El suscrito, diputado Isaías González Cuevas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este honorable pleno la proposición con punto de acuerdo en el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los estímulos fiscales son instrumentos de vital importancia con los que cuenta el gobierno federal para, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dirigir la economía del país hacía aquellas áreas que desea impulsar o promover.
Por ello, el uso de estos instrumentos fiscales debería estar orientado a apoyar los esfuerzos de los productores nacionales que actúan en los sectores estratégicos de la economía, para la generación de crecimiento económico, pues sus ventas finales, incorporan los productos y servicios generados en todos o buena parte de los sectores y ramas de la actividad económica. De modo tal, que el crecimiento de las ventas finales de esos sectores o industrias estratégicas, multiplica y acelera la producción, y por tanto la inversión productiva y la creación de empleos en toda la cadena de sus proveedores.
Los estímulos fiscales se distribuyen, mediante ciertos beneficios que van desde una deducción, entregas de dinero, créditos o reducciones de cargas impositivas, o exenciones parciales o totales del pago de impuestos determinados, aumento temporal de tasas de depreciación de activos, subsidios directos. Estos apoyos gubernamentales se destinan a promover el desarrollo de actividades y regiones específicas.
Para tener efectos positivos en el estímulo de la actividad económica, los apoyos fiscales se deben aplicar de manera focalizada y con la amplitud requerida. Una forma para distribuirlos de manera oportuna, es mediante instrumentos emitidos por la Tesorería de la Federación (cheques de tesorería), que provean de liquidez a quienes se desea apoyar, especialmente a las empresas que generen nuevos empleos, y las que amplíen sus inversiones productivas, en áreas o industrias estratégicas de nuestra economía, tales como, las industrias de la construcción, la petroquímica, la industria maquiladora y el sector turístico.
Lo que propongo es un procedimiento para la reorientación de los gastos fiscales en el ejercicio 2010, que implica la canalización de los estímulos o apoyos fiscales hacia las industrias estratégicas de la economía, con el enfoque de desarrollar sus cadenas de abasto, a partir del apoyo a proveedores nacionales, sean potenciales o en operación. El objetivo es generar los mayores efectos positivos en la economía y la sociedad como es generación de empleos a partir de la focalización y entrega oportuna de los apoyos fiscales.
La emisión y distribución de instrumentos de la Tesorería de la Federación, tendrá la función de liquidar el conjunto de incentivos fiscales otorgados a las empresas nacionales, permitiendo la incorporación de proveedores nacionales a los eslabones de las cadenas productivas de esos sectores estratégicos, con el doble propósito; por un lado de integrar a las Mipymes a las cadenas de proveedores y por el otro, apuntalar el desarrollo de esos sectores estratégicos de la economía, con el fin de promover la ampliación de la capacidad instalada, la generación de empleos permanentes y el desarrollo de regiones o zonas geográficas consideradas de prioridad nacional. Para reconfigurar las cadenas productivas, de modo tal que tengan un impacto mayor en la economía interna.
Estos instrumentos emitidos por la tesorería o cheques de la tesorería, se aplicarán a cualquier tipo de impuesto federal y estarán dirigidos a estimular la formación de capital y la generación de empleos, al actuar directamente sobre los montos incrementables de inversión productiva y empleo, en cada una de las cadenas de abasto de los sectores estratégicos de la economía.
El objetivo es apoyar el desarrollo de las cadenas productivas que convergen en esos sectores cuya producción final de bienes y servicios, demande insumos del conjunto de cadenas productivas de la economía, como es el caso de las industrias de la construcción, la petroquímica, la maquiladora o el sector turístico.
En el caso particular del sector turístico, consideramos que este sector contribuye de manera importante al crecimiento económico, y es precisamente esta contribución la que justifica la participación del Estado para promover, alentar e incentivar su desarrollo. Pues en México el potencial turístico es muy alto, debido a la extraordinaria dotación de recursos naturales y culturales con que contamos, y que es posible aumentar, con los beneficios que de esta actividad se deriven.
México es uno de los países que mayores beneficios económicos obtiene de su actividad turística. la importancia del turismo en la economía mexicana es indiscutible, pues representa el 9.0 por ciento del producto interno bruto. Por el lado del empleo, la industria turística mexicana proporciona empleos directos a dos millones 500 mil personas, 7.3 por ciento del empleo total. Adicionalmente, las ventas finales de bienes y servicios turísticos a nacionales (87.0 por ciento) y extranjeros (13.0 por ciento), generan 7.0 millones de empleos indirectos en todas las ramas de la actividad económica. Esto ubica al país entre las naciones cuya actividad turística emplea directa e indirectamente al mayor número de personas respecto a la ocupación total.
Las inversiones productivas en el sector turístico tienen un efecto multiplicador de la inversión en toda la economía pues a su cadena productiva, deberían incorporarse abasteciendo insumos, las empresas nacionales que operan en los diferentes sectores y ramas de la actividad económica y deberían acelerar la actividad económica generando crecimiento.
Pero enfrentamos el problema de que este potencial turístico no se explota cabalmente, debido a la desarticulación de las cadenas productivas que lo abastecen. En la actualidad, las cadenas productivas de la industria turística, están configuradas con empresas extranjeras que producen bienes y servicios en sus países y por la vía del comercio exterior, abastecen a las empresas turísticas que operan en territorio nacional, desplazando a los productores nacionales que con bienes y servicios producidos en el país podrían integrarse a las cadenas de abasto que surten la creciente demanda de las empresas turísticas.
Para que las empresas que operan en las diversas cadenas productivas nacionales se incorporen al abasto del sector turismo, se requieren apoyos de diferente tipo, uno de ellos es el apoyo fiscal. El papel del gobierno federal en el desarrollo turístico tiene que apuntalarse mediante los estímulos fiscales dirigidos a aquellos productores nacionales que operan en las diferentes ramas de la economía y que ya están integrados, o a quienes siendo productores nacionales de bienes o servicios susceptibles de abastecer a las diferentes líneas integradas en el turismo, pudieran en virtud de esos apoyos, irse incorporando en algún eslabón de la cadena de la industria turística, abasteciendo uno o varios insumos o servicios. Otros destinatarios de los apoyos fiscales serían los empresarios turísticos, con la condición de que reinvirtieran una parte considerable de sus ganancias en el mismo destino turístico o en otro dentro del territorio nacional.
Los Cheques emitidos por la Tesorería de la Federación, serán acreditables contra cualquier impuesto federal y mediante constancia de haber incrementado inversiones físicas y empleos. Evidentemente que un apoyo como el propuesto, orientado a cada eslabón de las cadenas de abasto, tendrá un costo para el erario. Sin embargo, este gasto fiscal se compensará en el mediano plazo, pues la elevación de las actividades productivas en todas las ramas de actividad incorporadas al turismo u otras industrias estratégicas, generará ingresos al fisco, por el aumento de la masa de contribuyentes, personas físicas y morales, generando un círculo virtuoso de crecimiento.
Por lo anterior, proponemos el siguiente:
Punto de Acuerdo
Artículo Único. Mediante el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reorientar los gastos fiscales previstos para el presente año, a través de la Tesorería de la Federación, emitiendo una cantidad suficiente de Cheques de la Tesorería de la Federación, para apoyar a los proveedores nacionales que estén incorporados o se incorporen a cualquiera de las cadenas de abasto que proveen de insumos y servicios a las empresas que operan directamente en el Sector Turístico, con el fin de reconfigurar las cadenas productivas, incorporando en ellas a los proveedores y productores nacionales de las Mipymes. Para que con ellos se puedan liquidar desde una deducción, créditos o reducciones de cargas impositivas, o exenciones parciales o totales del pago de impuestos determinados, aumento temporal de tasas de depreciación de activos, subsidios directos, entre las empresas nacionales que acrediten incrementos en sus inversiones y empleos.
Dado en el Palacio legislativo de San lázaro, a 28 de abril de 2010.
Diputado Isaías González Cuevas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SHCP Y DEL SAT A AJUSTARSE DE INMEDIATO
A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DEL IVA Y REALIZAR LAS DEVOLUCIONES A QUE POR
ESE CONCEPTO TIENEN DERECHO LOS MUNICIPIOS CON SALDO A FAVOR, A CARGO DEL
DIPUTADO EMILIO ANDRÉS MENDOZA KAPLAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRI
El suscrito, diputado Emilio Andrés Mendoza Kaplan, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de la Cámara de Diputados la presente proposición con puntos de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las funciones de los municipios y entre estas se encuentran el otorgamiento de los servicios públicos siguientes: "agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposiciones de aguas residuales".
El desarrollo de esta función, específicamente el servicio de agua conocido como servicio doméstico (casa habitación), le genera a los municipios una serie de inversiones extras por la atención que requiere la infraestructura hidráulica necesaria para proporcionar agua potable a los habitantes asentados en los distintos municipios de la República Mexicana.
La aplicación de esta obligación constitucional impacta significativamente en la economía de los municipios, pues además de pagar los costos por las compras de material y equipo, las retribuciones de servicios de personal, el pago de derechos y las obras ejecutadas, se les traslada el Impuesto al Valor Agregado, gravamen que no recuperan por la aplicación de una política errónea de la autoridad hacendaria, y con esto se ocasiona una severa merma a las arcas municipales; situación que se ve reflejada muchas veces en el abandono o disminución de otros servicios vitales para el desarrollo y protección de la ciudadanía como son la seguridad pública, recolección de basura, alumbrado público, programas sociales de carácter municipal, entre otros.
Las devoluciones a los municipios por saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado, por el servicio de suministro de agua para uso doméstico, por parte del Servicio de Administración Tributaria, ha sido, y sigue siendo, un problema que ha generado una serie de controversias jurídicas entre la federación y los ayuntamientos, sin que hasta ahora se logre una efectiva respuesta en favor de estos últimos como en derecho debería proceder, pese a que tanto el Poder Judicial como el mismo Servicio de Administración Tributaria han emitido diversos criterios para la solución de este delicado problema, siempre atendiendo la preocupación y las necesidades que tienen los municipios del país; criterios que hasta hoy siguen soslayando las autoridades hacendarías, aun cuando el marco jurídico fiscal está a favor de los municipios en el cumplimiento de este vital servicio, cuando tienen saldos a favor, conforme a lo señala la Ley del Impuesto al Valor Agregado en el artículo 2o.-A fracción II, inciso h) que establece: "los de suministro de agua para uso doméstico" se aplicará la tasa de 0 por ciento, motivo por el cual se tiene derecho a solicitar la devolución del saldo a favor del impuesto al valor agregado, situación que queda confirmada en el artículo 6o., último párrafo, de este ordenamiento.
A este respecto, el Servicio de Administración Tributaria al emitir la Compilación de Criterios Normativos en Materia de Impuestos Internos, Boletín 2007 formuló el razonamiento 69/2007/IVA Saldo a favor del impuesto al valor agregado por la prestación del servicio de suministro de agua para uso doméstico. Caso en el que procede la devolución al Municipio, autorizado mediante oficio 325-SAT-09-04-B90015 de 14 de diciembre de 2007 y ratificado en el razonamiento 83/2009/IVA del Boletín 2009, autorizado con oficio 600-04-02-2009 78112 del 1º de diciembre de 2009, estableciendo lo siguiente:
"En términos de lo dispuesto por los artículos 1o. y 3o., primer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, los Municipios, aunque conforme a otras leyes o decretos no causen impuestos federales o estén exentos de ellos, están obligados a aceptar la traslación del impuesto al valor agregado y, en su caso, pagarlo y trasladarlo, precisándose en el mismo artículo 3o., segundo párrafo que tendrán la obligación de pagar el impuesto únicamente por los actos que realicen que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos y sólo podrán acreditar el impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en las erogaciones o el pagado en la importación, que se identifique exclusivamente con las actividades por las que estén obligados al pago del impuesto establecido en la propia ley o les sea aplicable la tasa de 0 por ciento.
Asimismo, para efecto de la determinación del impuesto al valor agregado a pagar, los artículos 4o. y 5o. de la misma ley, establecen el procedimiento y requisitos del acreditamiento del impuesto, el cual consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en la ley en comento, la tasa que corresponda según sea el caso, sin embargo, se establece claramente como uno de los requisitos para determinar el impuesto acreditable, el que la erogación deba ser deducible para efectos del impuesto sobre la renta.
En ese orden de ideas, si atendemos a que de conformidad con el artículo 102 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Municipio se ubica en un régimen fiscal de persona moral con fines no lucrativos, en virtud del cual, únicamente tiene la obligación de retener y enterar el impuesto sobre la renta y exigir la documentación que reúna requisitos fiscales en los casos en que realicen pagos a terceros, los gastos o inversiones que realiza el Municipio no se consideran deducibles del impuesto sobre la renta, razón por la que no actualizarían los supuestos de acreditamiento.
No obstante, de los artículos 2-A, fracción II, inciso h) y 6o., último párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se desprende de manera específica que, tratándose de los contribuyentes que proporcionen los servicios de suministro de agua para uso doméstico, cuando en su declaración mensual del impuesto al valor agregado resulte saldo a favor, este saldo es susceptible de devolverse a dichos contribuyentes, y deberán destinarlo para invertirse en infraestructura hidráulica o al pago de derechos establecidos en los artículos 222 y 276 de la Ley Federal de Derechos.
Así, de una interpretación armónica de las disposiciones fiscales antes citadas, se concluye que si bien los Municipios, por regla general, no cuentan con erogaciones cuyos conceptos que sean acreditables del impuesto al valor agregado y, en consecuencia, no están en posibilidad de determinar un saldo a favor por este concepto, como excepción a esa regla general, existe en la misma Ley del Impuesto al Valor Agregado una norma específica que contempla la posibilidad de que dichos contribuyentes obtengan un saldo a favor de este impuesto, exclusivamente derivado de la prestación de los servicios de suministro de agua para uso doméstico, siempre que ese saldo se destine a la inversión de infraestructura hidráulica o al pago de los derechos correspondientes y que se cumplan con los demás requisitos que las normas fiscales señalan".
Ahora bien, el procedimiento establecido para que los municipios, cuyos ejercicios fiscales resulten con saldo a favor, puedan solicitar su devolución, requiere de un cierto grado de especialidad en materia fiscal, de la cual, en la mayoría de los casos, adolecen quienes se encuentran al frente de los ayuntamientos municipales, obligándolos a requerir los servicios profesionales de quienes entienden lo complejo de las leyes fiscales, actividad por la que se tienen que desviar cantidades importantes por los honorarios profesionales contratados, por lo que resulta imperiosa la necesidad de que el Servicio de Administración Tributaria establezca los mecanismos y condiciones adecuadas para que quienes hagan los reclamos correspondientes encuentren las mejores condiciones de asesoría y orientación de parte de este órgano fiscal, en el cumplimiento de los trámites que la situación requiere.
Por ello, se considera prudente solicitar al Titular del Servicio de Administración Tributaria la instalación de áreas especializadas que atiendan de manera eficiente los reclamos que por este concepto realicen los ayuntamientos.
