De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo en materia de atención de víctimas y ofendidos del delito, justicia, seguridad pública y participación ciudadana

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura fue turnada el 17 de marzo de 2010, para estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a crear el consejo de atención inmediata de las comunidades y de los municipios con mayor incidencia delictiva.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Seguridad Pública somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, en sentido positivo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 17 de marzo de 2010, el diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a crear el consejo de atención inmediata de las comunidades y de los municipios con mayor incidencia delictiva.

II. En la misma fecha, el presidente y demás integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispusieron que dicha proposición con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Seguridad Pública, para estudio y dictamen.

III. El 11 de agosto de 2010, en sesión plenaria de la Comisión de Seguridad Pública, el dictamen fue aprobado en sentido positivo por 16 votos a favor, 3 votos en contra y 0 abstenciones.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

1. El diputado proponente refiere que en la década de 1980, el gobierno estadounidense centró su estrategia antidroga en la inhibición de la oferta, lo que generó graves consecuencias para los países que producían y transportaban droga. En razón de lo anterior, las organizaciones criminales en México basaron su poder en el control de una ruta de trasiego hacia Estados Unidos. Por ello, los principales socios en este ilícito negocio recaían en miembros de corporaciones policíacas, quienes con una doble moral podían aparentar; por un lado, la percepción de eficacia en el cumplimiento de sus funciones al interior de la sociedad mexicana y por otro lado, servir de protector al crimen organizado en el transporte de droga hacia el norte, así surgieron y consolidaron el cártel de Sinaloa, del Golfo, de Juárez, etc., por ello, la lucha de carteles se daba por el control de rutas, mientras que la delincuencia común no significaba grandes riesgos para la seguridad nacional.

2. Señala el proponente que en la década de 1990 la política antidroga de Estados Unidos se reorienta hacia inhibir el consumo de droga, por lo que la mecánica de su producción y tráfico cambia, en el sentido que a México le corresponde ahora impedir el ingreso de droga al territorio americano, con el fin de no generar sobreoferta, hecho que modifica de raíz el panorama delictivo al interior del país.

3. El proponente manifiesta que ahora los cárteles se asociaron con los grupos delictivos locales, lo cual potencio su peligrosidad bajo la tutela de las grandes organizaciones criminales, lo que las hizo evolucionar rápidamente hacia otros nichos delincuenciales muy redituables como el robo masivo de vehículos y el secuestro, pero, sobre todo, propició que el control del territorio (plaza) se volviera el centro de su actividad. Ya no era entonces buscar una ruta segura de trasiego, sino el control del territorio, el resultado fue claro: gran violencia y nuevos fenómenos delictivos poco conocidos en el país. Las organizaciones delictivas locales siguieron creciendo, reclutaron miembros activos que estuvieran dispuestos a enfrentarse a muerte al rival (con poca o nula formación) y corromper, presionar o ejecutar, a autoridades y policías locales (fundamentalmente municipales) que sin estar preparados para enfrentarlos han sucumbido al embate de las nuevas organizaciones y a su capacidad corruptora.

4. Según el proponente, la estrategia que el gobierno federal si bien, le ha merecido el aval del gobierno norteamericano al inhibir que la droga ingrese a su territorio, ha generado en cambio, el traslado del problema de narcomenudeo a las Entidades Federativas, sin recursos para poderlo enfrentar eficazmente. Es decir, se ha omitido la aplicación de una estrategia de corte social para las comunidades y municipios que presentan los más serios problemas de criminalidad.

5. En esta tesitura, el proponente considera necesario un cambio de estrategia en el combate de la delincuencia, incorporando un programa mínimo de acción en materia social, por lo cual propone que por esta Cámara de Diputados, se lleve a cabo la realización de una Gran Jornada Nacional contra la Inseguridad que agrupe la realización de tres foros, en los que se puedan escuchar las voces de las víctimas del delito y la sociedad en general; los académicos y especialistas en estos temas y los responsables de la seguridad pública, para que de viva voz en un diálogo abierto y directo expresen a sus representantes populares sus propuestas en materia de seguridad pública. Por ello somete a consideración de esta soberanía los siguientes puntos de acuerdo:

a) Propone que la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión apruebe la organización de una jornada nacional contra la inseguridad compuesta por la organización de tres foros, uno con víctimas del delito y grupos sociales, otro con académicos y especialistas; y uno más con responsables de la seguridad pública, para escuchar sus demandas y propuestas de solución a la seria problemática de la seguridad pública que vive el país.

