El que suscribe, diputado federal Ángel Aguirre Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para la asignación extraordinaria de recursos presupuestales para programas de prevención de desastres naturales, así como para adquisición y mantenimiento del equipo sismológico en Guerrero, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En lo que va de este año se han presentado diversos movimientos telúricos alrededor del mundo, superando los seis grados en la escala de Richter, provocando grandes pérdidas humanas y económicas.
Lo anterior debe de servirnos de ejemplo para seguir impulsando y fortaleciendo una cultura de protección civil en todos los sectores de la sociedad, a fin de actuar adecuadamente y disminuir, en medida de lo posible, los daños que este tipo de fenómenos naturales generan.
De todos es sabido que México es una zona de alta sismicidad porque se encuentra en la zona de contacto de dos grandes placas tectónicas: la de Cocos y la de Rivera, ubicadas en el océano Pacífico, que forman parte de la placa Norteamericana y continental del continente americano.
Solamente en los dos primeros meses del presente año se han registrado 139 temblores en el territorio de Guerrero, lo que representa el 36 por ciento de la actividad sísmica nacional.
El mayor número de sismos se han presentado en la Costa Grande con 70, seguido por la Costa Chica con 26, Acapulco con 22, Tierra Caliente con 16, la región centro con 3 y La Montaña con 1.
Las costas de Guerrero son el lugar donde se reporta la mayor actividad sísmica del país, debido a que en esta zona se encuentra la placa de Cocos. Los movimientos registrados en 2010 oscilan entre los 3.0 y 4.7 grados en la escala de Richter.
De acuerdo a los expertos en sismología es preferible que a lo largo del año se presenten pequeños sismos, que ayudan a disipar la acumulación de energía de los movimientos de la corteza terrestre, pues de lo contrario podrían producirse temblores de intensidad considerable.
En días recientes, investigadores del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, indicaron la fuerte probabilidad de que ocurra un movimiento telúrico de grandes dimensiones en nuestro país con epicentro en el territorio de Guerrero en un futuro muy próximo, tema que por cierto ha sido tratado en ocasiones anteriores, sin señalar un tiempo en específico.
Lo anterior es así porque a pesar de los avances de la ciencia y tecnología, ningún país en el mundo ha desarrollado algún sistema que permita pronosticar con exactitud la presencia de algún fenómeno natural que ponga en riesgo la vida de las personas.
No obstante, los estudios de las ondas sísmicas realizados a través de los años, permiten a los Estados aplicar políticas de desarrollo urbano, construcción de vivienda y protección civil, que contribuyen a mitigar los daños ocasionados por la presencia de estos fenómenos.
El investigador especializado en sismología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Raúl Valenzuela Wong, afirmó que desde 1911 no se han movido las placas tectónicas en la región noreste de Guerrero, conocida como "La Brecha de Guerrero", por lo que la probabilidad de un temblor de gran magnitud es real.
Igualmente comentó, que por la corta distancia que hay entre la Capital del país y las Costas de Guerrero, en comparación con otras zonas del Pacífico, podría tener un impacto significativo.
Por su parte, el catedrático e investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero y Premio Nacional de Protección Civil 2009, Roberto Arroyo Matus, dijo que Guerrero libera diariamente una energía que provoca entre 3 y 4 temblores de baja intensidad. Sin embargo no debe de perderse de vista, que las franjas sísmicas que hay en toda la Costa del Estado no han liberado suficiente energía en un período considerable.
Por tal motivo y como consecuencia de esa falta de actividad, esta entidad federativa es la más observada en materia sismológica, pues la detección oportuna del movimiento telúrico es vital para la seguridad de los ciudadanos, principalmente en la zonas de Acapulco, la Costa Grande y la Costa Chica.
En Guerrero, más del 53 por ciento de las casas están construidas con adobe o materiales de baja calidad, lo cual las hace sensibles a los sismos mayores a los 6 grados. Además existen escuelas, hospitales y edificios con cimientos sensibles, con una vida útil de más de 30 años, los cuales no fueron diseñados para soportar este tipo de fenómenos naturales y que ante un movimiento de esta magnitud, podrían colapsar.
La Dirección General de Protección Civil, de la Secretaría de Gobernación, rechazó la versión de un "inminente movimiento telúrico" en las costas de Guerrero, difundida por "supuestos científicos y centros de investigación" y la clasificó como falsa, pues manifestó que el conocimiento humano actual no puede predecir la ocurrencia de un temblor, sin justificar porqué calificó así a las personas que proporcionaron dicha información, quienes solamente indicaron la presencia de un fuerte sismo como una posibilidad, en el futuro, por la inactividad de la zona.
Asimismo, manifestó que las autoridades de los tres niveles de gobierno, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, están listas para activar los procedimientos y atender cualquier contingencia provocada por un sismo.
Si bien es cierto que ningún fenómeno natural es predecible, también es necesario atender la información sobre el tema, contar con el equipo adecuado y fortalecer e impulsar las medidas de protección civil, a fin de evitar catástrofes de esta naturaleza como las recientemente vividas en paises como Haití, Chile y Turquía, en los cuales se pudo constatar que con un buen programa de prevención y apoyo se pueden evitar grandes pérdidas humanas.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. El Congreso de la República exhorta al gobierno federal para que, en coordinación con los diferentes niveles de gobierno de Guerrero, se destinen mayores recursos para la difusión de los programas de prevención de desastres naturales, así como para adquirir y dar mantenimiento al equipo sismológico, con el fin de instalar sistemas de alarma sísmica en edificios públicos y centros escolares en la zona de Acapulco, la Costa Grande y la Costa Chica, así como revisar y fortalecer su infraestructura, por localizarse en una zona de alto nivel sísmico.
Segundo. Se solicita a los tres órdenes de gobierno trabajar de manera conjunta para impulsar, fortalecer y difundir la cultura de protección civil en las zonas sísmicas del país.
Dado en la Cámara de Diputados, Ciudad de México, el 8 de abril de 2010.
Diputado Ángel Aguirre Herrera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE DEJE SIN EFECTO POR CONDUCTO DE LA
SAGARPA EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EL VOLUMEN DE CAPTURA
INCIDENTAL PERMITIDO EN LAS OPERACIONES DE PESCA DE TIBURÓN Y RAYAS
EN AGUAS DE JURISDICCIÓN FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO MARCOS ALBERTO
COVARRUBIAS VILLASEÑOR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, diputado federal por el estado de Baja California Sur e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior, somete a consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que desde el Congreso Constituyente de 1916-1917 se dejo claro el hecho de que son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional; el Diario de los Debates del Congreso Constituyente dio cuenta de ello, en su Tomo II, Número 79 del 29 de enero de 1917, visibles en las páginas 774 a 779.
Que el 19 de diciembre de 1933 y con motivo de una redacción definitiva del artículo 27 de la Norma Suprema, se reitero lo antes señalado y correspondería a los diputados José Santos Alonso, Alejandro Antuna, Tomás Tapia, E. Martínez Macías y Gilberto Fabila, presentar el nuevo proyecto de artículo 27 constitucional; Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, Año II. Tomo II, Numero 28, del 19 de diciembre de 1933, pp. 18-26.
El 1 de octubre de 1959 el Ejecutivo federal presento una Iniciativa con proyecto de decreto para modificar nuevamente el artículo 27 constitucional y en la parte que nos ocupa ya expresaba los acontecimientos de la época:
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar fue centro de confluencia de antiguas y de nuevas corrientes, y a la vez, punto de partida de desarrollos futuros. Su importancia difícilmente podría ser sobreestimada. Las cuatro convenciones que adoptó, consideradas en su conjunto, representan un punto de equilibrio entre la codificación del derecho preexistente y los imperativos de la evolución progresiva del derecho internacional, entre la práctica de los Estados y la doctrina.
La posición del Ejecutivo fue clara al respecto:
Amén de que el texto constitucional también consagra que la conservación tenga como fin la distribución equitativa de la riqueza para el logro del desarrollo equilibrado del país, por lo que es un concepto que debe entenderse a la luz de un aprovechamiento racional, ya que no puede haber riqueza sin una actividad productiva que la genere.
Ahora bien, en nuestro sistema jurídico, las facultades concurrentes implican que la Federación, las entidades federativas -incluyendo al Distrito Federal- y los municipios, puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general. Al expedir leyes generales o leyes marco, el Congreso de la Unión cumple con dos propósitos simultáneos:
2. Establecer el régimen federal para regular la acción de la autoridad federal en la materia de que se trate.
En este sentido, se ha reglamentado la Constitución Política a través de leyes generales o leyes marco en ciertas materias, como son la educativa, la de salubridad general, asentamientos humanos, ambiental, la de protección civil, la deportiva y la turística.
Con base en esta vía legal, en el Congreso de la Unión se gestó y formuló una reforma constitucional, consistente en la adición de una nueva fracción XXIX-L al artículo 73 constitucional, que permite que la pesca y la acuacultura sean materia de una ley general, a efecto de que las entidades federativas tengan participación directa en la administración de la pesca y la acuacultura.
Que en la sesión plenaria del 7 de noviembre del año 2002, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, recibió iniciativa, a efecto de establecer como facultad del Congreso de la Unión el legislar en materia de pesca, siendo aprobada por las comisiones ordinarias el 12 del mismo mes y año.
En la sesión pública celebrada por el Pleno del Senado de la República, el 14 de noviembre del año 2002, fue aprobado el dictamen correspondiente y fue recibida la minuta con proyecto de decreto por la colegisladora el 21 de noviembre de 2002.
Que en la sesión celebrada por la Cámara de Diputados en fecha 13 de diciembre del año 2002, se presentó otra iniciativa en dicha materia y en esa misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva de la Colegisladora, determinó turnarla para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales.
En la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del 12 de abril de 2004, se acordó aprobar en sus términos el dictamen que incluye la minuta enviada por el Senado con las iniciativas y en la sesión de l5 de abril del 2004, la colegisladora aprobó el dictamen correspondiente con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-L al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 395 votos en pro y 2 abstenciones, el jueves 15 de abril de 2004, resolviendo devolverla a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Que dicha reforma fue aprobada por el Constituyente Permanente, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2004.
Que de esta manera, a través de la reforma constitucional se otorgó al Congreso de la Unión, la facultad de expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias constitucionales, en las materias de pesca y acuacultura, así como la participación de los sectores social y privado.
Con base en dicha reforma, el Congreso de la Unión ha quedado expresamente facultado para expedir una ley general en materia de pesca y acuacultura, que a la vez que realice una distribución de competencias entre la federación y las entidades federativas en estas materias, determine el régimen jurídico federal en dichas materias y la base para que en el futuro los Congresos estatales expidan sus leyes locales. Con este fundamento la ley general y las leyes locales se ajustan a la ley fundamental, teniendo como límites, la primera, ser emitida por el Congreso de la Unión, al amparo de un mandato constitucional expreso, y las segundas, ser expedidas observando con exactitud lo determinado por dicho Congreso en una ley general de acuacultura y pesca.
Destacan las consideraciones hechas por el Constituyente Permanente que al respecto sostuvo:
Es importante observar que en todo caso tales participaciones y concurrencia no sólo deben atender a principios de eficacia en la acción pública intergubernamental, sino también, y sobre todo, al espíritu de la ley fundamental, así como a la eventual constitucionalidad de los actos que deriven de esa participación y concurrencia.
Esto último es así por dos razones. La primera es que aún y cuando la mayor parte de las aguas, medio físico en el cual se encuentra el objetivo material de la actividad pesquera, son de jurisdicción federal, existen otras, las menos, que son de naturaleza estatal. En segundo lugar es de observar que aún y cuando el fruto potencial de la pesca y la acuacultura se encuentra en las aguas comentadas, esta industria humana implica muchas otras actividades que pueden ser de naturaleza federal, estatal o municipal, o incluso coincidentes. Sólo a manera ilustrativa podrían mencionarse el fomento, la investigación, el apoyo a la comercialización, la administración de pesquerías y la capacitación.
En todo caso debe enfatizarse que la participación o concurrencia de los distintos órdenes de gobierno debe ajustarse a la Constitución, circunscribiendo aquella al ámbito de sus respectivas competencias –tal y como se propone en el proyecto original.
Que a fin de enriquecer el dictamen, la Comisión de Pesca llevó a cabo una amplia consulta nacional al sector pesquero y en general a todos los interesados en la materia. En tal virtud, se realizaron 18 foros de consulta en diversos puntos del país; además de reuniones de trabajo con sectores relacionados con la actividad, como el industrial; el social; el académico; el acuícola; las dependencias involucradas con el sector; entidades federativas; por citar algunos.
Asimismo, el Ejecutivo federal, a través de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, hizo llegar a la Comisión de Pesca, en el mes de agosto de 2005, un documento que representaba la opinión única del gobierno federal respecto al proyecto de dictamen, mismo que fue tomado en cuenta por la Comisión durante los trabajos de elaboración del dictamen.
La Comisión de Pesca, por su parte el día 19 de abril de 2006, presentó al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y en su caso su aprobación el proyecto de decreto que expide la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, el cual fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados con 363 votos a favor, cero en contra y una abstención.
Al Senado de la República le correspondió aprobar la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables el 27 de abril de 2006 y remitió el correspondiente decreto al Ejecutivo federal para efectos de su promulgación y publicación conforme al artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Que mediante oficio del 1 de septiembre de 2006, la Secretaría de Gobernación remite al Congreso de la Unión por conducto de la Cámara de Diputados las observaciones del Presidente de la República al decreto que expide la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables con fundamento en el artículo 72, Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Que dicho ordenamiento jurídico fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2007.
