La suscrita, María de Jesús Aguirre Maldonado, diputada federal por Nuevo León e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta honorable Cámara proposición con punto de acuerdo de conformidad con los motivos que a continuación se exponen:
La LIX Legislatura de la Cámara de Diputados demostró su gran compromiso con la niñez mexicana al instalar, en abril de 2004, la Comisión Especial para la Niñez, Adolescencia y Familias. El objetivo de esta comisión era muy claro, tal como se señaló en el punto de acuerdo que la creó: "garantizar la transversalidad de la legislación federal en función del reconocimiento de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, y lograr la protección, prevención, promoción y participación de sus derechos".
En el marco de los trabajos de la comisión, presidida por la legisladora Angélica de la Peña Gómez, y en la cual me siento muy orgullosa de haber colaborado como secretaria de la mesa directiva, se participó emitiendo opiniones importantes en iniciativas y puntos de acuerdo relacionados con este tema. Se realizaron diversas actividades, reuniones y acciones en pro de la niñez, la adolescencia y las familias mexicanas.
A partir de una agenda sólida basada en los temas más importantes para la protección de los derechos de la infancia, se trabajaron de manera seria, constante y comprometida asuntos como el combate contra la explotación sexual infantil, lográndose incluso una reforma histórica al Título Octavo del Código Penal Federal, los derechos de la infancia indígena, el tratamiento de los menores de edad infractores, los derechos de las niñas, el tráfico de infantes, la salud de las niñas, niños y adolescentes, las acciones necesarias para mejorar la calidad de vida de las familias, entre otros.
Con el apoyo de expertas y expertos en los diferentes temas que involucran a la infancia, así como con organismos internacionales como el UNICEF y nacionales como el Sistema DIF, además de legisladoras y legisladores de todos los grupos parlamentarios, se realizaron foros y actividades que derivaron en propuestas de ley y puntos de acuerdo, enfocados a fortalecer el marco jurídico mexicano de protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y familias.
Pese a lo que se ha avanzado, aún sigue siendo mayor la tarea pendiente y la deuda que tenemos con la infancia y con las familias en México. Ahora que somos legisladoras y legisladores, tenemos la oportunidad inmejorable de trabajar para lograr avances en el reconocimiento y garantía plena de los derechos humanos de todas y todos, en especial de ese sector de la población menor de 18 años que, según datos del Inegi para 2006, representa alrededor de 38 por ciento de los más de 103 millones de mexicanas y de mexicanos; esto es, tutelar y salvaguardar los derechos de aproximadamente 39 millones de niños y adolescentes.
Una de las herramientas óptimas para realizar, coordinar y organizar estos trabajos es, sin duda, contar nuevamente con una comisión especial en la materia, sin perder de vista que, con un sentido elemental de justicia, debe de trabajarse porque ésta se consolide como una comisión ordinaria.
La comisión especial, cuya creación les propongo hoy, será no sólo heredera de la importante labor realizada por la comisión de la LIX Legislatura, sino innovadora, dinámica, propositiva y encauzadora de la labor de ésta LXI Legislatura en materia de infancia, adolescencia y familias. Esta nueva comisión coadyuvará en la incorporación de los derechos humanos de la infancia al marco normativo mexicano, realizará actos de promoción de éstos, servirá de enlace entre especialistas en la materia y la Cámara de Diputados, emitirá opiniones acerca de las iniciativas que se presenten sobre temas que atañen a la infancia, la adolescencia y las familias, sensibilizará a las diputadas y los diputados al respecto e impulsará la presentación de iniciativas de ley que fortalezcan el marco jurídico mexicano aplicable a la personas menores de edad y las familias. Adicionalmente, será un foro permanente en el que se aborden y discutan estos temas, entre los cuales destacan, por su importancia y urgencia, la trata de niñas y niños y todas las formas de explotación sexual, la agilización de los trámites de adopción –tema que, dicho sea de paso, debe posicionarse en la agenda nacional, como lo han señalado ya diversas voces, desde el gobierno hasta organizaciones de la sociedad civil–, el trabajo infantil, la infancia indígena, el acceso a la salud y a la educación, el seguimiento a las observaciones que el Comité de la Convención sobre los Derechos del Niño ha realizado a México, y de la propia Convención y su protocolo facultativo. Lo anterior me lleva a recordar que el 20 de noviembre de este año se cumple el vigésimo aniversario de la adopción de esta convención, la cual fue ratificada por México en 1990, entrando en vigor al año siguiente, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En este sentido, es importante cuestionamos, qué cuentas está rindiendo hoy México tras 18 años de vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño en el territorio nacional. Es claro que ha habido avances, pero que aún no podemos responder como país en materia de cumplimiento pleno de las disposiciones de ésta.
El artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señala que el Pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico. Asimismo, de acuerdo con la normatividad que rige esta Cámara de Diputados, corresponde a la Junta de Coordinación Política dar los pasos necesarios para la creación de una comisión especial. En razón de lo anterior, ahora que estamos inaugurando esta LXI Legislatura, presento esta propuesta de creación de la Comisión Especial para la Niñez, Adolescencia y Familias y agradezco de antemano su disposición a trabajar juntas y juntos por mejorar las condiciones de vida y fortalecer los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes de México.
Puntos de Acuerdo
Primero. Se crea la comisión especial para la niñez, adolescencia y familias.
Segundo. La comisión especial estará conformada por 20 integrantes, que serán elegidas y elegidos con los criterios de pluralidad y proporcionalidad.
Tercero. La comisión especial existirá durante la LXI Legislatura, en tanto se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para constituirse en comisión ordinaria.
Cuarto. La comisión especial deberá rendir de manera periódica un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2009.
Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, A NORMEX SC, Y AL
COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN NACIONAL PARA BEBIDAS
ALCOHÓLICAS A SEGUIR PERMITIENDO Y EL USO DE LA PALABRA "AGAVE",
A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO JIMÉNEZ MERINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El que suscribe, diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo fundada en los siguientes antecedentes y consideraciones.
Antecedentes
Empresas ciento por ciento mexicanas dedicadas a la producción de destilados de agave han advertido de prácticas de competencia desleal en su contra, con el fin de desacreditar sus productos y prohibirles el uso del término "agave".
Estas empresas, en muchos casos, debido a las condiciones ambientales, son la única posibilidad productiva en algunas regiones áridas y semiáridas. El agave, en sus diferentes especies y tipos, es una planta de muy bajo requerimiento de humedad, adaptada a suelos pobres.
Esta campaña golpearía sensiblemente a este sector productivo, que representa una oportunidad de agronegocios exitosos, para los productores del campo mexicano de casi todo el país, especialmente en los 12 estados de la república que cuentan las condiciones para el cultivo y producción de agave: Puebla, Oaxaca, Morelos, Tamaulipas, Guerrero, Zacatecas, Aguascalientes, Durango, Veracruz, Hidalgo, Aguascalientes y Michoacán.
Como representantes populares, es nuestra responsabilidad promover la inversión lícita de todas las fuentes existentes, pero es nuestro deber proteger la planta productiva nacional, el desarrollo de la agricultura mexicana e impulsar oportunidades para los campesinos que, a través de los agronegocios, generen empleos y riqueza.
Para este propósito, es urgente defender los intereses y derechos legítimos de todos los productores de destilados de agave, que han cumplido con cada una de las normas establecidas por las autoridades, así como pedir que se convoque a la figura jurídica competente, para establecer una norma específica que proteja a consumidores y productores, y evite que sean víctima de competencia desleal.
Consideraciones
La industria productora de los destilados de agave es un gremio formal que, aun sin contar con el beneficio de una norma que permita su certificación, se apega a normas emergentes y a las normas oficiales mexicanas, demostrando con ello su total acuerdo con su regulación.
Los destilados de agave han cumplido con las especificaciones y criterios establecidos por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, la Norma Oficial Mexicana 142-SSA1-1995 Bienes y Servicios Bebidas Alcohólicas, Especificaciones Sanitarias, Etiquetado Sanitario y Comercial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 1997; sin embargo, en el contexto de la competencia desleal, se ha emprendido una campaña para que se les prohíba utilizar el término "agave".
La industria de los destilados de agave es una realidad de desarrollo para el campo mexicano, pues genera ingresos y empleos para este importante sector, por lo que es urgente protegerla.
Sumado a las especificaciones técnicas debemos destacar que cualquier bebida producida o destilada a partir de agave es propiamente dicho un destilado de agave. Este es el nombre de la planta, un tesoro genético, derivado de su clasificación botánica.
En ningún momento existe confusión o dolo o mala fe en la utilización del término, por lo que no hay razones técnicas, históricas, jurídicas o comerciales, para modificar la denominación, ya que los destilados de agave son ciento por ciento de agave.
En mérito de lo expuesto y fundado, solicito atentamente la aprobación de los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía, a Normex, SC, y al Comité Técnico de Normalización Nacional para Bebidas Alcohólicas NBAL-02, a que se siga permitiendo y no se impida el uso de la palabra o término "agave" en los destilados, licores y elíxires provenientes de este cultivo, en beneficio del campo mexicano, sobre todo de aquellos campesinos y productores que viven de este noble cultivo.
Segundo. Se convoca a estas autoridades a crear la figura jurídica competente, para que se emita una norma que determine las especificaciones físico-químicas, la información comercial y los métodos de prueba a que deban someterse los destilados de agave, para asegurar su naturaleza y calidad, en beneficio de la salud del consumidor.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2009.
Diputado Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE LA SHCP Y EL INEGI REASIGNEN RECURSOS ECONÓMICOS EN LAS PARTIDAS
PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS LAUDOS EMITIDOS
POR EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, A CARGO DEL DIPUTADO
DAVID HERNÁNDEZ PÉREZ Y SUSCRITA POR DIVERSOS INTEGRANTES
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los que suscriben integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, pertenecientes a la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 58 fracciones I, II y III, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo
Consideraciones
El siguiente asunto, es conocido por todos nosotros, se trata de la problemática y violación de derechos que viven miles de trabajadores y ex trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El 26 de octubre del 2004, la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución presentado por el diputado Pedro Ávila Nevares, por medio del cual solicita la creación de 2,300 plazas de base para ser ocupadas por los trabajadores despedidos por el ex titular del INEGI.
La Cámara de Diputados en atención a esta problemática ha solicitado a las partes informes de la situación actual de este conflicto entre el INEGI y los trabajadores que integran la Coalición Nacional de Trabajadores del INEGI.
El doctor Gilberto Calvillo Vives, ex presidente del INEGI, remitió en su momento a la Cámara de Diputados informes que difieren con la situación real que se vive en el INEGI con los trabajadores en conflicto, retrasando las tarea parlamentarias para considerar los recursos económicos que dieran suficiencia presupuestaria a fin de resolver el conflicto en comento.
Es nuestro deber realizar los trámites y acciones necesarias para llevar justicia a este grupo de trabajadores.
Es inconcebible que un grupo de trabajadores que ha luchado 7 años por su reinstalación y el pago de sus prestaciones, se encuentren amenazados o encarcelados.
Ya que por disposición expresa del artículo 11 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, se observa claramente que los ex trabajadores del INEGI tienen derecho al reconocimiento de su calidad de trabajadores de base y su reinstalación.
Primeramente tienen derecho a que se les reconozca como trabajadores de base en atención a lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que dispone: Los trabajadores se dividen en dos grupos de confianza y de base y al no haber demostrado el INEGI que los trabajadores fueran de confianza, entonces les corresponde el derecho a que se les reconozca como de base, tal y como ha establecido el Octavo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito para el caso de los ex trabajadores de los estados de Chihuahua y Durango en el que se ha condenado al INEGI a reconocer a los trabajadores su categoría de base.
En segundo lugar los trabajadores tienen derecho a que se les reconozca como trabajadores de base y a su reinstalación, porque el INEGI no ha demostrado dentro de juicio la naturaleza de la contratación, es decir no demostró cuales fueron las causas que le impulsaron a realizar contrataciones por tiempo determinado o por tiempo fijo y tampoco demostró la culminación de los trabajos para los cuales fueron contratados los trabajadores, lo anterior encuentra su fundamento en los siguientes artículos de La Ley Federal de Trabajo:
Artículo 37: El señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los casos siguientes
I. Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar;
II. Cuando tenga por objeto substituir temporalmente a otro trabajador; y
III. En los demás casos previstos por dicha ley.
Artículo 39: Si vencido el término que se hubiese fijado subsiste la materia de trabajo, la relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia.
El INEGI no demostró la naturaleza de la contratación y por esta razón fue condenado en los juicios números 835/98 y 547/98 que se tramitan ante la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en cuyos laudos se estableció que el INEGI no había demostrado la naturaleza de la contratación y por lo tanto se le condenó a otorgar a los trabajadores sus nombramientos con carácter definitivo y el reconocimiento de su antigüedad, sin que hasta este momento el INEGI haya cumplido con el laudo del primer expediente mencionado, ya que esto implicaría reinstalar a los trabajadores.
Los trabajadores adscritos al INEGI no contaron con nombramiento o contrato alguno de los años 1992 a 1998, por lo que se entiende que la relación laboral entre ellos y el instituto es por tiempo indeterminado, por otra parte los programas donde esos trabajadores laboraban continúan vigentes y esta soberanía año con año ha aportado los recursos suficientes para la continuidad de dichos programas, por lo que la materia de trabajo subsiste y no existe razón alguna para el despido de los trabajadores, el titular de dicho instituto ha argumentado disminución de recursos difiriendo según los datos que el propio instituto ha enterado al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, por el contrario el instituto incrementó el número de trabajadores contratados del año 2000 a la fecha.
Por otra parte nada impide que estos trabajadores puedan ser contratados en los diversos programas que realiza el instituto, como lo son los censos, ya que los trabajadores se encuentran capacitados para la realización de éstos y porque el instituto cada año contrata trabajadores eventuales para tales fines dándoles capacitación y sin que requieran de estudios especiales para ello, es por eso que podría otorgárseles su reinstalación para que desempeñen sus labores dentro del Procede y una vez concluido éste en los diversos programas que implementa el instituto y claro debiendo acreditar los trabajadores que son aptos para el desempeño de los trabajos encomendados.
Es de nuestro conocimiento que en la administración del ex titular del instituto se destinaron millones de pesos para el pago de finiquitos de diversos ex trabajadores mediante acuerdos conciliatorios, causa extrañeza que existiendo de por medio diversos laudos no se les dé total cumplimiento.
Les informo que la gran mayoría de los trabajadores que fueron liquidados por el ex titular del INEGI y que desistieron de sus demandas laborales contra este instituto fueron contratados nuevamente por el INEGI para realizar las mismas actividades y dentro del mismo programa donde se desempeñaban.
Es claro que no se puede erogar cantidad alguna que no esté contemplado en el Presupuesto de Egresos, por lo que las liquidaciones que el instituto entregó en los años 2002, 2003 y 2004 son ilegales, tal es el caso de la propia Auditoría Superior de la Federación, la cual determinó que estas liquidaciones de trabajadores causan un daño patrimonial al instituto.
Es importante destacar que con base en la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el titular del INEGI, no puede ganarle a los trabajadores un solo juicio, ya que éste no demuestra la naturaleza de la contratación de los mismos, no demuestra que la obra para la que fueron contratados los trabajadores concluyó, y si la Cámara de Diputados le ha entregado año con año los recursos suficientes para continuar con cada uno de los programas donde estos trabajadores se desempeñaban no existe, pues, razón alguna ni justificación para que el titular del INEGI haya ganado un juicio en contra de los trabajadores.
Es momento de hacer justicia a los trabajadores del INEGI y dar cumplimiento cabal a las resoluciones dictadas por los órganos impartidores de justicia.
Es la hora del estado de derecho.
Es la hora de los trabajadores.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De obvia y urgente resolución
Primero. Para que tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) reasigne recursos económicos suficientes en las partidas presupuestales correspondientes para dar cumplimiento cabal a los laudos números 835/98, 547/98, 886/99, 1376/2000, 3431/2001 y 4009/2001 emitidos por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en los que condenó al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) al otorgamiento sea de contrato por tiempo indefinido o nombramientos de base, así como al pago de diversas prestaciones laborales.
Segundo. Para que asignen recursos económicos suficientes para permitirle al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) de estar en posibilidades económicas para llegar a acuerdos conciliatorios con los más de 1,800 trabajadores en todo el país que demandaron al INEGI por diversas prestaciones laborales y despidos injustificados, mismos que conforman la Coalición Nacional de Trabajadores del INEGI.
Palacio Legislativo a 23 de septiembre de 2009.
Diputados: David Hernández
Pérez, Arturo Jiménez, Raafel Yerena Zambrano, José
Trinidad Padilla López, Ana Estela Durán Rico, Clara Gómez
Caro, Jorge López Portillo Basave, Olivia Guillén Padilla,
Salvador Caro Cabrera, Joel González Díaz, María Esther
Scherman Leaño (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA
DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA EN EL PAÍS Y RELACIONADA CON LAS ACCIONES
LLEVADAS A CABO POR EL GOBIERNO FEDERAL EN DETRIMENTO DE LA AGROINDUSTRIA
AZUCARERA, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS FÉLIX RODRÍGUEZ SOSA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Luis Félix Rodríguez Sosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, incisos a), b), c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La agroindustria de la caña de azúcar es una actividad de alto impacto social por el valor de su producción y por el empleo que genera en el campo mexicano; que el azúcar como producto es un bien de consumo necesario por su alto contenido energético; y que las actividades que comprende, desde la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización, son de interés público.
La producción promedio es de actualmente 4.9 millones de toneladas de azúcar con la molienda de 42.5 millones de toneladas de caña. Esta actividad representa el 11.6 por ciento del valor del sector primario, y el 2.5 por ciento del producto interno bruto manufacturero, generando más de 450 mil empleos directos, y beneficios directos a más de 2.2 millones de personas.
El cultivo de la caña representa 745 mil hectáreas, de las cuales 663 mil abastecen a 54 ingenios de 15 estados cañeros. Es, por tanto, una actividad de alto impacto en 227 municipios, donde habitan 12 millones de mexicanos.
La agroindustria azucarera sigue manteniéndose como un referente en lo que se refiere al sector agrario nacional, producto del esfuerzo de toda la cadena productiva que va desde los abastecedores de caña hasta los industriales que fabrican el endulzante para llevarlo listo a los supermercados y las demás industrias que lo usan como insumo.
En nuestro país no ha sido nada fácil esta situación, lo que llevó al cierre de 3 ingenios para este año al pasar de 57 ingenios que operaron el ciclo anterior a tan solo 54 ingenios; sin embargo, los que nos encontramos inmiscuidos en esta agroindustria hemos dado nuestro mayor esfuerzo en aras de mejorar nuestra producción de caña de azúcar, a pesar de las adversidades climatológicas y de las condiciones económicas.
Para este año los resultados a nivel nacional han sido difíciles; los productores de caña nos hemos enfrentado a los altos precios a niveles que nunca habían estado, por mencionar algunos ejemplos, de las semillas, fertilizantes, refacciones y de los combustibles que usamos en esta actividad.
Producto de esta falta de apoyos se han reflejado en una disminución en varios de nuestros indicadores. Según datos de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, y del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, la superficie sembrada destinada a la producción de azúcar que para este ciclo alcanzó una extensión de 663 mil 57 hectáreas (20 mil menos que la zafra pasada); nuestro rendimiento por hectárea también cayó en 6 toneladas al situarse en 64.12 toneladas por hectárea, lo cual trajo consigo una disminución en la cantidad de azúcar producida por hectárea sembrada de caña de 7 mil 484 kilogramos, el precio de referencia para el pago de la caña de azúcar se fijo para esta zafra en 5 mil 500 pesos por tonelada de caña, sin embargo, a la fecha el precio final cerro en aproximadamente 6 mil 330 pesos por tonelada de caña producto del incremento en el nivel de precios internacional y doméstico; diferencia que los industriales azucareros tendrán que pagar a sus abastecedores de caña en concordancia con el acuerdo suscrito en junio de 2008 en el seno del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.
Los factores principales que incidieron en la caída de la producción de azúcar fueron la sequía, el incremento en el precio de los fertilizantes y de los combustibles, la falta de pago oportuno de la materia prima de la zafra anterior, manejo indiscriminado y anárquico de los financiamientos, entre otros.
Todos estos factores originaron que al final de esta zafra 2008/2009 la producción de azúcar pasara de 5.5 millones de toneladas de azúcar que se estimaron producir a tan sólo 4.9 millones de toneladas de azúcar, provocando un faltante de aproximadamente 590 mil toneladas del producto, con la consecuente alza de precios y la aprobación de cupos de importación por parte de la Secretaría de Economía.
Un primer estimado para la zafra 2009/2010 prevé una producción final de 4.905 millones de toneladas según el pronóstico del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, el cual debe ser ratificado por el Comité de Producción y Calidad Cañera de cada ingenio azucarero.
Esta situación no es exclusiva para México, pues diversos acontecimientos, tanto en el mercado nacional como en el entorno mundial, han modificado sustancialmente las expectativas para este sector. Existe un déficit relevante en el mercado mundial del azúcar; en otras palabras, se espera que el consumo supere a la producción, pero no sólo ocurrirá este año, sino también el siguiente. En agosto de este año se llevó a cabo el vigésimo sexto Sweetener symposium en Park City, Utah, donde se calculaba un déficit para este año de 7.8 millones de toneladas; sin embargo 2 semanas después la Organización Internacional del Azúcar dio una nueva cifra de 9.3 millones de toneladas; este déficit en la producción de azúcar y su alza de precios en el mundo se ha debido principalmente a 2 factores: primero la fuerte demanda por parte de la India, el mayor consumidor mundial de azúcar, que vio disminuida su producción domestica del endulzante debido a una terrible temporada de monzones; y segundo los menores niveles de producción por parte de Brasil del endulzante debido al uso alterno que se le da a la caña de azúcar con la producción de etanol.
En el mercado doméstico es donde queremos llamar la atención de las deficientes políticas que han llevado a cabo los responsables de la Secretaría de Economía, pues han sido ellos los causantes de la escasez de azúcar al día de hoy, a principios de este año México exportó al mercado estadounidense aproximadamente 900 mil toneladas de azúcar al amparo del TLCAN, cifra que en este momento sería más que suficiente para cubrir la demanda del mercado doméstico, no teniendo la necesidad de importar.
La importación de azúcar puede ser muy dañina para nuestro mercado, pues si bien tiene por objeto balancear el mercado interno, muchas veces se presta a la especulación por parte de los importadores, quienes la sacan al mercado o la guardan en bodegas en función de sus intereses personales
El principal objetivo de la Secretaría de Economía es el de, independientemente de empatar la oferta con la demanda, disminuir lo mayor posible el precio del endulzante en detrimento de toda la cadena completa de la agroindustria azucarera, y por otra parte no hace nada por atacar uno de los verdaderos factores del problema que es el manejo que los intermediarios hacen del producto desde que la sacan del ingenio hasta que la llevan a los anaqueles, pues en esa fase es donde los precios se incrementan de manera alarmante.
La semana pasada se realizó la primera subasta de 100 mil toneladas para importar azúcar con arancel preferencial, el cual quedó en manos de 22 empresas entre las que destacan grupo Cargill, Sucden Trading México, Czarnikow Sugar México, Nestlée México y Embotelladora Mexicana, quienes venderán el bulto de 50 kilogramos a 570 pesos; también la misma Secretaría de Economía ya prepara para la segunda mitad de septiembre la licitación de 150 mil toneladas de azúcar refinada y de 200 mil de estándar, con un precio que se pagará casi al doble del precio al que México exportó a Estados Unidos de América a finales del año pasado y en lo que va de este año, efecto que es parte de ese incremento de precios actual y que afecta directamente a la agroindustria azucarera.
Por lo anterior, con objeto de equilibrar el mercado azucarero nacional y de cimentar las fortalezas de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar, me permito proponer a esta soberanía con base en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara a que constituya la Comisión Especial para el análisis y estudio de la agroindustria azucarera por parte de esta soberanía, con el propósito de analizar las opciones de solución que deriven en las acciones oportunas y necesarias para la transformación del campo cañero mexicano, que tengan como finalidad elevar la producción nacional de azúcar y los ingresos de sus productores.
Segundo. Que se formule a la Secretaría de Economía un atento exhorto a explicar a esta soberanía el porqué primero permitió la exportación de azúcar al mercado norteamericano y posteriormente tuvo la necesidad de autorizar la importación de azúcar a precios mayores de los de exportación en detrimento de la agroindustria azucarera nacional, cuando se supone que existe un balance azucarero nacional que indica oportunamente las tendencias de producción, consumo y excedentes de exportación, para equilibrar el mercado nacional, sin provocar los desajustes que se observan en el actual ciclo azucarero, y que genera afectación a la agroindustria azucarera nacional y al consumidor final de azúcar de caña en nuestro país.
Tercero. Que se formule a la Secretaría de Economía un atento exhorto para que explique a esta soberanía el porqué si existe un acuerdo del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar para importar 390 mil toneladas de azúcar refinada, motu propio, emite cupos de importación hasta por un total de 693 mil toneladas de dicho producto y 207 mil toneladas de azúcar estándar, lo que puede causar mayores desequilibrios en el mercado del endulzante.
Cuarto. Que el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar informe que acciones correctivas se tomarán para revertir la actual caída de la producción de azúcar en nuestro país.
Palacio Legislativo, a 23 de septiembre de 2009.
Diputado Luis Félix Rodríguez Sosa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA SOLUCIONAR EL CONFLICTO LABORAL
EN LA MINA DE COBRE DE CANANEA, SONORA, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ERNESTO
POMPA CORELLA Y SUSCRITA POR DIVERSOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
Los diputados que abajo suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del estado de Sonora de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59, 60 y 90 del Reglamento Interior para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, en términos de las siguientes:
Consideraciones
El 30 de julio de 2007, los trabajadores de la mina de cobre Mexicana de Cananea, Sonora, pertenecientes a la sección 65 del SNTMMSRM emplazaron a huelga a la Empresa Industrial Minera México, SA de CV (IMM), subsidiaria de Grupo México. Su principal demanda fue relativa a mejores condiciones de seguridad e higiene.
El 7 de agosto de 2007, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró inexistentes las huelgas de Cananea, Taxco y Sombrerete, mencionando la circunstancia de que el titular de la STPS anunció tal declaratoria horas antes que lo hiciera la junta competente.
La misma Junta Federal de Conciliación y Arbitraje volvió a declarar inexistente la huelga el 11 de enero de 2008, pese a que el 16 de agosto de 2007 los trabajadores habían logrado un amparo emitido por el Juzgado Quinto de Distrito en materia Laboral y una determinación de legalidad de la huelga el 17 de diciembre del mismo año, por parte del Primer Tribunal Colegiado en materia de Trabajo. La inexistencia se sustentó en que la huelga "no inició en el minuto exacto que fue señalado para su emplazamiento".
En la misma resolución, la Junta Federal reconoce que hay condiciones de inseguridad laboral, y la STPS declaró en un boletín de prensa del 11 de enero de 2007 que "se mantendrá atenta a los esfuerzos que se lleven a cabo para reforzar las condiciones de seguridad e higiene en las instalaciones de la mina de Cananea y, una vez que sean normalizadas las actividades en este centro de trabajo, se dispondrá el desahogo de una inspección extraordinaria en la materia para verificar que Mexicana de Cananea, SA de CV, cumpla las normas aplicables".
Ya van más de dos años de conflicto entre el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), lo que ha ocasionado pérdidas por casi $4,800 millones.
La importancia de la actividad de Cananea, es que genera 12% de la producción minera del país, 46% de la producción de cobre y una derrama económica de $150 millones mensuales.
En suma, desde el 30 de julio de 2007 hay un conflicto colectivo de trabajo, con emplazamiento y estallamiento de huelga, entre el SNTMMSRM y la empresa minera de cobre Mexicana de Cananea, SA de CV.
La situación procesal que persiste con relación a dicho conflicto es la siguiente:
2. El 13 de enero, la junta federal recibió notificación del Juzgado Sexto de Distrito en materia de Trabajo en el Distrito Federal en la que otorga suspensión provisional de la declaración de inexistencia de la huelga, ante la demanda de amparo presentada por el SNTMMSRM, señalando el 18 de enero para la audiencia incidental y el 13 de febrero para la constitucional, ambos de 2008.
3. La prensa local del estado de Sonora y la nacional dan cuenta de que el 11 de enero de 2008 se procedió al desalojo de las instalaciones de la empresa minera en cuestión, en Cananea, con la intervención de elementos de seguridad pública federales y locales.
Por todo lo anteriormente expuesto, y en términos de los preceptos legales invocados, sometemos a la consideración de ese H. Pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial para solucionar el conflicto laboral en la Mina de Cobre de Cananea, Sonora.
Segundo. La Comisión Especial se integrará por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad, entre la integración del pleno y su conformación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de septiembre de 2009.
Diputados: Miguel Ernesto
Pompa Corella, Jesús Alberto Cano Vélez Ernesto de Lucas
Hopkins José Luis Marcos León Perea Manuel Ignacio Acosta
Gutiérrez Rogelio Manuel Días Brown Ramsburgh Onésimo
Mariscales Delgadillo (rúbricas)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SCT Y A LA SEMARNAT RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN Y
OPERACIÓN DEL PUERTO MULTIMODAL DE PUNTA COLONET, EN ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, A CARGO DEL DIPUTADO CÉSAR MANCILLAS AMADOR, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, César Mancillas Amador, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En abril de 2007, con el apoyo de la UNESCO, se celebró en La Palma, Islas Canarias, España, la Conferencia internacional en defensa de la calidad del cielo nocturno y el derecho a observar las estrellas, al final de la cual se suscribió la Declaración de La Palma por el Derecho a Observar las Estrellas.
En dicha conferencia los participantes coincidieron en la necesidad de garantizar a las generaciones venideras su derecho a un cielo limpio, que permita la observación nocturna del firmamento que representa un soporte de la historia de la humanidad, de la cultura y de los lazos sociales, que asegura a cada generación y a cada individuo su pertenencia a la gran familia humana.
Asimismo, reconocieron el grave deterioro que ha venido sufriendo la nitidez de la obscuridad nocturna y de cómo esto afecta una adecuada observación astronómica; igualmente, identificaron la necesidad de priorizar la protección y recuperación de los cielos nocturnos como medio excepcional para el desarrollo de la ciencia, el conocimiento y el entendimiento común, para lo cual, propusieron alianzas eficaces y urgentes entre los actores político sociales que pueden influir con sus decisiones a revertir el proceso de degradación de la calidad de la noche, con el fin de forjar la esperanza de recuperar y garantizar la continuidad de este patrimonio de la humanidad.
La contaminación lumínica es definida como la emisión de flujo luminoso de fuentes artificiales nocturnas en intensidades, direcciones, rangos espectrales u horarios innecesarios para la realización de las actividades previstas en la zona en la que se instalan las luces.
En este sentido, un ineficiente y mal diseñado alumbrado exterior; la utilización de proyectores y cañones láser; la inexistente regulación del horario de apagado de iluminaciones publicitarias, monumentales u ornamentales; son algunas de las causas más comunes generadoras de la contaminación lumínica.
La contaminación lumínica tiene, como manifestación más evidente, el aumento del brillo del cielo nocturno por reflexión y difusión de la luz artificial en los gases y en las partículas del aire, de forma que se altera su calidad y condiciones naturales hasta el punto de hacer desaparecer estrellas y demás objetos celestes.
Es indudable que el alumbrado exterior es un logro que hace posible desarrollar múltiples actividades en la noche, pero es indispensable iluminar de forma adecuada, evitando la emisión de luz directa a la atmósfera empleando la cantidad de luz estrictamente necesaria. Toda luz enviada lateralmente, hacia arriba o hacia los espacios en donde no es necesaria, no proporciona seguridad ni visibilidad y es una fuente de contaminación lumínica y ambiental, además de ser un despilfarro de energía y dinero.
Sobre este grave problema, hasta el momento existe escasa conciencia social, pese a que genera efectos nocivos tanto en materia ambiental como económica, como son: el aumento del gasto energético y económico, inseguridad vial, dificultad en el tráfico aéreo y marítimo, daño a los ecosistemas nocturnos y la degradación del cielo nocturno, entre otros.
Los perjuicios producidos por la contaminación lumínica no se limitan al entorno del lugar donde se produce dicha contaminación; es decir, no sólo afecta a los poblados, polígonos industriales, áreas comerciales y carreteras, por el contrario, la luz se propaga por la atmósfera y su efecto se deja sentir a centenares de kilómetros a la redonda de su fuente de emisión.
Dicha situación afecta de manera muy particular la actividad de la astronomía que, cada vez más, se está abocando a la observación de objetos más lejanos; por tal razón, requiere de observatorios que cuenten con grandes telescopios y de cielos alejados de las fuentes lumínicas que les permitan contar con la obscuridad propicia para poder observar regiones lejanas de nuestro universo.
En este sentido, nuestro país es privilegiado al contar con el observatorio astronómico nacional de San Pedro Mártir, ubicado en Ensenada, Baja California, que el próximo 17 de septiembre cumplirá 30 años de su inauguración oficial.
La calidad de cielo óptimo para la observación astronómica, el gran número de noches despejadas, los bajos niveles de contaminación lumínica, aunado a su privilegiada ubicación geográfica y climatológica, lo coloca como uno de los mejores lugares del mundo para la investigación astronómica.
Debido a las cualidades que presenta para la observación de los astros el observatorio de San Pedro Mártir contará para 2014 con un nuevo telescopio capaz de realizar una cartografía rápida del espacio. Con un espejo primario de 6.5 metros capaz de completar el rango de observación para los astrónomos, quienes actualmente cuentan con tres telescopios de 0.84, 1.5 y 2.1 metros de diámetro cada uno. Con un equipo de semejante envergadura en unos años se ampliará la capacidad de observación y se incrementará el trabajo científico al contar con la capacidad de captar más luz para concentrarla en un punto, por lo que se ampliará la observación.
Al mismo tiempo, el observatorio se encuentra trabajando en la robotización de los dos telescopios más pequeños, los cuales para 2010 no necesitarán ya ser operados por personas y registrarán datos del cielo por sí mismos, lo cual permitirá captar datos de forma permanente y aportan información estadística que sólo se logra con largos periodos de observación.
Como se podrá observar, el observatorio astronómico nacional de San Pedro Mártir es una institución en constante modernización y pleno desarrollo; sin embargo, su actual situación pudiera, de no tomarse las medidas adecuadas, verse afectada por la construcción y posterior operación del proyecto del puerto multimodal de Punta Colonet, el más importante de América Latina y el proyecto de infraestructura más relevante del sexenio por su tamaño, conectividad logística y los 50 mil millones de pesos que la iniciativa privada invertirá en su construcción.
Se trata de un proyecto muy ambicioso que traerá desarrollo y bienestar a los mexicanos y, en particular, a los bajacalifornianos; el proyecto incluye la construcción y operación de la administración portuaria integral (API), una terminal para el manejo anual de 6 mil contenedores de carga, lo cual representa el doble de lo que se mueve ahora en todo el país, una frecuencia radioeléctrica y la construcción de al menos dos vías férreas que conectarán a México con Estados Unidos, lo cual abarcará 2 mil 600 hectáreas ubicadas en el municipio de Ensenada, Baja California.
Son indudables los beneficios económicos y sociales que traerá la construcción y operación de este megaproyecto; por tal razón, se deben tomar todas las medidas adecuadas a fin de salvaguardar el entorno ambiental de la zona.
Una de las medidas que se tendrán que tomar en cuenta para asegurar la convivencia de este megaproyecto con la operación del observatorio de San Pedro Mártir será la de prevenir por todos los medios y tecnologías disponibles la contaminación lumínica que pudiera afectar en la disminución de la obscuridad del cielo de la sierra de San Pedro Mártir.
En este sentido se hace necesaria la aplicación de medidas administrativas que regulen la iluminación de los centros urbanos, parques industriales, y desarrollos turísticos en todo el estado de Baja California. Es importante señalar que, un control adecuado de la contaminación lumínica mediante la sustitución de equipo de alumbrado de última generación traerá como consecuencia un significativo ahorro energético, el cual permitirá recuperar en pocos meses la inversiones hechas; aunado a lo anterior, Baja California y en particular la sierra de San Pedro Mártir podrán seguir contando con las condiciones de obscuridad necesarias para seguir siendo considerado como uno de los mejores sitios para la observación astronómica.
Actualmente es posible aplicar técnicas y medidas para mantener un correcto nivel de iluminación y, con ello, prevenir y mitigar el problema de la contaminación lumínica, como son las siguientes:
b) Usar lámparas de espectro poco contaminante y gran eficiencia energética, como son las de vapor de sodio a baja presión (VSBP) o de vapor de sodio a alta presión (VSAP), con una potencia adecuada al uso;
c) Iluminar exclusivamente aquellas áreas que lo necesiten, de arriba hacia abajo y sin dejar que la luz escape fuera de estas zonas;
d) Ajustar los niveles de iluminación en el suelo a los recomendados por organismos internacionales como el Instituto Astrofísico de Canarias o la Comisión Internacional de Iluminación;
e) Regular el apagado de iluminaciones ornamentales, monumentales y publicitarias;
f) Prohibir los cañones de luz o láser y cualquier proyector que envíe la luz hacia el cielo;
g) Reducir el consumo en horas de menor actividad, mediante el empleo de reductores de flujo en la red pública o el apagado selectivo de luminarias. Apagar totalmente las luminarias que no sean necesarias.
Por lo expuesto y en vista de que el 20 de diciembre de 2007 las Naciones Unidas en su LXII asamblea general proclamaron a 2009 Año Internacional de la Astronomía a iniciativa de la Unión Astronómica Internacional y de la UNESCO, es que someto a la consideración de este pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales exijan las medidas técnicas y ambientales necesarias a las empresas encargadas de la construcción y posterior operación del puerto multimodal de Punta Colonet en Ensenada, Baja California; a fin de prevenir la contaminación lumínica que pudiera generar dicho proyecto con las consecuentes afectaciones para la operación del observatorio astronómico nacional de San Pedro Mártir.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo estatal y a los gobiernos municipales del estado de Baja California para que, en aras de conservar la calidad del cielo nocturno de la entidad, procedan a expedir reglamentos para la protección de la contaminación lumínica de todo la entidad.
Septiembre de 2009.
Diputado César Mancillas Amador (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES QUE MANEJAN PROGRAMAS DE
APOYO A PERSONAS DISCAPACITADAS QUE FLEXIBILICEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN
DE ÉSTOS; Y A LAS QUE NO LOS CONSIDEREN, QUE LOS ESTABLEZCAN EN
SU PRÓXIMO PROGRAMA OPERATIVO, CON EL PROPÓSITO DE BENEFICIAR
A UN MAYOR NÚMERO DE INTEGRANTES DE ESTA POBLACIÓN, SUSCRITA
POR LAS DIPUTADAS CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ,
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRD Y DEL PRI, RESPECTIVAMENTE
Quien suscribe, Claudia Edith Anaya Mota, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las dependencias gubernamentales que manejan programas de apoyo a personas con discapacidad que flexibilicen las reglas de operación de éstos, con el propósito de beneficiar a un mayor número de integrantes de esta población, conforme a las siguientes
Consideraciones
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 10 por ciento de la población del planeta, más de 600 millones de personas, vive con alguna discapacidad motriz, visual, auditiva, intelectual, mental o sensorial. El 80 por ciento habita en países en desarrollo; muchas de ellas, en condiciones de exclusión y marginación, en ambientes donde sus derechos son severamente quebrantados. En nuestro país, las cifras de personas con algún tipo de discapacidad oscilan entre 2.5 y 7 millones.* Se entiende por discapacidad una condición –temporal o permanente– que limita las capacidades para realizar de manera independiente algunas actividades esenciales de la vida diaria.
Igual que el resto de la población, las personas con discapacidad son sujetos de derechos fundamentales, entre los que se encuentran el derecho a la igualdad de oportunidades y a estímulos para alcanzar un desarrollo integral, de tal manera que no haya un trato indiferente, hostil o discriminatorio; el derecho a la salud, que debe incluir programas gratuitos de prevención, atención y rehabilitación; el derecho a una educación de calidad que posibilite la incorporación a los espacios educativos regulares y de educación especial, con la prestación de servicios de apoyo; y el derecho al trabajo sin exclusión ni desventaja, en igualdad de condiciones y equilibrio de oportunidades, de tal manera que se integren al sistema ordinario con acceso a programas de capacitación y autoempleo, y a que las instalaciones de su lugar de trabajo se adapten para eliminar las barreras físicas.
El derecho a participar en la vida económica, social y cultural, es decir, el derecho de pertenencia y de inclusión, cuyo ejercicio permita el crecimiento de la persona en todas las facetas de la existencia social, promoviendo su integración en las actividades culturales, recreativas y deportivas, en espacios adecuados y accesibles, así como su incorporación a los programas de vivienda, organización cultural, con servicios que deberán tomar en cuenta sus necesidades.
