El que suscribe, diputado federal Alejandro del Mazo Maza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, en tenor de las siguientes:
Consideraciones
Es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales el instrumento jurídico que otorga al Instituto Federal Electoral las facultades para sancionar económicamente a partidos políticos que infrinjan el marco legal. El monto recaudado por parte del IFE, en conformidad a lo estipulado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá será reasignado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
El actual Presupuesto de Egresos de la Federación del 2010 establece en su artículo 51 lo siguiente: "Las sanciones económicas que, en su caso, aplique el Instituto Federal Electoral derivado del régimen disciplinario de los partidos políticos durante 2010, serán reintegradas a la Tesorería de la Federación dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que se realice el pago o se haga efectivo el descuento. Los recursos obtenidos por este concepto serán destinados en los términos de las disposiciones aplicables al Ramo 38 para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y los centros públicos de investigación, los cuales deberán destinarse a actividades sustantivas y proyectos científicos; dichos recursos no podrán ejercerse en servicios personales y deberá reportarse en los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de dichos recursos."
A pesar de lo estipulado en el artículo 51 del PEF, se ha presentado una problemática la cual ya ha sido publicada en varios medios impresos, en donde se observa que el IFE está dando uso a los montos obtenido por concepto de sanciones a partido políticos, para cubrir sus pasivos laborales, infringiendo así con lo estipulado por dicho artículo.
Por otro lado México se encuentra como último lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en materia de capacidad de "innovación", al registrar el más bajo nivel de patentes para desarrollo científico. Además de ubicarse en el nivel más bajo en cuanto a inversión en ciencia y tecnología y en el número de personas dedicadas a este sector.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que en México se forman alrededor de 2 mil doctores, que representan un verdadero potencial científico para el país, pero están siendo desaprovechados por el cierre de plazas en los centros de investigación. Lo cual es un factor desalentador para que los jóvenes participen en aéreas que involucren el desarrollo del conocimiento.
En México la inversión en proporción al producto interno bruto (PIB) para ciencia y tecnología, registró la más baja inversión respecto a los 30 países de la OCDE.
México invirtió cerca del 0.35 por ciento del PIB, quedando por debajo de Eslovaquia, Polonia, Grecia, Turquía y Hungría, naciones cuya inversión fue entre el 0.5 y 0.9 por ciento de su PIB a este rubro.
El país que más recursos destinó al desarrollo científico y tecnológico es Suecia con 3.60 por ciento de su PIB, seguido de Corea con 3.49 por ciento y Finlandia, con 3.48 por ciento.
Sobre el número de científicos o personas que de tiempo completo se desempeñan en sectores y áreas de desarrollo de nuevas tecnologías o en investigación, México cuenta con un científico por cada mil trabajadores de la población económicamente activa. Esa cifra se queda muy por debajo de los 16 que tiene Finlandia, 13 de Islandia, 12 de Suecia, 11 de Japón y 10 de Dinamarca o Nueva Zelanda. Incluso 1.5 de Sudáfrica y los 2 de Argentina o Rumania.
De esto deriva la importancia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cuyo objetivo principal es impulsar y fortalecer el desarrollo científico y la modernización tecnológica de México, mediante la formación de recursos humanos de alto nivel, la promoción y el sostenimiento de proyectos específicos de investigación y la difusión de información científica y tecnológica.
Por lo que es necesario precisar que el IFE agilice los trámites para la recaudación de sanciones impuesta por dicho instituto, tanto en su procedimiento y plazos de tiempo establecidos, para que dicho recursos a través del Conacyt se aprovechen en fomentar el desarrollo científico y tecnológico del país.
Cabe mencionar que el Conacyt debe aplicar los recursos reasignados por parte del IFE a proyectos sustantivos y de igual manera no ser canalizados a gastos de operación y pago de nomina por parte de este organismo.
Por lo expuesto, someto a esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Instituto Federal Electoral respecto a que el uso de los recursos obtenidos por sanciones a partido políticos, sean reasignados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en cumplimiento a lo señalado por el artículo 51 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.
Segundo. Se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con respecto a los recursos que sean reasignados por parte del Instituto Federal Electoral, a destinarlos en actividades y proyectos científicos. Tal como se menciona en los términos de las disposiciones aplicables al Ramo 38 para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y los centros públicos de investigación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veinte días del mes de abril del año 2010.
Diputado Alejandro del Mazo Maza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EFECTUAR MEDIANTE LA SRE ACCIONES PARA
NORMALIZAR LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON HONDURAS, A CARGO DE
LA DIPUTADA ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 73, fracción XXX, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo según las siguientes
Consideraciones
Ampliar y profundizar las relaciones políticas, económicas, culturales y de cooperación con las distintas regiones del mundo a favor del desarrollo integral de todos los mexicanos es la esencia de las relaciones bilaterales para asegurar la coordinación de las acciones y programas en el exterior de los tres niveles de gobierno y los distintos poderes que incidan en las relaciones de México con otros países a fin de vigorizar la expresión de la identidad cultural y la imagen de México.
Nuestro país a través de su cancillería debe fortalecer y defender los valores y derechos de la persona humana, los principios de libertad, democracia, justicia, solidaridad, paz internacional e impulsar los procesos de cambio, transformación, creación e integración de las estructuras de la sociedad entre las naciones.
México y Honduras han observado un dinamismo comercial desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio México-Triángulo del Norte, en particular el crecimiento de las exportaciones de Honduras a México, el cual tiene perspectivas de incrementar el intercambio comercial y la inversión, debido a la progresiva desgravación arancelaria prevista en el tratado y la creciente confianza de los inversionistas en dicho instrumento comercial.
La crisis política y social de los últimos años ha implicado situaciones difíciles en la Republica Hondureña al grado en que la comunidad internacional a través de la Organización de los Estados Americanos, el Parlamento Centroamericano y el Grupo de Río denunciaron los acontecimientos ocurridos en el país centroamericano de manera unánime, incluso en los foros regionales se emitieron resoluciones para condenar al golpe de Estado perpetrado en la República de Honduras, irrumpiendo el orden constitucional y democrático en ese país, así como para refrendar la exigencia de restituir en su cargo al presidente José Manuel Zelaya, en un entorno de paz y estabilidad.
Durante estos acontecimientos México (junto con Brasil, Chile y Argentina) hicieron intentos por establecer una posición de firmeza en cuanto al rechazo del golpe y sobre la necesidad absoluta de la vuelta a la paz en la nación hondureña, pero que al mismo tiempo le permita seguir siendo visto como posible interlocutor y actor central en el proceso de normalización de la situación. Al respecto, es importante señalar que la diplomacia mexicana y sudamericana coincidieron en ser actores relevantes en la región, lo cual permitió trabajar conjuntamente en la gestión de la crisis.
El actual gobierno hondureño ha mostrado esfuerzos encaminados a restaurar las relaciones diplomáticas en Latinoamérica y el Caribe, ya que son factor fundamental de cooperación para atender temas de interés común, tales como seguridad nacional, el Plan Puebla Panamá, la región de Mesoamérica, el problema del narcotráfico, el Tratado de Libre Comercio y muchos más que nos unen.
En este tenor, y tomando en consideración los lazos históricos de amistad con Honduras, México, consciente de su responsabilidad para coadyuvar en la promoción de la paz y la estabilidad en la región, ha realizado diversas gestiones en el ámbito continental, con el exclusivo propósito de encontrar una solución que haga prevalecer la estabilidad social y política de Honduras.
Nuestra Carta Magna a la letra señala en el artículo 89, fracción X, que el presidente de la Republica tiene la obligación y facultad de dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre éstos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales
Es por ello que la razón de restablecer las relaciones entre México y Honduras es impulsar y fortalecer la amistad entre las dos naciones y el diálogo político al más alto nivel, ya que existen entre ambos países potencial y coincidencias en la relación para profundizarla en todos los ámbitos y, de manera destacada, el comercial y financiero, y la cooperación técnica, científica, educativa y cultural, para el beneficio de los pueblos de ambos países, para que ésta se constituya en un espacio permanente de desarrollo económico y social.
De normalizarse las relaciones diplomáticas entre ambos países, se impulsará el aporte sobre los temas internacionales de la agenda binacional, con una visión de Estado y de gestión compartida del bien común, así como colaborar a su socialización y comunicación.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se hace un atento y respetuoso exhorto al Ejecutivo a efecto de que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de conformidad con los principios constitucionales de política exterior, se lleven a cabo las acciones necesarias a fin de lograr la normalización de las relaciones diplomáticas entre México y la República de Honduras.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2010.
Diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A PRESENTAR MEDIANTE LA SAGARPA FORMAL
DENUNCIA CONTRA LOS DEFRAUDADORES DEL SISTEMA DE GARANTÍAS Y ACCESO
ANTICIPADO A PAGOS FUTUROS DEL PROCAMPO, A CARGO DE LA DIPUTADA NORMA LETICIA
OROZCO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
La suscrita, Norma Leticia Orozco Torres, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permite presentar ante esta soberanía proposición con puntos de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a ejercer acción penal mediante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) contra los defraudadores del Sistema de Garantías y Acceso Anticipado a Pagos Futuros del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El decreto que expide el Procampo, firmado el 21 de julio de 1994 por el Ejecutivo federal, tenía el objetivo de apoyar el campo mexicano debido a que los productores locales estaban en clara desventaja ante los estadounidenses y canadienses, en el contexto de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
La intención de la Ley de Capitalización del Procampo era poner al alcance de los productores agrícolas recursos suficientes para invertir en el campo y, de ese modo, poder ser más competitivos ente los mercados internacionales. Asimismo, se pretendía crear una política pública que estimulara la independencia de alimentos generados por otras naciones. Dicho sistema de capitalización permitía acceder a pagos futuros del Procampo; se otorgaban los apoyos con el único objetivo de que se trabajaran las tierras de cultivo. Los apoyos se conferían de forma anticipada al productor para que éste pudiera invertir en maquinaria, semillas, sistemas de riego y demás insumos que permitieran mayor rendimiento de la tierra. Dichos apoyos resultaban de gran ayuda para los trabajadores del campo debido a que los recursos se otorgaban con un mínimo de trámites burocráticos.
El Procampo otorga los recursos por hectárea de cultivo, siempre que sea lícito y se esté inscrito en el directorio del Procampo. "El apoyo se entrega a los productores que acrediten ser propietarios o poseedores de buena fe o en posesión derivada (en arrendamiento, usufructo, aparcería) de predios con superficies elegibles en explotación inscritos en el Procampo" (http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_183.asp). Esta simplicidad de requisitos permite que gran cantidad de productores del país se beneficie.
La Ley de Capitalización del Procampo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2001, establece que el objetivo de crear un sistema que permita a los productores del campo acceder a una capitalización anticipada es
II. Proporcionar a los productores certidumbre de que recibirán los apoyos para instaurar proyectos productivos que permitan mayor capacidad de negociación al enfrentar los compromisos mercantiles, así como aprovechar las oportunidades derivadas de los acuerdos y tratados internacionales en la materia; y
III. Proporcionar condiciones para la disponibilidad y acceso a recursos crediticios.
El objetivo de este acuerdo es que las personas que se hayan beneficiado con recursos del Sistema de Garantías y Acceso Anticipado a Pagos Futuros del Procampo y que no hayan ejercido los recursos conforme a sus fines, o que los hayan recibido para después vender sus terrenos por los cuales recibieron una cantidad anticipada del Procampo, no queden en la impunidad después de lucrar con recursos públicos que tenían una finalidad social en específico.
Hay diversos casos tan sólo en Michoacán donde los productores no pueden recibir ningún tipo de apoyo por el Procampo, ya que la Sagarpa los ha sacado del padrón por incumplimiento, pues sus tierras pertenecieron a personas que no ejecutaron los recursos del programa, y posteriormente las vendieron, un lucro indebido.
El campo mexicano es un sector social y productivo al que históricamente se ha dejado desprotegido por los gobiernos, por lo que programas como el Procampo son de los pocos que en realidad pretenden ayudar a los agricultores. Por ello que no podemos permitir que este tipo de políticas públicas se desvirtúen por personas sin conciencia del daño que provocan al hacer un uso indebido de los recursos que otorga el gobierno destinados a la producción agrícola.
Las personas que adquirieron compromisos según lo establecido en la Ley de Capitalización del Procampo, así como en el decreto de creación de éste, y que no cumplieron sus obligaciones pueden ser responsables del delito de fraude. El Código Penal Federal establece en el Capítulo III, artículo 386, lo siguiente:
Capítulo III
Fraude
Pese a que la Ley de Capitalización del Procampo establece en el tercer artículo transitorio que "el Sistema de Garantías y Acceso Anticipado a Pagos Futuros del Procampo tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008", por la naturaleza del delito de fraude y según el artículo 107 del Código Penal Federal, sólo empieza el tiempo de prescripción de dicho acto ilícito cuando el afectado tiene conocimiento del delito y del delincuente. Y una vez formulada la querella tendrá un tiempo de prescripción de tres años, según la interpretación del artículo 113 del mismo código. Por ello, que la Ley de Capitalización del Procampo se haya quedado sin ejercer desde 2008 no significa que ya no pueda perseguirse el delito de fraude. Todavía es posible incitar a las autoridades correspondientes a que se haga justicia, para no dejar en la impunidad a las personas que defraudaron al gobierno y, peor aún, perjudican a los trabajadores honestos del campo, los que realmente necesitan los recursos para producir alimentos.
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a presentar mediante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la formal denuncia para que el Ministerio Público ejerza la correspondiente acción penal por la posible comisión del delito de fraude contra las personas que hayan hecho uso indebido del Sistema de Garantías y Acceso Anticipado a Pagos Futuros del Procampo.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a informar a esta soberanía mediante la Sagarpa sobre el padrón del Procampo y de las personas que con recursos previstos en el Sistema de Garantías y Acceso Anticipado a Pagos Futuros del Procampo no ejecutaron los proyectos destinados al campo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 29 de abril de 2010.
Diputada Norma Leticia Orozco Torres (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA PROTECCIÓN, EVALUACIÓN Y REMEDIACIÓN DE LAS AGUAS
DEL GOLFO DE MÉXICO POR EL DERRAME PETROLERO, A CARGO DEL DIPUTADO
ALEJANDRO DEL MAZO MAZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
El que suscribe, diputado federal Alejandro del Mazo Maza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente proposición con puntos de acuerdo, en tenor de las siguientes
Consideraciones
El Golfo de México es calificado como el noveno cuerpo de agua más grande del mundo, se le considera la cuenca de aguas protegidas más grande del océano Atlántico, considerado como un mar semicerrado parcialmente conectado con el océano Atlántico a través del estrecho de Florida y con el mar Caribe a través del canal de Yucatán y es compartido por México, Estados Unidos y Cuba.
De las amenazas, procesos de impacto y deterioro ambiental en el Golfo de México, se destacan la degradación de zonas costeras adyacentes a centros urbanos y turísticos, las altas tasas de explotación de recursos naturales, entre otros los pesqueros, los altos índices de contaminación e impacto ambiental en sus ecosistemas, los cambios ambientales que inciden en la distribución y abundancia de la fauna (peces, aves y mamíferos) y la alta vulnerabilidad de esta región a los efectos del cambio climático global.
Desde el punto de vista biológico el Golfo de México cuenta con un conjunto de ecosistemas de gran riqueza tanto en la parte terrestre continental como en la insular y en su porción marina, los sistemas costeros abarcan formaciones de humedales como los pantanos de Centla y la reserva de la biosfera de Sian Ka’an, entre otros. Sistemas de matorral costero con diferentes formas poco comunes como los sistemas de palmares de Holbox o las marismas de Ría Lagartos, entre otros.
Dentro de la interface costera hacia la porción marina sobresalen una gran cantidad de bahías, caletas y ensenadas entre otras formaciones que actúan como zonas de crianza, reproducción o refugio para diferentes especies y que albergan junto con los sistemas estuarinos una gran cantidad de recursos biológicos de importancia comercial en la forma de juveniles; entre estas formaciones sobresalen las bahías de Chetumal, Espíritu Santo y Ascensión; la parte costera de la Sonda de Campeche, las rías de Yucatán y las formaciones de manglares que se encuentran distribuidos a lo largo de todo el Golfo de México.
En la porción netamente marina, existen varios sistemas de arrecifes coralinos que muestran un buen desarrollo tanto en el Golfo de México como en el mar Caribe los cuales proporcionan características fisiográficas especiales a los litorales, como sucede con los arrecifes de Tuxpan, Blanquilla y Lobos, o el complejo arrecifal cercano al puerto de Veracruz.
Hacia el sur e incluyendo a Campeche, Yucatán y Quintana Roo se encuentran los arrecifes de Arcas, Triángulos, Arenas, Alacranes y Chinchorro además de los sistemas costeros que conforman la porción occidental del Sistema Arrecifal Mesoamericano.
En la región del Golfo de México y el Mar Caribe, se encuentran ampliamente distribuidas y desarrolladas dos de las actividades más importantes para el país en cuanto a generación de ingresos: la extracción y refinación de petróleo y la industria turística.
La plataforma Deepwater Horizon, que se encontraba en el Golfo de México, se hundió el pasado jueves 22 de abril del presente, frente a las costas de Louisiana, operada por la empresa Transocean Ltd, de Houston. La plataforma se encuentra bajo contrato de la empresa británica British Petroleum, PLC.
Esta plataforma contenía 2.6 millones de litros de petróleo y extraía ocho mil barriles diarios, equivalentes a 1 millón 272 mil litros. Por el hundimiento de esta plataforma se calcula que diariamente se está vertiendo en las aguas del Golfo de México, más de un millón de litros de crudo, lo cual equivale a 8 mil barriles diarios, causando un grave daño a los ecosistemas marinos y a la pesca nacional del Golfo de México.
Por lo que el gobierno federal a través, de las entidades que sean pertinentes para solucionar este problema, primero solicite un informe pormenorizado de la situación del derrame y la contaminación que está produciendo, y en segundo exija la remediación del daño ambiental ocasionado.
Por lo expuesto, someto a esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realice una evaluación de los impactos ambientales en las aguas del Golfo de México.
Segundo. Se hace un atento exhorto al Ejecutivo federal para que, a través de las entidades que sean pertinentes, exija un informe pormenorizado a los autores del derrame petrolero en aguas del Golfo de México.
Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de las entidades que sean pertinentes, exija la remediación del daño ambiental ocasionado en el Golfo de México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 29 días del mes de abril del año 2010.
Diputado Alejandro del Mazo Maza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEMARNAT A REALIZAR ACCIONES QUE GARANTICEN EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE
LA VIDA SILVESTRE, A CARGO DE LA DIPUTADA ROSARIO BRINDIS ÁLVAREZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
La suscrita, diputada Rosario Brindis Álvarez, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición como de urgente y obvia resolución, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
La megadiversidad es el conjunto de ecosistemas, especies y diversidades culturales que en abundancia existen en un país. En la actualidad existen 12 países que son considerados megadiversos, México es uno de ellos. Una prueba clara de ello es que alberga más del 9 por ciento de especies vegetales y casi 6 por ciento de la fauna del mundo, además de ser el primer lugar a nivel mundial en poseer una extensa y diversificada gama de reptiles, el segundo lugar en mamíferos y el cuarto en anfibios y fanerógamas. Es considerado el cuarto lugar en tener una gran diversidad de plantas; sin dejar atrás que existe una elevada cantidad de especies endémicas, lo cual significa que casi un tercio de las especies mamíferas terrestres son originarias de nuestro país.
Toda esta megadiversidad está concentrada sobre todo en espacios rurales e indígenas, ya que es ahí en donde se encuentra más del 80 por ciento de los ecosistemas con niveles óptimos de conservación.
Debido a la falta de programas que regularan el uso de suelo en las actividades ganaderas y de agricultura, al exceso de urbanización en zonas que anteriormente eran focos de concentración de importante biodiversidad, a la contaminación y a la carencia de políticas públicas que delimitaran los marcos normativos para el uso de los recursos, comenzó un significativo deterioro de los suelos y de los ecosistemas que provocó la desaparición irreversible de especies de flora y de fauna.
A raíz de lo anterior, además de diversos programas impulsados por la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) y de la creación de la NOM-059-ECOL-1994, sustituida después por la NOM-059-ECOL-2001, se creó el Sistema de Unidades para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (Suma), sistema diseñado para promover el desarrollo de alternativas de producción compatibles con el medio ambiente.
Las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (Umas) son áreas delimitadas bajo cualquier régimen de propiedad que pueden ser utilizadas para el aprovechamiento de especies y productos, mediante el uso directo o indirecto de los recursos de la vida silvestre. Estas unidades integran al Suma y se clasifican en extensivas e intensivas.
Las Umas extensivas son aquellas que están comprendidas por los espacios que se conforman por especies que viven de manera natural, sin ser limitadas y/o alteradas en su crecimiento, reproducción y vida.
A su vez, las Umas intensivas son las áreas en donde se mantienen a las especies en cautiverio o confinamiento controlado, con el fin de lograr la reproducción o propagación de animales y vegetales, tal es el caso de zoológicos, jardines botánicos, viveros o criaderos de fauna.
La importancia de estos esquemas radica en la conservación de especies que por su uso irracional se encuentran amenazadas y tienen tendencia a desaparecer, a través de un sistema que garantiza la protección y el aprovechamiento sustentable de todos aquellos ejemplares que aunque han sido parte importante para el desarrollo de la actividad económica del país, su explotación ha originado una agraviante desaparición.
Las cifras actuales indican un alza alarmante de desaparición desde hace unas décadas atrás.
Es decir, de 1920 a 1930 veintidós especies desaparecieron. Dicha cantidad aumentó a 64, cincuenta años después. Para 1990 veintiocho especies más habían desaparecido, lo que parece indicar que de 1920 a 1990 México registró un total de 114 especies extintas o probablemente extintas.
Al respecto cabe mencionar que a la fecha la extinción de especies no es un problema resuelto. Muy al contrario, los porcentajes de desaparición siguen ascendiendo; lo anterior lo demuestra las cifras de 1994 al 2002, lapso en donde se registraron 41 especies desaparecidas. Y tal parece que en la actualidad esta situación parece no mejorar, pues en el 2008 se registraron 155 especies en la categoría de probablemente extintas.
De seguir así, México podría también ocupar paradójicamente el primer lugar en destrucción de sus ecosistemas y recursos naturales produciendo además de daños irreparables al equilibrio ambiental, daños alternos a la economía del país.
Pese a la clara importancia que representa tener un control de gestión y una planificación constante de las reglas de operación para el uso y explotación de ejemplares dentro de las Umas a efecto de continuar explotando los recursos silvestres de manera sustentable y garantizar la existencia futura de todas las especies silvestres amenazadas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no se ha dado a la tarea de intervenir completamente en ello.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano superior encargado de fiscalizar los recursos de la Cuenta Pública, dio a conocer datos en el "Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008" relacionados a la ineficiente operación de la Semarnat al respecto del manejo y control de las Umas.
Dicha información señala que el organismo encargado de proteger el medio ambiente, no elaboró las listas e inventarios de especies y poblaciones prioritarias, no consolidó el Subsistema Nacional sobre la Vida Silvestre ni promovió el Suma a fin de fomentar la preservación de los recursos naturales y generar alternativas de desarrollo rural sustentable.
Al respecto la Semarnat señaló que las listas e inventarios no fueron elaborados debido a que el Consejo Consultivo Nacional para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre, el cual era responsable de dar una opinión previa a la publicación de la lista, no había sido instalado aún.
