La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados, LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la honorable Junta de Coordinación Política para que solicite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en ejercicio de la facultad de investigación que le confiere el artículo 97 constitucional para que conozca y resuelva respecto a la violación de garantías en el caso del multihomicidio de adolecentes y jóvenes en el fraccionamiento Villas Salvarcar en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, bajo los siguientes
Antecedentes
2. Fue escenario de batallas históricas, acogió al presidente Juárez durante la invasión francesa y fue paso de los héroes de la Revolución.
3. La ciudad ha venido sosteniendo un proceso de crecimiento de apenas 1.34 % anual en el quinquenio de 2000 – 2005 cuando en períodos anteriores era superior al 5 % anual.
4. El proceso de descomposición social que vive Juárez inició en la década de los noventa con los feminicidios de más de mil mujeres, pero que en 2009 alcanzó la escalofriante cifra de 400 mujeres y niñas asesinadas.
5. La falta de eficiencia gubernamental es pública y notoria, apenas en noviembre pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Mexicano por el homicidio de tres mujeres en la fronteriza Ciudad Juárez, pues se acreditó la impunidad fomentada desde las estructuras de gobierno tanto ejecutivo, legislativo y judicial en la localidad para prevenir y aclarar los homicidios de trabajadoras de los campos algodoneros.
6. El deterioro del tejido social es evidente, Juárez, a pesar de ser una ciudad militarizada es el resultado de un estado fallido y colofón de las guerritas de artificio.
7. Así, la espiral de violencia que se vive en la ciudad diluyó el argumento de que los homicidios que se suscitan en la ciudad son causa del combate a la delincuencia y del ajuste de cuentas entre grupos criminales, pues como en muchas veces de manera silenciosa cobró la vida inocentes, de 16 jóvenes casi niños en el fraccionamiento de Salvarcar, Ciudad Juárez, Chihuahua, que nada tenían que ver con la estrategia del sexenio.
8. Las recurrentes pifias del gobierno federal, ya sea para diagnosticar gastritis súbitas o buscar criminales en jóvenes estudiantes, han levantado la voz de la indignación social.
9. La ausencia del Estado para garantizar la seguridad y bienestar de la los juarenses debe encontrar en la sociedad el espíritu solidario que les devuelva la esperanza.
10. Asimismo, el Ejecutivo federal ha manifestado "la voluntad de seguir trabajando con los juarenses y contribuir con las autoridades de la región, a restaurar el orden y el estado de derecho". Sin embargo, las acciones implantadas convocan a una revisión de la política anticrimen que dice ejercer el gobierno en funciones y que sólo se ha limitado al envío de tropas del Ejército Mexicano.
11. Es necesario recomponer el camino, el artero homicidio de 16 jóvenes el pasado 30 de enero nos muestra el abandono y la falta de garantías para los habitantes de Ciudad Juárez, los accesos a la impartición de justicia están cancelados, así lo demuestra el horror de los feminicidios, de los secuestros y asesinatos de inocentes, la intervención de la Corte es indispensable para restablecer el orden constitucional, la paz y la justicia.
12. No habrá justicia si no se señala con claridad la permisión de las autoridades municipales, estatales y federales a ese clima de incertidumbre donde la población está secuestrada por el horror y el crimen, la petición de esta Asamblea es en solidaridad con nuestros hermanos de Juárez pero también en defensa de nuestra patria y la patria somos todos.
13. Las décadas de los noventa y la del nuevo siglo han sido testigos de la penosa transformación de un lugar de prosperidad a uno de desolación, impunidad y olvido.
14. Asimismo, se requiere una investigación sobre la permanente ola de violencia y la ausencia de autoridad para proteger la seguridad física y jurídica de los juarenses constituyendo graves violaciones a las garantías de tránsito, de acceso a la administración e impartición de justicia, de reunión, entre otras, en perjuicio de los habitantes de esa ciudad fronteriza, con la finalidad de que este máximo órgano de justicia del país brinde opinión para sancionar a los servidores públicos que ante su acción u omisión violentan los derechos de los habitantes así como las acciones para restablecer el orden constitucional en Ciudad Juárez.
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura, para que con base en párrafo segundo del artículo 97 constitucional solicite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ejercicio de la facultad de investigación respecto a las graves violaciones a las garantías individuales que padecen los habitantes de Ciudad Juárez.
Segundo. Se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura para que el exhorto que se realice a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea en los términos del párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución General y se investiguen los hechos que implican graves violaciones a las garantías constitucionales que llevaron al homicidio de 16 jóvenes el pasado 30 de enero, en el Fraccionamiento de Salvarcar en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Tercero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura para que exhorte a la Procuraduría General de la República para que atraiga las indagatorias que lleven al esclarecimiento y sanción a los responsables de los homicidios del 30 de enero pasado en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Cuarto. Se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura para que exhorte a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos disponga medidas cautelares urgentes a los sobrevivientes y familiares de las victimas de los jóvenes asesinados el 30 de enero pasado en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Palacio Legislativo, a 6 de abril de 2010.
Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA PRIMERA SALA DE LA SCJN A PONER DE MANERA EXPEDITA EN ESTADO
DE RESOLUCIÓN EL RECURSO DE APELACIÓN DE LAS CIUDADANAS TERESA
GONZÁLEZ CORNELIO Y ALBERTA ALCÁNTARA JUAN, RECLUIDAS EN
EL CERESO DE SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO, A CARGO DE LA DIPUTADA
LETICIA QUEZADA CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 76, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por medio del cual se exhorta respetuosamente a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a poner, de manera pronta y expedita, en estado de resolución el recurso de apelación contenido en el toca 71/2010 del índice del Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito, en contra de la sentencia condenatoria dictada en la causa penal 48/2006/IV, radicada en el juzgado cuarto de distrito en el estado de Querétaro; y, en consecuencia, se restituya su libertad a las ciudadanas Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, reconociendo su inocencia y su derecho a la reparación del daño ocasionado, en los términos que establece el derecho internacional público, al tenor de los siguientes
Antecedentes
26 de marzo de 2006
Seis elementos de la Agencia Federal de Investigación de la Procuraduría General de la República llegan sin identificarse y sin uniforme a un mercado en la comunidad de Mexquititlán, Querétaro. Su objetivo: decomisar mercancía en un supuesto operativo antipiratería. Son retenidos por los comerciantes quienes les exigieron reponer los destrozos ocasionados. Para tales efectos, las ciudadanas Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan les exigieron a los agentes que se identificaran.
3 de agosto de 2006
La Procuraduría General de la República ordena el arresto de Jacinta Francisco Maciel, Teresa y Alberta, acusándolas del secuestro de 6 agentes de la Agencia Federal de Investigación.
19 de diciembre de 2008
El juez de conocimiento condena de manera ilegal e injusta a Jacinta a 21 años de prisión y 2 mil días de salario mínimo de multa.
8 y 14 de enero de 2009
José Leónides Ortiz Castillo, abogado de Teresa y Alberta, expone a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos las diversas irregularidades y violaciones de derechos humanos existentes en el proceso judicial.
17 de julio de 2009
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos publica la recomendación 047/2009, haciendo constar violaciones de derechos humanos en perjuicio de las ciudadanas Teresa, Alberta y Jacinta.
En tal recomendación se determinó la violación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura.
3 de septiembre de 2009
La Procuraduría General de la República (PGR), en el contexto de una presión de carácter nacional e internacional, presenta conclusiones no acusatorias en el caso de la ciudadana Jacinta, reconociendo su inocencia en la causa penal injustamente abierta.
16 de septiembre de 2009
Jacinta Francisco Maciel es declarada inocente y es excarcelada del centro de readaptación social femenil de San José el Alto, Querétaro.
25 de noviembre de 2009
En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Procuraduría General de la República pide una condena de 40 años para las dos indígenas ñhä-ñhú, reiterando su oscura pretensión para sancionar a las ciudadanas referidas.
12 de febrero de 2010
Amnistía Internacional declara presas de conciencia a Teresa y Alberta, al igual que en su momento fue declarada Jacinta Francisco Maciel.
14 de febrero de 2010
Jazmín, hija de Teresa González Cornelio, cumple, tristemente, su primer año de vida dentro del centro de readaptación social femenil de San José el Alto, Querétaro.
19 de febrero de 2010
El juez Rodolfo Pedraza Longhi, cuarto de distrito en Querétaro, convalida las irregularidades existentes en la acusación de la PGR y condena a Teresa y Alberta a 21 años de prisión por encontrarlas "plenamente" responsables del secuestro de los agentes.
24 de febrero de 2010
Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio apelan la sentencia dictada por el juez cuarto de distrito en Querétaro.
Dado los antecedentes del caso y
Considerando
2. Que las ciudadanas Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan han sido víctimas de discriminación racial y violencia institucional.
3. Que las ciudadanas Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan han afrontado graves desigualdades en su causa penal y la violación a los principios de presunción de inocencia y de legalidad.
4. Que las ciudadanas han sido sentenciadas injustamente, con claros visos de desigualdad procesal.
5. Que su caso pone de manifiesto la aplicación de tipos penales para procesar a quienes tienen alguna participación en manifestaciones públicas.
6. Que las ciudadanas Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan han sido víctimas de discriminación proscrita por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas leyes y tratados firmados por el Estado mexicano.
Puntos de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Primero. Se exhorta respetuosamente a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a poner, de manera pronta y expedita, en estado de resolución el recurso de apelación contenido en el toca 71/2010 del índice del Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito, en contra de la sentencia condenatoria dictada en la causa penal 48/2006/IV, radicada en el juzgado cuarto de distrito en el estado de Querétaro; y, en consecuencia, se restituya su libertad personal a las ciudadanas Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, reconociendo su inocencia y su derecho a la reparación del daño ocasionado, en los términos que establece el derecho internacional público
Segundo. Publíquese la presente proposición con punto de acuerdo en dos diarios de circulación nacional para su mayor difusión y en la página de Internet de este órgano legislativo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2010
Diputada Leticia Quezada Contreras (rubrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
EXHORTAR A LA SCT A AGILIZAR LA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONVENIOS DE
REASIGNACIÓN CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A TOMAR LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA EVITAR SUBEJERCICIOS, A CARGO DEL DIPUTADO HUGO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRI
De conformidad con los dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados federales de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro, Melchor Sánchez de la Fuente, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez y Noé Fernando Garza Flores, a cargo del diputado Hugo Martínez González, someten a consideración de esta honorable soberanía punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a agilizar la suscripción de los convenios de reasignación con las entidades federativas y tomar las medidas necesarias para evitar subejercicios del gasto.
Exposición de Motivos
En el artículo decimoquinto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (PEF) de 2010 se definen los procedimientos a los cuales se deberán de someter todos los proyectos del Programa de Infraestructura Económica de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales del Ramo 9 que no cuenten con registro en la cartera de inversión del PEF. Como dicta este mismo artículo, las entidades federativas tienen hasta el último día de febrero para presentar a registro en la cartera de programas los proyectos de su entidad. Una vez registrados los proyectos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las entidades federativas podrán realizar los trámites conducentes para suscribir los convenios de reasignación correspondientes.
La suscripción de dichos convenios de reasignación se ha convertido en un gran problema para las entidades federativas. Usualmente el proceso de suscripción toma varios meses, lo que provoca que los proyectos de las entidades federativas queden rezagados o tengan que presentar subejercicios debido al poco tiempo con el que cuentan las entidades federativas para llevar a cabo y terminar los proyectos.