b) Con los resultados de dichos foros, exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a crear el consejo de atención inmediata a las comunidades y municipios que presentan mayor incidencia delictiva en el país, que tendría como objetivo diseñar políticas y ejecutar programas y acciones que incidan efectivamente en la mejora de las condiciones de seguridad pública.

c) El consejo se integraría por los titulares de las Secretarías de Salud, de Educación Pública, de Desarrollo Social, del Trabajo, de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Pública, así como del Instituto Nacional de la Juventud, el Instituto Nacional de las Mujeres, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como miembros de organizaciones sociales.

d) El consejo se encargará de analizar y evaluar las propuestas sugeridas por la sociedad en los tres foros organizados por la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura y atenderlas, de ser procedente; en caso contrario, comunicará a la Cámara de Diputados por qué no son de considerarse.

e) La ejecución de las acciones viables deberá hincar antes de la conclusión del primer cuatrimestre del año.

f) El consejo informará a la Cámara de Diputados de los avances en la ejecución de acciones, que serán evaluadas por este órgano.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la proposición con punto de acuerdo, los miembros de la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados suscriben el presente dictamen.

Consideraciones

1. Que con base en los antecedentes expuestos y con los elementos de información disponibles, la Comisión de Seguridad Pública, con las atribuciones antes señaladas se avoco a dictaminar la proposición con punto de acuerdo de referencia.

2. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su artículo 21 párrafos noveno y décimo, que la Seguridad Pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la propia Constitución prevé y, que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno se coordinarán entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria de la disposición constitucional referida, prevé en los artículos 2o. y 4o. que el Sistema Nacional de Seguridad Pública se integra con las instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones previstos en la propia ley, tendentes a cumplir los objetivos y fines de la seguridad pública y que, cuando sus disposiciones comprendan materias y acciones que incidan en diversos ámbitos de competencia de la federación, los estados, el Distrito Federal o los municipios, se aplicarán y ejecutarán mediante convenios generales y específicos entre las partes componentes del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, de conformidad con el artículo 11 de la ley de la materia, las políticas, lineamientos y acciones de coordinación se llevarán a cabo mediante la suscripción de los convenios respectivos, o con base en los acuerdos y resoluciones que se tomen en el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

3. Las proposiciones con punto de acuerdo, como señalan los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y décimo segundo del acuerdo 1, son precisamente propuestas de legisladores “en asuntos de orden político, cultural o social, que afecten a una comunidad, grupo, partido o colectividad y cuyos efectos sean de interés general, para que el Pleno de cualquiera de las Cámaras o de la Comisión Permanente, en el ámbito de su competencia, emita algún pronunciamiento, exhorto o recomendación”.

”En este orden de ideas, las proposiciones con punto de acuerdo podrán ser de tres tipos:

”De exhorto. Se solicita respetuosamente de una autoridad administrativa, en el ámbito de colaboración entre Poderes, la realización o cesación en la ejecución de determinados actos; el cumplimiento concreto de obligaciones, o en general, la ejecución o suspensión de ciertas acciones, en beneficio de una comunidad, grupo, partido o colectividad y cuyos efectos sean de interés general.

”De pronunciamiento. Se solicita la declaración expresa de la Cámara o de la Comisión Permanente, que implique un posicionamiento en relación a una manifestación, acontecimiento, resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos nacionales e internacionales, en relación a asuntos de orden político, social o cultural, cuyos efectos sean de interés general.

”De recomendación. Se refiere a la sugerencia respetuosa, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, a órganos de la administración pública federal, del Poder Judicial o de los gobiernos de los estados, para que realicen algún acto, gestión, cumplan alguna obligación, resolución o acuerdo, en asuntos de interés general” (José G. Sandoval Ulloa. Prontuario de términos, prácticas y procedimientos más usados en el trabajo parlamentario de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, página 38).