Que en el documento denominado la legislación pesquera mexicana y la pesca deportivo recreativa se expresa que abordar el tema de la pesca deportivo-recreativa es referirse a una actividad económica y social de gran importancia para el país, principalmente en la región noroeste. …
Que las especies que por ley quedan destinadas a la pesca deportiva, están enmarcadas en el párrafo quinto del artículo 27 del Código Político de 1917; bienes nacionales que deben regularse en beneficio social, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana, lo cual sin duda se logra mediante esta actividad.
Raúl Cervantes Ahumada,1 señalaba que:
El ordenamiento jurídico define en su artículo 4, fracción XXIX a la pesca deportiva como la que se practica con fines de esparcimiento o recreación con las artes de pesca previamente autorizadas, sujetándola a la Ley, reglamentos y las normas oficiales vigentes.
En el numeral 11 del ordenamiento jurídico en comento se dispone que para la consecución de los objetivos de la presente ley, la secretaría podrá celebrar convenios o acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con el objeto de que éstas, con la participación, en su caso, de sus municipios, asuman las siguientes funciones
Agrega en su artículo 25, fracciones III, IV y VI lo siguiente:
III. Promoverá y autorizará torneos de pesca deportivo-recreativa;
IV. Propiciará la celebración de convenios con organizaciones y prestadores de servicios, para que los pescadores deportivos protejan las especies;
VI. Promoverá la celebración de convenios con organizaciones, prestadores de servicios y particulares para facilitar la obtención de los permisos que se requieran para la pesca deportivo-recreativa, mediante el pago de los derechos correspondientes.
Asimismo, los artículo 41, fracción VII, 55 fracción IX y 60, del ordenamiento multicitado señala las actividades que requieren permiso y los casos de revocación de los mismos:
VII. Pesca deportivo-recreativa, excepto la que se realice desde tierra;
Artículo 55. La secretaría, procederá a la revocación de la concesión o permiso, cuando sus titulares:
IX. La comercialización, bajo cualquier título jurídico, de las capturas de la pesca deportivo-recreativa.
Artículo 60. La pesca se puede realizar mediante concesión o permiso. Requieren permiso la pesca comercial, de fomento, deportivo-recreativa, didáctica y las demás actividades que expresamente se señalen en esta Ley. Se prohíbe la operación de barcos-fábrica y de plantas flotantes.
El aprovechamiento de los productos pesqueros obtenidos en la captura incidental se sujetará a las normas oficiales que al efecto se expidan, salvo lo previsto en esta Ley para la pesca deportivo-recreativa.
Que lo anterior, son los requisitos que estipula el ordenamiento jurídico para que pueda realizarse la captura incidental, sin olvidar las demás disposiciones en la materia.
Que aunado a lo anterior, el aprovechamiento de los productos pesqueros obtenidos en la captura incidental se sujetará a las normas oficiales que al efecto se expidan, salvo lo previsto en el ordenamiento jurídico para la pesca deportivo-recreativa.
Que el numeral en comento es contundente, ni normas oficiales, ni acuerdos son aplicables para la pesca deportivo-recreativa.
Que destaca de este ordenamiento jurídico lo estipulado en el artículo 68 que a la letra dice:
No podrán realizarse actividades de pesca distintas a las de investigación, sobre las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa en las áreas de reproducción que establezca la Secretaría mediante disposiciones reglamentarias.
Que aunado a todo lo anterior, el 10 de diciembre de 2004, los diputados, integrantes de la Comisión de Pesca, al presentar la iniciativa de Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, sostenían en la parte conducente de su exposición de motivos:
La pesca de autoconsumo es una actividad de subsistencia alimenticia de muchas familias que se encuentran en las costas mexicanas o en los cuerpos de agua dulce interiores; sin embargo, requiere regularse de una forma moderada, para que dicha actividad también sea compatible con el ambiente y los ecosistemas en los que se encuentran los recursos aprovechables.
Así, este tipo de pesca no está sujeta a permiso ni a trámite alguno para realizarse lícitamente, pero se sujeta a la observancia y respeto de las normas oficiales mexicanas relativas a dicha actividad y de las vedas que determine la autoridad pesquera en disposiciones administrativas.
El legislador ordinario reitero en el artículo 60 que las especies denominadas marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, quedan destinadas de manera exclusiva para la pesca deportivo-recreativa, dentro de una franja de cincuenta millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial, salvo excepciones que la Conapesca determine, con base en un dictamen técnico emitido por el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura; la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 10 de diciembre de 2004 así lo expresa.
Que la sustentabilidad de la pesca se da cuando se realiza la extracción del recurso a partir del conocimiento de los impactos de la actividad, sin que dañe o afecte a las poblaciones y tomando en cuenta, además, los factores ambientales, económicos y sociales. Para que la pesca sea sustentable las capturas y el esfuerzo pesquero deben estar en función de la cantidad de recurso disponible, este es el principio que ha sido tomado en cuenta para la mayoría de las formas de regulación de la pesca en las últimas décadas; sin embargo, este modelo ha sido rebasado ya que no tomaba en cuenta otros factores como el climático, el ecosistémico y el económico-social.
Que la ley es el instrumento idóneo para establecer los mecanismos que fomenten la pesca responsable a fin de velar que los pescadores operen en condiciones económicas, a partir de la determinación de los niveles compatibles con el uso sostenible de los recursos pesqueros y regular la pesca de forma tal que se evite el riesgo de conflictos entre los pescadores que utilicen distintos tipos de embarcaciones, artes y métodos de pesca.
Que por ello esta Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables le brinda al sector certidumbre, seguridad jurídica y con ello la posibilidad de lograr el desarrollo sustentable, aplicando sus principios, ejecutando el ordenamiento pesquero y operando los mecanismos de gestión integral que contiene, así como los instrumentos de control y vigilancia. Para lograr la sustentabilidad la Ley tiene como base la participación de todos los involucrados en la pesca de manera informada y responsable, para un uso sostenible, a largo plazo, de los recursos pesqueros.
a) Aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícola:
Considerando que la mayoría de las pesquerías se encuentran en niveles máximos de rendimiento o incluso de sobreexplotación, se contemplan las medidas necesarias para ordenar y establecer adecuadas provisiones y destinos de las aguas, recursos naturales y de los ecosistemas. La ordenación de la pesca y acuacultura serán los ejes fundamentales para lograrlo.
Ahora bien, no dejamos de señalar que el 14 de febrero de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-029-PESC-2006, Pesca responsable de Tiburones y Rayas. Especificaciones para su Aprovechamiento, que entró en vigor el 15 de mayo de 2007, bajo el supuesto de regular la pesquería de dichas especies, sin que se haya consensuado debidamente el proyecto final entre los sectores que inciden en la actividad pesquera, lo cual ha ocasionado numerosas inconformidades, sobre todo en el ámbito de la pesca deportiva2 y podemos señalar las siguientes consideraciones:
Que para el aprovechamiento sustentable de los tiburones no se pueden eludir la creación de un sistema nacional de información científica sobre tiburones y rayas, el establecimiento cuando sea necesario para su conservación de periodos y zonas de veda, la determinación de los niveles de esfuerzo permisibles por unidad de pesquería y área geográfica, así como la captura total permitida o cuotas anuales por unidad de pesquería.
Que aunado a lo antes señalado y de acuerdo con el artículo Quinto Transitorio de dicha Norma, los titulares de permisos y concesiones tienen un plazo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor de la Norma, para incorporarse al Sistema de Monitoreo y Localización Satelital; lo cual desconocemos si al día de hoy se esté cumpliendo.
A más de dos años de la publicación de esta Norma y de las obligaciones consignadas a la Sagarpa, hasta hoy se desconocen las acciones que realiza para dar cumplimiento a las anteriores responsabilidades.
Además, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, establece la obligación de emitir los planes de manejo pesquero y los programas de ordenamiento pesquero, como parte de los instrumentos de la política pesquera nacional.
A mayor abundamiento no hay que olvidar que México como miembro de la FAO y de manera acertada avala el Plan de Acción Internacional para la Conservación y Ordenación de los Tiburones (PAI-Tiburones), el cual es un instrumento de aplicación voluntaria que concierne a todos los Estados cuyos pescadores practican la captura del tiburón.
A su vez, en el texto de este instrumento se establece la adopción de un Plan de Acción Nacional para la conservación y ordenación de los tiburones, por lo cual en 2004 nuestro país publicó el Plan de Acción Nacional para el Manejo y Conservación de Tiburones, Rayas y Especies Afines en México (PANMCT), en el cual se contemplaron varios programas, como el Programa de Investigación; el de Sistemas de Información; el de Difusión, Educación y Capacitación; el de Inspección y Vigilancia, así como el de Colaboración Interinstitucional.
Es de hacerse notar que, por ejemplo, el Programa de Investigación abarca tanto la fase biológica, pasando por la tecnológica, hasta la social. Al igual que en la NOM-029, en el Plan se plantea la creación de un sistema de información y, más aún, plantea que dicha base de datos estará disponible para su consulta por medio de internet.
Al igual que ahora en la NOM-029, el PANMCT, por medio de sus estrategias y procedimientos de manejo y regulación (Capítulo 6), menciona como alternativas de manejo para las pesquerías del tiburón, entre otras medidas, las de determinar los límites de producción (captura total permisible y/o medidas para establecer cuotas individuales) y el establecimiento de zonas de refugio.
En cuanto a su seguimiento y control, en su Capítulo 7 el Plan señala que estas funciones estarán a cargo de una Comisión integrada por representantes de las instituciones participantes y los sectores productivos, la cual se reunirá anualmente para evaluar el cumplimiento de los objetivos del Plan, especialmente en las materias de investigación, regulación, manejo, e inspección y vigilancia. Dicha Comisión se encargará de informar a los sectores representados y a la comunidad en general sobre los avances obtenidos.
De acuerdo con lo anterior, lo que la NOM-029 obliga a llevar a cabo a la autoridad, ya se debería de haber realizado de acuerdo a lo previsto en el Plan de Acción Nacional para el Manejo y Conservación de Tiburones, Rayas y Especies Afines en México.
Incluso, de acuerdo con éste, hasta un programa de difusión y educación debería estar en operación en estos momentos.
Si bien, las medidas que la NOM-029 obliga a realizar a la Conapesca implican un gran esfuerzo de investigación científico-tecnológica, que requieren tiempo, también es cierto que la pesca del tiburón, tanto a nivel mundial como en México, es una de las más estudiadas. Buena parte de los recursos que nuestro país ha destinado para el estudio de sus recursos pesqueros, se han empleado en dichas pesquerías, con la finalidad de tener disponibles los datos que nos orienten para su correcta ordenación.
De hecho, la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, por medio del documento, "La Gestión Ambiental en México", publicado en el año 2000, reportaba que en 1999 la pesquería del tiburón ya estaba ordenada en un 80%, y es más, desde el primer proyecto de la NOM-029, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 12 de enero del 2000 ya le imponía a la autoridad pesquera la implementación del sistema de información señalado, la determinación de los niveles de esfuerzo permisibles, así como la captura total permitida y el establecimiento, cuando fuera lo indicado, de periodos y zonas de veda.
No obstante que la NOM-029 -sobre todo la forma en que se procesó- ha despertado una gran polémica y reacciones adversas, en lo que todos concordamos es en la necesidad urgente de medidas que se traduzcan en el correcto ordenamiento de estos recursos y que las estrategias para este ordenamiento y conservación deben tener como finalidad mantener la mortalidad total por pesca de cada población dentro de límites sostenibles.
Que con el acuerdo mediante el cual se establece el volumen de captura incidental permitido en las operaciones de pesca de tiburón y rayas en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos ubicadas en el Océano Pacífico que se publico el 12 de septiembre de 2008, se vulneran los artículos 66 y 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables que establecen de manera específica que en tratándose de las especies señaladas en dichos preceptos, están destinadas de manera exclusiva a la pesca deportivo-recreativa dentro de las 50 millas náuticas.
Que de los artículos mencionados se infiere que la captura incidental se refiere a la pesca comercial, pues la palabra "pesquería" es usada para ese ámbito, nunca para la pesca deportivo-recreativa dentro de las 50 millas.
Aunado al hecho de que el segundo párrafo del artículo 66 señala que las normas oficiales mexicanas determinarán el aprovechamiento de los productos de la pesca incidental, salvo lo previsto en esta Ley para la pesca deportivo-recreativa.
El artículo 68 es contundente cuando dispone que "Las especies denominadas marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, en todas sus variedades biológicas, quedan destinadas de manera exclusiva para la pesca deportivo-recreativa, dentro de una franja de cincuenta millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial."
El Acuerdo referido vulnera lo dispuesto en los numerales antes señalados, pues como puede observarse en su artículo primero incluye en sus fracciones I, incisos a) y b) y II, al pez vela), marlín rayado y marlín azul pez espada y dorado; especies quedan destinadas de manera exclusiva para la pesca deportivo-recreativa, dentro de una franja de cincuenta millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial.
El acuerdo, asume una jerarquía superior, a la Norma Oficial, ley de la materia y Ley Fundamental, lo que contraviene el marco jurídico en materia de pesca.
Que se vulneran los artículos 14, 16, párrafo quinto del artículo 27, 73, fracción XXIX-L, 76, fracción I, 89, fracciones I, y X, 133 del Código Político de 1917, los instrumentos internacionales suscritos por el Ejecutivo federal y aprobados por el Senado de la República, así como la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, especialmente los artículos 66 y 68.
Que en virtud de todo lo señalado someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al titular del Poder Ejecutivo federal, tenga a bien, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales y con pleno respeto de la división de poderes, mandate a su secretario de despacho de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, deje sin efecto el acuerdo mediante el cual se establece el volumen de captura incidental permitido en las operaciones de pesca de tiburón y rayas en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos ubicadas en el Océano Pacífico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de septiembre de 2008, por socavar diversos artículos de nuestro Código Político de 1917, instrumentos internacionales y los artículos 66 y 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
Segundo. Que la presente proposición con Punto de Acuerdo sea turnada a la Comisión de Pesca de esta Cámara de Diputados para su revisión, discusión, análisis y en su caso aprobación.
