El suscrito, diputado Salvador Caro Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta punto de acuerdo que solicita a la Comisión de Seguridad Pública de esta honorable Cámara de Diputados que realice consultas a la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respecto a lo señalado por la Conferencia Nacional de Gobernadores con relación al pronunciamiento para la creación de mandos únicos de policía en las respectivas entidades federativas, a efecto de tomar las medidas legislativas pertinentes.
Exposición de Motivos
1. La seguridad pública es la función a cargo del Estado que se realiza mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social, para alcanzar los fines de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, y preservar las libertades, el orden y la paz públicos; dichas funciones son de aplicación general, sin excepciones ni privilegios de ninguna especie.
2. En nuestro país, la función de la provisión de seguridad pública a cargo del Estado es actualmente concurrente a los tres órdenes de gobierno, y tiene como fines salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
3. En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo 21, noveno párrafo, que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.
4. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el artículo 2, reitera lo anteriormente señalado, mencionado además que el Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.
5. La seguridad pública es la piedra angular que da razón de ser a la existencia del Estado moderno. En un entorno público seguro, los ciudadanos y sus familias pueden con confianza realizar sus actividades cotidianas y desarrollar sus potencialidades; de igual manera, el beneficio impacta a varios sectores de la vida comunitaria como el económico y turístico.
6. Sin embargo, el país vive actualmente una delicada situación de violencia y desbordamiento de los hechos delictivos, particularmente relacionados con la comisión de homicidios y la delincuencia organizada, lo que ha implicado serios desafíos, tanto a la capacidad de respuesta de las instancias de gobierno encargadas de la seguridad pública en todos los niveles de gobierno, como en el planteamiento de nuevas políticas, estrategias y líneas de acción en el combate a la inseguridad pública.
7. En este orden de ideas, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en su 38 reunión ordinaria, celebrada en Morelia, Michoacán, el 23 de marzo de 2010, acordó, dentro de los trabajos celebrados en su Comisión de Seguridad Pública, impulsar reformas legales que permitan la creación de un nuevo modelo policial que establezca dos policías –una federal y una estatal–, con la posibilidad de mando único. La propuesta manifestada por la Conago menciona que existirían mandos policiales únicos por cada una de las 32 entidades federativas, con la intención de reforzar la coordinación y mejorar los resultados en la lucha contra el crimen organizado. Para esto, se estaría dando paso a la desaparición de las policías municipales, que se convertirían únicamente de tránsito y auxilio de la población, dejando a las policías estatales la persecución de los delitos del fuero común y a la policía federal lo correspondiente a los delitos del orden federal.
8. Entre los puntos presentados por la Conago, se menciona presentar una sugerencia al Congreso de la Unión para que, en uso de sus facultades, libere y resuelva sobre la conveniencia de reformar los artículos de la Constitución y, de manera más amplia, revisar, con carácter de urgencia, las implicaciones constitucionales, legales, reglamentarias operativas, administrativas y presupuestales para transitar de manera rápida y eficaz al modelo que en ejercicio de la soberanía popular determinen, en su caso, el Congreso de la Unión y el Constituyente Permanente.
9. Históricamente, el nivel municipal de gobierno ha sido pilar fundamental en el esquema de seguridad pública nacional, lo que ha sido consecuente por lo expresado en nuestra Constitución Política en el artículo 115, fracción III, que manifiesta que los municipios tendrán a su cargo entre las funciones y servicios públicos, el de la seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito.
10. Por otra parte, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala las actuales instancias de coordinación y distribución de competencias en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cuales son el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas; la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes; la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario; la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal; los consejos locales e instancias regionales y el secretariado ejecutivo del sistema.
11. La ley en comento señala en el artículo 33 que la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal tendrá las siguientes funciones mínimas: emitir sus reglas de organización y funcionamiento; proponer y aplicar políticas y programas de cooperación municipal en materia de seguridad pública; promover el desarrollo y fortalecimiento de las dependencias encargadas de la seguridad pública municipal; elaborar propuestas de reformas a las normas de aplicación municipal en materia de seguridad pública; intercambiar experiencias y apoyo técnico entre los municipios; proponer políticas públicas en materia de seguridad pública; colaborar con las instituciones públicas y privadas, en la ejecución de programas tendientes a prevenir el delito; promover en el ámbito municipal, la homologación del desarrollo policial; organizar seminarios, conferencias y ponencias sobre la materia de seguridad pública municipal y las demás que establezcan otras disposiciones legales o el consejo nacional.
12. En este orden de ideas, la propuesta expresada por la Conago, dada sus implicaciones, implica para su análisis necesariamente la inclusión y opinión valorativa de todos los niveles de gobierno, en particular el nivel municipal, representado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública por la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la elevada consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Seguridad Pública de esta honorable Cámara de Diputados que realice consultas a la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a lo señalado por la Conferencia Nacional de Gobernadores en su 38 reunión ordinaria, celebrada en Morelia, Michoacán, el 23 de marzo de 2010, con relación al pronunciamiento para la creación de mandos únicos de policía en las respectivas entidades federativas, a efecto de tomar las medidas legislativas pertinentes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2010.
Diputado Salvador Caro Cabrera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SEMARNAT A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS O, EN SU CASO, PERMISIONARIOS DE LA
ZONA FEDERAL MARÍTIMO-TERRESTRE, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS MANUEL
JOAQUÍN GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Manuel Joaquín González, diputado presidente de la Comisión de Turismo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tenga a bien girar instrucciones a fin de practicar las inspecciones correspondientes, con el objeto de verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios o en su caso permisionarios de la zona federal marítimo terrestre.
En virtud de las facultades que se me confiere, someto a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo en base a los siguientes:
Antecedentes
Primero. México posee un extenso litoral a lo largo de su territorio, más de 11 mil 122 kilómetros de extensión y una gran variedad de sistemas costeros y marinos, lo que le confiere una importancia en el que posiciona a México en el cuarto país más rico del mundo en cuanto a biodiversidad. Las zonas costeras llevan a cabo un intenso proceso de aprovechamiento de espacios y recursos regulados por disposiciones normativas federales, estatales y municipales.
Segundo. Tal como lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas...
Se entenderá por "Terrenos Ganados al Mar" a la zona que se obtiene cuando por causas naturales o artificiales se rellena o azolva una parte de la costa y se definen como la diferencia entre la delimitación de zona federal marítimo terrestre anterior y la nueva.
Cuarto. Es importante considerar que todo buen proyecto turístico y oportunidad de negocio e inversión privada, necesariamente, deben compatibilizarse con el derecho que todos los ciudadanos tienen de gozar del territorio privilegiado que en abundancia tenemos en el país, por lo que es necesario garantizar el derecho constitucional, en virtud que las playas deben ser accesibles para ser disfrutadas y disfrutables con toda libertad y a plenitud por los ciudadanos, con la única condición de que lo hagan con apego y respeto a los ordenamientos jurídicos, en esa materia.
Quinto. Entendemos por servidumbre legal, al espacio delimitado impuesto por la ley como consecuencia natural de la situación de los predios y tomando en cuenta un interés colectivo; tomando en consideración que este es un derecho real que afecta al dominio de un bien inmueble, limitando algunos de los derechos inherentes a la propiedad y obligando al concesionario o permisionario, en su caso, a permitir a uno o más terceros el paso para el acceso determinado.
Contenido de la proposición
Es necesario garantizar a todos los habitantes del país el poder disfrutar y gozar de las playas y zona federal marítimo terrestre, ya que esto constituye como ya lo hemos manifestado una garantía constitucional, por lo que los concesionarios ó permisionarios, si así fuese el caso, de los terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre, están obligados a permitir cuando no existan vías públicas u otros accesos para ello, el libre a acceso a dichos bienes de propiedad nacional.
Es importante considerar que el Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, en su precepto 17 manifiesta lo siguiente:
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía las siguientes:
Consideraciones
De conformidad con el artículo 27 de nuestra ley suprema, "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación". ..."La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales".
Por lo que esta situación se manifiesta como una garantía constitucional y un derecho fundamental de los mexicanos, toda vez que las playas marítimas y la zona federal marítima terrestre, son bienes nacionales sujetos al régimen de dominio público y de uso común, en este contexto; los habitantes de la República pueden usarlos sin más restricciones que las legales y reglamentarias. (Artículos 1, 3, fracción II; 4, 6, fracción II; 7, fracciones IV y V; y 8 de La Ley General de Bienes Nacionales).
Las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre, están exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales; y los derechos de tránsito, de vista y otros semejantes sobre dichos bienes, son regidos exclusivamente por leyes, reglamentos y demás disposiciones administrativas de carácter federal. (Artículos 9 y 15 de La Ley General de Bienes Nacionales).
A la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos naturales corresponderá el deslinde y delimitación de la zona federal marítimo terrestre. (Artículo 119, Fracción I; y párrafo último, de la Ley General de Bienes Nacionales).
El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, promoverá el uso y aprovechamiento sustentable de la zona federal marítimo terrestre y para tales efectos establecerá las normas y políticas aplicables, considerando entre otros factores el fomento de las actividades recreativas. (Artículo 120 de la Ley General de Bienes Nacionales).
En este mismo orden de ideas, el Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar (Ruamat), establece en su artículo primero, que dicho reglamento tiene por objeto: proveer en la esfera administrativa el cumplimiento de la Ley General de Bienes Nacionales, en lo que se refiere al uso, aprovechamiento, control, administración, inspección y vigilancia de las playas, zona federal marítimo terrestre. Para lo cual en sus artículos 3o. y 4o. establece como se deslindará y delimitará la zona federal marítimo terrestre.
Este reglamento en su artículo 5o. en concordancia con los artículos 1, 3, 4, 7 y 8, de la Ley General de Bienes Nacionales supra citados, se establece que las playas y la zona federal marítimo terrestre son bienes de dominio público de la federación, inalienables e imprescriptibles. Y además de manera textual y precisa determina en su párrafo segundo:
Para garantizar a todos los habitantes del país el poder disfrutar y gozar de las playas y zona federal marítimo terrestre, los concesionarios ó permisionarios, de los terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre están obligados y deberán permitir cuando no existan vías públicas u otros accesos para ello, el libre a acceso a dichos bienes de propiedad nacional, para el caso de negativa por parte del concesionario ó permisionario, la Secretaría tiene la obligación de solicitar la intervención de la Procuraduría General de la República, para que por su conducto, se inicie el juicio respectivo tendiente a obtener la declaratoria de servidumbre de paso: (Artículo 17 del Ruamat).
Para los concesionarios o permisionarios, que por sí mismos o a través de sus familiares o empleados impidan el libre acceso a las playas marítimas, por los lugares señalados conforme al artículo 17 del Ruamat, referido en el apartado IX, de este documento, o que en su caso, cometan cualquier violación o incumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias, el artículo 47 del Ruamat, establece la sanción de revocación de las concesiones o permisos otorgados.
El artículo 74, fracciones I y VI, del Ruamat, establece que son infracciones para los efectos del capítulo segundo de este reglamento (De la Administración y Control), usar, aprovechar o explotar la zona federal marítimo terrestre en contravención a lo dispuesto en la Ley y sus reglamentos, y a las condiciones establecidas en las concesiones, permisos o autorizaciones otorgadas; obstruir o impedir el libre acceso o tránsito a las playas marítimas en contravención a lo dispuesto en el presente reglamento; en consecuencia el artículo de 75 del Ruamat, ordena que las infracciones a que se refiere este reglamento serán sancionadas por la Secretaría con multa de 50 a 500 veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, de acuerdo con la gravedad y las circunstancias de cada caso y entre los criterios técnicos, está el criterio de accesos a la playa y servidumbre de paso; en el que se señala que los accesos a la playa estarán ubicados con una frecuencia máxima a cada 400 metros longitudinales al frente costero, con un ancho mínimo de 9 metros con cada acceso. Y en su caso, se deberán establecer los derechos de servidumbre de paso.
Por lo anteriormente fundado y motivado, se presenta el presente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tenga a bien girar instrucciones a fin de practicar las inspecciones correspondientes, con el objeto de verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios ó en su caso permisionarios de la zona federal marítimo terrestre.
Diputado Carlos Manuel Joaquín González
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA SITUACIÓN MIGRATORIA Y A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
DE NUESTROS COMPATRIOTAS EN ESTADOS UNIDOS, A CARGO DE LA DIPUTADA NARCEDALIA
RAMÍREZ PINEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Hace unos días, cerca de 200 mil trabajadores migratorios que ofertan su mano de obra en Estados Unidos, entre ellos, decenas de miles de mexicanos sin documentos, se concentraron en Washington para demandar una reforma migratoria. Llegaron para pedir al gobierno del presidente Obama el reconocimiento de sus derechos; que no se les criminalice ni se les persiga y acose; que no dispersen ni destruyan sus familias, y la oportunidad de trabajar y residir legalmente en ese país.
Esa clase de manifestaciones no es nueva. Saben nuestros compatriotas que una nueva ley migratoria –nunca tan necesaria como ahora– está en manos de los legisladores norteamericanos de ambos partidos, pues esa es la experiencia que han vivido a lo largo de varios lustros. Por algunos momentos se ha avanzado notablemente, pero la presión de las fuerzas más conservadoras ha derrotado los mejores intentos, particularmente de los legisladores demócratas como sucedió con el activismo del hoy desaparecido senador Edward Kennedy. El tiempo apremia, pues hoy como pocas veces, está encendido el odio, la actitud xenofóbica y la persecución, especialmente contra los trabajadores procedentes de nuestro país.
Esta vez la movilización iba en busca del cumplimiento de un compromiso electoral. El Presidente Obama fue sensible a esa movilización. Salió al encuentro de la misma y reiteró sus promesas de campaña. Les aseguró conocer de "las familias forzadas a separarse" y de "los trabajadores que merecen la protección" de las leyes estadounidenses y les reiteró su decisión de abordar cuanto antes el problema de los millones de indocumentados que esperan una respuesta de la legislación norteamericana.