El principal problema que se presenta por retrasar la firma de los convenios son los subejercicios. Este ya es un problema presupuestal histórico para el país, en esta soberanía se han hecho diversos esfuerzos para evitar que estos se produzcan y que sean reasignados y destinados a fideicomisos los cuales no pueden ser auditados.
Como bien lo define la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los subejercicios son metas no cumplidas. En esta honorable soberanía se aprobó un Presupuesto de Egresos de la Federación, considerando las necesidades específicas de la nación. Estas necesidades deben de ser cubiertas o al menos subsanadas durante el período contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, esto con la finalidad de que los recursos destinados en el presupuesto federal cumplan con su objetivo original.
En esta soberanía se debe de buscar que el PEF elaborado sea cumplido en tiempo. El retraso que presenta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para suscribir los convenios de reasignación con las entidades federativas es un impedimento para lograr cumplir con dichos tiempos. Evidencia de esto, son los subejercicios que se presentaron en períodos anteriores.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentó su informe sobre los subejercicios presupuestarios del gobierno federal y los saldos por dependencia. En el informe correspondiente al tercer trimestre del 2009 se acumularon 3 mil 731.8 millones de pesos los cuales terminaron siendo reasignados a otros ramos o entidades.
En 2009, los subejercicios que se presentaron correspondieron principalmente a los ramos administrativos, ya que los ramos autónomos ejercieron su presupuesto conforme al calendario estipulado; esto pone en evidencia la falta de compromiso de los ramos administrativos para cumplir con el presupuesto aprobado por esta soberanía. Dentro de estos subejercicios sobresalen los correspondientes a comunicaciones y transportes, y aunque una parte fue subsanada, éstos ascendieron hasta 14 mil 125.9 millones de pesos. En salud, educación, medio ambiente y recursos naturales, energía, seguridad pública y desarrollo social también se presentaron subejercicios importantes, de los cuales una parte fue subsanada y el resto se reasignó a los fideicomisos ya mencionados.
Los subejercicios constituyen un problema fundamental, ya que provocan grandes rezagos para el desarrollo de la nación. Esta soberanía tiene la responsabilidad de buscar una solución a esta situación, toda vez que año con año se repiten estos subejercicios.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes presenta subejercicios de manera usual, incluso, esto se ha convertido en una constante, pues se han repetido en múltiples ocasiones. La ineficiencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para suscribir convenios de reasignación es evidente y su consecuencia es un importante retraso en el desarrollo de la infraestructura de la nación.
Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a agilizar el proceso de suscripción de los convenios de reasignaciones con las entidades federativas.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a tomar las medidas necesarias para que los recursos asignados se entreguen en tiempo y en forma, para lograr que se cumpla con las metas de los programas presupuestados y evitar que se continúen presentando subejercicios en el gasto presupuestario de 2010.
Palacio Legislativo de San Lazaro, a 6 de abril de 2010.
Diputados: Hugo Héctor
Martínez González (rúbrica), Rubén Moreira
Valdez (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Melchor
Sánchez de la Fuente (rúbrica), Miguel Ángel Riquelme
Solís (rúbrica), Héctor Fernández Aguirre (rúbrica),
Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez (rúbrica),
Noé Fernando Garza Flores (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE A LA FECHA NO HUBIEREN ADECUADO
SU MARCO LEGAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A REALIZAR LAS REFORMAS
NECESARIAS A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO SÉPTIMO
TRANSITORIO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE
FECHA 18 DE JUNIO DE 2008, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS OVANDO
PATRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal José Luis Ovando Patrón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a las entidades federativas, que a la fecha no hubiesen adecuado su marco legal en materia de seguridad pública, a realizar las reformas necesarias a fin de dar cumplimiento a lo mandatado en el artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, de fecha 18 de junio de 2008, con base en las siguientes
Consideraciones
Primera. México se ha constituido como un país rico en recursos materiales y humanos, y de gran trascendencia cultural en toda América Latina; sin embargo, ello no le ha hecho inmune de sufrir los estragos de la delincuencia en sus diferentes manifestaciones –común u organizada-, encontrando dicho mal social dentro del territorio mexicano, y consiguientemente, colocando en un estado de peligro la seguridad integral de sus habitantes, generándose un ambiente permeado de incertidumbre y desconfianza hacia las propias instituciones encargadas de la función de seguridad pública, sin dejar de lado el consecuente aparcamiento en la participación social, que el propio ambiente de inseguridad ha propiciado, con impacto negativo y directo al bienestar de las familias mexicanas.
Segunda. No ignorando lo anterior, el gobierno federal tuvo a bien sancionar las disposiciones planteadas conforme al proceso legislativo planteado en nuestra Carta Magna, aprobando la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 18 de junio de 2008, cuyo objeto fue encaminado a fortalecer las instituciones encargadas de la procuración de justicia y de la seguridad pública.
En el contenido del decreto antes citado, se reformaron "los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del Apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".1
En dicho decreto se estableció respecto del artículo 21 constitucional noveno párrafo que "la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala".
En tal sentido, y máxime que el artículo 124 de nuestra Constitución Federal establece que "las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados", es menester preponderante que los estados armonicen mediante sus facultades en el ámbito legislativo los ordenamientos legales correspondientes para que éstos homologuen su contenido con la reforma constitucional mencionada.
Así, tenemos que el artículo 73, fracción XXIII, otorga facultades expresas al Congreso de la Unión, "para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, así como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución".
Tercera. Es así como el Congreso de la Unión, en uso de sus facultades constitucionales, emitió la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2009, la cual tuvo como precedente el 2008 considerado violento, en el que se perpetraron 5 mil 300 asesinatos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.2
Cuarta. Dentro de la citada Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se contienen preceptos de gran envergadura,3 tales como lo enunciado en el artículo 6o. en donde se establece que "las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, su actuación se regirá, además, por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Deberán fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas en términos de ley".
Quinta. Para efectos de cumplir lo enunciado, al recurrir nuevamente a la ley en comento, su artículo séptimo en concordancia con el artículo 21 constitucional prescribe que las instituciones de seguridad pública de la federación, el Distrito Federal, deberán coordinarse para:
II. Formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias, en materia de seguridad pública;
III. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones, a través de las instancias previstas en esta ley;
IV. Proponer, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa Nacional de Seguridad Pública y demás instrumentos programáticos en la materia previstos en la Ley de Planeación;
V. Distribuir a los integrantes del sistema actividades específicas para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública;
VI. Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública;
VII. Regular los sistemas disciplinarios, así como de reconocimientos, estímulos y recompensas;
VIII. Determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización tecnológica de las instituciones de seguridad pública;
IX. Establecer y controlar bases de datos criminalísticos y de personal;
X. Realizar acciones y operativos conjuntos de las instituciones de seguridad pública;
XI. Participar en la protección y vigilancia de las Instalaciones Estratégicas del país en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables;
XII. Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública, a través de mecanismos eficaces;
XIII. Implementar mecanismos de evaluación en la aplicación de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública;
XIV. Fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores públicos, sus familias y dependientes, e instrumentar los complementarios a éstos; y
XV. Realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la seguridad pública.
b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.
c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.
d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública.
e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.
De la misma manera, se debe prever que en el cumplimiento del decreto materia del presente punto de acuerdo, no debe vulnerarse la soberanía de ninguna entidad estatal, bajo la premisa del artículo 71 de nuestra Constitución Federal que estipula "el derecho de iniciar leyes o decretos compete: […] III. A las legislaturas de los estados.
Octava. Igualmente, en lo tocante al Distrito Federal, que no representa un régimen de excepción respecto de los 31 estados, se desprende del artículo 122 constitucional que la Asamblea Legislativa cuenta con facultad expresa para atender materias relacionadas con la prevención del delito, la participación ciudadana y la administración pública local. Ello sin ser óbice la facultad del presidente de la República de iniciar leyes o decretos relativos al Gobierno del Distrito Federal.
Novena. Como puede apreciarse, es de gran relevancia contar con instrumentos jurídicos estatales que articulen, organicen y perfeccionen la tarea de seguridad pública para hacer efectivo el frente que se ha propuesto por parte del Estado mexicano en contra de la delincuencia, con base en el contenido de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008.
Décima. No debe perderse de vista que la expedición de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública inició su vigencia dentro de los términos signados en el artículo séptimo transitorio de tan importante reforma constitucional, el cual a la letra señala que "el Congreso de la Unión, a más tardar dentro de seis meses a partir de la publicación de este decreto, expedirá la ley que establezca el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las entidades federativas expedirán a más tardar en un año, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las leyes en esta materia".4
Undécima. Atendiendo también al sentido integral de la reforma constitucional, que es la base del asunto que nos concierne, tal acatamiento referido resulta necesario para el funcionamiento de facto de la reforma y las disposiciones reglamentarias que de ella emanen, por lo que se cumpliría con lo señalado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el artículo primero, el cual a la letra dice: "La presente ley […] tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en esta materia". Lo cual lógicamente obedece a la tarea jurídica de que en cada estado se de origen a un cuerpo normativo que permita la integración de principios inmersos y propios de los nuevos dispositivos constitucionales, ya que de otra manera no se respondería a las exigencias que en materia de seguridad pública requiere nuestro país en materia de prevención y combate del delito.
Prueba de la voluntad política de dar pie a la expedición de las legislaciones estatales dentro de los 31 estados y el propio Distrito Federal, el Ejecutivo federal remitió a la Cámara de Diputados, en fecha 23 de febrero de 2010, la iniciativa con proyecto de decreto por el que expide la "Ley del Sistema de Seguridad Pública del Distrito Federal", con base en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Con base en lo señalado, encontramos fundamento suficiente para establecer el cumplimiento a la brevedad posible, respecto de la expedición de las leyes en materia de seguridad pública por parte de las entidades federativas, a modo de cumplimentar el mandato constitucional que se desprende del artículo séptimo transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Único. Se exhorta a las entidades federativas, que a la fecha no hubiesen adecuado su marco legal en materia de seguridad pública, a realizar las reformas necesarias a fin de dar cumplimiento a lo mandatado en el artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, de fecha 18 de junio de 2008.
Notas
1. Diario Oficial de la Federación. "Decreto por
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos".
2. Diario Oficial de la Federación. "Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Pública". México, 2 de
enero de 2009.
3. Ídem. La Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública también establece las atribuciones del
Consejo Nacional de Seguridad Pública y establece la creación
de un Centro Nacional de Información.
4. Diario Oficial de la Federación. Decreto citado.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2010.
Diputado José Luis Ovando Patrón (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
AL SISMO QUE AFECTÓ A BAJA CALIFORNIA, A CARGO DEL DIPUTADO EDUARDO
LEDESMA ROMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Eduardo Ledesma Romo, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta con carácter de urgente y obvia resolución, proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La tarde del pasado domingo 4 de abril, un sismo de 7.2 grados en la escala de Richter sacudió el norte de Baja California, afectando las poblaciones de Tecate, Tijuana, Ensenada, Rosarito y particularmente la ciudad de Mexicali y sus alrededores. Hasta el momento se reportan 2 muertos y más de 100 heridos.
Entre los daños materiales sobresale la interrupción del suministro eléctrico por la caída de postes, se desataron 11 incendios y se presentaron daños estructurales severos en varias viviendas, edificios gubernamentales y en la infraestructura urbana. Las calles de Mexicali y las carreteras que comunican a esta ciudad con San Felipe y Tijuana sufrieron cuarteaduras.