Notas
1. La legislación pesquera mexicana y la pesca
deportivo recreativa.
2. Retomamos el contenido de la proposición con
punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
a que inicie con la mayor brevedad la revisión y modificación
en su caso de la NOM-029-PESC-2006, y cumpla con las obligaciones que la
misma norma impone a la dependencia a su cargo para la preservación
de tiburones y rayas, presentado en el salón de sesiones del Senado
de la República, a los veintiocho días del mes de abril del
año dos mil ocho.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2010.
Diputado Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SEP A REDEFINIR TANTO LA ESTRATEGIA DE INCENTIVOS
RESPECTO A LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA ENLACE POR CELEBRARSE EN 2010 COMO
EL USO DE ÉSTOS, A CARGO DE LA DIPUTADA ELSA MARÍA MARTÍNEZ
PEÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
La que suscribe, Elsa María Martínez Peña, en su calidad de diputada federal en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, por este conducto solicita respetuosamente a la Presidencia de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública federal a redefinir la estrategia de incentivos respecto a los resultados de la prueba ENLACE a celebrarse el presente año, así como el uso que se le da a la información derivada de la implantación de este instrumento al tenor de las siguientes
Consideraciones
Descripción de la prueba
La Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares, mejor conocida como prueba ENLACE, es un instrumento censal que se aplica a los estudiantes del nivel básico inscritos entre el primer grado de primaria hasta el tercer grado de secundaria, tanto de instituciones públicas como particulares.
Mediante esta prueba, se evalúan los conocimientos "adquiridos" en las materias de español, matemáticas y formación cívica y ética.
En el nivel medio superior (bachillerato), la prueba es aplicada en el último grado, a fin de evaluar conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de todo este nivel educativo. Las áreas evaluadas son lengua y matemáticas.
Origen y objetivos
La prueba ENLACE, desde su origen en 2006, cuando evaluó a más de 8.3 millones de niños y jóvenes, se ha constituido como uno de los promotores de la transparencia y rendición de cuentas en el nivel de educación básica y media superior. Es hasta 2009 que se aplicó a todos los grados de secundaria
Uno de los principales objetivos de la prueba es realizar un diagnóstico del sistema educativo del nivel básico y medio superior del país.
El propósito es generar una retroalimentación entre los actores educativos: padres de familia, docentes, estudiantes, directivos y autoridades educativas, con el fin último de mejorar la calidad educativa.
Resultados
Los últimos arrojados por la prueba ENLACE muestran que1
8 de cada 10 reportan logro elemental en la materia de ciencias
En el nivel medio superior, el 84 por ciento de los estudiantes que presentaron la prueba no pudo resolver problemas matemáticos que involucren más de un procedimiento, calcular raíces cuadradas o resolver operaciones con números mixtos.
La prueba ENLACE, más que una medición o un ranking, más que la fotografía del mal estado de la educación en México, debe ser vista como el "insumo" para ese diseño de políticas tan prioritarias y urgentes para elevar la calidad en este sector.
La prueba ENLACE 2009, camino a la distorsión
El año pasado, el secretario de Educación Pública anunció que derivado de los resultados de la prueba ENLACE 2009, se generaría un ranking de los mejores maestros y aquellos que lograran que sus alumnos obtuvieran los mejores promedios en la prueba, se les darían incentivos económicos. Estos recursos ascienden a 900 millones de pesos.2
Lo anterior genera en opinión de diversos especialistas educativos que la prueba ENLACE, lejos de consolidarse como una herramienta que permita redefinir el rumbo hacia una política educativa de calidad, se haya tornado en un concurso con efectos adversos para los estudiantes, quienes deberían ser el sujeto beneficiado de este ejercicio.
También se ha señalado que el tratamiento que se le da a la prueba, desde el gobierno federal, ha generado
2. Consolidar la ya establecida tradición por la memorización, en detrimento del razonamiento.
3. Estrés en los estudiantes, pues a lo largo de todo el año escolar se les exacerba la importancia de la prueba.
4. En algunos estados se habla de la implantación "informal" de políticas locales en los planteles educativos, con el objetivo específico de presionar por mejores resultados en la prueba.3
Debemos estar consientes de que la prueba ENLACE, como cualquier evaluación, no es en sí misma sinónimo de calidad, sino que es un instrumento para el diseño a favor de la calidad.
De igual forma, debemos evitar que esta prueba lleve a dar un tratamiento homogéneo a todas las instituciones educativas, puesto que cada una se encuentra inmersa en un contexto regional, económico e incluso culturalmente distinto pese a encontrarse en un mismo país.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza nos pronunciamos en contra de que la prueba ENLACE 20104 (y las subsecuentes) sea considerada como un instrumento de premiación y castigo, y a favor de que sea utilizada como un mecanismo de detección de los elementos que inciden en el bajo rendimiento escolar.
Un diagnóstico integral derivado de un instrumento como éste, debe ser utilizado para definir el rumbo e impulsar acciones encaminadas a la mejora de la educación en el país.
Si bien es cierto que a nivel internacional las pruebas censales y estandarizadas de este tipo han sido abandonadas o cuentan con un débil sustento respecto a su efectividad, necesitamos apostar porque a una prueba como ésta se le saque el mejor de los provechos a favor de la calidad educativa y del futuro de nuestra niñez y juventud mexicana.
Por lo expuesto, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública Federal a redefinir la estrategia de incentivos respecto a los resultados de la prueba ENLACE a celebrarse el presente año, así como el uso que se le da a la información derivada de la implantación de este instrumento, a fin de evitar que se distorsione el objetivo que debe perseguir.
Notas
1. Pastrana Daniela, "Muchas evaluaciones, ningún
cambio", Az-Revista de Educación y Cultura número
27, noviembre de 2009.
2. En palabras del secretario de Educación Pública,
Alonso Lujambio, el recurso fue designado por el Congreso de la Unión
en 2009. Ver en http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/bol2391009
3. Citado por Carlos Ornelas en "ENLACE en abril", Excelsior,
24 de marzo de 2010, tomado de Rosa Elvira Vargas, La Jornada, 19
de marzo 2009.
4. La prueba ENLACE en 2010 fue aplicada del 23 al 25
de marzo en el nivel medio superior y será aplicada del 19 al 23
de abril en el nivel de educación básica.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2010.
Diputada Elsa María Martínez Peña
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEP Y AL CONACULTA A MEJORAR LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
PARA LA POBLACIÓN INVIDENTE, EN PARTICULAR LOS OFRECIDOS EN LA BIBLIOTECA
DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ TRINIDAD PADILLA LÓPEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, José Trinidad Padilla López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos presenta a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
El artículo 3o. constitucional establece en la fracción segunda que la educación impartida por el Estado "se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios". Para el logro de este propósito es fundamental apoyar la educación con una efectiva difusión del conocimiento, la cultura y la información.
En este marco puede comprenderse el papel de las bibliotecas en toda sociedad. Por ello, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) considera las bibliotecas públicas "un paso obligado del conocimiento (…), un requisito básico de la educación permanente, las decisiones autónomas y el progreso cultural de la persona y los grupos sociales" (UNESCO, 1994).
De acuerdo con la UNESCO, "la biblioteca pública es un centro de información que facilita a los usuarios todo tipo de datos y conocimientos (…), presta sus servicios sobre la base de la igualdad de acceso de todas las personas, independientemente de su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición social. Ha de contar además con servicios específicos para quienes por una razón u otra no pueden valerse de los servicios y materiales ordinarios; por ejemplo, minorías lingüísticas, deficientes físicos y mentales, enfermos o reclusos".
En México, la Ley General de Bibliotecas establece los lineamientos generales para el funcionamiento de las bibliotecas públicas. De manera más específica, la Ley General de Personas con Discapacidad fija los criterios generales para la atención de las personas con alguna discapacidad en las bibliotecas públicas.
Sin embargo, pese al marco legal existente, en el país persisten graves rezagos en la atención que se brinda en las bibliotecas públicas a las personas con discapacidad y, de forma particular, a las invidentes.
En la Ciudad de México, la biblioteca pública más concurrida por invidentes es la Biblioteca de México, situada en la Plaza de la Ciudadela. Pese a recibir en promedio 23 personas en esa condición diariamente –de acuerdo con datos de la misma institución–, el acervo en braille es limitado, no se actualiza el equipo especializado (tiflotecnológico), las instalaciones físicas no permiten el libre tránsito, y la atención no favorece el uso óptimo del material existente. Usuarios de este servicio manifiestan que incluso la sala de invidentes de la citada biblioteca ha estado a punto de ser cerrada.
Es importante hacer hincapié en que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, órgano coordinador de la red nacional de bibliotecas públicas, ha reportado subejercicios importantes durante los últimos años; se trata de recursos que bien podrían utilizarse en la mejora integral de los servicios bibliotecarios ofrecidos a los invidentes del país.
Con base en las consideraciones anteriores, se proponen los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a cumplir los lineamientos establecidos en las Leyes Generales de Bibliotecas, y de las Personas con Discapacidad respecto a los servicios bibliotecarios ofrecidos a las personas con discapacidad en las instituciones que forman la red nacional de bibliotecas públicas.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a tomar las medidas conducentes que permitan mejorar sustancialmente el servicio en la sala de invidentes de la Biblioteca México, toda vez que constituye el centro de información del Distrito Federal al que concurre la mayor cantidad de usuarios en esta condición, mediante el incremento del acervo especializado, la adquisición de equipo tiflotecnológico, la adecuación de las instalaciones físicas y la capacitación del personal encargado del área.
Tercero. Se solicita a la Secretaría de Educación Pública incorporar en el acervo de la Biblioteca México ejemplares de todos los libros que ésta edita en sistema braille, incluidos los libros de texto de la educación primaria.
Palacio Legislativo, a 8 de abril de 2010.
Diputado José Trinidad Padilla López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CITA A COMPARECER A LOS SECRETARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL
Y EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PARA QUE DEN CUENTA DE LA
SITUACIÓN ACTUAL DEL PAÍS EN LA MATERIA, A CARGO DEL DIPUTADO
ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, Armando Ríos Piter, diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno el presente punto de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
I. Nuestro país está viviendo la crisis de violencia e inseguridad más aguda de su historia moderna, con alrededor de 17 992 ejecutados, de los cuales poco más de 1 300 corresponden a los meses de enero a marzo de este año, son cifras que dan testimonio de la falta de control que el Gobierno de la República está demostrando en materia de delincuencia organizada y narcotráfico en todas sus acepciones.
Estos niveles de ingobernabilidad han llegado a tal extremo que todas las instituciones de la república están sufriendo un enorme descrédito frente a sus propios habitantes y ciudadanos, lo cual se refrenda a nivel internacional, llegando al extremo de las críticas por parte de Estados Unidos de América, situación que incrementa la amenaza de que nuestra .soberanía se quebrante con la presencia de efectivos policíacos de ese país, para realizar tareas que solamente son de la competencia de las autoridades nacionales.
II. En los medios de todo el mundo las imágenes de la barbarie criminal que nos asedia se repiten a diario, mientras los delitos de toda índole se multiplican impulsados por la abrumadora impunidad que ha llegado a más del 90% de los delitos cometidos, mientras en las cárceles mexicanas los delincuentes del fuero federal controlan desde su interior las redes de extorsión que a diario amagan a millones de compatriotas.
Por otra parte el número de decesos en la población civil se ha ido incrementando considerablemente, y citamos como ejemplos los jóvenes asesinados en Ciudad Juárez, los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey que perecieron abatidos el pasado viernes 19 de marzo, cuando se suscitó un enfrentamiento, o la masacre del domingo 4 de abril, donde una familia completa fue acribillada y bombardeada con granadas después de cruzar un retén en Tamaulipas, en la que murieron dos niños.
III. Este escenario, caracterizado por el incremento de
la violencia, la creciente fragilidad institucional y la incertidumbre
ciudadana se suman a decenas de miles de millones de pesos que han sido
aplicados al margen de las normas de gasto y de adquisiciones que deben
respetarse, y que para el año 2007 llegaron a ser superiores al
97% de todo el presupuesto (conforme el informe reciente de la ASF), esto
es, nunca se ha invertido más dinero por parte del Ejecutivo Federal
en seguridad pública y justicia, y nunca nos ha ido peor que en
esta administración. El presupuesto acumulado para Seguridad Pública
y la Plataforma México de 102 058 millones de pesos (2007-2010),
así como el presupuesto acumulado de 2007-2010 en materia de seguridad
y combate al narcotráfico que suma 328 916 mdp, no ha servido para
detener a millares de criminales impunes.
Una cuarta parte del presupuesto de lo que se gasta en atender demandas sociales como la educación o la salud.
Ante este impresionante monto de recursos, nos preguntamos si se estarán aplicando a alguna estrategia de espionaje político o de cibernética electoral, ya que en el caso paradigmático del narcotraficante Ismael "Mayo" Zambada, un periodista ha logrado lo que todo el sistema de inteligencia del gobierno no pudo hacer en tres años y medio.
IV. A cada explosión de violencia, el gobierno responde con un mensaje mediático o con la detención de algún capo vinculado con el trasiego de droga hacia los Estados Unidos, sin que esas detenciones puedan culminar de inmediato con una consignación, ya que la información de inteligencia viene de ese país, y es menester integrar una averiguación que no existía o estaba incompleta, mientras el gobierno se queja de los medios que difunden lo que ocurre, él mismo abruma a la población con mensajes publicitarios en que describen la violencia en forma desmesurada, y ahora este impacto mediático se está generado desde los periódicos y los medios electrónicos de más difusión a nivel mundial, llevando a nuestro país a un rango de desprestigio y a un daño económico y moral incalculables.
