La suscrita, diputada Alba Leonila Méndez Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
Las políticas públicas de salud impulsadas por el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa son congruentes con la realidad que impera en nuestro país; es un hecho que en la medida en que mejores programas de salud sean creados, la calidad de vida de los mexicanos mejorará proporcionalmente.
Las recientes reformas a la Ley General de Salud orientan estas políticas públicas para que, en un futuro inmediato, México cuente con una cobertura histórica en los servicios de salud y ningún connacional se quede sin acceder a este vital servicio.
El Seguro Popular forma parte del Sistema de Protección Social en Salud, el cual busca otorgar cobertura de servicios a través de un aseguramiento público y voluntario para aquellas personas de bajos recursos que no cuentan con empleo o que trabajan por cuenta propia y que no son derechohabientes de ninguna institución de seguridad social.
Los integrantes de las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud a través del Seguro Popular tendrán acceso a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral sus necesidades de salud.
El Seguro Popular como iniciativa impulsada por la Secretaría de Salud se creó para responder a los retos de:
2. Reducir la prevalencia de gastos catastróficos por motivos de salud; e
3. Incrementar la cobertura del aseguramiento en salud.
Lo anterior, siempre con la misión y visión de crear un sistema de salud eficiente que coadyuve a mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos.
Es atribución de la Secretaria de Salud garantizar la coordinación entre el Seguro Popular y sus otros programas, así como con los de otras instituciones del sector salud, en los distintos niveles de gobierno.
La secretaría identifica las prioridades respecto a zonas geográficas, grupos de población, infraestructura disponible para la ejecución del Seguro Popular y coordina la realización de estudios e investigaciones necesarios para su instrumentación; por lo que, para su eficiente y efectiva implementación a nivel nacional, resulta indispensable la transversalidad en su aplicación; donde converjan los tres niveles de gobierno para lograr que federación, estados y municipios trabajen coordinados en la tarea de garantizar el derecho a la salud a toda la población que no cuenta con seguridad social.
En este ámbito de competencias, al gobierno federal, le corresponde, entre otras funciones, las siguientes:
• Definir el marco organizacional en los ámbitos federal y estatal.
• Utilizar la información relativa a grupos de beneficiarios incorporados en otros programas sociales del gobierno federal con la finalidad de evitar duplicidades.
• Establecer los lineamientos para la integración y administración del padrón de asegurados.
• Vigilar la complementariedad y compatibilidad de las acciones de los diversos programas que esta dependencia impulsa en el ámbito de las entidades federativas y en el contexto de la política de desarrollo social.
• Integrar y mantener actualizado el padrón de asegurados de la entidad.
• Prestar los servicios comprendidos en la cobertura acordada para cada entidad, así como garantizar la capacidad de insumos y el suministro de medicamentos para su oferta oportuna y de calidad.
• Aplicar los recursos que se reciban por concepto de cuotas de afiliación y el subsidio que el gobierno federal destine a las familias y los ciudadanos incorporados al seguro, en función de los compromisos adquiridos en los acuerdos de coordinación que especificarán los conceptos de gasto a que se destinarán los recursos obtenidos.
• Definir y promover la adecuación del marco normativo estatal que permita la operación eficiente del seguro.
• Proporcionar a la Secretaría de Salud la información relativa a la transferencia de los recursos, así como la correspondiente a los montos y rubros de gasto de los recursos transferidos.
En Veracruz estamos inmersos en el proceso electoral local 2009-2010 para elegir gobernador, 212 presidentes municipales y 50 diputados locales; el cual está enmarcado en una contienda sin precedentes por lo reñido de la competencia; por lo que es fundamental, garantizar a los veracruzanos la imparcialidad en la asignación y prestación del programa del Seguro Popular.
Estoy cierta que el Instituto Electoral Veracruzano tiene la obligación legal de vigilar que el proceso se apegue a los principios de legalidad, imparcialidad, certeza y equidad; sin embargo, en esta tarea, los tres niveles de gobierno tienen el deber de coadyuvar a generar las condiciones que permitan a las y los ciudadanos veracruzanos razonar y emitir su voto con plena autonomía; evitando condicionar la prestación de un servicio o programa público por el voto a favor del candidato de un determinado partido político.
Cualquier acto de autoridad que pretenda coaccionar la voluntad ciudadana, utilizando programas sociales, rompe con el principio de imparcialidad que debe garantizar elecciones limpias. Para este caso, el Código Electoral para Veracruz de Ignacio de la Llave, prevé en su artículo 82, que "los partidos políticos, coaliciones y candidatos no podrán utilizar en su favor los programas públicos de carácter social en la realización de actos de proselitismo político".
En virtud de lo anterior, es necesario evitar que en Veracruz el programa de Seguro Popular sea utilizado con fines partidistas en el presente proceso electoral. Especular con la salud sería lucrar con la vida de los veracruzanos; por ello es necesario procurar que los servicios de dicho programa se otorguen al margen de preferencias político-partidistas y vigilar que éste mantenga su origen y destino público, sin discriminación por razón de la preferencia política de la población que necesita de estos servicios de salud.
Por lo anteriormente expuesto y para salvaguardar los derechos de acceso a la salud de los veracruzanos, con la finalidad de prevenir cualquier uso partidista del programa público del Seguro Popular, y con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, propongo a esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para que, en uso de sus atribuciones, supervise la correcta aplicación del programa del Seguro Popular en la jurisdicción de Veracruz.
Segundo. Se exhorta a la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a que verifique que el funcionamiento del programa de Seguro Popular se asigne e imparta a la población, sin fines político-partidistas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2010.
Diputada Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD, AL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL
Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD A
INCLUIR EN EL CATÁLOGO DE ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS LA ATENCIÓN
DE LA INSUFICIENCIA RENAL DE QUIENES NO CUENTAN CON SEGURIDAD SOCIAL, A
CARGO DE LA DIPUTADA BÉLGICA NABIL CARMONA CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
La que suscribe, diputada Bélgica Nabil Carmona Cabrera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
La insuficiencia renal crónica es la pérdida progresiva, e irreversible, de la tasa de filtración glomerular que se traduce en un conjunto de síntomas y signos denominado uremia y que en su estadio terminal es incompatible con la vida.
Las causas de la insuficiencia renal crónica son, entre otras, la diabetes y es la más frecuente de ellas constituyendo más del 40 por ciento de los nuevos casos.
Esta enfermedad constituye un problema de salud pública a nivel mundial, el número de pacientes se incrementa de manera considerable tanto en los países desarrollados como en vías desarrollo.
Cada vez es mayor la necesidad de recurrir a procedimientos de diálisis o trasplante renal, por lo que se incrementa gradualmente el costo de su atención. Otra particularidad es, la edad de los pacientes que son admitidos a programa de hemodiálisis se va incrementando. Por ejemplo, en Japón dos tercios del total de pacientes en diálisis están por encima de los 60 años y la mitad son mayores de 65.
En México, la Diabetes es la primera causa de mortalidad entre la población, los casos de Insuficiencia renal han aumentado en los últimos años. De acuerdo a datos oficiales, se estima que existen 102 mil personas con insuficiencia renal lo que representa el 10 por ciento de la población nacional y de ellas sólo el 36% reciben atención adecuada. 65 mil no reciben ningún tipo de atención médica.
El Centro Nacional de Trasplantes reporta que anualmente sólo se cubre el 25% de los pacientes que requieren un trasplante, de entre la lista de personas en espera de una oportunidad de recuperar la salud y mantener la vida. El Instituto Mexicano del Seguro Social reporta a la insuficiencia renal como la tercera causa de muerte hospitalaria a nivel nacional y es sabido que el 90% de la población no tiene forma de pagar los costosos tratamientos de esta enfermedad.
Al inicio de la presente administración, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, anunció que cubriría el tratamiento de la Insuficiencia Renal a las familias afiliadas al Seguro Popular a través del Fondo de Gastos Catastróficos, hecho que se constata en la página 29 del Primer Informe de Gobierno correspondiente a la Secretaría de Salud.
Sin embargo, la cobertura de esta enfermedad fue retirada del catálogo de dicho fondo a sólo unos meses de haber sido inscrita.
El Fideicomiso de Fondos Catastróficos del Seguro Popular inició el ejercicio fiscal de 2007 con un saldo que ronda los 8 mil millones de pesos y cerró el ejercicio con un saldo similar, después de contabilizar los ingresos de año y los egresos. El Seguro Popular puede entonces presumir de un ahorro monumental, pero la secretaría de salud debe explicar la razón del retiro de la cobertura de la Insuficiencia Renal porque ese ahorro se representa en muertes de muchos mexicanos.
Por lo anteriormente, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud, al Consejo de Salubridad General así como, a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular) para que en el ámbito de su competencia reintegren la atención de la Insuficiencia Renal al catalogo de cobertura del Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud a presentar el proyecto de atención de la Insuficiencia Renal en personas sin seguridad social en el país.
Tercero. Se exhorta a las Comisiones de Salud y de Presupuesto y Cuenta Publica de la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda a que contribuyan en el marco de sus competencias a garantizar los recursos financieros que permitan brindar el tratamiento de la Insuficiencia Renal de todas las personas que lo requieran.
Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar un Programa Nacional de prevención de la Diabetes y de la Insuficiencia Renal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2010.
Diputada Bélgica Nabil Carmona Cabrera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, A LOS TITULARES DE LA
SHCP, DE LA SE Y DE LA SENER, Y A LOS REPRESENTANTES DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS
A SUSCRIBIR EL PACTO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA LA ESTABILIDAD MÉXICO
2010, A CARGO DEL DIPUTADO ÓSCAR AGUILAR GONZÁLEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal Óscar Aguilar González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos pone a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para suscribir un "pacto social y económico para la estabilidad -México 2010" y exhortar al presidente de la republica, a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, y de Energía, así como a los representantes de los sectores productivos del país. Bajo las siguientes
Consideraciones
Con el fin de promover la igualdad y participación de todos los sectores para la construcción de una sociedad más justa y equitativa, propongo este "pacto social y económico para la estabilidad -México 2010", ya que tenemos el mandato del pueblo de México, que nos confió su voto, para sentar las bases de una mejor calidad de vida para todos.
Pretendo que el pacto, implique la adopción de políticas públicas contundentes en las que el gobierno federal así como ésta soberanía popular actuemos acorde a la situación económica imperante en México.
Tenemos que honrar en momentos críticos de nuestro país, el compromiso con la población de menores ingresos, con la sociedad civil, con la iniciativa privada, productores, comerciantes y consumidores, y unir voluntades, construyendo consensos.
Hay que mencionar que el costo de la canasta básica indispensable pasó casi al doble, de 80.83 a 154.50 pesos con el Presidente de la República Felipe Calderón, que significa una pérdida de 44.90% en el poder adquisitivo del salario. El sexenio podría terminar en 62%.
El 52% de los mexicanos no puede adquirir la canasta alimenticia recomendable. Ante esta escalada de precios la gente está sacrificando educación y salud, para poder comer o se ven obligados a complementar con otros ingresos regularmente en la informalidad. El problema es que ésta situación ya es insostenible, las amas de casa son las que más están sufriendo.
Según la cifras del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM, para comprar una canasta alimenticia recomendable ahora hay que trabajar 21 horas con cuarenta y cinco minutos, mientras el 1 de diciembre de 2006 eran solo 13 horas.
Debemos tomar en cuenta los siguientes datos del Banco de México, que señalan que la inflación anual subió a 4,17 por ciento, el nivel más alto en los últimos 11 años.
Hay que destacar el comportamiento del índice nacional de precios al consumidor durante la primera quincena de 2010, que registró un incremento del 0.75%.
Entre los productos con mayores alzas de precios figuran alimentos, transporte público, servicio telefónico local, gasolina, diesel y gas doméstico.
El porcentaje en el aumento de los precios, son: el arroz, 61.6%; los aceites y grasas vegetales comestibles, 50.4%; el huevo, 27.1%; el pan de caja, 20.2%; las galletas populares, 15.2%; las harinas de trigo, 26.7%; pasteles y pastelillos, 12.4%; pollo en pieza 5.4%, y la leche pasteurizada fresca, 6.7%. Es evidente que el impacto de los precios se ve reflejado en la disminución en el consumo de estos productos.
Así la tasa de inflación subyacente se ubicó en 4.70 por ciento. Por lo que respecta a los productos agropecuarios, los principales aumentos de precios ocurrieron en: cebolla, calabacita, y papa.
En el caso del transporte urbano se observaron aumentos en un mayor número de ciudades, monto que excede a la experiencia histórica.
El éxito del pacto social y económico para la estabilidad -México 2010, que propongo a ésta soberanía, depende de todos. Se requiere de la participación del gobierno federal, sin distinción de ideologías, partidos o religión. El desafío que enfrenta México no es solamente la estabilidad económica, sino encontrar un patrón de crecimiento sostenible que sólo a través de un pacto social incluyente podremos alcanzar. Evitando el ciclo dramático de nuestra historia, donde cada cien años se ha presentado un movimiento social.
De lo contrario, al no actuar en éste sentido de manera decidida, los festejos del bicentenario podrían convertirse en una reedición a los conflictos sociales, que motivaron la independencia y la revolución del pueblo de México.
El reto, compañeros, es promover un crecimiento económico competitivo, reducir la desigualdad, incrementar el empleo, elevar el poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores y promover niveles superiores de bienestar social.
Lo anterior implica lograr un acuerdo que nos permita mantener estables los precios de los productos de consumo básico, y a los comerciantes de igual modo no incrementan precios al consumidor, hasta que la crisis económica quede superada.
También es necesario continuar incentivando el empleo formal, fortaleciendo la estructura de la seguridad social, y contando con educación de calidad que permita una mayor vinculación empresarial, ampliar el acceso a créditos a tasas competitivas, para las pequeñas y medianas empresas, que son las principales empleadoras. A través de las siguientes directrices:
• Realizar el ajuste, realineación, congelamiento y regulación programada de los aumentos de los precios de bienes y servicios necesarios.
• Mantener los precios de los productos de la canasta básica y de los energéticos a través la Secretaria de Economía.
• Promover la productividad en las relaciones laborales.
• Fortalecer los programas existentes de superación de la pobreza, ampliándolos hacia los sectores más vulnerables.
• Emprender acciones que propicien el empleo en zonas donde se genera la expulsión de personas, procurando convertirlas en receptoras de inversión.
• Promoción del empleo y atracción de inversiones productivas.
• Impulso y desarrollo de las Pymes.
Punto de Acuerdo
Único. Exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal, a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de Energía, y a todos los sectores de la sociedad, a suscribir el "pacto social y económico para la estabilidad -México 2010", así como la ejecución de sus directrices.
Palacio Legislativo, a 29 de abril de 2010.
Diputado Óscar Aguilar González (rúbricas)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA PGR A CREAR UNA FISCALÍA ESPECIALIZADA
EN DELITOS CONTRA EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y EL NORMAL DESARROLLO
PSICOSEXUAL; Y A LA SEP, A ESTABLECER UN PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE PREVENCIÓN
DE LA PEDERASTIA, A CARGO DE LA DIPUTADA PAZ GUTIÉRREZ CORTINA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La que suscribe, Paz Gutiérrez Cortina, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, e integrante de la Comisión de Cultura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
El caso de abuso sexual de menores, conocido como pederastia o pedofilia, no es un tema nuevo, habiendo sido considerado en otras épocas un tema tabú y motivo de vergüenza, sin que se pusiera en manifiesto la gravedad y la urgencia de denunciar estos delitos y tratar a los responsables con toda severidad.
Son innumerables los casos de niños y algunos actualmente ya mayores que sufren en el anonimato las consecuencias del abuso sexual infantil, perpetrado por adultos en quien se había depositado la confianza como puede ser un maestro, un ministro de culto, el padre, o algún familiar dentro de los muros del hogar. Son cientos los casos que se presentan a diario violentando el libre desarrollo de los niños y niñas de nuestro país y del mundo, casos que en su mayoría no fueron denunciados en su momento.
Se ha logrado un avance al poder hablar y discutir el tema de pederastia, sin embargo, hemos de vencer aún obstáculos importantes para lograr que los delitos sexuales cometidos contra menores sean denunciados a las autoridades correspondientes y atendidos debidamente para sancionar a quien resulte responsable.
Para lograr lo anterior se requiere implementar medidas más eficientes que impacten en el ámbito legislativo, político y ético de nuestra sociedad.
Desde comienzos de los años 90 se desarrollaron a nivel mundial los procedimientos a gran escala para prevenir la pederastia y responder de manera eficaz a las denuncia; en la actualidad, una cultura de ‘tolerancia cero’ que ponga fin a los casos que se presenten, es lo menos que podemos hacer por nuestros niños, ya que las estadísticas de abuso sexual infantil son alarmantes:
• Casi el 70 por ciento de todos los casos de abuso sexual
es a niñas o niños menores de 17 años.
• El 35 por ciento de los casos de niños abusados
es por algún miembro de su familia.
El estudio también refleja las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según las cuales hay en el mundo 73 millones de niños y 150 millones de niñas menores de 18 años que sufren violencia sexual o relaciones sexuales forzadas. Los datos de la OMS señalan que más del 36 por ciento de las niñas y el 29 por ciento de los niños sufrió abuso sexual en la región que abarcan los países de América Latina y el Caribe.
El DIF nacional estima que entre 30 mil y 60 mil niños son víctimas de abuso sexual cada año. El Sistema Nacional del DIF recibió el año pasado 59 mil 186 denuncias de maltrato infantil, de las cuales se comprobó el maltrato en 33 mil 994 casos, pero únicamente cuatro mil 656, o sea poco menos del 10 por ciento, se presentaron ante el Ministerio Público.
Nuestra legislación, tanto nacional como la establecida por tratados internacionales, nos presenta una plataforma y exige mayores medidas y atención en estos casos:
El artículo 4o. de la Constitución establece: "Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos."
"El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez."
La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México en septiembre de 1990, establece que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales, y reconoce que en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial consideración. Por lo tanto, en su artículo 19 establece que "los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental… incluido el abuso sexual".
"Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial."
Es urgente poner en práctica medidas de protección de nuestros niños, aún estamos a tiempo de salvar a millones de niños de que se conviertan en víctimas del abuso sexual convirtiéndose en una estadística más y en una probabilidad más de caer en depresión, dependencia del alcohol, drogas, trastornos de pánico y estrés postraumático o peor aún, suicidios.
Una manera de dar cumplimiento al artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, es estableciendo una Fiscalía Especializada dedicada a dar atención integral a las víctimas de violencia y abuso sexual en contra de menores, así como la procuración de justicia pronta y expedita en estos casos.
Es indispensable contar con un mecanismo para enfrentar los problemas de abuso sexual en menores; que el Estado vele por el bienestar de sus niños y aplique las penas y sanciones actualmente establecidas por el Código Penal Federal a quienes lo lleven a cabo. La Fiscalía Especializada y un programa de concientización y prevención de los delitos sexuales en contra de menores son un primer paso que hay que tomar por los niños de nuestro país.
Una cultura de prevención del delito es también imprescindible ya que la capacitación de los niños y de las niñas en la conciencia y el conocimiento de sus derechos, hará que los niños sean capaces de defenderse y hacer que se respete su integridad.
Por lo expuesto, con el propósito de proteger el libre desarrollo de la infancia y psicosexual de nuestras niñas y niños, someto a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, de urgente y obvia resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ministerio Público federal; el procurador general de la República a que con fundamento en los artículos 21 y 102 Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 al 12 y 13 párrafo segundo, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y artículos 2, 4, fracción X, 5, 6, 7 y 10 de su Reglamento; cree la Fiscalía Especializada para los delitos en contra del libre desarrollo de la personalidad y delitos en contra de la libertad y el normal desarrollo psicosexual.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a crear un programa de educación en la materia de prevención del abuso sexual en contra de menores (pederastia) y de cultura de denuncia de éste.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2010.
Diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
SE REPLANTEE EL PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA SOBRE LAS MEZCLAS ESTÉRILES,
A CARGO DEL DIPUTADO HELADIO GERARDO VERVER Y VARGAS RAMÍREZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputados Gerardo Verver y Vargas Ramírez y Miguel Antonio Osuna Millán, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en pleno uso de las facultades que le confieren los artículos 58 y 59 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, al tenor de lo siguiente:
Exposición de Motivos
Si bien es cierto que el proceso para la preparación de las mezclas estériles para aplicación deben estar sujetas a Regulación por parte de la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, también es cierto que el PROY-NOM-249-SSA1-2007 no es el instrumento adecuado para hacerlo, considerado el fuerte impacto negativo, económico y de salud pública, tomando en cuenta que las Normas Oficiales Mexicanas son de observancia obligatoria para los establecimientos de carácter público, social y privado, dedicados a la preparación y dispensación de mezclas estériles: nutricionales y medicamentosas, por prescripción médica.
Los costos cuantificables y no cuantificables, que se pudieren derivar del cumplimiento del PROY-NOM-249-SSA1-2007, en el corto y mediano plazo, no fueron tomados en cuenta en el Presupuesto de Egresos de la Federación, impactaran de manera negativa en materia económica a todos las unidades medicas que ofrecen el servicio de hospitalización del sector público, mismas que forzosamente requieren de algún tipo de terapia intravenosa, nutricional o medicamentosa.
Debido a la extemporaneidad de las mezclas magistrales estériles, es decir, su muy limitada vida útil, se requiere que estén lo más cercanas posible al Hospital en que se aplica la terapia intravenosa, lo anterior, toda vez que, por su misma naturaleza, la degradación de los medicamentos se inicia en el momento de la dilución y se acelera por factores comunes como la digitación durante el transporte de un lugar a otro, resultado totalmente contraproducente el envió de las mezclas a lugares distantes, razón por la cual la oferta del servicio por parte de empresas privadas, es a todas luces insuficiente.
Por otra parte, el contenido del PROY-NOM-249-SSA1-2007 en revisión, es idéntico al texto de la NOM-059-SSA1-2006. Buena practicas de fabricación para establecimientos de la industria química-farmacéutica dedicados a la fabricación de medicamentos, por lo cual consideramos que representa una sobrerregulación, además de duplicidad y confusión entre los particulares o instituciones de gobierno que deban cumplirla, por lo que reiteramos que no es instrumento normativo adecuado para Regular dicho proceso de preparación de mezclas magistrales estériles.
Adicionalmente y a diferencia de la recientemente actualizada NOM-059-SSA1-2006, el PROY-NOM-249-SSA1-2007 incluye aspectos que no son materia de las Normas Oficiales Mexicanas, puesto que los numerales 26,26.1, 26.2, 26.3 y 26.4, se mencionan en forma por demás indebida aspectos comerciales relativos a los requisitos que deberán contener las convocatorias de las licitaciones públicas en materia de mezclas estériles.
En este sentido, la finalidad y el contenido de las normas oficiales mexicanas, se encuentra en lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, sin que dichos numerales hagan siquiera referencia a los procedimientos de contratación pública, puestos que los mismos se hallan regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector público.
En otro orden de ideas, no corresponde a las normas oficiales mexicanas establecer quien tiene la capacidad técnico científica para evaluar la conformidad de la norma, ya que ese requisito está contemplado en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en el entendido de que tanto los preparadores como los responsables de las preparaciones deberán contar con la experiencia, formación y capacitación especializada y constante en ese tipo de actividades, como hasta la fecha se ha venido haciendo en las distintas unidades medicas.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a replantear el PROY-NOM-249-SSA1-2007 "Mezclas Estériles: nutricionales y medicamentos, e instalaciones para su preparación", debido a que contiene errores en los aspectos técnicos contenidos en el numeral 26, de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, estipulando aspectos que no son materia de las normas oficiales mexicanas, como lo son los requisitos que deberán contener las convocatorias de las licitaciones públicas en materia de mezclas estériles.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril del 2010.
Diputados: Heladio Gerardo Verver y Vargas, Miguel
Antonio Osuna Millán (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ACTUALIZAR EL REGLAMENTO DE COOPERATIVAS
ESCOLARES, VIGENTE DESDE 1982, A CARGO DEL DIPUTADO SERGIO GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Además, contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de robustecer en el educando junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad.
Por su parte, la Ley General de Educación como el ordenamiento fundamental que recoge los principios de orden general que dan forma al proyecto educativo que en el país se ha dado a lo largo de los años, se ha reformado continuamente para estar al nivel de las demandas de las instituciones y de la sociedad en materia educativa.
Tal es el caso del decreto publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de junio de 2006, por el que se adiciona la fracción XIII al artículo 7 de la Ley General de Educación, a fin de reactivar la figura de las sociedades cooperativas escolares, para darle paso a la educación de la niñez mexicana en el conocimiento y la práctica de los principios cooperativos e impulsar su participación activa y directa; y que en el artículo transitorio segundo establece que el Ejecutivo federal deberá actualizar y modernizar el Reglamento de Cooperativas Escolares, vigente desde 1982, en un plazo no mayor a sesenta días a partir de la publicación de éste.
En nuestro país, el cooperativismo escolar no ha podido desarrollarse como debiera ser, ya que uno de sus principales problemas, es que se deja de manera discrecional su funcionamiento generando problemas graves, como abusos por parte de integrantes de asociaciones de padres de familia o directores de los planteles y la falta de transparencia en el uso y destino de los recursos provenientes de las cooperativas escolares.
En este sentido, es conocido por todos nosotros las denuncias por los abusos y robos en las cooperativas de las escuelas de educación básica del país, en las que se recaudan grandes cantidades a través de "cuotas voluntarias" las cuales oscilan entre los 150 y 600 pesos dependiendo del lugar en el que se sitúa el plantel y que son destinados a beneficio personal, o incluso sustraídos por integrantes de asociaciones de padres de familia o directores de los planteles. Estas irregularidades se han presentado en escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria de todo el país, pero principalmente en los estados de Tlaxcala, Guerrero, Nayarit y Sonora.
Frente a este panorama, es urgente que el titular del Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública y en uso de su facultad reglamentaria, establezca lineamientos claros sobre la organización y funcionamiento de las cooperativas de las escuelas del nivel básico, a través de la actualización y modernización del Reglamento de Cooperativas Escolares, vigente desde 1982.
En este tenor, sólo a través de la expedición de instrumentos jurídicos que regulen de manera clara y transparente las actividades de las referidas cooperativas escolares habrá un verdadero progreso en este tema, tal y como ocurre en países como Alemania, España, Canadá, Costa Rica, Argentina y Colombia, en las que dichas entidades asociativas han logrado avanzar de manera significativa, promoviendo eficientemente los intereses comunes de sus asociados.
Ahora bien, otro aspecto fundamental que no debemos olvidar es la falta de regulación de lo que se vende en las cooperativas y tiendas escolares, y que ha dado origen a que nuestro país ocupe el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil, según datos de la Encuesta Nacional de Salud en los Escolares, elaborada por el Instituto Nacional de Salud Pública durante 2008, las cooperativas escolares priorizaron en su oferta productos altamente calóricos.
Derivado de lo anterior, resulta necesario que en la actualización del Reglamento de Cooperativas Escolares vigente se incluyan los aspectos siguientes:
b) La implantación de acciones para cambiar los hábitos alimenticios de los alumnos, privilegiar la alimentación saludable, promover consumidores responsables y fomentar el hábito del ahorro.
c) Establecer lineamientos claros sobre la participación de los padres de familia en las escuelas y la implantación de mecanismos de transparencia en la recaudación, el uso y el destino de los recursos extraordinarios, que garanticen que éstos se ejerzan en forma eficiente y no discrecional.
Por lo expuesto, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a efecto de que a la mayor brevedad actualice el Reglamento de Cooperativas Escolares vigente desde 1982.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a efecto de que en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas formulen y desarrollen programas de educación para la salud, en los que se genere un cambio de los hábitos alimenticios de los alumnos, se privilegie la alimentación saludable y se promueva un consumo responsable, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la Ley General de Salud.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2010.
Diputado Sergio González Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL CONACYT, Y A LOS GOBIERNOS DE GUERRERO Y DE CHILPANCINGO
A REALIZAR GESTIONES PARA REHABILITAR Y REABRIR TANTO EL CENTRO INFANTIL
DE RECREACIÓN, CIENCIA Y CULTURA COMO EL VAGÓN DE LA CIENCIA
EN ESE MUNICIPIO, A CARGO DE LA DIPUTADA ANA LUZ LOBATO RAMÍREZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, Ana Luz Lobato Ramírez, diputada federal a la LXI Legislatura, con Fundamento en el artículo 67, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) es el organismo público de la administración federal, integrante del sector educativo, que tiene como tarea fundamental la promoción y desarrollo de la ciencia y tecnología en México.
El Conacyt es una institución que debe fomentar, coordinar y articular las actividades científicas y tecnológicas nacionales con el objeto de que se promueva el desarrollo de la ciencia, para ampliar las fronteras del conocimiento.
La ciencia y la tecnología son la base del desarrollo de toda nación, proporciona un estado de estabilidad y certidumbre que se refleja en un alto nivel educativo y crecimiento económico, en este contexto es determinante divulgar en la sociedad desde edad temprana estos conocimientos. Científicos mexicanos encabezados por Mario Molina, ganador del premio Nobel de Química en 1995, se han pronunciado por instrumentar en el país una política de Estado que impulse desde el nivel básico educativo la investigación y el acercamiento de niñas y niños a la ciencia y tecnología, temas que deben ser prioritarios.
Es importante recalcar la importancia de dar impulso a este tipo de educación, de no hacerlo así en los próximos 20 años sufriremos severamente las consecuencias de la desatención institucional a estos temas. En México todavía no tomamos la decisión verdadera en invertir con seriedad en el desarrollo de estas áreas.
No sólo se deben tener buenas intenciones se deben actuar en consecuencia ya que las niñas y niños mexicanos son la base del desarrollo del país, vivimos en una situación difícil y si no lo hacemos ahora después será demasiado tarde, no es casualidad que países desarrollados estén enfocando sus políticas de crecimiento desde sus academias.
Son los menores quienes aprenden de manera adictiva y no pasiva, ni simplemente sentándose frente a un maestro y memorizando hechos de la ciencia, si aprenden interactuando y experimentando está comprobado que se formaran adultos responsables, creativos, críticos, con capacidad en la toma de decisiones y afrontaran con éxito problemas.
Es necesario habilitar o rehabilitar espacios que bajo un concepto de educación continua con carácter no formal, abierto y flexible invite a los niños desarrollar su creatividad a través de observar, experimentar, crear y reflexionar sobre temas relacionados con la ciencia, la tecnología, el medio ambiente y temas de cultura en forma amena e interesante. Una institución que cuente con instalaciones adecuadas para lectura, computación, recreación etcétera.
En Chilpancingo, Guerrero, ya se cuenta con este espacio por lo que consideramos necesario se reabra y se remodele para elevar el nivel cultural de la población, mediante la divulgación de la ciencia y tecnología en forma didáctica y creativa entre los estudiantes de los diferentes niveles educativos y en especial de educación básica (preescolar, primaria y secundaria).
Y que este nuevo espacio pueda considerarse como en el pasado el centro infantil de recreación en ciencia y cultura más importante del estado con un impacto nacional, atendiendo a padres de familia y alumnos, despertando en ellos el interés y vocación por la ciencia, la tecnología y la cultura, visitado principalmente por niñas y niños de las ciudades de Chilpancingo, Acapulco e Iguala, así como regiones Centro y Montaña.
En este centro ya se cuenta con áreas de atención diseñadas para brindar servicio como son laboratorio de ciencias naturales, sala de medios educativos e informática, videoteca, sala de ecología, jardín botánico, planetario, sala de lectura y recreación, ludoteca, sala de exposiciones y el Vagón de la Ciencia, un espacio que se diseño como un concepto, moderno de educación continua, de carácter no formal, abierto y flexible.
No se debe escatimar dada la urgencia de educar y expandir la investigación científica y tecnológica en entidades del país, esta propuesta es viable debido a que se cuenta ya con unas instalaciones diseñadas para este fin.
Bajo este contexto someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como a los gobiernos estatal y municipal, a realizar las gestiones necesarias con el propósito de rehabilitar y reabrir el Centro Infantil de Recreación, Ciencia y Cultura, así como el espacio denominado Vagón de la Ciencia, en el Municipio de Chilpancingo, Guerrero.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2010.
Diputada Ana Luz Lobato Ramírez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEDESOL A TOMAR MEDIDAS QUE FORTALEZCAN EL PROGRAMA DE
ADQUISICIÓN DE LECHE NACIONAL DE LICONSA PARA PROMOVER LA COMPRA
DEL PRODUCTO DE ORIGEN MEXICANO, A CARGO DEL DIPUTADO BALTAZAR MARTÍNEZ
MONTEMAYOR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, Baltazar Martínez Montemayor, diputado a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:
El país es envidiable por la gran cantidad de productos que se crean o fabrican en su territorio.
Tenemos de todos los climas, una amplia vegetación, suficiente cantidad de agua, colindamos con dos océanos, tenemos un extenso territorio, pero además contamos con un importante número de técnicos especializados para llevar a cabo un sinfín de proyectos y con suficiente mano de obra para realizarlos; es decir, hay todo lo que se requiere para ser autosuficientes e incluso exportar.
Lo que falta es organizarnos, por el bien de todos, entre los ámbitos de gobierno y los sectores económicos del país para trabajar en conjunto, analizando las problemáticas con que nos enfrentamos y las soluciones que hay que implantar por el bien social, laboral y económico de cada una de las familias que viven en México.
El país es rico en muchos aspectos; entre ellos, el sector agrario y ganadero.
Desafortunadamente para los productores, en muchas empresas y en el propio gobierno se da preferencia a la importación de artículos, en lugar de consumir los hechos en casa.
Un ejemplo muy claro es la contradicción que hay entre los primeros lugares que tenemos a escala mundial como importador de leche, pero por otro lado tenemos a un considerable número de ganaderos mexicanos que por falta de mercado tienen que tirar la producción; muchos de ellos se aproximan a la quiebra.
En Nuevo León, gran cantidad de productores de leche continuamente me expresan esa preocupación.
Es alarmante conocer que de la leche que comercializa el programa Liconsa, de la Secretaría de Desarrollo Social, aproximadamente 10 por ciento es de productores mexicanos, mientras que el restante lo importamos de países como Nueva Zelandia, Irlanda y Uruguay.
Aunque el argumento siempre ha tenido que ver con los precios, pues aparentemente es más barato importar que comprar a los productores mexicanos, en el fondo resulta mucho más caro, y es muy fácil demostrarlo: si importamos la leche, estamos dejando empobrecidas a miles de familias; para que subsistan y medio vivan, hay que destinarles algún programa de apoyo asistencial.
Dicho recurso sale de las arcas federales o estatales y, por tanto, se convierte en un gasto para el gobierno. Por eso, haciendo los cálculos necesarios, es mucho más lo que destinamos al apoyo de estas familias que la pequeña diferencia de precios entre productos nacionales y extranjeros. Se concluye que nos conviene y por mucho consumir los productos mexicanos.
Si por el contrario consumiéramos y diéramos preferencia a lo hecho en México, aparte de incrementar la calidad de vida de varias familias, detonaríamos económica, social y culturalmente muchas regiones del país, y no sería necesario destinarles dinero para su supervivencia, pues se convertirían en autosuficientes. Además, con el incremento de ingresos, los productores mexicanos comprarían más reses, ofrecerían mejores precios, darían un mejor servicio a los clientes y fortalecerían el sector lechero del país, tan necesitado.
Por lo expuesto, me permito poner a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a tomar las medidas conducentes a fortalecer la operación del Programa de Adquisición de Leche Nacional, a cargo de Liconsa, a fin de promover la compra de leche de origen mexicano.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2010.
Diputado Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA UNA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE FOMENTAR, PROTEGER Y
COMERCIALIZAR LA AGRICULTURA PROTEGIDA EN EL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO
BALTAZAR MARTÍNEZ MONTEMAYOR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, Baltazar Martínez Montemayor, diputado federal de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.
La agricultura protegida es un sector que requiere una especial atención por parte de nosotros, los legisladores, pues de ella dependen varios agricultores, innumerables familias e incluso ciudades y municipios.
Entendemos como agricultura protegida al sistema de producción que se realiza bajo estructuras construidas con la finalidad de evitar las restricciones que el medio ambiente impone para el desarrollo óptimo de las plantas.
Comúnmente relacionamos la agricultura protegida con los invernaderos, sin embargo existen otros métodos y estructuras como la malla sombra, micro túneles entre otros.
Afortunadamente para este sector, el gobierno federal a través de los distinto programas de Sagarpa y de secretaría de reforma agraria, así como algunos gobiernos estatales le están dando a este tipo de agricultura la importancia y los apoyos que se requieren, pues la tendencia mundial de adquirir alimentos con mayor calidad nutricional, además de las enormes ventajas de esta forma de cultivo están haciendo que este mercado vaya en un completo crecimiento.
Es muy loable que la cámara de diputados ya dio pruebas de la sensibilidad que tiene en relación a los temas del campo, y por ello ha creado en esta LXI Legislatura comisiones especiales como la de Citricultura, la del Café, la encargada de impulsar los productos de la vid, así como la comisión que da seguimiento a la industria azucarera, por ello considero necesario ampliar esta gama de comisiones especiales y crear la comisión especial encargada de fomentar, proteger y comercializar la agricultura protegida en nuestro país.
La industria de la agricultura protegida no se centraliza en una región o en unos pocos estados sino por el contrario, al poder controlar las condiciones climáticas que afectan a las hortalizas y frutas en cultivo, es posible instaurarla en cualquier estado, lógicamente con el debido estudio y proyecto.
La agricultura protegida tiene muchas ventajas con relación a la agricultura a cielo abierto entre las que se encuentran las siguientes: el eficiente uso y manejo del agua, la producción durante los 12 meses del año, una mayor y mejor control de las plagas, genera un promedio de 8 a 10 empleos directos por hectárea, además de varios empleos indirectos por cosecha, incrementa el ingreso de los productores, ofrece productos de mejor calidad, pero uno de los más importantes es que genera polos de desarrollo.
México es rico en productos agrícolas, primeramente por su extenso territorio pero sobretodo por su clima, lo cual se convierte en nuestra principal ventaja competitiva en relación a otros países.
Para ver la importancia de este tema quiero comentar que en 1999 en México se tenían en producción 721 hectáreas bajo estos esquemas y para el año 2008 se tuvieron 9 mil 68 hectáreas, con lo que podemos observar que este sector es el que tiene mayor crecimiento e importancia en el campo de la agricultura nacional.
A través de la agricultura protegida se pueden producir flores, jitomates, pimientos morrón, pepinos, entre otros productos.
Por lo tanto, para que esta industria siga en completa expansión y sea una de las fuentes que generen más riqueza y empleos para nuestra nación, es necesario que este sector tan importante esté representado en la h. cámara de diputados, por legisladores comprometidos con méxico que quieran que el campo mexicano sea más eficiente y produzca más y mejor.
Tenemos que irnos adaptando a las nuevas formas de hacer agricultura, por lo cual hay que darle las herramientas a los productores para ayudarlos, capacitarlos, guiarlos e incluso para facilitarles el camino a la hora de comercializar su producto, ya sea en el mercado nacional o también en el internacional.