Los servicios de energía eléctrica, agua potable y telefonía se suspendieron en la región. Los comercios cerraron y hubo caos vehicular por la interrupción del sistema de semáforos. Las clases del nivel básico, medio-superior y de la Universidad de Baja California fueron suspendidas.
La movilización de las autoridades locales fue inmediata. El gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, decretó estado de emergencia. El Consejo Municipal de Protección Civil se declaró en alerta amarilla y desde la tarde del domingo se encuentran en sesión permanente los funcionarios estatales y municipales. El Ejército aplicó el Plan DN-III-E.
Ante esta situación, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía se solidariza con la población afectada y exige una respuesta oportuna del Ejecutivo federal para que emita oportunamente la declaratoria de desastre natural en los municipios más afectados por el sismo.
Asimismo, solicitamos la liberación de recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el cual permitirá apoyar a través del fondo revolvente a la población afectada ante el desastre natural ocurrido.
Por lo expuesto, el legislador que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía, somete a consideración del pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, mediante la Secretaría de Gobernación, a emitir la declaratoria de desastre natural y a liberar oportunamente los recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender la contingencia en los municipios de Baja California afectados por el sismo ocurrido el 4 de abril.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 6 de abril de 2010.
Diputado Eduardo Ledesma Romo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EXPEDIR EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL
DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, A CARGO DEL DIPUTADO EDUARDO LEDESMA
ROMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
El suscrito, diputado Eduardo Ledesma Romo, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El 24 de julio de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que expide la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, y entró vigor noventa días después, de conformidad con lo dispuesto en el artículo primero transitorio de la propia ley.
Este importante ordenamiento jurídico, que vino a suplir a la anterior Ley de Pesca de 1992, fue producto de un intenso proceso nacional de consulta dirigido a los diferentes sectores involucrados con la actividad pesquera, y resultado del trabajo legislativo que inició durante la LIX Legislatura y que culminó en la siguiente.
Con la expedición de esta ley se incorpora el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, se establece la concurrencia y competencia de la federación, entidades federativas y municipios para el ejercicio de atribuciones en materia de pesca y acuacultura, se reconoce el derecho de preferencia para el acceso de los pueblos y las comunidades indígenas al aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros en los lugares que habitan, se regula la acuacultura y se reconoce que ésta y la pesca son asuntos de seguridad nacional y de prioridad para el desarrollo nacional, entre otras nuevas figuras jurídicas.
A pesar del gran reto que, en su momento, representó la aprobación y promulgación de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para garantizar, entre otros, el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros, es una realidad que muchas de sus disposiciones no han logrado a la fecha materializarse o alcanzado su cumplimiento, debido en gran medida a la falta de voluntad política del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y al incumplimiento de lo previsto en el artículo 89, fracción I, de la Constitución federal que dispone que es facultad y obligación del presidente de la República, "proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes que expida el Congreso de la Unión".
Es de llamar la atención que a casi tres años de haberse aprobado esta Ley por el Congreso de la Unión, no se haya expedido el Reglamento, en cumplimiento a lo dispuesto en su artículo sexto transitorio, que claramente mandata al presidente de la República para que dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor, expida la reglamentación correspondiente.
La reglamentación de una ley constituye una herramienta fundamental para la correcta interpretación y aplicación de ésta. La falta de expedición del Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, refleja un grave incumplimiento constitucional y legal, y un acto contrario al fomento de la cultura de la legalidad en el país.
Asimismo, esta falta de expedición del Reglamento no es cosa menor, a la luz de la importancia que representa el reto de lograr una pesca responsable en nuestro país.
La pesca responsable inicia sin duda con el cumplimiento responsable de las obligaciones de los funcionarios públicos encargados de regular, fomentar y administrar la actividad pesquera y acuícola. La cual debe ser atendida como una prioridad para el desarrollo nacional, dada su contribución al producto interno bruto, su aportación a la generación de empleos y alimentos, y por el importante papel que está llamada a desempeñar en el impulso a la cohesión territorial, económica y social.
La grave situación que se ha venido registrando en el sector pesquero de nuestro país, como lo expresamos en su oportunidad con motivo del embargo camaronero que el gobierno de Estados Unidos de América impuso a nuestro país, y que entrará en vigor el próximo día 20 de este mes de abril, a causa de la captura incidental de tortugas marinas por parte de embarcaciones pesqueras que no respetan la normatividad en la materia, refleja que a pesar de la modernización y actualización de la legislación pesquera en 2007, el nuevo marco jurídico ha sido insuficiente para fortalecer y reordenar la actividad pesquera.
El embargo camaronero, que sin duda alguna afectará la actividad económica de un amplio sector de la población que se dedica a la pesca, es un acto más que nos obliga a revisar de manera integral el funcionamiento de las dependencias e instituciones creadas para dar cumplimiento al marco jurídico que regula el aprovechamiento racional de nuestro recurso natural.
La evidente falta de coordinación en la materia que prevalece entre las dependencias de la Administración Pública Federal, particularmente la que corresponde en el ámbito de sus competencias, a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no permite sumar esfuerzos y hacer las sinergias que la situación actual reclama para promover de manera sustentable y exitosa, el sector pesquero nacional.
Aunado a lo anterior, existen evidencias claras que como país avanzamos cada día hacia el agotamiento de nuestros recursos naturales, como es el caso del deterioro de las pesquerías de nuestros litorales, y ello nos obliga como Poder Legislativo Federal a desempeñar con eficacia el papel que nos corresponde.
Aún cuando con fecha 19 de noviembre de 2009, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria ya emitió el dictamen final del proyecto de Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a la fecha no se ha expedido el Reglamento correspondiente.
En este sentido resulta preciso e impostergable exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal, que cumpla con el mandato de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a través de la expedición del Reglamento correspondiente, y que se garantice que las secretarias del ramo mejoren sus niveles de coordinación.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, para que en el ejercicio de sus facultades expida a la brevedad posible el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, debido a que ha transcurrido en exceso el plazo de seis meses a que se refiere dicho ordenamiento y como respuesta a la urgencia de promover el desarrollo sustentable del sector pesquero nacional.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, para que por conducto del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informe a esta soberanía, en un plazo de 30 días hábiles, las razones por las cuales no se ha publicado el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2007.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los seis días del mes de abril del año dos mil diez.
Diputado Eduardo Ledesma Romo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL EJECUTIVO FEDERAL A EMITIR EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PESCA
Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, A CARGO DE LA DIPUTADA GEORGINA TRUJILLO ZENTELLA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La que suscribe, Georgina Trujillo Zentella, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a emitir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
Exposición de Motivos
México ocupa el cuarto lugar mundial por su volumen de pesca, después de Perú, Estados Unidos y Chile, con alrededor de mil 550 toneladas al año. Sin embargo, si se compara la extracción de cada país con la extensión de sus litorales, tiene una capacidad litoral de casi 5 veces más que el primer lugar en extracción.
El sector pesquero nacional representa una oportunidad para superar los grandes retos económicos que aquejan al país, no sólo por la enorme riqueza que ofrecen los extensos litorales sino, también, por su potencialidad productiva, generadora de capitales y empleos permanentes.
Pese a ello, el sector vive un evidente retraso en su potencial económico, desarrollo y modernización, representado por el bajo nivel de productividad y los problemas sociales, que repercuten directamente en las comunidades pesqueras, en su mayoría inmersas en una situación de subsistencia, pues sus embarcaciones son obsoletas, carecen de capacitación técnica y apoyos económicos suficientes, además de requerir un ajuste equitativo de los precios de los combustibles y energéticos básicos para su operatividad.
Por tanto, para impulsar con eficacia el desarrollo regional y con ello potenciar la actividad pesquera en el país, se requiere una política de Estado para el sector pesquero nacional que proporcione elementos de coordinación entre los estados y los municipios.
Resulta necesario elaborar una regulación justa y eficaz que tenga como objetivo el manejo sustentable de los recursos pesqueros y solventar la falta de rentabilidad y eficiencia.
Como avance de lo anterior, el 19 de abril de 2007 se aprobó la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que implicó –entre otros aspectos– la descentralización de funciones y facultades en materia de pesca, permitiendo que los estados y los municipios administraran permisos de pesca y la rectoría de sus aguas dulces continentales, así como ejercer atribuciones de inspección y vigilancia, además de participar en la planeación y el ordenamiento de la actividad pesquera.
Sin embargo, aun cuando la ley establece reglas claras para que las autoridades de los tres niveles de gobierno colaboren en la administración eficaz del sector pesquero nacional, sentando las bases jurídicas para que los estados y los municipios se involucren directamente en la reglamentación local y la elaboración y firma de acuerdos con la federación, no ha habido cumplimiento estricto de lo dispuesto en su articulado.
El artículo sexto transitorio de la ley menciona que el Ejecutivo federal tendría que expedir el reglamento dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor.
Han pasado casi dos años desde que el reglamento debió ser expedido, plazo en que el Congreso ya ha exhortado al Ejecutivo federal para su expedición. Por no obtener respuesta, el reglamento publicado el 29 de septiembre de 1999 se encuentra vigente.
Por tanto, como no hay reglamentación que señale competencias y responsabilidades, se carece de instrumentos para la aplicación y observancia de las disposiciones legales, y se diluye el esfuerzo que significó la construcción de consensos para aprobar la ley.
Aunado a lo anterior, en el informe de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca que la Auditoría Superior de la Federación presentó en la Cuenta Pública de 2008 detectó apoyos improcedentes, regulaciones obsoletas y falta de inspección y vigilancia, sosteniendo que la comisión utiliza un manual de procedimientos obsoleto para expedir permisos de captura, lo que demuestra el desorden existente en la regulación del sector pesquero y confirma que no hay una política que permita la conservación y el aprovechamiento sustentables de los recursos marinos.
En mérito de lo expuesto, someto a su consideración el presente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a expedir y publicar de inmediato, en cumplimiento del artículo sexto transitorio de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, el reglamento de ésta y las demás disposiciones administrativas respectivas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2010.
Diputada Georgina Trujillo Zentella (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA CÁMARA DE DIPUTADOS EXPRESA SU SOLIDARIDAD Y CONDOLENCIAS POR
LA MUERTE DEL DISIDENTE CUBANO ORLANDO ZAPATA TAMAYO Y SOLICITA AL GOBIERNO
DE RAÚL CASTRO RUZ QUE CUMPLA LOS ACUERDOS QUE PACTÓ Y RATIFICÓ
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JESÚS
RAMÍREZ RANGEL Y ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El diputado Jesús Ramírez Rangel y la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados expresa su solidaridad y condolencias por la muerte del disidente cubano Orlando Zapata Tamayo y exhorta al Ejecutivo federal a solicitar, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al gobierno de Cuba el cumplimiento a los acuerdos pactados y ratificados por dicho gobierno en materia de derechos humanos, la búsqueda de vías institucionales para canalizar el conflicto entre el gobierno y los disidentes políticos y el respeto a la libertad y al estado de derecho.
El pasado martes 23 de febrero murió en Cuba el preso político, Orlando Zapata Tamayo, tras 85 días de huelga de hambre a los que se sometió protestando por los malos tratos y la tortura física que recibía en prisión. El fallecido formaba parte del grupo de los 75 disidentes condenados en la "primavera negra" de 2003, en un momento en que el régimen cubano dispuso una feroz represión contra líderes sociales, periodistas independientes y activistas de derechos humanos, a quienes el gobierno cubano encarceló y al cabo de juicios sumarios, cuyos trámites duraron menos de 72 horas, condenó a penas de hasta 28 años en prisión.