Contrario a lo que indica la Ley General de Vida Silvestre, la instancia fiscalizadora indicó que la Semarnat no cumplió con el objetivo de formular, conducir, operar y evaluar la política nacional en materia de vida silvestre, a fin de lograr la conservación mediante la protección y el aprovechamiento sustentable, toda vez que se demostró que el 81 por ciento de la superficie total que corresponde a las 28 millones hectáreas de extensión territorial de las Umas, se encontraba lejos de las regiones de alta biodiversidad y únicamente 26 de las 8,648 Umas fueron sometidas a revisiones técnicas por parte de la misma.
Tal parece indicar que el objetivo para el cual fueron creadas las Umas no ha sido alcanzado, y las especies que subsisten bajo la protección de este sistema no están siendo debidamente monitoreadas a razón de que la población de ciertas especies ha disminuido drásticamente a pesar de encontrarse dentro del esquema de protección de las Unidades de Manejo. Lo anterior se respalda en que, conforme lo señalado por la ASF, la densidad poblacional de 10 especies disminuyó de 2006 al 2008 de 8 hasta 71 por ciento y anualmente 3 especies más perdieron el 2.5 por ciento de su población. Lo cual indica una grave incompetencia por parte de las autoridades para asegurar la conservación de todos los ejemplares amenazados.
Asimismo, se indicó que de las 3 mil especies protegidas por las Umas, tan solo 367 estaban clasificadas como de riesgo por la NOM-059, empero, la norma oficial no ha sido publicada en su nueva versión y en ella se enlistan las nuevas especies en peligro de extinción.
En la misma tónica se señaló que la Semarnat también ha incumplido con los tratados internacionales en la materia, pues la ASF señaló que la autoridad ambiental no presentó a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, los informes bianuales desde 2005, y en 2008 tampoco entregó el reporte anual.
Adicionalmente, pese a todas las inconsistencias anteriormente señaladas, el órgano superior dio a conocer que existe falta de coordinación entre las actividades realizadas por la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Esta instancia vigiló 9 unidades, de ellas 4 no presentaron plan de manejo; 6 no elaboraron informe de actividades; 6 no contaron con la autorización sobre tasas de aprovechamiento, y una no estableció vigencia en el registro, todo lo anterior fue del conocimiento de la Profepa y sin embargo ninguna de las irregularidades detectadas fue dictaminada.
De esta manera se entiende que no existe mejora alguna ante las inconsistencias que se han detectado, ya que ni la Semarnat ni la Profepa han tomado las medidas necesarias para solucionar los errores con los que operan las Unidades de Manejo y el Suma en general.
De conformidad con lo anteriormente señalado, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a cumplir con los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y elaborar de manera detallada y concisa las listas e inventarios necesarios de las especies y poblaciones prioritarias para su identificación y debida protección, así como el establecimiento de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre en áreas donde se concentre alta biodiversidad a efectos de garantizar el desarrollo sustentable de las especies silvestres.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las visitas técnicas necesarias a todas las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre a fin de mantener un constante monitoreo de dichas áreas y su correcto funcionamiento.
Tercero. Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente trabajen coordinadamente para permitir el mejoramiento de los procesos de inspección y vigilancia y se dictaminen debidamente las irregularidades que se llegaran a encontrar en dicho proceso.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos a los veinte días del mes de abril de 2010.
Diputada Rosario Brindis Álvarez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA COMPARECENCIA ANTE ESTA SOBERANÍA DEL TITULAR DE
LA STPS PARA QUE INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA LIQUIDACIÓN DE
LOS TRABAJADORES DE LA HOY EXTINTA LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, A CARGO DEL
DIPUTADO EDUARDO MENDOZA ARELLANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes
Considerandos
El pasado diez de octubre de dos mil nueve, el Poder Ejecutivo federal emitió el decreto de extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro, decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor el once del mismo mes.
El pago de liquidaciones con el bono adicional a los trabajadores que así lo quisieran, ascendiendo a un total aproximado de 20 mil millones de pesos, ante este hecho es necesario saber de dónde se obtuvieron los fondos necesarios para la liquidación, pues se trata de una gran cantidad de recursos financieros que erogo la nación y que debieron haber estado presupuestados con anterioridad, habida cuenta que las liquidaciones fueron realizadas en el mismo año que se decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro, es decir, en 2009, lo cual significaría que ya estaba planeada tal liquidación con mucho tiempo de anticipación, o bien, se afectó a alguna entidad gubernamental, que pudo haber quedado desprotegida por falta de recursos, lo cual conllevaría al supuesto de salvar una entidad, con el alto costo de perjudicar a otra, y quizás sin motivos suficientes y con un alto costo al erario nacional, como al pueblo de México en general, quien al final es el que termina pagando los errores del gobierno.
Es también necesario que se le informe al pleno de esta Cámara, quien le autorizó a la secretaría a su cargo el pago adicional de un bono a aquellos trabajadores que aceptaran su liquidación y con cargo a que partida presupuestal, toda vez que la erogación calculada para tal efecto llega a cuatro mil millones de pesos adicionales; previo a tal disposición, debieron estimarse las consecuencias del gasto, así como razonar si esta erogación era prioritaria; de igual manera debe considerarse si será ésta la costumbre par la liquidación de empresas de este tipo, ya que de otra manera, se rompería con el principio constitucional de igualdad, pues crea un antecedente preocupante para el gasto público, pues habrá que cumplirse con el derecho de igualdad, dándole un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales.
Lo anterior, en virtud de que el secretario del Trabajo y Previsión Social, licenciado Javier Lozano Alarcón, señaló que "se otorgará compensación adicional por personal, al margen de su indemnización y de su antigüedad, y van desde un 10 por ciento a quienes tienen antigüedad de seis años; 20 por ciento de entre seis años y menor a 11 años; 40 por ciento para aquellos de 11 años pero menos de 20 años; 60 por ciento para los trabajadores de 21 años y menos de 26 años; y de 80 por ciento adicional a toda esta indemnización y demás cantidades adicionales a los de más de 26 años de antigüedad".
Por otra parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público anunció en su momento que la liquidación de la compañía Luz y Fuerza del Centro ascendería a unos 20 mil millones de pesos, y posteriormente en conferencia de prensa, en donde lo acompañaron los secretarios del Trabajo, Javier Lozano; de Energía, Georgina Kessel; de Gobernación, Fernando Gómez Mont, así como el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, dijo que "el gobierno federal ofrece la indemnización en términos de la ley". De acuerdo a la estimación, el costo ascendería a cerca de 16 mil millones de pesos y que además el gobierno federal estaba dispuesto a dar una compensación mayor a lo que establece la ley, sin que al efecto hubiere precisado de dónde se obtendrían los recursos para el pago de la compensación mayor a lo que establece la ley, lo cual se encuentra fuera de ésta, pues el costo de liquidación que anunció el entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público era de 20 mil millones de pesos, esto es 4 mil millones más de la liquidación que establece la ley.
Partiendo de esto, resulta irónico que por un lado el gobierno federal insiste en recortes de personal y austeridad gubernamental y, por otro, se anuncia benevolente regalando 4 mil millones de pesos.
Por lo expuesto, en cumplimiento con el compromiso de transparencia y rendición de cuentas, se solicita la comparecencia del secretario del Trabajo y Previsión Social a fin de que informe sobre los siguientes cuestionamientos:
2. ¿A cuánto asciende el total de las liquidaciones pagadas a los trabajadores de la compañía Luz y Fuerza del Centro?
3. ¿A cuánto asciende el total de compensaciones pagadas a los trabajadores de la compañía Luz y Fuerza del Centro que han sido liquidados?
4. ¿Cuántos trabajadores de la compañía Luz y Fuerza del Centro han sido liquidados y cuántos faltan por liquidar?
5. ¿De qué ramo, capitulo y partida presupuestal se dispusieron los recursos para el pago total de liquidaciones y compensaciones adicionales para los trabajadores de la compañía Luz y Fuerza del Centro?
6. ¿Cuál es el fundamento legal en que se basó el gobierno federal a través de la secretaría a su cargo para ofrecer y pagar un bono o compensación adicional a los trabajadores de la compañía Luz y Fuerza del Centro por casi 4 mil millones de pesos?
7. ¿Si se sigue pagando el bono o compensación adicional a los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro que aceptan ser liquidados en estas fechas?
8. Si no se sigue pagando, ¿en dónde se encuentran depositados los recursos que fueron destinados para tal concepto?
9. ¿Qué entidad gubernamental está encargada de llevar a cabo la liquidación de los trabajadores de la compañía Luz y Fuerza del Centro?
10. ¿Si el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes le otorgó poder a la Comisión Federal de Electricidad para llevar a cabo las funciones que le fueron otorgadas en el decreto de fecha diez de octubre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de ese mismo mes y año?
11. En caso afirmativo, tenga a bien explicar en dónde se encuentran las atribuciones del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para poder delegar sus funciones a terceros y, en especifico, a la Comisión Federal de Electricidad, respecto del decreto del diez de octubre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de ese mismo mes y año.
12. ¿En dónde se encuentran las bases para el funcionamiento de la Comisión Federal de Electricidad?
13. ¿En qué fecha fue presupuestada la liquidación de los trabajadores de la compañía Luz y Fuerza del Centro?
Punto de Acuerdo
Único. Se cite a comparecer a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de su titular, licenciado Javier Lozano Alarcón, para que informe sobre el estado que guarda la liquidación de los trabajadores de la hoy extinta compañía Luz y Fuerza del Centro, así como la procedencia de los recursos destinados para este objeto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2010.
Diputado Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A SUSPENDER MEDIANTE LA SEDESOL Y DIVERSAS
DEPENDENCIAS FEDERALES LOS PROCESOS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN
A PROGRAMAS SOCIALES EN ESTADOS DONDE HABRÁ ELECCIONES, A CARGO
DEL DIPUTADO JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PVEM
El que suscribe, Juan Carlos Natale López, diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno el presente punto de acuerdo bajo las siguientes:
Consideraciones
El motivo de la presente proposición con punto de acuerdo, responde a un contexto coyuntural sumamente complejo y delicado dado el tratamiento en que se están llevando a cabo los procesos político-electorales en las 15 entidades federativas donde se renovarán entre Ejecutivos estatales, congresos y presidencias municipales.
Por un lado, tal y como era de esperarse, la lógica del aparato gubernamental federal por conseguir a como dé lugar el poder político en diversos estados del país no va a descansar hasta conseguir nuevamente la polarización social y una lucha fraticida hasta en los lugares más recónditos de los estados, esto se desprende, cuando no se puede negar lo evidente que ha sido hasta el momento la operación política y la injerencia de ciertas delegaciones federales para favorecer a los candidatos de extracción del partido en el gobierno federal.
En efecto, las estructuras gubernamentales federales siguen sustituyendo por completo las estructuras partidarias en los estados; el uso y aplicación de recursos públicos se hacen cada vez más presentes en su intento por cooptar y garantizar el voto ciudadano a sus intereses políticos; los instrumentos de asistencia, beneficio y desarrollo social, que legal y legítimamente representan recursos autorizados y aprobados por ésta Cámara de Diputados, siguen siendo las vías más idóneas para ejercer la coacción, la manipulación, el chantaje y el clientelismo electoral. Ejemplo de ello, es que ya son incontables los testimonios de las familias y personas que han sido objeto de algún tipo de insinuación y utilización electoral, y que por miedo a algún tipo de represalia o afectación en su inscripción a los padrones de beneficiarios, prefieren guardar silencio y no denunciar los hechos cuando de antemano saben que las instancias electorales competentes para hacerlo siguen siendo juez y parte de la misma causa de quien denuncian.
Lo anterior contraviene con toda amplitud lo estipulado en párrafo quinto del artículo 32 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación así como del artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social con respecto a la utilización y operación del programa Oportunidades, principal programa manipulado por diversos funcionarios federales para fines electorales, no obstante se encuentran en la misma situación más de 35 programas entre diversas áreas con capacidad de cobertura nacional y presupuesto considerable para ser susceptibles a intereses partidistas con alcances precisos.
Recordemos que para este año 2010, esta soberanía aprobó un presupuesto de poco más de 63 mil millones de pesos para que la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades ampliara la atención y cobertura del programa. Asimismo, cabe destacar que este presupuesto, se significa en la medida de que fue producto de adecuaciones fiscales por parte de éste Congreso en aras de aprobar un presupuesto menos dañino en comparación a la propuesta inicial del Ejecutivo federal, en el que, para efectos del programa Oportunidades, sostenía que su viabilidad financiera y ampliación dependía de la creación de nuevos impuestos como la propuesta de establecer un 2 por ciento generalizado al consumo incluido alimentos y medicinas, propuesta que prosperó solamente en los anales legislativos. A pesar de ello, y como un logro histórico para la política social del país, la mayoría de los legisladores del PRI, PVEM, PRD, Convergencia, PT y Nueva Alianza asumimos, como una acción responsable y comprometida, la consecución de una política social real de estado con alcances y resultados objetivamente sin precedentes fuera de distingos partiditas, méritos burocráticos o créditos políticos; sin embargo, es posible que por cuestiones de coyunturas político-electorales como en la que estamos inmersos, los logros y avances de la política social por cuanto a atención y superación a la pobreza, se trunquen y se extravíen cayendo en la simulación y el desperdicio –de recursos financieros, técnicos, y humanos–, y en el peor de los casos, al fracaso integral de la política social al beneficiar con base a preferencias político-electorales tal y como se ha venido registrando en algunas entidades del país donde se celebrarán elecciones.
Tan sólo, para abundar en el tema, otro programa que también está siendo utilizado para fines distintos a los que justificaron su creación es el denominado 70 y Más, mismo que representa un alto grado de rentabilidad electoral más que nada porque en este año deberá otorgar una cobertura de 2.1 millones de adultos mayores de 70 años con base en un presupuesto, que podrá aumentar de acuerdo con las disponibilidades, de poco más de 13 mil millones de pesos, representando por sí mismo casi el doble de lo destinado para la seguridad pública de los estados y el Distrito Federal (6,916.8 millones de pesos); el triple de lo que representa el presupuesto plurianual para 2010 para obras de infraestructura (4,904.6 millones de pesos); casi el doble del Fondo Metropolitano (7,455.0 millones de pesos) que comprende 32 zonas metropolitanas con más de 400 municipios del país.
En este sentido, nosotros los legisladores federales, debemos de velar y exigir reiteradamente la imparcialidad y calidad en el desempeño y aplicación real de los recursos provenientes de los programas sociales para la población objetivo, condiciones mínimas para seguir aprobando en los subsecuentes presupuestos mayores recursos o, en su caso, la viabilidad de ciertos programas sociales que han perdido su real aportación al combate a la pobreza y marginación, hecho que no sólo se limita al programa Oportunidades, originalmente Progresa, sino que se aplica, repito, a un gran número de programas gubernamentales de diversas vertientes y áreas como en lo social –incluido el área de salud, educación y alimentación–; financiero; de competitividad y productividad; laboral; agrario y medio ambiente, entre otros.
En consecuencia, aprovecho la oportunidad, en voz de un nutrido grupo de compañeros legisladores, para recordarles al gobierno federal y a su nomenclatura de operadores políticos, que tienen la obligación legal de abstenerse en todo momento de condicionar electoral o políticamente los programas sociales; que una acción de esta naturaleza, constituye un delito federal que se sanciona de acuerdo con las leyes correspondientes; que ningún servidor público puede utilizar su puesto o sus recursos para promover el voto a favor o en contra de algún partido o candidato; que el programa Oportunidades así como los proveídos por cualquier tipo de gobierno, poseen el carácter público y su otorgamiento o continuidad no depende de partidos políticos, así como también éstos últimos no pueden utilizar o referir los programas en su propaganda ni mucho menos ejercer represalia en contra de quien denuncie los hechos ante las autoridades ministeriales en materia electoral así como administrativas o, en su caso, jurisdiccionales según sea el caso.
Por tales motivos, sometemos a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, en calidad de urgente resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, a que adelante a esta soberanía por medio de la Comisión de Desarrollo Social, a más tardar en 5 días hábiles a partir de la aprobación del presente punto de acuerdo, la entrega de la información correspondiente sobre la descripción de la estrategia de ampliación de cobertura prevista para el segundo trimestre para los programas de atención social: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y 70 y Más, así como un informe relativo a la ejecución de dicha estrategia de ampliación en el trimestre que se reporta. Asimismo, una vez presentados los informes ante la citada comisión, la misma dependencia federal (Sedesol) suspenda los procesos de afiliación e inscripción de los tres programas sociales en los 15 estados en donde se renovarán entre ejecutivos estatales, congresos locales y presidencias municipales hasta después concluida la jornada electoral del primer domingo de julio del presente año.
Por último, que la misma dependencia se sujete al principio de publicidad en términos de lo que alude la garantía constitucional de transparencia, a efecto de que publique el padrón de beneficiarios, el cual deberá permitir, conocer los nombres de quienes sean atendidos por los programas antes mencionados, así como su localidad, municipio y entidad federativa de residencia, en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás normatividad aplicable.
Segundo. Exhortamos al secretariado ejecutivo así como a sus delegaciones federales en las entidades federativas que forman parte de las diversas coordinaciones nacionales encargadas de los Programas de Desarrollo Humano Oportunidades, 70 y Más, y Seguro Popular, que se abstengan de realizar acciones u omisiones que influyan en la manipulación de los programas para fines político-electorales. Asimismo, consideramos propicio hacer extensivo el exhorto para el resto de las delegaciones federales, a efecto de que los titulares responsables y representantes en los estados, se apeguen a lo normativamente establecido en el ejercicio de sus funciones, ya que, en caso de cualquier anomalía o señalamiento por el incumplimiento con las disposiciones vigentes y aplicables, éstos deberán rendir un informe y comparecer ante la Comisión Especial para el seguimiento y vigilancia de los procesos electorales de esta soberanía a efecto de que desvirtúen los señalamientos imputados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veinte días del mes de abril del año dos mil diez.
Diputado Juan Carlos Natale López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE PEMEX ANTE EL PLENO
DE ESTA SOBERANÍA PARA QUE INFORME SOBRE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS
POR LA ASF EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2008, A
CARGO DEL DIPUTADO EDUARDO MENDOZA ARELLANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD
El suscrito, Eduardo Mendoza Arellano, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con base en los siguientes
Considerandos
El artículo 74, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos confiere la facultad exclusiva a la Cámara de Diputados de la revisión de la Cuenta Pública a través de la entidad de fiscalización superior de la Federación con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
Cuando las entidades auditadas incumplieran el alcance de los objetivos de los programas la Auditoría Superior de la Federación emitirá las recomendaciones pertinentes para la mejora de su desempeño; en el caso de existir discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley.
La fiscalización debe centrarse en tres grandes objetivos con la finalidad de obtener pruebas sobre el uso y destino de los recursos públicos a través de la revisión de documentos contables y financieros; formular opiniones independientes de la situación real de la entidad revisada, respecto a las pruebas obtenidas y; servir como base para la toma de decisiones futuras, de manera que se logre corregir y/ó mejorar en qué y cómo se gasta el Presupuesto.
En la vida democrática, la tarea que tiene encomendada la Auditoría Superior de la Federación es de vital importancia en términos de transparencia y rendición de cuentas; en este sentido las democracias deben ser transparentes y albergar términos afines como auditoría, vigilancia, fiscalización y penalización unidos en la finalidad común de regular el ejercicio del poder, de esta manera crear confianza en las instituciones. El acceso a la información representa un valor superior en la democracia; la transparencia, una herramienta facilitadora en la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.
En la revisión de la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal de 2007 se identificaron 13 áreas de opacidad y riesgo sobre las cuales se han señalado con insistencia la necesidad de una profunda reflexión y acción decidida para ajustar políticas públicas, revisar normas y procedimientos, señalar fortalezas, identificar debilidades, generar oportunidades y abatir amenazas.
En la auditoría de la Cuenta Pública de 2008 en términos de fiscalización de la gestión financiera, Pemex no reporto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las aplicaciones y los ingresos excedentes de los fondos denominados Fondo de Ingresos Excedentes, Fiex, y Fondo de excedentes con una diferencia de 20 mil 578.1 millones de pesos.
Se invirtieron en valores 13 mil 230.4 millones de pesos que debieron canalizarse a inversiones de infraestructura de Pemex y organismos subsidiarios, de los cuales 13 mil 68.8 millones de pesos se encuentran en una cuenta de inversión de Pemex y los restantes 161 mil 580.2 millones en una cuenta del Fiex.
De las observaciones que se desprenden del análisis de la revisión de la Cuenta Pública 2008 Pemex no incluyo en sus procedimientos las actividades a sus áreas operativas para integrar y reportar los resultados trimestrales del Programa de Eficiencia Operativa, así como identificar las fuentes de información y las responsabilidades de las áreas que participan en su ejecución.
Respecto a la evaluación de la eficacia en el Paleocanal Chicontepec por representar el 39 por ciento de la reserva de hidrocarburos, Pemex Exploración y Producción muestra debilidades en la identificación de riesgos a través del "Modelo de administración de riesgos de Pemex Exploración y Producción" que de materializarse podrían afectar la capacidad para alcanzar sus objetivos; no se alcanzaron las metas establecidas en el Programa Operativo Anual en producción de petróleo y gas, ya que se produjeron 28.8 mbpd y 51.3 mmpcd, de los 74.3 mbpd y 86.5 mmpcd programados; no se cumplió con la meta de perforación de pozos de desarrollo, ya que se perforaron 289 de los 728 programados; así mismo no se cumplió con la meta de terminación de pozos de desarrollo, ya que se terminaron 237 de los 596 programados.
El Proyecto de Aceite Terciario del Golfo no es congruente con el análisis costo beneficio que sirvió como base para la autorización de los proyectos de exploración y explotación de petróleo; a demás de que la producción alcanzada entre 2002 y 2008 tan solo fue de 2.5 centavos por cada peso invertido, aunque de haber alcanzado la producción programada el beneficio sería de 93.6 centavos por cada peso invertido.
De los resultados en cumplimiento de metas obtenidos por Pemex Exploración y Producción, de las 7 metas establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, se alcanzó una, en dos no se encontró información sobre su cumplimiento, y en 4 no se alcanzó lo programado.
Se erogó mil 413.2 millones de pesos en exploración y explotación para tres proyectos de inversión en los que Cantarell y Lakach no presentaron evidencia documental para la fijación de objetivos y metas de producción, lo que impidió contar con el análisis costo beneficio.
En lo referente al activo Cantarell no se da cabal cumplimiento a los programas de perforación y terminación de pozos de desarrollo; aunado a ello, los costos presentados por las empresas contratistas privadas son superiores a lo que se lleva a cabo con recursos propios; la inyección de nitrógeno para continuar con los niveles de producción es ascendente, tanto en cantidad como en precio, que también afecta en las especificaciones de calidad a las otras subsidiarias de Petróleos Mexicanos que los consumen; generan aumento de las emisiones de gas a la atmósfera imposible de procesar por la falta de infraestructura; por todo ello, los recursos para investigación de prolíferos y perforación de aguas profundas son prácticamente nulos.
Desde el punto de vista de la Auditoria, la falta de inversión para exploración en aguas profundas y en nuevos campos de desarrollo; la producción de hidrocarburos en declive por el agotamiento del principal activo Cantarell, aunado a las transferencias de recursos que se realizan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vía impuestos y derechos, representan en el mediano y largo plazos que el país no cuente con la capacidad productiva para dar atención a la demanda de hidrocarburos, lo cual se reflejará en mayores niveles de importación de gas, gasolinas y productos petroquímicos.
Es necesario reiterar la apremiante necesidad de continuar impulsando mayor transparencia en la operación de instrumentos de auditoría, tanto en los tres poderes, como en los entes constitucionalmente autónomos; propiciar la rendición de cuentas y la fiscalización del uso y destino de los recursos públicos asignados a los fideicomisos, fondos, y contratos análogos, incorporando los resultados de ejercicio en las cuentas públicas anuales como mecanismo de transparencia y confiabilidad de los entes públicos.