México es el principal distribuidor de jitomate a los estados unidos en primavera, otoño e invierno debido a que la producción en los estados unidos de campo abierto es estacional.
Estoy convencido de que si implantamos las medidas correctas y los apoyos necesarios para llevar adelante este sector, toda la población de México se verá beneficiada directa o indirectamente por estos cambios, ya sea en una mejor alimentación y una mejor calidad de vida.
Por lo cual, considero necesario ordenar el mercado y ofrecer a los pequeños productores las ventajas de agruparse entre sí para disminuir costos y establecer una estrategia completa de producción, transportación, empaque y comercialización que dé las mejores ventajas a los productores nacionales con relación al comercio extranjero.
Asimismo, mi intención en la Cámara de Diputados es ayudar a todos los sectores más necesitados de nuestro país y a la vez a los que tienen una mayor posibilidad de crecimiento, pues la solución para abatir la pobreza en México está en nuestro propio territorio y consiste en aprovechar al máximo los recursos que como nación tenemos, entre los que encontramos: al petróleo, al turismo, nuestra gente, nuestra cultura, nuestras tradiciones pero un aspecto importante consiste en explotar correctamente el campo mexicano.
Ahí surge la necesidad de crear esta comisión tan importante que será un detonante de crecimiento para el país.
De esta manera, para que los productores que utilizan los métodos de la agricultura protegida puedan tomar las mejores decisiones y no saturar el mercado con un solo producto es necesario tener un correcto padrón de agricultores, con el fin de ofrecerles la ayuda, la información y las asesorías adecuadas para que sus hectáreas rindan lo mejor posible y se asegure su venta.
Además este padrón servirá para que la propia Sagarpa pueda dirigir mejor sus esfuerzos y tenga una visión global, regional, estatal y municipal de los cultivos que se están realizando en nuestro país.
Así los propios productores pueden ver las proyecciones, tendencias e intenciones de cultivo, lo cual le da las herramientas para decidir qué sembrar.
Por lo expuesto y viendo la importancia que tiene el campo mexicano, les solicito a ustedes, compañeros diputados, el apoyo para aprobar los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial encargada de fomentar, proteger y comercializar la agricultura protegida de nuestro país, con el objeto de contribuir a mejorar la productividad y competitividad de los productores nacionales de agricultura protegida.
Segundo. Se exhorta a la Sagarpa, para que cree un padrón de productores nacionales de agricultura protegida, a fin de dirigir con mayor eficacia la estrategia destinada a impulsar este tipo de agricultura.
Palacio Legislativo, a 29 de abril de 2010.
Diputado Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR MEDIANTE LA SEMARNAT Y LA SHCP
ESTUDIOS PARA DETERMINAR EL EFECTO AMBIENTAL Y EL ECONÓMICO DE LA
FABRICACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE BOLSAS DE PLÁSTICO,
A CARGO DE LA DIPUTADA TOMASA VIVES PRECIADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PAN
La suscrita, Tomasa Vives Preciado, diputada e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, fundamentado y motivado en la siguiente
Exposición de Motivos
Desde finales de la década de los 50 en que fueron introducidas al mercado las bolsas de plástico, éstas han incrementado su presencia en los mercados descomunalmente. Se estima que alrededor del mundo se producen anualmente entre 4 y 5 billones de estos objetos1, los cuales se destinan a distintas actividades, desde la recolección de basura hasta el traslado y preservación de los alimentos.
Sin embargo, el uso de estas bolsas genera serios problemas ambientales desde su proceso productivo hasta su destino final como residuos no reciclables ni biodegradables. Las bolsas de plástico pueden fabricarse de polietileno de baja densidad, polietileno lineal, polietileno de alta densidad o de polipropileno. Polímeros de plástico que no son biodegradables2 y cuya descomposición puede tomar hasta 400 años.
Aunado a lo anterior, la manufactura del polietileno se hace a partir de combustibles fósiles, lo que implica la emisión de gases contaminantes, como el benceno, que es considerado cancerígeno. Y dado que su proceso de descomposición puede durar siglos, cuando son quemadas como medida de control de residuos, generan dioxinas tóxicas que se filtran a los suelos y cuerpos de agua.
Por otro lado, la proliferación del plástico es creciente y los basureros y rellenos sanitarios no se dan abasto para contener tal cantidad de material no biodegradable, de hecho únicamente el 1 por ciento de estas bolsas se recicla3. Además, dada la extrema ligereza y delgadez de algunos de estos productos, sobretodo de aquellos que tienen un espesor menor a 3 milímetros, y al no realizarse una adecuada disposición final de los mismos, tienden a volar y a esparcirse por el medio ambiente, lo que provoca otro tipo de contaminación ambiental, que en China ganó el nombre de "contaminación blanca", dado que es el color más utilizado en la fabricación de las bolsas de plástico y por ende el observado en calles, ríos y bosques del mencionado país.
Un problema ambiental adicional imputable al uso de bolsas plásticas, es que estas ocasionan la obstrucción de las tuberías y de los sistemas de drenaje, incrementando las posibilidades de inundación en determinadas comunidades, sin mencionar la proliferación de enfermedades infecciosas derivadas del encharcamiento de aguas4.
Grupos ecologistas también han reclamado la atención hacia este problema, considerando que las bolsas de plástico tienen en muchos casos como destino final los ríos y mares, provocando que especies marinas como ballenas, delfines, tortugas y aves marinas, mueran al ingerirlas o por asfixia. Estimaciones de las Naciones Unidas señalan que, en los océanos existen 29,000 trozos de plástico por cada kilómetro cuadrado5.
En México no existen estudios oficiales que den cuenta del impacto ambiental y de los daños posibles derivados de la fabricación y disposición final de las bolsas plásticas, y que determinen el nivel de toxicidad que pueden generar sobre el aire, suelo y cuerpos de agua.
Sin embargo, esto no representa un impedimento para tomar medidas, antes de que la proliferación de las bolsas de plástico se convierta en un problema incontrolable y genere grandes costos para la sociedad, o incluso daños ambientales irreversibles, sobretodo si consideramos nuestras responsabilidades internacionales en materia de medio ambiente al apegarnos al "principio precautorio", mismo que alude a la declaración firmada durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992 que indica:6
En países europeos, se ha optado por un impuesto al consumo de estos productos, cuya recaudación se destina a programas orientados a la preservación del medio ambiente y la promoción de una cultura ambiental de la sociedad. En México, el impuesto especial sobre producción y servicios es un impuesto sobre consumos específicos, que tiene la peculiaridad de gravar únicamente determinados bienes y servicios, buscando corregir las fallas de mercado conocidas como externalidades negativas y, por ende, reducir el consumo de bienes considerados como nocivos.
Irlanda fue el país pionero en el establecimiento de un impuesto para inhibir la producción incontrolada de bolsas de plástico. En esta nación, el impuesto fue diseñado para mermar el consumo de las bolsas, mediante la introducción de un gravamen de 15 centavos de euro por producto. El resultado de su aplicación, fue la reducción del 90 por ciento del consumo de bolsas de plástico, por lo que ahora la gente utiliza bolsas de tela para realizar la mayoría de sus actividades cotidianas.7
En Escocia, el Ejecutivo publicó un estudio detallado del impacto ambiental de las bolsas de plástico, a partir del cual se ha empezado a diseñar un impuesto similar al de Irlanda para inhibir el consumo de estos objetos. De igual forma en países como Inglaterra, Taiwán y Argentina, y ante la problemática que se deriva del uso de bolsas pláticas, se están proponiendo medidas semejantes.
En México, es necesario adoptar este tipo de instrumentos económicos, a fin de evitar la latente degradación ambiental por el uso de bolsas plásticas. Sin embargo, debe ser un mecanismo económico tal que no afecte de manera crucial el desarrollo de la industria del plástico, y por el contrario incentive el desarrollo de nuevas tecnologías para la producción ambientalmente sustentable.
Por lo expuesto y fundado, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que –a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales– se realicen los estudios pertinentes para determinar el impacto ambiental y económico que provoca la fabricación y disposición final de las bolsas de plástico; para que, con base en estos estudios, se expida una norma que regule los niveles de toxicidad generados por las bolsas de plástico y su disposición final.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar los estudios y análisis pertinentes para desincentivar el consumo de bolsas de plástico no biodegradables, a través del establecimiento de un impuesto o cuota al consumo de estos productos, basados en un análisis económico y ambiental que no perjudique a la industria nacional y pueda erradicar la contaminación ambiental causada por la disposición final de estos productos.
Notas
1. De acuerdo a estimaciones de la "Asociación
de Mercados Químicos", empresa consultora de la industria petroquímica.
2. La Rainforest Alliance señala que "una sustancia
biodegradable es aquella que no persistirá en el ambiente y que
se descompondrá, con relativa rapidez, en formas biológicamente
inocuas, gracias a la acción de bacterias, hongos, gusanos o insectos".
3. http://www.greenpeace.org/espana/news
4. "State of the World 2004: Special Focus, The Consumer
Society", The Worldwatch Institute, página 23.
5. United Nations Environment Programme, en: http://www.unep.org/
6. Declaración de Río sobre Medioambiente
y Desarrollo, 14 de junio de 1992.
7. http://www.reusablebags.com
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 29 de abril de 2010.
Diputada Tomasa Vives Preciado (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DECRETAR UNA EXCEPCIÓN TRIBUTARIA
EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, COMO PARTE DEL PROGRAMA TODOS SOMOS
JUÁREZ, MEDIANTE UNA PRÓRROGA EN EL PAGO DE IMPUESTOS Y LA
CONDONACIÓN DE MULTAS PARA ESTIMULAR LA ECONOMÍA; E IMPLANTAR
CON LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL POLÍTICAS QUE MEJOREN LA CALIDAD
DE VIDA DE LA SOCIEDAD LOCAL, A CARGO DE LA DIPUTADA ADRIANA TERRAZAS PORRAS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada federal Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la Sexagésima Primera Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable asamblea, con el carácter de urgente u obvia resolución, proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
En cualquier ciudad del mundo existe algún vínculo que traspasa las relaciones económicas, sociales y políticas, lo cual impacta en la expansión poblacional e incrementa los requerimientos de servicios, infraestructura y equipamiento.
El crecimiento de la mancha urbana es producto de una serie de factores históricos de la producción social del espacio, pero también ha sido un proceso gradual que ha transformado culturalmente a los pueblos asentados en un sitio.
La sobrevaloración de la vida urbana es una tendencia que está haciendo crecer las ciudades de México y del mundo, sin importar que muchas veces decrezca la calidad de vida en éstas.
Cada urbe que muestra rasgos de crecimiento económico es candidata a atraer un gran número de población, generando relaciones interestatales, intermunicipales y transfronterizas.
Este fenómeno provoca tanto efectos negativos como positivos. La calidad de vida es afectada por aspectos como la densidad poblacional, la carencia de servicios, áreas verdes, lugares de diversión, centros deportivos, seguridad, infraestructura y equipamiento. Pero también son zonas que generan economías de escala y que participan de manera importante en la producción de la riqueza.
Por lo general, el crecimiento de la población se concentra en zonas aledañas a los ejes de comunicación, lo cual genera conflictos de movilidad y vialidad.
En México, Ciudad Juárez es la frontera mexicana que concentra al mayor número de empleados en el sector maquilador, factor que le ha llevado desde hace tres décadas a una expansión territorial acelerada como resultado de las altas tasas de crecimiento poblacional. Familias completas provenientes no solo del resto de los demás municipios de Chihuahua, sino también de todas las entidades de la república, principalmente de Durango, Coahuila, Veracruz y Zacatecas, e inclusive de Centro y Sudamérica llegan día con día a Juárez desde hace más de 50 años en busca de alcanzar el sueño americano, pero por las condiciones que ha presentado durante muchos años la ciudad, como un detonante de desarrollo y fuente de empleo para mucha gente, ha generado que un gran número de personas se queden a vivir ahí.
Estimaciones de 2002 indican que para ese entonces el 53% de las PEA (Personas Económicamente Activas) de la ciudad se empleaban en el sector maquilador, lo cual ha implicado una fuerte dependencia de la economía juarense por dicho sector y su vulnerabilidad inevitable ante la economía global.
El patrón de crecimiento histórico de la mancha urbana ha sido reflejo fiel de la dinámica económica señalada. En los últimos cincuenta años su demografía se multiplicó por diez en tanto que su área urbanizada se multiplicó por 30, además presenta una tasa anual de crecimiento demográfico del 4.5%, esta es la segunda más alta del país. Para el año 2020 se pronostica un crecimiento urbano adicional de entre 40 y 60%.
Esta mancha urbana ha venido creciendo de manera rápida y desordenada, generando rezagos y carencias en infraestructuras y de servicios básicos indispensables, que vienen a desembocar en problemáticas sociales, como las referentes a salud, alimentación, inseguridad, educación, transporte, vialidad, contaminación, falta de servicios públicos en general; situación que repercute en bajos niveles de calidad de vida que a su vez se traducen en demandas por parte de la población.
Tales carencias son más evidentes por el hecho de que Ciudad Juárez, junto con las ciudades de El Paso, Texas y Las Cruces, principalmente, constituye hoy en día parte importante de una amplia metrópoli regional, denominada Región Paso del Norte, donde los contrastes entre el norte y el sur de la frontera son obvios.
Aquí es importante destacar que diversos análisis de desarrollo y urbanización señalan que la metropolización de Ciudad Juárez es un caso singularmente interesante debido a su ubicación geográfica, situada en la frontera con los Estados Unidos y colindante con una importante área urbana de ese país, lo cual propicia que esta Ciudad sea el escenario de una importante actividad económica, cultural y social, que se desarrolla en gran medida como un intercambio binacional, que da lugar a una conurbación física y funcional como ya se menciono para con El Paso, Texas, Sunland Park y Las Cruces, principalmente.
Ahora bien, satisfacer las carencias y resolver las problemáticas es un paso imprescindible, aunque seguramente no suficiente, para contribuir al desarrollo urbano equilibrado y armónico que, a su vez, garantice la sustentabilidad de la metrópoli, como ámbito espacial del desarrollo económico y social regional.
Cabe señalar que el proceso de dispersión urbana no es privativo de los asentamientos irregulares que han extendido la mancha urbana hacia zonas de interés ambiental como la Sierra de Juárez, zonas consideradas de riesgo por la presencia de industrias contaminantes hacia el surponiente, y al oriente sobre el Valle de Juárez, sino del crecimiento "formal y planificado" que lleva a los promotores a buscar suelo a bajo costo que haga rentable su inversión, situación que sólo se logra en predios alejados de la mancha urbana.
Según estimaciones del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Juárez, el costo por hectárea urbanizada en 2002 alcanzaba los 8,500,000 pesos; además del costo social que para la ciudad conlleva la necesidad de canalizar mayor inversión en las redes de infraestructura básica y servicios públicos.
En efecto, la problemática de Ciudad Juárez es muy compleja, pero ello no significa que no pueda atenderse y solucionarse la misma, por tal motivo compañeras diputadas y diputados, apelo a su solidaridad para con mi ciudad, y les peticiono que nos apeguemos a los acuerdos que hace algunos días se aprobaron por esta Soberanía, uno referente a que se atienda con prioridad nacional la problemática que afecta a Ciudad Juárez, así como por el que hizo suyo la Junta de Coordinación Política y por el cual se exhorta a los grupos parlamentarios, funcionarios estatales y municipales, a fin de trabajar de manera conjunta para solucionar los graves problemas de inseguridad y regresar a Ciudad Juárez la paz interior, la tranquilidad, la integridad y sobre todo la seguridad que se ha perdido durante estos últimos años; expongo esto, puesto que estamos lastimados por el escenario tan lamentable que vivimos, y por ende, acudo en representación de la sociedad juarense a pedirles que desde el seno de esta Soberanía impulsemos el que el Titular del Ejecutivo Federal decreté una excepción en materia tributaria para Ciudad Juárez, como parte de la estrategia del programa "Todos Somos Juárez", esto acorde a la fracción I del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, que prescribe que el otorgamiento de la prórroga fiscal y el perdón de multas de Hacienda es una facultad que el Presidente de la República tiene para corregir problemas que afectan a alguna región del país.
Lo anteriormente señalado es en razón de que estoy plenamente convencida de que el ayudar a activar la economía de Juárez, será un paso fundamental para rescatar a mi ciudad fronteriza de la difícil situación en que esta se encuentra; considero que otorgar en Juárez una prorroga o amnistía fiscal a las empresas es una forma de incentivar las fuentes de empleo, la producción y la reactivación económica. Ahora bien, concuerdo con las voces que manifiestan que no asumir esta posición únicamente denota cuan alejados de la realidad local están los funcionarios federales que han sido comisionados para encabezar el rescate de la ciudad o que peor aún demuestran falta de voluntad para lograr tal cometido.
Es de destacar que acorde a los datos que proporciona en distintos medios de comunicación el Consejo Coordinador Empresarial, se identifica que durante los últimos dos años, han cerrado tres de cada 10 empresas, datos confirmados por la propia Procuraduría Federal del Consumidor; en sí, Juárez ha sido la ciudad mexicana que más empleo ha perdido, con cerca de 65 mil plazas, quedando ahora aproximadamente solo unos 310 mil trabajos formales.
En efecto si se implementa un esquema fiscal atractivo de prórroga de impuestos y condonación de multas para incentivar la economía, propiciaría se generen más fuentes de empleo, lo cual evitaría que miles de jóvenes cayeran en las garras de la delincuencia. Quiero subrayar que si la situación económica no se arregla, y si la inseguridad no se soluciona, de nada van a servir los créditos y los programas de autoempleo, que hasta ahora es lo único que el gobierno federal ha podido poner en operación puesto que resulta ser lo más barato y populista.
Compañeras y compañeros diputados, apelo a que exhortemos a los tres niveles de gobierno a que atiendan la grave situación que vivimos en mi entidad, y particularmente a mi ciudad, y por supuesto, a que lo hagan sin sesgos partidarios; de igual forma estoy cierta de que los distintos sectores de la población deben contribuir y aportar su mayor esfuerzo para recomponer el tejido social.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, reiterando, con el carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a fin de que decrete una excepción en materia tributaria en Ciudad Juárez, Chihuahua, como parte del programa Todos Somos Juárez, dando una prórroga de impuestos y condonación de multas para incentivar la economía, a fin de edificar y consolidar una infraestructura solida en todos los rubros; considerando una actuación coordinada por parte del gobierno federal para con los gobiernos estatal y municipal, para que así implementen políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida de la sociedad juarense, acorde al ámbito de sus respectivas atribuciones. Las facilidades fiscales serán las siguientes:
• Que se suspenda la expedición de multas y cobranza de las contribuciones correspondientes a los periodos del 2009 y 2010 pues los contribuyentes se han visto imposibilitados a cubrir en tiempo y en forma estas contribuciones así como las multas que han generado siendo algunas mayores a las contribuciones omitidas.
• Que los pagos correspondientes a pagos provisionales y declaración anual de los ejercicios del 2009 y 2010 se puedan efectuar en 6 parcialidades consecutivas sin necesidad de garantizarlo ni presentar avisos.
• Exención de cuotas obrero patronales mediante un mecanismo que fomente la creación de empleos formales, a través de un subsidio o disminución en la parte patronal de las cuotas de los trabajadores de hasta 3 salarios mínimos, pues actualmente los patrones se ven en la disyuntiva de dar de baja del IMSS a los empleados o liquidarlos pues es imposible cumplir con esta obligación en tiempo y forma. Para que sean sujetos de este beneficio no se deberá condicionar a adeudos anteriores o cualquier tipo de limitación jurídica.
