Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2841-III, martes 8 de septiembre de 2009.

Proposiciones
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SHCP A ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA ESCUCHAR Y ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LOS ALCALDES INTEGRADOS EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MÉXICO, AC, Y ENCONTRAR SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS QUE ACARREARÁ EL RECORTE PRESUPUESTAL DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Y FOMENTO MUNICIPAL, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO ALBERTO JIMÉNEZ MERINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo fundada en los siguientes antecedentes y consideraciones.

Antecedentes

Ante la crisis económica que vive el país, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha anunciado un recorte presupuestal reflejado en las participaciones de los ingresos municipales otorgados a través del Fondo General de Participaciones y de Fomento Municipal, estipulados en los artículos 35 y 36 de la Ley para el Federalismo Hacendario, en el sistema actual, basado en reglas impositivas que obedecen a un criterio de financiamiento central, a una asignación de participaciones que ocurre sobre una base interjurisdiccional, tomando en consideración la base imponible y finalmente donde se determina la asignación por niveles de gobierno.

Este recorte a las participaciones, que en algunos casos alcanza hasta 60 por ciento, ha generado la inconformidad de alcaldes de todos los partidos, a lo largo de todo el país, pues se ha advertido del riesgo de caer en la inoperancia de los gobiernos municipales que, en un caso extremo, llevaría a la ingobernabilidad.

Las participaciones federales, que representan sólo 18.5 por ciento de la recaudación federal, tienen como propósito buscar el fortalecimiento fiscal y financiero de los gobiernos estatales y municipales.

Cabe además recordar que estas participaciones son recursos financieros que obtienen los gobiernos locales como resultado de compartir la recaudación de impuestos federales.

El recorte llevado a cabo por la SHCP, han señalado alcaldes en distintos espacios y desplegados publicados en medios estatales y nacionales, contradice el espíritu federalista y lleva a los gobiernos municipales a un grave de riesgo de incumplir con sus funciones, lo que puede llevar a una crisis de legitimidad.

Asimismo, como está plasmado en un desplegado dirigido al presidente de la República, a la Cámara de Senadores y a esta soberanía y firmado por 82 alcaldes de Puebla el pasado 1 de septiembre, se traducirían en las alcaldías paros laborales, a fin de ajustar el gasto en servicios públicos, lo que generaría descontento de la sociedad y crisis que puede desembocar en ingobernabilidad.

En este contexto, los mismos alcaldes han propuesto soluciones para que los gobiernos municipales no sean las víctimas de la crisis económica que vive el país y que deben ser planteadas y escuchadas con seriedad por las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Consideraciones

1. La crisis económica que vive el país requiere de soluciones que, en medida de lo posible, no vulneren el federalismo ni pongan en riesgo la operación y legitimidad de los gobiernos municipales, ya que fortalecer a los municipios es fortalecer a la nación, más allá de ideologías o de partidos.

2. Es necesario que las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público escuchen y analicen las propuestas de solución al recorte presupuestal que planten los mismos alcaldes, integrados en la Federación Nacional de Municipios de México, AC.

 En mérito de lo expuesto y fundado, solicito atentamente la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer los mecanismos para escuchar y atender la problemática de los alcaldes, integrados en la Federación Nacional de Municipios de México, AC, y encontrar solución a los problemas que acarreará el recorte presupuestal al fondo general de participaciones y fomento municipal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2009.

Diputado Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ESTABLECER –A TRAVÉS DE LA CONAGUA– EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL EJERCICIO DE 2010 UN COMPONENTE MÁXIMO DE INVERSIÓN NO MAYOR DE 10 POR CIENTO EN LA CONTRAPARTE QUE APORTARÁN LOS USUARIOS DE RIEGO EN LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, Y UN COMPONENTE MÁXIMO DE INVERSIÓN NO MAYOR DE 20 POR CIENTO EN LA CONTRAPARTE A CARGO DE LOS ORGANISMOS OPERADORES O DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LOS PROGRAMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS LETICIA ROBLES COLÍN, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, GUADALUPE ACOSTA NARANJO, ARMANDO RÍOS PITER Y VIDAL LLERENAS MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Leticia Robles Colín, a nombre propio y de Mary Telma Guajardo Villarreal, Alejandro Encinas Rodríguez, Guadalupe Acosta Naranjo, Armando Ríos Piter y Vidal Llerenas Morales, diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, cuyos resolutivos se proponen de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. La instrumentación de reglas de operación para la ejecución de los programas de inversión federal ha contribuido a trasparentar y ordenar el ejercicio del gasto; también las reglas de operación han logrado evitar o, al menos, disminuir el desvío de recursos públicos que, hasta antes de la implantación de las reglas, se constituía en una práctica permanente. En el caso de los programas a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las reglas han permitido, además, planificar y dirigir la oferta de infraestructura hidráulica en función de los objetivos: Plan Nacional Hídrico.

2. A pesar de las incuestionables virtudes de las reglas de operación, algunos requisitos de éstas también se han constituido en un verdadero obstáculo para la expansión de la oferta de infraestructura de riego, agua potable y saneamiento; es el caso de los componentes de inversión local, que se exigen como contraparte a la inversión federal que, en algunos casos –como el caso de la ampliación y rehabilitación de infraestructura de agua potable en zonas urbanas–, representan hasta 60 por ciento del total de la inversión, lo que hace que los gobiernos locales desistan de programar y formalizar obra en estos estratégicos rubros y que los montos, que esta Cámara aprueba para los diferentes programas en materias, terminen subejerciéndose por las dificultades que acusan los gobiernos locales para aportar las contrapartes establecidas en las reglas de operación.

3. Los montos de contrapartes exigidas en las reglas de operación representan un factor de exclusión para gobiernos locales, organismos operadores y usuarios, o posibles beneficiarios de infraestructura de riego, ya que sólo si se cuenta con montos crecientes de inversión es que se puede acceder a los programas federalizados, generando con ello un círculo vicioso donde se perpetua el retraso y se ensancha la brecha entre regiones desarrolladas y no desarrolladas. Por ejemplo, los usuarios o demandantes de riego que no pueden aportar 50 por ciento de inversión en obra por no contar con el capital requerido, difícilmente podrán capitalizarse sin condiciones que le permitan desarrollar una agricultura productiva, como es el acceso a la tecnología de riego. Por su parte, los organismos operadores o gobiernos locales que no pueden aportar los montos de inversión requeridos para acceder a los programas, jamás podrán mejorar su eficiencia física y comercial en el servicio de agua potable, que les permita mejorar e incrementar su capacidad recaudatoria y, de ese modo, contar con recursos que le permitan por vez primera acceder a los programas que opera la Comisión Nacional del Agua. Incluso, aquellos organismos operadores que cuentan con un alto nivel de eficiencia comercial y recaudatoria no logran reunir los montos que las reglas de operación les exigen. Insistimos que el impedimento financiero propicia un círculo vicioso y, además, la elitización del acceso a los programas federalizados, reproduciendo con ello una enorme iniquidad.

4. En la actual coyuntura se han aparejado en forma por demás dramática la crisis económica y la crisis de disponibilidad de agua por lo que resulta inadmisible no generar condiciones propicias para la inversión en el sector, máxime cuando en el riego agrícola se desperdicia 60 por ciento del liquido y se requiere con urgencia la modernización y tecnificación de las unidades de riego y, en el caso del consumo doméstico y público urbano, los organismos operadores de agua o gobiernos locales requieren sustituir tuberías y redes para evitar los desperdicios y fugas que en algunos casos oscilan entre 30 y hasta 50 por ciento del total del suministro de agua potable, pero al no poder contar con 60 por ciento del monto total de inversión que exigen la Reglas de Operación del Programa de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas, los gobiernos locales han estado impedidos para resolver, con la urgencia que se requiere, el grave problema de fugas y de alta de eficiencia en la administración y distribución de agua, ni tampoco para enfrentar las extremas variaciones los fenómenos hidrometeorológico, como las terribles sequías en algunas regiones y, por otro lado, las severas inundaciones que se padecen en otras zonas del país.

5. Los requisitos financieros para acceder a los programas que opera la Conagua han convertido a las reglas de operación en un Presupuesto de Egresos Bis o de facto, en donde la facultad y determinación soberana de los legisladores, expresada en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se desvirtúa o se quebranta cuando los montos y destinos de la inversión no se ejercen porque la Conagua impide a usuarios de riego y a gobiernos locales y organismos operadores de agua el acceso a los programas a su cargo por razones de insuficiencia financiera para aportar la contraparte.

Lo anterior ha sido suficientemente analizado y denunciado por esta soberanía; en la pasada legislatura, legisladores de todos y cada uno de los grupos parlamentarios representados en el Congreso, tanto de oposición como del partido gobernante, solicitaron al titular de la Conagua la modificación o supresión de los montos de contraparte local requeridos en las reglas de operación, así se lo plañeron en las 11 visitas que el director de la Conagua realizó a ambas Cámaras; sin embargo, a pesar de la insistencia y unificación de todos los partidos en el planteamiento, la Conagua no fue sensible al reclamo de los legisladores.

6. Los bajos alcances del programa nacional de infraestructura y de las medidas contracíclicas de la actual administración federal pueden explicarse en buena medida por el cuello de botella y la rigidez que representan los requisitos exigidos en las reglas de operación: una flexibilización de sus criterios y montos contribuiría decididamente a reactivar a los sectores productivos que la crisis económica ha dañado, como es el de la industria de la construcción y la agropecuaria.