Los derechos humanos de las personas con discapacidad son los de todas. Sin embargo, hoy no tienen la misma posibilidad de ejercerlos igual que el resto de la población, debido a las barreras de actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en una sociedad que debe desarrollarse en igualdad de condiciones para todos.
Es de reconocerse que se han logrado cambios favorables para las personas con discapacidad; no obstante, la situación no se modifica del todo ni se ha logrado construir un entramado que sirva para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. En todo caso, hay acciones públicas y privadas –de organizaciones civiles y de las personas y sus familias– que alcanzan a atender necesidades primarias y que buscan disminuir los efectos de su condición y de la acumulación de desventajas que tienen, cuando, por ejemplo, son mujeres o niños, indígenas o adultos mayores con discapacidad.
Por ello revisten importancia fundamental los programas destinados a la atención de las personas con discapacidad y que buscan revertir por este medio, al menos parcialmente, las múltiples carencias y obstáculos que vive esta población. Así entonces, es necesario que sean flexibilizados con la reducción de los requisitos que se incluyen en las reglas de operación establecidas por las instituciones del Estado (Sagarpa, Sedesol, Fonaes, DIF) que operan programas dirigidos a esta población y aprobadas para la ejecución de dichos programas.
Así también, es importante señalar que dada la insuficiencia de los recursos destinados para este fin, resulta limitante y discriminatorio, por decir lo menos, que aún se tome en cuenta como un factor más para acceder a sus beneficios el índice de desarrollo humano (IDH), establecido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esta aplicación tiene limitaciones como la de no contar con las estadísticas del PIB per cápita para esta unidad de análisis geográfico y para la estimación de los IDH por municipio.
De tal manera, si bien es cierto que algunos programas de la administración pública federal consideran el apoyo para algunos grupos en situación de desventaja, desafortunadamente la sectorización se hace según el lugar de residencia. Así, si una persona con discapacidad vive en un estado con IDH elevado, independientemente de que viva en condiciones de pobreza, no tiene posibilidades de acceso al programa.
Por ello demandamos a los titulares y encargados de la administración pública federal que adecuen las reglas de operación de los programas, considerando en ellos acciones afirmativas como medidas compensatorias y recursos extraordinarios que garanticen la no discriminación y la inclusión de las personas con discapacidad, independientemente del lugar donde viven, y así permitir que las personas se desarrollen a la par de las demás que integran su comunidad.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a las dependencias gubernamentales que manejan programas de apoyo a personas discapacitadas que flexibilicen las reglas de operación de éstos, con el propósito de beneficiar a un mayor número de integrantes de esta población.
Nota
* Diagnóstico sobre la situación de
los derechos humanos, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, México, 2006.
Palacio Legislativo, a 23 de septiembre de 2009.
Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
AL RETIRO DE LA CONCESIÓN DE LA MINA DE COBRE MEXICANA DE CANANEA
A MINERA MÉXICO, SA DE CV, SUBSIDIARIA DE GRUPO MÉXICO, A
CARGO DEL DIPUTADO CARLOS SAMUEL MORENO TERÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PVEM
El diputado Carlos Samuel Moreno Terán, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Hace apenas tres años los habitantes de Cananea celebraron el centenario del movimiento de huelga que en 1906 fue uno de los precursores de la Revolución Mexicana de 1910.
Hoy, después de más de dos años de huelga en la Mina de Cobre Mexicana de Cananea, los 35 mil habitantes del lugar viven en una situación socialmente dramática, que rebasa el conflicto jurídico motivado por la huelga, y amenaza seriamente la convivencia armónica en esa ciudad emblemática, no sólo para Sonora, sino para todo el país.
Por eso vengo a esta tribuna a hacerme eco, una vez más, de la voz de los habitantes de Cananea, para no dejarlos solos ante la crisis que enfrentan.
Para todos es conocido que la minería es el motor de la economía del municipio y de la región, con una influencia muy importante en la actividad minera nacional: Ahí se concentra el 12 por ciento de la producción minera del país; el 46 por ciento de la producción de cobre y una derrama económica estimada en 150 millones de pesos mensuales, de acuerdo con datos de las autoridades laborales.1
Ante el largo periodo de paro en su principal fuente de actividad económica, directa e indirecta, los habitantes de Cananea, que por más de un siglo han contribuido al desarrollo de la industria minera del país, viven hoy una crisis que si no se resuelve a la mayor brevedad, puede llevar a un estallido social. Esta no es una afirmación exagerada.
En estos poco más de dos años, la economía de Cananea se ha ido a pique: cierre de comercios; pérdida de empleos en otras áreas asociadas a la actividad minera en una amplia región del estado; migración de hombres y mujeres jóvenes; deserción escolar y cierre de escuelas, son sólo algunos de los elementos que se han ido acumulando hasta llegar hoy al extremo de la suspensión de los servicios de gas, de agua y de energía eléctrica, los más elementales para la vida cotidiana de la población. Los mineros y sus familias, es decir, gran parte de la población en la localidad se han quedado sin servicios médicos, por el cierre de la clínica que antes los atendía.
La inactividad, el abandono y la crisis generalizada han traído como consecuencia el incremento de la inseguridad en el municipio.
El ayuntamiento sufre una crisis financiera que lo ha llevado a no pagar a la Comisión Federal de Electricidad el consumo de energía para operar los pozos de agua potable, con lo que el servicio se dejó de ofrecer a un gran número de hogares, constituyendo un círculo vicioso que está llevando al colapso a Cananea.
El gas, que por 70 años se ha distribuido por tubería subterránea en la localidad –mucho antes de que se empezara a hacer en las zonas urbanas del país– ahora se ha cancelado y se intenta sustituirlo en los hogares con tanques de gas LP, a lo que la gran mayoría de la población no está acostumbrada y representa un retroceso en su sistema de vida.
Si falta el agua, el gas y la luz, se están tocando extremos indeseables que propician una justificada irritación social.
El gobierno federal no puede dejar correr más tiempo para entrar a una solución de fondo al problema de Cananea, pues el deterioro a que ha llegado la situación está erosionando aceleradamente el tejido social, amenazando la convivencia armónica de los sonorenses, así como la cohesión social del país, en momentos de crisis económica. Se equivocaría quien piense que se trata de un problema local, sin repercusiones en la vida nacional. Hay suficiente evidencia histórica que muestra lo contrario.
Cananea es un asunto de interés nacional y así debe ser abordado. Ningún interés, particular o de grupo, puede estar por encima del interés nacional, ni una población histórica puede ser rehén de interminables litigios que han puesto en riesgo su propia sobrevivencia.
No podemos olvidar que los recursos minerales son propiedad de la nación y que el Estado Mexicano es responsable del aprovechamiento de las riquezas del subsuelo, cuya explotación en el caso de la minería es concesionada a particulares, tal como lo marca la Constitución General de la República.
El artículo 27 de nuestra carta magna señala con nitidez que el dominio de la nación sobre sus recursos, entre ellos los del subsuelo, es inalienable e imprescriptible e, incluso, que "la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana." Si esto es así para la propiedad privada, con mayor razón debe aplicarse el interés público para el caso de la explotación concesionada de recursos propiedad de la nación.
La propia Ley Minera establece, en el artículo 55, las causales por las que puede cancelarse una concesión, entre ellas señala, en la fracción XIII (decimotercera): "perder la capacidad para ser titular de concesiones", como parece ser el caso de la empresa titular de la concesión de la mina de cobre Mexicana de Cananea.
Esta decisión del Ejecutivo debe ser acompañada por un programa emergente de reactivación económica de la región, que incluya, por supuesto, el suministro de los servicios indispensables para la vida de la población, particularmente el servicio de gas que la empresa ha dejado de suministrar, como lo hizo durante 70 años. Es indispensable que se aplace el actual programa de reconversión de gas que se intenta aplicar, ya que significa un gran retroceso para la población, en vez de ser una solución real del problema. La gente de Cananea se ha ganado el derecho de aprovechar un recurso del subsuelo, que no es de la empresa concesionaria, sino propiedad de la nación.
Lo que está pasando en Cananea debe servir de experiencia y ser considerado en el planteamiento que se haga para una reforma laboral, realmente integral, que concilie los derechos de los trabajadores con los de una comunidad que, como Cananea, tiene en la explotación de esa fuente de recursos, su sustento y forma de vida.
Los grandes males requieren grandes remedios y es necesaria una firme decisión política para actuar en beneficio de México y de la mayoría de sus ciudadanos. Por eso propongo a esta asamblea la aprobación, con carácter de urgente y obvia resolución, de la presente proposición con punto de acuerdo.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Economía para que proceda a retirar de la concesión de la mina de cobre Mexicana de Cananea a la empresa Minera México, SA de CV, subsidiaria del Grupo México, ante la incapacidad manifiesta de sostener la titularidad de la concesión, en perjuicio de los habitantes de Cananea y de la industria minera del país; asimismo, para que dicha dependencia promueva un programa especial de reactivación económica integral para el municipio y región de Cananea, Sonora, que incluya la garantía de dotación de servicios básicos a los habitantes de dicha ciudad.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir al secretario de Gobernación, licenciado Fernando Gómez Mont, para que se aplace el programa de conversión de gas natural a gas LP que se lleva a cabo actualmente en Cananea, Sonora.
Nota
1. Datos proporcionados por el subsecretario de Trabajo,
Álvaro Castro Estrada, durante la reunión que sostuvo con
senadores del Grupo Especial de Trabajo para dar seguimiento al conflicto
laboral de Cananea, celebrada el 29 de julio de 2009. Boletín de
Comunicación Social del Senado del 29 de julio de 2009.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 23 de septiembre de 2009.
Diputado Carlos Samuel Moreno Terán (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN QUE
REALICE UNA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO AL FUNCIONAMIENTO PROGRAMÁTICO
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL,
A CARGO DEL DIPUTADO JAIME FERNANDO CÁRDENAS GRACIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PT
Jaime Fernando Cárdenas Gracia, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados como asunto de urgente y obvia resolución el proyecto de decreto con proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación una auditoría de desempeño al funcionamiento programático de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Exposición de Motivos
El titular del Poder Ejecutivo federal y, posteriormente, el secretario de Hacienda y Crédito Público anunciaron el 8 de septiembre de 2009 "transformaciones mayores en la administración pública federal, lo que implica la desaparición de tres secretarías de Estado: las Secretarías de la Función Pública, de la Reforma Agraria, y de Turismo. Las funciones que han venido desempeñando serán absorbidas dentro del propio aparato gubernamental, generando ahorros significativos por la eliminación de duplicidades, por las sinergias que se obtendrán y por la desaparición de áreas administrativas o de insuficiente productividad. Asimismo, se considera fusionar la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y Pronósticos para la Asistencia. Estas medidas de cambio estructural permitirán obtener ahorros de hasta 6 mil 500 millones de pesos en 2010 y, una vez que concluya la reestructura, a partir de 2011 dichos ahorros regularizables podrían ascender a 8 mil millones de pesos".1
Felipe Calderón y el secretario de Hacienda, en sus intervenciones públicas, jamás han explicado ni mucho menos justificado las razones de racionalidad, de administración pública o de Estado que animan la propuesta. Por el contexto de sus intervenciones, parece más bien una manera de resolver un problema de coyuntura para resolver los huecos en las finanzas públicas, a fin de reducir el gasto público sin ulteriores argumentos. Es verdad que esa medida de reducción del gasto público viene acompañada en el paquete fiscal con otras. Sin embargo, el gobierno federal nunca abunda de manera consistente y coherente en otras alternativas ellos ofrecidas. Exclusivamente, nos presentan una opción y no razonan sobre diversas posibles soluciones, tales como la supresión o derogación de privilegios de la alta burocracia en materia de pago de seguros de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada o seguros de vida, así como otros privilegios que reciben algunos servidores públicos, que podrían generar mayores ahorros a los considerados con la supresión parcial de tres secretarías de Estado y la fusión de dos organismos descentralizados. Además, de paso, se podrían cumplir con objetivos de equidad y de justicia social nada desdeñables.
En México necesitamos decisiones que constituyan auténticas políticas públicas, que no miren a la coyuntura sino a largo plazo. Es muy probable que la administración pública centralizada y descentralizada en México, al igual que el resto de los poderes públicos, órganos constitucionales autónomos y órdenes de gobierno requieran ajustes, racionalidad y modernidad. El gobierno mexicano en su conjunto es muy obeso, poco racional, moderno, eficiente, profesional y eficaz.
Requerimos un análisis de fondo, serio, de Estado y no coyuntural para atender a problemas como los siguientes: cuál es el tamaño correcto de las estructuras gubernamentales, cuáles deben ser sus funciones para ser eficientes y eficaces, cómo podemos racionalizar y modernizar al gobierno y en la actualidad preguntarnos si las dependencias y entidades de la administración pública cumplen sus objetivos constitucionales y legales.
Todos sabemos, y las propias autoridades gubernamentales reconocen algunos de estos problemas, tales como el crecimiento desmesurado en los últimos nueve años de subsecretarías de Estado, direcciones generales y oficinas homólogas a las anteriores. Ese crecimiento ha impactado enormemente en el gasto corriente. Los excedentes del petróleo, cuando los tuvimos, sirvieron para atender la voracidad de esas estructuras administrativas. Todo ello con una concepción profundamente patrimonialista, sin visión de Estado, sin un servicio civil de carrera serio y profesional.
Nuestro país no se puede dar esos lujos; es preciso que adoptemos medidas estructurales, de largo aliento, que nos permitan tener la administración pública que efectivamente requieren los ciudadanos para proteger sus derechos fundamentales y que necesita el funcionamiento constitucional del Estado y no la administración pública que desea la alta burocracia sin justificación alguna.
Qué razones tienen Calderón o Carstens para desaparecer la Secretaría de Turismo cuando el turismo en uno de los pocos rubros que genera divisas en la economía nacional; qué razones hay para desaparecer la Secretaría de la Reforma Agraria, cuando esta dependencia ha sido durante décadas el árbitro de primera instancia de las disputas agrarias, ha proveído de paz social en el ámbito rural al país y más, cuando todavía ahora en el campo viven cerca de 30 millones de mexicanos; y qué propósito persiguen al desaparecer la Secretaría de la Función Pública, será que ya no les interesa la modernización de la administración, su profesionalización o el control y fiscalización interno gubernamental. Las medidas anunciadas parecen ser tomadas al bote pronto, sin reflexión y análisis. Prueba de esto último es que ni siquiera se conoce una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Este proyecto de decreto con proposición con punto de acuerdo pretende que una institución respetable del Estado, como lo es la Auditoría Superior de la Federación, lleve a cabo una auditoría de desempeño al funcionamiento programático de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y nos diga cuál es el estado de la administración pública que tenemos y cuál es el que debería tener, a la luz del cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales y de los objetivos y fines de los programas que orientan el funcionamiento administrativo del gobierno federal.
Una auditoría de desempeño "es una evaluación del quehacer público, en la que se miden la eficacia a través de resultados, con base en indicadores estratégicos y de impacto; la eficiencia, por medio de la fidelidad de la operación del programa y con apoyo en indicadores de gestión; la economía se mide por el costo de la política o programa público contra los resultados obtenidos. Además, la auditoría de desempeño comprueba el impacto de los resultados en la población objetivo a través de indicadores de calidad y de satisfacción del ciudadano.
Es obvio que las competencias constitucionales y legales le corresponden a esta Cámara de Diputados y a la Auditoría Superior de la Federación. La fracción II del artículo 74 de la Constitución establece como facultades exclusivas de la Cámara de Diputados "coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las funciones de la entidad de fiscalización superior de la federación, en los términos que disponga la ley". Por su parte, el párrafo segundo de la fracción VI del mismo artículo 74 de la ley fundamental indica, en su parte conducente, "en el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha entidad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de éstos en los términos de la ley".
Además, la fracción II del artículo 79 de la Carta Magna dice en la parte correspondiente que al entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de febrero del año siguiente al de su presentación, la Auditoría Superior en dicho informe incluirá las auditorías practicadas "y la verificación del desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas federales". Igualmente, el primer párrafo del artículo 134 de la ley suprema indica que "los recursos económicos de que dispongan la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a tos que están destinados".
La Ley da Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación señala en el artículo 2, fracción II, que por auditoría sobre el desempeño se entiende la verificación en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales mediante la estimación o cálculo de los resultados obtenidos en términos cuantitativos o cualitativos, o ambos. El artículo 12, fracción III, de esa ley federal, en los incisos a) y b), determina que la fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, ya sea a través de la realización de auditorías del desempeño de los programas, verificando la eficiencia, la eficacia y la economía de éstos y su efecto o la consecuencia en las condiciones sociales, económicas y, en su caso, regionales en el país durante el periodo que se evalúe, y si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el Presupuesto y si dicho cumplimiento tiene relación con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales. El artículo 13, fracción II, de la Ley de Fiscalización precisa que las observaciones que, en su caso, emita la Auditoría Superior de la. Federación, derivadas de la fiscalización de la Cuenta Pública, podrán derivar en recomendaciones, incluyendo las referentes al desempeño.
El artículo 15 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación establece que la Auditoría Superior de la Federación tiene, entre otras, las atribuciones siguientes: "IV. Evaluar el cumplimiento final de los objetivos y metas fijados en los programas federales, conforme a los indicadores estratégicos y de gestión establecidos en el presupuesto de egresos y tomando en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales, los planes regionales, los programas operativos anuales, los programas de las entidades fiscalizadas, entre otros, a efecto de verificar el desempeño de éstos y, en su caso, el uso de los recursos públicos federales conforme a las disposiciones legales. Lo anterior, con independencia de las atribuciones similares que tengan otras instancias; XIV. Formular recomendaciones al desempeño para mejorar los resultados, la eficacia, eficiencia y economía de las acciones de gobierno a fin de elevar la calidad del desempeño gubernamental; y XX. Elaborar estudios e investigaciones relacionadas con las materias de su competencia y publicarlos". Por su parte, el artículo 77 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación menciona, en la fracción I, que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación es el conducto de comunicación entre la Cámara de Diputados y la entidad superior de fiscalización.
Por lo expuesto y fundado, se propone a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación una auditoría de desempeño al funcionamiento programático de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Primero. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que en el ámbito de sus competencias constitucionales y legales y con pleno respeto a la autonomía técnica y de gestión realice una auditoría de desempeño al funcionamiento programático de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Segundo. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación será el conducto con esta institución para que en los términos de los artículos 76 y 77 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación dé seguimiento puntual a las auditorías, visitas, inspecciones, trabajos, informes, evaluaciones, observaciones y recomendaciones que sean motivo de esta auditoría.
Tercero. La Auditoría Superior de la Federación formulará las recomendaciones al desempeño en la aplicación e interpretación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para mejorar los resultados, la eficacia, eficiencia y economía de las acciones de gobierno, a fin de elevar la calidad, del desempeño gubernamental. En concreto, la auditoría de desempeño que se propone se ocupará
II. De eficiencia, para medir, a través de indicadores de gestión, si los recursos humanos, financieros, presupuestales, materiales, de tiempo y técnicos son racionales y óptimos para alcanzar los fines legales que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en cada una de las dependencias y entidades;
III. De economía, para medir el costo de los recursos aplicados a las actuales estructuras orgánicas y funcionales de la administración pública y saber si constituye la mejor alternativa para lograr los objetivos previstos en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
IV. De calidad en el servicio, para determinar si la administración trabaja con transparencia, si existen vías de participación activa de los ciudadanos en la prestación de los servicios públicos, si se satisfacen los requerimientos de los ciudadanos y si éstos tienen facilidad de acceso a la administración;
V. De análisis de la relación ciudadano-usuario, para conocer qué tanto o cómo representa la administración pública federal los intereses de los ciudadanos y habitantes del país; y
VI. De competencia y desempeño de los actores, para precisar si los servicios públicos han sido bien diseñados y operan adecuadamente.
Quinto. Las recomendaciones que arroje la auditoría de desempeño al funcionamiento programático de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se turnarán a las instancias competentes de la Cámara, pero también a la Comisión de Puntos Constitucionales de este cuerpo legislativo, para que esta instancia proceda a desahogar las iniciativas de reforma constitucional y legal que correspondan.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1. Palabras del secretario de Hacienda y Crédito
Público, Agustín Carstens, durante la conferencia de prensa
con motivo de la entrega de los documentos que integran el programa económico
para el ejercicio fiscal de 2010, 8 de septiembre, 2009, página
3.
2. Auditoría Superior de la Federación,
Auditoría Especial de Desempeño. Marco operativo, Editorial
Color, junio de 2007, página 114.
México, DF, a 15 de septiembre de 2009.
Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SEP A AGILIZAR LOS TRÁMITES RELATIVOS
A LA APROBACIÓN DEL ACUERDO 358, POR EL QUE SE EXTIENDE LA VIGENCIA
DEL PROGRAMA ESPECIAL 2005-2009 PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN
PREESCOLAR QUE RECIBEN LOS NIÑOS QUE ASISTEN A CENTROS COMUNITARIOS
DE ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LA
DIPUTADA ELSA MARÍA MARTÍNEZ PEÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE NUEVA ALIANZA
Elsa María Martínez Peña, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, diputada federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita la aprobación del Pleno de esta soberanía para la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El 12 de noviembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que fueron adicionados el artículo 3o., en su párrafo primero, fracciones III, V y VI, y el artículo 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la obligatoriedad de la educación preescolar y el congruente deber de los padres de familia o tutores de enviar a sus hijos o pupilos a cursar la enseñanza preescolar, la primaria y la secundaria.
2. En el artículo sexto transitorio del citado decreto se estableció que las autoridades, educativas federales, en coordinación con las locales, pondrían en marcha programas especiales para cumplir con la prestación del servicio de educación preescolar en las zonas donde no haya sido posible establecer la infraestructura para la prestación de ese servicio educativo.
3. En el Distrito Federal fueron creadas, con la participación de padres de familia que trabajan en establecimientos no lucrativos, centros comunitarios que proporcionan diversos servicios asistenciales, como son la custodia, alimentación y atención médica a favor de niñas y niños de familias en condiciones económicas y sociales en desventaja.
En estos centros comunitarios se proporciona atención a las niñas y niños en horarios más amplios que aquellos con los que operan las escuelas públicas. Permitiendo con ello que los padres que trabajan realicen sus actividades sin preocupaciones, ya que sus hijos reciben atención y seguridad.
4. La situación especial de los centros comunitarios fue regularizada por la Secretaría de Educación Pública en el Distrito Federal, al establecer el Programa Especial 2005-2009, para la Acreditación de la Educación Preescolar que reciben los niños que asisten a los centros comunitarios de atención a la infancia en el Distrito Federal, a través del Acuerdo 358 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de junio de 2005, en virtud del cual se adhirieron 231 centros pertenecientes a la Ciudad de México.
El programa referido llegó a su término, al concluir el ciclo escolar 2008-2009, por lo que actualmente los centros comunitarios de atención a la infancia en el Distrito Federal se encuentran impedidos para impartir educación preescolar con reconocimiento oficial.
5. A partir del 12 de agosto del presente año, 12 mil familias de esta capital viven la problemática de la falta de enseñanza preescolar para sus hijos, situación que vulnera su derecho a la educación, consagrado por el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, conculca los Objetivos de Desarrollo del Milenio, adoptados por la comunidad internacional en el año 2000, en virtud de los cuales México se comprometió a ir más allá del objetivo de la enseñanza primaria universal y lograr que todos los niños y niñas alcancen 12 años de educación efectiva para el año 2015.
6. La falta de alternativas que garanticen la educación a niñas y niños en edad preescolar obstaculiza el cumplimiento del Programa Nacional de Educación 2001-2006, en el que fue establecida la atención educativa con calidad y equidad en aspectos formales y no formales para grupos de población infantil que han quedado excluidos de los programas actuales y cuya educación constituye una condición necesaria para mejorar los aprendizajes durante la vida.
7. La Comisión Federal de Mejora Regulatoria, a solicitud de la Secretaría de Educación Pública, emitió, el 20 de mayo de 2009, un dictamen de manifestación de impacto regulatorio para analizar la viabilidad y oportunidad de extender la vigencia del acuerdo 358, en general, bajo las mismas reglas y procedimientos con los que operaba, mismos que no se limitan a sólo establecer la prórroga para el programa, sino también a requerir a los centros educativos el cumplimiento de condiciones mínimas para su funcionamiento, con la finalidad de evitar poner en riesgo la salud y el desarrollo de los menores.
8. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos conscientes de las deficiencias en la infraestructura para la prestación del servicio de educación preescolar, más aún, de la carencia al no contar con un sistema federal de educación preescolar que posibilite la atención de las necesidades de guarda, custodia y alimentación para padres que trabajan y cuyas condiciones económicas y sociales no les permite acceder a servicios de guarderías o instancias infantiles; por ello estamos convencidos de que la Educación debe concebirse como el eje articulador del concepto de construcción de ciudadanía y no como una variable dependiente de la economía, consideramos que es urgente impulsar la continuidad de procedimientos que contribuyan a garantizar el acceso equitativo a la educación desde los primeros años y una de las vías lo constituye el Programa Especial para la Acreditación de la Educación Preescolar que reciben 12 mil niñas y niños que asisten diariamente a los diversos centros comunitarios de atención a la infancia en el Distrito Federal.
En este marco, hacemos un atento y respetuoso llamado al titular de la Secretaría de Educación Pública para que se agilicen los trámites de la aprobación del acuerdo 358, por el que se extiende la vigencia del Programa Especial 2005-2009 para acreditar la educación preescolar que reciben las niñas y niños que asisten a centros comunitarios de atención a la infancia en el Distrito Federal.
Con esta acción, la Secretaría de Educación Pública beneficiará a más de 12 mil menores de 6 años en situación de exclusión, riesgo y vulnerabilidad que viven en colonias urbanas marginadas y comunidades indígenas que habitan en la Ciudad de México, además de garantizar por parte del Estado mexicano la igualdad de oportunidades de acceso y la permanencia de las niñas y niños que asisten a centros comunitarios con la finalidad de recibir educación básica obligatoria; finalmente se evitará que 12 mil niños queden sin escuela, que 800 docentes pierdan el empleo y que padres de familia trabajadores carezcan de los servicios que les ofrecen dichos centros comunitarios.
Por lo expuesto y fundado, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXI Legislatura, someto a consideración de esta honorable soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a agilizar los trámites para la aprobación del acuerdo 358, por el que se extiende la vigencia del Programa Especial 2005-2009 para la acreditación de la educación preescolar que reciben las niñas y niños que asisten a centros comunitarios de atención a la infancia en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 2005.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de septiembre de 2009.
Diputada Elsa María Martínez Peña
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA UNA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DEL ANÁLISIS DE LA
PROBLEMÁTICA DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA EN EL PAÍS, A
CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE GARCÍA ALMANZA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
La suscrita, María Guadalupe García Almanza, diputada de Grupo Parlamentario de Convergencia de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en el artículo 23, numeral 1, inciso f; 34 inciso C y 42, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por la que se solicita a la Cámara de Diputados la constitución de una comisión especial encargada del análisis y estudio de la problemática de la agroindustria azucarera en nuestro país, que proponga soluciones para elevar su productividad, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el país la industria azucarera es una de las actividades agroindustriales de mayor tradición y trascendencia en el desarrollo económico y social del país, con una tradición de quince años de historia y participación con medio punto porcentual del producto interno bruto.
Su importancia en la vida económica del país es tal, que da origen a verdaderos núcleos de población, crea polos de desarrollo en áreas rurales y proporciona empleo en el campo. Actualmente, dependen directamente de esta industria alrededor de 160 mil productores, 440 mil trabajadores, jornaleros, agricultores y transportistas, así como sus dependientes económicos que en total suman aproximadamente 2.5 millones de mexicanos.
Otros datos que nos permiten ver el alcance y fuerza que la industria azucarera tiene en el país, son los siguientes:
• México ocupa el séptimo lugar en producción de azúcar y el quinto lugar en la producción de caña de azúcar a nivel mundial, entre más de cien países, con la operación de 60 ingenios en 227 municipios de 15 estados de la república y
• De la producción nacional de azúcar, 58 por ciento es para uso industrial, 32 por ciento para uso doméstico y el 10 por ciento restante se destina a la exportación.
• Los principales estados productores de caña en el país son Veracruz, Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí y Tamaulipas, que en conjunto producen más del 60 por ciento de la producción nacional.
• Por lo que respecta a la producción de azúcar, ha registrado un crecimiento medio de 5.8 por ciento anual en periodo 1999-2000 de 5.0 millones de toneladas métricas de azúcar, esto es, 3 por ciento de la oferta mundial. En razón de este crecimiento, el sector ha venido acumulado inventarios que no ha podido desahogar eficientemente.
En México, las actividades asociadas a la agricultura de contrato y a la integración sustentada de la caña de azúcar, de los procesos de siembra, el cultivo, la cosecha, la industrialización y la comercialización de la caña de azúcar, sus productos y derivados, por su carácter básico y estratégico para la economía nacional son de interés público y orden social, de conformidad a lo establecido por la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.
Dada la manifiesta importancia de esta industria y su impacto dentro de la economía nacional, para Convergencia es necesario fomentar esta rama de la producción a fin de darle a quienes en ella intervienen, certidumbre y las condiciones que la vuelva a ser rentable, incremente su capacidad para generar empleos e impulse su propio crecimiento.
Con la apertura comercial del sector en 2008 con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy más que nunca el sector azucarero requiere de una protección adecuada, pues su supervivencia se encuentra amenazada por las condiciones en que nuestro país firmó cartas paralelas.
Por lo anterior, entre otras medidas, es necesario asegurar el abasto permanente de azúcar; otorgar equidad a todos los participantes dentro de la cadena de producción y se debe de realizar un esfuerzo sostenido para mejorar la eficiencia del campo cañero y de la planta industrial azucarera.
Tenemos un sector azucarero con una excesiva producción frente a un mercado restringido, con la caída de los precios de exportación del azúcar, las disputas sobre la negociación de las cuotas en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y una mayor utilización de los sucedáneos del azúcar (jarabes de maíz de alta fructuosa y edulcorantes sintéticos como el aspartame, entre otros), que han deprimido el consumo industrial doméstico.
Igualmente enfrentamos fuerte endeudamiento de los ingenios, excesiva regulación, elevadas tasas de interés, escasez de crédito, saturación del mercado, elevadas obligaciones contractuales y desventajas ante las alcoholeras por no encontrarse debidamente reguladas por la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, etcétera, que complican la situación del sector.
En este contexto, es que Convergencia considera necesaria y urgente la constitución de una de una comisión especial, pues en términos del artículo 39 párrafo I de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones son órganos constituidos por el pleno que contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales; por su parte el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, faculta al pleno de esta Cámara para acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico.
Sería importante que retomáramos los trabajos y avances que en la LX Legislatura se alcanzaron con la constitución de la Comisión Especial de Vigilancia y Seguimiento de la Industria Azucarera, la que dio por terminados sus trabajos al final de esa legislatura sin haber superado los problemas en este sector.
Por lo anteriormente expuesto es que someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita al pleno de la honorable Cámara de Diputados la constitución de una comisión especial encargada del análisis y estudio de la problemática de la agroindustria azucarera en el país, con el objeto de encontrar alternativas de solución que permitan sanear a dicha industria, instrumentando una política integral azucarera que involucre a todos los sectores que intervienen en esta actividad.
Palacio Legislativo en San Lázaro, a 23 de septiembre de 2009.
Diputada María Guadalupe García Almanza
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA ANALIZAR LOS PROBLEMAS DE LA AGROINDUSTRIA
MEXICANA DE LA CAÑA DE AZÚCAR, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS
JOSÉ TOMÁS CARRILLO SÁNCHEZ Y LUIS FÉLIX RODRÍGUEZ
SOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los legisladores que firmamos al calce, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, incisos a) y b), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:
Consideraciones
El sector azucarero se forma por 58 ingenios, que se encuentran operando en la actualidad en 15 entidades federativas, con influencia en 222 municipios.
Cada año, en promedio, de la transformación de la materia prima se obtiene producción de 5 millones de toneladas de azúcar, equivalentes a 2 mil 500 millones de dólares, alcanzando con ello un impacto nacional que se traduce en una participación del 0.4 por ciento del producto interno bruto del país, que aunada al amplio consumo de azúcar, de manera directa o como materia prima, su producción y nivel de precio resultan estratégicos para favorecer el bienestar de amplios sectores de la población y la competitividad de diversas industrias del país. Es tal la importancia del sector, que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable considera la caña de azúcar un producto básico estratégico y de interés público.
Para su proceso se requiere mano de obra: en el campo, para la siembra, el cultivo y la cosecha; y en el proceso industrial, los obreros, los empleados y todos los que intervienen en el transporte, el almacenamiento, la comercialización y factores financieros, entre otros no menos importantes.
De igual manera, el cultivo de la caña de azúcar es bien visto como una oportunidad de gran impacto nacional para su aprovechamiento en el ámbito de los bioenergéticos, jugando un papel central en la producción de etanol y biodiesel, con temas pendientes por tratar en la LXI Legislatura, ya que se observa generaría de manera inmediata fuertes inversiones y miles de empleos directos en el sector agrícola e industrial.
En este contexto, las LVIII, LIX y LX Legislaturas en el ámbito de las facultades del pleno de la honorable Cámara de Diputados aprobaron los acuerdos de las respectivas Juntas de Coordinación Política para la creación de la Comisión Especial para analizar los problemas de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar.
Particularmente para los diputados federales veracruzanos es de gran interés que se continúen los esfuerzos que realizaron las Comisiones Especiales de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar de las mencionadas legislaturas, en razón de que el estado de Veracruz genera dentro de la industria azucarera el 50 por ciento de los empleos en todo el país en este sector y el 50 por ciento de la producción nacional de este endulzante, 22 de los 58 ingenios azucareros están en nuestro estado (tres de ellos actualmente están en una difícil situación) que incluso les impidió participar al 100 por ciento en esta zafra por la grave problemática que enfrentan, esto nos genera una gran preocupación, pues de su óptimo rendimiento en campo y fábrica, dependen cientos de familias Veracruzanas directa o indirectamente.
Asimismo, debe considerarse que como resultado de la crisis económica global, es indispensable que exista un trabajo conjunto y coordinado entre el Ejecutivo federal y el Legislativo para definir, establecer y operar mecanismos efectivos que permitan a los productores nacionales hacer frente de manera efectiva al nuevo entorno económico, logrando que dicha situación lejos de afectar su condición actual se transforme en una oportunidad de desarrollo para los productores y sus familias.
Otro aspecto que debe considerarse es el conocido proceso polémico que se suscitó entre el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión en la aprobación y promulgación de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, que por lo mismo y ante la gama de aspectos que contiene la producción, comercialización y distribución de azúcar, así como la relación de productores y de ellos con los propietarios de los ingenios resulta de particular importancia que la Cámara de Diputados contribuya, desde su perspectiva, al mejor desenvolvimiento del sector y sus actores.
Por lo anteriormente expuesto y considerando que la Cámara de Diputados, en las tres legislaturas anteriores, ha reconocido la importancia de intervenir, revisar y proponer soluciones a los problemas de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar, me permito someter a esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Conforme al artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a este honorable pleno y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, se constituya la Comisión Especial de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar y cuente para su desempeño los recursos materiales y humanos necesarios y se solicita respetuosamente que el periodo de funciones de esta Comisión Especial comprenda toda la LXI Legislatura.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2009.
Diputados: José Tomás Carrillo Sánchez,
Félix Rodríguez Sosa (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR CUENTA DE LA PROBLEMÁTICA
QUE AQUEJA LA CUENCA LERMA-CHAPALA-SANTIAGO, SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados federales de Jalisco, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, presentan ante la honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, que tiene como finalidad hacer un exhorto a la Junta de Coordinación Política para que se forme una comisión especial con el objetivo de dar cuenta de la problemática que aqueja a la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, basado en las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Ecología (INE), la cuenca comprendida entre el río Lerma, el lago de Chapala y el río Santiago se encuentra en 204 municipios en 5 entidades, distribuidos de la siguiente manera: Guanajuato (43.75 por ciento), Michoacán (30.26 por ciento), Jalisco (13.42 por ciento), estado de México (9.8 por ciento) y Querétaro (2.76 por ciento).
La cuenca Lerma-Chapala es una de las más importantes del país, no sólo porque concentra el 16 por ciento de la población nacional, de acuerdo al INE, sino también por el preocupante grado de contaminación que presenta. Diferentes estudios manifiestan que aunado a la contaminación, la sobreexplotación y el deficiente aprovechamiento de la cuenca provocan serios daños al ecosistema, graves enfermedades en su población piscícola, serios niveles de asolvamiento y gran cantidad de nutrimentos que genera la sobrepoblación del lirio acuático, que tienen por consecuencia que la calidad del agua para consumo humano no sea óptima.
La complejidad de problemas interrelacionados en esta cuenca, vuelve de primordial importancia el mayor conocimiento tanto de su funcionamiento, como de los intereses de los agentes involucrados para, de esta manera, conseguir un alineamiento del desarrollo económico de la región al mismo tiempo que se promueve su desarrollo social y sustentable.
Por esta razón, durante la LX Legislatura, mediante un acuerdo de la Junta de Coordinación Política y la aprobación del pleno de la Cámara de Diputados, se creó una comisión especial destinada a atender la problemática de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago.
Así, podemos observar que las tareas fundamentales de esta comisión consistían en la formulación de un diagnóstico sobre la situación tanto de la cuenca como de sus subcuencas; la revisión y análisis de la calidad del agua de fuentes superficiales y subterráneas, de la dotación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento con los que cuenta la población, de las aguas residuales que no reciben tratamiento previo a su descarga a los cuerpos receptores; y el análisis de la posibilidad de crear políticas e instrumentos para la protección ambiental y el equilibrio ecológico de la cuenca.
Dentro de los principales logros de esta comisión especial destacan: las reuniones celebradas con la Comisión Nacional del Agua, con el Grupo de Seguimiento y Evaluación del Consejo de Cuenca Lerma-Chapala y con el director del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago Pacífico, así como la puesta en marcha del primer Foro Nacional rumbo al Saneamiento Integral de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, y la presentación de un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, a la Secretaría de Energía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a aplicar las tarifas de energía eléctrica 09-CU y 09-N a las plantas de tratamiento de aguas residuales situadas en los municipios ubicados en la cuenca Lerma-Chapala.
No obstante lo anterior, sólo se publicó el informe semestral de las labores de esta comisión correspondiente al periodo del 21 de diciembre de 2006 al 22 de junio de 2007, lo que dificulta conocer la magnitud del rezago existente. Esta situación, aunada al deterioro ambiental que presenta esta cuenca, vuelve de primordial importancia la creación de una comisión especial, durante la LXI Legislatura, con la finalidad de vigilar y atender los aspectos relacionados con la satisfacción de las necesidades, el desarrollo social, económico y sustentable de las comunidades que habitan la cuenca Lerma-Chapala-Santiago.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se hace un atento exhorto a la Junta de Coordinación Política para que se forme una Comisión Especial con la finalidad de dar cuenta de la problemática que aqueja a la cuenca Lerma-Chapala-Santiago.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a 17 de septiembre de 2009.
Diputados: Gumercindo Castellanos
Flores, Juan José Cuevas García, Alberto Esquer Gutiérrez,
Gustavo González Hernández, José Luis Íñiguez
Gámez, César Octavio Madrigal Díaz, Carlos Luis Meillón
Johnston, María Joann Novoa Mossberger, Ana Elia Paredes Arciga,
Francisco Javier Ramírez Acuña, Felipe de Jesús Rangel
Vargas, Ignacio Téllez González (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS ADICIONALES PARA COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO,
CON EL OBJETIVO DE SACARLO DEL PRIMER LUGAR LATINOAMERICANO DE MARGINACIÓN,
SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ILICH AUGUSTO LOZANO HERRERA, MARY TELMA GUAJARDO
VILLARREAL, MARÍA GUADALUPE SILERIO NÚÑEZ Y FILEMÓN
NAVARRO AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputados Ilich Augusto Lozano Herrera, Filemón Navarro Aguilar, Mary Thelma Guajardo Villarreal, José Narro Céspedes y María Guadalupe Silerio Núñez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentan a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
Cochoapa el Grande se encuentra en Guerrero, en la región de La Montaña alta, que pertenecía hasta el 9 de noviembre de 2002 a Metlatónoc, declarado éste por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el más pobre de los 2 mil 426 municipios de México y con el nivel de vida sólo comparable con los del África subsahariana. El 10 de noviembre de 2002, el Congreso de Guerrero decidió crear el municipio de Cochoapa el Grande.
De acuerdo con un reporte de la ONU, esa localidad guerrerense es la más pobre de la entidad y de Latinoamérica, categoría en la que ha desplazado a Metlatónoc, ya que en su división la parte más pobre pertenece a Cochoapa.
Según la Conapo, apenas 50 por ciento de los habitantes cuenta con agua potable. El resto la acarrea en cubetas desde un río cercano, que se adelgaza más cada día debido a la sequía, pero que trae agua que la baja desde la serranía.
