Los que suscriben, Maricela Serrano Hernández e Inocencio Ibarra Piña, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes
Antecedentes
En el estado de Sonora, específicamente en la comisaría de Puerto Libertad, se encuentra el complejo termoeléctrico de la Comisión Federal de Electricidad, el cual debido a la contaminación del Medio Ambiente que produce, ha generado afecciones físicas generales, pero en especial todos aquellos problemas relacionados con las vías respiratorias y la piel a los habitantes de esta comunidad y las zonas aledañas a este complejo industrial.
Por otra parte en esta región, los ciudadanos tienen la necesidad de utilizar aparatos de refrigeración, tipo doméstico, para tratar de disminuir los efectos del calor y la humedad en el ambiente que se da en época de verano, de los meses de mayo a octubre, que para la población es indispensable. Lo anterior debido a que las temperaturas en dichos municipios son muy elevadas, cabe recordar que el estado de Sonora es uno de los más calurosos en el país.
Es importante hacer mención que la Comisión Federal de Electricidad, organismo suministrador del servicio de energía eléctrica, ha establecido para esta zona la tarifa "1E", esto por considerar que la temperatura media mensual en época de verano es de 32ºC como mínimo. No obstante, últimamente la temperatura medía excede el rango establecido por la Comisión Federal de Electricidad de 32ºC, dando como resultado que el calor que se sufre aumente la sensación de sofocamiento por el alto grado de humedad, teniendo como resultado el aumento de enfermedades, ya antes mencionadas, aunadas a la contaminación producida por la termoeléctrica.
Ahora bien, se puede apreciar que el cobro que se venía realizando en el año 2008 se ha venido incrementado en más de 50 por ciento, teniendo actualmente recibos por pagar que ascienden a varios miles de pesos, dañando de manera sustancial la economía de estos pobladores.
Asimismo, estos excesivos cobros que se registran en esta zona se han venido denunciando ante las autoridades correspondientes, entre ellas a la Procuraduría Federal del Consumidor, que hasta la fecha no ha hecho o realizado acción alguna.
Es de llamar la atención que, en especial el estado de Sonora, considerado como uno de los más calurosos del país, mantiene tarifas sumamente elevadas en donde se llega hasta 3 pesos el kilovatio-hora, cuando, en comparación con los estados de Texas, en Estados Unidos, se tiene un costo por el mismo servicio de hasta 1.70 pesos.
Se puede observar claramente que la política tarifaria de energía eléctrica en nuestro país tiene una clara misión de ser recaudatoria, dejando de lado el aspecto de servicio y apoyo al desarrollo del país, sin embargo es incongruente como muchas de las empresas mantienen tarifas preferenciales que incluso el gasto energético es deducible de forma directa del pago de los mismos impuestos.
Finalmente, es importante hacer énfasis a que existe de manera cercana a esta población otra tarifa que es denominada "1F", la que permite contar con un mayor índice, ya que el rango de facturación de los kilowatts/hora consumidos es más amplio en esta tarifa, en comparación con la tarifa "1E" los cuales son reducidos los rangos, resultando de ello una facturación más elevada rebasando los ingresos de la población.
Como puede apreciarse, es injusto el cobro de la energía en este lugar, en comparación a lugares similares, además de no considerar la gravedad que les causa la termoeléctrica.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Que se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Poder Ejecutivo federal, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad para que se condonen los adeudos acumulados hasta la fecha de los pobladores de la comisaría de Puerto Libertad, Sonora.
Segundo. Que se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Poder Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, en el ámbito de sus atribuciones, para que revise y actualice integralmente las tarifas eléctricas cambiándolas de 1E a 1F, dando trato preferencial a la comisaría de Puerto Libertad del estado de Sonora, por el daño causado a la salud de la población.
Tercero. Que se exhorte a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del Poder Ejecutivo federal, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad para que sea modernizada la infraestructura utilizada en la generación de energía eléctrica de dicha termoeléctrica, para mejorar el servicio, la salud y la calidad de vida de los habitantes de la comisaría de Puerto Libertad, estado de Sonora.
Dado en el salón de sesiones, a 14 de abril de 2010.
Diputados: Maricela Serrano Hernández, Inocencio
Ibarra Piña (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA UNA SUBCOMISIÓN ESPECIAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL
PARQUE NACIONAL NEVADO DE TOLUCA, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL
TERRÓN MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Miguel Ángel Terrón Mendoza, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de obvia resolución para que se establezca la Subcomisión Especial para la Conservación del Parque Nacional Nevado de Toluca, al tenor de los siguientes
Considerandos
I. Que en el mes de octubre del año próximo pasado presenté en esta misma tribuna una proposición para solicitar recursos económicos que, al ser canalizados por distintas entidades públicas de la federación y del gobierno del Estado de México debían traducirse en distintos programas que aliviaran la grave condición forestal por la que atraviesa el parque nacional Nevado de Toluca y, por ende, asegurarían el abasto de agua en la región circundante. Tal iniciativa no prosperó por comprensibles necesidades presupuestales de distinto orden en las entidades que dan cuerpo a nuestra república mexicana, pero que dejó latente un problema que año con año, por efectos acumulativos, amenaza con volverse irreversible.
II. El hecho de que se haya postergado una fuerte pero redituable inversión en el parque nacional Nevado de Toluca, se traduce hoy en día en el debilitamiento progresivo de la alimentación de dos de las cuencas hidrológicas más importantes del país: las de los ríos Lerma y Balsas que constituyen fuentes hidrográficas vitales para el valle de Toluca y su zona metropolitana. De hecho los escurrimientos de las laderas de la zona boscosa del parque nacional Nevado de Toluca, permiten a 50 municipios de la entidad surtirse de agua, lo mismo que a distintas zonas del Distrito Federal. De manera indirecta el Distrito Federal se beneficia de las aguas subterráneas del nevado de Toluca que llegan al acuífero Valle de Toluca, al ser captadas por la batería de 383 pozos propiedad del Sistema Lerma del Gobierno del Distrito Federal. La recarga de este acuífero se debe a la infiltración de agua de lluvia tanto de la sierra de Las Cruces como del volcán Nevado de Toluca. Según la Comisión Nacional del Agua (2002, en Colín y Nuncio, 2006), para el año 2000 se tuvo una entrada de agua subterránea del Nevado de Toluca de 94.608 millones de m3 mientras que de la Sierra de Las Cruces fue de 63.072 millones de m3, una diferencia de 31.536 millones de m3 a favor del volcán.
III. Tales problemas se originan en gran medida en la deforestación del parque nacional Nevado de Toluca con una superficie de 53,914 hectáreas, que se extienden por territorio de 10 municipios del estado de México: Amoloya de Juárez, Amanalco de Becerra, Calimaya, Coatepec Harinas, Temascaltepec, Tenango del Valle, Toluca, Villa Guerrero, Villa Victoria y Zinacantepec. El cambio de uso del suelo por la transformación de zonas forestales a campos de cultivo y zonas de pastoreo en esa gran región, ha propiciado una tasa de deforestación de 8.4% en el parque para el periodo 1972-2000, equivalente a 156 hectáreas al año.