7. Los legisladores suscritos reconocemos la importancia que han tenido las reglas de operación para convocar a la corresponsabilidad, tanto de usuarios de riego como de los gobiernos locales, en el financiamiento de la infraestructura; sin embargo, la actual crisis económica agrava y profundiza más el impedimento para aportar contraparte financiera. Por ello es que, sin prescindir del esfuerzo de estos actores, se vuelve urgente y necesario reducir en forma sensata, y a un mínimo razonable, los montos de inversión que deben aportar como contraparte. Debe quedar claro que no estamos planteando en modo alguno la desaparición de la contraparte y que esta medida sólo deberá ser temporal hasta que la actual crisis económica sea superada plenamente.

8. El impedimento para aportar contraparte financiera no puede convertirse en una razón para cancelar las necesarias y urgentes inversiones en el sector que, de incrementarse, generarían un efecto multiplicador en sectores clave de nuestra economía, generando condiciones de reactivación para superar el escenario de crisis económica. Por todo lo expresado y fundado es que sometemos a consideración de Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados, LXI Legislatura, con pleno respeto al ámbito de sus respectivas competencias, exhorta al Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, a establecer en las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2010, un componente máximo de inversión no mayor al 20 por ciento en la contraparte a aportar por los organismos operadores o gobiernos locales en los diversos programas en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento a su cargo.

Segundo. La Cámara de Diputados, LXI Legislatura, con pleno respeto al ámbito de sus respectivas competencias exhorta al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, a establecer en las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2010, un componente máximo de inversión no mayor al 10 por ciento en la contraparte a aportar por los usuarios de riego en los diversos programas en materia hidroagrícola a su cargo.

Tercero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que, en el marco de discusión del paquete económico de 2010, integre en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 un apartado que fije el porcentaje máximo de contraparte a aportar por los usuarios y gobiernos locales en los distintos Programas de Infraestructura Hidroagrícola, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, y que deberá ser observado en atendido en las reglas de operación que en materia publique el Poder Ejecutivo federal, de conformidad con lo establecido en los resolutivos primero y segundo del presente punto de acuerdo.

Palacio Legislativo, a 8 de septiembre de 2009.

Diputados: Leticia Robles Colín, Mary Telma Guajardo Villarreal, Alejandro Encinas Rodríguez, Guadalupe Acosta Naranjo, Armando Ríos Piter, Vidal Llerenas Morales (rúbricas).
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL TITULAR DE LA SEMARNAT A FIN DE QUE INFORME RESPECTO A LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA REDUCIR EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y A LAS ACCIONES DE ADAPTACIÓN DE LAS REPERCUSIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO, A CARGO DE LA DIPUTADA NORMA LETICIA OROZCO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Norma Leticia Orozco Torres, diputada integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El cambio climático es un fenómeno que se manifiesta en un aumento de la temperatura promedio del planeta, directamente vinculada con el aumento en la concentración de gases de efecto invernadero (GEI)1 en la atmósfera, producto de actividades humanas relacionadas con la quema de combustibles fósiles (petróleo, carbón) y el cambio de uso de suelo (deforestación). Este aumento de la temperatura tiene consecuencias en la intensidad de los fenómenos del clima en todo el mundo.2

El consenso científico indica que el clima global se verá alterado significativamente, como resultado del aumento de concentraciones de gases efecto invernadero (Houghton et al., 19903 19924). Por tal motivo, se espera que estos gases aumenten la temperatura planetaria entre 1.5 y 50 grados Celsius.

Por esta razón, el cambio climático es un tema de gran relevancia a nivel mundial y es reconocido por todos los gobiernos que, de no generarse acciones para mitigar la emisión de gases efecto invernadero, los desastres que se avizoran, en consecuencia a los efectos del cambio climático, serán de gran impacto.

Desde hace más de 15 años, la mayor parte de los países se adhirieron al tratado internacional Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), con la finalidad de considerar las acciones que se deben realizar para reducir el calentamiento atmosférico y adoptar medidas para hacer frente a la elevación de la temperatura que es inevitable. En 1997, los gobiernos acordaron incorporar una adición al tratado, conocida con el nombre de Protocolo de Kioto, que cuenta con medidas más enérgicas y jurídicamente vinculantes.

En este protocolo se establecieron compromisos cuantitativos de reducción de emisiones para el período 2008-2012, para los países desarrollados incluidos en el anexo I los cuales fueron:5

• Asegurar, individual o conjuntamente, que sus emisiones de GEI de origen humano no excedan de las cantidades permitidas a ellas en función de sus compromisos de reducción de emisiones. Lo anterior, con miras a reducir el total de las emisiones de esos gases a un nivel inferior en no menos de 5 por ciento al de 1990 en el período de compromiso comprendido entre 2008 y 2012.

• Demostrar para el año 2005 un avance concreto en el cumplimiento de sus compromisos contraídos en virtud del presente protocolo.

 Asimismo, para los países en desarrollo, como México, se comprometieron a: • Formular programas nacionales y, en su caso, regionales para mejorar la calidad de los factores de emisión, datos de actividad y modelos locales para la realización y la actualización periódica de los inventarios nacionales de las emisiones de origen humano por las fuentes y la absorción por los sumideros de los gases de efecto invernadero.

• Formular, aplicar, publicar y actualizar periódicamente programas nacionales y, en su caso, regionales que contengan medidas para mitigar el cambio climático y para facilitar una adaptación adecuada al cambio climático.

• Cooperar en la promoción de modalidades eficaces para el desarrollo, la aplicación y la difusión de tecnologías, conocimientos especializados, prácticas y procesos ecológicamente racionales en lo relativo al cambio climático, y adoptarán todas las medidas viables para promover, facilitar y financiar, según corresponda, la transferencia de esos recursos o el acceso a ellos, en particular en beneficio de los países en desarrollo.

• Cooperar en el plano internacional para la creación de capacidad nacional, en particular capacidad humana e institucional, específicamente para los países en desarrollo. Facilitarán en el plano nacional el conocimiento público de la información sobre el cambio climático y el acceso del público a ésta.

 Por tal motivo, México ha realizado diversas acciones basadas en los planteamientos del Protocolo de Kioto, con la conformación de una Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, la cual se encuentra integrada por ocho secretarías de Estado. Asimismo, ha realizado comunicaciones nacionales e inventario nacionales de emisiones de gases efecto invernadero.

A pesar de que no tiene compromisos oficiales de reducción de emisiones, se comprometió en la última Conferencia de las Naciones Unidas en Poznan, Polonia en marzo de 2009, a reducir para el año 2050, las emisiones de CO2 a 50 por ciento, con respecto a los niveles de 2002. Sin embargo, las acciones de cómo reducir la emisión de GEI, no fueron indicadas.

Adicionalmente en el 2008, durante la quinta Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, el presidente de México, propuso crear un fondo mundial contra el cambio climático (fondo verde) el cual busca contribuir en la reducción de emisiones de carbono y financiar programas de adaptación al cambio climático.

El presidente Calderón ha indicado en diversos foros y reuniones internacionales que con este mecanismo cada país estaría obligado a aportar una cantidad en proporción a su ingreso o emisiones per cápita, o una combinación de estos dos factores y, al propio tiempo cada país podría retirar contra el fondo para financiar acciones de reducción de emisiones de carbono o programas para adaptación al cambio climático.6

Es importante destacar que de acuerdo con el estudio La economía del cambio climático en México se observó que este fenómeno tendrá "impactos significativos y crecientes" en la economía mexicana, estimando que el país perderá, por lo menos, 6 por ciento de su producto interno bruto (PIB) por los impactos del calentamiento global, sobre todo por las afectaciones que tendrá en la agricultura, la disponibilidad del agua, el turismo, la biodiversidad y la salud de la población.7

Este estudio señala, entre sus conclusiones, que México necesita invertir 2 por ciento de su PIB para reducir a 50 por ciento los gases de efecto invernadero que actualmente produce. "Desde la óptica económica resulta más eficiente actuar que dejar el problema para las generaciones futuras".

Por tal motivo, aunque las acciones del gobierno mexicano han sido favorecedoras, para ser reconocidos como un país en desarrollo que ha formulado propuestas para la eliminación de gases efecto invernadero, es necesario que se especifiquen todas las acciones por realizar para la reducción de gases efecto invernadero comprometido en Poznan, Polonia, las actividades para la adaptación a los efectos del cambio climático y las gestiones que realizará el gobierno federal conjuntamente con los gobiernos estatales y la ciudadanía.

Si bien, el gobierno federal, cuenta con un proyecto de programa especial de cambio climático, este no ha sido publicado para su aplicación y es un proyecto que no tiene una vinculación clara entre las acciones especificas con las metas establecidas en el programa.

El pasado 3 de junio, el Partido Verde presentó la proposición con punto de acuerdo para que el gobierno federal informara, a la Comisión Permanente de la LX Legislatura, la fecha probable de publicación del PECC, el cual fue aprobado mediante votación económica por el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el pasado 17 de junio.

A este punto de acuerdo, se recibió de la Unidad de Enlace Legislativo, de la Secretaría de Gobernación, copia del oficio SSPPA/084/2009 del 16 de julio, suscrito por el doctor Fernando Tudela, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat para dar respuesta al punto de acuerdo, informando que el PECC fue autorizado por la Oficina de la Presidencia de la República, así como por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No obstante, la coordinadora de Asuntos Jurídicos de esa subsecretaría, se encontraba adecuando el proyecto de decreto para la promulgación del PECC en el Diario Oficial, estimando que la primera semana de agosto se realizaría dicha publicación.

