La que suscribe, Paz Gutiérrez Cortina, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, e integrante de la Comisión de Cultura de ésta; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, en base a lo siguiente
Exposición de Motivos
El municipio de Tepetlaoxtoc de Hidalgo localizado al noreste del estado de México, es reconocido por su legado histórico y cultural, así como por sus recursos naturales que lo cualifican como un sitio privilegiado para proyectos de turismo, paisaje y naturaleza.
Tepetlaoxtoc, comunidad de origen indígena asentada en la región de Acolhua, se distinguió desde épocas prehispánicas por su cultura altamente desarrollada. Así lo atestigua el espléndido códice pintado a la acuarela: "Memorial de los indios de Tepetlaoxtoc", conocido también como Códice Kingsborough, actualmente expuesto en el Museo Británico de Londres.
La región de Acolhua fue el lugar elegido por fray Domingo de Betanzos para desarrollar a mediados del siglo XVI, un proyecto arquitectónico de singular belleza.
Entre los recursos naturales del municipio, resaltan sus características topográficas. Al estar ubicado entre los valles de México y Teotihuacan, constituye un mirador extraordinario de ambos valles; en cuanto a sus recursos hidrológicos, participa de la misma cuenca de escurrimiento que llega hasta la Ciudad de México a través del acuífero Tepetlaoxtoc-Texcoco.
Su importancia ecológica, por tanto, resulta vital para la Ciudad de México, al ser considerado también, un pulmón natural, dada su cercanía.
Estas características, entre otras muchas, nos obligan a todos los mexicanos a impulsar la clara vocación que tiene el municipio de Tepetlaoxtoc de ser una zona de especial preservación del medio ambiente, así como un lugar relevante en la historia y cultura de nuestro país.
A causa de la sobresaturación del tiradero de basura del Bordo de Xochiaca, el cual culminó su vida útil en el 2008, el gobierno del estado de México, desde el 2007, inició acciones impulsadas por empresas privadas, para sustituir dicho confinamiento de basura.
En aquel momento se intentó establecer el nuevo relleno sanitario en el socavón de la Mina de Arena "La Flor", territorio de Tepetlaoxtoc, en donde se llegó a verter basura en varias ocasiones violando la Norma Oficial (NOM-083-SEMARNAT-2003) que establece que los residuos urbanos requieren un manejo especial, por lo que no podrán depositarse a una distancia de 500 metros lineales a localidades mayores a 2 mil 500 habitantes, así como sobre fallas o fracturas geológicas o zonas de recarga.
Gracias a la oposición de los vecinos de Tepetlaoxtoc, con el apoyo académico de la Universidad Autónoma de Chapingo y el Colegio de Postgraduados, los estudios científicos el Instituto Nacional de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se logró detener dicha amenaza.
Sin embargo, no fue suficiente para que la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México y demás autoridades involucradas, dejaran de ver a Tepetlaoxtoc como una opción para el establecimiento de un relleno sanitario.
El 3 de marzo del presente, la empresa CEM "Reciclados Ecológicos de Texcoco, SA de CV," envió una carta dirigida al ingeniero Amado Islas Espejel, presidente municipal de Tepetlaoxtoc, solicitando que les fueran otorgadas las licencias para la construcción de un confinamiento de Residuos Sólidos Urbanos, pues el proyecto ya había sido avalado por la Secretaría del Medio Ambiente del estado de México. Dicho relleno sanitario estaría ubicado dentro del territorio de Tepetlaoxtoc en San Miguel de las Peñas, zona de San Bernardo, en el camino vecinal a San Jerónimo.
Aun cuando la empresa mencionada afirma que dicho relleno sería realizado con la mayor tecnología, por lo que no afectaría al medio ambiente, es inevitable que no se contamine el manto freático del Valle de México, pues el terreno previsto para el relleno sanitario forma parte del acuífero Tepetlaoxtoc-Texcoco, el cual comparte la misma cuenca de escurrimiento que llega hasta la Ciudad de México.
Por lo expuesto, con el propósito de proteger los recursos hidráulicos y el medio ambiente, así como la preservación del patrimonio histórico cultural de México, someto a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, de urgente y obvia resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente del estado de México, así como a las autoridades del municipio de Tepetlaoxtoc de Hidalgo, a revisar todas las gestiones y trámites que hasta el presente estuvieren realizando empresas privadas, ciudadanos particulares y organismos municipales, estatales o federales, con el objeto de obtener permisos, concesiones, licencias o cualesquier otra forma de usufructo para instalar, desarrollar o explotar depósitos de basura, rellenos sanitarios o recolectores de desechos sólidos, dentro de los límites del municipio de Tepetlaoxtoc de Hidalgo, estado de México y que al hacerlo pasen por alto o violen las especificaciones técnicas para la protección de los mantos freáticos y acuíferos de recarga.
Segundo. Se exhorta al gobernador constitucional del estado de México, el licenciado Enrique Peña Nieto a impulsar el desarrollo de infraestructura para la promoción del turismo en el municipio de Tepetlaoxtoc.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2010.
Diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SCT A FIRMAR LOS CONVENIOS DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS
CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, EN PARTICULAR COAHUILA POR SU SITUACIÓN
DE ALERTA, PARA QUE LAS AUTORIDADES LOCALES EJECUTEN LA OBRA PÚBLICA
PRESUPUESTADA, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO SARACHO NAVARRO Y SUSCRITA
POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
De conformidad con los dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados federales de Coahuila Rubén Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro, Melchor Sánchez de la Fuente, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Hugo Martínez González, Tereso Medina Ramírez y Noé Fernando Garza Flores, sometemos a consideración de esta honorable soberanía, punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a firmar los convenios de reasignación de recursos con las entidades federativas, en particular con Coahuila, debido a su situación de alerta, esto con el objeto de que sean las autoridades locales quienes ejecuten la obra pública presupuestada en el Ramo 09.
Exposición de Motivos
El estado de Coahuila se encuentra en una situación de alerta debido a las fuertes lluvias, que han obligado al gobierno del estado a desalojar y auxiliar a las personas damnificas durante los últimos días. En los días 15, 16 y 17 de abril, el gobierno coahuilense a través de sus diversas instituciones logró desalojar a miles de personas que corrían peligro debido a las fuertes lluvias.
Esta contingencia meteorológica ha resultado en grandes pérdidas materiales para el estado. De las mismas, la infraestructura carretera fue una de las más perjudicadas y un ejemplo de esto es el puente que cruza por encima del río San Rodrigo el cual se derrumbó en la carretera estatal 29 misma que conecta los municipios Zaragoza y Ciudad Acuña. Como consecuencia de este derrumbe, la población de Zaragoza quedó incomunicada dejando a más de 8,000 habitantes en una situación de riesgo inminente.
A pesar de la incomunicación, los esfuerzos y la pronta respuesta de Protección Civil, Bomberos y otras autoridades municipales y estatales fueron suficientes para salvaguardar todas las vidas humanas en la Ciudad de Zaragoza y Piedras Negras. Sin embargo, el tramo de la carretera estatal 29, de Ciudad Acuña a Ciudad Zaragoza permanece sin ser rehabilitado.
El gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fue la encargada de construir esta carretera, la cual fue entregada hace menos de un año y cuya vida útil se estimaba de 50 años. El derrumbe de este puente pone en evidencia la mala planeación de obra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); además, la falta de capacidad de la secretaría para supervisar la calidad de sus proyectos está poniendo en riesgo a los habitantes de todo el país.
La región afectada necesita de la pronta rehabilitación de esta importante vialidad, con la intención de agilizar este proceso, el gobierno del estado planteó a la federación que sea el estado quien construya nuevamente el puente del río San Rodrigo. Sin embargo, la federación no ha dado respuesta a este llamado y aún continúa en el proceso de evaluación de daños el cual tentativamente se extenderá hasta el 30 de Abril.
La SCT ha mostrado grandes ineficiencias en sus operaciones, además de haber construido vialidades de baja calidad, esta secretaría no ha logrado ejercer en su totalidad los presupuestos asignados desde esta soberanía, lo cual ha resultado en grandes subejercicios. Estos rezagos constituyen un problema fundamental, ya que provocan grandes atrasos en el desarrollo de nuestra nación y muestra de esto, son los más de 14 mil 125 millones en subejercicios que se presentaron en 2009, los cuales no pudieron ser subsanados en su totalidad.
La manera en la que opera la SCT se ha convertido en un de gran preocupación para el país. No solamente se desperdician valiosos recursos del erario en la continua reparación de vialidades defectuosas, sino que también, se pone en riesgo la integridad física de los habitantes de este país.
En Coahuila, la falta de compromiso del gobierno federal con el desarrollo de la infraestructura local es ya evidente. Esto es notorio, ya que la SCT ha nombrado delegados inexpertos que no conocen el estado y que además no cuentan con el perfil necesario para cumplir con esta importante responsabilidad. Esta falta de responsabilidad por parte de la SCT se traduce en obras de mala calidad, como la que se derrumbó en la carretera estatal 29 en Coahuila. La falta del compromiso local de la SCT también se hace evidente, tomando en cuenta que de manera usual contrata compañías constructoras de entidades federativas diferentes a donde se realiza la obra. Es momento de revertir esta situación, ya que la economía de las entidades federativas se encuentra en plena recuperación y por tanto se necesita el impulso de las empresas locales.
Esta proposición con punto de acuerdo tiene por objeto el buscar una alternativa al mal funcionamiento de la SCT. De aprobarse esta proposición, los gobiernos estatales podrán garantizar a sus habitantes mayor seguridad y a su vez se le garantizará al gobierno federal un uso más eficiente de los recursos que se destinarán a la reparación de esta importante vialidad.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a firmar los convenios de reasignación de recursos con las entidades federativas, en particular con Coahuila, debido a su situación de alerta, esto con el objeto de que sean las autoridades locales quienes ejecuten la obra pública presupuestada en el Ramo 09.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Cuidad de México, Distrito Federal, a 27 de abril de 2010.
Diputados: Rubén Ignacio
Moreira Valdez, Miguel Ángel Riquelme Solís, Francisco Saracho
Navarro, Melchor Sánchez de la Fuente, Hugo Martínez González,
Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López,
Tereso Medina Ramírez, Noé Fernando Garza Flores (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A COLABORAR MEDIANTE LA CONAGUA CON EL
GOBIERNO DE COAHUILA PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS TÉCNICOS QUE PERMITAN
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN DIVERSOS MUNICIPIOS DE
LA ENTIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS RAMÍREZ RANGEL, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quien suscribe, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal –a través de la Comisión Nacional del Agua– a colaborar conjuntamente con el gobierno de Coahuila, para que se lleven a cabo los estudios técnicos correspondientes a fin de mejorar la infraestructura hidráulica de los municipios de Allende, Piedras Negras y Sabinas con el propósito de evitar futuras inundaciones por los escurrimientos de los ríos San Antonio, Escondido y San Rodrigo al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. En el año 2004, durante los días 4 y 5 de abril, se presentaron precipitaciones en el norte del estado de Coahuila, ocasionado desbordamientos del río Escondido e inundaciones, provocando daños considerables en diversos municipios, principalmente en el de Piedras Negras, en la colonia Villa de Fuente, registrándose la muerte de aproximadamente 38 personas, 7 desaparecidos, además, de daños materiales en la infraestructura urbana calculándose daños totales hasta por 150 millones de pesos.
2. Este hecho lamentable definitivamente marcó a la población del municipio de Piedras Negras, es por ello que las autoridades se dieron a la tarea de implantar procedimientos de alerta temprana ante este tipo de eventualidades.
3. En días pasados, se reportaron lluvias de hasta 113 milímetros en la región de Acuña;de 123.5 milímetros en la Serranía del Burro; 125 milímetros en Sabinas y de 68 milímetros en la región de Allende, lo anterior provocó crecientes en los ríos San Antonio, Escondido y San Rodrigo.
4. Los niveles de escurrimiento en los ríos San Rodrigo, San Antonio y Escondido mantuvieron interrumpido el tráfico de vehículos por la carretera Morelos – Acuña, aunque después se presentó un descenso el nivel de escurrimiento.
5. A causa de esto se iniciaron con actividades de protección civil en la zona de riesgo, con la finalidad de evitar daños graves por los escurrimientos de los ríos.
6. Si bien es cierto una alerta temprana de este tipo de eventualidades es indispensable, también se hace necesario considerar el que las autoridades correspondientes de manera coordinada realicen los estudios técnicos pertinentes a fin de mejorar la infraestructura hidráulica de la región que garantice la seguridad de los pobladores.
Por lo expuesto, someto la siguiente proposición con punto de acuerdo, en términos de los siguientes
Considerandos
Primero. Que hace seis años los pobladores de la colonia Villa de Fuente, en el municipio de Piedras Negras, se vieron severamente afectados por el escurrimiento del río Escondido, situación que causo la pérdida de vidas humanas y graves daños a sus viviendas y a la imagen urbana del municipio.
Segundo. Que en días anteriores se presentó una precipitación de alrededor de cuatro pulgadas en la zona cercana a Piedras Negras, la cual provocó un caudal extraordinario del río Escondido de un promedio de 45 metros cúbicos por segundo de agua.
Tercero. Que las precipitaciones ocasionaron el aumento en los niveles de los ríos San Antonio, Escondido y San Rodrigo, provocando que las presidencias municipales de Allende, Piedras Negras y Sabinas se coordinaran para la atención de los daños potenciales que pudiesen causar los escurrimientos producto de las lluvias.
Cuarto. Que en días posteriores se presentó un descenso en el nivel de escurrimiento de los ríos, sin embargo, se considera indispensable que las autoridades correspondientes se coordinen con la finalidad de prevenir inundaciones como la que aconteció en el 2004.
Quinto. Que de conformidad con lo expuesto, las autoridades competentes deben de considerar el realizar los estudios técnicos tendientes a buscar opciones que en medida de lo posible eviten el riesgo de inundaciones por el escurrimiento de los ríos mencionados.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal –a través de la Comisión Nacional del Agua– a colaborar conjuntamente con el gobierno de Coahuila, para que se lleven a cabo los estudios técnicos correspondientes a fin de mejorar la infraestructura hidráulica de los municipios de Allende, Piedras Negras y Sabinas con el propósito de evitar futuras inundaciones por los escurrimientos de los ríos San Antonio, Escondido y San Rodrigo.
Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día veintisiete de abril del año dos mil diez.
Diputado Jesús Ramírez Rangel (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITAN TANTO LA COMPARECENCIA DE LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA
DE ECONOMÍA Y DEL BANCOMEXT PARA QUE EXPLIQUEN ANTE ESTA SOBERANÍA
EL ESTADO QUE GUARDAN LOS ARANCELES EN MÉXICO COMO UN INFORME DE
LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA EN LA MATERIA, A CARGO DEL DIPUTADO
RAMÓN JIMÉNEZ LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado Ramón Jiménez López integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México mantenía un arancel promedio industrial de 11.1 por ciento en 2008, pero con los cambios que entraron en vigor a partir del primero de enero de 2010, el arancel promedio simple descendió hasta 5.3 por ciento, con lo cual el país pasó de ser una de las economías más protegidas, a una de las más abiertas, con respecto a las importaciones provenientes de los países que integran la Organización Mundial de Comercio.
Con la reducción de aranceles, como parte de un programa de apertura comercial, el cual fue publicado el 24 de diciembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, México se convertirá en el país más abierto de América Latina, sólo superado por Brasil donde el arancel industrial promedio se ubica en 14.1 por ciento; seguida de Venezuela con 12.8 por ciento; Argentina con 11.9 por ciento; Colombia 11.8 por ciento.
El descenso de los aranceles por parte de México lo ubica por debajo de los países más liberalizados de la región, como el caso de Chile con 6 por ciento, Perú con 5.5 por ciento, Costa Rica con 5.4 por ciento y solamente superando a Guatemala que aplica un arancel de 4.9 por ciento.
A lo largo de los últimos veinte años, algunos sectores antes controlados por empresas propiedad del Estado fueron privatizados y las barreras al comercio internacional se redujeron de forma sustancial, además las reformas macroeconómica y comercial de los años noventa ubicaron a México como una economía estable y más abierta, lo anterior según el documento México 2006-2012: Creando las Bases para el Crecimiento Equitativo, del Banco Mundial. Sin embargo, el Banco Mundial se pregunta en el citado documento ¿por qué el nivel de desarrollo de México no ha logrado acercarse al de sus socios comerciales del TLCAN o al de un Estado típico de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos?
Según el documento, después de la crisis de 1994-1995, el país ha experimentado en términos generales un crecimiento económico mucho más estable y positivo. Sin embargo, el Banco Mundial menciona que es importante destacar que existen una serie de factores externos que han contribuido a estos resultados. Los precios del petróleo se han situado en niveles récord durante los últimos años y la economía de Estados Unidos, y la del mundo en general, ha crecido de forma continua desde 2002. A pesar de ello, el crecimiento promedio del producto interno bruto, PIB, mexicano fue menor al 2 por ciento entre 2001 y 2005. En términos per cápita, el crecimiento ascendió a la mitad de esta cifra.
Para el Banco Mundial el crecimiento no ha sido suficientemente alto para que los niveles de ingreso per cápita de la economía mexicana converjan con los de sus socios del TLCAN, además señala que no se observa en realidad ningún progreso durante los últimos 15 años. El incremento en el PIB per cápita de México con respecto al de Canadá y Estados Unidos luego de la crisis macroeconómica y financiera de 1994-1995. Esta época coincide con los primeros años de vigencia del TLCAN. Para el organismo internacional el TLCAN sí generó un auge de las exportaciones. Sin embargo, esta reacción se niveló más adelante. Según el Banco Mundial el desafío en este sentido reside en llevar a cabo reformas que mejoren la productividad y sienten las bases para una mayor expansión de las exportaciones, tanto hacia los países socios del TLCAN como a otros destinos.
El Banco Mundial estima que el crecimiento económico podría ser mucho más acelerado, dados los atributos naturales con los que cuenta el país. La reducción de la pobreza podría ser mucho mayor, ya que un crecimiento acelerado y la reducción de la pobreza son fenómenos que se refuerzan mutuamente. El citado organismo señala que las reformas de política económica y social que podrían contribuir a mejorar la situación del país, no obstante menciona que han sido obstaculizadas por grupos de interés que prefieren mantener el status quo.
Durante 2009 la balanza comercial de México acumuló un déficit de 4 mil 679.9 millones de dólares, saldo inferior en 72.9 por ciento al de 17 mil 260.7 millones de dólares observado un año antes, de acuerdo con el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, al cuarto trimestre de 2009, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cabe mencionar que el déficit comercial que excluye a las exportaciones petroleras cayó a un ritmo anual de 47.6 por ciento, al ubicarse en 35 mil 560.4 millones de dólares; si además se excluyen las importaciones petroleras, el déficit es de 15 mil 97.5 millones de dólares, 53.2 por ciento por debajo del observado un año antes.
En tanto que las exportaciones de mercancías fueron de 229 mil 705.1 millones de dólares, reduciéndose a una tasa anual de 21.2 por ciento. Según el informe trimestral, por componentes, las ventas al exterior de productos petroleros cayeron a una tasa anual de 39.0 por ciento, mientras que las manufactureras se contrajeron 17.9 por ciento. A su vez, las exportaciones de productos extractivos y agropecuarios tuvieron una disminución anual de 25.0 y 1.2 por ciento, respectivamente.
Por su parte, en 2009 el valor nominal de las importaciones de mercancías se ubicó en 234 mil 385.0 millones de dólares, monto que implica una disminución anual de 24.0 por ciento. Las importaciones de bienes de consumo, intermedios y de capital retrocedieron a una tasa anual de 31.5, 22.9 y 21.6 por ciento, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2009 el número de trabajadores afiliados al IMSS se ubicó en 13 millones 881 mil 281 personas, nivel que implicó una disminución anual de 181 mil 271 plazas (1.3 por ciento). Durante el cuarto trimestre de 2009 la tasa de desocupación se ubicó en 5.33 por ciento de la población económicamente activa, superior que la de 4.30 por ciento de un año antes, lo anterior de acuerdo con el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, al cuarto trimestre de 2009.
Los precios internacionales del petróleo y de otras materias primas aumentaron con respecto a los niveles observados en el trimestre anterior. Durante el cuarto trimestre de 2009, los precios promedio de otras materias primas no petroleras se caracterizaron por una tendencia al alza, al compararlos con los precios promedio observados en el tercer trimestre.
En este sentido desde el pasado mes de enero diputados del Grupo Parlamentario del PRD, sensibles a las demandas manifestadas por un importante grupo de empresarios mexicanos afectados por la apertura arancelaria, por no ajustarse a dichas reformas, y al no ser escuchados por las diversas autoridades en la materia, decidieron manifestarse primero a través de los medios de comunicación y luego de no ser atendidas tomaron la decisión de acercarse a este grupo parlamentario. Hasta la fecha, siguen los oídos sordos y las actitudes negligentes por parte de las autoridades de la Secretaría de Economía.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda solicitar la comparecencia de Gerardo Ruiz Mateos, secretario de Economía, así como del director del Banco de Comercio Exterior, para que expliquen ante esta soberanía el estado que guarda la situación de los aranceles en México.
Segundo. Asimismo, se solicita a la Comisión Federal de Competencia un proceda a realizar un informe sobre la situación que priva en las diferentes ramas y sectores de la economía mexicana, así como el impacto de la reducción de aranceles, y que dicho estudio se entreguen por escrito a la Comisión de Economía de esta soberanía.
Tercero. Que se exhorta a que la Secretaría de Economía considere la opinión de los empresario, además que se reúna con el grupo que encabeza la demanda de los diversos solicitantes de los programas sectoriales para que inicien el procedimiento de revisión de dichas demandas.
Palacio Legislativo, a 27 de abril de 2010.
Diputado Ramón Jiménez López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA CFE A CELEBRAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON MEXICALI,
BAJA CALIFORNIA, PARA ESTABLECER UNA RELACIÓN INSTITUCIONAL Y PRODUCTIVA,
Y PROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL A TRAVÉS DE DONATIVOS EN DINERO
Y EN ESPECIE, COMO RESPUESTA A LOS RECURSOS QUE GENERA A LA NACIÓN
LA CENTRAL GEOTERMOELÉCTRICA CERRO PRIETO, A CARGO DEL DIPUTADO
EDUARDO LEDESMA ROMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Eduardo Ledesma Romo, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta proposición con puntos de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La central geotermoeléctrica Cerro Prieto, que se localiza en Mexicali, Baja California, la mayor planta geotérmica en Latinoamérica y la segunda en el mundo, genera aproximadamente 720 megavatios y produce 50 por ciento de la energía que se consume en ese estado. Exporta sus excedentes a Los Ángeles, California.
Esa central utiliza vapor endógeno para su operación, lo que permite grandes ahorros por concepto de gasto de combustible, a través de la generación de fuentes renovables de energía.
La planta geotérmica de Cerro Prieto no sólo contribuye a la generación de cuantiosos recursos económicos a través de la venta de energía eléctrica: también tiene fuertes efectos al ambiente, a la salud humana y a la economía de la región.
Por ello resulta prioritario que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en términos de lo dispuesto en los artículos 7 a 10 y demás aplicables de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, celebre convenios de coordinación y cooperación con Baja California y, en particular, con Mexicali, con el propósito de instaurar acciones que incidan en el desarrollo integral de los sectores económico y social del municipio, para que sus habitantes cuenten con mejores condiciones de vida, bienestar, seguridad y prosperidad, a fin de facilitar a su vez el desarrollo normal de las actividades de generación de energía eléctrica.
Esos convenios tendrían por objeto establecer mecanismos de coordinación y colaboración entre la CFE y el gobierno de Baja California para construir una relación institucional y productiva entre las partes, y coadyuvar al desarrollo integral de las regiones que generan electricidad del estado, principalmente en los municipios con mayor presencia de la industria eléctrica, como Mexicali, para instaurar acciones que abarquen el desarrollo de proyectos de infraestructura, protección ambiental y restauración ecológica, desarrollo social y atención de reclamaciones derivadas por afectaciones de la industria eléctrica.
La importancia de celebrar convenios de coordinación y cooperación en los términos propuestos reflejaría el compromiso de la CFE de realizar sus actividades con alto sentido de responsabilidad respecto al ambiente y respeto de su entorno social. Asimismo, reflejaría un alto compromiso para coadyuvar al desarrollo integral de las entidades federativas con mayor presencia de la industria eléctrica, y a su vez se crearía las condiciones más favorables para el desarrollo de las actividades del sistema eléctrico nacional.
Para dar cumplimiento a los convenios que se celebren entre Baja California y algunos de sus municipios, como Mexicali, será necesario que la CFE destine recursos en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente para consolidar proyectos, programas, obras y acciones de interés del gobierno de Baja California y, en particular, de Mexicali, y que puedan realizarse a través del otorgamiento de donativos en dinero y en especie en términos de los dispuesto en los artículos 1, 3, 4, fracción VIII, 5, fracción II, incisos b), c) y d), 10, 80, 106 y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 183, 184 y 185 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7 a 10 y demás aplicables de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; y 5o., fracción XV, del Estatuto Orgánico de la CFE.
La intención de la celebración de estos convenios es que la CFE y Baja California promuevan el desarrollo económico del estado mediante una alianza estratégica que incluya a los gobiernos de los municipios con mayor presencia de la industria eléctrica, como Mexicali, que requiere apoyo en la actividad agrícola de la región con el propósito de evitar que las tierras cultivables sean afectadas por las emisiones contaminantes del campo geotérmico de Cerro Prieto, o la realización de programas, obras y acciones de beneficio comunicativo, como infraestructura carretera, equipamiento urbano y rural o el impulso de proyectos productivos, programas educativos, de vivienda y de salud.
Las donaciones que a través de la celebración de los convenios correspondientes otorgue la CFE a Baja California y, en particular, a Mexicali mantendrán su naturaleza jurídica de recursos públicos federales para efectos de su fiscalización y transparencia.
Finalmente, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, promuevo la generación de energías limpias, con base en la explotación de recursos renovables como lo es en este caso el vapor endógeno, pero sin descuidar las externalidades de esta actividad.
Por ello es necesario tomar en cuenta que desde hace varias décadas en el valle de Mexicali se ha señalado el daño evidente que se ha generado en la calidad del suelo de la zona aledaña a la planta geotérmica de Cierro Prieto, que comprende miles de hectáreas y comunidades como los ejidos Jalapa, Saltillo, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Delta, Nayarit y Cochimí.
La ausencia de una explotación sustentable de los yacimientos de vapor endógeno, por parte de la planta geotermoeléctrica que opera la CFE, ha ocasionado, de acuerdo con información disponible, hundimientos de tierra de hasta uno y dos metros, el surgimiento de grandes grietas a lo largo y ancho de esa extensa zona agrícola del valle de Mexicali, y la aparición de emanaciones de aguas del subsuelo.
A la luz de los estragos del reciente sismo ocurrido en Mexicali, de manera lamentable pueden comprobarse la veracidad y validez de las denuncias hechas ante las autoridades federales competentes, al empezarse a cuantificar los daños registrados en el municipio y la urgencia de celebrar los convenios de coordinación y cooperación entre la CFE y Mexicali en los términos planteados en la presente proposición.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad a celebrar convenios de coordinación y cooperación con el gobierno de Baja California para promover el desarrollo económico sustentable de la región mediante una alianza estratégica que incluya los gobiernos de los municipios con mayor presencia de la industria eléctrica, como sería el caso de Mexicali.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad a celebrar convenios de coordinación y cooperación con Mexicali para realizar programas, obras y acciones de beneficio comunicativo, como infraestructura carretera o equipamiento urbano y rural, o impulsar proyectos productivos, programas ambientales, educativos, de vivienda y de salud, como región municipal con mayor presencia eléctrica al localizarse en su territorio la central geotermoeléctrica Cerro Prieto, la cual constituye la mayor planta geotérmica en Latinoamérica y la segunda en el mundo.
Tercero. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Energía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a considerar en la elaboración del presupuesto para el ejercicio fiscal de 2011 la asignación de recursos para el otorgamiento de donativos de la Comisión Federal de Electricidad a Mexicali para realizar programas, obras y acciones de beneficio comunicativo, como infraestructura carretera, equipamiento urbano y rural, protección ambiental y restauración ecológica, e impulsar proyectos productivos, y programas ambientales, educativos, de vivienda y de salud.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a veintisiete de abril de dos mil diez.