Por nuestra parte, con pleno respeto a las decisiones soberanas de ese país, México necesita practicar su propio activismo. No puede ser omiso en este problema tan trascendental para la vida de nuestros esforzados compatriotas que aquí en nuestra patria no encuentran oportunidades para su sobrevivencia. No basta la simple atención de la acción consular si los derechos humanos y laborales de nuestros paisanos son atropellados cotidianamente y su solución requiere de otro tratamiento político a este fenómeno migratorio. El gobierno puede multiplicar sus declaraciones políticas prometiendo frenar esa emigración, pero si no frena sus causas, nuestros paisanos seguirán buscando irse a trabajar a los Estados Unidos. Es necesario imaginar una política de entendimiento y mutua comprensión, con una visión moderna y compartida para un fenómeno que no es bilateral, sino ya es global.
Hoy, alrededor del 4 por ciento de la población mundial reside y trabaja en un país distinto al de su nacimiento. Estados Unidos es históricamente uno de los países de mayor emigración del mundo. Es un país de inmigrantes. De los más de 40 millones de trabajadores latinoamericanos sin documentos que ya han hecho su vida en esa nación, doce millones son mexicanos y por las condiciones de desempleo que vivimos en México, particularmente en las zonas rurales, se prevé que pese a las patrullas fronterizas y a su ignominiosa barda, cada año, cuatrocientos mil mexicanos del mundo rural sigan intentando cruzar la frontera del miedo para buscar el destino mejor, que nuestra tierra les ha negado.
El presidente Obama ha reiterado su promesa de una legislación migratoria más justa. Es nuestra gran oportunidad también para que nosotros discutamos nuestra propia Ley Migratoria; para mostrar nuestra solidaridad con nuestros compatriotas sin documentos, haciendo conciencia entre los legisladores norteamericanos sobre la importancia de una nueva Ley Migratoria que dé paso a nuevos vientos de entendimiento y de relaciones fraternas. Por eso, señor presidente, mientras allá se libra ese combate, para asumir nuestras responsabilidades como representantes de la nación, me permito proponer los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Que por conducto de la Comisión de Asuntos migratorios de esta honorable Cámara de Diputados enviemos a nuestros compatriotas en Estados Unidos, al mismo tiempo que nuestra más amplia solidaridad, nuestra más enérgica y comprometida voluntad en defensa de los intereses y los derechos humanos fundamentales de quienes, siendo ciertamente trabajadores sin documentos, sufren sin embargo los rigores extremos e injustificados de las autoridades y las leyes migratorias de los Estados Unidos que los tratan como delincuentes.
Segundo. Por conducto de la Junta de Coordinación Política, mandatar a quienes nos representarán en la próxima Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos de América, para que se esfuercen por colocar la cuestión migratoria y la defensa de nuestros compatriotas indocumentados, como el tema de mayor prioridad; así como dar paso a la discusión de la Ley Migratoria que México requiere, para tratar adecuadamente a los emigrantes que vienen del sur de nuestra patria.
Palacio Legislativo 15 de abril 2010.
Diputada Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA UN GRUPO PLURAL DE TRABAJO PARA DAR SEGUIMIENTO PUNTUAL AL PROCESO
PENAL DE LAS INDÍGENAS TERESA GONZÁLEZ CORNELIO Y ALBERTA
ALCÁNTARA JUAN, A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y EL
RESPETO DE SUS DERECHOS HUMANOS, A CARGO DEL DIPUTADO RUBÉN IGNACIO
MOREIRA VALDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, coordinador de la diputación federal por el estado de Coahuila del Grupo Parlamentario del PRI de la LXI Legislatura, presenta a esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El 26 de agosto de 2006, tres mujeres: Alberta Alcántara Juan, Teresa González Cornelio y Jacinta Francisco Marcial, indígenas de origen otomí, fueron detenidas en el municipio de Amealco de Bonfil en el estado de Querétaro, acusadas de secuestrar a seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), así como de posesión de narcóticos.
¿Qué antecedió a esas detenciones? La respuesta la dan los hechos acontecidos durante un operativo realizado cuatro meses atrás, en el mercado de la plaza central de Santiago Mexquititlán por seis agentes de la AFI que sin uniforme ni identificación llegaron a ese lugar para efectuar la incautación de mercancía apócrifa y de sustancias estupefacientes.
Sin embargo, durante la operación supuestamente oficial, los agentes incautaron productos de los comerciantes indígenas y ocasionaron daños a sus mercancías aproximadamente valuados en 80 mil pesos. Este hecho provocó molestias en los comerciantes y genero un ambiente de tensión entre éstos y los agentes, por lo que el jefe regional de la AFI y un agente del Ministerio Público Federal, hicieron acto de presencia en la plaza central a fin de facilitar el diálogo con los tianguistas y acordaron que los agentes se desplazarían hasta una localidad cercana para recoger dinero con el propósito de compensar a los comerciantes afectados. Así, se ordenó a uno de los agentes quedarse en el mercado para garantizar que los demás agentes regresarían.
De acuerdo con numerosos testigos de la comunidad local, este agente estuvo en todo momento en comunicación con sus superiores y no sufrió agresión física ni coacción alguna. El incidente terminó a las siete de la tarde, cuando algunos de los afectados recibieron el dinero por los daños ocasionados y todos los agentes abandonaron la ciudad.
Sin embargo, cuatro meses después, con la detención de las tres mujeres indígenas, se inició en su contra un proceso acusatorio que ha estado plagado de irregularidades que contrarían las normas del debido proceso legal.
Esto se evidencia porque, tres años después de esas detenciones, el 16 de septiembre de 2009, la indígena Jacinta, después de haber sido considerada por Amnistía Internacional, en respuesta a las solicitudes de múltiples sectores de la sociedad, como "prisionera de conciencia", fue declarada inocente y excarcelada debido a que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó conclusiones no acusatorias durante el proceso penal instruido en su contra, basándose para ello en la figura legal denominada duda razonable.
Sin embargo, el 25 de noviembre de 2009, irónicamente día en el que se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la propia PGR solicitó a la autoridad jurisdiccional dictara sentencia condenatoria de hasta 40 años de prisión para las ciudadanas indígenas Alberta y Teresa que, al igual que Jacinta, habían sido declaradas por aquél organismo internacional "prisioneras de conciencia".
Estas dos mujeres, Alberta Alcántara y Teresa González, llevan más de tres años en prisión y luchan, sí, eso hacen, luchan por su libertad a pesar de que desde julio de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 47/2009 dirigida a la PGR en la que se denuncia la irregular integración de la averiguación previa correspondiente a la indagatoria instruida en contra de aquéllas.
En dicha recomendación se advierte que "servidores públicos de la PGR incumplieron con las obligaciones previstas en los artículos 14, párrafo segundo, 21, párrafo séptimo, 102, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, fracción I, inciso A), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, vigente en el periodo en que sucedieron los hechos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1 y 8.2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8, 10, y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; XVIII, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y 2 y 5 de los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura. De igual manera, consta también que los agentes federales de investigación tuvieron una actuación deficiente e irregular en el desempeño de su función investigadora, ya que nunca se identificaron ni portaban uniforme, y aún hoy siguen en el anonimato, a tal punto que nunca ha sido posible llevar a cabo el desahogo del careo respectivo que permita la comprobación del cuerpo del delito.".
Considerando objetivamente los hechos, pareciera ser que los únicos delitos de estas mujeres indígenas son su condición de género, su identidad étnica y sus circunstancias sociales de marginación. Ante ello y para defenderlas, varias compañeras legisladoras han levantado su voz. Así lo hicieron las diputadas Maricela Contreras Julián y Guadalupe Flores Salazar, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes presentaron el 20 de mayo de 2009 ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo, exhortando al Poder Judicial de la Federación y a la PGR para que en la resolución que emita se apegue a los principios de independencia e imparcialidad y si se determina que los hechos no son constitutivos de delito, se promueva el sobreseimiento del proceso penal, así como su libertad absoluta. Cabe precisar que este es el único punto de acuerdo que, sobre este tema, ha sido dictaminado.
En el mismo contexto, la diputada Leticia Quezada Contreras, también del PRD, presentó el pasado primero de octubre de 2009 otro punto de acuerdo demandando la inmediata liberación de Alberta y Teresa.
De igual forma, la compañera diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó el 15 de diciembre del año pasado, un punto de acuerdo exhortando a la PGR a que retire definitivamente todos los cargos que ha fincado ante los tribunales en contra de Alberta Alcántara y Teresa González.
El interés en este caso igualmente se ha hecho presente en el Senado de la República. El pasado ocho de octubre, las senadoras María Elena Orantes López y María del Socorro García Quiroz, ambas del PRI, presentaron un punto de acuerdo exhortando al procurador general de la República, a realizar una revisión exhaustiva y conforme a derecho, de los elementos que la PGR presentó ante el Ministerio Público Federal para la consignación y posterior sentencia condenatoria en contra de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, a efecto de que se defina en cuanto antes la situación jurídica de las inculpadas y reciban las mismas condiciones y prerrogativas que la ley le otorgó a Jacinta Francisco Marcial para declarar su liberación.
No obstante los esfuerzos de las compañeras legisladoras de ambas Cámaras denunciando estas detenciones injustas y a todas luces vulneradoras de garantías fundamentales, Alberta Alcántara y Teresa González continúan presas, por lo que en apoyo a ellas y en un acto de conciencia y convicción, hoy alzo la voz, uniéndome a todas aquellas otras voces que claman porque en nuestro país se garantice plenamente el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas en aras de su dignidad humana.
Abrigo la certeza de que ni éste ni aquellos otros pronunciamientos serán en vano, porque nunca será insuficiente cualquier acto o acción que realicemos por consolidar en nuestro país el estado social y democrático de derecho al que todos aspiramos.
No parece que el titular Ejecutivo Federal tenga ánimo de buscar una alternativa que libere a las indígenas detenidas, es por eso que acudo al pleno de esta Cámara, para solicitar que se integre un grupo plural de trabajo que dé seguimiento al proceso penal que contra estas dos mujeres se sigue e informe al pleno sobre el contenido del mismo.
Por lo expuesto y fundado, someto ante esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se crea un grupo plural de trabajo al interior de esta Cámara de Diputados que dé seguimiento puntual al proceso penal seguido a las indígenas Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, a fin de verificar el cumplimiento de la ley y el respeto de sus derechos humanos, dicho grupo deberá informar al pleno periódicamente sobre sus actividades.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la ciudad de México, DF, a 14 de abril de 2010.
Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SAGARPA, DE LA SEMARNAT Y DE LA CONAGUA
A REVISAR Y, EN SU CASO, COMPLEMENTAR EL SISTEMA NACIONAL DE ESTACIONES
METEOROLÓGICAS, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO ALBERTO JIMÉNEZ
MERINO, DEL PRI, Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
Los cambios de los ecosistemas del planeta han ocasionado transformaciones por demás graves y preocupantes. Los avances tecnológicos de la humanidad han generado un conjunto de externalidades negativas en el ambiente, lo que ha incidido en el deterioro de la calidad de vida de millones de personas.
El calentamiento global se ha incrementado considerablemente. Ejemplo de ello es el incremento de la temperatura del planeta, que se acerca peligrosamente a 2 grados y que ya se manifiesta de diversas maneras; una de las muestras más claras de ello son los fenómenos meteorológicos, entre los que destacan los huracanes, las tormentas tropicales, las sequías, las trombas, las nevadas, los frentes fríos y las ondas gélidas.
En términos de los recursos naturales disponibles, es importante mencionar que a consecuencia del cambio climático, se perderá más de 20 por ciento del agua en el mundo.
La sequía en muchas partes del mundo se ha agudizado de manera preocupante, lo cual pone en riesgo a millones de hectáreas de bosques y hace que una cantidad importante de especies se encuentre en peligro de extinción.
En los últimos 10 años, los fenómenos meteorológicos se han manifestado con mayor intensidad a lo largo y ancho del territorio nacional, ocasionando daños materiales con un alto costo, lo que representa un obstáculo para el desarrollo económico de comunidades, municipios, regiones y estados.
Las sequías, las heladas, las lluvias intensas, las granizadas, los fuertes vientos, los ciclones y los huracanes son cada vez más recurrentes y de mayor intensidad. Ello provoca graves afectaciones en las viviendas rurales, ocasionando la pérdida del ganado, así como daños en las plantaciones perennes y los cultivos anuales.
Sobre los escenarios del cambio climático en México, específicamente en cuanto a temperatura y precipitación, se estima que el calentamiento se eleve entre 2 y 4 grados Celsius hacia 2020, afectando la parte continental del norte de México, en tanto que habrá una reducción en precipitaciones cercana a 15 por ciento; en regiones del centro de México y de menos de 5 por ciento en la zona del Golfo; en verano, las lluvias podrían disminuir hasta 5 por ciento en la parte centro; y se proyectan retrasos en inicio de lluvias, con una extensión de la temporada de lluvias, hacia los meses del otoño, para gran parte del país.
A escala nacional, se proyecta una reducción de 10 por ciento anual en la disponibilidad de agua. La temperatura del mar Caribe, Golfo de México y Pacífico podría aumentar 1 y 2 grados Celsius, favoreciendo ciclones tropicales. Aunado a ello, el periodo de sequía aumentaría, provocando incendios forestales.
Con la sequía se presentan afectaciones que se resienten en el sector agropecuario. Entre ellas que se pueden mencionar el incremento de los precio de la semilla, escasez de forraje para el ganado, la necesidad de comprar agua, y el incremento del precio de fertilizantes y productos químicos.
El insuficiente número de estaciones meteorológicas provoca que los productores afectados, en su mayoría del sector social, no puedan recibir los beneficios y apoyos de los programas de atención de contingencias climáticas. También es aprovechado por las compañías aseguradoras para evadir su responsabilidad y compromiso con los clientes.
Sin embargo, lo más grave es que esta carencia de información no permite implantar acciones de prevención de riesgos, lo que impide realizar una promoción adecuada de la reconversión productiva, factor fundamental para reducir los efectos negativos de las afectaciones potenciales.
La exclusión es producto de una insuficiente infraestructura meteorológica que permita obtener información cuantitativa y cualitativa, la cual no permite tomar decisiones adecuadas para atender las urgencias climáticas.
Para subsanar lo anterior, se requiere una inversión aproximada de 150 mil pesos por estación agroclimática, la cual cuenta con sensores automatizados, que registran en una base central, de manera continua y en tiempo real a intervalos de 15 minutos, las fluctuaciones de 6 variables climáticas, con capacidad de monitorear un diámetro de 20 kilómetros. Ésta es una herramienta de gran utilidad para los agricultores, pues les permitirá planificar de mejor manera su producción, reduciendo los riesgos del efecto climático adverso en cultivos y ganado.