IV. Tal y como lo hice notar en su oportunidad, dada la deforestación y del abatimiento de los mantos acuíferos en la región central y periférica del parque nacional Nevado de Toluca, padecemos graves problemas ambientales. La ciudad de Toluca tenía una humedad relativa promedio anual del 65% en las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo XX. En la actualidad ha disminuido al 55% ocasionándose temperaturas extremas antes desconocidas en la región. Es altamente preocupante que los bosques del Nevado de Toluca, por la vejez de sus árboles y efectos de plagas y enfermedades, sea más un emisor de dióxido de carbono que de oxigeno. En efecto, la concentración en la atmósfera de dióxido de carbono, metano, dióxido de azufre, entre otros, provocan el incremento del efecto invernadero, por lo cual las temperaturas se elevan motivando olas de calor que pueden durar de tres a diez días. Durante estos acontecimientos gran parte de la vegetación se seca, lo que crea condiciones favorables para la formación y propagación de los incendios forestales que se presentan en todo el parque, con predominio de la ladera norte donde se localizan las zonas de cultivos.
V. Respecto al tema, con motivo del día Internacional del agua, el presidente Felipe Calderón hacía notar que el agua es más importante para nuestra nación que el petróleo, el oro y la plata. Y en eso, estoy seguro, muchos de los que estamos aquí estamos de acuerdo. Los más pobres son los más afectados por la ya notable escasez del líquido. En los últimos 60 años, aseguró el presidente Calderón, el promedio de agua por habitante era de 18 mil metros cúbicos persona por año, hoy es de 4 mil metros cúbicos por persona por año. Esto concluía el presidente de la república, hacía del agua un factor central en la agenda de la seguridad nacional.
VI. Con el mismo motivo, el diputado Francisco Rojas hacía notar que México respecto a otros países del mundo, es un país con modestas reservas acuíferas en sus lagos, ríos, arroyos y depósitos subterráneos: apenas 409 mil millones de metros cúbicos, un sexto de las reservas de Estados Unidos y la séptima parte de las de Canadá. De hecho, en la respectiva clasificación mundial de la ONU, nuestro país, de territorio semiárido, es considerado como un país de baja disponibilidad de agua. El diagnóstico ofrecido por el diputado Rojas y asociado al manejo del agua en México fue breve, pero certero. Es deficiente por diversas razones, una de ellas, surgida de la obsolescencia de un régimen jurídico centralizado que ha prevalecido desde la promulgación de la Ley sobre Vías de Comunicación en 1888.
VII. De ahí que en el curso de 122 años, la Federación ha venido excluyendo de la administración y beneficios del agua a los gobiernos de estados y municipios que cuentan con grandes cuencas hidrográficas y marginado a las instancias locales del cuidado y aprovechamiento de los recursos hídricos y la preservación del medio ambiente; las aguas de una cuenca son trasvasadas a otra sin consultar a los estados donde se generan, lo que propicia conflictos entre entidades vecinas y contradice el pacto federal. El diputado Rojas concluía que el centralismo, la ineficiencia e inequidad en la administración de este recurso, sumados a su aguda escasez, lo han convertido en un asunto de supervivencia y seguridad nacional coincidiendo en este tema con el presidente de la República.
Legisladores, el problema del agua sólo podrá resolverse con su manejo integral, desde su captación hasta su tratamiento y distribución, pero siempre abordando las soluciones desde el ámbito de lo local y reformando normas y prácticas centralizadoras, que además prolongan injustas medidas distributivas del vital recurso.
Es por ello, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga al pleno de esta soberanía la facultad de integrar comisiones especiales que se hagan cargo de asuntos específicos de relevancia para la sociedad, que hago un llamado a esta honorable asamblea para no postergar más medidas que atiendan un problema que es incluso global: impulsar el derecho a la vida y hacer efectivas las políticas públicas que hagan de la conservación óptima de los bosques y recursos acuíferos una realidad.
Es pues propósito del presente punto de acuerdo crear la Subcomisión Especial para la Conservación del Parque Nevado de Toluca que tendrá como objeto el de propiciar diagnósticos que determinen las condiciones de los volúmenes actuales de los escurrimientos, así como de su capacidad de retención y recarga de agua de los mantos acuíferos; su capacidad de alimentación de las cuencas del Lerma y del Balsas; diseñar políticas y acciones legislativas en beneficio de las zonas boscosas; propiciar estudios biogenéticos de su población vegetal, y en todo caso, aportar soluciones y marcos presupuestales para que el binomio bosque-agua, se mantenga firme e indisoluble como premisa y factor de vida y del bienestar humano.
La Subcomisión Especial para la Conservación del Parque Nevado de Toluca tendrá el número de integrantes que acuerde la Junta de Coordinación Política, cuidando los justos criterios de proporcionalidad y peso específico de cada grupo parlamentario.
Tal subcomisión tendrá un plazo de treinta meses para dar cumplimiento a sus tareas, su mandato y objetivos específicos, entre los que se encontrarán, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:
• Impulsar medidas que favorezcan la retención de las corrientes en el Nevado de Toluca realimentado los mantos acuíferos y asegurando el abasto del líquido a la población.
• Lograr que se mantengan los procesos ecológicos y servicios ambientales del parque nacional Nevado de Toluca, mediante el impulso de un programa para la conservación, recuperación y manejo de la biodiversidad, suelo y agua, con la participación de los tres niveles de gobierno, poseedores y sociedad civil.
• Propiciar la reforestación del Nevado de Toluca con árboles que puedan crecer en ese hábitat y ser resistentes a las plagas y enfermedades, en este último sentido, proponer medidas y programas, que eviten la pérdida de bosque por esa causa.
• Impulsar estudios que sustenten, mediante enfoques sucesionales y de dinámica poblacional, métodos de manejo y conservación de los diferentes tipos de bosques presentes en el parque nacional Nevado de Toluca, así como a través de estudios biogenéticos.
• Emprender programas productivos para cambiar las actividades económicas nocivas en la región del Nevado de Toluca en otras que sean compatibles con la conservación de suelos y bosques.
• Analizar el régimen de tenencia de la tierra y su impacto en la deforestación.
Único. Se crea la Subcomisión Especial para la Conservación del Parque Nevado de Toluca de acuerdo con el objeto, mandato, objetivos, número de integrantes y plazo descritos en la presente iniciativa.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 16 de abril de 2010.
Diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A FORMAR MEDIANTE LA SCT MESAS DE NEGOCIACIÓN
Y VERIFICACIÓN DE PERJUICIOS PARA RESARCIR EL DAÑO PROVOCADO
A LAS VIVIENDAS CIRCUNDANTES A LA AUTOPISTA MÉXICO-PACHUCA, EN EL
TRAMO QUE ATRAVIESA ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO
JORGE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 56, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, diputado federal del distrito 11 de Ecatepec de Morelos, estado de México, Jorge Hernández Hernández, ocurre a esta honorable soberanía a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a formar mesas de negociación y verificación de perjuicios, para que sea resarcido el daño provocado a las viviendas circundantes a la autopista México-Pachuca en el tramo que a traviesa el municipio de Ecatepec, por lo que se presenta a esta honorable soberanía la siguiente
Exposición de Motivos
El gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, autorizó la ampliación de la autopista México-Pachuca, de cuatro carriles a ocho, iniciando la obra en el año 2008, con el fin de agilizar la circulación de los 100 mil vehículos que diariamente transitan por esta vialidad.