Sin embargo, a poco más de un mes se sigue sin la publicación del multicitado programa, a pesar de que este año representa un hito para el cambio climático.

Lo anterior debido a que en diciembre en Copenhague, Dinamarca, el mundo se reunirá en la Conferencia de las Naciones Unidas para llegar a un nuevo acuerdo internacional destinado a enfrentar el cambio climático, debido a que el Protocolo de Kioto tiene como fecha de compromisos el año 2012.

El gobierno británico busca lograr un ambicioso acuerdo en Copenhague y enfocándose en acciones urgentes para limitar las elevaciones en la temperatura a no más de 2 grados Celsius, más allá de lo cual los riesgos del cambio climático sean mucho mayores.8

Por lo cual, es importante que el gobierno federal presente, antes de la cumbre de Copenhague de 2009, un programa específico de acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía, para reducir las emisiones de gases efecto invernadero y la adaptación a los efectos del cambio climático.

Por lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México cree necesario que se cite a comparecer al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que detalle las acciones que México presentará en la cumbre de Copenhague.

Para esta comparecencia, es indispensable que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Cámara de Diputados convoque a reuniones trabajo, con especialistas en el tema de cambio climático, con la finalidad de que antes de la comparecencia, los legisladores conozcamos más a detalle el tema.

En mérito de lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que informe cual será la estrategia nacional para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y las acciones de adaptación de los efectos del cambio climático que será presentado por el presidente Felipe Calderón Hinojosa en la cumbre de Copenhague, el próximo mes de diciembre.

Segundo. Se solicita a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que realice una mesa de trabajo con especialistas en el tema de cambio climático, antes de la comparecencia del titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la finalidad de que los legisladores conozcamos cual es el panorama mundial actual y mundial del cambio climático.

Notas
1. Como el bióxido de carbono, metano, óxidos nitrosos y clorofluorocarbonos.
2. http://cambio_climatico.ine.gob.mx/comprendercc/comprendercc.html
3. Hougton, J. T., Callander, B.A., and Varney, S.K., 1990. Climate Change: The IPCC Scientific Assessment. Cambridge University Press. Página 365.
4. Hougton, J. T., Callander, B.A., and Varney, S.K., 1992. Climate Change 1992: The Supplemental Report to the IPCC Scientific Assessment. Cambride University Press. Página 200.
5.  http://cambio_climatico.ine.gob.mx/comprendercc/qsehaceparamitigarelcc/qseestahaciendoparamitigar.html
6. http://www.presidencia.gob.mx/prensas/notas/?contenido=38920 y http://www.el-universal.com.mx/notas/611233.html
7. http:www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/Publicacion/Sintesis2009cambioclimatico.pdf
8. http://ukinmexico.fco.gov.uk/es/working-with-mexico/global-priorites/act-on-copenhagen-launch/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 8 de septiembre de 2009.

Diputada Norma Leticia Orozco Torres (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA LIBERACIÓN DE RECURSOS DEL FONDEN PARA ATENDER LOS EFECTOS DE LAS INUNDACIONES SUSCITADAS EN TLALNEPANTLA Y ATIZAPÁN, MÉXICO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA TERESA ROSAURA OCHOA MEJÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

La suscrita diputada a LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Las fuertes lluvias del pasado domingo por la noche, el día 6 de septiembre del presente, provocaron fuertes inundaciones en los municipios de Tlalnepantla de Baz y Atizapán de Zaragoza; fracturándose, al mismo tiempo, el emisor Río Tlalnepantla; afectando sensiblemente a sus habitantes, inundando viviendas, avenidas y zonas importantes, como Valle Dorado, Río de los Remedios, Atizapán y zonas colindantes entre estos municipios.

El emisor de aguas residuales, es el conducto por donde sale el mayor porcentaje de agua de lluvia de los municipios de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, aunado a casi dos horas que duraron las torrenciales lluvias, el colector terminó por sufrir una seria avería a lo largo de más de 10 metros, provocando con ello que las aguas negras subieran a un nivel de 1.40 metros, viéndose afectada en lo particular la colonia Valle Dorado, en Tlalnepantla.

Otros lugares impactados por este fenómeno natural, fueron el hospital y el palacio municipal de Atizapán de Zaragoza, y la zona de Arboledas.

Esta situación, llevó a que en el transcurso de la lluvia, cientos de personas quedaran varadas y refugiadas en diversos espacios públicos, al mismo tiempo, se tuvieron que desalojar a más de 1,500 personas de sus viviendas, con el propósito de salvaguardarlas.

Debemos de reconocer la participación de las autoridades estatales, municipales y del Ejercito Mexicano, que actuaron de inmediato en esta emergencia para evitar un desastre mayor a sus habitantes en estos municipios.

En síntesis, es urgente coordinar esfuerzos, de los tres niveles de gobierno, para enfrentar exitosamente esta emergencia que padecen los pobladores y municipios del norte de nuestra zona metropolitana.

Por lo expuesto, someto a discusión y aprobación por el Pleno como de urgente y obvia resolución, de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. Para exhortar al gobierno federal para que liberen los recursos financieros y materiales del programa Fonden, mediante obras de reparación de viviendas y zonas públicas, aplicando las medidas sanitarias pertinentes. Para la atención de emergencia presentada por las inundaciones en los municipios de Tlalnepantla de Baz y Atizapán de Zaragoza en el Estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2009.

Diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIAS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La suscrita, María de Jesús Aguirre Maldonado, diputada federal por Nuevo León e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta honorable Cámara proposición con punto de acuerdo de conformidad con los motivos que a continuación se exponen:

La LIX Legislatura de la Cámara de Diputados demostró su gran compromiso con la niñez mexicana al instalar, en abril de 2004, la Comisión Especial para la Niñez, Adolescencia y Familias. El objetivo de esta comisión era muy claro, tal como se señaló en el punto de acuerdo que la creó: "garantizar la transversalidad de la legislación federal en función del reconocimiento de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, y lograr la protección, prevención, promoción y participación de sus derechos".

En el marco de los trabajos de la comisión, presidida por la legisladora Angélica de la Peña Gómez, y en la cual me siento muy orgullosa de haber colaborado como secretaria de la mesa directiva, se participó emitiendo opiniones importantes en iniciativas y puntos de acuerdo relacionados con este tema. Se realizaron diversas actividades, reuniones y acciones en pro de la niñez, la adolescencia y las familias mexicanas.

A partir de una agenda sólida basada en los temas más importantes para la protección de los derechos de la infancia, se trabajaron de manera seria, constante y comprometida asuntos como el combate contra la explotación sexual infantil, lográndose incluso una reforma histórica al Título Octavo del Código Penal Federal, los derechos de la infancia indígena, el tratamiento de los menores de edad infractores, los derechos de las niñas, el tráfico de infantes, la salud de las niñas, niños y adolescentes, las acciones necesarias para mejorar la calidad de vida de las familias, entre otros.

Con el apoyo de expertas y expertos en los diferentes temas que involucran a la infancia, así como con organismos internacionales como el UNICEF y nacionales como el Sistema DIF, además de legisladoras y legisladores de todos los grupos parlamentarios, se realizaron foros y actividades que derivaron en propuestas de ley y puntos de acuerdo, enfocados a fortalecer el marco jurídico mexicano de protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y familias.

Pese a lo que se ha avanzado, aún sigue siendo mayor la tarea pendiente y la deuda que tenemos con la infancia y con las familias en México. Ahora que somos legisladoras y legisladores, tenemos la oportunidad inmejorable de trabajar para lograr avances en el reconocimiento y garantía plena de los derechos humanos de todas y todos, en especial de ese sector de la población menor de 18 años que, según datos del Inegi para 2006, representa alrededor de 38 por ciento de los más de 103 millones de mexicanas y de mexicanos; esto es, tutelar y salvaguardar los derechos de aproximadamente 39 millones de niños y adolescentes.

Una de las herramientas óptimas para realizar, coordinar y organizar estos trabajos es, sin duda, contar nuevamente con una comisión especial en la materia, sin perder de vista que, con un sentido elemental de justicia, debe de trabajarse porque ésta se consolide como una comisión ordinaria.

La comisión especial, cuya creación les propongo hoy, será no sólo heredera de la importante labor realizada por la comisión de la LIX Legislatura, sino innovadora, dinámica, propositiva y encauzadora de la labor de ésta LXI Legislatura en materia de infancia, adolescencia y familias. Esta nueva comisión coadyuvará en la incorporación de los derechos humanos de la infancia al marco normativo mexicano, realizará actos de promoción de éstos, servirá de enlace entre especialistas en la materia y la Cámara de Diputados, emitirá opiniones acerca de las iniciativas que se presenten sobre temas que atañen a la infancia, la adolescencia y las familias, sensibilizará a las diputadas y los diputados al respecto e impulsará la presentación de iniciativas de ley que fortalezcan el marco jurídico mexicano aplicable a la personas menores de edad y las familias. Adicionalmente, será un foro permanente en el que se aborden y discutan estos temas, entre los cuales destacan, por su importancia y urgencia, la trata de niñas y niños y todas las formas de explotación sexual, la agilización de los trámites de adopción –tema que, dicho sea de paso, debe posicionarse en la agenda nacional, como lo han señalado ya diversas voces, desde el gobierno hasta organizaciones de la sociedad civil–, el trabajo infantil, la infancia indígena, el acceso a la salud y a la educación, el seguimiento a las observaciones que el Comité de la Convención sobre los Derechos del Niño ha realizado a México, y de la propia Convención y su protocolo facultativo. Lo anterior me lleva a recordar que el 20 de noviembre de este año se cumple el vigésimo aniversario de la adopción de esta convención, la cual fue ratificada por México en 1990, entrando en vigor al año siguiente, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En este sentido, es importante cuestionamos, qué cuentas está rindiendo hoy México tras 18 años de vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño en el territorio nacional. Es claro que ha habido avances, pero que aún no podemos responder como país en materia de cumplimiento pleno de las disposiciones de ésta.

El artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señala que el Pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico. Asimismo, de acuerdo con la normatividad que rige esta Cámara de Diputados, corresponde a la Junta de Coordinación Política dar los pasos necesarios para la creación de una comisión especial. En razón de lo anterior, ahora que estamos inaugurando esta LXI Legislatura, presento esta propuesta de creación de la Comisión Especial para la Niñez, Adolescencia y Familias y agradezco de antemano su disposición a trabajar juntas y juntos por mejorar las condiciones de vida y fortalecer los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes de México.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la comisión especial para la niñez, adolescencia y familias.

Segundo. La comisión especial estará conformada por 20 integrantes, que serán elegidas y elegidos con los criterios de pluralidad y proporcionalidad.

Tercero. La comisión especial existirá durante la LXI Legislatura, en tanto se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para constituirse en comisión ordinaria.

Cuarto. La comisión especial deberá rendir de manera periódica un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2009.

Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A MODIFICAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS COMPRENDIDOS EN EL ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE A FIN DE QUE SE GARANTICE LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS; A SIMPLIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES CORRESPONDIENTES A LA OBTENCIÓN DE LOS FONDOS; Y A ESTABLECER MÉTODOS DE ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO QUE ASEGUREN SU CANALIZACIÓN A LA PRODUCCIÓN DE BÁSICOS Y ESTRATÉGICOS A EFECTO DE COADYUVAR AL LOGRO DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIAS Y NUTRICIONALES, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, VIDAL LLERENAS MORALES Y EMILIANO VELÁZQUEZ ESQUIVEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Los suscritos, Rigoberto Salgado López, Vidal Llerenas Morales y Emiliano Velásquez Esquivel, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

El país se encuentra inmerso en una crisis social, donde la crisis alimentaria constituye un elemento central. Si bien los factores externos han tenido una influencia determinante en la situación que vive el país, el gobierno federal no ha puesto en marcha acciones que atemperen el constante debilitamiento del poder adquisitivo de la población.

La mejor manera de proteger al país de los embates de las crisis provenientes de los ciclos económicos es fortaleciendo el aparato productivo nacional, particularmente las ramas que generan los bienes esenciales para la subsistencia, la alimentación en primer término.

Es indispensable que se establezca una política permanente que fortalezca el aparato productivo rural, orientado a la producción de los productos básicos y estratégicos considerados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, lo cual evitaría la especulación y el desabasto.

Es necesario que se implante una verdadera política agroalimentaria con metas de corto, mediano y largo plazos que permitan reincentivar al campo mexicano, que se invierta en la infraestructura necesaria para que la producción alimentaria sea suficiente para satisfacer las necesidades de consumo nacional.

Para estos efectos se debe usar a plenitud el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), creado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y que es el instrumento normativo para transferir los fondos considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación a los productores rurales. La transferencia se hace conforme a los mecanismos establecidos en las reglas de operación de los programas sujetos a ellas.

La Cámara de Diputados, a través del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, en colaboración con la Universidad Autónoma Chapingo, realizó un estudio donde se concluye que entre 2002 y 2005 el efecto del PEC en las unidades de producción rural es de la siguiente naturaleza:

• No se está dando una difusión amplia del PEC y de los programas que lo integran entre la población rural del país.

• No hay concurrencia de las dependencias relacionadas con la ejecución del PEC, debido a que las reglas de operación vigentes no están diseñadas para operar con un esquema integrado.

• Los programas con mayor presencia en el sector rural son el Procampo, Oportunidades y Seguro Popular.

• No se han cumplido los objetivos centrales del PEC de incrementar ingresos, disminuir la pobreza y reducir desigualdades en la población rural.

• Los programas y las acciones del PEC se han concentrado en las regiones menos aisladas y de mayor potencial productivo, y en los grupos de mediano y alto desarrollo; predominando en las regiones marginadas los programas asistencialistas.

• El apoyo para productores de bajos ingresos fue precario, debiendo ser el más alto, si el combate de la pobreza es un objetivo central.

 En razón de tales características del PEC, persiste el reclamo social de los actores rurales debido a que las reglas de operación en vigor de los programas de apoyo del sector rural que se llevan a cabo al amparo del PEC son impracticables por la complejidad con que han sido diseñadas, que supuestamente fueron simplificadas; y no están contribuyendo a solucionar los problemas del campo.

Por otra parte, es también necesario revisar las reglas de operación vigentes, pues consideran un comité técnico nacional, como instancia centralizadora de las decisiones, y se margina a las entidades federativas y a las organizaciones de productores del órgano donde se definen los proyectos de interés nacional y los proyectos estratégicos integrales.

Se deben cumplir los principios federalistas y los postulados de participación democrática con relación a la toma de decisiones. Es por tanto necesario que en el comité técnico nacional se incluyan las representaciones de las entidades federativas y del Distrito Federal, junto con las de las organizaciones de productores. Esto, a fin de que en la formulación del universo de proyectos de interés nacional y los estratégicos integrales participen quienes mayor cercanía tienen con la problemática rural en el país.

En el conjunto de programas, el que tiene que ver con la adquisición de activos productivos tiene especial relevancia, para efectos de la capitalización de los productores, por lo que es indispensable que no se excluya de la población objetivo a ningún tipo de productor rural, particularmente a los hombres de edad intermedia, de las zonas de alta y muy alta marginalidad.

Los requisitos que establecen los programas para ser beneficiario revisten tal naturaleza, que se necesita ser productor capitalizado, con capacidad para pagar los servicios de despachos especializados en la formulación de proyectos de inversión, que sean rentables técnica, financiera y económicamente. Esto deja fuera de los beneficios de los programas a la inmensa mayoría de los productores mexicanos.

Es urgente que se establezcan mecanismos que acompañen a los productores más desprotegidos para que inicien sus procesos de organización económica y que se les apoye para adquirir los requisitos que fija la Sagarpa; entre otros, la obtención de las cartas de intención de compra de sus productos, y que esta dependencia sea menos rigurosa, pues actualmente establece requisitos incluso en exceso a los de la banca comercial para el otorgamiento de créditos.

Es necesario que tal acompañamiento se dé en las etapas del proceso de evolución de los productores en su camino hacia el mercado, de tal manera que se den los elementos para su capitalización.

Los plazos que van entre la recepción de solicitudes de apoyo y los establecidos para su dictaminación son demasiado largos, lo que provoca que sean inoportunos. Es por tanto indispensable que sean suficientemente ágiles para que sean útiles, en función de los ciclos de producción.

La asesoría técnica no sólo debe ser gratuita sino que debe preferenciar a los productores de zonas de alta y muy alta marginación para que accedan a los beneficios de los programas y estén en capacidad de ser competitivos en el mercado.

De no corregirse el conjunto de problemas señalados y otros de no menor importancia en las reglas de operación en vigor, los subejercicios del presupuesto seguirán ocurriendo y se pospondrán las soluciones de los graves problemas del campo mexicano.

Con fundamento en los elementos mencionados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados, con respeto del principio de división de poderes, exhorta al Ejecutivo federal a modificar las reglas de operación de los programas comprendidos en el Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, a fin de que se garantice que

Los recursos presupuestales se entreguen oportunamente de acuerdo con los ciclos de producción.

Se simplifiquen los mecanismos y trámites para la obtención de los fondos.

Se establezcan procedimientos de asignación del presupuesto que garanticen su canalización a la producción de básicos y estratégicos para coadyuvar al logro de la soberanía y seguridad alimentarias y nutricionales.

Se dé difusión amplia del PEC y de los programas que lo integran entre la población rural del país.

Se garantice la concurrencia de las dependencias relacionadas con la ejecución del PEC para operar en un esquema integrado.

Se cumplan los objetivos centrales del PEC de incrementar ingresos, disminuir la pobreza y reducir desigualdades en la población rural.

Se ponga atención preferente en las acciones productivas en las zonas de mayor marginalidad.

Se hagan las modificaciones pertinentes para evitar la complejidad de las reglas vigentes y que sean operativas.

Se incorporen al comité técnico nacional, en su carácter de instancia centralizadora de las decisiones, las entidades federativas y el Distrito Federal y las organizaciones de productores para que participen también, entre otros aspectos, en la definición de los proyectos de interés nacional y los proyectos estratégicos integrales.

Se incluya en los programas a todos los productores rurales, en particular los que residen en las zonas de alta y muy alta marginalidad.

Se establezca que los requisitos para ser beneficiario sean accesibles para todos los productores, en especial los de mayor grado de marginación.

Se establezcan mecanismos que acompañen a los productores más desprotegidos para que inicien sus procesos de organización económica y que se les apoye para adquirir los requisitos que pide la Sagarpa, entre otros, la obtención de las cartas de intención de compra de sus productos, y que sea menos rigurosa, pues actualmente pide requisitos incluso en exceso a lo que solicita la banca comercial para el otorgamiento de créditos.

Se garantice que tal acompañamiento se dé en las etapas del proceso de evolución de los productores en su camino hacia el mercado, de tal manera que se den los elementos para su capitalización.