El presente punto de acuerdo no constituye, ni se presenta, como un problema de coyuntura, es la más clara manifestación y expresión del Poder Legislativo, que en uso de sus facultades de control y vigilancia exige al Poder Ejecutivo federal, de manera específica a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria, la exacta aplicación y observancia de la ley; no podemos ir a una reforma de Estado como la que diferentes actores de la vida política han venido impulsando sin antes establecer los mecanismos adecuados para respetar y hacer respetar el ejercicio de la ley.
Por lo expuesto, solicito que sean sometidos a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria a ajustarse de manera inmediato a lo establecido en los artículos 2o.-A, fracción II, inciso h), y 6o., último párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado a fin de que en el marco de los criterios que han establecido para este fin, procedan a hacer las devoluciones que por este concepto tienen derecho los municipios cuyos ejercicios fiscales resulten con saldo a favor.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria a ordenar con la mayor brevedad la instalación de módulos de asesoría y orientación donde los municipios cuyos ejercicios fiscales resulten con saldo a favor por concepto del impuesto al valor agregado puedan hacer los reclamos correspondientes.
Tercero. Los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria deberán informar de manera inmediata a esta soberanía sobre las acciones emprendidas a este respecto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.
Diputado Emilio Andrés Mendoza Kaplan (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A PUBLICAR EN EL DOF EL DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES
PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS; DE INSTITUCIONES
DE CRÉDITO; PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA;
DE TRANSPARENCIA Y DE FOMENTO A LA COMPETENCIA EN EL CRÉDITO GARANTIZADO;
Y DEL BANCO DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS ALBERTO
CANO VÉLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Antecedentes
1. En sesión celebrada por la Cámara de Senadores el 21 de abril de 2009 fue presentado el dictamen correspondiente, y aprobado en lo general por 71 votos y 11 en contra, y se turnó a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.
2. En sesión de la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta en comento a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para estudio y dictamen.
3. El 23 de abril de 2009, la Comisión de Hacienda y Crédito Público emitió el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; de Instituciones de Crédito; para regular las Sociedades de Información Crediticia; de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado; y del Banco de México, que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria el 28 de abril de 2009 como dictamen de primera lectura.
4. El 30 de abril de 2009, el dictamen mencionado fue publicado en la Gaceta Parlamentaria como dictamen a discusión.
5. El 6 de octubre de 2009 y de conformidad con el acuerdo relativo a los dictámenes de proyectos de ley o decreto y proposiciones con punto de acuerdo que quedaron pendientes de resolver por el pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, aprobado el 17 de septiembre del año en curso, y en cumplimiento de su punto tercero, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público copia del dictamen positivo con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; de Instituciones de Crédito; para regular las Sociedades de Información Crediticia; de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado; y del Banco de México, para reanudar su trámite legislativo conforme a las disposiciones normativas relativas al análisis y discusión.
6. En sesión celebrada el jueves 11 de febrero de 2010 se presentó como dictamen a discusión de las leyes en cuestión, se dispensaron la primera y segunda lecturas y fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados por 280 votos en pro, 0 en contra y 6 abstenciones. Se turnó al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
Consideraciones
El decreto en cuestión implica la reforma de cinco ordenamientos: las Leyes para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; de Instituciones de Crédito; para regular las Sociedades de Información Crediticia; de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado; y del Banco de México.
La reforma se consideró una reorientación trascendental del sistema bancario, toda vez que con ella se atendió la necesidad de implantar normas en materia de comisiones y tasas de interés, evaluación de competencia, transparencia y protección de los usuarios de servicios financieros, así como lo relativo a sus sanciones, con lo que se contaría con un marco jurídico más eficiente que otorgue protección, certeza y cultura financiera a todos los agentes que participan del sistema financiero.
Con esta reforma se dotó al Banco de México de la facultad de vetar el incremento o la aplicación de comisiones bancarias cuando distorsionen el mercado, ya que esto es una demanda impostergable que protegerá a los usuarios.
Se establecieron nuevas disposiciones en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros a fin de emitir regulación en materia de tasas de interés y comisiones. Esta soberanía consideró imprescindible aprobar las propuestas en materia de claridad en la información relativa a las comisiones que se cobren por servicios financieros.
Asimismo, se estimó trascendente legislar para que los bancos por ninguna circunstancia puedan cobrar comisiones que inhiban la movilidad o migración de los usuarios de una institución a otra. De igual forma se estimó importante legislar sobre la prohibición de cobro entre las cámaras de compensación, entre otros aspectos que resultan en beneficio para los usuarios de los servicios financieros.
En suma, la reforma de estas leyes es una respuesta concreta que el Poder Legislativo hace a una demanda social. Sin embargo, a más de dos meses de su aprobación el Ejecutivo federal sin causa justificada o razón fundada se ha abstenido de hacer la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación para que las reformas surtan todos los efectos legales a que haya lugar, con lo que se ha diferido la aplicación de una serie de beneficios para los usuarios de los servicios bancarios.
Por todo lo anterior, resulta de vital importancia que las reformas en cuestión entren en vigor a efecto de que los usuarios cuenten con los beneficios de la reforma, por lo que se somete a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a publicar con la mayor brevedad en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; de Instituciones de Crédito; para regular las Sociedades de Información Crediticia; de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado; y del Banco de México, aprobado el 11 de febrero de 2010 y que representa una serie de importantes beneficios para los usuarios de los servicios bancarios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.
Diputado Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL A ESTABLECER
EN ACATAMIENTO DEL LAUDO DICTADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE UNA MESA DE
NEGOCIACIÓN CON EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA DEPENDENCIA,
A CARGO DEL DIPUTADO AMADOR MONROY ESTRADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRI
El suscrito, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Amador Monroy Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Seguridad Pública federal para que en acatamiento del laudo abra una mesa de negociación con el sindicato al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La parte hoy tercera perjudicada, ingresó escrito de jurisdicción voluntaria administrativa ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con fecha 4 de julio de 2006, mediante el cual habiendo cubierto los requisitos y presentado las pruebas que exige la ley para conformar, integrar y registrar a un sindicato, y solicitar la toma de nota, el tribunal le asignó a dicha solicitud de registro el expediente número 3916/06, acorde a lo dispuesto en el artículo 124, fracción III, y 124 a de la legislación burocrática, por lo que el titular de dicho órgano colegiado, constituyéndose en pleno se declaro competente para conocer de dicha solicitud y asunto y proveer lo conducente.
En este orden de ideas, la hoy autoridad el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje emitió dos acuerdos plenarios de fecha 14 de noviembre de 2006, los cuales en conjunto niegan al sindicato el registro sindical y la toma de nota bajo el argumento contrario a derecho de que en el acta de asamblea constitutiva consta la elección de la comisión de vigilancia y de comisión de honor y justicia cuando los estatutos prevén que es consejo de vigilancia y la segunda comisión no la contemplan, así como sus facultades y obligaciones; así también argumenta que estuvieron 124 trabajadores, precisándose los nombres, sin acreditarse la misma mediante la suscripción correspondiente.
Contra dichos acuerdos el sindicato interpuso juicio de garantías, el cual se radicó ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, bajo el número 362/2007, el cual con fecha 20 de abril concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, a fin de que la responsable se abstuviera de negar la toma de nota al sindicato que represento.
Por los que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje al dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el amparo 362/2007, a dicha ejecutoria emite el acuerdo plenario de fecha 29 de mayo del 2007, mediante el cual niegan nuevamente al sindicato el registro sindical y la toma de nota bajo el argumento contrario a derecho de que se comisionará personal jurídico del Tribunal a fin de que se compruebe por los medios más prácticos y eficaces, si son o no trabajadores de base.
Contra dicho acuerdo el sindicato interpuso juicio de garantías, el cual se radicó ante el juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, bajo el número 1117/2007, y por resolución emitida el 11 de octubre del 2007 emitida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegido del Primer Circuito en Materia del Trabajo, en el juicio de amparo en revisión número 99/2007, mediante el cual revoca la sentencia recurrida y concede al amparo y protección de la justicia de la unión al sindicato, por considerar ilegal el acuerdo que se reclama del pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, toda vez que con la pretensión de constatar si son de base los trabajadores integrantes de la organización sindical que solicito su registro, en realidad impone un requisito que la ley no prevé.
Por lo que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje al dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el amparo en revisión número 99/2007, emitida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegido del Primer Circuito en Materia del Trabajo, emite acuerdo plenario el 30 de octubre de 2007, mediante el cual resuelve: "Primero. Procede el registro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, bajo el número R.S. 11/2007. Segundo. Se tiene por depositado y registrados los Estatutos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que se registran para todos los efectos legales a que haya lugar. Tercero. Se toma nota que es Comité Ejecutivo General del Sindicato… Cuarto. Comuníquese la presente resolución al secretario de Seguridad Pública federal, para los efectos de las relaciones laborales y la entrega de las cuotas sindicales; y a los interesados para los efectos legales conducentes. Quinto. Dese de baja el expediente numero 3916/06, y con el escrito presentado el cuatro de julio de dos mil seis, sus anexos, los acuerdos que integran al referido expediente y la presente resolución, fórmese y regístrese el diverso relativo al registro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública federal, con el número R.S. 11/2007."Que obra en el expediente.
Por lo que en ese orden de ideas, la Secretaría de Seguridad Pública federal interpuso juicio de garantías, el cual se radicó ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, bajo el número 19/2008, en contra del acuerdo de la hoy responsable de fecha 30 de octubre del dos mil siete, por lo que mediante incidente de suspensión el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, resuelve conceder al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública, la suspensión definitiva, para que se mantengan las cosas en el estado que guardan. Por lo que en ese orden de ideas el hoy tercero perjudicado interpuso Recurso el cual se radico en el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, bajo el número R.T. 27/2008, mediante el cual se modifica la sentencia recaída en el incidente de suspensión derivado del juicio de garantías número 19/2008, asimismo se niega al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública la suspensión definitiva de los acto reclamados, así como el reclamado consistente en la entrega de las cuotas sindicales, y solo se concede la suspensión por cuanto hace a las relaciones laborales. Por lo que en ese orden de ideas el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal en el expediente principal 19/2008, sobreseer el juicio de garantías, promovido por la Secretaría de Seguridad Pública federal, contra la resolución de 30 de octubre del dos mil siete. Mismo que obra en el expediente.
Por lo que la Secretaría de Seguridad Pública federal interpuso recurso el cual se radico en el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, bajo el número R.T. 60/2008, el cual resolvió confirmar la sentencia recurrida y sobreseer el juicio de garantías promovido por la Secretaría de Seguridad Pública federal, contra el que reclamó del pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Mismo que obra en el expediente.
En ese orden de ideas, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje emitió un acuerdo plenario, mediante el cual determina que a quedado firme la resolución de treinta de octubre del dos mil siete, para los efectos a que haya lugar.
La Secretaría de Seguridad Pública, atreves del licenciado Marco Tulio López Escamilla, demanda al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública federal, la nulidad del registro sindical, así como la nulidad de la toma de nota; por lo que en ese orden de ideas el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el doce de mayo de dos mil nueve, emite un acuerdo mediante el cual desecha la demanda planteada, atendiendo a que el toma de nota fue en cumplimiento a una ejecutoria de amparo y que ha quedado firme el registro sindical. Por lo que la Secretaría de Seguridad Pública presenta amparo contra dicho acuerdo.
Por lo que en ese orden de ideas, la parte sindical ingresó escrito de jurisdicción ante la hoy autoridad responsable con fecha cinco y veintidós de febrero del dos mil ocho, catorce de mayo de dos mil ocho y tres de octubre de dos mil ocho, mediante los cuales habiendo cubierto los requisitos y presentado las pruebas que exige la ley para que se otorgue la toma de nota del alta de los nuevos miembros del sindicato a solicitud expresa de este, ejerciendo su derecho constitucional, la autoridad responsable, constituyéndose en pleno se declaró competente para conocer de dicha solicitud y asunto y proveer lo conducente. Es importante mencionar que al escrito de la solicitud de la toma de nota del alta de los nuevos miembros del sindicato hoy quejoso se anexo al escrito de petición el padrón de los nuevos socios afiliados; aun más, se anexó y se presentó la lista de los nuevos compañeros miembros que en un claro y libre ejercicio de su derecho constitucional para constituir y afiliarse a dicho gremio sindical.
En este orden de ideas, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje emitió dos acuerdos plenarios de fecha veinticinco de noviembre de dos mil ocho, los cuales en conjunto niegan al sindicato el toma de nota para afiliar a los compañeros trabajadores, que no lo solicitaron y que se pudiera descontar la cuota sindical, precisamente a la que refiere el articulo 38 de la ley burocrática, al ser un derecho constitucional, como miembros del sindicato hoy quejoso, bajo el argumento de que revisados que han sido las solicitudes de afiliación, consta en el comprobante de percepciones, que se exhibe de cada uno de los trabajadores solicitantes de afiliación, como clave presupuestal el código CF, relativo a confianza, toda vez que la misma no puede determinar sobre situación de carácter jurisdiccional como lo es la determinación del código CF, pues la afiliación de los mismos deriva de un procedimiento administrativo, como lo es la toma de nota de nuevos afiliados, por lo que se estima un exceso legal violatorio de garantías, ya que el código CF, no es determinante, sino que se debe atender a las funciones reales y efectivamente desempeñadas que solo se dilucidan por vía jurisdiccional, fundando y motivando dicha determinación en leyes subjetivas como lo es la Ley Orgánica de la Administración Pública federal, el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de la Ley Burocrática, y por supuesto haciendo una mala e inexacta aplicación del articulo 123 Apartado B, fracción XIII, de la Carta Magna, así como del articulo 2 del Convenio 87 de la OIT, como lo hace en esta ocasión son el nuevo acto reclamado.
Contra dichos acuerdos el sindicato interpuso juicio de garantías, el cual se radicó ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia del Trabajo en el Distrito Federal, bajo el número 42/2009, el cual con fecha veintidós de septiembre del año en curso, concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, a fin de que la responsable no aplicara el articulo 70 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al gremio quejoso, por considerarse inconstitucional.
Por los que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje al dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el amparo 42/2009, a dicha ejecutoria emite los acuerdos plenarios de fecha siete de julio del dos mil nueve, niega nuevamente al sindicato la toma de nota de nuevos agremiados bajo los argumentos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública federal.
Contra dichos acuerdos el sindicato interpuso juicio de garantías, el cual se radicó ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia del Trabajo en el Distrito Federal, bajo los número 1417/2009 y 1529/2009, el cual con fecha veintidós de septiembre del año en curso, concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, a fin de que la responsable tome nota de éstos.
Por lo que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje al dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en los amparos número 1417/2009 y 1529/2009 del Juzgado Primero de Distrito en Materia del Trabajo en el Distrito Federal, emite acuerdos plenarios mediante el cual otorga toma de nota de alta de nuevos agremiados.