Con esta inversión por estación meteorológica, la reducción de los riesgos equivale, en algunos cultivos, hasta a 30 por ciento, como consecuencia de aplicar el manejo adecuado de los pronósticos del tiempo y los modelos de predicción de plagas y enfermedades. Lo idóneo es tener una red meteorológica que cubra el territorio nacional, empezando por las zonas de mayores afectaciones, muchas de las cuales ya son cíclicas.
En relación con los efectos negativos que los fenómenos climáticos tuvieron en el país el año anterior, la Comisión Nacional Forestal informa que en 2009 la sequía causó mayores afectaciones a Coahuila, Quintana Roo, Oaxaca, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Puebla, México, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Colima y San Luis Potosí.
La Sagarpa menciona que se han perdido más de 500 mil hectáreas debido a la sequía, lo que representa erogaciones por pago de daños superiores a 450 millones de pesos. En cuanto a incendios forestales, en 2009 se presentaron mil 700 de éstos, que afectaron 147 mil 557 hectáreas.
Aun cuando sabemos que el presupuesto asignado al campo es insuficiente, resulta necesario destinar parte de ellos a atender problemas que no pueden esperar, como es el caso de la infraestructura para la detección de las contingencias climáticas.
Contar con mayor cantidad de estaciones agroclimáticas es una prioridad; no debemos continuar en la incertidumbre sobre lo que pasará con los cultivos y el ganado, o con el patrimonio de millones de mexicanos.
Una de las herramientas climáticas que contribuyen a la incorporación de México a la modernización de la agricultura es minimizar riesgos a través del monitoreo automatizado del clima. Con esta decisión, México se sumaría a la red de países con agricultura de precisión y la homologación en los pronósticos y soluciones de los efectos inminentes del cambio climático mundial.
Las aplicaciones de esta red son amplias; entre ellas, la predicción de etapas fenológicas, modelos de predicción para plagas y enfermedades, índice de sequías, pronósticos de corto plazo de heladas, condiciones de estrés en el ganado, predicción de cosecha de forraje, componentes de ignición, dirección y velocidad del viento para pronosticar propagación de incendios y su combate, cálculo de escurrimientos hídricos, recarga de mantos acuíferos, erosión de suelos, uso eficiente del agua, sitios apropiados para generación de energía eólica y solar, dispersión de contaminantes, medición del cambio climático, predicción y avance de nubes toxicas, y pronóstico de tormentas e inundaciones, entre otros.
Por lo anterior, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los secretarios de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al director general de la Comisión Nacional del Agua, a implantar de inmediato acciones que permitan revisar y, en su caso, complementar el Sistema Nacional de Estaciones Meteorológicas, a fin de contar con mayor número de estaciones climatológicas dedicadas a realizar un monitoreo permanente que permita a los productores planificar de mejor manera las actividades agropecuarias, y reducir los efectos negativos por la presencia de fenómenos climáticos.
Palacio Legislativo en San Lázaro, a 15 de abril de 2010.
Diputados: Alberto Jiménez
Merino (rúbrica), Cruz López Aguilar, Manuel Ignacio Acosta
Gutiérrez, Laura Felícitas García Dávila, José
Óscar Aguilar González, Alejandro del Mazo Maza, Narcedalia
Ramírez Pineda, Gerardo Sánchez García, Fermín
Montes Cavazos, Héctor Fernández Aguirre, Noé Fernando
Garza Flores, Héctor Franco López, Manuel Humberto Cota Jiménez,
Federico Ovalle Vaquera, Armando Ríos Piter.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CONGELAR EL PRECIO DEL DIESEL Y DE LAS
GASOLINAS EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA EVITAR LA ESCALADA DE PRECIOS
DE BIENES Y DE SERVICIOS, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO ALEJANDRO MORENO
MERINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, Francisco Alejandro Moreno Merino, diputado de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento Interior para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de ese pleno punto de acuerdo en términos de los siguientes:
Ha corrido mucha tinta en explicar hasta la saciedad que la economía mexicana requiere nuevas fuentes de financiamiento para atender los requerimientos del gasto público, que sin lugar a dudas son muchos, pero subyace una restringida recta de presupuesto para solventar todos y cada uno de ellos.
En esta administración federal se ha delineado la política contra los subsidios, con la falsa expectativa de que de allí se generase la productividad y competitividad, pero a contrario sensu, en una época de crisis como lo que afecto a México en meses recientes y donde se perdieron miles de empleos, poco puede abonar a la competitividad un deslizamiento en el precio del diesel y las gasolinas.
Deseo expresar que las actividades productivas como el transporte, la pesca y las agropecuarias han visto mermadas sus incipientes ganancias, al ver que el diesel ha incrementado y, por ende, sus costos reales, generando un efecto inflacionario que obliga a trasladar los costos a los demandantes finales.
Esto no es competitividad y mucho menos productividad; la lógica del gobierno de la república es maximizar el valor económico del precio del petróleo pensando que puede cambiar la tecnología y las nuevas fuentes de energía y que el petróleo no se utilizará más, o más bien piensan que se requiere extraer más allá de la plataforma de producción para encontrar buen precio a la mezcla mexicana en tiempos que los precios internacionales se mantienen a la alza.
Lo anterior, es una vergüenza expresada en una política de Estado. México es un productor de petróleo, y por esa simple razón podemos manejar, con planeación y sin distorsiones, la política energética a favor y en beneficio de nuestros agricultores, pescadores, transportistas y de las familias de menores recursos, con el firme propósito de no generar una inflación sostenida y que afecte a los bienes y servicios de demanda final.
Ejemplo de ello, se observa que al emplearse el incremento a las gasolinas, se registró una inflación importante la canasta básica en enero del 2010 presentó un aumentó 1.15 por ciento, el transporte urbano se encareció 4.02 por ciento; el metro y transporte eléctrico, 41.77 por ciento, así como las cervezas, 2.29 por ciento, de acuerdo con los datos del Banco de México, siendo la peor de las fechas para determinar aplicar una política de esta naturaleza, donde se contrapone la falta de empleo y, en su caso, los que mantiene un empleo con paupérrimo incremento al salario no pueden satisfacer sus necesidades básicas.
A partir de abril se aplicó la cuarta alza al precio de las gasolinas, por ejemplo, la Magna aumentó su precio a 8.12 pesos por litro, y la gasolina Premium ahora se vende en 9.78 pesos. No escapando a ello, el diesel, cuyo precio es de 8.48 pesos por litro.
No podemos seguir tolerando una política insensible e irresponsable, que va en detrimento de los sectores productivos y de las clases sociales más desprotegidas, es por ello que los incrementos de recursos que los diputados hemos dado a los programas sociales no representan disminución en el rubro de combate a la pobreza.
Consideraciones
Por lo expuesto y fundado, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, a congelar el precio del diesel y las gasolinas en el territorio nacional y evitar con ello la escalada de precios de bienes y servicios de demanda final en México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a 20 de abril de 2010.
Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA A ELABORAR CON
LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR VINCULADAS AL SECTOR RURAL
LOS PLANES DE DESARROLLO DE LOS NÚCLEOS EJIDALES Y COMUNALES DE
LA REPÚBLICA, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO ALBERTO JIMÉNEZ
MERINO Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la normatividad aplicable, someto a consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes
Considerandos
México cuenta con 31,480 ejidos y comunidades agrarias que incluyen a aproximadamente 3 millones 100 mil sujetos agrarios, quienes poseen 103 millones de hectáreas, que representan el 53% del territorio nacional.
Se repartió la tierra, se creó el Banco Ejidal, después Banrural y luego Financiera Rural; se desarrolló infraestructura hidroagrícola, pero no se ha contado con un Programa de Desarrollo Sustentable.
Se ha regularizado la tierra a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales Procede y se ha entregado la carpeta básica; el acta de nacimiento del núcleo agrario que describe en términos generales sus características y recursos.
Con excepción de la atención al establecimiento del libro de contabilidad, la atención a asambleas, la credencialización de las mesas directivas, así como Programas de la Mujer, Joven Emprendedor Rural, Fondo de Tierras y Atención a Conflictos Agrarios, con presupuestos muy limitados, en realidad no hay un plan de desarrollo específico para los ejidos y comunidades agrarias de México, existiendo un menosprecio y un trato como mexicanos de segunda clase por parte de los gobiernos de los diferentes órdenes y tendencias políticas.
La falta de un plan, programa o proyecto para fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios, imposibilita la implementación de acciones que favorezcan e impulsen el crecimiento y desarrollo de estos.
Existe un desconocimiento de los recursos naturales existentes, así como de las potencialidades de los propios núcleos agrarios. La falta de un Plan ha dificultado que los ejidatarios y comuneros puedan aprovechar sus riquezas.
Lo anterior ocasiona un grave deterioro ambiental en el cual, la flora y la fauna se encuentran en crisis, al igual que los ecosistemas, lo que pone en riesgo la sustentabilidad de las generaciones futuras.
Ello provoca que se presenten bajos rendimientos en la producción agropecuaria, se reproduzcan modelos productivos de bajos nivel tecnológico que se traduce en bajos niveles productivos y reducidos ingresos para miles de familias que dependen de las actividades primarias.
A la fecha, no existe información útil que nos permita identificar de manera clara los elementos más importantes que los núcleos agrarios, tienen para su desarrollo, más allá de la carpeta básica que cuando mucho describe generalidades sobre la vegetación, la tierra, las masas de agua, los minerales y las colindancias.
En el 70 por ciento de los núcleos agrarios; esto es, más de 22 mil ejidos y comunidades, los jóvenes no se están integrando a las actividades del campo; hay una grave desvinculación generacional que pone en riesgo la continuidad de este tipo de figuras agrarias. De igual forma, ante la falta de apoyos y alternativas, la migración de la población rural se ha venido incrementando de manera preocupante. El proceso de expulsión poblacional no se ha detenido, y ahora son las mujeres y los menores quienes están aumentando el porcentaje de migración.
No se puede hacer un plan de trabajo porque no se tiene los elementos básicos para tomar decisiones e incidir en procesos de desarrollo sustentable. Los asesores técnicos no cuentan con un instrumento informativo elemental para iniciar planes de mejora productiva y socioeconómica.
Sin embargo, es muy urgente promover un incremento importante de la productividad agropecuaria, forestal y acuícola de los ejidos y comunidades agrarias de México.
Para lo cual se requiere desarrollar una ficha descriptiva, sencilla, en no más de una hoja tamaño carta por los dos lados, que contenga una radiografía del núcleo agrario con información útil para tomar decisiones y diseñar un Plan de Acciones de Mejora Productiva y ambiental mediante el cual se logren aprovechar sus potencialidades en beneficio de los sujetos agrarios.
• Diagnóstico: Qué producen y hacen actualmente
• Problemática productiva: Qué limita las actividades económicas en el campo
• Problemática ambiental y socioeconómica: que está deteriorando los recursos naturales y amenazando el futuro de las nuevas generaciones
• Recursos naturales disponibles: con qué se cuenta para sobrevivir y desarrollarse
• Actividades productivas potenciales: qué se puede producir de acuerdo a las posibilidades ambientales, a las necesidades de autoconsumo y a la demanda de los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales
• Acciones de mejora productiva: Cómo hacer mejor lo que ya se hace, provechando al máximo lo que se tiene.
La propuesta de contar con planes de desarrollo ejidal nace de la necesidad de contar con herramientas que faciliten la producción agropecuaria de los núcleos agrarios, para que en el mediano y largo plazo, las familias que habitan en estos tipos de propiedad puedan mejorar su calidad de vida, mediante un incremento sustantivo de sus ingresos.
En razón de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria, para que
2. Lo anterior será presentado a través de una ficha que destaque los recursos naturales disponibles, las principales actividades productivas, la problemática ambiental, la problemática y potenciales de la actividad productiva, así como un plan de 10 mejoras sustantivas y de 10 acciones de capacitación y asesoría para mejorar su productividad y procurar el desarrollo sustentable en el corto, mediano y largo plazo.
Diputados: Francisco Alberto
Jiménez Merino (rúbrica), Cruz López Aguilar, María
Hilaria Domínguez Arvizu, Óscar García Barrón,
Felipe Cervera Hernández, Jorge Carlos Ramírez Marín,
José Óscar Aguilar González, Julieta Octavia Marín
Torres, Héctor Velasco Monroy, Guillermina Casique Vences, Guadalupe
Pérez Domínguez, Jenny de los Reyes Aguilar, Gerardo Sánchez
García, Carlos Cruz Mendoza, Narcedalia Ramírez Pineda, Manuel
Humberto, Cota Jiménez, Margarita Gallegos Soto, Isabel Merlo Talavera,
Leticia Robles Colín, Roberto Rebollo Vivero, Fermín Montes
Cavazos, Antonio Aysa Bernat, Héctor Fernández Aguirre, Jaime
Sánchez Velez, Rosalina Mazari Espín, Felipe Amadeo Flores
Espinosa, Silvio Lagos Galindo, Violeta Avilés Álvarez, Julián
Nazar Morales, Socorro Sofío Ramírez Hernández, Cuauhtémoc
Salgado Romero, Delia Guerrero Coronado, David Hernández Vallín,
Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf,
Héctor Franco López.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SHCP Y A LA SCT A PROGRAMAR RECURSOS PARA LA MODERNIZACIÓN
DEL TRAMO CARRETERO CAMPECHE-MÉRIDA, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS
OZNEROL PACHECO CASTRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Me invita a subir a esta honorable tribuna el hecho de exponer e invitarles a sumarse a una petición muy sentida y recurrida por mi estado, Campeche, en lo específico por aquellos municipios del norte que se verán beneficiados con el acuerdo concluyente de mi gestión: Calkini, Hecelchakan, Tenabo y Campeche.
Es el tema del mejoramiento y modernización de la infraestructura en carretera que comunica con el vecino estado de Yucatán, principalmente con su ciudad capital, Mérida, para lo cual me permitiré, de la manera más respetuosa, plantearles algunas consideraciones que sustentan mi petición:
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 reconoce que la infraestructura y los servicios de comunicaciones y transportes son fundamentales para lograr el progreso al que aspiramos los mexicanos, un desarrollo humano sustentable, con un crecimiento dinámico de la economía, con la generación de los empleos que requiere la sociedad y que propicie mayor equidad con reducción de la pobreza y fomento del bienestar.