Se rediseñen los plazos que van entre la recepción de solicitudes de apoyo y los establecidos para su dictaminación, de tal manera que la entrega de apoyos sea oportuna, de acuerdo con los procesos productivos.

Se defina que la asesoría técnica no sólo debe ser gratuita sino que debe preferenciar a los productores de zonas de alta y muy alta marginación para que accedan a los beneficios de los programas y estén en capacidad de ser competitivos en el mercado.

 Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a informar con la mayor brevedad a esta soberanía sobre las acciones que, en su caso, se deriven de este punto de acuerdo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2009.

Diputados: Rigoberto Salgado López, Vidal Llerenas Morales, Emiliano Velásquez Esquivel (rúbrica).
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, A LA SEP Y A LA SHCP A NO RETENER EL PRESUPUESTO APROBADO PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA SUPERIOR EN EL EJERCICIO DE 2009 Y A NO DISMINUIR EN EL PEF DE 2010 LOS RECURSOS ASIGNADOS AL SECTOR EDUCATIVO EN GENERAL, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ Y HÉCTOR FRANCO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados de Coahuila, Rubén Moreira Valdez y Héctor Franco López del Grupo Parlamentario del PRI, presentamos ante esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, bajo el tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

No sobra recordar lo importante que es, para el desarrollo del país, la educación pública y desde luego la educación superior. Desde la creación del Estado mexicano se ha luchado por eliminar la ignorancia, la superstición y los dogmas que destruyen las raíces que cimentan la fortaleza del país.

Combatir los dogmas que han desechado el conocimiento histórico del pueblo mexicano, impulsados a través de las instituciones eclesiásticas en tiempo de la Reforma y de la amenaza contemporánea del neoliberalismo privatizador, requiere de nosotros el preservar los logros de quienes nos han antecedido en la labor legislativa.

En estos días, el Ejecutivo federal ha amenazado con recortar los recursos a la educación pública superior como parte de su solución a la crisis que enfrenta el país, costoso error sería si se le permite llevar a cabo esta acción. Sabedores todos de los intentos de privatización a la educación pública superior, debemos hacer un solo frente y derrotar cualquier pretensión que se encamine a este objetivo.

En esta soberanía se ha determinado defender a nuestras universidades a través de ampliar el presupuesto que cada año envía el Ejecutivo federal y que nunca ha sido el suficiente y necesario para alcanzar la inversión mínima recomendada por los organismos internacionales en la materia.

Se pretende, desde el círculo gobernante, ignorar dichas recomendaciones argumentando el bajo nivel de recaudación del gobierno federal. Sería recomendable recordarle al Poder Ejecutivo, que el ser un mal cobrador no lo exime de su obligación constitucional de brindar una educación pública de calidad.

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) es claro que a mayor inversión en educación, mayor fortalecimiento en la competitividad económica, el desarrollo cultural y la cohesión social. Al respecto, se ha observado que el mercado laboral ha incorporado mayores responsabilidades en los puestos de trabajo, lo que obliga a crear constantemente nuevas actividades de formación en el nivel superior. La aceleración del cambio tecnológico permite suponer que también repercutirá en una mayor diversificación.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que la importancia de la educación superior en América Latina crecerá de manera significativa en el futuro próximo. La política de la educación superior debe estar vinculada al desarrollo, a la construcción de sociedades más productivas, informadas, prósperas, justas, satisfactorias y democráticas. Este organismo rechaza, por ello, la noción de que la educación superior pueda ser una actividad ajena al desarrollo nacional o de que el Estado pueda ser marginal a la educación superior (BID, 1997).

En el Presupuesto de Egresos de 2007, la Cámara de Diputados aprobó una ampliación al presupuesto de educación superior de 8 mil 206 millones de pesos; para el Presupuesto de Egresos de 2008 se aprobó una ampliación de 6 mil 481 millones de pesos y para el Presupuesto de Egresos de 2009 se aprobó una ampliación de 7 mil 87 millones de pesos; lo que da un total de 21 mil 774 millones de pesos en tres años, producto de la conciencia de esta Cámara de Diputados acerca de la importancia de la educación superior en nuestro país.

Debe quedarnos claro que la importancia presupuestal a la educación superior se la otorga esta soberanía y no quien debería preservar y fortalecer a nuestras instituciones de educación superior. Es claro que el Ejecutivo federal no es congruente con sus discursos, puesto que su política en esta materia tiene que ser corregida, una y otra vez, por la Cámara de Diputados.

Cabe destacar que ninguna universidad privada puede ocupar ahora el lugar de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que año con año ha sido considerada la mejor universidad de habla hispana del mundo. Sin embargo, este hecho no parece ser suficiente ya que año tras año tiene que sufrir los embates del gobierno federal, quien trata, una y otra vez, de reducirle el presupuesto.

En las universidades públicas se realiza el 89 por ciento de la investigación científica y tecnológica de nuestro país, ahí se encuentran nuestros académicos y científicos más destacados y reconocidos mundialmente, sólo basta decir que ahí está nuestro premio nobel: Mario Molina.

Por lo anterior, nosotros los priistas seguiremos impulsando con fuerza y decisión la educación pública y gratuita, porque ahí es donde se forja la nación y donde se forman los hombres y mujeres que el país requiere.

Convocamos a esta honorable soberanía, que sin distinción partidaria y pensando en México, aprobemos este punto de acuerdo.

Por lo antes fundado y expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición de urgente y obvia resolución

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que no se retenga el presupuesto aprobado por esta Cámara de Diputados a la educación pública superior en el ejercicio de 2009. Asimismo, que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2010 no se proponga una disminución a los recursos asignados al sector educativo en general, sino por el contrario se dé un incremento sustancial a dicho monto que permita mejorar la cobertura y calidad en este importante rubro.

Palacio Legislativo a 8 de septiembre de 2009.

Diputados: Rubén Moreira Valdez, Héctor Franco López (rúbricas).
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA REFORMA DEL ESTADO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS JAIME CORREA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con las siguientes

Consideraciones

El 15 de noviembre de 2000 la LVIII Legislatura publicó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara para la integración de la Comisión Especial para la reforma del Estado, que se instaló el 6 de diciembre de aquel año y trabajó hasta el término de la legislatura.

En noviembre de 2003 se presentó ante el pleno de la Cámara la proposición con punto de acuerdo para reinstalar la comisión especial para la reforma del Estado durante la LIX Legislatura, para apoyar las reformas constitucionales y legales para lo que en su momento se pensó sería la consolidación del proceso de transición a la democracia en México.

El 5 de octubre de 2006, se presentó nuevamente una proposición con punto de acuerdo para reinstalar la Comisión Especial para la Reforma del Estado. Cabe destacar que dicha comisión se constituyó en un momento clave para la construcción de acuerdos porque de manera casi paralela se aprobó la Ley para la Reforma del Estado, que preveía un procedimiento para que los legisladores se comprometieran a buscar acuerdos entre sí y se centraran en la elaboración de propuestas en materia de régimen de Estado y gobierno; democracia y sistema electoral; federalismo; reforma del poder judicial; y garantías sociales.

La labor de la comisión especial fue fundamental para acompañar los trabajos de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, ya que participó activamente en todas las etapas previstas en la Ley para la Reforma del Estado, desde la elaboración de la consulta pública, hasta el proceso de construcción de acuerdos, redacción de los proyectos y la presentación de las iniciativas.

El balance de los trabajos logrados durante la LX Legislatura en materia de reforma del Estado muestra un avance sustancial en el tema de democracia y sistema electoral, que por cierto, era uno de los temas más sensibles en el ambiente político y, por lo tanto, uno de los que concentró la mayor atención de los grupos parlamentarios. En este tema se logró reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116, 122, 97 y 134. Adicionalmente se creó un nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Con dichas reformas se logró reducir el financiamiento público a los partidos políticos; prohibir el uso de medios de comunicación en los procesos de selección interna; constituir reglas sobre los procesos de selección interna y precampañas; también se estableció la prohibición de hacer publicidad gubernamental durante las campañas, se prohibió la contratación comercial de radio y televisión para fines electorales; se estableció que la contratación de la publicidad en medios para los partidos sea una facultad exclusiva de la autoridad electoral.

En el tema de las reformas al poder judicial se logró aprobar la reestructuración de los organismos de Seguridad Pública; reorientar la actuación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; crear Instrumentos legales para combatir el lavado de dinero y decomisar recursos financieros y materiales; y el reconocimiento constitucional del principio de presunción de inocencia.

Por otro lado, en el tema de Estado y gobierno no se logró avanzar en la mayor parte de lo propuesto, las únicas reformas constitucionales que se lograron aprobar se reducen al cambio del formato del informe y a fijar el límite máximo de los salarios de los servidores públicos con el salario del presidente de la república. Sin embargo, quedaron pendientes muchos temas, como eliminar el veto de bolsillo del Ejecutivo, la creación de un Tribunal Constitucional, introducir los instrumentos de participación ciudadana como referéndum y plebiscito y el fortalecimiento del poder legislativo, por mencionar solo algunos de los temas pendientes.

