• De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que reforma el inciso d) del artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

• De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

• De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma los artículos 429 del Código Penal Federal y 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial

• De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 16 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa

• De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a revisar y evaluar, mediante las dependencias encargadas de implantar y operar los puntos de control carretero, los manuales que regulan el funcionamiento de éstos

• De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación un informe detallado sobre la situación que guardan los 159 nosocomios identificados como focos rojos o de alta complejidad

• De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud un tomógrafo de altas especificaciones para el hospital general Doctor Ernesto Meana San Román, de Jojutla de Juárez, Morelos

• De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a dar mayor difusión e implantar campañas en favor de la donación de órganos

• De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a considerar la modificación de manera incluyente del punto 11, "Etiquetado", de la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SSA-1994, respecto a los productos orgánicamente modificados o elaborados con insumos transgénicos

• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los tres poderes del Estado y a sus áreas administrativas a formular, establecer o evaluar los sistemas de manejo ambiental para 2010

• De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a iniciar mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores las negociaciones conducentes a establecer oficinas consulares de Estados Unidos de América en Acuña y Piedras Negras, Coahuila

• De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las gestiones necesarias para que sea reembolsable el monto que se paga por una visa estadounidense denegada

• De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se recomienda a la Secretaría de Relaciones Exteriores que inicie los procedimientos protocolarios para la adhesión del Estado mexicano a la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios

• De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a fortalecer la red consular

• De la Comisión de Juventud y Deporte, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud a cumplir las transferencias de recursos a los organismos estatales de atención a la juventud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Indígenas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica; y 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

Los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas coinciden con la diputada proponente de la iniciativa en que, "aun cuando los indígenas cuentan con algunas prerrogativas, frecuentemente son ignorados en el ámbito de gobierno y de procuración y administración de justicia. Esas omisiones representan en muchas ocasiones un trato discriminatorio para la población indígena, pues impiden el cumplimiento de sus derechos".

Las instituciones y las dependencias de gobierno no cuentan con suficientes traductores e intérpretes de lenguas indígenas que auxilien a los indígenas para su acceso a la justicia y en la defensa de sus derechos.

Para contribuir a superar las situaciones que se comentan en los párrafos anteriores, la iniciativa con proyecto de decreto que se dictamina propone reformar el inciso d) del artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para que las facultades del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de normar y formular programas de certificación y acreditación alcancen a los intérpretes y traductores en lenguas indígenas. Además, propone adicionar un párrafo al artículo transitorio quinto y un artículo transitorio, que sería el noveno de la citada ley.

Concretamente, la iniciativa establece:

Los integrantes de la comisión consideran que, particularmente, es procedente la reforma que se propone del inciso d) del artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas porque promueve el fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas, consagrados en los artículos 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10 de la ley que se reforma, pues e faculta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para formar, acreditar y certificar intérpretes y traductores en lenguas indígenas. Esta acción implica otorgar reconocimiento legal a ese tipo de servicios, lo que repercutirá en dar certeza y calidad a las acciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno que, por ley, tienen que apoyarse en intérpretes o traductores indígenas.

La fracción VIII del Apartado A del artículo 2o. constitucional, referente al acceso pleno de los indígenas a la jurisdicción del Estado, prevé: "Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura", por lo que la reforma que se aprueba en este dictamen permitirá tutelar con eficacia este derecho y otros donde se considere este tipo de servicios.

Al acreditar y certificar a los intérpretes y traductores indígenas, se revaloran socialmente los idiomas de los pueblos originarios y se abren campos de profesionalización para sus hablantes, como intérpretes y traductores.

En cuanto a la adición de un párrafo al artículo transitorio quinto, por el que se obligaría al instituto a "enviar un informe anual referente a lo establecido en el artículo 14, inciso d), de esta ley para la definición de la asignación presupuestal correspondiente", la comisión considera que no es de aceptarse esa particularidad, ya que además de que es imprecisa la redacción propuesta, porque no identifica a quién se habrá de informar, el instituto ya está obligado a rendir informes anuales y periódicos de acuerdo con las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, Federal de las Entidades Paraestatales, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Planeación, y en ellos deberá incluir lo relativo a sus facultades y a los programas que opera.

Con relación a la propuesta de adición del artículo transitorio noveno, los integrantes de la comisión consideran que ésta no es procedente, ya que su pretensión es que los mandatos contenidos en los artículos 7, 10, 13, fracciones II y XII, y 14, referentes a la intervención de intérpretes y defensores indígenas en determinados asuntos, se cumplan para "las lenguas nacionales indígenas mayoritariamente habladas, en tanto se logran la formación y capacitación de traductores e intérpretes en todas las lenguas indígenas nacionales", lo que limitaría el acceso de los hablantes de las demás lenguas a los derechos que consagran la Constitución y la misma Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas someten a consideración del pleno de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Artículo Único. Se reforma el inciso d) del artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 14. …

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2010.

La Comisión de Asuntos Indígenas

Diputados: Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), presidente; José Óscar Aguilar González (rúbrica), Héctor Pedraza Olguín (rúbrica), María Isabel Pérez Santos, Socorro Sofío Ramírez Hernández (rúbrica), Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica), María Felícitas Parra Becerra (rúbrica), Guillermo Zavaleta Rojas, Filemón Navarro Aguilar (rúbrica), secretarios; Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Sabino Bautista Concepción, Felipe Cervera Hernández, María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced, Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz, Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), Alberto Esquer Gutiérrez, María Elena Pérez de Tejada (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera, Ignacio Téllez González, Luis Hernández Cruz, Florentina Rosario Morales (rúbrica), Domingo Rodríguez Martell.
 
 

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados se abocó al estudio de la minuta remitida por el Senado de la República con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y conforme al análisis y deliberaciones que de ésta llevaron a cabo los miembros de la Comisión, someten a consideración de la honorable asamblea el presente dictamen.

Antecedentes

El Senado de la República, al dictaminar la minuta que se analiza, considera que la expedición de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas es un avance para el fortalecimiento y vigencia de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente en lo referente a la preservación y desarrollo de sus lenguas.

De esta ley son destacables dos aspectos fundamentales, a saber: el primero, en su objeto, que consiste en regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas, aspectos que establece el artículo primero de la ley; el segundo es que, como instrumento para atender esos objetivos, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, bajo la figura de organismo descentralizado de la administración pública federal, de servicio público y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado de la Secretaría de Educación Pública.

Particularmente, la reforma propuesta se centra en lo que considera un error en el mandato que establece las relaciones laborales entre el instituto y sus trabajadores.

Análisis de la minuta

La minuta en comento propone el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que establece el criterio central de la relación laboral entre el instituto y sus trabajadores.

La colegisladora observa, y esta comisión coincide en que el texto actual del artículo 23 de la citada ley establece que la relación de trabajo estará regulada por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado A) del Artículo 123 Constitucional, lo que constituye un error, ya que esta última referida ley tiene como título original, según su publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 1963: Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.

Luego entonces, en estricto sentido, la ley a la que hace referencia actualmente el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, no existe, no forma parte del catálogo de leyes de los Estados Unidos Mexicanos.

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, según su artículo 1º., rige las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal así como los organismos descentralizados con sus trabajadores. Por otra parte, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como establece el artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, es un "organismo descentralizado de la administración pública federal, en consecuencia, las relaciones laborales del instituto con sus trabajadores deberán ser normadas por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Entonces, esta Comisión considera viable y necesaria la reforma que propone la colegisladora, ya que, de aprobarse en sus términos, se resuelve el error de redacción identificado, ya que la ley laboral invocada en el texto del artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas legalmente no existe.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Artículo Único: Se reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 23. Las relaciones laborales del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y sus trabajadores se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.

Transitorio

Único: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2010.

La Comisión de Asuntos Indígenas

Diputados: Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), presidente; José Óscar Aguilar González (rúbrica), Héctor Pedraza Olguín (rúbrica), María Isabel Pérez Santos, Socorro Sofío Ramírez Hernández, Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica), María Felícitas Parra Becerra (rúbrica), Guillermo Zavaleta Rojas, Filemón Navarro Aguilar (rúbrica), secretarios; Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Sabino Bautista Concepción, Felipe Cervera Hernández, María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced, Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, Alberto Esquer Gutiérrez, María Elena Pérez de Tejada (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Alba Leonila Méndez Herrera, Ignacio Téllez González, Luis Hernández Cruz, Florentina Rosario Morales (rúbrica), Domingo Rodríguez Martell.
 
 

DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 429 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y 223 BIS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Honorable Asamblea:

La Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 429 del Código Penal Federal y 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 22 de abril de 2008, los diputados Antonio de Jesús Díaz Athié, Jorge Mario Lescieur Talavera y César Camacho Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y los diputados Jesús de León Tello, Liliana Carbajal Méndez, Óscar Miguel Mohamar Dainitin y María del Carmen Fernández Ugarte, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 429 del Código Penal Federal y 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

Segundo. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Justicia dicha iniciativa mediante oficio D.G.P.L.60-II-I-1495.

Tercero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 29 de abril de 2008, dicha iniciativa fue aprobada y remitida a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales correspondientes.

Cuarto. En sesión celebrada por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión en fecha 29 de abril de 2008, se recibió la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 429 del Código Penal Federal y 233 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

Quinto. Por acuerdo la Presidencia de la Cámara de Senadores, el 7 de mayo de 2008 se turnó, para su estudio y dictamen correspondiente, a las Comisiones Unidas de Justicia, de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos, Primera, las cuales, previo análisis y estudio de la misma, presentaron el dictamen correspondiente ante el Pleno de la Cámara de Senadores, que fue discutido y aprobado en sesión de fecha 28 de abril de 2009.

Sexto. En esa misma fecha, mediante oficio número DGPL-2P3A.12070, la Mesa Directiva de la Cámara Senadores devolvió a la Cámara de Diputados el expediente de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 429 del Código Penal Federal y 233 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

Séptimo. En fecha 30 de abril de 2009, la Mesa Directiva, mediante oficio número D.G.P.L. 60-II-1-2439, acordó que se turnara a la Comisión de Justicia dicha minuta, la cual presenta este dictamen al tenor de las siguientes consideraciones.