Esta obra fue consignada –por licitación– a la empresa ICA, SA de CV, la cual actualmente construye dicha ampliación.
Durante el proceso de construcción se han presentando graves deterioros que afectan a la ciudadanía, mismas que describo:
• El derribamiento de puentes peatonales que unen a las comunidades.
• La tala de árboles que por naturaleza del municipio se proliferaron en los últimas seis décadas y sirvieron de oxigenación a los moradores de estas comunidades; mismos que han sido devastados por la obra.
• La falta de una planeación integral para contrarrestar los hechos naturales tales como la contención de las aguas pluviales o las denominadas aguas broncas.
• Por motivo propio de las obras se ha generado una mayor contaminación atmosférica y auditiva, que ha generado un alto índice de enfermedades respiratorias y nerviosas principalmente en los grupos vulnerables tales como infantes, niños y gente de la tercera edad.
• Modificación al medio urbano si contar con la aceptación de los vecinos, tal es el caso de la construcción del puente denominado de "Los Jorobados", sito en avenida Chiapas, que une al Pueblo de Santa María Tulpetlac y la colonia Guadalupe Coatzochico.
• No se ha respetado el derecho de vía en varios puntos a lo largo de la ampliación de la autopista principalmente el de las colonias afectadas de nuestra municipalidad.
• Se han afectado y derribado el alumbrado público, banquetas, guarniciones, alcantarillas, drenaje, pavimento, sin que la constructora haga la sustitución o arreglo de las mismas, dejando un gran problema de inseguridad e higiene a la comunidad.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a formar mesas de negociación y verificación de perjuicios para que sea resarcido el daño provocado a las viviendas circundantes a la autopista México-Pachuca en el tramo que atraviesa el municipio de Ecatepec.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2010.
Diputado Jorge Hernández Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA PGR A INVESTIGAR LAS DESAPARICIONES Y EL FALLECIMIENTO
DE PERIODISTAS EN MICHOACÁN, A CARGO DE LA DIPUTADA JENY DE LOS
REYES AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Jeny de los Reyes Aguilar, diputada integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución a tenor de las siguientes
Consideraciones
México es, muy a nuestro pesar, el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo, según diversas organizaciones internacionales de derechos humanos y de protección a los periodistas.
El alto grado de impunidad que desde hace años afecta a los periodistas en México país, ha sido motivo de diversas reformas legales, así como la creación de una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas, con la finalidad de otorgar mayores garantías para el ejercicio periodístico, sin que haya logrado abatirse el riesgo que implica el desempeño de dicha profesión en nuestro país.
La falta de condiciones de seguridad que impera, ha sido particularmente agresiva contra quienes desempeñan la labor de investigar e informar a la ciudadanía.
Michoacán es de los que más ha sufrido los embates de la delincuencia, y desgraciadamente en fechas recientes también ha sido testigo de una serie de crímenes cometidos en contra de comunicadores.
El 11 de noviembre de 2009 se reportó la desaparición de María Esther Aguilar Cansinde, corresponsal del periódico Cambio de Michoacán en el municipio de Zamora, sin que a la fecha se tenga noticia de su paradero.
Asimismo, el 6 de abril el periodista Ramón Ángeles Zalpa, corresponsal de ese diario en el municipio de Paracho, desapareció cuando se dirigía a realizar sus labores periodísticas.
Finalmente, en la madrugada de este sábado 10 de abril fue localizado sin vida el cuerpo del notario público Enrique Villicaña Palomares, quien había sido privado de su libertad el lunes 5 del presente mes, y se desempeñaba como columnista político y colaborador de varios medios impresos.
No podemos permanecer impasibles frente a estos hechos. Nos sentimos profundamente indignados por estos actos cobardes, y exigimos a las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia que de manera inmediata se tomen las medidas necesarias que lleven a la localización de los periodistas desaparecidos, y que se esclarezca el sensible fallecimiento del licenciado Enrique Villicaña Palomares.
El ejercicio de la labor periodística es esencial para el desarrollo democrático de nuestra nación y es nuestra obligación otorgar a los comunicadores las garantías necesarias para llevar a cabo esa importantísima función.
Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía los siguientes:
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al la Procuraduría General de la República para que se realicen las investigaciones necesarias que conduzcan a la localización de los periodistas Ramón Ángeles Zalpa y María Estela Aguilar Cansinde.
Segundo. Se exhorta al la Procuraduría General de la República para que se investigue y esclarezca la privación de la libertad y el fallecimiento del licenciado Enrique Villicaña Palomares.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días de abril de 2010.
Diputada Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SAGARPA A DETENER EL AUMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS
PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA E INSTRUMENTAR PROGRAMAS EN APOYO
A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS NACIONALES, A CARGO DEL DIPUTADO ROLANDO
ZUBIA RIVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Rolando Zubia Rivera de la LXI Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, por el que solicito que se exhorte a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a detener el aumento de los precios de los insumos para la producción agropecuaria e instrumentar, de manera inmediata, programas en apoyo a los productores agropecuarios nacionales, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
1. Que la reactivación de la economía, el empleo permanente, la competitividad y el apropiamiento de nuestro mercado interno, son pilares indispensables para salir del deterioro general de la economía nacional.
2. Que el Ejecutivo federal ha decidido incrementar el costo de los combustibles como muestra de una política que resta competitividad al productor nacional, al incrementar los costos de producción. Además de permitir la entrada de materias primas y bienes intermedios y de consumo, con menores tasas arancelarias, con el supuesto interés de reducir los precios al consumidor final.
3. Que el marco legislativo vigente contiene diversas disposiciones para que los productores agropecuarios puedan acceder a aprecios accesibles a la energía, el diesel, las semillas, los fertilizantes, y los agroquímicos, entre otros insumos para la producción agropecuaria.
4. Que este marco legislativo comprende la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley de Energía para el Campo, y la Ley de Petróleos Mexicanos, entre otras, competencia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
5. Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece que para coadyuvar al desarrollo agropecuario y forestal del país, se requieren acciones de impulso a la productividad y competitividad incluyendo medidas de apoyo para el acceso a los fertilizantes, entre otros insumos básicos.
6. Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece la inclusión de previsiones presupuestales en el presupuesto de egresos de la federación para apoyos para insumos (artículo 190)
7. Que el apoyo en el precio de los energéticos para los productores agropecuarios tiene su base en la Ley de Energía para el Campo (LEC), publicada el 30 de diciembre de 2002 en el Diario Oficial de la Federación.