La situación económica de Campeche, invariablemente indica que se trata de una economía en crecimiento y en constante evolución.
Cuando en el año 2000 dio inicio la modernización de la carretera Campeche-Mérida, el proyecto tuvo una gran aceptación entre los usuarios de la misma y de la sociedad en general, puesto que las molestias de transitar por la carretera en las condiciones en que se encontraba, eran más que obvias. Sin embargo, esa sensación de bienestar con el paso del tiempo fue quedando en el olvido, para convertirse, hoy en día, en una carretera que pierde la capacidad de proporcionar beneficios a sus usuarios. Es generalizada la opinión de que la situación actual de la carretera ya causa molestias por lo siguiente:
• Los días viernes, sábado, domingo y lunes se aumentan considerablemente los tiempos de traslado, porque aumenta el volumen de tránsito.
• Los accesos y salidas a la carretera de los vehículos de las poblaciones a la inmediación del camino revisten peligro tanto para ellos, como para los que transitan por la misma, debido a sus características.
2. Tramo: Campeche – Hecelchakán: 50.0 km.
3. Tramo: Hecelchakán – límite con estado de Yucatán = 37.2 km.
Es alarmante el incremento del índice de accidentes en ésta carretera en comparación con el nivel nacional de accidentes 0.46, pues resulta peligroso transitar por la carretera debido al volumen de tráfico pesado, y los accesos y salidas a la carretera de los vehículos.
Una inadecuada e insuficiente oferta de infraestructura se encuentra inhibiendo la competitividad de la economía campechana. Según datos del "instituto mexicano de competitividad", Campeche ha perdido seis lugares, y actualmente es la posición número 13 en competitividad estatal, pues se le clasifica en el lugar 30 en el componente de economía dinámica e indicadores estables, esto debido principalmente, a la ausencia de una red carretera avanzada.
Cabe hacer el señalamiento que en este tramo carretero Campeche-Mérida, transitan a diario aproximadamente 5,500 vehículos, por lo que la inversión en la infraestructura representaría una importante generación de empleo y detonaría la actividad comercial, misma que consecuentemente elevaría la competitividad del estado de Campeche y del país.
Es importante destacar, que al ser las vías terrestres de comunicación modernamente funcionales, con amplias carreteras para el comercio y libre tránsito, esto propiciaría no solo la seguridad de los que en ella transitan, sino además; una mejor distribución de los bienes y servicios que tanto los particulares como el estado demandan día con día.
Mi planteamiento, tiene un sustento más allá de lo económico y lo técnico, el social; pues no es concebible que en pleno siglo XXI, el estado de Campeche no cuente con una vía general de comunicación funcional y moderna, pero más aún, siendo una vía que comunica a cuatro municipios importantísimos del estado con el estado de Yucatán.
Hace unos meses a tras anuncio la secretaría de comunicaciones y transportes la cancelación de los trabajos de modernización de la carretera Campeche-Mérida, misma que estaba prevista para indicar este año en sus primeros 100 kilómetros, de la gasolinera del rey, hasta los límites del estado de Yucatán, sin lugar a duda esto constituye un duro y nuevo golpe al desarrollo del estado de Campeche.
Dicha cancelación se debió, como a todo, a cuestiones presupuestales; para estos trabajos de modernización el gobierno del estado solicito inicialmente mil millones de pesos pero el gobierno federal solo autorizó 50 millones los cuales solo servirán para iniciar el próximo mes de mayo del presente año trabajos de ampliación en 3.5 kilómetros de la carretera Campeche-Mérida, dichos trabajos van de tramo de la gasolinera del rey hasta el poblado de San Francisco Koben.
Es importante precisar que en los trabajos de modernización de la carretera Campeche-Mérida, al estado que represento le tocaría realizar trabajos en un total de 103 kilómetros y la inversión global para su ejecución ascendería a unos $1,800 millones de pesos.
A la presente no han sido liberados los recursos asignados para los trabajos de modernización de la red carretera, trayendo como consecuencia y lamentable desfase en los trabajos por realizarse, más aun, como se ha podido apreciar, los recursos autorizados no son suficientes para complementar dicha obra de modernización, por lo que solicito a la Secretaría de Hacienda y a la de Comunicaciones y Transportes que, de conformidad con lo establecido en los artículos 57, 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la reasignación y ampliación prespuestaria de recursos de este año se vean canalizados a los trabajos carreteros que propicien la consolidación de la carretera Campeche-Mérida.
En virtud de lo anteriormente expuesto y motivado, Campeche requiere urgentemente la consolidación de su red carretera así como programar ya para el próximo ejercicio fiscal la construcción de la autopista Campeche-Mérida, porque es un elemento esencial para lograr el justo crecimiento económico del estado en particular y de la región sur-sureste en lo general, puesto que este tipo de infraestructura conlleva solidariamente a mejorar la competitividad y el empleo.
Puntos de Acuerdo
Primero: Se propone a la Comisión de Transportes de esta honorable Cámara de Diputados que dictamine y presente a este honorable Pleno un punto de acuerdo para que exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a ejercer los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 para la modernización de la carretera Campeche-Mérida, contemplada en el Programa Anual de Modernización de Carreteras.
Segundo: Se propone a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta honorable Cámara de Diputados que dictamine y presente al pleno un punto de acuerdo en donde se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a asignar recursos adicionales para la modernización de la carretera Campeche-Mérida, pues los recursos ya presupuestados son insuficientes. Así como el considerar para el ejercicio fiscal 2011 recursos suficientes para la edificación de una autopista Campeche-Mérida.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2010.
Diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SEMARNAT Y DE LA CONAGUA A IMPLANTAR ACCIONES
QUE FACILITEN LA OBTENCIÓN DE CONCESIONES PARA LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS
DEL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO ALBERTO JIMÉNEZ
MERINO Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la normatividad aplicable, someto a consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes
Considerandos
La acuicultura ha venido incrementando su importancia a nivel internacional, pues representa una alternativa para garantizar la seguridad alimentaria, tiene tasas de crecimiento que superan el 10 por ciento anual y una producción anualizada que supera los 60 millones de toneladas.
En el ámbito nacional, la producción acuícola es liderada por el cultivo de camarón, que se desarrolla principalmente en la región noroeste, en este sentido, es importante mencionar que existe un amplio potencial de desarrollo de esta industria para el país. Razón por la cual, algunos gobiernos estatales con potencial para la acuicultura, han incluido a esta actividad dentro de sus agendas de gobierno, así como en sus planes de desarrollo.
La acuicultura es una fuente adicional de proteína, contribuye a la seguridad alimentaria, a la generación de divisas, contribuye al fomento del desarrollo regional y a la creación de nuevas fuentes de empleo, así como a la reducción de la presión sobre los recursos naturales, particularmente en áreas costeras.
La aportación de esta actividad es de poco más del 12 por ciento de la producción pesquera total, aunque se estima que tiene un potencial para alcanzar hasta un 40 por ciento de dicha producción pesquera total.
El consumo de pescado a nivel nacional es muy bajo, siendo de 6 a 8 kilogramos/persona/año en los estados que no tienen mar, ya que en éstos supera los 60 kilogramos.
En una nación como México, en donde más de 20 millones de personas se encuentran en pobreza alimentaria, en mucho debido a que de ellos, 19 millones viven con menos de 50 pesos diarios, la acuacultura representa una gran oportunidad para mejorar el ingreso familiar.
Según la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca la captura del 2009 tuvo un déficit de 200,000 toneladas, misma que ha alcanzado en promedio 1,400.000; la pesca marítima se ha estancado en los últimos 19 años en 89 millones de toneladas. A su vez, la FAO reconoce que la acuacultura ha crecido al 11% anual, siendo notablemente superior a todas las especies domésticas tradicionales.
Una de las actividades más rentables en el campo, por su alta productividad es la acuacultura, el rendimiento permite que se puede obtener un kilogramo de pescado por cada kilogramo de alimento; se obtiene carne de alto valor proteínico en sólo 6 meses, cantidades como 3 a 5 kilogramos por cada m3 de agua y 2 toneladas de pescado, como tilapia, trucha y bagre en un estanque de 6 m de diámetro y 1.2 m de alto.
Cuando la producción acuícola se hace en forma tecnificada es posible llegar hasta 25 kilogramos/m3 de misma situación que se presenta cuando se utilizan jaulas flotantes en los cuerpos de agua o aireadores para incorporar oxígeno.
Estas bondades, aunadas a los rendimientos agropecuarios y los bajos ingresos derivados de la comercialización hacen que cada vez se incorporen a esta actividad más productores pequeños.
Sin embargo, su baja escolaridad y su desconocimiento de las leyes como la de Aguas Nacionales o la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, dificulten su acceso a esta forma de diversificación productiva tan promisoria
Para impulsar este tipo de actividades es prioritario fomentar acciones que les permitan consolidar su lugar en el mercado nacional e internacional, para ello, es importante que el marco normativo que regula dicha actividad sea claro y especifico, a fin de permitir que el sector acuícola tenga certeza jurídica.
No obstante los avances tan importantes de la acuacultura nacional, todavía vemos como llega pescado de otros países, como la tilapia de China en cantidades cercanas a 40,000 toneladas a precios por debajo de los 15 pesos, pero que al público sale a $60, promedio.
Por otra parte, uno de los obstáculos que complica el proceso de crecimiento de dicha actividad primaria está relacionado con la tramitología que dificulta la posibilidad de integrar procesos productivos tecnificados a las granjas, debido a que el proceso para conseguir la certificación de impacto ambiental es caro y tardado.
No debemos perder de vista que la aplicación de la tecnología en el mejoramiento de la producción en granjas otorga ventajas que se traducen en mejores ingresos, un nivel de producción más alto lo que genera un beneficio económico que mejora la calidad de vida de las familias acuicultoras del país.
Algunos acuicultores mencionan que una solicitud de exención, que se tramita ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), les llega a costar hasta 50 mil pesos, además del costo adicional por el permiso que se debe tramitar en la Comisión Nacional del Agua, el cual permite usar el agua para la acuacultura. Es importante mencionar que en la gran mayoría de los casos, el valor de la granja varía entre los 10 y 20 mil pesos, haciendo un comparativo con el costo de los trámites, el monto representa hasta cinco veces el coste de la granja.
Hablando de la temporalidad, los acuicultores han manifestado su inconformidad debido a que el tiempo que deben esperar para que les den una respuesta respecto a su solicitud llega a ser hasta de dos años.
La lucha de intereses políticos y económicos que provocan la Semarnat y la Comisión Nacional del Agua, representa un obstáculo para el desarrollo de infraestructura, la cual es fundamental para el de lograr el crecimiento económico de los millones de familias que se ven beneficiadas con dichos proyectos.
Asimismo, un número importante de proyectos de infraestructura continúan "durmiendo el sueño de los justos" ello debido a que las autoridades correspondientes aún no realizan el análisis correspondiente que permita emitir un juicio relacionado con el impacto ambiental que puede ocasionar la obra.
Otro elemento que complica la actividad acuícola es el de las concesiones, trámite que además de tardado es costoso. Situación por la cual algunos productores deciden a abandonar la actividad acuícola, en tanto que otros, producen al margen de la normatividad, ya que es la única alternativa que les queda para generar un ingreso.
Es imperativo apoyar a los productores acuícolas del país ya que es la actividad que les permite generar un ingreso, no debemos olvidar que n número importante de productores no cuenta con la preparación académica suficiente para dedicarse a alguna otra actividad que no sea la de origen en su región.
En razón de lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los titulares de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua para que:
2. En dicho diagnóstico se deberá hacer una diferenciación entre las Unidades dedicas a la producción y venta y aquellas para el autoconsumo, con el objetivo de diseñar estrategias diferencias.
3. Se Fomente y promueva la firma de convenios institucionales y entre las autoridades correspondientes y los productores acuícolas, los cuáles permitan agilizar el otorgamiento de las concesiones de agua requeridas, asimismo, procurar disminuir los costos por dicho trámite. Lo que en suma, permitirá alcanzar un mayor nivel de producción e incrementar el desarrollo del sector agropecuario mexicano.
Diputados: Francisco Alberto
Jiménez Merino (rúbrica9, Paula Angélica Hernández
Olmos, Janet Graciela González Tostado, Jorge Rojo García
de Alba, María del Carmen Izaguirre Francos, Patricio Chirinos del
Ángel, Ardelio Vargas Fosado, Malco Ramírez Martínez,
Violeta Avilés Álvarez, María Isabel Merlo Talavera.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REDUCIR EN 50 POR CIENTO MEDIANTE LA
SHCP, LA SCT, CAPUFE Y EL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EL PEAJE CORRESPONDIENTE
A LAS MOTOCICLETAS, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE ARANA ARANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El que suscribe, diputado Jorge Arana Arana, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reducir, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes; Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos; y el Fondo Nacional de Infraestructura, el cobro de peaje en 50 por ciento a las motocicletas que transiten por todas las carreteras de cobro en el territorio nacional al tenor de las siguientes
Consideraciones
Actualmente, cada vez más la motocicleta se está convirtiendo en el vehículo alternativo en nuestro país, ya que no congestiona las arterias viales, desgasta menos el pavimento, reduce la contaminación, disminuye el consumo de gasolina y ahorra tiempo.
En las ciudades con problemas de tráfico vehicular, la motocicleta se ha convertido en un transporte rápido, eficaz y alternativo. Paralelamente, el motociclismo como deporte de competición ha aumentado sus participantes y espectadores de manera importante, y ha tomado distintas modalidades.
En México, el interés por el uso de motocicletas ha tenido un crecimiento significativo como en Asia y Europa, convirtiéndose además en una moda. Es ya muy común ver circular motocicletas por las calles e incluso por carreteras, debido a la baja en sus precios, planes de financiamiento accesibles y mayor utilización como medio de transporte.
No obstante al desarrollo de este medio de transporte, la disparidad de trato para el motociclista sigue siendo un grave problema. Por ejemplo, el costo del seguro de una moto, si es que se proporciona, es muy alto; la tenencia no es barata; no existen estacionamientos para ellas; no se tiene ninguna recompensa en el precio de gasolina, aún cuando gasta y contamina menos que un auto compacto y, si se utiliza una carretera, la cuota es la misma que la de un automóvil.