Diputado Eduardo Ledesma Romo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SEP A INSTRUIR AL DIRECTOR GENERAL DEL INAH
PARA QUE DISPONGA LA REALIZACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN ORIENTADA
A RECUPERAR Y RESTAURAR LOS VESTIGIOS ENCONTRADOS EN EL SITIO ARQUEOLÓGICO
DEL CERRO DE MOCTEZUMA, EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO, SUSCRITA
POR LOS DIPUTADOS JAIME ARTURO VÁZQUEZ AGUILAR Y SERGIO MANCILLA
ZAYAS, DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE NUEVA ALIANZA Y DEL PRI, RESPECTIVAMENTE
Jaime Arturo Vázquez Aguilar, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, y Sergio Mancilla Zayas, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en al artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante esta honorable asamblea las consideraciones y la proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Con fecha 15 de abril de 1938 se publicó en el Diario Oficial, el Decreto emitido por el licenciado Lázaro Cárdenas del Río, entonces presidente de la república, mediante el cual declaró "parque nacional" con la denominación de "Los Remedios", la zona comprendida en parte del territorio del hoy municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, abarcando los linderos que inician en el cerro de Moctezuma, llegan al cerro Chiluca, continúan al cerro de Tenantongo, de ahí a la loma de Tepalcapa, siguen al lugar conocido como Cruz de Vicenteco, hasta el paraje denominado El Repartidor, para finalizar en el cerro de Moctezuma.
Posteriormente, el entonces gobernador constitucional del estado de México, doctor Jorge Jiménez Cantú, expidió el decreto publicado en la Gaceta de Gobierno del 15 de febrero de 1979, por virtud del cual creó el "parque estatal" denominado "Metropolitano de Naucalpan", ubicado en el municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, el cual comprende también el cerro de Moctezuma.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia catalogó en 1992 al cerro de Moctezuma como zona arqueológica, luego del hallazgo de una pirámide, un monolito grabado y una piedra de sacrificios en la cúspide de esta montaña.
Cabe apuntar que desde hace aproximadamente 8 años, vecinos de San Mateo, Naucalpan de Juárez, estado de México, han realizado diversas gestiones ante el INAH, el gobierno estatal y otras instancias, para que se realicen estudios arqueológicos que permitan delimitar la zona que debe ser objeto de protección, en virtud de que se han realizado asentamientos en las faldas del cerro de Moctezuma, y al realizar trabajos de construcción se han localizado vestigios prehispánicos.
Inclusive, en el mes de septiembre de 2008 y a solicitud de un grupo de vecinos organizados de la zona de San Mateo, del municipio de Naucalpan de Juárez, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, procedió a inspeccionar un predio localizado en las faldas del multicitado cerro de Moctezuma, toda vez que al realizarse trabajos de construcción con trascabos, aparentemente se encontraron vestigios arqueológicos tales como vasijas prehispánicas, un molcajete y piedras que formaban parte de un basamento, lo que condujo a que con fecha 11 de septiembre del mismo año, la delegación del INAH en el estado de México, ordenara a los propietarios de 14 lotes ubicados en las faldas del cerro, suspender y no iniciar trabajos de construcción hasta que se hiciera un estudio a profundidad en dicha zona.
Sin embargo, con fecha 12 de septiembre de 2008, el arqueólogo Ernesto Rodríguez Sánchez, director de Salvamento Arqueológico del propio instituto, emitió el oficio 401-43/D-626, a la supuesta propietaria de uno de los predios objeto de la suspensión, por el que informó "la no presencia de petrograbados o edificios prehispánicos en dicha obra" por lo que no existía inconveniente por parte de esa dirección para que continuaran los trabajos de construcción, siempre y cuando se permitiera la supervisión por parte del instituto.
Como se puede apreciar, el INAH en unas cuantas horas determinó la inexistencia de vestigios arqueológicos, lo cual no constituye un estudio profundo de la zona para esclarecer si realmente en los catorce lotes mencionados en la suspensión, tampoco existen tales vestigios, lo cual hace necesario se realice una investigación completa para tener la certidumbre de que en dichos predios no existen otros vestigios, ya que de lo que se trata es rescatar y preservar el patrimonio cultural prehispánico, que sin duda amplía los conocimientos que se tienen de los habitantes que ocupaban estas tierras y de la historia de nuestros antepasados.
Tomando en consideración que esta problemática tiene varios años sin resolverse, con el consecuente riesgo de que se pierdan vestigios arqueológicos, es necesario que esta Soberanía exhorte a la autoridad competente a revisar el caso para resolverlo con apego a la ley y de esta forma evitar conflictos de intereses entre particulares, el Estado, ciudadanos y asociaciones defensoras del patrimonio cultural del país.
Considerando como fuente el Oficio NUM. 401-43/D-750 emitido por la Subdirección de Protección de Salvamento Arqueológico signado el 20 de diciembre de 2007, en el que se ratifica el dictamen definitivo del 28 de septiembre de 2001. En el folio uno del referido dictamen, en su número 5, expresa: "se determinó que en el área señalada como "zona arqueológica" (del cerro de Moctezuma) queda totalmente prohibida la realización de obra alguna, abarcando la modificación de uso de suelo e inclusive el sembrado de algún tipo de vegetación (Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos). El número 7 del dictamen en mención cita: "en cuanto a la poligonal envolvente, se definió con el objetivo de preservar el entorno de la "zona arqueológica" y para desalentar la construcción en dicha zona circundante al área con vestigios inmuebles. En ella, lo que se determinó es la necesidad de la incorporación de usos de suelo que no sean agresivos y los que, a largo plazo, generarían riesgos de afectación al sitio arqueológico". En el punto 8 del folio 2 se dictamina: "las poligonales envolventes tienen la finalidad de proteger el entorno natural, y permitir la eventual modificación al ampliar el área de zona arqueológica, en función de futuros estudios arqueológicos. Por último el punto 10 subraya: "en el resto de la poligonal envolvente se deberá no autorizar obra alguna para evitar que se restrinja o ponga en riesgo la "zona arqueológica" incorporando dicha determinación al Plan parcial de desarrollo municipal".
Recientemente en el oficio número 401-1-686 de la Dirección General del INAH, signado el 13 de octubre de 2009, el director Alfonso de María y Campos redacta: "en todo momento, se ha afirmado que la poligonal protegida por el INAH corresponde a los monumentos arqueológicos; asimismo, se han explicado detalladamente las características de las otras poligonales, siendo la de mayor importancia –para ustedes (sociedad civil organizada)– la poligonal envolvente, en donde se están realizando trabajos de construcción. En este renglón es preciso insistir en que la poligonal envolvente fue realizada, precisamente, con la finalidad de desalentar las tareas de construcción". Por lo que se pide se esclarezca con qué fines y bajo qué argumentos jurídicos procede dicha invasión a la "zona arqueológica".
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al secretario de Educación Pública del Poder Ejecutivo federal a fin de que instruya al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que disponga la realización de una investigación con la finalidad de recuperar y restaurar los vestigios encontrados en el sitio arqueológico del cerro de Moctezuma, ubicado en Naucalpan de Juárez, estado de México, que está registrado por la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos del INAH, con el número de clave E14A3915002 y número de identificación 12725 de fecha 27 de septiembre de 1988. Se pide esclarecer las irregularidades de construcción de casas habitación que invaden la "zona arqueológica" que protege el registro referido, para hacer valer el Estado de derecho y la aplicación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Es importante precisar que no es condicionante la presencia de vestigios o restos arqueológicos de cualquier tipología para que se cumpla cabalmente la ley y así preservar en su totalidad el territorio que comprende la "zona arqueológica", en tanto poligonal envolvente, tal y como lo establece el plano inscrito en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2010.
Diputados: Jaime Arturo Vázquez Aguilar
(rúbrica), Sergio Mancilla Zayas.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE AL CUMPLIRSE
100 AÑOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO,
SUSCRITA POR INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE CULTURA
Los suscritos, con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Universidad Nacional Autónoma de México es una de las instituciones representativas de la nación mexicana; es el proyecto educativo, científico, cultural y social más importante de México y con un gran significado para América Latina y el Mundo Iberoamericano en su conjunto.
El papel educativo, la autonomía, la libertad de cátedra, el carácter laico de la enseñanza y la participación estudiantil, son valores que desde sus orígenes la Universidad ha mantenido, y que han sido sus pilares más fuertes en los momentos más complejos de su historia.
La Universidad Nacional ha contribuido al desarrollo del conocimiento, la ciencia, la tecnología ya la formación de los profesionistas del país, así como los impactos del quehacer universitario en el desarrollo cultural, socioeconómico, político y tecnológico de México y otros países.
Don Justo Sierra, siendo titular de la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública y Bellas Artes, fue el artífice de la reorganización de la Universidad, cuyos antecedentes nos remontan al Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, fundado en 1536 por Fray Juan de Zumárraga. En abril de 1910, quedó consolidado el proyecto de la Universidad Nacional, institución que estaría constituida por las Escuelas Nacional Preparatoria, de Jurisprudencia, de Medicina, de Ingenieros, de Bellas Artes –en lo concerniente a la enseñanza de la arquitectura– y de Altos Estudios.
Finalmente, el 22 de septiembre de 1910, en "solemne ceremonia", presidida por el presidente de la república, el General Porfirio Díaz, se inauguró la Universidad Nacional de México. Donde este acto fue el colofón a las fiestas del centenario de la Independencia de México.
Ahora se cumplen 100 años de la instauración de la Universidad Nacional de México, contamos con una Institución sólida, que obtuvo su autonomía, promovida por el maestro Antonio Caso y Manuel Gómez Morín cuando siendo rector, convocó a los estudiantes y profesores a establecer como su lema "Austeridad y Trabajo", y con esa idea fundamental solicita a los profesores un sacrificio verdaderamente impresionante: que renunciaran a sus emolumentos, y así sucedió. Don Manuel hizo un esfuerzo enorme, fue el héroe de la Libertad de cátedra, no sin reconocer el liderazgo espiritual de don Antonio Caso y de los grandes maestros de aquel entonces.
La UNAM como la recordamos con cariño todos es una Institución Pública en la que se imparten 68 carreras en 111 planes de estudio y 171 posgrados en las áreas de ciencias agropecuarias, ciencias de la salud, ciencias naturales y exactas, ciencias sociales y administrativas, educación, humanidades y artes, ingeniería y tecnología. Es indudable y hay que resaltar el aporte que ha dado a la sociedad mexicana, poniendo en alto el nombre de México.
En 2005 la Universidad se colocó entre las 100 mejores instituciones de enseñanza superior en el mundo, obteniendo el lugar 20 en el campo de las artes y las humanidades, y el 93 en el de las ciencias, de acuerdo con el rotativo inglés The Times.
En el año 2007, la UNAM se colocó como la mejor institución de habla hispana en el mundo de acuerdo con el ranking mundial de universidades. También en 2007, TV UNAM fue galardonado, como el mejor canal cultural de Iberoamérica por la Universidad Carlos III, de Madrid.
En junio del 2007, el campus central de Ciudad Universitaria de la UNAM se incorporó como Patrimonio Mundial dentro del Catálogo de la UNESCO, ese organismo afirma que "este sitio se ha inscrito porque constituye un conjunto monumental, ejemplar del modernismo del siglo XX. El campus, se integra por obras destacadas de urbanismo, arquitectura, ingeniería, paisajismo y bellas artes, es uno de los más importantes íconos arquitectónicos y urbanísticos del modernismo de toda América Latina.". En 2009 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.
La Universidad Nacional Autónoma de México, merece entre otros homenajes, uno de parte de este órgano legislativo; muchos de los que han estado y están hoy aquí presentes como integrantes de esta Cámara de Diputados, los egresados de esas aulas. La Universidad aporta miles de profesionistas que contribuyen día a día con sus conocimientos y desempeño al desarrollo de este país.
En octubre de 2003 se inscribió con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados el nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México. A 100 años de su fundación, se solicita a esta misma Cámara tome en consideración el siguiente.
Punto de Acuerdo
Único: Se solicita, respetuosamente, a la Mesa Directiva de esta soberanía que se lleve a cabo una sesión solemne por el cumplimiento de los 100 años de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 27 de abril de 2010.
Diputados: Kenia López
Rabadán, Armando Jesús Báez Pinal, Laura Margarita
Suárez González, Germán Osvaldo Cortés Sandoval,
Ana Luz Lobato Ramírez, Víctor Alejandro Balderas Vaquera,
Herón Agustín Escobar García, José Luis Íñiguez
Gómez
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEMARNAT A REALIZAR LAS INVESTIGACIONES Y GESTIONES NECESARIAS
A FIN DE PRESENTAR AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL LA PROPUESTA PARA QUE
SE DECLARE ÁREA NATURAL PROTEGIDA LA ZONA DE OMILTEMI, GUERRERO,
A CARGO DEL DIPUTADO MARIO MORENO ARCOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Mario Moreno Arcos, diputado federal de Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el ejercicio de sus derechos, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar en el ejercicio de sus facultades legales las investigaciones y gestiones necesarias a fin de presentar al titular del Poder Ejecutivo la propuesta para que se declare área natural protegida la zona de Omiltemi, Guerrero, mejor conocida como parque ecológico estatal, al tenor de los siguientes
Considerandos
En sesión de la plenaria celebrada el 6 de abril de 2004, estando en funciones la LIX Legislatura de la Cámara de Diputado, de la cual fui integrante, presenté la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Semarnat que declarara área natural protegida el parque ecológico estatal de Omiltemi, Guerrero, proposición que se turnó para su análisis y emisión de dictamen correspondiente a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicándose en la Gaceta Parlamentaria número 1471-I del martes 6 de abril de 2004, bajo el número de registro 567.
Este llamado hecho, hace ya seis años, no tuvo eco en aquel entonces, por ello y con la esperanza de que la federación, ahora que ha vuelto su mirada a la sierra de Guerrero, en especial a ese rinconcito donde fue hallado el único ejemplar vivo de jaguar, especie que ya se creía extinguida, razón por la cual ha sido una gran alegría e ilusión, hemos recuperado la esperanza para rescatar, no sólo al jaguar, sino a una gran diversidad de especies que en ese lugar existen, espacio que no es otro más que aquel del cual también forma parte Omiltemi.