8. Que dicha ley se establece como objeto coadyuvar al desarrollo rural del país, estableciendo acciones de impulso a la productividad y competitividad, como medidas de apoyo tendientes a reducir las asimetrías con respecto a otros países de conformidad con lo que establece el artículo 13 fracción IX y demás disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
9. Que en dicha ley se establecen como energéticos agropecuarios a la gasolina, el diesel, el combustóleo y la energía eléctrica empleados directamente en las actividades agropecuarias. Para los cuales la ley establece precios y tarifas con el propósito es impulsar la productividad y el desarrollo de las actividades agropecuarias.
10. Que la Ley de Petróleos Mexicanos establece un esquema para la entrega de fertilizantes de aplicación directa a los productores agropecuarios. Dicho esquema establece que la Pemex debe ofrecer un precio fijo y accesible a los industriales, quienes trasladarían el beneficio a los agricultores.
11. Los objetivos de dicha legislación son que se recupere la producción nacional, ya que hoy 46.5 por ciento de la demanda se debe cubrir con importaciones, y que los precios al agricultor sean accesibles y fijos pese a su volatilidad internacional.
12. Que a más de 15 meses de emisión de la Ley de Petróleos Mexicanos, el esquema indicado en la ley todavía no opera.
13. Que los precios de los insumos para la producción agropecuaria han ido en aumento.
14. Que el precio de la semilla mejorada para la producción de maíz grano en Sinaloa paso de 1,020 pesos por hectárea (costo medio por hectárea) en el otoño –invierno 2005-2006 a 2,250 en el ciclo otoño–invierno 2007-2008, según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.
15. Que en caso del diesel agropecuario, su precio se incrementó de 6.94 a 8.16 pesos durante 2009; es decir, 1.22 pesos, representa un incremento del 17.6 por ciento con respecto al inicio del año.
16. Que en el dos primeros meses de 2010, se incrementó en 8 centavos cada mes, para llegar así a un precio del diesel de 8.32 al finalizar el bimestre. De esta manera, se incrementó en 16 centavos durante dichos meses, lo que lleva a un aumento total de enero de 2009 a febrero del 2010 de 1.38 pesos.
17. Que el subsidio al diesel agropecuario que la Cámara de Diputados autorizó es de 2 pesos, estos incrementos han disminuido el subsidio a escasos 62 centavos, lo que representa una disminución del subsidio, en el periodo de enero 2009 a febrero 2010, del 68 por ciento.
18. Que el Ejecutivo ha incrementado en 8 centavos mensuales el precio del diesel. A este ritmo, en 6 meses desaparecería prácticamente el subsidio de 2 pesos otorgado por Sagarpa.
19. Que de continuar el incremento periódico de los precios del diesel agropecuario, la repercusión del precio de las maquilas pueda hacer sinergias negativas con la elevación de los precios de otros insumos (semillas y diversos agroquímicos) potenciando el impacto en los costos de producción agrícolas; debiéndose sumar a estos los costos por transporte –también impactados por los incrementos al precio del diesel– para entender la escalada de precios en los alimentos al consumidor.
20. Que en las cadenas de producción, el aumento del precio del diesel y de los insumos para la producción agropecuaria han impactado el precio a los consumidores.
21. Que para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional es de suma importancia que los productores cuenten con insumos de forma accesible que les permitan ser competitivos, aumentar la producción nacional y atender la demanda interna.
22. Que los diputados cenecistas nos oponemos a esta política fiscal que incrementa los costos de los productores al impactar los precios de los fertilizantes, semillas y agroquímicos y del transporte de alimentos y materias primas, que sacan de competitividad a nuestros productores, en aras de un incremento mínimo de los ingresos fiscales.
Por lo anterior, someto a consideración del pleno de esta soberanía, proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a detener el aumento de los precios de los insumos para la producción agropecuaria que estén bajo la responsabilidad del Ejecutivo.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a instrumentar, de manera inmediata, programas en apoyo a los productores agropecuarios nacionales empleando los recursos adicionales asignados a dicha Secretaría en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio fiscal.
Tercero. Se exhorta al Poder Ejecutivo a instrumentar, a la brevedad, el esquema para fertilizantes señalado en la Ley de Petróleos Mexicanos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril del 2010.
Diputado Rolando Zubia Rivera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SHCP A AUTORIZAR Y LLEVAR A CABO MEDIANTE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ADUANAS LA REUBICACIÓN DE LA GARITA ADUANAL SITUADA EN
EL KILÓMETRO 26 DE LA CARRETERA REYNOSA-SAN FERNANDO, EN REYNOSA,
TAMAULIPAS, POR CONSIDERAR QUE ES INOPERANTE EN SU LOCALIZACIÓN
ACTUAL, A CARGO DEL DIPUTADO EDGARDO MELHEM SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El suscrito, Edgardo Melhem Salinas, en su calidad de diputado por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, por Tamaulipas, con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a través de la Dirección General de Aduanas, se autorice y lleve a cabo la reubicación de la garita aduanal ubicada en el kilómetro 26 de la carretera Reynosa-San Fernando, en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, por considerar que es inoperante en su ubicación actual, al tenor de los siguientes
Considerandos
Tamaulipas participa de manera preponderante en el comercio exterior de México hacia Estados Unidos de América y a Canadá. Ello hace indispensable que la infraestructura vinculada al comercio exterior se encuentre en las mejores condiciones y con la ubicación idónea para cumplir su propósito.
En atención al destacado papel que desempeña Tamaulipas en materia de comercio exterior, durante los últimos años se han realizado cuantiosas inversiones en el estado destinadas a infraestructura carretera, parques industriales y puertos y aduanas fronterizas.
Una de las razones que motivan esta propuesta es que dadas las características de la carretera Reynosa-San Fernando y la ubicación de la garita en el kilómetro 26 de ésta, se propicia congestionamiento del tráfico vehicular, especialmente de transportes de carga, produciendo con ello pérdida de tiempo y largas filas de transportes, lo cual va en detrimento de la oportunidad con que deben ser entregadas las mercancías y, por ende, de la productividad y calidad del servicios de transporte de carga que cruza por esta garita.
Por otra parte, su ubicación obliga también a que pasen por ella transportes destinados a productos agrícolas o sus insumos, lo cual deben hacer varias veces en un día, con los costos inherentes a ello. Esto afecta sustancialmente a la economía de los productores agropecuarios de esta región.
El promover la reubicación de la garita aduanal ubicada en el kilómetro 26 de la carretera Reynosa-San Fernando, con el objeto de beneficiar a las comunidades ejidales de la zona, forma parte de los compromisos tendentes a fortalecer la economía de la industria agropecuaria
Desde hace más de diez años se ha venido haciendo la petición a la Administración General de Aduanas de cambiar la ubicación de la garita, sin que se tenga respuesta favorable; dicha petición ha sido reiterada por agricultores, productores y por organizaciones del sector agropecuario.
No obstante que se han tenido algunos inconvenientes en cuanto a la logística en la reubicación de la garita del kilómetro 26, hasta la fecha la Dirección General de Aduanas no ha manifestado una negativa a la petición que hicieran las autoridades de Tamaulipas.