Diputada Adriana Terrazas Porras (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS LEGISLATURAS LOCALES A FOMENTAR LA TRANSPARENCIA, LA HONESTIDAD
Y LA EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES,
A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO ESQUER GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El que suscribe, diputado federal Alberto Gutiérrez Esquer, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía propuesta con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los Congresos de los 31 estados de la República Mexicana a regular y fijar las bases y requisitos para la contratación de empréstitos, créditos y obligaciones a cargo de las autoridades municipales, con objeto de fomentar y privilegiar la rendición de cuantas, además de evitar trasladen sus deudas a las posteriores administraciones, conforme a las siguientes
Consideraciones
Desde las postrimerías del siglo XX se ha revitalizado en México el interés por fortalecer el procedimiento de rendición de cuentas. Detrás de ello está la convicción de que ningún régimen puede considerarse democrático si no cuenta con instrumentos que le permitan ejercer a cabalidad el control sobre el ejercicio del gobierno en cualquiera de sus tres niveles, ya sea federal, estatal o municipal.
Uno de los principios esenciales de la democracia, estrechamente vinculado con la rendición de cuentas, es la división de poder. Sin una determinada división de poder no podría haber una eficaz rendición de cuentas de los gobernantes.
Sobre el poder este deberá ser legítimo, es decir, deberá gozar de la autorización de aquellos sobre los cuales se tomarán las decisiones, sin embargo, todo poder, incluso siendo considerado legitimo, conlleva un riesgo de ser utilizado abusivamente en beneficio de quien lo detenta y en perjuicio de los súbditos o ciudadanos. De ahí la necesidad de establecer frenos y controles para prevenir o reducir al máximo tales abusos.
Lo anterior nos lleva al tema central de este punto de acuerdo, que son las consecuencias de la contratación de empréstitos1 y créditos por parte de los municipios, obviamente sujetos a los montos de endeudamiento neto aprobados por los propios Congresos de los estados, que tienden a convertirse en deuda pública.
Como todos sabemos, la deuda pública2 está constituida por los créditos, empréstitos y obligaciones, directas y contingentes, contraídos en los términos del segundo párrafo del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,3 así como por las Constituciones de los diferentes estados.
También nos queda claro que, para el caso de México, sólo podrán contraerse a cargo de las siguientes entidades públicas:
Sin embargo, si tomamos en cuenta el procedimiento burocrático, las planeación del proyecto para el cual se requiere el financiamiento y, por supuesto, la aprobación de éste por el Congreso estatal, dejan poco tiempo a la administración del ayuntamiento para ejercer y crédito y mucho más para poder liquidarlo, por lo que reiteradamente las administraciones municipales futuras encuentran el ayuntamiento con pasivos de proyectos que probablemente desconozcan o simplemente no sean afines o prioritarios para estas nuevas administraciones.
Tampoco debe olvidarse que la creación de un empréstito, a diferencia de la deuda privada, implica la creación de un recurso, tributario o no, para atender al servicio de la deuda pública. Los intereses y las amortizaciones del empréstito constituyen nuevas transferencias, desde el punto de vista de los gastos públicos; y, desde el punto de vista de los recursos, el mecanismo del funcionamiento o del cumplimiento del servicio, exige la existencia de recursos periódicos suficientes para cubrir dichas erogaciones, principalmente impuestos nuevos, en el sentido cuantitativo, a durar hasta la atención del último servicio del interés y de amortización del crédito.
Situación que deberá librar y atender la administración municipal entrante, además de que es echo innegable, que entre la población subsiste un desconocimiento generalizado sobre las deudas preexistentes en el ayuntamiento lo cual perjudica la imagen del nuevo ayuntamiento, pese a que los empréstitos están contempladas dentro de las atribuciones constitucionales del poder legislativo, el cual a su vez tendrá que velar y supervisar el uso de los fondos públicos.
Si bien es cierto que dentro de las facultades constitucionales y de competencia exclusiva de este Poder Legislativo, se encuentran las de discutir, modificar y aprobar anualmente las leyes de ingresos y presupuestos de ingresos de los ayuntamientos y sobre este punto en particular los Congresos estatales les compete:
• Autorizar en la correspondiente Ley de Ingresos los montos máximos por endeudamiento del Estado como avalista o deudor solidario o subsidiario de los municipios;
• Autorizar en las correspondientes Leyes de Ingresos los montos máximos por endeudamiento de los municipios como avalistas o deudores solidarios o subsidiarios; y
• Autoriza, en la correspondiente Ley de Ingresos o mediante decretos, la afectación como garantía o fuente de pago, tanto de las participaciones en ingresos federales que corresponden a los municipios, así como la afectación como garantía o fuente de pago de cualquier otro ingreso derivado de contribuciones, productos, aprovechamientos, accesorios o por cualquier otro concepto que sea susceptible de afectación.
Lo anterior se desprende del contenido de cada una de las diferentes Legislaciones que en materia de Deuda pública o similares han emitido los Congresos de los Estados de la República, las cuales tienen por objeto fijar las bases y requisitos para la contratación de empréstitos, créditos y obligaciones a cargo de los estados, sus municipios y sus respectivos organismos descentralizados, empresas de participación y fideicomisos, así como regular el manejo de las operaciones de deuda pública de todas las entidades.
Lo preocupante como ya se ha dicho es como erradicar o por lo menos minimizar el traslado de deuda entre administraciones municipales, lo cual considero también beneficiaría la rendición de cuantas, pese que el principal problema estaría enfocado al endeudamiento de los municipios y su solvencia financiera a corto y largo plazo, la cual no es fácil garantizar en esta época de crisis y de abstencionismo presupuestal.
Es por ello que considero necesario que los Congresos de los 31 estados de la república realicen adecuaciones de forma particular y en reuniones temáticas con los alcaldes y los responsables de las tesorerías, a fin de evitar el endeudamiento a largo plazo cundo no sea plenamente justificado e indispensable, evitando con ello se vean mermados los propósitos y objetivos de las nuevas administraciones municipales, situación que hace necesario establecer candados para limitar las solicitudes de endeudamiento, y que en sus peticiones registren sus pasivos netos, como requisito adicional para obtener anuencia de endeudamiento.
No por esto, debemos dejar de lado que la falta de recursos cada vez es más evidente en los municipios del país, y que la figura financiera de los empréstitos ha servido y apoyado a los ayuntamientos durante muchos años para solventar problemas desde salariales, así como para incentivar el progreso en las comunidades.
Por lo que debemos transitar a un futuro donde exista un control de gestión amplio, lo que implica un control de legalidad, economía, eficiencia.
Derivado de lo anterior, considero necesario regular y fijar las bases y requisitos para la contratación de empréstitos, créditos y obligaciones a cargo de las autoridades municipales, con el objeto de fomentar y privilegiar la rendición de cuantas, además de evitar trasladen sus deudas a las posteriores administraciones municipales y de esta manera coadyuvar a impulsar, desde el Poder Legislativo de cada uno de los estados de nuestra nación, la cultura de la legalidad, la transparencia, la honestidad y la eficiencia en el manejo de los recursos que pertenecen a la sociedad mexicana.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los legisladores de los Congresos de los 31 estados de la República Mexicana a fomentar e impulsar la transparencia, la honestidad y la eficiencia en el manejo de los recursos públicos de los municipios, a través de la estricta observancia de la regulación de los empréstitos, la cual deberá evitar se trasladen deudas importantes a las siguientes administraciones municipales.
Notas
1. Empréstitos: las operaciones de endeudamiento
que contraten el gobierno del estado o los gobiernos municipales. El
empréstito es "un contrato en virtud del cual un particular,
una empresa o una colectividad obtienen la disposición de una cierta
suma de dinero y se comprometen en contrapartida, a entregar un interés
(eventualmente anticipado) al prestamista y (salvo el caso de empréstitos
perpetuos) a reembolsar esta suma al vencimiento o a los vencimientos convenidos",
a decir del Diccionario de Ciencias Económicas, dirigido por Jean
Romeul, editorial Labor, SA, Barcelona, 1966.
2. Deuda pública municipal: la que se constituye
por los empréstitos que contraten los municipios directamente y
por las obligaciones que adquieran como avalistas o deudores solidarios
de sus entidades paramunicipales; también forman parte de ella los
créditos que en forma directa contraten las entidades paramunicipales,
siempre que correspondan a las previsiones señaladas en la fracción
VIII del artículo 117 de la Constitución Federal.
3. Artículo 117. Los estados no pueden,
en ningún caso
I. a VII. …
VIII. …
Los estados y los municipios no podrán contraer
obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones
públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados
y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas
en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que éstas
fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los Ejecutivos informarán
de su ejercicio al rendir la Cuenta Pública.
IX.
. . .
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 29 de abril de 2010.
Diputado Alberto Gutiérrez Esquer (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INICIAR MEDIANTE LA SENER Y LA SRE CONVENIOS
PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS YACIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS
COMPARTIDOS CON ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y CON CUBA, A CARGO DEL
DIPUTADO LEANDRO RAFAEL GARCÍA BRINGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito diputado Leandro Rafael García Bringas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Energía, y de Relaciones Exteriores a iniciar cuanto antes los acuerdos necesarios para la exploración y explotación de los yacimientos transfronterizos compartidos con Estados Unidos y Cuba, así como, se solicita a estas dependencias que informen a esta soberanía sobre cuáles serían los procedimientos jurídicos y económicos para realizar la explotación conjunta de dichos yacimientos con los países con los que se comparte la territorialidad de los yacimientos transfronterizos ubicados en el Golfo de México, al tenor de las siguientes
Exposición de Motivos
El petróleo es un recurso estratégico no renovable, por lo que ningún país que tenga acumulaciones de hidrocarburos puede darse el lujo de menospreciar el descubrimiento y desarrollo de reservas petroleras.
De acuerdo a la Estrategia Nacional de Energía, recientemente aprobada por el pleno de la honorable Cámara de Diputados, se estima que México cuenta con 52.3 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente de recursos prospectivos. El 56 por ciento se concentra en aguas profundas del Golfo de México, con tirante de agua mayor a 500 metros. Este recurso puede convertirse en reserva a través de la actividad exploratoria exitosa. El 44 por ciento restante de los recursos prospectivos del país, se encuentra en áreas terrestres y en la plataforma continental (aguas someras), esto es, en las Cuencas del Sureste, Burgos, Tampico-Misantla, Veracruz y otros. Dichas áreas presentan menores retos para su desarrollo y acceso a infraestructura.
Cifras de la evaluación de crudo equivalente, publicado en el boletín 260/2005 de Pemex, se calcula que sólo en el área de yacimientos transfronterizos se podrían explotar cercar de 4 mil millones de barriles de crudo equivalente.
Cabe señalar que durante los últimos años la producción disminuyó significativamente. Sin embargo, se tiene la expectativa de aumentar las posibilidades de producción, especialmente si se desarrolla el potencial del Golfo de México profundo.
Es importante hacer mención, que en relación a los yacimientos transfronterizos compartidos entre México y los Estados Unidos, se han celebrado dos tratados internacionales, cuyo objeto común derivó en la creación de reglas bilaterales para el aprovechamiento de dichos recursos. El primer tratado, denominado "Tratado de Límites Marítimos entre los Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América", firmado por ambos países el 4 de mayo de 1978. El segundo fue el "Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre la delimitación de la Plataforma en la región occidental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas", firmado por las partes el 9 de junio de 2000. Este tratado sí reconoce la existencia de yacimientos transfronterizos, y establece una moratoria para la actividad petrolera de 10 años, el cual vence en enero de 2011.
Es relevante señalar, que no podemos esperarnos a que llegue el mes de enero de 2011, fecha en la cual vence el segundo tratado, y entonces empezarnos a preocupar sobre qué hacer con el petróleo mexicano transfronterizo, tal como ocurrió a principios de 2008 con la desgravación del maíz y del frijol, establecida desde hace años en el marco del TLCAN. Por lo tanto, es necesario trabajar para lograr un mejor y óptimo aprovechamiento de nuestra riqueza en hidrocarburos, ubicada en yacimientos transfronterizos.
Ante esta preocupación, en diciembre del año pasado presenté un punto de acuerdo en el cuál exhortaba a Petróleos Mexicanos a que rindiera un informe sobre los avances en las negociaciones para la explotación conjunta entre México y Estados Unidos de los yacimientos transfronterizos. A lo cuál, se me informó que no existen avances en materia de exploración y explotación de estos yacimientos ya que nuestro país no tiene ningún tratado bilateral firmado para dicho efecto.
Realmente es preocupante que a estas alturas no conozcamos cuáles son los avances o planeación en esta materia. Sabemos que corresponde a las Secretarías de Energía, y de Relaciones Exteriores llevar acabo los acuerdos o tratados bilaterales para la realización de la exploración y explotación de los yacimientos transfronterizos.
Por lo mencionado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Energía y de Relaciones Exteriores a iniciar cuanto antes los acuerdos necesarios para la exploración y explotación de los yacimientos transfronterizos compartidos con Estados Unidos y Cuba.
Segundo. Se exhorta a estas mismas dependencias para que informen a esta soberanía sobre cuáles serían los instrumentos jurídicos y económicos para realizar la explotación conjunta de dichos yacimientos con los países con los que se comparte la territorialidad de los yacimientos transfronterizos ubicados en el Golfo de México.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 29 de abril de 2010.
Diputado Leandro Rafael García Bringas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚO DE BIENES
NACIONALES Y A LA CONAGUA A DAR RESPUESTA A LOS PROCESOS PARA INDEMNIZAR
A LOS COMUNEROS DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGUASCALIENTES, A CARGO DEL
DIPUTADO JOSÉ ANTONIO ARÁMBULA LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito, diputado José Antonio Arámbula López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
La primera obra hidráulica de importancia que se realizo en nuestro país se ejecuto en el municipio de San José de Gracia, Aguascalientes, mediante la construcción de la presa Plutarco Elías Calles, edificada sobre terrenos ejidales y comunales del mismo municipio; esta gran obra fue ordenada por el entonces presidente de México, Plutarco Elías Calles. La construcción duró aproximadamente un año, iniciando el 30 de mayo de 1927 y concluyéndose el 30 de junio de 1928.
Esta gran cortina de concreto conformaría el primer distrito de riego de almacenamiento de agua para la irrigación agrícola del bajío del valle de Aguascalientes, con ella se dio origen al distrito de riego 01, que en su orígenes ofreció la excusa para liberarse de los hacendados en la zona y para eliminar el pago de medias, en principio los campesinos avecindados en las cercanías de la reciente obra hidráulica obtenían el 80 por ciento de lo producido teniendo que pagar el 20 por ciento a la entonces Comisión Nacional de Irrigación, que era la instancia que les proporcionaba el agua para sus sembradíos.
La construcción de la presa Calles y la operación del distrito de riego tuvieron un impacto fundamental en la historia de Aguascalientes durante el siglo XX. Además de las implicaciones que tuvo para el desarrollo económico y agrícola de la región, la presa modificó radicalmente la historia de San José de Gracia, uno de los pueblos de mayor antigüedad y tradición de Aguascalientes.
La presa Calles fue la primera con sistema de irrigación que se construyó en la República Mexicana. Sin embargo, además de traer grandes beneficios al estado de Aguascalientes, también trajo aparejado un grave daño en la economía de los comuneros y ejidatarios de San José de Gracia, propietarios de las tierras donde se realizo la obra, daño que hasta hoy día no se le ha dado alguna solución.
El derecho a la tierra, territorio y recursos naturales se encuentra estrechamente vinculado a muchos otros derechos humanos, por lo que al vulnerarse también se violan de manera indirecta, al menos, los derechos a la alimentación, al trabajo, a la consulta, a la participación en políticas públicas, a la libre determinación, a un medio ambiente sano y a un nivel de vida adecuado
A nivel nacional se han dado múltiples violaciones al derecho a la tierra y territorio, tal es el caso de las 206 familias del municipio de San José de Gracia, quienes desde hace 82 años esperan la indemnización por mil 850 hectáreas de tierras que les fueron expropiadas de facto por el gobierno federal para construir la presa Plutarco Elías Calles. Desde entonces, los afectados han tratado de hacer valer sus derechos por la vía legal, sin embargo, hasta la fecha no han sido indemnizados no obstante de haberse gestionado dicho pago en múltiples ocasiones.
En virtud de que nunca hubo decreto expropiatorio de los predios que se utilizaron para construir la primera gran presa del país, que fue la Plutarco Elías Calles en el municipio de San José de Gracia, los herederos de los comuneros y ejidatarios afectados en ese entonces están solicitando el pago de la indemnización correspondiente ante diversos organismos e instituciones de nuestro país.
Dentro de las gestiones que se han realizado encontramos que en 1934 se hicieron varias propuestas por parte del departamento agrario quien por instrucciones del presidente de la República de ese tiempo, Abelardo L. Rodríguez, ordenó liquidar el pago de los terrenos invadidos a los comuneros, negociaciones que se vieron perturbadas por el cambio de poderes que se realizo ese mismo año, cerrándose el paso a los tramites de los lugareños.
Asimismo, en 1976, los comuneros y ejidatarios del municipio de San José de Gracia solicitaron un pago muy por debajo del precio real de los terrenos invadidos, donde los comuneros pidieron al gobierno que les indemnizara los terrenos que les habían sido quitados con sólo cinco tractores equipados. Aun así no hubo respuesta por parte del gobierno federal, lo que resulta por demás absurdo e injusto para la sociedad.
Los comuneros de San José de Gracia, desde hace varios años, iniciaron un juicio ante los tribunales agrarios para que se les pague una indemnización por las tierras comunales que les fueron arrebatadas por el gobierno federal para construir la presa Plutarco Elías Calles, exigiendo el pago de 600 millones de pesos por sus hectáreas.
La Secretaría de la Reforma Agraria reconoció que nunca existió un decreto expropiatorio del presidente Plutarco Elías Calles, por lo que exigió la entrega del plano definitivo de los terrenos comunales afectados e instruyó a la actual Comisión Nacional del Agua para que liquide las indemnizaciones, sin embargo, el caso permanece sin respuesta.
Durante el primer trimestre del año próximo pasado, el tribunal agrario ordenó a la Semarnat y a la Conagua solicitar al Indabin (Instituto Nacional de Avalúo de Bienes Nacionales) el avalúo actualizado de las tierras en donde se localiza la presa Plutarco Elías Calles, a fin de que se haga el pago de la indemnización que corresponde a los comuneros, sin embargo la Comisión Nacional del Agua en, ese mismo año, presentó una demanda de amparo en contra la sentencia del tribunal agrario en la que se le condena al pago de las tierras a favor de los comuneros y ejidatarios afectados por la edificación de la presa calles.
Es el caso que, no obstante de haberle sido debidamente solicitado al Indabin el avaluó de las 1445 hectáreas del municipio de San José de Gracia Aguascalientes, éste no ha sido presentado a la fecha por parte de dicho instituto, razón por la cual resulta un impedimento mas para efecto dar cumplimiento por parte de la Conagua, a la sentencia en la que se le condena el pago de la indemnización a los comuneros que sufrieron afectación en sus tierras.
Actualmente, los terrenos donde se localiza la presa Plutarco Elías Calles son propiedad de la Comisión Nacional del Agua, de acuerdo a la resolución emitida y en consecuencia un bien nacional, por ello es que debe realizarse el pago de una indemnización en favor de los comuneros ya que la expropiación es legalmente permitida.