El parque ecológico estatal Omiltemi se localiza en la parte central de Guerrero, aproximadamente a 15 kilómetros de Chilpancingo, capital del estado, y es uno de los lugares con mayor riqueza ambiental en el país; de hecho, es considerado uno de los siete centros mundiales de diversidad y endemismo de flora existente en México.
La zona de Omiltemi cuenta con un extenso bosque de aproximadamente 3 mil 971 hectáreas, este un sector de parteaguas de la Sierra Madre del Sur, región que por sus características geográficas es muy aislada, de alto endemismo y riqueza en todos los grupos y presencia de especies de distribución restringida. La zona se desarrolla a lo largo de casi 900 kilómetros en paralelo a la costa del Pacífico, posee una altitud promedio de 2 mil metros sobre el nivel del mar, contando con algunas elevaciones que sobrepasan los 3 mil metros sobre el nivel del mar.
Posee gran potencial hídrico, su zona de captación acuífera provee de agua potable a Chilpancingo desde hace ya varias décadas, dado que en esta zona existen gran cantidad de cuerpos de aguas temporales y permanentes. Anteriormente, el río Omiltemi era de cause permanente, pero ahora los demás ríos están entubados, por lo que este río sólo transporta agua durante los meses de mayor precipitación.
En esta región se concentra un bosque de coníferas, pino y encino, y un bosque mesófilo de montaña. Éste es uno de sus principales atractivos y también la causa de que se lleve a cabo la tala de estos bosques.
Su diversidad ambiental es sobresaliente, ya que existen 205 especies de hongos macroscópicos, de los cuales el 73.2 por ciento son registros nuevos para el estado y el 7.3 por ciento para el país, cuenta con 595 tipos de plantas vasculares pertenecientes a 112 familias y 330 géneros, se estima que es un 2.5 por ciento de la flora nacional. Tiene además 103 especies de orquídeas que representan el 30 por ciento de las registradas en el estado.
Existen unas 161 especies de mariposas, insectos ectoparásitos de mamíferos como pulgas y piojos, 39 especies de anfibios y reptiles, 130 especies de aves y 54 especies de mamíferos.
No sólo por su amplia capacidad para abastecer de agua potable, sino por su diversidad en flora y fauna, en donde sobresalen distintas variedades de árboles, la zona de Omiltemi debe ser considera por el gobierno federal como un área natural protegida.
En 1972, el gobierno de Chiapas decretó la primera área natural protegida estatal, desde entonces los gobiernos de diferentes entidades federativas, entre ellos el gobierno de Guerrero, han desplegado múltiples esfuerzos para contribuir a la protección, conservación y manejo sustentable de sus recursos naturales. Así, hace un par de años el gobierno del estado declaró el parque Omiltemi como reserva natural estatal. Sin embargo, así como muchas de las áreas naturales protegidas estatales, el gobierno federal las ha convertido en reservas naturales protegidas, solicitamos que este parque también lo sea, consiguiendo con ello un incremento considerable de recursos y de atención que permitan dar mayor énfasis a su conservación.
El gobierno del estado, así como distintas organizaciones no gubernamentales y la propia Universidad Autónoma de Guerrero, se han manifestado porque la zona sea declarada como natural protegida, ya que está siendo destruida de una manera alarmante.
De no declararse área natural protegida por parte de las autoridades federales se corre el riesgo de que al paso de unos pocos años, se vea amenazada la riqueza ambiental de que goza la región. La petición que hago a esta soberanía se funda en la Ley General del Equilibrio y Protección al Ambiente que en el artículo 44 establece que las áreas naturales protegidas son aquellas donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que requieren ser preservadas o restauradas. De igual forma por el artículo 45, y 46 de la mencionada ley, en donde se establece que se pueden considerar dentro de esta categoría los parques y reservas estatales. Resalta también el artículo 48, que menciona que se constituirán en áreas biográficas relevantes a nivel nacional, representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del ser humano o que requieran ser preservados. El artículo 53 señala que las áreas de protección de recursos naturales, son las destinadas a la preservación y protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en general los recursos naturales localizados en terrenos forestales de aptitud preferentemente forestal.
Existen elementos jurídicos y de tipo ambiental suficientes para que la zona de Omiltemi sea declarada área natural protegida, entre ellos que la degradación de nuestros bosques y zonas agropecuarias ha generado más pobreza entre los habitantes de las comunidades rurales de Guerrero, obligándolos a emigrar a las zonas urbanas.
No obstante, existe otro aspecto de grandes repercusiones no solo ecológicas, ambientales, económicas, sociales y demográficas, y que, sin embargo, está concatenado: me refiero al impacto en materia de seguridad pública que pone en relieve que la siembra, cosecha y tráfico de enervantes (narcocultivo) en regiones serranas de éstas características geográficas y topográficas, tiene consecuencias no solo ambientales, sino que explica en un momento dado la permanencia y posterior inmigración de nuestra población local.
Aunado a lo anterior, debemos destacar la violencia que se genera en torno a estas actividades, tanto la que proviene de las instituciones oficiales que lo combaten, como la de los grupos que se dedican justamente al tráfico. El parque ecológico de Omiltemi, es un hecho, no se escapa a este fenómeno y sus consecuencias son más evidentes cada día.
Ahora bien, es importante destacar que si bien es cierto que el mundo entero sufre ahora los embates de una naturaleza en constante cambio, cuyas alteraciones climáticas y cambios globales de la atmósfera agravan el esquema ambiental, es un hecho que las actividades humanas como la agricultura, los fuegos provocados, la tala inmoderada y en general el crecimiento demográfico desmedido, contribuyen de manera determinante al deterioro de este entorno ambiental.
Por lo menos, treinta por ciento de la población se concentra en seis ciudades: Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco, Tlapa y Zihuatanejo. Este crecimiento urbano ha provocado el avance de la mancha de concreto sobre muchos de nuestros mejores paisajes y tierras productivas, la alteración del microclima local, la contaminación del agua, del suelo y el aire, así como la aparición de dificultades crecientes en la dotación de servicios básicos para la población, como lo es el manejo de los desechos sólidos y la falta de áreas verdes para la recreación. En especial, la pérdida de la cubierta vegetal en las cuencas donde se sitúan muchas de estas ciudades ha provocado la disminución de la infiltración del agua de lluvia a sus mantos freáticos, lo que provocará tarde o temprano, al no existir la recarga suficiente de éstos, escasez en el abastecimiento de agua potable.
Recapitulando: Guerrero, al igual que otras regiones del país, tiene actualmente un importante número de ecosistemas con severas afectaciones; el bosque mesófilo de montaña, es decir, al que corresponde justamente el parque ecológico de Omiltemi, se encuentra bajo este riesgo de no tomar prontamente las medidas adecuadas para conservar, proteger y recuperar sus recursos naturales.
Por todo lo anterior, propongo ante esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a efecto de que, en el ejercicio de sus facultades legales, realice las investigaciones y gestiones necesarias a fin de presentar al titular del Poder Ejecutivo la propuesta para que se declare área natural protegida la zona de Omiltemi, Guerrero, mejor conocida como parque ecológico estatal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2010.
Diputado Mario Moreno Arcos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE PROPONE LA CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO ESPECIALIZADO QUE
ANALICE Y EMITA PROPUESTAS QUE PERMITAN DESARROLLAR ALIMENTOS CON ALTO
CONTENIDO NUTRICIONAL Y BAJO EN GRASAS QUE SUSTITUYAN LOS QUE SE EXPENDEN
ACTUALMENTE EN COOPERATIVAS DE PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA,
A CARGO DE LA DIPUTADA CLARA GÓMEZ CARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
La suscrita, diputada federal Clara Gómez Caro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
El problema de la obesidad en México está llegando a niveles que nos obligan a legislar en pro de una educación alimentaria y una adecuada política de salud, ya que en un futuro, si no corregimos el rumbo en esta materia, el gasto del Estado por este concepto ascenderá a 100 mil millones de pesos para la atención de enfermedades relacionadas con el sobrepeso.
Es necesario señalar que retirar la venta de productos denominados "chatarra" de los planteles educativos, así como acotar la publicidad televisiva son medidas que pueden contribuir de manera positiva, pero por si solas no resolverían el problema de fondo.
Estudios recientes demuestran que la incidencia y prevalencia de la obesidad en México han aumentado de manera alarmante en los últimos 20 años hasta alcanzar cifras de 10 a 20 por ciento en la infancia, 30 a 40 por ciento en la adolescencia y hasta 60 a 70 por ciento en los adultos.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud 2006 se encontró que el incremento más alarmante fue en la obesidad de los niños (77 por ciento); los resultados señalan la urgencia de aplicar medidas preventivas para controlar la obesidad en los escolares.
La obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial que se puede prevenir, es un proceso que suele iniciarse en la infancia y la adolescencia, que se establece por un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético.
La obesidad infantil es un problema de salud pública en México, ya que en un gran porcentaje el niño obeso será un adulto obeso, con todas las secuelas que esto conlleva.
Los factores que contribuyen a esta situación son múltiples, sin embargo está documentado que 95 por ciento de los casos se deben al consumo de alimentos ricos en carbohidratos refinados y la disminución de actividad física.
Por otra parte, el fácil acceso y los malos hábitos alimenticios de la población lleva a muchas familias a sustituir alimentos sanos por frituras y refrescos sin importar el grave perjuicio para la salud, ya que es mas fácil adquirir estos productos que comprar frutas, verduras o lácteos. Se estima que entre 7 y 10 por ciento del presupuesto familiar anual se destina a los alimentos denominados "chatarra".
Es por lo anterior que considero de suma importancia que se inicie la discusión de este tema prioritario, en la búsqueda de soluciones que permitan combatir de manera adecuada un problema de salud en México y que tanto daño está causando a la población, con la finalidad de lograr, en el corto plazo, la sustitución de alimentos de bajo contenido nutricional y altos en grasas por otros que contengan los nutrientes necesarios logrando con ello incorporar un dieta balanceada en los planteles educativos.
Por ello, es importante impulsar un grupo de trabajo multidisciplinario integrado por gobierno, académicos, investigadores y empresarios, que nos permitirá erradicar este mal desde diferentes frentes, ya que abre la oportunidad de vinculación de los sectores, lo que contribuye a fomentar el desarrollo científico y tecnológico del país apoyado en la investigación que ayude a satisfacer una necesidad de salud pública.
Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. se propone la creación de un grupo de trabajo especializado, en el que participen legisladores, gobierno, empresarios, universidades, institutos de investigación y demás sectores involucrados, que se encargue de analizar y emitir propuestas que permitan desarrollar alimentos con alto contenido nutricional y bajos en grasas, que sustituyan a los que actualmente se expenden en cooperativas de planteles de educación básica.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2010.
Diputada Clara Gómez Caro (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEP Y A LA CONADE A CONSIDERAR PROYECTO PRIORITARIO PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
Y EL ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO EN EL SURESTE DEL PAÍS LA CONSTRUCCIÓN
DE UNA PISTA DE TARTÁN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO MÉRIDA,
A CARGO DEL DIPUTADO ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
De conformidad con los artículos 58, fracción 1, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes
Consideraciones
En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, se ha reconocido como tema de la más alta prioridad, el papel estratégico de a Educación Superior Tecnológica en la generación del conocimiento científico tecnológico y su impacto en el desarrollo humano sustentable del país.
Teniendo como referencia los documentos anteriores y con el compromiso de cumplir con los objetivos estratégicos planteados para la Educación Superior Tecnológica que contempla la educación integral así como la formación de valores y actitudes a los alumnos se incluyeron metas ambiciosas que mantienen, como estrategias de cumplimiento, el fomento y promoción de actividades deportivas y culturales.
El objetivo estratégico cuatro que se incluye en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2007-2012 dice textual; "Ofrecer una Educación Integral que equilibre la formación en valores ciudadanos el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos a través de actividades regulares en el aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para favorecer la convivencia democrática e intercultural.
El mencionado objetivo incluye metas en la que contempla un aumento en la participación en actividades deportivas y culturales superior al 20 por ciento.
El Instituto Tecnológico de Mérida, es una institución pública de educación superior y de posgrado con una población de aproximadamente 6 mil alumnos, responsable de la formación integral de profesionales en las áreas de ingeniería y administración a través de la calidad en la docencia, investigación y vinculación, para el servicio y desarrollo de la sociedad. Esta institución fue fundada en el año de 1961 por lo que próximamente empezará las festividades de su Quincuagésimo Aniversario.
Tomando en cuenta la participación de alumnos en actividades de atletismo y considerando los servicios que el tecnológico ha ofrecido por décadas a la sociedad en general y los servicios a la comunidad estudiantil de otros niveles educativos consideramos perentorio realizar proyectos de aumento y mejoramiento de espacios deportivos.
Cabe señalar que en el ámbito deportivo, el Instituto ha sido semillero de grandes deportistas que han puesto en alto el nombre de la Institución y de Yucatán.
La Institución mantiene una estrecha relación con el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY), la cual se manifiesta en la utilización de nuestras instalaciones deportivas en los eventos realizados por dicho Instituto dependiente del gobierno del estado.
La búsqueda de la excelencia en la formación integral de sus educandos hace indispensable que el Instituto Tecnológico de Mérida cuente con instituciones deportivas de primer nivel, que permitan mejorar la promoción de las actividades deportivas entre los alumnos de esta Institución y los alumnos de las escuelas cercanas a este Instituto y en general para los deportistas de la ciudad e inclusive del estado que así lo solicitaran institucionalmente.
Por lo anterior se hace necesaria la construcción una pista de tartán que fomente acciones positivas en los jóvenes del Sureste, impulsando su calidad deportiva y los dirija hacia actividades que los desvinculen de la delincuencia y de malos hábitos, generando así pues un semillero que ofrezca resultados exitosos en el plano deportivo.
También, se pretende elevar del nivel competitivo del país, y esto sólo se puede lograr si se les incentiva con las herramientas adecuadas para su desempeño.
Por lo expuesto, se pone a su consideración.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a que se considere como un proyecto prioritario para el desarrollo integral de la Educación Superior Tecnológica y el alto rendimiento deportivo en el sureste del país, la construcción de una pista de tartán en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Mérida.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2010.
Diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CONSIDERAR MEDIANTE LA SHCP UN PLAN PARA
QUE EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2011 SE ESTABLEZCA UN PROCESO DE SUSTITUCIÓN
DE VEHÍCULOS CONVENCIONALES POR HÍBRIDOS QUE CONTRIBUYAN
A DISMINUIR GASES CONTAMINANTES, REDUCIR EL CONSUMO DE GASOLINA E IMPULSAR
EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE HUMBERTO
LÓPEZ PORTILLO BASAVE, DEL PRI, Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DE DIVERSOS
GRUPOS PARLAMENTARIOS
Los que suscriben integrantes de la Legislatura LXI, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo federal para que –a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público– se evalúe y establezca un proyecto o programa para que en la Administración Pública Federal se implemente en el ejercicio fiscal 2011 un proceso de sustitución de vehículos convencionales por vehículos híbridos que contribuyan a la disminución de gases contaminantes, disminuyan el consumo de gasolina e impulse el uso de nuevas tecnologías, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El mundo moderno demanda el cambio de paradigmas en el uso y producción masivo de bienes y servicios destinados para la población, en donde las políticas de Estado marquen la pauta en la adopción de medidas que optimicen el uso de la nueva tecnología y el cuidado y protección del medio ambiente.
Desde el siglo XVIII aparecieron los primeros vehículos de vapor, posteriormente surgieron en el siglo XIX los autos de combustión interna, en particular al finalizar el siglo apareció el motor de gasolina, a inicios del siglo XX después de la experimentación de diversas tecnologías se detona la fabricación comercial de automóviles, nacen las más famosas marcas, y los descubrimientos de yacimientos petroleros, con el precio bajo de este combustible desplazan el uso de la energía de vapor y eléctrica, desarrollando progresivamente la acelerada producción de autos. Para los 1930 la tecnología facilita la fabricación de autos de bajo costo, así como a mitad del siglo XX el avance destaca la carrera de la ingeniería automotriz con nuevas innovaciones, dirigida al desarrollo de potentes motores, así como en los años 60 se introduce el uso de materiales plásticos y el inicio en la década de los 70 de sistemas eléctricos y por computadora, en los 80 el concepto son las plataformas estándar, mientras que para los 90 se inicio del siglo XXI aparece el desarrollo de combustibles alternativos como el etanol, la energía eléctrica y uso de materiales innovadores como el aluminio, y el inicio de autos híbridos (gasolina/electricidad).
De tal forma que en la actualidad la definición de un vehículo híbrido significa la propulsión que combina un motor movido por energía eléctrica proveniente de baterías y un motor de combustión interna o vehículos de combustible alternativo (eléctricos, solares, etanol, gas natural e hidrógeno) en la inteligencia que permiten aprovechar un 30 por ciento la energía que generan, lo que hace que los vehículos híbridos alcancen un mejor rendimiento que los vehículos convencionales, particularmente en las ciudades. Los vehículos eléctricos utilizan baterías cargadas por una fuente externa, lo que les proporciona problemas de autonomía de funcionamiento sin recargarlas, limitación que no existe en los vehículos híbridos.
A nivel mundial en 2009 ya circulaban más de 2,5 millones de vehículos híbridos eléctricos livianos, liderados por Estados Unidos con 1,6 millones, seguido por Japón (más de 640 mil) y Europa (más de 235 mil).
En España a través de incentivos destinados al Plan Integral de Automoción compuesto por el Plan de Competitividad, dotado con 800 millones de euros, el Plan Vive II y la apuesta por el vehículo híbrido eléctrico, tiene el objetivo de que en 2014 circulen por las carretas españolas un millón de coches eléctricos. Para ello, proponen poner en marcha un programa piloto denominado Proyecto Movele, consistente en la introducción en 2009 y 2010, y dentro de entornos urbanos, de 2.000 vehículos eléctricos que sustituyan a coches de gasolina y gasóleo.
Asimismo, el Proyecto Electrobúsfinancia la adquisición de autobuses híbridos eléctricos.Existe un modelo híbrido enchufable fabricado en España denominado Castrosua Tempus, financiado por dicho proyecto.
El aumento de consumo de los combustibles por la industria, por las grandes concentraciones humanas en las áreas urbanas y por la aparición del motor de explosión, ha empeorado el problema año tras año, debemos tener en cuanta que la principal causa de contaminación atmosférica es la producida por los motores de gasolina.
De manera específica los contaminantes en el ambiente de óxido de azufre, monóxido de carbono, hidrocarburos, óxidos de nitrógenos, tienen como fuente principal los automóviles convencionales.
Al mismo tiempo, tenemos que particularmente nuestras zonas metropolitanas han experimentado un intenso proceso de crecimiento económico y poblacional con sus consecuentes impactos ambientales adversos. La dinámica industrial, el crecimiento demográfico, y la sobreexplotación de los recursos naturales, y en consecuencia los efectos contaminantes, son tan sólo algunos de los elementos que han inducido un proceso de deterioro del medio ambiente, cuya solución requiere de extraordinarios esfuerzos colectivos.
En México, se requiere plantear opciones de desarrollo que sean compatibles con la preservación del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales.
Se requieren políticas ambientales y acciones de gobierno que tomen la iniciativa en la implementación de medidas que de manera directa contribuyan al uso de la nueva tecnología y disminuyan los efectos contaminantes, poniendo en el centro la preservación del ser humano, su calidad de vida y desarrollo personal y colectivo, así como el cuidado de las especies de flora y fauna propias de nuestro país.
Se requieren acciones innovadoras y ejemplares de los tres niveles de gobierno, que bien pueden ser lideradas, en este caso, por el Gobierno Federal, orientando el uso de los recursos públicos a causas del bien común, rompiendo los modelos tradicionales e inerciales en el gasto de la administración pública.
Es por ello que se propone el presente
Punto de Acuerdo
Único. Por el que exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se evalúe y establezca un proyecto o programa para que en la administración pública federal se implante en el ejercicio fiscal de 2011 un proceso de sustitución de vehículos convencionales por vehículos híbridos que contribuyan a la disminución de gases contaminantes, disminuyan el consumo de gasolina e impulse el uso de nuevas tecnologías.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 27 días del mes de abril de 2010.
Diputado Jorge Humberto López Portillo Basave (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SAGARPA, DE LA CONAGUA, DE LA SEMARNAT
Y DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL A ATENDER LAS RESOLUCIONES
EMITIDAS POR ESTA SOBERANÍA Y A SOLUCIONAR DE INMEDIATO EL PROBLEMA
DE AZOLVAMIENTO DE LA BOCA BARRA DE CERRO HERMOSO, A CARGO DEL DIPUTADO
JOSÉ ANTONIO YGLESIAS ARREOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado José Antonio Yglesias Arreola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Brevemente expongo algunos datos sobre la importancia del sistema lagunar de Cerro Hermoso-La Pastoría, y de la población de manglares del parque nacional Chacahua, dado que dos homólogos han presentado anteriormente puntos de acuerdo donde se exponen bastas explicaciones sobre la relevancia nacional de éstos ecosistemas.
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) ha publicado múltiples investigaciones científicas sobre los sitios de humedales con relevancia biológica y con necesidades de rehabilitación ecológica, dentro de los cuales se encuentra el sistema lagunar Chacahua-Pastoría. La descripción técnica demuestra que cumple la función de corredor biológico. Es decir, funciona como un corredor entre los sistemas lagunares de Manialtepec-Lagartero-Chacahua-Corralero, representa un corredor para aves acuáticas migratorias además de que el río Verde permite una conexión hidrológica con los humedales de esta región.
Es un ecosistema irremplazable y único que alberga una inconmensurable biodiversidad, por lo que se le considera una de las cinco unidades ecológicas más productivas del mundo, desempeñando tareas importantes que permiten un equilibrio natural: control de inundaciones; estabilización de la línea costera mediante el control de la erosión; retención de sedimentos y sustancias tóxicas, purificando el agua que llega al mar; desalinización del agua que ingresa a tierra firme; fuente de materia orgánica, producción de hojarasca y exportación de biomasa; protección contra tormentas, como cortina rompevientos y estabilización de microclimas.
Por otra parte, las actividades socioeconómicas que se realizan en la región permiten la subsistencia de las localidades del Zapotalito, Chacahua, La Pastoría, El Corral, Los Azufres, La Tuza, pertenecientes a los municipios de Santiago Jamiltepec y Villa de Tututepec de Melchor Ocampo. Dentro de las actividades que se realizan encontramos las siguientes: pesca comercial intensiva y semiintensiva, pesca artesanal y en cooperativas, pesca de consumo domestico, acuicultura de cocodrilo y ostión, agricultura de subsistencia (maíz y frijol), ganadería, aprovechamiento forestal, turismo y explotación de recursos minerales.
Desde hace aproximadamente seis años se iniciaron obras para el dragado y ubicación de escolleras. Bajo el argumento de eficientar el flujo hidráulico se construyó un espigón que permitiera a la laguna tener una adecuada concentración de sales y oxígeno. Más allá de obtener los beneficios esperados, la obra presentó el inicio de un fenómeno que representa la antesala de una catástrofe ecológica irreversible, pues ha sido causa del azolvamiento de la Boca Barra, con lo cual se impide el flujo de agua entre el mar y la laguna. Dado que este tipo de ecosistemas son extremadamente frágiles, al cambiar las características físico-químicas del agua, las condiciones para el sostenimiento de la biodiversidad cambian drásticamente, al grado que se ha presentando la muerte masiva de peces que impacta en otros microecosistemas, además de atentar contra el insumo que permite la realización de las actividades socioeconómicas de subsistencia de los lugareños.
Se han realizado múltiples reuniones de trabajo con dependencias federales: Sagarpa, Conagua, Semarnat, Profepa, sin resultado alguno.
Dada la magnitud del problema, el 27 de mayo de 2009, la Tercera Comisión de la Permanente de la honorable Cámara de Diputados emitió un resolutivo, quedando de la siguiente manera:
El artículo 5o., fracción III, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente establece que es facultad de la federación
Los argumentos expuestos sustentan la exigencia del desazolve de la Boca Barra de Cerro Hermoso. Dado que hoy día no se han tomado las acciones necesarias, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición de urgente resolución:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los titulares de las dependencias federales Sagarpa, Conagua, Semarnat y Sistema Nacional de Protección Civil a atender las resoluciones emitidas por esta soberanía y de manera inmediata den solución al problema de azolvamiento de la Boca Barra de Cerro Hermoso.
Nota
* http://www.senado.gob.mx/gace61.php?ver=gaceta&sm=1001&id=13718&lg=60
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 27 de abril de 2010.
Diputado José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE SALUD PARA QUE INFORME SOBRE
EL AVANCE EN LA OBRA Y EL USO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A INDRE Y BIRMEX
EN 2009 Y LO QUE VA DE 2010, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MALCO RAMÍREZ
MARTÍNEZ Y MARCO ANTONIO GARCÍA AYALA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
Los que suscriben, diputados federales Marco Antonio García Ayala y Malco Ramírez Martínez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para llamar a comparecer al secretario de Salud para que informe a esta soberanía sobre el avance en la obra y el uso del presupuesto asignado a Indre y Birmex en el ejercicio presupuestal de 2009 y lo que va de 2010 según las siguientes
Consideraciones
La crisis económica que sufrimos el año pasado por la epidemia de influenza nos dejó fuertes lecciones. Considero que una de ellas y la más importante es que como nación no podemos depender del extranjero para contar con investigaciones de vanguardia y generar vacunas, no digo solamente de influenza, sino de cualquier otra enfermedad viral.
México necesita invertir en infraestructura e investigación científica, porque en el país viven más de ciento diez millones de personas y el Estado debe garantizar la seguridad y atención, pero sobre todo la prevención de cualquier epidemia.
Es increíble que a pesar de que en 1999 la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó con insistencia a las naciones a prepararse para una epidemia, emitiendo como una de sus principales recomendaciones crear laboratorios para desarrollar tratamientos de inmunización, con el objetivo vital de garantizar la disponibilidad de vacunas, en México no se haya hecho nada, sino hasta hace apenas unos meses y eso en razón de que ya habíamos vivido la epidemia más grande de las últimas décadas.
Como ya se ha mencionado con anterioridad en esta tribuna, según la Secretaría de Salud la influenza dejó a febrero de este año un total de setenta mil ochocientos sesenta y seis casos confirmados y mil setenta y seis defunciones.
Sin embargo, los daños económicos fueron también catastróficos, por ejemplo:
• De acuerdo a la Cámara Nacional de Aerotransportes, la aviación tuvo una caída de 20-25 por ciento en el número de pasajeros.
• El secretario de Turismo federal informó que en Cancún se tuvo una cancelación de 70 por ciento en las reservaciones para la semana que finalizó el 10 de mayo de 2009, por lo que la ocupación fue de 44.8 por ciento, así como la suspensión del arribo de cruceros en Cozumel.
• El secretario de Hacienda, en declaraciones a diferentes medios, estimó entre 0.3 y 0.5 por ciento del producto interno bruto fue el impacto sobre la economía mexicana que provocó la influenza. Es decir, si el producto interno de México en 2008 fue de 12 billones 110 mil 555 millones de pesos. Considerando el -0.5 por ciento que dijo el secretario Agustín Carstens, equivaldría a 60 mil 553 millones de pesos o el -0.3 por ciento a 36 mil 330 millones.
El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) elaboró un proyecto en 2009 el cual le permitiría contar con más de 65 laboratorios, brindar servicios de diagnóstico, referencia e investigación para el procesamiento de muestras para diagnósticos oportunos y generar información para la vigilancia epidemiológica.
El monto total de la inversión para el Indre fue de 542.7 millones de pesos, adicional a los 233 millones que se aprobaron para continuar con la construcción y equipamiento del nuevo instituto, sin embargo, el presupuesto se modificó por el Ejecutivo federal reduciéndole 11.5 millones, quedando un presupuesto de 221.4 millones de pesos para 2009.
En 2010 el Ejecutivo solicitó solamente 199 millones de pesos para la construcción y equipamiento del Indre, de los cuales quisiéramos los legisladores saber cuál es el avance en el gasto y ejecución de obra.
Lo que respecta a Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), también es de resaltar que el pasado 10 de febrero del presente año entrevistaron al director general de esta empresa paraestatal en torno al presupuesto y la obra que se realizará este año en Birmex.