Por lo manifestado, es importante que el titular de Petróleos Mexicanos explique de manera detallada por qué se dio cada una de las omisiones mencionadas, así como los mecanismos que piensa seguir para solventar las observaciones planteadas por la Auditoría Superior de la Federación a fin de cumplir con la tarea encomendada por el cargo que ostenta y garantizar la seguridad energética que el país necesita en materia de hidrocarburos.
Por lo expuesto se desprende el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se cita a comparecer ante el pleno de esta Cámara al titular de Petróleos Mexicanos, doctor Juan José Suárez COPPAL, a fin de que informe sobre las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2008.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los trece días del mes de abril de dos mil diez.
Diputado Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL IFE A CERCIORARSE, MEDIANTE LA COMISIÓN LOCAL DE VIGILANCIA
DE VERACRUZ, DE QUE QUIENES SOLICITAN INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN
ELECTORAL DE LA ENTIDAD CUMPLAN LOS REQUISITOS RESPECTIVOS, A CARGO DEL
DIPUTADO ENRIQUE OCTAVIO TREJO AZUARA Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
Los que suscriben, Juan Pablo Escobar Martínez, Sergio Gama Dufour, Sonia Mendoza Díaz, César Octavio Pedroza Gaitán, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, Francisco Javier Salazar Sáenz y Enrique Octavio Trejo Azuara, diputados federales pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 71 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante el Pleno de ésta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, una proposición con punto de acuerdo por el que se hace un respetuoso exhorto al Instituto Federal Electoral, para que a través de la Comisión Local de Vigilancia del Estado de Veracruz se cercioren que las personas que están solicitando actualmente su inscripción en el padrón electoral de dicha entidad federativa, cumplan plenamente con los requisitos legales establecidos para ello, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La consolidación de la democracia en nuestro país ha sido uno de los principales ejes rectores de la actividad de este honorable Congreso de la Unión, que mediante el dialogo y el trabajo conjunto entre todas las fuerzas políticas y sociales, hemos logrado un avance sustancial para fortalecer el sistema democrático.
En los últimos años, se han redoblado esfuerzos para encontrar mecanismos que permitan al país transitar hacia una forma de gobierno en el que la democracia, la equidad, la justicia y la igualdad sean los principios rectores de nuestra conducta y por la que se debe de guiar la vida democrática.
Las reformas constitucionales y legales en materia electoral de 2007 y 2008 tuvieron por objeto primordial alcanzar la mayor equidad posible en las contiendas electorales, así como dar una mayor protección jurídica a todos los actores involucrados en ésta.
No obstante lo anterior, debemos reconocer que aún estamos frente a grandes retos, como son la práctica desleal y corrupta por parte de gobiernos y dirigentes políticos de ciertas entidades federativas, que "importan" votos a los ámbitos territoriales que todavía gobiernan, con la finalidad de que en forma mañosa y contrario a todo principio democrático, "abulten" los padrones electorales.
Dichos gobiernos y dirigentes políticos no entienden que el ciudadano ya no soporta más, la permanencia marrullera de grupos políticos cuyos actos de gobierno, contrarían el más elemental interés general; de grupos políticos, que utilizan el poder para servirse y no para servir; grupos que utilizan el poder para enriquecer su patriotismo y empobrecer al pueblo.
De lo anterior, contamos con claras evidencias que han exhibido actos de soborno y de malos manejos por parte de servidores públicos de gobiernos locales. Sin duda, hay motivos de sobra, para que el pueblo expulse en forma democrática esos malos gobiernos.
Esta es precisamente la situación que impera en el estado de Veracruz, entidad federativa que en fecha próxima, mediante un proceso electoral, renovará sus representantes en el gobierno; por lo que es seguro que la ciudadanía en forma madura y consiente busque expulsarlos de la estructuras del poder, en razón de lo cual, los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, ya han comenzado a operar el fraude a la voluntad ciudadana.
Sabedores de que por la vía democrática, la gente no consentirá más, la continuidad de un gobierno deshonesto; pretenden arrebatarle a la gente, lo que por derecho les corresponde, como es elegir a sus autoridades en forma libre y pacífica.
Que se recurra a ciudadanos de entidades federativas vecinas para que se inscriban como electores del estado de Veracruz es un acto que no podemos consentir, en el nuevo México que estamos construyendo para nuestros hijos.
Pero este hecho no sólo es infame en sí mismo para toda sociedad que se precie de democrática, sino que además, es un acto moralmente criminal, al ir de la mano con el lucro de las necesidades más apremiantes de las personas, toda vez que se les ofrece, a cambio de su inscripción en el padrón electoral del estado de Veracruz, dinero y despensas.
De ello existen diversas evidencias, como lo podemos observar en periódicos de las entidades federativas colindantes a Veracruz, en dónde por ejemplo, el Diario Zunoticia, en su edición del día 6 de marzo del año en curso, revela información sobre como enganchadores de jornaleros en el estado de San Luis Potosí aceptan que fueron contratados para buscar personas y tramitarles credenciales en el municipio de Corozal Veracruz.
De igual manera, en la página de youtube, encontramos diversos testimonios de personas que radican en el estado de San Luis Potosí y relatan cómo han sido enganchados por personeros del Partido Revolucionario Institucional del estado de Veracruz, los cuales a través de promesas de dinero y despensas, les piden su inscripción en el padrón electoral de dicha entidad federativa.
Y seguramente la situación que actualmente acontece en San Luis Potosí no es la única, si indagamos por las comunidades aledañas al estado de Veracruz, se sumaran muchos más casos, en los que en forma mañosa, se pretende burlar la voluntad ciudadana del pueblo de esa entidad.
Compañeros legisladores, para la mayoría de los mexicanos, es claro que nuestro país se encuentra en una etapa de fortalecimiento de sus instituciones democráticas, en los que existe una ciudadanía cada vez más atenta a los asuntos públicos, y en particular, más vigilante del desempeño de sus gobernantes, y del correcto uso de los recursos públicos, en todos los ámbitos de responsabilidad.
Pero no sólo ello, también están ávidos de que se respete su voluntad expresada en las urnas, como el medio idóneo de la democracia, para la transición política pacífica de sus gobernantes.
En tal sentido, es menester que la autoridad electoral federal lleve a cabo una minuciosa labor de revisión de las inscripciones masivas de ciudadanos al padrón electoral que se estén realizando, así como que se haga un adecuado análisis que permita detectar domicilios donde ilegalmente se estén inscribiendo cantidades inusuales de ciudadanos, particularmente en aquellas entidades donde habrán de celebrarse este año elecciones para con ello, otorgar mayores garantías a los ciudadanos de que los resultados de las próximas elecciones que se celebrarán en el estado de Veracruz será estrictamente el que decida la voluntad de los ciudadanos veracruzanos, ajena de cualquier vicio externo.
Por lo anteriormente expuesto, y considerando que una de las funciones encomendadas al Instituto Federal Electoral a través de las Comisiones de Vigilancia, en términos del artículo 202 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es Vigilar que la inscripción de los ciudadanos en el padrón electoral y en las listas nominales de electores, así como su actualización, se lleven a cabo en los términos establecidos en dicho Código; y que entre cuyos requisitos de inscripción se encuentran el acreditar plenamente su domicilio en dicha entidad federativa, es que se somete a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al Instituto Federal Electoral para que a través de la Comisión Local de Vigilancia del estado de Veracruz se constate plenamente que las solicitudes de inscripción al padrón electoral en dicha entidad, cumplan con los requisitos previstos en la ley.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de abril de 2010.
Diputados: Juan Pablo Escobar Martínez,
Sergio Gama Dufour, Sonia Mendoza Díaz, César Octavio Pedroza
Gaitán, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, Francisco Javier
Salazar Sáenz, Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA QUE SE AUDITEN LOS FONDOS FEDERALES DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN
DEL BULEVAR 2000, ENTRE TIJUANA Y ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, EN LA GUBERNATURA
DE EUGENIO ELORDUY WALTER, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ NARRO CÉSPEDES,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente propuesta:
Se han documentado ampliamente en esta honorable Cámara de Diputados, las violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el cúmulo de tráfico de influencias realizados durante el gobernador del anterior gobierno del estado de Baja California, Eugenio Elorduy Walter, para la creación de un proyecto de suministro energético a Estados Unidos desde territorio Bacaliforniano, pasando por encima de disposiciones constitucionales, legales y financieras de este país.
Independientemente de la evidente corrupción y tráfico de influencias del caso que nos ocupa, una violación más, que incluso involucra a esta soberanía, es el hecho de que durante el sexenio de Eugenio Elorduy Walter la obra más importante y divulgada es la que se conoció como Corredor 2000, que fue una vía carretera de cuatro carriles, la cual se construyó con recursos públicos federales y estatales.
Sin embargo, lo que nunca se dijo, fue que su propósito oculto fue cruzar tres municipios (Ensenada, Playas de Rosarito y Tijuana) y cientos de predios de particulares y ejidales, con el propósito –desconocido para el Congreso del Estado y para todo el mundo– de llevar en medio de la carretera (soterradamente), el ducto de gas de la planta de Sempra Energy, desde la estación de descarga hasta el territorio de Estados Unidos de América.
No debe pasarse por alto que dicha obra pública nadie se la solicito a Elorduy cuando era candidato y menos ofreció construirla; sin embrago, ya siendo socio –por medio de su hija– la hizo para favorecer los intereses de la empresa. Dicha obra, que costaría inicialmente 650 millones de pesos, costo finalmente 2 mil 400 millones de pesos, casi cuatro veces más de lo programado inicialmente.
Lo anterior expuesto, es una abierta violación a la soberanía nacional, al Poder Judicial de Baja California y una afrenta al pueblo de México.
Dicha obra, que fuera sufragada con fondos del erario, tanto estatales como federales, se construyó tan torpemente, que es, a la fecha, el tramo carretero que más accidentes vehiculares ha tenido, a grado tal, que los automovilistas y transportistas de carga ya no la utilizan. Tan es así, que ahora se ha convertido en el lugar preferido de los sicarios para ir a arrojar los cadáveres que diariamente ofrece el crimen organizado.
La dicha obra pública, es obvio, nadie se la solicitó a Elorduy cuando era candidato y menos ofreció públicamente construirla. Por la prensa nos enteramos que costaría inicialmente $ 650 millones de pesos, poco tiempo después informaron que había aumentado a $ 850 millones de pesos, luego, cuando ya habían erogado más de $ 1200 millones de pesos, dijeron que estaban a un 15% de terminarla. Sin haberla concluido, se informó que se levaron los costos a muy cerca de los $2,000 millones de pesos, posteriormente, cuando la inauguró el presidente Fox, ya se aceptó que había costado $2,400 millones de pesos, casi cuatro veces más de lo programado inicialmente.
Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito a esta honorable Cámara de Diputados que se analice esta denuncia, se vote y se tome el siguiente:
Acuerdo
Se abra investigación, a través de la Auditoría Superior de la Federación, por el desvío de fondos federales y estatales, por parte de particulares y funcionarios, entre ellos el ex gobernador Eugenio Elorduy Walter, en la obra denominada Boulevard 2000, en la que se instaló la tubería en la que Sempra transporta el gas hasta la frontera y que su hija Erika Elorduy Blackaller aparece como poderdante de la empresa DGN de servicios y transportadora de gas de Mexicali y sus resultados se den a conocer a esta soberanía, así como a las autoridades correspondientes.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 29 de abril de 2010.
Diputado José Narro Céspedes (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA SALUD ALIMENTARIA, A CARGO
DE LA DIPUTADA MARÍA ELENA PERLA LÓPEZ LOYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
La suscrita, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo a fin de crear la comisión especial para la salud alimentaria, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Organización Mundial de Salud (OMS) ha reconocido que la obesidad se ha incrementado en el ámbito mundial y constituye un problema de salud grave, aun en naciones con problemas de desnutrición.
En el Informe mundial, la OMS afirmó que mil 200 millones de personas en el mundo tienen problemas de sobrepeso y obesidad, que se consideran enfermedades crónico-degenerativas.
Actualmente, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad, pero lo en verdad preocupante estriba en que también ya es primer lugar de obesidad en niños: 1 de cada 4 en edad escolar (5-12 años de edad) presenta sobrepeso u obesidad; y en adolescentes (12-19 años), 1 de cada 3. Algunas investigaciones científicas aseguran que la obesidad infantil actual provocará en los años venideros adultos jóvenes con diabetes mellitus, hipertensión, hiperlipidemias y muchos otros problemas relacionados con el exceso de grasa corporal y la vida sedentaria. Incluso; la Secretaría de Salud ha señalado que la esperanza de vida infantil en México podría tener un retroceso de hasta 7 años.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 reveló que el sobrepeso y la obesidad en adultos son de los problemas más graves de salud en la población mexicana.
Según cifras de la Coordinación de Programas Integrados de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 7 de cada 10 adultos tienen sobrepeso u obesidad; por grupo de edad, la obesidad afecta hasta 33 por ciento de la población, y sumada al sobrepeso afecta casi a 70 por ciento de los mexicanos. Una de las causas de la obesidad es la falta de ejercicio; la prevalencia del sedentarismo en el país es elevada: casi 88 por ciento de las mujeres y 74 por ciento de los hombres son inactivos o desarrollan actividad física mínima.
Las estadísticas que prevalecen en el país son sumamente alarmantes. Por citar otros datos:
• 4.2 millones de personas padecen diabetes en México. Es importante mencionar que 90 por ciento de los casos de diabetes tipo II es la primera causa de muerte en el país.
• 26.5 por ciento de los adultos tiene colesterol elevado. De ellos, 28.8 por ciento corresponde a mujeres; y 22.7, a hombres.
• A causa de la obesidad se duplica o triplica el riesgo de que una persona sana padezca enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, gota, infartos, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares, pero también, cáncer de mama, cáncer de esófago o cáncer de riñón.
• La diabetes representa 34 por ciento del presupuesto del IMSS, y se calcula que la cifra se duplicará en 5 años.
A la luz de lo expuesto, el pasado 25 de enero el gobierno federal convocó a diferentes actores a firmar el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, en sí mismo una estrategia del gobierno federal a efecto de implantar políticas tendentes a prevenir el sobrepeso y la obesidad.
En el marco del referido acto, el titular del Ejecutivo federal realizó el siguiente llamado: "Este reto nos convoca a todos, desde luego al gobierno federal, pero también a los gobiernos estatales y a los municipales, a los Poderes de la Unión y, en particular, al Legislativo, a los empresarios y, sobre todo, a cada una y a cada uno de los mexicanos".
La protección de la salud de los mexicanos requiere estrategias integrales, diferenciadas, que fortalezcan y amplíen la lucha contra el sobrepeso y la obesidad entre la población mexicana. Ésa es razón suficiente para generar, en el marco de nuestras facultades y obligaciones, políticas públicas desde el Poder Legislativo que coadyuven a tener un país más sano en materia de alimentación.
Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial para la salud alimentaria; tendrá como objeto el que se deriva de su denominación.
Segundo. La comisión especial atenderá los asuntos que le turne la Mesa Directiva.
Tercero. La comisión especial impulsará y propondrá a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y al pleno de la Cámara de Diputados los programas y proyectos prioritarios en materia de salud alimentaria, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Cuarto. La comisión especial estará integrada por diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de conformidad con el particular que formule la Junta de Coordinación Política al pleno de la Cámara de Diputados.
Quinto. La comisión especial materia de los presentes acuerdos tendrá vigencia hasta el término de la LXI Legislatura.
Sexto. Esta comisión funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones especiales se establecen en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas. Contará con los recursos materiales, financieros y humanos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
Séptimo. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo, a 15 de abril de 2010.
Diputada María Elena Perla López Loyo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A INCORPORAR EL HOSPITAL INFANTIL
DE TLAXCALA A LA RED FEDERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE ALTA ESPECIALIDAD,
A CARGO DEL DIPUTADO JULIÁN FRANCISCO VELÁZQUEZ Y LLORENTE,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Tradicionalmente en nuestro país, los Institutos Nacionales de Salud y la mayoría de los hospitales de alta especialidad se han concentrado en la capital del país, limitando la equidad en el acceso a los servicios de salud de alta especialidad a la población de comunidades alejadas, esto por el alto costo que implica el tener que desplazarse desde su lugar de origen hasta la capital del país.
En los últimos años se ha ampliado la oferta de servicios especializados a través de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad situados estratégicamente en algunas zonas del país, sin embargo estos aún no son suficientes para satisfacer la creciente demanda de especialistas altamente capacitados para atender enfermedades cada vez más complejas.
El acceso a los servicios de salud de alta especialidad debe garantizarse para todos los mexicanos, sin importar su origen, condición económica, étnica o social, y para lograrlo es necesario ampliar la Red de Servicios de Salud de Alta Especialidad a todas las regiones del país.
Algunos gobiernos estatales han realizados esfuerzos por proveer a su población servicios de alta especialidad, construyendo hospitales de segundo o tercer nivel según las necesidades del estado y de acuerdo a su capacidad financiera.
El gobierno de Tlaxcala inauguró el 30 de abril del 2007, el "Hospital Infantil de Tlaxcala", ubicado en el municipio de San Pablo Apetatitlán, este hospital ha sido concebido como una institución para la atención de niñas, niños y adolescentes con padecimientos complejos que ameritan tercer nivel y alta especialidad, ya que antes de la operación de este hospital Tlaxcala ocupaba el penúltimo lugar en morbi-mortalidad perinatal y neonatal, así mismo en menores de un año de edad y portadores de enfermedades como: Insuficiencia Renal, Alteraciones congénitas, incluyendo cardiacas y genéticas, tumores, leucemia y enfermedades neurológicas. Estos niños eran atendidos en los Institutos de Alta Especialidad situados en la Ciudad de México, generalmente en forma tardía, o simplemente llegaba la muerte antes de que la ansiada cita se cumpliera
El Hospital Infantil de Tlaxcala, desde su nacimiento ha tenido la visión de ser el más importante de la región y en el corto plazo uno de los más importantes del país en materia de especialidades pediátricas y prevención de salud infantil en México, pues esto a su vez proyectará a la institución a nivel internacional.
Para lograr sus objetivos, el hospital cuenta con el equipamiento y la infraestructura necesaria para proporcionar atención hospitalaria, enseñanza e investigación pediátrica de tercer nivel para una población de 0 a 18 años de Tlaxcala y la región del altiplano, a través de 26 especialidades médicas.
Con base en la epidemiología se estructuraron siete programas prioritarios de atención:
35 mil 728 Consultas de especialidades
1 mil 954 Intervenciones
quirúrgicas
216 mil 461 Estudios de laboratorio
13 mil 716 Estudios radiológicos
83 mil 611 Tratamientos de inhaloterapia
102
Broncoscopías
77
Panendscopías
3 mil 863 Tratamientos
de quimioterapia
8 mil 640 Sesiones
de hemodialisis
7
Trasplantes Renales
203
Cirugías Cardiovasculares
89
Cirugías a Corazón Abierto
21 mil 768 Detecciones de enfermedades
en la infancia
En enseñanza e investigación, este hospital firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Pediatría, designándose subsede de este instituto para el grupo de especialización del ciclo 2009-2010, además se reciben para Servicio Social residentes de tercer grado de la especialidad con sede en el Instituto Nacional de Pediatría, es sede UNAM desde 2008, y ha obtenido también el reconocimiento como sede para la especialidad de pediatría a partir del ciclo febrero 2010 por la Dirección General de Educación en Salud, el Hospital Infantil de Tlaxcala, ha trabajado en proyectos de investigación científica avalados por el Conacyt que han contribuido en ampliar el conocimiento de diferentes enfermedades para así plantear mejores estrategias de prevención y tratamiento.
Todo lo anterior demuestra la gran importancia que este hospital representa no solo para el estado de Tlaxcala, sino para el país; Sin embargo esta institución no cuenta hasta la fecha con apoyo de la Federación para su sostenimiento, tanto en lo que se refiere a plantilla, como gastos de operación.
Con base en lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud federal a integrar al Hospital Infantil de Tlaxcala a la Red Federal de Servicios de Salud de Alta Especialidad, declarándolo "Hospital Regional de Alta Especialidad Filial del Instituto Nacional de Pediatría" y se haga una revisión de hospitales de las Entidades Federativas que pueden ser incorporados y con ello conseguir los objetivos enunciados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de abril de 2010.
Diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA QUE INSTAURE
LAS ACCIONES Y MEDIDAS CONDUCENTES A LLEVAR A CABO ADAPTACIONES Y ADECUACIONES
EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO PARA
GARANTIZAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA ACCESIBILIDAD EN CONDICIONES
DE IGUALDAD, SEGURIDAD Y LIBRE DESPLAZAMIENTO, A CARGO DE LA DIPUTADA YOLANDA
DE LA TORRE VALDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Daniela Nadal Riquelme, María Joann Novoa Mossberger y Claudia Edith Anaya Mota, en nombre de los suscritos, integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las personas con discapacidad estamos ejerciendo posiciones que antes habrían sido inimaginables. Dados los prejuicios y mitos originados por la ignorancia e intolerancia, se limitaba la participación en actividades públicas y privadas, en parte por la discriminación y la indiferencia. Gracias a las luchas de asociaciones civiles y entes particulares, la sociedad mexicana ha logrado fortalecer la cultura de respeto de las personas con discapacidad, aunque seguimos encontrándonos con diversas manifestaciones de intolerancia.
La accesibilidad para las personas con discapacidad se encuentra vinculada con todos los aspectos de su vida cotidiana, materia fundamental para su pleno desarrollo. Por ello, su observancia y supervisión deberán ser puntuales.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 10 por ciento de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad; esto es, aproximadamente 650 millones de personas. Si a esa cifra se agregan los familiares cercanos, el número de personas directamente involucradas con la discapacidad asciende a 2 mil millones de habitantes, lo que representa casi un tercio de la población mundial (Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012).
Las discapacidades más comunes son auditiva, neuromotora, de lenguaje, mental y visual. Asimismo, según datos del XII Censo Nacional de Población y Vivienda, de 2000, más de 97 millones de mexicanos habitaban el país en ese año, y 2.2 millones tenían algún tipo de discapacidad, cifra que conlleva a una mayor vigilancia del cumplimiento de las normas.
La LXI Legislatura está formada por legisladores con perfiles profesionales y personales plurales, que reflejan las voces de la sociedad mexicana en diversos ámbitos. En esta honorable asamblea estamos en funciones seis diputados con alguna discapacidad, formando una minoría. Además, es de reconocer a los 51 trabajadores con una discapacidad que laboran en esta soberanía, quienes destacan por su entrega y dedicación a las tareas asignadas. En mención especial se encuentran los visitantes que asisten a este Palacio a las diligencias, a quienes tenemos el compromiso, como representantes populares, de atender y dar facilidad.
Como bien sabemos, las personas con discapacidad encuentran un sinfín de barreras en la sociedad, debido a que las formas arquitectónicas adoptadas con anterioridad les impiden su plena participación e inclusión. Ejemplo de ello son las barreras físicas, entre las que pueden mencionarse la falta de rampas de acceso para sillas de ruedas o de puertas con acceso rápido, fácil y accesible, pocas o nulas superficies táctiles para invidentes, y barreras en la información, como la falta de publicaciones en braille.
La accesibilidad es la facilidad para que todas las personas puedan utilizar un objeto, visitar un lugar, trasladarse dentro y en los exteriores próximos de él o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas.
En la Ley General de las Personas con Discapacidad se prevé el tema de la accesibilidad en los artículos 13, que habla del derecho al libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras en espacios públicos; y 15, que menciona los lineamientos para facilitar la accesibilidad, en la infraestructura básica, etcétera.