El nivel de vida de Cochoapa el Grande es como el de Burundi. El informe de la ONU sobre el desarrollo humano destaca que países del África subsahariana como Angola, Burundi o República del Congo no alcanzarán, al ritmo actual de vida, un nivel aceptable hasta 2147. Entre los indicadores se señala que la probabilidad de vivir más de 40 años de edad llega a ser superior a 50 por ciento. La tasa de analfabetismo adulto es superior a 70 por ciento. En tanto, la población sin acceso a fuentes de agua mejorada es más de 60 por ciento y la proporción de niños menores de 5 años con peso insuficiente es de 45 por ciento.
Como si la realidad anterior no fuera suficiente, los habitantes de Cochoapa tienen que aguantar también las mentiras oficiales. Así, el 6 de diciembre de 2006, a cinco días de estrenarse como presidente, Felipe Calderón anunció el encementado masivo de pisos de tierra de las casas de algunos municipios de La Montaña de Guerrero. El anuncio lo hizo en el municipio panista de Tlacoachistlahuaca. Luego, el 2 de junio de 2008, ratificó su compromiso; esta vez desde Metlatónoc, acompañado del titular de la Sedesol, Ernesto Cordero.
Como era de esperarse, ninguna de las promesas se ha cumplido, y las casas de los habitantes de Cochoapa y Metlatónoc siguen con pisos de tierra. El abandono y la burla de las autoridades continúan siendo una cotidianidad en estos municipios, donde la gente vive menos y tiene menores oportunidades de salir de la miseria, y donde el presidente Felipe Calderón y el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, empeñaron su palabra de encementar todas las casas.
Compañeras y compañeros diputados, la situación de miseria y atraso que sufren los habitantes del municipio de Cochoapa es una vergüenza nacional. Es una realidad que nos golpea, nos lacera y nos exhibe ante el mundo como un Estado insensible ante los pueblos indígenas más necesitados. Por esa razón, compañeras y compañeros, hago este exhorto a esta honorable asamblea para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se incrementen los recursos para este municipio de La Montaña de Guerrero, que en 2008 fue de 29 millones de pesos, pero que fueron insuficientes para mitigar los efectos de la miseria ancestral que sufren sus habitantes.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a asignar dentro del análisis del Presupuesto de 2010 recursos adicionales para el municipio de Cochoapa El Grande, con el objetivo de sacarlo del primer lugar latinoamericano de marginación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2009.
Diputados: Ilich Augusto Lozano Herrera, Mary Thelma
Guajardo Villarreal, María Guadalupe Silerio Núñez,
Filemón Navarro Aguilar (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE ENFRENTAN SEIS CIUDADANOS EN GUADALAJARA
POR PARTICIPAR EN LA MANIFESTACIÓN PÚBLICA CONTRA EL SISTEMA
DE TRANSPORTE MACROBÚS, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN ENRIQUE IBARRA
PEDROZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El suscrito, diputado Enrique Ibarra Pedroza, en uso de las facultades que confieren los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por este medio presenta a esta soberanía proposición con de punto de acuerdo, para que se considere de urgente resolución, que pide que se envíe atenta excitativa al Poder Ejecutivo de Jalisco a fin de que no ejerza acción penal contra ciudadanos detenidos con motivo de la manifestación pacífica realizada el pasado 29 de agosto en desacuerdo con la ampliación del servicio de transporte público Macrobús, para lo cual expresa las siguientes
Consideraciones
1. El 29 de agosto, un grupo de ciudadanos jaliscienses salió a las calles de Guadalajara para expresar su inconformidad con el gobierno del estado por su pertinaz insistencia de construir una línea de camiones articulados que, de llevarse a cabo, traerá más problemas que soluciones.
Los vecinos han argumentado la inviabilidad del trazo de dicha línea de transporte público, toda vez que obstruiría –taponaría– las calles que conectan sus colonias con el centro de la ciudad y otros puntos.
Toda vez que el gobierno del estado, que encabeza el licenciado Emilio González Márquez, se ha negado a recibirlos para exponer sus puntos de vista, los vecinos y una diversidad de organizaciones no gubernamentales de Guadalajara decidieron asociarse en la Coordinadora Ciudadana de Opositores al Macrobús para hacer una manifestación pacífica que dejara en claro el repudio ciudadano respecto a un proyecto que atenta contra la movilidad urbana. Así, se invitó a las familias asentadas en las zonas que se afectarán con el proyecto de la línea del Macrobús, y a la ciudadanía en general, a participar en la manifestación referida.
2. Los ciudadanos opositores al proyecto marcharon por la calzada Independencia hacia el centro de Guadalajara. Portaban pancartas y proferían consignas alusivas a su intención. Al llegar al cruce con la avenida Juárez –según el dicho de numerosos testimonios–, los manifestantes fueron agredidos por elementos de seguridad pública del estado.
La agresión consistió en golpes con toletes y puntapiés contra hombres, mujeres y niños. Fue tal la desproporción en el ejercicio de la fuerza, que muchos de los manifestantes que lograron huir, no obstante no haber sido golpeados, cayeron presa de crisis nerviosa.
El cuerpo policiaco actuó como un verdadero brazo represor de la manifestación ciudadana y detuvo a seis personas, sobre las que pende la amenaza de fincarles responsabilidad penal por seis diferentes delitos.
Fueron detenidos los siguientes ciudadanos, que ejercían su derecho de expresar sus ideas, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Saúl Cotero Bernal, Salvador Lugo, Rubén Contreras Luna, David Ramírez Mariscal, Gerardo Bañuelos Presa y Eduardo Orendáin Ávila.
En una verdadera estrategia de criminilización de la protesta social, en la que están coludidos los más altos mandos del gobierno de Jalisco, como lo el gobernador, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia, el temor de los organismos ciudadanos es que se falsifiquen los hechos y documentos para justificar la consignación de los detenidos ante un juez penal.
3. En este punto debemos detenernos para advertir que estamos a tiempo de interrumpir lo que podría ser otro caso de culpables inventados –chivos expiatorios–. En este asunto se trata sólo de marcar una advertencia, un precedente de lo que pasará en Jalisco a quienes salgan a la calle para manifestarse contra el gobierno de González Márquez.
Uno de los delitos por los que integra la averiguación previa contra los seis manifestantes es el de ataques a las vías de comunicación, previsto y sancionado en el artículo 125 del Código Penal del fuero común, que impone hasta seis años de prisión al que por cualquier medio destruya, deteriore, obstaculice o impida el funcionamiento de las vías de comunicación o medios de transporte de uso público de jurisdicción estatal o municipal. Sin embargo, resulta incongruente por parte de las autoridades locales de Jalisco, que en julio y agosto pasados, un grupo de militantes panistas –en reyertas internas– cerraron la calle Vidrio –rúa céntrica de Guadalajara– por 45 días, durante los cuales no pudo pasar ningún tipo de transporte público ni privado. En ese caso, el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, mostró su rostro amable y tolerante, al grado de que no obstante los cuantiosos daños económicos a los comerciantes de la zona y el ataque mismo a la funcionalidad de una vía urbana, no hubo siquiera una amonestación contra sus correligionarios del Partido Acción Nacional.
Por lo anterior propongo a esta soberanía que nos solidaricemos con los seis ciudadanos, quienes tuvieron el valor de ejercer sus libertades constitucionales, y ahora el Estado los quiere reducir a calidad de delincuentes. Es importante que la honorable Cámara de Diputados sea una institución dinámica en la defensa de las libertades ciudadanas y de la democracia. En este caso, es oportuno que se envíe una atenta excitativa al gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, a instruir a la Procuraduría General de Justicia para esclarecer los hechos a la luz de la verdad histórica y resolver la averiguación previa fincada contra los seis manifestantes inconformes con el Macrobús, dictando el resolutivo ministerial que decrete el no ejercicio de la acción penal.
En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que se considere de urgente resolución, propongo a esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados envía atenta excitativa al gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, y solicita su intervención ante la Procuraduría General de Justicia del Estado a fin de que se esclarezcan los hechos suscitados en la marcha ciudadana del 29 de agosto pasado contra la Línea 2 del Macrobús y –con fundamento en el artículo 112 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco– se determine en la averiguación previa fincada contra los seis manifestantes, dictando el resolutivo ministerial que decrete el no ejercicio de la acción penal.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados.- México, DF, a 23 de septiembre de 2009.
Diputado Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INICIAR A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA
DE SALUD LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DE LA INFLUENZA
HUMANA AH1N1 DE LOS ALUMNOS INCORPORADOS AL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
Y DE LOS DOCENTES Y TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS; Y A LA SEP, A LLEVAR
A CABO UNA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN PARA LA POBLACIÓN
ESTUDIANTIL, DOCENTE Y ADMINISTRATIVA DEL SECTOR, CON ÉNFASIS EN
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CON EL SEÑALAMIENTO DE LOS LUGARES Y DE
LAS INSTITUCIONES EN QUE SE PODRÁ ACUDIR A RECIBIR LA VACUNA, A
CARGO DEL DIPUTADO REYES TAMEZ GUERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA
ALIANZA
Reyes Tamez Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita la aprobación del pleno de esta soberanía de la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El 22 de julio de 2009, Nueva Alianza presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo en el que se exhorta al gobierno federal a efecto de que a través de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabadores al Servicio del Estado tome las medidas necesarias y se proporcione a todos los integrantes del sector educativo –alumnos y alumnas, maestros y maestras, y trabajadores administrativos y servicios– la vacuna contra el virus de la influenza A (H1N1), turnada a la Segunda Comisión
2. De igual forma, se solicitó al Ejecutivo federal que iniciara una campaña de información para toda la población, ante el inicio del ciclo escolar y la próxima temporada de frio, con énfasis en las medidas preventivas e indicando los lugares e instituciones en las cuales se podrá acudir a recibir la vacuna. La Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó la proposición a la Segunda Comisión, sin que a la fecha se tenga respuesta alguna.
3. El 29 de julio del año que transcurre, la Segunda Comisión dictaminadora del Congreso de la Unión no estimó prudente exhortar a las autoridades de salud a formular, diseñar e implantar una estrategia para prevenir en los próximos meses un rebrote del virus A (H1N1), toda vez que ha sido notoria y públicamente conocida la labor de difusión realizada por las autoridades de salud sobre las acciones y las medidas relativas a las precauciones que se deben tomar para evitar el contagio, así como las acciones emprendidas por éstas, a efecto de suministrar los medicamentos necesarios a aquellas personas que los necesiten.
4. Sin embargo, aunado a las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud sobre el virus de la influenza A (H1N1), la opinión de expertos en salud señalan que en las escuelas existe hasta 80 por ciento más de riesgo de infección que, por ejemplo, en un centro comercial, ya que en las aulas los niños se mantienen mucha horas en un mismo lugar e incluso durante el recreo, por ello las escuelas constituyen un foco rojo de contagios de influenza.
5. En el marco de atención y ante el riesgo en el aumento de personas contagiadas de influenza A (H1N1) en México, el 16 de septiembre se publicó el informe de la Secretaría de Salud sobre la evolución de la epidemia en todos los estados de la república, en el que se reportan mil 440 nuevos casos y 6 fallecimientos, destacando que 41 por ciento de los nuevos contagios se dieron en el Distrito Federal, con 134 nuevos casos; Puebla, con 125 enfermos más; San Luis Potosí, con 124; Sonora, con 114; y Oaxaca, con 100 más. En el estado de México, Hidalgo y Jalisco se presentaron por cada uno más de 70 nuevos casos, y en estados con menos presencia previa, el virus ha crecido en los últimos días.
6. Entre el jueves 10 y el lunes 14 de septiembre, Baja California Sur tuvo un crecimiento de 71 por ciento en el número de casos, al pasar de 46 a 79 contagios confirmados. En Durango el crecimiento fue de 42 por ciento y en Coahuila de 36 por ciento. En Sonora pasaron de 293 confirmados al jueves pasado, a 407 el martes pasado. Chiapas, por el número de casos acumulados desde el inicio de la epidemia, encabeza la lista con 3 mil 478 contagios. De los reportes de la Secretaría de Salud se desprende que 3 mil 357 mexicanos se han contagiado de influenza en lo que va de septiembre.
7. El dato más reciente de influenza A (H1N1) es en el municipio de San Nicolás en Monterrey, Nuevo León, donde una maestra de la escuela María de Jesús Castaño falleció a consecuencia del virus A (H1N1) y se reportaron siete casos de contagio en alumnos de la misma escuela, por lo que la Secretaría de Educación Pública del estado decretó la suspensión de clases en la escuela durante siete días, sin que la Secretaría de Salud de la entidad haya emitido alguna medida.
En este sentido, y ante el aumento en las cifras por el rebote de la influenza, es urgente que, además de reinstalar los filtros sanitarios dentro de los planteles educativos, el gobierno federal y los gobiernos de los estados tomen las medidas pertinentes para proteger la salud de niños y niñas, y evitar que el sector educativo sea un lugar de riesgo, a través del cual se expanda el brote de la pandemia.
Por lo expuesto y fundado, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXI Legislatura, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Uno. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a iniciar la campaña de vacunación contra el virus de la influenza A (H1N1), a través de la Secretaría de Salud, de todos los alumnos y las alumnas incorporados al sistema educativo nacional y de todos los docentes y trabajadores administrativos, con el propósito de prevenir el contagio en escuelas y centros de trabajo del sector.
Dos. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a llevar a cabo una campaña de información, a través de la Secretaría de Educación Pública, para la toda la población estudiantil, docente y administrativa del sector, haciendo énfasis de las medidas preventivas e indicando los lugares e instituciones en las cuales se podrá acudir a recibir la vacuna.
Tres. Se informe a esta soberanía de los resultados obtenidos.
Dado en el Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados, a 23 de septiembre de 2009.
Diputado Reyes Tamez Guerra (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PROGRAMA DE NIVELACIÓN
SALARIAL DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA REPÚBLICA
MEXICANA, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO JIMÉNEZ LEÓN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario de Convergencia a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, interesados en que el gobierno federal demuestre su reconocimiento y apoyo financiero al sector educativo de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base a los siguientes
Considerandos
La educación en México es una garantía individual, preceptuada en la Carta Magna, que no debe ser restringida, ni suspendida para todos los mexicanos en los niveles básico y medio superior, fomentando los valores patrióticos, laicos y científicos a fin de crear una nación libre, nacionalista y comprometida con la sociedad.
Es un deber fundamental del Poder Ejecutivo federal velar por que se cumpla la voluntad del Constituyente Permanente, a través de la administración pública, ejerciendo la actividad financiera del Estado, en seguimiento de los principios económicos de proporcionalidad, equidad, inmediatez y transparencia en el gasto público; sin embargo, apreciamos que la propuesta presupuestal para el 2010, en el tema de los salarios de los académicos del nivel medio superior, no aborda con seriedad la impostergable obligación de satisfacer sus necesidades mínimas.
En la actualidad el profesionalismo de los maestros y las autoridades educativas por designio del Poder Ejecutivo Federal, debe ir de la mano con el seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo (PND) de donde nace el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional de la Educación Media Superior Universitaria 2007-2012.
En el PND se han plasmado los lineamientos básicos de formación de alumnos de bachillerato con calidad a través de la carrera magisterial e impulsar la superación académica a la par de sus percepciones.
En el caso concreto, el magisterio concebido por el gobierno federal en la búsqueda de la legitimación política pretende elevar la calidad educativa en el margen de esfuerzo-resultados y sueldos, sin dar lugar a que en dicho proceso los académicos subsistan.
Mucho se ha criticado la existencia del sindicalismo magisterial, tachado de corporativismo, el cual no siempre surge por voluntad de los docentes, sino por errores del aparato gubernamental, que arrastra al Estado cada día más a graves crisis de injusticia social.
Un caso concreto es el de las inconformidades ignoradas por el gobierno federal, como en el caso de la Unión Nacional de Sindicatos de Colegios de Bachilleres, surgida de la fuerza productiva de profesores comprometidos con las familias mexicanas por alcanzar el mayor potencial de sus alumnos y aspirar a cosechar los frutos que dieron lugar a la Alianza por la Calidad en la Educación.
La enseñanza media superior tradicionalmente ha sido mermada en la visión de Estado, lo cual reduce las posibilidades de otorgar competitividad a los futuros profesionistas y lograr la consumación de las propuestas gubernamentales.
No puede ser que intentemos alcanzar un país educado y culto si no damos las herramientas necesarias a los docentes para continuar con la labor, sancionando sus percepciones, dejando en el olvido el programa de nivelación salarial que los profesores solicitan de manera legítima para obtener los requerimientos básicos de la nación en sus educandos, con la prórroga e incremento del Programa de Nivelación Salarial que constituye una inversión académica legitima.
El decreto de Presupuesto de Egresos para 2010 que apruebe esta soberanía debe contener una corrección a la voluntad del Poder Ejecutivo de castigar al sector de educación media superior en sus emolumentos, debemos erradicar la voluntad política de dejar de cumplir el principio de "a trabajo igual, salario igual" en la educación, como propone el presidente.
Convergencia, de ningún modo avala la conducta de un Estado que busca cumplir las demandas justificadas de los profesores de bachillerato a costa de violar la Constitución, con enmiendas circunstanciales.
Por el contrario, estamos a favor de retomar y prorrogar el Programa de Nivelación de emolumentos, dotando con los recursos superiores a los 392 millones de pesos ejercidos en 2009, para ser repartidos en las 32 entidades de la República, en tanto se crean las reglas de operación necesarias para obligar al Poder Ejecutivo federal a revisar anualmente los incrementos del sector, sin perjuicio que le sean aplicados a los docentes los programas escalafonarios, toda vez que reconocen un mérito superior a la tarea de la enseñanza, no la función simple de instruir condicionando el sustento diario.
Es por ello que hacemos un llamado a esta honorable asamblea para que juntos cambiemos el rumbo de las vidas de la educación media superior de México prorrogando el Programa de Nivelación Salarial de la Educación Media Superior y con ello heredemos un mejor país a nuestros descendientes, dotando la educación con docentes más capacitados y una sociedad culturalmente sana y competitiva.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a esta soberanía a incrementar los recursos financieros del Programa de Nivelación Salarial de los Profesores de Educación Media Superior de la República Mexicana en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.
Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL SECRETARIO DE SALUD A REALIZAR DE MANERA URGENTE ACCIONES
PARA COMBATIR LA CRISIS EPIDEMIOLÓGICA QUE AZOTA JALISCO, PARTICULARMENTE
LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, A CARGO DEL DIPUTADO SALVADOR CARO
CABRERA Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Salvador Caro Cabrera, diputado por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, a efecto de exhortar al doctor José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud, a tomar acciones de manera urgente para combatir la crisis epidemiológica que azota Jalisco, particularmente la zona metropolitana de Guadalajara.
En este momento, Jalisco se halla entre las entidades más vulnerables del país en materia de salud, por enfermedades de distinto tipo, que van desde los males prevenibles por vacunación, como hepatitis aguda tipo b, enfermedades respiratorias, aparato digestivo, zoonóticas y contagiosas, así como otras transmisibles por vector, conforme al reciente reporte del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades.
Conforme a los datos emitidos por el citado centro, prácticamente en todos los registros Jalisco va al alza en los últimos dos años. El dengue, enfermedad viral aguda que puede afectar a personas de cualquier edad, siendo más susceptibles los niños y las personas mayores y cuyo vector o agente transmisor es el mosquito Aedes aegypti (clase: insectos, orden: dípteros), reporta un brote inusual de fiebre hemorrágica por dengue, localizándose principalmente en la costa sur del estado y en la zona metropolitana de Guadalajara.
Actualmente se presenta en sus dos formas: fiebre del dengue, enfermedad de tipo gripal, rara vez causal de muerte; y fiebre hemorrágica del dengue: enfermedad más grave que puede ocasionar hemorragias y hasta la muerte, sumamente grave en niños.
En una secuencia de datos oficiales se reporta el brote más importante este año en Guadalajara, que reporta 371 casos al pasado 5 de septiembre, 316 clásicos (80 de ellos nuevos) y 55 hemorrágicos (37 nuevos). En segundo lugar está Tlaquepaque, con 144 casos del tipo clásico y 7 hemorrágico. El tercer lo ocupa Tonalá, con 90 casos clásicos y 8 hemorrágicos. Todos, situados en una misma región geográfica.
En Jalisco, esta enfermedad ya acumula de manera oficial mil 84 casos, de los que 99 de tipo hemorrágico. La Secretaría de Salud de Jalisco reconoce en sus registros tan sólo 55 contagios de los 99, por lo que se advierte que dicha institución de salud estatal oculta o trata de minimizar las cifras de contagio. Las medidas sanitarias que la autoridad ha tomado para revertir el mal han sido selectivas e insuficientes para combatirlo, pues tan sólo ha realizado nebulizaciones y fumigaciones.
Jalisco ocupa el cuarto lugar de nuevos reportes de dengue hemorrágico. El nivel de dispersión del brote epidémico se presenta en 84 colonias tapatías (del sur, oriente y nororiente de la ciudad), por lo que para su control se requiere una acción contundente coordinada por los distintos niveles de gobierno, pero teniendo como eje la Secretaría de Salud del gobierno federal; de lo contrario, y conforme a epidemiólogos consultados, tomará varias semanas controlar la epidemia.
En consecuencia, los reportes de contagio han sido recurrentes. Son ejemplos por resaltar el realizado por padres de familia del jardín de niños Ignacia Encarnación, en la colonia El Zalate, donde 15 niños y 2 profesoras están contagiados. De la misma magnitud, el caso del comité de vecinos de la unidad habitacional Javier Mina, que ha reportado a las autoridades sanitarias del estado desde hace más de 15 días la existencia del contagio; la escuela secundaría mixta número 6, en la zona de Oblatos, entregó un primer oficio de tres el pasado 4 de septiembre, ante un brote creciente en el plantel. En todos los casos, hasta el 17 de septiembre no se había dado atención.
La desesperación de vecinos y directivos de colonias es generalizada, dado que han solicitado la intervención de las autoridades en materia de salud para que éstas realicen nebulizaciones y fumigaciones a efecto contener el brote, sin obtener respuesta a su petición.
Hay razones fundamentales e imperiosas para ocuparnos de la cuestión, ya que es muy alarmante que en Jalisco concurran tantos y tan diversos padecimientos de salud, que si no son atendidos a tiempo pueden causar males mayores que los que ya padecen mujeres, niños y adultos mayores.
En adición de lo anterior, Guadalajara acumula 33.7 por ciento del total estatal en materia de influenza humana, seguido por Zapopan, con 25.9 por ciento. Son de hecho los que tienen el mayor volumen de los casos hasta ahora confirmados, mientras que Tlaquepaque, con 88 casos, es el tercero en incidencia.
En cuanto a la influenza estacional, se han presentado tres nuevos casos de ésta, que llega a 913 registros.
En lo que va del año, Jalisco ha presentado seis casos de paludismo, enfermedad que, igual que el dengue, se transmite a través de un mosquito, pero del tipo Anopheles. Esto afecta principalmente a la comunidad wixárica. Desde 2005, la entidad venía presentando, en promedio, dos casos por año, pero hasta 2008 no se tuvo un repunte, con 10 contagios, los cuales se dieron a conocer a finales del año.
Aunque es una enfermedad "controlada" en el estado, la vigilancia epidemiológica permanente, después de las experiencias locales con la influenza y el dengue, preocupa y nos hace exigir medidas mayores.
Por lo anterior, presento ante el pleno, como de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al doctor José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud, a tomar acciones de manera urgente para combatir la crisis epidemiológica que azota Jalisco, y particularmente la zona metropolitana de Guadalajara.
Dado en el Palacio Legislativo, a 23 de septiembre de 2009.
Diputados: Clara Gómez
Caro, Olivia Guillén Padilla, Ana Estela Durán Rico, María
Esther Scherman Leaño, Salvador Caro Cabrera, Joel González
Díaz, David Hernández Pérez, Jorge Arana Arana (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS ESTATALES Y DEL DISTRITO FEDERAL A APLICAR MEDIDAS
DE AUSTERIDAD PARA REDUCIR EL TAMAÑO Y COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA LOCAL, Y A MEJORAR SUS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN
DE CUENTAS EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, SUSCRITA POR
DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los 31 gobiernos estatales y al del Distrito Federal a aplicar, con la mayor brevedad, medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública en cada una de las entidades federativas y a mejorar sus procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con el fin de hacer frente a los negativos efectos de la crisis económica, el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, ha presentado dentro del paquete económico para 2010 diversas propuestas de ajuste a la administración pública federal.
Dentro de su propuesta de modificación se encuentra la desaparición de 3 de 18 secretarías de Estado: de Turismo, de Reforma Agraria, y de la Función Pública. De igual forma anunció que en el resto de las dependencias y entidades de la administración pública federal habrá recortes en sus gastos corrientes, en su estructura, en el personal que en ellas labora y en los sueldos de mandos medios y superiores para, de esta forma, cumplir con el compromiso de contar con un gobierno más austero y contribuir a la mejora de las finanzas públicas para menguar la crisis.
Se trata, sin duda, de medidas de austeridad sustanciales, sin precedentes, pero que demuestran la firme intención del titular del Ejecutivo para enfrentar un problema de enormes dimensiones, que ha golpeado tanto la economía familiar como la del Estado mexicano.
El gobierno federal ha asumido su responsabilidad dando un primer ejemplo ante los ciudadanos sobre qué hacer frente a esta primera crisis de los tiempos de la vida democrática como nunca antes se había visto.
Todas estas medidas de austeridad, de las cuales habrá algunas que serán provisionales y transitorias en tanto mejoran las condiciones económicas del país, dan paso para aprovechar la oportunidad de reconfigurar el tamaño del aparato burocrático y de las estructuras de gobierno para hacerlas más eficientes y eficaces.
Pero este no puede ser un esfuerzo aislado únicamente del gobierno federal. Es indispensable que en el orden local se hagan esfuerzos similares, sustanciales en concordancia con la responsabilidad de actuar de manera solidaria a abatir tan grave problemática.
De no haber respuesta inmediata por parte de los gobiernos locales, se estaría dando a la sociedad una señal ominosa, carente de lógica republicana.
Se pide a los gobiernos de los estados un esfuerzo en consonancia a sus situaciones particulares que son muy diferentes caso por caso. Por ejemplo, hay entidades cuyos gobiernos cuentan con un número de dependencias alto (18), como el caso de Morelos, Puebla, Veracruz y Yucatán, o el caso de Quintana Roa con el mayor número de dependencias de gobierno (21), lo que significa amplias estructuras burocráticas que se asocian a altos gastos de operación.
De igual forma, esto se convierte en una inaplazable oportunidad para que los gobiernos de los estados mejoren y potencien sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, para brindar mayor certeza a la ciudadanía de la forma en que son gastados los recursos particularmente en tiempos en los que hay que tener mucho cuidado de los recursos públicos para evitar ineficacia y dispendios innecesarios.
Este es un exhorto a los gobiernos locales para sumarse a un esfuerzo nacional con el fin de preservar la estabilidad y cuidar la economía de las familias y el Estado mexicano, así como para adecuar sus estructuras a las nuevas realidades y brindar mejores y más eficientes servicios a la ciudadanía.
El presidente Calderón ya ha puesto el ejemplo de las transformaciones de fondo y se espera que las autoridades locales actúen de forma similar. Es momento para dejar a un lado los intereses parciales, los egoísmos y las reticencias que pudiera haber en materia de recursos, para emprender acciones contundentes en beneficio de nuestro país.
Por lo anterior se presenta el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión exhorta a los 31 gobiernos estatales
y al gobierno del Distrito Federal a aplicar, con la mayor brevedad, medidas
de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración
pública en cada una de las entidades federativas y a mejorar sus
procedimientos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio
de los recursos públicos.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL JEFE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y AL EJECUTIVO FEDERAL
QUE OTORGUEN DE MANERA COORDINADA, A TRAVÉS DE LA SEGOB, LOS BENEFICIOS
DEL FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES, A FIN DE APOYAR
A LOS CIUDADANOS DE LA CAPITAL DEL PAÍS AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES
DEL 6 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, A CARGO DE LA DIPUTADA ESTHELA
DAMIÁN PERALTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada Esthela Damián Peralta, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente al jefe del Gobierno del Distrito Federal y al del Ejecutivo federal, para que de manera coordinada, a través de al Secretaría de Gobernación se otorguen los beneficios del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, para apoyar a los ciudadanos del Distrito Federal afectados por las lluvias del pasado 6 de septiembre del año en curso, bajo los siguientes
Antecedentes
Es sabido que el Distrito Federal es una entidad propensa a inundaciones. Justamente el pasado 6 de septiembre del año en curso, se trató de una lluvia intensa, principalmente concentrada en las zonas oriente y centro de esta ciudad en un área de 640 kilómetros cuadrados, sobre la que cayeron en menos de tres horas 27 mil millones de litros de agua.
Si bien es cierto, el sistema de drenaje del Distrito Federal trabaja de manera eficiente, no es suficiente para una mancha urbana de más de 20 millones de habitantes.
Considerada por el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, como la precipitación pluvial más alta ocurrida en los últimos 10 años por su concentración urbana que causó mil afectados en la colonia Acueducto de Guadalupe, en la delegación Gustavo A. Madero, por la ruptura y desbordamiento del río Tlalnepantla.
Asimismo en las colonias Moderna y Álamos de la delegación Benito Juárez hubo 120 afectados debido a los niveles altos en el interceptor oriente.
La colonia Electricistas, en Azcapotzalco, registró 50 afectados por el derrame en la lumbrera cinco del interceptor centro-poniente, y en la colonia Agrícola Oriental, en Iztacalco, hubo 10 afectados al derramarse la lumbrera seis del interceptor oriente-sur. Lo que da un total de mil 450 afectaciones.
En Venustiano Carranza, se contabilizaron más de 20 colonias afectadas; entre las que sobresalen por el impacto las siguientes colonias: Moctezuma primera y segunda sección, Pensador Mexicano, Aviación Civil, Puebla, Ignacio Zaragoza, Valle Gómez, Federal, Michoacana, Morelos, Madero Progresista, 20 de Noviembre, Popular Rastro, Cuatro Árboles, Peñón de los Baños, Revolución, Romero Rubio, Arenal segunda y tercera sección, Simón Bolívar y Jardín Balbuena.
En todas ellas, el nivel del agua llegó a los 80 centímetros y, en otros casos, al metro de altura. Por lo que vehículos, sótanos de edificios, estructura de viviendas, muebles y aparatos electrodomésticos de más de 2 mil familias principalmente de la colonias Moctezuma primera y segunda sección quienes sufrieron daños irreparables.
Los trabajos para abatir los niveles de lluvia se continuaron desarrollando durante el transcurso del siguiente día, ya que la intensidad de la lluvia cuadruplicó la capacidad de desalojo del sistema de drenaje, con lo que no se hicieron esperar los encharcamientos. Al grado que el sistema de drenaje capitalino trabajo a su máxima capacidad para desalojar 27 millones de metros cúbicos de agua.
El sistema de drenaje profundo trabajó totalmente lleno con presión de carga desde las 22:00 horas; aún el día posterior de la lluvia, había bastante presión de agua, porque todos los sistemas se saturaron.
Ante esta desgracia, que afecto a miles de ciudadanos, es prioritario que las autoridades del gobierno del Distrito Federal y del Ejecutivo federal, se coordinen a efecto de valorar los daños sufridos en las demarcaciones afectadas.
Que de manera coordinada recurran al Fondo de Prevención de Desastres Naturales que tiene como finalidad proporcionar recursos a las dependencias y entidades de la administración federal y entidades federativas, destinadas a la realización de acciones y mecanismos tendentes a reducir riesgos, evitar o disminuir los efectos destructivos originados por fenómenos naturales sobre la vida y bienes de la población, los servicios públicos y el medio ambiente.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita al jefe del Gobierno del Distrito Federal, que por medio de la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, se evalúen y se valoren los daños materiales que sufrieron los habitantes del Distrito Federal, directamente ocasionados por la lluvia del domingo 6 de septiembre de 2009.
Segundo. Que de la valoración realizada por la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, el jefe del Gobierno del Distrito Federal y el Ejecutivo federal, de manera coordinada, aprueben y pongan en marcha acciones para promover la reducción de la vulnerabilidad física de la ciudad ante fenómenos de orden hidrometereológico. Asimismo, impulsen una cultura de la autoprotección y mejoren las tecnologías para mitigar riesgos.
Tercero. Que se otorguen beneficios para apoyar a los ciudadanos del Distrito Federal afectados en sus bienes materiales por las lluvias del 6 de septiembre de 2009.
Cuarto. Se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal y al Ejecutivo federal, a que den prioridad a la construcción del túnel emisor oriente, con el propósito de complementar los sistemas del interceptor poniente, de drenaje profundo y el del Gran Canal, a efecto de evitar este tipo de desastres materiales, ocasionados por las lluvias en el Distrito Federal.
Salón de sesiones, a 23 de septiembre de 2009.
Diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO A LA CORRECTA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO 2106, FONDO DE APOYO
SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PT
Los suscritos, integrantes de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo para que, en términos de lo que se establece en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se acuerde la creación de la comisión especial para dar seguimiento a la correcta aplicación de los fondos del fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos de 1942-1964, bajo las siguientes
Consideraciones
En 1942, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se firmó por parte de representantes del gobierno de México y el de Estados Unidos de América el denominado convenio sobre la contratación de trabajadores mexicanos para ser empleados en labores agrícolas en Estados Unidos.
El propósito de dicho convenio fue permitir que trabajadores agrícolas mexicanos tuvieran oportunidad de laboral legalmente contando con todas las garantías jurídicas en Estados Unidos y se dispuso la creación del fondo de ahorro campesino, dichos fondos serían transferidos al Banco de Crédito Agrícola de México y el monto de dicho ahorro se destinaría, por parte de los trabajadores agrícolas a su regreso a México, en la adquisición de implementos agrícolas.
Desafortunadamente, para los trabajadores migratorios, el monto de sus ahorros se perdió o se lo robaron. Lo real es que cuando se creó el Banco Nacional de Crédito Rural al que se integró el Banco de Crédito Agrícola los recursos aportados por los trabajadores no se encontraron.
Esto ha traído como consecuencia que los trabajadores ex braceros y sus familias se organizaran para exigir que se les devuelva el monto de sus ahorros.
Con el propósito de enmendar esta situación la LIX Legislatura del Congreso de la Unión aprobó la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005.
Con base en esta ley, el Comité Técnico del Fideicomiso 2106 emitió las reglas de operación en las que en el punto cinco "Importe del apoyo social" se estableció lo siguiente: "El importe del apoyo social que se entregará a cada beneficiario será por la cantidad de 38 mil pesos, de acuerdo con los recursos disponibles en el patrimonio del fideicomiso, de conformidad con el orden de prelación que se establece en el artículo 5, fracción III, de la ley".
Desafortunadamente, en un acto de nula sensibilidad política el comité técnico determinó modificar las reglas de operación en el punto cinco "Importe del apoyo social", mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de este año, para quedar en los siguientes términos:
El importe del apoyo social que se entregará por una sola vez a cada beneficiario será por la cantidad de 38 mil pesos, misma que será entregada en exhibiciones de acuerdo a los recursos disponibles en el fideicomiso en cada ejercicio fiscal de conformidad con lo que establecen las fracciones II y III del artículo 5 de la ley".
Si tomamos en consideración que el promedio de edad de los trabajadores ex braceros oscilan entre los 75 y 85 años, muchos de ellos, por desgracia, no vivirán para recibir el recurso que se les robó.
En opinión de los diputados que suscribimos la siguiente proposición con punto de acuerdo esta Cámara de Diputados debe dar continuidad a las tareas realizadas por las comisiones especiales de seguimiento a los fondos de trabajadores mexicanos braceros, que en las legislaturas anteriores se han creado. Esta Cámara de Diputados de conformidad de lo que se dispone en el artículo 74, fracción IV, de nuestra norma fundamental, tiene la obligación de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación en donde se debe establecer la partida presupuestal para el Fideicomiso 2106 y de ahí pagar a los ex braceros la cantidad que les corresponde.
No podemos negar que se trata de una tarea de justicia social, resulta vergonzoso que en todo el tiempo transcurrido no se les haya hecho justicia y ellos tengan que venir a las afueras de esta Cámara de Diputados a reclamar lo que en estricto derecho les corresponde.
En la comparecencia del secretario de Gobernación, el pasado 17 de septiembre, el diputado Enrique Ibarra Pedroza le preguntó sobre el por qué no se han pagado en una sola exhibición los 38 mil pesos autorizados a los ex braceros, a lo que el secretario de Gobernación contestó con evasivas. También fue cuestionado por la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente sobre el mismo tema y la respuesta fue, de nueva cuenta, evadir el fondo del problema.
Por las consideraciones expuestas y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para que se turne a la Junta de Coordinación Política, sometemos a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda la creación de la Comisión Especial encargada de dar seguimiento a la correcta aplicación de los recursos del Fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964.
La Junta de Coordinación Política determinará el número de sus integrantes, debiendo estar representados todos los grupos parlamentarios.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2009.
Diputados: Pedro Vázquez
González (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica),
Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Laura Itzel Castillo Juárez,
Mario Alberto di Constanzo Armenta, Herón Agustín Escobar
García, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, José Gerardo Rodolfo
Fernández Noroña, Óscar González Yáñez,
Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Porfirio Alejandro
Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, Anel Patricia Nava Pérez, Teresa
Guadalupe Reyes Sahagún.
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN
RECURSOS PARA CREAR UN FONDO CONTRA CONTINGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS,
A CARGO DEL DIPUTADO RODOLFO TORRE CANTÚ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud de la honorable Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 la creación, con carácter permanente, de un fondo para la atención de urgencias epidemiológicas y que para el ejercicio presupuestal de 2010 se forme con un monto de 6 mil millones de pesos, y se exhorte al Ejecutivo federal a destinar recursos adicionales a la Secretaria de Salud para la creación de un fondo para la atención de las manifestaciones de la influenza A (H1N1) en el presente año de 2009, por un monto de 2 mil 500 millones de pesos con base en los siguientes
Antecedentes
La presencia a nivel mundial de nuevos riesgos sanitarios y enfermedades emergentes que afectan a todos los sectores de la población, conforman un panorama complejo que requiere a corto plazo necesidades de servicios que van más allá de las acciones y programas con que actualmente cuenta el sistema nacionales de salud.
En México, se puede advertir que los principales motivos de demanda de servicios se concentran en las enfermedades crónico-degenerativas infecciosas; estas últimas, al no ser tratadas a tiempo evolucionan hasta convertirse en brotes epidémicos, pudiendo llegar a pandemias. Es importante señalar que la atención medica temprana y el contar con los recursos para los insumos, es de vital importancia para frenar la evolución de estos padecimientos y evitar o disminuir la mortalidad.
Algunos de los padecimientos que pueden generar una carga alta de enfermedades y urgencias epidemiológicas son el dengue, paludismo, cólera, hepatitis viral, tuberculosis, dengue, entre otros, y enfermedades prevenibles por vacunación tales como tosferina, tétanos y sarampión. Destacan además las urgencias epidemiológicas por infecciones nosocomiales, las cuales provocan problemas sociales, gastos catastróficos y altas tasas de mortalidad hospitalaria.
Cada año se atiende una gran variedad de urgencias epidemiológicas; tan sólo en 2009 se atiende la emergencia epidemiológica por rickettsiosis, transmitida por garrapata que inició en Mexicali, Baja California, y que se ha extendido a otros estados como Sonora, Baja California Sur, Hidalgo y Tamaulipas. Asimismo, se atiende el incremento de tosferina, lo que constituye emergencias epidemiológicas que no pueden ser postergadas para su atención.
Por otro lado, la influenza A (H1N1) ha representado un verdadero reto para el sistema de salud para nuestro país y diversos países en todos los continentes que se han visto afectados por la presencia de brotes epidémicos, convirtiéndose en un problema mundial que ha dejado en evidencia, en muchos de los casos, la escasa capacidad de respuesta ante situaciones catastróficas.
El virus que se registró apenas en el mes de marzo pasado afecta ya a 168 países con unos 209 mil 438 casos y más de 2 mil 185 defunciones en el mundo, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud la declaró pandemia en junio pasado, a fin de que se tomaran las previsiones necesarias.
En este sentido, nuestro país tuvo que enfrentar este problema inédito con el surgimiento del virus con potencial y evolución desconocidos, por lo que sin duda se buscó en todo momento proteger la salud y la vida de los mexicanos por encima de cualquier consideración económica.
En lo que respecta a México, al 3 de septiembre del presente año, la Secretaría de Salud confirmó 22 mil 363 casos de influenza A/H1N1 y un lamentable saldo de 199 personas fallecidas por dicha causa.
Esta urgencia prioritaria de controlar la contingencia fue determinante para iniciar acciones con los recursos propios del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, el cual es parte del Sistema de Protección Social en Salud.