La solicitud ha sido planteada ya al administrador general de aduanas y a la Secretaría de Hacienda, para que se le reubique en los límites de los municipios de Reynosa y Méndez, a fin de que puedan transitar vehículos fronterizos a lo largo y ancho del municipio.
De esta manera, las instalaciones que están en el kilómetro 26 por la carretera a San Fernando se trasladarían al kilómetro 45 para un nuevo centro de revisión.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se hace un atento exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a través de la Dirección General de Aduanas, autorice a la brevedad el traslado de la garita aduanal ubicada actualmente en el kilómetro 26 de la carretera Reynosa-San Fernando, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, para que se le reubique en el kilómetro 50 de la misma carretera, entre los municipios de Reynosa, y Méndez, Tamaulipas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2010.
Diputado Edgardo Melhem Salinas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO
SANTIAGO, EN JALISCO, ASÍ COMO A LAS ACCIONES POR IMPLANTAR PARA
CONTRARRESTARLOS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ TRINIDAD PADILLA LÓPEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, conforme a las siguientes
Consideraciones
El 25 de enero de 2008, Miguel Ángel López Rocha de 9 años de edad, cayó al río Santiago en El Salto, Jalisco y desarrolló una intoxicación aguda por arsénico, razón por la que fue trasladado al Hospital General de Occidente (HGO) de la Secretaría de Salud de Jalisco.
Miguel Ángel permaneció internado hasta el 13 de febrero de ese año, día en que falleció, de acuerdo con el director del HGO, Enrique Rábago Solorio, debido a un paro cardiorrespiratorio y falla orgánica múltiple, derivados de una intoxicación por arsénico, metal pesado que recorría en 51 microgramos su cuerpo, entre cuatro y diez veces más de los valores normales en una persona no expuesta al metal.
El caso de Miguel Ángel es una muestra de la grave situación de degradación ambiental que se vive en los poblados de Juanacatlán y El Salto, en el estado de Jalisco. En el río Santiago fluyen aguas residuales industriales, domésticas, agrícolas y de otros usos que carecen de tratamiento ocasionando una descarga tóxica en la cuenca que al caer por la cascada que divide estos municipios generan gases que son respirados por los pobladores.
De acuerdo con el inventario de descargas en el estado de Jalisco de la Gerencia Regional de la Comisión Nacional del Agua (CNA), existen 280 descargas identificadas, de las cuales 266 vierten sus aguas al río Santiago. El 36.5% de este flujo, lo aporta la industria química-farmacéutica, le siguen la industria de alimentos y bebidas con un 15% y la textil con 12.3%; después vienen las de celulosa (papel) y la tequilera.
El estudio de la contaminación del agua y de los sedimentos del Río Grande Santiago desde su nacimiento hasta la presa Santa Rosa,1 realizado en 2001 señala que el agua y sedimentos del río Santiago tienen un alto nivel de contaminación, entre las sustancias encontradas existía:
• Concentraciones de plomo y zinc arriba de los límites para la protección de la vida acuática.
• Niveles de microorganismos fecales inadmisibles (110 veces arriba del límite), que indica una fuente de patógenos que al evaporarse el agua y dispersarse a la población en general puede ocasionar infecciones al contaminar superficies en general y, al ser inhalado, infecciones respiratorias repetitivas.
A mayor abundamiento, el estudio realizado por la Universidad de Guadalajara en el 20043 arroja resultados que muestran cantidades significativas de los metales pesados, plomo, cromo, cobalto, mercurio y arsénico en los sedimentos de los ríos Verde y Santiago, cabe señalar que en este último, en casi todos los sitios, las cantidades de metal son significativamente mayores que las de los sitios muestreados a lo largo del río Verde, además, se encontraron cantidades anómalas de manganeso en ambos ríos. La existencia de manganeso en concentraciones elevadas, especialmente en los sedimentos del río Santiago y a profundidades de hasta 40 cm, posee un riesgo potencial para que se promueva el desprendimiento del resto de los metales encontrados en el estudio.
Una de las recomendaciones señaladas en todos los estudios mencionados, es el constante monitoreo sobre las concentraciones de este metal en las corrientes acuosas, así como encontrar las condiciones bajo las cuales sea posible el desprendimiento de los metales contaminantes en el río Santiago para poder prevenir contingencias y evitar la contaminación de las aguas del río.
Cabe señalar que los niños son particularmente vulnerables a numerosos riesgos ambientales. En comparación con los adultos, los infantes respiran con mayor rapidez, comen más por kilogramo de peso, viven más cerca del suelo en donde contaminantes tienden a acumularse y tienen más probabilidades de ingerir tierra y polvo contaminado y pasan más tiempo en exteriores.
Además de estas mayores rutas de exposición, los cuerpos infantiles son también más vulnerables. Existen ventanas de vulnerabilidad durante el desarrollo fetal y la primera infancia, cuando pulmones, cerebro y otros sistemas están en proceso de maduración. Toda exposición dañina durante estas ventanas críticas de desarrollo pueden conducir a alteraciones de por vida en el comportamiento, la incidencia de enfermedades y el desarrollo.4
Cabe señalar que la inobservancia de las autoridades al grave problema que se describe en el presente documento contraviene diversos ordenamientos nacionales entre los que se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como instrumentos de derecho internacional signados por México como la Convención sobre los Derechos del Niño que particularmente en su artículo 24 establece que:
Los Estados parte reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados parte se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.
Finalmente, el pasado 2 de marzo la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al Director de la Comisión Nacional del Agua en relación al caso particular de Miguel Ángel López Rocha, sin embargo, es imperante que las autoridades tomen medidas preventivas y ejerciten de forma inmediata acciones que contrarresten la grave situación que viven los municipios de El Salto y Juanacatlán en razón de la contaminación del río Santiago.
En atención al grave problema descrito, resulta urgente que las dependencias competentes en materia de salud, de medio ambiente y de control de aguas nacionales, cuenten con datos actualizados del estado del río Santiago y en función de éstos implementen las acciones necesarias para contrarrestar los efectos de la contaminación del río en la salud de los habitantes de las poblaciones aledañas; asimismo, se considera indispensable realizar las investigaciones necesarias a fin de deslindar responsabilidades en el caso del menor fallecido. De manera complementaria, se considera pertinente que la Comisión Especial Cuenca Lerma-Chapala-Santiago cree un grupo de trabajo encargado de conocer y dar seguimiento a las acciones anteriores, así como de comunicarlas a esta Soberanía.
Por lo expuesto, se somete a consideración de este Pleno, como de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de las dependencias competentes en los ámbitos de salud, de medio ambiente y de control de aguas nacionales, y en concurrencia con el gobierno del estado de Jalisco, realice con carácter urgente los estudios necesarios para determinar los niveles de metales pesados y cianuros, así como de otros contaminantes no orgánicos y orgánicos, que se encuentran actualmente en la cuenca alta del río Santiago, en el estado de Jalisco, así como sus efectos en la salud física y mental de los habitantes de las poblaciones aledañas.