En el caso de la convención, menciona la accesibilidad y definiciones en el artículo 2, mencionando la comunicación, los ajustes razonables y el diseño universal, todo ello para las personas con discapacidad. Asimismo, el artículo 4 hace referencia a las obligaciones generales de los Estados parte para asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad.
Particularmente, el artículo 9 habla sobre la accesibilidad: "los Estados parte adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como en rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas…"
Como podemos darnos cuenta, la accesibilidad es uno de los ocho principios generales de la convención, los cuales consisten en la promoción, la protección y el aseguramiento del goce pleno y en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad.
Por eso, los Estados parte adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, entre otros.
En virtud de que en la Cámara de Diputados se crean, reforman, derogan y abrogan las leyes, a fin de evitar cualquier exclusión, ella debe poner el ejemplo en el cumplimiento de las leyes e instrumentos internacionales que México ha ratificado.
Sin embargo, es necesario agregar que la accesibilidad no es un aditamento compensatorio: las facilidades y los dispositivos no pueden ser mínimos a los que determinen las disposiciones legales o normas oficiales aplicables, estableciendo condiciones o limitaciones que reduzcan los derechos que legalmente correspondan a la persona con discapacidad.
Contamos además con la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, que a la letra menciona:
La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas menciona en el artículo 21, párrafo XV, que toda instalación pública deberá asegurar la accesibilidad, evacuación, libre tránsito sin barreras arquitectónicas, para todas las personas; y deberán cumplir las normas de diseño y de señalización que se emitan, en instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios y demás instalaciones análogas para las personas con discapacidad […]
Contamos con suficientes leyes en la materia, y por ello debemos ser los primeros en poner el ejemplo respetando el derecho de las personas con discapacidad a su movilidad e independencia física, considerando los entornos y espacios físicos como un medio para lograrlo, ya que a este recinto legislativo accede gran cantidad de personas que usan o requieren ayudas técnicas, como sillas de ruedas, muletas, bastones o andaderas.
Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir un trato digno, amable, eficaz, cálido y oportuno, considerando un apoyo la asistencia personalizada como medio para lograrlo; frecuentemente requieren asistencia especial, con personal capacitado para su atención. Por ello también debemos contar con este tipo de ayuda.
El Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados; cuenta con medios de accesibilidad restringidos, en mal estado o inexistentes, que dificultan el traslado de legisladores, empleados y visitantes con alguna inhabilidad, así como la de adultos mayores. Hay accesos en difícil condición, que limitan el traslado en esta sede. Cabe destacar los pocos señalamientos y el deterioro por falta de mantenimiento de rampas y servicios sanitarios.
En este sentido, consideramos que en el Palacio Legislativo de San Lázaro
• Faltan espacios suficientes y adecuados para circular en silla de ruedas; en la mayoría de los espacios hay macetas, que evitan una circulación plena.
• No hay accesos seguros, expeditos y simples.
• No se cuenta con puertas de acceso adecuadas que incluyan dispositivos tecnológicos adecuados de apertura y de cierre.
• Las rampas existentes no tienen material antiderrapante o son temporales, como las de madera.
• No se cuenta con elevador adecuado para la transportación vertical.
• No se cuenta con sanitarios suficientes y adecuados.
• Faltan señalizaciones en sistema braille, entre muchas otras.
El cumplimiento de las normas tiene como finalidad fomentar una cultura de respeto y promoción de los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente de las personas con discapacidad.
Por eso corresponde a los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados autorizar y ordenar la instauración de mecanismos institucionales en cumplimiento de accesibilidad para las personas con discapacidad, haciendo posible todos los espacios, productos o servicios que se ofrecen en este recinto legislativo.
Como legisladores, hacemos y votamos las leyes que garantizan la seguridad y la convivencia. Por ello tenemos el deber social de dar el ejemplo para dignificar a toda persona con una deficiencia física, mental o sensorial. Con ello prepararemos físicamente esta sede para que sea utilizada por futuros legisladores con discapacidad; los trabajadores estarán en un ambiente digno y habrá fácil acceso para los visitantes. Esta solicitud contribuirá a la cultura de respeto de las personas con discapacidad.
Por lo expuesto, en nombre de los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LXI Legislatura se somete a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que instaure las acciones y medidas correspondientes a fin de que se lleven a cabo las adaptaciones y adecuaciones necesarias en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, con objeto de garantizar la accesibilidad en condiciones de igualdad, seguridad, y libre desplazamiento a todas las personas con discapacidad, conforme a los ordenamientos aplicables.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 15 de abril de 2010.
Por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
Diputados: Yolanda de la Torre
Valdez (rúbrica), Delia Guerrero Coronado, Carlos Bello Otero, Yolanda
del Carmen Montalvo López, María Joann Novoa Mossberger,
Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), Velia Idalia Aguilar Armendáriz,
Pedro Ávila Nevárez, Bélgica Nabil Carmona Cabrera,
Hilda Ceballos Llerenas, Olga Luz Espinosa Morales, Laura Felícitas
García Dávila, Héctor Guevara Ramírez, Inocencio
Ibarra Piña, Blanca Estela Jiménez Hernández, Margarita
Liborio Arrazola, Ilich Augusto Lozano Herrera, Gloria Trinidad Luna Ruiz,
Rosalina Mazari Espín, Genaro Mejía de la Merced, Daniela
Nadal Riquelme (rúbrica), Rosario Ortiz Yeladaqui, Ana Elia Paredes
Árciga, Nely Miranda Herrera (rúbrica), María Isabel
Pérez Santos, Malco Ramírez Martínez, Caritina Sáenz
Vargas, Laura Margarita Suárez González, María Sandra
Ugalde Basaldúa, Guadalupe Valenzuela Cabrales.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL SECRETARIO DE LA REFORMA AGRARIA Y AL PROCURADOR AGRARIO
A EMITIR Y PONER EN MARCHA CON LA MAYOR BREVEDAD UNA POLÍTICA QUE
ORIENTE EL DESARROLLO AGRARIO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, A CARGO DEL
DIPUTADO LUIS FÉLIX RODRÍGUEZ SOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El suscrito, diputado Félix Rodríguez Sosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por medio del cual se solicita que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de la Reforma Agraria y de la Procuraduría Agraria, intervenga efectivamente en el proceso de desamortización de la propiedad social en curso dictando una política de Estado que tienda a orientar la transferencia de la tierra en dirección al desarrollo agrario y el ordenamiento territorial.
Exposición de Motivos
En diciembre de 1991, la LV Legislatura al Congreso de la Unión aprobó la modificación del artículo 27 constitucional y la expedición de una nueva Ley Agraria. Con ello, se dio por terminado el principal proceso justicialista del siglo XX en México, el reparto agrario, y a la vez se reformó el sistema de propiedad, con lo cual se abrieron las puertas de los ejidos y de las comunidades a los mercados de tierras.
Al igual que la ley del 25 de junio de 1856, mejor conocida como Ley Lerdo, que puso en circulación los bienes de las corporaciones civiles y religiosas para reactivar la economía nacional, la reforma constitucional de 1992 puso a circular las tierras de los ejidos y de las comunidades, incorporándolas virtualmente al comercio inmobiliario. Dicha medida desamortizó 103 millones de hectáreas que antes de ahí no se podían vender, ni ceder, ni rentar, ni dar en usufructo, ni aportar en sociedad, ni ofrecer en garantía.
Como todos ustedes saben, hasta el 6 de enero de 1992 en los mercados de tierras en nuestro país solamente circulaba la propiedad privada, la cual apenas rebasaba los 74 millones de hectáreas. Con la publicación de las reformas al artículo 27 de la Constitución federal, dicho mercado se elevó a más de 170 millones de hectáreas, lo que representa un aumento cercano a 150 por ciento, aumento suficiente para trastocar cualquier mercado.
Sin embargo, a diferencia de la Ley Lerdo que puso la propiedad en el mercado de manera directa y forzosa, la desamortización detonada en 1992 la hizo circular de forma indirecta y voluntaria, es decir, condicionada, ya que la sujetó a su regularización y al libre albedrío de los afectados.
Se dice que la reforma desamortizó virtualmente la propiedad de los núcleos agrarios porque la incorporación legal de las tierras del sector social a los mercados formales inmobiliarios no se dio de manera automática y directa, sino que se le ligó a su previa regularización. Dicho de otro modo, para que cualquier operación jurídica con la tierras ejidales fuera legal era necesario que primero deslindaran, delimitaran, destinaran, asignaran y titularan las tierras de los núcleos agrarios, de acuerdo con el procedimiento señalado en la ley de la materia.
Esto constituyó un gran acierto de quienes nos precedieron en la LV Legislatura, ya que de no haber sido así lo más seguro es que se hubiera desencadenado una desamortización totalmente anárquica, desordenada y fuera de control que muy probablemente hubiera agudizado los problemas que se quisieron remediar. En cambio, al sujetar la circulación de las tierras de los ejidatarios y comuneros a su previa regularización, se impuso un candado que impidió su venta desbocada e indiscriminada.
En los hechos, esta medida dio lugar a la puesta en marcha del programa agrario más ambicioso de las dos últimas décadas, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), el cual operó hasta el año 2006 habiendo alcanzado a regularizar a más de 90 por ciento de los núcleos ejidales.
Por desgracia, lo que con ello se logró se está yendo por la borda debido a que no bien se acaba de normalizar la situación legal de las tierras ejidales cuando inicia una transferencia irrefrenable de parcelas y terrenos de uso común que obviamente propicia que los peces grandes devoren a los pequeños, permitiendo que quienes más tienen más acaparen, sobre todo las grandes empresas privadas nacionales y extranjeras, las que a diario se quedan con las mejores tierras de los núcleos ejidales a cambio de un simple plato de lentejas.
Nadie ignora que los principales beneficiados con la desamortización agraria en curso no han sido los propietarios de la tierra, sino los dueños del capital. Estos han medrado con la situación a la sombra de la necesidad campesina y la falta de conocimiento del marco jurídico vigente, ante la lenta movilidad y capacidad de reacción de las autoridades del ramo, en especial, de la Procuraduría Agraria, tan joven y tan burocratizada.
De esta suerte, lo que debió haber sido una desamortización ordenada y equilibrada –económica y ambientalmente hablando– se convirtió en una romería sin control que dejó escapar la irrepetible oportunidad histórica de inducir el ordenamiento del territorio nacional a través de la regularización planificada de la propiedad ejidal. Al no haberlo hecho así, el gobierno federal permitió que fuesen las fuerzas del mercado las que dictaran el rumbo de la desamortización agraria las que, desde luego, se desarrollan de manera anárquica.
Así, amplias áreas otrora ejidales localizadas en la periferia de los centros urbanos han pasado a manos de inmobiliarias privadas o se han fraccionado clandestinamente, la mayoría de las mejores playas del país han sido transferidas a corporaciones hoteleras y turísticas, enormes superficies ejidales de uso agrícola se han vendido a particulares o se encuentran rentadas en bloques de ingentes dimensiones, grandes extensiones ubicadas en zonas agrícolas de riego han devenido campos de golf, numerosos ejidos situados cerca de las grandes ciudades se han subdivido en millares de fincas de fin de semana, todo esto sin que se haga a la luz de una política de Estado en materia agraria que ordene y conduzca el proceso de desamortización de la propiedad ejidal y de la comunal.
En particular, en Morelos, entidad de la que provengo, el tráfico irregular de tierras se ha vuelto pan de todos los días. Tanto a nivel parcelario como a nivel de núcleo, el mercado inmobiliario presenta una intensa actividad informal no exenta de abusos y despojos. Los tribunales agrarios están saturados de conflictos nacidos al amparo de la nueva irregularidad, mientras que la Procuraduría Agraria, de por sí con escasa eficacia operativa, se encuentra enfrascada en funciones que no corresponden a los entes de su naturaleza, como la organización y la capacitación, en perjuicio de la rectoría que debe ejercer la Secretaría de la Reforma Agraria.
En tanto la estructura de la tenencia de la tierra se encuentre en un movimiento tan intenso como el que hoy experimenta, es necesario que el Estado incida en el proceso de transferencia y conversión de la propiedad a fin de evitar desequilibrios sociales que a largo plazo pongan en riesgo la estabilidad política del país. De ahí la importancia de que el gobierno federal intervenga en el proceso operando como regulador de los mercados y compensador de los desbalances económicos y sociales.
La desamortización es un proceso fundamental que repercutirá forzosamente en la estructura agraria del país. Si ya conocemos las desastrosas consecuencias que tuvo la desamortización detonada a mediados del siglo XIX es importante que tomemos la precauciones necesarias para que con la desamortización actual no vuelva a ocurrir lo mismo. Aunque no se vea, el campo mexicano está registrando un intenso proceso de transferencia de la propiedad que tiende a modificar a fondo la estructura de la tenencia de la tierra. Hay que evitar que esa modificación se dé de nuevo a costa de los que menos tienen. Ello demanda que esta soberanía formule un efectivo llamado al Ejecutivo federal para que actúe al respecto y sin dilación alguna, emitiendo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que esta soberanía, por conducto de su Presidencia, exhorte a los titulares de la Secretaría de la Reforma Agraria y de la Procuraduría Agraria, para que emitan y pongan en marcha a la brevedad una política de Estado que tienda a orientar a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo agrario del país e induzca el ordenamiento territorial, a través del proceso de desamortización, a fin de que el perfil cuantitativo y cualitativo de la estructura de la tenencia de la tierra y su composición social y geográfica, en los años venideros responda a las directrices de los grandes objetivos nacionales en materia de desarrollo rural.
Diputado Luis Félix Rodríguez Sosa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ELIMINAR MEDIANTE LA SHCP, LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DE ADUANAS Y EL SAT LOS IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR, LAS CUOTAS
COMPENSATORIAS Y LOS DERECHOS DE IMPORTACIÓN DEFINITIVA DE VEHÍCULOS,
EXCLUSIVAMENTE EN CASO DE ROBO DENUNCIADO, A CARGO DEL DIPUTADO BALTAZAR
MARTÍNEZ MONTEMAYOR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal de la LXI Legislatura, Baltazar Martínez Montemayor, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.
Consideraciones
Desafortunadamente el clima de violencia en nuestro país, especialmente en la zona fronteriza, está creciendo y alcanzando unos niveles muy alarmantes, lo cual hace que los turistas, connacionales residentes en los Estados Unidos y los mismos mexicanos de otros estados prefieran permanecer en sus hogares y evitar cruzar por nuestras ciudades.
Lógicamente estos factores afectan a un sector muy noble en nuestra economía nacional y es el turismo.
Desde que tomé protesta como diputado federal he buscado mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan en los estados fronterizos del norte.
Por ello desde hace unos meses he propuesto ampliar la franja fronteriza a 150 kilómetros aproximadamente, también exhorté a las diversas autoridades federales, estatales y municipales para que inculquen en su personal la cultura de que "el turista es primero" y asimismo he establecido reuniones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Administración General de Aduanas y el Instituto Nacional de Migración para analizar los trámites y requisitos que necesitan los visitantes y connacionales residentes legalmente en el país del norte para ingresar a méxico, pues en ocasiones son un poco exagerados.
En esta ocasión me permito exponerles compañeros diputados una situación que a mí me dejó muy consternado y que se derivó de dos gestiones que me llegaron.
En el inciso 15.6 del Manual de operaciones para la importación temporal de vehículos y motocicletas de la Administración Central de Aduanas se habla sobre el robo de vehículos en el territorio nacional y establece que si una persona que tiene permiso para internar temporalmente su vehículo lo asaltan estando en nuestro país, no sólo pierde su vehículo sino que tiene la obligación de pagar una considerable cantidad por concepto de impuestos y compensaciones de su vehículo como si lo hubiera importado definitivamente, cuando en la realidad ya no lo tiene.
Considero injusto que los turistas y connacionales que visitan nuestro país tengan que pagar por las carencias de seguridad que tiene nuestra nación. Pues después de sufrir los estragos psicológicos y físicos de un asalto a mano armada, en el común de los casos, a parte tiene que lidiar con la preocupación de recaudar dinero para pagar los impuestos y compensaciones de importación definitiva de su vehículo.
Estas normas lo único que hacen es obstaculizar la entrada de los visitantes a nuestro territorio nacional pues al conocer los riesgos que corren en nuestro país y aparte las compensaciones que deben de pagar si sufren algún robo dificulta su intención de visitarnos y además genera una mala imagen de México.
Imagínense compañeros diputados que ocurriría si un día a ustedes les roban su vehículo pero aparte se enteran que para darlo de baja por motivo del robo tienen que pagar una serie de altos impuestos, ¿no se le haría injusto?
O también qué ocurriría si aplicamos esa misma norma a toda la ciudadanía, yo no dudo que en la H. Cámara de Diputados tendríamos manifestaciones todos los días, pues la gente no puede ni debe pagar esas cantidades por el simple hecho de ser asaltados, pues ya bastante sufrieron con su despojo.
Compañeros legisladores tenemos que poner todo lo que está de nuestra parte para hacer que México sea cada día más atractivo para los visitantes.
Por lo tanto tenemos que poner los medios para ofrecerles una mayor seguridad en nuestro territorio nacional, mejores carreteras, mayores atracciones turísticas, una economía más sólida y si por alguna causa los visitantes caen en manos de la delincuencia, que sepan que el gobierno de México los comprende, los apoya y les ayuda a realizar los trámites correspondientes, sin cobrarles algo que no les corresponde pagar, como son estos impuestos de internamiento definitivo.
La verdad para mi fue muy penoso el encontrarme con esta situación y el no poderle dar la respuesta correcta a estas dos familias que perdieron su camioneta al entrar a México.
Por lo anteriormente expuesto me permito solicitarles su aprobación para el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se hace un atento exhorto al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Administración General de Aduanas, y el Servicio de Administración Tributaria para que se eliminen los pagos de los impuestos al comercio exterior, cuotas compensatorias y derechos de importación definitiva de vehículos, única y exclusivamente en caso de robo denunciado.
México, DF, a 22 de abril de 2010.
Diputado Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEDESOL A LLEVAR A CABO ESTUDIOS TÉCNICOS PARA ESTABLECER
IRAPUATO Y SALAMANCA, GUANAJUATO, COMO ZONA METROPOLITANA, A CARGO DEL
DIPUTADO SIXTO ALFONSO ZETINA SOTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado Sixto Alfonso Zetina Soto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobierno federal, sean integrados los municipios de Irapuato y Salamanca, pertenecientes al estado de Guanajuato, como una zona metropolitana, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
1. Las zonas metropolitanas son los elementos de mayor jerarquía del sistema urbano de México, en ellas se genera 75 por ciento del producto interno bruto del país y tienen el potencial de incidir favorablemente en el desarrollo económico y social de sus respectivas regiones. Por ello, es de gran utilidad su identificación, delimitación, estudio, planeación y gestión con la participación de los diferentes sectores y órdenes de gobierno que propicien la toma de decisiones concertada para beneficiar un manejo integral de su territorio y medio ambiente.
2. La definición de zona metropolitana, según lo refiere el documento denominado "Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México", elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social, el Inegi y Conapo, lo establece como el conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica; en esta definición se incluye además a aquellos municipios que por sus características particulares son relevantes para la planeación y política urbanas. Actualmente se encuentran decretadas 56 zonas metropolitanas en la República Mexicana, tal y como le refiere el Marco Geoestadístico Nacional actualizado al II Conteo de Población y Vivienda 2005.
3. El umbral mínimo de población de la localidad o conurbación que se considera centro de la zona metropolitana se fijó en 50 mil habitantes, pues se ha comprobado que las ciudades que han alcanzado este volumen presentan una estructura de usos del suelo diferenciada, donde es posible distinguir zonas especializadas en actividades industriales, comerciales y de servicios, que además de satisfacer la demanda de su propia población, proveen de empleo, bienes y servicios a población de otras localidades ubicadas dentro de su área de influencia, asimismo, dicho tamaño coincide con la definición operativa de las ciudades que integran el sistema urbano principal del país, según lo establecido en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006.
4. Ahora bien, el municipio de Irapuato se encuentra limitado al norte con el municipio de Guanajuato y Silao, al sur con el municipio de Pueblo Nuevo y Abasolo, al oeste con el municipio de Abasolo y Romita y al este con Salamanca, teniendo una extensión territorial de 845.16 km2, que representa aproximadamente el 2.8 por ciento de la superficie total del estado. Cuenta con una población total de 463 mil 103 habitantes, de acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda realizado por el Inegi en el año 2005.
5. Por su parte, el municipio de Salamanca se encuentra limitado al norte con los municipios de Irapuato y Guanajuato, al noreste con San Miguel de Allende, al este con Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán, al sureste con Cortazar, al sur con Jaral del Progreso y Valle de Santiago y al oeste con los municipios de Irapuato y Pueblo Nuevo. Cuenta con una población total de 233 mil 623 habitantes, de acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda realizado por el Inegi en el año 2005.
6. Entre estos municipios existe una distancia de 20 kilómetros carreteros, de acuerdo a cifras emitidas por Caminos y Puentes Federales, por lo que su ámbito de productividad entre ambos genera un importante desarrollo económico y social para el estado de Guanajuato y para la zona centro del país, además de que el crecimiento poblacional va creciendo día a día, por lo que la conurbación se va estrechando, lo cual hace que habitantes de éstos trabajen en alguno de los dos municipios aun viviendo en el otro.
7. Por esta situación, se hace necesario integrar a los municipios de Irapuato y Salamanca al Atlas Nacional de Zonas Metropolitanas y así lograr que los mismos cuenten con políticas públicas adecuadas a su desarrollo, así como el manejo integral de su territorio y medio ambiente, además de que podrán ser beneficiados por las asignaciones de "Fondos Metropolitanos" ubicados dentro del Ramo 23, recursos federales que están destinados a gasto de inversión, con impacto directo en inversión privada, que tienden a cubrir la demanda de bienes y servicios y que generan empleos indirectos, sin que se generen erogaciones al gasto corriente y que están sujetos a la planificación metropolitana y a la coordinación entre los municipios y el estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, a llevar a cabo los estudios técnicos a que haya lugar, para que en caso de que se cumpla con los requisitos necesarios, se establezca como zona metropolitana a los municipios de Irapuato y Salamanca, ambos pertenecientes al estado de Guanajuato.
Segundo. Una vez declarada zona metropolitana a los municipios de Irapuato y Salamanca, se solicita a la Comisión de Asuntos Metropolitanos incluya a la misma dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de abril de 2010.
Diputado Sixto Alfonso Zetina Soto (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS EJECUTIVOS FEDERAL Y ESTATALES, Y AL JEFE DEL GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL A RENDIR UN INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE
LAS ACCIONES EFECTUADAS PARA PROMOVER Y ASEGURAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
CULTURALES DE LOS CIUDADANOS, A CARGO DEL DIPUTADO BALFRE VARGAS CORTEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado federal Balfre Vargas Cortez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La cultura no debe ser pensada como algo ajeno a la cotidianeidad, improductivo, o alejado de los procesos productivos. La realidad cultural pertenece a la vida práctica y pragmática de todos los días y de todas las horas del día. Debemos afirmar que la historia de cada hombre y la historia de la humanidad, es resultado de una serie de actos, y la decisión de llevar a cabo estos actos ha estado permeada por la dimensión cultural.
También las instituciones creadas por los pueblos y todas las transformaciones que surgen de éstas a lo largo de la historia, están atravesadas por la dimensión cultural. Así pues, la dimensión cultural de la existencia social está presente en todo momento y es capaz de frenar o de promover procesos históricos, dicho en otro orden de ideas, todo proceso de reproducción social posee necesariamente una dimensión cultural.