Dicho fondo busca otorgar servicios médicos de alta especialidad a las personas que no cuentan con Seguridad Social y que padecen enfermedades de alto costo que pueden poner en riesgo su vida y patrimonio familiar, tales como cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino, cáncer de próstata, cáncer en niños, VIH-sida, entre otros.
En este sentido, cabe señalar que el artículo 77 Bis 17 de la Ley General de Salud establece que la Secretaría de Salud debe canalizar a este fondo el 8 por ciento del total de recursos correspondientes a la cuota social y aportaciones solidarias, es decir, el 8 por ciento de lo que se destina al Seguro Popular.
De esta forma este fondo, al primer trimestre de 2009, cuenta con recursos por 17 mil 826.8 millones de pesos, de acuerdo al informe trimestral del fideicomisos que rinde la Secretaría de Salud.
Si bien el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos se destina también a cubrir emergencias sanitarias, como la que hemos estado viviendo, este fondo cubre muchas otras cosas más, por lo que es importante valorar la creación de un fondo específico que atienda emergencias epidemiológicas y así se permita garantizar la continuidad de los programas que se llevaban a cabo con otros fondos.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, para la atención de la contingencia sanitaria, se han gastado mil 400 millones de pesos provenientes del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y se tienen previstos otros 350 millones de pesos para el resto del año, además, de ahí saldrán los 2 mil 100 millones de pesos para la compra de las 20 millones de vacunas contra la influenza, que en número de 5 millones de dosis se espera adquirir para diciembre y a partir de enero de 2010 los restantes 15 millones. El Instituto Mexicano del Seguro Social aplicó también recursos por 500 millones de pesos, entre otras muchas instituciones federales, locales y municipales que le destinaron recursos.
Los impactos económicos, diversos a los derivados de los recursos que destinaron las instituciones del sector salud, aún ahora no se sabe realmente cuáles han sido; se habla desde un impacto de 8.0 del producto interno bruto o bien, de 4 mil millones de dólares; o la caída de 90 por ciento del turismo, estimado en 366 millones de dólares; la pérdida de 70 por ciento de los 21 mil 400 millones de pesos que representa la producción porcina; se estima que el turismo bajo en 90 por ciento en Oaxaca; en Ensenada se estima la perdida de 10 millones de dólares sólo por la falta de llegada de cruceros; o bien, que a nivel nacional, esta ausencia de llegada de cruceros en número de 290 significaba la perdida de 60 millones de dólares.
En el Distrito Federal se estimaban perdidas en el sector turístico por 15 mil millones de pesos y en Jalisco de 12 mil 500 millones de pesos; en Yucatán de 650 millones de pesos. Menciono estos casos sólo a manera de ejemplo, entre otros muchos estados afectados de igual forma importante.
Otros sectores como el turismo hablan de la quiebra de 6 mil 500 restaurantes y el despido de 55 mil trabajadores. En otros análisis se habla de una perdida económica de 65 mil millones de pesos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la calculaba en 30 mil millones de pesos. Con todo lo anterior, sólo se pretende dejar en claro que los efectos de la influenza A (H1N1), aunado a la crisis económica, significó la perdida de vidas, muchos miles de millones de pesos y de empleos, de afectación de los niveles de vida y elemento de tensión social, por lo que se ha convertido en un verdadero problema de seguridad nacional; por ello es conveniente invertir 6 mil millones, como aquí se pretende, para acciones de carácter preventivo que mitiguen de forma sustancial estos efectos que nos pueden llevar nuevamente a la perdida de miles millones de pesos, pero sobre todo que nos permitan evitar la muerte de más mexicanos.
Debemos reconocer que el sector salud actúo de manera responsable tomando las medidas que el momento reclamaba, pero es claro que a pesar de estas medidas no se puede aseverar que la emergencia ha pasado, ya que en diversos países se han presentado diversas manifestaciones que amenazan a la población mundial e, incluso, en nuestro país se ha manifestado en diversas entidades federativas. Lo cual indica que la influenza A (H1N1) sigue presente entre la población, por lo que existe una alta posibilidad de una presencia importante en el mes de diciembre.
En ello radica la importancia de trabajar en la creación de mecanismos de respuesta inmediata que aseguren un rápido acceso a recursos económicos, que permitan implantar medidas de prevención y mitigación por parte de los gobiernos estatales, así como para apoyar la capacidad de la salud pública nacional.
De ahí la necesidad de la conformación de un fondo con carácter de permanente para hacer frente a las manifestaciones epidemiológicas que cuente con los recurso necesarios que vayan más allá de la adquisición de vacunas y que contemple las necesidades de contar con laboratorios suficientes, de reactivos, que prevea los costos elevados que representa la hospitalización ante el eventual agravamiento de las personas y el incremento en general de los gastos de operación de quienes atienden este tipo de manifestaciones medicas.
Es en este mismo sentido que se hace necesario contar de inmediato con recursos para la atención medica de las manifestaciones que ya se están presentando de la influenza A (H1N1), que como han reconocido las autoridades en materia de salud, se han venido incrementando considerablemente, que se ha estimado podrían producir un número de muertes cercano a las dos mil personas. Ello hace necesario contar con al menos un fondo para ejercer durante lo que resta de 2009, recursos estimados en al menos 2 mil 500 millones de pesos, que se insiste, su aplicación va mucho mas allá de la compra sólo de vacunas, ya que tiene que ver como ya se mencionó con el tratamiento integral de quien se ve afectado por la infección con este virus.
Por todo lo anterior se propone la creación de un fondo para la atención de urgencias epidemiológicas, que cuente con recursos suficientes y oportunos, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, que se está discutiendo, pero también para la atención inmediata para este 2009, de la presencia de la influenza A (H1N1), para lograr acciones preventivas y de control que reduzcan sustancialmente, los daños económicos y las perdidas de vidas humana en nuestra nación.
Por lo expuesto, y en ejercicio de mis atribuciones, pongo a consideración de esta LXI Legislatura los siguientes
Puntos de Acuerdos
Primero. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y a la Comisión de Salud de la honorable Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 la creación, con carácter permanente, de un fondo para la atención de urgencias epidemiológicas, que para el ejercicio presupuestal de 2010 se forme con un monto de 6 mil millones de pesos.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a destinar recursos adicionales a la Secretaria de Salud para la creación de un fondo para la atención de las manifestaciones de la influenza A (H1N1), en el presente año, por un monto de dos mil quinientos millones de pesos.
Tercero. Se considere este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2009.
Diputados: Francisco Rojas Gutiérrez, Rodolfo
Torre Cantú, Eduardo Alonso Bailey Elizondo, Rubén Ignacio
Moreira Valdez, María Cristina Díaz Salazar (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS AGRESIONES
A PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA
YOLANDA VALENCIA VALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
El 19 de diciembre de 2006, la LX Legislatura publicó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara sobre la integración de la comisión especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, que fue instalada el 21 de diciembre de aquel año y trabajó hasta el término de la legislatura, con el objetivo de establecer un marco legal que institucionalizará y garantizará la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa en el país y que, a su vez, permitiera la construcción de un ambiente social donde se asumiera la importancia de la información como bien público.
La libertad de expresión constituye una de las garantías más sólidas de la democracia y el desarrollo moderno de los Estados. Esta libertad no sólo exige que los individuos sean libres de transmitir ideas e información, sino que también que toda la sociedad pueda recibir información lo más oportuna y objetiva posible.
La violación de la libertad de expresión y de prensa constituye una violación de la democracia, marco necesario para la realización de los derechos humanos. Libertad de expresión es reconocida en diversas declaraciones y tratados internacionales, como la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como un derecho humano fundamental.
En el país, la libertad de expresión se encuentra tutelada en el artículo 6o., y la libertad de prensa se garantiza en el artículo 7o. de la Carta Magna. Por tanto, hay definición sobre la función de los comunicadores, partiendo de la base de que toda persona tiene derecho a ser informada, además de la libertad para comunicar pensamientos y opiniones incluso publicándolos; y se considera que los comunicadores tienen como profesión recabar datos y analizarlos, y con base a ello informar a los demás sobre los temas que les interesan.
Resulta evidente que la práctica del periodismo es una manifestación perfecta de la libertad de información y de prensa. Los medios de comunicación masiva, los periodistas y los demás comunicadores tienen el derecho de informar a los habitantes; de manera correlativa surge la obligación de que los órganos del Estado tutelen dichos derechos.
El asesinato, el secuestro, el abuso de autoridad, las amenazas, la prisión injusta de periodistas, el robo y la destrucción del material de los periodistas o de los medios de comunicación y, en general, la violencia de cualquier tipo, así como la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa, por lo cual estos actos deben ser investigados y sancionados con oportunidad.
Los periodistas cumplen una función importante, ya que ofrecen al público una fuente informativa independiente, por lo que debe brindárseles la mayor protección posible. Es deber del Estado prevenir, investigar y castigar a los responsables del asesinato y otros actos de violencia perpetrados con objeto de obstruir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Las agresiones contra el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión restringen los derechos de los demás ciudadanos, ya que limitan su derecho a la información. Se trata por consiguiente de evidentes violaciones de los derechos humanos, que se manifiestan algunas veces de manera grosera y criminal, y otras de forma sutil y disimulada, pero igualmente dañina.
Es largo el recuento de las agresiones cometidas contra diversas personas en el ejercicio de la labor periodística, por lo que resulta indispensable la adopción de mecanismos que garanticen la coordinación entre instancias federales, estatales y municipales, organismos autónomos, organizaciones de periodistas y medios de comunicación, así como el Poder Legislativo, a fin de garantizar la seguridad y el pleno ejercicio de su labor de informar a la sociedad.
Con el establecimiento de la comisión especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación continúa el compromiso de seguir elevando la voz y hacer que el tema sea encumbrado en la agenda nacional, a fin de crear un ambiente social propicio para el ejercicio periodístico, dotado de un marco legal que garantice la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa en México.
El artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señala que el pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico. Asimismo, de acuerdo con la normatividad que rige la Cámara de Diputados, corresponde a la Junta de Coordinación Política dar los pasos necesarios para crear una comisión especial. Ya que comienzan los trabajos de la LXI Legislatura, presento esta propuesta a fin de crear la comisión especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.
Puntos de Acuerdo
Primero. Se crea la comisión especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.
Segundo. La comisión especial estará formada por 13 integrantes, que serán elegidos con los criterios de pluralidad y proporcionalidad.
Tercero. La comisión especial existirá durante la LXI Legislatura.
Cuarto. La comisión especial rendirá su informe anual de actividades ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2009.
Diputada María Yolanda Valencia Vales (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA EL SECTOR EDUCATIVO, EN ESPECIAL
PARA LAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SUSCRITA
POR LOS DIPUTADOS MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL Y RUBÉN IGNACIO
MOREIRA VALDEZ, DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRD Y DEL PRI, RESPECTIVAMENTE
Los suscritos, diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para mandatar a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y a la de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación asignen mayores recursos que las propuestas por el Ejecutivo federal en su proyecto de presupuesto para el año 2010 a la educación pública, en especial a las universidades e instituciones de educación superior, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable para realizar otros derechos humanos. Así, para la UNESCO la educación "es el principal medio que permite a menores y adultos marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar activamente en sus comunidades".
En consecuencia, la importancia de la educación como un derecho humano fundamental y bien público está fuera de duda. Dicho de otra manera la educación no es lujo, sino factor clave para que la población mejore sus condiciones de vida y contribuya al desarrollo nacional.
Adicionalmente, en la actualidad, el carácter estratégico de la educación está en la órbita de las prioridades políticas a corto y mediano plazo en todo el mundo, pues además de continuar con sus deberes de promover la cohesión y la equidad social, tiene que ser pivote de la competitividad económica y el progreso tecnológico.
Incluso a nivel mundial se ha planteado que los sistemas educativos pueden convertirse en pocos años –si no es que ya lo son– en la industria del conocimiento de mayor potencialidad del crecimiento económico.
Al respecto, la UNESCO considera que la riqueza global está concentrada cada vez menos en el capital físico (fábricas, tierras, herramienta y maquinarias, entre otras cosas) y cada vez más en el capital humano, donde el conocimiento, las habilidades y la inventiva de las personas son de mayor importancia para la economía mundial.
Sin embargo, como es del dominio público, en días pasados el gobierno federal impuso un recorte presupuestal a la educación pública cercano a los mil millones de pesos.
Este recorte presupuestal afectó principalmente a las universidades e instituciones de educación superior, a las cuales se les aplicó una disminución de más de 800 millones de pesos, siendo una de las más castigadas la Universidad Nacional Autónoma de México; que tendrá una disminución en su presupuesto de más de 200 millones de pesos.
Ahora, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, el Ejecutivo federal disminuye a la educación pública cerca de 5 mil millones de pesos, lo que significa 4.2 por ciento menos en comparación con el presupuesto aprobado para 2009.
Con este nuevo recorte a la educación pública, las universidades e instituciones de educación superior resultan nuevamente las más afectadas, dado que les aplica una disminución de alrededor de 3 mil 500 millones de pesos. Pero además, en la propuesta presupuestal del Ejecutivo se cancelan diez fondos de apoyo extraordinarios y a otros se les reducen los recursos hasta en más de 60 por ciento. Cabe mencionar que estos fondos son fundamentales para el desarrollo y la consolidación de la educación superior, en particular para las instituciones educativas estatales.
Así, entre otros fondos que aparecen con cero pesos están: el de apoyo para saneamiento financiero de la universidades por abajo de la media nacional en subsidio por alumno; el de reconocimiento de plantillas; el de incremento a la matrícula en educación superior; el de consolidación de las universidades públicas estatales y de apoyo solidario; Ampliación de la oferta educativa de los institutos tecnológicos.
El recorte no termina ahí. A otros fondos se les castiga otorgándoles menos recursos que el 2009. Entre ellos, los siguientes: el de apoyo para reformas estructurales para abatir pasivos contingentes derivados de pensiones y jubilaciones, con 700 millones de pesos menos; el modelo de asignación adicional al subsidio federal ordinario, con 800 millones de pesos menos; el programa de mejoramiento del profesorado, con 200 millones de pesos; el Fondo de de Modernización para la Educación Superior, con 50 millones de pesos.
La disminución de los presupuestos a la educación superior implica un atentado más contra la investigación científica y tecnológica del país, cuyos beneficios para la población han sido plausibles, pues las universidades e instituciones de educación superior públicas realizan el 90 por ciento de la investigación que se produce en el México.
Las implicaciones negativas son múltiples. No únicamente se pone en riesgo las actividades de docencia, investigación científica y difusión de la cultura de las universidades e instituciones de educación superior, sino además las precipita hacia una asfixia financiera que les impedirá cumplir con las obligaciones que la sociedad les exige, como es satisfacer la demanda de cada vez más miles de jóvenes de acceder a la educación.
No incrementar los recursos a la educación pública, a nuestras universidades e instituciones de educación superior, e imponerles recortes presupuestales es condenar a miles de jóvenes a la ignorancia y a empleos sin superación, es condenar al país permanentemente al subdesarrollo y la dependencia de quienes sí gastaron en educación, es condenar al país a permanecer en el rezago en términos de competitividad. Hacerlo es actuar contra México. Mientras el 23 por ciento de la fuerza laboral tiene estudios superiores a la secundaria, en otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos el índice es de 67 por ciento. Con recortes a la educación, la distancia entre nuestro país y los países altamente industrializados y en crecimiento se volverá abismal.
Además, la determinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de disminuir los recursos a la educación pública por demás equívoca, prefigura un desacato al mandato establecido en la Ley General de Educación, que en sus artículos 25 y 27 dispone de manera puntual que el Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad en todo momento destinarán recursos presupuestales crecientes para la educación pública. Y no sólo eso, también al mandato legal que precisa que el incremento de los recursos educativos debe ser en términos reales, mayores recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010. Por ello, les solicitamos que se apruebe de urgente y obvia resolución la proposición con los siguientes
Puntos de Acuerdo
De Urgente y Obvia Resolución
Primero. El pleno de la Cámara de Diputados mandata a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y a la de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010; se ajusten al mandato legal de la Ley General de Educación en su artículo 25 que establece: El monto anual que el Estado -federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1 por ciento del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas.
Segundo. Asignen mayores recursos al sector educativo, en particular a las universidades e instituciones de educación superior públicas, que están en peligro de asfixia financiera por los ilegales recortes presupuestales aplicados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, tanto en sus funciones sustantivas como en programas y fondos de apoyo extraordinario.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a veintitrés del mes de septiembre de 2009.
Diputados: Mary Telma Guajardo Villareal, Rubén
I. Moreira Valdez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE DETERMINA QUE LOS SECRETARIOS DE ESTADO, EL PROCURADOR GENERAL DE LA
REPÚBLICA, LOS DIRECTORES Y LOS ADMINISTRADORES DE LAS ENTIDADES
PARAESTATALES, Y LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS,
AL COMPARECER ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y RENDIR INFORMES BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, SERÁN ADVERTIDOS POR EL PRESIDENTE DE
LA MESA DIRECTIVA O DE LAS COMISIONES ACERCA DE CONDUCIRSE CON VERDAD Y
DE LAS PENAS EN QUE INCURREN LOS QUE DECLARAN CON FALSEDAD ANTE AUTORIDAD
DISTINTA DE LA JUDICIAL, A CARGO DEL DIPUTADO JAIME FERNANDO CÁRDENAS
GRACIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El suscrito, diputado federal Jaime Fernando Cárdenas Gracia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se someta a consideración de esta asamblea, como asunto de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Consideraciones
El párrafo segundo de los artículos 69 y 93 de la Constitución establecen para los secretarios de Estado, el procurador general de la República, los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como para los titulares de los órganos constitucionales autónomos, la obligación de comparecer ante las Cámaras y rendir informes bajo protesta de decir verdad.
En la obligación anterior, los servidores públicos mencionados deben rendir los informes bajo protesta de decir verdad y, además, deben ser advertidos para conducirse con verdad y de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridades distintas de la judicial.
Lo anterior, porque se trata de una obligación constitucional en la que no se puede mentir al pueblo ni a sus representantes y, porque las advertencias mencionadas son necesarias para proteger los derechos constitucionales de los informantes, tal como se ha establecido en el derecho nacional y comparado.
En el derecho comparado, por ejemplo, en el caso Miranda versus Arizona (1966) 384 US 436, vertido en 13 de junio de 1966 por la Suprema Corte de los Estados Unidos, siendo ponente el Chief Justice Earl Warren, se determinó que quien declara ante cualquier autoridad debe ser consciente de las consecuencias jurídicas de sus informes y declaraciones, pues de otra manera sus derechos de defensa en el futuro se verían vulnerados y, además, cualquier investigación ulterior, derivada de esos informes y declaraciones, sin las advertencias previas y, sin tener conciencia jurídica plena de las consecuencias de las declaraciones, puede anular o invalidar cualquier proceso o procedimiento que se pudiera instaurar, en contra de esos servidores públicos, por esas manifestaciones.
La obligación de rendir informes bajo protesta de decir verdad debe también ampliarse a las conferencias e informes ante las comisiones de la Cámara, pues los artículos 53 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos facultan a las comisiones para citar a altos servidores públicos del país a comparecer ante las mismas. En consecuencia, los presidentes de las comisiones deben advertirles para que se conduzcan con verdad, así como de las penas en que incurren los falsos declarantes ante autoridades distintas de la judicial.
El artículo 247 del Código Penal Federal señala que
Se impondrá de dos a seis años de prisión y de cien a trescientos días multa:
I. Al que, interrogado por alguna autoridad distinta de la judicial, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad.
La obligación de advertencia de las consecuencias jurídicas de los informes y declaraciones, se encuentra, por tanto, prevista en las normas de nuestro país. Se debe garantizar para no violar los derechos fundamentales de nadie. No tendría sentido normativo establecer exclusivamente la obligación de rendir informes o comparecer bajo protesta, sin establecer al mismo tiempo todas las consecuencias jurídicas de ese deber.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. En las comparecencias de los secretarios de Estado, del procurador general de la República, de los directores y de los administradores de las entidades paraestatales, así como de los titulares de los órganos constitucionales autónomos para rendir informes en los términos de los segundos párrafos de los artículos 69 y 93 de la Constitución, la protesta de decir verdad se realizará ante el Pleno o las comisiones, y el presidente de la Mesa Directiva o de la comisión respectiva de la Cámara les advertirá que deben conducirse con verdad, así como de las penas en que incurren los falsos declarantes ante autoridad distinta de la judicial.
Transitorio
Esta proposición entrará en vigor el día de su aprobación en la Cámara de Diputados. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
México, DF, a 23 de septiembre de 2009.
Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DEL GOBIERNO FEDERAL, A ELABORAR A TRAVÉS
DE LA SHCP, DE LA SCT, DE LA SECTUR, DE LA SE Y DE LA CONAGUA UN PLAN INTEGRAL
DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA OAXACA, A CARGO DEL DIPUTADO
EVIEL PÉREZ MAGAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Eviel Pérez Magaña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades contenidas en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo siguiente.
Consideraciones
Visto con objetividad y desde la perspectiva de las estadísticas oficiales, es muy poco lo que el gobierno federal ha hecho para impulsar el desarrollo económico de los estados más pobres del país.
No obstante que ante la crisis económica mundial estos estados han sido los más vulnerables, la federación ha omitido diseñar y ejecutar planes y programas de desarrollo regional que les permitan mitigar su ya de por sí ancestral marginación.
De esa suerte, el impacto que el fenómeno financiero ha tenido en esas entidades federativas ha sido demoledor.
Al afectar negativamente a sus economías, la crisis ha profundizado en el deterioro de sus niveles de empleo, generado inseguridad pública y propiciado mucha más pobreza.
En el caso concreto de Oaxaca, datos del Consejo Nacional de Población lo ubican como el tercer estado más marginado del país y el penúltimo en desarrollo humano, pese a que el Plan Nacional de Desarrollo establece como prioritarios a 89 de sus municipios, por presentar menor índice de desarrollo humano, conforme al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Así, sectores como el turismo, que constituyen un destacado motor del desarrollo económico y representan un generador importante de divisas y empleo, se han dejado prácticamente a la responsabilidad local, cuyas posibilidades de inversión son escasas.
A pesar de ello, el gobierno del estado, consiente de la importancia turística y comercial de su ciudad capital, Oaxaca de Juárez, considerada por la UNESCO "Patrimonio de la Humanidad", y cuyos monumentos históricos e infraestructura se habían dejado en el olvido, ha revertido ese deterioro con un gran esfuerzo, para evitar la caída estrepitosa de su ingreso, del desarrollo socio-económico de sus habitantes y de su sector servicios.
En Oaxaca, un gran número de familias vive del turismo y de comercializar sus productos artesanales; una importante cantidad de oaxaqueños trabaja en hoteles y restaurantes, en las agencias de viajes, como guías o como taxistas; muchos también del expendio de alimentos o del cultivo y la comercialización del mezcal y el café.
Con todos esos mexicanos y mexicanas, nosotros los diputados, tenemos el compromiso de reclamar lo que se les ha negado: empleo e ingresos legítimos, arraigo, mejores niveles de bienestar, vida digna.
Por ello, no es de justicia que, bajo el pretexto de la crisis, los recursos asignados a Oaxaca en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sean subejercidos o disminuidos unilateral y arbitrariamente por el gobierno federal.
Al igual que en otras entidades federativas, los recortes presupuestales no han sido consensuados con su gobierno, para definir dónde y como se perjudicaría en menor medida a sus proyectos estratégicos.
Por eso, pensamos que es de la más alta prioridad que el gobierno federal, por una parte, respete cabalmente las partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación asignadas a las entidades más asimétricas del país, y, por otra parte, impulse programas emergentes de reactivación económica que permitan a estos consolidar sus programas y recapitalizarse.
Quienes vivimos en los estados con mayores índices de pobreza de nuestro país, creemos que el gobierno de la república debe dar a estos certidumbre respecto de los proyectos de desarrollo que sus comunidades demandan, porque constituyen la única solución a la precariedad que padecemos.
Oaxaca es la única entidad federativa que no cuenta con un eje troncal que estimule la comunicación y desarrollo, entre su capital y sus diversas regiones, por lo que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación solicitaremos un incremento que le permita realizar estas obras que serán un motor del desarrollo en Oaxaca.
Los oaxaqueños que habitan o trabajan en los municipios conurbados a la capital aguardan la solución definitiva del abasto de agua. aún estamos a tiempo –nos han dicho repetidas veces– de evitar la difícil situación que están viviendo millones de mexicanos que habitan esta gran metrópoli de la república.
Esta insuficiencia sería desastrosa para la actividad turística y evidentemente para miles de familias de la zona metropolitana de Oaxaca.
La federación esta en deuda con el sur de la república y específicamente con Oaxaca. Ésta, pese a ello, ha prolongado la terminación o inicio de importantes arterias que le dan viabilidad al sur, al sur sureste y en sí, al propio país en muchos sentidos.
No estamos satisfechos con el ritmo de ejecución de la vía rápida entre la ciudad de Oaxaca y Tehuantepec. No estamos satisfechos con el tratamiento a la ampliación y modernización de la carretera costera que une al sur de México con los principales demandantes de nuestros insumos o que dinamizaría la actividad turística regional.
El diferir o cancelar la realización de obra pública en Oaxaca, no sólo afectaría a un determinado sector, sino que cancelaría o retrasaría las posibilidades de desarrollo e igualdad de millones de habitantes indígenas y rurales que habitan en el estado, manteniéndolos o agravando sus condiciones de marginación y pobreza.
La situación crítica de la economía nacional requiere, ciertamente, de un programa emergente para resarcir los daños en las micro, pequeñas y medianas empresas que se han visto afectadas.
Asimismo, es apremiante que se impulsen programas inmediatos que lleven a la recapitalización de los empresarios, artesanos y comerciantes más pequeños, para compensar las pérdidas económicas y patrimoniales que aquejan a este sector productivo.
Es urgente que Oaxaca, y en sí el sur, se integre a la agenda política nacional, y se brinde auxilio particular a sus sectores productivos afectados por la crisis.
Es tiempo de que el gobierno federal asuma su responsabilidad y con voluntad rescate las propuestas de los gobiernos locales, como el Programa Integral del Sur, se ejecuten proyectos estratégicos de infraestructura, se aliente a las actividades productivas y se multipliquen las acciones para el desarrollo social.
No queremos que los pueblos del sur, incluido Oaxaca, sigan siendo la referencia del rezago, de la marginación y la pobreza. Queremos, por el contrario, que resurja la esperanza.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, instruya a las Secretarias de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, de Economía y a la Comisión Nacional del Agua, para que a la brevedad elaboren un plan integral de reactivación económica, turística, de construcción y terminación de la infraestructura nueva y en proceso en el estado de Oaxaca y otras entidades con menores índices de desarrollo humano, en el que se contemplen esquemas de financiamiento y otorgamiento de créditos preferenciales a la micro, pequeñas y medianas empresas, comerciantes, artesanos y trabajadores independientes afectados por la crisis económica, para posibilitar su recapitalización y la continuidad de sus actividades productivas.
Palacio Legislativo, a 23 de septiembre de 2009.
Diputado Eviel Pérez Magaña (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL IMPULSO Y DESARROLLO DE LOS
FESTEJOS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN
MEXICANA, SUSCRITA POR DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Un aspecto trascendente en los tiempos que atravesamos me ha movido a ocupar esta honorable tribuna. Dicho aspecto, de suma importancia para todos los mexicanos, consiste en el sometimiento a la aprobación de esta honorable asamblea la integración de una Comisión Especial de apoyo a los festejos de bicentenario de la Independencia nacional y el centenario de la Revolución Mexicana.
Como es de todos bien sabido, el pueblo de México sufre una de las peores crisis económicas de los últimos años; crisis económica de gestación extranjera y que, de conformidad al sistema globalizado que impera en la mayor parte del mundo, lesionó gravemente a nuestra ya sensible economía.
La crisis económica, sin embargo, en muchas ocasiones constituye el origen de problemas de otra naturaleza, verbigracia: la desintegración familiar, la pobreza, la desnutrición, problemas de salud como la depresión y la ansiedad, la incredulidad y carencia de respeto de la sociedad hacia las instituciones, la desigualdad social, entre otras.
Esta serie de problemas, más allá de fincar responsabilidades que únicamente nos conducirían a un interminable intercambio de opiniones, podrían tristemente ocasionar que el próximo año 2010 pasen desapercibidos dos grandes eventos que jamás volverán a repetirse: El festejo del bicentenario del inicio del movimiento de Independencia de México, así como el festejo del primer centenario del inicio de la Revolución Mexicana.
La Independencia de México, señores diputados, jamás volverá a cumplir doscientos años, lo mismo se afirma al decir que la Revolución Mexicana nunca cumplirá de nuevo cien años.
Por supuesto sabemos, compañeros legisladores, que los festejos de este par de magnos acontecimientos, en poco colaboran si no es que en nada, en dar solución a la crisis económica nacional y mucho menos a la global. Empero, ante momentos y escenarios tan críticos no desde nuestro particular enfoque o punto de vista, sino desde la perspectiva y el sentir de aquellos ciudadanos a quienes nosotros representamos en este honorable recinto, quienes sufren en carne propia y cotidianamente los estragos más crudos de la crisis a la que me he referido, se corre el riesgo de quien pierdan por completo la confianza y la fe, si no es que ya lo hicieron, en las instituciones y en la identidad de nación que como mexicanos nos une o al menos nos debería de unir.
Resulta de esta guisa necesario reforzar e impulsar de nueva cuenta esa identidad de nación, estimados colegas, debe comenzar por nosotros mismos, porque más allá de los colores, los escudos o los partidos políticos con los cuales simpatizamos cada uno de nosotros, más allá de las convicciones políticas personales o de grupo, de las creencias políticas y religiosas de cada quien, una condición nos une a todos por igual: el hecho de ser todos mexicanos.
A través de esta comisión especial, que coordinaría sus planes y trabajos con las comisiones especiales de la misma naturaleza del Senado de la República, del Ejecutivo federal, así como con las actividades que para tal efecto desarrollen los Congresos de las entidades federativas, impulsaría los valores que han englobado a cada uno de estos acontecimientos históricos.
Esa comisión especial, de la cual propongo su integración, tuvo su origen en el año 2007, mediante acuerdo de la LX Legislatura, sin embargo, como es de todos conocido, en días pasados, mediante la Gaceta Parlamentaria fue publicado el acuerdo sobre la declaratoria de extinción de comisiones especiales, sin embargo, tras la trascendencia de los eventos que se avecinan en año que sigue a éste, pongo a punto de consideración de esta soberanía, su reactivación.
A través de esta comisión especial, de la cual propongo su integración, impulsaremos los valores patrios que parecen cada vez más ausentes en la cultura nacional.
Permitamos que la ciudadanía conozca a quienes lo han hecho, o que recuerde, para quienes ya los conocía, los valores pilares de nuestro movimiento independentista, tales como la libertad y la igualdad.
Recordemos a los grandes hombres y mujeres que fincaron la primera piedra de nuestro país y sus instituciones.
Demos un giro histórico hacia nuestra propia historia, conozcamos a las personas que dieron su vida física e intelectual para tener todo aquello de lo que ahora gozamos. Desde el cura Hidalgo y su proscripción de la esclavitud, la fase de Morelos y de López Rayón, fase toral y de mayor importancia en este movimientos, conozcamos los diarios que gesta ron la Independencia nacional, como el Despertador americano, los documentos políticos que se gestaron como base del constitucionalismo mexicano, como los Sentimientos de la Nación de 1813 o la Constitución de Apatzingán de 1814.
Conozcamos la historia objetivo y real de nuestros personales sin realzarlos mágicamente o condenarlos inhumanamente. Más que indagar en las batallas que derramaron sangre, analicemos los instrumentos e instituciones que emanaron de ellos.
Lleguemos a la fase de donde Iturbide, Guerrero y Victoria consiguen consumar aquél movimiento que diez años antes inició Hidalgo, Allende y Aldama, que tendría un período intermedio imperial, que caería con el republicano y la promulgación del primer texto constitucional del México independiente en 1924.
Por otra parte, una serie de principios que resultan vigentes hasta el momento en que vivimos se gesta ron como producto de la Revolución Mexicana que tuvo como fecha de nacimientos el 20 de noviembre de 1910, pero lo más importante, sin lugar a dudas, lo constituye la Constitución Política de 1917, como producto de este movimiento revolucionario, no únicamente por la creación de una Carta Magna que supliría a la de 1857, sino que, por primera vez no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, serían incluidos en el mismo texto constitucional, en su parte dogmática primordialmente, los derechos individuales y los derechos sociales, como aquellos que protegen a los grupos sociales en estado de invulnerabilidad. Este texto constitucional, que aún nos rige actualmente, mediante un gran número de reformas, fue en su momento objeto de innumerables elogios por la comunidad política y jurídica mundial.
Rendir tributo a la Revolución Mexicana no significa cosa distinta que rendir tributo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que nos continúa rigiendo.
Conozcamos y recordemos aquellos personajes que fueron pilares en este movimiento histórico, como Madero, Carranza, Obregón, Flores Magón, pero sobre todo aquél colegio notable de personas que configuraron el Constituyente originario de nuestra actual Ley Suprema.
Reforcemos en la ciudadanía, en los jóvenes, los niños, los adultos y en la sociedad en su conjunto, la historia que nos contempla. Rindamos respecto a nuestros símbolos y valores patrios respetando y recordando la historia, entendiéndola, analizándola para efecto de lograr un mejor presente y un brillante futuro.
Quien no conoce la historia se encuentra condenado a repetirla con todo y los errores que se cometieron en el pasado. Nuestra historia nos contempla, distinguidos colegas diputados, nos contempla y nos demanda recordarla como merece, si actuamos adecuadamente y de manera objetiva, dejando nuestro apasionamientos políticos personales o grupa les a un lado, será la historia misma la que nos recompensará en un futuro y por ende, esto significará que las personas a quienes representamos, sean beneficiadas.
Reforcemos, mediante la memoria y la conciencia histórica de nuestro amado país, la identidad que como nación nos une a todos los mexicanos. Únicamente mediante esta característica común de identidad, podremos partir hacia el proyecto de nación que la sociedad tanto nos demanda.
Por lo antes expuesto, estimados compañeros legisladores, el suscrito diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 74 y 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 39 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta honorable Soberanía, la siguiente propuesta con:
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial para el impulso y desarrollo de los festejos del bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana de la Cámara de Diputados.
Segundo. La Comisión Especial para el impulso y desarrollo de los festejos del bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana se integrará por el número de diputados que así lo determine la Junta de Coordinación Política y de manera proporcional a la representación de cada una de las fracciones parlamentarias con representación en la Cámara de Diputados y que tendrá como funciones las siguientes:
B. Coordinar sus actividades con la comisión especial de la misma naturaleza de la Cámara de Senadores, de las dependencias del Ejecutivo federal, así como por el Poder Judicial de la Federación.
C. Coordinar sus actividades con las relativas organizas y a desarrollarse por los congresos de las entidades federativas, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como por los Poderes Ejecutivos de los estados y de sus respectivos municipios.
D. Las demás que así determine y establezca la Junta de Coordinación Política.
Cuarto. La Comisión Especial para el impulso y desarrollo de los festejos del bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana de la Cámara de Diputados impulsará la organización, desarrollo, coadyuvancia y participación en la realización de todos aquellos actos y acciones que sirvan de contribución al fortalecimiento del espíritu de identidad nacional, a los valores de tolerancia, respeto, libertad, igualdad, tanto en el territorio nacional, por conducto de su colegisladora federal, así como del Ejecutivo Federal y sus respectivas dependencias, como al exterior, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las representaciones diplomáticas mexicanas.
Quinto. La Comisión Especial para el impulso y desarrollo de los festejos del bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana contará con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la realización de sus atribuciones, con apego a la normatividad aplicable de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Por lo antes expuesto y fundado, ciudadano presidente, solicito a usted que la presente propuesta con punto de acuerdo, sea turnada a la Junta de Coordinación Política; así como que mi intervención sea insertada íntegramente para su debida constancia, en el Diario de los Debates.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 23 de septiembre de 2009.
Diputados: Rubén Arellano
Rodríguez, Cecilia Soledad Arévalo Sosa (rúbrica),
Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica), José Erandi Bermúdez
Méndez (rúbrica), José Gerardo de los Cobos Silva,
Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Tomás Gutiérrez Ramírez
(rúbrica), Juan Huerta Montero (rúbrica), Ruth Esperanza
Lugo Martínez, Ramón Merino Loo (rúbrica), Jaime Oliva
Ramírez, Juan de Jesús Pascualli Gómez, Alejandra
Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica), Martín Rico
Jiménez (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica),
Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica), J. Guadalupe Vera Hernández
y Sixto Alfonso Zetina Soto (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS FUERZAS POLÍTICAS REPRESENTADAS EN ESTA SOBERANÍA
A OTORGAR MAYORES RECURSOS PARA LOS MUNICIPIOS, A CARGO DEL DIPUTADO SAMUEL
HERRERA CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura y perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que en nuestra calidad de ex alcaldes, varios de los hoy diputados federales a la LXI Legislatura, somos testigos de las enormes dificultades financieras por las que atraviesan los municipios de todo el país. La crisis económica, las condiciones adversas del entorno económico y financiero mundial, así como la mala conducción del gobierno federal para afrontarla agravan más la situación.
Que la LX Legislatura hizo enormes esfuerzos presupuestales lo cual permitió, que de 2006 a 2009, los Presupuestos de Egresos de la Federación fueran los más grandes en la historia de nuestro país. Que de igual forma, los recursos participables para las entidades federativas crecieron de manera sustantiva, particularmente el ramo 28 y 33, así como lo que hoy se conoce como el PAFEF.
Que a pesar de que los gobiernos de las entidades federativas han hecho su mayor esfuerzo por obtener más captación de recursos y tener una mejor distribución entre sus municipios, esto ha sido insuficiente.
Estamos ciertos que, de acuerdo a las previsiones oficiales, se anticipa que el precio de referencia promedio para la mezcla mexicana de petróleo será para 2010 de 53.9 dólares por barril y la plataforma de producción de crudo disminuya a 2 mil 500 millones de barriles.
Que el gobierno federal ha hecho público que si bien los ingresos petroleros y tributarios no petroleros esperados para 2010 serán mayores que los observados en 2009, estarán por debajo de los que se elaboró en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, debido a dos factores: menores ingresos no petroleros de forma transitoria, a causa de que la actividad estará por debajo de su nivel potencial y menores ingresos petroleros, resultado de un menor precio y de la curva continua de disminución de la producción en nuestro país.
Por tanto, no toleraremos la tentación de argumentar que la ausencia de medidas fiscales tendrá como consecuencia una situación insostenible en el gasto y en las participaciones federales para estados y municipios.
La administración federal argumenta que sus prioridades son el combate al crimen organizado, y la infraestructura, al paso de sus tres años ya en ejercicio, ha demostrado una sola cosa: gasta mucho y gasta mal, el empleo ha disminuido y los índices de delincuencia así como el grado de violencia se han incrementado exponencialmente.
Ante esta situación, los gobiernos municipales se han organizado de manera conjunta y permanente para hacernos llegar sus requerimientos presupuestales, sus proyectos de inversión, información de los niveles de recaudación propia, así como de sus propuestas para hacerse de más recursos en beneficio de la ciudadanía.
Por ello hacemos extensivo su reclamo de no hacerlos partícipes en mayor medida de la discusión presupuestal de cada año, así como de los excedentes petroleros, de la devolución del IVA a ellos y sí a empresarios que sólo acumulan a favor de su patrimonio, además de que la descentralización de recursos en materia de seguridad son temas que no pueden soslayarse en estos momentos.
Para que los municipios del país tengan más herramientas para responder al rezago social de sus habitantes se propone flexibilizar los destinos de inversión establecidos para el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, avanzando en las fórmulas de asignación a fin de hacer progresiva la retribución.
Es fundamental incrementar el monto destinado a entidades del Fondo General de Participaciones, lo que obligaría a establecer reglas claras en cuanto a la mecánica de la operación del gasto federalizado tanto en su ejercicio como en su fiscalización, además de hacer viable la evaluación de la calidad del gasto, así como la rendición de cuentas. Hoy hay poca sensibilidad de las necesidades de los municipios, una mala distribución de los recursos y tentación a disminuirlos.
En este sentido, el PRD propone el fortalecimiento de la recaudación federal participable replanteando los criterios y fórmulas de distribución de las participaciones, así como el reconocimiento de las potestades tributarias a estados y municipios que obligará a responsabilizarlos en el aumento de la recaudación. A su vez, reconocer como materia municipal el impuesto sobre la renta derivado del cambio en el valor de los inmuebles y pelear porque el subejercicio por obstáculos burocráticos de ciertos funcionarios merme el futuro de nuestros municipios.
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 presupone en el ramo 33, para el estado de Zacatecas, 7 mil 931 millones 485 mil 445 de un total de 423 mil 221 millones 711 mil 104 millones de pesos, muy por debajo de Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Puebla o Veracruz. No pedimos disminución a otras entidades pero si una distribución más equitativa.
