creación de un modelo nacional de evaluación y control de confianza y de centros estatales de control de confianza certificados; establecer un sistema nacional de desarrollo policial y de ministerios públicos; apoyar el fortalecimiento o en su caso la creación y formación de unidades estatales para el combate al secuestro; formular y emitir una estrategia nacional contra el lavado de dinero; fortalecer y consolidar las redes de atención a víctimas del delito a nivel nacional; expedir la cédula de identidad; fortalecer el sistema penitenciario y revisar el socorro de ley; consolidar el sistema único de información; fortalecer el Programa de Rescate de Espacios Públicos y el Programa Escuela Segura; garantizar la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos para los programas de seguridad pública, entre otros.
Al Poder Legislativo le concernían siete compromisos: dar trámite a las iniciativas que en materia de justicia y seguridad pública fueran presentadas; establecer competencias concurrentes para el combate al narcomenudeo; impulsar una Ley de Ejecución de Sanciones Penales y una Ley General del Delito de Secuestro; dar prioridad presupuestal a programas en materia de seguridad pública y procuración de justicia y, dotar de mayores recursos a estados y municipios en materia de seguridad, así como llevar revisiones a las entidades federativas por conducto de la Auditoría Superior de la Federación.
Por su parte, el Poder Judicial asumió diez compromisos, dentro de los que se encuentran los siguientes: transparentar más el desempeño de los titulares y de sus órganos; instalar nuevos juzgados y tribunales federales; establecer juzgados de control con jurisdicción en toda la República; favorecer la celeridad en los procesos; fortalecer la autonomía, dependencia e imparcialidad de jueces y magistrados; fortalecer mecanismos de selección de jueces y magistrados, así como dar mayor capacitación y especialización de jueces en materia penal; continuar la calificación de los juzgadores especializados en justicia para adolescentes; fortalecer el control de los procesados y sistematizar la información judicial.
A los gobiernos de los estados les correspondían un total de siete compromisos: creación o fortalecimiento de un centro de evaluación y confianza; sujetar a evaluación permanente y de control de confianza al personal de instituciones policiales, de procuración de justicia y centros de readaptación social; depurar y fortalecer sus instituciones de seguridad y procuración de justicia; conformación de una unidad especializada en combate al secuestro; la incorporación e implantación del sistema único de información criminal de Plataforma México; establecer un sistema de información pública sobre programas, acciones, resultados y ejercicio de recursos públicos en materia de seguridad pública y procuración de justicia.
La Asociación de Alcaldes asumió ocho compromisos: desarrollar mecanismos de selección y capacitación de los elementos de la policía municipal y de sus propios mandos, así como sujetarlos a evaluación permanente y a controles de confianza; instaurar un sistema de profesionalización y servicio civil de carrera; la interconexión a los sistemas y protocolos de Plataforma México; actualizar y regularizar los permisos colectivos de portación de armas de fuego, entre otros.
Por parte del sector privado, cuatro compromisos a los organismos empresariales, dos a las asociaciones religiosas, tres a las organizaciones de la sociedad civil y cinco a los medios de comunicación, los cuales consistían principalmente en realizar acciones encaminadas a promover la cultura de la legalidad, la denuncia y la participación ciudadana.
Ahora bien, una de las premisas fundamentales de las que parte el mencionado acuerdo, es la de hacer del conocimiento de la sociedad civil cada uno de los compromisos del acuerdo e incluir mecanismos transparentes de rendición de cuentas, con base en un sistema de indicadores de seguimiento y evaluación.
Hoy han transcurrido más de dos años desde la firma del acuerdo, y aún no contamos con un informe detallado que contenga los resultados y acciones reportados hasta la fecha por cada una de las instituciones, autoridades y demás actores involucrados.
Algunas instituciones de educación y organizaciones civiles han realizado evaluaciones sobre el cumplimiento del acuerdo, tal es el caso, del informe presentado por un grupo de universidades públicas y privadas, integrado la Universidad Nacional Autónoma de México, El Colegio de México, el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico de Monterrey, relativo al seguimiento de las acciones realizadas por las instancias responsables durante los primeros 100 días de vigencia del acuerdo, reportando los datos siguientes: 5 compromisos cumplidos, 23 con un avance alto, 15 con avance medio, 9 con avance bajo y 22 pendientes de seguimiento por la dificultad que representaba en términos de cobertura, dar seguimiento a las acciones de los más de dos mil municipios que integran el país; respecto de los compromisos del sector productivo, asociaciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación estos tienen que ver más con el fomento de un cambio cultural que con medidas concretas o fatales en tiempo. En resumen, el mencionado grupo de trabajo considero que en los tres primeros meses de vigencia del acuerdo, éste presentaba en lo general avances importantes en cuanto a su cumplimiento, y refería que no era de esperarse resultados inmediatos, pues cerca de 70 por ciento de los compromisos tienen como fecha de ejecución entre seis meses y tres años.