En ese orden de ideas la Secretaría de Seguridad Pública, a través del licenciado Marco Tulio López Escamilla, promovió amparo que fue radicado ante la Jueza Primera de Distrito en Materia del Trabajo en el Distrito Federal, bajo el expediente 2409/09, contra los acuerdos antes mencionados, alegando que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, no fundamento y motivo, el acuerdo en relación a lo de las cuotas sindicales, en el cual se les otorga el amparo y protección de la justicia federal, a efecto de que la responsable deje emita otro en el cual fundamente y motivó lo relativo a los descuentos sindicales.
Por lo que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con fecha 13 de abril de 2010, da cumplimiento a la ejecutoria 2409/09, emitida por el Juzgado Primero de Distrito en Materia del Trabajo en el Distrito Federal, mediante el cual fundamenta y motiva lo relativo a los descuentos de la cuota sindical.
Por lo que en ese orden de ideas, el sindicato ingresó escrito de jurisdicción ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con fecha 12 de noviembre del 2009, mediante el cual habiendo cubierto los requisitos y presentado las pruebas que exige la ley, como en todas y cada una de las ocasiones anteriores, para que se otorgue la toma de nota del alta de nuevos miembros del sindicato hoy quejosos, a solicitud expresa de este, ejerciendo su derecho constitucional, la autoridad responsable, constituyéndose en pleno se declaró competente para conocer de dicha solicitud y asunto y proveer lo conducente.
El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje emitió el acuerdo plenario de fecha 23 de febrero del 2010, en el cual niegan al hoy quejoso la toma de nota para afiliar a los compañeros trabajadores, que lo solicitaron y que se pudiera descontar la cuota sindical, precisamente a la que refiere el articulo 38 de la Ley Burocrática, al ser un derecho Constitucional, como miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, bajo el argumento de que analizada la documentación que se acompaña a los escritos de cuenta se advierte que prestan sus servicios en los establecimientos penitenciarios, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la cual es una Dependencia del Ejecutivo Federal, a la que corresponde preservar la libertad, el orden y la paz públicos; salvaguarda la integridad y derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, desarrollar la política de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo Federal y el relativo tratamiento de menores infractores, basándose nuevamente como en ocasiones anteriores en leyes subjetivas como lo es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de le Ley Burocrática, y por supuesto haciendo una mala e inexacta aplicación del articulo 123 Apartado B, fracción XIII, de la Carta Magna, así como del articulo 2 del Convenio 87 de la OIT.
Estado actual del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal
Síntesis jurídica:
El sindicato se constituyó el 15 de mayo del 2006, por 124 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública federal, cumpliendo ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con todos y cada uno de los requisitos que la ley burocrática exige.
Con fecha 30 de octubre de 2007, dicho tribunal, le otorga al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública el número de registro R.S. 11 en cumplimiento de la ejecutoria de fecha 11 de octubre de 2007 emitida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo (Amparo en Revisión 99/2007) y se comunica al secretario dicho resolución para los efectos de las relaciones laborales y la entrega de las cuotas sindicales.
Dicha reconocimiento fue combatida mediante juicio de amparo (19/2008) interpuesto por el apoderados legal de la Secretaría de Seguridad Pública ante el Juez Segundo de Distrito en Materia del Trabajo, y mediante resolución de fecha 29 de abril de 2008 fue resuelto el citado amparo, sobreseyéndose.
Contra dicha resolución la Secretaría de Seguridad Pública interpuso recursos de revisión (R.T. 60/2008), y con fecha 21 de agosto de 2008, se confirmó el sobreseimiento.
Por lo anteriormente expuesto, la resolución del pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje ha quedado firme, determinación que fue notificada el 27 de noviembre pasado;
En fecha 10 de noviembre del 2009, se emiten dos acuerdos en los que se le notifica al Secretario por medio del Lic. Víctor Vera Sandoval, el requerimiento los descuentos, de las cuotas sindicales, motivo por lo que el licenciado Marco Tulio López Escamilla interpone recurso de amparo indirecto pero sólo por lo que hace a que se le requiere al secretario el descuento de las cuotas sindicales del sindicato en mención. Y el día 13 de abril del 2010, se resuelve el amparo en el sentido de que se fundamento el requerimiento de las cuotas ordenándose que se le notifique personalmente al titular de la relación laboral para que realice los descuentos, de las cuotas sindicales.
Por lo que en ese orden de ideas, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje emitió un acuerdo plenario, mediante el cual determina que a quedado firme la resolución de treinta de octubre del dos mil siete, siendo el registro sindical R.S.11/07 la toma de nota, para los efectos a que haya lugar.
Siendo voluntad del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública el diálogo y la negociación como vía de solución de diferendos, solicita atentamente:
Por lo fundado y motivado, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita al secretario de Seguridad Pública federal, que –en acatamiento del laudo dictado por autoridad competente– proceda de la manera siguiente:
Dar cumplimiento, en estricto derecho, por medio de una minuta de trabajo y una mesa de negociación, donde se puedan atender los siguientes puntos:
B) La entrega de las cuotas sindicales.
C) La elaboración de las Condiciones Generales de Trabajo.
D) El otorgamiento de las licencias sindicales correspondientes.
Diputado Amador Monroy Estrada (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA INTEGRACIÓN DE UNA COMISIÓN LEGISLATIVA DE
INTERMEDIACIÓN PARA EL DIÁLOGO Y LA PAZ EN LA REGIÓN
TRIQUI DE LA ZONA MIXTECA, EN OAXACA, A CARGO DE LA DIPUTADA JUANITA ARCELIA
CRUZ CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, Juanita Arcelia Cruz Cruz, diputada de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes
Consideraciones
Que el estado de Oaxaca es la entidad federativa con la mayor diversidad de etnias y lenguas del país. Solamente para tratar de ejemplificarlo, de los 65 grupos étnicos que existen a lo largo del territorio nacional, 18 se asientan y conviven en esta región.
Según datos de la Comisión Nacional Indigenista publicados el año 2002, la población triqui es de casi 30 mil habitantes. Se asienta en una extensión territorial de aproximadamente 500 kilómetros cuadrados ubicadas en los distritos de Putla, Tlaxiaco, Juxtlahuaca, al oeste del estado, enclavados en la región mixteca.
Sus actividades económicas se han sustentado fundamentalmente en la agricultura y la elaboración de productos artesanales, como el bordado a mano. Por tradición han fomentado su organización social productiva en la "Nua´Nagua´aj", que quiere decir "Milpa de Compañía", es una forma de cultivar la tierra en comunidad.
A partir de los años 50 del siglo pasado, se constituyen en tres grandes organizaciones sociales: la Unidad para el Bienestar de la Región Triqui (Ubisort), el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (Mult). Y el de más reciente creación: el Movimiento de Unificación Triqui Independiente (Multi), que nace como una escisión de esta última como una alternativa de lucha política para enfrentar a los cacicazgos de la región.
A partir del surgimiento de estos grupos, se origina una lucha encarnizada por alcanzar el poder político; generándose entonces una muy lamentable ola de violencia interétnica que ha dejado hasta la fecha centenares de muertos y heridos.
De acuerdo a cifras oficiales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca (PGJ), solamente del año 2008 y 2009 hubo poco más de 90 asesinatos.
En febrero del presente año, nuevas disputas entre el Ubisort y el Multi arrojaron 9 personas asesinadas con armas de fuego. Solamente unas semanas después, el 10 de marzo, nuevamente se recrudece la violencia entre estas dos organizaciones. Y como ha sucedido en otros enfrentamientos, las principales víctimas resultaron ser mujeres, adultos mayores y niños. Pues de acuerdo a las versiones de los dirigentes de la Ubisort, fueron violadas muchas mujeres del municipio autónomo de San Juan Copala, muriendo una ellas por heridas de arma punzocortante.
Es muy lamentable reconocerlo, pero en la región Triqui se ha arraigado una cultura de violencia en donde prevalece la ley del más fuerte, sin que las autoridades del estado de Oaxaca, a lo largo de los años, hayan tenido la capacidad de reestablecer la paz y la tranquilidad.
Debido a la inestabilidad político-social imperante, las comunidades carecen de suficientes servicios básicos: como son el agua potable, hospitales, escuelas, electricidad, caminos y seguridad pública, por nombrar solamente algunos. Es igualmente cuestionable la falta de efectividad de los programas federales para combatir la pobreza, fomentar el empleo y fortalecer el campo, pues estos han fracasado rotundamente.
En este sentido, hago un llamado al pleno de la Honorable Cámara de Diputados, a que asumamos con carácter de urgente nuestra responsabilidad y construyamos un mecanismo de diálogo permanente, que coadyuvemos a la implementación de acciones políticas y legislativas que permitan la implementación de acciones de gobierno efectivas y propicien un sano desarrollo en la región Triqui.
Por lo expuesto en las consideraciones que anteceden y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados convoque la integración de una comisión legislativa de intermediación para el diálgo y la paz en la región Triqui, zona mixteca del estado de Oaxaca.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 de abril de 2010.
Diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CITA A COMPARECER AL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
Y ENAJENACIÓN DE BIENES PARA QUE EXPLIQUE EL PROCESO DE RECEPCIÓN,
VALUACIÓN Y CUSTODIA DE BIENES, DERECHOS, ACTIVOS Y RECURSOS PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS A LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, ASÍ COMO LA DISPOSICIÓN
DE ACTIVOS O PARTIDAS CON EL CAMBIO DE SU DESTINO Y VOCACIÓN DE
SERVICIO PÚBLICO, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal a la LXI legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La determinación en torno al cierre del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro entraña diversas acciones por parte de la Cámara de Diputados, especialmente en cuanto al conocimiento puntual del detalle relativo a la aplicación de diversas las partidas presupuestarias destinadas a dicha empresa pública, así como respecto al destino de importantes sumas que aparentemente no fueron ejercidas durante el último trimestre del ejercicio de 2009 con motivo de la referida extinción.
Cobra especial relevancia la revisión de las erogaciones realizadas por las instancias liquidadoras, así como de las contrataciones extraordinarias, adjudicaciones, pago de remuneraciones ordinarias, extraordinarias y la correcta y debida aplicación de los importes devengados hasta la fecha en que se decreto la liquidación.
Debe aclararse que el ejercicio de las facultades constitucionales de esta Cámara son independientes de las funciones y atribuciones de fiscalización correspondientes a la Auditoria Superior de la Federación, dado que en estricto apego a lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo esta Cámara de Diputados se encuentra facultada para realizar reasignaciones y transferencias presupuestarias, más aún que tras el paquete de ajuste realizado hasta agosto de 2009 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es posible considerar que se ejercieron en todo su alcance y extensión las facultades para la realización de ajustes en término de la normativa aprobada por el Congreso General.
Dado que los excedentes y remanentes deben ser reasignados por parte de esta soberanía, debe citarse a los funcionarios involucrados en la toma de decisiones respecto a la debida salvaguarda de cuantiosos recursos que no fueron aplicados a su destino constitucional, tal y como sucedió con el gasto corriente del organismo, incluyendo salarios, prestaciones y otras remuneraciones. De igual forma, diversos programas de mantenimiento, construcción e infraestructura destinados a Luz y Fuerza no son de considerarse de libre disposición, como tampoco los son aquellos importes relacionados con el pago de subsidios y transferencias que se hicieran a la Comisión Federal de Electricidad. El ejercicio y aplicación de tales sumas se encuentra pendiente y esta Cámara debe adoptar diversas medidas en el alance del marco constitucional.
Considerando que prácticamente el 25 por ciento de las partidas presupuestarias autorizadas al descentralizado extinto ya no pudieron ser ejercidas por el mismo, es preciso evitar que tales sumas queden en un estado de indefinición regulatoria integrándose a reservas, fondos o cuentas de las conocidas impropiamente como "disponibilidades" , o peor aún, sean manipuladas discrecionalmente por instancias no destinatarias de tales recursos, al margen de las facultades constitucionales de la Cámara de Diputados.
Los limites y restricciones para la realización de transferencias dentro de una entidad o dependencia no resultan aplicables a transferencias a otras entidades o entre estas y las dependencias, por lo que los importes materia de preocupación no pudieron ser entregados a la Comisión Federal de Electricidad sin contar con la anuencia de esta soberanía, no al menos sin violentar el citado artículo 126 de la carta fundamental. Debe insistirse que los reportes e informes entregados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dan cuenta de enormes reasignaciones hasta el tercer trimestre del ejercicio de 2009, que en primera revisión sugieren excesos a los porcentajes de ajuste administrativo autorizados al Ejecutivo federal. Tan importantes movimientos presupuestarios resultan contundentemente impactados por un movimiento de incidencia presupuestaria como la liquidación de un organismo de las dimensiones de Luz y Fuerza del Centro.
Llama poderosamente la atención que existen múltiples indicios de que conceptos legalmente exigibles de manera incondicional como los aguinaldos supuestamente no fueron pagados. Tales sumas tampoco son de libre disposición, por lo que seguramente se ha implantado algún mecanismo o cuenta en la que se han depositado tales sumas de pago irrecusable, sin que se haya dado aviso o participación a la Cámara de Diputados. En tal concepto existe la preocupación en cuanto a los posibles rendimientos o accesorios que pudiera generar el pago tardío o demorado, así como los riesgos y costos presupuestarios asociados al impago o incumplimiento de partidas debidamente autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 que no pueden ser transferidas a otro destino o propósito.
Deben despejarse toda duda en cuanto al manejo discrecional de bienes, activos, sumas, y otros efectos parte del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), dado que resulta inadmisible las sospecha que prevalece en la opinión pública a que se ha venido disponiendo de mobiliario y equipo de oficina en provecho de municipios o instancias, respecto de activos que aún son susceptibles de aprovechamiento en la prestación del servicio público al que estaban afectos. Debe eliminarse toda sospecha de que se han venido contratando, sin concurso o con él, empresas que entrañan elevados costos para suplir la falta de instalaciones, equipamiento o mobiliario con el que cuenta o contaba Luz y Fuerza del Centro.
La situación que emerge con motivo del decreto de extinción no encuentra claros referentes en la legislación nacional, ya que el referido instrumento supone la transmisión patrimonial a título universal, tal régimen supone la asociación de obligaciones de carácter laboral a los bienes y activos a disposición del patrón. Por lo que resulta urgente conocer las determinaciones, estrategia y planeación diseñada y desarrollada por el SAE para disponer o distraer bienes a pocos meses de su recepción, ante la existencia de diversos pasivos directos o contingentes relacionados con la subsistencia de la materia de trabajo, así como de diversas obligaciones de previsión social derivadas del contrato colectivo.