V. Frente a la información que a diario expresan todos los medios y a la percepción de la comunidad del país, en el sentido del aumento en la criminalidad, la violencia y la injusticia en México, el Secretario de Seguridad Pública, trata de negarlo en forma irresponsable, todo ello en detrimento de sus obligaciones y de .sus responsabilidades frente a la población nacional.
VI. Queda claro que la estrategia de seguridad pública ha acrecentado los índices de violencia y que no atiende las causas fundamentales de este fenómeno, sino exclusivamente su manifestación antisocial, causas que serán abatidas únicamente con justicia social, a través de mecanismos que reconstruyan el tejido social como la educación y la cultura.
VII. En razón de todo ello, la soberanía del Congreso debe actuar en forma inmediata para poner un freno a esta irresponsabilidad política y administrativa, citando de inmediato al Secretario de Seguridad Pública y al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, a que rindan cuentas pormenorizadas y fidedignas ante esta Soberanía de sus actividades de los índices delictivos y de los niveles de impunidad que existen en el país, y que se termine la manipulación y el ocultamiento de la realidad en esta materia y se establezcan con toda precisión la responsabilidades que deben cumplir los funcionarios responsables de la seguridad pública en nuestro país.
Por tal motivo, se somete a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Con el que se cita a comparecer al secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, y al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, doctor Juan Miguel Alcántara Soria, para que den cuenta a esta soberanía de la situación actual que guarda el país en materia de seguridad pública.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2010.
Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DE LOS TITULARES DE LA SEGOB Y DE LA COFETEL
ANTE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA
PARA QUE INFORMEN SOBRE LA CREACIÓN DEL ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS
VISUALES, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
El suscrito, Juan Gerardo Flores Ramírez, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con arreglo al artículo 59 del mismo ordenamiento, atentamente solicita que de urgente u obvia resolución se someta a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor literal de las siguientes
Consideraciones
Con fecha 31 de marzo de 2010 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el organismo descentralizado Organismo Promotor de Medios Audiovisuales.
En los considerandos, el Ejecutivo federal manifiesta que la prestación de los servicios de radio y televisión constituye una actividad de interés público, que debe ser protegida y vigilada por el gobierno federal para el adecuado cumplimiento de su función social, y que garantizar la función social en la prestación del servicio público de radio y televisión resulta fundamental para el fortalecimiento de la integración nacional, el fomento del respeto y la tolerancia, la promoción de la reflexión y el mejoramiento de las formas de convivencia humana.
Expresa que en la actualidad, los medios de comunicación constituyen herramientas indispensables para una adecuada interacción entre los habitantes y la autoridad, por lo que resulta necesario contar con una entidad paraestatal que busque permanentemente esta interacción con todos los habitantes del país: preescolares, niños, mujeres, jóvenes, adultos y adultos mayores, en un marco de respeto absoluto de su libertad, inteligencia, sensibilidad y diversidad de estilos de vida, creencias y orígenes.
Del artículo segundo del decreto se desprende que el organismo tendrá por objeto la generación, producción y distribución de contenidos audiovisuales, por sí mismo o coadyuvando para tal efecto con las dependencias y demás entidades de la administración pública federal, en términos de la normatividad aplicable, así como la prestación del servicio de radiodifusión, que constituye una actividad de interés público.
En el artículo tercero se aprecia que el organismo tendrá los siguientes fines: 1. Coadyuvar al fortalecimiento de la participación democrática de la sociedad, garantizando mecanismos de acceso público en la programación; 2. Constituirse en una plataforma para la libre expresión, que promueva el desarrollo educativo, cultural y cívico de los mexicanos y el intercambio cultural internacional; 3. Fortalecer la unidad nacional y la integración social de las minorías; 4. Informar a los ciudadanos sobre programas y acciones gubernamentales que resulten de interés público; 5. Privilegiar en sus contenidos la producción de origen nacional; 6. Fomentar los valores y la creatividad artísticos nacionales; y 7. Preservar y difundir los acervos audiovisuales de las dependencias y de las entidades de la administración pública federal.
En el artículo cuarto del decreto se entiende que el organismo tendrá las siguientes funciones: a) Realizar, promover y coordinar la generación, producción y distribución de materiales audiovisuales, por sí mismo o a través de terceros; b) Resguardar los acervos audiovisuales de las dependencias y de las entidades de la administración pública federal con que coadyuve; c) Instalar y operar estaciones de radiodifusión, en términos de las disposiciones aplicables; y d) Las demás que resulten necesarias para el adecuado cumplimiento de su objeto.
En el artículo quinto del decreto se observa que el patrimonio del organismo se integrará por 1. Las transferencias que, en su caso, se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate; 2. Los bienes muebles e inmuebles que el Ejecutivo federal le asigne; 3. Los ingresos propios provenientes de los servicios que preste; 4. Las donaciones y los legados que reciba; y 5. Los demás ingresos, bienes, derechos y recursos que por cualquier otro concepto adquiera.
En resumen, el organismo será dotado de todo tipo de recursos humanos, técnicos y económicos para instalar y operar estaciones de radio y de televisión, por lo que se convertirá en el nuevo medio de comunicación del Ejecutivo federal.
De lo anterior surgen varias cuestiones que deben dejarse en claro. En primer término, cabe destacar su naturaleza jurídica, ya que aun cuando se prevé que contará con "personalidad jurídica y patrimonio propios", se crea como una entidad sectorizada de la Secretaría de Gobernación, por lo que no se le garantiza autonomía.
Por otro lado, será un organismo productor de contenidos programáticos, vigilado y controlado por la misma Secretaría de Gobernación. De tal manera, queda indefinido si la entidad será un organismo de radiodifusión y que adicionalmente operará y distribuirá contenidos, o si lo hará por conducto de terceros. En virtud de que no se establece de manera puntual el proceso para que el organismo garantice "mecanismos de acceso público en la programación" según expone el decreto, puede presumirse que se trata simplemente de una justificación sin sustancia, con el único propósito de vender a los mexicanos la idea de que se promoverá una pluralidad en los contenidos, sin que haya un mecanismo real.
Independientemente de la forma opaca en que se instauró su creación (el procedimiento de viabilidad regulatoria que lleva la Secretaría de Economía se declaró confidencial, y fue obvio que la publicación de su decreto en un miércoles antes de las fiestas judeocristianas fue un acto de sigilo), lo grave es que jamás se consultó la opinión de alguna Cámara del Congreso de la Unión, ni para el fondo ni la forma de creación.
De aquí surge un cuestionamiento toral respecto del recurso vital para la operación del organismo: su patrimonio. ¿Con qué facultades reasignará el Ejecutivo federal partidas presupuestarias que fueron debidamente asignadas por esta soberanía en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010?
Peor aún: el decreto establece que la Secretaría de Educación Pública entregará al organismo los recursos que sean de utilidad para el cumplimiento de su objeto, de sus fines y de sus funciones, usurpando la prioridad presupuestaria que para esa entidad incumbe al ámbito educativo nacional, y realizándolo en mero tiempo de austeridad y de crisis económica.
También es tema de reflexión el hecho de que, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Educación Pública esté facultada para coordinar la administración de estaciones de radio y de canales de televisión con fines educativos. Si bien el mismo ordenamiento faculta a otras secretarías para contar con medios públicos, es contradictorio a que el decreto disponga que el organismo estará facultado para promover el "desarrollo educativo", además de que la Secretaría de Educación Pública transferirá recursos de su disposición, entre los cuales pudiera considerarse que quedan comprendidos las estaciones de radio y los canales de televisión que hoy se encuentran bajo su tutela, así como los recursos materiales inherentes a éstos.
Adicionalmente, es menester que la Comisión Federal de Telecomunicaciones rinda cuentas respecto a los criterios y procesos que empleará para la asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico para los distintos canales de radio y de televisión que serán empleados a lo largo y ancho del territorio nacional para las transmisiones del organismo o, en su caso, para la cesión de los derechos del espectro radioeléctrico actualmente permisionado a otros organismos con el mismo propósito.
El devenir nacional reclama que todas las instituciones democráticamente establecidas funden y motiven de manera debida sus actuaciones, las cuales deben ir en pro del bienestar común y de los principios universales en que se sustenta el Estado, por lo que se hace necesario que el secretario de Gobernación y el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones manifiesten su causa y juicio a esta soberanía respecto a las indagaciones y discrepancias de norma causadas por la creación del Organismo Promotor de Medios Visuales.
En mérito de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con arreglo al artículo 59 del mismo ordenamiento solicito atentamente que de urgente u obvia resolución se someta a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados, en estricta observancia y respeto de la división de poderes, cita a comparecer ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía al secretario de Gobernación y al presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que aclaren e informen sobre los diversos cuestionamientos suscitados con motivo de la creación del Organismo Promotor de Medios Visuales.
Dado en el salón de sesiones del recinto legislativo de la Cámara de Diputados, a ocho de abril de dos mil diez.
Diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, A NOMBRAR
AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO ESCUDERO MORALES,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Pablo Escudero Morales, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudo ante el pleno de esta soberanía a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante la cual se exhorta al titular del Ejecutivo federal, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, para que con la mayor brevedad nombre al nuevo director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con base en los siguientes
Antecedentes
1. En mil novecientos cincuenta y nueve, el presidente Adolfo López Mateos presentó ante el Congreso de la Unión la iniciativa de ley que da origen al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la cual fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve, por lo que la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro se transforma en mil novecientos sesenta en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
2. A los cincuenta años de existencia del ISSSTE se tiene un registro de casi once punto cinco millones de mexicanos afiliados y amparados por el instituto.
3. Con fecha veintidós de febrero del presente año dos mil diez, el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares renunció a la dirección general del ISSSTE para contender por el cargo de gobernador en el proceso electoral del estado de Veracruz.
4. En la misma fecha veintidós de febrero del dos mil diez, el licenciado Jesús Villalobos López, director de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se hizo cargo de la dirección general del mismo instituto para suplir la ausencia del licenciado Yunes Linares, por las causas señaladas en el antecedente marcado como número tres del presente punto de acuerdo.
5. El mismo día veintidós de febrero, el saliente director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, declaró a los medios de prensa que su renuncia sería definitiva una vez que el Presidente de la República designara al nuevo director general de la institución.
6. Al día de hoy martes seis de abril, han transcurrido 43 días y la Presidencia de la República aun no ha designado al nuevo director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo que impide que se cumplan los lineamientos que garanticen la protección integral de los trabajadores de la administración pública federal, jubilados, pensionados y sus familiares.
Considerandos
En mil novecientos cincuenta y nueve y atendiendo a las demandas sociales de los trabajadores de la administración pública federal, se decide reformar y adicionar el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se incorporan y reconocen todas y cada una de las garantías que el estatuto jurídico vigente en aquel momento de la FSTSE había planteado para los servidores públicos.
Con esta reforma, la Constitución otorgó a la seguridad social un carácter ineludible al incorporarla y reconocerla en el artículo 123, con la obligación patronal de proporcionar a los trabajadores, pensiones, habitaciones cómodas e higiénicas, escuelas, enfermerías y otros servicios, así también se resaltó además, la obligatoriedad de la capacitación y la prerrogativa de los trabajadores a organizarse para garantizar estos derechos.
En el mismo año de mil novecientos cincuenta y nueve, el presidente licenciado Adolfo López Mateos presentó ante el Congreso de la Unión la iniciativa de ley que dio origen al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la cual fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre del mismo año, por lo que la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro se transformó en el año de mil novecientos sesenta en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tal y como lo conocemos hoy día.
Es en ese momento histórico, que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se constituía en México como el primer ordenamiento jurídico en responder a una visión integral de seguridad social, cubriendo tanto asistencia a la salud, como prestaciones sociales, culturales y económicas de los trabajadores y servidores públicos y cuyos beneficios se extendieron a los familiares de los trabajadores.
La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se constituía en México como la primera en responder a una visión integral de la seguridad social, cubriendo tanto asistencia a la salud, como prestaciones sociales, culturales y económicas, cuyos beneficios se extendían y se extienden a los familiares de los trabajadores y la cual tiene como objetivo central el contribuir a satisfacer los niveles de bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y familiares derechohabientes, con el otorgamiento eficaz y eficiente de los seguros, prestaciones y servicios, con una atención esmerada, respeto, calidad y la cual ha cumplido siempre con los valores institucionales de honestidad, legalidad y transparencia, para materializar lo anterior, se requiere de una organización interna, que permita coordinar las labores y establecer un rumbo y metas a alcanzar, para ello, se determino crear la dirección general de la institución, con sus atribuciones reconocidas en la ley.
El objetivo de la dirección general, es posicionar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado como la máxima institución que garantice la protección integral de los trabajadores de la administración pública federal, pensionados, jubilados y sus familias, con el otorgamiento de seguros, prestaciones y servicios de conformidad con la normatividad vigente, bajo códigos normados de calidad y calidez, con solvencia financiera, que permitan generar valores y prácticas que fomenten la mejora sostenida de bienestar, calidad de vida y el desarrollo del capital humano, lo que se venía realizando de manera normal hasta el día veintidós de febrero pasado, hasta antes de esta fecha, los cambios y sustituciones de los titulares del ISSSTE se habían venido dando en una sucesión, programada y atendiendo en todo momento a los intereses de la Institución y de los trabajadores.
Como todos sabemos, a partir del veintidós de febrero del dos mil diez, el licenciado Jesús Villalobos López, director de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se hizo cargo de la dirección general del instituto para suplir la ausencia del licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, quien renunció a la dirección general de la institución para contender en el proceso electoral del estado de Veracruz. Lo anterior en cumplimiento del acuerdo 37.1307.2007, emitido por la junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la sesión que llevó a cabo el veintiocho de febrero del dos mil siete en el cual se determina que el director de finanzas suplirá las ausencias del titular.
Asimismo el veintidós de febrero, el licenciado Yunes hizo una declaración que puedo haber pasado por desapercibida para algunos al anunciar que su renuncia sería definitiva una vez que el presidente hubiera designado al nuevo director general de la institución.