Por tanto, la presente proposición con punto de acuerdo se ubica dentro de la clasificación de exhorto, en razón de que se exhorta al Ejecutivo federal a crear el consejo de atención inmediata a las comunidades y municipios que presentan mayor incidencia delictiva en el país. Sin embargo, esta comisión considera que las finalidades y los objetivos que se persiguen en el punto de acuerdo con la creación del mencionado consejo ya se prevén en la legislación, y se figuran entre las facultades del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

4. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública determina la constitución del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual tiene como propósitos fundamentales, el establecer una política nacional de seguridad pública, fortalecer el Estado mexicano en este ámbito e integrar y coordinar a todas las instituciones en la materia de la federación, estados y municipios con pleno respeto a su ámbito de competencia. A su vez, busca establecer un nuevo concepto de seguridad pública que comprenda la prevención del delito, la procuración e impartición de justicia y la reinserción social, revalorizar y dignificar a las instituciones de seguridad pública, para que estas formen a su personal bajo los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

Para ello, los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública tienen el deber de intercambiar y sistematizar la información sobre seguridad pública y sus tecnologías asociadas, así como establecer los elementos para propiciar la participación de la comunidad para la planeación de políticas y medidas concretas para mejorar los servicios de seguridad pública.

Es decir, la comisión considera que si bien queda mucho trabajo pendiente para lograr un ambiente pleno de seguridad y paz con características ideales en comunidades y municipios afectados por la delincuencia, se destaca y reafirma que ya existe en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la figura del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual cuenta con una serie de atribuciones de cuya interpretación se desprende la facultad de diseñar políticas y ejecutar programas y acciones que incidan en la mejora de las condiciones de seguridad pública, igualmente dentro de dicho articulado se desprende la posibilidad de allegarse de todo tipo de información proveniente de personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que puedan exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública, como señalan los artículos 10, 11, 12 y 14 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

I. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas;

II. La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;

III. La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes;

IV. La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario;

V. La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal;

VI. Los consejos locales e instancias regionales; y

VII. El secretariado ejecutivo del sistema.

El Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Superiores de Justicia contribuirán con las instancias que integran el sistema, en la formulación de estudios, lineamientos e implantación de acciones que permitan alcanzar los fines de la seguridad pública.

Artículo 11. Las conferencias nacionales establecerán los mecanismos de coordinación que permitan la formulación y ejecución de políticas, programas, acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

El secretario ejecutivo realizará las acciones necesarias para asegurar que la coordinación sea efectiva y eficaz e informará de ello al Consejo Nacional.

El secretariado ejecutivo se coordinará con los presidentes de las conferencias nacionales para dar seguimiento a las resoluciones que se adopten por el consejo nacional, en los términos de esta ley.

Artículo 12. El consejo nacional estará integrado por

I. El presidente de la República, quien lo presidirá;

II. El secretario de Gobernación;

III. El secretario de la Defensa Nacional;

IV. El secretario de Marina;

V. El secretario de Seguridad Pública;

VI. El procurador general de la República;

VII. Los gobernadores de los estados;

VIII. El jefe del gobierno del Distrito Federal; y

IX. El secretario ejecutivo del sistema.

El presidente del consejo será suplido en sus ausencias por el secretario de Gobernación. Los demás integrantes del consejo nacional deberán asistir personalmente.

El consejo podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos por tratar, a las personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que puedan exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública. Dicha participación será con carácter honorífico. Asimismo, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos será invitado permanente de este consejo.

Artículo 14. El consejo nacional tendrá las siguientes atribuciones:

I. Establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la seguridad pública;

II. Emitir acuerdos y resoluciones generales, para el funcionamiento del sistema;

III. Establecer los lineamientos para la formulación de políticas generales en materia de seguridad pública;

IV. Promover la implantación de políticas en materia de atención a víctimas del delito;

V. Promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el sistema y dar seguimiento de las acciones que para tal efecto se establezcan;

VI. Promover la homologación y desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial en las instituciones de seguridad pública y evaluar sus avances, de conformidad con las leyes respectivas;

VII. Vigilar que en los criterios para la distribución de recursos de los fondos de aportaciones federales para la seguridad pública de los estados y del Distrito Federal, se observen las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal;

VIII. Resolver la cancelación de la ministración de las aportaciones, a las entidades federativas o, en su caso, a los municipios, por un periodo u objeto determinado, cuando incumplan lo previsto en esta ley, los acuerdos generales del consejo o los convenios celebrados previo cumplimiento de la garantía de audiencia;

IX. Formular propuestas para los programas nacionales de seguridad pública, de procuración de justicia y de prevención del delito en los términos de la ley de la materia;

X. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas de seguridad pública y otros relacionados;