Finalmente, el balance al tema de garantías sociales es bastante negativo porque aunque se presentaron muchas propuestas y se discutieron ampliamente los temas, al final no se logró elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación como premisa para la soberanía alimentaria o el derecho al agua potable, tampoco se logró incorporar la transversalidad de los derechos de los pueblos indígenas en todos los niveles y ámbitos de la vida pública. Se había planteado que en el texto constitucional se diera reconocimiento a los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales, sin embargo, todos estos temas quedaron pendientes y el nuevo impulso de estas propuestas es tarea de la nueva Comisión Especial para la Reforma del Estado porque aún existe la necesidad de buscar la transformación democrática del Estado mexicano y de retomar el trabajo para procesar las iniciativas que en torno a estos temas existen ya en el seno de esta Cámara y así tratar de avanzar con mayor fuerza y con mayor celeridad en la agenda pendiente para la reforma del Estado.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en el artículo 42, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la comisión especial para la reforma del Estado de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la LXI Legislatura, encargada de coadyuvar, dar seguimiento y retomar en el ámbito de las competencias del Poder Legislativo federal, las iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo encaminadas a proponer cambios en el régimen político del país y sus instituciones.

Segundo. La comisión especial para la Reforma del Estado estará integrada por diputados y diputadas, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, su presidencia será rotatoria entre los tres grupos parlamentarios más numerosos de tal suerte que cada uno presida un año el ejercicio de esta comisión especial y cada grupo parlamentario que no ocupe la presidencia contará con un secretario; y funcionará durante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2009.

Diputado José Luis Jaime Correa (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA PGR QUE RETIRE LOS CARGOS CONTRA JACINTA FRANCISCO MARCIAL, ALBERTA ALCÁNTARA Y TERESA GONZÁLEZ, INDÍGENAS DE LA COMUNIDAD ÑAHÑU PRESAS DE MANERA INJUSTA EN EL CERESO FEMENIL DE SAN JOSÉ DEL ALTO, QUERÉTARO, Y QUE SE LES INDEMNICE DEBIDAMENTE, A CARGO DE LA DIPUTADA NARCEDALIA RAMÍREZ PINEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El 26 de marzo del 2006, durante un operativo policiaco irregular, en el tianguis de Santiago Mexquititlán, comunidad ñahñú del sur de Querétaro, bajo el pretexto del combate a la piratería, un grupo de agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), que no acreditaron su condición de tales, ocasionaron daños que, luego, ante la actitud decidida de los tianguistas, se comprometieron a pagar, dejando a uno de sus compañeros como garantía de que volverían con el dinero.

No hubo maltrato de ningún género, ni contra el que quedó como garantía ni contra los que, en efecto, volvieron con el dinero y pagaron los daños que habían causado. Todo parecía arreglado.

Sin embargo, el 3 de agosto de ese mismo año, 5 meses después, Jacinta Francisco Marcial, una humilde y pacífica comerciante que contribuye al sustento de su familia vendiendo alimentos en el tianguis de su pueblo, fue conducida con engaños al Cereso femenil de San José el Alto del estado de Querétaro. Allí, lo mismo que a sus compañeras Alberta Alcántara y Teresa González, le explicaron que le atribuían el secuestro de seis agentes de la AFI durante los hechos del 26 de marzo, porque aparecía, junto con un grupo de sus compañeros, en una foto panorámica del incidente en cuestión, tomada por un periódico local.

El juicio contra Jacinta, donde los mismos agentes que se dijeron víctimas de secuestro, fueron los testigos y al mismo tiempo la parte investigadora del caso, culminó dos años después. El 19 de diciembre del 2008 se le dictó sentencia condenatoria a 21 años de prisión y dos mil días de multa. Las otras dos acusadas, que también, como Jacinta, permanecían presas, fueron sentenciadas con la misma pena un mes después.

La injusticia de este caso es patente. Todas las evidencias de ese hecho señalan que no hubo secuestro alguno y que Jacinta Francisco Marcial ni siquiera participó en los incidentes y negociaciones provocadas por el grupo policial. Su error consistió en "salir en la foto". Con esa única y endeble prueba fue condenada.

En vista de las muy evidentes irregularidades de un proceso judicial viciado, en el cual a Jacinta, que es iletrada y no habla español, se le negó el concurso de un intérprete, como manda la ley, y donde esta indígena ni siquiera pudo conocer al juez que la condenó en primera instancia. En una segunda instancia, el magistrado López Muñoz revocó el proceso y, mediante resolución fechada el 7 de abril último, ordenó la reposición del procedimiento; es decir, regresó el expediente al Juez Cuarto de Distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longhi, para que nuevamente desahogue las pruebas, con lo cual se insistió en criminalizar a una inocente, se le obligó a probar que es inocente, y la misma autoridad de primera instancia que condenó a Jacinta a más de veinte años de prisión tiene nuevamente en sus manos su libertad.

No me mueve a presentar estas consideraciones, solamente con una motivación de género. Tampoco nada más un sentimiento de solidaridad con los indígenas.

Este caso provocó un escándalo internacional y causó indignación en muchos sectores de la opinión pública que tuvo amplio eco en los medios de difusión. Seguramente son estas presiones las que han obligado a la PGR a declarar que presentará "conclusiones no acusatorias" y retirará los cargos contra Jacinta, ignorando a Alberta Alcántara y Teresa González.

Sin embargo, esto no es suficiente: ha habido delito policial y hay que dejarlo en evidencia. Han inducido a la justicia, con falsos testimonios, a cometer una injusticia.

Es por esto que hoy llamo a mis compañeros diputados a no callar ni silenciar esta clase de atropellos, justamente cuando lo que el país necesita es dignificar sus instituciones, especialmente las encargadas de aplicar la ley y hacer justicia. Esta legislatura tiene la gran oportunidad de defender los valores y los altos principios que están en el espíritu y la letra de nuestra Constitución; a oponernos a hechos que agravian sobre todo a los más humildes y, en este caso concreto, los derechos humanos de las mujeres indígenas.

Por estas razones, señor presidente, me permito proponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Solicitar a la Procuraduría General de la República retire todos los cargos contra Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas de la comunidad ñahñú, presas injustamente en el cereso femenil de San José del Alto del estado de Querétaro y se les indemnice debidamente.

San Lázaro, DF, 8 de septiembre de 2009.

Diputada Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DÉ LIBERTAD INMEDIATA A LAS INDÍGENAS JACINTA FRANCISCO MARCIAL, TERESA GONZÁLEZ Y ALBERTA ALCÁNTARA, A CARGO DE LA DIPUTADA FLORENTINA ROSARIO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita, diputada Florentina Rosario Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del 89 del Reglamento Interno, presenta al pleno de la honorable Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para exhortar al gobierno de la república a dar libertad inmediata a Jacinta Francisco Marcial, Teresa González, Alberta Alcántara.

Consideraciones

El 26 de marzo de 2006, seis agentes de la AFI –sin uniforme– llegaron al mercado de la plaza central de Santiago Mexquititlán. Afirmaron que realizaban un operativo de incautación de sustancias estupefacientes y de DVD piratas. Sin embargo, el hecho de que no llevaran uniforme hace pensar, más que tener un propósito oficial, los agentes pretendían robar las mercancías de los vendedores que ahí trabajaban.

Durante la operación ostensiblemente oficial, confiscaron productos de los tianguistas y dañaron mercancías. Lo cual genero una natural defensa de su propiedad al no presentar oficio de diligencia y no identificarse para tales efectos.

Esa noche, los agentes presentaron su denuncia ante la Procuraduría General de Justicia en la que afirmaban que habían sido secuestrados durante varias horas por personas que estaban protestando en la plaza central de Santiago Mexquititlán.

Por estos hechos, el 3 de agosto de 2006, Jacinta Francisco Marcial, y dos ciudadanas más fueron detenidas y condenadas.

Cabe mencionar que no existen elementos de prueba suficientes para acreditar la probable responsabilidad de Jacinta Francisco Marcial ni de las 2 ciudadanas indígenas detenidas.

Es sumamente preocupante que el juez cuarto de distrito en el estado de Querétaro haya concedido fuerza probatoria a los testimonios de los agentes, y que desde la averiguación previa hayan fungido como ofendidos, a pesar de sus contradicciones, imprecisiones e incongruencias; y que con base en estas probanzas se haya privado de su libertad y condenado a Jacinta Francisco.

Hay que decir que el juez no analizó diversas probanzas que acreditan la inocencia, como testimoniales de descargo y el peritaje antropológico que realizara la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; y que la sentenciada no contó con traductor en el momento de su declaración preparatoria ni en diligencias posteriores, lo que constituye también una grave violación a la garantía del debido proceso.

Muchas organizaciones internacionales y nacionales creen que Jacinta ha sido encarcelada únicamente debido a su situación marginal de mujer pobre, indígena y con limitado acceso a la justicia.

El proceso desde su origen esta viciado y muestra sin ninguna duda la parcialidad de la justicia, y aún más grave demuestra el Estado fallido en materia de derechos humanos que tenemos.

Por lo anterior expuesto y fundado, presento a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se dé celeridad jurídica al asunto a fin de dar libertad inmediata a la Jacinta Francisco Marcial y se repare el daño ocasionado.

Segundo. Se exhorte a la Procuraduría General de la República a que pronuncie conclusiones sobre las ciudadanas indígenas Teresa González y Alberta Alcántara detenidas por los mismos cargos.

Tercero. Se inicie una investigación sobre la conducta de los agentes federales en los hechos mencionados el 26 de marzo del 2006, y funcionarios públicos que llevaron el proceso jurídico con el objeto corroborar que hayan procedido en sus acciones conforme a la ley y en estricto apego de derecho.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre 2009.