Hoy, a casi 82 años de haber sido afectadas las 1850 hectáreas, los antiguos habitantes del poblado del municipio de San José de Gracia esperan la indemnización por la expropiación de facto que les hiciera el gobierno federal para construir la presa Plutarco Elías Calles, caso que da origen a la presentación del presente punto de acuerdo, para efecto de que se le requiera a la Comisión Nacional del Agua por el pago de la indemnización a que tienen derecho por la expropiación de sus tierras.
Una muestra para todos los mexicanos y para nuestras instituciones es el hecho de que los descendientes de los comuneros afectados de San José de Gracia cada año, de manera puntual y constante, pagan el impuesto predial de los terrenos que permanecen bajo el agua.
Los legisladores somos y nos debemos al pueblo, en consecuencia, es por ellos por quienes tenemos que velar para que les respeten sus derechos, buscando siempre el sano desarrollo de nuestro país. Los comuneros de San José de Gracia desde 1928 han visto que el agua no sólo cubrió lo que fueron sus casas, sus terrenos y su patrimonio, sino también sus derechos y su vida. Es tiempo de hacer justicia.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se hace un exhorto al Indabin a efecto de que realice y haga entrega a la Comisión Nacional del Agua, a la mayor brevedad, el avaluó de tierras afectadas por la creación la presa Plutarco Elías Calles en el municipio de San José de Gracia, Aguascalientes, y que determine el monto del valor monetario de éstas.
Segundo. Se hace un exhorto al titular de la Comisión Nacional del Agua a efecto de que valore los elementos de la sentencia emitida por el tribunal agrario respecto de los comuneros de San José de Gracia y corroborando la razón jurídica de ésta, dé cumplimiento a la sentencia y realice el pago de la indemnización correspondiente, derivada del perjuicio que les ocasiono la creación de la presa Plutarco Elías Calles.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 29 de abril de 2010.
Diputado José Antonio Arámbula López
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA CNBV Y AL PROCURADOR DE JUSTICIA DE AGUASCALIENTES SOBRE
EL PRESUNTO FRAUDE COMETIDO POR FINANCIERA COOFÍA, GRUPO BIENESTAR
SOCIAL LA PAZ, INVERGROUP Y GRUPO INMOBILIARIO SITMA, SUSCRITA POR INTEGRANTES
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PAN Y DEL PRI
Los suscritos, diputados por el estado de Aguascalientes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentan proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con autonomía técnica y facultades ejecutivas en los términos de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que tiene por objeto supervisar y regular en el ámbito de su competencia, a las entidades financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección de los intereses del público.
De igual manera la CNBV tiene por objeto supervisar y regular a las personas físicas y demás personas morales, cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al citado sistema financiero, mas sin embargo diversas instituciones abusando de las lagunas que existen en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores han cometido múltiples fechorías en diversas entidades federativas, tal es el caso de los hermanos Leonardo y Edmundo Tiro Moranchel que en tan sólo en 10 años crearon múltiples empresas ligadas con asuntos inmobiliarios y con la captación publica de inversiones, extendiendo sus operaciones a varios estados de la república instalando numerosas sucursales, encontrándose dentro de las principales compañías la de Coofia, Sitma, Invergroup y Grupo Bienestar Social La Paz.
Todas y cada una de las instituciones financieras han causado un severo daño a miles de ciudadanos mexicanos. Por lo que refiere al caso especifico de Invergroup, esta compañía fue creada el 21 de junio de en 1999 aun cuando presumían 20 años de su existencia, en la ciudad de Atlixco, ciudad de donde son originarios los hermanos Tiro Moranchel con un capital social mínimo de 50 mil pesos y llevando como socios a Leonardo con el 51 por ciento de las acciones, y a Edmundo con el 49 restante, este último con el cargo de administrador único de la negociación y el cual desde el mes de noviembre del año 2009 se encuentra en prisión en calidad de procesado en el Cereso de San Miguel en el estado de Puebla, por la comisión de hechos tipificados como delitos por la legislación penal vigente.
Lo que hasta el primer trimestre del año 2009 parecía bonanza, se vino abajo el 8 de junio del mismo año cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió una alerta contra las actividades de SITMA y el 2 de septiembre hizo lo propio hacia Invergroup, por lo que al presentarse los inversionistas de ambas compañías a reclamar sus recursos los propietarios no tuvieron más de que reconocer su falta de liquidez, agravándose la situación en la primera quincena de octubre de 2009, al presentarse 1 mil 500 denuncias penales por fraude en contra de la primera y una decena hacia la segunda de las mencionadas empresas, generando un gran problema social en los estados de Aguascalientes, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Estado de México y en el Distrito Federal.
En el Estado de Aguascalientes el Grupo Invergroup comenzó a operar a principios del año 2007, estableciendo dos sucursales dentro del estado, mismas que trabajaron con regularidad hasta el mes de noviembre del año 2009 cuando fueron presentadas las primeras denuncias en contra de esta negociación. Cabe hacer mención que actualmente se estima que existen más de 400 defraudados, con un monto aproximado de los setenta millones de pesos, dentro de los cuales se encuentran los ahorros de personas pensionadas, campesinos, obreros entre otros que tenían como visión el acrecentar el patrimonio familiar.
La estrategia de engaño que utilizaron los representantes de Invergroup era hacerles creer a los inversionistas que con el dinero que invertían en esa empresa se comprarían terrenos con una gran plusvalía que serían sin duda un gran negocio en el futuro, pues supuestamente sobre ellos se construirían centros comerciales y empresariales, desarrollos habitacionales, entre otras construcciones de elevado costo.
Por lo que los habitantes del Estado de Aguascalientes así como miles de ciudadanos de diversas entidades federativas, actuando de buena fe pensaron que se trataba de un empresa seria, no dudaron en invertir fuertes cantidades de dinero, llegando a depositar algunos, millones de pesos.
De acuerdo a algunas versiones extraoficiales, Invergroup envió todo el dinero que le fue entregado por inversionistas, a unas cuentas en las islas Caimán, donde es común que haya bancos que acepten dinero mal habido.
Contratos duplicados y otros más registrados con el nombre de pila de los clientes pero sin apellidos, son sólo algunas de las anomalías que existen en el listado de inversionistas de Invergroup.
Cientos de hidrocálidos invirtieron los ahorros de sus vidas en esta farsa financiera, afectando severamente su patrimonio, llevando a muchos de ellos a la ruina dejándolos prácticamente sin peso alguno para sostener a sus familias.
No se puede dejar impune este acto delictivo basado en mentiras y estafas en contra de los aguascalentenses y de miles de ciudadanos de otras entidades de la república, ya que, como anteriormente se hizo mención, no fue el único estado en ser defraudado por este grupo, por lo que se deben de tomar las medidas necesarias jurídicas para realizar que se les retribuya lo invertido a todos los hidrocálidos afectados por este fraude.
Actualmente gran porcentaje de los defraudados por estas negociaciones han presentado su denuncia penal ante las procuradurías de las entidades federativas, sin embargo muchas de estas se han visto truncadas por falta de información con la que cuenta y/o debe de contar la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre este tipo de instituciones de inversión financiera.
Es por lo expuesto que someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que, en el ámbito de sus atribuciones, regule y supervise de manera más eficiente a las sociedades cooperativas de responsabilidad limitada, a efecto de evitar fraudes como el efectuado en diversas entidades de nuestro país, por parte de empresas Financiera Coofia, Grupo Bienestar Social la Paz, Invergroup y Grupo Inmobiliario Sitma.
Segundo. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que, en el ámbito de sus atribuciones, colabore con las Procuradurías de Justicia de las diferentes entidades federativas que se lo requieran, a efecto de agilizar la integración de los procesos penales derivados de los presuntos fraudes cometidos por las sociedades Financiera Coofia, Grupo Bienestar Social la Paz, Invergroup y Grupo Inmobiliario Sitma.
Tercero. Se exhorta al procurador de Justicia del Estado de Aguascalientes para que informe a esta soberanía sobre el estado que guarda la averiguación previa sobre el presunto fraude a múltiples ciudadanos del estado de Aguascalientes por parte de las empresas Financiera Coofia, Grupo Bienestar Social la Paz, Invergroup y Grupo Inmobiliario Sitma.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 29 días del mes de abril de 2010.
Diputados: José Antonio Arámbula
López, Raúl Gerardo Cuadra García, Margarita Gallegos
Soto, Nancy González Ulloa, David Hernández Vallin, María
de Lourdes Reynoso Femat (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A GARANTIZAR MEDIANTE LA SCT QUE EL PROYECTO
DEL FERROCARRIL GUADALAJARA-AGUASCALIENTES PASE POR LOS ALTOS SUR, JALISCO,
A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS ÍÑIGUEZ GÁMEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, José Luis Iñiguez Gámez, diputado federal a la LXI legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que el proyecto considerado en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 del ferrocarril de Guadalajara-Aguascalientes pase por la región de Los Altos Sur del estado de Jalisco, con base en lo siguiente
Exposición de Motivos
La región de Los Altos Sur del estado de Jalisco, cuenta con 6,667 kilómetros cuadrados representando el 5% de la superficie de la entidad. Los municipios que se ubican en esta latitud son: Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, Jesús María, Mexticacán, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe, Yahualica de González Gallo y San Ignacio Cerro Gordo.
En esta región la población total alcanza los 350,694 habitantes, concentrando un poco más de 5% de la población total del estado. En cuanto a producción pecuaria, es líder indiscutible por su producción de porcinos, aves y huevo; en la producción de bovinos de leche y bovinos de carne se ubica como la segunda región a nivel estatal. Además de ser una región reconocida a nivel nacional por su producción de tequila, la fabricación de prendas de vestir y la confección de blancos.
En materia ferroviaria el estado de Jalisco se une al sistema ferroviario nacional por medio de tres ejes troncales: el Guadalajara-Mexicali, que une a la entidad con las regiones del Pacífico y del norte de la república hasta la frontera con Estados Unidos; el Guadalajara-Manzanillo, Ciudad Guzmán y que permite la comunicación con el puerto; y otro al centro de la república, a través de la línea Guadalajara-México; tramos que también comunican a varios municipios de la entidad y de otras entidades.
Sin duda el ferrocarril constituye un medio de transporte indispensable para detonar a toda esta zona de Los Altos Sur Jalisco, por lo que es de alta prioridad que el proyecto del ferrocarril Guadalajara-Aguascalientes considerado en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, con una inversión de 200 millones de dólares, en donde el esquema de financiamiento es privado, y en el que se tienen programado construir 195 kilómetros de vías férreas en el tramo El Castillo-Encarnación de Díaz, pase por esta región.
Es importante mencionar que dicho proyecto cruce el eje central y el corazón de Los Altos de Jalisco, beneficiando a varios municipios y permita reducir sustancialmente los costos para la producción agropecuaria, siendo esta zona una de las más importantes en la producción agroalimentaria del país.
Dentro de los impactos positivos que implica este proyecto para Los Altos Jalisco, se encuentra la creación de al menos un ferropuerto de gran escala para el manejo óptimo de cereales y productos agroalimentarios, da la posibilidad de establecer un corredor industrial para reposicionar al sector pecuario a ser aún más competitivo, favorecería a un crecimiento alternativo al agropecuario en la economía regional, se descentralizarían las actividades económicas, además de crear más y mejores empleos.
Con la creación de la vía del tren y el ferropuerto se alcanzan otras ventajas y beneficios para los productores, como lo son: disminución de las tarifas de transportación férrea, compras en común de altos volúmenes de productos, ahorros en fletes y maniobras, reducción de tiempos de transportación, reducción de costos en la adquisición de insumos, y abaratamiento de granos e insumos agropecuarios.
Por lo que es necesario que la SCT impulse este tipo de proyectos en coordinación con la iniciativa privada, que se encuentran considerados en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, para que realicen las acciones pertinentes y se genere la inversión programada para detonar y beneficiar a toda la región de Los Altos Sur del estado de Jalisco.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que el proyecto considerado en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 del ferrocarril de Guadalajara-Aguascalientes pase por la región de Los Altos Sur del estado de Jalisco
Diputado José Luis Íñiguez Gámez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS TITULARES DEL EJECUTIVO FEDERAL, DE LA SHCP, DEL BANXICO
Y DE LA CNBV A IMPLANTAR ACCIONES QUE PERMITAN CONTAR CON UN SISTEMA NACIONAL
DE MICROCRÉDITOS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CRUZ LÓPEZ AGUILAR
Y FRANCISCO ALBERTO JIMÉNEZ MERINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
En México, como en el resto del mundo, el financiamiento de las actividades económicas es fundamental para el desarrollo de las naciones. En este sentido, el crédito que otorga el sector público y privado es el pilar que sostiene la posibilidad de lograr alcanzar el crecimiento económico. El crédito es un detonador del crecimiento y desarrollo económico.
Cuando se habla de empresas la gran mayoría de nosotros nos imaginamos los grandes consorcios comerciales, con estructuras administrativas y organizaciones bien definidas, con una labor planificada y con un proceso de producción predeterminado.
Sin embargo, en la categoría de empresa también se ubican las pequeñas y medianas, sin olvidar las microempresas, estas últimas son, en muchas regiones, la piedra angular que permite a las comunidades mantener un nivel de ingreso regular para las familias.
De acuerdo con información del Sistema Nacional de Información Empresarial Mexicano, (SIEM), en nuestro país existen registradas 669 mil 131 empresas, siendo Jalisco (94, 295) y el Distrito Federal (94, 262) las entidades que cuentan con la mayor cantidad de empresas registradas. En el otro extremo se encuentran los estados de Durango (1, 045) y Colima (750) con el menor número de empresas.
En lo que se refiere al tipo de actividad que realizan las empresas, el rubro del comercio es el que encabeza la lista con 459 648 empresas que se dedican a esta actividad, le siguen los servicios con 161 750 y finalmente la industria con 47 734 empresas.
En el medio rural existen registradas mil 356 empresas, el ritmo de crecimiento de estas empresas es muy importante, ya que en el año 2003 eran sólo 6 y en 2008 416.
Alrededor de 621 mil empresas tienen menos de 10 empleados, 35 mil 720 tienen entre 11 y 50 empleados, el resto tiene una plantilla laboral superior a los 75 trabajadores.
Adicionalmente, en México existen y operan las microempresas, una categoría que aún y cuando existe, no forma parte del catalogo empresarial, las microempresas comparten los siguientes rasgos:
Operan con escalas bajas de producción, utilizan tecnologías adaptadas, son de propiedad familiar y su financiamiento procede de fuentes propias.
Este último rasgo, el del financiamiento es el que limita el crecimiento y desarrollo potencial de este sector tan desprotegido por el marco jurídico y por el sistema financiero nacional. De acuerdo con un estudio elaborado por el Observatorio de la Economía Latinoamericana, el 90 por ciento del total de las empresas se encuentran en el rubro de las micro y pequeñas empresas. Éstas son financiadas en su mayoría por usureros que cobran intereses entre 10 y 15 % mensual; algo impagable para quienes apenas emprenden una actividad productiva.
El crecimiento y desarrollo de las microempresas se ha considerado como una ventaja, la cual adquiere un carácter más relevante después de la crisis que se presentó a mediados de los noventa, ya que su existencia impactó de manera positiva al permitir el autoempleo y evitando con ello problemas sociales.
A pesar de todas estas ventajas, se ha descuidado la promoción, la continuidad y el fortalecimiento de las microempresas, siendo el crédito o financiamiento, el principal obstáculo para lograr la meta de consolidar a este grupo empresarial.
El tamaño del error que se ha cometido al menospreciar a las microempresas lo han reconocido los que se ostentan como los líderes financieros, muestra de ello es que en la recientemente concluida reunión de la Asociación de Banqueros de México, los representantes de las instituciones financieras reconocieron la falla en el sistema financiero al no contar con mecanismos para otorgar crédito a este tipo de negocios.
A pesar de ello, los banqueros están renuentes a otorgar mayores créditos a las microempresas, señalando que: los Préstamos de la banca comercial a este sector serán "selectivos" y a tasas mayores a las que se ofrecen a las Pymes. Incluso, muchos de los negocios de menor tamaño tendrán que seguir financiándose vía la tarjeta de crédito.
Con más de 50 millones de pobres; 20 millones en pobreza alimentaria y 26 millones en pobreza de capacidades; con mayor rigidez en la política migratoria entre los mexicanos en Estados Unidos, no podemos aceptar quedamos sin hacer algo para generar mejores oportu1nidades para la población.
En este sentido, es preocupante admitir que las grandes instituciones bancarias no tienen mayor interés en dar créditos a los más pobres, muestra de ello es lo que declaró Manuel Sescosse, director de grandes usuarios de Banorte, señalando que el tema micro, e1 decir, créditos menores a 20 mil pesos, no se consideran dentro de los planes de financiamiento de la banca tradicional, sino que se centra en instituciones especializadas. Esos negocios tienen su propia estructura y no cuentan con la información financiera que pide la regulación bancaria.
Por otra parte, otras instituciones como Inbursa, consideran que las microempresas no quedarán excluidas del crédito bancario, debido a que son el sector que más empleo genera al país. Para pequeñas y medianas empresas, tienen el plan de ampliar la oferta de préstamos.
El presidente Ejecutivo de la Asociación de Banqueros de México, Luis Robles, menciona que entre Pymes y Mipymes hay uf universo de 5 millones; de éstas, un gran porcentaje tiene un trabajador, y por ello reciben financiamiento a través de la tarjeta de crédito y como el dinero lo obtienen vía un crédito al consumo, es difícil saber a cuántas microempresas se atienden.
Reconoció que los préstamos a Mipymes son más caros que uno para empresas medianas o grandes, "pero es más barato que si se obtiene con tarjeta".
Las microempresas han demostrado, con creces, su capacidad de generar impactos positivos en la economía nacional y en el contexto social, ante lo cual es imperativo que implementemos acciones y medidas encaminadas al fortalecimiento de este tipo de empresas, que se ubican en los medios urbanos y rurales, siendo en este último en el cual se manifiestan de manera más importante y extensiva los beneficios sociales, colectivos y comunitarios. Necesitamos de las grandes inversiones, fortalecer la microeconomía; pero necesitamos también de apoyar a la microempresa que es generadora de empleo y riqueza que va directamente al bolsillo de la población más desprovista.
El microcrédito tiene una alta rentabilidad ya que amplía la base de sujetos de crédito, lo que en el mediano y largo plazo, se traduce en mayores montos para financiar. Un ejemplo de ello es lo realizado por M. Yunus, El Banquero de los Pobres, quien con el Grammer Bank, mediante su modelo de microcrédito ha logrado beneficiar a más de 80 millones de personas. Cabe señalar que el modelo de Yunus ahora es replicado en más de 50 países del mundo, dando los mismos beneficios.
En 1983, en contra de los consejos de la banca y de las autoridades de su gobierno, el profesor M. Yunus fundó un banco dedicado a suministrar préstamos minúsculos a las personas más pobres de Bangladesh. Aquella idea nació en 1976 cuando, de su propio bolsillo, Yunus prestó una cantidad equivalente a 27 dólares a cuarenta y dos habitantes de una aldea de Bangladesh. Eran fabricantes de taburetes que no necesitaban más que el crédito suficiente para adquirir la materia prima para su oficio. El préstamo de Yunus les ayudó a romper el círculo de la pobreza. Su solución a la pobreza en el mundo, fundada sobre la creencia de que el crédito es un derecho humano fundamental, es de una brillante simplicidad: presten dinero a las personas pobres, fomenten una serie de principios financieros sensatos que regulen sus vidas y ellas se ayudarán a sí mismas.
En El banquero de los pobres, Yunus describe los múlt1iples obstáculos que ha tenido que ir venciendo para poner sus ideas en práctica –sus batallas con los burócratas de los bancos, los temores profundamente arraigados en sus primeros prestatarios y prestatarias provisionales– y también sus victorias. El autor cuestiona nuestra forma habitual de percibir la relación económica entre ricos y pobres, sus derechos y deberes respectivos, sus orígenes y su futuro.