De dicha entrevista sobresale lo siguiente:
• Tienen comprometido gasto por 130 millones de pesos en compra de equipo el año pasado;
• Necesitan 130 millones de pesos en este año para compra de equipo adicional;
• En 2011 terminarían de construir la planta; y
• Hasta 2012 podría comenzarse a elaborar aquí en México vacunas contra la influenza.
En la investigación que hemos realizado en el análisis programático del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 tampoco pudimos encontrar con certeza el monto total del que dispondrá Birmex para este año. Es evidente que ni el director lo sabe. En la comparecencia del secretario queremos preguntarle cuántos recursos se dispondrán para Birmex en 2010.
En 2009 la paraestatal tuvo un presupuesto aprobado de 368.1 millones de pesos para la construcción de una planta que prevé producir vacuna contra la influenza, cuyo monto será de 668 millones de pesos.
Queremos saber cuántos recursos se destinaron finalmente para esta obra, toda vez que en el análisis de los informes trimestrales se observan recortes por 20 millones de pesos en 2009.
Es imperativo que el secretario de Salud comparezca ante la Comisión de Salud y explique.
• ¿Cuál es el avance de los proyectos de construcción de nuevos laboratorios de Birmex e Indre?
• ¿Quién ganó la licitación para la construcción de los nuevos edificios y qué experiencia tiene la constructora?
• ¿Qué tecnología se aplicará en los nuevos laboratorios?
• ¿Qué capacidad real de investigación y producción tendrán estas nuevas plantas?
• ¿Cuál será el perfil de la plantilla de trabajadores que laboren en los nuevos centros?
• ¿Se llevarán a cabo convenios de colaboración o investigación entre centros de investigación, universidades, el Indre y Birmex?
• Entre otras preguntas, que seguramente otros compañeros legisladores deseen realizar al secretario de Salud.
Los mexicanos no podemos estar en la zozobra esperando una nueva epidemia y, peor aún, el Estado no puede caer en shock por no saber a qué enfermedades contagiosas nos enfrentemos en un futuro como sucedió el año pasado.
Los diputados del Grupo Parlamentario del PRI consideramos que esta legislatura debe caracterizarse por tener visión de estado y realizar acciones que beneficien a los mexicanos a largo plazo. Por ello presento este punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, a efecto de llamar a comparecer al secretario de Salud federal ante el pleno de la Comisión de Salud lo más pronto posible.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Llámese a comparecer al secretario de Salud ante el pleno de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados lo más pronto posible.
Segundo. A dicha comparecencia acudirán los titulares del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) y de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex).
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2010.
Diputados: Malco Ramírez Martínez,
Marco Antonio García Ayala (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA PROFECO A INICIAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA REVISAR
EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA EMPRESA DE TELEFONÍA
CELULAR TELCEL Y SANCIONAR PRÁCTICAS ABUSIVAS ESTABLECIDAS EN SUS
CLÁUSULAS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ANTONIETA PÉREZ
REYES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
María Antonieta Pérez Reyes, diputada de Chihuahua a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de la Cámara de Diputados la presente proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
La telefonía celular en México ha crecido a pasos agigantados desde sus inicios, en 1989, cuando la compañía Iusacell empezó a ofrecer el servicio en el Distrito Federal. Actualmente, el sector de la telefonía celular en México se compone de sólo cinco compañías: Telcel (Radiomóvil Dipsa, SA de CV), Iusacel, Telefónica Movistar, Unefon y Nextel. Telcel es el operador más importante en número de usuarios, con casi con 76 por ciento del mercado nacional. Le siguen Movistar, con 12 por ciento; Iusacel, con 5; Unefon, con 4; y Nextel, con menos de 3.1
De acuerdo con la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), los usuarios de telefonía celular en México superan los 35 millones, mientras que la telefonía fija apenas supera los 18 millones de líneas. Los 35 millones de usuarios, significa que uno de cada 3 mexicanos tiene un teléfono celular en las manos. La modalidad El que llama Paga, implantada por la Cofetel en mayo de 1999, fue un detonante importante en el incremento de la teledensidad celular (número de teléfonos por cada 100 habitantes). Anteriormente a esta medida, a un usuario se le aplicaba un costo por recibir llamadas. En la actualidad, para los usuarios de telefonía celular que reciben una llamada local no hay costo alguno. Al implantarse la medida del que llama paga, en tan sólo un año (de 1999 a 2000) se incremento el número de usuarios casi al doble, pasando de 8 millones a 14 millones.2
Según cifras de la Cofetel, la telefonía móvil en México al tercer trimestre de 2009 cuenta con 78.5 millones de usuarios: 71.5 millones en la modalidad de prepago y 6.9 millones en pospago, situación que explica el detonante que ha tenido el sector.3
Actualmente, compete a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) y a la Cofetel conocer de las irregularidades y de las quejas y la regulación del servicio de telefonía celular.
La Cofetel tiene entre sus atribuciones apoyar a los usuarios que presenten inconformidades respecto a los servicios de telecomunicaciones, canalizándolas a las autoridades competentes, con base en el artículo 28 de su reglamento interno, cuyo inciso XV dice:
Al respecto, Gonzáñez (2006) indica que el contrato de prestación de servicios de Telcel fue autorizado por la Cofetel en octubre de 2002.5 Siguiendo a Gonzáñez (2006), el usuario, al contratar el servicio de telefonía celular con Telcel, está firmando un contrato de adhesión, sin embargo, éste no está registrado ante la Profeco, ya que no se encuentra en la lista de los proveedores que están obligados a registrarlos.
Sin embargo, la misma Ley de Protección al Consumidor faculta a la Profeco para conocer del contrato de adhesión por el servicio de telefonía celular o móvil que prestan las empresas de telefonía móvil entre ellas, Telcel, ya que se establece en el Capítulo X, "De los contratos de adhesión", específicamente en los artículos 85 y 86, lo siguiente:
Artículo 86. La secretaría, mediante normas oficiales mexicanas podrá sujetar contratos de adhesión a registro previo ante la procuraduría cuando impliquen o puedan implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inicuas o abusivas, o altas probabilidades de incumplimiento.
I. Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores;
II. Procurar y representar los intereses de los consumidores, mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan;
III. Representar individualmente o en grupo a los consumidores ante autoridades jurisdiccionales y administrativas, y ante los proveedores;
IV. …
XV. Registrar los contratos de adhesión que lo requieran, cuando cumplan la normatividad aplicable, y organizar y llevar el registro público de contratos de adhesión;
XVI. …
XIX. Aplicar las sanciones y demás medidas establecidas en esta ley, en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y demás ordenamientos aplicables;
XX. Requerir a los proveedores o a las autoridades competentes a que tomen medidas adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los intereses de los consumidores, y cuando lo considere pertinente publicar dicho requerimiento;
XXI. …
XXII. Las demás que le confieran esta ley y otros ordenamientos.
Además, a escala nacional Radiomóvil Dipsa, razón social de Telcel, es una de las cinco empresas más demandadas desde 2004 a la fecha, deshonra que comparte con Teléfonos de México, la Comisión Federal de Electricidad, la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y con Petróleos Mexicanos y Gas Natural de México.6
El artículo 86 faculta a la Profeco para asesorar y peticionar a la Secretaría de Economía, para que se emita una norma oficial mexicana que contribuya a que Telcel y otras compañías de telecomunicaciones registren sus contratos de adhesión ante esta instancia.
Retomando a Gonzáñez (2006), el contrato de prestación de servicios de Tecel7 incumple el requisito de legibilidad que la Ley Federal de Protección del Consumidor establece en el mencionado artículo 85:
Gonzáñez (2006) también señala que en el contrato, específicamente en la sección de declaraciones, se menciona lo siguiente:
a) …
b) Ha recibido a su entera satisfacción, la información relativa a la prestación del Servicio, al contenido del presente contrato, al Código de Prácticas Comerciales, a las tarifas…8
Más adelante, en las cláusulas nuevamente se hace referencia al Código de Prácticas Comerciales:9
Primero. Objeto. Telcel se obliga a prestar… el servicio… en las áreas geográficas con cobertura Telcel… las cuales se mencionan en el Código de Prácticas Comerciales; las áreas geográficas con cobertura Telcel podrán ser consultadas por el cliente en los centros de atención a clientes Telcel…
• Novena, sobre servicios adicionales, de valor agregado y otros, que dice: "… Los servicios y tarifas aplicables a los mismos se detallan en el Código de Prácticas Comerciales…"10
En el centro de atención a clientes, este código, igual que las áreas geográficas en las cuales se da cobertura y que se supone deben ser consultadas en el mismo centro de atención, no están visibles y muy pocos de los empleados que laboran en dicho centro lo conocen para poder dar información sobre el mismo, siguen las políticas señaladas para los cobros que se hacen por las operaciones más recurrentes, pero muy pocas de las veces dan fundamentación sobre el documento u principio administrativo o legal que sirve de base para la acción que están ejecutando.
De acuerdo con estudios de la Profeco y de algunas empresas de mercadotecnia e investigación de mercados, se conoce muy bien por parte de las empresas y de los mismos consumidores que casi nadie tiene la costumbre de leer el contrato y de manera inmediata firmarlo. Gonzáñez (2006) señala que el consumidor sabe que de todos modos, por ser un contrato de adhesión, no tiene posibilidad de modificar las cláusulas; así que podemos decir que ni siquiera sabe que existe dicho código, mucho menos lo solicita y, por tanto, lo desconoce.
Aprovechando esta mala costumbre, Telcel entrega al momento de una nueva contratación sólo copia del contrato en el cual se alude al código; empero, éste no se acompaña al contrato, por lo que no lo entrega al cliente ni lo pone a disposición de los consumidores al poder ponerlo a la vista de éstos. En la situación de una renovación de contrato el caso es aún más preocupante ya que no se entrega, en la mayoría de los casos, el código y tampoco un nuevo contrato sólo se especifican las variaciones al plan que se tiene contratado o al que se desea cambiar y en caso de llegar a darse la entrega del contrato éste se hace ya en una hoja impresa que hace las veces del mismo y en el que no necesariamente se detallan o se mencionan las declaraciones y cláusulas en su totalidad.
Igual que el código que no se entrega al momento de la suscripción de un nuevo contrato o de una renovación ya sea con el distribuidor o en el centro de atención a clientes el personal de la compañía tampoco menciona la forma en que aplicará la garantía ni las opciones con que cuenta el usuario para poder garantizar el cumplimiento de pago pactadas, que se mencionan en la cláusula decimoséptima del contrato:
Décima Séptima. Garantía. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago pactadas en este contrato y cualquier otra obligación que el cliente adquiera frente a Telcel, éste podrá solicitar a cliente:
b) Constituir depósito en garantía en favor de Telcel, en el entendido de que dicho depósito no será devuelto al cliente sino hasta el momento en que hayan sido cubiertos todos los adeudos a cargo del cliente y haya sido cancelado el servicio. En caso de devolución, ésta se sujetará a lo dispuesto en el Código de Prácticas Comerciales.11
El cargo sólo aparece reflejado en el estado de cuenta de algunos de los meses y tiene que ser pagado. Además, el cliente no tiene opción a que se le reembolse importe alguno por el cargo de esta fianza.
De acuerdo con Alejandro Calvillo,12 director de El Poder del Consumidor, se trata de un negocio redondo, ya que la compañía con que Telcel contrata la fianza es Fianza Guardiana Inbursa, propiedad de Carlos Slim.
Aquí hay un elemento de fraude: una fianza que se establece como obligatoria en un servicio en el que no debería existir y, más aún, una fianza que no regresa al cliente que la pagó, aunque no se haya utilizado para cubrir una falta de pago. Para estimar los ingresos que representan estos cobros indebidos, basta decir que hay más de 70 millones de teléfonos celulares. En telefonía móvil, si consideramos que 10 por ciento de los usuarios de Telcel tienen contrato pospago, la empresa obtiene alrededor de 980 millones de pesos por concepto de fianzas que, como establece el contrato, "en ningún caso reembolsará al cliente".13
También es menester señalar que en la cláusula tercera, "Plazo", se establece lo siguiente:
El cambio de plan al amparo de lo señalado anteriormente puede establecer un plazo forzoso o bien modificar la duración del plazo forzoso preexistente.14
En este caso se está frente a una obligación abusiva al forzar al cliente a contratar durante un plazo determinado. Independientemente del plan tarifario que contrate, el cliente se obliga al plazo forzoso; al mencionar la vigencia indefinida se refiere a que si el usuario no cancela el servicio una vez vencido el plazo forzoso, el servicio seguirá estando activo hasta que realice el trámite de manera escrita.
Esta cláusula, a decir de Gonzáñez (2006), se relaciona con la decimosexta:
Décima Sexta. Terminación anticipada del contrato. El presente contrato se dará por terminado en los siguientes casos:
a) Por muerte del cliente;
b) Por disolución o liquidación del cliente;
c) Por concurso mercantil declarado al cliente;
d) Porque el cliente deje de cubrir el importe de dos
o más facturas;
e) Por la falsedad de las declaraciones o datos proporcionados por el propio cliente;
f) Por la cesión de los derechos del cliente derivados de este contrato sin el consentimiento previo y por escrito de Telcel;
g) Porque el cliente no esté de acuerdo con las modificaciones del presente contrato en los términos de la cláusula vigésima primera del mismo, aplicando la pena convencional correspondiente en caso de que exista un plazo forzoso y éste no se haya cumplido;
h) Porque el cliente no esté de acuerdo con el aumento de las tarifas aplicables, aplicando la pena convencional correspondiente en caso de que exista un plazo forzoso y éste no se haya cumplido;
i) Por solicitud del cliente, aplicando la pena convencional correspondiente en caso de que exista un plazo forzoso y éste no se haya cumplido;
j) Por mandamiento de autoridad judicial o administrativa competente; o
k) Por cualquier otra causa permitida por las leyes aplicables.
Al examinar estas cláusulas se aprecia que por lo que respecta al plazo forzoso, hay una práctica abusiva y una falta de equidad por la empresa, ya que Telcel sí puede cobrar la pena al no aceptarse el plazo forzoso debido a un aumento de tarifas, aun cuando el cliente sea o no notificado; sin embargo, no opera de la misma manera cuando se trata de una falla en su servicio, ya que de acuerdo con la cláusula duodécima deberán pasar más de 72 horas y de forma consecutiva para que se pueda ajustar al cargo fijo mensual y bonificarlo pero para ello cuenta hasta con 45 días naturales para poder hacerlo.