XI. Llevar a cabo la evaluación periódica de los programas de seguridad pública y otros relacionados;

XII. Expedir políticas en materia de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre seguridad pública generen las instituciones de los tres órdenes de gobierno;

XIII. Establecer medidas para vincular al Sistema con otros nacionales, regionales o locales;

XIV. Promover el establecimiento de unidades de consulta y participación de la comunidad en las instituciones de seguridad pública;

XV. Recomendar la remoción de los titulares de las instituciones de seguridad pública, previa opinión justificada del secretariado ejecutivo, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley;

XVI. Establecer mecanismos eficaces para que la sociedad participe en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública;

XVII. Promover políticas de coordinación y colaboración con el Poder Judicial de la Federación y los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas;

XVIII. Crear grupos de trabajo para el apoyo de sus funciones; y

XIX. Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas y las que sean necesarias para el funcionamiento del sistema.

5. Nuestra legislación también considera integrar y coordinar todas las instituciones involucradas en la seguridad pública, y para tales efectos se designa la figura de secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las obligaciones de la citada figura administrativa son: elaborar las propuestas de contenido del Programa Nacional de Seguridad Pública y someterlas a aprobación del consejo, además de levantar y certificar los acuerdos que se tomen en el consejo, y llevar el archivo de éstos y de instrumentos jurídicos.

Como actividad se busca ejecutar y dar seguimiento a acuerdos y resoluciones del consejo; proponer para su aprobación al consejo políticas, lineamientos y acciones para el buen desempeño de las instituciones de seguridad pública del país; elaborar y publicar informes de actividades del consejo.

El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá informar periódicamente al consejo de sus actividades, formular sugerencias a las autoridades competentes, para que las instituciones de seguridad pública de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, desarrollen de manera más eficaz sus funciones.

También buscar promover, por conducto de las instituciones de seguridad pública, la realización de acciones conjuntas, conforme a las bases y reglas que emita el consejo y sin menoscabo de otras que realicen las autoridades competentes.

De igual manera, toma las medidas necesarias para hacer efectiva la coordinación y preservación de la seguridad pública, realizar estudios especializados sobre el tema y coordinar acciones entre las policías preventivas, como dispone el artículo 18 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

Artículo 18. Corresponde al secretario ejecutivo del sistema

I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del consejo nacional y de su presidente;

II. Impulsar mejoras para los instrumentos de información del sistema;

III. Formular propuestas para el programa rector de profesionalización;

IV. Coordinar la realización de estudios especializados sobre las materias de seguridad pública y formular recomendaciones a las instancias de coordinación previstas en el presente ordenamiento;

V. Compilar los acuerdos que se tomen en el consejo nacional, llevar el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven, y expedir constancia de los mismos;

VI. Informar periódicamente al consejo nacional y a su presidente de sus actividades;

VII. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del sistema;

VIII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, los convenios generales y específicos en la materia, así como las demás disposiciones aplicables e informar lo conducente al consejo nacional;

IX. Proponer al consejo nacional las políticas, lineamientos, protocolos y acciones para el buen desempeño de las instituciones de seguridad pública;

X. Verificar que los programas, estrategias, acciones, políticas y servicios que se adopten por las conferencias nacionales, se coordinen entre sí, y que cumplan con los lineamientos y acuerdos generales que dicte el consejo;

XI. Proponer los criterios de evaluación de las instituciones de seguridad pública en los términos de la ley;

XII. Preparar la evaluación del cumplimiento de las políticas, estrategias y acciones del sistema en los términos de ley;

XIII. Presentar al consejo nacional los informes de las conferencias nacionales, para el seguimiento de los acuerdos y resoluciones que se adopten en las mismas;

XIV. Elaborar y publicar informes de actividades del consejo nacional;

XV. Colaborar con las instituciones de seguridad pública que integran el sistema, para fortalecer y eficientar los mecanismos de coordinación; en especial en el impulso de las carreras ministerial, policial y pericial;

XVI. Integrar los criterios para la distribución de los fondos de seguridad pública y someterlos a la aprobación del consejo, en términos de las disposiciones legales aplicables;

XVII. Gestionar ante las autoridades competentes, la ministración de los fondos de seguridad pública, de conformidad con los criterios aprobados por el consejo y las demás disposiciones aplicables;

XVIII. Someter a consideración del consejo nacional el proyecto de resolución fundado y motivado de cancelación y, cuando proceda, la restitución de la ministración de aportaciones, a las entidades federativas o, en su caso, municipios;