Octavo. En fecha 16 de marzo del 2010, la Comisión de Justicia sesionó sobre el presente dictamen, al respecto el diputado Pedro Vázquez González, se manifestó en contra de la propuesta por considerar que se presenta en un momento de crisis del país siendo el comercio informal una vía de autoempleo de los ciudadanos y que por ende al aprobarse el presente se les afectaría de manera directa a éstos, por otra parte el diputado Oscar Martín Arce Paniagua, se pronunció a favor del dictamen, pues asevero que de esta manera se captarían mayor número de ingresos para el Estado y beneficiaría a la población en general y no sólo a unos cuantos, a esta moción se sumó el diputado Leonardo Arturo Guillén Medina, quien al ratificar la mención de su compañero se mostró complacido con el dictamen. Por lo anterior, la honorable Comisión de Justicia de ésta LXI Legislatura presenta a este dictamen al tenor de las siguientes consideraciones:

Análisis de la minuta

Primero. En la minuta proyecto de decreto, la Cámara de Senadores se propone reformar los artículos 429 del Código Penal Federal, 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, a fin de proteger los derechos de autor y de la propiedad industrial, por las grandes repercusiones económicas, jurídicas y sociales que implica el fenómeno delictivo conocido comúnmente como "piratería".

Segundo. En el dictamen elaborado por el Senado se expresa que para determinar la procedencia o improcedencia de la persecución de oficio de los delitos implícitos en el Título Vigésimo Sexto, Libro Segundo, del Código Penal Federal, es decir, los delitos en perjuicio y detrimento patrimonial de derechos de autor que se consignan y sancionan en los artículos 424, 424 Bis, 424 Ter, 425, 426 y 427, indefectiblemente debe considerarse la naturaleza e los derechos o intereses que se lesionan o afectan con el delito, la calidad de los sujetos que intervienen en su consumación, la gravedad del daño causado, la culpabilidad, el resultado y la unidad o pluralidad de la acción, por lo que una vez realizado por la colegisladora, determine que los delitos perseguidos en el Título del Código Penal Federal se persiguieran por el Ministerio Público oficiosamente a excepción de los delitos establecidos en los artículos 424, fracción II y 427, que señalan lo siguiente:

Al respecto, esta Comisión de Justicia coincide con las consideraciones y adecuaciones realizadas por el Senado, por tratarse, como se señaló anteriormente, de conductas mas graves en contra de los derechos de autor y de la propiedad intelectual.

Igualmente no se debe soslayar que, los delitos en materia de derechos de autor y en contra de la propiedad industrial no sólo afectan bienes jurídicos personales, sino también suprapersonales, pues la afectación no nada más es para el propietario de los derechos de autor, sino para la economía del país en general y como consecuencia la economía de la sociedad, situación que hace indisponible el bien jurídico tutelado, es decir, con esta reforma, el afectado en primer término por el hecho delictivo no podrá optar por realizar su querella como requisito de procedibilidad y en su caso, otorgar el perdón, ya que no podrá disponer del bien jurídico afectado al no permitirse la extinción de la acción penal a través del perdón, ya que al Estado le interesa la persecución oficiosa de estas conductas delictivas.

Tercero. Esta dictaminadora coincide plenamente con la minuta emitida por el Senado de la República, toda vez que no debe perderse de vista que es una obligación del Estado modernizar el marco jurídico vigente, a fin de hacerlo eficiente en beneficio de múltiples sectores de la población, pues no debe soslayarse que en materia de derechos de autor México forma parte de diversos instrumentos internacionales, entre ellos los tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, relativo a Derechos de Autor y sobre Interpretación, Ejecución y Fonogramas, respectivamente, así como del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre otros, los cuales contienen disposiciones legales encaminadas a exigir a los estados miembros q e creen normas jurídicas que permitan un combate eficaz y ágil en contra de lo delitos en contra de la propiedad intelectual.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Justicia aprueba en sus términos la minuta analizada, para los efectos del inciso A del artículo 7 constitucional, y somete a la consideración de esta asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 29 del Código Penal Federal y 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial

Artículo Primero. Se reforma el artículo 429 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 429. Los delitos previstos en este título se perseguirán de oficio, excepto lo previsto en los artículos 424, fracción II y 427.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

Artículo 223 Bis. Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley. Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se estará a lo dispuesto en los artículos 223 y 224 de esta ley. Este delito se perseguirá de oficio.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010.

La Comisión de Justicia

Diputados: Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; José Tomás Carrillo Sánchez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Eduardo Ledesma Romo (rúbrica), Víctor Hugo Círigo Vásquez (rúbrica), secretarios; Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Juanita Arcelia Cruz Cruz, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Nancy González Ulloa, Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Jesús Alfonso Navarrete Prida, Ángeles Nazares Jerónimo, Carlos Alberto Pérez Cuevas, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Norma Leticia Salazar Vázquez, Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado, Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica en contra), Arturo Zamora Jiménez.
 
 

DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 16 Y 19 DE LA LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y análisis, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 16 y 19 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los 56, 60, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente:

Dictamen

I. Antecedentes

Con fecha 1 de diciembre de 2009 se recibió la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 16 y la fracción XII del artículo 19 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa presentada por el diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En esa misma fecha, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la iniciativa con proyecto de decreto y ordenó su turno a la comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

II. Contenido de la iniciativa

El diputado Concha Arellano enfoca su exposición de motivos en el propósito de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, contenido en el artículo 2° de la misma, donde se establece que su objeto es el de regular la infraestructura física educativa, mediante el establecimiento de lineamientos generales.

Señala que entonces, es labor de la federación el procurar lo necesario para que las autoridades locales operen de manera semejante las actividades de la infraestructura física educativa y el proveer la normatividad adecuada para esta.

En este orden de ideas, el legislador se refiere a la federalización del programa de construcción de escuelas iniciada en 1985 y mediante la cual se han transferido importantes recursos a los estados de la república para la construcción de aulas y espacios educativos; finalizando con la reciente creación del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED).

Finalmente, el diputado Concha Arellano externa su preocupación respecto de las funciones del INIFED, que van desde la creación de un sistema de información del estado físico de las instalaciones que conforman la infraestructura física educativa, la certificación de calidad de la misma, hasta la construcción de inmuebles pertenecientes a ésta.

El iniciante califica esta última función como contraria al espíritu real de la Ley, que busca que la atribución de construir recaiga principalmente en las entidades federativas, ya que "lo contrario tiende a transgredir los avances de federalización en esta materia y nos regresa a la actitud centralista [...]"

De esta manera, sostiene que el INIFED debe ser un órgano articulador de los esfuerzos de la federación, del estado y del municipio en esta materia, y abocarse de manera exclusiva a emitir disposiciones normativas para los diferentes niveles educativos y las diferentes regiones del país.

Con base a dichas consideraciones, la iniciativa que se dictamina contiene el siguiente proyecto de decreto:

Los integrantes de esta comisión dictaminadora comprendemos las inquietudes del diputado Elpidio Concha Arellano y consideramos valiosas sus observaciones respecto de la importancia y las aportaciones de la federalización a los programas de infraestructura física educativa.

Partiendo de este reconocimiento, la comisión dictaminadora, con base a estudios y experiencias internacionales documentadas sostiene que la infraestructura educativa es un componente relevante en la promoción de ambientes que favorecen los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

En este sentido, la infraestructura física educativa debe tomar en cuenta las tendencias en el diseño, construcción y remodelación de los espacios escolares que marcan los nuevos paradigmas educativos y considerar a las escuelas como espacios en los que se debe promover el aprendizaje activo, el pensamiento crítico, la colaboración y el trabajo en equipo¹.

En el caso particular de México, con el proceso de federalización educativa iniciado desde 1992, se confirma la importancia de que la educación guarde un equilibrio entre los niveles federal, estatal y municipal, de manera que la gestión del sistema educativo nacional se realice de manera articulada e integral.

Este equilibrio debe estar sustentado en un marco normativo que establezca la concurrencia y coordinación de los niveles de gobierno en atención y resolución de la problemática educativa del país.

De esta manera, en materia de infraestructura educativa, la fracción XXV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos autoriza al Congreso de la Unión para:

"...dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa..."

Asimismo, esta concurrencia establecida en la constitución es fortalecida por leyes secundarias como la Ley General de Educación que en el capítulo II, "Federalismo Educativo" establece que la federación mantiene y dedica sus esfuerzos a las funciones normativas de la educación, mientras que son los estados los que se ocupan de las labores operativas del sistema educativo nacional.

En este mismo sentido, la Ley General de Infraestructura Física Educativa señala como autoridades a:

Finalmente, con el objeto de fortalecer el federalismo de los programas de construcción de escuelas, consideramos acertada la propuesta de reforma del diputado Concha Arellano, de centrar las atribuciones del INIFED en emitir la normatividad y los lineamientos técnicos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública que construyan las entidades federativas, al tiempo que se mantiene la facultad de construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles en el caso del Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 16 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

Artículo Único. Se reforman los artículos 16, tercer párrafo y 19, fracción XII primer párrafo de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, para quedar como sigue:

Artículo 16. ...

...

El instituto estará encargado de emitir la normatividad y los lineamientos técnicos relacionados con la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública que construyan los organismos que para este fin se encuentren establecidos en los gobiernos de las entidades federativas.

Artículo 19. ...

I. a XI. ...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las obras que se estén realizando, hasta antes de la publicación del presente decreto, estarán sujetas a la normatividad bajo las que fueron iniciadas y hasta su conclusión.

Nota:
1. UNESCO World Report (2005). "Towards Knowledge Societies". Noviembre 2007.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 17 de marzo de 2010.

La Comisión de Educación Pública

Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Roberto Pérez de Alba Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Germán Osvaldo Cortez Sandoval, Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar, José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel (rúbrica), Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez, Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica en abstención), Manuel Jesús Clouthier Carrillo, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica en abstención), Ana Luz Lobato Ramírez (rúbrica), Reyes Tamez Guerra.
 