Asimismo, existen restricciones por parte de las autoridades de no poder circular por vías primarias; el pavimento está en mal estado; el respeto hacia el motociclista no existe.
Debemos comprender que el uso de las motocicletas es un fenómeno social y económico que ha generado cierto impacto en el desarrollo de algunas comunidades.
Por ello, es necesario atender a ese sector que no solamente es recreativo, ya que incluye el transporte personal, mensajería, trabajo y servicio público.
Contribuyamos con su protección, promoviendo políticas para la convivencia entre motociclistas y demás ciudadanos, para bajar el índice de accidentes y generar la cultura del conductor de motocicletas, involucrando a los conductores de vehículos particulares y servicio público.
Esta es una parte para la organización e impulso del transporte en motocicleta. Reconozcamos que no existe ninguna actividad industrial, comercial o de servicios en los que no esté involucrado el uso de este medio; por tanto, es necesario resaltar su importancia en el contexto social.
Ante este contexto, como un gesto de reconocimiento a este sector, se propone la reducción de las tarifas de peaje hasta en un cincuenta por ciento a las motocicletas que circulen por las diferentes carreteras de cuota del país, con el objetivo de apoyar la economía de los motociclistas, como incentivo para su uso y para que su desarrollo en todos sentidos se encuentre dentro de los estándares que rigen en diversos países del mundo, como medio de transporte poco contaminante, económico y eficiente.
La reducción de las tarifas de peaje a motocicletas no representarán pérdidas para las autoridades responsables ni concesionarios, por el contrario, su reducción fomentarán el uso de este medio de transporte por las carreteras de cuota del país.
Por lo expuesto, presento a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a reducir, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes; Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos; y el Fondo Nacional de Infraestructura, el cobro de peaje en 50 por ciento a las motocicletas que transiten por todas las carreteras de cobro en el territorio nacional.
Se somete este punto de acuerdo a consideración de esta soberanía para su urgente y obvia resolución.
Solicito se incluya íntegramente el contenido en el Diario de los Debates.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.
Diputado Jorge Arana Arana (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL SENADO DE LA REPÚBLICA A ANALIZAR
DE FORMA EXHAUSTIVA LA NEGOCIACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO
MÉXICO-BRASIL PARA GARANTIZAR IGUALDAD DE CONDICIONES COMERCIALES,
A CARGO DEL DIPUTADO JORGE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en los artículos 71, 73, 74, 76, fracción I, y 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 2 segundo párrafo de la Ley sobre la Celebración de Tratados; 56, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, diputado federal del distrito 11 de Ecatepec de Morelos, estado de México, Jorge Hernández Hernández, ocurro a esta honorable soberanía a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y al Senado de la República, se analice de forma exhaustiva y rigurosa la negociación del tratado de libre comercio México-Brasil, con la finalidad de que se encuentre en igualdad de condiciones comerciales para evitar afectaciones al sector productivo del país, por lo que se presenta a esta honorable soberanía la siguiente
Exposición de Motivos
El miércoles 10 de marzo del año 2010, fue presentado por la diputada Narcedalia Ramírez Pineda del Grupo Parlamentario del PRI, un punto de acuerdo solicitando a la Secretaría de Economía que escuche la opinión de los sectores productivos del campo mexicano para no afectar al sector agropecuario con un acuerdo comercial con Brasil.
México es el primer exportador en América Latina con el 33 por ciento de las exportaciones, mientras que Brasil ocupa el segundo lugar con 22 por ciento; lo que coloca a estos países como las dos grandes economías de Latinoamérica, representando alrededor de dos tercios del producto interno bruto de la región.
El intercambio bilateral alcanzó un valor de 5 mil 382 millones de dólares (mdd), en los primeros once meses de 2009, generando un saldo deficitario para México de 969 mdd, según datos de la Secretaría de Economía; No obstante a lo anterior, el comercio bilateral no supera el 1 por ciento de su respectivo comercio total.
Durante ese periodo Brasil importó del mundo más de 173 mil mdd, pero sólo compró a México 3 mil 125 mdd equivalente al 1.8 por ciento de sus importaciones del mundo, por su parte México importó más de 300 mil mdd, pero de Brasil solamente importó 5 mil 200 mdd correspondientes al 1.7 por ciento de sus importaciones mundiales.
A continuación se muestra una tabla estilizada comparando la situación territorial y económica en los últimos tres años en ambos países:
En cuanto al apartado de aranceles, México es uno de los países con más bajos aranceles en el comercio mundial, lo cual se traduce en un incremento de las importaciones al país, no así a las exportaciones, propiciando un desequilibrio en el comercio interno. En sentido opuesto, Brasil impone altas barreras arancelarias al comercio mundial, basado en un proteccionismo hacia el comercio interno de su país, lo cual se ve reflejado en la significativa diferencia que existe entre el total de millones de dólares anuales generados por las exportaciones e importaciones de cada país.
Ahora bien, Brasil en los últimos años ha obtenido mayores inversiones extranjeras directas (IED), las cuales han fortalecido el camino hacia un mejor comercio interno, en cambio México no ha dejado de basar su economía comercial en el exterior, esto lejos de beneficiar al país lo somete en un disminuido incremento de las reservas internacionales.
Claro esta que los factores socioeconómicos como el desempleo afectan de manera directa al PIB de los países, siendo en este caso México el país con mayor tasa de desempleados frente al porcentaje de Brasil, obteniendo así un menor PIB per cápita.
Todo lo anterior, hace suponer que un TLC con Brasil solo seria viable y benéfico para México, solo si Brasil disminuyera sus aranceles, propiciando así un intercambio comercial justo para ambos países, al tiempo que hubiese una mayor inversión hacía México, debiendo con ello la economía mexicana fortalecer la estructura interna del comercio, para garantizarle a los sectores comerciales y productivos mexicanos una mejorada y justa actividad comercial.
No se puede soslayar que la celebración de tratados internacionales consiste en lograr beneficios mutuos y no unilaterales, por lo que el know-how para este tratado es diseminar todos los elementos y factores que propicien un ambiente económico interrelacionado sustantivo en condiciones de igualdad sin perjudicar a los sectores productivos nacionales.
Ante esta situación, es indispensable que dentro del análisis de la viabilidad para celebrar el acuerdo comercial con la República Federativa de Brasil, sean realizados foros de discusión y análisis con cada uno de los sectores productivos del país, así como con los representantes de las organizaciones empresariales con objeto de establecer los criterios de competitividad económica que el sector productivo está dispuesto a negociar en igualdad de condiciones con las empresas de la República Federativa de Brasil.
Consecuencia de lo antes expuesto y con fundamento jurídico en los artículos 71, 73, 74, 76, fracción I, y 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. y 2o. párrafo segundo, 3o. y 4o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados; 56, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, se exhorte al Ejecutivo federal y al Senado de la República a que se analice de forma exhaustiva el Tratado de Libre Comercio México-Brasil con la finalidad de que se encuentre en igualdad de condiciones y así evitar afectar al sector productivo del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de de abril de 2010.
Diputado Jorge Hernández Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A PROHIBIR MEDIANTE LA SCT, LA SSP, LA
SHCP Y LA SEGOB LA CIRCULACIÓN POR CARRETERAS FEDERALES DE VEHÍCULOS
SINIESTRADOS, CON REMOLQUES O EN MALAS CONDICIONES MECÁNICAS CARENTES
DE CONCESIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO SERGIO LORENZO QUIROZ CRUZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones prohíba la circulación por carreteras federales a vehículos siniestrados, con remolques o en malas condiciones mecánicas, que no cuenten con la concesión respectiva, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En algunos países desarrollados, los índices de mortalidad en carreteras se han reducido gracias a medidas tomadas por las autoridades correspondientes. En México, las estadísticas de accidentes automovilísticos muestran cifras alarmantes, pues de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, ocupamos el séptimo lugar mundial en muertes asociadas con estos accidentes, esto es, en promedio, 55 muertes diarias, unas 20 mil cada año. Esto se debe, entre otras causas, a la falta de inversión y mantenimiento en carreteras, falta de educación vial, operación de vehículos en malas condiciones mecánicas, remolque de vehículos de manera insegura, exceso de velocidad, pero, sobre todo, al incumplimiento de las normas de tránsito.
Cifras de la Cruz Roja Internacional indican que durante el siglo pasado murieron más de 30 millones de personas en el mundo por accidentes carreteros, dejando a millones más heridos o discapacitados. En este sentido, se pronostica que para 2020 estos accidentes alcancen el tercer lugar en la tabla de muertes y discapacidades, generando un grave problema de salud pública, pues se invierten miles de millones de pesos para dar atención a los pacientes lesionados.
En otro orden de ideas, nuestro país, desde hace años, enfrenta un fenómeno de tipo social causado por ciudadanos centroamericanos que compran autos usados o en malas condiciones en el sur de Estados Unidos de América para llevarlos a su país de origen.
Tal fenómeno tiene como consecuencia que ante la falta de vigilancia, incluso con el conocimiento de las autoridades competentes, se consienta el libre tránsito de vehículos de procedencia extranjera que, además, indebidamente remolcan hasta dos vehículos, sin cumplir con las respectivas concesiones federales de arrastre y sin utilizar equipamiento y autos especiales para tal fin. Debido a esta problemática, las carreteras, desde la frontera norte a la sur, presentan alta peligrosidad.
Cabe resaltar que en este tipo de siniestros los daños materiales a vehículos mexicanos prácticamente resultan incobrables, pues el responsable huye del lugar del percance hacia su país, impidiendo con ello que se aplique justicia en favor del la parte afectada.
Estos accidentes ocurren de manera constante entre las caravanas de vehículos extranjeros en su paso hacia Centroamérica. Los tramos identificados de mayor riesgo inician desde Soto la Marina a San Fernando, en Tamaulipas; de Ozuluama a Cerro Azul, de Nautla a Cardel, en Veracruz; y de Cintalapa a Arriaga, en Chiapas. Caminos que adicionalmente presentan daños por falta de mantenimiento en su carpeta asfáltica, señalamientos e indicaciones.
La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y sus reglamentos, establecen obligaciones y condiciones de operación que deben cumplir los usuarios de vehículos destinados al arrastre de otras unidades, asimismo, la obligación de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Seguridad Pública para la inspección, verificación y vigilancia de los caminos y puentes, así como de los servicios de autotransporte federal, servicios auxiliares y de transporte privado.
De acuerdo con informes emitidos por la Policía Federal, y por lo que se conoce en los distintos medios de comunicación, nos enterarnos del riesgo que los usuarios corren al transitar por vías federales al no darse el debido cumplimiento a la normatividad aplicable.
De igual manera, a través de las diversas aduanas del país, el Ejecutivo federal debe implantar nuevas disposiciones para que el tránsito de vehículos adquiridos en el extranjero, condicionados por los permisos de internación temporal, sea realizado de manera individual y en las mejores condiciones posibles.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones, implante las medidas necesarias para dar estricto cumplimiento a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, así como al Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales, haciendo efectiva la prohibición de circulación de todo vehículo de remolque, siniestrado o en malas condiciones mecánicas, asimismo, para modificar y adecuar los requisitos para el otorgamiento de permisos de internación temporal, medidas que deberán ser aplicadas por la Policía Federal en alcance de sus facultades.
Todo lo anterior, con el efecto de prevenir y reducir el índice de accidentes en vías estatales y federales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.
Diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR AL TITULAR DEL SISTEMA NACIONAL
DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD A FIN DE QUE CELEBRE CONVENIOS ESPECÍFICOS
CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SOBRE EL ANTICIPO DE RECURSOS PARA LA ACREDITACIÓN
DE UNIDADES DE SALUD A CUENTA DE LA ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS DEL
SEGURO POPULAR, A CARGO DEL DIPUTADO ANTONIO BENÍTEZ LUCHO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, Antonio Benítez Lucho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a legitimar la celebración de convenios específicos con las entidades federativas sobre el anticipo de recursos para la acreditación de unidades de salud, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
I. "… La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de la utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social…" (artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, LGS). Y es un derecho de todos los mexicanos, de conformidad con el artículo 4o. constitucional, sin importar su condición social.
Es competencia del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) garantizar la prestación de servicios de salud, "regular, desarrollar, coordinar, evaluar y supervisar las acciones de protección social en salud", conforme a lo establecido en el artículo 13 de la LGS, la cual también –en el artículo 77 Bis 5, fracción XV– establece la competencia de la federación para "definir los requisitos mínimos para la acreditación de los centros públicos prestadores de los servicios inscritos en el Sistema de Protección Social en Salud".
La LGS considera en el artículo 77 Bis 9 que "para incrementar la calidad de los servicios, la Secretaría de Salud establecerá los requerimientos mínimos que servirán de base para la atención de los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud".
II. El Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social, en la Segunda Sección, que versa sobre la acreditación de la capacidad, seguridad y calidad, considera los requisitos, las definiciones y los procedimientos necesarios para brindar certidumbre respecto a estos tres ámbitos en la prestación de los servicios médicos de la siguiente manera:
III. Como requisito para prestar servicios al REPSS, menciona que los establecimientos prestadores de servicios esenciales y de los servicios cubiertos por el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos deberán contar con el dictamen de acreditación, en términos de los artículos 77 Bis 9 y 77 Bis 30 de la LGS, el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social y los lineamientos y correspondientes emitidos por la Secretaría de Salud; y es requisito previo para los prestadores de servicios que sean incorporados al REPSS (artículos 23 a 25).
IV. En cuanto a la definición operativa de la acreditación, ésta es considerada como el resultado de un procedimiento de evaluación de las condiciones en que se ejerce la práctica médica de los prestadores de servicios cubiertos por el sistema. El resultado será emitido por la secretaría como consecuencia de la aplicación del proceso de evaluación que establece mediante la emisión del Manual para la Acreditación de Capacidad, Seguridad y Calidad, que contendrá los lineamientos específicos para la acreditación de establecimientos para la atención médica por lo que se refiere a la prestación de servicios para la prevención y promoción de la salud conforme a la normatividad y a los lineamientos vigentes en la materia, operación y promoción del sistema de cartillas nacionales de salud, el impulso progresivo de la certificación de las competencias de los profesionales, las condiciones para que permanezca como prestador de servicios del sistema, los requisitos para desarrollar procesos de formación y actualización médica y los procedimientos en caso de resultados favorables, además de lo indicado en el artículo 77 Bis 9 de la LGS (artículos 25 a 30).