Zapata Tamayo estuvo recluido en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la ciudad de La Habana, después de haber sido detenido en la vía pública el 6 de diciembre de 2002, por agentes de la policía política cubana, acusado por el supuesto delito de desacato. Fue excarcelado el 7 de marzo de 2003, sólo para ser detenido nuevamente el día 20 del mismo mes en el barrio de El Vedado, donde participaba en un ayuno junto a Martha Beatriz Roque Cabello y cuatro personas más, a favor de Oscar Elías Biscet González y demás presos políticos. Cumplía su condena de 18 años en la penitenciaría de Guanajay en la provincia de La Habana, hasta que el 15 de enero de 2005 fue trasladado para la prisión Taco-Taco, en la provincia de Pinar del Río. En la prisión Kilo 8, en Camagüey, donde estaba últimamente, empezó una huelga de hambre el 2 de diciembre de 2009 para protestar por los agravios físicos a que son sometidos los acusados por disidencia en la República de Cuba, misma que acabó con su vida el pasado 23 de febrero de 2010.
La muerte de Orlando Zapata Tamayo –la primera vez en casi cuarenta años en que un activista cubano ha muerto a consecuencia de una huelga de hambre en protesta contra abusos del Gobierno– se ha interpretado como un serio retroceso de los derechos humanos en Cuba y ha dado lugar a una ola de protestas a nivel internacional, así como al inicio de huelgas de hambre por otros presos políticos y disidentes cubanos. Un caso especialmente alarmante es el estado en que se encuentra el periodista y psicólogo Guillermo Fariñas, cuya persistencia en la huelga de hambre para exigir la liberación de 23 presos en estado de salud delicado pudiera conducir a un fatal desenlace, similar al de Zapata.
Por otro lado, las Damas de Blanco, madres, esposas e hijas de aquellas personas que se encuentran injustamente encarceladas por ejercer su libertad de expresión marcharon la semana pasada para exigir la liberación de sus familiares. El maltrato sufrido por las Damas de Blanco, entre las que se encontraba Reyna Tamayo, madre del fallecido Orlando Zapata Tamayo, por parte de la policía cubana el reprimir su manifestación conmocionó también a la comunidad internacional al evidenciar el trato que reciben las mujeres de la isla al ejercer su derecho a la libre manifestación.
Zapata Tamayo era reconocido por organizaciones internacionales de derechos humanos, tales como Amnistía Internacional, como "un preso de conciencia", y su liberación había sido reclamada por diversas entidades privadas y oficiales preocupadas por el respeto a los derechos humanos en Cuba. La muerte de Zapata Tamayo reclamando libertad y un trato digno para los presos políticos y de conciencia, ha generado consternación en la comunidad de los activistas de derechos humanos en todo el mundo y en toda la comunidad internacional desde Human Rights Watch y Amnistía Internacional hasta el pronunciamiento de autoridades del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el gobierno de Canadá, el Parlamento Europeo y del presidente actual de la Unión Europea y España, José Luis Rodríguez Zapatero. Son relevantes también las muestras de solidaridad demostradas por algunos gobiernos latinoamericanos tales como Argentina, Uruguay, Chile y México.
El exhorto de la semana pasada del Senado mexicano para solicitar la liberación de todos los presos de conciencia en Cuba, fue vista por el embajador cubano Aguilera de la Paz como una clara intromisión de México en la política interior de Cuba y apuntó la manera en que esta injerencia puede afectar la relación entre los dos países.
Hoy, desde la Cámara de Diputados, respetando los principios básicos de autodeterminación y soberanía de los pueblos y reiterando el reconocimiento y afecto diplomático hacia el gobierno de Cuba, con todo respeto nos permitimos efectuar una crítica justa y una condena enérgica a la situación de las libertades y los derechos humanos que impera en la isla caribeña.
Considerando que los derechos humanos son universales e independientes al ordenamiento jurídico de cada país. Y que estos derechos están sustentados por acuerdos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966, y por lo tanto deben ser respetados en todo país que los haya suscrito.
Y, tomando en cuenta, que varios periodistas, disidentes pacíficos y defensores de derechos humanos cubanos han sido víctimas de la censura, la represión y el encarcelamiento por ejercer su libertad de expresión y pensamiento, la Cámara de Diputados propone la aprobación de un punto de acuerdo que exprese solidaridad frente al fallecimiento del huelguista Zapata Tamayo así como la solicitud de respeto a los derechos humanos de los cubanos y un trato digno a los prisioneros políticos.
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados expresa sus más sinceras condolencias por la muerte del disidente cubano Orlando Zapata Tamayo y expresa su solidaridad hacia los familiares del fallecido y el pueblo cubano.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores solicite al Gobierno del Presidente Raúl Castro Ruz, el cumplimiento a los tratados y convenios internacionales firmados y ratificados por el gobierno cubano en materia de derechos humanos. Esto con la intención de que las autoridades cubanas sujeten su accionar a los principios del derecho internacional y del respeto a las libertades fundamentales.
Tercero. La Cámara de Diputados emite también un exhorto al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores solicite al gobierno de Cuba el respeto al tratado internacional de la Convención para la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) firmado y ratificado por el gobierno de Fidel Castro para garantizar la libre manifestación pacífica de las mujeres cubanas.
Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicite al Gobierno del Presidente Raúl Castro Ruz, a buscar salidas institucionales a través del diálogo para resolver conflictos políticos. Y a su vez, condena el maltrato y el abuso físico contra presos políticos e invita al gobierno cubano a dar un trato humanitario a los presos políticos.
Pleno de la Cámara de Diputados, a 6 de abril de 2010.
Diputados: Alejandra Noemí Reynoso Sánchez,
Jesús Ramírez Rangel (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO DE VERACRUZ A REVOCAR LA PUBLICACIÓN DE LA
GACETA OFICIAL DONDE SE AUTORIZÓ EL CAMBIO DE USO DE SUELO QUE AFECTA
EL HUMEDAL EN LA ZONA DE TEMBLADERAS, QUE CONECTA VERACRUZ-BOCA DEL RÍO-MEDELLÍN,
A CARGO DE LA DIPUTADA SILVIA ISABEL MONGE VILLALOBOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
Silvia Isabel Monge Villalobos, por mi propio derecho, en mi calidad de diputada por Veracruz a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, de secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente propuesta con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Pido a la Presidencia de esta mesa que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Es por todos bien sabido que el agua es un recurso natural fundamental para la vida, salud y el desarrollo social, cultural y económico de los seres humanos. Los humedales juegan un papel fundamental en el ciclo del agua, además de ofrecer una gran cantidad de bienes y servicios ambientales; al ser hábitat propicio para el desarrollo de una enorme cantidad de flora y fauna silvestre, teniendo como una de sus principales funciones la protección contra tormentas y mitigación de crecidas.
En fechas pasadas, para ser preciso el 10 de marzo del presente año, a tan solo un mes, El diputado Julio Saldaña Morán, presentó punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades Municipales de Veracruz, a la Semarnat y a la Conagua a no autorizar los proyectos en el humedal de Tembladeras.
El día 31 de marzo del presente realicé una visita al humedal de Tembladeras, acompañada por diversos grupos ambientalistas y ciudadanía preocupada por el relleno que se está desarrollando ya, en el predio, y que desde hoy pido quede asentado en el Diario de los Debates, la amenaza latente y predecible de inundaciones en la zona, mismas que ya nos han dejado tristes momentos, aún sin construir en este humedal. En esta visita pude constatar que continúan los trabajos de urbanización en la zona.
Compañeros diputados y compañeras diputadas, quienes integran las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Recursos Hidráulicos, de Salud y las Especiales en materia de protección civil y cambio climático, a los mismos Ecologistas del Partido Verde y de todos los grupos parlamentarios, les conmino a sumarse a este punto de acuerdo, en el que, los únicos colores visibles, son los del entorno ambiental, los del respeto a la vida, los del cuidado de nuestros ecosistemas y los de la protección a la ciudadanía. Por tanto:
Exhorto al gobierno del estado de Veracruz, a revocar la publicación de la Gaceta Oficial extraordinaria con fecha 9 de noviembre de 2009, donde sin previo estudio se autorizó el cambio de uso de suelo de zona ecológica de preservación a urbano condicionado, a la zona de tembladeras y humedales de convergencia, los cuales se encuentran en los municipios de Boca del Río, Veracruz, Medellín y que conviven con los manglares del área natural protegida de Arroyo Moreno, bajo el argumento que son pastizales y potreros, siendo que, en la Gaceta Oficial del Estado, con fecha 19 de agosto de 2008 se marca como zona ecológica de preservación, y en el cual quedó fundamentado con estudios previamente realizados a consecuencia del desastre natural llamado Stan, mismo que ocurrió en el año 2005, del que se obtiene que, cerca de 4,000 hectáreas en su mayoría son humedales, tal y como lo marcan las normas oficiales de la Semarnat, cumpliendo con la definición internacional de humedal que a la letra dice: "humedal costero se basa en la integridad del ecosistema, que incluye la unidad fisiográfica inundable y de transición entre aguas continentales, marinas y la comunidad vegetal que se ubica en ellas, así como las regiones marinas de no más de 6 metros de profundidad en relación al nivel medio de la marea más baja…".
En vista de lo anterior, resulta oportuno destacar que, dentro de dicha zona se cuenta con pantanos dulceacuícolas de bosque (zapotales, anonas, tazistales)1 y con vegetación herbácea emergente (tulares, popales),2 misma vegetación que marca la definición internacional de humedal, agregando que se cuenta con colonias de mangles3 blanco, negro y rojo, especies que se encuentran dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 que incluye las especies nativas de México de flora y fauna silvestres, categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio y la lista de especies de riesgo. Asimismo la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, establece la especificación para la prevención, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zona de manglar. También la Ley General de Vida Silvestre en su artículo 60 ter; señala que: "Queda prohibida la remoción, relleno, transplante, poda, o cualquier actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia…".
Cabe agregar que aunado al daño ecológico que podría llegar a causar el uso urbano condicionado del área tembladeras y humedales vecinos, se teme que podría llegar a inundarse la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín, al tener éste, una de sus funciones principales la protección contra tormentas e inundaciones, al ser un vaso regulador que por el proceso hidrológico en época de lluvias donde sube la marea y el agua busca zonas bajas inundables, por lo que no queremos que pase lo que cada año sufren las familias de Tabasco.
Además este humedal, es una zona donde se puede aprovechar la extracción de agua dulce para uso y consumo de la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río y Medellín, que actualmente está padeciendo los estragos de falta del vital liquido en época de estiaje por el bajo caudal que presenta el río Jamapa.
Como integrante de este grupo parlamentario, estoy a favor del desarrollo urbano, modernización y generación de fuentes de empleos; siempre y cuando no se afecte la integridad del medio ambiente, y mucho menos se exponga a los vecinos de la zona conurbada Veracruz –Boca del Río– Medellín a sufrir cualquier tipo de devastación a causa de los desastres naturales, por lo tanto deseamos y debemos tener un desarrollo humano sustentable.
Concluyo compartiendo con ustedes la siguiente reflexión, es éticamente obligatoria la protección del medio ambiente, para garantizar que las presentes y futuras generaciones tengan la misma oportunidad de disfrutar de una vida plena.