Por lo expuesto propongo a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se aumenten los recursos a los municipios del país a través de los fondos para su desarrollo (ramo 33, ramo 28, ramo 20, ramo 30 y demás fondos complementarios) y distribución.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2009.
Diputado Samuel Herrera Chávez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS ENCARGADAS DE ESTABLECER
Y OPERAR ESTANCIAS INFANTILES QUE ENVÍEN A ESTA SOBERANÍA
LOS PARÁMETROS Y LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES QUE LLEVEN A
CABO EN DICHAS ESTANCIAS, A CARGO DE LA DIPUTADA YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Quienes suscriben, Yolanda de la Torre Valdez y todas las mujeres del PRI, diputadas federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las instituciones públicas responsables de establecer y operar estancias infantiles envíen a esta soberanía los parámetros de evaluación y los resultados de las evaluaciones que llevan a cabo en las estancias infantiles existentes; además, que se apruebe la creación de una comisión especial que revise la política general de estancias infantiles del Estado mexicano, su marco jurídico, los programas institucionales existentes y realice las evaluaciones que sean necesarias a fin de proponer las modificaciones que se requieran para garantizar la cobertura y calidad en los servicios y seguridad para los niños que sean atendidos.
La tragedia de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, puso en evidencia que es necesario hacer una revisión de todos los esquemas a través de los cuales se prestan servicios de guarda y custodia de niñas y niños hijos de madres trabajadoras en México.
La disparidad que existe en los estándares exigidos en el esquema de guarderías del IMSS, en relación con los servicios que prestan el ISSSTE, el DIF y la Sedesol, entre otros esquemas vigentes operados por gobiernos locales y municipales, es abismal, lo que exige revisar las políticas y recursos que se destinan a ellos.
Se trata de elevar a toda costa la calidad de los servicios a fin de equipararlos, pero hacia arriba, y lograr que al menos haya un médico y enfermera "responsables" de cada una de las guarderías del país, así como servicios de asistencia educativa mínimos en todas las estancias, se trate del sistema del que se trate.
Lo que está comprometido en México es la garantía del principio del interés superior de la infancia. El presente gobierno renunció a construir una política integral de atención a la niñez y desarticuló los instrumentos del Estado para vigilar y garantizar el cumplimiento de sus derechos.
Las evaluaciones ya están hechas y fueron construidas por el propio gobierno federal a través del Coneval.
Lo que ahora debe hacerse es tener un mecanismo efectivo de control que no maquille cifras y que permita supervisar que el mecanismo de seguimiento diseñado para el cumplimiento de las recomendaciones de mejora a los programas federales, que opere de verdad, que se mejore y tenga un mecanismo adicional de seguimiento desde esta soberanía.
Por lo anterior, se propone a la consideración de esta soberanía la aprobación de los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita a las instituciones públicas responsables de establecer y operar estancias infantiles que envíen a esta soberanía los parámetros de evaluación y los resultados de las evaluaciones que llevan a cabo en las estancias infantiles existentes.
Segundo. Se aprueba la creación de una comisión especial que revise la política general de estancias infantiles del Estado mexicano, su marco jurídico, los programas institucionales existentes y realice las evaluaciones que sean necesarias a efecto de proponer las modificaciones que se requieran para garantizar la cobertura y calidad en los servicios y seguridad para los niños que sean atendidos.
Tener acceso a una estancia infantil para sus hijos es un derecho para las madres trabajadoras.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2009.
Diputadas: Yolanda de la Torre
Valdez (rúbrica), Margarita Gallegos Soto, Esthela de Jesús
Ponce Beltrán, Hilda Esthela Flores Escalera, Hilda Ceballos Llerenas,
Ana María Rojas Ruiz, Graciela Ortiz González, Guadalupe
Pérez Domínguez, Adriana Terrazas Porras, Fuensanta Patricia
Jiménez Case, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Paula Angélica
Hernández Olmos, Alma Carolina Viggiano Austria, Ana Estela Durán
Rico, Clara Gómez Caro, Olivia Guillén Padilla, María
Esther Scherman Leaño, Guillermina Casique Vences, Elvia Hernández
García, Sandra Méndez Hernández, Maricela Serrano
Hernández, Jeny de los Reyes Aguilar, Rosalina Mazari Espín,
María Hilaria Domínguez Arvizu, María de Jesús
Aguirre Maldonado, María Cristina Díaz Salazar, Marcela Guerra
Castillo, Sofía Castro Ríos, Margarita Liborio Arrazola,
Narcedalia Ramírez Pineda, Janet Graciela González Tostado,
María del Carmen Izaguirre Francos, Blanca Estela Jiménez
Hernández, Julieta Octavia Marín Torres, María Isabel
Merlo Talavera, Rosario Ortiz Yeladaqui, Delia Guerrero Coronado, Sara
Gabriela Montiel Solís, Diva Hadamira Gastélum Bajo, José
del Pilar Córdova Hernández, María de la Fuente Dagdug,
Georgina Estela Trujillo Zentella, Mercedes del Carmen Guillén Vicente,
Cristabell Zamora Cabrera, Beatriz Elena Paredes Rangel, Luz Carolina Gudiño
Corro, María Isabel Pérez Santos, María Esther Terán
Velázquez, Judith Fabiola Vázquez Saut, Angélica del
Rosario Araujo Lara.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA QUE EN UNA
SESIÓN ORDINARIA DE OCTUBRE REALICE UN RECONOCIMIENTO PÚBLICO
A LOS ASTRONAUTAS DE ORIGEN MEXICANO JOSÉ HERNÁNDEZ MORENO
Y JOHN DANIEL OLIVAS POR SU DESTACADO DESEMPEÑO EN LA MISIÓN
DEL TRANSBORDADOR ESPACIAL DISCOVERY, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS
RAMÍREZ RANGEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:
Consideraciones
El pasado viernes 28 de agosto del presente un poco antes de la media noche, una noticia que pareciera normal estremeció al país: El despegue del transbordador espacial Discovery desde el Centro Espacial Kennedy en los Estados Unidos rumbo a la Estación Espacial Internacional.
Lo importante de la noticia fue que dos astronautas de ascendencia mexicana formaban parte de los siete tripulantes de la misión. Por primera vez en la historia, dos astronautas de origen mexicano, John Olivas y el ingeniero de vuelo, José Hernández, de padres mexicanos, forman parte en un vuelo de esta naturaleza de manera conjunta.
John Daniel Olivas, nacido el 25 de mayo de 1965 en North Hollywood, California, ingeniero de profesión, reclutado como astronauta por la Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio (NASA, en Estados Unidos) en 1998.
José Hernández Moreno, nacido el 7 de agosto de 1962 en French Camp, California, ingeniero, seleccionado como astronauta por la NASA en 2004.
Dos orgullos para los mexicanos, y dos ejemplos en especial para los más jóvenes quienes tienen la ilusión de cumplir sus más grandes sueños. Dos astronautas de gran dedicación en los estudios y de brillante trayectoria tanto académica como profesional, que encontraron oportunidades de desarrollo más allá de nuestras fronteras pero que no olvidan sus orígenes.
Tanto Danny Olivas como José Hernández son la muestra de que en la sangre mexicana corre mucho talento y dedicación. Ellos, como muchos otros mexicanos que se encuentran en otros países son la prueba fehaciente de que el esfuerzo, la entrega y la disciplina, son virtudes que rinden sus frutos en cualquier latitud.
Es un orgullo saber que dos personas de origen mexicano desempeñan tareas de gran relevancia en el mundo, y como es el caso, más allá de él.
Hace más de dos décadas los mexicanos nos sorprendimos con la noticia de que Rodolfo Neri Vela había sido seleccionado como el primer mexicano en viajar en una misión al espacio. Como en aquellos años, hoy vuelve a surgir un renovado ánimo por saber y conocer la experiencia de estos dos nuevos navegantes del espacio.
Este importante acontecimiento sin duda renueva también el entusiasmo de los mexicanos por temas como la ciencia y la tecnología; materias en las que México debería poner mucho más atención dentro de sus planes académicos y educativos. Ya que son la ciencia y tecnología elementos centrales para el desarrollo económico y social de las sociedades contemporáneas. En donde además el potencial humano de un país es fundamental en la implementación de esas nuevas afluencias de tecnología.
Por lo anteriormente expuesto, exponemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política para que en sesión ordinaria, en octubre, se haga un reconocimiento público a los astronautas de origen mexicano José Hernández Moreno y John Daniel Olivas por su destacado desempeño en la misión del Transbordador Espacial Discovery.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a fin de que realice la invitación correspondiente a los mencionados astronautas para que nos honren con su presencia en dicha sesión.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 23 días del mes de septiembre de 2009.
Diputado Jesús Ramírez Rangel (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA EDUCACIÓN PÚBLICA
Y, EN PARTICULAR, PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ARACELI VÁZQUEZ CAMACHO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
María Araceli Vázquez Camacho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno, proposición con punto de acuerdo para que en el marco del análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, se asignen mayores recursos al ramo 11 correspondiente a la educación pública y en particular a las instituciones públicas de educación superior, al tenor de los siguientes
Considerandos
Primero. El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra como garantía de todo individuo, el recibir educación. El Estado representado por la Secretaría de Educación Publica, tiene la responsabilidad de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, además de promover y atender todos los tipos y modalidades educativas incluyendo la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación. Esta educación debe ser laica, democrática, nacional, debe de contribuir a la mejor convivencia humana y sobre todo debe ser gratuita.
Segundo. Desafortunadamente, 20 años de políticas neoliberales han conducido al sistema educativo a una situación delicada que no le ha permitido desarrollarse debido a los recortes presupuestales y a la reorientación del gasto público. Así, en pleno siglo XXI podemos dar cuenta de la existencia de:
• De una escolaridad promedio menor al segundo grado de secundaria que en estados como Chiapas y Oaxaca es en promedio menor al sexto grado de primaria;
• Más de un millón de niños y niñas no se inscriben en la escuela por falta de recursos;
• De cada 100 niños y niñas que entran a primero de primaria, sólo 4 logran obtener un título de educación superior; y sólo el 0.4 logra hacer un postgrado.
Cuarto. En un país donde más del 50 por ciento de los mexicanos vive en la pobreza y donde 6 de cada 10 jóvenes mexicanos entre 20 y 24 años, no tienen una actividad fija que realizar, porque sólo el 14 por ciento está inscrito en alguna institución de educación superior y únicamente el 26 por ciento está ubicado en el sector formal del trabajo, es inaceptable el rumbo económico por el que hemos y se pretende que sigamos transitando.
Quinto. El que no se tenga acceso a una educación de calidad, da como resultado la agudización de la desigualdad social. Durante las últimas décadas, la sociedad mexicana ha enfrentado una serie de transformaciones estructurales en los ámbitos político, económico, cultural y social, muchas de estas transformaciones han respondido a intereses y prioridades globales que ponen énfasis en la economía del mercado. La reducción del aparato estatal, ha sido un elemento fundamental de los cambios impuestos en éstos años, dejando el Estado muchas de sus funciones en manos del mercado, cambios que se justificaron en aras de mejorar la eficiencia y eficacia gubernamentales, sin considerar que la mayoría de la población no puede acceder al mercado ni como productores, ni como trabajadores, ni como consumidores. Uno de los efectos más importantes de estos cambios ha sido la incapacidad del Estado para garantizar debidamente a la población los derechos sociales, universales, entre ellos el derecho a la educación.
Sexto. La educación es precursora del desarrollo y no consecuencia de éste. Los países que han logrado un mayor desarrollo han invertido notablemente en educación, incluso en situaciones económicas adversas.
Séptimo. La distribución proporcional del gasto de una nación es un indicador adecuado de la importancia que se asigna a un sector, a una política o a un programa. En el país el sector educativo recibe menor importancia que el otorgado por nuestros vecinos y competidores comerciales. La proporción del producto interno bruto que nuestro país destina a la educación, es menor que la destinada en promedio por los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.
Octavo. Por ello, estamos lejos de atender la recomendación de la UNESCO de destinar como mínimo un monto anual equivalente a 8 por ciento del producto interno bruto del país al gasto público federal en educación, no obstante que la Ley General de Educación dispone en su artículo segundo transitorio de la reforma del 30 de diciembre de 2002 que los presupuestos del Estado, contemplarán un incremento gradual anual, a fin de alcanzar en el año 2006, recursos equivalentes al 8 por ciento del producto interno bruto del país para el financiamiento de la educación, del cual al menos el 1 por ciento debe ser destinado a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas. Hecho que el Presupuesto que hoy se nos presente tiene un recorte presupuestal de 14 mil 175 millones de pesos.
Noveno. Por consecuencia, las instituciones de educación superior públicas resultan ser de las más afectadas por no contar con los recursos suficientes que garanticen la realización de sus múltiples actividades académicas, de investigación, de difusión de la cultura, etcétera.
Décimo. El proyecto de Presupuesto de Egresos para 2010 enviado a la honorable Cámara por el Ejecutivo federal es muestra clara de la debilidad de sus políticas en materia de inversión para el desarrollo nacional, que permita trascender el escenario de recurrentes crisis. La inversión en educación superior, además de ser históricamente insuficiente, revela que en los años recientes ha perdido importancia en el conjunto de las políticas públicas. El presupuesto de egresos para el concepto de educación aprobado para el año de 2009 fue de 210 mil 590.6 millones de pesos, el proyecto que hoy se nos presenta asciende a 196 mil 425.6 millones de pesos, es decir, con esta propuesta se da un paso hacia atrás en el rubro de la educación.
Undécimo. Debe de entenderse señoras diputadas y señores diputados, y sobre todo quedar en claro el papel estratégico de la educación en general y sobre todo en la educación superior y la generación de conocimientos a través de las actividades científicas y tecnológicas, debe ser una prioridad nacional para lograr el desarrollo económico y social, son los profesionistas que con su talento, conocimiento, y experiencia apoyan grandes ideas para el cambio del país.
Decimosegundo. El apoyo que este órgano de representación ha brindado a la educación superior no es sólo en el discurso, muestra de ello es que de los años 2000 a 2009 los diputados y diputadas han aprobado por ejemplo para la UNAM más de 5 mil millones de pesos adicionales a los montos propuestos por los gobiernos panistas.
Decimotercero. Esta nueva LXI legislatura no puede ni debe ser la excepción; es nuestro deber y compromiso aprobar un presupuesto digno y suficiente para la educación y sobretodo para la educación superior que además de preparar a los individuos para las tareas sociales más complejas y relevantes, es el espacio en el que se desarrollan quienes tienen y desarrollan la capacidad y la vocación para producir conocimientos significativos y ponerlos al servicio de la sociedad. Debemos de actuar en consecuencia con las diversas instituciones de educación superior públicas de todo el país que como la UNAM, cuyo nombre esta inscrito en letras de oro en el muro de honor de este recinto, han aportado mucho a esta gran nación.
En virtud de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Publica que en el marco del análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, se asignen mayores recursos al ramo 11 correspondiente a la educación pública y en particular a las instituciones públicas de educación superior, tomando en consideración el recorte presupuestal para 2010.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
Diputada Maria Araceli Vázquez Camacho (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL SENADO DE LA REPÚBLICA A DICTAMINAR LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE PLANEACIÓN PARA LA SOBERANÍA
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, APROBADA EL 30 DE MARZO DE 2006,
A CARGO DEL DIPUTADO CRUZ LÓPEZ AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
Los suscritos diputados Cruz López Aguilar y Gerardo Sánchez García del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Francisco Hernández Juárez, Federico Ovalle y José Narro Céspedes del Partido de la Revolución Democrática; Valdemar Gutiérrez Fragoso del Partido Acción Nacional y Roberto Pérez de Alba del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, sometemos a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, donde se exhorta al Senado de la República para que dictamine la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, aprobada por esta Cámara de Diputados el 30 de marzo del 2006, bajo las siguientes
Consideraciones
Con fecha 7 de noviembre de 2005 fue presentada al Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa que crea la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional. El 30 de marzo de 2006 fue aprobado el dictamen de dicha iniciativa por la mayoría absoluta de esta soberanía. Desde entonces han pasado casi tres años y medio y la minuta no ha sido dictaminada por la colegisladora.
Hoy que México atraviesa por una crisis económica de enormes dimensiones y donde más de 50 millones de mexicanas y mexicanos viven por debajo de la línea de pobreza, es decir, no cuentan con lo necesario para garantizar su sobrevivencia cada día que pasa, nos parece que es prioritario contar con esta ley que significa por un lado contar con una herramienta de planeación que ubica en su justa dimensión el problema de seguridad y soberanía alimentaria.
Dicho proyecto significa replantear los temas del campo mexicano a partir de la creación de nuevos instrumentos institucionales para darle certidumbre al desarrollo del sector rural de nuestro país. Al mismo tiempo se exige la revisión de convenios comerciales internacionales como el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUE) con la finalidad de que haya una mayor protección para nuestro país, toda vez que los subsidios indiscriminados a la agricultura por parte de nuestros socios comerciales constituye, en la práctica, una competencia abusiva y desleal en contra de los productores rurales y campesinos mexicanos.
Como ejes centrales de la Ley se establece que:
2). El derecho a la alimentación y la nutrición, son derechos humanos fundamentales de la población, porque de ellos dependen dos bienes superiores: la vida y la salud. Por ello, resulta indispensable una ley de planeación específica en esta materia, que dé seguridad a la nación.
3). La rectoría del Estado para el desarrollo económico establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, demanda el fortalecimiento de las responsabilidades públicas ante el mercado y la sociedad, para asegurar la soberanía y seguridad agroalimentaria y nutricional en el corto, mediano y largo plazos.
4). La planeación nacional en esta materia, debe establecer un vínculo coherente y eficaz entre las decisiones gubernamentales, las necesidades de los productores y los requerimientos nutricionales de la población.
5). La planeación para alcanzar y mantener la soberanía y seguridad agroalimentaria y nutricional requiere incorporar de manera explícita la participación de la sociedad en todo el proceso de planeación, a través de las organizaciones sociales como parte importante en el impulso a la democracia directa o participativa.
Por ello es que le hacemos un exhorto muy respetuoso a nuestros compañeros legisladores del Senado de la República para aprobar la minuta que fue turnada por esta Cámara de Diputados el 30 de marzo de 2006.
Por lo anterior, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la Siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Senado de la República para que dictamine la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, turnada a esa Soberanía el 30 de marzo de 2006.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre del 2009.
Diputados: Cruz López
Aguilar (rúbrica), Gerardo Sánchez García (rúbrica),
Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Federico Ovalle
Vaquera (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica),
Valdemar Gutiérrez Fragoso, Roberto Pérez de Alba.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A SEGUIR CONSIDERANDO EL TURISMO COMO EJE
PRIMORDIAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y CULTURAL DE MÉXICO,
A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL MARTÍNEZ PEÑALOZA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal Miguel Martínez Peñaloza de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita al Ejecutivo federal siga considerando al turismo como eje primordial para el desarrollo económico y cultural de México, bajo las siguientes:
Consideraciones
El sector turístico en México está considerado como la tercera fuente generadora de divisas, sólo después del petróleo y las remesas, y está llamado a ser la segunda fuerza, ya que a diferencia del petróleo éste es sustentable y tiene la característica de dar empleo sin distinción de género, situación geográfica o condición social.
Nuestro país recibió en 2008 por concepto de divisas de visitantes internacionales 13 mil millones de dólares que sumados a los 75 mil millones de dólares que se generan por turismo nacional, nos dan aproximadamente un total de 88 mil1 millones de dólares en ingresos por turismo, colocando a México en octavo lugar a nivel mundial en términos de llegadas de turistas internacionales, con poco más de 21 millones de visitantes siendo el primer destino para turistas extranjeros dentro de América Latina2.
En la pasada administración el turismo en México llego a ubicarse en 8.8%, cifra superior a la del producto generado de manera conjunta por actividades económicas como la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca, caza y captura; la industria de las bebidas y del tabaco; la minería (excluida la extracción de petróleo y gas); electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final; equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos; y las relativas a prendas de vestir.3
Del 2003 al 2006, las actividades relacionadas con el turismo registraron en promedio 2.4 millones de empleos, representando el 6.8% del total del país.4
No sorprende que, al inicio de la presente administración, el turismo fuera catalogado como prioridad nacional, ya que esta actividad siempre se ha considerado como una de las más grandes alternativas para el desarrollo del país. De esta forma, se planteó un nuevo modelo de participación del gobierno federal como promotor, coordinador y orientador de las políticas y acciones para posicionar a México como uno de los principales destinos turísticos en el mundo.
El turismo puede potenciar el desarrollo de diferentes regiones, es decir, utilizar el turismo nacional como motor para el desarrollo del mercado interno y apostar por la complementariedad de destinos, mediante el fomento de sitios culturales e históricos regionales, así como los grandes destinos turísticos del país.
Cabe mencionar que actualmente, de cada dólar que entra a México por divisas de turismo, 44 centavos son generados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo el cual se encuentra hasta ahora bajo la coordinación sectorial de la Secretaría de Turismo y por cada millón de pesos que invierte el órgano, genera 981 empleos directos y 314 empleos indirectos.
Para ello, no sólo se debe consolidar la oferta turística existente, sino que se requiere ofrecer más y mejores servicios de turismo tales como: transporte, telecomunicaciones, comercio, entretenimiento y alimentación, entre otros, por lo que es necesario que la política pública mantenga a éste sector como una actividad prioritaria del Estado.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, en 2008 los visitantes internacionales, tanto turistas como excursionistas, acumularon 13 mil 28 millones de dólares, cifra superior en 3.4 por ciento con respecto al año anterior. Empero, la desaceleración económica mundial fue uno de los principales problemas que afectaron al sector, en otros países y en México.
Las principales demandas del país van encaminadas a que al turismo se le siga dando la importancia que hasta hoy ha tenido, y que se posicione al país como uno de los lideres en el mercado regional y mundial, explotando de forma adecuada y sustentable sus recursos naturales y culturales para el desarrollo regional sustentable.
Con motivo del paquete económico presentado por el presidente Felipe Calderón, y tocante a la propuesta de fusionar la Secretaría de Turismo con la Secretaría de Economía, es necesario destacar la importancia del sector turístico, ya que el hecho de fusionar esta secretaría no necesariamente debe implicar un retroceso o desatención en las actividades turísticas, por el contrario debemos apostar para que el turismo en México se convierta en la primera fuente generadora de ingresos del Estado. No podemos ante una contingencia, resolver un problema causando otro de mayor magnitud, al contrario, debemos buscar una solución para mantener la actividad turística como un pilar importante de la economía del país.
Seguro estoy de que de darse dicha transmisión de atribuciones, la Secretaría de Economía no quitará el dedo del renglón, y cumplirá de forma eficiente y oportuna con las necesidades del sector turístico en todo el país, formulando y conduciendo la política de desarrollo de la actividad turística en todo el territorio, mediante la constante promoción de zonas de desarrollo turístico regional y nacional, así como fomentando el crecimiento de éste sector, apoyando y estimulando en todo momento la participación de los sectores social y privado.
Fusionar por tanto la Secretaría de Turismo con la Secretaría de Economía no significa precisamente limitar y frenar la actividad turística, sin embargo, urge la necesidad de seguirle dando al sector la importancia que merece, cumpliendo con el despacho de las funciones de la Secretaría de Turismo, así como realizar una constante búsqueda de crecimiento de éste sector.
Considero necesario, mantener vigente la labor del sector turístico, además hacer esfuerzos y diversificar la oferta turística, impulsando la participación de los prestadores de servicios turísticos, así como trabajando en conjunto con gobiernos locales y municipales para mejorar la infraestructura básica del sector.
Sin una afectación considerable al presupuesto del sector turístico, el país podría mantener un promedio de 25 millones de visitantes extranjeros, con la generación de empleo y la derrama económica que se ha venido dando.
Llamo por tanto a todos los legisladores, al Poder Ejecutivo federal a los empresarios y a las autoridades en general a mantener e impulsar el turismo nacional mediante acciones eficientes que restablezcan la confianza de los mercados, es necesario que el presupuesto para el sector no sufra una disminución considerable en el Presupuesto de Egresos que habrá de aprobarse para 2010, ya que con los recursos suficientes, el sector tendrá las herramientas necesarias para determinar las acciones que se seguirán con el fin de maximizar los beneficios del turismo nacional e internacional.
De acuerdo con estimaciones en el año 2030, México será un país líder en la actividad turística, es hora de reconocer al turismo como pieza clave del desarrollo económico de nuestra nación y hacer que estas estimaciones se reduzcan y conseguir que nuestro país se convierta en líder del ramo a partir de ahora.
Por último, pero no por ello menos importante, es necesario destacar la importancia del turismo como el mejor medio para estrechar las relaciones existentes entre nuestra nación y el resto del mundo.
En mérito de lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía para que sea considerado de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Solicitar al Ejecutivo federal siga considerando al turismo, sin importar su situación dentro de la administración pública federal, como una de las principales políticas del Estado mexicano, eje primordial para el desarrollo económico y cultural de nuestro país y le otorgue la importancia necesaria manteniendo su impulso y desarrollo constante.
Notas:
1. Comunicado 115/2008 Secretaría de Turismo
2. Datos de la Organización Mundial del Turismo
Consultados el 14 de junio de 2008.
3. Cuenta Satélite del Turismo de México
(CSTM), Secretaría de Turismo.
4. Ídem
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2009.
Diputado Miguel Martínez Peñaloza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS
MAYORES, CON EL PROPÓSITO DE CREAR UN PROGRAMA INTEGRAL QUE SATISFAGA
LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DE ESTE GRUPO POBLACIONAL, A CARGO DE LA DIPUTADA
MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Quién suscribe, Martha Elena García Gómez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se incremente la partida presupuestal destinada a la atención de los adultos mayores, con el propósito de crear un programa integral que cubra las necesidades y demandas de este grupo poblacional, conforme a las siguientes
Consideraciones
En México, como en muchas partes del mundo, ser adulto mayor es en general, sinónimo de pasividad, deterioro físico y mental, también de desamparo, exclusión y marginación. Para alterar esta realidad de vida de los adultos mayores que se observa tanto en la población urbana como en la rural, es necesario lograr difundir en la sociedad y que ésta asuma la cultura de reconocimiento y respeto para ellas y ellos.
Actualmente en el mundo hay más de 600 millones de personas de más de 60 años y para el 2050 se espera que dicha cantidad se haya más que triplicado, sumando 2 mil millones de seres humanos en esa edad. El aumento de la población adulta mayor en el mundo es uno de los mayores desafíos que enfrentan las sociedades en la actualidad; especialmente en cuanto a la prestación de servicios sociales y de salud, hecho que afecta aún más a países como el nuestro. En México, los adultos mayores enfrentan hoy situaciones adversas que debemos revertir y como muestra mencionaremos los siguientes datos:
Los adultos mayores representan 4.9 por ciento de la población de México.
Tres de cada diez personas de 60 años o más no sabe leer ni escribir un recado, condición que es casi 50 por ciento más alta para las mujeres con respecto a los hombres.
Entre las principales causas de muerte de la población de 60 años y más se encuentran las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos, las cuales en conjunto agrupan el 50.7 por ciento de los fallecimientos de adultos mayores.
En 2004, 3.3 millones de adultos mayores realizaban alguna actividad económica, lo que equivale a que 36.5 por ciento del total de esta población se encuentra en el mercado de trabajo.
Entre la población de 60 años o más 1 de cada 10 tiene alguna condición física o mental que no le permite desarrollar sus actividades cotidianas; conforme aumenta la edad de éstos, el porcentaje se incrementa y llega a ser de hasta 30 por ciento en las personas con 85 años y más.
Los hogares con adultos mayores encabezados por una persona menor de 60 años tienen en promedio un ingreso mensual 36.7 por ciento por arriba del que registran los hogares con jefatura de un adulto mayor. Sin embargo, los hogares dirigidos por una persona de 60 años y más reportan que reciben apoyos familiares, gubernamentales u otro tipo de ingresos, tales como rentas o becas.
Alrededor de 26 por ciento de las personas adultas mayores no reciben ingresos, mientras que 60 por ciento apenas percibe de medio a menos de tres salarios mínimos.1
Una de cada diez personas ahora 60 años o más; la población de personas mayores de 65 años casi se habrán cuadruplicado; en 2050, una de cada cinco personas tendrá 60 años o más; y en 2150, una de cada tres personas tendrá 60 años o más.2
Vemos en nuestro entorno, con mucha frecuencia, que el grupo de personas de la tercera edad es víctima de abuso y discriminación en todos los terrenos, lo que es doblemente grave ante la situación de vulnerabilidad del grupo. Muchos adultos mayores subsisten en una situación económica difícil, pues las pensiones de jubilación que reciben son insuficientes para darles un buen nivel de vida además, se les niegan servicios de salud, se les dificulta el acceso al empleo y, en caso de obtenerlo, se les da una remuneración desigual, se les impide ascender, cuando –en muchos casos– son perfectamente capaces de continuar laborando aplicar su experiencia y ser independientes. También es cierto que en otras personas, la vejez y las enfermedades que la acompañan minan su capacidad, lo cual, no es razón para condenarles al abandono y ostracismo.3
Así también, persiste la creencia, aplicada por varios sectores de la población nacional, de que las personas adultas mayores carecen de importancia en un mundo acelerado, globalizado y cada vez más industrializado como el actual, negándoles entonces el respeto, atención y cariño que merecen y que son principios básicos para mantener la relación con los adultos mayores, respeto a su momento psicofísico, a sus valores, su comportamiento y concepciones, a sus deseos y querencias, a su propia organización y forma de vida, en resumen respeto a sus derechos humanos y su libertad.
En la actualidad, las instituciones públicas encargadas de brindar atención a los adultos mayores carecen de la infraestructura adecuada, así como de programas que satisfagan de manera integral la problemática de las personas mayores de 60 años. Las estadísticas sugieren, que en veinte años un tercio de las y los mexicanos serán adultos mayores, por tanto, urge instrumentar un programa integral de atención a esta población, bajo la conducción y ejecución de una sola institución, evitando así la perjudicial duplicidad de funciones.
Por ello, en el Partido de la Revolución Democrática, consideramos que es urgente contar –en principio– con un programa de atención integral para las y los adultos mayores, donde puedan incluirse el mayor número de requerimientos y demandas que les generen una mejor calidad de vida y la garantía de seguridad que necesitan para este periodo de la vida, dentro de los componentes de dicho programa, se encontrarían; la creación de hospitales geriátricos, estancias de día, la pensión alimenticia, la distribución de medicamentos, programas de esparcimiento y recreación y también, lograr la cobertura total a nivel nacional de la pensión universal.
El diálogo y la solidaridad intergeneracional son factores fundamentales para promover la valoración y aprovechamiento de la riqueza cultural y la experiencia de las personas adultas mayores, ser mayor no debe constituir un obstáculo para vivir a plenitud, el camino deseable sería ir hacia un envejecimiento tranquilo, seguro y saludable, el hacernos mayores no debe ser sinónimo de tristeza, enfermedad o soledad. Este es un reto de nuestra época y de la sociedad actual, vivir más pero también vivir mejor.
El mundo y, en particular, la sociedad mexicana tienen deudas con los adultos mayores, por ello, el PRD continuará impulsando su valoración, reconocimiento y reivindicación para ellas y ellos, reconociendo su derecho a una mayor y mejor calidad de vida, ya han caminado mucho para lograrlo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que se incremente la partida presupuestal destinada a la atención de las adultas y los adultos mayores, con el propósito de crear un programa integral que cubra las necesidades y demandas de este grupo poblacional.
Notas
1. INEGI, Estadísticas a Propósito del
Día Internacional de las Personas de Edad, Datos Nacionales, México,
octubre, 2005
2. Panorama Epidemiológico del Adulto Mayor en
México en el 2005, Salud, 2006.
3. Tercera edad, en Miterceraedad.com. Todo para la tercera
edad y geriatría.
Palacio Legislativo, a 23 de septiembre de 2009.
Diputada Martha Elena García Gómez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS QUE FOMENTEN LA GENERACIÓN DE
EMPLEOS PARA LOS JÓVENES, A CARGO DEL DIPUTADO ÁNGEL AGUIRRE
HERRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal Ángel Aguirre Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal que ante la actual crisis económica incentive la generación de empleos para los jóvenes mexicanos y destine mayores recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, generando programas efectivos de apoyo al empleo, proyectos productivos y microempresas con mayor énfasis de ayuda a jóvenes, como factor indispensable del desarrollo nacional en México.
Considerandos
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la recomendación hecha por la Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos de la Juventud, declarando el 12 de agosto Día Internacional de la Juventud. Esta conmemoración se realizó por primera vez en el año 2000. Visita la página oficial de la ONU, uno de los objetivos de la celebración es tener una ocasión para revisar lo que ha sido alcanzado después del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes. El Día Internacional de la Juventud brinda la oportunidad para concentrar la atención en los problemas que se relacionan con los jóvenes a través de foros, discusiones públicas y campañas de información.
En las últimas décadas las sociedades latinoamericanas han recibido las nuevas tecnologías de computación, telefonía móvil, reproductores de video y música. Todas, tecnologías muy atractivas y demandadas entre los jóvenes para tener acceso a una serie de alternativas de educación, información y entretenimiento.
El impacto de las nuevas tecnologías entre las poblaciones latinoamericanas aún no se evalúa a detalle por instituciones educativas, de investigación y mucho menos por los gobiernos.
Algunos paises latinoamericanos han optado, en los últimos cinco años, vía elecciones, por transformaciones políticas para recuperar el control de rubros determinantes en la economía y el desarrollo nacional. Otros han apostado a ceder a los capitales foráneos el control de recursos estratégicos, en un círculo de dependencia globalizada, que hoy está en crisis.
La construcción de "sociedades" o "economías" de "conocimiento" ha aparecido como una pretensión institucional, una alternativa para el desarrollo de las sociedades, y como la mayor ambigüedad y vacío sobre los beneficios y el mejoramiento de las condiciones de vida para la mayoría de las poblaciones latinoamericanas y en particular para los jóvenes, arrinconados entre un mercado informal en crecimiento y la producción, distribución y consumo de narcóticos y estupefacientes.
En México la población de jóvenes presenta la tasa de desempleo más alta del país, además de que hay un número significativo de jóvenes que no cuenta con experiencia en el mercado de trabajo. La falta de oportunidades afecta a jóvenes con distintos perfiles, tanto a los que tienen niveles educativos básicos como a los altamente calificados (con títulos de maestría o doctorado). De acuerdo con cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, este fenómeno ha generado que en los últimos años amplios grupos de jóvenes con alto nivel académico hayan comenzado a emigrar, a causa de que el país carece de una estructura que les permita insertarse en el mercado laboral para aplicar sus conocimientos.
Según un estudio del grupo de trabajo en materia migratoria del Partido Revolucionario Institucional de la Cámara de Diputados, en los últimos dos años emigraron a Estados Unidos un millón 300 mil mexicanos, lo cual evidencia la falta de empleo y de oportunidades de estudio para los jóvenes en el país. El año pasado el Fondo de Población de las Naciones Unidas, informó del abandono, cada año, del país de cerca de 225 mil de los jóvenes más preparados, con la esperanza de vivir una vida más digna y algún trazo claro del futuro.
La magnitud del fenómeno demográfico mexicano y la falta de oportunidades de estudio y de trabajo están representados en 35 millones de jóvenes, de los cuales el 22 por ciento no cuentan con estudios ni un trabajo. La preocupación por parte de las autoridades educativas y instituciones de educación superior o no existe o no se ha expresado como debiera. El único caso visible es del rector de la UNAM, José Narro Robles quien se ha expresado por la necesidad de educar con valores a los jóvenes para que no se dejen llevar por fincar el éxito en hacer dinero de manera ilícita, en un país que vive actualmente una de las situaciones más difíciles de seguridad, desempleo y uso de drogas. En el espectro de los medios de comunicación, otro caso es el del periódico La Jornada, que ha expresado su preocupación por este sector de la población, sus condiciones de vida y sus encrucijadas actuales.
Una proporción de los jóvenes mexicanos, aunque desempleados, sí están ocupados, desgraciadamente, en otros asuntos. Según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 40 por ciento de los presuntos delincuentes del fuero federal y 59 por ciento de los del fuero común son jóvenes entre 15 y 29 años.
El escenario de violencia en el país, es ya de tal magnitud que la segunda causa de muerte entre los jóvenes de esas edades son las lesiones relacionadas con la violencia, proporciona también información para entender más allá de cualquier discurso político o justificación, que más de la mitad de los desempleados del país está constituida por jóvenes de entre 14 y 29 años. Pero no se trata sólo de jóvenes que no han tenido acceso a la educación media y superior, sino de quienes también cuentan con estudios de bachillerato o educación superior.
Opciones: caminar hacia el sector informal, donde nada es seguro o al sector formal de la economía donde, en las circunstancias actuales, lo es menos, con los bajos salarios y las expectativas futuras canceladas.
Los siguientes son algunos datos acerca de la juventud en México.
• Entre 2000 y 2005, el número de jóvenes de 15 a 29 años pasó de 27.22 millones a 27.18 millones. Su tasa de crecimiento promedio anual en ese lapso fue de menos 0.03 por ciento, mientras que la población total del país creció a un ritmo de 1.0 por ciento.
• Durante el primer trimestre de 2006, la población económicamente activa del país ocupada joven, fue de 13.9 millones. Los jóvenes representaron en este periodo 33.6 por ciento de la fuerza de trabajo total.
• La principal causa de muerte de los jóvenes son los accidentes; de éstos, los de tráfico de vehículos de motor representaron 55.9 por ciento del total de decesos por esta causa.
El Programa de Empleo Temporal no cumple con el objetivo de su creación, ya que se creó con el objetivo de apoyar temporalmente en el ingreso a la población objetivo, prometiéndole a la población entregar apoyos económicos temporales a hombres o mujeres en periodos de baja demanda laboral y en emergencias naturales o económicas, complementando las estrategias de otros programas sociales, en el desarrollo de infraestructura social básica y actividad productiva.
Como candidato del distrito VIII de la Costa Chica de Guerrero, percibí el reclamo latente de los jóvenes por la falta de empleos y oportunidades, sin que se vea reflejado un apoyo del gobierno federal al respecto de los programas que se dicen, se están implantando hasta el momento.
El no atender las demandas de los jóvenes en México y no darles un papel prioritario como parte del desarrollo nacional, nos enfrentará a un futuro de jóvenes inmersos en problemas de drogadicción, alcoholismo, inseguridad y mayor índice de suicidios.
Como ya lo refleja la Secretaria de Salud, la problemática es real y latente, y no se está haciendo nada por atender a un sector tan importante en nuestro país, como los son los jóvenes.
Por lo anteriormente expuesto, se presenta ante el pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se me tenga por presentada la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal que ante la crisis económica incentive la generación de empleos para los jóvenes mexicanos y destine mayores recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, generando programas efectivos de apoyo al empleo, proyectos productivos y microempresas con mayor énfasis de ayuda a jóvenes, como factor indispensable del desarrollo nacional en México.
Segundo. Que el titular del Ejecutivo federal, instruya al titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para incentivar de manera urgente los programas actuales de generación de empleos para los jóvenes mexicanos, así como para espacios deportivos y centros de adicciones para evitar el consumo de droga y alcohol.
Tercero. Que el titular del Ejecutivo federal, instruya al titular de la Secretaría de Educación Publica para que se vinculen los programas educativos nacionales a la demanda de empleo y a la realidad nacional, generando con ello mayores opciones para los jóvenes.
Dado en la Cámara de Diputados, Ciudad de México, el 23 de septiembre de 2009.
Diputado Ángel Aguirre Herrera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS TRES PODERES DEL ESTADO Y A SUS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
A FORMULAR, ESTABLECER O EVALUAR SISTEMAS DE MANEJO AMBIENTAL PARA 2010,
A CARGO DE LA DIPUTADA AUGUSTA VALENTINA DÍAZ DE RIVERA HERNÁNDEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La que suscribe, diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al tres Poderes del Estado y sus áreas administrativas para que formulen, establezcan o evalúen sistemas de manejo ambiental para el año 2010, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El nuevo contexto económico global, en el cual las políticas nacionales e internacionales se influyen cada vez más recíprocamente mientras las empresas se disputan mercados globales, está generando una sociedad civil crecientemente atenta y demandante de información sobre las políticas públicas y sobre el comportamiento de los gobiernos. Con diferencias de grado —dependiendo del país y del sector de la población—, la percepción pública en el mundo ha empezado a reconocer que las formas de desarrollo económico y social dominantes implican un riesgo de deterioro ambiental creciente.
A principios de los años 1970, esta percepción condujo a que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creara el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y, en el curso de aquélla y la siguiente décadas, a que los gobiernos establecieran organismos específicos (institutos, ministerios, secretarías) para desarrollar políticas públicas ambientales e integrar criterios ecológicos en el diseño de las políticas públicas en general. Por su parte, para mantener, diversificar y ampliar sus clientelas, las empresas empezaron a incorporar también criterios ambientales en el diseño y fabricación de sus productos.