Resultaría especialmente preocupante que no exista un detallado programa de atención a los costos asociados a la liquidación o prestación del servicio, especialmente si ya se hubieren donado o entregado bienes por parte del SAE. De igual forma es importante conocer los inventarios, avalúos, clasificaciones y resguardo de bienes, considerando que la empresa en marcha contaba con oficinas y equipamiento suficiente para la atención de los usuarios y que no resultaría pertinente sustituirlo por gravosos contratos con el sector privado. Tal situación demanda un cuidadoso manejo en un entorno preelectoral.
Ante la eliminación de los pagos previstos presupuestalmente a favor de la Comisión Federal de Electricidad y a cargo de Luz y Fuerza del Centro, es importante se cuente con un pormenorizado informe del SAE en cuanto a la suspensión de entrega de tales partidas, efectivo o sumas disponibles, dado que no han sido autorizadas por esta Cámara transferencias y reasignaciones, y que no lo están, por que legalmente no pueden estar consideradas en el decreto de extinción. De igual forma y ante el particular esquema adoptado en tal decreto, resulta importante determinar si los derechos de cobranza permanecen en el SAE como causahabiente a título universal o si ha realizado algún tipo de cesión, transferencia o encomienda a favor de la Comisión Federal de Electricidad, a efecto de que se adopten las providencias presupuestarias del caso y que deberán quedar aclaradas antes de la formación del anteproyecto de presupuesto.
En suma existen un importante número de temas y aspectos que debe informar puntualmente el SAE a esta Cámara de Diputados, no sólo respecto de la aplicación, custodia , administración o salvaguarda de los recursos y partidas presupuestarias asignadas a Luz y Fuerza del Centro, sino respecto de la relación operativa, patrimonial y financiera derivada de la liquidación. Resulta de explorado derecho que el Ejecutivo federal precisa de la dotación conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para la creación de organismos descentralizados, pero precisa de un detallado análisis el alcance de las facultades de sus dependencias y organismos en la transferencia a título universal de patrimonio de uno de ellos o de reasignación de efectivo, caja y demás partidas que entrañan erogaciones presupuestarias.
Por ello, y ante la necesidad de mantener la estricta observancia de los preceptos constitucionales relativos a la exclusiva asignación y destino de recursos públicos conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación, eliminando la emergencia de fondos libres o disponibles no autorizados en el Presupuesto y propiciando el correcto uso de bienes, activos y derechos afectos al servicio público, en un entorno que permita evaluar la encomienda de servicio hecha por el SAE a favor de la Comisión Federal de Electricidad, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados acuerda citar a comparecer al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para que exponga, explique y detalle el proceso de recepción de bienes, activos, sumas e importes procedentes del organismo Luz y Fuerza del Centro, así como la condición universal o individual de tal transferencia. De igual forma, que exponga el tratamiento, uso, ejercicio, custodia o administración de recursos líquidos, así como el tratamiento que dio a las partidas presupuestarias, transferencias, subsidios o cualquier otra suma disponible no ejercida por el referido organismo. Quedan incluidos en tales conceptos la aplicación, ejercicio, ministraciones o empleo que haya hecho de partidas presupuestarias asignadas a Luz y Fuerza del Centro, en el periodo del 12 de octubre de 2009 al 31 de diciembre de 2010, en el entendido de queda comprendida la creación de fondos, reservas, mandatos, comisiones o cuentas de administración de toda suma que debiera ser ejercida conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009.
Se acuerda que el compareciente expondrá el proceso de formación de inventarios, valuación, clasificación de aptitud de los bienes para continuar destinados al servicio público, así como las medidas para asegurar la conservación, uso y apropiado empleo del mobiliario, equipamiento y demás efectos de oficina en la prestación del servicio público. En su caso, explicará las acciones vinculadas a donativos, entregas o destino de bienes a instancias ajenas a la prestación del servicio al que estaban destinados.
En la comparecencia se deberá presentar un informe del pago de los conceptos devengados a la fecha de liquidación de Luz y Fuerza del Centro, incluyendo salarios, aguinaldos, compensaciones, y cualquier otra remuneración devengada a dicha fecha y, en su caso, la generación de pasivos, directos o contingentes que puedan entrañar la demanda de recursos públicos en lo sucesivo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.
Diputado Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SEP A LLEVAR A CABO UN ANÁLISIS DE LA
DIMENSIÓN DE LA PROBLEMÁTICA QUE REPRESENTA LA NACIENTE GENERACIÓN
DE JÓVENES NI-NI, A CARGO DEL DIPUTADO JAIME ARTURO VÁZQUEZ
AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
El que suscribe, Jaime Arturo Vázquez Aguilar, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
En la última década, los cambios generados por las fluctuaciones económicas que han llevado a constantes crisis económicas y a la imposibilidad de muchas naciones de salir avante ante esta situación, han repercutido en las estructuras sociales y, por ende, en las expectativas y los espacios de desarrollo para los jóvenes del mundo.
La generación ni-ni
La generación ni-ni, como tal, es un fenómeno generacional estudiado por primera vez en España, a raíz del comportamiento de su población juvenil respecto a las preferencias por el desempeño laboral y escolar.
El concepto se refiere a los jóvenes que por diversas causas, entre las que destacan las condiciones económicas y sociales del país, deciden ni estudiar ni trabajar.
Este grupo poblacional considera que el futuro es incierto y, decepcionado de los sueldos y conscientes de que adquirir mayor grado de estudios o calificación técnica o profesional ya no es objeto de movilidad laboral ni social, entra en un periodo de decepción y desánimo, que lo lleva a convertirse en ni-ni.
Los jóvenes ni-ni, con esas características, son presa fácil de la delincuencia y los grupos de crimen organizado, pues éstos ofrecen a los jóvenes "expectativas" y "espacios" sin condicionamientos aparentes. Dado que las expectativas de los ni-ni son en sí mismas nulas, dichas opciones parecen atractivas y ampliamente redituables en el corto plazo. Ello representa un foco rojo no sólo para la sociedad sino para la supervivencia de una sana cultura y convivencia de los jóvenes con el entorno.
Algunos de los principales riesgos de contar con una generación de jóvenes ni-ni son los siguientes:
2. Disminución de convivencia social.
3. Problemas de salud, como trastornos psicológicos de ansiedad, depresión, intentos de suicidio, etcétera, lo cual incrementa la demanda de servicios de salud.
4. Incremento de la violencia social, derivado de los trastornos psicológicos.
5. Incremento del embarazo adolescente.
6. Inestabilidad familiar.
El problema de los ni-ni es sin duda una alarma que ya está encendida. Aunque en el caso de México las condiciones podrían diferir de las del caso español, la sociedad mexicana está aún el "bono demográfico" de jóvenes más grande de la historia.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),1 se estima que el país cuenta actualmente con 107.6 millones de habitantes. De ellos, 29.4 por ciento corresponde a jóvenes; es decir, población de entre 15 y 29 años. De éstos, 52 por ciento corresponde a mujeres; y 48 por ciento, a hombres.
Las entidades federativas que tienen el porcentaje más importante de jóvenes respecto a la población total son Quintana Roo, con 30.8; Chiapas, con 29.4; y Tabasco, con 28.9 por ciento.
De acuerdo con las proyecciones que se han realizado de este grupo, la población joven llegará a 29.3 millones en 2010 y seguirá aumentando hasta 2015, cuando llegue a su máximo histórico de 29.5 millones.
A eso debemos sumar que en el país hemos atravesado por una etapa de condiciones económicas y laborales adversas.
De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en 2009 se perdieron cerca de 330 mil plazas laborales. A lo largo del año en comento, el país presentó índices inflacionarios importantes (cerró en 2009 en 3.57 por ciento), lo que ha provocado que el precio de la canasta básica se eleve día a día (aumento de cerca de 12 por ciento) y que con ello sea evidente la disminución del poder adquisitivo de los ya de por sí bajos salarios.
Esta dinámica marca sin duda las demandas sociales, culturales, políticas y económicas que tiene la juventud mexicana. De acuerdo con lo reportado por el Instituto Mexicano de la Juventud, cerca de 7 millones de jóvenes no estudian ni trabajan, lo que representa la "naciente generación ni-ni mexicana". A tan impresionante cifra, agreguemos lo que reporta la Encuesta Nacional de Juventud 2005: 14.6 millones de jóvenes en el país no estudian; una deserción escolar que da inicio a los 15 años de edad.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos de que la juventud mexicana es un componente fundamental de la sociedad y que es y debe ser la que conduzca el progreso económico, social, educativo, cultural, productivo, etcétera. Son y deben ser la llave del progreso.
Así, deben ser apoyados y conducidos para lograr este gran cometido, para que su potencial sea aprovechado en favor de la construcción de un México mejor.
Saber y no hacer nada ante un problema de esta envergadura representa un daño generacional sin dimensiones. Estamos a tiempo de frenarlo y desde nuestra trinchera los convoco a hacer lo necesario; ésa es parte de nuestra labor como legisladores.
No podemos permitir que la cifra de jóvenes ni-ni se incremente debido a la falta de oportunidades o perspectivas de desarrollo personal y profesional. Debemos hacer lo posible porque todos y cada uno de los jóvenes se encuentren en el espacio que su tiempo generacional dicta: la escuela, inscritos en el nivel de educación básico-secundario, medio superior y superior, capacitándose para brindar a sus familias y a su país un mejor futuro.
Múltiples son los riesgos de que los jóvenes no se encuentren en la escuela recibiendo una capacitación y educación de calidad.
El quehacer desde la trinchera educativa
De acuerdo con el Inegi, en el país el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 8.1 grados aprobados. Ello refleja una gran masa de jóvenes que no estudia más allá del nivel básico.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos que ante ello, desde el espacio educativo hay una posibilidad para evitar que en México se consolide e incremente en el corto y largo plazos el grupo social de jóvenes ni-ni.
Para ello es necesario generar un espacio propicio a través de la educación para hacer ver a los jóvenes que ésta, pese a la coyuntura económica, sigue siendo un medio para la "construcción de un proyecto de vida", que puede ser complementado con el arte y la cultura.
Resolver el problema de la absorción, la eficiencia terminal y la calidad y cobertura educativa en todos los niveles es una de las grandes tareas del Estado. Sin duda, ofrecer respuestas correctas a la solución de estos problemas e implantarlas exitosamente brindaría una plataforma de apoyo indirecto al problema de la "naciente generación ni-ni mexicana".
Esto deberá aplicarse de manera integral en todos los niveles educativos, en los cuales tenemos datos reveladores:
El nivel básico-secundario
En el país contamos hoy con una cobertura de educación básica de cerca de 100 por ciento, con una matrícula de 25 millones 516 mil 150 estudiantes inscritos en 220 mil 348 escuelas, atendidas por 1 millón 144 mil 93 docentes.
Lo idóneo es que al terminar este nivel de estudios, los jóvenes ingresen de inmediato en el nivel medio superior. Sin embargo, en el nivel básico hay una tasa de abandono escolar alarmante. Sin considerar los índices de reprobación –que alcanzan a 3.8 por ciento de la matrícula inscrita–, el abandono escolar o deserción sin duda comienza en este nivel: a los 15 años de edad. Este problema se encuentra ligado a la "consideración de que permanecer más años en la escuela no implica una verdadera ampliación de oportunidades".2
Lo anterior también obedece en la gran mayoría de los casos a la lejanía de los centros escolares; al riesgo de bajos resultados continuos derivados de una baja calidad educativa, lo que se transforma en rezago y abandono; y a la falta de recursos económicos para sostener los estudios, con una consiguiente e inmediata necesidad de incorporarse a actividades remuneradas, que generalmente se dan en el sector informal.
El nivel medio superior
De acuerdo con el Inegi, la tasa de reprobación en este nivel de estudios es de 33.3 por ciento de la matrícula.
A ello debe añadirse el índice de absorción respecto al siguiente nivel de estudios. Tan sólo en la zona metropolitana del valle de México, en el que se presentan los mayores niveles de escolaridad, de poco más de 154 mil alumnos que egresan de la educación media superior, ingresan en la superior 134 mil.
La eficiencia terminal se encuentra poco arriba de 60 por ciento y, de acuerdo con las autoridades educativas, la meta para 2012 es de sólo 70 por ciento.
Sumado a ello, al egreso, 30.2 por ciento de las profesionistas y 21.7 de los profesionistas que se encuentran ocupados obtienen ingresos laborales de hasta 3 salarios mínimos.
Se requiere también que las autoridades educativas federales, estatales y municipales refuercen los mecanismos de vinculación de la educación Superior y las Empresas. Actualmente, la SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, cuenta con un proyecto al respecto que, pese a no haber mostrado resultados contundentes, podría considerarse, a fin de que los jóvenes egresados cuenten con un vínculo y preparación en las empresas antes de su egreso e ingreso en el mercado laboral.
Sin duda, el fenómeno de la "naciente generación ni-ni mexicana" surgida como consecuencia de periodos astringentes de la economía y de los cambios en la estructura social derivados de éstos requiere cambios estructurales no sólo en el ámbito educativo sino en el laboral.
Pero recordemos que en periodos de crisis económica, cuando el mercado laboral y las expectativas de éste se encuentran contraídas, los países se encuentran en el mejor momento de capacitar y educar a su gente para que cuando la recuperación llegue, cuenten con una masa significativa de ciudadanos educados y preparados para apuntalar el desarrollo.
Por lo fundado y motivado, me permito proponer al pleno de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al secretario de Educación Pública federal a llevar a cabo un análisis de la dimensión de la problemática de la "naciente generación ni-ni mexicana" en el marco de los tres niveles educativos, a fin de plantear posibles soluciones para debatirlas y exponerlas en un foro en el presente año, en colaboración con las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Cultura, y de Juventud y Deporte. El objetivo es no postergar la atención de este problema, tan delicado.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al secretario de Educación Pública federal a hacer llegar a los integrantes de las comisiones mencionadas un catálogo de los programas públicos o acciones encaminadas a combatir la deserción escolar, incrementar la eficiencia terminal, mejorar la calidad educativa y vincular el ámbito educativo con el laboral para los tres niveles educativos. Lo anterior, a fin de contar con herramientas oficiales para el análisis y debate de posibles soluciones desde el ámbito educativo al problema de la "naciente generación ni-ni mexicana".
Tercero. Se exhorta respetuosamente al secretario de Educación Pública a considerar el diseño de una herramienta que por nivel educativo permita la identificación temprana de potenciales ni-ni para que éstos puedan ser atendidos desde el ámbito educativo a través de diversas ofertas culturales y deportivas, de la mano de un proyecto de tiempo completo en el nivel educativo correspondiente.
Notas
1. Censo Nacional de Población
y Vivienda (2007), datos preliminares del levantamiento muestral 2008.
2. Reporte Contra la pared,
2009.
3. Tomado del reporte Contra
la pared, 2009 (INEE, 2009, indicador RE05).
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 28 de abril de 2010.
Diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA CNBV Y A LA CONDUSEF A REALIZAR UNA CAMPAÑA INFORMATIVA
SOBRE EL DESTINO QUE SE DARÁ AL DINERO DE LAS CUENTAS QUE NO HAYAN
REPORTADO MOVIMIENTO POR DEPÓSITO O RETIRO DURANTE MÁS DE
TRES AÑOS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE CRÉDITO, A CARGO DE LA DIPUTADA CORA PINEDO ALONSO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
Cora Cecilia Pinedo Alonso, diputada integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base a las siguientes
Consideraciones
Entre las estrategias para conducir responsable y eficientemente el desarrollo económico de nuestro país, se encuentran tanto las relativas a promover esquemas de regulación y supervisión eficaces en el sistema financiero, como las que impulsan una banca comercial sólida y eficiente.
Con ese fin, el Ejecutivo federal presentó el 31 de agosto de 2007 una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, que fue aprobada a finales de ese mismo año por el Congreso y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2008.
En relación a las instituciones de crédito, la reforma consideró que éstas requerían de mejores mecanismos que promovieran su competitividad y capitalización y de esquemas que fortalecieran las funciones de regulación y supervisión. Para ello se detectaron ciertos aspectos de la Ley de Instituciones de Crédito que se ajustaron, según el propio dictamen aprobado, a las condiciones actuales del sector financiero, con el fin de mejorar el funcionamiento y el desarrollo del sector bancario. Así, varios de los trámites de carácter administrativos, que representaban un elevado costo de regulación para las instituciones de crédito, se flexibilizaron.
Como consecuencia de dichas reformas, en el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito quedó establecido que el monto, sin importar la cantidad, de los instrumentos de captación, como las cuentas bancarias o de inversión que no reporten en el transcurso de tres años, a partir de febrero de 2008, movimiento por depósitos o retiros, serán abonados en 2011 a una cuenta global que manejará cada institución bancaria y dejarán de generar los intereses pactados en el contrato de apertura. Según el mismo artículo, a partir de que dicho monto sea transferido a la cuenta global, el usuario tiene tres años para reclamar la transferencia, de no hacerlo prescribirán a favor de la beneficencia pública sin poder ser recuperado.
Las instituciones no podrán cobrar comisiones cuando los recursos de los instrumentos bancarios de captación se encuentren en los supuestos a que se refiere este artículo a partir de su inclusión en la cuenta global. Los recursos aportados a dicha cuenta únicamente generarán un interés mensual equivalente al aumento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el período respectivo.
Cuando el depositante o inversionista se presente para realizar un depósito o retiro, o reclamar la transferencia o inversión, la institución deberá retirar de la cuenta global el importe total, a efecto de abonarlo a la cuenta respectiva o entregárselo.
Los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses a que se refiere este artículo, sin movimiento en el transcurso de tres años contados a partir de que estos últimos se depositen en la cuenta global, cuyo importe no exceda por cuenta, al equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública. Las instituciones estarán obligadas a enterar los recursos correspondientes a la beneficencia pública dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre del año en que se cumpla el supuesto previsto en este párrafo.
Las instituciones estarán obligadas a notificar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el cumplimiento del presente artículo dentro de los dos primeros meses de cada año.
La reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2008, eso significa que a partir del 1 de febrero del próximo año, todas la cuentas que se consideren inactivas por los supuestos mencionados, pasarán a la cuenta global y de no registrarse movimiento durante el tiempo establecido, serán prescritas.
El problema que se presenta con esta reforma, es que por un lado, el cobro de comisiones que realizan las instituciones bancarias a dichas cuentas, no se toman como movimientos. Es decir, si la persona cree que su dinero esta seguro por que la institución bancaria sigue cobrando cada mes, año con año las comisiones y éstas se ven reflejadas en los estados de cuenta, está en un supuesto totalmente equivocado. Solamente se consideran como movimientos cuando el mismo usuario los realiza a través de depósitos o retiros.
Por otro lado y a pesar de que en el artículo se establece que la institución deberá dar aviso por escrito en el domicilio del cliente con noventa días de antelación; en un país como México que registra altos niveles de migración interna y múltiples movimientos que se traducen en constantes cambios de domicilios, es innegable que muchos de los clientes no recibirán la notificación prevista y tendrán problemas con los efectos de dicha normatividad.
Aunado a los dos puntos anteriores, según la misma ley, los montos transferidos a la cuenta global que no sean reclamados prescribirán a favor del patrimonio de la beneficencia pública, siempre y cuando el monto de la cuenta no exceda los trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Sin embargo, no se especifica que pasará con las cuentas que tengan montos mayores a esa cantidad.
Las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos conscientes de que uno de los objetivos de esta reforma fue el de simplificar los trámites y reducir los costos de los procedimientos tanto para los agentes participantes en el mercado y para el Estado, como para los usuarios de los servicios financieros. Sin embargo, todo lo que ello implica debe ser informado en tiempo y forma. Miles de personas desconocen aún los efectos que trae consigo la aplicación de dicha normatividad.
Por ley es obligación de las instituciones de crédito dar conocer por escrito, lo previsto en el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, sin embargo consideramos que es deber tanto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, institución encargada de supervisar y regular a las entidades financieras, fomentando su eficiencia y desarrollo incluyente en beneficio de la sociedad; como de la Comisión Nacional para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros, dar aviso mediante una campaña de información, que abarque diferentes medios y formas de comunicación, del destino que se le dará al dinero de las cuentas que no hayan tenido movimiento por depósito o retiro por más de tres años, a partir del mes de febrero de 2011, acorde con los términos establecidos en el artículo 61 de la ley de instituciones de crédito.
Asimismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberá verificar que desde las instituciones de crédito se este dando a conocer a las y los usuarios, además de por escrito, lo previsto en este artículo, mediante trípticos y la colocación de carteles en los lugares abiertos al público en las oficinas bancarias.
Acorde con lo anterior en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la comisión nacional para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros (CONDUSEF) a realizar una campaña de información en los medios de comunicación en relación al destino que se le dará al dinero de las cuentas que no hayan reportado movimiento por depósito o retiro por más de tres años, a partir del mes de febrero de 2011, acorde con los términos establecidos en el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a verificar si las instituciones de crédito están cumpliendo con lo establecido en el artículo decimoquinto transitorio de la Ley de Instituciones de Crédito, referente a la divulgación en sus oficinas de lo previsto en el artículo 61 de la misma ley.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 28 días de abril de 2010.
Diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SEP, DE LA SSA Y DE LA PGR A IDENTIFICAR
A LOS NIÑOS Y A LOS ADOLESCENTES QUE PADEZCAN MALTRATO Y A SANCIONAR
A LOS RESPONSABLES, EN CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES CORRESPONDIENTES, A CARGO
DEL DIPUTADO JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El que suscribe, José Alberto González Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Educación Pública, y de Salud, así como al de la Procuraduría General de la República, a identificar a los niños y a los adolescentes que vivan alguna situación de maltrato, y sancionar a los responsables, haciendo cumplir las leyes correspondientes en la materia, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
A lo largo de la historia de la humanidad, los menores han sido víctimas de diversas formas de violencia. Algunos estudios refieren que era práctica común su abandono y el infanticidio; ambas acciones eran ampliamente aceptadas en las culturas antiguas.
En 2001, la Asamblea General pidió al titular de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que realizara un estudio sobre la violencia contra los niños, con frecuencia escondida y a menudo socialmente aprobada en todo el mundo. Dicho estudio fue encomendado al experto Paulo Sergio Pinheiro (Brasil), en colaboración con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Ése fue el primer intento por documentar la realidad de la violencia contra los menores, la cual se encuentra presente en todos los países, independientemente de las culturas, las clases sociales, los niveles educativos, los ingresos y el origen étnico. De igual forma, el diagnóstico permitiría evaluar lo que en realidad se ha hecho para detenerla, más allá de la firma de instrumentos internacionales que protegen sus derechos.
Hay numerosas definiciones de maltrato infantil; sin embargo, la más aceptada es la propuesta por la OMS:
El maltrato o la vejación de menores abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia o explotación comercial o de otro tipo, que originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.
El estudio publicado por la ONU combina perspectivas de derechos humanos, salud pública y protección de la infancia, y se centra en los cinco principales escenarios en que se genera la violencia: el hogar y la familia; la escuela y los centros educativos; las instituciones alternativas de acogida y los centros de detención; los lugares de trabajo; y la comunidad.
El análisis realizado cataloga desde el abuso sexual en el hogar hasta los castigos corporales y humillantes en la escuela; desde el uso de restricciones físicas en los hogares de niños hasta la brutalidad de los oficiales encargados de hacer cumplir la ley; desde el abuso y la negligencia de las instituciones contra la violencia callejera, en los lugares donde los niños juegan y trabajan, hasta el infanticidio y los llamados "crímenes de honor".
La mayor parte de los especialistas distinguen hoy cuatro tipos de maltrato infantil: a) físico; b) psicológico o emocional; c) abuso sexual; y d) negligencia. Las definiciones de cada tipo varían según el campo de estudio, como el jurídico, en cuyo caso lo que intentan es identificar y castigar al agresor, o el de la salud, en el que se busca brindar atención a las víctimas.
En México todavía no se cuenta con un registro nacional adecuado de todos los casos de maltrato infantil que son reportados a las distintas autoridades (salud, educación, protección a la infancia o justicia). Es decir, no hay manera de conocer si los casos que reporta cada uno de estos sectores son los mismos registrados en otro. De igual modo, no debe olvidarse que sólo llegan a conocimiento de las autoridades los casos más graves, mientras que la mayor parte no son reportados; quedan por tanto fuera de los registros.
La investigación, presentada en México el jueves 19 de abril de 2009, muestra cómo la experiencia de la violencia durante la infancia está estrechamente asociada con conductas que ponen en riesgo la salud y la vida, como el hábito de fumar y el abuso del alcohol u otras drogas, así como la inactividad física y la obesidad.
La Secretaría de Salud elaboró en México un informe nacional sobre violencia y salud en 2008, el cual compila investigaciones anteriores del Unicef, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF, del Instituto Federal Electoral y del Sistema Nacional de Información en Salud, afirma que México es uno de los países más violentos del mundo, pues desde hace 30 años mueren asesinados a diario 2 menores de 14 años.
Según datos del Unicef, México, Estados Unidos y Portugal tienen el número más alto de niños muertos por maltrato entre los países miembros de la OCDE. En efecto, de acuerdo con el informe, entre 1991 y 2002 se registraron 7 mil 351 homicidios contra menores de 15 años, y en 2005 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó 677 homicidios contra menores. Los índices más altos de asesinatos que reporta el estudio ocurren entre la población de 0 y 4 años de edad, y las causas son ahorcamiento, estrangulación y sofocación. Entre 2000 y 2002, el DIF recibió un promedio de 4 casos de maltrato infantil al día. En 47 por ciento la responsable fue la madre; y en 29 por ciento, el padre.
En el caso de los homicidios de adolescentes, otro factor que incide es la delincuencia, pues en la mayoría de los casos se emplean armas de fuego.
La escuela y el hogar son los lugares más peligrosos para los menores de 14 años, pues en ambos círculos se emplean golpes y agresiones psicológicas "para disciplinar", además de casos de abuso sexual, "el reflejo del autoritarismo".
El castigo corporal a los niños es una práctica legalmente sancionada y culturalmente aceptada en la gran mayoría de los países. De hecho, el castigo físico hacia los niños es la única forma de violencia interpersonal consentida por la ley. Sin embargo, si tales castigos dejan huellas que permanecen, entonces se les considera maltrato.
Ciertos factores sociales y demográficos incrementan el nivel de correlación con el abuso físico. Estos factores son padres solos, bajos niveles de ingreso y cualquier otro que incremente los niveles de estrés en la familia, como la presencia de niños con discapacidades o enfermedades médicas complejas; niños no deseados; niños hiperactivos o menores de padres que atraviesan por situaciones difíciles, como el divorcio o la pérdida del empleo, o padres que tienen expectativas poco realistas sobre los hijos.
El maltrato físico produce daños físicos, emocionales y sociales. A nivel físico, los daños que se pueden ocasionar van desde los rasguños, las heridas, las cortadas, las quemaduras, las fracturas y las heridas internas hasta la muerte. La consecuencia inmediata es el dolor, pero los daños pueden permanecer mucho más allá de las cicatrices. Los niños pequeños están más expuestos a sufrir daños neurológicos de largo plazo, incluyendo irritabilidad, letargia, temblores y vómitos. En el síndrome de sacudimiento, los niños pequeños pueden sufrir desde sordera o ceguera permanente, parálisis y coma hasta la muerte.
En cuanto a las consecuencias psicológicas, diversos estudios han mostrado que los niños que sufren maltrato físico tienen mayores dificultades para el desempeño escolar, el autocontrol, la valoración de su imagen y el establecimiento de relaciones sociales que quienes no lo han sufrido.
Dichos estudios demuestran que los menores maltratados experimentan muchos más problemas en casa, en la escuela y en la comunidad que los que no lo son. Las consecuencias emocionales de largo plazo pueden resultar devastadoras, pues estos niños tienen mayor riesgo que otros de generar vínculos de dependencia con el alcohol u otras drogas.
Entre los daños que pueden presentarse en su desempeño social, aunque menos visibles, se encuentran dificultad para establecer amistad, pobre capacidad para establecer vínculos sociales, pobres habilidades de conocimiento y lenguaje, desconfianza de otros, complacencia excesiva con figuras de autoridad y tendencia a resolver de manera violenta problemas interpersonales. Por ello, a largo plazo, los especialistas han insistido en que el maltrato infantil afecta tanto a familias como a comunidades.
En México existe la Ley de Protección a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Además, el Código Penal Federal establece una serie de sanciones contra quienes maltratan a los menores. Sin embargo, en la realidad es uno de los grupos más vulnerables en el país, por lo cual es necesario establecer medidas de prevención y vigilancia para detener las prácticas de maltrato tanto físicas y psicológicas por padres, profesores, familiares y la comunidad contra los infantes.
En razón de lo anterior, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las los titulares de las Secretarías de Educación Pública, y de Salud, así como al de la PGR, a efecto de que
2. En las comunidades rurales del país se implante el servicio social comunitario con psicólogos, con el objetivo de realizar campañas que permitan un acercamiento a la problemática que viven los niños y los adolescentes, los familiares y la comunidad, quienes recibirán la atención necesaria en caso de observar alguna situación de maltrato.
3. Elaborar un diagnóstico que nos permita obtener datos reales y actualizados de la situación de violencia contra los menores; asimismo, que sea una herramienta para identificar situaciones de explotación, violación, abuso y homicidio, sancionando a los culpables y haciendo cumplir lo establecido en las leyes de protección de los menores y en el Código Penal Federal.