Conclusiones
Es necesaria la firma de un convenio en el que la entidad financiadora que busca la protección de la salud de los usuarios afiliados a determinadas unidades invierta de manera anticipada y por única vez recursos financieros etiquetados e intransferibles en las unidades médicas, destinados a incrementar y cumplir la capacidad instalada en cuanto a infraestructura, equipamiento y personal, solicitada por la acreditación, a cambio de dar respuesta a la futura demanda de atención, producto de la asistencia de los usuarios del REPSS. Esto, porque en las circunstancias actuales se ha detectado que los servicios de salud del Estado no están preparados para el incremento de la demanda de afiliación de pacientes asegurados por el REPSS; por tanto, la infraestructura limita la posibilidad de dar respuesta a aquélla. Además, los recursos financieros con que se cuenta no son suficientes para responder a los requisitos mínimos establecidos por la federación para acreditar unidades médicas y permitir su posterior inscripción en el REPSS. Ello resulta en una incapacidad para dar cumplimiento estricto al artículo 25 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social, ya que solicita tener de antemano una inversión en infraestructura que responda a una demanda aún inexistente y no planeada.
Mediante la firma de este convenio se busca, por un lado, garantizar los recursos necesarios para la "inversión inicial" requerida por las unidades médicas en el Estado para su acreditación; y, por otro, garantizar al REPSS el adecuado ejercicio de sus recursos destinados a la prestación de servicios de atención a la salud conforme a los criterios de capacidad resolutiva instalada, seguridad y calidad establecidos para sus beneficiarios.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir al titular del Sistema Nacional de Protección Social en Salud a efecto de que se celebren convenios específicos con las entidades federativas sobre el anticipo de recursos para la acreditación de unidades de salud a cuenta de la atención de beneficiarios del Seguro Popular.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2010.
Diputado Antonio Benítez Lucho (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE LA CONAGUA COORDINE UN PROGRAMA DE CONDONACIÓN DE ADEUDOS Y
RECARGOS PARA USUARIOS QUE INVIERTAN EN TRATAMIENTO, REUTILIZACIÓN
Y RECOLECCIÓN DE AGUA, A CARGO DE LA DIPUTADA JANET GONZÁLEZ
TOSTADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La que suscribe, diputada federal Janet González Tostado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos pone a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para que la Comisión Nacional de Aguas coordine un programa de condonación de adeudos y recargos para los usuarios que inviertan en tratamiento, reutilizamiento y recolección de agua en todo el país con base en las siguientes
Consideraciones
El agua es el componente principal de la materia viva y un elemento indispensable para el bienestar social y el desarrollo económico del país. Es un recurso limitado que debe cuidarse y aprovecharse. La situación del agua en México es compleja y delicada, tanto así que durante el sexenio anterior se declaró por ley como un asunto de seguridad nacional.
El mayor porcentaje de la población nacional, así como las grandes ciudades y centros de producción industrial, ganadera y agrícola, se encuentran distribuidos precisamente en estas zonas áridas y semiáridas. Aunque el volumen total del recurso hídrico en el país es abundante, su distribución desigual afecta la disponibilidad de este líquido en las zonas con mayor población y actividad económica.
Hablando sobre el uso que se le da al agua, podemos decir que la Comisión Nacional del Agua señala que del volumen total de agua concesionada, alrededor del 75 por ciento se destina al uso agrícola, 9 por ciento al uso industrial y el 14 por ciento restante para uso público.
De acuerdo a los estudios realizados por la Comisión Nacional del Agua, el sector agrícola no sólo es el sector que más agua utiliza, también es el que más agua desperdicia, ya que entre el 65 y 45 por ciento del agua concesionada no se aprovecha. Por el otro lado, en las ciudades se pierde hasta 50 por ciento de este líquido debido a fugas en los sistemas de distribución de agua potable, fugas que no se reparan por falta de recursos.
La Ley de Aguas Nacionales establece que el agua es un "bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito, con valor social, económico y ambiental", y que la responsabilidad de su preservación en cantidad y calidad recae tanto en el Estado como en la sociedad.
La misma ley dota de diferentes facultades a la Comisión Nacional del Agua, quien tiene como misión administrar y preservar las aguas nacionales con la participación de la sociedad, para lograr el uso sustentable del recurso. También la faculta para establecer la política de recaudación y fiscalización en materia de derechos de agua y permisos de descargas
Sin embargo, la cultura del no pago, aunado a la falta de un registro real de las tomas de agua que hay en el país, genera problemas financieros que limitan la operación eficiente del sistema. Según un estudio realizado por Gabriel Quadri de la consultora Eco Securities.
Para dimensionar el problema de la ineficiencia del registro, sólo al tomar como referencia el caso del Distrito Federal aparecen registradas solamente el 60 por ciento de las tomas existentes, es decir, 2.5 millones. De este total sólo 40 por ciento cuenta con un medidor, del resto no existe la certeza de que paguen lo que consumen o, al menos, que paguen el consumo del agua.
Este problema no sólo afecta el rubro financiero, se extiende al ambiental, ya que por la falta de recursos no se invierte en sistemas de tratamiento de agua.
Nos enfrentamos a un círculo vicioso ya que el agua no la tratan porque no hay dinero y, como no se trata, cada vez tenemos menos agua. Algunos gobiernos estatales y municipales, por razones políticas, se resisten a ejercer debidamente el cobro por agua, ya que, de acuerdo al estudio de Gabriel Quadri, hay un déficit de 200 a 300 millones de pesos por el no pago.
Información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), desglosa que en 2007 el monto de recaudación por el consumo de agua fue de 9 mil millones de pesos, la meta según el organismo en el periodo 2007-2012 es alcanzar una recaudación de 58 mil millones de pesos.
En cuanto a las afectaciones ambientales por la falta de tratamiento del líquido, la Conagua expone en un estudio de calidad que la mayoría de los ríos, arroyos, lagos, lagunas y acuíferos reciben descargas de aguas residuales del sector doméstico, agrícola, industrial o pecuario sin tratamiento.
El organismo agrega que 15 de las 320 cuencas existentes padecen grados variables de contaminación, entre las que destacan la del Pánuco, el Lerma, el Coatzacoalcos, la del Valle de México y el bajo Río Bravo, las cuales requieren atención prioritaria.
En comunicados y estudios, la Conagua alerta que en el país el tratamiento de agua para consumo humano es deficiente, pues de 200 metros cúbicos por segundo que descargan los municipios sólo se tratan 48.5 metros cúbicos por segundo, a pesar de contar con una capacidad de tratamiento de 78 metros cúbicos. Una proyección que tiene la Conagua es que en 2012 se alcance 60 por ciento de tratamiento de aguas.
Es necesario incrementar el porcentaje de agua residual tratada, lo que permitirá recuperar la calidad de los ríos y lagos además de incrementar la recarga de los acuíferos, sin embargo la Conagua no tiene la capacidad técnica ni operativa para tal actividad.
Por ello es imperativo que se implantar entre particulares programas que incentiven el tratamiento de aguas, no con fines lucrativos, sino con fines de reutilizamiento. Si se generan programas como el que se propone, podremos aumentar, por un lado, la recaudación por pago de derechos por el uso de agua y, por otro, aumentaremos el número de plantas tratadoras de agua.
Para ello es necesario que la Comisión Nacional de Aguas, en colaboración con los gobiernos de los estados y los municipios, coordine un programa que tenga por objeto condonar adeudos y recargos para los usuarios que inviertan en tratamiento, reutilizamiento y recolección de agua, hasta por el monto de sus adeudos en todo el país.
Por ejemplo, si una empresa tiene un adeudo por un monto de 200 mil pesos entre pago de derechos, intereses y multa, se le condonen si invierte esos mismos 200 mil pesos en una planta tratadora de agua o en sistemas de recolección o reutilizamiento de agua al interior de la empresa. Si la inversión es menor, pues que sólo se le condone el monto de la inversión, y si es mayor la inversión, que lo tenga como saldo favorable, para el siguiente ejercicio. Lo anterior, previo a que la Conagua, revise y apruebe el proyecto.
Del mismo modo, solicitamos que el programa también se aplique en uso agrícola, si un agricultor tiene un adeudo por un monto determinado y desea invertir en un sistema de recolección de agua de lluvia o en un sistema de riego por aspersión por ejemplo, pueda contar con capacitación técnica por parte de la Conagua y el monto de su inversión pueda ser condonado y, si excede su deuda, pueda ser considerado como saldo a favor.
En el uso doméstico también puede ser aplicado, ya que si en una casa se invierte en la creación de cisternas para recolección de agua de lluvia o pequeñas plantas tratadoras de aguas, pueda esta inversión ser deducida de sus adeudos o ser considerada como saldo favorable en su siguiente ejercicio fiscal.
Con la implantación de este programa, el Estado promovería el racional uso del agua, se podrían cuidar los mantos acuíferos, los ríos, las costas, los humedales y se generaría una política pública de largo plazo que permitiría al país contar con el vital líquido por mucho más tiempo.
Como partido político responsable, el PRI ha impulsado acciones a largo plazo que permitan a los mexicanos tener una mejor calidad de vida y esta propuesta refrenda ese compromiso. Es imprescindible realizar acciones inmediatas para cuidar la poca agua que nos queda.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Que la Comisión Nacional de Aguas coordine un "programa de condonación de adeudos y recargos para los usuarios que inviertan en tratamiento, reutilizamiento y recolección de agua" en todo el país.
Segundo. Que la Comisión Nacional de Aguas informe en breve a esta soberanía sobre cuándo comenzaría a operar dicho programa, las reglas de operación y el presupuesto que asignará al programa.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.
Diputada Janet González Tostado (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE REQUIERE LA COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL INEGI ANTE ESTA SOBERANÍA
PARA EXPLICAR EL CONTENIDO DEL INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE 2009,
RECIÉN ENTREGADO AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL CONGRESO DE LA UNIÓN;
Y SE SOLICITA A LA ASF QUE PRACTIQUE UNA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO
A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO, A CARGO DEL DIPUTADO DAVID HERNÁNDEZ
VALLÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal David Hernández Vallín, coordinador de la diputación federal por el estado de Aguascalientes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la honorable Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado mexicano contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y que la información que éste genere será de carácter oficial y uso obligatorio para las entidades y dependencias del sector público del país.
La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, señala al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), como órgano autónomo del Estado mexicano y unidad central coordinadora del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
La actuación de los miembros de la Junta de Gobierno del Inegi, con plazas de nivel de subsecretario han dado muestra de que ni gobiernan ni administran.
A más de un año de haberse integrado la Junta de Gobierno del Inegi no gobierna. No gobierna por que sus miembros –que devengan en promedio un sueldo bruto mensual de alrededor de doscientos mil pesos– no han instrumentado las reglas generales para determinar la información de interés nacional, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo del 2009. Como tampoco han publicado los programas de mediano y corto plazo que obliga la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
El contenido del Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de abril, está lejos del nivel de aspiraciones que el Estado mexicano y la sociedad en general esperan del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, ya que es predominantemente metodológico, más que indicativo del desarrollo al que se aspira en el campo de la información estadística y geográfica de carácter oficial y que el país requiere y demanda para su desarrollo.
El informe de actividades que el Inegi presentó al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, deja lugar a dudas sobre la efectividad de las actividades realizadas por el Instituto como Unidad de Estado y como Unidad Central Coordinadora del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
A más de un año de haberse integrado, la Junta de Gobierno del Inegi, no administra. No administra, porque cada vez son más los casos de trabajadores del Inegi que se han manifestado ante sus representantes sindicales y populares solicitando apoyo, ya que no encuentran canales institucionales que den cause a sus demandas laborales y padecen la falta de sensibilidad de las autoridades del Instituto.
Por lo expuesto y fundado, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Que la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 93 constitucional, segundo párrafo, cite a comparecer ante el pleno de esta soberanía al presidente del Inegi, para que explique el contenido del informe de actividades y resultados 2009, que recientemente entregó al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión.
Segundo. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que realice una auditoría de desempeño a la Junta de Gobierno del Inegi, con base en los artículos I y XII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, A 28 de abril de 2010.
Diputado David Hernández Vallín (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL PRESIDENTE Y A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INEGI A INICIAR AJUSTES
PRESUPUESTARIOS Y ADMINISTRATIVOS PARA RESARCIR EL PODER ADQUISITIVO DEL
PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE BASE, DE CONFIANZA Y EVENTUAL, Y GARANTIZAR
SU PROFESIONALIZACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO DAVID HERNÁNDEZ
VALLÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal David Hernández Vallín, coordinador de la diputación federal por el estado de Aguascalientes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la honorable Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado mexicano contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y que la información que éste genere será de carácter oficial y uso obligatorio para las entidades y dependencias del sector público del país.
La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, señala al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), como órgano autónomo del Estado mexicano y unidad central coordinadora del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
En el ámbito internacional, dos variables que se consideran para evaluar en forma indirecta la calidad y confiabilidad de la información que producen las oficinas nacionales de estadística y geografía son la profesionalización y el salario de los trabajadores que generan la información oficial.
En nuestro país, atendiendo en lo que compete a los trabajadores del Inegi, la profesionalización y el salario del personal técnico operativo de base, confianza y eventual, se han deteriorado significativamente, sobre todo, a partir de que se le otorgó autonomía al instituto.
La estructura orgánica y el tabulador de sueldos que prevalecen en el Inegi, han crecido en forma desproporcionada en el número de puestos de trabajo de funcionarios de alto nivel y en sus remuneraciones, al contrario de lo que ha ocurrido entre el personal técnico operativo de base, confianza y eventual.
Una evidencia del incremento en la alta burocracia del Inegi es que antes de su autonomía contaba solamente con un puesto de nivel equivalente al de subsecretario, y ahora cuenta con cinco plazas de esa jerarquía. Otra muestra de este crecimiento desproporcionado es que hasta el año 2000 no existían las plazas de director general adjunto y hoy cuenta el instituto con 35 plazas de este rango.
Las treinta y cinco direcciones generales adjuntas del Inegi resultan innecesarias, así como las diez plazas y la estructura que ocupan las direcciones regionales. Es importante señalar que hay plazas de este rango que llevan un año vacante, como es la de la Dirección General Adjunta de Operación Regional. Esta situación no sólo entorpece la operación normal de las áreas, sino que se bloquean recursos que podrían ser utilizados para otorgar mejoras salariales al personal técnico operativo de base, confianza y eventual.