 

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A REVISAR Y EVALUAR, MEDIANTE LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE IMPLANTAR Y OPERAR LOS PUNTOS DE CONTROL CARRETERO, LOS MANUALES QUE REGULAN EL FUNCIONAMIENTO DE ÉSTOS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LXI Legislatura fue turnada para estudio y análisis la proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos exhorta al titular del Ejecutivo federal a efecto de que, en caso de aplicar un plan específico para el combate del flagelo del narcotráfico en el cual sea necesario implantar revisiones de las personas en tránsito por el país, éstas se realicen mediante la utilización de la infraestructura tecnológica, humana y material adecuada para que el tránsito de personas y vehículos se desarrolle en forma ágil, procurando la menor afectación posible de la economía nacional.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica; y 58, 60, 65, 87, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo analizado el contenido de dicho punto de acuerdo, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, en sentido positivo, con base en los siguientes

Antecedentes

I. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 3 de diciembre de 2009, el diputado Ernesto de Lucas Hopkins, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó al pleno la proposición con punto de acuerdo relativo a las fallas detectadas en la operación de los puntos de revisión en carreteras federales del país, en lo particular en el de Benjamín Hill, Sonora, y en la forma en que afectan el comercio, el turismo y otros sectores productivos, y el bienestar de los ciudadanos que usan las vías de comunicación referidas.

II. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó que se turnara a la Comisión de Seguridad Pública, para estudio y dictamen correspondiente.

Contenido de la proposición

1. El proponente establece en la exposición de motivos que en Sonora por varios años se ha generado un problema con los puntos de revisión instalados en las carreteras federales por la Procuraduría General de la República y el Ejército Mexicano, provocando una inconformidad cada vez mayor ante la actitud de los responsables de estos retenes y por la falta de agilización en dicha revisión, estimulando retrasos en el tránsito de los ciudadanos y ocasionando su irritación en un gran número de casos, y pérdidas económicas del comercio por entregas fuera de tiempo en productos, al tener que realizar filas de algunos kilómetros en la revisión.

2. Manifiesta que la revisión a que son sometidos miles de ciudadanos a diario por los cuerpos de seguridad mencionados causa sin duda actos de molestia, en menoscabo de las garantías individuales de la legalidad y seguridad jurídica consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo. Los actos de autoridad que cometen los servidores públicos que laboran en los comúnmente conocidos como "Precos" (puntos de revisión carreteros) constituyen actos de molestia al ciudadano, que se traducen en restricciones provisionales de sus garantías individuales, pues se realizan revisiones en bienes personales, como equipaje o carga de particulares, sin orden emitida por autoridad competente que funde y motive la razón que da origen a tal procedimiento, violando los dispositivos constitucionales citados, por no tener la orden señalada y la falta de atribuciones de la autoridad para realizar tales actos.

3. El proponente menciona que no es menester de esta proposición pugnar por la eliminación de los llamados "retenes", dada la imperiosa necesidad de llevar a cabo las operaciones encaminadas a erradicar el tráfico de enervantes, de armas de fuego e indocumentados, y considerando que esas operaciones han reportado importantes golpes al narcotráfico, al tráfico de armas y al tráfico de humanos, disminuyendo la delincuencia organizada en el país.

4. Manifiesta que se considera necesario que se establezcan mecanismos que regulen la operación en los puntos de revisión en el sentido de que causen las menores molestias y pérdidas económicas posibles a los usuarios de las vías de comunicación afectadas, como son las familias, los transportistas de perecederos, los agricultores, y los turistas nacionales y los extranjeros.

5. El proponente manifiesta que el objetivo del gobierno federal es reubicar los puntos de revisión carretero a las fronteras del estado con el objetivo de que sea el Ejército Mexicano el encargado de realizar dichas revisiones y se instalen equipos necesarios, como arcos de rayos gama, con lo que a su vez se buscaría hacer más ágil el proceso de revisión, en lugar de tener que revisar de manera física y manual cada camión.

6. Manifiesta que el punto de revisión situado en la carretera federal número 2, en el tramo Hermosillo-Benjamín Hill, a pesar de haber recibido una millonaria inversión para modernizar y agilizar la revisión, sigue provocando los retrasos, las filas, las pérdidas económicas y molestias ciudadanas que existían antes de esta modificación, tan costosa.

7. El proponente manifiesta que para colocarnos a la vanguardia en esta lucha, pero sin continuar violentando las garantías constitucionales, es urgente efectuar acciones que minimicen los contras que desgastan la tranquilidad y confianza de los ciudadanos, más aun cuando provocan cuantiosas pérdidas económicas a los sectores industriales y agrícolas del país y de Sonora.

Consideraciones

Primera. Con base en los antecedentes indicados y con los elementos de información disponibles, la Comisión de Seguridad Pública, con las atribuciones señaladas, se abocó a dictaminar la proposición con punto de acuerdo de referencia.

Segunda. Debido al constante crecimiento del narcotráfico, el gobierno federal implantó puntos de revisión en las carreteras federales por la Procuraduría General de la República y el Ejército Mexicano. Gracias a estos puntos de revisión se ha logrado el aseguramiento de varias toneladas de estupefacientes al narcotráfico.

Tercera. La Procuraduría General de la República está facultada por los artículos 21, 102, Apartado A, 105, 107 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la autoridad competente para la persecución de todos los delitos del orden federal, buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad, pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine, así como los métodos y procedimientos a que deben sujetarse los ordenamientos legales.

De igual manera, el Ejecutivo federal está facultado, entre otros ordenamientos, en el artículo 89, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para preservar la seguridad nacional y disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas o, en su caso, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y la defensa exterior de la federación.

Cuarta. De acuerdo con un estudio de la Secretaría de Agricultura de Sonora y con organizaciones agrícolas y ganaderas de la región, los daños causados al sector agropecuario por las revisiones de los retenes llegan a 58.7 millones de dólares al año, además de causar filas de más de 8 kilómetros y retrasos de hasta 6 horas. Aparte, hay total indiferencia en el cuidado de la temperatura de los productos refrigerados.

Quinta. El efecto en el sector agropecuario es demasiado grande, dado que 70 por ciento de las exportaciones de las frutas y hortalizas a escala nacional se da a través de esta carretera, y más de 250 mil cabezas de ganado son exportadas a Estados Unidos pasando por el punto de revisión de Benjamín Hill.

El gobierno de Sonora, y los exportadores y los transportistas afectados se han comprometido públicamente a participar en el proyecto de modernización de los puntos de revisión. De igual forma, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del gobierno federal se comprometió a gestionar la aportación de recursos para la modernización de los retenes en Sonora.

Sexta. El Consejo Nacional Agropecuario sostuvo reuniones en la residencia oficial de Los Pinos con el coordinador de la Oficina de Políticas Públicas de la Presidencia, el secretario de la Defensa Nacional y el administrador general de Aduanas. Así, después de analizar la problemática de los Precos y del narcotráfico, acordaron formar un grupo de trabajo, coordinado por la Oficina de Políticas Públicas, para eficientar los puntos de revisión carreteros El Desengaño, en Sinaloa, y Benjamín Hill, en Sonora.

Séptima. La presente proposición con punto de acuerdo no manifiesta específicamente qué tipo infraestructura tecnológica, humana y material debe implantarse, ni la dependencia concreta encargada de llevar a cabo las modificaciones solicitadas.

Octava. La redacción de la proposición con punto de acuerdo incluye el concepto de "infraestructura humana", el cual es inexistente y, por ende, no tiene aplicación práctica.

Novena. Derivado de lo anterior, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, que dictamina, reconocen y concluyen que resulta necesario implantar programas de combate del narcotráfico. Sin embargo, los puntos de control establecidos en carreteras federales no deben causar una baja turística y económica de dichas regiones, en este caso de Sonora.

Por lo expuesto, la Comisión de Seguridad Pública somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, para análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través de las dependencias encargadas de implantar y operar los puntos de control carretero, a revisar y evaluar los manuales de operación que regulan su funcionamiento, a fin de que se establezcan nuevas estrategias operativas que contribuyan a disminuir el tiempo de inspección y traslado en las vías de comunicación del país.

Se solicita atentamente de la Secretaría de Seguridad Pública que informe a esta soberanía, por conducto de la Comisión de Seguridad Pública, dentro del término de 15 días, respecto a la resolución que recaiga sobre el asunto que se somete a su jurisdicción y competencia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2010.

La Comisión de Seguridad Pública

Diputados: José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica en contra), Alejandro Gertz Manero, Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua, Víctor Hugo Círigo Vásquez (rúbrica en contra), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica en contra), Salvador Caro Cabrera (rúbrica en contra), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Omar Fayad Meneses (rúbrica), Jorge Fernando Franco Vargas, Luis Alejandro Guevara Cobos, Aarón Irízar López, Feliciano Rosendo Marín Díaz, Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro, Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado.
 
 

DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN UN INFORME DETALLADO SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS 159 NOSOCOMIOS IDENTIFICADOS COMO FOCOS ROJOS O DE ALTA COMPLEJIDAD

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXI Legislatura fue turnada para estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la coordinadora general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob) que envíe un informe detallado sobre la situación que guardan los 159 nosocomios identificados como focos rojos o de alta complejidad, y se exhorta a la Comisión de Salud a reunirse con esa dependencia acerca del mismo tema.

Con fundamento en los artículos 39, 44, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica; y 56, 60, 65, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a consideración de esta asamblea el dictamen siguiente, relativo al punto de acuerdo:

I. Antecedentes

1. Con fecha 4 de marzo de 2010, el diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó un punto de acuerdo por el que se solicita a la coordinadora general de Protección Civil de la Segob que envíe un informe detallado sobre la situación que guardan los 159 nosocomios identificados como focos rojos o de alta complejidad, y se exhorta a la Comisión de Salud a reunirse con esa dependencia acerca del mismo tema.