Diputado José Alberto González Morales (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SEP A VIGILAR LAS OPCIONES POR OFRECER A LOS
JÓVENES QUE NO OBTENGAN LUGAR EN LOS CONCURSOS DE SELECCIÓN
PARA INGRESAR EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL CICLO ESCOLAR 2010-2011
EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO
JAIME ARTURO VÁZQUEZ AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
El que suscribe, Jaime Arturo Vázquez Aguilar, diputado en la LXI legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, por este conducto solicita respetuosamente a la Presidencia de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Educación Pública federal a vigilar que las opciones educativas que se ofrecerán a los jóvenes que no obtengan un lugar en los concursos de selección para ingresar a la educación superior en el ciclo escolar 2010-2011 en la zona metropolitana del valle de México, sean en programas reconocidos por su buena calidad, tanto en las instituciones de educación superior públicas como en las particulares; al tenor de las siguientes
Consideraciones
En la zona metropolitana del valle de México (ZMVM),1 se concentra la mayor proporción tanto de demanda como de oferta de matrícula en educación superior en el país.
Respecto a la matrícula total inscrita en educación superior, la ZMVM tiene poco más del 20 por ciento del total nacional.
Para darnos una idea de la magnitud de este porcentaje, las más recientes cifras oficiales que son públicas y que corresponden al ciclo escolar 2007-2008, nos dicen que la matrícula de educación superior en el DF era de 387 mil 401 alumnos, de los cuales el 22.6 por ciento era de nuevo ingreso (87 mil 730).
Sumado a éstas cifras, la matrícula de educación superior en el estado de México (que se considera dentro de la ZMVM), era de 188 mil 846 alumnos, de los cuales el 24.4 por ciento eran de nuevo ingreso (46 mil 262).
En conjunto, si nos referimos a la ZMVM, había 133 mil 992 alumnos de nuevo ingreso, de los cuales el 35.1 por ciento se encontraban inscritos en Instituciones de Educación Superior Particulares (47 mil 79) y el 64.8 por ciento (86 mil 913) en el sistema público.
Por otro lado, el total de egresados de la educación media superior (EMS), quienes representaban la demanda potencial para el siguiente nivel de estudios, era de 154 mil 672 alumnos, de los cuales ingresaron a la Educación Superior poco más del 80 por ciento. Si bien esto implica que existe un índice de absorción alto, todavía 1 de cada 5 aspirantes ve truncado su sueño de estudiar en una Institución de Educación Superior.
Tomando en cuenta el crecimiento de la demanda de educación superior, derivado del bono demográfico, podemos considerar que estas cifras no se alejan mucho de la realidad que se vive en el presente ciclo escolar 2009-2010.
El proceso de selección 2010 para la Educación Superior en la ZMVM
En la UNAM, 115 mil 737 egresados de la EMS realizaron examen para ocupar un lugar en el siguiente nivel de estudios. De éstos, tan sólo fueron seleccionados 10 mil 350, es decir el 8.9 por ciento. Es así que, al día de hoy, existen 105 mil 386 estudiantes que "no cuentan con" y "están en busca de" una opción educativa2.
El 4 de abril la UAM publicó los resultados de su primer proceso de selección anual (para ingresar el mes de mayo) y publicará una lista complementaria el día 21 de abril. En este primer proceso participaron poco más de 40 mil estudiantes. El segundo proceso de selección se lleva a cabo en el mes de mayo para ingresar en septiembre.
El Instituto Politécnico Nacional (IPN), inició su proceso de registro de aspirantes al nivel superior, el 14 de marzo y asignará fechas y lugar de examen del 24 al 28 de mayo. Se espera que cerca de 80 mil alumnos presenten el examen para competir por uno de los 21 mil espacios con que cuenta esta institución educativa. Los resultados serán publicados en el mes de julio.
Compañeros legisladores, está por venir, como cada año sucede, un movimiento de jóvenes excluidos de una oportunidad educativa. No debemos esperar que el problema crezca o se enfrente con mecanismos improvisados.
En el mediano plazo, es posible impulsar esquemas como el de los "sistemas abiertos y a distancia" que permitan ampliar las opciones para cursar la educación superior. Sin embargo, al día de hoy tenemos un problema que requiere de soluciones inmediatas. En el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza estamos ciertos de que nuestros jóvenes no pueden esperar.
Sabemos que la SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, realiza año con año enormes esfuerzos para dar solución a este conjunto de jóvenes ávidos de estudiar y de una oportunidad que les permita formarse para el futuro.
De entre los esfuerzos destacan:
2. A través de una negociación con la Federación Mexicana de Instituciones Particulares (Fimpes), obtiene un número significativo de descuentos en la colegiatura, aplicable a lo largo de toda la licenciatura y condicionado a que el estudiante mantenga un promedio de 8.
En el segundo de los casos, esto no puede ocurrir de manera directa, puesto que no se pueden ejercer mecanismos generalizados de coerción para que las instituciones particulares se sometan a procesos de certificación de la calidad de los programas que imparten. Sin embargo, la SEP ya tiene identificadas a un conjunto de Instituciones Educativas Particulares que se están incorporando a los procesos de evaluación y acreditación de calidad.
Hoy más que nunca tenemos que impulsar estrategias para formar más y mejores profesionistas y debemos cerciorarnos de que lo que el Estado haga al respecto sea bajo la más estricta condición de calidad.
Si bien se debe buscar que en un futuro no muy lejano no exista ni un sólo joven que desee estudiar el nivel superior y no encuentre espacio para hacerlo; en el ciclo escolar 2010-2011, se debe buscar que todos y cada uno de los espacios que se ofrezcan como alternativa para aquellos que en los correspondientes procesos de selección no obtuvieron un lugar, sean de calidad.
Por lo expuesto, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta al secretario de Educación Pública federal a vigilar que las opciones educativas que se ofrecerán a los jóvenes que no obtengan un lugar en los concursos de selección para ingresar a la educación superior en el ciclo escolar 2010-2011, en la zona metropolitana del valle de México; sean en programas reconocidos por su buena calidad, tanto en las instituciones públicas de educación superior como en las particulares.
Notas
1. La ZMVM se compone por las 16 dlegaciones del DF y
los siguientes municipios del etado de México: Naucalpan de Juárez,
Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Nezahualcoyotl, Tlanepantla de Baz,
Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Texcoco, Huixquilucan,
Tecamac, Zumpango, Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Nicolás Romero, Amecameca,Chimalhuacán,
Valle de Chalco Solidaridad, Axapusco,Teoloyucan, Tultitlán, Ozumba,
Tepoztlán, Teotihuacán, Tenango del Valle, Isidron Fabela,
Cuautitlan, Huehuetoca.
2. Estas cifras no consideran la matrícula que
cursó el nivel medio superior en las preparatorias de la UNAM y
que obtienen el llamado "pase automático".
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.
Diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CREAR
UN FIDEICOMISO O UN FONDO DE CONTINGENCIA A FIN DE RECUPERAR LOS AHORROS
DE LOS DEFRAUDADOS POR LA CAJA DE AHORRO CASUR; Y EXHORTAR A LA CNBV Y
A LA CONDUSEF A INTERVENIR EN EL ASUNTO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA
GUADALUPE GARCÍA ALMANZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
La suscrita, diputada María Guadalupe García Almanza, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Convergencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
1. La desigualdad que ha caracterizado a México en buena parte del siglo XX, así como en los años transcurridos de esta primera centuria, generando una serie de dificultades en los aspectos económico y social de la vida de millones de mexicanos, han hecho necesario el surgimiento de mecanismos solidarios que permitan mejorar las condiciones de vida de grandes sectores de la población, tanto en el campo como en la ciudad, con objeto de posibilitarles aliviar en cierta medida las condiciones de pobreza y marginalidad que padecen. De esta forma, la sociedad civil impulsó formas de organización social y participación responsable para revertir el deterioro de sus condiciones de vida. Parte de esta respuesta incluyó medios que posibilitaran la obtención de ingresos que satisficieran los mínimos de bienestar, siendo un claro ejemplo de ello las Cajas Populares. Estas instituciones encontraron la fórmula para obtener la confianza de muchas personas dando como resultado un ahorro que era depositado a través de grandes montos de efectivo, generando la obtención de reservas a cambio de renunciar al uso de sus ingresos. En esto consiste la mecánica del ahorro: se depositan ingresos renunciando a su uso actual, a cambio de poder retirarlo, todo o en parte, en el futuro.
2. El sector del ahorro y el crédito populares lo constituyen en la actualidad las cajas populares, las cooperativas de ahorro y préstamo, las sociedades de ahorro y préstamo, las instituciones y organismos financieros rurales, las cajas solidarias y las microfinancieras, así como diversas organizaciones de la sociedad civil que realizan actividades microfinancieras aunque no sea su actividad principal sino un medio para lograr fines como el desarrollo de sus comunidades.
3. El ahorro y crédito popular se considera un proceso de organización ciudadana irreversible que comenzó con la propuesta de un marco regulatorio y promotor amplio y convergente. En la actualidad, uno de sus mayores retos es transitar de la etapa de informalidad que le caracterizó durante muchos años, a la formalidad reglamentaria que requiere; y es que, si bien hay muchos de estos organismos debidamente conformados, existe un sinfín de los mismos que operan sin regulación alguna; y son precisamente estos últimos los que sirven, muchas de las veces, a los fines aviesos de quienes lejos de pretender el desarrollo y bienestar económico de sus ahorradores, se aprovechan de sus expectativas, y, de manera fraudulenta, los dejan sin los ahorros de toda su vida.
4. La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros tiene por objeto la protección y defensa de los derechos e intereses del público usuario de los servicios financieros que prestan las instituciones públicas, privadas y del sector social, pero, debidamente autorizadas, lo cual deja en el desamparo a aquellos que invierten sus ahorros en organismos no autorizados, autorización que, por lo demás, es muy difícil que un ahorrador pueda constatar, pues los vacíos existentes en la materia son aprovechados por quienes actúan de manera deshonesta ya que en muchas ocasiones acuden a recursos desleales, como la presentación de documentación apócrifa; lo cual resulta difícil de constatar o de corroborar antes de sufrir algún acto de deshonestidad o fraude.
5. Como ejemplo de las actividades contrarias a la ley en la que pueden incurrir esas instituciones queremos dar a conocer que la Caja de Ahorro Casur, con sucursales en las ciudades de Tuxtepec y de Valle Nacional, Oaxaca, Tierra Blanca, Veracruz y poblaciones aledañas, no se sabe si de de manera fraudulenta o porque se haya descapitalizado, despojó de sus ahorros a un gran número de personas. Existen al respecto 450 quejas presentadas ante el responsable de la Condusef en Tuxtepec; y hay 400 denuncias en curso, pero, al parecer, y hasta la fecha, no hay ningún resultado positivo.
6. Consideramos que el gobierno federal debe asumir su responsabilidad y detener la proliferación indiscriminada, y, sobre todo, no autorizada, de Cajas de Ahorro y Préstamo, en sus diferentes modalidades. Para ello, deben otorgarse a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros facultades de investigación en cuanto a la regulación de los organismos que nos ocupan, y deben instrumentarse mecanismos de seguridad para los ahorradores, como fondos de protección y/o garantía, etcétera.; lo que quizá sea materia para una iniciativa de reforma a las leyes de la materia, pero el sector del ahorro y crédito popular y su repercusión social son muy importantes, pues lo ocurrido con CASUR ha generado graves secuelas en la vida de los afectados.
Ante ello, además de evaluar la necesidad de contar con una iniciativa que se ocupe del tema de manera muy particular, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con Punto de Acuerdo, considerándolo de urgente resolución, para que, independientemente de las gestiones legales que directamente se encuentren ejercitando los afectados, se cree un fideicomiso o un fondo de contingencia para recuperar, los ahorros de los defraudados por la Caja de Ahorro Casur, con sucursales en Tuxtepec y Valle Nacional, Oaxaca; Tierra Blanca, Veracruz y poblaciones aledañas.
Conviene recordar que en 1990 el gobierno mexicano creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) para enfrentar los problemas financieros extraordinarios de los bancos, el cual asumió las carteras vencidas, capitalizó a las instituciones financieras y garantizó el dinero de los ahorradores. Por otra parte, en 1997, a través del Programa de Rescate Carretero, y ante los problemas financieros que presentaban las empresas operadoras de las autopistas concesionadas, el gobierno federal decidió rescatar 23 de las 52 autopistas bajo ese régimen, asumiendo un adeudo de 57.7 mil millones de pesos.
Ante la magnitud de los hechos referidos, convoco de manera respetuosa a las instancias correspondientes del gobierno federal, a fin de que se atienda con la mayor agilidad el caso que nos ocupa, ya sea a través de la creación de un fondo o fideicomiso parecido a los antes señalados, considerando que enfrentamos una crisis económica mucho más grave que la de 1994, cuyos efectos los han resentido un gran número de mexicanos. De esta manera, se atendería con suma atingencia un problema que aqueja a miles de ahorradores que fueron defraudados, resarciéndoles el grave daño patrimonial que se les ha causado.
7. Y, con objeto de evitar la repetición de más casos como Casur, someto también a su consideración, proposición con Punto de Acuerdo a efecto de que se exhorte a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, intervenga en el asunto y proceda a investigar, no sólo el caso específico que nos ocupa, sino, en general, la situación que guardan en México las cajas de ahorro y préstamo, y se regulen en cualquiera de sus modalidades.
Por lo expuesto y fundado, se presenta la siguiente proposición con puntos de acuerdo (de urgente resolución) para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cree un fideicomiso o un fondo de contingencia para recuperar los ahorros de los defraudados por la Caja de Ahorro Casur, con sucursales en Tuxtepec y Valle Nacional, Oaxaca; Tierra Blanca, Veracruz y poblaciones aledañas, y para que se exhorte a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros intervenga en este asunto
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la creación, en términos de ley, de un fideicomiso o un fondo de contingencia para recuperar los ahorros de los defraudados por la Caja de Ahorro Casur, con sucursales en Tuxtepec y Valle Nacional, Oaxaca; Tierra Blanca, Veracruz y poblaciones aledañas.
Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, intervenga, no sólo en el caso específico de la Caja de Ahorro CASUR con sucursales en Tuxtepec y Valle Nacional, Oaxaca, Tierra Blanca, Veracruz y poblaciones aledañas, sino, en general, se regule la situación que guardan en México las Cajas de Ahorro y Préstamo, en cualquiera de sus modalidades.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.
Diputados: Pedro Jiménez León, María
Guadalupe García Almanza (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SEGOB, DE LA SEMARNAT Y DE LA SHCP QUE
DESTINEN LA ATENCIÓN Y LOS RECURSOS ECONÓMICOS CONDUCENTES
A LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO PARA CONTENER EL MAR Y EVITAR LA DESAPARICIÓN
DE EL PALMAR DE CUAUTLA, EN SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, A CARGO DE LA
DIPUTADA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Quién suscribe, Martha Elena García Gómez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destinen la atención y los recursos económicos necesarios para financiar la construcción de un muro para la contención del mar y evitar la desaparición del pueblo Palmar de Cuautla, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, conforme a las siguientes
Consideraciones
Palmar de Cuautla, es una localidad correspondiente al municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. Con una población dedicada mayoritariamente a la pesca de mero, camarón, robalo y Constantino además de la captura de camarón de estero, ostión de piedra y ostión de placer. Así también, a la agricultura y ganadería. Se considera además que en este lugar se ubica la playa más larga del mundo compuesta por 80 kilómetros de arena fina.