Segundo. Se solicita a los titulares de la Semarnat, de la Profepa, de la Conagua y de la Secretaría de Salud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que informen a esta soberanía en un plazo no mayor de 72 horas sobre las acciones a implementar para contrarrestar la grave contaminación de las aguas del río Santiago y las afectaciones en la salud física y psicológica de los habitantes de los municipios del Salto y Juanacatlán, en el estado de Jalisco.
Tercero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que inicie los procedimientos administrativos necesarios, a fin de deslindar responsabilidades en cuanto a las omisiones que en el ejercicio de sus atribuciones hayan incurrido los funcionarios de la Secretaría de Salud en el estado de Jalisco, en relación con los efectos en la salud física y psicológica de los habitantes de los municipios del Salto y Juanacatlán por la exposición permanente a las aguas del río Santiago.
Cuarto. Se solicita de la Comisión Especial Cuenca Lerma-Chapala-Santiago de esta Cámara, la creación de un grupo de trabajo a fin de dar seguimiento a lo establecido en los puntos primero a tercero del presente acuerdo e informar al respecto a esta soberanía.
Notas
1. Gallardo Valdez, Juan y Laure Vidal (2001). Estudio
de la contaminación del agua y de los sedimentos del Río
Grande Santiago desde su nacimiento hasta la presa Santa Rosa. Pág.
53. Jalisco, México.
2. AYMA, Ingeniería y Consultoría (2003).
Estudio
de monitoreo y modelación de la calidad del agua de los ríos
Santiago y Verde del estado de Jalisco. México.
3. Comisión Estatal del Agua Jalisco y Universidad
de Guadalajara (2004). Estudio para la caracterización de los lodos
de los ríos Verde y Santiago. Jalisco, México.
4. Comisión para la Cooperación Ambiental
(2006). Sustancias químicas tóxicas y salud infantil en
América del Norte. Pág. vii. México, Estados
Unidos y Canadá.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2010.
Diputado José Trinidad Padilla López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA SEPARACIÓN DEL ENCARGO DEL TITULAR DE LA SCT, HASTA
EN TANTO CONCLUYAN LAS INDAGATORIAS RESPECTO A LA MUERTE DE 49 NIÑOS
EN LA GUARDERÍA ABC, DE HERMOSILLO, SONORA, Y QUE CON LOS RESULTADOS
RESPECTIVOS SE ACTUÉ DE INMEDIATO CONFORME A LA LEY, A CARGO DEL
DIPUTADO JOSÉ NARRO CÉSPEDES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD
El suscrito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Cámara de Diputados la siguiente propuesta
Exposición de Motivos
El Instituto Mexicano del Seguro Social, es una de las más grandes conquistas del pueblo mexicano, siendo, desde su creación, la institución que garantiza el derecho a la salud y protección social de los trabajadores y sus familias. Una población saludable es una población productiva y generadora de desarrollo social. El IMSS es un patrimonio institucional, un logro que todos debemos cuidar para hacerlo irreversible. No han faltado voces que ante los problemas surgidos a lo largo de su existencia, han pedido su desaparición.
Como representantes populares, debemos velar porque se enfrenten sus problemas y se corrija a fondo toda situación irregular que pueda derivar en una amenaza para la institución, y sobre todo, para sus derechohabientes.
Entre otras de las facultades y atribuciones que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, plasmadas en el artículo 251 de la Ley del Seguro Social, se encuentra, en la fracción VI, la de "establecer unidades médicas, guarderías infantiles, farmacias, velatorios, así como centros de capacitación, deportivos, culturales, vacacionales, de seguridad social para el bienestar familiar y demás establecimientos para el cumplimiento de los fines que le son propios…"
En la fracción I de dicho artículo, se indica, además, la de "administrar los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, salud para la familia, adicionales y otros, así como prestar los servicios de beneficio colectivo que señala esta ley;
El artículo 11 de la Ley del Seguro Social, establece dentro del régimen obligatorio el seguro de guarderías; siendo sujetos de aseguramiento según el artículo 12 de esta Ley: "Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten, en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón"
El artículo 201 de dicha ley, indica que "El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.
Este beneficio se podrá extender a los asegurados que por resolución judicial ejerzan la patria potestad y la custodia de un menor.
Según lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley del Seguro Social, "los servicios de guardería infantil incluirán el aseo, la alimentación, el cuidado de la salud, la educación y la recreación de los menores…serán proporcionados por el instituto, en los términos de las disposiciones que al efecto expida el Consejo Técnico."
En el artículo 204 de dicha ley se indica que "para otorgar la prestación de los servicios de guardería, el instituto establecerá instalaciones especiales, por zonas convenientemente localizadas en relación a los centros de trabajo y de habitación, y en las localidades donde opere el régimen obligatorio"
Por lo que se refiere a la subrogación de los servicios, el artículo 213 de esta ley, indica lo siguiente: "El instituto podrá celebrar convenios de reversión de cuotas o subrogación de servicios, con los patrones que tengan instaladas guarderías en sus empresas o establecimientos, cuando reúnan los requisitos señalados en las disposiciones relativas.
Asimismo, en aquellos lugares donde el Instituto no cuente con instalaciones, a juicio del propio Instituto, para prestar los servicios de guardería que tiene encomendados, éste podrá celebrar convenios con los patrones del campo y organizaciones de trabajadores eventuales del campo para la subrogación de los servicios…
En todo caso, los patrones del campo y las organizaciones a que se refiere este artículo estarán obligados a proporcionar al Instituto los informes y estadísticas que éste les exigiere y a sujetarse a las instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia prescritas por el propio instituto…"
Lo hasta aquí expuesto señala las atribuciones del IMSS en relación con el establecimiento y administración de guarderías, quienes son sujetos a este tipo de servicios y en qué casos es posible la subrogación de éstos.
El viernes 5 de junio de 2009 ha quedado en la historia como una de las mayores tragedias de Hermosillo, Sonora y del país, al haber ocurrido un incendio en las instalaciones de la guardería subrogada ABC y el cual cobró la vida de 49 niños y niñas de entre 11 meses y 4 años de edad, quienes fallecieron quemados e intoxicados; quedando otros 75 lesionados, algunos con huellas de las quemaduras para toda la vida. En la guardería eran resguardados 176 niños menores de 5 años. El fuego inició, al parecer, en una bodega con documentos del gobierno estatal, aledaña a la guardería. Del otro lado había una bodega de llantas y frente a ésta, una gasolinera.
Como se ve, desgraciadamente, existiendo irresponsabilidad la tragedia era sólo cuestión de tiempo.
Este infausto suceso, provocó duelo, dolor y rabia en todo el país y la herida aún no sana. Aun castigando a los responsables, quedará la sociedad lastimada y las familias sufriendo la pérdida de vidas inocentes que pudieron haberse salvado de existir en la guardería las condiciones de seguridad mínimas para su operación. Irónicamente, al parecer apenas en mayo, según documentos oficiales, las autoridades del IMSS felicitaron a los encargados de esas instalaciones.
Como señalamos previamente es el IMSS, el que debe proporcionar los servicios de guardería en instalaciones especiales.