2. Con la misma fecha fue turnado a la Comisión de Salud para estudio y dictamen.

II. Consideraciones

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita a la coordinadora general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación que envíe un informe por escrito y detallado, dirigido a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, sobre la situación que guardan los 159 nosocomios identificados como focos rojos o de alta complejidad, y las instalaciones médicas en situación de riesgo.

La Comisión de Salud

Diputados: Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales (rúbrica), secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez, Olga Luz Espinoza Morales (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas, Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado, José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga, Guadalupe Eduardo Robles Medina, Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva (rúbrica), Laura Piña Olmedo, Leticia Quezada Contreras (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD UN TOMÓGRAFO DE ALTAS ESPECIFICACIONES PARA EL HOSPITAL GENERAL DOCTOR ERNESTO MEANA SAN ROMÁN, DE JOJUTLA DE JUÁREZ, MORELOS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura fue turnada, para estudio y dictamen, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud un tomógrafo de altas especificaciones médicas en el paquete presupuestal asignado en 2010 al sector salud para el hospital general Doctor Ernesto Meana San Román, de Jojutla de Juárez, Morelos.

Con fundamento en los artículos 39, 44, y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 56, 60, 65, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a consideración de esta honorable asamblea el dictamen relativo al punto de acuerdo, del cual se emite el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 2 de marzo de 2010, la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional, presentó punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud un tomógrafo de altas especificaciones médicas en el paquete presupuestal asignado en 2010 al sector salud para el hospital general Doctor Ernesto Meana San Román, de Jojutla de Juárez, Morelos.

2. Con la misma fecha fue turnado a la Comisión de Salud para estudio y dictamen.

II. Consideraciones

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Salud que considere, de acuerdo a la disponibilidad financiera, el otorgamiento de un tomógrafo de altas especificaciones al hospital general Doctor Ernesto Meana San Román, de Jojutla de Juárez, Morelos.

La Comisión de Salud

Diputados: Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio Benítez Lucho (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales (rúbrica), secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez, Olga Luz Espinoza Morales (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas, Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado, José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Arciga, Guadalupe Eduardo Robles Medina, Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva (rúbrica), Laura Piña Olmedo, Leticia Quezada Contreras (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A DAR MAYOR DIFUSIÓN E IMPLANTAR CAMPAÑAS EN FAVOR DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura fue turnada, para estudio y dictamen, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implantar campañas de difusión en favor de la donación de órganos y a realizar las acciones necesarias para establecer esos servicios en los hospitales.

Con fundamento en los artículos 39, 44, y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 56, 60, 65, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a consideración de esta honorable asamblea el dictamen relativo al punto de acuerdo, del cual se emite el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 4 de marzo de 2010, el diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional, presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implantar campañas de difusión en favor de la donación de órganos y a realizar las acciones necesarias para establecer esos servicios en los hospitales.

2. Con la misma fecha fue turnado a la Comisión de Salud para estudio y dictamen.

II. Consideraciones

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud a dar mayor difusión e implantar campañas en favor de la donación de órganos, así como a realizar las acciones necesarias para la creación de éstos servicios en los hospitales, a fin de obtener los resultados favorables para salvaguardar el valor más importante que es la vida.

La Comisión de Salud

Diputados: Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio Benítez Lucho (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales (rúbrica), secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez, Olga Luz Espinoza Morales (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas, Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado, José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Arciga, Guadalupe Eduardo Robles Medina, Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva (rúbrica), Laura Piña Olmedo, Leticia Quezada Contreras (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A CONSIDERAR LA MODIFICACIÓN DE MANERA INCLUYENTE DEL PUNTO 11, "ETIQUETADO", DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SSA-1994, RESPECTO A LOS PRODUCTOS ORGÁNICAMENTE MODIFICADOS O ELABORADOS CON INSUMOS TRANSGÉNICOS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXI Legislatura fue turnada para estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a considerar y hacer suya una propuesta de modificación del punto 11, "Etiquetado", de la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SSA-1994.

Con fundamento en los artículos 39, 44, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica; y 56, 60, 65, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a consideración de esta honorable asamblea el dictamen siguiente, relativo al punto de acuerdo:

I. Antecedentes

1. Con fecha 4 de marzo de 2010, el diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a considerar y hacer suya una propuesta de modificación del punto 11, "Etiquetado", de la NOM-086-SSA-1994.

2. Con la misma fecha fue turnado a la Comisión de Salud para estudio y dictamen.

II. Consideraciones

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud a considerar la modificación de manera incluyente del punto 11, "Etiquetado", de la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SSA-1994, respecto a los productos orgánicamente modificados o elaborados con insumos transgénicos, indistintamente del gen o genes y su grado de modificación, para que contengan la leyenda siguiente:

Este producto es transgénico o contiene ingredientes transgénicos.

La Comisión de Salud

Diputados: Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales (rúbrica), secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez, Olga Luz Espinoza Morales (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas, Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado, José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga, Guadalupe Eduardo Robles Medina, Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva (rúbrica), Laura Piña Olmedo, Leticia Quezada Contreras (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA A LOS TRES PODERES DEL ESTADO Y A SUS ÁREAS ADMINISTRATIVAS A FORMULAR, ESTABLECER O EVALUAR LOS SISTEMAS DE MANEJO AMBIENTAL PARA 2010

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 126, que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los tres poderes del Estado y a sus áreas administrativas a formular, establecer o evaluar sistemas de manejo ambiental para el año 2010, presentado por la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión legislativa, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39 numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

1. En sesión celebrada el día 23 de septiembre de 2009, por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los tres Poderes del Estado y a sus áreas administrativas para que formulen, establezcan o evalúen sistemas de manejo ambiental para el año 2010.

2. Con esta misma fecha, dicha propuesta con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Los sistemas de mercado y los hábitos de consumo, son una amenaza para el planeta y las futuras generaciones. La crisis medioambiental actual hace evidente que hemos sobreexplotado los elementos naturales, y alterado el frágil equilibrio de los ecosistemas terrestres. Erróneamente hemos entendido a la economía como un sistema rector al que se debe subordinar todo, los elementos naturales e incluso las personas, quienes son visualizados como recursos para incrementar la producción, sin tomar en cuenta las consecuencias que esto conlleva, en términos económicos denominadas "externalidades".¹

Luchar contra estas externalidades es una exigencia esencial para que el mercado se comporte de manera eficiente al aprovechar los recursos. En términos ambientales, entender el porqué de estas externalidades y tratar de minimizarlas nos ayudará a resolver los problemas ecológicos que causan.

Modificar nuestros hábitos de consumo, es un punto clave en el re direccionamiento de los sistemas de mercado y hábitos de consumo; ya que así, lograremos una incidencia directa en el comportamiento de ciertos mercados.

Los gobiernos son consumidores y productores significativos de bienes y servicios, ya que "el consumo de los gobiernos representa una gran parte del consumo total mundial (aproximadamente 15% del PIB en países occidentales) por lo tanto es importante que los gobiernos, en cuanto a consumidores, apliquen criterios ambientales dentro de sus procesos de licitación."²

Por tanto, hace ya varios años en el marco de diversos foros internacionales de carácter económico como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la Comisión de Desarrollo Social del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, se comenzó a formar el concepto de los llamados "gobiernos verdes".

Este concepto determina que es necesario que los gobiernos adquieran la responsabilidad de desarrollar sus actividades diarias de forma tal que aseguren el uso sustentable de los recursos y materiales utilizados, particularmente el consumo de energía, agua e insumos de papelería; así como que reduzcan el impacto de sus actividades en el ambiente.

En el ámbito regional, la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA) también ha venido trabajando en los mecanismos para implementar eficientemente el concepto de "gobiernos verdes". En el Programa de Medio Ambiente, Economía y Comercio, ha incorporado la iniciativa "Compras Verdes en América del Norte".

La mejora en el desempeño ambiental de los gobiernos, representa el compromiso hacia la mitigación de los costos ambientales generados por su propia existencia y operación. Sin embargo, la utilización generalizada de las adquisiciones con menor impacto ambiental enfrenta grandes obstáculos, primordialmente en materia de planeación.

Uno de los instrumentos marco para la implementación de los "gobiernos verdes" es el desarrollo de sistemas de manejo ambiental, tema central de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, la cual tiene por objeto exhortar al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a formular, establecer o en su caso evaluar los sistemas de manejo ambiental de las dependencias que los integran.

Los sistemas de manejo ambiental se definen como el "conjunto de acciones orientadas a fomentar el uso eficiente de los recursos materiales utilizados en el desempeño cotidiano de las actividades de las dependencias y entidades de la administración pública federal con el objeto de reducir los impactos negativos que dichas actividades tengan en el ambiente".³

Asimismo, los sistemas de manejo ambiental se sustentan en los capítulos 9 y 18 de la Agenda 21; y en los párrafos 25 y 26 y 38 del Plan de Acción de Johannesburgo.

Refiriéndonos al orden jurídico nacional y los mecanismos de planeación, encontramos que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece dentro de su objetivo 7, "Asegurar la utilización de criterios ambientales en la administración pública federal", señala como estrategia:

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, en su artículo 28, establece que los contratos de obras públicas y los de servicios relacionados con las mismas se adjudicarán a través de licitaciones públicas que aseguren las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia energética el uso responsable del agua y demás circunstancias pertinentes.⁵

Del mismo modo, como lo establece la promovente, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, determina que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia energética, el uso responsable del agua y demás circunstancias pertinentes.⁶

Si bien es cierto, el régimen jurídico interno es claro, al mandatar a los tres poderes de unión a expedir los manuales de manejo ambiental que regirán las dependencias y órganos que los integran, dicha disposición no ha sido atendida a cabalidad.

Existe un manual de sistemas de manejo ambiental emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que sirve como guía para que en el servicio público se logre un uso eficiente de los recursos materiales y humanos en el desempeño de las actividades laborales, por lo cual esta comisión legislativa considera procedente exhortar a los Poderes Ejecutivo y Judicial de la federación para crear, implementar o evaluar sus sistemas de manejo ambiental, según corresponda.