El drama al que se enfrenta la población de Palmar, se inicia alrededor de 1976, cuando la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos realizó la apertura del llamado canal Cuautla, cercano a la población de Palmar de Cuautla, con el propósito de aumentar el ingreso de agua de mar a los cuerpos de agua: laguna Chauin Chuiga-Las Garzas, estero de Cuautla, laguna El Valle y laguna Agua Brava. El canal, originalmente tenía un ancho de 40 metros, una profundidad de 2 metros y casi 3 km de largo. En su comunicación con el mar se construyeron dos escolleras de roca natural con separación de 200 metros.
Con este ingreso de agua marina se pretendía aumentar la producción de diversas especies de peces y crustáceos, sobre todo del sistema lagunar, empleo sustentable, inversión y la mejora de las comunicaciones en la región, lo cual se cumplió en buena medida, sin embargo, debido a los grandes volúmenes de agua que ingresan y egresan por el efecto de la marea y por las aportaciones de varios ríos, se produjo un gran ensanchamiento del canal. Además, el oleaje predominante en la dirección noreste ha contribuido al desequilibrio playero en el espacio cercano a su conexión con el mar, lo que ha provocado una fuerte erosión playera desde que se excavó el canal.
Por tal motivo, entre 1987 y 1994, la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca realizó reparaciones a las escolleras y obras de protección en la margen norte del canal. Pero en 1994 el ciclón Rosa causó un grave deterioro a las escolleras; adicionalmente, los grandes escurrimientos provocados por los ríos que desembocan al sistema lagunar, causaron que el canal de comunicación se ensanchara a casi 500 metros y se hiciera más hondo, alcanzando profundidades hasta de 20 metros.
Actualmente, el canal tiene 3 kilómetros de ancho y por el oleaje se han perdido al menos, 20 kilómetros de playa de la zona, como es de percatarse en el desarrollo de este proyecto, en su surgimiento y avance a este le faltó prevención, monitoreo, vigilancia y recursos para su atención.
Lo grave del problema, no es tan sólo el incremento del tamaño del canal sino que, por otra parte, esta extensión ha devorado paulatinamente las reducidas zonas de cultivo de frijol y maíz –se calcula una pérdida de 500 hectáreas– así como la salinización y destrucción de los manglares –4 mil hectáreas perdidas– cercanos a la construcción en referencia. Además se observa cómo cotidianamente el mar reduce el territorio nacional, miles de personas pierden su tierra y propiedades por lo que continúan en riesgo de desaparecer del mapa.
Cabe señalar que Nayarit ocupa el cuarto lugar con mayor superficie de manglares en México, con 79 mil 561 hectáreas pobladas de manglar blanco, rojo, negro y botón. Pero con el deterioro ambiental y la falta de atención a los ecosistemas, a la fecha se calcula que ha perdido 14 por ciento de los manglares que tenía cuando se determinó la construcción del canal de Cuautla.
Aun cuando se han realizado algunas obras para detener este deterioro, todas ellas han sido insuficientes por lo que el bordo de protección que resguarda a la población, ya es fácilmente rebasado por los oleajes y con cualquier marejada se inundan las viviendas de la población. Por ello es necesario hacer un urgente llamado a la Segob para que se liberen fondos del Centro Nacional de Prevención de Desastres, y puedan hacer frente hoy, a la prevención de una contingencia que de no ser atendida a la postre, lamentaríamos todas y todos los mexicanos.
Mientras tanto, podrían realizarse los estudios necesarios para conocer las condiciones de hidráulica marítima, estabilidad de playas, materiales, modelos matemáticos, físicos y todo aquello que los especialistas de instituciones de reconocido prestigio y experiencia como la UNAM o la Universidad Autónoma de Nayarit, puedan aportar para solucionar adecuada y exitosamente este problema.
Es urgente buscar la solución a este asunto, ya que Palmar de Cuautla está clasificado por el propio Cenapred como uno de los sitios con mayor riesgo hidrometerorológico en el país, y el canal en referencia se ha convertido en un enorme embudo donde cualquier fenómeno marítimo que produjera enorme oleaje podría generar la desaparición del poblado. No dejemos que el riesgo avance, escuchemos la llamada de auxilio de nuestros compatriotas nayaritas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación de los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Secretaría de Gobernación que, a través del Centro Nacional para la Prevención de Desastres, se destine la atención y los recursos económicos necesarios para continuar la construcción de un muro para la contención del mar y evitar la desaparición del pueblo Palmar de Cuautla, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. Lo anterior en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Segundo. Asimismo, se exhorta al gobierno federal para que después de los análisis pertinentes se destinen los recursos necesarios para atender y solucionar este problema, y se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2011.
Palacio Legislativo, a 28 de abril de 2010.
Diputada Martha Elena García Gómez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DISEÑAR Y APLICAR MEDIANTE LA
SEDESOL Y LA SEP POLÍTICAS QUE PERMITAN AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO
DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS INDÍGENAS Y DISMINUIR LA BRECHA
DEL DESARROLLO, A CARGO DE LA DIPUTADA DELIA GUERRERO CORONADO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada Delia Guerrero Coronado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en esta LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición que contiene punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Hace 20 años la Asamblea General de las Naciones Unidas firmó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), este instrumento internacional es el primer tratado que se refiere a niños y niñas indígenas; en su artículo 30 dice expresamente que a ningún infante que sea indígena se le puede negar el derecho que le corresponde a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su idioma propio.
En el caso de la población indígena la discriminación en los sistemas de información y estadísticos era muy clara, y sólo se limitaba a estimarla. Como sucedió en el padrón de 1990.
La lengua fue considerada durante muchos años como la única característica que permitía saber si alguien era indígena o no y en las estadísticas únicamente se tomaba en cuenta a los hablantes de alguna lengua indígena como tales, de ahí que niños y niñas menores de cinco años nos eran contemplados por no tener dicho criterio.
En 2002 el Instituto Nacional Indigenista (INI) y el Consejo Nacional de Población incorporaron un criterio que hace visible a la población menor de cinco años, determinando como indígenas a todos aquellos que viven en hogares donde el jefe o el cónyuge es hablante; de esta forma, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) calculó que en 2005 había en México cuatro millones 469 mil 478 niños y niñas indígenas (2millones 255 mil 516 hombres y 2 millones 213 mil 962 mujeres); en otras palabras, 12 de cada 100 niños y niñas en México eran indígenas; cifra que contrasta con el 10 por ciento de la población total indígena que había en el país.
Al respecto, vale la pena resaltar algunas estadísticas relevantes. De acuerdo con el Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, la mayoría de los indígenas y sus comunidades presentan condiciones socioeconómicas desfavorables: 75 por ciento de la población no tiene derecho a la salud pública; dos de cada 10 son analfabetas; 30 por ciento no recibe ingreso por el trabajo que realiza; más de la mitad cuenta con vivienda de piso de tierra, y siete de cada 10 hogares no tienen drenaje.
La enorme diversidad etnolingüística de México se refleja en las 68 lenguas que se practican. La conservación de la lengua es garantizada por las nuevas generaciones quienes mantienen el uso de la misma, en este sentido, las niñas y adolescentes juegan un papel importante siendo ellas las que en mayor proporción conservan su idioma en comparación con los varones, situación que se presenta principalmente en las lenguas con menor número de hablantes.
De acuerdo con los Indicadores sociodemográficos de la Población Indígena 2000-2005, y considerando algunos datos de UNICEF, destacamos algunos datos: 16 por ciento de las mujeres indígenas de 15 a 19 años tienen un hijo nacido, mientras que el 11 por ciento de las mujeres no indígenas en ese mismo rango de edad de 15 a 19 años tienen un hijo nacido.
Es 60 por ciento mayor la tasa de mortandad infantil en la población indígena en comparación con la no indígena.
También mientras que el 33 por ciento de los niños indígenas menores de cinco años tienen talla baja, sólo el 13 por ciento de los niños no indígenas menores de cinco años tienen talla baja.
En materia de educación, siendo la educación una de las claves para ingresar a un mejor desarrollo, los niños y niñas indígenas están en desventaja frente a sus pares pues la cobertura del sector educativo es menor en localidades indígenas.
Para atenuar lo anterior, se diseñaron programas educativos bilingües, desafortunadamente no han sido la solución adecuada porque no consideran diferencias culturales ni lingüísticas entre las diversas regiones.
Al no reconocer los ciclos de vida de la población indígena, niños y niñas tienen menor acceso a educación de calidad. Ni la migración ni los periodos agrícolas han sido tomados en cuenta para diseñar y ejecutar programas de educación, dando como resultado inasistencia y abandono escolar.
De acuerdo con datos del Inegi sobre trabajo infantil muchos de los niños y niñas dejan la escuela para trabajar: 36 por ciento de los niños y niñas indígenas en edad escolar laboran, más del doble que el promedio nacional.
Los indicadores de inasistencia también están ligados a que la vida en familia inicia a temprana edad: 24 por ceinto de las mujeres indígenas se casan durante su infancia en contraste con 15 por ciento de las mujeres no indígenas.
En este sentido, deseo externar mi preocupación sobre la falta de entendimiento sobre la complejidad indígena, lo que impide dimensionar adecuadamente algunos temas como el trabajo infantil que suele confundirse con la explotación laboral.
Las condiciones de pobreza y exclusión social que vive gran parte de las familias indígenas se refleja en el aumento de la migración.
Hace algunas décadas, el jefe de familia o la familia completa migraban. Debido a los cambios en los patrones migratorios se calcula que existen 20 mil niños y adolecentes migrantes que viajan solos, la mayoría de ellos indígenas.
Otro cambio sustancial que está afectando el tejido social está relacionado con las medidas de contratación en los campos agrícolas que se han vuelto más estrictas y prohíben o limitan que los niños y niñas indígenas viajen a los lugares donde trabajan sus padres.
Al romperse la estructura tradicional de protección y cuidado de los adultos, los niños están expuestos a mayores riesgos.
El tema de los derechos humanos también está en la mesa. El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas aborda los matrimonios tempranos y el trabajo infantil como costumbres de su propia vida cultural; sin embargo, señala que estas prácticas no se justifican si perjudican la dignidad, la salud o el desarrollo del niño, por ejemplo, si se trata de matrimonios precoces o la mutilación genital de la mujer.
En estos casos, la ONU dicta que el Estado debe acabar con dichas acciones mediante campañas de conscientización y programas de educación encaminadas a modificar las actitudes y estereotipos de género perjudiciales.
Conocer, valorar y respetar las culturas indígenas son elementos claves para erradicar la discriminación, en especial para que niños y niñas preserven su cultura con autodeterminación.
La infancia indígena representa al México pluricultural pero también encarna la desigualdad y la discriminación.
La capacidad de aprendizaje y adaptación que tienen los niños y niñas indígenas fortalecida con el ejercicio y goce pleno de sus derechos permitirá generar puentes entre las diversas culturas que vivimos en el país, logrando compartir conocimientos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a fin de que, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social y de Educación Pública, se diseñen y apliquen políticas públicas integrales emergentes que permitan avanzar en el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas indígenas y disminuir la brecha del desarrollo que actualmente existe.
Sede de la Cámara de Diputados, a 28 de abril de 2010.
Diputada Delia Guerrero Coronado (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD, AL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL
Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD A
INCLUIR EN EL CATÁLOGO DE ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS LA ATENCIÓN
DE LA INSUFICIENCIA RENAL DE QUIENES NO CUENTAN CON SEGURIDAD SOCIAL, A
CARGO DE LA DIPUTADA BÉLGICA NABIL CARMONA CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
La que suscribe, diputada Bélgica Nabil Carmona Cabrera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
La insuficiencia renal crónica es la pérdida progresiva, e irreversible, de la tasa de filtración glomerular que se traduce en un conjunto de síntomas y signos denominado uremia y que en su estadio terminal es incompatible con la vida.
Las causas de la insuficiencia renal crónica son, entre otras, la diabetes y es la más frecuente de ellas constituyendo más del 40 por ciento de los nuevos casos.
Esta enfermedad constituye un problema de salud pública a nivel mundial, el número de pacientes se incrementa de manera considerable tanto en los países desarrollados como en vías desarrollo.
Cada vez es mayor la necesidad de recurrir a procedimientos de diálisis o trasplante renal, por lo que se incrementa gradualmente el costo de su atención. Otra particularidad es, la edad de los pacientes que son admitidos a programa de hemodiálisis se va incrementando. Por ejemplo, en Japón dos tercios del total de pacientes en diálisis están por encima de los 60 años y la mitad son mayores de 65.
En México, la Diabetes es la primera causa de mortalidad entre la población, los casos de Insuficiencia renal han aumentado en los últimos años. De acuerdo a datos oficiales, se estima que existen 102 mil personas con insuficiencia renal lo que representa el 10 por ciento de la población nacional y de ellas sólo el 36% reciben atención adecuada. 65 mil no reciben ningún tipo de atención médica.
El Centro Nacional de Trasplantes reporta que anualmente sólo se cubre el 25% de los pacientes que requieren un trasplante, de entre la lista de personas en espera de una oportunidad de recuperar la salud y mantener la vida. El Instituto Mexicano del Seguro Social reporta a la insuficiencia renal como la tercera causa de muerte hospitalaria a nivel nacional y es sabido que el 90% de la población no tiene forma de pagar los costosos tratamientos de esta enfermedad.
Al inicio de la presente administración, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, anunció que cubriría el tratamiento de la Insuficiencia Renal a las familias afiliadas al Seguro Popular a través del Fondo de Gastos Catastróficos, hecho que se constata en la página 29 del Primer Informe de Gobierno correspondiente a la Secretaría de Salud.
Sin embargo, la cobertura de esta enfermedad fue retirada del catálogo de dicho fondo a sólo unos meses de haber sido inscrita.
El Fideicomiso de Fondos Catastróficos del Seguro Popular inició el ejercicio fiscal de 2007 con un saldo que ronda los 8 mil millones de pesos y cerró el ejercicio con un saldo similar, después de contabilizar los ingresos de año y los egresos. El Seguro Popular puede entonces presumir de un ahorro monumental, pero la secretaría de salud debe explicar la razón del retiro de la cobertura de la Insuficiencia Renal porque ese ahorro se representa en muertes de muchos mexicanos.
Por lo anteriormente, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud, al Consejo de Salubridad General así como, a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular) para que en el ámbito de su competencia reintegren la atención de la Insuficiencia Renal al catalogo de cobertura del Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud a presentar el proyecto de atención de la Insuficiencia Renal en personas sin seguridad social en el país.
Tercero. Se exhorta a las Comisiones de Salud y de Presupuesto y Cuenta Publica de la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda a que contribuyan en el marco de sus competencias a garantizar los recursos financieros que permitan brindar el tratamiento de la Insuficiencia Renal de todas las personas que lo requieran.
Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar un Programa Nacional de prevención de la Diabetes y de la Insuficiencia Renal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.
Diputada Bélgica Nabil Carmona Cabrera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SECTUR QUE INCLUYA JALPAN DE SERRA, QUERÉTARO,
EN EL PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL MARTÍNEZ
PEÑALOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal Miguel Martínez Peñaloza ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Turismo federal que incluya el municipio de Jalpan de Serra Querétaro en el Programa de Pueblos Mágicos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que la gran riqueza cultural e histórica que México tiene y ha tenido desde siempre no escapa a nadie.
Al lado de sus grandes símbolos arquitectónicos y urbes milenarias que se multiplican por toda su geografía convertidas en icono de la fuerza de su pasado; se localizan también delicados triunfos de la tradición y del encanto ancestral de nuestra nación: los bien llamados "pueblos mágicos", lugares que atesoran ávidamente la otra riqueza de nuestro país; la cultural, la gastronómica, la histórica, la épica y la natural, reunidos en un mismo espacio.
Que el Programa Pueblos Mágicos, impulsado y coordinado por la Secretaría de Turismo en colaboración con la Comisión Nacional de Pueblos Mágicos, los gobiernos estatales y municipales, tiene como principal objetivo el de revalorar todas aquellas poblaciones del país que cuentan con ciertos atributos ya sea culturales o históricos y que representan verdaderas joyas de nuestro territorio.
Es claro que sus repercusiones en las comunidades calificadas como tales rebasan con mucho la idea de mejorar la imagen de la comunidad y se inscriben en la necesidad de conjuntar esfuerzos para convertirlos en detonadores de la economía local y regional. El turismo y el flujo de visitantes, produce resultados sorprendentes en comunidades de gran fuerza cultural y entornos urbanos y naturales de gran impacto.
Pueblos Mágicos, es un programa en el que los apoyos y la investigación se dirigen a trabajos de mejora y creación de infraestructura, servicios e imagen urbana, así como equipamiento turístico, mejoramiento y rehabilitación de sitios de interés, creación desarrollo e innovación de productos turísticos, profesionalización, capacitación de empleados del sector y modernización de Pequeñas y medianas empresas con vocación turísticas y programas de promoción, que tienden a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de estas hermosas localidades.
Que, actualmente, Jalisco y Michoacán encabezan la lista de las entidades del país con el mayor número de Pueblos Mágicos. En el caso de Querétaro, solamente ha sido declarada la comunidad de Bernal en el Municipio de Ezequiel Montes con esta característica en el año 2005, sin embargo, la lista de pueblos que merecen el calificativo de mágicos, dentro del territorio queretano no se agota con la calificación que hasta este día ostenta, más aun el reconocimiento que merecen muchos rincones de todo el territorio nacional es interminable, aun falta un largo trecho por recorrer, para que se abran al disfrute de todos los rincones de este hermoso país, esas fuentes inagotables de belleza, sabiduría y tradición que son los pueblos mágicos.
Que los alcances del programa antes citado, han sido positivos puesto que en el caso de Querétaro, se ha logrado la rehabilitación de la localidad de Bernal para resaltar sus atractivos y con ello ha aumentado la afluencia de turistas, respaldado por lo anterior, se propone la inserción de una comunidad más al circuito de pueblos mágicos, para el estado del que soy representante.
El municipio de Jalpan de Serra está enclavado en la sierra gorda, situado en la parte norte del estado de Querétaro, entre las coordenadas geográficas 21º03’ y 21º 39’ de latitud norte y 99º10’ y 99º26’ de longitud oeste; es sin lugar a dudas una de las reservas de la Biosfera con mayor diversidad que existe actualmente en nuestro País, y alberga dentro de su territorio de poco más de 1,121 kilómetros cuadrados, dos de las cinco misiones franciscanas declaradas patrimonio cultural de la humanidad en 2003.
Los primeros pobladores de estas tierras eran de origen olmeca; en 1904 Jalpan fue reconocido como ciudad y en 1919 se convierte en municipio, fue escenario de movimientos históricos significativos tales como las valientes acciones del grupo insurgente comandado por el capitán Elosúa, y las tares del grupo en apoyo a don Francisco I. Madero, del denominado "Club Aquiles Serdán", mismo que presidió Policarpo Olvera.
De entre los aspectos turísticos más representativos, de este municipio se encuentran sus edificaciones religiosas que en conjunto forman un circuito denominado "Misionero", y que se compone de los siguientes inmuebles:
Santiago de Jalpan, construido entre 1751 y 1758 por Fray Junípero Serra y está dedicado al apóstol Santiago.
San Francisco del Valle de Tilaco fue construido entre 1754 y 1762 por Fray Juan Crespi y está dedicada a San Francisco de Asís.
Nuestra Señora de la Luz de Tancoyol; es posible que su autor sea Fray Juan Ramos de Lora, quien residió en Tancoyol de 1760 a 1766. El tema de la misericordia divina está representado por las intervenciones de la Virgen y los Santos
Santa María de las Aguas de Landa, templo construido entre 1760 y 1768 por Fray Miguel de la Campa y está dedicado a la Inmaculada Concepción.
El río Santa María, ubicado a 40 minutos del pueblo de Tancoyol.
El Sótano del Barro, ubicado en la comunidad de Santa María de Cocos, es una de las maravillas naturales más representativas del estado, mide casi medio kilómetro de diámetro y presenta un tiro vertical de 450 m. de caída libre, uno de los más largos del mundo; es un santuario que alberga a la última colonia de guacamayas verdes del centro de México, especie que se encuentra en peligro de extinción.
La designación de Pueblo Mágico para Jalpan de Serra, resultaría en beneficio para sus más de 137 localidades y sus poco más de 21,671 habitantes,1 resultaría en un alza para su vida productiva a través de la actividad turística y en la transmisión de toda su belleza con el resto del mundo.
¿Para qué queremos todo ese patrimonio distribuido a lo largo y ancho de nuestro país, si no lo conocen los mexicanos, si no lo conoce el mundo? Lo que debemos hacer entonces es controlar el flujo de visitantes para que se aproveche el patrimonio desde un punto de vista sustentable, que dure para las generaciones futuras y que tenga rentabilidad para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia pueda seguir investigando y poniendo en valor más patrimonio. Así es como se forma un círculo virtuoso capaz de beneficiar a los pueblos.
La premisa es el desarrollo sostenible; igual que sucede con el patrimonio natural, hay claridad de que la cultura y la naturaleza son elementos que nos hacen diferentes como país, que dan valor adicional y constituyen la razón de ser de los viajes, por eso es razonable y coherente su aprovechamiento responsable.
Un Pueblo Mágico es hoy un símbolo distintivo, una marca turística reconocida y es deber de todos los actores que favorecen su desarrollo turístico, mantenerla en el más alto nivel de respeto y cumplimiento.
Es entonces que, con el objetivo de que todo México y el mundo tenga la oportunidad de valorar aun más el patrimonio cultural de Querétaro y recuperar toda su riqueza es que mediante el presente punto de acuerdo mi interés es el de impulsar la inclusión de la comunidad de Jalpan de Serra en la lista de pueblos mágicos.
Al tenor de lo anteriormente expuesto, presento a esta alta soberanía, para su turno a la Comisión respectiva y aprobación conducente, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Secretaría de Turismo federal que, en el ámbito de colaboración entre los poderes, y en ejercicio de su competencia, incluya el municipio de Jalpan de Serra, Querétaro, al programa de Pueblos Mágicos, con la participación y consulta que corresponda a la Comisión Nacional de Pueblos Mágicos, con la finalidad de fortalecer el desarrollo cultural y económico de los habitantes del mismo.
Segundo. Se exhorta al gobierno del estado de Querétaro y al municipio de Jalpan de Serra para que realicen los trámites y acciones necesarias, para que se incorpore a Jalpan de Serra al Programa de Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo.
Nota
1. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/conteo2005/localidad
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.
Diputado Miguel Martínez Peñaloza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ELABORAR, PUBLICAR E IMPLANTAR EL PROGRAMA
DE MANEJO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA GORDA DE GUANAJUATO, A CARGO
DEL DIPUTADO JUAN HUERTA MONTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, Juan Huerta Montero, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a elaborar, publicar e implantar el programa de manejo de la reserva de la biosfera Sierra Gorda de Guanajuato.
Consideraciones
Una de las estrategias más importantes que ha seguido México para proteger el patrimonio biológico y el ambiente es el establecimiento y la operación de áreas naturales protegidas, que representa un valioso instrumento jurídico que fomenta la conservación.
La Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) administra 173 áreas naturales de carácter federal, de las cuales 40 son reservas de la biosfera, 67 parques nacionales, 5 monumentos naturales, 8 áreas de protección de recursos naturales, 35 áreas de protección de flora y fauna y 18 santuarios. Suman 25 millones 250 mil hectáreas, lo que representa 12.8 por ciento del territorio nacional.
Las 40 reservas de la biosfera existentes en el país son de particular importancia: además de representar la categoría de área natural protegida con la mayor superficie en protección (equivalente a 49.6 por ciento), son áreas de gran valor ambiental e interés público, pues con éstas se favorece la protección jurídica de los ecosistemas no alterados o que requieren ser preservados y restaurados, ya que en ellas habitan especies representativas, endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.
Ejemplos de la importancia y riqueza que engloban las reservas de las biosfera los observamos en todo el país: Janos, Chihuahua; Montes Azules, Chiapas; Sian Ka’an, Quintana Roo; sierra de Manantlán, Jalisco y Colima; sierra de Huautla, Morelos; Los Tuxtlas, Veracruz; y Sierra Gorda, Guanajuato, entre otras.
Estas áreas, al ser decretadas como protegidas, quedan sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, de acuerdo con las disposiciones contenidas principalmente en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en el decreto respectivo de creación y en los planes o programas de manejo de cada una de ellas.
Los programas de manejo que, de acuerdo con la LGEEPA, deben ser elaborados dentro del plazo de un año, contado a partir de la publicación de la declaratoria respectiva, son de particular importancia, pues representan "el instrumento rector de planeación y regulación que establece actividades, acciones y lineamientos básicos para la operación y administración del área natural protegida".1
Sin embargo, de acuerdo con la Conanp, "actualmente se cuenta con 57 áreas naturales protegidas con programas de conservación y manejo publicados, lo que representa una cobertura de 34.2 por ciento del territorio protegido".2
Ese hecho es preocupante, pues hace evidente que el 65.8 por ciento del área natural protegida de carácter federal en el país no cuenta con el documento rector de planeación y regulación. Ello genera incertidumbre sobre el alcance de los objetivos de protección y conservación; asimismo, obstaculiza la ejecución de actividades de las comunidades que se encuentran en esas áreas.
Un caso representativo que demuestra la importancia del programa de manejo lo observamos en la reserva de la biosfera Sierra Gorda de Guanajuato, localizada en Atarjea, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Victoria y Xichú, municipios sumamente marginados.
Esta reserva es poseedora de una invaluable diversidad de especies de flora y fauna, en las que se comprenden 31 familias, 56 géneros y 84 especies, de las cuales 39 son de la forma arbórea, 18 arbustivas, 27 herbáceas y 1 epifita. Algunas de ellas son especies en riesgo incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001.
La reserva, pese a que fue decretada en febrero de 2007, aún no cuenta con el programa de manejo respectivo, en contravención de lo establecido en la LGEEPA y en el artículo tercero transitorio del decreto de creación.3 Este instrumento debió ser elaborado y terminado antes del 3 de febrero de 2008; sin embargo, no se ha cumplido el mandato.
La falta de elaboración, publicación y ejecución del programa de manejo de la reserva de la biosfera Sierra Gorda de Guanajuato no contribuye al alcance de los objetivos de conservación de los mecanismos ecológicos y la rica biodiversidad que contiene. Asimismo, impide que se concilien la conservación, el aprovechamiento de los recursos naturales y el mejoramiento del bienestar de las comunidades que se encuentran en la zona.
Gran parte de la población que vive en la reserva se localiza en comunidades rurales que, además de la migración, tiene como principal fuente de ingresos la explotación de los recursos naturales de la zona.
Sin el programa de manejo de la reserva ha sido imposible definir aspectos clave para la conservación de la biodiversidad, así como para las comunidades que ahí habitan, pues gran parte de las acciones de ordenamiento ecológico territorial, la distribución de responsabilidades, los planes de desarrollo municipal, las acciones de inspección y vigilancia, investigación, experimentación, así como el diseño de proyectos de desarrollo socioeconómico de las comunidades, entre otros, se han visto obstaculizados por la falta de tan valioso instrumento de planeación.
Todos los municipios que forman parte de la reserva de la biosfera Sierra Gorda de Guanajuato han sido afectados por la falta del instrumento rector de planeación y regulación, pues acciones y obras encaminadas a beneficiar a la población más necesitada no se han podido realizar por no contar con seguridad y protección jurídicas suficientes.
Casos como el de Atarjea, que ha tenido que suspender la pavimentación del camino de acceso a la cabecera municipal, siendo el único de Guanajuato que no tiene acceso pavimentado, en detrimento del desarrollo económico y social, así como la suspensión de otras obras públicas estratégicas para la población más necesitada, son sólo una muestra del grado de afectación que se puede ocasionar por omitir los instrumentos de planeación.
De ahí la necesidad de que, tanto para Sierra Gorda de Guanajuato como para otras áreas naturales protegidas, se realicen los programas de manejo y todos los instrumentos de planeación y conservación, pues su ausencia pone en riesgo la biodiversidad y el bienestar económico y social de las comunidades.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a elaborar a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas los programas de manejo de cada una de las áreas naturales protegidas de carácter federal que aún no cuentan con ese instrumento rector.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a informar a esta soberanía, en un plazo no mayor de 30 días, sobre las razones que han impedido la elaboración y publicación del programa de manejo de la reserva de la biosfera Sierra Gorda de Guanajuato, localizada en Atarjea, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Victoria y Xichú.
Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal a elaborar, publicar e implantar a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas el programa de manejo de la reserva de la biosfera Sierra Gorda de Guanajuato antes que concluya 2010.
Notas
1. Conanp. Términos de referencia para la elaboración
de programas de manejo de las áreas naturales protegidas competencia
de la federación, consultado en línea, disponible en
http://www.conanp.gob.mx/
2. Con datos de la Conanp, www.conanp.gob.mx
3. Diario Oficial de la Federación, 2 de febrero
de 2007, "Decreto por el que se declara área natural protegida,
con el carácter de reserva de la biosfera, la zona conocida como
‘Sierra Gorda de Guanajuato’, localizada en los municipios de Atarjea,
San Luis de la Paz, Santa Catarina, Victoria y Xichú, en el estado
de Guanajuato".
Recinto legislativo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 28 de abril de 2010.
Diputado Juan Huerta Montero (rúbrica)