El seguir manteniendo la alta burocracia en el INEGI contraviene los principios éticos, legales y profesionales en que se basa una sociedad equitativa, con un gobierno consciente del papel de sus servidores públicos en la tarea de suministrar la información que el país requiere para su desarrollo.
Por lo expuesto y fundado, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al presidente y a la Junta de Gobierno del Inegi a que inicien inmediatamente los ajustes presupuestales y administrativos conducentes a resarcir el poder adquisitivo del personal técnico operativo de base, de confianza y eventual que labora en el instituto.
Segundo. Que la Junta de Gobierno del Inegi contemple en los programas de largo, mediano y corto plazo, la estrategia, programa y presupuesto necesarios, para que el proceso de profesionalización del personal que participa en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica sea acompañado de remuneraciones y prestaciones que hagan efectivo el propósito de la profesionalización en su dimensión humana y en la calidad de la información de interés nacional que genere el sistema.
Tercero. Que la Cámara de Diputados forme una comisión especial de legisladores para que investigue, dé seguimiento e informe a esta soberanía sobre la situación laboral y administrativa que prevalece en el Inegi, sin menoscabo de las atribuciones que las leyes otorgan a cada una de las instancias involucradas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, A 28 de abril de 2010.
Diputado David Hernández Vallín (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SCT A REFORMAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-012-SCT-2-2008, A CARGO DEL DIPUTADO ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Arturo Zamora Jiménez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo mediante el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Poder Ejecutivo federal a reformar diversas disposiciones de la Norma Oficial Mexicana (NOM-012-SCT-2-2008) al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Con el objeto de mejorar y salvaguardar la seguridad nacional y, específicamente la vida y los bienes de las personas que utilizan los caminos y carreteras de México, así como disminuir los daños a la infraestructura carretera de nuestro país, resulta necesario modificar las características y especificaciones referentes al límite máximo de peso y dimensiones autorizados para los vehículos de autotransporte que circulan por estas vías de comunicación.
El utilizar vehículos de autotransporte con exceso de peso o de dimensiones tan grandes como la de los camiones de doble remolque o tractocamiones doblemente articulados, impacta sensiblemente en la vida y la seguridad de quienes tenemos la necesidad de transportarnos de un lugar a otro.
Las normas que regulan el autotransporte, contienen disposiciones permisivas que han afectado de manera clara y evidente los siguientes conceptos:
• Riesgo a que son expuestas las personas que utilizan
estas vías.
• Daño a pavimentos, puentes y vías de
comunicación
• Problemas de Tránsito y vialidad.
• Limita la generación de empleos.
• Deterioro ambiental.
En comparación con Europa o los Estados Unidos de América del Norte donde sus carreteras tienen una duración promedio de entre 30 a 35 años sin necesidad de mantenimiento, en México las carreteras se reconstruyen aproximadamente cada 10 años, El caso del libramiento de Querétaro ilustra mi dicho ya que a pesar de haber sido construido a base de concreto hidráulico, su mantenimiento debe realizarse más de una vez al año y a pesar de que había sido construido con una duración esperada de 30 años, ha tenido que ser repavimentado en dos ocasiones en los últimos 12 años.
Uno de los factores determinantes en la duración de los sistemas carreteros de estas potencias mundiales, es que en estos países se prohíbe el uso de vehículos de carga que tengan pesos o dimensiones similares a los camiones de doble remolque o tractocamiones doblemente articulados que en México son utilizados diariamente.
Nuestro país está fuera de los estándares internacionales de seguridad vial por el hecho de que somos el único lugar en el mundo donde se autoriza cargar los camiones con más del doble del peso de lo permitido en países de primer e inclusive de tercer mundo, y para muestra tenemos a nuestros vecinos: Estados Unidos y Guatemala en donde los gobiernos establecen límites de pesos y dimensiones máximos autorizados. ¿Por qué entonces en México no se aplica lo mismo? Y sí en cambio se dan autorizaciones permisivas de alto riesgo, como el siguiente caso:
El artículo segundo transitorio de la norma oficial mexicana sobre peso y dimensiones autoriza sin ningún sustento a cargar 4.5 toneladas adicionales de lo que era considerado como peso máximo de tonelaje.
El recorrido de vehículos con estos pesos y dimensiones supone cargas y esfuerzos extraordinarios que aceleran el deterioro y vida útil de nuestras vías terrestres de comunicación, vitales para nuestro desarrollo económico y social, por lo que resulta imperativo establecer una regulación adecuada.
La vida útil de los puentes que forman parte de nuestra infraestructura carretera se ha reducido en relación al periodo de uso para el que fueron diseñados a causa del desgaste acelerado que provoca el peso de estos vehículos de carga.
La inseguridad que se provoca debido al peso y dimensiones excesivas de estos tractocamiones doblemente articulados es que al ser su frenado dimensionalmente más complicado, en innumerables accidentes viales donde se han perdido miles de vidas, estos han sido el factor determinante de dichos percances. Algunos quedan parados en el impacto, otros tantos, debido a sus dimensiones provocan que sobretodo automóviles o camiones de transporte de personas se salgan de las carreteras o puentes, siguiendo estos su trayecto.
La seguridad en el transporte de pasajeros en sus diferentes modalidades ha sido tema de atención y preocupación de los diferentes Gobiernos en turno; prueba de ello es que en el sector aéreo se han cancelado autorizaciones a diferentes aerolíneas por considerar que no cumplieron con las condiciones que se requieren para dar seguridad a los usuarios, como fueron los casos de Taesa, Aero Carlifornia y más recientemente Aviacsa, y eso que en los accidentes que hubo, como el de Taesa, no llegó a una veintena de personas muertas, además de que en la aviación no se dan accidentes a diario como sucede en el transporte terrestre. ¿O acaso las vidas que se pierden en accidentes terrestres no cuentan, o son menos importantes que los de accidentes aéreos y otros?
Desde el punto de vista Socio-Ambiental la circulación de este tipo de vehículos de carga tan pesados, generan un mayor consumo de combustible no sólo por el arrastre y fricción que genera su peso, si no por el tráfico a que esto conlleva. Al consumir este exceso de combustible la contaminación de igual forma aumenta contribuyendo al calentamiento global y el cambio climático.
En el aspecto económico-laboral, según datos de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, adoptar la medida de prohibir la circulación de los autotransportes doblemente articulados, produciría a corto plazo una reactivación en forma directa de más de 150 mil empleos, conformado por nuevos operadores de camiones de un solo remolque, mecánicos y personal administrativo, además de los empleos que se generen de forma indirecta.
La prohibición de autotransporte doblemente articulado significaría para México lo siguiente:
Homologación de los estándares internacionales, utilizados por la mayoría de los países con ánimos de conservar la infraestructura en mejores condiciones, y mejorar la seguridad de las personas y los bienes de las mismas que utilicen las vías carreteras como medio de transporte.
Por lo anteriormente expuesto pongo a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del Poder Ejecutivo federal a fin de que realice las reformas necesarias a la Norma Oficial Mexicana (NOM-012-SCT-2-2008) con el objeto de que se prohíba la circulación de las unidades de transporte, denominadas por la norma anteriormente citada como "tractocamión doblemente articulado" o cualquier otra que tenga pesos y dimensiones similares.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.
Diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ESTABLECER MEDIANTE LA SECRETARÍA
DE SALUD Y LA COFEPRIS, CON LA PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL
DE SALUD, EL SISTEMA NACIONAL DE PROVEEDORES CERTIFICADOS DE MEDICAMENTOS,
PRODUCTOS BIOLÓGICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, SUPLEMENTOS,
SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MATERIAL DE CURACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO
ANTONIO BENÍTEZ LUCHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Antonio Benítez Lucho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer mediante la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), con la participación del Consejo Nacional de Salud, el sistema nacional de proveedores certificados de medicamentos, productos biológicos, dispositivos médicos, suplementos, sustancias químicas y material de curación, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El objetivo principal de la política farmacéutica de la gran mayoría de los países latinoamericanos es garantizar el acceso a medicamentos esenciales, eficaces, seguros y de calidad, así como que éstos sean usados racionalmente.
Como los medicamentos son un bien público con gran valor social, indispensables en la prestación de la atención de la salud, corresponde a las autoridades reguladoras establecer los mecanismos necesarios para lograrlo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha aportado a los procesos de armonización global de la regulación farmacéutica, instrumentos esenciales como las denominaciones comunes internacionales, la farmacopea internacional, las normas de buenas prácticas de manufactura, el esquema de certificación para el control de calidad de productos farmacéuticos, objeto de comercio internacional, las buenas prácticas clínicas y las guías sobre requisitos para el registro de productos farmacéuticos genéricos intercambiables.
La Organización Mundial de Comercio (OMC) coordinó en Ginebra, Suiza, en noviembre de 2009 el quinto taller dirigido a funcionarios de países en desarrollo para ayudar a utilizar las flexibilidades relativas a las patentes en materia de productos farmacéuticos del acuerdo sobre propiedad intelectual.
La orientación del taller fue con relación a los derechos de propiedad intelectual y la salud pública, dirigida por la OMC, la OMS y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
Entre los temas tratados destacan la gestión de los derechos de propiedad intelectual aplicada a proyectos concretos relacionados con la salud, cuestiones relativas a la aprobación reglamentaria, control de calidad y eficacia de los medicamentos, y competencia y contratación pública.
En Latinoamérica hay varias iniciativas de armonización de requisitos de registro, impulsadas básicamente por grupos de integración económica, los cuales se han encargado de acelerarlos. En la región, el registro de medicamentos es tema que se aborda en los grupos de integración económica y que a la fecha han alcanzado diversos grados de desarrollo, pero no se evidencia acuerdo específico sobre requisitos para el registro de productos farmacéuticos.
La problemática detectada en la mayoría de los países es tema cotidiano, pues circulan medicamentos que no cumplen los estándares internacionales sobre fabricación, registro y comercialización, por lo cual muchos enfrentan demandas y penalizaciones económicas. Hay en el mercado medicamentos falsificados o pirata, que escapan a toda regulación.
La industria farmacéutica en Estados Unidos de América ha enfrentado en los últimos años gran cantidad de litigios, entre los que destacan el caso de la vacuna para el virus del papiloma humano Gardasil, de laboratorios Merck, actualmente suministrada a adolescentes y a preadolescentes, la cual está relacionada con la esclerosis lateral amiotrofia; otro caso es el del laboratorio Glaxo, que perdió un litigio en Pennsylvania por no advertir a los médicos y a las embarazadas de los peligros del medicamento antidepresivo Paxil, relacionado con defectos al nacimiento. Pfizer rompió récord de multas, con una de 2.3 billones de dólares, por comercializar ilegalmente varios medicamentos, como Bextra, Zyvox, Geodon y Lirica.
Estos ejemplos se han convertido en un hábito para los fabricantes de medicamentos en los últimos 12 años.
La necesidad constante de ganancias ha creado un escenario que permite a la industria farmacéutica utilizar su enorme influencia financiera y política para, literalmente, hacer de experiencias normales de la vida nuevas enfermedades, como el trastorno de ansiedad, a fin de vender medicamentos.
Se ha dado a la industria farmacéutica la autoridad para volver patológica la vida, drogando a niños y a ancianos.
Por las consideraciones señaladas, me voy a permitir enumerar algunos datos de la OMS:
El costo para la industria farmacéutica llega a 2 billones de dólares.
20 por ciento de las muertes por malaria puede ser resultado de tomar medicinas ineficientes, y más de 40 por ciento del producto que se da contra la malaria resistente no contiene ingredientes activos. Entre 20 y 90 por ciento de los antimalarios producidos localmente o importados en siete países de África no pasaron las pruebas de calidad por insuficiente activo para matar al parásito.
1.5 millones de anticonceptivos orales se encontraron con dosis insuficiente en EU.
En Nigeria, 100 niños murieron en 1990 por ingerir jarabe contra la tos adulterado.
En Haití, 59 niños murieron en 1996 por tomar jarabe para tratar la fiebre.
En 2001, en China se calculó que morían más de 100 mil habitantes por medicinas falsificadas.
En México, la falsificación de medicamentos se ha convertido en un problema de salud pública: 10 por ciento de los que se comercializan es falsificado, lo que representa un daño para la industria de aproximadamente 650 millones de dólares al año, según Mony de Swaan, director regional de Asuntos Corporativos de Pfizer en México y Centroamérica, en el periodo 2004-2006, y ex titular de la Unidad de Vinculación Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social y, por tanto, profundo conocedor del tema que nos ocupa.
Señaló también: "Los piratas no tienen miramientos ni preferencias sobre algún producto. Copian y venden todo lo que esté en el mercado, pero suelen engañar a los consumidores con productos novedosos, como el Viagra".
Según la definición de la OMS, el medicamento falsificado es uno deliberada y fraudulentamente provisto de una etiqueta que contiene información engañosa sobre su identidad o su origen. Puede tratarse de una especialidad patentada o de un producto genérico. Algunos productos falsificados contienen buenos ingredientes y otros malos ingredientes o, incluso, no contienen ningún principio activo. Hay otros en los que el principio activo se encuentra en cantidad insuficiente y cuyo envase induce a confusión.
A principios de 2006, la OMS creó un grupo de trabajo dedicado a expedir una legislación modelo para combatir la falsificación que cada Estado miembro pudiera adoptar después.
México está en peligro de convertirse en paraíso de medicamentos pirata y falsificados. Si cede su soberanía en materia de regulación y supervisión de los medicamentos que importa, o retira el requisito a los importadores de contar con laboratorios en el territorio nacional, daría lugar a la libre importación, con todos sus riesgos.
La derogación de algunas disposiciones sanitarias en la importación de medicamentos a México permitiría ampliar la puerta de entrada de los medicamentos al país, así como la importación masiva de medicamentos de dudosa calidad, y pondría en riesgo la salud de la población nacional.
El marco legal vigente obliga a los importadores a tener en México laboratorios que garanticen y respondan por la calidad de los medicamentos que compran en el exterior. Y exige hasta hoy que en territorio nacional haya físicamente infraestructura técnica y humana que responda por la eficacia, seguridad y calidad de los medicamentos que cuenten con registro sanitario y que se quieran importar a México.