Por lo que toca al propio Legislativo, si bien esta Cámara no puede exhortarse a sí misma, puede manifestar el compromiso de hacer efectivas al interior las disposiciones jurídicas emanadas de este poder. Como muestra de lo anterior, basta señalar que el pasado 13 de agosto de 2008, la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura aprobó el acuerdo mediante el cual se adicionó un artículo 27 Bis a la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados, en el que se estableció lo siguiente:

En esta comisión estamos claros en que la implementación de sistemas de manejo ambiental, constituye un mecanismo de planeación que ayudará a fomentar el uso eficiente y consumo responsable de energía eléctrica, agua, material de oficina, la gestión integral de los residuos y la reducción en los costos de operación.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de esta Comisión, nos permitimos poner a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo a formular, expedir, implementar y en su caso evaluar en todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, centralizada y paraestatal, sistemas de manejo ambiental, entendiéndose estos como el conjunto de acciones orientadas a fomentar el uso eficiente de los recursos materiales utilizados en el desempeño cotidiano de las actividades de las dependencias y entidades de la administración pública federal, y que tienen el objeto de reducir los impactos negativos que dichas actividades tengan en el ambiente.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Judicial a formular, expedir, implementar y en su caso evaluar en todas las oficinas que integran sus órganos de conformidad con la Ley Orgánica, sistemas de manejo ambiental, entendiéndose estos como el conjunto de acciones orientadas a fomentar el uso eficiente de los recursos materiales utilizados en el desempeño cotidiano de las actividades de las dependencias y entidades de la administración pública federal, y que tienen el objeto de reducir los impactos negativos que dichas actividades tengan en el ambiente.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Senado de la República a dar seguimiento al cumplimiento de sus "Normas Administrativas en materia de Sistemas de Manejo Ambiental".

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión asume el compromiso de evaluar su régimen normativo, con el objeto de formular, expedir e implementar su propio sistema de manejo ambiental, entendiéndose este como el conjunto de acciones orientadas a fomentar el uso eficiente de los recursos materiales utilizados en el desempeño cotidiano de las actividades de las dependencias y entidades de la administración pública federal, y que tienen el objeto de reducir los impactos negativos que dichas actividades tengan en el ambiente.

Notas
1. Básicamente hablar de externalidades es referirnos a la carga del costo de una actividad productiva que no es tomado en cuenta por el sujeto que efectúa decisiones económicas, desde que el mismo no se hace cargo de ellas, puesto que las transfiere a otras personas o a la sociedad como un todo. Las externalidades pueden afectar bienes públicos, bienes comunes o bienes privados.
2. Masera, Diego. Hacia un consumo sustentable en América Latina y el Caribe. Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Orlac. 2001 p. 18
3. Acuerdo que establece los lineamientos y estrategias generales para fomentar el manejo ambiental de los recursos en las oficinas administrativas de las dependencias y entidades administrativas de la administración pública federal. Diario Oficial de la Federación, 26 de marzo de 1999.
4. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003.
5. Artículo 28 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de enero de 2000, última reforma publicada en día 28 de mayo de 2009.
6. Artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de enero del 2000, última reforma publicada el 20 de mayo de 2009.
7. Gaceta Parlamentaria del Senado de la República, número 331, del 17 de febrero de 2009.

Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados, el día 17 de febrero de 2010.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Roberto Borge Angulo, Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica), Héctor Franco López, Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto, Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros, secretarios; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Juan José Guerra Abud (rúbrica), Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), María Estela de la Fuente Dagdug, Judith Fabiola Vásquez Saut (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Leoncio Morán Sánchez (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores, Óscar Saúl Castillo Andrade, Leticia Robles Colín (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales.
 
 

DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INICIAR MEDIANTE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES LAS NEGOCIACIONES CONDUCENTES A ESTABLECER OFICINAS CONSULARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN ACUÑA Y PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Relaciones Exteriores fue turnado, para estudio y posterior elaboración de dictamen, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores gire instrucciones a la Embajada de México en Estados Unidos de América, a fin de que inicie las negociaciones con sus homólogos del vecino país del norte para que, con base en los protocolos establecidos por la Convención sobre Relaciones Consulares entre México y Estados Unidos de América de 1942 y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, se establezcan oficinas consulares de Estados Unidos de América en las ciudades de Acuña y Piedras Negras, Coahuila, presentado por los diputados Francisco Saracho Navarro, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Melchor Sánchez de la Fuente, Hugo Héctor Martínez González, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez e Hilda Flores Escalera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional.

La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

El 15 de octubre de 2009, los diputados Francisco Saracho Navarro, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Melchor Sánchez de la Fuente, Hugo Héctor Martínez González, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez e Hilda Flores Escalera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores gire instrucciones a la Embajada de México en Estados Unidos de América, a fin de que inicie las negociaciones con sus homólogos del vecino país del norte para que, con base en los protocolos establecidos por la Convención sobre Relaciones Consulares entre México y Estados Unidos de América de 1942 y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, se establezcan oficinas consulares de Estados Unidos de América en las ciudades de Acuña y Piedras Negras, Coahuila.

Los proponentes fundamentan su punto de acuerdo, principalmente, en que en Coahuila existen dos ciudades fronterizas, Piedras Negras y Acuña, las que mantienen un alto crecimiento en el movimiento migratorio hacia el norte, el cual en la última década se incrementó por el empleo transfronterizo.

En marzo de 1999, los ayuntamientos de Acuña y Piedras Negras, en coordinación con las Cámaras de Comercio de esas ciudades, lograron la instalación de un consulado temporal, el cual fue cerrado en mayo de 2000.

Hoy, de acuerdo a los proponentes, existe la problemática del vencimiento de las más de 120 mil visas otorgadas por el mencionado consulado, lo cual obliga a los ciudadanos de Piedras Negras y Acuña a trasladarse al consulado más cercano, que es en Nuevo Laredo o Monterrey.

Los proponentes manifiestan que el 9 de junio de 2009, el consejo de Ciudad del Río emitió la resolución número R: 2009 - 105, donde se solicita al presidente y al Congreso de los Estados Unidos el acuerdo y establecimiento de una oficina del consulado de Estados Unidos de América en Acuña, Coahuila.

En este acuerdo se reconoce la importancia histórica, política, económica y comercial de la relación entre ambas ciudades. Reafirma el protocolo establecido en 1942 de la Convención México-Estados Unidos de América sobre Relaciones Consulares y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, así como también, el gran número de mexicanos y estadounidenses que cruzan la frontera como parte de sus actividades sociales, económicas, culturales y de trabajo.

El 9 de diciembre de 2009 se reunieron diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos de América en México con los diputados federales Francisco Saracho Navarro y Miguel Pompa Corrella, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, reunión organizada por el diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.

El diputado Francisco Saracho Navarro, del distrito 1 de Coahuila y ex alcalde de Acuña, expuso a los diplomáticos estadounidenses, Gustavo Delgado, consejero político, y Deanna Coates, tercera secretaria de la Embajada de los Estados Unidos de América en México, la necesidad de instalar por lo menos en el primer semestre de 2010 oficinas consulares de Estados Unidos de América, ya que varios miles de ciudadanos fronterizos tendrán la necesidad de renovar su visa laser expedida hace una década. Si hace 10 años se pudo, ahora también se pueden instalar oficinas consulares, a fin de que la gente no tenga la necesidad de trasladarse hasta Monterrey o Nuevo Laredo, concluyó el diputado Saracho Navarro.

Por su parte, el diputado Pompa Corella planteó el tema de que los ciudadanos mexicanos que por algún motivo no le concedan la visa estadounidense se les reintegre los casi dos mil pesos que se pagan por acceder a la entrevista en las ventanillas consulares de Estados Unidos de América instaladas en México, ya que en ocasiones a familias enteras se les niega la visa, con un alto costo económico.

Los diplomáticos estadounidenses expusieron que es una ley federal que rige no sólo para ciudadanos estadounidenses sino para ciudadanos de todo el mundo, sin embargo, quedaron de examinar alternativas. Aseguraron que el embajador de Estados Unidos de América, Carlos Pascual, está interesado en fortalecer las relaciones bilaterales, con motivo del bicentenario, y que se podrían examinar alternativas a estos temas.

A su vez, el diputado Jesús Ramírez Rangel informó que ha sostenido reuniones con diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos de América en México, con congresistas estadounidenses y con diplomáticos acreditados en Washington en la misma orientación, por lo que hace suyo el punto de acuerdo.

Es por esto que los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores fundamentan el dictamen con las siguientes

Consideraciones

Las relaciones consulares se encuentran reguladas por el Convenio de Viena de abril de 1961, que regula el establecimiento, mantenimiento y terminación de relaciones diplomáticas entre Estados, y por el Convenio de Viena de 24 de abril de 1963, sobre establecimiento, ejercicio y ruptura de relaciones consulares. Ambos convenios codifican la costumbre internacional existente y constituyen el derecho vigente. Los dos Convenios de Viena se elaboraron en el seno de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta los propósitos y principios de la carta de la ONU, por estimar que una convención internacional sobre relaciones, privilegios e inmunidades diplomáticas y consulares contribuirá al desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, prescindiendo de sus diferencias de régimen constitucional y social.

El establecimiento de relaciones diplomáticas (artículo 2) y consulares (artículo 2) entre Estados y el envío de misiones diplomáticas permanentes se efectúa por consentimiento mutuo. El consentimiento otorgado para el establecimiento de relaciones diplomáticas implicará, salvo indicación en contrario, el consentimiento para las relaciones consulares. Sin embargo, la ruptura de relaciones diplomáticas no entrañara, ipso facto, la ruptura de relaciones consulares.

Así pues, el establecimiento de relaciones diplomáticas o consulares es un acuerdo entre dos Estados que deciden intercambiar misiones diplomáticas permanentes, normalmente creando una embajada y las oficinas consulares correspondientes.

La relación entre México y Estados Unidos de América es fuerte y cada día más compleja e intensa. Actualmente, como nunca antes en la historia, se tiene una agenda permanente de consultas a todos los niveles de gobierno, sin mencionar el gran intercambio comercial, académico, turístico y familiar que existe entre ambos países.