El aspecto ambiental del desarrollo sustentable presupone reconocer que el crecimiento económico debe darse dentro de los límites naturales de regeneración de los ecosistemas, evitando la sobreexplotación de los recursos naturales, la degradación y contaminación de aire, agua y suelo. Sin una base de capital natural no se puede generar un crecimiento económico a largo plazo, ni tampoco mejorar la calidad de la vida.
Por tanto nuevamente exhorto a todos los grupos parlamentarios, no permitamos que suceda en Veracruz lo ocurrido tristemente en el estado de Tabasco, Valle de México, Monterrey y algunas otras ciudades del país, que por permitir asentamientos humanos en zona de humedales, ríos y lagunas han perdido patrimonio, estabilidad económica e incluso vidas.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorte al gobierno del estado de Veracruz a revocar la publicación de la Gaceta Oficial con fecha 9 de noviembre de 2009, donde se autorizó el cambio de uso de suelo, afectando el humedal en la zona de Tembladeras, que conurba a los municipios de Veracruz-Boca del Río-Medellín.
Segundo. Solicitamos a la Semarnat y a la Conagua que realicen el estudio de impacto ambiental y dictaminen a la brevedad a esta honorable Cámara de Diputados la procedencia o no de nuestra solicitud, así como el status que guarda el expediente de las autorizaciones de proyectos de Construcción en el predio Tembladeras.
Notas
1. Anona: Árbol tropical de la familia
de las anonáceas, de unos 4 metros de altura, de tronco ramoso,
corteza oscura, hojas grandes lanceoladas y flores de color blanco amarillento
y de mal olor.
2. Popales y tulares: Son enormes plantas similares
a pastos acuáticos como la caña de azúcar. Los tulares
se extienden a través de grandes áreas y proveen hábitat
a muchas especies animales. Otro ejemplo son zonas de árboles que
constituyen manchones de selvas medianas que están adaptadas a resistir
inundaciones temporales.
3. Manglares: Son áreas con plantas llamadas
mangle de largas raíces y troncos que se extienden desde por debajo
del nivel del agua hasta 1 o 2 metros por encima de ella; nacen en aguas
saladas poco profundas y producen hojas pequeñas y muy gruesas ya
que a través de ellas eliminan las sales que absorben del agua.
Existe mangle blanco, mangle rojo y mangle negro, dependiendo de la coloración
del tallo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2010.
Diputada Silvia Isabel Monge Villalobos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA PROHIBICIÓN DE LA VENTA DE ANTIBIÓTICOS SIN RECETA MÉDICA,
A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DEL ROSARIO BRINDIS ÁLVAREZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
La suscrita, diputada Rosario Brindis Álvarez, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición como de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
• Derivado de ello, en un comunicado fechado el 25 de marzo la secretaría plantea los siguientes razonamientos para la implantación de la medida:
a) La Organización Mundial de la Salud ha instado a cada uno de los países miembros a emprender una estrategia nacional para mejorar el uso de antibióticos y contener la resistencia bacteriana, sugiriendo diversas acciones educativas, regulatorias y de gestión.
b) La Ley General de Salud establece en su artículo 226, fracción IV que los antibióticos son medicamentos que requieren receta médica.
c) Que la epidemia de influenza A (H1N1) confirmó el peligro que representó la auto-prescripción con antibióticos en nuestro país, reflejo de que es un problema de salud pública que debe prevenirse y controlarse.
d) Que ante esta situación y en el marco de la campaña permanente de la Secretaría de Salud contra el virus de la influenza, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) presentó al Consejo Nacional de Salud un proyecto de acuerdo secretarial para vigilar que la venta de antibióticos se ajuste a lo dispuesto en la ley, el cual entraría en vigor una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación.
e) Que las autoridades sanitarias federales están consensuando con los secretarios de salud de las 32 entidades federativas y con las asociaciones de farmacias para definir los mecanismos de este proyecto, el cual pretende que la venta y dispensación de cualquier antibiótico en las farmacias, droguerías, boticas y almacenes del sector público y privado sea única y exclusivamente con la exhibición de la receta médica correspondiente, tal y como lo marca la normatividad vigente en la materia.
f) Que la Cofepris considera importante el uso racional de medicamentos, por lo cual los profesionales de la salud al emitir la receta determinarán la dosis y el tiempo que debe ser aplicado.
2. Sobre lo establecido en la Ley General de Salud en el artículo 226, que plantea los lineamientos para la venta y suministro al público de los medicamentos, en su fracción IV, debemos precisar que el texto plantea lo siguiente: "Los medicamentos que para adquirirse requieren receta médica, pero que pueden resurtirse tantas veces como lo indique el médico que prescriba". Asimismo, el marco normativo contempla otros casos para la venta de medicamentos en los siguientes términos: "Los medicamentos sin receta, autorizados para su venta exclusivamente en farmacias y los medicamentos que para adquirirse no requieren receta médica y que pueden expenderse en otros establecimientos que no sean farmacias".
Es claro que la epidemia de influenza evidenció los peligros de la automedicación, sin embargo debemos reconocer que la falta de información afecto incluso al gobierno federal al tomar medidas extremas que, a la luz de los hechos, probaron ser radicales y lejos de contribuir con apoyar a la población, la afecto gravemente, por ejemplo, en los ámbitos social y económico.
En este contexto, sería interesante que la Secretaría de Salud nos informe cual ha sido la respuesta de la ciudadanía a las campañas de vacunación, cuanto ha invertido en la compra de las vacunas y cuantas vacunas quedan disponibles.
Por otro lado, reconocemos la importancia de fortalecer la campaña permanente de la Secretaría de Salud en contra de la influenza, sin embargo insistimos en que la emergencia ha sido superada lo que permite un margen de maniobra necesario para implantar la medida referida cubriendo las inquietudes y necesidades de los diferentes actores.
El boletín de la Secretaría de Salud reconoce estar consensuando con las Secretarías de Salud de los estados y con las asociaciones de farmacias para "definir los mecanismos del proyecto" por lo que, en este sentido, es necesario establecer un tiempo de maduración para informar a la ciudadanía sobre estas medidas.
Coincidimos con la Cofepris en cuanto a la necesidad de establecer mecanismos que impulsen el uso racional de medicamentos, por lo cual los profesionales de la salud al emitir la receta determinen la dosis y el tiempo que debe ser aplicado, no obstante, este órgano desconcentrado no contempla, por ejemplo, si la obligatoriedad de asistir a consulta implicara costos adicionales a las familias, si se han tomado medidas puntuales para prevenir el mercado negro de antibióticos y de recetas, si la infraestructura médica del país será suficiente para cubrir el potencial aumento de la demanda de consultas médicas.
Sobre este último punto los legisladores nos mostramos con una gran preocupación después de consultar informe de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) que revela datos alarmantes, sobre todo si se quiere llevar a cabo un medida como la que se propone y ante el inminente vencimiento del plazo auto impuesto por el gobierno federal para alcanzar la presunta cobertura universal de salud.
Por ejemplo, el informe destaca que apenas en 60 por ciento de las unidades médicas existe la certeza sobre el personal, la infraestructura física y los medicamentos. Asimismo, se recalca que aunque el Seguro Popular es nacional, el 40 por ciento de los servicios, que ya cuentan con la certificación de calidad, se encuentran en sólo seis entidades, de las 11 mil 716 unidades médicas a donde pueden acudir los asegurados, se han acreditado tan sólo 7 mil 319. Además, se informa que este programa se redujo de 91 a 75 por ciento entre 2008 y 2009 y que esta disminución tiene que ver con el nivel de satisfacción de los usuarios con la atención que reciben, lo cual, sin duda, deber ser valorado.
Es por ello que me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud informe a esta soberanía, en un plazo no mayor de 10 días, las medidas de apoyo para la implantación de la venta de antibióticos únicamente con receta médica, en cuanto a campañas de información para explicar a la ciudadanía sobre sus implicaciones y si ello generará costos adicionales, sobre las acciones para evitar el mercado negro de antibióticos y recetas médicas, así como información puntual sobre si la infraestructura médica del país es suficiente ante el inminente incremento de la demanda de consultas médicas.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud posponer la entrada en vigor de la venta de antibióticos únicamente con receta hasta que esta soberanía no se haya pronunciado sobre el particular con base en la información que se recibirá por parte de la Secretaría de Salud.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos a los seis días del mes de abril de 2010.
Diputada Rosario Brindis Álvarez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE SE ELABORE UN PROGRAMA REGIONAL FRONTERIZO
PARA EL FOMENTO DE LA COHESIÓN SOCIAL EN LAS COMUNIDADES DE LA FRONTERA
NORTE, A CARGO DEL DIPUTADO EDUARDO LEDESMA ROMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PVEM
Eduardo Ledesma Romo, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente:
Exposición de Motivos
Este día es una fecha de fundamental importancia para la vida interior de nuestro país y su relación con los Estados Unidos de Norteamérica, al celebrase en nuestra ciudad capital la segunda reunión del grupo de alto nivel encargado del fortalecimiento de la cooperación México-Estados Unidos, en la lucha contra la delincuencia trasnacional organizada y el narcotráfico.
Se ha informado a la opinión pública, que en ese encuentro se revisarán los avances de la Iniciativa Mérida y las perspectivas de la cooperación bilateral para desarticular la capacidad de operación de las agrupaciones delictivas; apoyar el perfeccionamiento del marco jurídico sobre seguridad y justicia, y fortalecer las instituciones encargadas del combate a la delincuencia en ambos países.
Igualmente, se ha dicho que en esta ocasión también se hablará del respeto a los derechos humanos en la lucha contra el crimen organizado y el impulso de la cohesión social de las comunidades en ambos lados de la frontera común.
Por todo ello consideramos de fundamental importancia lo en este encuentro se analice y acuerde, tratándose de temas tan cruciales para el presente y el futuro de nuestra nación.
Es por ello que sin ninguna restricción o condicionante hacemos votos para que en este encuentro se valore correctamente la dimensión de los retos y desafíos a los que nos estamos enfrentando, y se diseñe la mejor ruta que en un esquema de cooperación binacional debamos de seguir para hacer valer el interés superior de nuestros pueblos.
En este sentido es que nos alienta y complace observar que en el objetivo de desarticular la capacidad de operación de las agrupaciones delictivas, se incluye explícitamente el reto de preservar el respeto a los derechos humanos y de promover el impulso de la cohesión social de las comunidades fronterizas, tal y como ya se ha planteado en esta tribuna por todas las fuerzas políticas aquí representadas.
Partimos de consensos fundamentales como el hacer valer el Estado de derecho y preservar las libertades públicas hoy amenazadas, el de combatir la pobreza y la desigualdad social crecientes, y generar condiciones adecuadas para reactivar el desarrollo económico sustentable y sostenible de nuestra economía.
Trabajar en estos consensos básicos es hoy un imperativo común para poder rendirle cuentas a la sociedad mexicana, que como sabemos hoy se encuentra más agobiada que nunca por el clima de inseguridad y violencia prevalecientes a lo largo y ancho de nuestro país, y muy particularmente por los hechos sangrientos que de manera dramática se registran en ciudades fronterizas como Ciudad Juárez.
Es la hora de la congruencia entre las fuerzas políticas, las instituciones del Estado Mexicano y los diversos sectores de nuestra sociedad. Es la hora de ser consecuentes con nuestras demandas y nuestras propuestas, para sumar esfuerzos en un objetivo común: garantizar la viabilidad histórica de nuestra nación. Es la hora de pasar de las palabras a las acciones.