Si la subrogación sólo puede hacerse a los patrones que tengan instaladas guarderías en sus empresas o establecimientos, cuando reúnan los requisitos señalados en las disposiciones relativas y con los patrones del campo y organizaciones de trabajadores eventuales del campo, ¿que hacían particulares prestando el servicio de guarderías?
¿Cómo y cuando sucedió que esta obligación institucional pasó a convertirse en un lucrativo negocio de particulares, que incluso no cumplen con las más elementales normas de seguridad, como en este caso?
Evidentemente, el algún momento se tomaron acuerdos por parte de algunos órganos del IMSS, fuera de las disposiciones legales, para subrogar los servicios de las guarderías.
La indignación ciudadana por la evidente irresponsabilidad no sólo de los dueños de la guardería, sino de funcionarios de los tres órdenes de gobierno, llevó el asunto hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El pasado 1 de marzo, la Comisión Investigadora de la guardería ABC de la corte, determinó "que en las guarderías que dan servicio a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hay un desorden generalizado en el otorgamiento de contratos, operación y vigilancia; y destacó que esa institución carece de fundamento legal para otorgar a terceros el servicio que actualmente otorgan esos centros a miles de niños."
En la página de Internet de la Suprema Corte, (medios y publicaciones) se encuentra el informe preliminar elaborado por los magistrados comisionados, María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla, entregado al alto tribunal y que será turnado al ministro José Fernando Franco González Salas, para la preparación del dictamen a discutirse por todos los ministros, y en el cual se indican ocho consideraciones, las cuales en síntesis son:
Segunda. Desde 1983, año en que empezaron a instalarse las guarderías que operan conforme a un contrato de prestación de servicios, hasta junio del 2009, había en el país alrededor de un 1,487 con ese esquema, de las cuales sólo 11 son de patrones, es decir, de las verdaderamente subrogadas, lo cual es indicativo de que su diseño legal no tiene la aceptación deseable.
Tercera. Quedó probada la hipótesis de que en el otorgamiento de los contratos, operación y vigilancia o supervisión de las guarderías existe un desorden generalizado. Sólo 14 de los mil 487 contratos de prestación de servicios se otorgaron habiendo quedado satisfechos todos los requisitos previos que la normatividad aplicable exige.
La supervisión que ejerce el IMSS como mero control administrativo, se realiza en mil 298 guarderías, porcentaje que equivale al 88.7 por ciento. La participación del instituto en la supervisión que trasciende al ámbito de la protección civil es escasa.
El 49.9 por ciento de prestadoras del servicio carece de la constancia de protección civil vigente y sólo cuatrocientas siete tienen visto bueno de bomberos vigente.
Cuarta. Quedó probada la existencia de un fuerte vínculo entre el desorden generalizado y la guardería ABC.
Quinta. El incendio que quitó la vida a 49 y dejó lesionados a otros 75 niños, se originó en la bodega contigua a la guardería ABC, donde la Secretaría de Hacienda del gobierno de Sonora tenía almacenadas grandes cantidades de documentos.
La inexistencia de un muro cortafuegos que dividiera las instalaciones de la bodega de las de la guardería, aunado a las oquedades y aperturas que había en el muro divisorio, permitió que grandes cantidades de humo tóxico, gases y calor se concentraran en el espacio que había entre el falso plafón y el techo de la nave que albergaba a la guardería. Cuando el cielo raso ya no resistió el calor cayó, permitiendo que el humo tóxico y los gases inflamables se vinieran abajo donde había oxígeno, lo que produjo un rápido e intenso flamazo en las aulas donde se encontraban los niños.
Sexta. En virtud de que en la bodega alquilada por el Estado de Sonora había trabajadores permanentes, se le considera centro laboral. Consecuentemente, el patrón estaba obligado a acatar la norma oficial mexicana en materia de prevención de incendios en los centros de trabajo. La evidencia demuestra que en la bodega no había ni siquiera detectores de humo o extinguidores.
No existe evidencia de que las autoridades competentes, estatales y municipales, hubieran realizado visitas de inspección a la bodega y a la guardería para verificar la existencia de los respectivos programas internos de protección civil. Tampoco existe prueba demostrativa de que las autoridades competentes del IMSS hubieran emitido, en su oportunidad, la certificación técnica de inmueble.
Séptima. En la eventual violación de garantías pueden estar involucradas diversas autoridades del IMSS, del gobierno de Sonora y del municipio de Hermosillo.
Octava. Existe referencia de un solo caso de negligencia médica. En los demás casos reportados no existe prueba demostrativa de que hubiera habido negligencia médica en la atención que se proporcionó a los niños y adultos que sufrieron lesiones a consecuencia del incendio ocurrido en la guardería ABC.
También hay responsables del gobierno de Sonora, encabezados por el entonces gobernador Eduardo Bours Castelo, su secretario de Hacienda, Miguel Eugenio Lohr Martínez, titular responsable de la bodega donde se originó el incendio, el coordinador ejecutivo de la Comisión de Bienes y Concesiones del gobierno del estado; y el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil.
Existe también responsabilidad del ayuntamiento de Hermosillo, particularmente del presidente municipal cuando ocurrió el suceso, Ernesto Gándara Camou y los directores de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de Inspección y Vigilancia Municipal, y de la Unidad de Protección Civil Municipal.
La sociedad sonorense, la sociedad mexicana, exige justicia y que se aplique la ley sin distinción a todos los responsables de esta desgracia, causada por la negligencia, la irresponsabilidad y la ambición de unos cuantos.
Con nada puede resarcirse a los familiares la pérdida de un hijo o una hija. Lo menos que puede hacerse es que este crimen no quede impune y que se castigue a todos los involucrados, a los verdaderos responsables y no sólo a chivos expiatorios. Es de elemental justicia, que reciban el máximo castigo que establecen las leyes y que los funcionarios culpables, de los tres órdenes de gobierno, sean inhabilitados en forma definitiva para ocupar cargos públicos.
Las guarderías contribuyen a la incorporación de la mujer al trabajo. Para las madres y padres trabajadores, es vital que sus hijos estén seguros. Por ello, es fundamental que se tomen las medidas que sean necesarias para prevenir que haya otras tragedias similares. Debe dejarse de ver a las guarderías subrogadas, como un negocio redondo, prácticamente como una concesión de la que se han beneficiado familiares de políticos, cómplices por ello, de que no se cumpla cabalmente la normatividad correspondiente.
Según palabras del nuevo director del IMSS, Daniel Karam es necesario "llevar esto hasta las últimas consecuencias, trátese de quien se trate".
Por lo expuesto, quien suscribe, dputado del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura, manifiesto mi convicción de que se castigue con todo el peso de la ley a quienes resulten responsables, por acción u omisión, de la muerte y heridas causadas a los niños de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, sometiendo a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición, que solicito se turne a las Comisiones de Justicia, Seguridad Pública, y Seguridad Social.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados solicita al titular del Ejecutivo federal, la separación de su cargo, como secretario de Comunicaciones y Transportes del ciudadano Juan Francisco Molinar Horcasitas, hasta en tanto concluyan las indagatorias con respecto a los sucesos donde murieron 49 niños en la guardería ABC de la ciudad de Hermosillo, Sonora y con los resultados de ésta, se actué de inmediato conforme a la ley, contra todos los involucrados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en México, DF, a 7 de abril de 2010.