La frontera norte tiene una posición estratégica en las relaciones entre México y Estados Unidos de América, no sólo por lo que significa compartir 3 mil 153 kilómetros y recursos naturales, sino además por sus intensos flujos económicos, sociales y culturales.

A lo largo de esta línea divisoria se forma una franja fronteriza que incluye 25 condados del lado estadounidense y 35 municipios del lado mexicano. Además de ser integrada por estados adyacentes de ambos lados de la línea divisoria, los estados de la frontera norte mexicana son Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Los estados de la frontera sur de Estados Unidos de América son California, Arizona, Nuevo México y Texas.

Esto significa que ambos países comparten una vasta área geográfica de gran heterogeneidad, desde el punto de vista social, económico y cultural.

La zona fronteriza norte es un área con un alto nivel de oportunidades, donde confluyen diversos procesos económicos y sociales, y cuyo papel es fundamental en las relaciones México-Estados Unidos de América.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Relaciones Exteriores somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores gire sus instrucciones a la Embajada de México en Estados Unidos de América a fin de que inicie negociaciones con sus homólogos del vecino país del norte para que, con base en los protocolos establecidos en la Convención sobre Relaciones Consulares entre México y Estados Unidos de América de 1942 y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, se establezcan oficinas consulares de Estados Unidos de América en las ciudades de Acuña y Piedras Negras, ambas de Coahuila.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que, a luz de dichos instrumentos, realice un estudio sobre poblaciones mexicanas que se encuentren en necesidades semejantes.

La Comisión de Relaciones Exteriores

Diputados: Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), María del Carmen Izaguirre Francos (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, José Luis Jaime Correa (rúbrica), Caritina Saénz Vargas (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros, Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Raúl Domínguez Rex, Heliodoro Díaz Escárraga, Augusta Valentina Díaz de Rivera, Carlos Flores Rico (rúbrica), Martín García Avilés, Arturo García Portillo, Olivia Guillén Padilla (rúbrica), María Dina Soto Herrera (rúbrica), Tereso Medina Ramírez (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Héctor Agustín Murguía Lardizabal, Beatriz Elena Paredes Rangel, Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Jesús Ramírez Rangel (rúbrica), Omar Rodríguez Cisneros, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza (rúbrica), Luis Éric Rubio Barthell, David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica), Norma Sánchez Romero, María del Pilar Torre Canales (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA QUE SEA REEMBOLSABLE EL MONTO QUE SE PAGA POR UNA VISA ESTADOUNIDENSE DENEGADA

Honorable asamblea:

A la Comisión de Relaciones Exteriores fue turnado, para estudio y posterior elaboración de dictamen, punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar una enérgica carta diplomática a la Embajada de Estados Unidos de América para que se realicen las gestiones necesarias para que sea reembolsable el monto que se paga por la visa cuando ésta no se otorgue, presentada por el diputado Miguel Ernesto Pompa Corella y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

El 10 de noviembre de 2009, el diputado Miguel Ernesto Pompa Corella, y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores realizar una enérgica carta diplomática a la Embajada de Estados Unidos de América para que se realicen las gestiones necesarias para que sea reembolsable el monto que se paga por la visa cuando ésta no se otorgue.

El 9 de diciembre de 2009 se reunieron diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos de América en México con el diputado Miguel Ernesto Pompa Corella en el Palacio Legislativo de San Lázaro, organizada la reunión por el diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.

El proponente, diputado Pompa Corella, planteó el tema que los ciudadanos mexicanos que, por algún motivo, no le concedan la visa estadounidense se les reintegre los casi dos mil pesos que se pagan por acceder a la entrevista en las ventanillas consulares de Estados Unidos de América, instaladas en México, ya que en ocasiones a familias enteras se les niega la visa, con un alto costo económico.

Los diplomáticos estadounidenses expusieron que es una ley federal que rige no sólo para los ciudadanos estadounidenses sino para ciudadanos de todo el mundo, sin embargo quedaron de examinar alternativas. Aseguraron que el embajador de Estados Unidos de América, Carlos Pascual, está interesado en fortalecer las relaciones bilaterales, con motivo del bicentenario, y que se podrían examinar alternativas para el tema.

Es por eso que los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores fundamentan el dictamen con las siguientes

Consideraciones

La Comisión de Relaciones Exteriores realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, presentado por el diputado Miguel Ernesto Pompa Corella, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

México y Estados Unidos de América están cada día más integrados en lo demográfico y lo económico, y cuentan cada vez más con mejores canales de información para conocer el otro país, sus percepciones son cada vez más realistas, es un proceso que se va intensificando debido a varios factores.

El flujo de connacionales hacia Estados Unidos de América es resultado de los intensos intercambios económicos, culturales y sociales, entre ambos países.

El pago de la visa es una norma obsoleta que rige entre países para legalizar el ingreso y la estancia de personas en una nación donde no se tenga la nacionalidad o el libre tránsito. También conocida como visado, este es un documento que es adjuntado al pasaporte por las autoridades para señalar que éste ha sido examinado y ha sido válido para ingresar o salir de un país determinado.

México y Estados Unidos de América poseen un acuerdo de supresión de visas para eximir de visa a los portadores de pasaportes diplomáticos u oficiales que viajen a los respectivos países por una estancia máxima de seis meses, firmado el 24 de febrero de 1987; para todos aquellos que posean un pasaporte ordinario se requiere pagar una cuota, que el caso de México se encuentra fijada en el equivalente a 131 dólares, monto que no es reembolsable.

De acuerdo a los citados funcionarios de la Embajada de Estados Unidos de América, el Departamento de Estado es el encargado de ajustar periódicamente sus cuotas por concepto de visas y otros servicios, en apego a la legislación federal que ordena recuperar los costos de los servicios otorgados a través de cuotas directamente aplicables a los usuarios de estos servicios. Los adelantos en la seguridad, los sistemas de procesamiento de información y la inflación han provocado un aumento en los costos de los trámites de visas, así como de ciertos servicios para ciudadanos estadounidenses.

Por lo expuesto, la Comisión de Relaciones Exteriores se permite someter a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las negociaciones necesarias con las autoridades competentes del gobierno de Estados Unidos de América para que sea reembolsable el monto que se paga por la visa cuando ésta no se otorgue.

Segundo. Se solicita a la delegación mexicana que asistirá a la XLIX reunión interparlamentaria México-Estados Unidos de América, a celebrarse en junio de 2010, que realice las gestiones necesarias a fin de que este tema sea incluido en la agenda de esta reunión.

La Comisión de Relaciones Exteriores

Diputados: Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), María del Carmen Izaguirre Francos (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, José Luis Jaime Correa (rúbrica), Caritina Saénz Vargas (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros, Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Raúl Domínguez Rex, Heliodoro Díaz Escárraga, Augusta Valentina Díaz de Rivera, Carlos Flores Rico (rúbrica), Martín García Avilés, Arturo García Portillo, Olivia Guillén Padilla (rúbrica), María Dina Soto Herrera (rúbrica), Tereso Medina Ramírez (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Héctor Agustín Murguía Lardizabal, Beatriz Elena Paredes Rangel, Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Jesús Ramírez Rangel (rúbrica), Omar Rodríguez Cisneros, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza (rúbrica), Luis Éric Rubio Barthell, David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica), Norma Sánchez Romero, María del Pilar Torre Canales (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RECOMIENDA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES QUE INICIE LOS PROCEDIMIENTOS PROTOCOLARIOS PARA LA ADHESIÓN DEL ESTADO MEXICANO A LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL RECLUTAMIENTO, LA UTILIZACIÓN, LA FINANCIACIÓN Y EL ENTRENAMIENTO DE MERCENARIOS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Relaciones Exteriores fue turnado para estudio y posterior elaboración de dictamen el punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que inicie los procedimientos de adhesión de México a la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, presentado por la diputada Claudia Edith Anaya Mota.

La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica; y 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

El 8 de octubre de 2009, los diputados Claudia Edith Anaya Mota, Samuel Herrera Chávez, Heladio Verver y Vargas Ramírez, Ramón Jiménez Fuentes y Gerardo Leyva Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron una proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que inicie los procedimientos de adhesión de México a la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios.

La diputada Anaya Mota fundamenta su punto de acuerdo en que la convención referida busca obligar a los Estados parte a no recurrir al reclutamiento, la utilización, el financiamiento o el entrenamiento de mercenarios y de prohibir tales actividades, y los obliga a extraditar o a procesar a los mercenarios que encuentren en su territorio, independientemente de que el delito se haya cometido allí o en otra parte. El Estado que procesa al mercenario debe notificar al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el resultado del proceso. El secretario general debe transmitir la información a los demás Estados interesados.

La diputada Anaya Mota refiere que México ha establecido un vínculo indisoluble con el estado de derecho y los derechos humanos, al grado de tener como condicionante misma de su existencia el deber de adoptar mecanismos que combatan la corrupción y la violación de las garantías fundamentales; de lo contrario, no se puede calificar como un estado democrático de derecho, ya que la corrupción atenta contra los derechos y las libertades de los involucrados en estos actos o de terceros, situación que no puede ser justificada porque atenta contra la esencia de las democracias: el respeto de los derechos fundamentales de todos los seres humanos.

La Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios consagra los principios internacionales referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados para prevenir, enjuiciar y castigar las conductas delictivas que vulneran los derechos humanos de las personas. En adición, dicha convención evidencia la preocupación de la comunidad internacional por el desarrollo de actividades ilícitas que efectúan los mercenarios, en detrimento del orden constitucional de los Estados.

La promovente considera imperante la necesidad de que México se adicione a dicho instrumento internacional, a efecto de contribuir a la erradicación de actividades que tengan como consecuencia la violación de los derechos humanos de las personas, principalmente de su derecho a la vida, pues si bien es cierto que tradicionalmente se ha considerado que los derechos fundamentales sólo podían oponerse a los poderes públicos, las circunstancias históricas revelan que los Estados tienen la obligación de garantizarlos entre los particulares, por lo cual es necesario asumir que las conductas de los mercenarios violentan los derechos fundamentales de las personas, por lo que deben ser reguladas por el derecho, como es el caso de la presente convención.