Otras evaluaciones fueron realizadas por la organización México Unido contra la Delincuencia, AC, y presentadas en agosto de 2009 y septiembre de 2010 en las que dan un seguimiento del primer y segundo año del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
El estudio correspondiente al primer año reportaba los datos siguientes:
• Poder Ejecutivo, calificación global de 5.2, con 1 compromiso cumplido, 10 con avance alto, 10 con avance medio y 7 con avance bajo.
• Poder Legislativo, calificación de 7 puntos, con 3 compromisos cumplidos, 2 con avance medio y 2 con avance bajo.
• Poder Judicial, calificación de 7.5, con 2 compromisos cumplidos, 1 en cumplimiento, 3 con avance alto, 3 con avance medio y 1 con avance bajo.
• Gobiernos estatales, tenían una calificación global de 3.0, con avances medio y bajo de sus compromisos.
• Asociación de Alcaldes reportaba una calificación de 0.9, con avances bajos y nulos en sus compromisos.
En la evaluación del segundo año, México Unido contra la Delincuencia, AC, reporta los datos siguientes:
• Poder Ejecutivo, calificación de 5.0, menor que en 2009.
• Poder Legislativo, con una calificación de 6.5, menor que en 2009.
• Poder Judicial, una calificación de 7.0, menor que en 2009.
• Gobiernos estatales con calificación global de 6.2, mayor que en 2009. Dentro de las entidades peor calificadas están San Luis Potosí con 3.25; Baja California con 3.41; Distrito Federal con 4.05; Quintana Roo con 4.13, Durango con 4.21; Sonora con 4.29. La entidad mejor calificada fue Guanajuato con 9.05, le siguen Michoacán con 8.65, Jalisco y Puebla con 7.70. Finalmente, los estados que proporcionaron información soporte para la evaluación fueron Campeche, Chihuahua, Distrito Federal, estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Veracruz.
Por parte del gobierno federal, a través del portal de Internet del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicaron un informe de avances del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, actualizado al 8 de octubre de 2010, en el que destacan los avances siguientes:
• Poder Ejecutivo Federal, 33 compromisos cumplidos de 36, un compromiso en proceso de cumplimiento oportuno y 2 compromisos en proceso de cumplimiento con plazo vencido.
• Poder Legislativo Federal, 7 compromisos cumplidos de 7.
• Poder Judicial Federal, 10 compromisos cumplidos de 10.
• Gobiernos estatales y municipios: algunos estados y municipios presentan avances en el cumplimiento de sus compromisos, aunque fuera de los tiempos establecidos en virtud de que los plazos van desde tres meses a un año, y a la fecha han pasado más de dos años desde la suscripción del acuerdo.
• Asociaciones religiosas, 2 compromisos cumplidos de 2.
• Medios de comunicación, 3 compromisos cumplidos de 5.
De lo anterior concluimos que el Ejecutivo Federal tiene pendiente de cumplimiento tres compromisos, los Poderes Legislativo y Judicial han cumplido en su totalidad; en tanto que los gobiernos estatales y municipales si bien presentan avances, la mayoría son extemporáneos.
Es importante comentar, que si bien el informe presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presenta un listado de los compromisos cumplidos hasta el ocho de octubre del año en curso, es falto en presentar indicadores y acciones de cumplimiento que nos permitan medir objetivamente el desempeño y la eficiencia en las tareas de los actores que signaron el acuerdo, de ahí la inquietud de presentar la presente proposición.
Seguro estoy que la ciudadanía espera un diagnostico fidedigno de los resultados y avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, por lo que éstos no deben quedar en el terreno de las buenas intenciones o en el mero discurso, si no dar a conocer avances reales y tangibles aún en aquellos rubros que representan un verdadero reto para las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública, impartir y procurar justicia, pues a la fecha tendrían que estar cumplidos 73 de 74 compromisos.