Es imprescindible hablar desde un origen sobre los derechos humanos, pues en comparación con otras categorías de derechos humanos, como los civiles, políticos, económicos y sociales, los derechos culturales son los menos desarrollados por lo que atañe a su alcance, contenido jurídico y posibilidad de hacerlos respetar. Los derechos culturales suelen enumerarse juntamente con los derechos económicos y sociales, reciben mucha menos atención y con suma frecuencia son completamente olvidados. En general los derechos culturales se encuentran dispersos en un gran número de instrumentos tanto universales como regionales, aprobados por las Naciones Unidas y por los organismos especializados, en algunos casos, los derechos culturales se presentan solo como un derecho a participar en la vida cultural.
La adopción de la definición más amplia de "cultura" significa que los derechos culturales abarcan también el derecho a la educación y el derecho a la información. En el año de 1982, México fue sede de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, donde se hizo hincapié en la conciencia creciente de la identidad cultural del pluralismo que de ella se desprende, del derecho a ser diferente y del respeto mutuo.
Asimismo, la UNESCO ha propuesto que "la cultura ha dejado de ser únicamente una acumulación de obras y de conocimientos que produce una minoría selecta, no se limita al acceso a las obras de arte y a las humanidades sino que es a la vez adquisición de conocimientos, exigencia de un modo de vida, necesidad de comunicación".
La identidad cultural es un tesoro que vitaliza las posibilidades de los seres humanos de realizarse, alentando a cada pueblo o a cada grupo a alimentarse del pasado, a recibir positivamente las contribuciones exteriores que sean compatibles con sus propias características, y a continuar; de la manera el proceso de su propia creación.
Sin el reconocimiento de los derechos humanos, de la pluralidad y la diversidad culturales, las sociedades plenamente democráticas no pueden funcionar debidamente. Si bien los derechos culturales son derechos individuales de los cuales es titular todo ser humano, suelen ejercitarse principalmente en asociación con otros.
El fortalecimiento de los derechos culturales y su consolidación también pueden considerarse parte de una acción general, como función de un refuerzo general de la categoría de derechos económicos, sociales y culturales en su conjunto.
Nada más ilustrativo de la naturaleza de los derechos culturales que la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobados en 1993 por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que destaca la necesidad de "hacer un esfuerzo para garantizar el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales a nivel nacional, regional e internacional".
Los derechos culturales abarcan aspectos como "el derecho de toda persona a participar en la vida cultural de la comunidad, y el derecho a la protección de las producciones científicas, literarias y artísticas y se relacionan estrechamente con todos los derechos individuales y libertades fundamentales, tales como la libertad de expresión, la libertad de religión y creencia, la libertad de asociación y el derecho a la educación".
Los derechos culturales tienen un amplio marco jurídico en el derecho internacional, entre otros instrumentos podemos citar la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, específicamente el artículo 27, señala que "toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten"; asimismo también establece que "toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora".
En el artículo 22, la declaración establece que "toda persona tiene derecho a la realización, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, de los derechos culturales, indispensable para su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad".
En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 15, se instituye que los Estados parte del pacto reconocen el derecho de las personas a "participar en la vida cultural; gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora".
En este pacto se establecen medidas entre los Estados parte, que estos deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura. Además, los Estados también se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora, los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales.
Rodolfo Stavenhagen, investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, señala que la cultura no es necesariamente el capital cultural acumulado o existente, sino más bien el proceso de creación artística o científica, por tanto "en toda sociedad existen ciertos individuos que crean la cultura (o alternativamente quienes interpretan obras culturales). Dentro de esta perspectiva, los derechos culturales significan por supuesto, el derecho de los individuos a crear sus obras culturales libremente y sin restricciones, y el derecho de toda persona a disfrutar el libre acceso a éstas (museos, conciertos, bibliotecas, etcétera); por consiguiente, las políticas culturales tienen por objeto apoyar la posición del creador cultural individual en la sociedad (pintores, escritores, artistas) y el derecho de estos creadores a la libre expresión cultural se ha convertido en uno de los derechos más apreciados de la época contemporánea".
Así pues, no obstante de que los derechos culturales se encuentran contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos que han sido firmados y ratificados por diversos países, estos derechos reciben mucha menor atención que los derechos económicos y sociales.
En el país, el 11 por ciento de la población es indígena, muestra suficiente de que México es un país un país pluricultural, lo cual implica una relación respetuosa, equitativa y recíproca entre las distintas culturas que se encuentran en nuestra sociedad, elemento indispensable para una convivencia democrática incluyente.
En esta sociedad pluricultural se debe recibir una educación pluricultural, como contrapropuesta a una educación homogeneizada, que le permita a este grupo un efectivo acceso a su derecho cultural. No hay que olvidar que el verdadero discurso de la educación pluricultural debería ser el promover el derecho a ser diferentes.
El artículo 4, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consagran los derechos culturales, protegiendo el derecho de todo mexicano al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales, que el Estado promoverá por los medios que permitan su difusión y desarrollo de la cultura, y pesar que la legislación internacional, antes mencionada, la protege, en México hay un grave rezago cultural, debido a que el Estado no se ha encargado de cumplir con lo que nuestra Carta Magna le ordena.
En este orden de ideas, la Constitución establece la obligación del Estado de promover la creación, el debate y la difusión cultural, así como a garantizar la libertad de expresión, creación y disfrute de la cultura, difundiendo las manifestaciones culturales a través de los medios de comunicación masiva, en el que el Estado interviene como una garantía de la diversidad de las distintas propuestas.
Por lo expuesto y fundado, se propone a esta soberanía la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los Ejecutivos federal y estatales, así como al jefe del Gobierno del Distrito Federal, a rendir un informe a esta soberanía sobre las acciones empleadas en sus respectivos ámbitos de competencia, a efecto de promover, difundir y asegurar el ejercicio de los derechos culturales de los ciudadanos, que consagra el artículo 4, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Diputado Balfre Vargas Cortez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS SECRETARIOS DE EDUCACIÓN FEDERAL Y ESTATALES A
PROHIBIR LAS DENOMINADAS "CUOTAS VOLUNTARIAS" EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS
DE NIVEL BÁSICO, A CARGO DEL DIPUTADO BALFRE VARGAS CORTEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado Balfre Vargas Cortez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primero. El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena "todo individuo tiene derecho a recibir educación"; estableciendo como educación básica obligatoria, a cargo de la federación, estados, Distrito Federal y los municipios, la preescolar, primaria y secundaria.
A su vez la fracción IV del ordenamiento constitucional señalado expresa "toda la educación que el Estado imparta será gratuita", esto es, no contempla acuerdo alguno de las asociaciones de padres de familia para la aportación de "cuotas voluntarias", impuestas discrecionalmente por los directores o mesas de padres de familia de escuelas de los tres niveles de educación básica en detrimento de la economía familiar.
Estas asociaciones de padres de familia que imponen las cuotas en función de las necesidades de la escuela, ignoran por completo las necesidades de quienes deben pagarlas lo que ha provocado malestar e inconformidad de los padres de familia ante el abuso y condicionamiento de las mal llamadas cuotas voluntarias.
Segundo. Durante el período de inscripciones y reinscripciones en las escuelas de educación básica se exige la aportación de "cuotas" para el mantenimiento o mejoramiento de las instalaciones educativas públicas, y en muchos de los casos, son las propias autoridades escolares de diversos planteles quienes exigen el recibo de pago a los padres de familia como requisito para la inscripción, lo que evidencia el grado de colusión del personal escolar, y la flagrante violación al derecho a la educación consagrado en la Carta Magna, haciendo nugatorio en los hechos, el principio constitucional de gratuidad de la educación básica, gratuidad que implica la obligación por parte del Estado de cubrir los costos de la educación pública mediante la redistribución equitativa de los recursos que la propia sociedad genera a través de los impuestos.
Este cobro discrecional daña no solo la economía de los que menos tienen, sino que además, afecta la dignidad y el rendimiento de los menores al ser objeto de discriminaciones, exclusión, inequidad e incluso hasta de retención de documentos para los alumnos que no cumplen con la "aportación voluntaria" a las sociedades de padres de familia.
Tercero. En las escuelas públicas de educación básica en México cada año se recaudan más de 17 mil millones de pesos a través de "cuotas voluntarias", comedores y tiendas o cooperativas, que aportan en conjunto los padres de más de 25 millones de niños de preescolar, primaria y secundaria, los cuales son manejados en su gran mayoría con discrecionalidad en beneficio personal o incluso hurtados por directores de planteles o integrantes de asociaciones de padres de familia.
Pero esto no es un fenómeno nuevo pues es una constante que se registra en planteles de todo el país como en especial en el estado de México, Tlaxcala, Nayarit y Sonora, entidades donde se da la mayor incidencia.
Aunado a este inconstitucional proceder en el cobro de estas cuotas, nos enfrentamos al problema de que las mimas no son ni siquiera objeto de fiscalización por ningún órgano y son administradas al arbitrio de las mesas directivas de cada "sociedad de padres de familia" o en muchas ocasiones sólo por el presidente de ésta. Ello permite a las autoridades de educación deslindarse cuando hay problemas, pero beneficiarse cuando hay dividendos.
Debido a la discrecionalidad con la que se ha aplicado el cobro de cuotas en las escuelas públicas de educación básica, se carece de información confiable sobre estas prácticas en el conjunto de escuelas del sistema educativo nacional, sobre el volumen de recursos financieros que implican, así como sobre los mecanismos de su aplicación y canalización. Lo cual en ocasiones ha permitido que se presenten casos de fraude en perjuicio de la economía de las familias de escasos ingresos.
Cuarto. El régimen político ha cerrado los ojos al cobro de cuotas en las escuelas públicas para garantizar la lealtad de los directivos, en su papel de control sobre los maestros, al permitirles que, con el pretexto de las carencias reales de material e infraestructura en los planteles, se alleguen de recursos para su peculio de manera subrepticia.
Sin embargo el problema es bastante más complejo, pues la práctica de solicitar e incluso exigir cuotas "voluntarias" a los padres de familia, supone por una parte, un elemento básico de debate sobre lo que significa la gratuidad de la educación pública, y por otra, un problema de transparencia, rendición de cuentas y honestidad en el uso de los recursos que se obtienen por esta vía, así como de acceso a la información pública.
Por ello consideramos que no debe existir condicionamiento alguno para acceder a los servicios de educación pública mediante la aportación de recursos por parte de los padres de familia, aún cuando sea "por acuerdo" de cualquier instancia escolar; sin que lo anterior signifique nuestra oposición a la participación de los padres de familia en los centros educativos, puesto que es indispensable que los padres de familia tengan parte en el proceso formativo de sus hijos. Y si bien es cierto que existen múltiples necesidades materiales en los planteles educativos, también lo es que, constitucionalmente, le corresponde al Estado satisfacer dichas necesidades.
Quinto. Lo anterior obedece y tiene su justificación en la consideración de que la educación es el eje del desarrollo nacional, tanto por sus efectos multiplicadores en el desarrollo económico y social, como en la formación de la ciudadanía, el Estado de derecho y la construcción de valores sociales.
En México la educación pública, laica y gratuita, según el artículo Tercero Constitucional, constituye el fundamento de nuestra vida democrática. En ese reconocimiento jurídico se sustenta la exigencia social de alcanzar la equidad educativa. La distribución generalizada del bien público, de educación que se traduce en la igualdad de oportunidades de desarrollo para todos los mexicanos.
De ahí que no se debe admitir por ningún motivo cuotas voluntarias y obligatorias de cooperación, pues el artículo tercero de nuestra Carta Magna establece el derecho a la educación gratuita, y la obligación que tiene el Estado de proporcionarla de ésta manera.
A través de las llamadas "cooperaciones voluntarias", rubros como adquisición de papelería, mobiliario, equipos de oficina, construcción de anexos y de escuelas y pagos de servicios diversos entre otros productos, son pagados por padres. Las cuotas voluntarias instauradas en todas las escuelas públicas de nivel básico del país, de manera extraoficial, constituyen en la práctica una cuota obligatoria.
En conclusión, las cuotas que se aportan y que en ocasiones condicionan el acceso a la educación en los centros escolares públicos son contrarias al espíritu del artículo 3° constitucional, haciendo nugatorio el principio de gratuidad de la educación.
Por lo expuesto y fundado, se propone a esta soberanía la presente proposición con el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, doctor Alfonso Lujambio Irázabal, así como a los secretarios de Educación de las entidades federativas, para que en ejercicio de sus atribuciones que la ley les confiere, prohíban y eviten las llamadas "cuotas voluntarias" en las escuelas públicas de nivel básico, que han generado discriminación violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los derechos de los niños y de las niñas.
Solicito a usted que el texto del presente documento se inserte íntegro en el Diario de los Debates.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2010.
Diputado Balfre Vargas Cortez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA ESTRATEGIA Y A LA RESPUESTA SOBRE EL CONFLICTO MINERO DE CANANEA,
A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El suscrito, Miguel Ernesto Pompa Corella, diputado federal por el distrito II en Sonora a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento a lo dispuesto en los artículos 44 y 73 numeral 3, inciso V, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete respetuosamente a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo por el cual se exhorta a que en este año de celebraciones del centenario de la Revolución Mexicana, en el contexto del bicentenario de la Independencia de México, se traslade el Poder Legislativo en sesión solemne el 1 de junio de 2010, de 9 de la mañana a 3 de la tarde al mineral de Cananea Sonora, cuna de la Revolución Mexicana, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Para los habitantes de Cananea, Sonora, 1906 es un año emblemático como lo es la histórica población para todos los mexicanos: la cuna de la Revolución Mexicana. Cananea era en 1906 y continúa siendo hoy en día la mina más importante de México.
En 1906, los propietarios de la mina eran extranjeros que se beneficiaban por las políticas de Porfirio Díaz. Los trabajadores que operaban la mina vivían en condiciones de explotación y pobreza, con escasos o nulos derechos laborales.
La historia de Cananea no se puede disociar de los hermanos Flores Magón que denunciaron la persecución política de la que eran objeto los liberales mexicanos; tampoco de Esteban Baca Calderón, Manuel M. Diéguez y Lázaro Gutiérrez de Lara, quienes conformaron la organización Club Liberal de Cananea y que prepararía la revolución contra Porfirio Díaz.
En un acto nunca antes visto en la historia del país, el 1 de Junio de 1906 más de 2000 trabajadores mexicanos decidieron llamar a Huelga demandando un salario equitativo al de sus compañeros mineros norteamericanos y jornadas de trabajo más justas. Los huelguistas llevaban la bandera de México y un estandarte con un billete de cinco pesos, cantidad demandada como salario mínimo.
El movimiento de huelga, impulsado por Manuel M. Diéguez y Esteban Baca Calderón, llamó a los mineros al cese de actividades laborales justo al momento de salir de la negociación con la negativa de Greene, el propietario de la mina.
Los trabajadores se dirigían a protestar cuando al pasar a un costado de la maderería de la compañía se empezaron a oír descargas de fusiles: eran los trabajadores norteamericanos que tomaron las armas y atentaron en contra de los huelguistas, muriendo dos de ellos y varios más resultaron heridos. Los mineros mexicanos atacaron con lo que pudieron y se inició la refriega en la que varios mineros estadounidenses resultaron muertos.
Los trabajadores estadounidenses persiguieron a los mexicanos a lo largo del pueblo, expulsándolos a la serranía, sin embargo en su camino los mexicanos lograron quemar cinco depósitos de madera, un depósito de semillas, otro de forrajes y el edificio de la maderería donde laboraban trabajadores estadounidenses.
En protesta, Greene acudió al cónsul estadounidense, quien pidió apoyo al gobierno de Arizona. Como resultado, se envió un grupo de rangers para tomar el control de la situación. El 2 de junio entraron armados a territorio mexicano para custodiar la tienda de raya y las instalaciones de la minera. Persiguieron y asesinaron, con el apoyo de la policía rural porfirista, a todo huelguista que opusiera resistencia.
El 3 de junio se declaró ley marcial en Cananea y el movimiento quedó casi controlado, los líderes mineros como Baca Calderón y otros integrantes del Partido Liberal Mexicano fueron aprehendidos y enviados a prisión política de San Juan de Ulúa, el saldo que arrojaron las dos jornadas de lucha fue de 23 muertos y 22 heridos, más de 50 personas detenidas.
El transcurso de la Revolución Mexicana fue de consecuencias y construcciones para el país en un proceso innegable de transformación que dio al país instituciones, leyes, derechos y obligaciones. No se puede negar tampoco que el acceso a servicios básicos, a la salud y a la educación de un Estado tutelar se debe a la Revolución Mexicana que nació en Cananea, en la agreste sierra alta de Sonora, al albor de 2 mil trabajadores mineros que convocaron a mejores condiciones laborales y a sus derechos colectivos.
El legado de la histórica huelga de 1906 permanece en la fértil memoria de los cananenses, que hoy en día es testimonio de una amplia participación política para lograr, con tesón y entrega, el índice de desarrollo humano municipal más alto del Estado de Sonora y uno de los más altos en el país, de acuerdo a datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
El mineral de Cananea es emblemático para México y su emblema está cifrado el 1 de junio de 1906, fecha histórica en que inicia el movimiento de la Revolución Mexicana por lo que, conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y 73 numeral 3, inciso V de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter respetuosamente a consideración del Pleno la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con
Punto de Acuerdo
Primero. Se acuerda la celebración de una sesión solemne de Congreso General en conmemoración de la huelga de Cananea del 1 de Junio de 1906, en el contexto del centenario de la Revolución Mexicana y del bicentenario de la Independencia de México.
Segundo.- La sesión solemne se llevará a cabo el 1 de junio de 2010 en el mineral de Cananea, Sonora.
Tercero. El orden del día es el siguiente:
Intervención del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, senador Carlos Navarrete Ruiz.
Posicionamiento de los Grupos Parlamentarios en este orden: Convergencia, Nueva Alianza, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional.
Clausura.
Palacio Legislativo de San Lázaro.
Diputado Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA PRÁCTICA DE UNA AUDITORÍA RESPECTO A LA UNIDAD
MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD DEL IMSS HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ
NARRO CÉSPEDES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente propuesta:
Exposición de Motivos
Situación actual en la Unidad Médica de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital de especialidades centro médico nacional Siglo XXI. Se encuentra de director general el doctor Mario Madrazo Navarro desde agosto de 2007, fue director de Prestaciones médicas en el IMSS, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. El doctor Madrazo Navarro es cuñado del licenciado Labastida Ochoa (casado con Blanca Labastida), maestro del doctor Santiago Echeverría Zuno (actual director de prestaciones medicas), como su asesor desde esa época ha fungido el doctor Fausto Barajas Díaz del Castillo (actual jefe de la División de Evaluación y apoyo Logístico en la Coordinación de programas integrados de salud).
Con el doctor Mario Madrazo Navarro como director del hospital de especialidades CMN siglo XXI, emblema del IMSS, se ha generado mayor corrupción al permitir y solapar conductas en ciertos funcionarios públicos como son:
Director administrativo licenciado César Octavio Ayerdi Hernández, quien es licenciado en sistemas de computación administrativa, por la Universidad del Valle de México, nombrado como director administrativo a partir del 16 de agosto del 2007, ocupando una plaza de confianza B, transgrediendo los acuerdos sindicales, ya que el no cuenta con plaza de base en el IMSS y su antigüedad en el instituto se genera a partir de la ocupación en este puesto como confianza con categoría A (firmando y tomando decisiones como director administrativo sin contar con la plaza asignada sino hasta el 16/04/2008 numero de plaza 2082) destacan en sus antecedentes laborales haberse desempeñado en la Lotería Nacional (en la que realiza fraude, antecedentes en la Función pública) en el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública del 29 de julio del 2004 al 27 de febrero del 2006 (como asesor) y en la Procuraduría General de la República del 31 de mayo del 2006 al 15 de noviembre del 2006, lo que utiliza como bandera de impunidad para amenazar al personal que no está dispuesto a prestarse a sus actos de corrupción en lo referente a la desviación de los recursos que se le asignan para administrar el Hospital y que son encaminados a la atención de la derechohabiencia que nunca la recibe.
Director médico doctor Roberto Manuel Suárez Moreno, impuesto por el director general y administrativo en diciembre del 2008, a pesar de no ser aceptado ni siquiera en la inscripción a la segunda convocatoria por no cubrir requisitos solicitados por la Comisión Nacional de Calificación para ocupar puestos de confianza B como director médico.
Se destaca que si hubo inscritos en la segunda convocatoria y se hizo caso omiso del único participante inscrito que cumplió con el 100% de los requisitos solicitados, es por ello que el director Medico actual es fraudulento e ilegítimo.
El jefe de abastecimientos ingeniero Álvaro Morales Hernández, cuenta con antecedentes de desvió de recursos, a través de su personal como la ingeniera Lourdes Cristóbal, quien fue rescindida por compras no sustentadas, como resultado de una auditoria del órgano interno de control y sin embargo se le permite continuar laborando e involucrándose en los procesos de compras en el mismo Hospital a pesar de estar rescindida. Por otra parte este ingeniero realiza compras a una empresa con antecedentes de venta al instituto en insumos con ganancias de hasta por el 300% del valor real en el mercado. Así mismo tiene a su hijo Álvaro Morales trabajando en otra empresa como responsable de la cuenta ante el IMSS de este Hospital, es decir negocio redondo utilizando los recursos del IMSS (empresa dedicada a venta de varios insumos en el hospital y en todo el IMSS, Medicaldimegar o bien sus filiales.
Continuando con esta corrupción en recursos humanos del personal:
El hospital de especialidades CMN Siglo XXI se ha convertido en una administración de "encargadurías", es decir existen encargados de las siguientes oficinas:
División de Calidad, División de Asuntos Jurídicos, Oficina de lo Laboral, Departamento de Atención y orientación al Derechohabiente, División de Cirugía II, División de Oftalmología, Departamento de segmento anterior, Departamento de Segmento Posterior, Oficina de Nutrición y Dietética, Departamento de Personal y Relaciones Contractuales.
Todas estas oficinas y departamentos tienen titulares que si cumplieron requisitos, antes de que el doctor Mario Madrazo y el licenciado César Ayerdi Hernández tomaran por la intimidación y bajo amenazas a este hospital de Especialidades, todos estos titulares han sido removidos bajo argucias, mentiras, amenazas de vida y falsas acusaciones, ya que se encontraban en puestos claves y que no permitían fluir tan abiertamente la corrupción y el fraude.
Los residentes recién ingresados se encontraron con una administración tambaleante por las decisiones no pensadas y su repercusión aprenderán que los encargados nombrados por estas autoridades corruptas son las que tiene el sartén por el mango, y que si no hacen lo que se les indica serán fritos, sin poder culminar sus intereses legítimos de formación académica, situación delicada ya que hablamos de los futuros médicos responsables de la atención de este país.
Punto de Acuerdo
Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda instrumentar una auditoría e investigación a través de la entidad fiscalizadora federal sobre el desempeño administrativo de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional siglo XXI, y se actué de inmediato conforme a la ley.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en México D. F., a 15 de abril de 2010.
Diputado José Narro Céspedes (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SCT, A LA COFETEL Y A LA PROFECO A IMPLANTAR MEDIDAS RESPECTO
A COBROS INDEBIDOS POR TELMEX Y TELCEL, QUE VAN EN PERJUICIO DE LOS USUARIOS,
A CARGO DE LA DIPUTADA SOFÍA CASTRO RÍOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
La que suscribe, diputada Sofía Castro Ríos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, somete a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las empresas Teléfonos de México, SAB de CV (Telmex), y Radiomovil Dipsa, SA de CV, (Telcel), actualmente encabezan la vergonzosa lista de prestadores de servicios con más quejas y denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Telmex, que atiende cerca del 90 por ciento del mercado de telefonía fija en nuestro país, realiza un cobro indebido en perjuicio de sus consumidores por un servicio no prestado, dicha compañía debe proporcionar a sus usuarios de manera gratuita un directorio telefónico impreso que cubre el área urbana donde se haya contratado la línea telefónica, que contiene los datos del nombre, número telefónico asignado, domicilio y código postal de los suscriptores; el propio contrato de la compañía lo establece como un servicio, así como la concesión otorgada por el Estado, obliga a que sea gratuito.