XIX. Coadyuvar con la Auditoría Superior de la Federación y demás instancias de fiscalización, proporcionando la información con la que cuente respecto del ejercicio de los recursos de los fondos de ayuda federal, así como del cumplimiento de esta ley;

XX. Supervisar, en coordinación con las demás instancias competentes, la correcta aplicación de los recursos de los fondos por las entidades federativas y por los municipios;

XXI. Elaborar y someter a consideración del consejo nacional, opinión fundada y razonada por la que se recomiende la remoción de los titulares de las instituciones de seguridad pública;

XXII. Presentar quejas o denuncias ante las autoridades competentes por el incumplimiento de la Ley, los acuerdos generales, los convenios y demás disposiciones aplicables, así como por el uso ilícito o indebido de los recursos a que se refiere el artículo 142 de esta ley, e informar al respecto al consejo nacional;

XXIII. Dictar las medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema;

XXIV. Coordinar la homologación de la carrera policial, la profesionalización y el régimen disciplinario en las instituciones de seguridad pública; y

XXV. Las demás que le otorga esta ley y demás disposiciones aplicables, así como las que l encomiende el consejo nacional o su presidente.

6. El autor de la proposición que se dictamina, en el apartado de antecedentes, señala que el sistema de seguridad pública se encuentra en una situación de riesgo, sobre todo en determinadas comunidades y municipios en los que se ha detectado un alto índice de delincuencia con respecto a otros municipios y comunidades de la República Mexicana. Por tales motivos, propone que a través de la Cámara de Diputados se realicen tres foros en los que se puedan escuchar las voces de las víctimas del delito y la sociedad en general; los academices y especialistas en estos temas y los responsables de la seguridad pública, para que de viva voz en un dialogo abiertos y directo expresen a sus representantes populares sus propuestas. Sin embargo, en virtud de lo expresado, esta comisión considera que si bien resulta necesario el intercambio de ideas y la discusión amplia en torno de temas tan relevantes como la seguridad pública, no es necesario crear un nuevo consejo denominado de atención inmediata a las comunidades y municipios que presentan mayor incidencia delictiva en el país, en razón de que ya existe el Consejo Nacional de Seguridad Pública, dotado de las facultes y finalidades que señala el proponente.

7. El principal objetivo de los foros es conocer la opinión de expertos, académicos, intelectuales, representantes de instituciones de educación superior, procuradores de justicia, jueces, magistrados, legisladores y de la sociedad civil en general, a fin de que la ciudadanía esté bien informada sobre un tema determinado, antes de tomar cualquier decisión.

La comisión aprueba convocar y organizar la realización de los tres foros que se proponen en el presente punto de acuerdo, uno de víctimas del delito y grupos sociales, otro con académicos y especialistas y uno más con responsables de la seguridad pública, para escuchar las demandas y propuestas de solución a la seria problemática que enfrenta el país, empero, dichos foros deberán ser organizados a través de una comisión, en representación de la Cámara de Diputados, en razón de que es una facultad específica de los comités y comisiones la organización de foros, y no en general de la Cámara de Diputados, como señala el siguiente

Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se establecen las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados

Artículo 15. Las comisiones o comités se instalarán y ejercerán sus atribuciones con la concurrencia, en cada una de ellas, de cuando menos la mitad mas uno del número total de sus integrantes, y tomarán las decisiones que correspondan al ámbito de su competencia por mayoría de votos de sus miembros, expresada en reunión plenaria debida y oportunamente convocada.

Serán materia de resolución por parte del pleno de las comisiones, los siguientes asuntos:

I. La aprobación de las actas de las reuniones plenarias.

II. Los programas anuales de trabajo.

III. Los informes semestrales de actividades.

IV. Los dictámenes, opiniones o resoluciones, sobre los asuntos que le fueron turnados por la Presidencia de la Cámara para tales efectos.

V. La constitución e integración de subcomisiones y grupos de trabajo.

VI. El análisis del informe con el que los secretarios de despacho den cuenta al Congreso, del estado que guardan sus respectivos ramos, previsto en el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política.