Es por ello que consideramos pertinente expresar nuestro total apoyo a las medidas que dispongan en este segundo encuentro del Grupo de Alto Nivel encargado del fortalecimiento de la cooperación México-Estados Unidos, en la lucha contra la delincuencia trasnacional organizada y el narcotráfico, sobre la base de que serán incluidos temas relacionados con el respeto a los derechos humanos y el impulso de la cohesión social en las ciudades de la frontera norte de nuestro país.
Ya lo hemos dicho aquí, ante esta honorable tribuna, con motivo de la postura asumida por el ciudadano secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, que subrayó como grandes prioridades de nuestro país el impulso de la cohesión social y el acuerdo político, ambos en aras del interés nacional.
Lo dijimos y hoy lo reiteramos; ha llegado el momento de colocar en el centro de todo el esfuerzo gubernamental la tarea de promover la cohesión social, como condición indispensable para garantizar la viabilidad de nuestro país.
Hablamos de la cohesión social que de manera dramática se viene perdiendo en toda la nación, y muy particularmente en las ciudades fronterizas que se han sumergido en una profunda situación incertidumbre.
Estamos de acuerdo en que la lucha que hoy se libra en el territorio nacional no puede ser una lucha victoriosa si no cuenta con el respaldo social y toda la cooperación internacional, principalmente de los Estados Unidos, que es de donde proviene el dinero y las armas que generan el estado de cosas que hoy vivimos.
No queremos que nuestro ejército nacional se vea vulnerado en su imagen e integridad, por el establecimiento de estrategias de control territorial como lo son los retenes militares en carreteras, que provocan un alto rechazo social por el impacto y el daño que generan a la actividad económica. Y no se diga de las faltas a los derechos humanos, por la ausencia de preparación específica para tareas que no le son propias.
Es por ello que consideramos oportuno y necesario demandar específicamente en aras de proteger la imagen de Ejercito Nacional, la adquisición de la tecnología más adecuada para evitar los trastornos que generan los retenes militares instalados en el país, y muy particularmente la franja fronteriza.
Igualmente hacemos énfasis en la importancia de con un programa regional para la cohesión social en las comunidades de la frontera, con la participación de los tres órdenes de gobierno, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.
Se trata de atender la coyuntura actual con una visión de largo alcance, que nos permita incorporar el impulso de la cohesión social, en la relación de cooperación de nuestro país con la nación vecina de Norteamérica.
Es tiempo de pasar a los hechos, y demostrar que es posible una nueva práctica y una nueva relación entre México y los Estados Unidos. Tenemos una gran agenda de temas pendientes que resolver, que demandan de una nueva sensibilidad y una nueva visión de futuro.
Con base en lo expuesto y fundado, sometemos a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se acuerda solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, la elaboración de un programa de desarrollo regional fronterizo para el fomento de la cohesión social, con la participación de los tres órdenes de gobierno, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.
Segundo. Se acuerda promover las medidas necesarias para la adquisición de los equipos y herramientas de base tecnológica para la utilización en sistemas de revisión a unidades de transporte, por parte del Ejército Nacional, en el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada.
Tercero. Se acuerda instruir a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a promover y dar seguimiento a los resolutivos primero y segundo del presente acuerdo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 6 de abril de 2010.
Diputado Eduardo Ledesma Romo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
A REPONER EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA EXPEDICIÓN DEL DECRETO
DE EXTINCIÓN DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO
JIMÉNEZ LEÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El que suscribe, diputado Pedro Jiménez León, coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia, de conformidad al artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo a través de la cual se exhorta al titular de la administración pública federal a reponer el procedimiento relativo a la expedición del decreto de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En fecha próxima, el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región habrá de celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 3130/2009, promovido por Convergencia, mediante el cual el órgano jurisdiccional tendrá la oportunidad de analizar la inconstitucional del decreto de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, emitido por el Ejecutivo federal.
El juicio de amparo se presentó el día 10 de noviembre del 2009 y en el apartado correspondiente a conceptos de violación se acreditan infracciones a las garantías individuales que consagran los artículos 14, 16 y 26 relativas a las formalidades esenciales del procedimiento, de legalidad y de seguridad jurídica.
Las autoridades señaladas como responsables han rendido sus informes justificados y de ellos destaca el remitido por Georgina Kessel Martínez, secretaria de Energía, en representación del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual admitió ser cierto el acto reclamado y haber conculcado las garantías esenciales del procedimiento, ya que en el apartado denominado "procedimiento para la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro", asentó lo siguiente:
"Como ya se señaló, Luz y Fuerza del Centro se creó a través de un decreto del titular del Ejecutivo federal, con motivo de la reforma al artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. La creación de tal ente persiguió los fines establecidos en la iniciativa enviada por el Presidente de la República al Congreso General..."
De lo transcrito, se desprende la aceptación implícita de Felipe Calderón de no haber observado el procedimiento establecido en el último párrafo del artículo 15 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que a la letra dice: "En la extinción de los organismos deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su creación, debiendo la ley o decreto respectivo fijar la forma y términos de su extinción o liquidación", ya que del escrito remitido al juzgado se desprenden dos elementos fundamentales que confirman la violación al procedimiento seguido para extinguir a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro: el primero de ellos, se refiere a que éste se creó a través de un decreto del titular del Ejecutivo federal, "con motivo de la reforma al artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica" y el segundo, que para crear "tal ente", el entonces presidente de la república envió una "iniciativa", al Congreso General.
Sin necesidad de hacer mayor interpretación a lo escrito por la Secretaría de Energía, es claro que el procedimiento seguido para extinguir a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro mediante un decreto del Ejecutivo federal, fue erróneo, puesto que no fue mandato del Congreso, como si se hizo en el año de 1992, cuando se creó el organismo público descentralizado modificando previamente la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica.
En otra parte del informe justificado aludido, el propio Calderón corrobora las infracciones a los derechos de los trabajadores y de su organización sindical, vilmente lastimadas por su gobierno, al expresar lo siguiente: "De igual forma, del dictamen de la Cámara de Diputados se observa que la iniciativa objeto de análisis tiene gran importancia, ya que establece el procedimiento a través del cual, una vez concluida la liquidación de las empresas concesionarias, se seguirá proporcionando el servicio de energía eléctrica, preservando tanto los derechos de las agrupaciones obreras y de los trabajadores de dichas empresas, así como las fuentes de trabajo..."
Las declaraciones a las que hecho referencia, en la presente proposición, adquieren valor probatorio pleno en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable a la Ley de Amparo, y confirman la violación al último párrafo del artículo 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales como ya se ha explicado, pero corroboran también la infracción al artículo 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: "En la interpretación, reforma o derogación de las leyes se observarán los mismos trámites establecidos para su formación".
Por último, es importante señalar que ni el presidente de la república y ninguno de los secretarios de Estado demandados por Convergencia, tuvieron elementos para desvirtuar en el juicio de amparo, el argumento relativo a la violación del artículo 26 constitucional con la emisión y suscripción del decreto de extinción aludido, por cuanto a que el Plan Nacional de Desarrollo no consideró la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, ya que el fundamento constitucional es contundente: "habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal".
Este precepto constituye una garantía de seguridad jurídica para los mexicanos en el sentido de que el gobierno apegará su actuación a dicho plan, y por lo tanto, al no haber considerado el Plan Nacional de Desarrollo la extinción de Luz y Fuerza del Centro, es evidente que se lesionó dicha garantía en perjuicio de la sociedad.
Por las razones expuestas, y con el propósito de preservar y defender nuestro Estado de derecho, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la administración pública federal a reponer el procedimiento relativo a la expedición del decreto de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.
Dado en el recinto de la Cámara de Diputados, a 6 de abril de 2010.
Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS ESTATALES A IMPLANTAR PROCEDIMIENTOS
DE DIFUSIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS ALUMNOS Y DE LOS MAESTROS CON
RESULTADOS SOBRESALIENTES EN LA PRUEBA ENLACE EN CADA ESTADO, A CARGO DEL
DIPUTADO BALTAZAR MARTÍNEZ MONTEMAYOR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PAN
El suscrito, diputado federal de la LXI Legislatura, Baltazar Martínez Montemayor, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo.
La educación es uno de los elementos más importantes en la vida de una nación, pues con ella se favorece la formación integral de las personas y se les da las herramientas para obtener una mejor calidad de vida.
El nivel de educación de una nación se ve relacionada con su nivel de desarrollo. Por ello, en México, la educación es un derecho que tienen todos los ciudadanos y que está plasmado en la Constitución Política de nuestro país.
Asimismo, viendo la importancia de este tema, es muy loable constatar que el gobierno federal, en coordinación con los gobiernos estatales, están implantando varias acciones a fin de corregir la calidad en la educación en nuestro país y llegar a las comunidades más lejanas y olvidadas.
Y aunque se están llevando a cabo estas campañas para mejorar la educación, como evaluar a los profesores, hacer exámenes continuos a los alumnos, fomentar una sana competencia entre los estudiantes y utilizar las tecnologías para la enseñanza, etcétera, todavía faltan muchas cosas por hacer.
Una de ellas consiste en premiar y reconocer a los alumnos y maestros que obtengan, a nivel estatal y nacional, las mejores calificaciones en las pruebas "Enlace", que aplica la Secretaría de Educación Pública a todos los alumnos para medir el nivel de conocimientos y capacidad intelectual.
Por ejemplo, en mi pequeña ciudad, Cerralvo, Nuevo León, en la primaria general Licenciado Benito Juárez, cuya directora es la ciudadana Judith Magro Martínez, el alumno Jesús Daniel Molina González obtuvo la mejor puntuación municipal, estatal e incluso a nivel nacional y, desafortunadamente, nadie reconoció sus resultados.
Asimismo, en la misma primaria, la maestra Doranelia Rodríguez Talip consiguió en dos años consecutivos que sus grupos de quinto y sexto grados obtuvieran excelentes resultados, haciendo mención que el año pasado, su grupo obtuvo el promedio de 9.94; ocurrió lo mismo, nadie reconoció su logro.
Por lo que se me hace justo reconocer, a través de este punto de acuerdo, el esfuerzo, la dedicatoria y el trabajo de todos los alumnos, profesores y directores que, a pesar de encontrarse en una zona rural, han conseguido obtener e impartir una educación de muy alta calidad.
Todos sabemos que una de las formas para combatir la pobreza es brindándoles una mejor educación a los ciudadanos y, afortunadamente, cada día hay más maestros dispuestos a enseñar correctamente a sus alumnos, preparándolos para enfrentarse a este mundo tan competitivo.
Por lo expuesto, y viendo la importancia de este tema, solicito a ustedes, compañeros diputados, el apoyo para aprobar los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a las autoridades educativas estatales a fin de implantar mecanismos de difusión y reconocimiento de los alumnos y maestros con resultados sobresalientes en la prueba "Enlace" en cada uno de los estados.
Segundo. Se exhorta al secretario de Educación de Nuevo León a hacer un reconocimiento al alumno Jesús Daniel Molina González, a la maestra Doranelia Rodríguez Talip y a la directora Judith Magro Martínez, de la primaria general de Cerralvo, Licenciado Benito Juárez.
Salón de sesiones, a 6 de abril de 2010.