Como diputado federal considero que no podemos permitir que se deje acéfala una institución que requiere de una gran capacidad de respuesta a sus derechohabientes.
De acuerdo a la información contenida en el portal de internet del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en sus hospitales y clínicas cada día se atienden en consulta ciento quince mil pacientes; se realizan mil cien cirugías, se efectúan ciento treinta mil análisis clínicos y cada día nacen ciento cincuenta bebes, por lo que su Dirección es fundamental para llevar a buen puerto todas sus obligaciones y actividades.
En atención a los hechos que se han dado en estos días, esta Cámara de Diputados no puede ser óbice y solapar una mala práctica administrativa al observar y no señalar que el Ejecutivo federal ha dejado de lado su obligación de nombrar un nuevo director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que tiene la responsabilidad de atender a tantos millones de mexicanos.
Es evidente que el ISSSTE es una institución valiosa del Estado mexicano y requiere ser tratada como tal. No podemos ni debemos permitir que sea un premio de consolación para los contendientes a gubernaturas estatales que no ganen los procesos electorales, ni que se ponga en riesgo a los derecho habientes, porque por capricho o en nombre de una facultad "discrecional" no se ha nombrado al nuevo titular del área.
Aunado a lo anterior, no podemos perder de vista que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es una institución estratégica para el desarrollo del país.
Es de suma importancia asegurar su viabilidad en el largo plazo, para lo cual es necesario contar con un director general y no con simplemente un "encargado" para el correcto funcionamiento del instituto.
Se requiere de alguien capacitado y con conocimientos para dar línea y que contribuya a satisfacer los niveles de bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y familiares derechohabientes, con el otorgamiento eficaz y eficiente de los seguros, prestaciones y servicios que provee el ISSSTE.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es una institución valiosa del Estado mexicano y requiere ser tratada como tal.
El Ejecutivo federal deberá atender este grave problema, ya que han transcurrido cuarenta y tres días naturales al día de hoy, seis de abril, y aún no tenemos información de la designación del nuevo director del instituto lo que detiene considerablemente el desarrollo de la misma institución e impide que se dicten y cumplan los lineamientos que garanticen la protección integral de los trabajadores de la administración pública federal, pensionados, jubilados y sus familiares.
Por lo expuesto, con base en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Sea votada a favor la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por los motivos expuestos en el cuerpo de la misma, por lo que deberá ser aprobado en el pleno de esta Cámara de Diputados sin turno a Comisión.
Segundo. Se exhorte al titular del Ejecutivo federal, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, para que nombre con la mayor brevedad al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 8 de abril de 2010.
Diputado Pablo Escudero Morales (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SSP A REUNIRSE CON LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA SEGURIDAD
PÚBLICA EN COAHUILA PARA SEGUIR COORDINANDO ESFUERZOS Y APOYAR A
TORREÓN EN LA PROBLEMÁTICA DE SU POLICÍA, A CARGO
DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS Y SUSCRITA POR INTEGRANTES
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
De conformidad con los dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados federales de Coahuila Rubén Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro, Melchor Sánchez de la Fuente, Hugo Martínez González, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez y Noé Fernando Garza Flores en voz del diputado Miguel Ángel Riquelme Solís, sometemos a consideración de esta honorable soberanía, punto de acuerdo mediante los cuales se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública federal a que realice una reunión con las autoridades encargadas de la seguridad pública en Coahuila con objeto de seguir coordinando esfuerzos para apoyar al ayuntamiento de Torreón en la problemática de su policía, asimismo, se envíen elementos de la Policía Federal hasta que la policía municipal preste sus servicios con regularidad.
Exposición de Motivos
Hace algunos días el ayuntamiento de Torreón dio de baja alrededor de 400 policías municipales que estaban en paro, en demanda de la destitución del jefe de la corporación, después de haber establecido una mesa de negociación que fue abandonada por la comisión de policías inconformes y, con lo anterior, fue roto el diálogo que hasta ese momento se había entablado.
La decisión que tomó el ayuntamiento fue relativa a dar de baja a los elementos policíacos en paro y ésta fue respaldada por la Fiscalía General del estado de Coahuila y la Secretaría de Gobierno, además de algunos organismos de la iniciativa privada de ese municipio y de la sociedad en general.
El día de hoy a más de 26 días en que ocurrió dicha baja del cuerpo policiaco en mención, aún se están llevando a cabo las pláticas para que los policías que quieran continuar desempeñando su trabajo lo hagan, pero en esta ocasión después de presentar exámenes de confiabilidad que garanticen que los habitantes del mencionado municipio lagunero contarán con un cuerpo de policía capacitado y leal que responda a los sucesos y la realidad que está viviendo la comunidad.
Por esta razón, la ciudadanía se siente vulnerable a cualquier hecho que pueda realizar la delincuencia organizada, toda vez que en estos momentos el ayuntamiento está llevando a cabo el proceso de refundar la policía municipal. A pesar del apoyo que han brindado desde el primer momento tanto el Gobierno del Estado a través de su policía operativa como el gobierno federal a través del Ejército y la Policía Federal Preventiva, la ciudadanía considera que esta ayuda es insuficiente, pues no podemos dejar de mencionar que el municipio de Torreón, antes del paro, contaba con mil 145 oficiales para una población de 578 mil habitantes.
Hoy día, los elementos de la policía estatal, federal y del Ejército ascienden a 500 y patrullan la ciudad en 45 unidades apoyados por 700 elementos de la policía municipal que trabajan con normalidad. Lo anterior no es suficiente, en razón de que, por un lado, hay rotación permanente de los elementos de la Policía Federal y por otro, la ciudad necesita un mayor número de los citados elementos.
Atendiendo a lo establecido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 2008, en el que se establece la coordinación y el arreglo institucional de atención a la seguridad pública para garantizar la responsabilidad compartida entre la federación, las entidades federativas y los municipios; en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica en la que se consolida la coordinación entre las instancias encargadas de la seguridad pública para realizar acciones conjuntas; en el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012; en la Ley de Policía Federal y, por supuesto, en la Carta Magna, consideramos oportuno solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública federal sostener una reunión que tenga por finalidad exponer las inquietudes que existen en torno a la situación anteriormente expuesta, además de lograr acuerdos que permitan replantear el esquema de la seguridad publica en Torreón, en principio, y en la entidad, finalmente.
En este sentido, los diputados federales de Coahuila hemos manifestado, por escrito, al secretario de Seguridad Publica federal, ingeniero Genaro García Luna, nuestra preocupación por evitar el incremento de los índices de violencia y le hemos pedido llevar a cabo la mencionada reunión.
Asimismo, requerimos que la Secretaría de Seguridad Pública federal envíe a Torreón más elementos de la Policía Federal Preventiva y los mantenga por el tiempo que sea necesario, evitando la rotación, en virtud de que si el municipio se queda sin apoyo policiaco se generará un clima de incertidumbre y falta de seguridad entre la población.
Se estima que en un plazo aproximado de seis meses el municipio podrá contar con elementos suficientemente capacitados para redundar la policía municipal, tiempo en el cual se solicita la presencia de elementos de la policía federal y estatal en el municipio.
Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública federal para que lleve a cabo a la brevedad una reunión de trabajo con las autoridades encargadas de la seguridad pública en Coahuila para seguir coordinando esfuerzos tendentes a apoyar al ayuntamiento respecto a la problemática que impera en la seguridad pública en La Laguna, en especial en el municipio de Torreón.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública Federal que envíe, de manera inmediata, nuevamente a los elementos de la Policía Federal Preventiva al municipio hasta que no se restablezca la normalidad en la policía local.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Cuidad de México, Distrito Federal, a 8 de abril de 2010.
Diputados: Miguel Ángel
Riquelme Solís, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Francisco Saracho
Navarro, Melchor Sánchez de la Fuente, Hugo Martínez González,
Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López,
Tereso Medina Ramírez, Noé Fernando Garza Flores (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A SUSPENDER EL INCREMENTO DE LOS PRECIOS
DEL GAS LP, DE LAS GASOLINAS Y DEL DIESEL, A CARGO DE LA DIPUTADA DIVA
HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La que suscribe, Diva Hadamira Gastélum Bajo, diputada por Sinaloa e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permite formular proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La situación económica del país y de prácticamente el mundo entero se ha deteriorado ostensiblemente. En México no hay sector productivo y social que no acuse los efectos negativos de la desaceleración económica, en tanto que las condiciones de las finanzas públicas empiezan a mostrar dificultades.
En esta situación, sectores productivos como los productores agropecuarios, transportistas de pasajeros y de carga, la marina mercante nacional y el sector de la pesca comercial en todo el país han visto afectada su capacidad de trabajo debido al incremento constante, excesivo e injustificado del precio del diesel y de la gasolina, principales insumos productivos.
Como resultado del hecho de que este combustible es de uso generalizado en el transporte de personas y de mercancías, su precio tiene incidencia en el de prácticamente todos los bienes producidos y transportados en el país, incluidos obviamente los de la canasta básica, de tal manera que los elevados precios del diesel se reflejan en la tasa de inflación.
En enero de 2008 entró en vigor un decreto, firmado por el Ejecutivo federal, en el que se estableció el incremento gradual del impuesto a las gasolinas. Dicho aumento mensual consistía en 2 centavos, 2.44 centavos y 1.66 centavos por cada litro de gasolina Magna, gasolina Premium UBA y diesel, respectivamente.
El decreto en mención tendría una vigencia de 18 meses, y su objeto sería incrementar la recaudación de recursos, que estarían destinados al desarrollo de infraestructura en las entidades federativas y sus municipios, según lo establecido en la propia Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
El entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Agustín Carstens Carstens, anunció la decisión del gobierno federal de eliminar gradualmente los subsidios presupuestales de la gasolina. El principal argumento fue que los mexicanos teníamos que pagar el combustible al mismo precio que se pagaba en otros países, concretamente en Estados Unidos de América, porque el gobierno ya no podía sostener la inyección de recursos públicos, que en ese momento nos hacía tener una de las gasolinas más baratas del mundo.
El argumento principal del gobierno se ha derrumbado: la gasolina y el diesel en México son más caros que en Estados Unidos.
El 7 de enero de 2009, el presidente Felipe Calderón anunció la firma del Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar el cual, según datos de la propia Presidencia de la República, está centrado en superar los efectos de la coyuntura económica internacional y así, con la puesta en marcha de diversas acciones por los sectores políticos y sociales del país, proteger el empleo y la economía de los mexicanos.
El segundo paquete de medidas "anticrisis" incluyó el congelamiento de los precios de las gasolinas, la reducción en 10 por ciento del gas LP y la reducción de tarifas eléctricas industriales.
Pese a que estas medidas repercutirán positivamente en la economía familiar de muchos mexicanos, faltó atender la situación del diesel, sin duda el combustible más importante en el transporte terrestre de carga y pasajeros, así como en las actividades productivas del campo y del mar.
Hay descontento y augurios nada favorables para la economía del país, ya que el pasado sábado 3 de abril entró en vigor en todo el país el aumento de la gasolina, al pronunciarse los diferentes sectores de la población como una medida "galopante" que encarecerá la vida y reducirá el poder adquisitivo de la población.
La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros informó que desde este sábado el precio de la gasolina Magna será de 8.12 pesos por litro, el de la Premium de 9.78 y el del diesel de 8.48. El nuevo aumento de la gasolina fue a razón de 8 centavos la Magna y el Diesel, en tanto que la Premium aumentó 4 centavos.
Hasta el viernes 2 de abril, el precio de la gasolina Magna era de 8.04 pesos por litro, el de la Premium de 9.74 y el del diesel de 8.40.
El temor de la población en torno del aumento de los combustibles en el país no se sustenta en el incremento sino que vislumbra las dificultades económicas que resentirá la población con las alzas mensuales que a partir de 2010 el gobierno federal reactivó indefinidamente.
La SHCP aseguró que los precios de las gasolinas y del diesel en Estados Unidos continúan siendo aproximadamente 15 por ciento mayores que los de México.
La volatilidad en el precio de los energéticos ha ocasionado que el mecanismo de precios del gas en México se modifique periódicamente para contener el incremento derivado del precio para los usuarios finales.
El precio máximo del gas LP se determina con un cálculo mensual del precio para el usuario final, a fin de que la volatilidad del precio del energético pudiera regularse en favor de los consumidores.
Los esfuerzos del gobierno federal para mantener controlados los precios de este bien de consumo básico no han sido suficientes para detener el aumento del precio de este energético.
El problema fundamental en torno de la fijación del precio del gas natural y del LP tiene que ver con la forma en que se ha relacionado el mercado interno con el internacional. Esta forma de relación resulta nociva para los consumidores y la industria nacional, ya que en la fijación del precio se consideran los costos de oportunidad y condiciones de competitividad del gas respecto al mercado internacional y al lugar donde se realice la venta.
En los últimos años, el precio del gas LP para uso doméstico se ha disparado, lo cual ha sido de consecuencias muy graves para las familias de escasos recursos. Si bien los incrementos pueden ser absorbidos por los segmentos de altos ingresos, un sector minoritario de la población del país, para la mayoría el incremento continuo del precio limita aún más su de por sí reducido consumo.
El incremento del precio de las gasolinas, del diesel y del gas seguirá afectando en forma directa la economía familiar y lesionando el poder adquisitivo de los trabajadores. El alza de los combustibles es el principal factor para provocar inflación, pues genera incremento en todos los productos y servicios.
No es necesario seguir incrementando los energéticos porque solamente pegará en el bolsillo de los mexicanos. Creo que es momento de que se tome una medida de tipo social y decidir ya detener el incremento del precio de las gasolinas y el diesel.
Esto representa un problema, además de económico, de tipo social, que no debemos permitir que se agudice.
Por lo expuesto, someto a consideración del pleno, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal a realizar las acciones necesarias, en el ámbito de sus atribuciones, para suspender el incremento de los precios del gas LP, de las gasolinas Premium y Magna, y del diesel.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2010.
Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y AL ISSSTE A PROPORCIONAR ATENCIÓN
PREVENTIVA Y CURATIVA A LA POBLACIÓN NO ASEGURADA DE DIVERSOS MUNICIPIOS
DE MORELOS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, José Manuel Agüero Tovar, diputado federal por Morelos perteneciente al Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, fracción I, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, con la finalidad de garantizar los servicios de salud y protección a la población en general de los municipios de Temixco, Emiliano Zapata, Xochitepec y Jiutepec de Morelos, tomando en cuenta las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de nuestro país establece como mandato legal al gobierno en turno, asegurar a toda persona el acceso pleno y efectivo a los servicios de salud a través del Sistema Nacional.
El artículo 4o. del ordenamiento en cita, en su párrafo tercero, consagra que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, aunado a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre que dice: "todo ser humano tiene derecho a la salud y se considera a la enfermedad como un mal social"; la promoción del desarrollo sanitario y social es un deber primordial y una responsabilidad de los gobiernos que comparten todos los demás sectores de la sociedad; en consecuencia, afrontarla es una responsabilidad pública.
La promoción de la salud es una piedra angular de la atención primaria y una función básica de la salud pública, pues según sea la eficacia en ese rubro, se reducirá la mortandad, se mitigará el impacto social al haber una mayor población sana, productiva y con mejor calidad de vida que redundará también en lo económico, al poder reorientar recursos en investigación y no en atención de enfermos.
En México el sistema de salud no ha logrado vencer el reto de la cobertura universal pues no sólo persisten diferencias en la oferta de servicios entre regiones, entidades y municipios, sino también servicios parciales, escasez de recursos humanos y falta de equipamiento. Tampoco se ha conseguido que el sistema opere articuladamente para enfrentar el nuevo reto que presentan las transiciones demográficas y epidemiológicas, además de las enfermedades crónico-degenerativas.
En cuanto a las condiciones de salud, los datos muestran el perfil de morbilidad caracterizado por el predominio de accidentes, enfermedades de infecciones respiratorias agudas, infecciones intestinales por otros organismos y mal especificados, infecciones de vías urinarias y úlceras, gastritis y duodenitis, entre otras, por demanda de atención, sin dejar de mencionar las menos importantes, la diabetes y la hipertensión arterial.
La Ley de Salud de Morelos tiene por objeto la promoción y la protección de la salud, el establecimiento de las bases y modalidades para el acceso de la población a los servicios de salud y asistencia social proporcionados por el estado y los municipios en materia de salubridad local.
El derecho a la promoción y la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:
La atención médica, a la salud del niño y del adolescente, a la salud reproductiva y mental, organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las actividades profesionales, técnicas, auxiliares y tradicionales para la salud; promoción de la formación de recursos humanos, promoción y coordinación de la investigación, información relativa a las condiciones, recursos y servicios de salud, promoción, educación, orientación y vigilancia en materia de nutrición; prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en las personas, salud ocupacional, saneamiento básico, prevención y el control de enfermedades transmisibles; prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes, prevención de invalidez y la rehabilitación de las personas con discapacidad, asistencia social, realización y vigilancia de programas contra el alcoholismo, tabaquismo y fármaco dependencia basándose en las normas oficiales mexicanas que al efecto se emitan; el desarrollo de programas de promoción, la atención a la salud en situaciones de desastres, atención a la salud del adulto y adulto mayor preferentemente dirigida a la detección y control de enfermedades crónico-degenerativas.
Con la participación de los organismos y dependencias paraestatales, se establecerán acuerdos, convenios y coordinaciones a fin de promover el acceso universal a los servicios médicos; la vigilancia de la aplicación del reglamento para la determinación de las cuotas de recuperación o cobro de los servicios de salud, así como del destino final de dichos recursos que deberán ser destinados prioritariamente para el mantenimiento y financiamiento de los centros de atención en donde se recaban, a través de la beneficencia pública estatal.
En Morelos los sistemas de salud que atienden población abierta, seguridad social e iniciativa privada son cinco: los Servicios de Salud de Morelos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y la iniciativa privada (IP).
En forma institucional, existen dos sectores básicos de salud: el primero, corresponde al sector público y el segundo a la iniciativa privada.
El sector público opera con diversas instituciones bajo dos esquemas de atención, uno denominado Población Abierta y el otro de Seguridad Social.
En el esquema de población abierta, la única institución que administra el funcionamiento de ésta, son los Servicios de Salud de Morelos (SSM) y en la modalidad de seguridad social son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y la Secretariá de la Defensa Nacional (SDN), existiendo en el estado una unidad médica del tercer nivel de atención perteneciente a los Servicios de Salud de Morelos (SSM).
El 3 de febrero del año en curso, fue inaugurado en el municipio de Emiliano Zapata, el hospital de alta especialidad "Centenario de la Revolución Mexicana" del ISSSTE, en el cual se podrán dar anualmente 250 mil consultas, 85 mil estudios radiológicos, 40 mil ultrasonidos, 450 mil análisis clínicos y casi 10 mil cirugías con tecnología avanzada. El nivel del nuevo hospital se compara con el Centro Médico Nacional o el Hospital 20 de Noviembre de la Ciudad de México.
Se contempla dar servicio a más de un millón 700 mil derechohabientes de Morelos, Guerrero, Puebla y Oaxaca, incluso de la zona sur del Distrito Federal que colinda con Morelos.
Las instalaciones cuentan con 200 camas equipadas con la más alta tecnología para el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades. En breve, se tiene programado poner en funcionamiento el acelerador lineal de alta energía, que ayudará a combatir el cáncer.
El director general (con licencia) del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes Linares, informó que el hospital "Centenario de la Revolución Mexicana" cuenta con cerca de 40 servicios de alta especialidad médica entre los que destacan: intención de oncología; radioterapia; cardiología intervencionista; cirugía cardiaca, trasplantes y neurología pediátrica, además del área de urgencia.
Informó que el hospital de alta especialidad impactará a través de los servicios de consulta externa de especialidades y hospitalización, a cerca de 650 mil beneficiados y con capacidad de atender a derechohabientes de Guerrero, Puebla, estado de México, la zona noroeste de Oaxaca, Morelos e inclusive a una parte del Distrito Federal.
Si bien es cierto, el hospital de alta especialidad "Centenario de la Revolución Mexicana" del ISSSTE es una obra de gran relevancia para Morelos, el planteamiento de considerarlo hospital regional es cuestionable, ya que el ex director del ISSSTE habla de dar servicio al estado de México, lo cual sería poco funcional; como dato, en breve se inaugurará el hospital de alta especialidad "Bicentenario de la Independencia" en Tultitlán, estado de México, que contará con enormes facilidades y tecnología de vanguardia, siendo similar en capacidad y calidad al hospital de Morelos.
El estado de México cuenta con un padrón de 844 mil 201 derechohabientes del ISSSTE, el hospital del ISSSTE de esta entidad cuenta con 2 mil 465 trabajadores y una infraestructura de 249 consultorios, 11 laboratorios, 16 equipos de Rayos X, 1 mastógrafo, 7 ultrasonidos, 80 camas censables y 48 camas transitorias.
Por tanto, es poco probable que los habitantes del estado de México recurran a los servicios del hospital de alta especialidad "Centenario de la Revolución Mexicana" ISSSTE Morelos, ya que cuentan con la infraestructura hospitalaria necesaria.
En el sur del DF es donde se concentran la mayor cantidad de hospitales, los cuales en su mayoría son de alta especialidad. Los derechohabientes del sur del DF son un padrón de 1 millón 86 mil 711: el hospital del ISSSTE delegación DF Zona Sur cuenta con 31 mil 572 trabajadores y una infraestructura de 332 consultorios, 15 laboratorios, 11 equipos de Rayos X, 3 mastógrafos, 5 ultrasonidos, 1 tomógrafo, 175 camas censables y 90 camas de tránsito; ante esto, es complicado que los habitantes del sur del DF acudan al hospital de alta especialidad "Centenario de la Revolución Mexicana" ISSSTE Morelos, pues cuentan con la infraestructura hospitalaria necesaria.
El estado de Puebla registra un padrón de 300 mil 357 derechohabientes; el ISSSTE Puebla cuenta con 2 mil 168 trabajadores y una infraestructura de 121 consultorios, 4 laboratorios, 3 equipos de Rayos X, 1 ultrasonido, 48 camas censables y 37 camas de tránsito; dichas cantidades reflejan una alta capacidad de atención médica a la población, por tanto, los servicios médicos en Puebla se cubren con los diferentes hospitales instalados a lo largo y ancho del estado.
En el caso de Morelos, el ISSSTE tiene un padrón de 225 mil 797 derechohabientes; para su atención, existe el hospital "Carlos Calero Elorduy", el cual viene dando servicio a la fecha de manera muy eficiente contando con una infraestructura de 101 consultorios, 4 laboratorios clínicos, 4 equipos de Rayos X, 3 mastógrafos, 2 ultrasonidos, 116 camas censables, 71 no censables y 15 ambulancias, teniendo un personal de 1,338 de base, 185 de confianza, 1 de honorarios y 35 prestadores de servicio social.
Resumiendo:
El director general (con licencia) del ISSSTE, indicó que el hospital de alta especialidad "Centenario de la Revolución Mexicana" en Morelos contempla dar servicio a más de un millón 700 mil derechohabientes de Morelos, Guerrero, Puebla, Oaxaca y la zona sur del Distrito Federal.
El estado de México tiene un padrón de 844 mil 201 derechohabientes, debido a que esta entidad cuentan con la infraestructura de salud necesaria y en breve será inaugurado el hospital de alta especialidad "Bicentenario de la Independencia" en el municipio de Tultitlán, los afiliados no recurrirán a los servicios de atención médica del estado de Morelos.
La zona sur del DF registra un padrón de 1 millón 86 mil 711 derechohabientes y es en este lugar donde se concentra una gran cantidad de hospitales de alta especialidad; ante esto, es complicado que los habitantes del Sur del DF acudan al Hospital de Alta Especialidad "Centenario de la Revolución Mexicana" ISSSTE Morelos, pues cuentan con la infraestructura hospitalaria necesaria.
El estado de Puebla registra un padrón de 300 mil 357 derechohabientes; esta entidad tiene una alta capacidad de atención médica, por tanto, los servicios médicos en Puebla se cubren con los diferentes hospitales instalados a lo largo y ancho del estado; aunado a este punto y debido a la distancia entre Puebla y Morelos, es poco probable que los derechohabientes se trasladen de un punto a otro para recibir servicios médicos.
En el caso de Guerrero y el noroeste de Oaxaca, quienes cuentan con un padrón de 435 mil 336 y 321 mil 578 derechohabientes respectivamente, es diferente, pues al no contar con infraestructura médica de primer nivel, es factible la idea de brindarles atención médica en el hospital de alta especialidad "Centenario de la Revolución Mexicana" del ISSSTE Morelos.
En el caso de Morelos, el ISSSTE tiene un padrón de 225 mil 797 derechohabientes y para su atención, el hospital "Carlos Calero Elorduy" desde su fundación al día de hoy, ha brindado servicio muy eficiente dado que se encuentra en la capital del estado, que es donde se concentra el mayor número de afiliados.
En encuestas realizadas, los derechohabientes quieren seguir recibiendo servicio en dicho hospital por cuestiones económicas, de ubicación, entre otras, y no que se elimine como marca el plan original del ISSSTE para que funcione como albergue.
Si sumamos los 225 mil 797 derechohabientes de Morelos a los 435 mil 336 y 321 mil 578 de Guerrero y Oaxaca, da un total de 982 mil 711 afiliados para el hospital de alta especialidad "Centenario de la Revolución Mexicana" del ISSSTE Morelos; si la capacidad del hospital es para 1 millón 700 mil beneficiarios, tendría una oferta de 717 mil 289 espacios para atención médica.
Todos estos datos estadísticos nos muestran un panorama que permite determinar que es posible dar sin problema alguno, atención médica a la población abierta no derechohabiente de Temixco, Emiliano Zapata, Xochitepec y Jiutepec, municipios que rodean el Hospital, a través de su acreditación con la credencial del IFE, para ser atendidos en el recién inaugurado hospital de alta especialidad "Centenario de la Revolución Mexicana" del ISSSTE Morelos, desde luego con la idea de que el hospital "Doctor Carlos Calero Elorduy" ubicado en el municipio de Cuernavaca, continúe funcionando normalmente; esto permitirá dar un mejor servicio y cubrir la atención médica tanto a los derechohabientes como a los aproximadamente 503 mil no derechohabientes de la zona metropolitana de Cuernavaca, Morelos.
Por lo expuesto, someto a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud y al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, para que brinden atención preventiva y curativa a la población no asegurada de los municipios de Temixco, Emiliano Zapata, Xochitepec y Jiutepec en el hospital de alta especialidad "Centenario de la Revolución Mexicana" del ISSSTE Morelos ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, y a la vez, siga funcionando y dando servicios médicos el hospital general "Doctor Carlos Calero Elorduy" situado en Cuernavaca, Morelos.
Palacio Legislativo, a ocho de abril del año de dos mil diez.