El 30 de julio de 2008, en sesión de la Comisión Permanente de la LX Legislatura, los diputados Javier González Garza, Pablo Trejo Pérez y José Alfonso Suárez del Real Aguilera presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se solicita:

La Comisión de Relaciones Exteriores considera que tanto la proposición con punto de acuerdo presentada por los diputados Javier González Garza, Pablo Trejo Pérez y José Alfonso Suárez de Real Aguilera al pleno de la Comisión Permanente de la LX Legislatura como la formulada por la diputada Claudia Anaya Mota son complementarias.

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores fundamentan el dictamen en las siguientes

Consideraciones

Como culminación de nueve años de negociaciones, la Asamblea General de la ONU, el 4 de diciembre de 1989, aprobó sin votación la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios.

El presidente de la asamblea en ese periodo de sesiones, señor Joseph N. Garba, de Nigeria, observó que la aprobación de la convención simbolizaba "la voluntad política de la comunidad internacional, pese a las diferencias de proscribir de una vez por todas las actividades de estos mercenarios, que no sólo han contribuido a la desestabilización de los Estados afectados sino que también han saqueado pueblos y granjas en África, Latinoamérica y Asia".

El asunto fue examinado por primera vez en la Asamblea General en 1979, por iniciativa de Nigeria, después de la aprobación del protocolo de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 sobre el derecho humanitario en los conflictos armados, que quitó a los mercenarios toda condición de combatientes o prisioneros de guerra. No obstante, sus actividades todavía no eran consideradas ilegales según el derecho internacional.

En 1980, la asamblea estableció un comité especial para la redacción de una convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, formado por 35 miembros, que negoció el texto en ocho periodos de sesiones, celebrados entre 1981 y 1989, año en que presentó el proyecto de convención a la Sexta Comisión Jurídica de la asamblea para la negociación final y la transmisión a la asamblea para que ésta la aprobara.

La convención considera: "Los Estados parte en la presente convención [deben reafirmar] los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas… conscientes de que se utilizan, reclutan, financian y entrenan mercenarios para actividades que quebrantan principios de derecho internacional como los de la igualdad soberana, independencia política, integridad territorial de los Estados y libre determinación de los pueblos". Esos principios se consagran en la fracción X del artículo 89 de nuestro texto constitucional, como preceptos normativos de la política exterior de la nación mexicana:

La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Este instrumento jurídico internacional considera "mercenario" a las personas que hayan sido especialmente reclutadas, en el ámbito local o en el extranjero, para combatir en un conflicto armado, animado por el deseo de obtener un provecho personal, de una retribución material y que no sea miembro de las fuerzas armadas beligerantes. Asimismo, se considera "mercenario" a todas las personas reclutadas para participar en actos de violencia concertada para "derrocar a un gobierno o socavar… el orden constitucional de un Estado o su integridad territorial".

El artículo 5 de la convención establece: "Los Estados parte no reclutarán, utilizarán, financiarán ni entrenarán mercenarios con objeto de oponerse al legítimo ejercicio del derecho inalienable de los pueblos a la libre determinación reconocido por el derecho internacional y tomarán, de conformidad con el derecho internacional, las medidas apropiadas para prevenir el reclutamiento, la utilización, la financiación o el entrenamiento de mercenarios para tal objeto".

La resolución número A/RES/61/151, de fecha 14 de febrero de 2007, aprobada por la Asamblea General de la ONU, señala:

[Esta organización se encuentra] convencida de que cualquiera que sea la forma en que se utilicen o la que adopten para aparentar legitimidad, los mercenarios o las actividades relacionadas con ellos son una amenaza para la paz, la seguridad y la libre determinación de los pueblos y un obstáculo para el disfrute de todos los derechos humanos por los pueblos…. [por lo cual] reconoce que los conflictos armados, el terrorismo, el tráfico de armas y las operaciones encubiertas de terceras potencias, entre otras cosas, fomentan la demanda de mercenarios en el mercado mundial… [e] insta una vez más a todos los Estados a que tomen las medidas necesarias y ejerzan la máxima vigilancia contra la amenaza que entrañan las actividades de los mercenarios; y a que adopten medidas legislativas para asegurarse de que ni su territorio ni otros territorios bajo su control ni sus nacionales sean utilizados en el reclutamiento, la concentración, la financiación, el adiestramiento y el tránsito de mercenarios para planificar actividades encaminadas a obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, desestabilizar o derrocar al gobierno de ningún Estado o destruir o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de los Estados soberanos e independientes que actúan de conformidad con el derecho de los pueblos a la libre determinación…

Estamos ciertos, como señala el grupo de trabajo en su informe sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio de los pueblos a la libre determinación número A/HRC/7/7/Add.41, de que

La cesión del uso de la fuerza o la autoridad a actores no estatales [es] responsabilidad de los Estados en lo referente a la privatización de la seguridad como un bien público y un derecho humano. Al privatizar la seguridad se corre el peligro de quitar un servicio público a quienes no pueden pagarlo, vulnerando así los derechos de equidad, ya que el acceso de los más pobres se encuentra limitado. Asimismo, hay que tener en cuenta que los guardias y los vigilantes privados no defienden el interés y el bien común sino los intereses particulares de quienes los pagan y los contratan, convirtiendo así la seguridad en una mercancía.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Relaciones Exteriores somete a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se recomienda a la Secretaría de Relaciones Exteriores que inicie los procedimientos protocolarios para la adhesión del Estado mexicano a la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios y se solicita la respuesta a esta soberanía acerca de la información requerida por el grupo del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU al Estado mexicano en noviembre pasado.

La Comisión de Relaciones Exteriores

Diputados: Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), María del Carmen Izaguirre Francos (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica), José Luis Jaime Correa (rúbrica), Caritina Sáenz Vargas (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros, Héctor Agustín Murguía Lardizábal, Beatriz Paredes Rangel, Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Jesús Ramírez Rangel (rúbrica), Omar Rodríguez Cisneros, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza (rúbrica), Luis Éric Rubio Barthell, David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica), Norma Sánchez Romero, María del Pilar Torre Canales (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Raúl Domínguez Rex, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, Augusta Valentina Díaz de Rivera, Carlos Flores Rico (rúbrica), Martín García Avilés, Arturo García Portillo, Olivia Guillén Padilla (rúbrica), Ma. Dina Soto Herrera (rúbrica), Tereso Medina Ramírez (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A FORTALECER LA RED CONSULAR

A la Comisión de Relaciones Exteriores fue turnado para estudio y posterior elaboración de dictamen el punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a fortalecer la red de consulados, principalmente los que se encuentran en Estados Unidos y en Canadá, presentado por la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional (PAN).

La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica; y 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

El 15 de diciembre de 2009, la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo federal a fortalecer la red de consulados, principalmente los de Estados Unidos y de Canadá.

La diputada Reynoso Sánchez fundamenta su punto de acuerdo en que, en el marco de la política de austeridad, reducción y eficientización del aparato burocrático del gobierno federal, se tiene considerada la probable desaparición o eliminación de algunos consulados y oficinas de representación del país en el extranjero.

Por ello, la diputada Reynoso Sánchez considera prioritario fortalecer la red consular de México en Norteamérica, ya que su principal función es proteger y estar cerca de las necesidades de los migrantes y connacionales, además de que se trata de la región del mundo con mayor interés estratégico para el país.

Por esto, los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores fundamentan el dictamen en las siguientes

Consideraciones

La diplomacia es el instrumento a través del cual un Estado lleva a cabo su política exterior, que es la proyección, más allá de las fronteras, de los intereses nacionales de un Estado. La política exterior es el objetivo; y la diplomacia, el medio para alcanzar dicha proyección ante los ojos del mundo. Por tanto, la diplomacia es no sólo el conjunto de acciones emprendidas por los agentes diplomáticos sino el conjunto de acciones del jefe de Estado o de gobierno, de la cancillería y de todas las personas que dirigen la política exterior de un Estado. En México, la diplomacia es la primera línea en la defensa de la soberanía y de la promoción de los intereses.

El creciente dinamismo de las relaciones internacionales requiere una cada vez más mayor interacción entre los principales agentes del sistema global. Ello ha dado lugar a una mayor importancia en lo referente a la política exterior de todos los países.

México, tercer país del continente americano por su población, representa un punto de convergencia geográfica y de articulación entre Norteamérica y Latinoamérica. Si, en adición de esto, tomamos en cuenta un legado histórico particularmente rico, con justa razón debemos considerar que el país reúne muchos elementos para pretender ser un actor mayor –si no inevitable– de la diplomacia regional o mundial.

La representación del país en el extranjero, ya sea respecto a otros países o ante organismos internaciones, es de vital importancia para que México se mantenga en la escena mundial como uno de los principales actores.

El cierre de embajadas, de consulados y de representaciones pone en riesgo uno de los objetivos primordiales del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, "proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el exterior".

Las representaciones del país en el exterior están para auxiliar a los connacionales y vigilar que se respeten sus derechos humanos y laborales, independientemente de su situación migratoria.

Para realizar las labores de protección, los consulados parten de la documentación cuya función va desde la expedición de documentos de identidad y de viaje a los connacionales y visados o documentos adecuados a los extranjeros que deseen viajar a nuestro país hasta la función de Registro Civil y de notaría.

México cuenta con 57 consulados en Estados Unidos y en Canadá, con lo cual se convierte en la red consular más amplia. Éstos se sitúan principalmente en los estados fronterizos, donde se localizan las mayores comunidades mexicanas.

La política exterior es un instrumento para el desarrollo del país y la defensa de sus intereses. Por lo mismo, debe hacerse hincapié en la búsqueda y profundización de vínculos de tipo económico, político y de cooperación que puedan ofrecer las relaciones de México con las distintas regiones del mundo. Por eso se tiene que diseñar una política de diversificación de las relaciones con el exterior, aun con las limitaciones presupuestarias que podrían impedir este propósito.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Relaciones Exteriores somete a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de que, ante la probable desaparición o eliminación de consulados, embajadas y representaciones ante organismos internacionales, en el marco de la política de austeridad del gobierno federal, éstos queden exentos y, por el contrario, sean fortalecidos.