Sin embargo, Telmex viene realizando un cobro indebido a los usuarios que renuncian al servicio en cuestión, es decir, por no aparecer en el directorio, ni ser ofrecida su información a través del servicio de "asistencia de directorio nacional" en el número 040, dándole la denominación de "numero privado" a su línea telefónica, cobrándose 24 pesos por la renuncia de esta prerrogativa y de una mensualidad de 12.42 pesos, esto significa para la empresa, ingresos indebidos a costa de los consumidores por un servicio no aceptado.
Respecto a la empresa Radiomovil Dipsa, SA de CV (Telcel), la cual establece en los contratos con sus usuarios, denominados "plan de renta" en cualquiera de sus modalidades, otorgar una fianza a favor de Telcel a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago, durante el primer año es gratuita y a partir del segundo año en la factura mensual aparece "cargo de fianza anual" por la cantidad de 172.41 pesos más IVA.
Este cobro indebido se consuma en el hecho de obligar a pagar una fianza por un servicio donde no debiera existir, además de que dicha fianza establecida para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago, no es devuelta al usuario que la pago, aunque esta no haya sido utilizada para cubrir algún incumplimiento de pago.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de acuerdo a la Ley Federal de Telecomunicaciones, en su artículo 9-A, tiene dentro de sus atribuciones regular, promover y supervisar a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), como lo especifica la Ley Federal de Protección al Consumidor, en su artículo 20, debe promover y proteger los derechos del consumidor, así como procurar y representar sus intereses, para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.
Asimismo, debe vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas establecidos o registrados por la autoridad competente y coordinarse con otras autoridades legalmente facultadas para inspeccionar precios y requerir a los proveedores o a las autoridades competentes a que tomen medidas adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo genero de prácticas que lesionen los intereses del consumidor.
Está claro, como lo vivimos día a día, que estas empresas cometen contra sus usuarios, robos en despoblado sin que los usuarios tengan la posibilidad de ser resarcidos en su daño económico; porque no hay autoridad que les imponga el respeto a la ley, porque el sistema de justicia es lo suficientemente benévolo para permitirles alargar y alargar los juicios llegando al final con que se les impuso alguna multa de una cantidad ridícula. No debemos permitir que las grandes empresas con tendencias monopólicas, abusen de su poder dominante.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor a:
II. Solicitar a Teléfonos de México, SAB de CV, el registro de todos y cada uno de los subscriptores que deseen el servicio de aparecer en el directorio telefónico y en el servicio de "asistencia de directorio nacional" en el numero 040 y exigir que se evite todo tipo de cobro al usuario que renuncia al servicio de directorio telefónico y de asistencia de directorio nacional en el 040, "numero privado".
III. Exigir la devolución de las fianzas cobradas año con año desde la contratación del servicio, por Radiomovil Dipsa, SA de CV, a sus usuarios, establecidas para garantizar obligaciones de pago y que debieron ser devueltas cuando los compromisos del cliente fueron cumplidos en tiempo y forma.
Diputada Sofía Castro Ríos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ELABORAR MEDIANTE LA SENER, LA SHCP Y
LA CFE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN A FIN DE QUE SE DESTINEN LOS
RECURSOS NECESARIOS PARA QUE EN VERANO SE APLIQUE EN LAS TARIFAS DOMÉSTICAS
DE SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA UN APOYO ESPECÍFICO
A LOS USUARIOS DE SAN LUIS RÍO COLORADO Y DEL NORESTE DE SONORA,
SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS LEONARDO ARTURO GUILLÉN MEDINA Y MARCOS
PÉREZ ESQUER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los que suscriben, diputados federales Leonardo Arturo Guillén Medina y Marcos Pérez Esquer, pertenecientes a esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, por el estado de Sonora e integrantes del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Energía, y de Hacienda y Crédito Público, y de la Comisión Federal de Electricidad, elabore un convenio de colaboración para que se destinen los recursos necesarios para que durante la temporada de verano se aplique a la tarifas domésticas para suministro y venta de energía eléctrica, un apoyo específico a los usuarios domésticos de energía eléctrica del municipio de San Luis Río Colorado y el noroeste del estado de Sonora, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
I. El humanismo económico impulsa una economía eficiente y equitativa en la distribución de oportunidades, responsabilidades y beneficios, una economía que busca construir un México más próspero.1
En ese tenor, las acciones que realice el Estado mexicano, deben estar encaminadas a alcanzar el humanismo económico, por lo que, perseguirán en todo momento la igualdad jurídica y la equidad para todos los mexicanos, de manera que se logre el desarrollo integral y el crecimiento equilibrado de todas las regiones del país.
Por ello, la equidad en el acceso a mejores condiciones de vida ha de ser el resultado de un federalismo subsidiario, solidario y responsable que sea capaz de incorporar a todos los mexicanos al progreso nacional. Un federalismo solidario y subsidiario exige la participación del gobierno federal para que todas las entidades, en especial aquellas con mayor rezago social, se encuentren en condiciones de igualdad para garantizar el pleno bienestar de las personas.2
La igualdad, es considerada elemento fundamental de la justicia. En efecto, la justicia únicamente puede existir entre personas que son tratadas de la misma manera en las mismas circunstancias. El requerimiento de igualdad no significa "lo mismo para todos". El requerimiento igualitario de la justicia significa que, por un lado, los iguales deben ser tratados igual, y otro, los desiguales deben ser tratados teniendo en cuenta sus diferencias relevantes.3
II. Así las cosas, y estando convencidos de la forma en que ha de conducirse el Estado mexicano, cabe señalar, que siendo la energía un factor de primordial importancia para impulsar el crecimiento económico y garantizar mayores oportunidades para los ciudadanos en condiciones de igualdad; coincidiendo con lo señalado por la doctora Georgina Kessel Martínez,4 la energía eléctrica es un servicio vital en la economía, es un insumo presente en la producción de bienes y servicios, así como un servicio fundamental de uso final en los hogares.
Por lo tanto, requiere de una adecuada regulación que propicie la eficiencia y la competitividad de los actores involucrados minimizando costos de operación, así como el mayor beneficio a los consumidores, entre otras cuestiones, con subsidios que permitan un pago por el servicio eléctrico al alcance de las familias mexicanas.
Como se observa en el Balance Nacional de Energía más reciente, que presentó la Secretaría de Energía en el año 2009, correspondiente al año 2008, se señala que el consumo nacional de energía fue equivalente a 8,478.46 PJ, 3.5% por arriba de lo registrado en 2007; y, en lo que respecta al consumo de energía del sector residencial fue de 750.13 PJ, mientras que en el año anterior éste fue de 743.12 PJ. Por otra parte, señala que durante el período 2000-2008, los precios medios de la electricidad aumentaron en términos reales, debido básicamente al impacto del incremento de los precios de los combustibles.5
En ese tenor, cabe señalar, que como ya ha quedado asentado en el párrafo anterior, y por lo registrado en otros Balances Nacionales de Energía, como en el del año 2006, hay un incremento año con año en el consumo de energía eléctrica; tan sólo en México hay claras evidencias de la creciente importancia en el uso de aparatos eléctricos, para soportar las altas temperaturas que en algunas comunidades se dan de manera verdaderamente extremosas, aparatos como el aire acondicionado o calentadores eléctricos, entre muchos otros. Lo que, evidencia la necesidad de un mayor consumo de energía eléctrica, que a su vez, se traduce en pagos excesivos en dicho servicio.
III. De manera que los usuarios en tarifas de clima cálido ubicados en los estados fronterizos del norte de México son especialmente importantes por sus niveles de consumo de electricidad.
En promedio, estos usuarios de la región norte consumen hasta 68 por ciento más que la media nacional (2.61 megawatts-hora). Estos altos niveles de consumo son resultado del uso de equipos de aire acondicionado, muy común en la región, llegando a representar más de la mitad del consumo eléctrico anual del consumo total de los usuarios del sector en ciudades como Mexicali, Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora.
Específicamente en la región noroeste de nuestro país, las ventas internas de energía eléctrica crecieron 3.3% durante el año 2007. Es importante tener presente que la característica principal de la región noroeste es el clima extremoso con altas temperaturas en verano e intensos fríos en invierno, lo cual incide sobre el patrón de consumo de energía eléctrica en las zonas urbanas de la región, como son los casos de Mexicali en Baja California, y San Luis Río Colorado y los municipios ubicados en el noroeste de Sonora, donde el consumo de electricidad aumenta notoriamente durante los meses de verano (de mediados de mayo a finales de septiembre) debido al uso intensivo de aire acondicionado.6
De tal manera, que sólo por describir la situación que se vive en el Noroeste del estado de Sonora, en San Luis Río Colorado se registran las temperaturas más altas del estado de Sonora. Temperaturas que en los meses de junio, julio y agosto, han llegado alcanzar hasta los 49°C.7
Hay que señalar, que las temperaturas del Noroeste del estado de Sonora, no son diferentes a las que presenta la ciudad de Mexicali en la época de verano, por lo que el uso de energía eléctrica se intensifica en este periodo del año. El aumento en la utilización de energía eléctrica, en esta región del País, tiene implicaciones muy importantes en el consumo de energía y en el gasto familiar promedio.
IV. Por lo anterior, es de suma importancia la aplicación de subsidios que lleva a cabo la Comisión Federal de Electricidad, en las diferentes regiones del país. Cabe señalar, que el 7 de febrero de 2002 se creó la tarifa 1F, que aplica un subsidio al costo de la energía eléctrica. Esta tarifa se aplica a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, cuya temperatura media mensual en verano sea de 33 grados centígrados como mínimo. Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados, cuando llega al límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se disponga de la información correspondiente.
Adicionalmente, el Ejecutivo federal también ha establecido convenios de subsidios adicionales, como el que establecía la aplicación de un apoyo por más de 250 millones de pesos para los usuarios del municipio de Mexicali, Baja California, otorgando un descuento mayor que la tarifa vigente 1-F durante los años 2007, 2008 y 2009.
Como se ha dicho, las altas temperaturas que se tienen en toda esa región durante la época de verano, especialmente en San Luis Río Colorado y toda la Región Noroeste del Estado de Sonora, son el motivo por el que resulta imperante que se destinen mayores apoyos para que las familias de ese territorio que reservan una parte muy importante y significativa de su gasto al pago de energía eléctrica, por el uso de aire acondicionado o bien otros aparatos de ventilación que no son utilizados a capricho, sino como una necesidad para soportar tales temperaturas, encuentren un apoyo en estos momentos tan difíciles en los que aspiramos emigrar de una crisis económica global.
En ese sentido, reconocemos los esfuerzos que ha hecho el Gobierno Federal con la creación de las tarifas como la 1-F, que ha permitido reducir el pago de facturas de las familias en su consumo eléctrico.
No obstante lo anterior, resulta preponderante que se realice un Convenio de colaboración, igual al que el día 28 de abril de 2006, firmaron el Gobierno Federal, con el Estado de Baja California y la Comisión Federal de Electricidad, que permitió el otorgamiento de un apoyo por más de $ 250 millones de pesos para los usuarios del Municipio de Mexicali, concediendo un descuento mayor que la tarifa vigente 1-F; mismo que se extendió por 3 años más.
Por tal motivo, estamos convencidos que en plena congruencia con el humanismo económico, a fin de lograr la igualdad para quienes se encuentran en las mismas circunstancias, creemos firmemente que tal compromiso se puede extender a las comunidades que se encuentran en las mismas condiciones climatológicas, como los son las que se desarrollan en el noroeste del estado de Sonora.
En esa tesitura, es menester proponer a los integrantes de esta Cámara de Diputados, solicitar al Ejecutivo federal por medio de la Sener, SHCP y CFE, elaboren un convenio de colaboración para que se destine un piso presupuestal de un monto de $200 millones de pesos, a efecto de que durante la temporada de verano se aplique a las tarifas domésticas para suministro y venta de energía eléctrica, un apoyo específico a los usuarios domésticos de energía eléctrica del municipio de San Luis Río Colorado y el noroeste del estado de Sonora.
Por lo antes expuesto a este Honorable Congreso y con fundamento en lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a su consideración el siguiente punto de
Acuerdo Legislativo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a elaborar, a través de las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público, y de la Comisión Federal de Electricidad, un convenio de colaboración para que se destinen los recursos necesarios para que durante la temporada de verano se aplique a la tarifas domésticas para suministro y venta de energía eléctrica, un apoyo específico a los usuarios domésticos de energía eléctrica del municipio de San Luis Río Colorado y el noroeste del estado de Sonora.
Notas
1. Principios de doctrina del Partido Acción Nacional,
2002 http://www.pan.org.mx/XStatic/pan/docs/espanol/p_doctrina2002[1].pdf
2. Ídem
3. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada, Tomo II. Ed.
Porrúa, décima segunda edición, México, 1998.
4. Doctora Georgina Yamilet Kessel Martínez, secretaria
de Energía, Prospectiva del sector eléctrico 2008-2017.
5. http://www.sener.gob.mx/webSener/res/PE_y_DT/pub/Balance_2008.pdf
6. Prospectiva del sector eléctrico 2008-2017,
Capítulo 3/3.1.2.1.
7. http://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_R%C3%ADo_Colorado#cite_note-1#cite_note-1
«weather.com»
Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 21 de abril de 2010.
Diputados: Leonardo Arturo Guillén Medina,
Marcos Pérez Esquer (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SHCP A IMPLANTAR MEDIANTE EL SAT UN PROGRAMA DE APOYO PERMANENTE
EN LOS TRÁMITES ADUANEROS A LOS MEXICANOS QUE INGRESAN EN EL PAÍS
POR LA FRONTERA NORTE, A CARGO DEL DIPUTADO JAIME OLIVA RAMÍREZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado Jaime Oliva Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, para que a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT) implemente un programa de apoyo permanente en los trámites aduaneros a los mexicanos que ingresan a nuestro país por la frontera norte, con el fin de brindarles certeza jurídica y con ello desincentivar que personas externas, los sorprendan ofreciendo supuestos servicios de tramitación de importación temporal de vehículos ni de ningún otro, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Históricamente durante las temporadas de vacación, la frontera norte de nuestro país ha sido testigo del regreso de miles de mexicanos residentes en los Estados Unidos de América, los cuales año con año aprovechan los tiempos de asueto para visitar sus lugares de origen y a sus familias.
Sin embargo, por muchos años las diversas instituciones de la república que se encuentran involucradas con el proceso de internación en la frontera, fueron sujetas de múltiples críticas en virtud de los abusos y vejaciones que en no pocas ocasiones su personal produjo en contra de los mexicanos en su tránsito a territorio nacional.
Tal situación ha generado la implementación de diversos programas de atención y apoyo a los migrantes que ingresan al país, particularmente en temporadas de alto flujo como en las vacacionales.
Es el caso del programa Paisano del gobierno federal cuyo objetivo sobre todo es el de coordinar las acciones de todas las dependencias e instituciones que forman parte de dicho programa, con el fin de garantizar a los connacionales que su ingreso, tránsito y salida del país se realice con absoluto respeto y protección de sus derechos, de su persona y de su bienes.
Asimismo la creación de dicho programa buscó consolidar un sistema de información eficiente que contribuyera a erradicar prácticas de corrupción y maltrato en perjuicio de los paisanos que regresan a México, preservando que su entrada y salida sea en todo momento segura.
Por su parte, la actual legislatura de esta honorable Cámara de Diputados implementó en el pasado periodo decembrino del año 2009 el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, el cual surgió con el fin de coadyuvar con el programa instruido por el gobierno federal, así como constituirse como un mecanismo que aliente una mayor defensa de los derechos y libertades de los connacionales, a partir de involucrar a los legisladores en los operativos de supervisión sobre el trato que se les da a nuestros connacionales en su tránsito hacia sus comunidades y localidades de origen en la temporada navideña.
No obstante los anteriores esfuerzos éstos no han sido suficientes, es un hecho tangible y verificable el que nuestros paisanos siguen siendo víctimas de múltiples abusos, si bien no en todos los casos por parte de las autoridades que encuentran a su paso, sí por personas externas que aprovechándose precisamente de la ausencia de las autoridades, sorprenden a los connacionales ofreciéndoles el servicio de diversos trámites ante las autoridades aduaneras, lo cual al ser fraudulento, termina haciendo de un viaje de placer y de disfrute de sus familias que tienen años sin visitar, su peor pesadilla por los efectos secundarios generados de internarse en el país con documentación irregular.
Ejemplos hay muchos pero sirva mencionar el de nuestro paisano de nombre Arturo Aguirre Palomares, mexicano residente en el estado de Texas en los Estados Unidos de América, quien el pasado 12 de diciembre al venir a México en compañía de su familia, una vez que cruzó la frontera fue sorprendido por una serie de personas, coloquialmente llamados "coyotes" ofreciéndole el servicio del trámite para la legal internación temporal de un vehículo de su propiedad por un costo de quinientos cincuenta dólares americanos.
Posterior a que le realizaran los supuestos trámites, este ciudadano mexicano continuó con su viaje hasta llegar a un punto en el Estado de San Luis Potosí donde la Policía Federal le solicitara los documentos del vehículo y una vez que éste los mostrara, con malos tratos el señor Arturo Aguirre Palomares fue arrestado bajo los cargos de presunción de contrabando y uso de documentos falsos y remitido al Ministerio Público, aunado a que le fuera retenido el vehículo.
Resumiendo, resulta que es hasta el pasado treinta de marzo del presente año que el juez primero del estado de San Luis Potosí dictó el auto de libertad a favor del ciudadano citado al no haberse acreditado los elementos del delito de presunción de contrabando, no obstante, esta persona en su afán de venir a su país a visitar a su gente lo único que logro fue ser sujeto a juicio y perder su vehículo, parte de su patrimonio el cual sigue en manos de las autoridades hacendarias.
Como se puede ver, la falta o insuficiencia de autoridades y de información en la frontera con el fin de asistir a todos y cada uno de los paisanos que ingresan a nuestro país en los trámites que tienen que realizar, sin duda incentiva la aparición de personas que sólo buscan engañar y obtener ganancias a costa de la ignorancia de aquellos que ingresan al territorio nacional, lo cual como se ve en el caso planteado, más allá de hacer de nuestros connacionales un proceso sencillo y agradable los pone en una circunstancia por la cual habrán de pensar dos veces en la próxima ocasión en que quieran regresar a su tierra.
México, en ningún momento puede olvidar la deuda y compromiso que tiene con los miles de conciudadanos que se han visto forzados a trabajar en los Estados Unidos de América por falta de oportunidades en nuestro país por lo que todos aquellos que formamos parte en alguno de los Poderes de la Unión, debemos redoblar esfuerzos con el fin de lograr erradicar por completo cualquier tipo de situación que en forma alguna pueda ser nociva para los conciudadanos que nos visitan, aunado a tomar las medidas necesarias para garantizarles de forma efectiva un pleno respeto en sus derechos, otorgándoles transparencia y efectividad en los trámites que tengan que realizar.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, para que a través del Sistema de Administración Tributaria, implemente un programa de apoyo permanente en los trámites aduaneros a los mexicanos que ingresan a nuestro país por la frontera norte, con el fin de brindarles certeza jurídica y con ello desincentivar que personas externas, los sorprendan ofreciendo supuestos servicios de tramitación de importación temporal de vehículos ni de ningún otro.
Dado en el Pleno del H. Congreso de la Unión, el 21 de abril de 2010.
Diputado Jaime Oliva Ramírez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REMITIR PARA RATIFICACIÓN DEL
SENADO LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LOS JÓVENES
A FIN DE RECONOCER A ÉSTOS COMO SUJETOS DE DERECHOS, ACTORES ESTRATÉGICOS
DEL DESARROLLO Y CAPACES DE EJERCER RESPONSABLEMENTE SUS DERECHOS Y LIBERTADES,
SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FRANCISCO RAMOS MONTAÑO Y CANEK VÁZQUEZ
GÓNGORA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los que suscriben, diputados federales Francisco Ramos Montaño y Canek Vázquez Góngora, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo para la ratificación por parte del Estado del tratado internacional Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, con la finalidad de dar soporte jurídico al conjunto de los gobiernos iberoamericanos, para el desarrollo de políticas públicas dirigidas a la promoción y el fortalecimiento de las potencialidades de la juventud de la región.
Exposición de Motivos
Nuestro Estado mexicano requiere seguir impulsando el ámbito jurídico de las y los jóvenes para el reconocimiento de este gran sector de nuestra población, como sujetos reales y efectivos de derechos, garantizando la igualdad y equidad de género, de inserción y participación en la vida del país, en la aprobación de leyes y políticas públicas orientadas al ejercicio pleno de sus derechos, en la satisfacción de sus necesidades y en su incorporación responsable, solidaria y eficaz en el desarrollo de la vida nacional e internacional.
Las Naciones Unidas, la participación de diferentes países y diversos órganos regionales han estado propiciando políticas, acciones y programas para impulsar diferentes documentos, programas, declaraciones, tratado internacional, foros, conferencias, organizaciones, para impulsar y garantizar los derechos, el desarrollo pleno de la vida de las y los jóvenes de forma personal, de sus posibilidades sociales, el respeto y la vinculación y participación con la sociedad en sus diferentes ámbitos de la vida económica, social, cultural y política, a la que legítimamente aspiran.
Entre lo más significativos esta el Programa Mundial de Acciones para la Juventud para el año 2000 en adelante, aprobado por la resolución número 50/81 de las Asamblea General de las Naciones Unidas que constituye una estrategia internacional para tratar de resolver los problemas de la juventud y aumentar sus oportunidades de participación en la sociedad; la Declaración de Lisboa, aprobada en la primera Conferencia Mundial de Ministros Responsables de Juventud, celebrada en Lisboa, Portugal, en 1998, que formula un marco para la cooperación internacional de las políticas de juventud, y donde se comprometieron a fomentar el intercambio bilateral, subregional, regional e internacional de las mejores prácticas, a nivel nacional, para la formulación, implementación y evaluación de políticas de juventud, como también respaldaron y apoyaron las acciones de la Organización Iberoamericana de la Juventud; las conclusiones y el Plan de Acción aprobado en el Foro Mundial de Juventud del Sistema de Naciones Unidas, celebrado en Braga, Portugal, en 1998, se ha impulsado la búsqueda de vías de comunicación entre las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la juventud y los órganos del sistema de las Naciones Unidas competentes en ese ámbito, adaptar esas vías a los proyectos y actividades de las Naciones Unidas relacionados con la juventud y promover la ejecución del Programa de Acción Mundial por medio de iniciativas conjuntas de las organizaciones no gubernamentales y el sistema de las Naciones Unidas. El Fondo de las Naciones Unidas para la Juventud proporciona asistencia para proyectos relacionados con la juventud por medio de actividades operacionales apoyando con subvenciones a los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales en apoyo de medidas impulsoras e innovadoras en el ámbito de la juventud.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, tiene el mandato especial en la protección integral de los derechos de los niños y adolescentes. La Organización de Estados Americanos reclama que los temas de la juventud deben ser abordaos como un asunto central en las naciones y en las asambleas. La Organización Internacional del Trabajo, en la XVI Reunión Regional de los Estados Americanos miembros, el empleo juvenil fue adoptado como una prioridad, porque los jóvenes contribuyen e impulsan el crecimiento económico de las naciones, para ello se debe estimular su mayor formación e inserción laboral. La Organización Mundial de la Salud, se ha enfocado en los últimos años a impulsar la cultura de los hábitos y conductas saludables para atender la problemática de la salud de los jóvenes, porque muchas enfermedades graves en la edad adulta tienen sus inicios en la adolescencia y juventud.
La Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, Es un tratado internacional de derechos humanos que fue firmado el 11 de octubre del 2005 en la ciudad española de Badajoz, de carácter vinculante, que establece el compromiso de los Estados a implementar nacionalmente los derechos consagrados en la convención. El alcance de aplicación está circunscrito a los 22 países que conforman la comunidad iberoamericana de naciones, de la cual forma parte México.
Es el primer documento de carácter internacional que dará un soporte jurídico al conjunto de los gobiernos iberoamericanos, para el desarrollo de políticas públicas dirigidas a la promoción y el fortalecimiento de las potencialidades de la juventud de la región.
Es un instrumento que brinda soporte jurídico al conjunto de los gobiernos Iberoamericanos para el desarrollo de políticas públicas destinadas a la juventud
De acuerdo con la Conapo y datos que ofrece el Imjuve, desde 2005 había cerca de 34 millones de jóvenes de 12 a 29 años, dicha población alcanzará su máximo crecimiento en 2012, con casi 36 millones de personas.
Los jóvenes requieren de una atención específica por el desarrollo de su identidad y personalidad, su seguridad, adquisición de conocimientos y su proyecto de futuro, dados los factores físicos psicológicos y sociales. Existen múltiples carencias en diferentes aspectos del desarrollo de su vida: carencias en educación formal, en la formación y capacitación profesional, en el empleo y contrato legal, en el ingreso de su trabajo, de vivienda, de gozar de las garantías efectivas de tutela judicial, de información, deporte, la participación en la vida social, económica, política, cultural y del medio ambiente.
Desde el último quinquenio el 43.8% de los jóvenes se dedicaba a actividades académicas y cerca de 75% no tuvo acceso a estudios superiores; cabe destacar que 42 de cada 100 jóvenes abandonaron la escuela porque tenían que trabajar. Sin embargo, el empleo tampoco les ofrecía una salida digna a su proyecto de vida, ya que en 60% de los casos el ingreso que obtuvieron era de 1 a 3 salarios mínimos y sólo 39% tenía un contrato laboral. La consecuencia de esta situación es que al menos hay 22% de jóvenes inactivos (alrededor de 7 millones y medio) situación que, de acuerdo al Imjuve, se agudiza en las mujeres de 20 a 29 años.
Además, son pobres 58 millones de jóvenes latinoamericanos 21 millones están en condiciones de indigencia.
Según el fondo de naciones unidas para la población 2005, 22 millones de jóvenes en América Latina y el Caribe no estudian ni trabajan.
Según la Organización de las Naciones Unidas en el informe sobre la juventud mundial 2005: Los Jóvenes hoy y en el 2015, más de 200 millones de jóvenes están en extrema pobreza; 130 millones de jóvenes son analfabetos; 88 millones son desempleados; 10 millones portan el virus del sida
Se necesita seguir impulsando las condiciones reales y jurídicas, que garanticen el desarrollo de la vida de los jóvenes y ofrezcan la satisfacción de sus necesidades de una vida adulta productiva, plena, tanto a nivel nacional como internacional.
Se necesita generar para las y los jóvenes condiciones que les permitan centrar sus expectativas en mejores oportunidades de calidad vida, combatiendo las desigualdades y la vulnerabilidad en la que miles de jóvenes se encuentran ante factores adversos que tienen que ver con la pobreza, la marginación, la discapacidad, la apatía, el abandono y la falta sensibilidad social. Se requiere de garantizar a las y los jóvenes las oportunidades que potencien su participación en los diferentes ámbitos de la vida nacional de forma responsable. Se necesitan las condiciones que impulsen su pleno desarrollo integral, con sus derechos, de mayor participación e inserción en la vida económica, sociopolítica, ambiental y cultural, como sujetos de derecho y su incorporación y participación en las políticas públicas en los diferentes organismos con una dimensión multicultural y étnica, de participación libre, solidaria y eficaz en el alcance del desarrollo nacional.
El 18 de diciembre de 2009, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; declararon el 2010 como Año Internacional de la Juventud: El diálogo y el entendimiento mutuo, a partir del 12 de agosto de 2010, bajo el lema "Participación, Desarrollo, Paz". De esta manera, se dio pauta a la planificación y creación de medidas y acciones a favor de la juventud. En este marco, México celebra la "Conferencia Mundial de Juventud" 2010.
Así, la Ciudad de México será sede de la "Conferencia Mundial de la Juventud" 2010organizado por el Instituto Mexicano de la Juventud, la cual se llevará a cabo del 23 al 28 de agosto de 2010. Teniendo como tópicos centrales, la transversalidad de las políticas públicas de juventud y el fomentar el desarrollo integral de las y los jóvenes.
La Conferencia Mundial de la Juventud 2010 unirá en un mismo foro a delegaciones oficiales de los países integrantes de la ONU, a redes de jóvenes, a representantes de la sociedad civil, a organizaciones no gubernamentales, a la iniciativa privada, a representantes de organismos, a fundaciones e invitados internacionales.
En los mismos días de la Conferencia Mundial de la Juventud, la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados llevará a cabo, un Foro de Parlamentarios, con el objetivo principal de identificar las prioridades de acción sobre juventud e integrarlas al campo legislativo y en la agenda internacional a través de la modificación o creación de leyes.
La importancia de la ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, impulsará el marco y desarrollo jurídico, las políticas y las acciones de las y los jóvenes, sector clave en la sociedad de nuestro país, porque son personas capaces de ejercer con responsabilidad sus derechos y libertades, son actores importantes del desarrollo de la nación, da cada comunidad de nuestro país.
El Estado Mexicano suscribió dicha Convención el 11 de octubre de 2005 en la ciudad española de Badajoz como tratado internacional de derechos humanos por el Presidente de la República, en uso de sus facultades que le confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aún falta la ratificación por parte de nuestro país, por la aprobación del Senado de la República Mexicana, según está establecido por el artículo 133, y el artículo 76 de nuestra Constitución.
Concluyendo, dicha Conferencia Mundial de la Juventud y el Foro de Parlamentarios forman parte de las celebraciones que realizamos el presente año de 2010. Requerimos, por lo tanto, en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución de nuestra República Mexicana, tanto la aprobación de la ley General de la Juventud, como de la ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes" impulsando a un sector clave de nuestra sociedad mexicana, a las y los jóvenes a asumir sus derechos y deberes y a participar plena, solidaria y eficazmente en el desarrollo de la sociedad nacional e internacional del siglo XXI.
En virtud de lo expuesto y fundado, se pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a remitir al Senado de la República para ratificar la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, según el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el espíritu de reconocer a las y los jóvenes como sujetos de derechos, actores estratégicos del desarrollo y personas capaces de ejercer responsablemente sus derechos y libertades.
Dado en el Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados, a 22 de abril de 2010.
Diputados: Francisco Ramos Montaño y Canek
Vázquez Góngora (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL BANCO DE MÉXICO A EVALUAR MEDIDAS DE SEGURIDAD DE
LAS TARJETAS DE DÉBITO Y DE CRÉDITO PARA DISMINUIR LAS OPERACIONES
FRAUDULENTAS, Y A REGULAR LA SOLICITUD DE DONACIONES EN LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS,
A CARGO DEL DIPUTADO RICARDO SÁNCHEZ GÁLVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito diputado federal Ricardo Sánchez Gálvez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Banco de México a evaluar diferentes medidas de seguridad de las tarjetas de débito y crédito a fin de disminuir las operaciones fraudulentas; asimismo, a regular la solicitud de donaciones en los cajeros automáticos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En los últimos años, el uso de las tarjetas bancarias ha tomado una creciente importancia en las transacciones que se realizan en nuestro país. Muestra de ello es que al cierre del año 2002 existía un total de 7.8 millones de tarjetas de crédito y 32.3 millones de débito, al término del 2009 el número ascendía a 22.0 y 59.4 millones de tarjetas, respectivamente.
Este incremento fue propiciado principalmente por un tema de seguridad, al ser más seguro para los ciudadanos portar tarjetas bancarias que dinero en efectivo; así también como resultado de los esfuerzos de las autoridades financieras para bancarizar a la economía mexicana, aplicando diversas estrategias que van desde la educación financiera, promoción de los servicios, hasta reformas al marco legal para fomentar el uso de productos bancarios.
Así, por ejemplo, observamos cómo un mayor número de trabajadores recibe su salario a través de transferencias electrónicas, permitiéndoles disponer de los recursos a través de las tarjetas bancarias. De la misma manera, cada día se suman más establecimientos mercantiles a la red de terminales de punto de venta, ofreciendo facilidades para que los consumidores realicen compras con estos medios.
Sin embargo, de la mano del incremento del número de las tarjetas bancarias, las transacciones realizadas y la cantidad de operaciones, se elevó el número de delitos vinculados a estos medios de pago, tales como el robo de identidad y clonación de tarjetas.
La Asociación de Bancos de México estimó que durante el año 2009 los fraudes con tarjetas bancarias y otros medios de pago ascendieron a 60 millones de dólares, lo que nos permite tener una aproximación de la magnitud de un problema que, además de afectar a los intermediarios financieros, lesiona gravemente los intereses de los mexicanos.
Las mayores pérdidas se localizan en el segmento de las tarjetas bancarias, siendo común encontrar en los estados de cuenta cargos no reconocidos que van desde los 2 mil hasta los 100 mil pesos.
Ante esta situación, algunos casos generalizados son asumidos por los bancos, resarciendo el daño a los clientes; sin embargo, otros tienen que ser denunciados siguiendo un proceso que, además de ser largo y complicado, absorbe recursos incrementando la afectación a los ciudadanos.
Si bien es cierto que en los últimos años se ha avanzado en modificar el marco legal para sancionar el uso ilícito de tarjetas bancarias y otros medios de pago, estas modificaciones son de carácter punitivo y no preventivo, lo que no ha impedido que se continúen realizando este tipo de delitos.
En respuesta, algunos bancos están aplicando medidas para incrementar la seguridad de las tarjetas, principalmente mediante la migración de banda magnética a chip, así como la modificación de las instalaciones y características de los cajeros automáticos. Por su parte, las autoridades financieras y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros han implementado campañas informativas para evitar que los ciudadanos sean víctimas de las bandas que cometen estos ilícitos.
De la misma manera, legisladores de todos los partidos advierten sobre la necesidad de establecer disposiciones que incrementen la seguridad en el uso de los medios de pago, señalando medidas que van desde la inclusión del nombre del tarjetahabiente en el plástico hasta otras como el uso de la huella digital.
En este ámbito, nuestra legislación financiera es clara al señalar que el Banco de México es el responsable de promover el sano desarrollo del sistema financiero y de proteger los intereses del público. En este tenor nuestro banco central emitió reglas a las que se sujeta la emisión y operación de tarjetas de crédito, sin embargo, la práctica nos señala que éstas son insuficientes.
Por lo anterior considero de especial relevancia que el Banco de México evalúe las diferentes alternativas que existen para incrementar la seguridad en las tarjetas de crédito y débito. A nivel internacional podemos observar la adopción de medidas como la inclusión de la fotografía del tarjetahabiente en el plástico para que se identifique al cliente al momento de su utilización, asimismo para inhibir el uso que pudiese realizar un tercero no autorizado.
Sin embargo, reconozco que esta no es la única medida que se puede implementar, de ahí la necesidad de evaluar todas aquellas que puedan dotar de mayor seguridad al sistema financiero mexicano y a los diversos medios de pago con el único fin de salvaguardar los intereses y bienestar de los mexicanos.
Por otro lado, considero de especial relevancia que el Banco de México regule las formas en que las instituciones bancarias solicitan donativos en los cajeros automáticos, pues si bien son prácticas bien intencionadas, muchas veces la "solicitud de donación" se realiza a través de mensajes u opciones confusas y recurrentes que obstaculizan o, en su caso, condicionan la eficiente transacción, propiciando que el tarjetahabiente incurra en actos contrarios a su voluntad.
Quiero puntualizar que no estoy en contra de las donaciones, es más, considero fundamental que los mexicanos contribuyamos con los grupos sociales más vulnerables y con los temas estratégicos para el desarrollo nacional, como lo son educación y salud. Sin embargo, me preocupa la forma en que se obtienen dichos donativos.
Por lo anterior, pongo a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Banco de México para que evalúe la viabilidad de incluir la fotografía digital del tarjetahabiente en las tarjetas de débito y crédito y, estudie otro tipo de medidas de seguridad que puedan contribuir a disminuir las operaciones fraudulentas que se realizan con estos medios de disposición.
Segundo. Se exhorta al Banco de México para que, mediante disposiciones de carácter general, regule la práctica de solicitar donaciones en los cajeros automáticos a fin de evitar engaños o presentación de información confusa para los ciudadanos.
Diputado Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECTUR A INCLUIR COTIJA DE LA PAZ, MICHOACÁN, EN
EL PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JOSÉ
MANUEL HINOJOSA PÉREZ, AGUSTÍN TORRES IBARROLA Y RICARDO
SÁNCHEZ GÁLVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos, diputados José Manuel Hinojosa Pérez, Agustín Torres Ibarrola y Ricardo Sánchez Gálvez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a incluir el pueblo de Cotija de la Paz, perteneciente al estado de Michoacán, en el programa Pueblos Mágicos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El programa Pueblos Mágicos contribuye a revalorar un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros. Más que un rescate, es un reconocimiento a quienes habitan esos hermosos lugares de la geografía mexicana y han sabido guardar, para todos, la riqueza cultural e histórica que encierran. Asimismo, un pueblo mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, y magia que emana en cada una de sus manifestaciones socioculturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico.
2. El municipio de Cotija se ubica en el noroeste del estado de Michoacán, colinda al poniente con el estado de Jalisco con los municipios de Quitupan y Manuel M. Diéguez (Santa María del Oro), al norte con Jiquilpan, al noreste con Villamar y Tingüindín y al sur y al este con Tocumbo, localidades michoacanas, tiene una superficie de 504.05 kilómetros cuadrados y representa el 0.91% de la superficie del estado, perteneciendo a la región de la ciénaga de Chapala.
3. La fundación de este municipio data a agosto del año 1759, cuando fue elevado a categoría política de Congregación de Cotija, posteriormente, en la Ley Territorial del 10 de diciembre 1831, se constituyó en municipio del Partido de Jiquilpan, hasta el 23 de abril de 1896, cuando se le otorga el título de Ciudad con el nombre de Cotija de la Paz, y el 27 de diciembre 1939, se firma la resolución presidencial que formó el ejido de Cotija y sus anexos.
4. Entre los principales atractivos con los que cuenta el municipio de Cotija se encuentran la casa de San Rafael Guízar y Valencia, la Virgen de la Gruta, la casa Madre Vicentina, la parroquia principal, cuya construcción data de 1581 a 1595, entre otros lugares que hacen del pueblo de Cotija un lugar especial, aunado al hecho de que actualmente cuenta con infraestructura para el desarrollo de ecoturismo, como campismo, ciclismo de montaña, caminata y pesca, elementos que guardan lo espectacular del pasado con los servicios y la amabilidad y hospitalidad que conservan los habitantes de este lugar mágico.
5. Es necesario comentar, que el municipio de Cotija es internacionalmente famoso derivado de la producción del queso que lleva el nombre de ese lugar, el cual ha puesto a este pequeño pueblo michoacano en el mapa mundial gastronómico. La elaboración de este producto es desde hace aproximadamente 400 años, cuando se comenzó a crear esta variedad de queso en rancherías aledañas al pueblo, siendo en el año 2000 cuando fue creada una marca registrada para el mismo, la cual estableció normas comunes para su elaboración artesanal y cada año se lleva a cabo la feria del queso Cotija, con la intención de resguardar este patrimonio gastronómico y mismo que fue reconocido entre 500 participantes, como el mejor queso extranjero del año en el campeonato mundial que sobre ese derivado de la leche que se realizó en Cremona, Italia, en noviembre del 2006.
6. Con base en las consideraciones antes citadas, el municipio de Cotija puede ser contemplado dentro del Programa de Pueblos Mágicos, toda vez que cumple con las características necesarias para otorgarle esta denominación, trayendo como consecuencia contar con los beneficios que se otorgan para continuar con la protección histórica y cultural del mismo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente:
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Turismo a incluir al pueblo de Cotija de la Paz, perteneciente al estado de Michoacán, en el programa de pueblos mágicos.
Segundo. Se exhorta al gobierno del estado de Michoacán y al municipio de Cotija de la Paz para que realicen los trámites y acciones necesarias, para que se incorpore este último al Programa de Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril del 2010.
Diputados: José Manuel Hinojosa Pérez,
Agustín Torres Ibarrola, Ricardo Sánchez Gálvez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS GOBERNADORES Y AL JEFE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
A TRABAJAR CON LAS AUTORIDADES FEDERALES COMPETENTES PARA IMPLANTAR ACCIONES
QUE PERMITAN CUMPLIR LOS FINES DEL PROGRAMA DE REPATRIACIÓN HUMANA,
A CARGO DEL DIPUTADO GUMERCINDO CASTELLANOS FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito, Gumercindo Castellanos Flores, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a los gobernadores de las 31 entidades federativas y al jefe del Gobierno del Distrito Federal, a trabajar coordinadamente para el cumplimiento de los fines del Programa de Repatriación Humana implantado por el Instituto Nacional de Migración, en cuanto a los repatriados y deportados oriundos de sus Estados, al tenor de los siguientes
Consideraciones
Las circunstancias económicas que ha vivido el país desde hace décadas, han obligado a millones de mexicanos a dejar sus comunidades de origen y a separarse de sus familias, para buscar mejores condiciones de vida migrando a Estados Unidos de América (EUA).
El 95 por ciento de las personas que residen fuera del país se encuentra en EUA, estimados en 12 millones de mexicanos, equivalente a más del 11 por ciento de los habitantes en México. El 57 por ciento de estos mexicanos son indocumentados.
El Consejo Nacional de Población publicó un estudio integral sobre la migración en México, llamado "Índice de Intensidad migratoria México-Estados Unidos" en el cual señala que cinco estados de la República tienen un muy alto grado de intensidad migratoria, siete tienen un alto grado, ocho un medio grado de intensidad, seis un grado bajo y seis un muy bajo grado de intensidad migratoria, destacando que ninguna entidad está libre del fenómeno, pues en mayor o menor medida, mexicanos de todos los estados, han migrado a EUA.
El ingreso ilegal a EUA, puede ser un delito merecedor de una pena privativa de libertad en los casos de reincidencia, sin embargo la consecuencia más común para los mexicanos sin documentación que son detenidos por Servicios Migratorios de EUA, es la repatriación o la deportación. Dichos actos pueden estar circunstanciados a elementos denigrantes o traumatizantes para nuestros connacionales, pues además de mermar sus anhelos de una vida mejor, en ocasiones se torna en actos violentos, discriminatorios o excesivos.
La repatriación o deportación de mexicanos que ingresan ilegalmente a EUA es un fenómeno cotidiano en la dinámica fronteriza que existe entre ambos países. Cuando dicho acto se ejecuta, nuestros connacionales tienen la disyuntiva de quedarse en la zona fronteriza con el objetivo de posteriormente reintentar cruzar la frontera, aún y cuando como ya se ha comentado, las leyes norteamericanas aumentan las penas en contra de los migrantes reincidentes.
Sin embargo, los mexicanos que son repatriados o deportados también tienen la opción de regresar a su comunidad de origen, lo cual no solo le evitaría el peligro que impone introducirse de nueva cuenta a los EUA de forma ilícita, sino que implicaría su reintegración familiar. Para que ello suceda, el migrante debe tener certidumbre en cuanto a su destino laboral y económico en el lugar de donde es oriundo, e incluso en el traslado de la frontera a su pueblo o ciudad.
Por ello el gobierno federal ha diseñado el Programa de Repatriación Humana, implantado por el Instituto Nacional de Migración que en coordinación con diversas entidades federales, está dirigido especialmente a los migrantes repatriados y deportados, para brindarles seguridad, orientación y apoyo en su regreso a México, con el objetivo de que sea más sencillo su retorno, pero además que éste sea definitivo y con elementos benéficos para él y su comunidad.
Este programa ofrece como apoyo a los ciudadanos deportados, acceso a alimentos, atención médica, comunicación con familiares, albergues, ofertas de trabajo temporal, apoyos educativos y descuentos para su traslado de regreso a su lugar de origen.
De igual manera, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, a través del Servicio Nacional de Empleo, les proporciona apoyo para trabajar en la frontera norte o para regresar a su lugar de origen e incorporarse a una actividad productiva, solicitando únicamente que los repatriados ó deportados aparezcan en los listados de migración y no deseen intentar un nuevo cruce a EUA. Todos los beneficios que ofrece este Programa son totalmente gratuitos y se dan una sola vez.
El fenómeno migratorio debe ser atendido utilizando todos los medios posibles. Se necesita no solo la atención del gobierno federal, sino además es necesario que las entidades federativas establezcan programas y políticas de reinserción en el ámbito de su competencia, colaborando con ello a que sus habitantes permanezcan en sus lugares de origen y particularmente a, que aquellos que ya han migrado y fueron repatriados o deportados, tengan facilidades e incentivos para regresar y no quedarse en las zonas fronterizas exponiéndose a los peligros y riesgos que aquello implica.
Cada estado, tiene particularidades y necesidades diferentes, de acuerdo a su nivel migratorio, económico, etcétera, por ello queremos dejar en claro que se trata de una colaboración que permita a la federación mejorar sus programas y políticas hacia los migrantes con la colaboración de las entidades federativas, principalmente para facilitar su traslado de la zona fronteriza donde se encuentren hacia sus comunidades, así como en la creación de programas que permitan su reinserción tomando como base los términos del Programa de Repatriación Humana.
Compañeras y compañeros legisladores. Es obligación de gobierno federal y de los gobiernos locales promover que las personas que han sido repatriadas o deportadas opten por regresar a su lugar de origen, proporcionándoles facilidades logísticas de traslado y apoyo para su reinserción laboral en la vida económica nacional.
La complejidad del fenómeno migratorio obliga a tener políticas que inhiban la afluencia de mexicanos al exterior, pero también y de forma crucial, debe vigilar y apoyar a nuestros compatriotas que regresan por voluntad o sin ella a territorio nacional. La deportación y repatriación de migrantes ilegales es un fenómeno que merece particular observación, pues incide en diversos factores, como es la seguridad pública en los estados fronterizos donde suelen ser enviados por las autoridades estadounidenses, la economía de sus familias, pues suelen ser los proveedores de éstas, su propia integridad y desarrollo como personas, entre otras.
Se trata de un esfuerzo conjunto entre el gobierno federal a través del Instituto Nacional de Migración y las entidades federativas, particularmente de las fronterizas y las de origen de los migrantes, para colaborar en el traslado y otorgamiento de apoyos que permitan a los migrantes encontrar mejores condiciones de vida en sus lugares de residencia original.
Es por todo lo anterior que se somete a la consideración de ésta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a los gobernadores de los 31 estados y al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a trabajar coordinadamente entre si y con las instancias federales competentes para implantar las acciones necesarias que permitan el cumplimiento de los fines del Programa de Repatriación Humana, en cuanto al traslado de nuestros connacionales oriundos de sus estados que han sido repatriados ó deportados y de apoyo integral para acceder a mejores condiciones de vida en su regreso.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración a coordinar esfuerzos con el gobierno de los estados y del Distrito Federal para la consecución de los fines del Programa de Repatriación Humana, particularmente en el traslado de nuestros connacionales repatriados o deportados de Estados Unidos de América en las zonas fronterizas hacia su lugar de origen.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2010.