Llevadas a la práctica, las teorías de Yunus funcionan. El Banco, Grameen ha proporcionado más de 2 500 millones de dólares en micropréstamos a más de dos millones de familias del Bangladesh rural.
Casi el 95% de les clientes de Yunus son mujeres y el índice de reembolso de los préstamos es prácticamente del 100%.
En lo se refiere al financiamiento de las actividades agropecuarias mediante el microcrédito, es importante mencionar que en México, existen 5.5 millones de unidades productivas en el medio rural 4 millones 100 mil corresponden a microempresas que producen prácticamente para autoconsumo que nunca se podrán desarrollar por los medios y microcréditos. Adicionalmente, no, tienen la capacidad de generar lo suficiente para su autoconsumo.
Es prioritario crear las condiciones que permitan a las microempresas superar su problemática, la cual está se dificulta debido, a que no, cuentan con la asesoría adecuada para el desarrollo de sus capacidades, carecen de los apoyos institucionales.
Por lo mencionado, someto a consideración de este pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que de manera inmediata y coordinada, implementan acciones y medidas que permitan contar con el Sistema Nacional de Microcréditos, con el objetivo de impulsar el crecimiento y desarrollo de las microempresas, del medio rural y urbano, el cual se otorgue a tasas preferenciales y mediante un proceso de selección más sencillo y transparente, lo anterior, a fin de generar la posibilidad de que millones de mexicanos puedan autoemplearse y con ello mejore su calidad de vida. Lo anterior en un plazo no mayor a quince años.
Palacio Legislativo en San Lázaro, a 29 de abril de 2010.
Diputados: Alberto Jiménez Merino (rúbrica),
Cruz López Aguilar (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES A CONSUMIR VINOS DE MESA DE ORIGEN
MEXICANO EN LAS FESTIVIDADES DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, A CARGO
DEL DIPUTADO FRANCISCO ARTURO VEGA DE LA MADRID, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito, diputado a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permite poner a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Considerandos
1. El vino mexicano es de muy buena calidad y competitivo con vinos extranjeros. Para 2008, en el país se produjeron alrededor de 1.5 millones de cajas de vino, de las cuales 1.1 millones se destinaron al interior del país y se exportaron 300 mil, lo cual se tradujo en una facturación aproximada de 42 millones de dólares. Esa cifra se encuentra aún por debajo de lo que algunos países en el mismo continente producen, sin mencionar la producción y la facturación que presentan vinos europeos.
2. En México se define como vino de mesa sólo el líquido que resulta de la fermentación alcohólica, total o parcial, del zumo de uvas, sin agregarle ninguna sustancia. De igual forma, hay diferentes clasificaciones de vinos clásicos, los cuales son vinos tintos, blancos, rosados, claretes, de hielo y varietales, además del Chacoli, el vino generoso, el vino espumoso, el Vermut y el vino gasificado.
Con base en consideraciones generales, podemos clasificar los vinos en dos grupos: los de mesa y los especiales. Los primeros son los que generalmente se consumen durante las comidas; y los segundos, fuera de ellas. Siguiendo con esta clasificación, los vinos de mesa comunes deben tener características que los diferencien de los finos; una de ellas está relacionada con el tiempo de consumo, ya que los vinos de mesa se consumen en el año de elaboración, deben ser agradables pero a su vez de escaso costo, los vinos finos tienen un proceso más elaborado y requieren, entre otras características, mayor costo y cuidados, y afinamiento esmerado.
3. El vino ha estado en la historia humana desde las civilizaciones antiguas, donde se destacan las distinciones que hicieron con él las civilizaciones griegas y romanas, lo cual ha significado que es un producto con relevancia en las sociedades actuales, pues aún se consumen de manera considerable los productos emanados de la uva.
En la actualidad, la industria vitivinícola mexicana enfrenta grandes problemas. Uno de ellos radica en la distribución del vino y el espacio que ocupa en los anaqueles, ya que según la Asociación Nacional de Vitivinicultores, más de 85 por ciento del espacio en anaquel es para vinos importados y sólo 30 por ciento de ventas es de vino nacional, lo cual significa el doble de su espacio en anaquel encaminado a la venta nacional. Aunado a ello, se tiene el gran problema de la serie de impuestos generales y especiales que el vino mexicano debe cumplir para salir a la venta, lo cual se refleja en altos costos de los productos nacionales que, sin duda, merman el consumo y, por ende, su producción.
4. Para 2005, el consumo per cápita era de 0.25 litros de vino, lo que se traduce en 250 mililitros de vino que bebemos al año; en Chile se consumen per cápita 17 litros y en países europeos como Francia, España e Italia aumenta de manera significativa, hasta legar a 60 litros. Sin embargo, en los últimos años ha ocurrido un incremento considerable del consumo del producto, de hasta 20 por ciento, como país.
Pese a las adversidades que ha enfrentado la industria vitivinícola, ha demostrado tener un crecimiento sostenido e importante y ser una industria que requiere el apoyo del aparato gubernamental, visto no sólo desde la legislación sino, también, desde las acciones que las diferentes esferas de gobierno pueden hacer.
5. En el marco de las festividades del bicentenario de la declaración de independencia y del centenario de la Revolución Mexicana, los titulares de las dependencias de gobierno locales y federales participarán de tan significante fecha.
La presente proposición trata de invitar a los titulares de las dependencias de gobierno para que en las festividades internas y con miembros de la sociedad civil consuman vinos de mesa de origen mexicano, ayudando así al aumento de la difusión y la demanda de nuestros productos.
Sin la finalidad de excluir a los municipios del presente exhorto, se busca la justificación de abstenerse de sumarlos, respetando principalmente los ámbitos presupuestal e ideológico particular de cada uno de ellos, debemos estar conscientes de que en el país hay un número considerable de población indígena, al igual que convivimos con usos y costumbres diversos, al mismo tiempo ajenos al consumo de vinos de mesa, proponiendo que en las municipalidades urbanas nos apoyen a integrarse de manera voluntaria a la presente proposición.
En fechas pasadas presenté una proposición similar, con la finalidad que en las embajadas y los consulados mexicanos se consumieran vinos de mesa preferentemente mexicanos. Quiero participarles que ese punto de acuerdo tuvo una cálida bienvenida y fue adoptado como propio para gran parte de los sectores: turístico, restaurantero y de productores de vino, quienes solicitan reiteradamente que lo hagamos extensivo al propio gobierno.
Por ello, en esta ocasión les solicito respetuosamente su aval para que el mismo exhorto sea dirigido a los gobernadores de los estados, a los secretarios de Estado, y a organismos desconcentrados y descentralizados de la administración pública federal y las estatales.
Hacemos un llamado a quienes forman parte de la titularidad de las dependencias federales y estatales para que apoyen la industria vitivinícola con la difusión de los vinos de mesa mexicanos.
Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que la Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a las dependencias de los gobiernos estatales y federal para que en el marco de sus festividades y compromisos sociales propios consuman vinos de mesa de preferencia de origen mexicano.
Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 29 de abril de 2010.
Diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EMITIR MEDIANTE LA CONAGUA, LA SHCP Y
DEMÁS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES UN INFORME SOBRE EL ESTADO QUE
GUARDA LA IMPLANTACIÓN DEL ACUERDO RÍOS DE CHIAPAS, A CARGO
DEL DIPUTADO JOSÉ MANUEL MARROQUÍN TOLEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en facultades que le otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter ante esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo al tenor de lo siguiente
Consideraciones
Chiapas, por su ubicación geográfica y condiciones orográficas, presenta una gran variedad en cuanto a climas se refiere, lo cual ocasiona inmensas variaciones de las lluvias y en ocasiones su abundancia en algunas regiones, ha provocado serios daños a la población y a la infraestructura urbana. Por su zona costera cruza la Sierra Madre de Chiapas; esta zona está localizada en la región de la costa y el Soconusco, donde se tienen precipitaciones por encima de los 4 mil milímetros al año y en ocasiones, esas precipitaciones se ven generadas en un tiempo relativamente corto, que provocan desbordamientos y cambios de causes en algunos ríos o arroyos.
En el mismo concepto, Chiapas se ve afectado por fenómenos hidrometeorológicos de origen tropical, tanto por el Pacífico, como del Atlántico. Esto genera, que cuando se presentan al mismo tiempo y convergen, cubren la totalidad del Estado con intensas lluvias y que aunado al alto grado de azolves que tienen los ríos reduciendo su área hidráulica provocan el desbordamiento de estos ríos e inundaciones, que dañan la infraestructura hidroagrícola, hidráulica-urbana, suspendiendo temporalmente los servicios en las comunidades, las cuales quedan expuestas a condiciones de insalubridad, además que las inundaciones repentinas ponen en riesgo a un porcentaje considerable de población.
Por lo anterior, la Comisión Nacional del Agua, Conagua, y el Estado Libre y Soberano de Chiapas, suscribieron un acuerdo de Coordinación con el rubro el objetivo de conjuntar acciones y recursos para realizar obras y acciones dentro del programa Ríos de Chiapas, principalmente, y otros programas de infraestructura, a fin de implementar acciones de desasolve, dragado, rehabilitación, conservación y/o construcción de bordos y protecciones marginales en diversos ríos del estado; así como rehabilitación y/o mantenimiento de diversas obras que conforman la infraestructura hidráulica de la entidad; además de estudios y proyectos ejecutivos para la ejecución de diversas obras de infraestructura hidráulica.
Dicho acuerdo de coordinación celebrado por el gobierno del estado y la Comisión Nacional del Agua, tuvo lugar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el viernes 30 de octubre del año 2009, en la firma del acuerdo se contó como testigo de honor al gobernador, Juan Sabines Guerrero.
Los compromisos específicos de este acuerdo son los establecidos en la cláusula tercera del acuerdo en la cual se expresa que tendrá como objetivo, obras a ejecutarse en el período comprendido entre el año 2009-2012 con un costo total que asciende a 6 mil millones de pesos. El compromiso de la Conagua es el de aportar el 70 por ciento del costo total de las acciones y el gobierno del estado se comprometió a aportar el 30 por ciento de dichos recursos.
El gobierno estatal –en cumplimiento de dicho acuerdo– ha ejercido una cantidad considerable de recursos en el periodo comprendido entre el 2009 y 2010; en sentido contrario, la Conagua ha ejercido una cantidad inferior a lo pactado en dicho acuerdo de cooperación, lo que genera un incumplimiento que debe de ser subsanado para lograr el objetivo del Programa Ríos de Chiapas.
Por lo anterior y siguiendo los principios generales de derecho y en particular el principio de dar cumplimiento; el presente punto de acuerdo tiene como objetivo, que dentro de las facultades de la Conagua, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y para sus efectos presupuestales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos suficientes para el cumplimiento del acuerdo reiteradamente comentado en este documento.
En conclusión, pongo a disposición de ésta honorable soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y las autoridades correspondientes, para que en conjunto, emitan un informe sobre el estado actual de la implementación del acuerdo Ríos de Chiapas, firmado el viernes 30 de octubre del 2009.
Segundo. Asimismo, se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las autoridades correspondientes a dar seguimiento y cumplimiento puntual al citado acuerdo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2010.
Diputado José Manuel Marroquín Toledo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS LEGISLATURAS LOCALES A REFORMAR SUS NORMATIVAS PARA PRECISAR
LOS DELITOS COMETIDOS POR REDES DE TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS, A CARGO DE LA DIPUTADA ROSI OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PAN
La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
Hoy día la tecnología es parte esencial de la vida de la mayoría de los mexicanos. Cada vez más se emplean herramientas tecnológicas para llevar a cabo las tareas cotidianas y laborales de millones de personas en nuestro país. México es un país en desarrollo y no se podría aspirar a un crecimiento constante sin el uso e implantación de la tecnología; inclusive el acceso a Internet y otros medios tecnológicos son indicadores de la situación económica de las naciones. Asimismo, el uso de Internet es crucial para la complementación de la educación, la salud, la seguridad, la economía, etcétera.
El número de mexicanos que usan Internet aumenta de una manera rápida y sostenida, lo cual es un beneficio pues el uso de este medio electrónico abre el acceso a una cantidad de información incalculable. El Internet también está siendo un nuevo canal para realizar actividades comerciales y financieras así como sociales. Esto último ha llevado a que el Internet haya potenciado los posibles riesgos para los usuarios, que pueden encontrarse con contenidos dañinos y delictivos. Ahora las personas, a través de Internet, pueden ser víctimas de diversos delitos, o bien Internet puede ser el medio para que las personas se conviertan víctimas de crímenes fuera de sus hogares. En este sentido es preocupante el hecho de que cada vez más los menores de edad estén accediendo a este medio sin conocer los riesgos del mismo.
Según datos de la Asociación Mexicana de Internet y de Alianza por la Seguridad en Internet, hay 11.1 millones de computadoras con acceso a Internet en México, 55 por ciento de estas computadoras están instaladas en los hogares (hay 3.5 computadoras por cada 10 hogares) y el 39 por ciento de los 23 millones de usuarios tienen entre 12 y 18 años de edad. De los menores internautas, 1 millón tienen entre 6 y 12 años. Asimismo, la tasa de penetración nacional de Internet es de 29.7 por ciento en mayores de 6 años.
Hay diversos estudios sobre el uso de Internet en nuestro país. El correo electrónico continúa como la principal actividad social en línea, el segundo es el de enviar y recibir mensajes instantáneos y en tercer lugar el uso de chats; esto en 2008. El tiempo promedio de conexión al día en México es de 2:54 horas.
Según encuestas de Alianza por la Seguridad en Internet, 80 por ciento de los papás dicen que han instalado filtros de contenido en sus computadoras, pero solo el 20 por ciento de los niños confirmaron que esto es verdad. Además, el 100 por ciento de los niños entrevistados afirmaron saber cómo desactivar los filtros.
Otro factor a considerar es que hoy día existen teléfonos celulares que ofrecen el servicio de navegar en la red. Se estima que existen 75.6 millones de celulares en uso en el país, de ellos, el 29 por ciento tiene capacidad de acceso a Internet; por otro lado, se calcula que el 55 por ciento de los niños entre 12 y 18 años en México tienen teléfono celular, y no se ofrece herramientas de filtrado para estos dispositivos.
Según varios expertos, México ocupa el primer lugar en apertura de páginas web de pornografía infantil, y tiende a incrementarse más de 5 por ciento la distribución de videos de imágenes de abuso a recién nacidos. Según cifras oficiales las denuncias telefónicas por delitos de pornografía infantil aumentaron 200 por ciento entre 2008 y 2009.
Son varios los riesgos a los que están expuestos los mexicanos y, sobre todo, los menores de edad que navegan en la red. Los usuarios pueden ser víctimas de robo de identidad, fraude, engaño, extorsión, exposición a ciberhostigamiento, exposición a contenidos inapropiados (pornografía, incitación al uso de drogas, violencia y suicidio, etcétera), exposición a secuestros reales o simulados y exposición a pederastas y pedófilos. Otro problema también es el uso de Internet para la comercialización y funcionamiento de redes de trata de niños y niñas y de explotación sexual comercial infantil.
Considerandos
Primero. En Internet el delito principal es el fraude, seguido por las amenazas y en tercer lugar, la pornografía infantil.
Segundo. Considerando el potencial de Internet es crucial que se comience de inmediato a incorporar a las redes de telecomunicación en las legislaciones penales locales y federales, porque hoy día la falta de terminología digital facilita que los pederastas se escapen del castigo de la justicia.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las legislaturas locales a realizar las reformas pertinentes en sus legislaciones penales, a efecto de precisar los delitos que se cometen a través de redes de telecomunicaciones públicas o privadas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2010.
Diputada Rosi Orozco (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE YUCATÁN A ABSTENERSE DE HACER USO
POLÍTICO DE LAS INSTITUCIONES Y, PARTICULARMENTE, A REVISAR LOS
CASOS DE LAS EX FUNCIONARIAS DE LA JAPAY, A CARGO DE LA DIPUTADA ROSA ADRIANA
DÍAZ LIZAMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el se exhorta al a los Poderes Ejecutivo y Judicial de Yucatán a abstenerse de hacer uso político de las instituciones estatales y, en concreto, a revisar los casos de las ex funcionarias de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) Lolbé Carrillo Jiménez y Aracelly Domínguez Cabrera al respecto, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
El Tribunal Colegiado de Circuito, perteneciente al Poder Judicial de la Federación, notificó el 12 de abril de 2010 la negativa de otorgar el amparo de la justicia federal a Lolbé Carrillo Jiménez y Aracelly Domínguez Cabrera, funcionarias de la JAPAY en la pasada administración, por presuntamente haber otorgado de manera indebida recursos de dicha dependencia a la Asociación Civil Niños y Crías.
Por virtud de esa sentencia, Lolbé Carrillo Jiménez deberá cumplir la inhabilitación para ejercer algún cargo público por un periodo de seis meses; y Domínguez Cabrera, recibir una amonestación y una sanción económica en forma conjunta por 6 millones 292 mil 791.64 pesos.
De acuerdo con la sentencia emitida, Lolbé Carrillo Jiménez, en su carácter de directora general de la JAPAY, presuntamente otorgó de manera indebida recursos públicos por el orden de 3 millones 146 mil 395.82 pesos, proveniente de 1 por ciento de la recaudación mensual del consumo de agua potable, a la Asociación Civil Niños y Crías.
Asimismo, se menciona que una vez desahogado el procedimiento de responsabilidades administrativas, la Secretaría de la Contraloría General del estado determinó la sanción mencionada. Lolbé Carrillo y Aracelly Domínguez acudieron en juicio al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado que, previo procedimiento, confirmó las sanciones respectivas.
Ante el segundo resolutivo en contra, ambas ex funcionarias promovieron sendos juicios de amparo ante el Tribunal Colegiado de Circuito que, en su sentencia, denegó el amparo solicitado y confirmó la sanción dictaminada desde un principio.
En virtud de que según la sentencia emitida en el juicio de amparo, la resolución de la Contraloría, así como la sentencia emitida en el juicio contencioso estuvieron ajustadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las respectivas sanciones quedarán firmes, por lo que se deberá proceder a la inhabilitación, amonestación y multa en forma conjunta y solidaria.
Los hechos anteriores se consideran un ataque político por el gobierno del Partido Revolucionario Institucional en Yucatán, pues se trata de una persona recta, honesta e intachable.
Resulta inadmisible que se haga uso político de las instituciones estatales para la persecución política de funcionarios de previas administraciones, lo cual constituye un claro retroceso para el avance democrático del país.
Así, los Poderes Ejecutivo y Judicial de Yucatán deberán obrar objetivamente y con estricto arreglo a derecho en el ejercicio de las facultades que les confieren las leyes federales y las estatales, y velar porque la justicia no se aplique para perseguir políticamente a miembros de otros partidos con fines electorales.
Consideramos menester que se revisen los casos de las funcionarias citadas para que la opinión pública tenga mayor claridad y absoluta certeza de que la ley se aplica objetivamente y que no se le da uso político-electoral.
Por lo anterior, se presenta el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al a los Poderes Ejecutivo y Judicial de Yucatán a abstenerse de hacer uso político de las instituciones estatales y, en concreto, a revisar los casos de las ex funcionarias de la JAPAY Lolbé Carrillo Jiménez y Aracelly Domínguez Cabrera al respecto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2010.
Diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO DE YUCATÁN A ABSTENERSE MEDIANTE SU INSTITUTO
DE VIVIENDA DE CONTINUAR LA IRREGULAR ADQUISICIÓN DE TERRENOS DEL
EJIDO DE UCÚ, A CARGO DE LA DIPUTADA ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Yucatán, a través del Instituto de Vivienda del Estado, a que se abstenga de continuar con la irregular adquisición de terrenos del ejido de Ucú, considerado como zona forestal, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el año de 2008, el gobierno de Yucatán, a través del Instituto Estatal de Vivienda, solicitó un crédito de 360 millones de pesos para adquirir terrenos en el ejido de Ucú, con el objetivo de desarrollar un proyecto de vivienda.
Tales terrenos ejidales están ubicados en bosques y selvas tropicales por lo que, según el artículo 59 de la Ley Agraria, no pueden ser parcelizadas y por lo tanto, vendidas por los ejidatarios. El artículo en comento dice a la letra: "Será nula de pleno derecho la asignación de parcelas en bosques o selvas tropicales".
Para que los terrenos ejidales pudieran ser parcelizados y no incurrir en violación al artículo 59 de Ley Agraria, la Semarnat debe emitir un dictamen de vocación forestal o no forestal de los suelos, mismo documento que a la fecha no ha sido expedido.
En tal virtud, el gobierno de Yucatán no ha comprobado la posesión de dichos terrenos por lo que no puede haber pagado, ni emitido cheques de las dependencias estatales encargadas de dicha adquisición si no se le entregan en garantía los títulos de propiedad.
El citado gobierno se ha negado a otorgar toda clase de información al respecto, la prensa ha documentado pagos en efectivo a los ejidatarios para la parcelización de tales terrenos, que al día de hoy siguen siendo ejidales. Sin embargo el gobierno sólo podría pagar y comprobar la adquisición de los terrenos contra un título de propiedad, que todavía no tiene, porque el proceso de parcelización del Ejido se encuentra todavía en trámite ante el Registro Agrario Nacional (RAN), facultado para expedir los títulos de propiedad.
A la fecha, el RAN no ha otorgado dichos títulos por no contar, con el dictamen de vocación no forestal de dicha zona por parte de la Semarnat.
No obstante, de acuerdo con el tercer Informe trimestral de la deuda pública de Yucatán, hasta septiembre de 2009, el gobierno local había ejercido 343.3 millones, de los 360 millones del crédito, en la compra de 3 mil hectáreas del ejido de Ucú.
Cabe hacer una pregunta: ¿Cómo es posible que el gobierno de Yucatán haya realizado la compra de terrenos para un proyecto de vivienda sin que existan los títulos de propiedad que acrediten dicha transacción?
Queda claro entonces que se está cometiendo una grave falta que debe ser aclarada de inmediato porque, la compra-venta de dichos terrenos se ha dado de forma irregular.
De igual forma es necesario que el gobierno del estado se comprometa con el respeto a aquellas zonas que han son consideradas como forestales o selváticas, en el cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente.
Por lo anterior, se presenta el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno de Yucatán, a través del Instituto de Vivienda del Estado, a que se abstenga de continuar con la irregular adquisición de terrenos del ejido de Ucú, considerado como zona forestal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 29 de abril de 2010.
Diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL INAH A INFORMAR SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO
DE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS E HISTÓRICOS Y A DETALLARLO,
A CARGO DEL DIPUTADO MANUEL DE ESESARTE PESQUEIRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El que suscribe, diputado Manuel de Esesarte Pesqueira, legislador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La vastedad y riqueza del patrimonio arqueológico, histórico y cultural de México debe ser preservada. Constituye la evidencia histórica tanto de la pluralidad cultural como el desarrollo de México. De tal suerte, monumentos, edificios, documentos y bienes culturales conforman nuestro relato histórico, y el origen de lo que nos identifica como nación. De ahí que la protección del patrimonio histórico cultural tenga una gran importancia para el país, y que, en definitiva, deba ser un objetivo prioritario de la política cultural de México. Por tanto, es una obligación importante para los legisladores, establecer de manera óptima los mecanismos legales para que las instituciones correspondientes –entre otras Instituto Nacional de Antropología e Historia–, puedan proteger dicho patrimonio mexicano y disuadir conductas que permitan su destrucción o pérdida.
En fechas recientes, se ha tenido conocimiento de la exportación ilegal de un manuscrito en lengua chinanteca. Según su página web, la Princeton University Library (PUL) adquirió recientemente un manuscrito colonial con título de: La Doctrina Cristiana en lengua chinanteca q[u]e/ Compuso Al M[uy] R[everen]do P[adr]e M[aestro] y P[redica]dor fray/ Joseph de Santellan de la orden de Santo Do/mingo de Antequera valle de Oaxaca, trasun/te yo Don Pedro de Velasco vezino deste d[ic]ho/Pueblo de Santiago Xocotepeque por Auto de/18 de Diciembre de 1755 años. Según la misma página, la PUL compró este manuscrito en 2009 de la Philadelphia Rare Books and Manuscripts Company de David Szewczyk y Cynthia Davis Buffington1.
No es la primera vez que eso se ha pasado. Existen muchos monumentos históricos que han salido del país. Por ejemplo, un año antes, en 2008, un caso casi idéntico ocurrió. En este año, la PUL adquirió un códice (Princeton Mesoamerican Manuscript 20), lo cual también se vendió en la casa Morton el 26 de abril de 2008 por un precio de $9,000 (Venta 477, lote 75). Y otra vez la venta a la PUL fue a través de la Philadelphia Rare Books and Manuscripts Company.
Para comprender que se entiende como monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas de monumentos, tenemos que remitirnos a los artículo 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que señalan lo siguiente:
I. Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive.
II. Los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las oficinas y archivos de la federación, de los estados o de los municipios y de las casas curiales.
III. Los documentos originales manuscritos relacionados con la historia de México y los libros, folletos y otros impresos en México o en el extranjero, durante los siglos XVI al XIX que por su rareza e importancia para la historia mexicana, merezcan ser conservados en el país.
IV. Las colecciones científicas y técnicas podrán elevarse a esta categoría, mediante la declaratoria correspondiente.
Artículo 22. Los Institutos respectivos harán el registro de los monumentos pertenecientes a la federación, estados y municipios y los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y las personas físicas o morales privadas, deberán inscribir ante el Registro que corresponda, los monumentos de su propiedad.
La declaratoria de que un bien inmueble es monumento, deberá inscribirse, además, en el Registro Público de la Propiedad de su jurisdicción.
Artículo 23. La inscripción en los registros se hará de oficio o a petición de la parte interesada. Para proceder a la inscripción de oficio, deberá previamente notificarse en forma personal al interesado. En caso de ignorarse su nombre o domicilio, surtirá efectos de notificación personal la publicación de ésta, en el Diario Oficial de la Federación.
El anterior registro, tiene el efecto de controlar el comercio y la salida de dichos bienes culturales mexicanos del país, tal como lo refieren los artículos 15 y 16 del ordenamiento normativo en estudio, que rezan:
Artículo 16. Los monumentos históricos o artísticos de propiedad particular podrán ser exportados temporal o definitivamente, mediante permiso del instituto competente, en los términos del reglamento de esta ley.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia, promoverá la recuperación de los monumentos arqueológicos de especial valor para la nación mexicana, que se encuentran en el extranjero.
Sin embargo, como hemos visto ha sido insuficiente las actuaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de tal suerte, se exhorta a dicho instituto informe a esta soberanía, sobre el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, su última actualización y detalle la ubicación de los bienes en manos de particulares.
Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia informe a esta soberanía sobre la actualización y detalle el registro de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, así como la ubicación de los bienes en posesión de particulares.
Nota:
1. Véase el Princeton Mesoamerican Manuscript
22 en
Diputado Manuel de Esesarte Pesqueira (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EMPRENDER MEDIANTE LA PROFEPA Y LA CONAGUA
ACCIONES PARA INSPECCIONAR, VIGILAR Y SANEAR EL AGUA RESIDUAL VERTIDA A
LA CUENCA DEL AHOGADO, PERTENECIENTE A LA LERMA-CHAPALA-SANTIAGO, SUSCRITA
POR INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA CUENCA LERMA-CHAPALA-SANTIAGO
Los suscritos, diputados César Octavio Madrigal Díaz, presidente de la Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago; Joel González Díaz, Avelino Méndez Rangel, secretarios; Gerardo del Mazo Morales, Óscar González Yánez, Olivia Guillen Padilla, José Manuel Hinojosa Pérez, Ramón Merino Loo, María Esther de Jesús Scherman Leaño, Eduardo Zarzosa Sánchez, integrantes, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Toda actividad humana genera residuos, tanto líquidos como sólidos. La porción líquida, que es agua residual, se compone de agua suministrada a las zonas urbanas y a los centros industriales que la destinan a diversos usos.
Las aguas residuales contienen usualmente numerosos organismos patógenos causantes de enfermedades; también contienen nutrientes que estimulan el crecimiento de plantas acuáticas, e incluso pueden contener compuestos tóxicos, nocivos y dañinos para la salud humana y para el ecosistema en general.
Es por ello que la legislación mexicana cuenta con las normas reglamentarias, identificadas como: Norma Oficial Mexicana (NOM), cuando los procesos productivos y las descargas residuales puedan constituir un riesgo o peligro para la seguridad de las personas, la salud humana, animal o vegetal, el medio ambiente general y laboral, y para la preservación de los recursos naturales.
En el mismo sentido, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente buscan que el desarrollo en México sea sustentable y que el aprovechamiento de los recursos naturales sea racional.
Como parte de una estrategia para propiciar el saneamiento del medio ambiente y de los cuerpos de agua, se tienen las siguientes normas oficiales mexicanas:
• NOM-003- CONAGUA.-1996, Requisitos durante la construcción de pozos de extracción de agua para prevenir la contaminación de acuíferos.
• NOM-004- CONAGUA -1996, Requisitos para la protección de acuíferos durante el mantenimiento y rehabilitación de pozos de extracción de agua y para el cierre de pozos en general.
• NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.
• NOM-002- SEMARNAT -1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado.
• NOM-127-SSA1-1994, salud ambiental, agua para uso y consumo humano-límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización.
• NOM-179-SSA1-1998, Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento público.
• NOM-017-SSA2-1994, para la vigilancia epidemiológica.
• NOM-032-SSA2-2002, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades transmitidas por vector.
Sin embargo, es el caso que la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, una de las más importantes del país por su extensión territorial y la actividad económica que en ella se desarrolla, presenta un enorme grado de contaminación y deterioro, que lamentablemente está ocasionando serios daños al ecosistema, y un anacrónico aprovechamiento de los recursos naturales, por lo cual se ha convertido en un asunto de interés nacional que requiere urgentemente de un control de inspección, vigilancia y la aplicación de las medidas necesarias para su saneamiento.
Es por ello que los suscritos, consideramos necesario que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) inspeccionen y vigilen el cumplimiento de las normas ambientales aplicables, a los asentamientos humanos, a las parcelas de cultivo y a todas y cada una de las empresas, asentadas en el margen y/o inmediatos a la Cuenca del Ahogado y que viertan sus descargas residuales a esta.
Atento a las facultades de la Profepa y de la Conagua, el objetivo primordial es la identificación, evaluación y control de los procesos industriales que pudiesen estar operando bajo condiciones de riesgo o provocando contaminación al ambiente, y consiste en la revisión sistemática y exhaustiva de un asentamiento humano o de una empresa de bienes o servicios en sus procedimientos y prácticas con la finalidad de comprobar el grado de cumplimiento de los aspectos normados en materia ambiental, para poder en consecuencia, detectar posibles situaciones de riesgo a fin de emitir las recomendaciones preventivas, correctivas y en su caso sanciones a que haya lugar de conformidad con la legislación aplicable.
Dichas inspecciones, habrán de considerar el tamaño de las fuentes contaminantes, la complejidad de los procesos productivos, las materias primas que se emplean para obtener productos inocuos o con cierto grado de peligrosidad, el impacto ambiental y el riesgo que conlleva el efectuar de por sí esas actividades productivas, así como la generación de contaminantes que se vierten a los cuerpos receptores ya referidos con antelación por los diversos usuarios de la cuenca.
Igualmente, habrá de informarse puntualmente a la Presidencia de la Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago de esta LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el resultado de las inspecciones, en lo general y en lo particular, con el propósito de darle seguimiento, vigilar el cumplimiento de la legislación aplicable y conjuntar el compromiso y la voluntad política de los diferentes órdenes de gobierno, para hacer posible el saneamiento en el cuerpo hídrico de referencia.
Al conocer el resultado de las inspecciones, estaremos en posibilidades de encontrar soluciones conjuntas y adoptar las políticas nacionales que se requieran, además de las soluciones que en uso de sus facultades dicten la Profepa y la Conagua para hacer de esta cuenca un lugar ordenado, productivo, sustentable, limpio y propicio para la vida, donde se realice una explotación racional de los recursos naturales, que satisfagan las necesidades presentes, sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades futuras.
Por las consideraciones expuestas se presentan ante esta soberanía, como de urgente resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se hace un atento exhorto al Ejecutivo federal para que, a través de la Profepa y de la Conagua, emprendan de manera urgente las acciones necesarias para la inspección y vigilancia del cumplimiento de los ordenamientos en materia ambiental, del tramo correspondiente a la Cuenca del Ahogado, la cual pertenece a la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago.
Segundo. Se hace un atento exhorto a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua para que, de manera coordinada, realicen las inspecciones de carácter ambiental correspondientes, a todas y cada una de las empresas, parcelas agropecuarias y asentamientos humanos, ubicados en la Cuenca del Ahogado, perteneciente a la cuenca Lerma-Chapala-Santiago; así como para que informen los resultados obtenidos a la Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la aprobación y notificación de este punto de acuerdo, a efecto de verificar el cumplimiento eficiente de la normatividad aplicable, particularmente en lo referente al tratamiento de sus aguas residuales y, en su caso, sancionar a los responsables.
Tercero. Se hace un atento exhorto a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua, para que remitan los resultados del análisis de muestras de agua tomadas de la Cuenca del Ahogado, donde se determine el grado de contaminación y los principales compuestos contaminantes, así como las acciones a realizar por estas dependencias del gobierno federal, a efecto de realizar el saneamiento correspondiente de este cuerpo hídrico.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, al día de su presentación ante el pleno.
Diputados: Cesar Octavio Madrigal
Díaz (rúbrica), Joel González Díaz (rúbrica),
Avelino Méndez Rangel (rúbrica), Olivia Guillen Padilla (rúbrica),
María Esther de Jesús Scherman Leaño, Eduardo Zarzoza
Sánchez, Alejandro del Mazo Maza, José Manuel Hinojosa Pérez
(rúbrica), Óscar González Yáñez (rúbrica),
Gerardo del Mazo Morales (rúbrica), Ramón Merino Loo (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A INSTRUIR A LA SRE A EFECTO
DE ESTABLECER CON EL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE, MEDIANTE SU EMBAJADA, ACUERDOS
PARA QUE EL MONTO PAGADO POR SOLICITUD DE VISA SE REEMBOLSE CUANDO ÉSTA
SE DENIEGUE, A CARGO DEL DIPUTADO OMAR FAYAD MENESES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
Omar Fayad Meneses, diputado federal de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable soberanía el siguiente punto de acuerdo.
Exposición de Motivos
Los ciudadanos extranjeros que desean ingresar a Estados Unidos de América deben tramitar previamente una solicitud de visa de ingreso pagando una cuota fija que en el caso de México es de 131 dólares americanos para niños y adultos, aproximadamente mil 700 pesos.
El proceso que se debe seguir para la obtención de la visa es hacer este pago por persona, llenar los formularios electrónicos que se encuentran en el sitio web de la embajada americana, los cuales deberán presentarse al momento de una cita donde se entrevista al solicitante y se le somete a una minuciosa verificación en la base de datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América.
El proceso de solicitud y trámite de la visa estadounidense es complejo pues, todo el que aspira a ella, requiere de un lapso de tiempo considerable, además de que nada puede asegurar que el final del mismo sea exitoso, o sea que se la den, ya que depende exclusivamente del juicio subjetivo del oficial al momento de la entrevista.
Aunque no existe una cifra oficial fija, en declaraciones hechas a El Universal por personal de la embajada publicadas el viernes 10 de abril de 2009, se estima que al menos durante 2008, en la sede diplomática y sus nueve oficinas consulares, en México se entregaron más de un millón de visas estadounidenses y se reciben más de 100 mil solicitudes cada mes.
Es conocido por todos el alto número de connacionales que han fallado, en una o en más ocasiones, en su intento por lograr este documento, pero suponiendo sin conceder que esas cifras sean reales, al menos 200 mil personas pagan su cuota y finalmente no reciben la visa, lo que representa un ingreso para la embajada de al menos 26 millones 200 mil dólares por un documento que finalmente no expiden.
Desde el punto de vista de los solicitantes mexicanos, resulta una erogación gravosa a la que debemos agregar gastos complementarios como documentación, fotografías, transporte, hospedaje, alimentación, entre otros, los cuales únicamente realizamos con la esperanza de obtener una visa y que muchos están destinados a repetir, meses después, si no se tiene éxito y efectuamos un segundo o hasta tercer intento.
Esta situación es una más que refleja la desigual relación que se ha establecido entre México y Estados Unidos de América y que se reproduce en todas las dimensiones, vertientes y aspectos de la estrecha relación bilateral.
No debemos abandonar el cometido de modificar tal asimetría y buscar una relación más equilibrada, en beneficio de nuestra población y acorde a la realidad de nuestras naciones.
Por ello es que proponemos que esta soberanía exhorte al titular del Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores establezca los mecanismos e instrumentos jurídicos necesarios a efecto de que el cobro para solicitar la visa estadounidense se efectúe hasta que sea aprobada la expedición al solicitante y no antes o que, en todo caso, si se solicita el pago anticipado, a la persona que no se le otorgue la visa se le regrese por lo menos el 70 por ciento del pago realizado y lo demás lo conserve la embajada americana por concepto de derecho de trámite.
Este planteamiento responde en primer lugar a un asunto de apoyo a la economía de nuestros connacionales y en segundo lugar a una razón de justicia pues no existe justificación alguna para que el solicitante pierda todo el dinero que deposita para la obtención de la visa, y que erogue lo mismo que al que si se le otorga. Y también es justo que exista en caso de ser negada un cargo por derecho de trámite, gastos o costos administrativos pero tampoco el 100 por ciento del depósito exigido para su obtención.
Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores establezca los mecanismos e instrumentos jurídicos necesarios a efecto de que el cobro para solicitar la visa estadounidense se efectúe hasta que sea aprobada la expedición al solicitante y no antes o que, en todo caso, si se solicita el pago anticipado, a la persona que no se le otorgue la visa se le regrese por lo menos el 70 por ciento del depósito realizado y lo demás lo conserve la embajada americana por concepto de derecho de trámite, gastos o costos administrativos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2010.
Diputado Omar Fayad Meneses (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A PUBLICAR MEDIANTE LA SHCP, LA SEMARNAT
Y LA CONAGUA LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA
HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APLICABLES
EN 2010, Y A DESIGNAR EL PARI PASSU EN ELLOS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS
IGNACIO PICHARDO LECHUGA Y FAUSTO SERGIO SALDAÑA DEL MORAL, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los que suscriben, Ignacio Pichardo Lechuga y Fausto Sergio Saldaña del Moral, integrantes de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Comisión Nacional del Agua, a través de sus programas para zonas urbanas y rurales, agua limpia para mejorar la calidad del agua y fondo concursable para el tratamiento de aguas residuales, propone fomentar y apoyar a las entidades federativas y a los municipios en el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Estos programas son de vital importancia para la salud, el bienestar y el desarrollo de los mexicanos, por lo que se requiere que las obras necesarias sean programadas adecuadamente y ajustadas a los recursos disponibles en los presupuestos de los estados y de los municipios.