Las reformas de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones sanitarias deben contribuir a cubrir vacíos o lagunas legales. El marco legal regulatorio es en términos prácticos el filtro que permite a las autoridades identificar a los responsables de la importación y obliga a los importadores a responder por la calidad de sus productos y por los efectos adversos que pudiera llegar a ocasionar el uso de medicamentos importados.
Actualmente, las instituciones del sector salud cuentan con mecanismos y subsistemas de abasto fragmentados: cada institución se encarga de implantar los mecanismos que considere más favorables. Sin embargo, a la fecha no han logrado integrarlos en un gran sistema, lo que ha generado divisiones, con las implicaciones de inoperatividad y en el abasto de medicamentos e insumos en el sector salud, con graves repercusiones financieras para el funcionamiento integrador del propio Sistema Nacional de Salud.
Aunado a lo anterior, la administración pública federal, por lo que se relaciona con la Ley General de Adquisiciones, considera los criterios y lineamientos conforme a los cuales se realizará la compra de los medicamentos e insumos para la salud, tal es el caso de la existencia de un registro nacional de proveedores del Estado, cuyo desarrollo, administración y operación están a cargo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, que depende de la Secretaría de la Función pública.
Sin embargo, el desabasto de medicamentos e insumos para la salud obedece a la falta de regulación de lo establecido en la Ley General de Salud en la materia, además de la inoperancia del Registro Nacional de Proveedores, que no considera la certificación de proveedores de medicamentos que garanticen los criterios de calidad y suministro completo de las claves del cuadro básico.
Por todo lo anterior es necesario crear el sistema nacional de proveedores certificados de medicamentos, productos biológicos, dispositivos médicos, suplementos, sustancias químicas y material de curación, que tenga como ejes las siguientes atribuciones:
Regulación de los medicamentos de patente vencida (según cuadro básico vigente), y de las sustancias químicas usadas para diagnóstico y tratamiento de pacientes en el sector público, en calidad y precio para todo el país.
Fabricación y distribución de todas las clases de medicamentos de patente vencida, en forma especial para el sector salud, a un solo precio, asequible para todos los estados y las instituciones.
Esta fabricación deberá tener una estricta vigilancia para garantizar el control de calidad por la Secretaría de Salud, a través de la Cofepris.
Dicho sistema permitiría eficiencia administrativa y financiera, logrando que la federación asigne montos de partidas de medicamentos a las entidades federativas, del presupuesto del Sistema Nacional de Protección Social en Salud, con la particularidad de que se otorgue libertad a los estados para seleccionar al proveedor registrado y acreditado de su preferencia, conforme a sus necesidades, y la garantía de realizar compras al precio oficial de los productos.
Lo anterior consolidará una estrategia integradora de abasto en el sector salud que actúe como mecanismo de control del mercado farmacéutico nacional y que constituya el punto de encuentro entre los demandantes y los vendedores, marginando la posibilidad de las faltas de probidad en las instituciones.
Por lo expuesto y fundado, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con la participación del Consejo Nacional de Salud, para que, en alcance de sus facultades y atribuciones, se establezca el sistema nacional de proveedores certificados de medicamentos, productos biológicos, dispositivos médicos, suplementos, sustancias químicas y material de curación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.
Diputado Antonio Benítez Lucho (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA PGR A INVESTIGAR LA VENTA DEL PADRÓN ELECTORAL;
Y AL CONSEJO GENERAL DEL IFE, A TOMAR MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN DE LOS CIUDADANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA JENY
DE LOS REYES AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Jeny de los Reyes Aguilar, diputada integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Apenas el martes 13 de abril pasado se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, en que se debatió de manera amplia la necesidad de resguardar los derechos de los ciudadanos para que la información particular que proporcionan a las diferentes empresas con motivo de sus transacciones comerciales, no sea distribuida o comercializada de manera indiscriminada, protegiendo de esta manera su derecho a la privacidad.
Sin embargo, nos parece incongruente que exijamos a los particulares el resguardo de dicha información personal y propongamos una serie de sanciones para quienes falten a esta obligación, cuando en el seno de las instituciones públicas se presentan casos de igual o mayor gravedad.
En fechas recientes se tuvo conocimiento en los medios de comunicación de la sustracción del Padrón Electoral federal, el cuál es comercializado en la zona de Tepito, en el Distrito Federal. No se trata de cualquier documento, es el padrón de ciudadanos que se considera de mayor confiabilidad, al grado de utilizarlo como base para la expedición de la credencial para votar, identificación oficial considerada idónea por su seguridad.
Por ello, debemos instar al Consejo General del Instituto Federal Electoral para que revise los esquemas de seguridad con que se integra, actualiza y resguarda el Padrón Electoral, ya que en la sustracción del mismo necesariamente debió existir la complicidad de funcionarios de dicha institución, o al menos una falta grave en el resguardo de la información.
No debemos omitir que con fundamento en el artículo 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental, los sujetos obligados son responsables de los datos personales y, en relación con éstos, deberán adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, y el incumplimiento de dichas disposiciones acarrea responsabilidades administrativas y penales.
Por tanto, es necesario exigir a la PGR para que por conducto de la Fepade realice las investigaciones conducentes que lleven al esclarecimiento de estos hechos y se sancione a los responsables de poner en riesgo los datos personales de millones de mexicanos.
Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al la Procuraduría General de la República para que por conducto de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales investigue la sustracción y venta del Padrón Electoral federal por particulares.
Segundo. Se exhorta al Consejo General del Instituto Federal Electoral para que tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la información personal de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral federal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de abril de 2010.
Diputada Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA LIBERACIÓN DE RECURSOS DEL FONDEN PARA ATENDER LOS
EFECTOS DE LAS LLUVIAS SUSCITADAS EN PRAXEDIS G. GUERRERO, CHIHUAHUA, A
CARGO DEL DIPUTADO JAIME FLORES CASTAÑEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El suscrito, Jaime Flores Castañeda, diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En la actualidad Práxedis G. Guerrero es una población pequeña dedicada principalmente a la agricultura en el Valle de Juárez. Su cercanía con Ciudad Juárez ha diversificado sus actividades aunque también ha generado una importante migración, sobre todo de las generaciones más jóvenes.
Las fuertes lluvias que en días pasados azotó a los habitantes del poblado de Práxedis G. Guerrero, desconociendo hasta el momento el daño que ocasionó a las viviendas de los habitantes del lugar, así como la pérdida de vidas humanas. Hecho que dejó la localidad con inundaciones. Algunas casas sufrieron afectaciones ya que el agua entró en ellas.
Esta situación llevó a que en el transcurso de la lluvia, cientos de personas quedaran varadas y refugiadas en diversos espacios públicos; al mismo tiempo, se tuvieron que desalojar a más personas de sus viviendas con el propósito de salvaguardarlas.
Debemos de reconocer la participación de las autoridades estatales, municipales, que actuaron de inmediato en esta emergencia para evitar un desastre mayor a sus habitantes.
En síntesis, es urgente coordinar esfuerzos de los tres niveles de gobierno para enfrentar exitosamente esta emergencia que padecen los pobladores de este municipio, debido a que sus habitantes han sufrido daños en sus viviendas por las lluvias que vinieron acompañadas de fuertes vientos en días pasados, desafortunadamente las familias más afectadas son de escasos recursos económicos.
Por lo expuesto, someto a discusión y aprobación por el pleno, como de urgente y obvia resolución, de esta honorable asamblea el presente.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno federal a liberar los recursos financieros y materiales del programa Fonden, mediante obras de reparación de viviendas y zonas públicas, aplicando las medidas sanitarias pertinentes, para la atención de emergencia presentada por las lluvias acompañadas de fuertes vientos en el municipio de Práxedis G. Guerrero, Chihuahua.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.
Diputado Jaime Flores Castañeda (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ELABORAR MEDIANTE LA SAGARPA Y LA SECRETARÍA
DE ECONOMÍA UN PROGRAMA NACIONAL DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES
ALIMENTARIAS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CRUZ LÓPEZ AGUILAR Y FRANCISCO
ALBERTO JIMÉNEZ MERINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
México es uno de los países más abundantes en lo que se refiere a recursos naturales, su flora y fauna son de una diversidad amplía y reconocida, más del 9% de las especies conocidas están aquí, sin embargo, no hemos logrado que estas capacidades se vean reflejadas de manera palpable en beneficios sociales.
En este orden de ideas, uno de los puntos que destaca por su relevancia e impacto es la generación de alimentos, tema en el cual tenemos serias fallas estructurales que repercuten de manera negativa en la población y pone en riesgo la sustentabilidad de la población mexicana.
A pesar de esta biodiversidad tan abundante, somos una nación con un alto déficit alimentario, es decir, nos vemos en la necesidad de importar alimentos debido a que no se logra satisfacer la demanda interna, más de la mitad de los alimentos que consumimos son de importación. Dicha situación se debe, en gran medida, a la mala planificación y a que las políticas públicas en materia alimentaria no logran subsanar las deficiencias.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que, a pesar de que la crisis económica del año 2009 propició que se redujeran las importaciones de alimentos, México mantuvo un saldo negativo de más de 2 mil 306 millones de dólares en la balanza comercial de granos básicos.
De igual forma, menciona que las importaciones de productos alimentarios cayeron 25 por ciento de enero a octubre de 2009, respecto al mismo periodo del año pasado. Mientras las exportaciones se redujeron 10 por ciento.
Sin embargo, estas disminuciones no son suficientes para eliminar el déficit en la balanza comercial de alimentos (naturales y procesados), ya que las exportaciones de los ¡mismos superaron en mil 471 millones de dólares las importaciones.
Cabe señalar que el Inegi enlista 17 diferentes grupos de alimentos en la balanza comercial, y de ellos siete presentaron saldos negativos. El mayor déficit corresponde a cereales o granos básicos –conformado por maíz, trigo, sorgo y arroz–, pues fue de 2 mil 306 millones de dólares, a pesar de que las importaciones de éstos se redujeron casi 32 por ciento en un año.
De enero a octubre de 2009 las importaciones de granos básicos sumaron en conjunto 2 mil 617 millones de dólares y las exportaciones 310 millones, lo cual implica que México compró siete veces más granos de los que vendió al extranjero. Por otra parte, durante el 2009 se importaron más de 180 mil toneladas de frijol.
Pero la diferencia se acentúa en el caso del maíz, que concentra 47 por ciento de todas las importaciones de cereales. Así, México hizo compras por mil 247 millones de dólares del grano y ventas por 58 millones. En términos comparativos, significa que las adquisiciones de maíz superaron en 2 mil por ciento las ventas al exterior. Hoy compramos del exterior más de 10 millones de toneladas anuales, más del 30% del consumo.
En cuanto al trigo, hubo importaciones por 649 millones de dólares y exportaciones por 249 millones. En arroz y sorgo no se registraron ventas foráneas, pero las adquisiciones fueron por 273 millones para el primero y de 369 millones para el segundo. Más de 700 mil toneladas de arroz se compran cada año del extranjero.
Al duplicar los permisos de importación de arroz de 2008 a la fecha, se ha ocasionado una fuga de divisas por cuatro mil millones de dólares. La Secretaría de Economía con esta decisión ha llevado a la quiebra a los productores del grano, afirmó, Pedro Alejandro Díaz Hartz, presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz de México.
Se ha mermado la productividad y crecimiento que venía generando la producción de arroz durante los últimos tres años. Lo anterior provoca que se pierdan empleos, jornales y generación de estabilidad familiar en las zonas rurales productoras.
A la fecha, se han perdido más de 200 mil jornales y diez mil fuentes de empleo, ya que 65 por ciento del arroz que se consume en México es importado, principalmente de Estados Unidos, además del arroz asiático que ingresa "triangulado" a ese país.
En lo referente a la producción de leche, de los 10 mil millones litros que se consumen, poco más del 40 por ciento es importada de los Estados Unidos y la Unión Europea. Cabe señalar que el consumo de leche en México es de 97 litros por persona, cantidad que representa la mitad de lo que recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
En lo que respecta a la importación de carne, el panorama es muy similar al de los granos básicos. No debemos perder de vista que externalidades como la problemática derivada del virus de la influenza A (H1N1) ocasionó pérdidas importantes, principalmente en la comercialización de carne de cerdo.
La carne de origen bovino es que más se comercializa en nuestro país, razón por la cual se ha convertido en una necesidad la importación para satisfacer la demanda, es por ello que en el periodo de años que va de 2005 a 2008 se ha incrementado en un 400 por ciento la importación de carne de res y aves.
Del total de importaciones de carne de bovino, el 71 por ciento proviene de Estados Unidos y el 19.5 por ciento provino de Canadá.
Un caso particular es lo que ocurre con la pesca, rubro en el cual México tiene un superávit importante, logrando un saldo a favor equivalente al 12.3 por ciento durante el año 2009, siendo el camarón el que mayor dinámica presenta. Asimismo, se logró bajar el nivel de importación del pescado congelado en un 64.3 por ciento.
En este contexto, es importa1nte contar con mecanismos, programas y medidas que nos permitan reducir la dependencia alimentaria del exterior. México requiere contar con alternativas viables y concretas que nos otorguen la posibilidad del ser autosuficientes en materia alimentaria.
Una nación que no tiene la capacidad de alimentar a su población está condenada al subdesarrollo, la pobreza, la marginación y la vulnerabilidad de su gente. Es imperativo que generemos un programa de producción y generación de alimentos, el cual permita dar sustentabilidad alimentaria.
No se trata sólo de un programa de seguridad alimentaria, se trata de identificar y fortalecer las ventajas nacionales de la producción alimentaria a fin de construir un modelo que permita producir aquello que se caracterice como un producto estratégico para la sociedad nacional.
Por lo anterior mencionado, someto a consideración de este pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal, de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía para que se elabore un programa nacional de sustitución de importaciones alimentarias, con el objetivo de superar el déficit de la balanza comercial alimentaria, el cual permita en un plazo no mayor a 15 años, disminuir la dependencia alimentaria, asimismo que evite la fuga de divisas e impulse el desarrollo del campo mexicano en beneficio de la sociedad mexicana
Palacio Legislativo en San Lázaro, a 28 de abril de 2010.
Diputados: Alberto Jiménez Merino (rúbrica),
Cruz López Aguilar.