VII. Las determinaciones que deba llevar a cabo de conformidad con el segundo párrafo del artículo 69 constitucional.

VIII. El acuerdo para solicitar la comparecencia de servidores públicos, invitaciones a reuniones de trabajo o encuentros, para solicitarles información, opinión o aclaración sobre asuntos competencia de la comisión, el que deberá ser comunicado a la conferencia. En caso de que varias comisiones coincidan en citar en la misma fecha a un mismo servidor público, los presidentes de éstas acordarán lo conducente con el presidente de la Conferencia.

IX. Las solicitudes de información que se formulen a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal, relativas a asuntos del conocimiento o dictamen de la comisión.

X. La opinión fundada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con base en los informes que rindan el Poder Ejecutivo federal y las demás entidades fiscalizadas, en los términos del artículo 79, fracción I, de la Constitución Política.

XI. La evaluación periódica de las políticas públicas y los programas respectivos, en lo concerniente al área de su competencia.

XII. Los acuerdos o resoluciones que considere la propia comisión, relacionadas con las actividades que le corresponden en los términos de la Ley Orgánica, el Reglamento, este acuerdo y los acuerdos particulares de la Cámara, relacionados con su competencia.

Los asuntos no previstos serán resueltos por acuerdo de la mesa directiva de la comisión.

Como órgano informativo interno de las actividades de la Cámara, la Gaceta Parlamentaria, a solicitud de las comisiones y comités, publicará los asuntos previstos en el primer párrafo de este artículo, así como las convocatorias, citatorios e invitaciones de las propias comisiones, de sus subcomisiones o grupos de trabajo, conforme a las reglas del acuerdo respectivo de la Cámara.

Capítulo Cuarto

De las Reuniones de Comisiones y Comités

Artículo 16. Las comisiones y comités cumplirán las atribuciones previstas en el artículo 15 del presente, mediante acuerdos o resoluciones adoptados en reuniones, que podrán ser

I. Ordinarias, las que se convocan y celebran, cuando menos una vez al mes, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45, numeral 6, inciso d), de la Ley Orgánica, y que tendrán por objeto la atención y resolución de los asuntos identificados en el artículo 15 de este acuerdo, y los derivados de sus atribuciones constitucionales y legales.

II. Extraordinarias, las que se convocan y celebran fuera del calendario programado o entre una y otra ordinaria. En caso de que tengan por objeto acordar o resolver uno o más de los asuntos identificados en el artículo 15 de este acuerdo, deberán satisfacer los requisitos y condiciones previstos para las reuniones ordinarias.

III. De mesa directiva, las que se convocan y celebran con la concurrencia del presidente y la mayoría de los secretarios de la comisión o comité para el ejercicio de sus atribuciones.

IV. De trabajo interno, que son las que tienen por objeto tratar y resolver asuntos distintos a los identificados en el artículo 14 o para proveer a la ejecución o dar seguimiento a los acuerdos o resoluciones adoptados en una reunión ordinaria, o para informar a los diputados integrantes de la comisión sobre cualquier asunto de su competencia o su interés.

V. De comparecencia, de trabajo o de encuentros de información con servidores públicos, que son aquellas en que las comisiones invitan o citan a comparecer según fuera el caso, por disposición de la ley, para dar cuenta de un asunto específico acordado por el pleno, para informar, intercambiar ideas u opiniones, sustentar o explicar algún acto de su dependencia, en los asuntos competencia de la o las comisiones convocantes.

VI. De trabajo con sectores de la sociedad, que podrán adoptar la fórmula de foros, consultas públicas, mesas redondas, talleres, diplomados o eventos similares.

VII. En conferencia, cuando se reúnan una o más comisiones ordinarias de la Cámara con las correlativas de la Cámara de Senadores, para tratar asuntos de interés común, expeditar el despacho de los asuntos y ampliar información para la emisión de los dictámenes, en los términos que prevea la ley.

El presidente de la mesa directiva de la comisión o comité deberá expedir la convocatoria a reunión, la cual será publicada al menos con 24 horas de anticipación a la fecha programada, durante los periodos de sesiones, o de 48 horas durante los recesos, salvo urgencia determinada por la mayoría de los miembros de la mesa directiva. La convocatoria deberá contener por lo menos lo siguiente:

I. Orden del día.

II. Fecha, hora y lugar precisos de su realización.

III. Relación de los asuntos que van a ser tratados en la reunión, identificando los que serán objeto de votación.

Si a una reunión no concurre el presidente, uno de los secretarios nombrado por los asistentes, presidirá la reunión.