Diputada Florentina Rosario Morales (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR LA ATENCIÓN INMEDIATA DE LA SITUACIÓN PROVOCADA EN SONORA Y BAJA CALIFORNIA SUR POR EL FENÓMENO HIDROMETEREOLÓGICO JIMENA, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS MARCOS LEÓN PEREA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los suscritos, diputados integrantes de esta LXI Legislatura, en nuestro carácter de representantes populares de Sonora, pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ejerciendo nuestro derecho para incitar el proceso legislativo federal ante esta Cámara de Diputados, con objeto de que se emita un pronunciamiento por parte de este órgano legislativo, para que las instancias gubernamentales del ámbito federal aceleren el proceso de liberación de recursos que permitan atender oportunamente las necesidades de la población sonorense generadas por la tormenta tropical Jimena. En ese sentido, con objeto de sustentar la procedencia de nuestra solicitud, nos remitimos a la siguiente

Parte expositiva

Los desastres son alteraciones intensas de las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, causadas por un suceso natural o generado por el hombre, que exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.

Según el criterio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los desastres se clasifican de la siguiente manera:

1) Desastres naturales; y

2) Desastres tecnológicos.

 Son desastres producidos por la fuerza de la naturaleza los generados por fenómenos metereológicos o hidrológicos como los huracanes. Uno de los desastres naturales que afecta al mayor número de personas en el mundo son las inundaciones provocadas por huracanes. De 1995 a 2008, de la población mundial que se vio envuelta en algún desastre natural (inundaciones, sismos, vientos, sequías, entre otros), 64 por ciento resultó afectado por las inundaciones derivadas de este tipo de fenómenos. De acuerdo a un estudio realizado en 2005, el número de eventos extraordinarios ocurridos por década se ha incrementado partiendo de 6 y 7 en las décadas de los 50 y los 60, respectivamente, a 18 y 26 casos para los 80 y los 90, y donde las pérdidas económicas se han multiplicado por 10.

Año con año, nuestro país enfrenta la llegada de huracanes por la costa de los océanos Pacífico y Atlántico, y son de conocimiento público las consecuencias de su paso por el territorio nacional.

Infortunadamente, este año no ha sido la excepción y, particularmente, Sonora y Baja California Sur se vieron afectados, por lo que en un principio fue el huracán Jimena que posteriormente llegó a territorio sonorense en calidad de tormenta tropical.

Los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé, en Baja California Sur; y Guaymas, Empalme, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y San Ignacio Río Muerto, en Sonora, fueron los más afectados por el fenómeno climático.

Según los primeros datos, el paso de Jimena dejó al menos 8 mil damnificados, cientos de viviendas dañadas y zonas sin electricidad en Baja California Sur.

En el caso de Sonora, el fenómeno meteorológico dejó 72 mil damnificados por las torrenciales lluvias que sumaron 711 milímetros en Guaymas y 365 en Empalme; esto en un periodo de tiempo de tan sólo 38 horas, por citar dos ejemplos. La cantidad acumulada en Guaymas estableció un récord absoluto en todo Sonora, mientras que la lluvia de Empalme representa, en promedio, la cantidad de lluvia que se registra en un año en todo el estado. De esa magnitud es la problemática que estamos enfrentando, considerando al efecto que nuestra entidad es de clima semidesértico.

Los daños en la infraestructura pública, como carreteras, agua potable y drenaje, ocasionados por las históricas lluvias que azotaron a Guaymas y Empalme, entre miércoles y viernes, podrían rebasar los 500 millones de pesos.

Aunque Jimena se disipó desde el viernes 4 del presente mes, en la entidad continúa la alerta naranja porque se mantiene la posibilidad de lluvias que sin duda agravaría la difícil situación que prevalece en dichos municipios.

Un fenómeno de esta naturaleza, además de los daños que hemos señalado, lleva aparejado situaciones extraordinarias, en materia de

1. Salud. Pues se corre el riesgo de brote de enfermedades como el dengue u otras derivadas por condiciones insalubres debido al mal funcionamiento del sistema de drenaje.

2. Vivienda. Por la destrucción o daño de viviendas de todo tipo en los municipios afectados, siendo los sectores vulnerables, una vez más, los más afectados por esta situación.

3. Actividades productivas. En este caso, agravando la difícil situación que atraviesan las ramas turística y de pesca, que constituyen las principales actividades de los municipios afectados, sin dejar de lado el comercio y la actividad industrial que también, indirectamente, resentirán los efectos de un fenómeno de esta naturaleza.

4. Infraestructura. Pues fueron destruidas vías de comunicación municipales, estatales y nacionales, así como instalaciones en materia de servicios públicos, principalmente agua potable y drenaje, vitales para preservar la salud pública y la supervivencia como seres humanos; electricidad.

 Afortunadamente, en los últimos años nuestro país ha reforzado la forma de atender la problemática que este tipo de fenómenos naturales lleva aparejado, no sólo desde el aspecto preventivo, que ha ayudado a salvar un sinnúmero de vidas y a reducir, en la medida de lo posible, los daños económicos. Para ello se aprobó la Ley General de Protección Civil, donde se definen reglas específicas para atender preventiva y paliativamente las emergencias que generan fenómenos hidrometereológicos como los huracanes.

Al efecto, el artículo 29 de la ley señalada establece que cuando la capacidad operativa y financiera de las entidades federativas para la atención de un desastre haya sido superada, éstas podrán solicitar el apoyo del gobierno federal para tales efectos. Las dependencias y entidades federales serán las instancias responsables de atender los efectos generados por un desastre en el patrimonio de la federación y, en su caso, de coadyuvar con los gobiernos de las entidades federativas.

A su vez, el artículo 30 de la misma ley previene que le competerá a la Federación, sin perjuicio de lo que en términos de las disposiciones locales les corresponda realizar a las entidades federativas y municipios lo siguiente:

• Realizar las acciones de emergencia para dar atención a las necesidades prioritarias de la población, particularmente en materia de protección a la vida, salud, alimentación, atención médica, vestido, albergue temporal, el restablecimiento de las vías de comunicación que impliquen facilitar el movimiento de personas y bienes, incluyendo la limpieza inmediata y urgente de escombros y derrumbes en calles, caminos, carreteras y accesos, así como para la reanudación del servicio eléctrico y el abastecimiento de agua;

• Destinar recursos del Fondo de Desastres, autorizado para la atención de emergencias y desastres.

 En ese sentido, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) es un instrumento financiero mediante el cual, dentro del sistema nacional de protección civil, tiende a atender los efectos de los desastres naturales cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y entidades paraestatales, así como de las entidades federativas.

Este fondo facilita recursos a través de reglas de operación y procedimientos derivados de éstas. Integra un proceso respetuoso de las competencias, responsabilidades y necesidades de los diversos órdenes de gobierno, que tiene como finalidad, bajo los principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y transparencia, apoyar a las entidades federativas de la República Mexicana, así como a las dependencias y entidades de la administración pública federal, en la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural, de conformidad con los parámetros y condiciones previstos en sus reglas de operación.

Estas reglas de operación se encuentran previstas en los diversos acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación y son de cumplimiento obligatorio para poder acceder a los recursos que contiene el Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales.

A esta fecha se ha emitido la declaratoria de zona de desastre para siete municipios del sur de Sonora debido a los daños de la depresión tropical Jimena. Estos municipios son Guaymas, Empalme, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y San Ignacio Río Muerto, quedando la posibilidad de incluir a dos comunidades del municipio de Hermosillo, El Choyudo y Tastiota, que fueron parcialmente dañadas.

Sin embargo, infortunadamente tenemos que decir que la experiencia de nuestro estado para bajar recursos del fondo mencionado no ha sido del todo positivo, a pesar de la declaratoria de zona de desastre; año con año, y no sólo en nuestro estado, nos enteramos de que las reglas de operación impiden que los recursos del Fonden lleguen extemporáneamente para atender la problemática generada por fenómenos naturales. Los huracanes y tormentas tropicales Juliette, Henriette y otras más, nos recuerdan la necesidad de agilizar los procesos para que los recursos puedan aplicarse inmediatamente para evitar que se agraven las condiciones después del paso de fenómenos naturales.

Conscientes de la obligación de las autoridades por cumplir y hacer cumplir la ley en todos sus sentidos, aún y tratándose de desastres naturales que ponen en riesgo la integridad de la población, por un principio de orden y legalidad, estimamos necesario que se activen de inmediato las medidas que permitan a los municipios de Guaymas y Empalme, Sonora, así como los de Baja California Sur, recibir los recursos que agilicen la atención en materia de salud, alimentos, vivienda e infraestructura, así como la reincorporación a la vida productiva de sus habitantes.