Diputado José Manuel Agüero Tovar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SAGARPA A PRESENTAR A ESTA SOBERANÍA LOS CRITERIOS
Y LAS VALORACIONES EN QUE SE BASÓ EL OTORGAMIENTO DE LOS PERMISOS
PARA UTILIZAR MAÍZ GENÉTICAMENTE MODIFICADO EN EL TERRITORIO
NACIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR EDUARDO VELASCO MONROY, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Héctor Eduardo Velasco Monroy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás normatividad aplicable, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que presente a esta soberanía los criterios y valoraciones que sirvieron de base para otorgar los permisos para la utilización del maíz genéticamente modificado en el territorio nacional, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que el marco normativo que regula la utilización de los organismos genéticamente modificados tiene su base en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), publicada el 18 de marzo del 2005 e4n el Diario Oficial de la Federación
2. Que dicha Ley tiene entre sus finalidades garantizar un nivel adecuado y eficiente de protección de la salud humana, del medio ambiente y la diversidad biológica y de la sanidad animal, vegetal, y acuícola, respecto de los efectos adversos que pudiera causarles la realización de actividades con organismos genéticamente modificados, así como determinar las competencias de las diversas dependencias de la Administración Pública Federal –entre ellas la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)– en materia de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados.
3. Que de acuerdo con las disposiciones de la ley de la Sagarpa, tiene competencias para proteger la sanidad animal, vegetal y acuícola, evaluar riesgos que los organismos genéticamente modificados, OGM, pudieran causar a la sanidad animal, vegetal y acuícola y expedir para la realización de actividades con OGM liberación de OGM con fines agropecuarios, acuícolas o fitozoozanitarios, entre otras.
4. Que de 1998 a 2005 existió un el país una moratoria, de facto, para la utilización de maíz genéticamente modificado en el territorio nacional.
5. Que el maíz tiene una singular importancia para los mexicanos, dada su estrecha relación entre su desarrollo y evolución y la cultura de las distintas regiones del país. Así como su establecimiento como centro de origen y de diversidad genética.
6. Que en la LBOGM indica una disposición expresa para el establecimiento de un régimen especial de protección al maíz.
7. Que la LBOGM establece que la Sagarpa y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, establecerán los centros de origen y de diversidad genética con la participación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
8. Que la ley define el permiso como el acto administrativo que le corresponde emitir a la Sagarpa, en el ámbito de su competencia y que es necesario para la realización de la liberación experimental, la liberación en programa piloto, la liberación comercial y la importación de organismos genéticamente modificados.
9. Que en el año 2009, la Sagarpa, a través del Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) entregó más de 32 permisos para la siembra de maíz en diferentes regiones del país.
10. Que en observación al equilibrio de poderes, los legisladores tienen la labor de vigilar la actuación del poder ejecutivo para que se apegue a las disposiciones legislativas aprobadas por el Congreso Mexicano.
11. Que para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional es de suma importancia que el empleo de los organismos genéticamente modificados en el país responda a los mandatos establecidos en la legislación mexicana, de manera seria y responsable.
Por lo anterior, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que presente a esta soberanía los criterios y valoraciones que sirvieron de base para otorgar los permisos para la utilización de maíz genéticamente modificado en el territorio nacional.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril del 2010.
Diputado Héctor Eduardo Velasco Monroy (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL GOBIERNO FEDERAL QUE POR LA SAGARPA INFORME A ESTA SOBERANÍA
SOBRE LAS MEDIDAS QUE TOMARÁ RESPECTO AL EMBARGO DEL CAMARÓN
SILVESTRE ANUNCIADO POR ESTADOS UNIDOS, A CARGO DEL DIPUTADO ÓSCAR
ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Óscar Román Rosas González, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno puntos de acuerdo, al tenor de los siguientes
Motivos
El 1 de marzo del año en curso, el gobierno de Estados Unidos de América comunicó al de México que, derivado de una visita de inspección que realizaron expertos de su Departamento de Estado y de su Administración Nacional Oceánica y Atmosférica para observar el uso adecuado de dispositivos excluidores de tortugas, se determinó no otorgar al país la certificación prevista en la ley estadounidense, la cual prohíbe la importación de camarón de las naciones que, conforme a la consideración estadounidense, no cuenten con medidas comparables en eficiencia con las de ese país para proteger a las tortugas marinas.
Sin duda, esa certificación tiene una repercusión directa en el sector económico y camaronero del país, ya que todas las exportaciones de camarón mexicano tienen como destino el mercado estadounidense.
Es fundamental que esta Cámara se pronuncie al respecto, no sólo porque se trata de una medida económica injusta sino porque debemos conocer el fundamento técnico y contractual en que se basó ese gobierno para decretar la medida.
Sobre el particular, es necesario conocer a fondo qué medidas ha adoptado el gobierno federal respecto al anuncio del de Estados Unidos. Necesitamos conocerlo con precisión y puntualidad.
Necesitamos saber qué medidas económicas adoptará el gobierno federal en caso de que el próximo 20 de abril se hagan efectivas estas medidas, ya que más de 6 mil trabajadores dependen de la pesca de camarón silvestre.
Es preciso conocer si la inspección realizada reunió desde el punto de vista científico criterios técnicos suficientes, de forma tal que la medida adoptada cuente con sustento. En otras palabras: necesitamos saber si el gobierno mexicano avala científicamente los criterios analizados y las medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos.
Considero necesario que las autoridades del gobierno federal informen a esta soberanía si las normas mexicanas consideran que las embarcaciones nacionales para capturar camarón silvestre deban observar el uso de los dispositivos excluidores de tortuga, y que nos den a conocer cuál es la autoridad encargada de vigilar la observancia de estas disposiciones.
Asimismo, es necesario enterarse si las embarcaciones mexicanas que capturan camarón silvestre son inspeccionadas por alguna autoridad federal, y si la inspección considera una norma que regule la práctica de la pesca de camarón y observe la protección de la tortuga marina, así como enterarnos de los procedimientos que siguen las embarcaciones camaroneras para recibir un permiso de pesca.
Lo anterior, amigas y amigos diputados, no es con la finalidad de sobrerregular a los empresarios mexicanos sino de cuidar esta actividad, de la cual miles de mexicanos han vivido durante muchos años.
Necesitamos entender si la medida adoptada por el gobierno de Estados Unidos de América es una práctica comercial desleal o una medida con sustento. Debemos enterarnos del trabajo realizado por las instituciones encargadas de cuidar nuestro ambiente y fomentar el sector pesquero y, en todo caso, saber si cumplen la normativa aplicable.
La experiencia histórica, en estos casos, nos ha enseñado que el gobierno de Estados Unidos de América siempre hará lo posible por beneficiar su mercado y sus empresas. No podemos ser ingenuos: hay luces de que es una medida económica en detrimento de nuestro sector camaronero.
Por ello, el gobierno federal tiene que dar respuesta a diversas interrogantes: ¿cuál es su posición respecto al anuncio del gobierno de Estados Unidos de América sobre las prácticas pesqueras de las embarcaciones camaroneras? ¿Cuál es su opinión y, en su caso, qué medidas tomará si el gobierno estadounidense no emite los permisos respectivos para la importación de camarón mexicano? ¿Cuáles serán las medidas de apoyo que se instaurarán para el sector camaronero, en caso de decretarse la prohibición para que México pueda exportar camarón silvestre?
Por lo expuesto y fundamentado, me permito proponer los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Solicitar al gobierno federal, a través del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que informe a esta soberanía respecto a las medidas que tomará con motivo del embargo del camarón silvestre mexicano anunciado por el gobierno de Estados Unidos de América.
Segundo. Solicitar al gobierno federal, a través del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que informe a esta soberanía respecto a la valoración científica sobre los estudios realizados por el gobierno de Estados Unidos de América en los cuales se concluye que las embarcaciones camaroneras cuentan con prácticas pesqueras que dañan la especie de la tortuga marina.
Tercero. Solicitar al gobierno federal que informe a esta soberanía mediante el procurador federal de Protección al Ambiente si inspeccionan las embarcaciones camaroneras nacionales y si en las inspecciones hay observaciones similares a los argumentos considerados en el embargo camaronero anunciado por Estados Unidos de América.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2010.
Diputado Óscar Román Rosas González
(rúbrica)
La suscrita, diputada María Araceli Vázquez Camacho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto en los artículos 4, párrafo IV, 5, inciso i) y 15 del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, se solicita se formule una excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y a la de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la honorable Cámara de Senadores para que a la mayor brevedad dictamine la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y deroga el articulo 5o. transitorio del decreto por el que se aprueba el diverso que adiciona los artículos 3o., párrafo primero, fracciones III, V y VI, y el artículo 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Mediante sesión de fecha 17 de abril del año 2008 en la LX Legislatura, se presentó iniciativa con proyecto de decreto sobre el artículo 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y deroga el artículo quinto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la federación, el 12 de noviembre de 2002, que reforma el artículo 3o., en su párrafo primero, fracciones III, V y VI, y el artículo 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Dicha iniciativa, suscrita por los diputados Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Javier González Garza, del PRD; Alejandro Chanona Burguete, de Convergencia; Ricardo Cantú Garza, del PT; Héctor Larios Córdova, del PAN; Emilio Gamboa Patrón, del PRI; Gloria Lavara Mejía, del PVEM; Aída Marina Arvizu Rivas, de Alternativa, y Silvia Luna Rodríguez, de Nueva Alianza; fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Educación Pública y Servicios Educativos.
3. Dentro del análisis de la iniciativa en comento, se incluyeron 5 iniciativas más de reforma a la Constitución, relativas a reformas y adiciones al artículo 3o. constitucional.
4. En fecha 11 de diciembre de 2008, fue dictaminada y aprobada la iniciativa en comento, con 299 votos en pro, 4 en contra y 11 abstenciones.
5. La minuta correspondiente se remitió al Senado de la República en la misma fecha, a efecto de que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, emitieran el dictamen correspondiente.
Consideraciones
Primera. Para la concretización de un Estado libre, democrático, nacional con progreso económico, político, cultural y social, y en el que se promueva la fraternidad y la igualdad entre los hombres; se requiere un pueblo con educación, un pueblo que luche contra la ignorancia.
Segunda. La educación conforme lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás leyes relativas y aplicables, debe ser impartida por el Estado, garantizando que se imparta en forma gratuita y a todo individuo.
Tercera. La educación que imparta el Estado deberá contribuir a los siguientes fines:
Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos;
Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país;
Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.
Difundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones al mejoramiento de la sociedad;
Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, así como promover el desarrollo de una cultura por la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones y propiciar el conocimiento de los derechos humanos y el respeto de éstos;
Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas;
Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de los que constituyen el patrimonio cultural de la nación;
Desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para crear conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;
Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad.
Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general.
Fomentar los valores y principios del cooperativismo.
Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo.
Difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercitarlos.
Quinta. De acuerdo con las cifras y estadísticas del sistema educativo, el panorama de la educación en el país presenta datos relevantes en el nivel de la escolaridad básica formal, puesto que 96.9 por ciento de quienes tienen entre 15 y 29 años de edad saben leer y escribir, y el promedio de escolarización es de casi nueve años.
Sexta. Estudios realizados por la Asociación Mexicanos Primero, en su libro "Contra la pared. Estado de la educación en México 2009", detallan que a pesar de que hay una inscripción generalizada a primero de primaria, con 98 niños de cada 100 ingresando en forma oportuna a la escuela, sólo 62 de ellos terminarán la secundaria en tiempo y forma. Pasado el verano sólo quedarán 46 jóvenes para ingresar al bachillerato; de este número de jóvenes, tan sólo 25 lo terminan. En razón de los efectos de la reprobación, la extraedad y la deserción, de cada generación de mexicanos de 15 años, poco menos de la mitad llegan al bachillerato. En virtud de ello, apenas 13 concluirán una licenciatura en tiempo y forma y sólo 2 o 3 alcanzarán un posgrado.
Séptima. En consecuencia, es evidente que se realice evolución del sistema educativo nacional, en el que se contemple como obligatoria no solo la educación básica desde preescolar hasta secundaria, sino que también se considere la integración de la educación media superior; en razón de las circunstancias actuales conforme a las cifras y datos marcadas en el párrafo anterior en los que resulta indispensable un pueblo educado, a efecto de que tenga competitividad ante los diferentes estados internacionales, que han logrado avances importantes en cuanto a tecnología y por ende se encuentran interactuando en aras de la globalización.
Octava. La Cámara de Senadores al ignorar y evadir en tiempo y forma su obligación y responsabilidad legislativa de dictaminar la minuta de referencia, no atiende la importante minuta que la Cámara de Diputados aprobó a efecto de hacer que la educación media superior sea obligatoria. Se requiere que el Senado de la Republica atienda la bondad de la presente minuta para encaminar los fines constitucionales trascendentales a fin de lograr este objetivo, tratando de conquistar la equidad e igualdad del sistema educativo en general.
Novena. Es imprescindible reorientar las obligaciones de Estado en el sistema educativo nacional, ya que se requieren nuevas políticas y estrategias que estimulen el avance en este rubro, y alcanzar a través de la educación, se formen personas (niñas, niños y jóvenes) con competitividad para los tiempos reales actuales, abatiendo el rezago educativo y la ignorancia.
Décima. Con la presente excitativa y la oportuna aprobación de la minuta de referencia, por la cual se hace obligatoria la educación media superior, se estarán cimentando las bases para que los jóvenes de educación secundaria que pasan a la educación media superior, no trunquen sus estudios por razones diversas, y que por esas situaciones son vulnerables y se pueden colocar en situación de riesgo ante la oferta del narcotráfico para ser captados y enfilados en actividades ilícitas.
Undécima. Un análisis del Senado de la Republica, alerta que jóvenes entre 15 y 18 años abandonan el bachillerato porque los planes de estudio de este nivel simplemente no contemplan sus "necesidades cotidianas". Aunque la falta de recursos económicos ha sido considerada una de las causas principales de la deserción escolar, este estudio reporta que hay más razones para el abandono. Según este análisis, 4 de cada 10 alumnos que iniciaron el bachillerato en 2001 no lo concluyeron (825 mil 680). De los que abandonaron sus estudios, alrededor de 45.6 por c ciento lo hizo entre los 15 y 19 años. Uno de sus argumentos: "perdí el gusto por el estudio". En 2009, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 4 millones de jóvenes lograron entrar al bachillerato público. La Subsecretaría de Educación Media Superior calcula que habrá una baja eficiencia terminal de 60 por ciento, una tasa de deserción de 15.5 por ciento y una tasa de reprobación de 32.9 por ciento.