Diputado José Narro Céspedes (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA STPS Y DE LA SCT A IMPLANTAR ACCIONES
COORDINADAS DE INSPECCIÓN PARA CONSTATAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS
DISPOSICIONES LABORALES A BORDO DE BUQUES Y DE PLATAFORMAS, A CARGO DEL
DIPUTADO KARLA VERÓNICA GONZÁLEZ CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
La que suscribe, Karla Verónica González Cruz, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70 de la Constitución Política, 26 de la Ley Orgánica del Congreso General y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta ante el pleno de este poder de la unión la siguiente proposición con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a los secretarios del Trabajo y Previsión Social (STPS), y de Comunicaciones y Transportes (SCT) a implantar, en el ámbito de su competencia, acciones coordinadas de inspección para constatar el incumplimiento de las disposiciones laborales a bordo de los buques y de las plataformas.
Consideraciones
En términos de lo establecido en el artículo 40, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la STPS vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la SCT regular las comunicaciones y los transportes, así como coordinar en los puertos marítimos y fluviales las actividades y los servicios marítimos y portuarios.
El artículo 212 de la Ley Federal del Trabajo establece que corresponde a la Inspección del Trabajo vigilar el cumplimiento de las leyes y demás normas de trabajo, atendiendo a las leyes y disposiciones sobre comunicaciones por agua, cuando los buques estén en puerto.
Antecedentes
1. La sonda de Campeche es considerada un área estratégica marítima importante para la economía y seguridad de la nación.
2. La infraestructura que se tiene en la región de la sonda de Campeche está integrada por plataformas de exploración, perforación y explotación fijas y móviles, embarcaciones menores, como sismológicas, abastecedores, remolcadores, lanchas de pasaje, de inspección, chalanes, buques mayores de almacenamiento y producción, etcétera. Esta infraestructura es operada y mantenida por aproximadamente 30 mil trabajadores de la actividad marítima. De ellos, aproximadamente 80 por ciento sufren explotación a consecuencia de que no se fiscaliza la aplicación de las normas laborales.
3. Para nadie que labora en la sonda de Campeche es un secreto que las normas de trabajo no se cumplen. Hay infinidad de violaciones de la seguridad social de los trabajadores, de los contratos de trabajo, de la aplicación de las normas de seguridad marítima, y de los derechos humanos y laborales. Las jornadas laborales llegan a ser de 20 horas. El incumplimiento de los pagos de salarios y prestaciones convenidas es algo de todos los días. Los despidos injustificados son sumamente frecuentes. Las políticas particulares de las empresas son arbitrarias y contra las leyes marítimas y las laborales.
4. La Ley Federal del Trabajo tiene como finalidad conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones. En el Título Sexto, "Trabajos especiales", en el capítulo relativo a los trabajadores de los buques, se establecen todas las normas. Sin embargo, en la sonda de Campeche lo anterior es letra muerta.
5. El personal del B/G Huasteco manifiesta graves violaciones de que son objeto los trabajadores por la empresa Protexa y subsidiarias que prestan servicios a Petróleos Mexicanos (Pemex).
6. La empresa Protexa y sus subsidiarias, entre ellas Condux, SA de CV, adeudan a empresas subcontratadas para cumplir servicios de transporte, suministro de materiales y alimentos, entre otros.
7. Manifiesta el sector empresarial la negativa de estas empresas a cumplir sus contratos.
Los trabajadores denuncian lo siguiente:
II. Las empresas que los contratan, con frecuencia de hasta cuatro meses cambian de razón social para que los contratos que firman sean temporales; ello, además de tener como fin evadir impuestos, evita que generen antigüedad.
III. Constantemente sufren suspensiones de pago de cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que trae como consecuencia falta de servicio médico del derechohabiente y de sus familiares.
IV. El pago que hacen las empresas al IMSS lo hacen reduciendo el salario diario integrado; con ello evaden impuestos. Cuando algún trabajador sufre accidente de trabajo, la incapacidad que se le paga es mucho menor de lo que corresponde.
V. No obstante que las labores que realiza son consideradas de alto riesgo, las empresas no pagan seguro de vida al trabajador.
VI. Hay trabajadores a quienes se adeudan vacaciones desde hace más de dos años.
VII. No se les entrega copia del contrato laboral que firman y en muchos de los casos los obligan a firmar un papel en blanco junto con el contrato.
VIII. El pago no oportuno de prestaciones: aguinaldo, vacaciones, Afore, Infonavit.
IX. Falta de servicios a bordo al limitarles el envío de alimentos.
X. Mal servicio de agua y de mala calidad.
XI. Reciben trato discriminatorio cuando se acercan a las oficinas para tratar de resolver los problemas mencionados.
XII. Se solicita que les depositen el pago completo de salarios y prestaciones devengados.
• No da reparto de utilidades;
• Frecuentemente lleva a cabo despidos masivos para evitar que los trabajadores generen antigüedad o evadir el pago de aguinaldo;
• A bordo de las plataformas no se cuenta con instalaciones médicas que brinden la atención que requieren los trabajadores en caso de accidente laboral; y
• Las cantidades con que cotizan ante el IMSS no concuerdan con el salario que paga.
Dicho grupo quedó integrado por funcionarios de la STPS, de la Procuraduría Federal para la Defensa de los Trabajadores y de la SCT.
Como resultado del diagnóstico de esta comisión, acordaron dar seguimiento a lo expuesto anteriormente. Hoy cobra mayor vigencia la problemática que se presenta a bordo de este buque, administrado por Condux, SA de CV, empresa de Grupo Protexa.
La LX Legislatura promovió un trabajo conjunto por la urgente necesidad de erradicar los incumplimientos laborales que se presentan a bordo del buque y de las plataformas de esta empresa. Incluso se firmaron unas bases de colaboración para que en un trabajo conjunto entre las secretarías mencionadas se elaborara un programa de inspección, a fin de constatar el incumplimiento de las disposiciones laborales. Las violaciones de la ley han provocado accidentes que luego lamentamos en esta tribuna.
Por lo anterior, se someten a consideración del pleno de este poder de la unión los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a los secretarios de Comunicaciones y Transportes, y del Trabajo y Previsión Social a informar sobre las acciones que implantaron con las bases de colaboración referente al programa de inspección a fin de constatar el incumplimiento de las disposiciones laborales a bordo de los buques y de las plataformas.
Segundo. Que el secretario del Trabajo y Previsión Social informe a la Cámara de Diputados en un plazo de 60 días, contados a partir de la fecha de notificación, sobre el resultado de las inspecciones de los buques y de las plataformas de la empresa Protexa y subsidiarias respecto a las denuncias manifestadas por los trabajadores.
Tercero. Que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados comunique al director general de Petróleos Mexicanos el contenido de estos puntos de acuerdo a fin de que tome las medidas pertinentes para evitar accidentes.
Palacio Legislativo, a 8 de abril de 2010.
Diputada Karla Verónica González Cruz (rúbrica)