Durante la década de los 90, este nuevo orden de ideas condujo al establecimiento de grandes acuerdos ambientales multilaterales así como al concepto de enverdecer las operaciones cotidianas de las dependencias gubernamentales y de las empresas. En el caso de las empresas, se trata de un nuevo requerimiento para poder prosperar en una economía cada vez más globalizada, cuyos mercados están premiando crecientemente a los productos considerados más favorables para el medio ambiente (más "eco-amigables"). En tanto que los gobiernos, en virtud de su capacidad de gasto y obra públicos, pueden promover la formación y desarrollo de mercados emergentes de bienes y servicios que ahorren y utilicen eficientemente la energía y el agua, que elijan insumos de acuerdo con criterios ambientales, y que manejen "eco-amigablemente" sus residuos.
Sin duda los temas de medio ambiente han cobrado una relevancia sin precedentes en las agendas de los gobiernos durante los últimos años. La situación ambiental, por lo que se vuelve obligatorio replantear cómo debemos llevar a cabo nuestras actividades. El sector público no es una excepción. Por el contrario debe procurar que sus operaciones se guíen –entre otros– por criterios y estándares de calidad y cuidado ambiental.
En este sentido, cabe hablar de la mejora en el desempeño ambiental de los gobiernos, la cual representa el compromiso hacia la mitigación de los costos ambientales generados por su propia existencia y operación. Una herramienta utilizada a nivel internacional para estos fines son las adquisiciones de bienes con menor impacto ambiental y el consumo responsable de estos.
La adquisición de productos con menor impacto ambiental o, también llamados con ventaja ambiental, han observado un aumento constante en los últimos años. Con frecuencia las empresas públicas empiezan a tomar en cuenta los atributos ecológicos de los productos en sus procedimientos de compra debido a que se apegan a una disposición o consigna específica sobre las adquisiciones verdes.
Sin embargo, la utilización generalizada de las adquisiciones con menor impacto ambiental enfrenta grandes obstáculos, tales como: que voluntariamente las entidades o dependencias atiendan los atributos ambientales de los productos en el momento de decidir las compras, el desconocimiento sobre el impacto negativo al medio ambiente por cada acción realizada.
Con frecuencia, la conciencia de las consideraciones ambientales se deriva de un requisito de obligatoriedad y no así de una real cultura ambiental intrínseca de los funcionarios involucrados en las compras.
En México, el gobierno federal ha instrumentado varias acciones en pro de la adquisición de bienes con menor impacto ambiental y de consumos responsables, sin que esto sea suficiente pues dichas acciones se han visto obstaculizadas por que no existen las reformas necesarias a los diversos ordenamientos de adquisiciones y de bienes nacionales.
Por otro lado hay que señalar que México ha establecido numerosos compromisos internacionales en materia ambiental. Relacionados con los sistemas de manejo ambiental, los más importantes corresponden a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE; OECD, por sus siglas en inglés); a la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) de América del Norte; y a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que tuvo lugar en Río de Janeiro en junio de 1992.
Derivado de la adhesión a la OCDE, México ha tenido que suscribirse y cumplir con diversas disposiciones y recomendaciones en materia ambiental.
En febrero de 1996, el Consejo de la OCDE recomendó a todos los países miembros, mejorar el desempeño ambiental de los gobiernos a través de la incorporación de criterios ambientales en los procesos de toma de decisiones y operaciones cotidianas de los mismos.
Asimismo, en 1998 la OCDE realizó un reporte orientado a medir los avances obtenidos a su recomendación emitida en el año 2006. En este reporte, los países identificaron los factores y motivaciones que condujeron a que su gobierno estableciera políticas tendientes a lograr una gestión más sustentable de sus gobiernos, entre las cuales se señalan: mejoramiento y ahorro de los recursos, responder a un cuidado ambiental cada vez más demandado por la opinión pública, convertirse en ejemplo ante la sociedad para incrementar la credibilidad de las instituciones públicas y modernizar el sector público, generando mayores niveles de credibilidad, eficiencia y transparencia.
Este reporte, sirvió para que México tomara en cuenta los problemas expresados por otros países miembros en el diseño del Programa de Sistemas de Manejo Ambiental de la Administración Pública Federal y tratar de anticipar algunos de ellos como por ejemplo, la existencia de sistemas de medición e información estandarizados.
Para el enero del año 2002 para mejorar el desempeño ambiental de los mercados, se trató de integrar consideraciones ambientales en todas las facetas de las operaciones gubernamentales y sus estructuras; en particular, del establecimiento de programas, objetivos y metas para que el uso de la energía, del agua y de los materiales en las operaciones cotidianas sea eficiente y sustentable. En 2005, el Comité de Política Ambiental (EPOC, por sus siglas en inglés) deberá reportar al Consejo de la OCDE los avances logrados por los países miembros (México incluido) en el cumplimiento de estas dos recomendaciones.
Más aún, la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) de la cual México es miembro junto con los Estados Unidos de América y Canadá, ha recomendado que se siga el programa de la EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos de América) para adquirir bienes con ventaja ambiental (environmentally Preferable Purchasing, EPP) con base en la OE 12873 (OE: orden ejecutiva) dicho programa ofrece orientaciones a las dependencias federales para estimular la adquisición de bienes y servicios que implican menos costo para el medio ambiente.
En el contexto de la Comisión de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, el capítulo 18 de la Agenda 21 plantea objetivos, acciones y medios de implementación para la protección de la calidad y la cantidad de los recursos hídricos. Los párrafos 25 y 26 del Plan de Acción de Johannesburgo indican que deberán tomarse medidas de prevención y protección para promover el aprovechamiento sostenible del agua y lograr un aprovechamiento eficiente para el año 2005.
Además, el capítulo 9 de la Agenda 21 plantea objetivos, acciones y medios de implementación para la protección de la atmósfera y el consumo eficiente de la energía. El párrafo 38 del Plan de Acción de Johannesburgo —a propósito de acciones de mitigación del cambio climático— indica que habrán de aplicarse tecnologías para un uso más eficiente de la energía.
En su conjunto, estos instrumentos internacionales contribuyen a que en México avance y se desarrolle el establecimiento de Sistemas de Manejo Ambiental en la Administración Pública Federal; en el caso de compromisos vinculantes, porque ejercen cierta presión sobre los tomadores de decisiones para que cumplan con ellos; en general, porque ofrecen orientaciones y estrategias para que los poderes públicos asuman sus responsabilidades respecto al cuidado y la protección del medio ambiente en el ejercicio de sus operaciones cotidianas.
Un Sistema de Manejo Ambiental se puede definir como el conjunto de iniciativas y acciones tendentes a mejorar el desempeño ambiental de una institución u organismo, creando las bases de eficiencia administrativa para promover una nueva cultura ambiental entre su personal y mejorar su imagen institucional.
Lo anterior implica para la entidad, la instrumentación de acciones como: reuso de papel, ahorro de agua, ahorro de energía eléctrica, etcétera, introduciendo cambios prácticos y factibles a los procesos operativos a fin de alcanzar a mediano plazo los objetivos de control ambiental propuestos.
Los principales elementos que caracterizan y conforman a un Sistema de Manejo Ambiental, se desagregan de la siguiente forma:
Energía eléctrica
Los Sistemas de Manejo Ambiental constituyen un instrumento para lograrlo, ya que permiten mejorar el desempeño ambiental real de toda institución, así como desarrollar la conciencia y responsabilidad de quienes en ella trabajan. De aquí la propuesta por integrar criterios ambientales en la administración y formas de operación cotidiana del los tres Poderes del Estado y sus áreas administrativas.
Asimismo, estos sistemas pueden ser una herramienta para compartir el compromiso de este Congreso de promover y fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como detener y revertir el deterioro del medio ambiente, por medio de acciones y medidas al interior de los tres Poderes del Estado y sus áreas administrativas se propicien una conducta ambiental respetuosa por parte de los que lo conforman.
En este sentido se debe entender como administración sustentable a la práctica de consumir con responsabilidad los bienes materiales y servicios que utilizamos para desarrollar nuestras actividades laborales, la cual tiene como principal objetivo el de minimizar el impacto negativo al medio ambiente, a través de la incorporación de criterios ambientales en el funcionamiento cotidiano.
La aplicación de los Sistemas de Manejo Ambiental en la Administración Pública Federal se originó en 1997, complementando los acuerdos de austeridad que desde 1996 mismos que establecían disposiciones administrativas para el ahorro en el consumo federal de bienes y servicios.
En el año 2000 los Sistemas de Manejo Ambiental se establecieron por primera vez en toda la administración pública federal al publicarse los Lineamientos y Estrategias Generales para Fomentar el Manejo Ambiental de los Recursos en las Oficinas Administrativas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Los Acuerdos de Austeridad Presupuestal se han establecido disposiciones para que el uso de recursos fuera lo más eficiente posible, y definieron metas de ahorro específicas, por dependencia y entidad, en materia de agua, energía y materiales de oficina. La Conae planteó un Programa de Ahorro de Energía (PAE17) y el IMTA promovió un Programa para el Uso Eficiente y Racional del Agua (PUERA18). La entonces Semarnap diseñó y desarrolló un primer Sistema de Manejo Ambiental aplicable a las entidades de la administración pública federal que incluía al PAE, al PUERA y un Programa de Consumo Responsable de Materiales de Oficina (PCRMO), desarrollado por la entonces Semarnap. Estos tres programas dieron pie para crear el Programa de Administración Sustentable (PAS, nombre interno del sistema de manejo ambiental de la Semarnat).
Con las modificaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 13 de junio de 2003, todas las dependencias de los tres poderes de la Unión están obligadas a expedir sus respectivos manuales de Sistemas de Manejo Ambiental que tendrán por objeto la optimización de los recursos materiales que se emplean para el desarrollo de sus actividades, con el fin de reducir costos financieros y ambientales, como se enuncia en el artículo 17 Bis 3. La ley en ese momento no estableció tiempos perentorios, además que la obligación imperativa señalada en la norma antes descrita obligaba exclusivamente a expedir manuales de los Sistemas de Manejo Ambiental, no así a fijar el compromiso de implantar dichos procesos como una práctica cotidiana.
En julio del año 2005 la Semarnat emitió el Manual de Sistemas de Manejo Ambiental dando con ello cumplimiento con lo establecido en el artículo 17bis de la LGEEPA y, en tal sentido, este instrumento es aplicable a las instituciones gubernamentales. La Semarnat formalizo así la existencia de su propio Sistema de Manejo Ambiental mismo que databa de 1999, denominado internamente Programa de Administración Sustentable (PAS). El PAS está conformado por un conjunto de acciones específicas y medidas orientadas a mejorar el desempeño ambiental de la institución, tales como uso eficiente del agua, ahorro de energía eléctrica, "compras verdes", uso durable de materiales de oficina, y manejo integral de residuos, entre otros.
El Manual de Sistemas de Manejo Ambiental emitido por Semarnat es una guía para que en el servicio público se mejore el desempeño ambiental de sus actividades laborales cotidianas. Se trata de desarrollar hábitos sustentables mediante un consumo responsable y eficiente de los materiales de oficina, así como de otros bienes y servicios asociados a las actividades laborales. El Manual presenta los lineamientos generales para que todas las unidades responsables del sector medio ambiente y recursos naturales diseñen, implementen y evalúen los programas y acciones que formarán parte de sus Sistema de Manejo Ambiental, teniendo en cuenta el marco normativo vigente y la información que sobre el impacto ambiental de las operaciones gubernamentales se vaya desarrollando. Como señala el citado manual es solo para las unidades responsables de sector medio ambiente y recursos naturales, pero es necesario hacer extensivo la aplicación del mismo a las demás dependencias de la administración pública federal.
No obstante que este Manual es de y para la Semarnat, se pone a consideración de las demás dependencias de los tres poderes de la Unión para que lo utilicen como referencia o modelo, lo adapten o lo adopten, para materializar la aplicación de los Sistema de Manejo Ambiental.
Por otro lado es relevante señalar que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) en su artículo 2721 establece que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia energética, el uso responsable del agua y demás circunstancias pertinentes.
Asimismo la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (LOPSR) en su artículo 2822 establece que "Los contratos de obras públicas y los de servicios relacionados con las mismas se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia energética, el uso responsable del agua y demás circunstancias pertinentes".
La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) establece entre las facultades de la Federación, en su artículo 7, fracción 17, Formular, establecer y evaluar los sistemas de manejo ambiental del gobierno federal que apliquen las dependencias y entidades de la administración pública federal. Esta disposición se vuelve complementaria a la del artículo 17 Bis 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, pues ya que no sólo se habla de hacer manuales para los Sistemas de Manejo Ambiental, pues con esta última de la Ley de Residuos se habla de formular, establecer y evaluar esta política pública.
La renovada Ley de Aguas Nacionales (LAN) en su artículo 47bis establece que La "Autoridad del Agua" (a CNA) promoverá entre los sectores público, privado y social, el uso eficiente del agua en las poblaciones y centros urbanos, el mejoramiento en la administración del agua en los sistemas respectivos, y las acciones de manejo, preservación, conservación, reúso y restauración de las aguas residuales.
En el sector gobierno, en virtud de su capacidad de gasto y obra públicos, establecer Sistemas de Manejo Ambiental en sus instituciones influirá en el comportamiento de mercados y proveedores para que, poco a poco pero crecientemente, configuren una oferta de bienes y servicios cuyos insumos, procesos de producción y gestión de residuos protejan la integridad de los ecosistemas y contribuyan a un desarrollo sustentable, generando a la vez economías en las adquisiciones que se realicen partiendo del uso racional y responsable de materiales.
Además, habrá consecuencias pedagógicas positivas entre los empleados públicos y entre los ciudadanos en general. En este orden de ideas, los Sistemas de Manejo Ambiental constituyen un poderoso instrumento para que las instituciones, privadas o gubernamentales, disminuyan el impacto que sus operaciones cotidianas tienen sobre el medio ambiente y, así, reduzcan sus externalidades ambientales negativas, además de que permiten reducir costos de operación.
Con los Sistemas de Manejo Ambiental, las instituciones públicas y privadas mejoran la eficiencia en el uso de sus recursos, así como su desempeño ambiental. Las normas de operación "eco-amigables" por así llamarlas permiten utilizar de manera más eficiente energía, materiales y agua en el curso de las operaciones cotidianas; los filtros de entrada permiten condicionar la cantidad y la calidad de energía, materiales y agua utilizados en el proceso; y los filtros de salida permiten disminuir los volúmenes, reducir la toxicidad y mejorar el control sobre los contaminantes liberados al medio ambiente en forma de emisiones, desechos sólidos y aguas residuales.
La aplicación de los Sistemas de Manejo Ambiental en las instituciones gubernamentales tiene consecuencias multiplicadoras positivas entre sus empleados y en los ciudadanos en general —al predicar con el ejemplo—, además de impactar el comportamiento de ciertos mercados y de ciertos proveedores que, poco a poco pero crecientemente, configuran una oferta de bienes y servicios cuyos insumos y procesos de producción protegen al medio ambiente y contribuyen a mantener la estructura y los procesos de los ecosistemas.
Por otro lado es necesario señalar que el Ejecutivo federal ha entregado ya a esta Cámara de Diputados el paquete económico para el ejercicio fiscal 2010, mismo que incluye medidas estructurales de austeridad y un programa de ahorro, señalando en dichas medidas son con el fin de fortalecer y garantizar la solidez de las finanzas públicas, impulsado reformas para ejercer el gasto público de manera eficiente y con transparencia ante la ciudadanía, logrando destinar mayores recursos a atender las necesidades más apremiantes de la población, reforzar las tareas de seguridad e incrementar la inversión en infraestructura, al mismo tiempo que se logra reducir el gasto en administración haciendo más eficiente la operación de los programas.
Dentro de las medidas de austeridad planteadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el año 2010 se plantea el ahorro del gasto administrativo y de operación, mismo que se generaría con la regularización de ahorros generados por ajustar los conceptos de materiales y suministros, servicios básicos, servicios oficiales y otros gastos corrientes, entre otros.
Estas medidas de austeridad propuestas por el Ejecutivo son para dar cumplimiento al mandato dado por esta Cámara de Diputados establecido en el Capítulo II del paquete económico fiscal 2009, correspondiente a las disposiciones de austeridad, mejora y modernización de la gestión pública, las dependencias y entidades del gobierno federal deberán integrar en el Programa de Mediano Plazo, conforme a lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con una serie de medidas de racionalidad para el ejercicio fiscal del año próximo.
En este marco de discusión del paquete económico 2010, la implantación de Sistemas de Manejo Ambiental es una medida que aparte de contribuir con el cuidado del medio ambiente aporta a la racionalidad del gasto público y que sirve para dar cumplimiento a las medidas de austeridad que este Congreso determine para el próximo año.
Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Exhortar a los tres Poderes del Estado y sus áreas administrativas para que formulen, establezcan o evalúen Sistemas de Manejo Ambiental para el año 2010.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 23 de septiembre de 2009
Diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández
(rubrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE IMPULSAR Y DAR SEGUIMIENTO
A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL DEL SUR-SURESTE DE MÉXICO,
A CARGO DEL DIPUTADO JUAN CARLOS LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
Juan Carlos López Fernández, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo a fin de crear la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, razón de las siguientes
Consideraciones
Además, sólo la mitad de la población está atendida por el sector salud, y estas entidades ocupan los primeros lugares por entidad federativa en mortalidad materna, con una tasa de 11.9 por 10 mil nacidos vivos estimados para 2006, muy por arriba de la media nacional que para ese año es de 5.52.
Por cada mil niños menores de un año, en el país mueren 18, mientras que en la región mueren en promedio 24.
En el sur habita más de la tercera parte de la población indígena del país, 2.4 millones de personas mayores de 5 años hablan una de las 29 lenguas indígenas de la región. De ellos, una cuarta parte no habla español. Casi la mitad de su población es menor de 19 años (46 por ciento).
En conjunto, las tres entidades cuentan con 10.9 millones de habitantes que representa el 10.6 por ciento de la población nacional. Chiapas tiene 4.3, Guerrero 3.1 y Oaxaca 3.5 millones de habitantes. De las 187 mil localidades que tenía el país en 2005, los tres estados cuentan con 36 mil 762 localidades (Chiapas 19 mil 386, Guerrero 7 mil 190 y Oaxaca 10 mil 186). Ello representa 19.5 por ciento del total nacional; sin embargo, 91 por ciento de las localidades son de menos de 499 habitantes, con un total de 2.5 millones de habitantes. Sólo 54 localidades en la región tienen más de 15 mil habitantes, con una población de 3.7 millones.
Una proporción importante de los trabajadores del sur no perciben ingresos por su trabajo, lo cual es uno de los motivos que inciden permanentemente en la migración. 66 por ciento de los trabajadores reciben de 0 a 2 salarios mínimos nacionales.
El porcentaje de población emigrante a Estados Unidos de América, en 2000, era a nivel nacional de 2.5 por ciento en hombres, mientras que en Guerrero es 3.5 y en Oaxaca 2.6 por ciento. En Chiapas es del 4 por ciento. La frontera sur es zona de tránsito de inmigrantes como de todos los problemas que esto conlleva.
Chiapas, Guerrero y Oaxaca se cuentan entre los estados menos urbanizados de México. Cerca de 60 por ciento de la población urbana de los tres estados vive en ciudades de menos de 50 mil habitantes, a diferencia de 30 por ciento de la población en todo el país. En materia de vivienda, las condiciones son las siguientes: 31 por ciento tiene pisos de tierra, 17 por ciento no dispone de escusado o sanitario; 30 por ciento carece de agua entubada; 29 por ciento no tiene drenaje; y más de la tercera parte carece del servicio de suministro de energía eléctrica.
Transportar productos, personas e información hacia y desde los estados del sur es poco seguro, requiere demasiado tiempo y es costoso. Las obras hidroagrícolas y la tecnificación del riego son insuficientes. La región cuenta con abundantes recursos acuíferos y no tiene infraestructura para aprovecharla.
La presencia y actividad de la banca múltiple son reducidas. Gran parte de la población no tiene posibilidades de conseguir crédito debido a la falta de garantías o de antecedentes crediticios y a la escasez y mala calidad de los servicios financieros de la región. El sur tiene el 1.5 por ciento (8 mil 982) de las empresas del país y, de éstas, más de la mitad está en el sector comercio. Además, 7 mil 762 son microempresas.
La agricultura es más una actividad de subsistencia en el sur que en el resto de México.
El sur tiene el 17 por ciento del litoral del Pacífico y el 28 por ciento de las lagunas costeras. Sin embargo, sólo aporta el 3.28 por ciento de la producción pesquera. Entre otros problemas, por la falta infraestructura pesquera para el acopio, procesamiento y comercialización.
El promedio de estadía del turismo en la región es de 1.3 días. Tiene una gran diversidad de atractivos naturales, coloniales, arqueológicos y culturales pero le falta, entre otras, infraestructura de apoyo.
Se debe consolidar los trabajos legislativos que en las anteriores legislaturas se han desarrollado en el tema. No podemos, de manera irresponsable dejar truncos muchos proyectos, en los que han trabajado muchas y muchos legisladores de diferentes expresiones parlamentarias.
Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 fracción 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo
Primero. La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura acuerda crear la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México
Segundo. La comisión estará conformada por 20 integrantes, que serán elegidos con los criterios de pluralidad y proporcionalidad.
Tercero. La comisión especial deberá rendir de manera periódica un informe ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2009.
Diputado Juan Carlos López Fernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA CUENCA DE BURGOS, SUSCRITO POR
LOS DIPUTADOS RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, EDUARDO ALONSO BAILEY
ELIZONDO, RODOLFO DE LA TORRE CANTÚ E INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
De conformidad con los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como, de los artículos 58, 60, 65, 71 y 78 del Reglamento para El Gobierno Interior del Congreso General de Los Estados Unidos Mexicanos, los diputados federales por los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas abajo firmantes, miembros del Grupo Parlamentario del PRI, presentamos a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
La LIX y LX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, propusieron, cada una en su momento, la creación de la Comisión Especial de la Región Cuenca de Burgos, cuyo objetivo fue dar seguimiento al Proyecto Integral de la Cuenca de Burgos y realizar las acciones legislativas que aseguraran un desarrollo sustentable y equilibrado de la región, ante la explotación de los yacimientos de energéticos realizada por Pemex.
La Cuenca de Burgos es el yacimiento de gas natural no asociado más importante de México, su aprovechamiento inició en 1945 en el campo Misión. En junio de 2009 su producción llegó a 1 billón 521 mil millones de metros cúbicos diarios, equivalente al 21.36% de la producción nacional total de gas. El proyecto Pemex de Cuenca de Burgos cubre una superficie aproximada de 120,000 kilómetros cuadrados del territorio de los estados de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Geológicamente comprende dos de las cuatro cuencas productores de gas natural no asociado de México: la Cuenca de Burgos y la Cuenca de Sabinas, así como el área de Piedras Negras, lo que aumenta la prospectiva de explotación de este energético.
La infraestructura de Pemex se integra por 2,771 pozos en aprovechamiento, 127 estaciones de recolección, 28 estaciones de trasiego y 10 de entrega, 17 sistemas de inyección de agua y 5 de bombeo de condensados. Además se tienen 22 puntos de transferencia donde se mide la producción de gas que corresponde a los bloques en explotación a través de diferentes compañías privadas por medio de los Contratos de Obra Pública Financiada (COPF).
Hasta la fecha, el proyecto Cuenca de Burgos ha generado más de 6 mil empleos directos por parte de Pemex Exploración y Producción y más de 21 mil indirectos; 2,854 a través de los Contratos de Obra Pública Financiada, con una proyección de 40 mil empleos para 2012.
El Proyecto Integral Cuenca de Burgos considera, para el lapso 2010-2027, la perforación de mil 559 pozos para recuperar alrededor de 7 mil 279 millones de pies cúbicos de gas, mediante una inversión de 257 mil millones de pesos.
La expansión reciente del sector eléctrico mexicano ha estado basada en la instalación de plantas generadoras con ciclo combinado que utilizan gas natural. Algo similar está sucediendo en la Unión Americana provocando que la oferta se vea rebasada por la demanda, produciendo volatilidad y aumento en el precio del combustible. Por la estructura de costos se puede demostrar que el proceso de gasificación es un complemento para la tecnología de ciclo combinado que permite la utilización de combustibles como el carbón y el coque de petróleo. El precio del gas natural en México justifica la realización de estudios serios de generación de gas de síntesis que pueda sustituir al gas natural.
El gas de síntesis puede ser obtenido a partir de varios combustibles, como el coque de petróleo y el carbón mineral, mediante el proceso de gasificación. Al gas natural le seguirá el carbón, ya que el combustóleo disminuirá considerablemente su presencia, de 31.1% que registró en 2006 a 14.1% en 2016, además de que solo habrá un requerimiento marginal del diesel.
Uno de los recursos energéticos no renovables más preciados para la humanidad es y sigue siendo el carbón. Ha tenido un gran impacto en la sociedad; como la generación de electricidad con bajo costo. Pasó de ser una fuente de energía única a ser un complemento energético que está cobrando importancia en la generación de electricidad y gas metano.
La mayor cantidad de producción de carbón se concentra en la región norte del país, específicamente en el estado de Coahuila, donde la producción, en promedio, es de más de 15 millones de toneladas al año, representando cerca del 95% nacional. Este mineral se utiliza básicamente para la generación de electricidad en plantas carboeléctricas y para la producción de acero, mediante el denominado "coque de petróleo". La región con yacimientos de carbón más importante del país, se ubica en la denominada "región carbonífera", en el centro-norte del Estado, alcanzando hasta territorio del vecino Estado de Nuevo León, es decir del centro-norte al oriente. Esta región carbonífera se conforma por dos sub-regiones; "Cuenca de Sabinas" (representa aproximadamente 10,000 km²) y la "Zona de Fuentes-Río Escondido" (representa aproximadamente 2,000 km²).
Las plantas que utilizan carbón como combustible siempre están al 98% de producción, esto obedece a que el carbón es el energético más barato que tenemos para la producción del fluido eléctrico, el costo de producción comparado con las fuentes de energía convencionales como el combustóleo, representa un 20% menos, además de una serie de ventajas.
En nuestro vecino país del norte, el más desarrollado del globo terráqueo, se produce el 67% del total de su electricidad usando el carbón y esta situación le ha permitido desarrollar una gran cultura de carbón, en el que existe un plan de restauración de las tierras muy estricto, y existe una fuerte normatividad al respecto.
Estas definiciones sostienen la importancia de desarrollar estrategias y políticas que permitan que, tanto el carbón como el gas, sean recursos energéticos estratégicos para la satisfacción de la demanda de energía.
Como se observa, la región de la Cuenca de Burgos, que es de vital importancia en la generación de gas natural no asociado, se encuentra al mismo tiempo sobre la conocida Región Carbonífera del norte del estado de Coahuila, lo que hace de ambas una Región estratégica para la producción de energía en el contexto nacional.
Por lo anterior descrito, se propone a esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos y Aprovechamiento del Carbón Mineral.
Segundo. El objetivo de la Comisión que crea este decreto, es dar seguimiento al proyecto integral de la Cuenca de Burgos que desarrolla Petróleos Mexicanos, así mismo de la explotación del carbón mineral y del gas asociado al mismo.
Tercero. Garantizar el marco normativo que permita nuevas reglas de explotación de los recursos energéticos en beneficio del país, y de las comunidades alrededor de estos yacimientos, y la aplicación de nuevas tecnologías de generación limpia de energía.
Cuarto. La Comisión Especial de la Cuenca de Burgos y aprovechamiento del Carbón Mineral, funcionará en la totalidad del periodo de la LXI Legislatura o en tanto quede agotado su objeto, si éste sucediere antes.
Siendo en el Palacio Legislativo de San Lázaro los 23 días del mes de septiembre del año 2009.
Diputados: Rubén Moreira
Valdéz, Eduardo Bailey Elizondo, Rodolfo Torre Cantú, Francisco
Saracho Navarro, Marcela Guerra Díaz, Cristabell Zamora Cabrera,
Hugo Martínez González, Ildelfonso Guajardo Villarreal, Jesús
Everardo Villarreal Salinas, Melchor Sánchez de la Fuente, María
de Jesús Aguirre Maldonado, Edgardo Melhem Salinas, Miguel Ángel
Riquelme Solís, María Cristina Díaz Salazar, Baltazar
Manuel Hinojosa Ochoa, Héctor Fernández Aguirre, Benjamín
Clarión Reyes Retana, Luis Alejandro Guevara Cobos, Héctor
Franco López, Fermín Montes Cavazos, Francisco Javier Martín
Gil Ortiz, Tereso Medina Ramírez, Felipe Enríquez Hernández,
José Francisco Rábago Castillo, Hilda Flores Escalera, Rogelio
Cerda Pérez, Carlos Flores Rico, Cruz López Aguilar, Felipe
Solís Acero, Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL QUE DÉ SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES
SOBRE LA DESAPARICIÓN DE MENORES QUE SE ENCONTRABAN EN LOS ALBERGUES
CASITAS DEL SUR, LA CASITA Y CAIFAC, SITUADOS EN EL DISTRITO FEDERAL, QUINTANA
ROO Y NUEVO LEÓN, RESPECTIVAMENTE, A CARGO DEL DIPUTADO AGUSTÍN
CASTILLA MARROQUÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado Agustín Castilla Marroquín integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica y 58, 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
Derivado de las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por presuntos actos de abuso sexual y violencia intrafamiliar en perjuicio de la menor Ilse Michel Curiel Martínez, ésta ingresa en abril de 2005 al albergue temporal de la Procuraduría en tanto se realizaban las investigaciones correspondientes.
En el mes de enero de 2007, la Procuraduría Capitalina canaliza a Ilse Michel al albergue privado denominado "Casitas del Sur" sin mediar notificación previa a sus familiares, quienes no vuelven a tener contacto con la menor debido a la prohibición establecida por las autoridades de dicha casa hogar.
Posteriormente, el 20 de agosto de 2008 la juez 16 de lo Familiar resuelve otorgar la guarda y custodia de Ilse a favor de la señora Ardelia Martínez Estrada, abuela materna de la menor quien solicita a las autoridades de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal la entrega de su nieta.
Ante la falta de respuesta de la Procuraduría capitalina, a finales del mes de noviembre del mismo 2008 los familiares de la menor acudieron a la oficina del suscrito, quien en ese entonces se desempeñaba como diputado local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para solicitar apoyo pues después de realizar diversos operativos la Procuraduría no logró ubicar a Ilse Michel quien presumiblemente había sido trasladada a otro lugar por los directivos de esa casa hogar administrada por la asociación civil Reintegración Social quienes se negaron a entregarla a las autoridades.
En virtud de lo anterior, el 3 de diciembre se presentaron las denuncias correspondientes y se dio a conocer ante los medios de comunicación la desaparición de Ilse Michel Curiel Martínez, a partir de lo cual se comenzó a recibir información sobre otros casos de menores desaparecidos de ese mismo albergue Casitas del Sur, así como de las similitudes que se presentaban con los hechos acontecidos en 2005 en el albergue denominado La Casita en Cancún, Quintana Roo y más recientemente en el Centro de Adaptación e Integración Familiar CAIFAC en Monterrey, Nuevo León.
El 29 de enero de 2009, la Procuraduría capitalina realizó operativos simultáneos en dos albergues de Reintegración Social AC, ambos denominados Casitas del Sur ubicados en San Miguel Xicalco y en San Pedro Mártir en la delegación Tlalpan.
En estos albergues se encontraron 126 menores que mostraban signos evidentes de violencia psicológica, adoctrinamiento y fanatismo, sin embargo Ilse Michelle no fue localizada.
A raíz de estos operativos se confirmó que además de Ilse, existían cuando menos otros 10 menores desparecidos tan sólo en el Distrito Federal tal y como lo señaló la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, entre los que se encuentran los tres hermanos de apellido Juárez Ojeda, tres hermanos Cuadrilla Trejo y Jesús Alejandro Espinoza Sánchez de 2 años de edad.
A la fecha se tiene conocimiento de cuando menos 22 menores desaparecidos en tres entidades de la República, todos ellos en albergues dirigidos por Reintegración Social AC, a quien se le ha vinculado con una organización pseudo religiosa a la que, de acuerdo a las investigaciones de la periodista Lydia Cacho se le conoce como la secta de Los Perfectos, y de la cual forma parte entre otros Leydi Yolanda Campos Vera relacionada también con el caso de Jean Succar Kuri.
Asimismo se ha señalado que esta organización administra albergues en otras entidades como Veracruz, San Luis Potosí y el estado de México e incluso en países tales como Tailandia, Ruanda, el Salvador, Guatemala o Colombia por lo que, ante la información obtenida y la falta de resultados concretos por parte de las Procuradurías del Distrito Federal, Quintana Roo y Nuevo León, el pasado 13 de abril la Procuraduría General de la República determinó atraer las investigaciones por el delito de delincuencia organizada y trata de personas.
Derivado de dichas investigaciones realizadas por la SIEDO, en el mes de agosto un juez federal dictó auto de formal prisión contra algunas personas entre las que destaca la ex directora de Casitas del Sur, Elvira Casco Majalca, por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de menores.
No obstante que la Procuraduría General de la República ha llevado a cabo algunas acciones concretas como las ya señaladas y que existen avances en las investigaciones, aún sigue pendiente la localización y recuperación de los menores desaparecidos.
Adicionalmente y de acuerdo a la información disponible, es muy probable que el número de menores desaparecidos sea mayor a lo que se conoce hasta el momento, y que muchos más se encuentren en un riesgo inminente dada la gran capacidad económica y operativa de esta red delincuencial trasnacional.
En tal virtud y ante la urgencia de que se esclarezcan estos hechos que han tenido incluso repercusiones de alcance internacional, se desarticule a esta organización delincuencial y se revise el marco jurídico para que los albergues públicos y privados cuenten con mejores sistemas de control y supervisión, es que se hace necesaria la participación activa de esta soberanía para que se le dé seguimiento puntual a las investigaciones a cargo de la Procuraduría General de la República y casos como este no queden en la impunidad.
Por lo anteriormente expuesto y en virtud de lo establecido en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos me permito someter a su consideración la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determine la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones sobre la desaparición de menores que se encontraban en los albergues denominados Casitas del Sur, La Casita y CAIFAC.
Segundo. Someta a consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones sobre la desaparición de menores que se encontraban en los albergues denominados Casitas del Sur, La Casita y CAIFAC.
Diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS REPRESENTADOS EN ESTA SOBERANÍA
A OBSERVAR LAS RESOLUCIONES DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO A LAS ELECCIONES PARA JEFES DELEGACIONALES
EN CUAJIMALPA DE MORELOS Y MIGUEL HIDALGO, A CARGO DE LA DIPUTADA LETICIA
QUEZADA CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta a los partidos políticos representados en esta honorable Cámara de Diputados a respetar y acatar las resoluciones del Instituto Electoral del Distrito Federal y del Tribunal Electoral del Distrito Federal respecto a las elecciones para jefes delegacionales en Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Que con motivo del proceso electoral local pasado, y derivado de las atribuciones conferidas a la autoridad electoral, bajo la premisa de las facultades de fiscalización que tiene en el caso que nos ocupa el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), ejerció dicha atribución a través de su Unidad Técnica Especializada de Fiscalización investigando los gastos efectuados por los candidatos y los partidos políticos durante el lapso de tiempo que duraron las campañas electorales.
2. En ese orden de ideas, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Convergencia, interpusieron los juicio electorales: TEDF-JEL-073/2009 y TEDF-JEL-063/2009, impugnando la validez de la elección del jefe delegacional en Cuajimalpa, principalmente por irregularidades graves y rebase en los topes de campaña, que fueron resueltos por el Tribunal Electoral de Distrito Federal en plenitud de competencia, el pasado viernes 4 de septiembre del presente año.
3. Que en la ponencia presentada por el magistrado electoral Alejandro Delint García, se modificó el computo original del rebase del tope de gastos que realizó la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del IEDF, y confirmó la existencia del rebase de los topes de gastos de campaña en los que incurrió el candidato Carlos Orvañanos Rea y el Partido Acción Nacional, en el que se concluyó que habían rebasado por 226 mil 30 pesos los topes de campaña fijados.
4. El órgano jurisdiccional resolvió que el uso excesivo de los recursos públicos influyeron en la voluntad de por lo menos 8 mil 193 votantes, lo cual es superior a los 4 mil 454 votos de diferencia que existe entre el primer y el segundo lugar de la elección de mérito y, por lo tanto, determinante para el resultado de la elección. La actualización de la sanción por esta infracción a la norma electoral trajo como consecuencia la nulidad de la elección, con el efecto de revocar la constancia de mayoría entregada al candidato y que se ordenará al IEDF convocar a una elección extraordinaria sin el candidato y el partido infractores. Otro resolutivo fue en consecuencia también notificar al jefe del Gobierno y a la Asamblea Legislativa para que se designe un jefe delegacional provisional. En tanto exista una nueva elección producto de los comicios extraordinarios.
5. Posteriormente, el Tribunal Electoral resolvió los juicios electorales TEDF-JEL-098/2009 y TEDF-JEL-103/2009 interpuestos por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo, Convergencia y Acción Nacional, este último juicio fue interpuesto contra el dictamen realizado por la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del IEDF; por otra parte, los primeros accionantes mencionados solicitaron como efecto de la revisión de los topes de campaña del candidato Demetrio Sodi de la Tijera, la nulidad de la elección para jefe delegacional en Miguel Hidalgo.
6. El pleno del órgano jurisdiccional (TEDF) consideró fundado el agravio relativo a la cuantificación de los gastos derivados de la entrevista televisiva realizada al candidato panista el pasado 23 de mayo, durante la transmisión del partido de futbol Pumas de la UNAM-Puebla, por lo que, en plenitud de jurisdicción, modificaron el dictamen impugnado para contabilizarla en 972 mil pesos, cifra que forma parte del rebase de 1 millón 62 mil pesos, considerando su duración total de un minuto con 19 segundos. A partir de un análisis exhaustivo, los magistrados realizaron un estudio comparativo entre los votos que obtuvo Acción Nacional y los que pudo haber alcanzado si se hubiera ajustado al tope de gastos determinado por el IEDF, llegando a la conclusión de que la conducta del candidato influyó en la voluntad de los electores para el resultado de la elección, de manera determinante cualitativamente.
7. Ambas resoluciones, la de Cuajimalpa y la de Miguel Hidalgo en el Distrito Federal fueron emitidas por el órgano jurisdiccional competente, cuyas atribuciones son conferidas por mandato de Ley, y los ciudadanos encargados de impartir justicia electoral, su designación deviene de un procedimiento de selección legalmente establecido en el que se evaluaron sus trayectorias profesionales y la ética profesional que han demostrado en otros encargos.
8. Por otra parte, la función de fiscalización es producto de una amplia y consensuada reforma electoral, en la que todos los partidos políticos nacionales y, en el caso del Distrito Federal, los que tenían representación en la Asamblea Legislativa votaron esta reforma que incluía la autonomía en la fiscalización de gastos de campaña a los candidatos, en aras de lograr que existiera equidad en las contiendas electorales.
9. En este punto, conviene invitar a todos los actores políticos para que hagan un compromiso para darle vida plena a esta reforma, observando sus disposiciones y cumpliendo las sanciones que deriven de su aplicación.
10. Un estado de derecho, se basa en principios fundamentales, uno de ellos es la legalidad, entendida esta como una razón superior en la que descansan los procesos electorales y las instituciones, debido a que son producto del pacto social, en el que estamos todos inmersos.
11. Tal parece que el Partido Acción Nacional a través de sus candidatos, hoy sancionados, quiere hacernos creer que es parte de la voluntad popular –las campañas inequitativas y el dispendio. Cuando por otra parte su dirigencia local arremete contra el Partido de la Revolución Democrática y pide respeto a los "resultados en las casillas", no importando si estos resultados en si irregulares, fueron producto de amenazas o intimidación a los electores, como consta en diversas averiguaciones previas en el caso de Cuajimalpa, es este parte del doble discurso y la doble moral de dicho partido, son pues parte de las contradicciones en las que incurren.
12. Es por lo anterior, que surge la necesidad de solicitar a los actores políticos que intervinieron en el proceso electoral pasado y a las los legisladores de esta Cámara que eviten toda la clase de descalificaciones y manifestaciones que tienen por objeto cuestionar la legalidad e imparcialidad de las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Distrito Federal y el Instituto Electoral del Distrito Federal, con el falso argumento de "defensa de la voluntad popular". Las resoluciones que emitió el Tribunal Electoral de la capital determinaron anular las elecciones en dichas demarcaciones territoriales, debido a que se acreditaron irregularidades graves de los candidatos del Partido Acción Nacional, desconocerlo y pretender influir desde este órgano legislativo no tiene otro objetivo que tender una cortina de humo y presionar políticamente cuando no existen argumentos jurídicos para su defensa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto ante el pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo por considerarse de urgente u obvia resolución
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los partidos políticos representados en esta honorable Cámara de Diputados a respetar y acatar las resoluciones del Instituto Electoral del Distrito Federal y del Tribunal Electoral del Distrito Federal respecto a las elecciones para jefes delegacionales en Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2009.
Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE SE CONSIDEREN DE ALTA PRIORIDAD LOS PROGRAMAS DE DICONSA, LICONSA Y
EL ALIMENTARIO PARA ZONAS MARGINALES, Y SE PROPONGA UN INCREMENTO A SUS
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PARA 2010, A CARGO DE LA DIPUTADA NARCEDALIA
RAMÍREZ PINEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El 10 de septiembre apareció en los medios de comunicación la dramática información de que el presidente de Guatemala había decretado el estado de emergencia en ese país vecino, para hacer frente a la crisis alimentaria que ya había cobrado la vida de centenares de guatemaltecos, entre ellos 54 niños que murieron por hambre y desnutrición en los últimos días.
A esta grave noticia se suma la denuncia que hizo el director de la FAO, organismo especializado de las Naciones Unidas, de que más de mil millones de personas pasan hambre en el mundo. En lo que va de este año ya han muerto 340 mil personas por deficiencias alimentarias. Ha señalado también ese organismo internacional, que en muchos países en vías de desarrollo, la población no cuenta con los recursos económicos necesarios para tener acceso a los productos básicos que ya son artículos de lujo que van desapareciendo de la mesa de los pobres, mientras las cosechas campesinas están siendo siniestradas por una alarmante sequía, como no se había sentido en más de medio siglo.
Nuestro país no escapa a esta dura realidad. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Coneval, organismo gubernamental, en México, sólo entre el 2006 y el 2008, los pobres alimentarios aumentaron de 14.4 a 19.5 millones, la mayoría de ellos en el sector rural, y 50.6 millones de personas están oficialmente debajo de la línea de pobreza, mientras las estructuras que la generan, no sólo no han sido tocadas sino se fortalecen con las políticas públicas que se orientan a las acciones asistencialistas en lugar de las actividades productivas que son las únicas que pueden vencer esa anomalía social de la sociedad.
Por eso he pedido la palabra para presentar este punto de acuerdo, compañeros diputados. Para manifestar mi inquietud acerca de este serio flagelo que es el hambre y que está tocando ya a las puertas de la nación. No tranquiliza la afirmación gubernamental de que en México no tendremos problemas de abasto y que la población más pobre tendrá acceso a los alimentos, cuando bien sabemos que, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del 2008, una familia pobre dedica 48.9 por ciento de su ingreso a la compra de alimentos, mientras al mismo tiempo desciende el poder adquisitivo de su salario. En 1982, con un salario mínimo se podía adquirir 94 por ciento de los productos que integran la canasta básica, mientras que durante el 2008, sólo se pudo comprar menos del 10 por ciento de esos productos.
Para asegurarse que no falten los alimentos en las zonas más pobres y marginales del país, se crearon programas de gran profundidad social como Diconsa y Liconsa y, el Programa Alimentario para Zonas Marginadas, entre otros. Liconsa hace llegar diariamente 4 millones trescientos mil litros de leche enriquecida a 6 millones de beneficiarios. Diconsa tiene una presencia en el 90.4 por ciento de los municipios del país, y en el 95 por ciento de los municipios indígenas, a través de más de 22 mil tiendas comunitarias, 272 almacenes rurales y 28 almacenes centrales. El Programa Alimentario para Zonas Marginadas opera en 31 estados de la república y, según la última información disponible, en el 2007 apoyó a 143 mil 423 hogares en extrema pobreza.
No me referiré en este punto de acuerdo a las deficiencias de estos programas que son innumerables, porque importa destacar la dimensión de su importancia social. Quizá vale la pena mencionar que ante el creciente deterioro de las tiendas comunitarias de Diconsa, van surgiendo por las sierras y pequeñas comunidades, miles de tiendas y decenas de grandes almacenes de empresas transnacionales claramente interesadas en ganar esos mercados de la pobreza.
Es verdad que golpea severamente una profunda crisis económica. Pero he preguntado con insistencia si en medio de ella no podríamos asegurar las reservas alimentarias del pueblo. Lo primero es la comida y la salud de la población. Me inquieta por eso que se le reduzca, en el proyecto de Presupuesto de Egresos enviado por el Ejecutivo federal, a Diconsa casi 200 millones de pesos de su presupuesto; a Liconsa 500 millones, y el Programa Alimentario para Zonas Marginadas, simplemente ya no aparece en el proyecto del Ejecutivo.
Señores legisladores: Estamos ante la gran oportunidad de servir a la causa de los pobres. Nos corresponde aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. Estamos conscientes que la coyuntura económica que vive el país es delicada. Pero no será sacrificando la alimentación de los que tienen poco o nada como podremos salir adelante, sino entendiendo que es con ellos, con su decidida incorporación al desarrollo, como debemos encarar nuestro futuro como nación.
Por estas consideraciones me permito proponer el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Pido a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados, considere de alta prioridad los programas de Diconsa, Liconsa y el Programa Alimentario para Zonas Marginadas, y proponga en su oportunidad a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que reconsidere e incremente sus asignaciones presupuestarias para 2010.
Diputada Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS ESTATALES Y A SUS MUNICIPIOS, Y AL GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL Y A SUS DELEGACIONES, ASÍ COMO A LAS ENTIDADES
PÚBLICAS, A APLICAR MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y PREVISIÓN CON
OBJETO DE HACER FRENTE EN TÉRMINOS DE LEY A LA OBLIGACIÓN
DE PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2009,
A CARGO DEL DIPUTADO PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito diputado Pablo Rodríguez Regordosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, de urgente y obvia resolución, proposición con puntos de acuerdo de conformidad con los siguientes
Antecedentes
Durante el año 2008, en tiempo y forma legales, se aprobaron la Ley de Ingresos de la Federación así como el Presupuesto de Egresos, estableciendo en su contenido los criterios de política económica que para ese momento estaban debida y legalmente soportados.
Prácticamente al mismo tiempo que el Congreso debatía y aprobaba los presupuesto de ingresos y egresos, se desataba en los Estados Unidos de América una grave crisis del sistema financiero, cuyos alcances nadie pudo determinar con claridad, surtiendo en el corto plazo, sus efectos en la economía mundial.
Particularmente en México, derivado de los efectos de la crisis estallada en el sistema financiero norteamericano, la economía se contrajo en casi 10 puntos del PIB, con la consecuente pérdida de empleos y la caída en la recaudación federal participable, afectando así los recursos presupuestales disponibles.
Adicional a lo anterior, al mes de julio los precios internacionales de la mezcla mexicana de petróleo han promediado 50 dólares por barril, valor por debajo del precio establecido en la Ley de Ingresos de la Federación de 70 dólares. Gracias a la contratación de una cobertura, el impacto en las finanzas públicas no fue del mismo tamaño que la disminución del precio.
Por si la combinación de la crisis financiera mundial y la contracción en el precio del crudo fueran poca cosa, la plataforma de producción de petróleo cayó por debajo del estimado propuesto por la Secretaría de Energía al momento de armar el presupuesto de ingresos, causando los tres factores en suma un faltante por casi 420 mil millones de pesos respecto del presupuesto aprobado para el ejercicio corriente.
Sin embargo, gracias a la contratación de la cobertura del precio del petróleo, al deslizamiento de la relación peso dólar, y a la disponibilidad de fondos de estabilización, el impacto en las finanzas públicas estimado para el ejercicio 2009 es tan solo de 85 mil millones de pesos, por lo que
Considerando
Que las transferencias presupuestales a estados y municipios se han visto afectadas en términos de lo descrito en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y que no se estima ninguna recuperación sustancial de los ingresos presupuestales para lo que resta del año ni para el próximo año.
Que a partir de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha entregado a esta Cámara de Diputados el Paquete Fiscal 2010 se inician los trabajos de discusión y aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación y el correspondiente Presupuesto de Egresos, por lo que estamos a tiempo de que se consideren las medidas de austeridad en todas las dependencias y entidades de gobierno para que no se presupueste por encima de los recursos que serán disponibles.
Que los estados y sus municipios, el Distrito Federal y sus delegaciones, así como las diversas entidades públicas están obligadas en términos del artículo 127 constitucional y 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado a cubrir un aguinaldo a sus trabajadores a más tardar el día 15 de diciembre una parte y el resto a más tardar el 15 de enero.
Que por justicia y por ley los trabajadores al servicio de las gobiernos estatales, municipales, del Distrito Federal, de las delegaciones del mismo y de las diversas dependencias y entidades tienen derecho a gozar en tiempo y forma de su aguinaldo, y que aún estamos a poco más de 2 meses para que ese plazo se cumpla, de forma que estamos a tiempo para que los gobiernos de los 31 estados de la Federación con sus municipios, el Gobierno del Distrito Federal con sus delegaciones así como las diversas dependencias y entidades tomen medidas de austeridad necesarias para hacer las previsiones de los recursos que les serán necesarios para cubrir las obligaciones anteriormente descritas.
Pongo a consideración, con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a los 31 gobiernos estatales y sus municipios, al Distrito Federal y sus delegaciones así como a las diversas entidades públicas a que adopten las medidas de austeridad y previsión que consideren necesarias para generar las reservas de recursos que les permitan hacer frente en tiempo y forma al pago a su personal de los aguinaldos estímulos correspondientes al ejercicio 2009.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2009.
Diputado Pablo Rodríguez Regordosa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE ANALIZAR, EVALUAR Y SUPERVISAR
EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ADUANAS, Y DE LOS PUERTOS MARÍTIMOS Y AÉREOS
NACIONALES EN RELACIÓN CON LA ENTRADA DE MERCANCÍA ILEGAL,
Y EL TRÁFICO Y CONTRABANDO DE ARMAS, DE ESTUPEFACIENTES Y DE SUSTANCIAS
ADICTIVAS, A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR HUGO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal Héctor Hugo Hernández Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del PRD a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica y 58, 60, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Señoras y señores legisladores: el país se encuentra en una grave crisis económica que se ha profundizado en el último año, sus efectos negativos han sido devastadores para la sociedad.
El desempleo, la pobre inversión productiva, la caída en el consumo interno y las exportaciones afectan negativamente la producción nacional y debilitan aún más las posibilidades de desarrollo para los sectores más vulnerables, los más pobres, que, como siempre, son quiénes se llevan la peor parte.
Pese a la gravedad de la situación, el gobierno federal insiste en que la crisis "viene de afuera" y que por lo tanto es poco lo que los instrumentos de política económica y social pueden hacer para contrarrestarla.
El gobierno se niega sistemáticamente a reconocer los subejercicios, el despilfarro, el uso faccioso de los recursos y programas, la falta de transparencia y la pobre rendición de cuentas que alimentan y profundizan la problemática.
Es tarea de esta soberanía trabajar juntos a favor de México con independencia de nuestras diferencias ideológicas. Entre nosotros debe darse un trato respetuoso, igualitario y transparente, que permita establecer las bases de una relación sana y productiva que ayude al país a enfrentar los enormes desafíos.
Sabemos que para salir adelante es indispensable fortalecer la economía interna y mejorar la distribución del capital. Necesitamos diseñar políticas públicas que incentiven el desarrollo económico local, en cada municipio y delegación, pero para tener mejores resultados requerimos mejorar la seguridad en nuestros puertos, fronteras y aduanas para reducir la competencia desleal y alentar la inversión productiva.
Por lo anterior, me permito poner a consideración de la junta de coordinación política así como de las y los legisladores de esta LXI Legislatura la siguiente propuesta:
En el sector de aduanas existe un problema que urge evaluar y solucionar con el propósito de evitar una situación de mayor vulnerabilidad para la economía, y la salud de la república. Me refiero específicamente al libre tránsito de mercancías ilícitas, armas, estupefacientes y demás sustancias prohibidas, que cada año ingresan al país por las garitas, puertos y aeropuertos, sin control suficiente por parte de las autoridades aduanales.
Las mercancías reguladas, restringidas y prohibidas que con toda impunidad ingresan a nuestro país generan daños a la salud, la seguridad pública, la industria, el fisco, la economía y la sociedad en su conjunto.
Uno de los más graves problemas para la deteriorada planta productiva nacional lo constituye el tráfico de mercancías reguladas tales como zapatos, juguetes, textiles y prendas de vestir, entre otros, que ingresan a precios de dumping, libres de impuestos y aranceles. Esto genera competencia desleal para nuestros empresarios y afecta la inversión, el empleo y los ingresos fiscales.
Por tales motivos, diversos sectores de nuestro país han manifestado su interés en que el gobierno mejore el funcionamiento del sector aduanero, refuerce las aduanas, cambie y profesionalice a su personal, y para que, la Administración General de Aduanas, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, endurezca las sanciones por subfacturación, doble facturación y alteración de las declaraciones de mercancías en las aduanas.
Para hacer evidente la magnitud del problema pongo como ejemplo la industria textil, donde, según el Centro de Estudios Sociales de la Cámara de Diputados, el 58 por ciento del mercado nacional de prendas de vestir es abastecido por la vía del contrabando.
En el contrabando se incluye tanto el "bronco", que implica la introducción de mercancías extranjeras al país sin pasar por las aduanas, como el "documentado" que consiste en la introducción de mercancías mediante el falseamiento de la declaración de origen, subvaluación, clasificación arancelaria incorrecta o mal uso del Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación), maquila (subcontratación de los procesos de producción) y el Programa de Promoción Sectorial para evadir el pago de impuestos o cuotas compensatorias correspondientes, entre otros.
También es un problema de seguridad nacional y de seguridad pública, generado por el tráfico y comercialización de armas, con el consiguiente incremento en la inseguridad, la criminalidad y la drogadicción.
Se estima que por minuto ingresa un arma de manera ilegal a nuestro país. De acuerdo con Eliot Engel, presidente de la Subcomisión para América Latina de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, más del 90 por ciento de las armas incautadas en México entre 2006 y 2008 provienen de Estados Unidos, y pueden adquirirse en más de 10 mil puntos a lo largo de la frontera sin ninguna restricción.
Sí compañeros legisladores, son esas armas con las que se perpetran los arteros asesinatos de los que hemos tenido noticia en los últimos días.
Según la Procuraduría General de la República, el tráfico de armas es el segundo problema de seguridad nacional. Un problema que aviva la violencia de la delincuencia organizada, que ha dejado más de 7 mil muertos desde inicios del 2008, no obstante el despliegue de 36 mil militares en la frontera norte.
En lo que respecta específicamente a la importación ilegal de sustancias restringidas, basta mencionar lo acontecido con la importación de las 50,000 toneladas de pseudoefedrina ingresadas por el empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon.
En 2007 el SAT reconoció que la percepción sobre la corrupción en las 49 aduanas de la República Mexicana aumentó en cinco puntos porcentuales, y reconoció sobornos y amenazas de la delincuencia organizada a los agentes aduanales.
Cabe mencionar que en los últimos meses la Secretaría de Hacienda informó de un cambio en el personal de aduanas, pero eso de ninguna manera es garantía para que las malas prácticas, vicios e indolencia que existen en las aduanas de México se erradiquen de la noche a la mañana.
Ante esto la pregunta es, ¿a quién se debe recurrir para exigir mayores controles al SAT?
Este problema ha propiciado la "necesidad" por parte del gobierno federal de firmar un acuerdo de colaboración con Estados Unidos, el llamado Plan México o Plan Mérida, similar al Plan Colombia, que podría incluir el envío de asesores y agentes extranjeros a nuestras fronteras y aduanas, comprometiendo así nuestros intereses y soberanía.
Por tales motivos, se hace indispensable que este órgano legislativo asuma un compromiso para estudiar, analizar, evaluar y supervisar las actividades de este sector gubernamental, tanto por las implicaciones y repercusiones en la actividad económica y comercial, como por la seguridad y el bienestar de las y los mexicanos.
Con un sector aduanero eficiente y comprometido con el desarrollo de México tendremos mejores condiciones para estimular el desarrollo local, fortalecer la economía interna, proteger el empleo, fomentar el autoempleo, el desarrollo de empresas sociales y el fomento al cooperativismo con enfoque sustentable, entre muchas acciones necesarias para mejorar los ingresos y calidad de vida de la población.
Así las cosas, los diputados de la LXI legislatura tenemos una oportunidad histórica, por ello debemos ser un congreso que luche siempre por la justicia social, la viabilidad económica y la responsabilidad ambiental. Demostremos, de cara a la nación, que en este Congreso existe capacidad, sensibilidad y voluntad política para realizar los cambios necesarios, y para mantener una actitud que proponga soluciones reales a los problemas del país.
Por tales motivos se requiere establecer urgentemente una comisión que se encargue de estudiar, evaluar y supervisar el sector de aduanas, puertos y aeropuertos, con el propósito de generar las propuestas legislativas y presupuestales necesarias para impulsar su saneamiento, su eficiencia y eficacia en la consecución de sus propósitos y objetivos institucionales.
Compañeras y compañeros diputados: esta tarea, la de legislar, es nuestra responsabilidad histórica, cumplamos nuestro compromiso y hagámoslo bien, con ánimo, decisión, pasión y unidad en torno a los problemas neurálgicos del país, que como éste, que se sintetiza en las malas prácticas del sector aduanero y la permisividad de las autoridades, representan un reto y una oportunidad para trabajar juntos a favor de la nación.
Con responsabilidad, sensibilidad y compromiso ¡construyamos juntos el México que tanto necesitamos!
Por lo antes expuesto y fundado sometemos a consideración de la Junta de Coordinación Política y de las y los diputados de esta LXI legislatura, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial encargada de estudiar, analizar, evaluar y supervisar el sector de aduanas, puertos y aeropuertos nacionales, en relación con la entrada de mercancía ilegal, el tráfico y contrabando de armas, estupefacientes y sustancias adictivas, con el propósito de generar las propuestas legislativas y presupuestales necesarias para impulsar su saneamiento, su eficiencia y eficacia en la consecución de sus propósitos y objetivos institucionales.
Segundo. La comisión especial cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. La comisión especial se integrará de manera puntual y equitativa, por todos los grupos parlamentarios y funcionará por la duración de la LXI Legislatura, o hasta en tanto quede agotado su objeto, si esto sucediere antes.
Dado en la Cámara de Diputados, a 23 de septiembre del 2009.
Diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA REALIZACIÓN DE OBRAS URGENTES POR LOS DAÑOS OCASIONADOS
POR LAS CONSIDERABLES PRECIPITACIONES PLUVIALES OCURRIDAS EN EL DISTRITO
FEDERAL Y EN EL ESTADO DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO ROBERTO REBOLLO
VIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Quiero recordarles que en el Distrito Federal y en el estado de México habitan, desde 1990, alrededor de 22 por ciento de la población nacional, los que registran ya los típicos problemas de las metrópolis, tales como problemas de abastecimiento de agua potable, de alcantarillado, de seguridad pública, de tratamiento de desechos sólidos, de vivienda, de suelo urbano, de infraestructura de salud y educativa, así como de transporte y vialidad, entre otros.
En 2003 se aprobó la creación e integración de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, cuya misión encomendada es mejorar la gobernabilidad, convivencia y bienestar de los ciudadanos que habitan en las grandes urbes del estado de México y del Distrito Federal.
Paralelo a la creación de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, el Ejecutivo del estado de México propone la creación de un fondo metropolitano para obras y servicios, de carácter estrictamente metropolitano, en municipios conurbanos del estado de México y del valle de Toluca, así como en las 16 delegaciones del Distrito Federal.
En términos legislativos se han planteado diversas iniciativas a fin de crear un fondo de aportaciones para el desarrollo metropolitano, así como en materia de participación municipal en los procesos de planificación nacional y desarrollo metropolitano. Pero fue hasta 2006 que la Cámara de Diputados autorizó en el decreto de Presupuesto de Egresos recursos por mil millones de pesos para el Fondo Metropolitano y con esos recursos se concretaron 24 obras entre las que destacan la rehabilitación del puente Monte Líbano, el distribuidor vial Zaragoza-Los Reyes, el saneamiento de la presa de Guadalupe y el estudio de origen-destino de la zona metropolitana.
Cabe señalar la importancia del Fondo Metropolitano, ya que las tres entidades en conjunto generan la tercera parte del producto interno bruto nacional, y al conjuntar más de 100 distritos electorales que evidentemente debe de atenderse como tema prioritario por los miembros de la Cámara de Diputados.
2. Presupuestos del Fondo Metropolitano
En el proyecto de Presupuesto de 2010, enviado por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, la asignación de recursos para el Fondo Metropolitano del valle de México y el Distrito Federal, se redujo en 42.2 por ciento, en relación con el Presupuesto aprobado en 2009 (cantidad que representa 1,477,200,000 millones de pesos).
Asimismo, el presupuesto para el Fondo Metropolitano de 2009 fue inferior al de 2008, y el de 2010 se reduce todavía más: 43 por ciento, en relación con el Presupuesto de 2008. (Cantidad que representa 1,527,200.000 millones de pesos).
De aprobarse el Presupuesto de 2010, en los términos que manda el Ejecutivo federal, quedará pendiente el mantenimiento de la infraestructura del programa de saneamiento drenaje y de alcantarillado, que mitigue la vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales; de está forma podemos asegurar que las inundaciones serán cada día más graves en el valle de México y en el Distrito Federal, en perjuicio de la población más necesitada.
3. Comentarios en relación al Fondo Metropolitano
Presupuesto de Egresos de 2006
Gracias a la coordinación y negociación de varios sectores se logró que la Cámara de Diputados aprobara, en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio de 2006, mil millones de pesos para la creación del Fondo Metropolitano para el Distrito Federal y municipios conurbados del estado de México. El fondo permitirá desarrollar obras importantes para el desarrollo de la infraestructura metropolitana y mecanismo de cooperación, en materias como seguridad pública y normatividad, entre los más importantes.
Presupuesto de Egresos de 2007
El Fondo Metropolitano tuvo un incremento de 2 mil millones de pesos a los mil millones enviados por el Ejecutivo federal, quedando en 3 mil millones de pesos en 2007.
Presupuesto de Egresos de 2008
Los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México harán "frente común" para pedir al Congreso federal la ampliación del Fondo Metropolitano a 6 mil millones de pesos en el Presupuesto de 2008, el doble de lo que se aprobó este año, con lo que buscan corregir la caída de la inversión federal en la zona metropolitana del valle de México en los años recientes.
Ebrard precisó que los 6 mil millones de pesos que solicitarán al Congreso de la Unión se concentrarán en proyectos de agua, drenaje, transporte público, infraestructura vial y otros que tengan que ver con la sustentabilidad del valle de México.
Explicó que se trata solamente de los recursos que se requieren para una parte de un programa que elaboró desde 2006 la Universidad Nacional Autónoma de México, con un conjunto de obras que tendrían que realizarse a 20 o 25 años para los que se requeriría alrededor de 20 mil millones de pesos.
El gobernador mexiquense dijo que se habla de un frente común entre ambas entidades para defender el Fondo Metropolitano ante las voces que han propuesto utilizar los recursos de este fondo para otras zonas metropolitanas del país, en cuyo caso tendría que destinarse un fondo para la zona metropolitana del valle de México de 6 mil millones de pesos.
Los programas, proyectos y obras a los que se destinen los recursos federales del Fondo Metropolitano deberán ser viables y sustentables, además de ser el resultado de la planeación del desarrollo regional y urbano, así como de los programas de ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio, por lo que deberán guardar congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, y con los programas de desarrollo regional, urbano y especiales que se deriven de éste, además de estar alineados con los planes estatales de desarrollo urbano y de los municipios involucrados y comprendidos en la respectiva zona metropolitana.
Para coadyuvar en la asignación, aplicación, seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y transparencia de los recursos del Fondo Metropolitano, cada zona metropolitana deberá contar con un consejo para el desarrollo metropolitano y un fideicomiso de administración e inversión, en los términos que se establezcan en las disposiciones del Fondo Metropolitano y en las demás aplicables.
Sin embargo, vemos con tristeza que lejos de incrementar este fondo metropolitano, ahora se intenta reducir este presupuesto a mil 11 millones 400 mil pesos para la zona metropolitana del valle de México, Distrito Federal, e igual cantidad para el estado de México, siendo que en 2009 se ejerció un presupuesto para esta misma zona de 3 mil 300 millones de pesos.
Y por si fuera poco, en el Presupuesto de 2008 se ejerció un presupuesto de 3 mil 550 millones de pesos. Entendemos con claridad del programa de austeridad que se pretende para 2010, sin embargo, pensamos que en este rubro es muy delicado que se pretenda reducir el presupuesto. Es preferible que haya un recorte a tantas subsecretarías de Estado, que ustedes han creado (más de 900 en el gobierno de Felipe Calderón).
Qué bueno que se atendió el problema en la zona de Valle Dorado del estado de México; ahora también le toca a la zona de la delegación Gustavo A. Madero.
Puntos de Acuerdo
Primero. Que en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, los recursos destinados al Fondo Metropolitano no se afecten sobremanera, en especial los destinados a la zona metropolitana del valle de México, necesarias para continuar las obras de mantenimiento.
Segundo. Que el pleno de esta Cámara de Diputados realice un atento y respetuoso exhorto al Gobierno del Distrito Federal a realizar la terminación del puente de la avenida Centenario, así como las acciones de desazolve que prevean las inundaciones y encharcamientos como los que se han venido registrando en este septiembre en vialidades primarias y colonias alrededor de esta zona.
Palacio Legislativo, a 23 de septiembre de 2009.
Diputado Roberto Rebollo Vivero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA PGR A PRESENTAR CONCLUSIONES NO ACUSATORIAS EN FAVOR DE
TERESA GONZÁLEZ Y ALBERTA ALCÁNTARA, ACUSADAS INJUSTAMENTE,
IGUAL QUE JACINTA FRANCISCO MARCIAL; Y AL JUEZ CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA
PENAL DE QUERÉTARO, A RESTITUIR LA LIBERTAD CORPORAL, A RECONOCER
LA INOCENCIA Y A REPARAR EL DAÑO OCASIONADO A ESTAS MUJERES, A CARGO
DE LA DIPUTADA LETICIA QUEZADA CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por medio de la cual se exhorta a la Procuraduría General de la República para que se presenten las conclusiones no acusatorias en favor de Teresa González y Alberta Alcántara, mujeres acusadas injustamente al igual que Jacinta Francisco Marcial, y para que el juez cuarto de distrito en materia penal del estado de Querétaro restituya la libertad corporal, reconozca la inocencia y se repare el daño ocasionado a estas mujeres, en los términos que establece la legislación mexicana y el derecho internacional, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El 19 de diciembre de 2008 fue sentenciada injustamente en la ciudad de Querétaro la mujer indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, a quien se acusó, junto con Alberta Alcántara y Teresa González, de haber secuestrado a seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) durante hechos ocurridos el 26 de marzo de 2006 en la comunidad indígena Santiago Mexquititlán, del municipio de Amealco, Querétaro. Las pruebas empleadas para acusarla han sido insuficientes y por lo contrario, su inocencia se encuentra plenamente probada y sustentada. Como lo demuestran recomendaciones hechas al Estado mexicano por la organización Amnistía Internacional, quien la ha declarado "presa de conciencia".
2. El 26 de marzo de 2006, seis elementos de la AFI, sin identificarse como tales y sin portar uniforme, llegaron al tianguis de la plaza central de Santiago Mexquititlán y despojaron a varios comerciantes de sus mercancías con lujo de violencia, alegando que se trataba de piratería. Los tianguistas afectados exigieron a los agentes su identificación y la exhibición de la orden que avalara su proceder, éstos se negaron. La tensión aumentó y varios comerciantes afectados comenzaron a protestar.
3. El jefe regional de la AFI y el agente del Ministerio Público de la Federación en San Juan del Río, Querétaro, que acudieron al pueblo para dialogar con la gente afectada ofrecieron pagar en efectivo los daños ocasionados por los elementos de la AFI. Para esto argumentaron que debían trasladarse a la ciudad de San Juan del Río para conseguir el pago, por lo que ordenaron a uno de los agentes que permaneciera en el pueblo como "garantía" de que regresarían. Éste, según testimonios, durante el tiempo que se quedó en el pueblo estuvo comunicado y jamás fue violentado en su integridad física. El incidente terminó cuando el mismo día, alrededor de las siete de la tarde, todos los elementos de la PGR que habían participado en los hechos dejaron la comunidad, después de haber acordado con los comerciantes la entrega de una cantidad correspondiente a los daños causados.
4. Cuando se cumplió lo pactado, como a las siete de la tarde, el incidente parecía haber terminado. De ello hay constancia en un documento firmado por el agente del Ministerio Público federal en el que los agentes de la AFI se comprometen a no molestar más a los pobladores de Santiago Mexquititlán.
5. El tres de agosto de 2006, un grupo de personas –de nuevo sin uniforme– llegó a la casa de Jacinta. Le dijeron que tenía que ir con ellas a Querétaro para declarar sobre la poda de un árbol. La engañaron. Fue trasladada al Juzgado Cuarto de Distrito en un vehículo sin identificación oficial. Al llegar ahí, la presentaron a los medios de comunicación sin saber aún de qué la acusaban. No fue sino hasta que llegó al Cereso femenil de San José El Alto que, con complicaciones, sus compañeras le explicaron que le atribuían, junto a Alberta Alcántara y Teresa González, el supuesto secuestro de los seis agentes de la AFI en los hechos del 26 de marzo. El proceso de Jacinta culminó dos años después. El 19 de diciembre de 2008 se le dictó sentencia condenatoria a 21 años de prisión y 2 mil días de multa. Las otras dos acusadas fueron sentenciadas con la misma pena un mes después.
6. Los meses pasados se llevaron a cabo diversas diligencias judiciales en el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en la ciudad de Querétaro dentro del proceso seguido a Jacinta Francisco Marcial y a otras dos mujeres, en cumplimiento de la reposición de procedimiento ordenada por el tribunal unitario que conoció el caso en segunda instancia.
7. En este mismo orden de ideas, respecto al desahogo de pruebas, fue evidenciada una vez más la inocencia de Jacinta, Alberta y Teresa, ya que se demostró la inconsistencia de la versión de los policías federales que se dicen víctimas de las tres mujeres, los agentes reconocieron que habían entablado una negociación con algunos comerciantes que reclamaban el pago de la mercancía que les había sido confiscada arbitrariamente; además, aceptaron que en ningún momento habían estado incomunicados.
8. En la audiencia del pasado 26 de mayo a María Adolfa González Melquíades, persona que intervino como testigo en los hechos que se le atribuyen a Jacinta Francisco Marcial, le fue negado el apoyo de un intérprete que pudiera traducir al otomí las preguntas formuladas y, en consecuencia, le fue negada una vez más el acceso a la justicia a la indígena otomí. Cabe hacer mención que este derecho le fue negado no obstante que sus defensores solicitaron oportuna y formalmente al juez cuarto de distrito un intérprete en lengua otomí para los testigos indígenas de Santiago Mexquititlán.
9. Que el pasado 16 de septiembre, después de más de tres años de permanecer injustamente en prisión, fue liberada Jacinta Francisco Marcial, mujer del pueblo ñahñú acusada falsamente de haber secuestrado a elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación en hechos ocurridos en la comunidad Santiago Mexquititlán, al sur de Querétaro, el 26 de marzo de 2006. Sin embargo, por estos mismos hechos en los que no hubo ningún secuestro, permanecen aún privadas de su libertad Teresa González y Alberta Alcántara.
Considerando
I. Que Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González han sido víctimas de discriminación racial y violencia institucional y que existieron en el proceso graves desigualdades del sistema de justicia.
II. Que en el caso de las tres mujeres sentenciadas injustamente salen a relucir también las deficiencias de un modelo de justicia en el que subsisten elementos inquisitivos, como la preponderancia de las pruebas desahogadas por el propio Ministerio Público, que generan desigualdad procesal, como quedó demostrado con la liberación de Jacinta.
III. Que este asunto saca a la luz la aplicación de tipos penales para procesar a quienes tienen alguna participación en manifestaciones públicas, ya que como se ha acreditado públicamente y hoy legalmente Jacinta Francisco Marcial al igual que Alberta Alcántara y Teresa González (estas últimas aún presas), no participaron en las acciones de los comerciantes; sin embargo, es claro que la respuesta punitiva del Estado constituye una represalia a la manera en que los tianguistas se defendieron de los abusos de los agentes de la AFI, como ha sucedido en casos similares de protesta.
IV. Que se han violado en este proceso, donde aún permanecen presas Alberta y Teresa, los artículos 2, 14 y 16 constitucionales y se ha discriminado institucionalmente; esta conducta se encuentra sujeta a las sanciones previstas por los códigos penales de la mayoría de entidades federativas como un delito del orden común y más aún la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1 establece que se encuentra prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
V. Que se ha violado la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia, toda vez que se está ejerciendo violencia institucional; es decir, una de las manifestaciones más comunes de la violencia perpetrada desde los órganos estatales contra las mujeres.
VI. Que ha sido un logro de las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general la liberación de Jacinta y un gesto de justicia de la autoridad presentar conclusiones no acusatorias en el proceso que enfrentan estas tres mujeres y por el cual dos de ellas a un siguen presas. Se acreditó la inexistencia de pruebas contundentes y legales en contra de Jacinta por ello su excarcelación sin cargos.
VII. Que por los mismos hechos y con las mismas pruebas también fueron procesadas Teresa González y Alberta Alcántara, mujeres, como Jacinta, del pueblo ñahñú, y es un hecho grave que la PGR no haya expresado aún su disposición de presentar conclusiones no acusatorias que culminen, como en el caso de Jacinta, con la liberación de Alberta y Teresa, acusadas, procesadas y encarceladas con las mismas pruebas ilegales. Para garantizar el acceso a la justicia de Teresa González y Alberta Alcántara se deberá resolver sin dilación y en términos de ley su excarcelación, la reparación integral del daño causado y la no repetición de los hechos.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, para considerarse de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República para que en un acto de justicia y estricta apego a la ley y a los derechos humanos de Teresa González y Alberta Alcántara acusadas, procesadas y encarceladas con las mismas pruebas ilegales que Jacinta, presente conclusiones no acusatorias en el proceso que se sigue en contra de estas dos mujeres y, en consecuencia, se dicte el sobreseimiento y absoluta libertad de Teresa González y Alberta Alcántara, como ocurrió en el caso de Jacinta Francisco Marcial.
Segundo. Se exhorta al juez cuarto de distrito en materia penal del estado de Querétaro para que sin dilación alguna, ordene la libertad absoluta e inmediata de Teresa González y Alberta Alcántara, inculpadas injustamente al igual que Jacinta Francisco Marcial y se les restituya en su libertad, se reconozca su inocencia y se ordene la reparación del daño, en los términos que plantea el derecho internacional público y las convenciones internacionales en las que el Estado mexicano ha sido parte, y se garanticen los derechos humanos de Alberta Alcántara y Teresa González.
Tercero. Publíquese la presente proposición con punto de acuerdo en dos diarios de circulación nacional para su mayor difusión y en la página de internet de este órgano legislativo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2009.
Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SHCP Y AL DIRECTOR DEL FIDEICOMISO PARA EL
RESCATE DE AUTOPISTAS CONCESIONADAS A ANULAR LA APLICACIÓN DEL INCREMENTO
DE 4.1 POR CIENTO AL PEAJE EN LA AUTOPISTA DEL SOL, Y A REALIZR UN DESCUENTO
DE HASTA 50 POR CIENTO EN EL TRAMO CHILPANCINGO-ACAPULCO, EN GUERRERO,
A CARGO DEL DIPUTADO FERMÍN GERARDO ALVARADO ARROYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
Los que suscriben, diputados federales Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Ángel Aguirre Herrera, Cuauhtémoc Salgado Romero, Mario Moreno Arcos, Esteban Albarrán Mendoza, Sofío Socorro Ramírez Hernández, Miguel Álvarez Santamaría, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primero. Que el estado libre y soberano de Guerrero vive del turismo; para nosotros el turismo es la principal actividad económica y la primera fuente de empleos e ingresos, que le da de comer directa e indirectamente a la mayoría de nuestros paisanos.
Segundo. Que la carretera Cuernavaca-Acapulco, o Autopista del Sol, fue construida bajo el esquema de concesión durante la administración federal 1988-1994, por gestiones del entonces gobernador de Guerrero, licenciado José Francisco Ruiz Massieu.
Tercero. Que la construcción de la Autopista del Sol se impulsó visionariamente con el propósito de convertirla en una de las principales arterias turísticas del país y uno de los ejes fundamentales, sobre los que giraría el desarrollo económico de Guerrero, que requería, desde entonces, que este servicio público se prestara con calidad, eficiencia y eficacia.
Cuarto. Que por esta carretera transitan durante todo el año miles de extranjeros, connacionales y guerrerenses, en un enorme flujo vehicular, que es persistente y continuo, dado que, como es conocido, esta autopista permitió acercar a una distancia de tan sólo 286 kilómetros a la población del Distrito Federal, de la zona metropolitana y del centro del país, con un destino de natural belleza y de la calidez en sus playas.
Quinta. Que desde 1993, con la inauguración y operación de la Autopista del Sol administrada por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), se reconoció que las cuotas1 que ahí se cobraban eran de las más altas del país, situación que contrasta -y que la realidad ha confirmado- con una prestación de servicios, regularmente, deficientes, de mala calidad e inseguridad creciente, tanto por las condiciones orográficas, pluviales y vicios ocultos que presenta, como agrietamientos, hundimientos, desprendimientos de cerros, derrumbes, deslaves, así como rehabilitaciones permanentes que por su deficiencia parecen interminables.
Sexto. Que por esas causas en los últimos 16 años se han decidido cierres parciales y temporales, incluso, para evitar desgastes mayores, la circulación se ha ido canalizando, en algunos tramos, sólo por uno de los dos cuerpos de la carretera.
Séptimo. Que el 7 de septiembre del año que corre, el Sistema de Información de Accidentes Vehiculares (SIAV), difundido por la Agencia de Consultoría Global Minds, significa que esta Autopista del Sol es no sólo de las más caras, sino que se encuentra entre las 10 carreteras más peligrosas de la república.
Octavo. Que precisamente en este momento, y desde hace ya un buen tiempo, el tramo comprendido de la caseta de Palo Blanco, municipio de Chilpancingo, a la caseta de La Venta, municipio de Acapulco, es objeto de rehabilitación, ocasionando que más de la mitad de este tramo, es decir, en más de 30 kilómetros, sólo se esté ocupando un cuerpo de la autopista, un solo carril, de uno y otro sentido, con los consiguientes riesgos y lentitud en su circulación.
Noveno. Que no obstante, el gobierno federal ha fomentado, por una parte, una política de aumentos en las tarifas de las cuotas y, por otra, una política de silencio ante el clamor generalizado de disminuir las cuotas de cobro, clamor justificado no sólo por la situación económica que vive el país y cuyos efectos se resienten con mayor encono en la sociedad, sino también por las condiciones deficientes en las que se presta el servicio por el que se cobra.
Décimo. Que desde el 3 de agosto de este año se anunció por el consejo de administración del organismo público descentralizado del gobierno federal Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos que a partir del 4 de agosto se aplicaría 4.1 por ciento de aumento a la cuota, un aumento de 36 pesos; es decir, de 864 pesos que se cobraba de Cuernavaca a Acapulco de ida y vuelta, ahora ese mismo tramo cuesta 900 pesos, circunstancia que obviamente ha generado la inconformidad de amplios sectores sociales y productivos por considerarla injusta y desproporcionada.
Undécimo. Que es evidente la necesidad de que esta alta soberanía se pronuncie por la no aplicación del incremento de 4.1 por ciento más sobre las cuotas de peaje en la Autopista del Sol y porque se otorgue un descuento de hasta 50 por ciento del tramo de la caseta de Palo Blanco, en el municipio de Chilpancingo, al de la caseta de La Venta, en el municipio de Acapulco, en virtud de que no existe en este tramo una autopista funcionando al 100 por ciento por lo que no se justifica cobrar por un servicio de autopista que no se proporciona y que este descuento tenga vigencia hasta que la autopista esté rehabilitada en su totalidad.