8. Por último, por lo que se refiere a los puntos consistentes en que

d) El consejo se encargaría de analizar y evaluar las propuestas sugeridas por la sociedad en los tres foros organizados por la Cámara de Diputados de la H. LXI Legislatura y atenderlas de ser procedente, en caso contrario comunicará a la Cámara de Diputados por qué no son de considerarse.

e) La ejecución de las acciones viables deberá iniciar antes de la conclusión del primer cuatrimestre del año.

f) El consejo informará a la Cámara de Diputados de los avances en la ejecución de acciones, que serán evaluadas por este órgano.

Se debe entender que el Consejo Nacional de Seguridad, de acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la obligación de rendir cuentas al Congreso a través de sus integrantes sobre el estado que guarde el negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas, en este caso respecto al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Además, dicho artículo constitucional señala en los últimos párrafos que las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor de 15 días naturales a partir de su recepción; y que el ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la ley del Congreso y sus reglamentos.

Artículo 93. Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo federal.

Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor de 15 días naturales a partir de su recepción.

Al respecto, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 45, establece:

Artículo 45.

1. Los presidentes de las comisiones ordinarias, con el acuerdo de éstas, podrán solicitar información o documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo federal cuando se trate de un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa relativa a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos aplicables.

2. No procederá la solicitud de información o documentación, cuando una u otra tengan el carácter de reservada conforme a las disposiciones legales aplicables.

3. El titular de la dependencia o entidad estará obligado a proporcionar la información en un plazo razonable; si no fuere remitida, la comisión podrá dirigirse oficialmente en queja al titular de la dependencia o al presidente de la República.

4. Las comisiones ordinarias cuya materia se corresponde con los ramos de la administración pública federal harán el estudio del informe a que se refiere el primer párrafo del artículo 93 constitucional, según su competencia. Al efecto, formularán un documento en el que consten las conclusiones de su análisis. En su caso, podrán requerir mayor información del ramo, o solicitar la comparecencia de servidores públicos de la dependencia ante la propia comisión. Si de las conclusiones se desprenden situaciones que por su importancia o trascendencia requieran la presencia en la Cámara del titular de la dependencia, la comisión podrá solicitar al presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que el secretario del despacho o jefe de departamento administrativo correspondiente comparezca ante el pleno. Asimismo, se estará a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 93 constitucional.

9. La Comisión de Seguridad Pública respalda la propuesta del legislador proponente, para que se realicen tres foros en los que se puedan escuchar las voces de las víctimas del delito y la sociedad en general; los académicos y especialistas en estos temas y los responsables de la seguridad pública, para que de viva voz en un diálogo abiertos y directo expresen a sus representantes populares sus propuestas en la materia, a fin de impulsar un espacio de reflexión sobre diversas temáticas relacionadas con la seguridad pública. Sin embargo, dichos foros deben ser desahogados a través de las comisiones ordinarias correspondientes, ya que deben ser dichas instancias la que desahoguen la solicitud planteada, estableciendo los posibles alcances y los recursos que en todo caso se requirieran para cumplir sus objetivos.

Por lo expuesto, los integrantes de las Comisión de Seguridad Pública sometemos a consideración del pleno de esta asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se exhorta a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, de Derechos Humanos, de Equidad y Género, de Justicia, de Participación Ciudadana, y de Seguridad Pública a organizar foros con académicos, especialistas, autoridades en la materia, integrantes de la sociedad organizada y ciudadanos en general a fin de escuchar sus demandas y propuestas que permitan generar estrategias y políticas públicas de largo plazo y permanentes en materia de atención de víctimas y ofendidos del delito, justicia, seguridad pública y participación ciudadana.

Segundo. Con los resultados de dichos foros, se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a diseñar políticas y ejecutar programas y acciones que incidan efectivamente en la mejora de las condiciones de seguridad pública, justicia y participación ciudadana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de agosto de 2010.

La Comisión de Seguridad Pública

Diputados: José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Adriana Sarur Torre, Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica en contra), Alejandro Gertz Manero, Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Víctor Hugo Círigo Vásquez (rúbrica en contra), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica en contra), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins, Omar Fayad Meneses (rúbrica), Jorge Fernando Franco Vargas, Luis Alejandro Guevara Cobos (rúbrica), Aarón Irízar López (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz, Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro, Ricardo Sánchez Gálvez, Ardelio Vargas Fosado.