Diputado Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS POLICÍAS CIBERNÉTICAS A FORTALECER SU PERSONAL
E INFRAESTRUCTURA, ESTABLECER CONVENIOS DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN, UNIFICAR CRITERIOS E IMPLANTAR PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS
DE RIESGOS EN EL USO DE INTERNET, A CARGO DEL DIPUTADO AGUSTÍN CASTILLA
MARROQUÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, Agustín Castilla Marroquín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por los que se exhorta a las Policías Cibernéticas federal y locales a fortalecer su personal e infraestructura, establecer convenios de cooperación e intercambio de información, unificar criterios e implantar mecanismos de prevención de riesgos en el uso de Internet, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Una de las principales razones de la popularización y el éxito de Internet es el hecho de ser una red abierta, de fácil accesibilidad, compartida por millones de usuarios de todo el mundo, incluidos los países menos desarrollados, las cuales son operadas por instituciones públicas o privadas. Esta extraordinaria herramienta es hoy muy útil para la información, la investigación y el comercio; sin embargo, supone también un medio para la comisión de delitos.
A todos esos aspectos hay que agregar que los medios electrónicos, como Internet, también son una vía de reclutamiento, usada para ofrecer turismo sexual o pornografía infantil, y establecer contactos entre tratantes y víctimas, que en su mayoría son niños y adolescentes.
Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, la Policía Cibernética indica que hay más de 2 mil correos electrónicos de integrantes de diversos grupos delictivos que contienen pornografía infantil y que 10 por ciento la suministra.
La SSP federal informó que en 2007 más de 20 millones de usuarios accedían a Internet diariamente, de los que 9.5 millones son niños y adolescentes. De ellos, 43 por ciento lo hace desde la casa, 39 en café Internet, 19 en el trabajo y 11 en centro de estudios.
Los usuarios acceden a Internet sobre todo para las siguientes actividades: investigación, 67 por ciento; revisión de correo electrónico, 80; chat, 65; y mensajes instantáneos, 68.
El uso que los jóvenes dan a Internet varía: 1 de cada 3 busca información; 66 por ciento la utiliza como herramienta; 35, para el chat; 17, para jugar; y 13, para bajar música. De hecho se tiene conocimiento que 9 de cada 10 menores de entre 8 y 16 años han visto pornografía por Internet. Las personas de 12 a 17 años tienen el mayor porcentaje de consumo de pornografía.
La Policía Cibernética de la SSP tiene conocimiento que a un pedófilo toma sólo 10 minutos ganar la confianza del niño y obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor, y 15 días para establecer contacto con él.
La Policía Cibernética recuperó en 2007 a 104 niños, y detuvo a 67 delincuentes, pero advierte que esta actividad va en aumento.
E 2009 crecieron en 100 por ciento las denuncias por delitos contra menores en la red. Un año atrás, la Unidad de Delitos Cibernéticos de la SSP recibió 173 acusaciones; el saldo alcanzó 320 en 2009.
Derivado de sus investigaciones, cuando los niños y los adolescentes han establecido contacto con el probable agresor, éste los alcoholiza, droga, golpea o amenaza para realizar prácticas de prostitución.
La dependencia identificó 17 infracciones diferentes contra niños y adolescentes en la red. La pornografía infantil encabeza la lista. Y es que en los últimos tres años, el número de sitios mexicanos dedicados a ese acto ilícito aumentó en 40 por ciento, superando así 100 mil páginas electrónicas.
En la república operan diferentes Policías Cibernéticas: una federal, y nueve locales. Empero, preocupa que en su integración unas dependan de las procuradurías y otras de las dependencias de seguridad pública; es decir, unas son investigadoras y las otras preventivas, lo que deja al descubierto que no hay una unificación de criterios.
Es necesario que las autoridades encargadas en la investigación y de la prevención homologuen criterios, definan mecanismos de coordinación entre los entes federales y los estatales, y destinen mayores recursos humanos y de infraestructura e implanten mecanismos de prevención sobre el manejo de Internet entre los ciudadanos.
La Policía Cibernética del Distrito Federal ha indicado que la mayoría de los delitos cibernéticos es cometida desde los café Internet, pues no hay un registro de quién utiliza la computadora. La responsabilidad y ubicación del delincuente se diluyen fácilmente por esa circunstancia, por lo cual es necesario que los propietarios de tales espacios de acceso público a Internet colaboren con la autoridad mediante el registro de sus establecimientos y de las personas que utilizan computadoras.
En conclusión, la pornografía infantil no es cosa de juego sino una realidad cotidiana para cientos de miles de niños y de adolescentes. Se presenta diariamente y de forma renovada, pues se ha convertido en el enemigo número uno de Internet, en el peor virus de la humanidad y en la más cruda y nociva contaminación de la sociedad.
Por lo expuesto, presento para aprobación los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a las Policías Cibernéticas federal y locales a fortalecer su personal e infraestructura, y establecer convenios que faciliten la cooperación e intercambio recíproco de información.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a efecto de que, en coordinación con las dependencias locales que tengan a su cargo policías cibernéticas, las dote de mayores recursos, unifique criterios respecto a las funciones que realizan e implante mecanismos de prevención entre los ciudadanos respecto a los riesgos en el uso de Internet.
Tercero. Se exhorta a los gobiernos de los estados que no tienen policía cibernética a constituirlas con la mayor brevedad.
Cuarto. Se exhorta a las entidades federativas a realizar un registro de los café Internet que operan en sus demarcaciones.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2010.
Diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
AL HOMICIDIO DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DEL CONGRESO
DE GUERRERO, A CARGO DE LA DIPUTADA FLORENTINA ROSARIO MORALES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 20 de agosto de 2009 fue asesinado cobardemente el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero, diputado Armando Chavarría Barrera, acto que, a casi siete meses, sigue impune.
Desde el asesinato, la Procuraduría estatal ha dado varias versiones, desde las más inverosímiles, mencionando que se trató de un crimen pasional, hasta las más aberrantes, como decir que fue por vínculos con la delincuencia organizada. Todo esto ha generado inconformidad social, que crece ante la incompetencia para dar avances claros en la investigación. En el último informe, presentado ante la prensa el lunes 1 de marzo de 2010, no se dieron a conocer datos concretos o líneas de investigación y móviles definidos.
Cabe hacer notar la falta de profesionalismo ya que, sin fundamento científico, anunciaron en un primer momento que su principal pista en la línea de investigación eran unas colillas de cigarro, como si la Procuraría estatal contara con métodos de detección de huellas digitales o laboratorios para detectar a quién pertenece dicho ADN. Esto refleja que sus investigaciones son apoyadas en teorías de programas televisivos, más que en una investigación forense.
El Congreso de Guerrero ha solicitado en varias ocasiones la intervención de la PGR, por los magros resultados en las investigaciones. La propia Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 26 de agosto de 2009, aprobó de urgente resolución un punto de acuerdo para condenar el homicidio del diputado local Armando Chavarría y solicitar que la PGR atrajera las investigaciones, pero a la fecha el exhorto no a surtido efectos.
Derivado de las investigaciones, el gobierno del estado decidió destituir al procurador de Justicia, acto que entorpeció aún más el proceso de investigación, impidiendo que hasta la fecha, en uno de los estados más violentos del país, haya un titular de dicha institución encargada de ésta y muchas otras investigaciones.
¿Qué pasa?
¿Será acaso que el esclarecimiento de este homicidio no va a ser posible, como el de cientos de asesinatos que siguen impunes?
El hecho es que lo mencionado sigue oscureciendo el clima político en el estado y de ahí se generan muchas conjeturas.
Lo más grave es que si no hay un esclarecimiento, se siguen poniendo en riesgo la gobernabilidad y credibilidad del estado, ya que la renovación de la gubernatura va a estar marcada por la exigencia de justicia sin existir un clima de paz social si no se resuelve y se castiga a los culpables materiales e intelectuales del crimen.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con respeto de la división de poderes, exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero a enviar un informe detallado sobre los avances de la investigación del homicidio del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, diputado Armando Chavarría Barrera.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al procurador general de la República, licenciado Arturo Chávez Chávez, a ejercer su facultad de atracción en el caso del homicidio del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero, diputado Armando Chavarría Barrera.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2010.
Diputada Florentina Rosario Morales (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA POR
QUÉ SE OTORGARON AL PERSONAL ADSCRITO A LA RESIDENCIA OFICIAL DE
LOS PINOS DIVERSOS BONOS Y COMPENSACIONES, CLASIFICADOS COMO "OTRAS PRESTACIONES",
EN LOS EJERCICIOS DE 2008 Y 2009, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO ESCUDERO MORALES,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Pablo Escudero Morales, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudo ante el pleno de esta soberanía a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante la cual se exhorta al titular del Ejecutivo federal, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, para que informe a esta soberanía, el porqué se otorgo al personal que labora en la residencia oficial de Los Pinos, diversos bonos y compensaciones por la cantidad de cuatrocientos cincuenta y cuatro millones de pesos clasificados como "Otras Prestaciones", durante los ejercicios de 2008 y 2009, con base en los siguientes
Antecedentes
1. En el 2009, el presidente de la República, C. Felipe Calderón Hinojosa, pidió a todos los gobiernos del país y entidades de la administración pública federal, vivir con austeridad. "El Gobierno mexicano va a hacer un plan muy severo de austeridad, ya lo ha hecho este año, (pero) lo va a intensificar para el próximo año; incluso estaremos contemplando la probabilidad de hacer ajustes a la propia estructura del Gobierno" informó en uno de sus discursos.
2. El Presidente mencionó "Tengo la firme convicción de que quienes tenemos el privilegio y la responsabilidad de gobernar, debemos regir el quehacer gubernamental bajo estrictas reglas de austeridad y eficiencia, y así lo hemos hecho desde el principio de esta administración", puntualizó.
3. Fue publicada la información presupuestaria que aparece en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del 2008 y 2009 en la página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, disponible a la población.
4. Con fecha veintidós de febrero del presente año el suscrito requirió mediante oficio a la Presidencia de la República, la información relativa a los diversos bonos y compensaciones por la cantidad de cuatrocientos cincuenta y cuatro millones de pesos clasificados como "Otras Prestaciones" a favor de los servidores públicos que laboran en el despacho presidencial, durante los ejercicios de 2008 y 2009, solicitud de información que a la fecha no ha sido respondida.
Considerandos
Derivado del compromiso público realizado por el ciudadano presidente licenciado Felipe Calderón Hinojosa y de la información presupuestaria que aparece en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del 2008 y 2009 disponible en la página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es de llamar la atención que la Presidencia de la República, en medio de la peor crisis económica en la que se ha visto inmerso el país, registre en el Anexo IX relativo a las "Prestaciones que perciben los servidores públicos" específicamente los adscritos al despacho presidencial, del Informe presupuestal del año 2008, un gasto total anual en el rubro de "Otras Percepciones" de $191,898,834.45 (ciento noventa y un millones, ochocientos noventa y ocho mil, ochocientos treinta y cuatro pesos 45/100) que representan el 51.19% (cincuenta y uno punto diecinueve por ciento) del gasto total ejercido en las prestaciones que perciben los servidores públicos de la Presidencia de la República, sin explicación alguna de quiénes reciben este dinero y cuánto reciben en lo particular.
Por su parte en el informe presupuestal del año de 2009, en el Anexo VII "Prestaciones que perciben los servidores públicos" del Informe, encontramos bajo este mismo rubro de "Otras Percepciones", un gasto total anual de $262,156,466.40 (Doscientos sesenta y dos millones, ciento cincuenta y seis mil, cuatrocientos sesenta y seis pesos 40/100) que representan el 57.29% (cincuenta y siete punto veintinueve por ciento) del total erogado de sueldos y prestaciones de la Presidencia de la República en ese año.