Por el otro lado, no considera indemnización alguna por daño en caso de falla del servicio, para lo cual además el cliente deberá probarlo para poder recibir la bonificación por el daño generado.
También es necesario mencionar que en cualquiera de los planes contratados se establece una cantidad de minutos, llamadas a números frecuentes y un cierto número de mensajes que el cliente puede realizar sin que se le cobre como servicio particular, es decir, se contratan como paquete. Sin embargo, la empresa vuelve a caer en una práctica abusiva y que dadas las condiciones actuales del contrato le permiten hacerlo, ya que en los estados de cuenta que se reciben por los consumos realizados durante el mes, se desglosa sólo la información que la cláusula séptima del contrato de Telcel señala, esto es:
Séptima. Facturación. Telcel enviará mensualmente al cliente la factura en la cual se incluirán, entre otros, los siguientes conceptos: a) el cargo fijo mensual; b) minutos de tiempo aire consumidos; c) cargos por los servicios adicionales o de valor agregado contratados por el cliente; d) según las condiciones del plan tarifario contratado: 1) largas distancias nacionales o internacionales o mundiales; 2) cargos por el servicio de usuario móvil visitante nacional o internacional; 3) los minutos de tiempo aire que excedan del número de minutos incluidos de acuerdo con el plan tarifario contratado, en su caso.
Telcel se obliga a proporcionar al cliente el detalle de llamadas de larga distancia nacionales, internacionales y mundiales, especificando su duración y el número al cual se hizo la llamada, independientemente de la facturación y a proporcionarle el detalle de las llamadas locales siempre y cuando el cliente lo solicite de conformidad con lo dispuesto en el Código de Prácticas Comerciales y cubra el cargo aplicable. En el caso de llamadas recibidas, Telcel no está obligado a proporcionar el número telefónico que originó la llamada.16
De aquí se desprende que Telcel incumple lo señalado, ya que si bien señala en el paquete que se adquiere los minutos a los que se tiene derecho y en la facturación indica los minutos de tiempo aire consumidos y los minutos de tiempo aire que excedan el número de minutos incluidos de acuerdo con el plan tarifario contratado, nunca desde la suscripción del contrato, la renovación del mismo, la contratación del plan aclara cuáles son los minutos de tiempo aire pico y no pico y en qué proporción de cada uno de ellos se compone el plan tarifario que se contrata.
Es decir, Telcel sólo menciona que se tiene derecho a 100, 200, 300 o más minutos de tiempo aire para el consumo mensual. Sin embargo, nunca señala si son, tomando como ejemplo el caso de 100 minutos mensuales, 80 en horas pico y 20 en no pico, o en qué proporción, lo cual da una libertad completa de discrecionalidad a la empresa para presentar facturaciones por minutos consumidos en horarios pico y no pico.
Finalmente, es necesario mencionar una más y no por ello última acción de prácticas y cláusulas abusivas y que se menciona en el contrato de Telcel, en la cláusula sexta:
Sexta. Forma de pago (en los incisos a y b se mencionan las condiciones del pago para cuando se realiza en efectivo o mediante una tarjeta de crédito, y en el inciso c):
El cliente podrá solicitar por escrito cambios en el medio o la forma de pago y Telcel podrá o no aceptar dichos cambios. Por su parte, Telcel podrá en todo momento modificar los medios y la forma de pago aceptados, debiendo notificar oportunamente al cliente dicha situación.
Desde 2007, que la Profeco trabaja en la creación de una NOM que permita aplicar la Ley de Protección al Consumidor y garantice que los clientes de telefonía celular puedan gozar del servicio las 24 horas de los 365 días del año, tal como lo ofrecen. Y en caso de incumplimiento, hacer posible el resarcimiento por daños a los clientes; es decir, que las operadoras de telefonía móvil paguen o bonifiquen a sus clientes por la suspensión del servicio.
Dado que actualmente las empresas de telefonía móvil establecieron ante la Cofetel, la responsabilidad de responder sólo en el caso de que la suspensión del servicio sea por 72 horas. Si no rebasa ese lapso, la suspensión del servicio no tiene efectos para los potenciales reclamos de los consumidores.
Esto, para la Profeco, es un abuso contra los consumidores; es una cláusula que viola el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en la que se determina la obligación de las empresas a garantizar el servicio las 24 horas de los 365 días del año.
Ante ello, y considerando los abusos comentados se hace apremiante que el legislativo actúe y realice un llamado a las instancias involucradas en el tema de protección del consumidor para evitar que se sigan violentando los derechos de los consumidores y se permita continuar las violaciones que regulan la prestación de servicios de telefonía móvil o celular, específicamente de la empresa Radiomóvil Dipsa, SA de CV (Telcel).
Por lo expuesto y fundado en los puntos anteriores, la suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con
Puntos de Acuerdo
Primero. Esta soberanía exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) a iniciar con base en los artículos 85 y 86 de la Ley Federal de Protección al Consumidor los procedimientos administrativos conducentes a revisar el contrato de prestación de servicios de la empresa de telefonía celular Radiomóvil Dipsa, SA de CV (Telcel), para sancionar las prácticas abusivas que se establecen en la mayoría de sus cláusulas.
Segundo. Se exhorta a la Profeco a llevar a cabo en el ámbito de sus atribuciones las inspecciones necesarias a los distribuidores y centros de atención a clientes de Telcel para que revise las prácticas administrativas asentadas en este punto de acuerdo y que dejan en completo estado de indefensión al consumidor y establezca las sanciones y medidas administrativas que restablezcan las condiciones de equidad entre el consumidor y la empresa prestadora de servicios.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Economía a efecto de que a través del fundamento legal emanado del artículo 86 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de las experiencias de iniquidad establecidas hacia el consumidor por la empresa de telefonía móvil Radiomóvil Dipsa, SA de CV, y de las inspecciones a los distribuidores y centros de atención a clientes realizadas por la Profeco inicie los trabajos conducentes a establecer una norma oficial mexicana para que las empresas de servicios de telefonía celular o móvil sujeten sus contratos de adhesión a registro previo ante la Profeco.
Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Profeco a informar a través de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados acerca de los trámites y las acciones administrativas y legales por implantar a fin de cumplimentar lo señalado en los resolutivos primero, segundo y tercero; y a dar cuenta trimestralmente de los avances de dichas acciones en la materia.
Notas
1. Martínez, Evelio. Telefonía celular:
15 años de historia en México, 6 de marzo de 2005. http://www.eveliux.com/mx/telefonia-celular-15-anos-de-historia-en-mexico.php
2. www.cft.gob.mx
3. Dirección de información estadística
de mercados, Cofetel, con información de las empresas.
4. "Cofetel y Profeco vigilan servicios: a favor de los
derechos de usuario", 1 de diciembre de 2003, E Semanal.
5. Gonzáñez Turnbull, Aurora. "Análisis
del contrato de adhesión de Telcel", en Verba Iuris, revista
jurídica electrónica, ITESM-CEM, 1 de febrero de 2006, http://www.cem.itesm.mx/derecho/verba-iuris/articulos/010206.html
En la página de la Cofetel http://204.153.24.194/html/3_con/infor/ct_telcel.html
se encuentra un contrato de la empresa Radiomóvil Dipsa, SA de CV,
en el cual no aparece ninguna fecha y no es el que se entrega actualmente
al cliente; por otro lado, en la página http://204.153.24.194/html/4_tar/celulares/telcel_dipsa/indextelcel.html
están registradas las tarifas de telefonía de la empresa
para el "plan tarifario", aunque en las páginas que se abren por
cada capítulo del documento se encuentran distintas fechas de vigencia
o actualización.
Romero Patiño, Agustín; y Dávalos
Rodríguez, Jesús Miguel. Comentarios al punto de acuerdo,
Fundación Miguel Estrada Iturbide, 22 de febrero de 2010.
6. Al Consumidor. Contratos de adhesión y códigos
de ética, http://www.alconsumidor.org/herramientas.phtml http://www.alconsumidor.org/docs/telcel_contrato_de_prestacion_de_servicios_formato_2002.pdf
7. Al Consumidor. Contratos de adhesión y códigos
de ética, http://www.alconsumidor.org/herramientas.phtml
8. http://www.telcel.com/portal/imagenes/pdf/practicas_comerciales.pdf
9. Gonzáñez Turnbull, Aurora. "Análisis
del contrato de adhesión de Telcel", en Verba Iuris, revista
jurídica electrónica, ITESM-CEM, 1 de febrero de 2006, http://www.cem.itesm.mx/derecho/verba-iuris/articulos/010206.html
10. Al Consumidor. Contratos de adhesión y códigos
de ética, http://www.alconsumidor.org/herramientas.phtml
11. http://www.elpoderdelconsumidor.org
12. "Fraude de Telmex y Telcel contra consumidores",
http://www.elpoderdelconsumidor.org/fraude_de_telmex_contra_consumidores.html,
11 de julio de 2009.
13. Al Consumidor. Contratos de adhesión y códigos
de ética, http://www.alconsumidor.org/herramientas.phtml
14. Ídem.
15. Al Consumidor. Contratos de adhesión y códigos
de ética, http://www.alconsumidor.org/herramientas.phtml
16. Gonzáñez Turnbull, Aurora. "Análisis
del contrato de adhesión de Telcel", en Verba Iuris, revista
jurídica electrónica, ITESM-CEM, 1 de febrero de 2006, http://www.cem.itesm.mx/derecho/verba-iuris/articulos/010206.html
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2010.
Diputada María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica)
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 1, inciso e), y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva, exhorte a la Comisión de Energía, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Con fecha de presentación 10 de noviembre del año 2009 en sesión plenaria, presenté proposición con punto de acuerdo, a fin de que la Comisión Reguladora de Energía declare zona geográfica de distribución de gas natural a los municipios de Cuernavaca, Yautepec, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco, Ciudad Ayala, Yecapixtla y Cuautla, y a la Comisión de Energía y Presupuesto para que a través de la CFE se instale una planta de generación de energía eléctrica alimentada por gas natural en el municipio de Yautepec, Morelos a efecto de garantizar el suministro de energía eléctrica al estado propiciando de esta manera la atracción de inversión y generación de empleos.
Considerandos
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 21, fracción XVI, y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados lo siguiente:
Único. Formule excitativa a la Comisión de Energía, para que presente el proyecto de dictamen correspondiente a la proposición con punto de acuerdo, a fin de que la Comisión Reguladora de Energía declare zona geográfica de distribución de gas natural a los municipios de Cuernavaca, Yautepec, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco, Ciudad Ayala, Yecapixtla y Cuautla, y a la Comisión de Energía y Presupuesto para que a través de la CFE se instale una planta de generación de energía eléctrica alimentada por gas natural en el municipio de Yautepec, Morelos a efecto de garantizar el suministro de energía eléctrica al estado propiciando de esta manera la atracción de inversión y generación de empleos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril del 2010.
Diputado José Manuel Agüero Tovar (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL, A SOLICITUD DEL DIPUTADO JOSÉ GERARDO
DE LOS COBOS SILVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 2, inciso e), 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 21, fracción XVI, 85, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente de esta presidencia que tenga a bien formular una excitativa a la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, a efecto de que se dictamine a la mayor brevedad, para su presentación ante el pleno de este órgano legislativo, la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, presentada el 18 de marzo de 2010 por senadores y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Antecedentes
Con fecha 18 de marzo de 2010, en sesión ordinaria se presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, presentada por senadores y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Una vez recibido el proyecto de iniciativa aludido, en la misma fecha se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para el respectivo dictamen.
Durante los últimos cuarenta años, que es el tiempo de vigencia de la actual Ley Federal del Trabajo, nuestro país ha experimentado cambios radicales en cuanto al contexto social y económico, tales como la globalización, el crecimiento poblacional, la incorporación importantísima de las mujeres en el mercado laboral, la demanda de nuevas fuentes de empleo para jóvenes, la necesidad de la inclusión a las personas de la tercera edad y a las que tienen alguna incapacidad, así como el crecimiento exponencial de los elementos de la competitividad y productividad en todas las ramas laborales.
Consideraciones
Por lo anterior, es necesario reformar la Ley Federal del Trabajo, pero sin abandonar los principios plasmados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para mantener incólumes los derechos fundamentales de los trabajadores en México, que son la base de nuestro derecho del trabajo y de la previsión social. Consideramos que, a través de las reformas que se proponen, es posible realizar los cambios que requiere nuestro país en el ámbito laboral, reformando únicamente la Ley Federal del Trabajo, sin alterar las conquistas y derechos de los trabajadores que actualmente permiten el equilibrio entre los factores de la producción.
La iniciativa que se solicita dictaminar parte de cinco ejes rectores que podemos sintetizar en los siguientes términos:
i. Incluir nuevas modalidades de contratación individual.
ii. Limitar la generación de salarios vencidos (caídos).
iii. Eximir al patrón de la obligación de reinstalar al trabajador con una antigüedad menor a tres años al momento del despido.
iv. Suprimir el escalafón ciego, a efecto de privilegiar la productividad.
v. Incorporar la multihabilidad obligatoria como mecanismo para incrementar la productividad y los ingresos de los trabajadores.
vi. Vincular la capacitación y el adiestramiento con la productividad.
2. Promover la inclusión, la no discriminación en las relaciones laborales y la protección de derechos, para lo cual es necesario lo siguiente:
i. Establecer la obligación patronal de contar con instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de las personas con discapacidad.
ii. Determinar que a las mujeres no se les exijan certificados médicos de ingravidez para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.
iii. Establecer medidas protectoras a favor de las madres trabajadoras.
iv. Sancionar el acoso u hostigamiento sexual en los centros de trabajo.
v. Propiciar la colaboración de los patrones para asegurar el pago de pensiones alimenticias.
vi. Establecer la afiliación obligatoria de los patrones al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.
vii. Mejorar las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas.
viii. Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores domésticos.
ix. Fortalecer la regulación para la contratación de trabajadores mexicanos para laborar en el extranjero.