La evaluación deberá estar basada en información confiable, ya que lo que se pretende es tener un informe con indicadores reales del grado de avance por estado y municipio, en virtud de que son los que reportan un menor avance.
Para ello, se propone exhortar al Consejo Nacional de Seguridad Pública para que por conducto del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en términos de lo dispuesto en el artículo 18 fracción I de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, remita a esta soberanía un informe detallado que contenga los resultados y acciones reportados hasta la fecha por las instituciones, autoridades de los tres órdenes de gobierno y demás actores involucrados en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública para que por conducto del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública remita a esta soberanía un informe detallado que contenga los resultados y acciones reportados hasta la fecha por las instituciones, autoridades de los tres órdenes de gobierno y demás actores involucrados en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 16 de noviembre de 2010.
Diputado Sergio González Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur a incluir el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, en el Programa Pueblos Mágicos, a cargo del diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
México es motivo de orgullo por nuestra cultura, lengua, tradiciones, usos y costumbres, festividades y lugares geográficos, que hacen del país un territorio rico en una magia particular emanada de sus manifestaciones socio-culturales.
En el país se ha tratado de reconocer toda esa riqueza conservada ávidamente a través de los años, que constituye para las futuras generaciones un patrimonio cultural e histórico invaluable.
El Programa Nacional de Turismo 2007-2012 es uno de los rubros más importantes del Plan Nacional de Desarrollo. En él se establecen los objetivos, las estrategias y las acciones del sector turismo para estar en concordancia y, a su vez, ser complementado por otros programas sectoriales, regionales y especiales del Poder Ejecutivo federal.
Entre los programas especiales destaca el que impulsa y coordina la Secretaría de Turismo federal denominado “Pueblos Mágicos de México”, en colaboración con la Comisión Nacional de Pueblos Mágicos, y los gobiernos estatales y los municipales, que tiene por objeto revalorar los hermosos lugares que se encuentran a lo largo del territorio mexicano, así como a su gente por preservar las riquezas naturales, culturales e históricas que guardan en sus localidades, y busca principalmente
• Apoyar el desarrollo turístico regional, estatal y municipal.
• Propiciar el desarrollo sustentable.
• Fomentar la oferta turística.
• Favorecer la dotación de infraestructura en apoyo del turismo.
El incremento de la diversificación, diferenciación y regionalización de los destinos, productos y servicios demanda acciones estratégicas que incidan principalmente en el estímulo de proyectos detonadores, la inversión en general y el financiamiento turístico en todas sus modalidades.
Por ello, el programa Pueblos Mágicos tiene como finalidad apoyar e impulsar proyectos estratégicos en favor de la actividad turística local.
La preservación y conservación de pueblos ricos en cultura contribuyen al desarrollo regional y nacional a través del fomento turístico, el impulso de la infraestructura, el mejoramiento de sitios de amplio interés e importancia arquitectónica, el fomento de la producción de artículos regionales, la inclusión de programas de promoción, y la creación de fuentes de trabajo que contribuyen a mejorar el nivel de vida de los habitantes de estas zonas.
Puerto Vallarta se halla al poniente de Jalisco. Limita al norte con Nayarit; al sur, con Cabo Corrientes y Talpa de Allende; al oriente, con San Sebastián del Oeste y Mascota; y al poniente, con el océano Pacífico. Cuenta con una extensión territorial de mil 300 kilómetros cuadrados.
Se presume que los primeros asentamientos que se dieron en el municipio datan del año 300 aC, en el Preclásico medio. Sin embargo, Puerto Vallarta, antes llamado Las Peñitas y El Carrizal, fue fundado en la época independiente, el 12 de diciembre de 1851, por Guadalupe Sánchez Torres, su esposa, Ambrosia Carrillo, y algunos amigos, como Cenobio Joya, Apolonio Robles, Cleofas Peña y Martín Andrade, quienes dieron el nombre de Las Peñas de Santa María de Guadalupe, por ser ese día el dedicado a la virgen.
Hasta el 31 de octubre de 1886 no se erigieron en comisaría del orden político y judicial Las Peñas del municipio de Talpa, para más tarde, el 31 de mayo de 1918, elevarse a categoría de municipio. Recibió el nombre de Puerto Vallarta en honor del licenciado Ignacio L. Vallarta, notable jurisconsulto jalisciense y ex gobernador del estado.