Duodécimo. No obstante, que en la actual legislatura de la Cámara de Diputados se han presentado iniciativas de reforma al artículo 3o. constitucional, se requiere formular atenta y respetuosa excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y a la de Educación de la honorable Cámara de Senadores, para que a la mayor brevedad dictaminen la minuta en virtud de la cual, se establece la obligación que tiene el Estado para impartir la educación media superior.
Por lo expuesto y fundando, a usted, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de manera respetuosa solicito lo siguiente:
Único. De conformidad con los antecedentes y consideraciones expuestas en el cuerpo de la presente y en términos de la normatividad interna del Congreso de la Unión vigente, sírvase formular excitativa para que el día que se instruya a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Educación de la honorable Cámara de Senadores, presenten el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y deroga el articulo 5o. transitorio del decreto por el que se aprueba el diverso que adiciona los artículos 3o., párrafo primero, fracciones III, V y VI, y el artículo 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los ocho días del mes de abril del año dos mil diez.
Diputados: María Araceli
Vázquez Camacho, José Alberto González Morales, José
Trinidad Padilla López, Carlos Cruz Mendoza, Onésimo Mariscales
Delgadillo, Obdulia Magdalena Torres Abarca, Víctor Manuel Castro
Cosío, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Jaime Oliva Ramírez
(rúbricas).
Emiliano Zapata Salazar nació el 8 de agosto de 1879 en San Miguel Anenecuilco, del distrito Villa de Ayala, en el estado de Morelos.
Desde 1902 participó en la defensa de los derechos agrarios de los campesinos ante las injusticias de los dueños de las haciendas. Como el gobierno no resolvía los conflictos agrarios, Zapata se dedicó a repartir las tierras bajo el lema "La tierra es de quien la trabaja".
En el Plan de San Luis promulgado por Francisco I. Madero el 5 de octubre de 1910, se establecía la restitución de los terrenos a sus antiguos poseedores que habían sido despojados de modo arbitrario, por lo que Zapata reclutó un ejército de peones e indígenas de los pueblos y haciendas de Morelos y con el grito de "tierra y libertad" se unió a dicho plan que marcó el inicio de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre del mismo año, que entre otros aspectos fundamentales, desconocía al gobierno de Porfirio Díaz y declaraba ley suprema de la república el principio de no reelección de presidente y vicepresidente de la República, de los gobernadores de los estados y de los presidentes municipales.
Cuando Madero resultó electo presidente pidió que se desarmaran los ejércitos zapatistas. A cambio, el general Zapata le solicitó devolver las tierras arrebatadas a los campesinos durante el porfiriato. Ante esta petición, Madero inició una campaña en contra del Caudillo del Sur, a quien hicieron aparecer como un bandido y rebelde. No obstante, Zapata inició el desarme de sus tropas pero las acusaciones en su contra continuaron, por lo que se trasladó a la Ciudad de México para pedir la restitución de las tierras, la destitución del gobernador de Morelos y el retiro de las tropas federales a cambio de dedicarse a la vida privada. Sin embargo, éstas continuaron avanzando por órdenes de Huerta, lo que provocó que Zapata enviara un mensaje a Madero, manifestándole que en lugar de apoyar la Revolución la estaba entregando a los enemigos.
Ante estos hechos, Zapata le pidió que abandonara el estado y se dedicó a formular el Plan de Ayala para sostener y llevar a cabo las promesas de la Revolución que había dado inicio del 20 de noviembre de 1910.
El plan dado a conocer el 28 de noviembre de 1911 cuestionaba la actuación de Francisco I. Madero quién se había adueñado del poder violando los principios que juró defender bajo el lema "Sufragio Efectivo. No Reelección", ultrajando de esta manera la fe, la causa, la justicia y las libertades del pueblo y en consecuencia proponía su desconocimiento como jefe de la Revolución y como presidente de la República.
Durante las presidencias de Huerta y de Carranza, Emiliano Zapata mantuvo sus actividades en contra del gobierno extendiendo su movimiento por el sur de México. Más tarde, junto con Francisco Villa, quién había aceptado el Plan de Ayala, entró en la Ciudad de México en 1914. Al año siguiente, Zapata se retiró a Morelos donde continuó defendiendo sus posiciones frente a las tropas constitucionalistas.
Zapata confió en el coronel Guajardo, quien aparentemente lo apoyaría en sus acciones contra el gobierno y con quien intercambiaba ideas y cartas que cayeron en manos del gobernador lo que permitió que se enterara de sus planes y facilitara la emboscada que le costó la vida.
El 8 de abril de 1919, Zapata salió con su escolta rumbo a Chinameca, mientras el general Pablo González dio la orden de que fuera traído vivo o muerto.
El 10 de abril, Guajardo invitó a Zapata a comer en la hacienda del mismo nombre, saliendo a caballo con 10 hombres. Las órdenes eran que cuando llegara al primer llamado se le hicieran honores de general y al segundo se abriera fuego.
De esta manera Emiliano Zapata fue cobardemente emboscado y acribillado.
El día de hoy he traído a la memoria algunos de los hechos más significativos de la vida del general Zapata y parte del contexto político en el que estos tuvieron lugar, precisamente cuando el país se encuentra en una grave encrucijada.
Cuando el neoliberalismo dependiente apoyado por los dos partidos más importantes del país no ofrece una salida a los mexicanos. Cuando México está al borde de un abismo.
El saldo económico de este modelo muestra a los ojos de todos los mexicanos los siguientes resultados:
2. En las últimas dos décadas, la inversión pública dejó de cumplir su función impulsora del desarrollo económico al caer 67 por ciento, es decir, de 12 a 3.2 por ciento del producto interno bruto (PIB) mientras que la inversión privada no retomó este papel impulsor del desarrollo al crecer sólo de 14 por ciento a 16 por ciento del PIB.
3. Tomando 1970 como año base y considerando que entonces el salario mínimo real estaba en su nivel de mayor poder adquisitivo su porcentaje de pérdida ha sido del 70 por ciento y observado un comportamiento variado de la inflación sexenal en las últimas tres décadas con una tendencia a mantenerla a un solo dígito para equipararnos con nuestros socios comerciales, lo cual se ha logrado a un costo social muy elevado.
4. Aumento de la pobreza, tan sólo el número de pobres pasó de 44.7 millones en 2006 a 53 millones en 2010, es decir, un aumento de 8.3 millones en los últimos cuatro años.
5. Se privatizaron, extranjerizaron o monopolizaron sectores estratégicos incluyendo el financiero (95 por ciento), el eléctrico (50 por ciento), buena parte del petróleo, etcétera, y se liquidó y paralizó el fomento económico y la protección social del gobierno.
6. El saldo final, deterioro permanente de los principales indicadores de desarrollo, bienestar, competitividad, soberanía económica, sustentabilidad, estado de derecho, paz y justicia social.
No se trata de rememorar un aniversario más de su asesinato. Debemos reflexionar, ampliar la conciencia y sobre todo actuar para fortalecer la identidad sobre la cual se han construido estos dos grandes movimientos sociales.
El reto es anteponer a las fuerzas e intereses de la economía global y la persistencia de proyectos hegemónicos la fortaleza de esta identidad como pertenencia a un pasado compartido y ponernos de acuerdo en el futuro del país, aún cuando esto resulte difícil por la desigualdad ancestral que nos caracteriza y que nos mantiene como una de las economías con peor desempeño en el mundo.
Cuando comparamos los resultados de algunos modelos de desarrollo globalizado entendemos lo que esto significa.
En China e India 400 y 300 millones de pobres pasaron a clase media, respectivamente, mientras en México en tres décadas de neoliberalismo han arrojado millones de clase media a pobres, es decir, al desempleo, subempleo, informalidad, migración y delincuencia.
Si se consideran los niveles de desarrollo integral globalizado, Japón pasó de un país en ruinas a una gran potencia. India de colonia pobre a potencia emergente. China de país pobre a gran potencia mundial.
En América Latina, nuestro país dejó de ser el gigante, habiendo sido desplazado por Brasil que ha invertido en ciencia y tecnología y desarrollado su mercado interno.
En contraste, México pasó de milagro económico a país empobrecido, recolonizado y subordinado como resultado del modelo económico dependiente apoyado en:
2. La disminución del poder normativo, de fomento económico y de promoción de la justicia social del Estado mexicano.
3. La apertura a la inversión extranjera sin obligaciones fiscales y para el desarrollo nacional.
4. La socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias mediante el uso del gasto público para garantizar utilidades a las corporaciones globales nacionales y extranjeras.
5. La reducción de los salarios, prestaciones y derechos sindicales como tributo para las inversiones globales.
6. La depredación y la sobreexplotación de los recursos naturales originalmente propiedad de todos los mexicanos.
7. La reducción de las capacidades industriales, de la producción agropecuaria, forestal y pesquera, de servicios de la planta productiva y su sustitución por inversiones, productos y servicios extranjeros.
8. El control por la banca transnacional del sistema financiero y del ahorro de los trabajadores y de la energía, la biodiversidad y la alimentación de los mexicanos por parte de las corporaciones extranjeras.
9. La concentración de la actividad económica en un reducido número de empresas y su reproducción mediante el control e influencia en los poderes y decisiones públicas, en lo que se ha dado en llamar "el capitalismo de cuates".
Se ha agudizado el rentismo y la concentración de la tierra. Los recursos de subsidio, es decir, los impuestos de los mexicanos han tenido como destino las manos de los grandes productores y empresarios agrícolas. Ha aumentado la emigración a Estados Unidos de América y a las ciudades en busca de oportunidades de vida.
En suma, con las políticas neoliberales impulsadas hace casi tres décadas, el campo mexicano ha sido sometido a una devastación por el dominio de una veintena de empresas agroalimentarias transnacionales que controlan en la actualidad la producción agropecuaria pero también por las políticas oficiales seguidas particularmente en los dos últimos periodos de gobierno. Tan sólo en el caso del maíz, actualmente cuatro empresas controlan el 66 por ciento de la oferta de este grano.
Ante esta lacerante realidad, compañeros legisladores, la manera de honrar la memoria de Zapata es hacer una profunda reflexión y una convocatoria al pueblo de México para que juntos contribuyamos al esclarecimiento de la actual crisis por la que atraviesa el país, que deliberemos sobre las causas estructurales de la crisis, hagamos una valoración de las perspectivas, de las posibilidades y opciones sobre la base de un nuevo proyecto que refleje los intereses de la nación por encima de los intereses de una oligarquía en el poder y que juntos contribuyamos a formular un nuevo pacto social con su correspondiente régimen político y económico para garantizar la justicia social, la equidad, la distribución de la riqueza, las libertades y los derechos humanos.
Honremos la memoria de Zapata a través de impulsar un nuevo modelo de desarrollo económico justo y competitivo con empleo y bienestar social, que nos permita recuperar la soberanía económica cedida en los tratados de comercio internacionales como condición necesaria para adoptar decisiones autónomas como comunidad nacional en materia económica.
Fortalezcamos un nuevo pacto social sustentado en los mandatos de la Constitución de 1917 y aprendamos de las lecciones de la historia. Hace 100 años, millones de mexicanos derramaron su sangre por el principio de Sufragio Efectivo, No Reelección. Hoy debemos impedir el retroceso que esto significaría de aprobarse la propuesta del Ejecutivo federal en esta materia.
Construyamos un modelo que nos permita convertirnos en una potencia económica por méritos propios, sobre la base de la actividad económica y la rectoría del Estado en las áreas estratégicas reservadas, el impulso de la economía social y de las empresas de capital nacional para alcanzar un crecimiento sustentable y sostenible.
Un modelo construido sobre el criterio de justicia social y distribución de la riqueza, con pactos para aumentar de manera permanente la productividad y el poder adquisitivo del salario.
Un modelo que sustente el desarrollo nacional en el mercado interno con preferencia sobre el mercado internacional, en el que las corporaciones globales no dominen el mercado y más bien estas se subordinen al interés de la nación.
En donde se haga cumplir la Constitución, se elimine la desigualdad y las distintas formas de pobreza y exclusión social que caracterizan a la sociedad mexicana.
Un modelo que 1. Reconozca el papel del campo y de los campesinos en la historia reciente del país y en la construcción del México actual: 2. Incorpore los elementos constitutivos de una política de Estado que trascienda lo coyuntural y sea capaz de superar los rezagos ancestrales, las condiciones de marginación y pobreza en que se debaten hoy la mayor parte de los campesinos mexicanos: y 3. Defina un esquema de desarrollo que tenga como principio fundamental, la soberanía nacional, la Soberanía Alimentaría y un conjunto de políticas públicas que hagan posible enfrentar con éxito los retos del presente y los desafíos del futuro.
Un modelo que promueva el desarrollo integral de las culturas indígenas y reconozca plenamente los derechos de estos pueblos y su libre autodeterminación.
En consecuencia, desde esta tribuna hago un llamado a todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso y a la sociedad en su conjunto para que impulsemos este proyecto nacional alternativo, revirtiendo la contrarreforma del Estado mexicano que impulsó el paradigma neoliberal y abandonemos de una vez por todas, la política pasiva e inercial ante la globalización.
Adoptemos una estrategia propia de desarrollo económico e inserción en la economía mundial que dé solución urgente a los graves rezagos en materia de crecimiento económico, productividad y competitividad, pobreza, empleo e ingreso, desarrollo regional, deterioro ambiental, desigualdad y bienestar social.
Sin duda, la construcción de este nuevo modelo es el mejor homenaje que podemos ofrecer hoy para recordar y honrar la memoria del general Emiliano Zapata Salazar.
¡Viva Zapata! ¡Muchas Gracias!
Atentamente
Diputado Federico Ovalle Vaquera