Diputado Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A SUSPENDER MEDIANTE LA SCT CUALQUIER INTENTO
SOBRE EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN Y DICTAMEN DEL PROYECTO
DE NORMA OFICIAL 031 ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA,
SUSCRITA POR INTEGRANTES DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Los que suscriben, diputados federales de diversas grupos parlamentarios de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo a efecto de que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, suspenda cualquier intento concerniente al proceso administrativo de revisión y dictamen del proyecto de Norma Oficial 031 ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria bajo las siguientes
Consideraciones
Ha sido del conocimiento de ésta soberanía, que en días recientes del mes de abril, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) envió una carta a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para que ésta reconsiderara la expedición de una norma que obligue a todos los propietarios de automotores con más de 4 años de antigüedad en el país, a que realicen una verificación sobre las condiciones físicas y mecánicas a efecto de no ser sancionados al momento de circular en carreteras federales.
La Secretaría ha argumentado que "el 3.7 por ciento de los accidentes automovilísticos en el país ocurren por fallas vehiculares, lo cual ocasiona pérdidas económicas de más de 177 mil millones de pesos al año".
En respuesta a esta nueva carta, que ha dejado en evidencia la plena insistencia de la dependencia, la comisión ha rechazado que estos argumentos sean totalmente objetivos al desvirtuar que el monto total de recursos que ellos exponen no son por accidentes en caminos y puentes federales o por fallas mecánicas. Además, la comisión ha señalado que el vigente y aplicable artículo 81 del Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales obliga a que todo vehículo que transite por la vía pública deberá encontrarse en condiciones satisfactorias de funcionamiento, sin embargo, esta normatividad no determina ninguna obligación de realizar una nueva verificación vehicular.
Si bien la propuesta de fondo del Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la de contribuir a incrementar la recaudación tributaria por medio del pago de derechos para la verificación dada la magnitud de vehículos potencialmente obligados a ser verificados, no observamos las condiciones socioeconómicas necesarias ni convenientes para implementar tal programa de verificación vehicular por varias razones: a) en primer lugar, más del 70 por ciento de las carreteras federales tanto concesionadas como no concesionadas se encuentran en condiciones deplorables, lo que resulta impropio del gobierno cuando las condiciones de calidad de su infraestructura no responde en términos de proporcionalidad al cobro de más contribuciones; b) en segundo lugar, el tan anunciado programa de infraestructura carretera de 2009 sólo contempló recursos presupuestales para la construcción y rehabilitación de ejes hoy concesionados y en los cuales sus tarifas de uso no son equitativas con el otorgamiento de servicio; además de que, c) sería otra forma de disfrazar un impuesto casi generalizado a la población ya que cada año se tendrían que verificar más de 13 millones de automotores –entre legales y regularizados– lo que implicaría recursos al gobierno federal por más de 3 mil 500 millones de pesos anuales, sin que ello represente ni mucho menos garantice un beneficio real para la infraestructura carretera del país pues no existe la certeza de que su uso, aplicación y destino sea exclusivamente para beneficio del sector carretero; y, finalmente d) los diputados federales del Partido Verde Ecologista de México no estamos dispuestos a permitir otro golpe certero al bolsillo de las familias mexicanas empeorando las condiciones reales de subsistencia e inhibición del desarrollo y bienestar en la calidad de vida de millones de personas que basan su trabajo diario en el uso de vehículos y carreteras federales para poder llevar a cabo sus actividades.
En consecuencia, vemos que esta pretensión de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes obedece sin mayores consideraciones a la instrucción de obtener mayores recursos de la población sin argumentos ni propósitos justos y sólo con el fin de compensar fracasos y costos de programas federales como el gris programa de "descharratización" que tuvo una inversión de 500 millones de pesos sin obtener hasta el momento ningún resultado significativo.
Ante estos fracasos de programas y medidas por cuestiones de diversa índole, advertimos que ésta pretendida medida no será la excepción; y es que desde el principio la dependencia erró en su análisis técnico de costo-beneficio, pues en primer lugar, tuvo el inconveniente de notificar que la verificación tendría un costo de 350 pesos; y en la segunda carta del 5 abril donde enteraba a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria sobre su rectificación, establecía un nuevo costo de 148 pesos para los autos de 4 a 10 años de antigüedad y de 296 pesos para los autos con más de 10 años. En segundo lugar, anteriormente en diciembre de 2009, la misma dependencia había tenido ya el infortunio de corregir el costo que implicaban los accidentes ocurridos en carretera, al pasar de 177 mil millones de pesos, en un inicio, a tan sólo 26 mil 807 millones de pesos.
En este sentido, coincidimos en la postura de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de que la pretendida norma oficial NOM 031 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, posee inconsistencias en los costos que la nueva verificación tendría para los usuarios de automotores. Así como también, reiteramos que es un hecho que esta medida perjudicaría a millones de usuarios de carreteras federales que cuentan con algún tipo de automotor para desarrollar sus actividades cotidianas de trabajo; y más grave aun, cuando el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anunciara que no desistirá en los incrementos progresivos y periódicos a los combustibles como el gas, las gasolinas y el diesel, por lo que todo indica que con estas medidas, el recuento de los daños por la crisis económica del 2009 se complicaría en 2010 en caso de validar esta pretensión que en lugar de apoyar realmente a la población desalientan el crecimiento y el desarrollo de la economía.
Finalmente, refrendamos nuestro respaldo total y absoluto a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en su determinación más que nada por guiarse por principio de cuentas por el profesionalismo comprometido en el desempeño de su servicio, así como también por objetar una clara disposición que resulta de una facultad administrativa del Ejecutivo federal, más que por cuestiones políticas por una mera cuestión de sentido común y objetividad; ya que es evidente que ante la falta de sensibilidad social del presente gobierno, ésta administración quiera condenar a como dé lugar a la población de todos los estratos sociales mediante este tipo de medidas que resultan a todas luces incongruentes, perversas y hasta injustificadas técnicamente, pues perjudican a la mayoría de las cadenas productivas del país, ya que según datos del Inegi, del porcentaje total de volumen de carga transportada en el país, en el año 2008, casi el 60 por ciento del volumen de carga fue transportada por carretera, de ahí la importancia de impugnar tal medida; más aún, cuando nuestra economía depende de un mundo globalizado en donde el traslado de mercancías sobre caminos y carreteras federales es una constante insoslayable.
Por lo expuesto, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, en calidad de urgente resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que suspenda cualquier intento concerniente al proceso administrativo de revisión y dictamen ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria hasta que la dependencia del Ejecutivo federal rinda un informe detallado sobre la situación que guarda el proyecto de la norma oficial NOM 031 así como los alcances de ésta ante esta soberanía.
Segundo. Se exhorta a la SCT así como a la entidad desconcentrada Caminos y Puentes Federales, que informe a esta soberanía sobre los montos actualizados de cobertura que tienen con compañías aseguradoras para las carreteras federales del país que tienen a su cargo. Asimismo, a efecto de que analice la factibilidad técnica y financiera para ampliar los seguros a favor de los usuarios de carreteras y puentes federales que se encuentren en una situación de siniestro vial.
Tercero. Se exhorta a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a no declinar en su función de velar por la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones, y que éstas generen beneficios mayores a sus costos para la sociedad; así como también, y en dado caso, a que revise con mayor rigor y profundidad este tema por ser un asunto de gran envergadura para el país.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 22 días del mes de abril del año dos mil diez.
Diputados: Juan Carlos Natale López (rúbrica),
Avelino Méndez Rangel (rúbrica), Mario di Constanzo Armenta
(rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS COMISIONES Y A LOS ÓRGANOS DE APOYO LEGISLATIVO
COMPETENTES DE ESTA SOBERANÍA A TRABAJAR EN CONJUNTO PARA GENERAR
UNA REFORMA RURAL ESTRUCTURAL, SUSCRITA POR INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
El que suscribe, diputado Cruz López Aguilar, en nombre del Partido Revolucionario Institucional y por acuerdo de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en la normatividad que en su caso fuera aplicable, me permito someter a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
Que durante la revisión, análisis y aprobación del presupuesto para el campo 2010, una gran mayoría de diputados provenientes y vinculados al sector agrícola y rural, construimos acuerdos y logramos, con la anuencia de todos ustedes, una de las mayores asignaciones de fondos públicos en la historia nacional para el sector rural, tan importante en la vida de nuestro país, lo cual revela el alto compromiso del Poder Legislativo con el sector agrícola y rural del país.
Que hemos constatado que existen dificultades de fondo para integrar al sector agropecuario de manera más eficaz al desarrollo económico y social del país.
Que a pesar de haber diseñado y establecido una gran variedad de leyes, políticas y programas para diversos aspectos del campo, su situación no mejora, su participación en el crecimiento económico de la nación no es lo que podría ser, su interacción virtuosa con el medio ambiente no es la más adecuada y lo más preocupante de todo, su pobreza endémica y aguda en vez de disminuir, ha seguido aumentando. Es una situación que no puede seguir así, pues la población del campo como la de todo el país, sufrirá consecuencias graves en su desarrollo económico y social y podría poner en riesgo la seguridad alimentaria y nutricional e incrementar la intranquilidad y malestar del país.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRI, el pleno de la Comisión de Agricultura y Ganadería, han considerado necesario y urgente diseñar y proponer una reforma rural estructural, igual de importante que las reformas energética, laboral, política y fiscal, las cuales han venido mereciendo la atención pública y que han sido todas iniciativas del Poder Ejecutivo.
Que la reforma rural estructural que proponemos, está basada en 5 Ejes Fundamentales:
II. Reingeniería institucional pública. Actualmente, las secretarías, organismos centralizados y descentralizados, comisiones, fideicomisos, instancias públicas autónomas, etcétera, relacionadas con el sector rural, tienen políticas públicas, programas, presupuestos, mecanismos de operación, seguimiento y evaluación diferentes, para atender a la misma población objetivo. De ahí, la ineficiencia e incongruencia de las acciones del Estado para resolver de manera ordenada la problemática rural. Es por ello que propondremos un diseño, moderno, congruente y eficiente, de políticas públicas y de estructura gubernamental para el campo mexicano.
III. Planeación participativa rural. No hacemos planeación en México; mucho menos, se ha considerado la participación activa de los diferentes actores de la sociedad rural. Por ello, aseguraremos que con la participación social y privada: campesinos, indígenas, productores, empresarios, pero también con profesionistas, universidades e instituciones públicas, así como con los Poderes de la Unión en los tres niveles de gobierno, se precisen los problemas básicos y sus estrategias de solución, de corto, mediano y largo plazos, para lograr implementar un verdadero sistema de planeación y ejecución sustentable para el campo mexicano, para cada tipo de productor, región y situación específica, de las cuales deriven las políticas públicas, programas, reglas de operación y tipos de evaluación a realizar.
IV. Política de Estado de corto, mediano y largo plazos. Que tendrá entre otros, los siguientes objetivos
a. El incremento de la producción, transformación y comercialización agropecuaria, forestal y acuícola;
b. La generación de mayores ingresos y empleos dignos para las familias rurales;
c. El financiamiento y seguros agrícolas, accesibles a los más pobres;
d. La promoción y desarrollo de bioenergéticos;
e. La soberanía y seguridad agroalimentarias;
f. El desarrollo pertinente de la educación agrícola, así como el desarrollo científico y tecnológico y su transferencia por profesionales;
g. El cuidado y aprovechamiento del agua;
h. El acceso a la alimentación nutritiva de las familias;
i. El bienestar rural traducido en mayor y mejor educación, salud, alimentación y vivienda de las familias rurales;
j. Un manejo responsable y sustentable de los recursos naturales.
V. Presupuesto integral multianual. Es indispensable remarcar que el principal instrumento de política pública en México, es el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable del Presupuesto de Egresos de la Federación. Si bien se ha avanzado en su concepción integral, falta ahora que el Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo y los Congresos locales, asuman el compromiso de volverlo multianual. Solo así podrá haber confianza y seguridad en la inversión social y privada en materias que lo requieran como la infraestructura de producción, transformación y comercialización, investigación y desarrollo y la formación de recursos humanos especializados. Debe asegurarse la concurrencia de presupuestos públicos, privados y sociales y el federalismo a estados y municipios, desconcentrando no solamente recursos presupuestarios, sino atribuciones y funciones y que asuman estas últimas instancias, su corresponsabilidad.
Por lo expuesto y fundado, ponemos a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones Unidas del Campo: de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Pesca; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Reforma Agraria, y de Asuntos Indígenas; al Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria y al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, a trabajar en conjunto para generar la reforma rural estructural, basada en 5 ejes fundamentales: armonización del marco legal rural, reingeniería institucional pública, planeación participativa rural, política de estado de corto, mediano y largo plazos y presupuesto integral multianual.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2010.
Diputados: Cruz López
Aguilar (rúbrica), presidente; Manuel Humberto Cota Jiménez
(rúbrica), Alfredo Francisco Lugo Oñate (rúbrica),
Fermín Montes Cavazos (rúbrica), Luis Félix Rodríguez
Sosa (rúbrica), Rolando Zubía Rivera (rúbrica), Sergio
Arturo Torres Santos (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón
(rúbrica), Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica), José
Narro Céspedes, José M. Torres Robledo, secretarios; José
Tomás Carrillo Sánchez (rúbrica), Óscar García
Barrón (rúbrica), Joel González Díaz (rúbrica),
Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Jorge Rojo García
de Alba (rúbrica), Gerardo Sánchez García (rúbrica),
Héctor Eduardo Velasco Monroy (rúbrica), Víctor Alejandro
Balderas Vaquera (rúbrica), Alberto Esquer Gutiérrez (rúbrica),
José Luis Iñiguez Gámez (rúbrica), Juan de
Jesús Pascualli Gómez, Fernando Santamaría Prieto
(rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica),
Enrique Octavio Trejo Azuara, Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva,
Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), José María
Valencia Barajas, Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Eduardo Zarzosa
Sánchez (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS SECRETARIOS DE SALUD FEDERAL Y DE GUERRERO A ESTABLECER
PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES INMEDIATOS PARA ABASTECER DE MEDICAMENTOS SUFICIENTES
LAS INSTALACIONES DE SALUD EN LAS ZONAS DE ALTA MARGINACIÓN EN EL
ESTADO, A CARGO DEL DIPUTADO ESTEBAN ALBARRÁN MENDOZA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado Esteban Albarrán Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, fracción I, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete ante el pleno de esta soberanía al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Que durante los últimos años en Guerrero se ha mostrado incapacidad de parte de las autoridades respectivas para abastecer plenamente de medicamentos y proporcionar satisfactoriamente los servicios de salud a la población que se encuentra en zonas de alta y muy alta marginación, motivo que vulnera el derecho constitucional de acceso a la salud.
Asimismo, esta incapacidad ha sido reconocida recientemente por parte de las autoridades de salud del gobierno del estado, actualmente existe desabasto crónico de medicamentos básicos, entre ellos el suero antialacrán y antibióticos en zonas de alta y muy alta marginación.
También se ha generado malestar entre la población de Guerrero, pues en las zonas determinadas de alta y muy alta marginación no abren los centros de salud los sábados y los domingos y se carece de médicos y enfermeras que presten los servicios; además, durante el año 2009, la Secretaría de Salud del estado produjo subejercicios de recursos federales, los cuales tuvo que reintegrar a la federación.
Igualmente organizaciones no gubernamentales han denunciado que "96 por ciento de la población indígena en Guerrero no tiene acceso a servicios de salud por falta de hospitales con personal calificado y con equipamientos básicos: La Montaña cuenta con un hospital general en Tlapa para atender a 300 500 personas repartidas en 17 municipios (con sólo tres ginecólogos, dos anestesistas y un pediatra contratados para cubrir un solo turno); 6 hospitales básicos comunitarios (sin especialistas ni equipamientos básicos); y unas 166 unidades de salud, de las cuales más de la mitad no cuentan ni siquiera con la presencia de un médico general (funcionan sólo con enfermeras y otro tipo de personal menos calificado)".1
Segunda. Que de acuerdo con la información emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social a principios de este mes de abril, al celebrarse el Día Mundial de la Salud en México, señaló que Guerrero forma parte de las once entidades federativas cuyas poblaciones registran los mayores porcentajes de personas que no tienen acceso a los servicios de salud básicos.
Asimismo, en el informe de Medición Multidimensional de la Pobreza 2008, esta institución oficial del Estado mexicano, estableció que 43.4 millones de mexicanos no tienen acceso a servicios de salud públicos o privados.
En este contexto, el secretario de Salud del gobierno federal, José Ángel Córdova, desmintió y desestimó que estas cifras fueran las exactas pues señaló "a lo mejor no están actualizadas… y que para 2011 se llegará a todos los mexicanos la cobertura universal".
En este orden de ideas y al participar en el mismo evento el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México afirmó que "se necesita que se plante un verdadero servicio nacional de salud. México ya no debe seguir con un sistema de salud fragmentado y tan desarticulado".
Tercera. Que siendo Guerrero uno de los más rezagados en el país en la prestación de los servicios de salud provoca, como consecuencia, que los servicios de atención médica en el estado y en las localidades de alta y muy alta marginación no exista personal y medicamentos suficientes para atender a la población, cuidando de su vida y seguridad física.
En tal sentido y por lo anteriormente expuesto se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud de Guerrero y al secretario de Salud del gobierno federal, para que se establezcan los mecanismos idóneos y las acciones inmediatas que abastezcan de medicamentos suficientes a las instalaciones de salud y sean atendidas por personal médico calificado y suficiente, las zonas de alta y muy alta marginación en las siete regiones de Guerrero.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 29 de abril de 2010.
Notas
1. web Sipaz. 2009.
Diputado Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A
LA SEDESOL A PROMOVER ENTRE LAS ORGANIZACIONES DE MEXICANOS EN EL EXTERIOR
EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, A CARGO DEL DIPUTADO GUMERCINDO CASTELLANOS
FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado Gumercindo Castellanos Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, a que promueva entre las organizaciones de mexicanos en el exterior el programa 3 x 1 para migrantes para que éstos puedan invertir en aquellas zonas del país que se encuentren en condiciones de pobreza, con base en las siguientes
Consideraciones
Para el gobierno federal ha sido un eje fundamental en la elaboración de políticas públicas la realización de estrategias por las cuales la sociedad civil pueda participar en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los mexicanos.
Como resultado de ello, se implantó el Programa federal 3 x 1 para migrantes, mediante el cual se apoyan las iniciativas de los mexicanos que viven en el exterior y se les brinda la oportunidad de canalizar recursos a México, en obras de impacto social que benefician directamente a sus comunidades de origen.
De acuerdo con la normatividad que regula el diseño e implementación de los programas sociales en nuestro país, se establece que aquellos que se manejan con recursos públicos federales, serán destinados a las entidades federativas exclusivamente para la población en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, rezago y de marginación mediante acciones que promuevan la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación, de manera que se les permita desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.
Si bien se sabe que el programa 3 x 1 para migrantes se basa específicamente en la inversión que hacen determinados migrantes en sus lugares de origen, también es oportuno que, para evitar concentrar los recursos en ciertas localidades, se promueva entre todas las organizaciones de mexicanos en el extranjero la necesidad de que se invierta en aquellas zonas de alta marginación, toda vez que la cobertura de éste programa aplica para las 32 entidades federativas en aquellas comunidades de origen u otras localidades que los migrantes decidan apoyar, que presentan condiciones de pobreza, rezago o marginación.
Esto es necesario, toda vez que de acuerdo a la evaluación realizada para el ejercicio 2009, la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señaló que el Programa 3 x 1 para migrantes cuenta con las siguientes debilidades:
• Se atienden las necesidades de las comunidades marginadas pero no necesariamente las de las personas que habitan en localidades en condiciones de pobreza.
• Tres estados concentran más del 50 por ciento de los recursos federales asignados, mismos que se encuentran entre los principales expulsores de migrantes
Por lo anterior, se considera oportuno que la Secretaría de Desarrollo Social en ejercicio de las facultades que tiene para dar asesoría y apoyo técnico a los grupos de migrantes interesados en participar en el programa, amplíe dicha facultad para promover, con base en los datos que proporciona el Coneval sobre la pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial, cuales son aquellas regiones del país que requieren de inversión.
Con tales acciones, se contribuirá a dar cumplimiento con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, ya que con la inversión de las organizaciones de migrantes, se llevarán a cabo obras de infraestructura social básica y otro tipo de programas orientados a disminuir las disparidades regionales que permitan la integración de las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detonen las potencialidades productivas de la región.
Tomando en cuenta lo anterior, se somete a la consideración de ésta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social –a través de las instancias correspondientes– para que intensifique la promoción del Programa federal 3 x 1 para migrantes entre los clubes y organizaciones de migrantes en el exterior, para fomentar la inversión y aplicación de éste programa en aquellas regiones de la República Mexicana que se encuentran en condiciones de pobreza.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2010.
Diputado Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DISMINUIR DE INMEDIATO POR LA SHCP, LA
SENER, LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, LA CFE Y LA CONAGUA LAS
TARIFAS DE ELECTRICIDAD EN EL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO SERGIO
LORENZO QUIROZ CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía, y de Economía, así como de la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional del Agua, a efecto de que, en alcance de sus atribuciones, disminuyan de manera inmediata las tarifas del servicio público de energía eléctrica en el país al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una empresa del Estado mexicano que genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para más de 27.1 millones consumidores; esto representa un beneficio directo para más de 80 millones de habitantes, asimismo, incorpora anualmente más de un millón de nuevos clientes.
El 22.81por ciento de su capacidad instalada corresponde a 21 centrales generadoras, construidas con capital privado por productores independientes de energía. El suministro de energía eléctrica llega a cerca de 137 mil localidades (133,345 rurales y 3,356 urbanas); el 96.84 por ciento de la población utiliza electricidad.
En cuanto al volumen de ventas totales, 83.6 por ciento lo constituyen las ventas directas al público; 15.3 por ciento se suministraban a la extinta Luz y Fuerza del Centro y 1.1 por ciento restante se exporta. El sector doméstico agrupa 88.15 por ciento; sus ventas representan el 26.56 por ciento del total. Situación inversa ocurre en el sector industrial, donde menos del 1 por ciento de los clientes, representa más de la mitad de las ventas.
La CFE es también la entidad del gobierno federal encargada de la planeación del sistema eléctrico nacional, plasmado en el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico, que describe la evolución del mercado eléctrico, la expansión de la capacidad de generación y la transmisión, para satisfacer la demanda en los próximos diez años, este programa se actualiza de manera anual.
El artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece el proceso para fijar las tarifas, su ajuste o reestructuración. Los artículos del 47 al 53 del Reglamento del Servicio Público de Energía Eléctrica establecen lo relativo a las disposiciones tarifarias.
En lo que va de la presente legislatura se han turnado a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados más de 46 puntos de acuerdo, de los cuales 17 han sido exhortos al Ejecutivo federal, a efecto de que sean reducidas las tarifas del servicio de energía eléctrica.
Sin embargo, el silencio de las secretarías de Estado y de las entidades responsables acerca de este asunto ha sido permanente y, por otro lado, las quejas de la ciudadanía, debido a cobros excesivos e injustos del servicio mencionado se han incrementado de manera exponencial.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía, y de Economía, y de la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional del Agua, a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones, presenten informe y redefinan de manera inmediata una nueva metodología para la reducción de tarifas eléctricas en el país, considerando la ubicación y forma de operación de las estaciones meteorológicas y, en su caso, el reemplazo del equipo de medición respectivo; asimismo, sean también consideradas las altas temperaturas, humedad relativa, sensación térmica, requerimientos de sistemas de ventilación y refrigeración, por parte de la población, así como la zona salarial y la situación inflacionaria.
Así también, se solicita que dicho cambio de metodología para la fijación de las tarifas sea entregado antes de septiembre, a fin de ser considerado en el paquete fiscal de 2011, y subsecuentes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2010.
Diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica)