- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes del GDF a colocar balizas en los carriles de circulación del tramo La Puerta-Constituyentes, en la carretera México-Toluca, a cargo de la diputada Leticia Robles Colín, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita al ISSSTE el respeto del derecho de elección contenido en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al consejero presidente del IFE a establecer una mesa de diálogo con la representación de los trabajadores para atender la problemática laboral y los despidos en el instituto, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes de la federación, de las entidades federativas, del Distrito Federal y de los municipios a adecuar las instalaciones de cultura física y deportiva a las necesidades de las personas con discapacidad, particularmente las que padecen acondroplasia, a cargo de la diputada Yulenny Guylaine Cortés León, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la Secretaría de Salud las medidas señaladas en el Manual para la Vigilancia, Diagnóstico, Prevención y Control del Dengue, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a aplicar la ley laboral respecto a la selección de mandos directivos en las escuelas públicas de nivel básico, a cargo del diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a establecer una política clara, con medidas y acciones de corto y largo plazos, para solucionar la sobreexplotación de los acuíferos en el país, que atenta contra la sustentabilidad hidrológica y la salud de los mexicanos, suscrita por los diputados Héctor Franco López y Miguel Ángel Riquelme Solís, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al director general de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía para que informe de las gestiones realizadas en su administración y de la producción del organismo a escalas nacional e internacional, a cargo del diputado Ariel Gómez León, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a incluir a partir del periodo lectivo 2010-2011 la asignatura de educación artística y cultural en los planes y programas de estudio del nivel básico, a cargo del diputado Germán Osvaldo Cortez Sandoval, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP a pagar a los trabajadores y ex trabajadores de Pemex sus aportaciones para el seguro de vida contratado con Seguros La República en el periodo 1970-1992, a cargo de la diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar una política que impulse la sustentación de nuestra cultura en los valores humanos, y a crear el instituto nacional para la cultura basada en los valores humanos, a cargo del diputado Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a establecer mediante la Profepa acciones de inspección y vigilancia forestales para detener el cambio ilegal del uso de suelo de terrenos forestales por la apertura de plantaciones de aguacate en Michoacán, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a apoyar mediante la SRE el esfuerzo de millones de mexicanos migrantes que luchan por su derecho al trabajo digno y por el respeto de sus garantías individuales en Estados Unidos de América, a cargo del diputado Marcos Carlos Cruz Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a destituir al titular de la STPS, a cargo del diputado Miguel Ernesto Pompa Corella, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la Condusef a ejecutar una campaña que informe de manera detallada cuáles sociedades cooperativas de ahorro y préstamo forman parte del Fondo de Protección, principalmente en la región mixteca de Oaxaca, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita agilizar el análisis, la discusión y, en su caso, la aprobación en esta soberanía de la eliminación del cobro de ISR a jubilados y a pensionados, a cargo del diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Economía que envíe a esta soberanía las evaluaciones que, en su caso, realizó para determinar fechas, montos y procedimientos de los cupos de importación de leche en polvo, así como que calcule el efecto de las importaciones en el sector lechero del país, a cargo del diputado Héctor Fernández Aguirre y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a implantar de inmediato estrategias y procedimientos para vigilar que en todas las escuelas particulares de educación básica se utilicen los libros de texto gratuitos, a cargo del diputado Emilio Mendoza Kaplan, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a Pemex sobre la integración de un grupo multidisciplinario para evaluar las acciones de resarcimiento del entorno y de investigación realizadas por ese organismo en materia de impacto y riesgo ambientales con criterio de sustentabilidad, en particular lo concerniente a Veracruz, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes del GDF a colocar balizas en los carriles de circulación del tramo La Puerta-Constituyentes, en la carretera México-Toluca, a cargo de la diputada Leticia Robles Colín, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada Leticia Robles Colín, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Considerandos
Que el desarrollo de la zona poniente de la Ciudad de México se ha dado de manera anárquica; esta situación, aunada a la topografía accidentada de la zona que limita la comunicación, ha propiciado una falta de infraestructura vial principalmente en las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo.
Que la falta de comunicación en la zona para satisfacer los viajes principalmente en el sentido norte-sur, los cuales sólo cuentan como alternativa con el periférico, provoca que las otras vías primarias que corren en sentido oriente-poniente se saturen al ser las colectoras de los viajes que drenan el periférico.
Que en el tramo de la avenida Constituyentes se tiene uso de la zona deportiva militar, edificios de oficinas y equipamiento privado de salud. En la zona se sitúa la central de autobuses del poniente que genera un intenso tránsito de vehículos de transporte público foráneo hacia la carretera de Toluca, la cual se satura por el tránsito vehicular que circula por la zona.
Por lo anterior, los habitantes de la zona solicitan el balizamiento del tramo comprendido de los carriles de circulación de la salida de la carretera México-Toluca conocido como La Puerta a la avenida Constituyentes, debido a que no se cuenta con dicho señalamiento para ordenar el tránsito de vehículos.
Que al no contar con la balización de carriles de circulación se genera un grave conflicto vial, el que prácticamente confunde a los conductores de los vehículos que transitan por dicha vía para tomar el carril que les corresponde en el entronque de la avenida Constituyentes.
Por todo lo expuesto es que someto a consideración de pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Para solicitar que la Cámara de Diputados exhorte a las autoridades competentes del Gobierno del Distrito Federal a balizar los carriles de circulación del tramo comprendido de la salida de la carretera México-Toluca conocido como La Puerta a la avenida Constituyentes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a 7 de abril de 2010.
Diputada Leticia Robles Colín (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al ISSSTE el respeto del derecho de elección contenido en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este honorable pleno proposición con punto de acuerdo para solicitar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) el respeto al derecho de elección contenido en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de marzo de 2007, estableció un nuevo sistema de pensiones para los asegurados a su régimen obligatorio.
Este nuevo régimen consiste en un sistema de capitalización individual que se aplica de manera obligatoria a los trabajadores de nuevo ingreso y de manera optativa a los trabajadores en activo. Quienes no eligieran este sistema, se les aplicaría un régimen similar al dispuesto en la ley abrogada con modificaciones en los requisitos de edad para acceder a pensiones y con aumentos en las contribuciones. Este régimen de reparto reformado se detalló en el artículo décimo transitorio de la ley.
Este derecho de opción se encuentra normado en los artículos quinto y séptimo transitorios de la ley y en un reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2007, que fue reformado por el Ejecutivo el 27 de junio de 2008.
De acuerdo con la ley, el trabajador debió notificar por escrito su decisión; en caso de no hacerlo, se atendría a lo especificado en el reglamento. El reglamento especificó que quien no ejerciera este derecho se le aplicaría lo dispuesto en el artículo décimo transitorio. Una vez tomada, esta decisión será “definitiva, irrenunciable y no podrá modificarse” y para ejercer este derecho se contaba con seis meses a partir del 1 de enero de 2008.
En total violación a la ley, el Ejecutivo amplió el plazo por decreto al 14 de noviembre de 2008, mediante la reforma al reglamento citado.
No obstante estos desarreglos jurídicos y las presiones que se dieron en entidades y dependencias para que los trabajadores migraran al sistema de cuentas individuales, el resultado fue desastroso para el gobierno. Según datos oficiales, sólo optaron por el nuevo sistema el 14 por ciento de los 2 millones 72 mil trabajadores con derecho a opción, o sea 294 mil 736 personas. Los trabajadores que hicieron el trámite para optar fueron 1 millón 308 mil 140 trabajadores. 86 por ciento de los trabajadores optaron por quedarse con el régimen establecido en el artículo décimo transitorio.
En un nuevo intento de transgredir la ley y la voluntad de los trabajadores y las trabajadoras que consideraron desventajosa la oferta de dejar un sistema solidario con beneficios definidos, el 3 de noviembre de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un “acuerdo por el que se expide el formato para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del articulo décimo transitorio”. Por medio de dicho acuerdo, se obliga a los trabajadores y las trabajadoras a firmar un formato en el que “eligen” el sistema de pensiones establecido en el décimo transitorio, a pesar de que al no haber realizado su elección en 2008, ya se les considera bajo dicho sistema y de que la ley determina que esa elección es definitiva, irrenunciable y no puede modificarse.
Con supuestos argumentos administrativos, de que llenar el formato dicho “aceleraría” el trámite, la Dirección General del ISSSTE quiere anular el camino ya tomado por trabajadores y trabajadoras en contra del cambio a su régimen de pensiones y a sus derechos adquiridos, además de las consecuencias jurídicas que implican para quienes se ampararon o dejaron a salvo su derecho de impugnar por esa vía la aplicación de la ley cuando les afecte a sus intereses.
Se ha llegado incluso a circular un formato de renuncia a la elección del artículo décimo transitorio con supuestos fundamentos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Se tienen casos documentados como éste en la delegación de Zacatecas del ISSSTE.
La aplicación del derecho de opción es un hecho consumado y quienes optaron por el décimo transitorio absteniéndose de hacer uso del derecho de elección no tienen por qué cubrir más requisitos que los prescritos por la ley. El abuso de la Dirección General en este caso es algo que esta soberanía no puede dejar pasar por alto por lo que propongo se le conmine a cumplir sus obligaciones en estricto apego a la ley y respete de la misma forma la opción tomada por los asegurados y aseguradas al régimen obligatorio del ISSSTE.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el respeto al derecho de elección de los trabajadores y las trabajadoras establecido en los artículos quinto y séptimo transitorios de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en el reglamento, para el ejercicio del derecho de opción que tienen los trabajadores de conformidad con los artículos quinto y séptimo transitorios del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, absteniéndose de establecer requisitos para el acceso a pensiones que impliquen la modificación o renuncia a la elección ya tomada por trabajadores y trabajadoras entre el 1 de enero y el 14 de noviembre de 2008.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2010.
Diputado Francisco Hernández Juárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al consejero presidente del IFE a establecer una mesa de diálogo con la representación de los trabajadores para atender la problemática laboral y los despidos en el instituto, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo para exhortar al consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) a establecer una mesa de diálogo con la representación de los trabajadores para atender la problemática laboral y los despidos en la institución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde la constitución del IFE, como órgano constitucionalmente autónomo y con personalidad jurídica propia, se colocó en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a todos los trabajadores como personal de confianza, indistintamente de la función laboral que desempeñan, impidiendo el ejercicio pleno de sus derechos laborales como establece el artículo 123 constitucional.
Con esta determinación legal, y con el argumento de que el IFE se encarga de establecer y garantizar los procesos electorales, se violenta y se reprime cualquier intento de organización de los trabajadores.
Actualmente, el personal que labora en el IFE enfrenta la amenaza de despidos, que podría afectar a más de mil 500 personas. La crisis económica se utiliza como argumento para recortar el gasto corriente, lo que significa despidos masivos, quedando al criterio de la Dirección Ejecutiva de Administración elaborar la lista de los trabajadores que serían afectados. En esa relación podrán quedar los trabajadores que han manifestado y exigido su derecho a organizarse y buscar mejores condiciones laborales, asegurar su puesto y garantizar un ingreso digno.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al doctor Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral, a establecer mesa de diálogo con la Asociación de Trabajadores del IFE, Asociación Civil, para buscar un acuerdo consensuado que permita al instituto cumplir sus metas de trabajo y garantizar las condiciones laborales y de empleo de los trabajadores a su servicio.
Segundo. Asimismo, lo exhorta a abstenerse de efectuar o instruir para que se instaure cualquier medida de intimidación contra los trabajadores integrantes de dicha organización, a fin de mantener una relación de respeto de los derechos laborales individuales y colectivos consagrados en la Constitución y en las leyes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2010.
Diputado Francisco Hernández Juárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes de la federación, de las entidades federativas, del Distrito Federal y de los municipios a adecuar las instalaciones de cultura física y deportiva a las necesidades de las personas con discapacidad, particularmente las que padecen acondroplasia, a cargo de la diputada Yulenny Guylaine Cortés León, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Yulenny Guylaine Cortés León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En nuestro país desgraciadamente la gente pequeña es un grupo vulnerable al que no se le ha prestado la atención necesaria por parte de todos los sectores, entre ellos, el social, laboral, educativo, y por supuesto el deportivo.
“La acondroplasia es un trastorno genético del crecimiento óseo que es evidente desde el nacimiento. Se presenta en aproximadamente uno de cada 15,000 a uno de cada 40,000 bebés y ocurre en todas las razas y en ambos sexos.” 1
La acondroplasia es el más común de un grupo de defectos de crecimiento que se caracterizan por anormalidad en las proporciones del cuerpo. Los individuos afectados tienen brazos y piernas muy cortos, mientras que el torso tiene un tamaño casi normal.
Generalmente, los tejidos cartilaginosos se convierten en huesos durante el desarrollo fetal y la niñez, salvo en algunos lugares como la nariz y los oídos. En los individuos con acondroplasia sucede algo extraño durante este proceso, especialmente en los huesos más largos (como los de los brazos y los muslos). Las células cartilaginosas de las placas de crecimiento de estos huesos se convierten en tejido óseo en forma demasiado lenta, lo que resulta en huesos cortos y en baja estatura.
Por lo general, las personas con acondroplasia tienen una inteligencia y una esperanza de vida normales. No obstante, los niños afectados tienen varias complicaciones médicas que pueden afectar a su desarrollo.
La acondroplasia se produce por una mutación en un gen (denominado receptor 3 del factor de crecimiento del fibroblasto) que se encuentra en el cromosoma 4. Normalmente, este gen ayuda a regular el ritmo de crecimiento de los huesos largos. Las mutaciones en este gen dan como resultado un crecimiento óseo severamente limitado.
En una minoría de los casos, el niño hereda la acondroplasia de un progenitor que también tiene la enfermedad. Si uno de sus padres sufre este trastorno y el otro no, existe un 50 por ciento de probabilidades de que el niño nazca con acondroplasia. Si los dos padres tienen la enfermedad, existe una probabilidad del 50 por ciento de que el niño la herede, una probabilidad del 25 por ciento de que no la herede y una probabilidad del 25 por ciento de que herede un gen anormal de cada uno de sus padres, lo que producirá graves anomalías del esqueleto y conducirá a una muerte temprana.
Cuando ambos progenitores tienen acondroplasia, el médico suele recomendarles una serie de pruebas prenatales para diagnosticar o descartar esta manifestación mortal de la enfermedad. Si el niño no hereda la enfermedad, no habrá forma de que la transmita a sus hijos.
No obstante, “en más del 80 por ciento de los casos, la acondroplasia no se hereda sino que resulta de una mutación producida en el óvulo o en el espermatozoide que forma el embrión.” 2 Por lo general, los padres de niños con acondroplasia causada por una nueva mutación son de tamaño normal. Lo común es que estos padres no tengan otros niños con acondroplasia. Las probabilidades de que tengan un segundo niño con esta enfermedad son extremadamente muy pocas.
“Los especialistas en genética han observado que es más probable que los padres de edad mayor que la habitual (40 años o más) tengan niños con acondroplasia y algunas otras enfermedades autosómicas dominantes (trastornos que se producen cuando un gen de un par de genes es anormal) debidas a mutaciones nuevas.” 3 Las personas con acondroplasia resultante de mutaciones nuevas transmiten el trastorno a sus hijos según se describió antes.
En la mayoría de los casos, no hay manera de prevenir la acondroplasia ya que se debe a mutaciones completamente inesperadas de los genes de padres que no tienen la enfermedad. El asesoramiento genético puede ayudar a los adultos con acondroplasia y a las personas no afectadas que han tenido un hijo con esta enfermedad a tomar decisiones bien fundamentadas relativas a la planificación familiar.
Los esfuerzos de la gente pequeña tienen que ser apoyados por la sociedad, y doblemente reconocidos, por ello es necesario que hagamos conciencia de que independientemente de la estatura con la que nacimos, todos los seres humanos somos iguales.
En este sentido, es importante resaltar que los días 13, 14 y 15 de marzo se llevo a cabo en Colima el tercer Congreso Nacional de Gente Pequeña, hay que tener presente que ésta es la primera entidad que incluye a la gente pequeña en el sector de las personas con discapacidad, luego de que recientemente, el Congreso del estado aprobó reformas a la ley correspondiente.
Por otra parte, en el terreno deportivo, como en muchos otros, existe gente pequeña con grandes talentos y habilidades, que sin duda alguna sería de gran ayuda si les proporcionamos una muestra de mayor cultura y respeto hacia su situación, hacia sus intereses, tal como adecuar las instalaciones deportivas para el mejor desarrollo de sus actividades.
No me cabe la menor duda que la gente pequeña de México, y de todas partes del mundo, es gente valiosa, capaz, que merece que sea reconocido su esfuerzo a su lucha diaria, al enfrentarse a todos los obstáculos principalmente de la sociedad y de todo su entorno, incluyendo la infraestructura y planeación de las ciudades y de todas las cosas.
Cabe mencionar que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación es clara y manifiesta expresamente en su artículo 1o. que el objeto de ésta es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo señala en el artículo 2o. que “corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, por lo cual los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos.”
De igual forma, dicha ley señala en su artículo 9o. que “queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades”, además considera como conducta discriminatoria “restringir la participación en actividades deportivas, recreativas o culturales.”
Por su parte, la Ley General de Cultura Física y Deporte establece como una de sus finalidades “garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, capacidades diferentes, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen.”
Es un hecho que la ley contempla el pleno desarrollo de las personas y su efectiva participación en todos los ámbitos, que es una legislación incluyente, pero también es una realidad, que en la práctica no se ven reflejados dichos preceptos.
Por tal motivo y comprometida con la ciudadanía y con sus múltiples necesidades y demandas, principalmente en el terreno deportivo el cual es uno de los mayores factores en materia de prevención y solución a muchos de los vicios que aquejan nuestra sociedad, la que suscribe somete a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las autoridades competentes de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, para que en el ámbito de sus atribuciones y en el cumplimiento del marco jurídico en la materia, adecuen las instalaciones de cultura física y deportiva, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de las personas con alguna discapacidad, particularmente para las personas que padecen acondroplasia.
Notas
1 Francomano, C.A. Achondroplasia. GeneReviews, University of Washington, Seattle. Actualizado 9 de enero de 2006, consultado 23 de julio de 2008, www.genetests.org.
2 Ídem.
3 Ídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2010.
Diputada Yulenny Guylaine Cortés León (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la Secretaría de Salud las medidas señaladas en el Manual para la Vigilancia, Diagnóstico, Prevención y Control del Dengue, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Según el Programa Sectorial de Salud 2007-1012, “para lograr un México saludable se requiere implantar estrategias anticipatorias que fortalezcan y amplíen la lucha contra riesgos sanitarios y favorezcan la cultura de la salud”.
Asimismo, señala que el fortalecimiento de las acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades y control de riesgos sanitarios está orientado a reducir el efecto de las enfermedades y las lesiones en individuos, familias, comunidades y la sociedad en su conjunto.
De ahí la importancia y la obligatoriedad de que el Estado mexicano aborde de manera profiláctica el dengue.
Mantener una calidad de vida aceptable es la base del desarrollo humano, y precisa de la adopción de políticas públicas que incidan en la creación de entornos propicios para la salud.
El país firmó en la Ciudad de México el 5 de junio de 2000 la Quinta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud, donde se comprometió a “apoyar la preparación de planes de acción de ámbito nacional para la promoción de la salud, recurriendo si es necesario a los conocimientos de la OMS y de sus asociados en esta esfera”.
Asimismo, se comprometió a identificar las prioridades de salud y el establecimiento de programas y políticas públicas sanas para atender dichas prioridades, a movilizar recursos financieros y operacionales a fin de crear capacidad humana e institucional para la elaboración, la aplicación, la vigilancia y la evaluación de planes de acción de ámbito nacional; y, entre otros aspectos, a establecer o fortalecer redes nacionales e internacionales que promuevan la salud.
A mayor abundamiento, cifras oficiales señalan que el brote de dengue en 2009 tuvo una prevalencia de 30 por ciento mayor que en 2008. Se ha dado a conocer que más de 50 mil casos fueron reportados extraoficialmente, pues no todos los casos fueron atendidos por el sector salud.
El aumento de la prevalencia y el registro de casos con serotipo 3, de escasa presencia en el país, obligan a tomar medidas urgentes de prevención y control, según se señala en el manual para la vigilancia, el diagnóstico, la prevención y el control del dengue, como la vigilancia entomológica de los vectores del dengue en fase larvaria, evaluación del grado de riesgo, vigilancia entomológica de los vectores del dengue en su fase adulta, control larvario, nebulización, y participación comunitaria.
Es preciso señalar la responsabilidad que las autoridades municipales tienen en relación con la vigilancia, el diagnóstico, la prevención y el control del dengue, sobre todo en el proceso de patio limpio y de descacharrización, en este momento previo a la temporada de lluvias.
Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y, en particular, al secretario de Salud a instaurar de manera estricta y eficaz, y en coordinación estrecha con los Ejecutivos locales y los ayuntamientos, las medidas señaladas en el manual para la vigilancia, el diagnóstico, la prevención y el control del dengue, emitido por la Secretaría de Salud, en municipios que registran mayor prevalencia de la enfermedad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2010.
Diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a aplicar la ley laboral respecto a la selección de mandos directivos en las escuelas públicas de nivel básico, a cargo del diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal Rodolfo Lara Lagunas, integrante del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Uno de los factores fundamentales que promueve el éxito de las organizaciones lo constituye el liderazgo. Lo mismo sucede en la milicia que en la política o en la vida empresarial. La escuela no es la excepción.
En efecto, ¿qué hace que un centro escolar tenga logros académicos altos? La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha hecho estudios al respecto basados en la observación directa de lo que ocurre en el aula y en la escuela. En 1997 se hizo una investigación en 34 escuelas. En éstas se incluyeron tanto las de bajo como las de alto rendimiento. Los resultados nos indican que el alto rendimiento está ligado, entre otros factores, al liderazgo del director (distribución de los planteles públicos de educación primaria y secundaria, según el nivel de aciertos de sus alumnos en los exámenes de Carrera Magisterial, agosto 2000, Secretaría de Educación Pública).
Si esto es así, resulta de suma importancia la selección de los mandos en las escuelas de educación básica. El fracaso escolar, registrado a partir de 1994 hasta el presente, merced a los resultados obtenidos por nuestros alumnos en las pruebas estandarizadas de opción múltiple de Carrera Magisterial, Ceneval, TIMSS, Pisa, Excale y Enlace, nos está informando que la selección de directores, inspectores y jefes de sector en preescolar, primaria y secundaria de alto rendimiento es una asignatura pendiente.
¿Qué lo ha impedido? Para nadie es un secreto que en los últimos 38 años el magisterio nacional ha padecido un cacicazgo a través de Carlos Jonguitud Barrios y Elba Esther Gordillo. Éste, con el apoyo del presidente de la República en turno, violentando las leyes, ha privilegiado en el nombramiento de los mandos la militancia sindical, el cuatismo, las influencias y las palancas, antes que los derechos de ascenso de los trabajadores. Las excepciones confirman la regla.
La administración foxista supuestamente intentó a través del compromiso social por la calidad de la educación mejorar la selección de los mandos. El documento respectivo reconoció que “el sustento de una comunidad comprometida con el aprendizaje son los directores con liderazgo”. Para ello, se comprometió, junto con el liderazgo del sindicato magisterial, a impulsar medidas para que el acceso a estos cargos “se lleven a cabo por medio de concursos de oposición” (documento emitido el 8 de agosto de 2002). ¿Por qué no se hizo?
El 15 de mayo de 2008 la administración calderonista, en conjunción con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), vuelve a través de Alianza por la Calidad de la Educación a insistir en el mismo procedimiento establecido en el compromiso social. Así, señalan en el respectivo documento, “el acceso a funciones directivas en el ámbito estatal se realizará por la vía de concursos públicos de oposición”. ¿Por qué hasta la fecha no se ha hecho ningún concurso?
El SNTE le reprocha a la Secretaría de Educación Pública que no ha modificado el reglamento de las condiciones generales de trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública, y esto impide realizar los concursos de oposición para la selección de directivos. Esto se debió hacer, a su juicio, en enero del año pasado.
Lo lamentable de esta comedia que afecta gravemente la educación nacional es que el SNTE siempre ha sabido que los concursos de oposición establecidos, primero en el compromiso y luego en alianza, no podrán realizarse si no se modifica el reglamento de las condiciones generales de trabajo del personal de la SEP, mencionado por el sindicato y, sobre todo, la fracción VIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de México y su ley reglamentaria, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en el Título Tercero, además del reglamento de escalafón vigente desde 1973.
La fracción VIII del Apartado B del artículo 123 constitucional señala que “los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad”. La ley reglamentaria, en el Título Tercero, establece las bases para la operatividad del sistema escalafonario. Finalmente, el reglamento de escalafón concreta y articula el funcionamiento del proceso escalafonario.
Hasta antes de las propuestas panistas, las leyes laborales vigentes establecen que la selección de mandos en las escuelas básicas se hacen a través del concurso escalafonario. ¿Cuál es la diferencia entre éste y el concurso de oposición? De conformidad a la legislación vigente, todos los docentes de base son evaluados en tres factores escalafonarios: conocimientos, aptitud (aquí se incluye disciplina y puntualidad) y antigüedad. A través del reglamento respectivo, a cada uno se le valora con determinados puntajes, por lo que la suma de todos permite jerarquizar al magisterio a través de los catálogos. Con base en estos puntajes, una vez que se convoca a los concursos, se elaboran los dictámenes que se entregan a quienes resultaron seleccionados.
Hasta dónde se nos ha informado a través de los medios de comunicación, se supone que el concurso de oposición consistirá en un examen escrito (una prueba de opción múltiple estandarizada), por lo que aquí solamente se valora un factor, el académico o de conocimientos. La aptitud –desempeño profesional, disciplina y puntualidad en el trabajo– y la antigüedad quedan eliminados. Si esto es así, el concurso de oposición es menos rico, menos eficiente para la selección de los mandos que el concurso escalafonario. Se presta, además, a una mayor corrupción ya que no existen los mecanismos para que los docentes puedan inconformarse ante los dudosos resultados.
¿Por qué las propuestas panistas eliminan los factores aptitud y antigüedad? Porque así lo recomienda el Banco Mundial. Este, en su diagnóstico de mayo de 2001, recomienda que “se debe eliminar el sistema actual de pagos por despidos, la negociación colectiva, los contratos obligatorios para la industria (los contratos-ley); el ingreso obligatorio a los sindicatos; la repartición obligatoria de utilidades; las restricciones a los contratos temporales, de plazo fijo y de aprendizaje; los requisitos de promociones basadas en la antigüedad; los programas de capacitación proporcionados por las empresas y las obligaciones por los empleados de los subcontratistas”. Como se ve, tras la eliminación del factor antigüedad –elemento considerado por la Constitución de México– hay mano negra, mano imperialista. Tan es así que el gozo manifestado por el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellik, en torno a la Alianza no se hizo esperar: “lo que están haciendo aquí, a su manera –23 de septiembre de 2008, La Jornada– es muy revolucionario, no sólo para la educación, sino para México”.
La cacique del SNTE, Elba Esther Gordillo, ha defendido la Alianza, supuestamente para acabar con la corrupción en el otorgamiento de las plazas directivas. Estas son sus palabras: “se eliminarán los amiguismos y la militancia política para la entrega de los escalafones. Ascienden a directores a los que son amigos, y si no eres amigo, pues no asciendes, no pasas aquí. Si no perteneces a mi corriente ?22 de julio de 2008, La Jornada? y no te afilias a mi grupo, no pasas. ¡Momento! ¡Momento! No somos reses, no nos pueden poner sellos de nadie, por eso también esas plazas se van a concurso, se revisarán para que el que llegue sea el que realmente sea quien tiene vocación para el puesto”.
Esta declaración no tiene desperdicio. La cacique está informando al pueblo de México que los ascensos escalafonarios se han dado con base en la militancia político-sindical y al amiguismo, pese a todo el proceso escalafonario establecido en las leyes laborales vigentes. Por desgracia, sea por cualquiera de ambos procedimientos, mientras el cacicazgo sindical se mantenga con el apoyo del Poder Ejecutivo, la corrupción difícilmente desaparecerá. De ahí que la selección de mandos seguirá siendo de escasa calidad. El túnel, como se ve, es demasiado largo.
Estamos pues ante un grave problema. No se pueden hacer concursos de oposición para seleccionar a los directivos de las escuelas en virtud de que las leyes laborales vigentes establecen los concursos escalafonarios para promover los ascensos de los profesores de preescolar, primaria y secundaria. De hacerlo se violaría la Constitución Política de México, nada menos. Por eso mismo no se pudo concretar con Fox esta opción, ni podrá hacerlo la actual administración, salvo que se quiera violar el orden jurídico vigente. Si se quiere establecer el concurso público de oposición de manera definitiva el ejecutivo tendrá que mandar una iniciativa de ley al congreso que modifique el sistema escalafonario actual.
Pero las escuelas no pueden trabajar sin directivos. Si no se ha hecho ningún concurso de oposición desde que entró en vigencia la Alianza y las comisiones mixtas estatales de escalafón tampoco han venido funcionando, entonces ¿cómo se han venido nombrando a los subdirectores, directores, inspectores, jefes de enseñanza y jefes de sector en educación básica? Como siempre, en lo oscurito. La corrupción, que supuestamente se iba a suprimir con la Alianza, sigue viento en popa. Las palancas y las influencias con los líderes sindicales son los medios para llegar a los puestos directivos. En estas condiciones, salvo honrosas excepciones, los liderazgos de las escuelas son débiles y, por lo mismo, no hay las condiciones para que nuestros centros escolares generen aprendizajes de excelencia. Por ello es difícil que la calidad educativa sea una realidad en nuestro país. El cacicazgo sindical de Elba Esther seguirá minando la educación pública con el apoyo de Calderón ya que a éste le conviene más una alianza que le dé votos que una escuela pública de calidad.
Por lo expuesto, es necesario restablecer el orden constitucional. ¡Ya basta de corrupción en el nombramiento de directivos en educación básica! Para ello se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, a respetar las normas jurídicas vigentes, Constitución Política de México, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamento de las condiciones generales de trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública y el reglamento de escalafón, que establecen el sistema escalafonario para la designación de los mandos directivos de las escuelas públicas de educación básica, como son subdirectores, directores, jefes de enseñanza, inspectores y jefes de sector.
Dado en el Palacio Legislativo, a 7 de abril de 2010.
Diputado Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a establecer una política clara, con medidas y acciones de corto y largo plazos, para solucionar la sobreexplotación de los acuíferos en el país, que atenta contra la sustentabilidad hidrológica y la salud de los mexicanos, suscrita por los diputados Héctor Franco López y Miguel Ángel Riquelme Solís, del Grupo Parlamentario del PRI
Los legisladores que suscriben Miguel Ángel Riquelme Solís y Héctor Franco López, diputados a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En estos tiempos del cambio climático global, es necesario, no sólo redefinir la forma en que nuestros hábitos de consumo afectan nuestra relación con el medio ambiente, sino replantear la forma en que los gobiernos actúan como gestores de los recursos naturales a su cargo. El compromiso con la sustentabilidad es un compromiso compartido, sociedad y gobierno.
El recurso agua, es uno de los recursos naturales más frágiles en este contexto y aunque todos lo consideramos como un recurso natural renovable, la realidad nos demuestra que sólo es un recurso susceptible de ser renovable. Conforme las necesidades hídricas se incrementan, aumentan los conflictos entre los países o comunidades donde escasea, y debido al elevado consumo actual de los recursos existentes, tanto superficiales como subterráneos, se reducen y comprometen las reservas disponibles para las generaciones futuras.
El setenta por ciento del suministro de agua potable en las ciudades depende de las aguas subterráneas, setenta y cinco millones de mexicanos, de poblaciones urbanas y rurales, dependen de la sustentabilidad de los acuíferos. México se enfrenta a una grave crisis de Agua, la gestión de los recursos hidráulicos, no responde a la nueva realidad mundial y el aprovechamiento de las aguas, en particular las subterráneas, se ha convertido en una actividad contraria al concepto de sustentabilidad.
El agua subterránea, se ha convertido en un elemento indispensable en el suministro a diferentes tipos de usuarios, bien sea en las zonas áridas donde constituye la fuente más importante y a menudo única de abastecimiento, o en las diferentes ciudades del territorio que han tenido que recurrir a ella para cubrir las crecientes demandas de agua.
A nivel nacional, el continuo incremento en la demanda de agua dulce a partir de la década de los setenta, ha venido aumentando el número de acuíferos sobreexplotados, ocasionado la disminución en volumen y calidad de los recursos, así como el abatimiento 1 de los acuíferos. Muestra de lo anterior, es que los reportes de la propia Comisión Nacional del Agua indican que 173 de los 653 acuíferos en nuestro país se encuentran en algún grado de sobreexplotación, principalmente en el centro norte del país. 2
La sobreexplotación de las aguas subterráneas disminuye la calidad del agua y se considera como un tipo de contaminación de la misma. La naturaleza petrográfica de los acuíferos y la sobreexplotación, provocan un incremento progresivo de la mineralización de las aguas subterráneas, hasta llegar a límites en que la concentración de minerales hace al agua no apta para el consumo humano.
Uno de los principales metaloides que aparece al sobreexplotarse un acuífero, es el Arsénico (As). La principal fuente del arsénico del agua de consumo es la disolución de minerales de origen natural; la Organización Mundial de la Salud considera al arsénico como una sustancia a la que debe otorgarse prioridad en el análisis sistemático de las aguas para consumo humano en virtud de que puede afectar significativamente la salud de la población, debido a sus comprobados efectos cancerígenos.
En la ciudad de Torreón Coahuila el acuífero denominado “acuífero principal” sufre de una grave sobrexplotación provocada por la falta de responsabilidad de los encargados de vigilar el uso sustentable de los recursos hidráulicos de nuestro país. Así, cuando la capacidad de recarga de este acuífero es de 518,9 Hm3 al año, se tienen autorizados aprovechamientos del orden de los 1.010,8 Hm3 al año, lo que representa un grado de explotación del 195%. 3
Es obligación de la Comisión Nacional del Agua garantizar, tanto la sustentabilidad del acuífero principal, como a la población el abasto de agua suficiente en cantidad y calidad.
Mediante una solicitud de acceso a la información, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón (SIMAS) dio a conocer los resultados de los análisis periódicos realizados durante 2009, sobre el contenido de arsénico, en los diferentes pozos bajo su administración y que pertenecen al acuífero principal. De los resultados proporcionados se desprende que 65 de los 76 (86.7 %) pozos que surten de agua potable a la ciudadanía de Torreón rebasan los límites de concentración de Arsénico establecidos por la Organización Mundial de la Salud y por lo tanto, consumir agua de estos representa un riesgo a la salud.
Debe quedarnos claro, que la causa de este problema es un mal manejo del recurso hídrico por parte de la Comisión Nacional del Agua cuya política se ha dirigido mas a reportar el número de acuíferos sobreexplotados y no a encontrar la solución a este grave problema. No existe absolutamente ningún compromiso de la Comisión Nacional del Agua con la sustentabilidad ambiental y más aún, sus políticas públicas han promovido no solo la sobreexplotación de los acuíferos sino la afectación de la salud de los mexicanos.
Por lo expuesto, los legisladores que suscriben, Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 58, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a establecer una política clara, con medidas y acciones a corto y largo plazo para solucionar la problemática de la sobreexplotación de los acuíferos en el país que atentan contra la sustentabilidad hidrológica y la salud de los mexicanos.
Notas
1 Distancia vertical comprendida entre el nivel estático y el nivel de bombeo, es decir, es la diferencia entre el entre los niveles de bombeo y estático.
2 Agenda del Agua 2030, Comisión Nacional del Agua
3 Diagnóstico hídrico de la región hidrológica-administrativa cuencas centrales del norte, Conagua.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 6 de abril de 2010.
Diputados: Héctor Franco López, Miguel Ángel Riquelme Solís
Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al director general de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía para que informe de las gestiones realizadas en su administración y de la producción del organismo a escalas nacional e internacional, a cargo del diputado Ariel Gómez León, del Grupo Parlamentario del PRD
Ariel Gómez León, diputado por Chiapas a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica; y 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) fue creada con objeto de coadyuvar al ejercicio del derecho a la información mediante la prestación de servicios profesionales en materia de noticias al Estado mexicano y a cualquier otra persona, entidad u organismo público o privado, nacional o extranjero, a fin de que ésta tuviera independencia editorial, desde sus inicios, en 2006.
Notimex, por ser un organismo descentralizado de la administración pública federal, no sectorizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, así como de autonomía técnica y de gestión, encuadra perfectamente en el supuesto del artículo 93, párrafo segundo, de la norma suprema, cuando señala que cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, o para que respondan a interpelaciones o preguntas.
Hay interrogantes fundadas que hacer al director general de Notimex, y estoy seguro de que no soy el único en esta asamblea. Los trabajadores que integran la agencia cuestionan el trabajo del director general; señalan que “no ha cumplido los lineamientos y objetivos establecidos en la ley”, así como el manejo de los subejercicios de los recursos asignados por esta soberanía, el destino de los remanentes, sin omitir que el principal perjudicado es la federación.
Por ello, y en ejercicio de tal facultad, solicito a esta soberanía que cite a comparecer al director general de Notimex, a efecto de que nos informe de las gestiones realizadas en el tiempo en que ha estado a cargo de la agencia, la producción nacional e internacional de ésta, desde el inicio del encargo.
Por lo expuesto y fundado propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión cita a comparecer al director general de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Sergio Uzeta Murcio, ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, a efecto de que informe de las gestiones realizadas durante su administración, y la producción de la agencia a escalas nacional e internacional.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2010.
Diputado Ariel Gómez León (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a incluir a partir del periodo lectivo 2010-2011 la asignatura de educación artística y cultural en los planes y programas de estudio del nivel básico, a cargo del diputado Germán Osvaldo Cortez Sandoval, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Germán Osvaldo Cortez Sandoval, diputado a la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 58, 59, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a incluir la asignatura de educación artística y cultural en los planes y programas de estudio de la educación primaria y secundaria para el periodo lectivo 2010-2011, fundándome para ello en la siguiente
Exposición de Motivos
Actualmente, la educación artística y cultural en la educación básica se considera, en la práctica, como un elemento innecesario y sin importancia en la formación infantil y de la adolescencia, pues los planes y programas de estudio en vigor le otorgan espacios limitados a la participación activa de las apreciaciones y expresiones artísticas, siendo que la inclusión de las mismas están sustentadas en marcos jurídicos y de planeación plenamente establecidos y vigentes.
Así, de conformidad con lo establecido con el artículo tercero constitucional, la educación que imparta el Estado debe desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y contribuir a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. Asimismo, la Ley General de Educación establece, en sus numerales 7, 12 y 14, la obligatoriedad de impulsar la creación, la apreciación artística dentro de la educación básica.
Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 reconoce, enfáticamente, que persisten rezagos de consideración en la educación básica, menciona, entre otros, la falta de oportunidades para acceder a una educación de calidad y a los avances en materia de tecnología e información.
El mismo gobierno de la república considera que el sistema de educación privada, a la que asiste el 13% de la demanda de este nivel, los alumnos además de un mejor desempeño del aprendizaje, tienen la posibilidad de cursar materias extracurriculares relacionadas con el deporte, el arte, la cultura y los idiomas lo que propicia una formación más integral. Destaca igualmente que el desempeño de estudiantes de primaria y secundaria es muy bajo en lo referente a la comprensión de la lectura, la expresión escrita y las matemáticas.
La estrategia 12.7 del mencionado plan considera, incluso, impulsar mayores oportunidades para los estudiantes de participar en educación artística, para identificar vocaciones insuficientemente estimuladas y como parte de educación de calidad.
Y aún más, el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 y en el Programa Escuelas de Calidad, se considera importante la inclusión de actividades artísticas y culturales, para mejorar la calidad educativa y reducir los indicadores de deserción y reprobación.
No obstante la identificación de propuestas generales y específicas para que el arte y la cultura sean incluidas como parte de los programas y planes de estudio, la realidad nos indica todo lo contrario.
En efecto, la educación que se imparte, y eso con grandes limitaciones, está más orientada al desarrollo de competencias y habilidades, propias del mundo productivo, pero irrelevante para la vida, no obstante que el mismo gobierno federal reconoce, explícitamente, que la educación de calidad debe atender el desarrollo de capacidades y habilidades individuales, en los ámbitos intelectual, afectivo, artístico y deportivo, al mismo tiempo que se fomentan los valores.
Históricamente, desde el surgimiento de las grandes civilizaciones, se consideró el arte como parte esencial de la formación y educación.
No fue sino hasta la reforma educativa de 1972 que se incluyó la educación artística como área dentro del proceso educativo conformada por cuatro manifestaciones: música, teatro, artes plásticas y danza. Pero ésta inclusión fue derogada a partir de las diversas reformas que se realizaron en el año de 1982, de tal manera que hoy, sólo un libro del Tercero de Secundaria aborda los fenómenos del arte y la cultura como parte de la formación cívica y ética, pero es un texto aislado, sin una correspondencia entre contenidos y actividades de aprendizaje del último año de educación secundaria.
Por lo anterior señoras y señores legisladores, la educación artística y cultural no puede ser relegada, en el mejor de los casos, a una asignatura sin importancia, poco conocida y desarrollada por docentes sin conocimientos sobre la materia, o considerada como un elemento inútil o de pasa tiempo en la educación fundamental de los mexicanos.
Debemos tener presente que el hombre es por naturaleza un ser que necesita comunicarse y expresarse para relacionarse con los demás. Es un ser único, con una capacidad de autenticidad en su expresión individual y con un lenguaje que lo diferencia del mundo animal. Precisamente por este lenguaje el hombre puede expresarse y crear sus propios símbolos. Así el individuo ha creado una simbología a través del tiempo; la cual se va transformando de acuerdo con su evolución intelectual, social y cultural.
Siendo que el hombre crea diferentes lenguajes y expresa sentimientos, ya sea por medios orales, escritos, corporales, musicales o gráfico pictóricos, al ir desarrollando su lenguaje, el hombre está contribuyendo a su desarrollo intelectual, creativo y sensitivo y tal parece que en estos momentos es lo que menos les importa a nuestra autoridades, el desarrollo armónico de los niños y jóvenes que están cursando el nivel básico en las instituciones de educación públicas y privadas.
En síntesis, la educación artística y cultural es de vital importancia en la educación de nuestros niños y jóvenes, ya que es generador del desarrollo de la expresión creativa natural que todo ser trae consigo, y estimula tanto las cualidades como los valores sociales, morales y la autoestima. Además, tiene la finalidad de introducir tanto al alumno como al maestro en la ardua y fascinante tarea de la creatividad, la sensibilidad, la apreciación artística y la expresión, factores que contribuyen al espíritu creativo y social de todo individuo, por su importancia en el desarrollo cognoscitivo, socioafectivo y psicomotriz.
Así lo demuestran recientes investigaciones: el arte y la cultura fortalecen los contenidos curriculares y amplían los ámbitos de la salud, educación, recreación y trabajo, aunado al hecho de la riqueza que en la materia es evidente en todo nuestro territorio nacional, de frontera a frontera, y de costa a costa, y hasta en los rincones más apartados existen sitios con algún valor artístico y cultural.
Por ello, el grupo parlamentario del PRI le recuerda al señor Secretario de Educación Pública, que cuando los niños ingresan a la escuela primaria pueden recibir un condicionamiento que vaya limitando su forma de expresión, esto es, cuando el niño no recibe de manera integral la educación. Precisamente, aquí comienza el problema, cuando no se le promueven las habilidades y las destrezas, cuando la educación se convierte en teoría y se pierde la practicidad y se aplica un aprendizaje conductivo y no inductivo. Todo esto constituye un rompimiento en el desarrollo que vuelve al niño más retraído y menos expresivo.
En este sentido, el respeto de la individualidad y expresividad del educando es muy importante, ya que esto proporciona al niño el equilibrio para que su aprendizaje sea más significativo. Artísticamente, el niño cumple una función evolutiva que le va a permitir el desarrollo creativo y colectivo, así como cierta estabilidad emocional. Si el maestro no respeta al niño en su expresión, éste está contribuyendo a crear un problema en el educando que imposibilita su formación integral, con la consecuente subestimación y confusión del valor que esto representa y máxime con las limitaciones que en este momento se tienen, al no contar en los planes y programas de estudio con la materia de educación artística y cultural.
En mérito de lo anterior, someto a consideración de este poder legislativo la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados, en estricta observancia y respeto a la división de poderes, exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a incluir la asignatura de educación artística y cultural como parte del currículum de la educación básica en México.
Dado en el Salón de Sesiones del recinto legislativo de la Cámara de Diputados, a los siete días del mes de abril del año dos mil diez.
Diputado Germán Osvaldo Cortez Sandoval (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP a pagar a los trabajadores y ex trabajadores de Pemex sus aportaciones para el seguro de vida contratado con Seguros La República en el periodo 1970-1992, a cargo de la diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Lizbeth García Coronado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
Durante los gobiernos neoliberales, la clase trabajadora mexicana ha sido objeto de una serie de graves injusticias en el ámbito laboral en detrimento de su economía y su patrimonio y, en casos extremos, de su derecho a la vida.
Los neoliberales han puesto de moda el saqueo de los fondos integrados con las aportaciones hechas en beneficio de los trabajadores. Basta recordar los casos de los ex braceros, trabajadores ferrocarrileros o Banrural, entre otros. Estos repugnantes saqueos en perjuicio de los que menos tienen no pueden ni deben ser tolerados. En este sentido, acudo a exponer la problemática de los trabajadores y ex trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Y bien, los trabajadores y ex trabajadores de Pemex, durante el periodo comprendido entre 1970 y 1992, aportaron para un seguro de vida, contratado por el sindicato petrolero con seguros La República, hoy denominada Aseguradora Interacciones, SA de CV.
En 1994, la institución de seguros se declaró en quiebra, quedando en reserva el fondo generado y acrecentado por intereses y manejos de mercados de dinero, en el fideicomiso número 56342/FID/III/06, el cual asciende a 828 millones 547 mil 198 pesos.
Desde 1994, por virtud del anuncio de la quiebra, en apego a la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y demás disposiciones aplicables, la coalición petrolera independiente promovió, entre todas las secciones petroleras, la interposición de una demanda, siendo que el 3 de octubre de 2005 obtuvieron sentencia favorable que condenó al reembolso de la reserva matemática, la cual fue depositada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Esta sentencia benefició a 80 mil trabajadores y ex trabajadores que habían sido afectados y que prestaron su servicio entre 1970 y 1992, de los cuales 10 mil pertenecen al Consejo de Defensa de Minatitlán, AC.
Una vez declarada ejecutoriada la sentencia de cita, los trabajadores comenzaron los trámites ante la institución bancaria designada para obtener los reembolsos respectivos, lo cual se puso en conocimiento de la pasada administración federal, mediante carta dirigida al entonces presidente Vicente Fox Quezada el 13 de noviembre de 2006.
De este modo, se turnó a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros la copia de la petición para que esos trabajadores fueran incluidos en el reembolso de la reserva matemática que se acumuló del seguro La República, hoy denominada Seguros Interacciones, SA de CV.
En lo que se perfila como un nuevo fraude a la clase trabajadora, que no se puede permitir, hasta la fecha y no obstante los múltiples trámites realizados y las instancias agotadas, los beneficiarios no han recibido ningún pago, debido a que las autoridades han manifestado el insostenible argumento de que, supuestamente, se están estableciendo los requisitos para que los familiares de los trabajadores fallecidos puedan obtener el reembolso de los recursos aportados.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al secretario de Hacienda y Crédito Público a realizar los trámites necesarios de manera que, a la mayor brevedad, los trabajadores y ex trabajadores de Pemex que aportaron entre 1970 y 1992 a un seguro de vida contratado con seguros La República, hoy Aseguradora Interacciones, SA de CV, reciban el reembolso de la reserva matemática respectiva, conforme a la sentencia dictada a su favor y en el marco jurídico aplicable.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2010.
Diputada Lizbeth García Coronado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar una política que impulse la sustentación de nuestra cultura en los valores humanos, y a crear el instituto nacional para la cultura basada en los valores humanos, a cargo del diputado Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Aarón Irízar López, diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las condiciones en que se desenvuelven los derechos y libertades en nuestro país, en el mundo globalizado que hoy vivimos, nos están convirtiendo en sujetos y objetos de consumo.
En la actualidad, la globalización es una de las características que denota la ambivalencia y la desigualdad en las relaciones del mundo contemporáneo; fenómeno que incide en todos los aspectos del modelo de desarrollo que los mexicanos hemos adoptado y que, a su vez, afecta las estructuras del sistema jurídico, político y económico, sometiéndonos a los dictados de la nueva economía.
Por otro lado, tenemos la globalización impuesta por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, cuyas redes telemáticas son encabezadas por el Internet, reflejo de la globalización económica, cultural y social que nos domina, red que requiere de una regulación específica que inhiba los excesos de los usuarios en la difusión de información que atenta contra la observancia de los valores fundamentales que deben orientar la conducta de los individuos en sociedad.
En la inmediatez con la que queremos hacer u obtener lo que deseamos, y temerosos de los cambios, en vez de aprovecharlos para crecer como personas, hemos dejado atrás el civismo, el comportamiento en sociedad basado en el respeto y la tolerancia activa frente al pleno ejercicio de los derechos de los demás, sin distingos de raza, credo o costumbres.
En ese contexto, se acrecientan los efectos negativos que resiente la sociedad mexicana, producidos por la pérdida o debilitamiento de los valores en los cuales se sustentó por mucho tiempo nuestra convivencia social.
Hoy, las nuevas generaciones tienden a actuar frecuentemente en la ilegalidad, con desprecio al respeto hacia nuestro marco jurídico de manera creciente y alarmante, y con la colaboración de autoridades omisas en la aplicación del derecho, lo que fomenta la comisión de infracciones y delitos que quedan en la impunidad.
Vivimos una sociedad violenta en la que se conculcan cotidianamente nuestros derechos y libertades por quienes, con una gran carga de egoísmo y carentes de los valores humanos que en el tránsito de varias generaciones hemos venido dejando en el camino, no reconocen la dignidad de las personas y pretenden tratarlas como si fueran objetos.
Estamos perdiendo el interés por lo que nos rodea, en una manifestación de narcisismo en nuestras actitudes, derivada de la no aplicación de dichos valores y como expresión extrema del individualismo.
Nos proponemos un desarrollo sustentable para el país, pero no acertamos en respetar a la naturaleza. Depredamos sin miramientos nuestros recursos naturales, renovables y no renovables, atentando innecesariamente contra la viabilidad de vida de futuras generaciones.
El aprecio por la vida también se ha debilitado. La desconsideración hacia este valor fundamental ha dado lugar a la cruel realidad que padecemos como testigos temerosos de los múltiples y cotidianos homicidios y masacres que con impunidad se realizan a lo largo y ancho del territorio nacional.
En esta grave confusión de valores, vemos cómo la agresividad y la violencia son consideradas por las generaciones recientes, más como cualidades que como defectos, y se las vincula con la valentía, en tanto que a quienes las repudian se les atribuye cobardía.
Si bien, la ausencia de valores deviene de una educación formativa deficiente, ésta no es atribuible sólo a la función educativa escolar o académica, sino también a la que se genera en el seno de la familia y en las relaciones entre los individuos en la sociedad.
El problema es que los fundamentos éticos en que debe sustentarse la vida en comunidad, estamos sustituyéndolos con un ideario de moda para subsistir en un sistema de competencia e individualismo abrumadores.
La eliminación de materias o asignaturas tales como civismo y ética, de los programas de estudio correspondientes a la educación básica y media superior, seguramente ha sido uno de los elementos causales del deterioro de la formación ética de la niñez y la juventud mexicanas; sin embargo, no menos importantes resultan los elementos causales generados en la convivencia entre los individuos tanto en el núcleo familiar como en todas y cada una de las actividades en el ámbito social.
Si las nuevas generaciones abandonan la credibilidad o fe en los valores que llevan a la cohesión social, la aplicación y observancia de las disposiciones jurídicas que los atienden para regular la conducta individual, también se van deteriorando, y el derecho positivo deja de serlo por falta de eficacia.
El problema que planteo, además de representar una deformación de la cultura del pueblo mexicano, se orienta con celeridad hacia la plena descomposición social; ya que la falta de respeto, la intolerancia y el desprecio entre los mexicanos, ha venido creciendo en forma alarmante y, en consecuencia, la violencia ha alcanzado niveles inaceptables en todas las formas de convivencia.
Las agresiones y el maltrato, así como la falta de respeto, de cortesía y de amabilidad, entre las personas, son expresiones cotidianas de actitudes ajenas a los principios y valores que deben orientar nuestro comportamiento al interior de la familia y en la sociedad.
La violencia intrafamiliar crece incesante. Aquella impuesta por un miembro de la familia sobre otro, mediante maltrato, discriminación, ofensas, etcétera, es una actitud que seguramente será reproducida en el núcleo por los demás integrantes de la familia, víctimas directas o indirectas de la violencia inicial, e influirá negativamente en el comportamiento de todos ellos ante la sociedad.
Este fenómeno se repite cuando la victima de violencia en convivencia social, reproduce la conducta violenta al interior de su propia familia, generándose así un círculo pernicioso de descomposición social. Se trata de un problema cuya reincidencia se presenta en calles, negocios, medios de transporte, centros de trabajo, escuelas y en cualquier espacio de convivencia social.
Pero el debilitamiento del apego a esos valores, no sólo incide en las conductas, actitudes o comportamientos antes señalados. Resulta preocupante, también, el deterioro del respeto a nuestras instituciones.
Nada grato resulta observar el desprecio y la falta de respeto hacia las autoridades civiles y militares, manifiestas en actitudes frecuentes de individuos y grupos sociales. En el extremo, ha dejado de preocuparnos el respeto que debemos a los símbolos patrios, así como el debido uso de éstos.
No obstante la vigencia de las disposiciones jurídicas que regulan la conducta de los individuos en la sociedad, estableciendo los derechos y obligaciones inherentes, vale insistir en que el debilitamiento de los valores como guía de los comportamientos, tanto de las autoridades como de los gobernados, inhibe las correctas aplicación y observancia de la ley y con ello, se imposibilita el acceso a un verdadero estado de derecho.
De ahí el necesario reconocimiento de que la ausencia de valores en la formación de los mexicanos, hace inviable el propósito de mejorar nuestro desarrollo humano, social y económico.
En virtud de que el problema planteado es motivo de preocupación para la mayoría de los mexicanos, esta soberanía debe ocuparse de su resolución.
Es preciso cambiar el rumbo, revertir la tendencia que nos lleva a la descomposición social, mediante el fomento de una cultura nacional sustentada en los principios y valores fundamentales, que permita la plena formación para el desarrollo humano y social de los mexicanos.
Sólo así podremos acceder al México que anhelamos; a la legalidad, en el espacio que ahora ocupan la delincuencia y la impunidad; a la dignidad, con aprecio por la vida y ejerciendo a plenitud nuestros derechos y libertades; al desarrollo sustentable, con respeto a la naturaleza, y a la democracia y a la justicia, con honradez, respeto y tolerancia hacia los demás.
En ese orden de ideas, es preciso implantar una política de Estado, cuyo objetivo sea impulsar una cultura sustentada en los valores humanos y que trascienda los alcances de un proyecto sexenal. Una política a cargo de un organismo descentralizado de nueva creación, que lleve a cabo los programas y acciones necesarios para promover la incorporación transversal de dichos valores en todas las funciones de la Administración Pública Federal, tendentes a alcanzar el desarrollo humano, social y económico que el país requiere.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal, a implantar una política de Estado para impulsar la sustentación de nuestra cultura en los valores humanos.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal, a crear un organismo descentralizado, denominado: Instituto Nacional para la Cultura Sustentada en los Valores Humanos. Encargado de impulsar los programas y acciones necesarios para promover la incorporación transversal de los valores humanos en todas aquellas actividades de la administración pública federal, tendentes a impulsar el desarrollo humano, social y económico del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2010.
Diputado Aarón Irízar López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a establecer mediante la Profepa acciones de inspección y vigilancia forestales para detener el cambio ilegal del uso de suelo de terrenos forestales por la apertura de plantaciones de aguacate en Michoacán, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Michoacán es un estado con grandes y diversos contrastes ambientales, producto de su complejidad fisiográfica, intensa actividad tectónica, variedad de climas y suelos.
Como producto de los factores antes descritos, Michoacán es uno de los estados con mayor riqueza de flora y fauna del país, ya que ocupa el quinto lugar de entre las entidades biológicamente más ricas del país.
Conforme a los datos generados por diversos investigadores, existen en total en Michoacán 9 mil 509 especies registradas de entre los principales grupos biológicos de plantas y animales. En especial, destaca la presencia de 405 especies exclusivas o endémicas de México; de éstas 224 sólo se distribuyen en el estado.
Michoacán cuenta además con una notable riqueza forestal, tanto en superficie como por su diversidad biológica. El estado ocupa el tercer lugar nacional con una producción de un millón de metros cúbicos de madera en promedio por año; el sexto lugar en existencias maderables, y el primer lugar nacional en producción de resina, con 35 mil toneladas en promedio por año.
Además los recursos forestales no maderables representan un elevado potencial económico para las comunidades rurales de la entidad. Se pueden citar entre dichos recursos diferentes tipos de tierra, animales de caza y ornato, frutos silvestres, plantas medicinales, plantas de ornato, materiales para combustión, hongos y plantas comestibles y medicinales, entre otros.
Por su gran diversidad de agroambientes, Michoacán tiene una vocación pecuaria-forestal-agrícola; sin embargo, el uso actual del suelo es principalmente pecuario-agrícola-forestal.
Lo anterior, ha causado que en las últimas décadas Michoacán este presentando tasas de deforestación elevadas, en comparación con otras entidades del país. Entre 1976 y 2000, más de 200 mil hectáreas de bosque y 30 mil de selva fueron desmontadas. En este periodo los tipos de vegetación naturales perdieron en superficie, mientras que la vegetación producto de la influencia humana (antrópica) aumentó notablemente.
De tal forma, que en las últimas tres décadas el estado ha sufrido un cambio en el uso del suelo de un millón 579 mil 282 hectáreas, lo cual corresponde a casi el 30 por ciento del territorio estatal. En particular, este cambio se ha dado como resultado de la ganancia de la agricultura y los pastizales a costa de la pérdida de bosques y selvas.
Entre el 66 y el 73 por ciento de la superficie estatal se destina al pastoreo de ganado, que aunado a las áreas correspondientes a cultivos forrajeros, esquilmos agrícolas, huertas de frutales y tierras de labor en descanso, suma el 91.5 por ciento de la superficie de la entidad utilizada en actividades agropecuarias.
Se estima, que el 30 por ciento del territorio de Michoacán está ocupado por cultivos agrícolas. Debe destacarse el caso del cultivo del aguacate, en donde Michoacán ocupa el primer lugar de la producción nacional. Es tal su importancia en la economía estatal, que con datos de los años agrícolas 1995, 2001, y 2002, con solo el 7.6 por ciento de la superficie sembrada, alcanzó un 22.8 por ciento del valor total de la producción en Michoacán, en comparación a las mismas fechas la superficie cosechada de maíz para grano alcanzó el 42.3 por ciento, pero el valor de su producción representó solamente el 14.4 por ciento.
Ante la gran importancia económica del cultivo del aguacate en diversas regiones de la entidad se ha agudizado el desmonte ilegal de grandes áreas de terrenos forestales para generar huertas de aguacate. Dicho fenómeno de cambio ilegal de uso del suelo se observa en regiones de alta importancia para la conservación de servicios ambientales y de la biodiversidad, como es por ejemplo, la región de Uruapan, el lago de Zirahuén, y en áreas naturales protegidas como la reserva de la biosfera de la Mariposa Monarca. Los efectos ambientales de estos desmontes está demostrado, que son negativos en la biodiversidad, la hidrología regional y el cambio climático, entre otros aspectos, e incluso en las comunidades como lo vivimos hace una semanas en una importante zona aledaña al santuario de la Mariposa Monarca. Como consecuencias de esa tala, se provocó una terrible avalancha que causó graves daños a la población de Angangueo y Tuxpan, entre otras.
Lo más grave está en que el acelerado aumento de la superficie sembrada de aguacate está abriendo riesgos de una crisis de mayores dimensiones que, en caso de no prevenirse puede tener un altísimo costo ambiental y, por supuesto, social. Hoy la irresponsable deforestación de extensas superficies de bosque, con el propósito de sembrar árboles de aguacate, no se refleja en las condiciones que tiene el mercado para este fruto. La fuerte demanda nacional e internacional de los últimos meses ha permitido a los productores colocar el producto a buen precio.
Desafortunadamente, se olvida que el mercado tiene altibajos y que el aguacate ha llegado a tener precios muy castigados, que impactan en las finanzas de los productores y en el empleo. Ya vivimos tiempos en que los bajos precios obligaron a malvender las huertas para pagar créditos. Eso puede volver a ocurrir.
El problema más grave está en el impacto social y ambiental. La tala de especies naturales ha repercutido negativamente en los ecosistemas con efectos que nos pueden impactar negativamente en el futuro. Aún estamos a tiempo de evitarlo y racionalizar nuestra actividad.
Infortunadamente, las autoridades federales responsables encabezadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, no han aplicado de manera contundente su mandato legal para detener la tala inmoderada, el muchas veces ilegal cambio en el uso del suelo forestal.
Por lo expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente establezca de manera urgente acciones contundentes de inspección y vigilancia forestal con el objeto de detener el cambio ilegal del uso de suelo de terrenos forestales por la apertura de plantaciones de aguacate en Michoacán.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional de Área Naturales Protegidas aplique acciones integrales de fomento y protección de los ecosistemas forestales, en y fuera de las áreas naturales protegidas de jurisdicción federal, con el objeto de detener el cambio ilegal del uso de suelo de terrenos forestales por la apertura de plantaciones de aguacate en Michoacán.
Nota
Fuente consultada: Estrategia para la conservación y uso sustentable de la diversidad biológica del estado de Michoacán. 2007. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente y Secretaría de Desarrollo Agropecuario. México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2010.
Diputado Víctor Manuel Báez Ceja (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a apoyar mediante la SRE el esfuerzo de millones de mexicanos migrantes que luchan por su derecho al trabajo digno y por el respeto de sus garantías individuales en Estados Unidos de América, a cargo del diputado Marcos Carlos Cruz Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General del los Estados Unidos Mexicanos, propone punto de acuerdo que toma en cuenta las siguientes
Consideraciones
Primera. Las organizaciones pro inmigrantes de Estados Unidos de América iniciaron el lunes 15 de marzo el recorrido de la marcha Migrante, en su cuarta edición. Cruzarán todo el país a fin de recordarle al presidente Barack Obama que prometió reformar las leyes migratorias. Simbólicamente, parten el día del aniversario del tratado de Guadalupe-Hidalgo, por el cual México perdió con Estados Unidos de América casi la mitad de su territorio.
Segunda. Los activistas cruzarán el país por los estados del sur hasta Florida y luego subirán por la costa este hasta Washington, la capital del país. La travesía durará dos semanas. En el camino se reunirán con organizaciones locales para realizar actos, reuniones, vigilias y manifestaciones. El reclamo más urgente es que ponga fin a las redadas y a las deportaciones contra trabajadores indocumentados y detenga la construcción del muro fronterizo.
Tercera. Las organizaciones de migrantes aspiran a que en los dos primeros años del gobierno de Barack Obama se alcance una reforma migratoria “integral y humana” para los cerca de 12 millones de indocumentados que exigen facilidades para trabajar y se les otorgue la posibilidad de acceso a la ciudadanía para quienes ya están en Estados Unidos de América sin residencia legal.
Cuarta. Desgraciadamente, la economía estadounidense se encuentra en sus peores momentos, ya que actualmente son decenas de miles los trabajadores estadounidenses que se han sumado a las filas del desempleo, por lo que no parece el mejor momento para que el presidente Obama facilite a los inmigrantes su ingreso legal al mercado laboral.
Quinta. Es obligación del Estado mexicano solidarizarse con las demandas de los millones de paisanos que luchan por su derecho al trabajo digno y por la defensa de sus derechos humanos en tierras extranjeras.
Recordemos que son estos mexicanos desterrados los que con sus envíos de remesas económicas contribuyen a formar la segunda más importante entrada de divisas al país. Lo que además le da estabilidad económica a millones de familias mexicanas y fortalecen el mercado interno.
Por las anteriores consideraciones, me permito proponer el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se exprese y se apoye el esfuerzo de millones de mexicanos migrantes que actualmente luchan por su derecho al trabajo digno y por el respeto a sus derechos humanos en Estados Unidos de América. Igualmente para que en uso de sus facultades realice los mejores oficios para alentar una reforma migratoria en el vecino país del norte.
México, DF, a 7 de abril de 2010.
Diputado Marcos Carlos Cruz Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a destituir al titular de la STPS, a cargo del diputado Miguel Ernesto Pompa Corella, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Miguel Ernesto Pompa Corella, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás normatividad aplicable somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo:
Exposición de Motivos
La experiencia, la capacidad de diálogo y la observancia del derecho son responsabilidad en la conducción de los despachos del Ejecutivo federal.
El secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, ha mostrado desde su designación en el despacho injerencia en las decisiones sindicales, ha condicionado las tomas de nota y ha usado de manera indebida y parcial las atribuciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en abierta violación de las Leyes Federales del Trabajo, y de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
El abuso de autoridad, la coalición de servidores públicos, el uso indebido de atribuciones y funciones y la intimidación son delitos, enrarecen el clima productivo en el país. Al observarlos, el secretario del Trabajo se convierte en grave y serio elemento de desestabilización que afecta los factores de producción nacionales.
El aumento creciente del desempleo en el país y la pérdida constante del poder adquisitivo del salario, aunados a la pérdida de paz laboral, provocan inestabilidad constante, en un clima de persecución, represión e ilegalidad contra los trabajadores de México.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a destituir al licenciado Javier Lozano Alarcón de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, debido a su ilegal y deplorable desempeño, y a designar a alguien de conducta intachable, comprometido con el respecto y la tutela de los derechos de los trabajadores, pero sobre todo con experiencia en materia laboral y previsión social.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2010.
Diputado Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la Condusef a ejecutar una campaña que informe de manera detallada cuáles sociedades cooperativas de ahorro y préstamo forman parte del Fondo de Protección, principalmente en la región mixteca de Oaxaca, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde el 13 de agosto de 2009, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo quedaron reguladas por las Leyes General de Sociedades Cooperativas, y para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Así, dado que el propósito fundamental de este nuevo marco normativo era otorgar certidumbre a las actividades realizadas por estas instituciones financieras –en su mayoría rurales– y fomentar la creación de intermediarios financieros, pero sobre todo garantizar el ahorro de los miles de familias que hacen uso de este tipo de instituciones financieras, se estableció que, para la obtención de la autorización para su legal funcionamiento por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberían solicitar ante el Comité de Supervisión Auxiliar su registro en el Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores, mejor conocido como “Fondo de Protección”, antes del pasado 9 de febrero del 2010, o antes del 31 de diciembre de 2012 las sociedades cuyos activos fuesen mayores de 2.5 millones de unidades de inversión (10.9 millones de pesos), siempre que se hayan ajustado a las disposiciones transitorias del decreto por el que se expidió la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
Una vez concluido el plazo perentorio para que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, comúnmente denominadas “caja”, “caja popular”, “caja de ahorro”, “caja cooperativa”, “caja solidaria”, “caja comunitaria”, “caja rural”, “cooperativa financiera” o “cooperativa de ahorro y crédito”, se registrasen en el Fondo de Protección el 9 de febrero de 2010, consideramos necesario informar a la opinión pública sobre cuáles son las sociedades cooperativas que, en el marco de las Leyes General de Sociedades Cooperativas, y para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, están legalmente autorizadas para captar ahorros de la población mexicana.
Sin duda, la situación no es superficial, toda vez que se trata de los ahorros de más de 4 millones de personas que, se estima, son socias de ellas, que en conjunto superan 70 mil millones de pesos en activos totales y cuya influencia directa e indirecta llega a más de 20 millones de mexicanos.
La captación de fondos o recursos monetarios y su colocación mediante préstamos, créditos u otras operaciones que realizan las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con sus socios constituyen actividades que, inevitablemente, deben permanecer en continua vigilancia, pues la proliferación de este tipo de actividades financieras requiere la constante actualización del padrón de sociedades inscritas en el Fondo de Protección que, ante una eventual crisis económica, permitirá garantizar el ahorro de los miles de asociados.
En efecto, ya que dicho fondo de protección tiene como objetivo fundamental llevar a cabo la supervisión auxiliar de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, además de impulsar actividades para evitar que tengan problemas financieros y garantizar los ahorros de los socios en caso de insolvencia de éstas, las sociedades cooperativas que presten servicios de ahorro y préstamo y no se hayan incorporado en el registro nacional en el plazo perentorio que marca la ley, estarán actuando al margen de ésta y, por ende, estará en riesgo el patrimonio de los socios ahorradores y de los propios administradores.
Las campañas de difusión del padrón de sociedades inscritas en el Fondo de Protección deben intensificarse, justamente en las regiones del país donde tienen más incidencia; es decir, en las zonas rurales pues, por ser las zonas donde imperan mayores condiciones de desigualdad social, pobreza y analfabetismo, son las más vulnerables ante una eventual crisis financiera que pudiera afectar a dichas sociedades.
Ese tipo de organizaciones de carácter financiero encuentra su principal fortaleza en que tradicionalmente sus costos de transacción han sido muy bajos y no tienen problemas de implantación de sus políticas institucionales, dado que se basan en la confianza, en el conocimiento directo de las personas y en la práctica de la ayuda mutua. Además, dado que para la banca comercial el sector rural no representa un nicho de mercado suficientemente atractivo para sus operaciones, hay un vacío que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo colman a través de la captación de fondos o recursos monetarios y su colocación mediante préstamos, créditos y demás operaciones en cientos de comunidades rurales a lo largo y ancho del país, entre las que se encuentran sobre todo las zonas indígenas. Pero aun así, éstas no son suficientes para satisfacer las demandas de 190 mil comunidades con menos de 2 mil 500 habitantes existentes en México y que no cuentan con servicios financieros, ampliando el aislamiento geográfico a todos los campos del desarrollo económico y productivo de dichas comunidades.
Es fácil intuir que, sin intermediarios localizados cerca de las poblaciones, es sumamente difícil y costoso acceder a servicios de ahorro, crédito, remesas, microseguros y otros más; las personas quedan en manos de agiotistas, de relaciones comerciales abusivas o, en su defecto, de sociedades cooperativas que supuestamente realizan actividades financieras autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Únicamente los servicios financieros bien vigilados cumplen papeles de palanca de desarrollo de las comunidades rurales, considerando que mitigan los riesgos y facilitan la aceleración de la producción y la formación de capital productivo en las familias de escasos recursos. De lo contrario, estamos ante prácticas fraudulentas que, aprovechándose de la buena fe e ignorancia de sus ahorradores, así como de la irresponsabilidad de las autoridades encargadas de velar por el sano desempeño de las actividades financieras del país, encuentran oportunidades de negocio en las zonas que ya de por sí son las más castigadas por la pobreza y la desigualdad social.
En las comunidades rurales, los pequeños productores, los microempresarios y la población en general requieren más que sólo servicios de crédito: el ahorro, la liquidación de remesas, el pago de servicios públicos, el cambio de cheques, los microseguros y otros servicios son igualmente requeridos.
Además, el ahorro en particular es fundamental para mejorar la condición de vida de la gente, dado que le posibilita oportunidades de inversión, prepararse para las épocas de mayores gastos, y enfrentar dificultades o riesgos de índole diversa.
De igual forma, está el fenómeno de la migración en las zonas y comunidades rurales del país que requiere de manera inexorable un sistema financiero capaz de capitalizar el ahorro migrante que en 2009 se expresó en cerca de 24 mil millones de dólares a través de 80 millones de envíos de remesas anuales, y de los cuales 70 por ciento llegó a zonas rurales donde no hay sistemas financieros ni formas de ahorro financiero, perdiendo su potencial efecto para el desarrollo económico local. Baste señalar que la mayoría de la población mixteca migrante se encuentra fuera de Oaxaca, lo que ha ocasionado que familias enteras de hombres y de mujeres se establezcan fuera de su territorio ancestral, pero que de cualquier forma requieren servicios financieros para hacer llegar los envíos de dinero hasta sus hogares.
Es preciso exhortar a las autoridades gubernamentales encargadas de vigilar el sano funcionamiento del sistema financiero del país, es decir, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a alertar a la opinión pública a través de una intensa campaña publicitaria que refiera cuáles son las sociedades cooperativas registradas en el Fondo de Protección sobre la importancia de elegir entre una institución financiera de este tipo legalmente constituida y amparada por la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y otra que participe en la captación de ahorros populares al margen de ella.
Además, es menester de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ejecute una campaña publicitaria que informe de manera detallada cuáles sociedades cooperativas de ahorro y préstamo forman parte del Fondo de Protección previsto en la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, principalmente en la región mixteca enclavada en Oaxaca, pues producto de la marginación en que se encuentra pocas veces es informada en su lengua vernácula sobre la importancia de contar con datos confiables de las instituciones encargadas de custodiar su patrimonio.
Los recursos para financiar la estrategia de desarrollo que ofrezca a cada uno de los millones de mexicanos que actualmente requieren un empleo estable y bien remunerado, una casa habitación y una pensión digna tendrán que provenir de la única fuente de que dispone el país: el ahorro de los mexicanos. El ahorro interno que se origina en los hogares dentro del territorio nacional, así como el ahorro externo que todavía proviene de los emigrantes que trabajan y radican en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, debe estar plenamente garantizado y protegido por el Estado.
Debemos, pues, reconocer que el país se ha quedado muy rezagado, en los ámbitos continental y mundial, en la profundización de servicios financieros, toda vez que la gran mayoría de la población no tiene acceso a mecanismos formales de ahorro, y lo que más se ha estado promoviendo es una cultura de consumo, que impide que se vaya acumulando riqueza, individual, familiar y comunitaria, la cual posteriormente se podría transformar en infraestructura para impulsar el desarrollo del país, a la vez que se ha desatendido la protección del ahorro familiar por las autoridades encargadas de ello.
Por todo lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a ejecutar una campaña publicitaria que informe de manera detallada sobre cuáles sociedades cooperativas de ahorro y préstamo forman parte del Fondo de Protección previsto en la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, principalmente en la región mixteca de Oaxaca.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a establecer una campaña publicitaria que informe de manera detallada sobre cuáles sociedades cooperativas de ahorro y préstamo están inscritas en el padrón del Fondo de Protección previsto en la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, así como las que funcionen al amparo del régimen transitorio de dicho ordenamiento; y, en su caso, denuncie las sociedades cooperativas que no se encuentren legalmente constituidas y registradas ante el Comité de Supervisión Auxiliar, conforme a los establecido en la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
Palacio Legislativo, a 7 de abril de 2010.
Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita agilizar el análisis, la discusión y, en su caso, la aprobación en esta soberanía de la eliminación del cobro de ISR a jubilados y a pensionados, a cargo del diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Francisco Alejandro Moreno Merino, diputado de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento Interior para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de ese pleno punto de acuerdo, en términos de los siguientes:
Consideraciones
Los mexicanos en las pasadas elecciones federales, se pronunciaron por nuevas formas de hacer política y por un mejor diseño de políticas públicas que generen condiciones favorables al país y que promueva acciones que reactiven el desarrollo y crecimiento económico, lo cual nos han mandatado el que velemos por los intereses de todos los mexicanos y porque los jubilados y pensionados del Estado de Morelos me lo han solicitado muy cumplidamente.
Las cifras revelan que hay más de 2 millones de pensionados y jubilados en el país y es triste referirnos solo a números, por el contrario, representan la experiencia de la productividad laboral, misma que generó ingresos tributarios al erario del gobierno de la república por concepto de pagos al Impuesto Sobre la Renta y que potenció el gasto público que tanto beneficio a la nación, lo que debiéramos pensar es en generar una política pública es retorne más beneficios a este grupo de mexicanos.
Hoy vemos con poca satisfacción como el gobierno federal es insensible a las demandas sociales, ya que el gravar los ingresos de los jubilados y pensionados de éste país genera una regresión económica que los lacera y que a todos avergüenza.
Se ha turnado Acuerdo.-068/SGC/SSLP/DPL/P.O./10 de la LI Legislatura del Congreso del estado de Morelos de fecha 18 de febrero del corriente, en donde se hace un exhorto al H. Congreso de la Unión, a efecto de que, en uso de sus facultades, se realice una revisión minuciosa del indebido cobro del impuesto sobre la renta a jubilados y pensionados del país y reforme el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para eliminar el pago del impuesto por ingresos derivados de pensiones y jubilaciones u otras percepciones de seguridad social.
Con fecha 9 de febrero de 2010, se ingreso iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por parte del diputado Francisco Hernández Juárez, miembro de la Comisión de Seguridad Social de esta LXI legislatura.
Hemos escuchado las voces que nos piden que reflexionemos sobre este particular y coadyuvemos a no gravar los ahorros de toda la vida productiva, ya que significaría una doble tributación, esto es, por un lado se pagó en su tiempo el impuesto sobre la renta mientras era trabajador y ahora siguen pagando impuestos a los pocos ingresos que reciben por su pensión o jubilación esto sin lugar a dudas agravan sus condiciones económicas, es por ello que apelo a la conciencia de esta soberanía para brindarles seguridad a sus familias, es una razón de equidad, y de justicia social.
En virtud de lo anterior, este tema se vuelve de primordial importancia, por ello nos pronunciamos en la eliminación del impuesto sobre la renta a jubilados y pensionados.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se formula respetuosa solicitud a los compañeros diputados federales para que se agilice el análisis, discusión y en su caso aprobación de la eliminación del cobro de impuestos sobre la renta a jubilados y pensionados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a 7 de abril de 2010.
Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Economía que envíe a esta soberanía las evaluaciones que, en su caso, realizó para determinar fechas, montos y procedimientos de los cupos de importación de leche en polvo, así como que calcule el efecto de las importaciones en el sector lechero del país, a cargo del diputado Héctor Fernández Aguirre y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los que suscriben, diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro, Hugo Héctor Martínez González, Melchor Sánchez de la Fuente, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez, Noé Fernando Garza Flores y el de la voz, Héctor Fernández Aguirre, integrantes de la coordinación de la diputación federal por el estado de Coahuila del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXI Legislatura, presentamos a la honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado 15 de febrero, el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se da a conocer, el contingente arancelario para importar en el año 2010, leche en polvo exenta de arancel, originaria de los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como el acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar en este mismo año, con el arancel-cupo establecido, preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 50% en peso, excepto las comprendidas en la fracción 1901.90.04
La Secretaría de Economía para emitir dichos acuerdos argumentó que lo hacía en base a los compromisos suscritos por México con la OMC en lo relativo a agricultura y contingentes arancelarios, así como en el decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza, y la franja fronteriza norte, que determina un cupo anual de importación de leche en polvo totalmente desgravado para Quintana Roo, y la franja fronteriza sur colindante con Guatemala; además llevan la finalidad de complementar el abasto doméstico.
A este respecto, habremos de recordar que desde hace años, el campo mexicano atraviesa por una grave crisis, pero en esta ocasión abordaré el tema de la producción de leche.
Como la mayoría de las ramas productivas, ésta, enfrenta graves problemas y al igual que en otras ocasiones, en esta soberanía se ha evidenciado que muchos de los conflictos que enfrentan nuestros productores nacionales, son debidos a malas decisiones gubernamentales, como lo muestra la decisión del Ejecutivo federal, que en aras de una complementariedad de la producción nacional ha permitido la importación masiva e indiscriminada de productos del campo. Por lo que el mercado nacional se ha visto inundado por importaciones de productos como lo son el maíz, el frijol y la leche en polvo, entre muchos otros, que ingresan a México, incluso a precios subsidiados.
Lo anterior, aparte de convertirse en un factor de competencia desleal para nuestros productores, hemos de decir que en muchas ocasiones se trata de productos que no pudieron ser colocados en sus lugares de origen, por no reunir los estándares internacionales de calidad, que deben cumplir los productos de cualquier índole para su distribución y consumo por el cliente final.
Estos productos han ingresado a nuestro país con la actitud complaciente de las autoridades nacionales, que parecieran más comprometidas para generar ganancias a unos pocos importadores, que procurar la defensa de nuestros más de 200 mil pequeños y medianos productores, y más aún de la protección de los consumidores mexicanos.
Hoy hacemos nuestro el descontento, la molestia y la impotencia de los productores de leche mexicanos, que sumidos en una crisis propia de su sector, se ven obligados a vender su producto por debajo de los costos de producción, así mismo se enfrenta a las cuestionables decisiones de nuestras autoridades por permitir el acceso de grandes volúmenes de importación libres de arancel.
Es de sentido común, que con estas decisiones se afecta enormemente a los productores de leche, que ya han manifestado una y otra vez, que si la producción nacional de leche no alcanza a cubrir la demanda, las importaciones se deberían de permitir cuando se haya asegurado el mercado para el producto nacional, y además aplicar el impuesto correspondiente a los productos extranjeros, para evitar que se conviertan en una competencia desleal para el productor nacional.
De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la producción nacional de leche en el 2009, se ubicó en 10 mil 805 millones de litros de leche. Por otra parte, el consumo nacional se ubica en los 15 mil millones de litros de leche por lo que se tiene un déficit de 4 mil 195 millones de litros, es decir, casi el 30 por ciento de nuestro consumo.
La producción de leche ha registrado una caída de 30% a consecuencia de las lluvias atípicas, pero aún así, abrir las fronteras para subsanar la demanda no constituye una medida adecuada, cuando lo que resulta urgente es fortalecer la planta productiva nacional.
Y peor aún, se tiene el conocimiento que el 90 por ciento de los 4.3 millones de litros de leche que se distribuyen, por parte de Liconsa contiene leche en polvo, lo que nos ha convertido en el segundo importador del lácteo en el mundo.
Ante las oportunidades que proporciona la globalización del mercado internacional, entendemos la necesidad del Estado mexicano, de proveer de productos a bajos precios, pero también entendemos y demandamos la defensa de nuestros productores, solicitando que los precios bajos en los productos de importación no sean a costa de ellos, y menos aún de la protección de los derechos de nuestros consumidores.
Con la presentación de este punto de acuerdo expresamos nuestra solidaridad y apoyo a los productores del sector lechero, y exigimos que el Ejecutivo federal, reconsidere su política de agobio a este sector, y adopte las medidas necesarias para evitar una competencia desleal, que con lleve a su afectación y con ello, la pérdida de empleos en este sector tan importante de la economía mexicana.
Asimismo, que nuestras autoridades dejen de utilizar el argumento de complementariedad y ordenamiento del mercado, que sólo ha beneficiado a las grandes industrias al condonarle enormes cantidades de recursos, por concepto de impuestos.
Estamos de acuerdo en que cuando la producción no alcanza a cubrir las necesidades del consumo nacional, se acuda a las importaciones, aún cuando éstas sean libres de arancel, pero creemos que el Ejecutivo debe garantizar primero la colocación de la producción nacional y posteriormente determinar las cantidades que se habrán de adquirir del exterior para cubrir la demanda de este producto, para lo cual es necesario que se hagan los cálculos sobre la disponibilidad-consumo, porque a la fecha, nuestras autoridades federales se han convertido en los precursores de nuestra principal competencia desleal. Debemos recordarle a nuestras autoridades, que no basta con implementar programas y medidas para hacer más eficiente al sector lechero, es necesario una real política de apoyo, que atienda de manera integral a este sector.
Por lo anteriormente expuesto, acudimos a esta Honorable Tribuna para solicitar su apoyo y respaldo para la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Uno. Se solicita a la Secretaría de Economía que envíe a esta soberanía las evaluaciones que, en su caso, realizó para determinar las fechas, montos y procedimiento, de los cupos de importación de leche en polvo.
Dos. Se solicita a la Secretaría de Economía realice la evaluación del impacto que tienen las importaciones en el sector lechero del país.
Tres. Se solicita a la Secretaría de Economía realice los estudios necesarios a fin de identificar, si la leche que se importa a través de los cupos:
Tiene algún nivel de subsidio por parte de su país de origen, en caso de ser positivo, se le solicita tomar las medidas previstas en los acuerdos comerciales suscritos por nuestro país ante la OMC, para equilibrar a nuestros productores ante esta competencia desleal.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2010.
Diputados: Héctor Fernández Aguirre, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Tereso Medina Ramírez, Melchor Sánchez de la Fuente, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Franco López, Hugo Héctor Martínez González, Francisco Saracho Navarro, Noé Fernando Garza Flores (rúbricas)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a implantar de inmediato estrategias y procedimientos para vigilar que en todas las escuelas particulares de educación básica se utilicen los libros de texto gratuitos, a cargo del diputado Emilio Mendoza Kaplan, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Emilio Mendoza Kaplan, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes
Antecedentes
El pasado 3 de marzo del año en curso se celebraron los 50 años de la entrega del primer libro de texto gratuito en México. Fue la visión cultural y patriótica de un Presidente progresista como Adolfo López Mateos que hizo del libro de texto gratuito la mejor estrategia de un país que fincaba su desarrollo sobre las bases de la educación.
Durante estas cinco décadas, el Sistema Educativo Nacional ha sido constante en la entrega de libros de texto gratuito que año tras año, de manera ininterrumpida, viene realizando el gobierno federal en todas las escuelas que imparten la educación básica, sean estas públicas o de carácter particular. Y que para este fin han sido cuantiosos los recursos que se han destinado en aras de lograr la superación y el desarrollo del pueblo mexicano.
Pese a los esfuerzos que se han realizado durante la presente administración por producir y entregar más de 600 millones de ejemplares del libro de texto gratuito, llegando incluso, a los rincones más apartados de la República Mexicana, nuestro sistema educativo en la actualidad presenta niveles preocupantes de descenso, lo que nos lleva a reflexionar sobre la urgente necesidad que tenemos por replantear la educación del país.
Para el año educativo 2009/2010, la Secretaría de Educación Pública emitió una nueva generación de libros de texto gratuito que forman parte del proceso de reforma integral de la educación que se plantea como un proceso que pretende “articular la educación básica, a través de la construcción de un solo plan de estudios que abarque los primeros doce años de escolaridad, cuyo propósito está encaminado a superar la calidad de la educación de los alumnos en competencias, habilidades y aprendizaje escolar.
Dentro de esta nueva estrategia por revalorar la efectividad y el contenido del libro de texto gratuito se han realizado diversas acciones, desde la presentación de iniciativas para reformar la Ley General de Educación hasta la organización de mesas de diálogo y debate sobre el contenido de los libros de texto, en donde se ha coincidido que éste instrumento educativo constituye una herramienta estratégica para la erradicación de los enormes rezagos educativos que aún prevalecen dentro de nuestra población y, para la superación económica y social del país, pues sólo a través de la educación podremos encaminar a nuestra sociedad hacia mejores estadios de desarrollo, económico, cultural, social y tecnológico.
Consideraciones
El artículo 3o. constitucional garantiza la obligatoriedad que tiene el Estado para impartir la educación básica, preescolar, primaria y secundaria, la cual tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Establece, además, que dicha educación será laica y por tanto, se mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa.
Asimismo, instituye que el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios, además, será democrático, nacional y contribuirá a la mejor convivencia humana.
Siendo la educación tarea esencial en la vida de cada pueblo, uno de los pilares fundamentales de la organización nacional debe ser reforzado con todas las medidas que garanticen su cumplimiento; a todos nosotros, como legisladores, como representantes de nuestras comunidades, sin excepción, y dentro de nuestras facultades de control y vigilancia, nos corresponde estar al tanto de que los programas de educación se cumplan a cabalidad, nos concierne vigilar las acciones de quienes hoy son los encargados de impartir y administrar la educación en el país, y corregirles el rumbo cuando este se ha desviado. La educación de un país como el nuestro no puede estar fundamentado en intereses particulares, siempre deberá estar por encima de éstos el porvenir colectivo.