3. Fortalecer la procuración e impartición de justicia laboral, para lo cual se prevé:
i. Incluir el arbitraje obligatorio en los conflictos de huelga.
ii. Incorporar requisitos para la tramitación de las demandas de titularidad de contrato colectivo de trabajo.
iii. Establecer nuevos requisitos para el trámite de emplazamientos a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo.
iv. Declarar la inexistencia de la huelga si el sindicato no cumple con los requisitos para el emplazamiento previstos en sus propios estatutos.
v. Negar el trámite a emplazamientos a huelga por incumplimiento al contrato colectivo o contrato ley, cuando no se precisen las violaciones y su forma de reparación.
vi. Respetar los derechos de terceros para la restitución de la posesión de bienes de su propiedad, en caso de huelgas estalladas.
vii. Establecer un procedimiento sumario para los conflictos individuales en materia de seguridad social.
viii. Prever el uso de herramientas tecnológicas en los procedimientos jurisdiccionales.
4. Fortalecer la transparencia y la democracia sindical, para lo cual es necesario:
i. Promover que las dirigencias sindicales a difundir efectivamente la información sobre la administración del patrimonio sindical entre sus agremiados y, las organizaciones que cuenten con más de 150 asociados, deberán dictaminar dicha información por un auditor externo.
ii. Dar publicidad en Internet a los registros de las organizaciones sindicales, y a los contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo.
iii. Hacer obligatorio el voto libre, directo y secreto en el desahogo de la prueba del recuento de los trabajadores.
iv. Prever que la elección de la directiva sindical deba realizarse mediante voto libre, directo y secreto.
v. Eliminar el descuento obligatorio de las cuotas sindicales por nómina.
vi. Suprimir la llamada "cláusula de exclusión por separación".
5. Fortalecer las facultades normativas, de vigilancia y sancionadoras de las autoridades del trabajo, para lo cual se requiere:
i. Tipificar como delito la contratación de menores de 14 años fuera del círculo familiar.
ii. Regular la subcontratación, tercerización u outsourcing.
iii. Facultar a la autoridad para la clausura inmediata de los centros de trabajo, cuando exista peligro inminente para la salud y la vida de los trabajadores.
iv. Establecer el uso obligatorio de unidades de verificación para el caso de actividades de alto riesgo.
v. Incorporar derechos y obligaciones de patrones y trabajadores ante contingencias sanitarias.
vi. Eliminar de la ley las tablas de enfermedades y de valuación de incapacidades permanentes de trabajo.
vii. Incrementar el monto de las sanciones por infracciones a la ley.
Además, busca promover una mayor oferta de trabajo en el sector formal de la economía y propiciar la atracción de la inversión extranjera, de manera que esto se traduzca en la generación de empleos dignos y con mayores ingresos para los trabajadores.
La Cámara de Diputados debe asumir su responsabilidad frente a la ciudadanía para dar solución a los más grandes problemas que enfrenta el país; responsabilidad que tenemos que asumir y actuar en consecuencia para hacer de nuestra labor parlamentaria un instrumento al servicio de todos los mexicanos que han depositado en nosotros sus esperanzas y anhelos de una vida mejor.
Debemos ser consientes de que postergar la discusión de esta iniciativa dará como consecuencia no el estancamiento, sino el retroceso del país, porque cada día que pasa sin la aprobación de reformas sustanciales, es un día de atraso para México.
Por ello consideramos de suma importancia dar celeridad a la dictaminación de este proyecto de decreto que tiene en sus manos la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Este es un llamado a hacer valer el mandato ciudadano de legislar, de ver por el interés general, con la suficiente voluntad política, con altura de miras que trascienda los intereses electorales y de partido, con un intenso trabajo que derive en nuevos y mejores ordenamientos legales propios del país que queremos para nuestros hijos.
Por lo anterior, expreso las siguientes
Consideraciones de derecho
Del 18 de marzo de 2010 a la fecha ha transcurrido el tiempo suficiente para que con fundamento en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos las Comisiones del Congreso de la Unión, concretamente en el caso a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presente el dictamen correspondiente a la iniciativa descrita.
En tal virtud, es procedente que el presidente de la honorable Cámara de Diputados, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 20, numeral 2, inciso e), y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 21, fracción XVI, 85, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos, y de Defensa Nacional a fin de que se emita el dictamen correspondiente.
Por lo expuesto y fundado.
A usted, presidente de la honorable Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión atentamente pido se sirva:
Único. Excite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados para que presenten el dictamen respectivo a la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, presentada por senadores y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el 18 de marzo de 2010.
Diputado José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO, A SOLICITUD DEL DIPUTADO JOSÉ MANUEL
AGÜERO TOVAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 1, inciso e), 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva que exhorte a la Comisión de Hacienda y Crédito Público al tenor de los siguientes
Antecedentes
Con fecha de presentación 4 noviembre de 2009, sesión plenaria, presenté iniciativa con proyecto de decreto para implantar que las sociedades cooperativas de producción que, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, hayan optado por tributar, deberán calcular el impuesto empresarial a tasa única que les corresponda en cada ejercicio, pudiendo diferir el pago de éste hasta el ejercicio fiscal en que paguen el impuesto sobre la renta diferido y siempre que corresponda al mismo ejercicio. Establecer que cuando en un ejercicio fiscal no se determine impuesto sobre la renta a diferir, el impuesto empresarial a tasa única del ejercicio deberá ser pagado en el plazo establecido para la presentación de la declaración anual del impuesto sobre la renta, la cual fue turnada de la Mesa Directiva a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Considerandos
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 21, fracción XVI, y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados lo siguiente:
Único. Formule excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que presente el proyecto de dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto para implantar que las sociedades cooperativas de producción que, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, hayan optado por tributar, deberán calcular el impuesto empresarial a tasa única que les corresponda en cada ejercicio, pudiendo diferir el pago de éste hasta el ejercicio fiscal en que paguen el impuesto sobre la renta diferido y siempre que corresponda al mismo ejercicio. Establecer que cuando en un ejercicio fiscal no se determine impuesto sobre la renta a diferir, el impuesto empresarial a tasa única del ejercicio deberá ser pagado en el plazo establecido para la presentación de la declaración anual del impuesto sobre la renta.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2010.
Diputado José Manuel Agüero Tovar (rúbrica)
A LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Y DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, A SOLICITUD
DEL DIPUTADO JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 1, inciso e), y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva exhorte a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, así como a la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
Con fecha de presentación de 16 de febrero de 2010, en sesión plenaria, presenté la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 101 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la cual fue turnada por la Mesa Directiva a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, así como a la de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Considerandos
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 21, fracción XVI, y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados lo siguiente:
Único. Formule excitativa a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, así como a la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que presenten el proyecto de dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 101 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2010.
Diputado José Manuel Agüero Tovar (rúbrica)
A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES, Y DE DESARROLLO SOCIAL, A SOLICITUD DEL DIPUTADO JOSÉ
MANUEL AGÜERO TOVAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 1, inciso e), y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva, exhorte a las Comisiones de Puntos Constitucionales y a la de Desarrollo Social al tenor de los siguientes
Antecedentes
Con fecha de presentación 4 noviembre 2009, presenté en la sesión plenaria la iniciativa con proyecto de decreto que modifica el párrafo tercero del artículo 27; que adiciona la fracción XXIX-P del artículo 73; que adiciona un párrafo cuarto al inciso i) del artículo 115, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, así como la modificación del artículo 2 en su fracción XX y la adición de un párrafo cuarto al artículo 12 en su fracción VI, de la Ley General de Asentamientos Humanos en su párrafo tercero, la cual fue turnada por la Mesa Directiva a las Comisiones de Puntos Constitucionales y a la de Desarrollo Social.
Considerandos
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 21, fracción XVI, y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados lo siguiente:
Único. Formule excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y a la de Desarrollo Social, para que presente el proyecto de dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto que modifica el párrafo tercero del artículo 27; que adiciona la fracción XXIX-P del artículo 73; que adiciona un párrafo cuarto al inciso i) del artículo 115, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, así como la modificación del artículo 2 en su fracción XX y la adición de un párrafo cuarto al artículo 12 en su fracción VI, de la Ley General de Asentamientos Humanos en su párrafo tercero.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2010.
Diputado José Manuel Agüero Tovar (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO, A SOLICITUD DEL DIPUTADO CUAUHTÉMOC
SALGADO ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Cuauhtémoc Salgado Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 1, inciso e), y 45, numeral 6, inciso f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva formular excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que dictaminen el punto de acuerdo por el que se exhorta la comparecencia del titular de la CNBV, para que informen la situación actual de las sociedades financieras populares de México y explicar el fraude de la "Cooperativa Caja Popular Coofia" Sociedad Cooperativa Limitada, así como su situación legal, presentado por el diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Antecedentes
1. El martes 27 de octubre de 2009, por parte del suscrito diputado, fue presentada en la sesión de pleno, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del presidente de la CNBV, a fin de que rinda diversos informes a esta soberanía.
2. Por mandato de la Mesa Directiva, dicha proposición fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, bajo el número 2875-V con fecha 27 de octubre de 2009, para elaboración del dictamen correspondiente.
Consideraciones
Las cajas de ahorro en el país son catalogadas como formas de ahorro poco confiables y se han convertido en un foco de irregularidades, esto debido a diversos factores como la inadvertencia por parte de los legisladores en los vacíos que existen en las leyes y reglamentos que las rigen, así como la omisión que tienen las autoridades por atender las problemáticas que se han venido presentando.
Caso concreto es el fraude realizado por la "Cooperativa Caja Popular, Coofia, Sociedad Cooperativa Limitada", el cual afectó a más de 20 mil personas en 9 estados de la república y por un monto aproximado de mil 500 millones de pesos. A pesar de que entre los afectados se encuentran personas de los estados más pobres y que existen demandas, peticiones y súplicas de que se haga justicia a los defraudados; así como múltiples requerimientos y llamados por parte diversos entes gubernamentales para dar solución; aún no se ha atendido esta problemática, creando así un completo estado de indefensión e incertidumbre para las personas involucradas, en su mayoría de escasos recursos y que su realidad es, que lo han perdido todo.
Toda vez que a la fecha no existe dictamen por parte de la comisión responsable, lo cual se conduce con carácter violatorio al punto que se emana, aún y cuando éste fue presentado con carácter de urgente y obvia resolución, el suscrito diputado federal, como portavoz de las personas defraudadas y en mi función de coordinador del PRI por el estado de Guerrero, insto a esta Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se sirva dar trámite a la siguiente
Excitativa
Único. Con fundamento en los artículos 21, fracción XVI, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se formula excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que dictamine la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta la comparecencia del titular de la CNBV, para que informe la situación actual de las sociedades financieras populares de México y explique el fraude de la "Cooperativa Caja Popular Coofia" Sociedad Cooperativa Limitada, así como su situación legal, presentada por el diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los 27 días del mes de abril del año dos mil diez.
Diputado Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA,
A SOLICITUD DE INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada federal Graciela Ortiz González, y los diputados Cruz López Aguilar, Gerardo Sánchez García y Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y diversos diputados de diferentes grupos parlamentarios, con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos al Presidente de la Mesa Directiva de esta soberanía que formule excitativa a los presidentes de la Comisiones de Economía, y de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley para la Importación Definitiva de Vehículos Usados, Procedentes de la Zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, bajo las siguientes
Consideraciones
1. El pasado 13 de noviembre del 2009, la diputada Graciela Ortiz González presentó, en nombre propio y de diversos diputados del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley para la Importación Definitiva de Vehículos Usados, Procedentes de la Zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
2. La Presidencia de la Mesa Directiva instruyó para que fuera turnada a las Comisiones de Economía, y de Presupuesto y Cuenta Pública.
3. El artículo 21, fracción XVI, de nuestro reglamento expresa claramente que es facultad del Presidente de la Mesa Directica "excitar a cualquiera de las comisiones, en nombre de la Cámara, a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días después de aquel en que se les turne un asunto…" A la fecha han transcurrido más de 100 días y dicha iniciativa no se ha dictaminado.
4. La iniciativa en comento es muy importante dictaminarla, toda vez que constituye una norma fundamental para regular la importación de vehículos usados procedentes de de Estados Unidos y Canadá, dando certeza jurídica tanto a los compradores como a quien vende estos vehículos.
5. A la fecha tanto el decreto del presidente del la republica del 22 de agosto del 2005, como las modificaciones al mismo decreto del pasado 1 de enero del 2008, y el nuevo decreto del presidente de la republica publicado el 24 de diciembre del 2008, no han solucionado este problema, por el contrario, sobre todo este último ha venido a complicar esta situación, "burocratizando la tramitología" innecesariamente, en perjuicio de millones de mexicanos que solo cuentan con ese patrimonio para su trabajo cotidiano.
6. La iniciativa tiene como objetivo fundamental regular esta actividad económica, que se viene realizando por décadas y no podemos ser omisos ante una práctica real que requiere no solo ser regulada, sino también que se convierta en una actividad cotidiana trasfronteriza perfectamente normada y transparente.
7. Por otra parte, es importante destacar el uso que se hace de ciertos vehículos internados al país identificados en la comisión de delitos de diversa índole. Es tan grave el problema que el propio secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna señaló, en Ciudad Juárez, Chihuahua, la urgencia de identificar dichos vehículos, como una acción impostergable para el combate más eficaz a la delincuencia que azota al país.
Por lo anterior, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente
Excitativa
Único: Se excita a las comisiones de Economía, y de Presupuesto y Cuenta Pública para que dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley para la Importación Definitiva de Vehículos Usados Procedentes de la Zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, turnada a esas comisiones el 13 de noviembre del 2009.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2010.
Diputados: Graciela, Ortiz
González, Cruz López Aguilar, Gerardo Sánchez García,
Manuel Humberto Cota Jiménez, José Óscar Aguilar González,
David Hernández Vallín, Alberto Jiménez Merino, Carlos
Cruz Mendoza, Luis Félix Rodríguez Sosa, José Alberto
González Morales, Julián Nazar Morales, Heriberto Ambrosio
Cipriano, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Fermín Montes Cavazos,
Malco Ramírez Martínez, Adriana Terrazas Porras, Carlos Cruz
Mendoza, Sofía Castro Ríos, Violeta Avilés Álvarez,
Martín Enrique Castillo Ruz, Héctor Eduardo Velasco Monroy,
María Esther Terán Velázquez, Guadalupe Pérez
Domínguez, Felipe Borja Texocotitla, Reginaldo Rivera de la Torre,
María Isabel Pérez Santos, Guillermina Casique Vences, Rolando
Zubía Rivera, Óscar García Barrón, Sabino Bautista
Concepción (rúbricas).