Duodécimo. Que esta soberanía nacional seguirá insistiendo en que la actividad turística se desempeñe con más eficiencia, por lo que atañe a su estacionalidad, a la generación de empleos permanentes y bien remunerados, a la calidad, seguridad y accesibilidad de los servicios, a la captura efectiva de las divisas que demanda el financiamiento del desarrollo nacional y al consumo de bienes producidos en Guerrero y en nuestro país.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional consciente de que la comunicación carretera que brinda la Autopista del Sol es vital para el desarrollo del país y de la entidad, ya que el turismo es la principal fuente de ingresos de Acapulco y Guerrero, es necesario que esta alta representación soberana insista en la no aplicación de los aumentos operados desde el 4 de agosto del año en curso y en un descuento de hasta 50 por ciento del costo de peaje, por lo que hace al tramo correspondiente de la caseta de Palo Blanco, municipio de Chilpancingo y la caseta de La Venta, del municipio de Acapulco de Juárez, reiterando la necesidad de su accesibilidad a las clases populares, lo que indubitablemente repercutirá en un bien común; por tal razón, se estima pertinente someter a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados para que, previo el procedimiento legislativo correspondiente, se discuta y, en su caso, se apruebe como asunto de urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta de
Acuerdo Parlamentario
Único. Se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Agustín Carstens Carstens, y al director general del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) se derogue, a la brevedad posible, el incremento vigente a partir del 4 de agosto del año en curso y se otorgue un descuento de 50 por ciento, específicamente en el tramo Palo Blanco Chilpancingo-La Venta Acapulco, de la autopista Cuernavaca-Acapulco, hasta que esté totalmente rehabilitada y en condiciones óptimas y seguras de uso.
Nota
1. La mayor parte de estudiosos del derecho administrativo
conceptúan a la cuota como aportaciones de dinero o en especie que
un particular debe pagar a las autoridades o a quien se le haya concesionado
el servicio público por el uso del mismo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los a los ocho días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
Diputados: Fermín Gerardo
Alvarado Arroyo (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva (rúbrica),
Ángel Aguirre Herrera, Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica),
Mario Moreno Arcos, Esteban Albarrán Mendoza, Sofío Socorro
Ramírez Hernández, Miguel Álvarez Santamaría
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE IMPULSAR Y DAR SEGUIMIENTO
A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL DEL SUR-SURESTE DE MÉXICO,
A CARGO DEL DIPUTADO HELIODORO CARLOS DÍAZ ESCÁRRAGA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo a las siguientes
Consideraciones
Desde la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, ha venido operando, en esta Cámara de Diputados, una Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México. No obstante, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, al final de las legislaturas LVIII, LIX y LX, ha declarado su extinción.
Los acuerdos relativos de ese órgano de gobierno interno de esta Cámara de Diputados, no significan, sin embargo, que el objeto de esa comisión especial se haya agotado y que, por tanto, las tareas que le han sido encomendadas ya no sean necesarias.
Los esfuerzos de cooperación y de coordinación que esta soberanía ha desarrollado por casi nueve años con autoridades, sectores productivos, organismos no gubernamentales y ciudadanos, para contribuir al abatimiento del rezago económico, las injusticias sociales y los desequilibrios en la región, hoy día requieren de continuidad.
Las asimetrías ancestrales existentes entre las entidades federativas del sur-sureste y las del centro y norte del país, lamentablemente no sólo se siguen presentando sino que, con el paso del tiempo, se han vuelto más profundas.
Por ello, la gente de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán continúa demandando un México más justo y equilibrado, y sigue requiriendo se instrumenten, en la región, políticas públicas diferenciadas y compensatorias, orientadas a la aplicación de un federalismo igualitario y efectivo.
Hasta ahora, son muchos los temas todavía pendientes en la agenda política, económica y social de la región sur-sureste.
Según expresiones de los gobernadores de la región, temas como la generación de energías alternativas; la revisión de tarifas eléctricas preferenciales; el control eficaz de los flujos migratorios, comerciales y de especies animales y vegetales; la seguridad en fronteras; la adecuada recaudación fiscal; el diseño de un programa integral para el saneamiento de las cuencas hidrológicas de la región; la construcción de infraestructura para el desarrollo y la competividad; el fortalecimiento y expansión del turismo; el sistema logístico para el desarrollo regional del istmo de Tehuantepec son todavía asuntos inacabados, que exigen seguimiento y atención prioritaria y urgente, por parte del gobierno.
La región sur-sureste de nuestro país, por su ubicación geográfica y porque cuenta con una gran potencialidad productiva y vastos recursos naturales y humanos debiera ser considerada estratégica para la seguridad nacional. Tendrían que canalizársele recursos que permitieran disminuir aceleradamente la brecha que le separa con el resto de la república.
Pero, contradictoriamente, esto no se hace y los 29 millones de mexicanos que en ella habitan no logran salir de su atraso, de su marginación y de su pobreza.
Esto debiera obligar políticamente a los diputados y a las diputadas de esta LXI Legislatura a seguir coadyuvando para que las entidades federativas que conforman la región superen las inequitativas, injustas y desfavorables condiciones que padecen.
Es indispensable que esta Cámara continúe articulando acciones con la federación, estados y municipios para establecer prioridades; impulsar proyectos viables de desarrollo sustentable, social, de competitividad y de comunicaciones; y generar riqueza y bienestar en la región sur-sureste de México.
Para atender esta tarea, consecuentemente, es conveniente y oportuno reinstituir y relanzar la instancia parlamentaria especializada que ha tenido como finalidad la creación de instrumentos legales que contribuyan al desarrollo de las nueve entidades que comprenden el sur-sureste del país y gestionar, mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación, proyectos de impacto en la región. Es decir, es necesario volver a crear la comisión especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México.
En razón a ello, con fundamento en los artículos 34 y 42 la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y solicitando se de la intervención que por ley corresponde a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, es que someto a consideración de este pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, cuyo objeto será el que se deriva de su denominación.
Segundo. La comisión estará integrada por el número de miembros que la Junta de Coordinación Política determine, los cuales serán propuestos por los grupos parlamentarios en la misma proporción que estos últimos tienen en la composición del pleno, y contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y tres secretarios.
Tercero. La comisión especial tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo en la Gaceta Parlamentaria y hasta el 31 de agosto de 2012.
Palacio Legislativo, a 14 de septiembre de 2009.
Diputado Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA RECLASIFICACIÓN DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS, A CARGO DEL
DIPUTADO SALVADOR MANZUR DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los que suscriben, Salvador Manzur Díaz y Luz Carolina Gudiño Corro, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59, 60 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del honorable pleno el presente punto de acuerdo, en términos de las siguientes
Consideraciones
México vive tiempos difíciles. Todos los indicadores económicos y sociales nos revelan que la República se enfrenta a un panorama complejo y muy riesgoso.
La dura crisis económica que nos ha embestido se ha convertido ya en una crisis de empleo y de falta de ingreso para millones de familias que, de no atenderse con sensibilidad y sentido de urgencia, se transformará en una crisis social.
En México hay pocos que tienen mucho y muchos, demasiados, que no tienen nada.
De acuerdo con los informes más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el ingreso per cápita de los mexicanos ha disminuido 28 por ciento este año.
Ya no hay duda: la crisis está afectando seriamente los niveles de bienestar de la población, particularmente la más necesitada. Los datos indican que los mexicanos de menores ingresos, así como los de la adelgazada clase media, deben destinar más recursos para sufragar sus gastos elementales.
Esta delicada situación nos obliga a replantear diversos aspectos del modelo económico.
Veracruz es uno de los estados que más contribuciones ha hecho al desarrollo nacional.
Uno de ellos, es su capacidad de generación de energía eléctrica. Veracruz es el primer productor nacional y contribuye con el 11. 95 por ciento de la producción en México.
Generación bruta de energía eléctrica
Por entidad federativa
En su geografía se han instalado plantas productoras que reflejan las diversas posibilidades de generación: energía nuclear, termoeléctrica, ciclo combinado, hidráulica.
Plantas productoras de energía en Veracruz
Sin embargo, 7 millones 110 mil veracruzanos enfrentan cada día una situación injusta, ya que, a pesar de nuestro liderazgo nacional en producción de energía, de nuestro compromiso para impulsar el desarrollo nacional, los habitantes pagan tarifas superiores a las que se registran en muchos otras ciudades del país.
Principales estados consumidores de energía
Las condiciones geográficas de Veracruz y en particular de los habitantes del distrito que represento, que incluye la zona metropolitana de Veracruz-Boca del Río, hacen que la humedad incremente de manera importante los niveles de calor que deterioran la calidad de vida de las personas.
Para medir adecuadamente los niveles térmicos en Veracruz, al igual que en otras ciudades del sureste mexicano, a las altas temperaturas se deben añadir factores como el de la humedad y el viento que modifican la percepción humana de la misma, pues generan lo que se denomina sensación térmica: el nivel de calor que el cuerpo humano registra y que, al mismo tiempo posee una influencia determinante en la vida cotidiana de las personas.
Estos criterios han sido ya incorporados en mediciones oficiales realizadas periódicamente por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
De acuerdo con la legislación vigente, a quienes viven en mi distrito se les cobra, por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una tarifa denominada 1C, que establece que la temperatura media en esta ciudad es de 30 grados centígrados durante el verano.
Tarifas domésticas
No obstante, la presencia de factores como los referidos arriba originan que las personas padezcan temperaturas muy por encima de las que determinan estas tarifas.
Por ello, en sus registros oficiales, la Conagua ya mide los factores de viento y humedad que inciden sobre la denominada sensación térmica. Esta es, así, una medición más precisa sobre el efecto real de la temperatura sobre las condiciones de vida de la población.
Si se consideran los factores que, repito, ya se miden en los registros oficiales, la temperatura promedio durante los cuatro meses más calurosos del año pasado, 2008, fue superior a los 30 grados que se indican en la tarifa que injustamente pagamos los veracruzanos.
En dos de los meses más calurosos del año, en mayo y agosto de 2008, fue de 33.6 y 34.3 grados centígrados, respectivamente. En junio y julio, la temperatura fue de 32 grados.
Temperaturas promedio en el verano 2008
Por tanto, las mediciones de la Conagua revelan que la clasificación tarifaria de la Secretaría de Hacienda para la zona Veracruz-Boca del Río es incorrecta y debe ser ajustada para que los habitantes de dicha zona paguen menos por la electricidad que consumen.
Este año, el patrón se repite: la Conagua ha registrado un promedio de sensación térmica de 33.4 grados en mayo y de 34.6 en junio.
Una reclasificación es una medida justa, urgente e impostergable.
A los usuarios de Veracruz-Boca del Río se les cobra una tarifa incorrecta que debería modificarse por la 1F, que es la que pagan usuarios domésticos que viven en localidades con temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados.
Durante el periodo que mencioné –mayo a agosto del 2008– de acuerdo con los registros de la Conagua, en mayo hubo sólo tres días en que se registró una temperatura con sensación térmica de 30 grados.
Sin embargo, hubo dos días en que fue de 37 grados, uno de 36 y 12 de 35, es decir, más de la mitad del mes la población estuvo sometida a temperaturas superiores a los 35 grados.
Lo mismo ocurrió cada mes de ese año y se ha vuelto a presentar en el verano de 2009.
Esos son factores que afectan de manera directa, clara a la población y no son simples mediciones técnicas.
Sin embargo, aún en el campo de la técnica, tenemos mucho que mejorar.
Un estudio de la Universidad de Cambridge, publicado en el mes de agosto pasado, nos ilustra sobre la situación actual con la que la CFE realiza sus mediciones para determinar la eficiencia de sus redes de distribución y transmisión, que afectan los criterios de fijación de precios.
Se trata del estudio Análisis de la eficiencia de las redes de energía: una encuesta sobre organismos reguladores, que investigó las prácticas de regulación en materia energética de 40 países para conocer sus niveles de eficiencia.
Pues bien, los resultados son reveladores y no dejan lugar a duda:
Los países del mundo con mejores prácticas de regulación eléctrica fueron Austria, Finlandia, Bélgica, Hungría e Irlanda. Estas naciones obtuvieron una calificación de más de cinco puntos de un total de ocho posibles.
México obtuvo la calificación de cero.
En otras palabras, la industria eléctrica en México no cuenta con la regulación ni los parámetros adecuados para valorar el proceso de fijación de precios y tarifas.
Compañeros diputados, cuando las mediciones de otros organismos oficiales, las necesidades de las personas, la lógica económica y las mediciones de universidades de clase mundial dicen que la CFE está mal, no nos queda más remedio que decirlo categóricamente: la CFE está cobrando tarifas injustas a los mexicanos.
México necesita incrementar su competitividad para retomar el crecimiento.
El crecimiento debe reflejarse en el ingreso de nuestras familias.
Hagamos que el ajuste del modelo económico comience con medidas que están al alcance de la autoridad realizar de inmediato.
Convirtamos a las palabras y a las invitaciones al diálogo en hechos concretos y acuerdos en favor de las clases más humildes de México, de Veracruz y de Boca del Río.
Por todo lo expuesto, y en términos de los preceptos legales invocados, someto a consideración de ese honorable pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, en el ámbito de sus atribuciones y funciones, reclasifiquen la zona conurbada Veracruz-Boca del Río del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en la tarifa eléctrica residencial 1F, en vez de 1C.
Segundo. Que, en consideración a la crisis económica que se registra en México, la más grave de su historia, se revisen los esquemas generales de subsidios a fin de extender sus beneficios a la población más necesitada del país.
Tercero. Que la Comisión Federal de Electricidad valore los resultados del estudio internacional realizado por la Universidad de Cambridge para que incorpore sus sistemas de regulación a las mejores prácticas mundiales incidiendo positivamente en su competitividad.
Diputados: Salvador Manzur Díaz, Luz Carolina
Gudiño Corro (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INCORPORAR EN EL CALENDARIO OFICIAL,
A TRAVÉS DE LA SEGOB, EL 11 DE SEPTIEMBRE COMO DÍA DE LA
VICTORIA DEL PUEBLO DE TAMPICO Y DEL EJÉRCITO MEXICANO SOBRE EL
EJÉRCITO DE LA CORONA ESPAÑOLA Y DECLARARLO DE FIESTA NACIONAL,
A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ FRANCISCO RÁBAGO CASTILLO Y SUSCRITA
POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El honorable Congreso del estado de Tamaulipas, por iniciativa del ayuntamiento de Tampico, expidió dos decretos, siendo el primero el número LIX-34, de fecha 2 de septiembre, para declarar el 11 de septiembre de 1829 fecha histórica oficial para la entidad, así como para conceder la distinción de heroica a la ciudad y puerto de Tampico, Tamaulipas, y el número LIX-36, para declarar como recinto oficial del Congreso local el espacio cultural metropolitano del municipio de Tampico, a fin de dar a conocer en sesión solemne el decreto mediante el cual se le concede tal distinción.
Los argumentos por los que el Congreso del estado ha otorgado el merecido reconocimiento al municipio en mención, los cuales invocamos para que sea declarado en el ámbito nacional, están suficientemente documentados por los historiadores locales y nacionales, lo cual nos permitimos reproducir a continuación.
México y su Independencia
En 1521, con la caída de Tenochtitlán, España obtuvo grandes beneficios económicos de esta tierra, convirtiéndola en la joya más importante de la corona. México tuvo que recorrer un camino largo y difícil de casi 300 años para lograr su independencia.
Con el grito de Dolores, en 1810, se provocaba el inicio de un cambio social radical que en 1821, con la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, se consumó la Independencia.
En 1824 tomó posesión como Presidente de la República Guadalupe Victoria, enfrentándose a serios problemas para impulsar la marcha institucional de la nación. Ese mismo año se promulgó la Constitución Política de México, integrada por un presidente de la República, o Poder Ejecutivo, el Congreso de la Unión y una Suprema Corte de Justicia.
La sucesión de Guadalupe Victoria fue en 1829; el General Vicente Guerrero tomó posesión. En su breve gestión promulgó el decreto de la abolición de la esclavitud en 1829, estableció tratados diplomáticos con países amigos para consolidar a México y ratificó tratados de amistad, navegación y comercio con varias naciones.
Intento de reconquista de México
Con la independencia de sus colonias americanas, España había perdido la posibilidad de generar riquezas para competir con otras naciones que se encontraban en creciente desarrollo económico, por ello trató de recuperar la Nueva España, por su gran territorio, riquezas nuevas y litorales con el Pacífico y el Atlántico que habían sido el soporte durante siglos de la economía española. En este tiempo y de manera preventiva en México se organizó la milicia nacional, especialmente en los puntos fronterizos.
En 1827 el diputado tamaulipeco Manuel Tudor Avaló una propuesta para que el Congreso General expidiera una Ley de Expulsión de los Residentes Ibéricos, dando lugar a una Ley General de Expulsión. A su vez, en 1828 el gobernador de Tamaulipas, Lucas Fernández, expidió un decreto incitando a los tamaulipecos a que rechazaran cualquier posible invasión de los españoles.
Inicia la campaña militar
El 27 de julio 1829 las tropas comandadas por el Brigadier Barradas desembarcaron en Punta de Jerez, al sur de Tampico, y el 31 de julio tuvieron la primera batalla con las fuerzas mexicanas. Dado el cansancio, el clima, y la falta de agua potable, las tropas sufrieron bajas notables.
El 5 de agosto de 1829, el Brigadier Barradas solicitó una entrevista con el general Felipe de la Garza, éste accedió y se dirigió hacia el paso de Doña Cecilia, hoy Ciudad Madero; al día siguiente se realizó la entrevista.
Propuso tranquilizar el país, unir al ejército español con el mexicano previo juramento de fidelidad de este último a la monarquía española; le presentó al General condecoraciones de los reyes españoles y prometió ascensos a los jefes y oficiales de las tropas mexicanas.
El general De la Garza respondió que no quebrantaría el juramento que había prestado a la República, dejando en claro que ni toda España era capaz de alterar el orden del gobierno mexicano destruyendo la República.
No obstante, la negociación fracaso, por lo que el 7 de agosto de 1829 Tampico fue ocupado por el ejército español. Las Tropas ibéricas combatieron en Pueblo Viejo, Veracruz, y en Doña Cecilia y posteriormente se dirigieron a la Villa de Altamira, donde no encontraron agua potable ni comida. Previamente el ejército mexicano estratégicamente se había replegado.
Triunfo del Ejército Mexicano
Las calles del hoy centro histórico de la Ciudad y Puerto de Tampico fueron el escenario donde además de suscitarse la Batalla de Tampico, el 21 de agosto de 1829, el Ejército Mexicano y el pueblo combatieron con valor y heroísmo; es así que la Plaza de la Libertad, antes Plaza del Muelle, está marcada con la sangre de los hombres y mujeres que dieron su vida defendiendo la patria.
Después de 46 días de arduos combates en toda la zona, el Ejército Mexicano hizo firmar la capitulación al ejército de la vanguardia española, el 11 de septiembre de 1829; dicho documento fue ratificado por la plana mayor del ejército invasor en la Plaza de la Libertad del puerto de Tampico, terminando así con las intenciones de reconquistar el territorio mexicano, y consolidando la independencia del pueblo de México.
Hace casi 200 años que se desató el proceso que dio origen al gobierno representativo, a la Independencia y, en últimas, a la democracia en Hispanoamérica. Festejaremos los mexicanos aquella fecha bicentenaria fundamental que parece haber transcurrido sin que su significado histórico sea reconocido con el alto valor de sus protagonistas.
Para nuestra población en general, existe el mayor interés en la difusión y examen de aquellos acontecimientos. Allí se encuentra el origen de la democracia representativa en Hispanoamérica. Por eso proponemos unas conmemoraciones bicentenarias que signifiquen recuerdo con dignidad y reconocimiento, de los que en su momento prescindieron de lo vital para dar paso al México de nuestros días.
Con motivo de los argumentos expuestos, sometemos a consideración de este alto cuerpo colegiado, para su estudio y elaboración del veredicto correspondiente, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de sus atribuciones, y con motivo de los festejos del bicentenario de la Independencia nacional, con fundamento en la fracción XXVI del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a incorporar al calendario oficial el 11 de septiembre como Día de la Victoria del Pueblo de Tampico y del Ejército Mexicano sobre el Ejército de la Corona Española, por ser fecha histórica para el pueblo mexicano y la declare como fiesta nacional.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus facultades, con fundamento en el artículo 3o. constitucional y en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a incluir dentro de los libros de texto gratuitos de manera más profunda y elaborada la fecha del 11 de septiembre de 1829.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2009.
Diputado José Francisco Rábago Castillo
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN
DE LOS RESULTADOS Y AVANCES DEL PROYECTO ACEITE DEL TERCIARIO DEL GOLFO,
EN EL PALEOCANAL CHICONTEPEC, A CARGO DEL DIPUTADO GENARO MEJÍA
DE LA MERCED, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito diputado, en nombre propio y de los integrantes de la diputación del estado de Veracruz del Partido Revolucionario Institucional de esta Sexagésima Primera Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para el seguimiento y supervisión de los resultados y avances del proyecto Aceite Terciario del Golfo, en el paleocanal Chicontepec, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones son órganos constituidos por el Pleno que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.
Segunda. Por su parte, el artículo 42 del ordenamiento legal que se invoca dispone que el Pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico, debiéndose indicar en el acuerdo que las establezca el objeto, el número de integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado y cumplido su objetivo se extinguirán.
Tercera. En términos de lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cada Cámara nombrará las comisiones especiales que crea convenientes, cuando lo exija la urgencia y calidad de los negocios.
Antecedentes
I. El proyecto Aceite Terciario del Golfo (PATG) que Petróleos Mexicanos (Pemex) lleva a cabo en el Paleocanal Chicontepec, no sólo representa el 39 por ciento de la reserva total de hidrocarburos del país, es decir, cerca del equivalente de 17.7 mil millones de barriles de petróleo crudo; sino que también contribuye significativamente a las finanzas públicas nacionales, al entregar el 71 por ciento de los ingresos netos generados de su producción.
II. Ubicado al norte de Veracruz y el oriente de Puebla, el Paleocanal Chicontepec es un campo petrolero que comprende un área de 3 mil 785 kilómetros cuadrados, y abarca 12 municipios, nueve en el estado de Veracruz: Coatzintla, Chicontepec, Ixhuatlán de Madero, Álamo de Tempache, Poza Rica, Papantla, Tihuatlán, Castillo de Teayo y Tepetzintla; y tres en Puebla: Venustiano Carranza, Francisco Z. Mena y Pantepec. En conjunto, se trata de una región que cuenta con 766 mil 513 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2005.
III. Diariamente se perforan dos pozos en el Paleocanal Chicontepec y se producen alrededor de 32 mil 308 barriles de petróleo y cerca de 85 millones de metros cúbicos de gas, lo que constituye una importante aportación al desarrollo energético del país. En lo que va del 2009, 288 pozos se han perforado y adjudicado 26 contratos.
IV. Datos oficiales de Pemex resaltan la proyección de mil 411 pozos en el PATG para 2010 y estiman que para el 2015 su contribución sea superior al 20 por ciento de la producción nacional. El objetivo de Pemex es convertir a Chicontepec en una cuenca que pueda producir entre 550 mil a 600 mil barriles diarios hacia el año 2021.
V. Para el periodo 2009-2017, el PATG espera registrar una producción de crudo promedio de 443 millones de barriles diarios y una producción promedio de gas de 546 billones de pies cúbicos diarios. Del mismo modo, se estima que el máximo de producción de crudo se alcanzará en 2016.
VI. En 1998 la Certificadora Internacional de Golyer & McNaughton avaló que las reservas del Paleocanal de Chicontepec son de 12 mil 189 millones de barriles de petróleo crudo y de 31 mil 339 mil millones de pies cúbicos de gas (boletín de prensa número 61, Petróleos Mexicanos)
VII. Desde su puesta en marcha, el PATG representó un nuevo modelo de desarrollo sustentable, pues al tiempo que permite impulsar la responsabilidad compartida entre el gobierno, el sector productivo y la sociedad para contribuir con el desarrollo humano de la región, genera oportunidad en las empresas locales fortaleciendo el incremento del consumo de bienes y servicios, traduciéndose en una distribución del ingreso más equitativa.
VIII. Según el diagnóstico socioeconómico elaborado y coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad Veracruzana (UV), en el marco del convenio para la colaboración institucional con Pemex; una de las principales restricciones sociales y económicas en los municipios de la región del PATG es que cerca del 70.3 por ciento de su población tiene ocupación informal (sin contrato, ni prestaciones) e ingreso de dos salarios mínimos, situación que refleja, en general, la precariedad económica de la región (PNUD-UV; 8/1/2008), significando un proyecto de este tipo un detonante de desarrollo social.
IX. La concentración e intensidad de las operaciones del PATG requiere un esfuerzo continuo de análisis y sistematización de sus condiciones, para lograr que la actividad del proyecto se dé en la línea de las mejores prácticas internacionales y con estrategias para alcanzar un desarrollo sustentable en la explotación de la cuenca energética.
X. La complementación de las actividades petroleras es importante desde una perspectiva potencial de integración de sectores locales como la construcción, servicios de ingeniería y mantenimiento, así como la posibilidad de que las empresas contratistas generen esquemas de alianzas locales y eslabonamientos productivos con empresas nacionales y locales.
XI. Según reportes, en los dos últimos años se han perforado más de 6 mil pozos y se han invertido cerca de 20 mil millones de dólares en el PATG.
Por todo lo expuesto, y con fundamento en lo que establecen los artículos 93 constitucional; y 34, párrafo 1, inciso c); 42, párrafo 1, y 43 párrafo 3, de la Ley Orgánica del Congreso General, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados que constituya la Comisión Especial para el seguimiento y supervisión de los resultados y avances del proyecto Aceite Terciario del Golfo, en el paleocanal Chicontepec. El objeto de la comisión será el que se deriva de su denominación.
Segundo. La comisión especial contará con los recursos y personal necesario para su operación, y su duración será hasta el término de la actual Legislatura o cuando se haya cumplido su objeto. Para estos efectos deberá presentar de manera periódica un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Tercero. La comisión se integrará de manera plural, por 30 diputadas y diputados, representantes de todos los partidos políticos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2009.
Diputados: Genaro Mejía
de la Merced (rúbrica), Juan Nicolás Callejas Arroyo, Javier
Duarte de Ochoa, Patricio Chirinos del Ángel, Salvador Manzur Díaz,
Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, Francisco Herrera Jiménez, Silvio Lagos
Galindo, José Francisco Yunes Zorrilla, Ricardo Ahued Bardahuil,
Luz Carolina Gudiño Corro, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Luis Antonio
Martínez Armengol, Fidel Kuri Grajales, José Tomás
Carrillo Sánchez, María Isabel Pérez Santos, Judith
Fabiola Vázquez Saut, Antonio Benítez Lucho.
El que suscribe, Pedro Jiménez León, diputado federal de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo estipulado en los artículos 21, fracción XVI, 87, 94 y demás relativos y aplicables al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito al Pleno, tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, a fin de que emita el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto que establece la Ley que crea el Programa de Emergencia para el Estímulo del Empleo, presentada por el entonces diputado Alejandro Chanona Burguete, en la LX Legislatura, en razón de los siguientes
Antecedentes
I. En las sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del 3 de junio de 2009, el entonces diputado Alejandro Chanona Burguete y el senador Dante Delgado Rannauro, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que establece la Ley que crea el Programa de Emergencia para el Estímulo del Empleo, la cual fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. De su contenido cabría resaltar lo siguiente:
La Constitución Mexicana garantiza, en el artículo 123, que "toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley".
No obstante, hoy esto no es posible, debido a las consecuencias de la actual crisis económica que se equiparan a las de la gran depresión.
Ante la gravedad de las expectativas de la economía mundial y el desempleo, las principales economías del mundo han instrumentado planes anticíclicos orientados a reactivar la actividad económica, pero primordialmente a proteger y estimular el empleo, sobre todo a partir de la confirmación de los datos sobre el desempleo en el mundo.
Varios de esos programas son enumerados en la iniciativa referida, como la Ley de Recuperación y Reinversión, del gobierno de Estados Unidos de América, que prevé un fondo de 4 mil millones de dólares para capacitación y empleo. De los cuales, 500 millones son subsidios a los estados para capacitación y empleo de las personas mayores; mil 200 millones de subsidios estatales para apoyar el empleo entre los jóvenes, incluido los trabajos de verano; 750 millones se dedican a un programa de subsidios para capacitación de trabajadores en sectores industriales de alto crecimiento y competitividad, que incluye investigación, movilidad laboral y proyectos de capacitación en industrias del sector energético.
Las principales economías que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico están aplicando de forma responsable programas de emergencia para estimular la economía, proteger el empleo y generar más fuentes de trabajo.
Desafortunadamente, en México no se ha atendido con la celeridad y la profundidad que se requiere el problema de la crisis económica. Mientras que en otras naciones ya se hablaba de programas emergentes; aquí las autoridades se empecinaron en negar la existencia misma de la crisis y sus consecuencias en la población. En México ha reinado la confusión y la inmovilidad en las autoridades. Se han perdido momentos críticos para emprender acciones decisivas.
Las deficiencias del modelo económico, adoptado desde hace un cuarto de siglo, sólo se han hecho más evidentes en la actual coyuntura económica. Hoy somos testigos del fracaso del gobierno en diversos órdenes de la actividad económica.
La tasa de crecimiento de 1.8 por ciento establecido por el gobierno en los criterios generales de política económica para 2009, ha tenido que ser revisada constantemente a la baja.
El pueblo de México está sufriendo una contracción de su ingreso y de su bienestar. Nuestro país requiere generar un promedio de 1.2 millones de empleos al año para absorber la mano que se incorpora al mercado laboral. Sin embargo, de acuerdo con Citigroup-Banamex, la generación de empleos promedio en 2008 fue equivalente a la mitad del registrado en 2007.
Además, la tasa de desempleo entre el segmento de la población desocupada que cuenta con experiencia y antecedentes laborales, y que presupone un activo para el mercado laboral, fue de 92.43 por ciento en abril de 2009, nivel superior al mismo mes de 2008 que fue de 85.85 por ciento. Este segmento poblacional, que corresponde a la fuerza laboral mayor a 35 años, está padeciendo las promesas incumplidas del Ejecutivo de encabezar un gobierno por el empleo.
Los programas que ha establecido el Ejecutivo federal sólo son paliativos coyunturales que no resuelven de forma las diversas manifestaciones de desempleo. No existe un eje articulador entre ellos, y sus efectos han sido mínimos, como se observa por los datos del comportamiento económico.
El Programa de Empelo Temporal (PET) ha sido insuficiente, tanto por su monto como por su cobertura. Hace diez años, el PET contaba con recursos del orden de 7 mil 500 millones de pesos. En el Presupuesto de 2009, los recursos asignados ascienden a sólo mil 700.6 millones de pesos, privilegiándose el empleo rural y dejando fuera el empleo urbano, que comprende la mayor parte del sector laboral.
Ante las perspectivas desalentadoras del desempeño de la economía mexicana y el agravamiento en las tasas de desempleo, particularmente en sectores sensibles, como los jóvenes recién egresados de las universidades y adultos mayores de 40 años, que ven lastimados sus derechos laborales, así como sus oportunidades de vida y dignidad; es urgente aprobar un marco normativo que promueva las condiciones de un verdadero impulso al empleo, que genere el millón de empleos al año que México requiere.
Se requiere de otorgar a los ciudadanos la garantía de acceder a un empleo, independientemente de su condición social, económica o de cualquier índole. La declaración de un derecho si no se tiene la efectiva posibilidad de ejercerlo es igual a no contar con él.
Por esas razones, los legisladores de Convergencia sometieron a consideración del Congreso la iniciativa de Ley que crea el Programa de Emergencia para el Estímulo del Empleo, reglamentaria del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el siguiente objeto:
II. Impulsar la participación del sector privado en la generación de empleo.
III. Establecer un fondo del Programa de Emergencia de Estímulo al Empleo.
IV. Promover el empleo de largo plazo de los jóvenes y adultos mayores de 40 años.
Los gobiernos locales podrán participar con recursos adicionales para sus proyectos específicos.
El fondo apoyará la contratación de jóvenes profesionistas recién egresados de escuelas, institutos y universidades, así como de adultos mayores de 40 años, para insertarse en el mercado laboral, cubriendo, previo acuerdo con la iniciativa privada, un porcentaje de un salario durante un periodo de un año, y se apoyará la capacitación y el entrenamiento de los jóvenes y personal adultas mayores de 40 años en los sectores industriales y servicios de gran dinamismo económico, alta generación de empleo y avance tecnológico.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, 87 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito, atenta y respetuosamente, a esta honorable asamblea tenga a bien formular la siguiente
Excitativa
Único. Se excite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social a efecto de que, con la mayor brevedad, someta a consideración del pleno el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que establece la Ley que crea el Programa de Emergencia para el Estímulo del Empleo, presentada por el entonces diputado federal Alejandro Chanona Burguete y turnada para su atención.
Palacio Legislativo, a 23 de septiembre de 2009.
Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica)
Honorable Congreso de la Unión
Diputadas, diputados
Pueblo de México
En 1973, hace 36 años, en la república hermana de Chile los sectores conservadores se opusieron al surgimiento del socialismo democrático. La igualdad, la libertad y el desarrollo social se interrumpieron por la violencia imperial.
Un golpe de Estado cobarde terminó con ese proceso, asesinando a 3 mil seres humanos y más de 30 mil ciudadanos chilenos se vieron obligados a abandonar su tierra, por la tortura y represión impuestas por el dictador Augusto Pinochet.
Pero ese pueblo y ese gobierno encabezado por el doctor Salvador Allende Gossens, dejó legados para la historia de nuestros pueblos. El legado del compañero presidente, como le nombraba su pueblo, aportó: la vía chilena al socialismo, desechando la violencia como condición para la transformación social.
Como intérprete de las aspiraciones del pueblo chileno y latinoamericano demostró el valor de la autodeterminación y la defensa de la soberanía cuando nacionalizó el cobre, el salitre, el carbón y las telecomunicaciones, para que su pueblo fuese el beneficiario de sus propias riquezas, dejando atrás las intenciones de empresas trasnacionales y gobiernos colonialistas.
Esa práctica democrática sigue en la mente de todos los que buscamos la independencia y refirmamos la soberanía de las naciones, sin intervenciones o amenazas.
El afecto soberano se complementó con su vocación universal. Como socialista promovió y consolidó intensas relaciones con todos los países. Esa actitud tolerante, plural, abierta al diálogo, le permitió presidir el Senado entre 1966 y 1969 sin que el partido socialista contara con mayoría, y fue en ese tiempo cuando rescató al último grupo de combatientes que estuvieron a lado de su amigo Ernesto Che Guevara en Bolivia.
Un hombre sólido en sus principios, cuya congruencia facilitó la suma de todos los que comparten la causa humanista y que sin distingo confluyeron en el proyecto de la Unidad Popular y logró con esa vocación ser el presidente de la República de Chile.
La construcción de mayorías y el ascenso al poder del proyecto democrático a través de las urnas, es la gran enseñanza. El rechazo a la violencia como método fue el signo de Allende, valor que comparte en la historia con hombres como Gandhi que lo sintetiza con su frase: No hay camino para la paz, la paz es el camino. Esa idea guió el programa de la Unidad Popular, y siempre condujo la vida del hombre que supo profesar la humildad en el poder como todo un estadista.
También encontramos la herencia allendista en su profundo respeto por las instituciones. Es él quien confesó: "No puedo ni podré olvidar jamás que todo lo que he sido y todo lo que soy se lo debo a mi partido". Ese es el respeto que todos debemos guardar a la ley y las instituciones. Esa es la convicción de quienes se deben a su pueblo, de quienes son fuertes ante la tentación de la soberbia.
El siglo XX fue el de las terribles acciones autoritarias, pero también el de la revolución democrática. Ese siglo se comprende mejor a través de la Unidad Popular, del pensamiento del presidente Allende caracterizado por la grandeza de sus fines.
Evitó servir a cualquier interés que no fuese el interés de su patria. Ubicó en el desarrollo del individuo la orientación de su política social, enfocada a proteger a los más necesitados. Ordenó austeridad en la operación de la administración mediante la supresión de sueldos "fabulosos" de los funcionarios. Distribuyó leche a todos los niños en las escuelas; desayunos y medicamentos gratuitos con el propósito de combatir la desigualdad. Estableció un sistema de pensión redistributivo eliminando las jubilaciones millonarias y a todos los mayores de 60 les reconoció su derecho a jubilarse. En esas 40 medidas del gobierno popular, dispuso no más impuestos a los alimentos para decretar el fin de la carestía.
La fuerza de su programa radica en esa política social que hizo realidad. Como hombre de lucha se comprometió con los trabajadores, con mujeres y hombres del campo y de las minas. Ese contacto con el pueblo lo hizo mantenerse comprometido en la búsqueda del bienestar de los hogares de chile. Su esfuerzo democrático está vigente ahora, es ejemplo para nuestros gobiernos, sobre todo para los que practican el dogma del libre mercado.
La historia se forja y se comprende mejor a través de los pensamientos de hombres y mujeres que logran desatar las ideas. ¿Qué podríamos decir de nuestro México sin Morelos que despierta el ansia por romper el yugo colonial? ¿Cómo explicarnos nuestra América Latina sin su libertador, Simón Bolívar, y quién podría olvidar la vocación pluralista y democrática de Allende?
Es la aportación de Salvador Allende la que refrenda nuestro desprecio por la práctica golpista. Toda mi solidaridad con el pueblo hondureño y con su libre determinación, que se encuentra bajo el oprobio de la usurpación. Los gobiernos que detentan el poder contra la voluntad de su pueblo están condenados al repudio de las naciones. Nadie podría relacionarse con gobiernos que irrumpen el orden constitucional para hacerse del poder.
Mi respeto y la admiración que le profeso, se debe a su sentido humanista. Su lucha se combinó con su romanticismo. Su único error, que para mí es su mayor virtud, es haber confiado en el ser humano. Eso es lo que hizo trascender al compañero presidente Salvador Allende.
Como herederos de su obra en todo el mundo, en todas las universidades, recintos y ciudades se dedican aulas, bustos y placas al recuerdo del hombre que dijo: "Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor".
Esa es la historia del hombre que dio la vida por la democracia y su gente, por eso propongo a esta Soberanía, que se registre en esta Cámara de Diputados, en algún muro exterior de este recinto, una placa que consigne el legado de Salvador Allende y los lazos de profunda fraternidad que han unido siempre a los pueblos de México y Chile.
Diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez
CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LA TRATA DE PERSONAS, A CARGO DE LA DIPUTADA ROSI OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Señoras y señores diputados, acudo ante esta tribuna con el fin de llamar la atención de todas y todos ustedes y, sobre todo, de los ciudadanos en relación con el grave flagelo que representan para miles de personas, sin importar su edad, el delito de trata de personas y la explotación sexual.
Mañana 23 de septiembre se celebra el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, delito que cada año incrementa el número de víctimas, la mayor parte mujeres y niñas, que con brutal crueldad son tratadas inhumanamente y explotadas sexual o laboralmente, por redes de la delincuencia organizada y a la luz del día, ante la mirada de todas y todos nosotros.
Quisiera recordarles algunos datos puntuales sobre este grave delito:
– Según el informe del Departamento de Estado estadounidense sobre trata de personas de 2007, un número importante de mujeres, niñas y niños mexicanos son objeto de tráfico interno para ser explotados sexualmente, siendo extraídos con engaños de regiones urbanas pobres hacia zonas urbanas fronterizas y turísticas mediante ofertas falsas de empleo.
– Este delito es conocido como una forma moderna de esclavitud, aun y cuando ésta última fue abolida desde hace siglos.
– Este delito tiene formas y mecanismos diversos, así como finalidades diferentes, pero al final confluyen en la explotación y el uso de las personas para propósitos ilícitos, además de ser a todas luces una violación inminente a los derechos humanos y una manifestación más de las inequidades de género, al ser las mujeres y las niñas las víctimas en la mayoría de los casos.
– Es un problema transnacional.
– La trata de personas, generalmente, ocurre a partir de las fases de enganche, traslado y explotación de la víctima.
– Estas fases son llevadas a cabo por redes de tratantes, es decir, la delincuencia organizada, definida por la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado como "un grupo estructurado de tres o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material".
– La Organización Internacional para las Migraciones (Inmujeres, 2006:24) señala que prácticamente cualquier persona puede ser víctima de la trata. Sin embargo, las mujeres, las niñas y los niños son más vulnerables, en especial en lo que respecta a la explotación sexual y la servidumbre.
Esta fecha nos permite hacer balances de los progresos realizados en la materia y crear conciencia en la sociedad de una realidad que atenta gravemente contra derechos humanos fundamentales.
Se trata de un fenómeno complejo y difícil de tratar pero que de ninguna forma puede ser ignorado o tratado superficialmente.
El Congreso de la Unión ha tenido un significativo trabajo en la aprobación de instrumentos internacionales en la materia y en la generación de una legislación que aborde el tema; sin embargo, como toda ley, esa legislación es perfectible y modificable en aras de cumplir con una realidad que sigue dañando a nuestra infancia, nuestras mujeres y nuestros hombres.
Desde esta tribuna y con el dolor de conocer de manera cercana el sufrimiento de miles de personas víctimas de este delito, los invito diputadas y diputados de esta LXI Legislatura y ciudadanos que me escuchan, a unir fuerzas desde cada una de nuestras trincheras para poner atención a lo que pasa con este problema y desde nuestras obligaciones, capacidades y facultades hacer lo que nos corresponda para luchar contra ese flagelo.
Muchas gracias.
Diputada Rosi Orozco (rúbrica)