La participación porcentual gubernamental se conoce con la expresión en latín de pari passu; en este caso significa que las aportaciones financieras sean en forma conjunta y equitativa. En ese sentido, si no se conoce el pari passu en tiempo y forma se pone en riesgo la ejecución de los programas y proyectos hídricos para este año.
La falta de información también impide la continuidad de obras de un ejercicio fiscal a otro, lo que aumenta el rezago en materia hídrica, que se incrementa a diario.
Como el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 observó modificaciones en el artículo 39, correspondiente a las reglas de operación en materia de infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y saneamiento, la Comisión Nacional del Agua tiene la obligación de modificar y publicar, dichas reglas.
Para el ejercicio fiscal de 2009, las reglas de operación fueron publicadas el 30 de diciembre de 2008, pues el plazo vence el 31 de diciembre según establece el artículo 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Es urgente contar con las reglas de operación de estos programas y proyectos para evitar en lo posible los subejercicios, que se reflejan en el incumplimiento de la ejecución de las obras de infraestructura hídrica, que afectan el bienestar de la población y su desarrollo sustentable.
Con base en estas consideraciones, se somete a consideración de la asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a publicar mediante las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Comisión Nacional del Agua las reglas de operación para los programas de infraestructura hidroagrícola y de agua potable, alcantarillado y saneamiento aplicables en 2010, así como la designación del pari passu en dichos programas y proyectos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2010.
Diputados: Ignacio Pichardo Lechuga, Fausto Sergio
Saldaña del Moral (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN, A REALIZAR
ACCIONES PARA QUE SE PROPORCIONEN A TODOS SUS TRABAJADORES LAS PRESTACIONES
DE LEY, COMO ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 115 Y 123 CONSTITUCIONALES,
A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR ALEJANDRO BALDERAS VAQUERA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, Víctor Alejandro Balderas Vaquera, diputado federal de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al ayuntamiento del municipio de Santa Catarina, Nuevo León, a realizar las acciones necesarias para que a todos y cada uno de sus trabajadores les sean proporcionadas las prestaciones de ley, tal como lo establecen los artículos 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la base de las siguientes
Consideraciones
En el contexto de la reforma laboral, es necesario que previo al inicio de un debate tan relevante demostremos que somos capaces de hacer una revisión certera y plena de honestidad, reconociendo que aún existen grandes pendientes para nuestro país en materia de trabajo, que es necesario perfeccionar la impartición de justicia en materia laboral y eliminar la posibilidad de que en algún punto de nuestro territorio nacional exista un solo trabajador que en estos momentos no goce de las prestaciones de ley, a pesar de estar desempeñando un trabajo subordinado.
La crisis mundial no debe ser un argumento que pueda esgrimirse como un argumento válido para que no le sea concedido a un trabajador las prestaciones de ley que le puedan otorgar certeza y protección a él y a su familia. Como lo ha señalado el titular del Ejecutivo federal, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, "la crisis internacional no sólo es un reto, sino también puede ser una oportunidad para redoblar el esfuerzo de construir un México más justo y más solidario".
Los trabajadores del ayuntamiento de Santa Catarina han manifestado al suscrito que padecen una situación de abandono respecto a la salvaguarda de sus derechos, pues a decir de éstos, no reciben las prestación de ley, razón por la cual no cuentan con la expectativa de que su trabajo les proporcione la oportunidad de contar con una pensión de retiro o con la atención médica proporcionada por una institución con alta capacidad de resolución.
Es necesario que el legislativo federal, en este y en otros casos en que sea enterado de la posible omisión en el respeto a las prestaciones que debería percibir un trabajador, se apreste a manifestarse y a solicitar respetuosamente la intervención de otros poderes y niveles de gobierno.
Es necesario considerar que la fracción VIII del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de dicha Constitución y sus disposiciones reglamentarias.
Entre las prestaciones mínimas amparadas por la ley con relación al artículo 123 constitucional se encuentran las siguientes:
2. Descanso: por lo menos 1 día de descanso por cada 6 trabajados. También la Ley del Trabajo especifica los días festivos de descanso obligatorio.
3. Vacaciones: 6 días de vacaciones cuando el empleado tenga por lo menos 1 año laborando en la empresa.
4. Prima vacacional: una prima mínima de 25 por ciento sobre los salarios que les correspondan durante el periodo de vacaciones.
5. Aguinaldo: un mínimo de 15 días de salario por año, pagaderos antes del 20 de diciembre.
6. Capacitación: La capacitación del trabajador es obligatoria y no debe costarle a este.
b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley.
c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después de éste, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.
d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.
e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares.
f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado, mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda, a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien, para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.
En razón de todos los argumentos expuestos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al ayuntamiento del municipio de Santa Catarina, Nuevo León, a realizar las acciones necesarias para que a todos y cada uno de sus trabajadores les sean proporcionadas las prestaciones de ley, tal como lo establecen los artículos 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dado en el Palacio Legislativo, a 29 de abril de 2010.
Diputado Víctor Alejandro Balderas Vaquera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, A LA SEMARNAT Y A LA
PROFEPA A SUSPENDER DE INMEDIATO LOS TRABAJOS DE DEFORESTACIÓN EN
LA BARRANCA RÍO DE LA LOMA, O BARRANCA DEL NEGRO, DE HUIXQUILUCAN,
SUSCRITA POR INTEGRANTES DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Los que suscriben, diputados de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados integrantes de distintos grupos parlamentarios; con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con los siguientes
Considerandos
Los tiempos en que los gobiernos construían caminos y carreteras en los cuales para el trazo y planeación, únicamente se tomaba en cuenta el criterio de hacerlos lo menos peligrosos posibles, han quedado en el pasado más remoto.
En ese entonces, lo más común era derribar unos cientos o miles de árboles en las sierras, bosques o barrancas, para que el país quedara mejor comunicado por tierra.
Pero los tiempos han cambiado. La irracional explotación de la riqueza silvícola y los elevados niveles de contaminación, obligan ahora a cuidar los bosques para mantener el equilibrio ecológico y permitir la recarga de los mantos acuíferos del subsuelo.
Por lo que en la actualidad se ha hecho evidente la importancia de la protección al medio ambiente por las severas repercusiones que su alteración puede producir para el desarrollo de la humanidad. Pues si el consumo del capital natural supera sus tasas de renovabilidad, se puede provocar una degradación creciente e inclusive imposible de revertir o compensar.
Por ello, es justificada la preocupación de la Asociación de Ambientalistas Unidos de Río de la Loma, AC, y de miles de vecinos, ante la construcción de una vialidad cuyo trazo pasaría por la Zona Natural Protegida conocida como Barranca Río de la Loma o Barranca del Negro ubicada en el municipio de Huixquilucan, México.
Los Ambientalistas Unidos de Río de la Loma, AC, son una asociación sin fines de lucro, cuyo objeto social es principalmente: "la protección ecológica, conservación ambiental y reforestación de la barranca del río de la Loma, también conocida como Barranca del Negro". En fecha 27 de febrero de 2007 el Organismo de Cuencas Aguas del Valle de México, perteneciente a Comisión Nacional del Agua, Conagua, otorgó a esta asociación la concesión número 13MEX107882/26EGGR07, con la finalidad de: "usar, una superficie de 9 mil 442.36 metros cuadrados de la Barranca del Negro, como Parque Ecológico."
A partir de habérseles autorizado la concesión, la asociación ha plantado más de 5000 árboles, no obstante de impedir que una porción importante de la Barranca se siguiera utilizando como estacionamiento público, hechos que sin duda alguna comprueban todos y cada uno de los compromisos que adquirieron los integrantes de la asociación no sólo con Conagua, sino con las más de 1200 familias que habitan la zona, reconociendo que la Barranca es la única área verde que existe en muchos kilómetros a la redonda.
Efectivamente, la Barranca Río de la Loma, es un área natural protegida sujeta a conservación ambiental decretada por el Ejecutivo del estado de México, el 14 de agosto de 1994, con el propósito de controlar el desarrollo urbano de la zona en que se ubica, toda vez que en el municipio de Huixquilucan, se encuentran zonas pobladas con pocas áreas de posible recuperación ecológica y que además son zonas de refugio para flora y fauna en peligro de extinción.
Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, en el pasado mes de enero, se iniciaron trabajos topográficos en la zona, bajo el argumento de que, la Secretaría de Comunicaciones del gobierno mexiquense, cuenta con una concesión de la Comisión Nacional del Agua, en la cual se le autoriza al gobierno estatal explotar, usar o aprovechar cauces, vasos, zona federal o bienes nacionales por una superficie de 22 mil 132 metros cuadrados, los cuales se encuentran ubicados dentro de la zona natural protegida por el decreto del ejecutivo estatal, para embovedamiento del Río de la Loma, sin aclarar o determinar de forma clara, los limites o colindancias de dicha concesión, situación que deja en pleno estado de incertidumbre a los ciudadanos de la región.
Desde hace unas semanas han comenzado con los trabajos de tala inmoderada de árboles dentro de la Barranca, inclusive dentro del área concesionada para su conservación a la Asociación de Ambientalistas Unidos de Río de la Loma, situación que está provocando la migración de la fauna propia y única de la región.
Aunado a lo anterior, se suma al problema principal, la construcción a toda costa de una vialidad que no resuelve de manera alguna el problema de transito, ya que traslada el problema de tráfico de un punto a otro y, lejos de contribuir al mejoramiento del medio ambiente lo afectará considerablemente y convertirá a la zona en un punto de mayor contaminación, y ello sin todavía contar con la autorización del cambio de uso de suelo y el estudio de impacto ambiental que deben ser otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Es indudable que las obras públicas son necesarias y máxime cuando se trata de vialidades que permitan y busquen una mejor comunicación en el estado, pero estas vialidades deben planearse a la par de las licencias que se dan a nuevos asentamientos y sin menoscabo de la afectación del medio ambiente, porque ello constituye un atentado a la salud pública y al desarrollo sustentable de las comunidades. Desarrollo que debe ser vinculado indisolublemente a la durabilidad, difundida y amplificada en el Programa 21 y la Declaración de Río en la Cumbre de la Tierra de 1992. En las que se considera al desarrollo tanto en función del hombre mismo como de su entorno y definiendo como durable una evolución que permita cubrir las necesidades de la generación actual sin perjuicio de las necesidades de las generaciones futuras.
Adicionalmente, los vecinos de la zona han propuesto no solo conservar la Barranca sino convertirla en un parque ecológico que no solamente permita conservar a la flora y fauna de la zona sino también mejorar la calidad de vida de las familias que habitan el municipio, al proveer un área de esparcimiento.
Por ello, es fundamental que tanto las autoridades locales del Estado de México como las federales, respeten y hagan valer al estado de derecho que debe regir sus actuaciones, haciéndose necesario hacer un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que en uso de sus facultades y competencias, hagan todo lo necesario para evitar la construcción de la vialidad sobre el cauce del Río de la Loma, que abiertamente ha manifestado el gobierno del estado de México.
Por lo expuesto y a efecto de suspender inmediatamente todos los trabajos de deforestación en la Barranca Río de la Loma, situada en el municipio de Huixquilucan, México, sometemos a consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobierno del estado de México, para que de manera inmediata suspenda los trabajos de deforestación en la Barranca Río de la Loma también conocida como Barranca del Negro, del municipio de Huixquilucan, México.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de separación de poderes del gobierno de la república, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, para que en el ámbito de su competencia, intervenga de manera inmediata a efecto de que puedan tomarse las medidas necesarias, y no autorice la construcción de una vialidad sobre el cauce del Río de la Loma ubicado en el área natural protegida denominada Barranca Río de la Loma conocida también como Barranca del Negro, del municipio de Huixquilucan, México.
Tercero. La Cámara de Diputados, con pleno respeto al principio de separación de poderes del gobierno de la república, exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que de manera inmediata inicie las investigaciones pertinentes a efecto de evitar la tala inmoderada de árboles en la Barranca Río de la Loma también conocida como Barranca del Negro, Huixquilucan.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2010.
Diputados: Emilio Serrano
Jiménez, Alejandro Encinas Rodríguez, José Francisco
Landero Gutiérrez, Jaime Oliva Ramírez, Manuel Jesús
Clouthier Carrillo, Laura Arizmendi Campos, Herón Escobar García,
Daniel Ávila Ruiz (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A MODIFICAR LA ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN ARANCELARIA QUE HA IMPLEMENTADO EN EL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO MELCHOR SÁNCHEZ DE LA FUENTE Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Héctor Franco López, Francisco Saracho Navarro, Hugo Héctor Martínez González, Héctor Aguirre Fernández, Miguel Ángel Riquelme Solís, Tereso Medina Ramírez, Noé Garza Flores y el de la voz, diputado Melchor Sánchez de la Fuente, integrantes de la coordinación de la diputación federal por el estado de Coahuila, del Grupo Parlamentario del PRI de la LXI Legislatura, presentamos a esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El marco regulatorio de las actividades y prácticas relativas al comercio exterior, tiene por objeto definir las bases normativas que garantizan el libre intercambio de bienes y servicios bajo directrices de sana competencia y equidad comercial, a efecto de proteger y fomentar el desarrollo y crecimiento de la economía mexicana, la producción nacional y el comercio doméstico.
Así, la Constitución General de la República delinea los cimientos fundamentales en ese renglón. Por su parte, la Ley de Comercio Exterior establece los mecanismos legales que sustentan y regulan las políticas e instrumentos relativos al comercio exterior, así como aquellos tendientes a incrementar la competitividad de la economía nacional mediante el uso eficiente de nuestros recursos productivos, a fin de integrarla, bajo esquemas de sana competencia, a los mercados internacionales, y la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación precisa las contribuciones tributarias aplicables al intercambio internacional sobre diversos bienes, objetos, artículos, aparatos, materiales, productos y/o mercancías, entre otros.
En ese contexto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 131 la facultad exclusiva de la Federación para gravar todas aquellas mercancías que se importen y exporten hacia y de nuestro país; además, esta disposición posibilita se faculte al Ejecutivo federal para que, en casos urgentes, aumente, disminuya o suprima las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso de la Unión, siempre que someta a la aprobación del Congreso Federal el uso que hubiese hecho de esa facultad. Es decir, cuando justifique la urgencia de las acciones ejecutadas en razón de asegurar el bienestar del país. En este sentido, el Ejecutivo federal está obligado entonces a justificar las razones por las que consideró urgente adoptar determinadas medidas arancelarias en la regulación del comercio exterior y a demostrar fidedignamente que eran necesarias para asegurar el bienestar del país.
Como puede apreciarse, la regulación de las actividades concernientes al tránsito nacional e internacional de bienes y servicios en nuestro país, se constituye en eje prioritario para el desarrollo y crecimiento del país. De ahí, la importancia de que el Congreso Federal califique sobre si las causas urgentes que motivaron el ejercicio de la facultad señalada en el artículo 131 para el Ejecutivo, se encuentran plenamente justificadas.
Sin embargo, esta atribución resulta insuficiente para conocer plenamente la política arancelaria que habrá de aplicarse en el Presupuesto Fiscal de cada año, porque aquella disposición sólo determina que la obligación del Ejecutivo se concreta a informar al Congreso sobre el ejercicio que de esa facultad ya llevo a cabo, es decir, no se le obliga a informar antes de la realización de dichas acciones.
Aunado a lo anterior, la Ley de Comercio Exterior determina, en su artículo 4o., fracción I, que el Ejecutivo federal, en el marco de lo establecido en el citado artículo 131 de la Constitución General, podrá crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles mediante decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación. De ahí pues que una facultad de naturaleza formalmente legislativa se concrete en una función materialmente administrativa, rebasando con ello los límites constitucionales, dando origen a la posibilidad de la presentación de recursos en contra de las medidas que llegaran a resultar perjudiciales para la economía del país.
Considerando lo anotado, en el informe enviado a esta soberanía el pasado mes de noviembre junto con el Paquete Económico 2010 el Ejecutivo federal ?indica? sobre el uso de las facultades que en materia arancelaria ejerció entre los meses de septiembre 2008 y agosto 2009.
Durante ese periodo comunicó que fueron publicados tres decretos para realizar modificaciones a las tarifas previstas en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. En dicho informe, se señala que las modificaciones arancelarias realizadas tuvieron como principales objetivos los de aminorar el impacto de la contracción en los mercados internacionales, promover el fortalecimiento de la competitividad nacional a efecto de alentar la inversión, coadyuvar al desarrollo industrial equilibrado y a preservar el empleo, así como a otorgar mayor transparencia a las operaciones de comercio exterior a través de la racionalización de la estructura arancelaria.
Sin embargo, ante la generalidad de las causas que esgrime el Ejecutivo, cabe cuestionar ¿Cuál es la justificación urgente que consideró para la eliminación de dos fracciones arancelarias y la reducción de 29 más a la importación de vehículos de procedencia extranjera, cuando el mercado automotriz nacional se enfrentó a la peor crisis económica de los últimos años, generando la pérdida de empleos de miles de mexicanos, considerando de acuerdo a cifras del INEGI, que el personal ocupado en 2008 en las ramas productivas de la industria automotriz, fue de 473 mil personas, 11 mil personas menos que las registradas en 2007 y en el 2009 se perdieron 155 mil plazas laborales, de las cuales 141 mil 898 pertenecían al sector de autopartes?
El contenido del informe no da respuesta a esa cuestión en particular ni a ninguna otra porque el Ejecutivo justifica de manera general y abstracta la disminución de aranceles a 9 mil 642 fracciones arancelarias, aludiendo al difícil entorno en materia de comercio exterior por lo que decidió continuar y mantener el proceso de apertura comercial mediante la simplificación de actividades de Comercio Exterior. Pero tal simplificación no sólo persigue la reducción de aranceles y la eliminación de programas de exención de aranceles, sino también la simplificación de trámites de importación y la eliminación de barreras de entrada y promoción de competencia. Lo cual traería consecuencias negativas no sólo en las manufacturas, sino en toda la economía, lo que generaría mayor desempleo.
Visto así, llevar al país a extremos de apertura en materia arancelaria, refleja una política errática en materia de comercio exterior basada en las supuestas ventajas de la firma de tratados comerciales dejando al país sin instrumentos que le permitan negociar en un futuro cualquier concesión que le resulta necesaria por parte de sus socios comerciales.
Frente al anterior escenario y ante las constantes imposiciones del Ejecutivo federal de continuar con la desgravación arancelaria que daña severamente a la industria manufacturera nacional, estimamos que el Poder Legislativo debe asumir en franca preocupación por el crecimiento de nuestro país y la conservación y generación de fuentes de empleos para todos los mexicanos, las facultades que nuestra Carta Magna le confiere exhortando al Ejecutivo para que, de manera clara y precisa, informe sobre las facultades que, como se ha señalado, ha ejercido en materia de comercio exterior.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a modificar la estrategia de reducción arancelaria que ha implementado en el país, así como a presentar a la Comisión de Economía de esta representación popular, por conducto de la Secretaría de Economía, un informe completo que nos permita a los legisladores identificar, conocer y evaluar de manera sistemática y objetiva sobre la urgencia de la reducción arancelaria a las 9,624 fracciones que realizó durante el periodo comprendido del mes de septiembre 2008 a agosto 2009 y poner a Consideración de esta Honorable Soberanía si dichas reducciones fueron las necesarias para asegurar el bienestar de nuestro país.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2010.
Diputados: Melchor Sánchez de la Fuente, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro, Hugo Héctor Martínez González, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez y Noé Garza Flores (rúbricas).