Como diputado federal y con arreglo a la realidad económica social en que se encuentra inmerso el país y la necesidad de utilizar de una manera racional los recursos públicos considero que estos montos son muy elevados y desproporcionados con la realidad laboral mexicana, consideramos que son montos demasiado altos para ser bonos o compensaciones al personal de Los Pinos, montos que resultan una clara ofensa a la población, ya que al mismo tiempo, existe un gran rezago en materia presupuestal destinado a atender las problemáticas sociales de educación, desempleo o pobreza.
Es evidente que clasificar como "Otras Prestaciones" montos superiores a los cuatrocientos cincuenta y cuatro millones de pesos entre el 2008 y 2009, no es solo una clara ofensa a la población mexicana, sino que se atenta contra el principio de transparencia y rendición de cuentas.
Aunado a lo anterior, el Ejecutivo federal de forma dolosa oculta esta información en su página de Internet, en una clara violación de los principios de transparencia y rendición de cuentas.
Consideramos de forma tajante que la Presidencia de la República no puede ni debe darse este lujo, la Presidencia debe corregir de inmediato su página de Internet e informar de forma desglosada en qué consisten estas "Prestaciones, Compensaciones o Bonos", a quiénes se les dieron y cuánto recibió cada uno de ellos, además de explicar su justificación y bajo qué criterios se aplicaron, y por qué se opto por repartir estos más de cuatrocientos cincuenta y cuatro millones de pesos en total en el 2008 y 2009 entre el personal de la Presidencia.
A efecto de desglosar lo anteriormente expuesto, la presente
tabla permite observar cómo fueron repartidos los más de
cuatrocientos cincuenta y cuatro millones de pesos durante los ejercicios
de 2008 y 2009:
Esta soberanía debe conocer de forma puntual ¿En qué consiste la partida clasificada como "Otras Prestaciones"?
A la Cámara de Diputados como órgano de investigación se le debe informar ¿quiénes recibieron estos bonos o compensaciones y cuánto recibió cada uno? Toda vez que durante 2008 se repartieron $191,898,834.45 (ciento noventa y un millones, ochocientos noventa y ocho mil, ochocientos treinta y cuatro pesos 45/100) en prestaciones de la partida clasificada como "Otras Prestaciones".
El Ejecutivo federal deberá informar a esta soberanía por qué se repartió este dinero a pesar de existir un sobregiro en el presupuesto de Los Pinos por más de $371,000,000.00 (trescientos setenta y un millones de pesos) en 2008.
Asimismo, durante el ejercicio presupuestal de 2009 se repartieron $262,156,466.40 (doscientos sesenta y dos millones, ciento cincuenta y seis mil, cuatrocientos sesenta y seis pesos 40/100) en prestaciones de la partida clasificada como "Otras Prestaciones" a los servidores públicos que laboran en la residencia oficial de Los Pinos, con motivo de ello, el Ejecutivo federal deberá informar ¿quiénes recibieron estos bonos o compensaciones y cuánto recibió cada uno?
Así como informar a esta Cámara de Diputados por qué se repartió este dinero a pesar de existir un sobregiro en el presupuesto de Los Pinos por más de $665,000,000.00 (seiscientos sesenta y cinco millones de pesos) en el año de 2009.
Por lo anteriormente expuesto, con base en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Sea votada a favor la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por los motivos expuestos en el cuerpo de la misma, por lo que deberá ser aprobado en el pleno de esta Cámara de Diputados sin turno a Comisión.
Segundo. Se exhorte al titular del Ejecutivo federal, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, para que informe a esta soberanía, el porqué se otorgo al personal que labora en la residencia oficial de Los Pinos, diversos bonos y compensaciones por la cantidad de cuatrocientos cincuenta y cuatro millones de pesos clasificados como "Otras Prestaciones", durante los ejercicios de 2008 y 2009.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 6 de abril de 2010.
Diputado Pablo Escudero Morales (rúbrica)
La suscrita, María Isabel Pérez Santos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 1, inciso e), y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica; y 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Energía, con opinión de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, a efecto de que sea emitido con la mayor brevedad el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, presentada en esta soberanía por la suscrita y por el diputado Salvador Manzur Díaz.
Antecedentes
El pasado 27 de octubre, la suscrita, María Isabel Pérez Santos, y el diputado Salvador Manzur Díaz presentaron ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que fue turnada, para análisis y discusión, a la Comisión de Energía.
Dicha iniciativa da cuenta de manera puntual del grave problema, ahora generalizado, relacionado con el incremento de las tarifas de energía eléctrica doméstica por la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las cuales afectan la actividad económica de los habitantes de la región serrana de Zongolica y de todo Veracruz.
El tema del incremento de tarifas eléctricas ha sido un asunto recurrente en la Cámara de Diputados desde hace varias legislaturas, en las cuales se han presentado numerosas propuestas con el objetivo de resolver dicha problemática.
En los recorridos que en mi carácter de representante popular he realizado por los municipios que forman mi distrito he recibido diversas peticiones de las autoridades correspondientes: solicitan mi intervención ante las dependencias del gobierno federal encargadas del ramo a efecto de transmitir la inconformidad derivada de esta situación, en virtud de la afectación que provoca en la economía de las familias de la región serrana de Zongolica, cuya actividad primordial está relacionada con las labores del campo.
Me he permitido sustentar mi solicitud con la presentación de los recibos de tarifas de energía eléctrica, proporcionados por habitantes indígenas de mi región, cuyos ingresos oscilan entre 40 y 50 pesos diarios, que comparativamente con los altos cobros de energía, que fluctúan entre 2 mil y 4 mil pesos por bimestre, representan una severa desigualdad, principal motivo de mi intervención en esta tribuna.
En años anteriores, durante la visita que la doctora Georgina Kessel, secretaria de Energía del gobierno federal, realizó al estado, estableció el compromiso de que en un breve plazo Veracruz sería beneficiado con la reducción de tarifas eléctricas.
Sería oportuno conocer cuál es la idea que la doctora Kessel tiene acerca del concepto breve.
Compañeras y compañeros integrantes de las Comisiones de Energía, de Hacienda y Crédito público, y de Economía: apelo a su alta sensibilidad para que, con diligencia y responsabilidad, sean analizadas en esos órganos legislativos las propuestas en la materia.
Háganlo en beneficio de los miles de veracruzanos que confían en su palabra.
Por lo expuesto y fundado, solicito respetuosamente al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que, en términos de ley, formule la siguiente
Excitativa
Único. Se excita a las Comisión de Energía, con opinión de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, a emitir con la mayor brevedad el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, presentada ante esta soberanía el 27 de octubre de 2009 por la suscrita y el diputado Salvador Manzur Díaz.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2010.
Diputada María Isabel Pérez Santos (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO, A SOLICITUD DEL DIPUTADO SAMUEL HERRERA
CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Samuel Herrera Chávez, diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 1, inciso e), y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva excite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que dictamine la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona el artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.
Consideraciones
México necesita contar con un medio de ahorro sencillo que proteja el patrimonio de la población contra la inflación y las devaluaciones. Y también, a nivel macroeconómico, necesitamos una moneda que nos fortalezca en el plano internacional.
Durante la LX legislatura, específicamente el 29 de noviembre de 2007, se presentó la iniciativa de ley con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, para convertir a la onza de plata "Libertad" en dinero para la población.
Cabe mencionar que esta moneda circularía en paralelo al actual peso y sin sustituir al presente sistema monetario. Este proyecto pretende utilizar la moneda de plata como un complemento al sistema fiduciario, pues la moneda de metal precioso tradicionalmente representa una opción muy apreciada por la población para conservar parte del ahorro.
México es reconocido por su moneda de plata desde hace siglos y el Banco de México ha acuñado diversos "pesos con plata" desde su creación en 1925, hasta la fecha.
En nuestra historia moderna, es recurrente el esfuerzo
político por volver a utilizar plata en nuestra moneda.
Las monedas con plata salieron de circulación cuando, debido a inflación y devaluaciones, el precio de la plata superó al valor que tenían grabado. En ese momento dejaron de acuñarse, pues resultaba incosteable y las que circulaban dejaron de utilizarse como dinero. Se fundieron, ya que el público prefirió venderlas a un precio superior como metal.
En la onza de plata "Libertad", Su valor en pesos, no es grabado, gracias a ello, su valor se ajusta al alza de acuerdo con la inflación, devaluación o incremento del precio del metal. Su acuñación siempre resulta costeable y permanece indefinidamente en circulación, sin fundirse.
Mediante una sencilla modificación a la Ley Monetaria, se propone dotar a la onza de plata "libertad" de las características necesarias para convertirla en dinero, en adición a los billetes y monedas que actualmente utilizamos, con las siguientes condicionantes:
2. Que su cotización se incremente conforme suba el precio de la plata, pero conserve la última establecida, en caso de que baje el precio del metal.
3. Que su cotización se redondee a múltiplos de cinco pesos para mayor facilidad en su manejo, y se publique todos los días en el Diario Oficial de la Federación.
4. Que se autorice como medio oficial de pago por el equivalente a su cotización en pesos.
Sería aceptada como dinero en el comercio debido a que ahora su valor de curso legal, no disminuye, igual que en pesos y billetes.
Se conservaría para propósitos de ahorro con un valor totalmente líquido en pesos, y sin que se cobrara descuento a su tenedor.
Incrementaría su valor en pesos conforme a la inflación, devaluación o incremento del precio de la plata, y éste permanecería estable incluso si baja el precio de la plata.
La onza "Libertad" podría incrementar su valor al subir el precio de la plata, pero conservar el último establecido, en caso de que baje.
Esto tiene como fin convertirla en dinero en igualdad a los pesos actuales, que por definición, no bajan de valor en pesos. Nadie pierde cuando baja el precio de la plata, y esta no reporta pérdidas fiscales.
Durante 25 años el Banco de México acuñó
esta moneda que contenía 12 gramos de plata. Durante ese lapso,
el precio de la plata tuvo variaciones significativas, sin que estas originaran
pérdidas o la devolución de la moneda por parte del público,
pues su valor de curso legal no disminuía, mismo atributo que se
propone para la onza "Libertad". El peso de 0.720 se dejó de acuñar
en 1945 debido a que su valor en plata superó el de 1peso.
Actualmente la iniciativa de referencia se analiza en la Comisión de Hacienda, razón por la cual considero se debe lograr su aprobación durante la actual legislatura.
La moneda de plata es una inversión sencilla que no requiere de conocimientos especializados en finanzas. Representa una excelente alternativa de ahorro para el 70% de la población que no tiene acceso a los bancos.
Somos el primer productor mundial de plata, y por ahora rematamos este valioso recurso nacional al extranjero, a precios de regalo. La mayor demanda de plata para utilizarse como dinero en México, elevaría su precio, en beneficio de la industria minera. Habría mayores ingresos y mayor desarrollo económico para los estados del país que dependen de esta actividad.
La moneda de plata es un símbolo nacional que unifica y trasciende divisiones de grupos y partidos. Es una medida que satisface tanto a los partidarios del nacionalismo, como a los defensores del mercado. Fomenta la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes e instituciones.
Por lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados:
Único. Formule excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para que presente el dictamen correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto de fecha 29 de noviembre de 2007, que adiciona el artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2010.
Diputado Samuel Herrera Chávez (rúbrica)