En la actualidad el libro de texto gratuito representa uno de los mejores instrumentos para la cohesión social, la formación de alumnos racionales y la conformación de una sociedad más justa y más humana; el Libro de Texto Gratuito no debe ser pretexto de discursos mediáticos, tampoco debe ser motivo de festejos de celebraciones de carácter cuantitativo, mucho menos utilizarla como una coyuntura política electorera.
La mejor celebración que podemos hacerle al libro de texto gratuito es garantizar su utilización en todas y cada una de las escuelas, sean éstas públicas o privadas, obligar a la Secretaría de Educación Pública a cumplir con lo que establece el artículo 11 de la Ley General de Educación, a que vigile efectivamente que los colegios particulares le den el uso correcto para el que fue creado, privilegiándolo siempre ante cualquier otro texto de carácter complementario que utilicen y, quienes actúen fuera de esta disposición sancionarlas de manera inmediata de conformidad con lo establecido por ésta ley.
El libro de texto gratuito debe seguir siendo la base del desarrollo educativo y cultural de la niñez y la juventud del país, por ello debemos destacar y fomentar la importancia que éste ha tenido en la formación de la sociedad actual, dándole la utilidad para lo cual fue creado; es tarea de todos vigilar su exacta aplicación, porque éste también forma parte del patrimonio de esta gran nación que es México.
Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a implementar de manera inmediata las estrategias y los mecanismos necesarios para vigilar que en todas las escuelas particulares que impartan educación básica se utilicen los libros de texto gratuito e informe a esta soberanía de los resultados obtenidos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2010.
Diputado Emilio Mendoza Kaplan (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a Pemex sobre la integración de un grupo multidisciplinario para evaluar las acciones de resarcimiento del entorno y de investigación realizadas por ese organismo en materia de impacto y riesgo ambientales con criterio de sustentabilidad, en particular lo concerniente a Veracruz, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al titular el Poder Ejecutivo federal para que instruya a Petróleos Mexicanos a la integración de un grupo multidisciplinario para la evaluación de acciones que en materia de resarcimiento del entorno ecológico y de investigación ha realizado Pemex en materia de impacto y riesgo ambiental con criterio de sustentabilidad considerando atributos económicos, sociales y ambientales con énfasis en las consecuencias y los accidentes que causen desequilibrio ecológicos y tengan un impacto negativo en las actividades económicas y sociales de la población, en particular los accidentes petroquímicos ocurridos en Veracruz en el lapso de diciembre 2004 a febrero 2005 y los efectos por las actividades de investigación sismológica realizadas en costas veracruzanas en el lapso de 17 de noviembre de 2007 a julio de 2008.
Exposición de Motivos
Históricamente, en el mundo se han realizado grandes esfuerzos por combatir los problemas apremiantes de la humanidad, tal es el caso del estudio de la degradación de las condiciones ambientales y de la calidad de vida, aspectos que se han priorizado en tres reuniones en el ámbito mundial como la Cumbre Mundial de Estocolmo (1972), Cumbre Mundial de Río de Janeiro (1992), y la Cumbre Mundial de Johannesburgo (2002), las conclusiones de estas cumbres mundiales, giran en torno a las directrices, instrumentos legales, administrativos y técnicos que permitan la solución de los problemas ambientales, sociales y económicos que aquejan a las sociedades y se traducen en efectos sobre el medio ambiente y la pobreza.
Lo anterior, aunado a las disposiciones en materia del derecho internacional público, se han limitado por la falta de coacción sobre los Estados y por la aplicación del principio de soberanía, por lo que con apego a la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, se establecen las características permitidas por el derecho internacional para construcción de plataformas petroleras marinas, el control de sus actividades, entre otras. Aunado a esto, es conveniente la consideración de los convenios internacionales tales como el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, celebrado en 1969 y sus protocolos modificativos 1976, 1992, 1984; el Convenio de Constitución de un Fondo Internacional de indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos de 1971 y sus Protocolos modificativos, limitación de la Responsabilidad según el Convenio de Constitución del Fondo de 1971, 1992, aunado al Convenio sobre responsabilidad civil, así como Estados, organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales como observadores, entre lo que se destaca lo relacionado con la responsabilidad civil por contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, así como la constitución de un fondo con sumas totales que equivalgan al límite de las responsabilidades que se puedan imputar a un accidente ocasionado por estas sustancias previa prueba de causalidad para acreditar la existencia de una relación causa-efecto.
Toma relevancia el argumento presentado en la cumbre de Johannesburgo, que plantea el combate a la pobreza mas allá de aspectos teóricos, incentivando la voluntad de los gobiernos para reflejar en sus legislaciones los compromisos asumidos en las reuniones cumbre, ya que se reconoce el fracaso de los foros mundiales al dar seguimiento a los compromisos a favor de combate a la pobreza con la responsabilidad de desarrollo sustentable. En este sentido el gobierno de México, asumiendo los compromisos derivados, tal como lo evidencian las modificaciones a la ley publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1998 en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en materia de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales como eje de la política ambiental conciliadora con el desarrollo.
Las reformas y adiciones de la LGEEPA, han fortalecido el argumento, sin embargo, no es suficiente para dejar claros los aspectos que involucran el costo real para el desarrollo sustentable de las localidades, debido a que no se considera el crecimiento económico, la equidad social, y el uso adecuado de los recursos naturales, con la ventaja de que se que establece la necesidad de vinculación entre estos aspectos, quedando concluido que la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes no puede dejar de visualizar la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, es decir, no podemos agotar el “capital ambiental”.
Por las razones comentadas previamente, el desarrollo sustentable, bajo la condición de responsabilidad debe darse en torno a los atributos que busquen crecimiento económico, equidad social y uso adecuado de los recursos naturales. Es por ello, que en el caso de los accidentes y la realización de estudios en los que no se realice un estudio de impacto ambiental con responsabilidad aplicable a hidrocarburos, lo anterior se ve mermado, ya que indefectiblemente se ocasiona un daño ecológico que va desde la afectación al medio ambiente, el patrimonio ambiental, la colectividad, e indirectamente sobre los intereses y derechos legítimos de las personas, independientemente de que el daño ambiental adquiera o no gravedad, consecuentemente, existe menoscabo de ambiente y sus procesos naturales, lo cual hace perentorio una serie de disposiciones jurídicas que establezcan la definición de responsabilidades internacionales y nacionales para prevenir, contener, responder a la emergencia, y las acciones necesarias para cubrir el costo o resarcir los daños a consecuencia de los accidentes y los estudios que se realicen por o en pro de la explotación de hidrocarburos.
En este sentido, y a consecuencia de los accidentes por hidrocarburos presentados en el estado de Veracruz en los municipios de Coatzacoalcos, Moloacán, Hueyapan de Ocampo, Tonalá, Mazumiapan, Nanchital y Minatitlán en el lapso de diciembre de 2004 a febrero de 2005, que van del derrame de 10 mil barriles de petróleo a 100 litros de crudo, generaron daños en el medio ambiente, que incluye el medio terrestre, aéreo y marítimo en una población total de 612 mil 469 habitantes, mil 500 familias desalojadas, 586 viviendas afectadas directamente en su infraestructura, un promedio de 600 pescadores, 12 kilómetros de playa, 3 hectáreas de campo deportivo, 11.3 kilómetros dañados al margen del río Coatzacoalcos, 2 hectáreas de manglar, 175 animales cuantificados impregnados con hidrocarburos, de acuerdo a lo reportado por la Comisión Investigadora del Daño Ecológico y Social generado por Pemex, que arroja un costo estimado de los daños de 50 millones de dólares de acuerdo a especialistas en la materia. Así como la importante afectación en la economía del sector pesquero rivereño en las zonas de Nautla, Tecolutla, Villa Rica, Chachalacas, Veracruz Puerto, Boca del Río, Alvarado, Sontecomapan, y Coatzacoalcos, a partir de noviembre de 2007, el cual se estima en un monto aproximado de 5 millones de dólares, ocasionada por la realización del Estudio Sismológico Anegada-Labay 3D, afectación analizada por el Centro Regional de Investigación Pesquera del Puerto de Veracruz.
Conclusión
Considerando lo expuesto, en virtud de lo establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los Convenios Internacionales sobre Responsabilidad Civil por contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, el Convenio de Constitución de un Fondo Internacional de indemnización de daños debido a la contaminación por hidrocarburos, la limitación de Responsabilidad social y el Convenio de Responsabilidad Civil, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente, en materia de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales visto como eje de la política conciliadora con el desarrollo, y en virtud de que un accidente por fuga de hidrocarburos como los ocurridos en el lapso de diciembre de 2004 a febrero de 2005 en el estado de Veracruz, así como los efectos por las actividades de investigación sismológica realizadas en costas veracruzanas en el lapso de 17 de noviembre de 2007 a mayo de 2008, indefectiblemente trastornan la dinámica natural del ciclo productivo, recursos naturales, trabajo, mano de obra, mercado laboral, crecimiento económico, equidad social y salud, es necesario que Petróleos Mexicanos realice las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento a los Convenios Internacionales mencionados anteriormente con énfasis en los Fondos de indemnización de daños, pago de costos mencionado o bien mecanismos que garanticen resarcir el daño a la población y al medio ambiente afectado, en particular el secundario a los accidentes por hidrocarburos presentados en los municipios de: Coatzacoalcos, Moloacán, Hueyapan de Ocampo, Tonalá, Mazumiapan, Nanchital y Minatitlán en el lapso de diciembre 2004 a febrero 2005, así como los efectos económicos ocasionados a los pescadores rivereños de los municipios de Nautla, Tecolutla, Villa Rica, Chachalacas, Veracruz Puerto, Boca del Río, Alvarado, Sontecomapan, y Coatzacoalcos, ocasionada por la realización del Estudio Sismologico Anegada-Labay 3D, con un costo total estimado de 55 millones de dólares, de acuerdo a especialistas en la materia considerando que el daño ambiental merma las condiciones para el desarrollo sustentable de los municipios afectados, ya que se rompe el ciclo para la incorporación al aparato productivo de las familias de la región, situación que interfiere directamente en el ingreso o en el peor de los casos desempleo que consecuentemente impactará en su calidad de vida, salud, años de vida potencialmente perdidos, etc., creando un ciclo vicioso que abre una brecha generacional con un costo aún mayor.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente debe considerar la participación activa de las autoridades municipales, y proponer las modificaciones pertinentes a la misma para no dar lugar al generoso margen discrecional en su aplicación, considerando la realización de estudios de evaluación de impacto ambiental integrales (artículo 5) por grupos colegiados e instancias rectoras de la administración pública federal, instituciones educativas, e instancias internacionales.
Es imprescindible delimitar las competencias de los tres órdenes de gobierno en la materia, sin quebrantar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, con el objetivo de fortalecer a las autoridades municipales e incluirlas en los aspectos que los involucren en materia de impacto y riesgo ambiental.
Aunado a ello, es necesaria la elaboración del Programa de Prevención de Accidentes con la consideración de los diferentes niveles de riesgo y los reportes de siniestros o accidentes, con la colaboración de las autoridades municipales y la integración de grupos municipales de respuesta de emergencia como protección civil, bomberos, seguridad pública, voluntarios, entre otros.
Se deberá definir los términos necesarios que permitan la integralidad en los procedimientos de evaluación de proyectos en materia de impacto y riesgo ambiental considerando las pautas internacionales, y creando simultáneamente las normas oficiales mexicanas específicas con sus respectivas guías.
Proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya a Petróleos Mexicanos a la integración de un grupo multidisciplinar para la evaluación de las acciones que en materia de resarcimiento del entorno ecológico y de investigación ha realizado Pemex en materia de impacto y riesgo ambiental con criterio de sustentabilidad considerando atributos económicos, sociales y ambientales con énfasis en las consecuencias y los accidentes que cause desequilibrios ecológicos y tengan un impacto negativo en las actividades económicas y sociales de la población, en particular los accidentes petroquímicos ocurridos en el estado de Veracruz en el lapso de diciembre de 2004 a febrero de 2005 y los efectos por las actividades de investigación sismológica realizadas en costas veracruzanas en el lapso de 17 de noviembre de 2007 a julio de 2008.
Segundo. La integración de grupos de investigación expertos para la realización de estudios de impacto integrales que logren dar seguimiento a los accidentes por hidrocarburos, así como el impacto ambiental y económico generado por la realización de estudios sismológicos, en particular los ocurridos en el estado de Veracruz.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2010.
Diputado Antonio Benítez Lucho (rúbrica)