Algunos de los principales centros de atracción en Puerto Vallarta son la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, el museo arqueológico, el palacio municipal, el malecón, las playas de Los Muertos, Conchas Chinas, Las Gemelas, Punta Negra, Mismaloya y Boca de Tomatlán. Hay también excursiones en lancha a Las Ánimas, Quimixto y Yelapa, en autobús por la ciudad y a caballo por las montañas.
Otros atractivos de gran interés para los turistas nacionales y los extranjeros que visitan anualmente este destino son el centro ceremonial de Ixtapa, y las esculturas de bronce de Ignacio L. Vallarta, Miguel Hidalgo y Costilla, Lázaro Cárdenas y Benito Juárez.
La fiesta más importante de Puerto Vallarta es la llamada “Fiesta de Mayo”, cuando se celebra su aniversario y la elevación de pueblo a ciudad. Dicha celebración dura dos semanas, en las que se presentan festivales artísticos, culturales y deportivos, cantantes populares, exposiciones y desfile de carros alegóricos. El 31 de mayo de cada año, el ayuntamiento de Puerto Vallarta, en sesión extraordinaria de cabildo, otorga un reconocimiento a las personas que se hayan distinguido por su labor en bien de la comunidad.
Los actos importantes que se llevan a cabo de manera cotidiana incluyen el Torneo Internacional de Pez Vela, que se celebra desde 1956, y la Regata Marina del Rey-Puerto Vallarta, realizada desde 1972, que atrae la práctica de la pesca deportiva tanto a aficionados nacionales como a extranjeros.
La peregrinación para visitar a la virgen de Guadalupe es sin duda la tradición de más arraigo en el puerto y tiene lugar los últimos días de noviembre. Participan los empresarios hoteleros, los restauranteros, las tiendas, las colonias y diversas organizaciones de la sociedad civil. En dicha peregrinación se distinguen contingentes, uniformados o con trajes típicos, que llevan mantas con leyendas que agradecen o piden algún favor a la virgen, lo que constituye una manifestación cultural y religiosa.
En cuanto a las artesanías propias de la región encontramos los huaraches y las sandalias tejidos de cuero y los zapatos estilo Vallarta, parecidos a los mocasines, los vestidos de manta bordados a mano con motivos mexicanos, que han recibido cierta influencia del muu-muu hawaiano y del caftán africano; también se fabrican canceles, ventanas y candiles de herrería artística, algunos muebles de estilo colonial y los anillos de hueso de coquito de aceite con incrustaciones de oro, plata y concha nácar.
Por lo anterior, compañeros diputados, considero sumamente importante para el impulso del desarrollo turístico, cultural e histórico de Jalisco que la Secretaría de Turismo incorpore Puerto Vallarta en el programa Pueblos Mágicos, ya que cuenta con lugares sumamente preciados en el país por su belleza arquitectónica, su valor histórico o su relevancia cultural, los cuales deben ser preservados y revalorados por las autoridades mexicanas como muestra de agradecimiento a su gente y a su significativo valor cultural y nacional.
La designación de pueblo mágico para Puerto Vallarta resultaría en beneficio para su población y esta importante región del país, resultaría en un alza para su vida productiva a través de la actividad turística y en la transmisión de su belleza con el resto del mundo.
Con el objetivo de que todo México y el mundo tengan la oportunidad de valorar aún más el patrimonio cultural de Jalisco y recuperar su riqueza, mediante los presentes puntos de acuerdo mi interés es impulsar la inclusión de la comunidad de Puerto Vallarta en la lista de pueblos mágicos, pues reúne las características necesarias para ser considerado en el programa, de modo que se garanticen la protección y preservación de uno de los lugares más hermosos y mágicos del territorio nacional.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Turismo federal que, en el ámbito de colaboración entre los poderes y en ejercicio de su competencia, incluya Puerto Vallarta, Jalisco, en el programa Pueblos Mágicos, con la participación y consulta que corresponda a la Comisión Nacional de Pueblos Mágicos, con la finalidad de fortalecer el desarrollo cultural y económico de sus habitantes.
Segundo. Se exhorta al gobierno de Jalisco y al ayuntamiento de Puerto Vallarta a realizar los trámites y las acciones necesarios para que se incorpore Puerto Vallarta al programa Pueblos Mágicos, de la Secretaría de Turismo.
Palacio legislativo de san Lázaro, a 11 de noviembre de 2010.
Diputado Rafael Yerena Zambrano (rúbrica)