La Comisión de Relaciones Exteriores

Diputados: Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), María del Carmen Izaguirre Francos (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica), José Luis Jaime Correa (rúbrica), Caritina Sáenz Vargas (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros, Héctor Agustín Murguía Lardizábal (rúbrica), Beatriz Paredes Rangel, Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Jesús Ramírez Rangel (rúbrica), Omar Rodríguez Cisneros (rúbrica), Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza (rúbrica), Luis Éric Rubio Barthell (rúbrica), David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), María del Pilar Torre Canales (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Raúl Domínguez Rex, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera, Carlos Flores Rico (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Arturo García Portillo, Olivia Guillén Padilla (rúbrica), Ma. Dina Soto Herrera (rúbrica), Tereso Medina Ramírez (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD A CUMPLIR LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS ORGANISMOS ESTATALES DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a la Honorable Asamblea el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria de fecha 15 de octubre de 2009, el diputado Enrique Castillo Ruz integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Cámara una proposición con punto de acuerdo por la que se solicita:

II. Contenido

El promovente menciona que la juventud, además de los problemas estructurales de inequidad en el acceso educativo y la falta de oportunidades para su desarrollo laboral, tiene la característica de verse afectada en mayor medida por desesperanza, exclusión, desigualdad y pesimismo social originado por la realidad socioeconómica a la que se enfrenta.

Subraya, que de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la población joven en México es de 29.1 millones de personas, lo que representa el 27.3 por ciento de la población nacional, los jóvenes representan el 33.6 por ciento de la población económicamente activa. Asimismo existe un rezago educativo de 29.7 por ciento –es decir el porcentaje de jóvenes que no han concluido la enseñanza obligatoria–, una tasa de desempleo para jóvenes del 7.95 por ciento y las estadísticas judiciales muestran que 47 de cada 100 delitos son cometidos por jóvenes.

Por ello considera, que los gobiernos deben establecer prioridades sobre la ejecución de acciones que contribuyan a que los sectores más afectados por la situación socioeconómica –la juventud se incluye entre ellos– encuentren oportunidades para el desarrollo de sus capacidades y aptitudes, y además reciban apoyos que les permitan afrontar con éxito los rezagos y problemáticas propios de su condición.

Agrega, que dentro de la política de juventud, el gobierno federal cuenta con un organismo descentralizado denominado Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), cuyo propósito, de acuerdo con su ley de creación, es definir y aplicar una política nacional de juventud –para los habitantes de entre 12 y 29 años de edad– e incorporarlos plenamente al desarrollo del país, de manera enfática en cuanto a organización, salud, empleo y capacitación, prevención de adicciones, entre otras.

El autor de la proposición resalta, que una de las acciones más importantes del Imjuve, de acuerdo con sus políticas de operación, es fortalecer a los organismos estatales encargados de atender a la juventud, a través de la coordinación entre éstos y el instituto, por medio de convenios que celebren, en los que se impulsen acciones que permitan atender sus necesidades locales juveniles y se les otorguen recursos económicos federales con cargo al presupuesto del Imjuve.

De la misma forma, con el objetivo de implantar y fortalecer espacios de atención, prevención y formación dirigidos a la población juvenil, sustentados en la coordinación interinstitucional y en la participación de los tres niveles de gobierno, se asignan recursos a los organismos estatales encargados de atender a la juventud para la operación de los programas Espacio Poder Joven y Red Nacional de Programas Poder Joven en radio, por televisión y radio por Internet.

Indicando, que en el transcurso del presente año diversos organismos estatales encargados de atender a la juventud no han recibido las transferencias de recursos a las que el Imjuve está obligado, incluso el instituto y los organismos estatales han firmado convenios en los que se establece los montos a ministrar y la obligación de realizar las transferencias, aún así los estados no han podido ejercer estos recursos comprometidos, ya que el Imjuve ha cancelado su transferencia aduciendo a recortes presupuéstales.

Resaltando, que los estados de Quintana Roo, Guerrero, Yucatán y Veracruz, entre otros, han sufrido la falta de ministración de estos recursos presupuéstales, con lo que se ven drásticamente limitados en la realización de programas y acciones de beneficio para la juventud.

Asimismo, expone como ejemplo concreto, el caso de Yucatán, que desde junio del presente han firmado convenios la Secretaría de la Juventud del estado y el instituto, a través de su director de Coordinación Sectorial y Regional, a pesar de lo anterior, y de incluso haber comprometido la transferencia de los recursos para agosto, el Imjuve con una simple llamada telefónica ha cancelado dichas transferencias, con lo que incluso da incumplimiento a una de las cláusulas del convenio que establece que el aviso debe ser por escrito, con un mes de anticipación y que debe fundar la negativa a la ministración de los recursos comprometidos.

Enfatiza, que la problemática que da origen estas cancelaciones es que los recursos se encuentran comprometidos, puesto que los coordinadores de los programas Espacio Poder Joven, como los becarios del programa de radio ya realizaron el trabajo correspondiente a dichas trasmisiones, tal como lo marcan las Reglas de Operación del Imjuve.

Refiere también, que en el Presupuesto de 2009 se aprobaron para el Imjuve recursos por 243.4 millones de pesos, de los cuales sólo el 23 por ciento está destinado a los subsidios a las entidades federativas, en contraste más del 75 por ciento se encuentran asignados a servicios personales y generales. Cabe remarcar que los recursos destinados a los estados son para la operación y financiamiento de los programas del instituto, así como a acciones en materia cultural y de combate a las adicciones que llevan a cabo las instancias estatales de juventud.

Por lo anterior, el proponente considera necesario que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorte al Instituto Mexicano de la Juventud a realizar las transferencias de recursos a los organismos estatales de atención a la juventud, a fin de que puedan cumplir con los programas a los cuáles se encuentran comprometidos.

Asimismo, exhorta en su proposición a la Comisión de de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados, a efecto de que requiera al Instituto Mexicano de la Juventud la información que fundamente las cancelaciones de recursos presupuéstales a las entidades federativas, así como dar seguimiento al fortalecimiento de los organismos estatales encargados de atender a la juventud.

III. Consideraciones

1. Quienes suscribimos el presente dictamen, reconocemos que el papel de las y los jóvenes en el contexto nacional es de suma importancia, no solamente en su aspecto numérico, sino por el reto que representa para la sociedad garantizar la satisfacción de sus necesidades y demandas; así como el pleno desarrollo de sus potencialidades y capacidades particulares.

2. Que los integrantes de esta comisión dictaminadora, coincidimos con el promovente, al manifestar que los gobiernos deben establecer prioridades sobre la ejecución de acciones que contribuyan a que los sectores más afectados por la situación socioeconómica –la juventud se incluye entre ellos– encuentren oportunidades para el desarrollo de sus capacidades y aptitudes, y además reciban apoyos que les permitan afrontar con éxito los rezagos y problemáticas propios de su condición.

3. Que es atendible la preocupación del promovente, en el sentido de que la generación de políticas integrales para el desarrollo de la juventud debe ser una prioridad para las instancias gubernamentales y que los escasos recursos destinados a la materia, deben ser estrictamente distribuidos en razón a la correcta ejecución de los programas diseñados para tal fin. En el entendido de que la autoridad federal en materia de juventud realice con justo apego a su propia normativa, las transferencias de recursos presupuestales a los organismos estatales y que éstos puedan cumplir con la instrumentación de los programas establecidos, sin ineficiencias en el manejo de los recursos públicos.

4. Que resulta oportuna la propuesta planteada por el promovente, para que la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados requiera al Instituto Mexicano de la Juventud, la información que fundamente las cancelaciones de recursos presupuestales a las entidades federativas, así como dar seguimiento al fortalecimiento de los organismos estatales encargados de atender a la juventud.

5. Por otro lado, respecto a la proposición primera del punto de acuerdo que se dictamina, quienes suscribimos el presente dictamen, consideramos que es menester esperar los requerimientos que esta comisión dictaminadora realice al Instituto Mexicano de la Juventud, a efecto de estar en posibilidades de conocer las razones o motivos que le han impedido realizar las transferencias a las diferentes entidades de las que hace mención el proponente en su punto de acuerdo.

En consecuencia, y en virtud de lo señalado en los párrafos anteriores, esta comisión dictaminadora, arriba a la conclusión que lo procedente es reservar el dictamen de la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Martín Enrique Castillo Ruz, por considerar que está comisión debe asumir primeramente sus atribuciones políticas de control y fiscalización de las diferentes dependencias y entidades de la administración pública federal, y así contribuir a que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales.

Es con base en estas consideraciones, que los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 3, 44, 45, numeral 6, incisos E) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consideramos que es de aprobarse parcialmente y con modificaciones la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Martín Enrique Castillo Ruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Propio Congreso, requiere al Instituto Mexicano de la Juventud, la información que fundamente las cancelaciones de recursos presupuestales a las entidades federativas, así como dar seguimiento a los acuerdos institucionales que hayan suscrito con organismos estatales de la juventud sobre la transferencia de recursos económicos en la materia.

Salón de Sesiones de la Comisión de Juventud y Deporte, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dieciocho días del mes de marzo de dos mil diez.

La Comisión de Juventud y Deporte

Diputados: José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), presidente; Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Sandra Méndez Hernández, Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Juan José Cuevas García, César Daniel González Madruga, Sixto Alfonso Zetina Soto, Carlos Torres Piña (rúbrica), Juan Carlos Natale López, secretarios; Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Noé Martín Vázquez Pérez (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, Francisco Ramos Montaño, Rolando Bojórquez Gutiérrez (rúbrica), Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Martín Enrique Castillo Ruz (rúbrica), Laura Felicitas García Dávila (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes, Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón (rúbrica), Jesús Gerardo Cortés Mendoza (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo, Ilich Augusto Lozano Herrera, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Diego Guerrero Rubio.