En ese sentido, aclaramos que el llamado de quienes suscribimos la presente proposición está encaminado a exhortar a las autoridades que por disposición de la ley están involucradas en el proceso de las reglas de operación del fondo antes señalado para que, a la brevedad que el caso amerita, implementen, en el ámbito de sus facultades, las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento con los requisitos previstos para poder liberar los recursos económicos que se requieren para que los habitantes de Sonora puedan contar con las herramientas mínimas necesarias para recuperar, hasta donde sea posible, las condiciones de vida vigentes hasta antes del fenómeno hidrometeorológico.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por nuestra Ley Orgánica y Reglamento Interior, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las dependencias y entidades de la administración pública federal para el efecto de que, a la brevedad que el caso amerita, emitan la opinión sectorial que les corresponde, respecto de los apoyos que estiman pertinente que se deben destinar para atender el desastre generado por el fenómeno hidrometereológico Jimena, en los municipios de Guaymas, Empalme, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y San Ignacio Río Muerto, pertenecientes a Sonora, así como en los de Comondú, Loreto y Mulegé de Baja California Sur.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y a los secretarios de Salud; de Comunicaciones y Transportes; de Turismo; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Desarrollo Social para que, a la brevedad posible, se aboquen a atender las necesidades extraordinarias que el fenómeno hidrometereológico Jimena ha provocado en los municipios de Guaymas, Empalme, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y San Ignacio Río Muerto, Sonora, así como en los de Comondú, Loreto y Mulegé de Baja California Sur, conforme a las materias que legalmente les corresponde conocer y con independencia de las acciones que habrán de realizarse conforme a las disposiciones de la Ley General de Protección Civil.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda instruir a la comisión para que dé seguimiento y verifique la correcta aplicación y manejo de los recursos, transferencias o subsidios del Fonden o de cualquier otra dependencia del gobierno federal, pudiendo requerir información detallada a las secretarías, dependencias y fideicomisos del gobierno federal, estatal o municipal que reciban tales recursos, sobre el ingreso y, en su caso, ejecución de los mismos, con motivo del fenómeno hidrometereológico citado en los puntos anteriores.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, a la brevedad posible, desahogue el procedimiento de declaratoria de desastre a que se refiere el artículo 32 de la Ley General de Protección Civil, con el objetivo de que pueda agilizarse la aplicación de recursos extraordinarios del Fondo Nacional de Desastres en los municipios de Guaymas y Empalme, Sonora, así como en los de Comondú, Loreto y Mulegé de Baja California Sur.

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y considerando la necesidad de que se atiendan inmediatamente las necesidades de la población afectada que no admite demora alguna en este Poder Legislativo, solicitamos que el presente asunto se declare con el carácter de urgente resolución, para lo cual solicitamos, respetuosamente, la solidaridad y el voto aprobatorio de nuestros compañeros diputados.

Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2009.

Diputados: José Luis Marcos León Perea, Miguel Ernesto Pompa Corella, Ernesto de Lucas Hopkins, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, Onésimo Mariscales Delgadillo.
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE PROPONE CREAR EL PROGRAMA URGENTE DE CANASTA BÁSICA ESCOLAR, COMO PARTE DE LAS MEDIDAS PARA ATEMPERAR LA CRISIS ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS MEXICANAS, SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL Y OBDULIA MAGDALENA TORRES ABARCA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita diputada, Mary Telma Guajardo Villarreal, a nombre propio y de la diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, para solicitar la creación del programa emergente canasta básica escolar como parte de las medidas para atemperar la crisis económica de las familias mexicana al tenor de las siguientes

Consideraciones

La educación pública no debe ser nunca disminuida en forma cualitativa o cuantitativa, pues no sólo constituye un mandato constitucional, sino que además su disminución sería un atentado ético contra el pueblo de México, en razón de que es el más eficiente instrumento del Estado para salvaguardar su identidad política y defender sus valores nacionales.

Todos los países que han logrado salir del subdesarrollo económico, político y social tienen como común denominador el hecho de haber explicado el máximo esfuerzo y sacrificio para dotar a la educación pública de los máximos recursos disponibles. Como resultado, existe la conciencia de que dicha inversión fue el detonante de su desarrollo.

Es un hecho que la crisis económica ha provocado que las familias mexicanas enfrenten mayores dificultades para sufragar los gastos educativos de sus hijos. Un estudio elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México reveló que en el reciente regreso a clases el gasto promedio de las familias mexicanas en útiles escolares ascendió a 4.2 salarios mínimos, es decir, alrededor de 6 mil pesos. Este gasto fue únicamente en útiles escolares, sin considerar uniformes escolares, vestimenta para deportes o bata para laboratorio, calzado, libros de texto, equipo de cómputo y otros insumos educativos.

El estudio de la máxima casa de estudios, dado a conocer el pasado 6 de agosto en la primera Feria de Útiles Escolares UNAM 2009, también reveló que la mayoría de las familias han tenido que recurrir a sus ahorros, préstamos y el empeño de bienes para poder sufragar el gasto de los útiles escolares. Hasta un estudio del Banco Mundial señala que la falta de recursos para la compra de materiales escolares genera el abandono de estudios en 77 de 79 países, entre ellos México.

En relación con nuestro país, esta afirmación del Banco Mundial lo corrobora el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, donde también se admite que las condiciones de pobreza originan que numerosas familias no lleven a sus hijos a las escuelas o quienes ya han ingresado tengan que desertar por las dificultades económicas para mantenerlos en las instituciones educativas.

Sin embargo, no basta que la población en edad escolar acceda a la educación sino también que permanezca en los circuitos educativos, para lo cual se requiere de una política integral que garantice el eficaz desarrollo de los educandos.

Es así, por ejemplo, que existe un vínculo entre educación y nutrición y se sabe que los niños desnutridos tienen un rendimiento escolar menor. Al respecto, el Instituto Nacional de Nutrición ha documentado que alrededor de 20 por ciento de los niños en edad escolar tienen anemia, lo cual impacta negativamente en su desempeño y aprovechamiento educativo.

Pero no hay que culpar a la pobreza sino a las políticas públicas para atenderla, por ello es que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática propone crear el programa emergente canasta básica escolar consistente en la dotación de desayuno, útiles, uniformes escolares y bono de gratuidad en el transporte público y, en el caso de los estudiantes de secundaria, además de lo anterior, dotación de libros de texto gratuito.

Conscientes de que cualquier política pública requiere de recursos y en particular el programa que estamos planteando, proponemos que se utilicen los recursos ociosos, es decir, no ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), pues de acuerdo con el anexo XVII, "Formato único sobre aplicaciones de recursos federales del informe trimestral", las entidades federativas reportaron que no ejercieron recursos por 3 mil 588.3 millones de pesos, es decir, 86.5 por ciento del presupuesto aprobado. Incluso, Baja California Sur, Coahuila, Jalisco, México, Nayarit y Oaxaca no ejercieron un solo peso de los recursos ministrados.

Pero más aún, concluye el citado centro de investigación, "no hay una explicación de las causas que impidieron la aplicación de los recursos en tiempo y forma en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, correspondiente al segundo trimestre de 2009".

En el caso de la Secretaría de Educación Pública, en el ramo 11, el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del segundo trimestre de 2009, esa dependencia es una de las que mayores subejercicios registra por un monto de más de 97 millones de pesos.

La no ejecución de los recursos públicos que esta Cámara de Diputados aprobó es inadmisible y reprobable en cualquier momento, pero más aún en la situación actual de crisis económica. Por ello, solicitamos que los recursos no ejercidos del FASP y de la Secretaría de Educación Pública sean reasignados para la creación del programa emergente canasta básica escolar.

Esta solicitud se fundamenta en la siguiente normatividad:

1. Artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que dispone textualmente: "Los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten, deberán subsanarse en un plazo máximo de 90 días naturales. En caso contrario dichos recursos se reasignarán a los programas sociales y de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos. La Secretaría estará obligada a reportar al respecto oportunamente a la Cámara, así como hacerle llegar la información necesaria".

2. Artículo 9, fracción VII, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Coordinación Fiscal.

 Pero también fundamentamos la solicitud de reasignación bajo la premisa que la delincuencia organizada o el peligro de que nuestros jóvenes estudiantes sean presa del narcotráfico se combaten con educación y con otorgarles las condiciones mínimas indispensables para ello.

Por lo anteriormente fundado y motivado, propongo a esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. El pleno de la Cámara de Diputados acuerda como parte de las medidas para atemperar la crisis económica de las familias mexicanas crear el programa emergente canasta básica escolar, consistente en desayuno, útiles, uniforme escolares (incluida vestimenta deportiva, de laboratorio y otras actividades educativas) y bono de gratuidad en el transporte público para los escolares de educación básica, media superior y superior y, en el caso de los estudiantes de secundaria, además de lo anterior, dotación de libros de texto gratuito.

Segundo. Para el pleno cumplimiento de lo anterior, esta honorable soberanía exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública para que los recursos asignados al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) del ramo 33, que no han sido ejercidos conforme a lo dispuesto en el artículo 9, fracción VII, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Coordinación Fiscal, sean reasignados en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Tercero. La población objetivo a incluir en el programa será aquella que no sea beneficiaria de otro programa social educativo y se determinará, en primer lugar, por escolares que se encuentren en situación de muy alta y alta marginación; en segundo, por los de situación de media marginación y, en tercer lugar, los de situación baja y baja marginación.

Cuarto. La Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social elaborarán y proporcionarán a las entidades federativas los instrumentos metodológicos para reunir y procesar la información necesaria para la selección de la población objetivo del programa emergente canasta básica escolar, que se otorgará en el presente ciclo escolar 2009-2010.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los ocho días del mes de septiembre del año dos mil nueve.

Diputadas: Mary Telma Guajardo Villarreal, Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbricas).
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, A CARGO DEL DIPUTADO EDUARDO MENDOZA ARELLANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con las siguientes

Consideraciones

El cambio climático es identificado por los científicos como el principal problema ambiental del siglo XXI. Es, sin duda, un éxito para la ciencia el haber creado conciencia sobre las consecuencias de las cada vez mayores concentraciones de gases de efecto invernadero.

Los países del planeta así lo han reconocido. El 4 de junio de 1992, durante la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, se abrió, para la firma, la Convención sobre el Cambio Climático; 155 países la suscribieron y entró en vigor el 21 de marzo de 1994, cuando fue ratificada por 50 naciones; actualmente, más de 189 la han ratificado, entre ellas México.

La convención define en su artículo 1 lo siguiente:

"Por ‘cambio climático’ se entiende una modificación de clima atribuida directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables." En el artículo 2 de la convención es señalado con claridad el objetivo: "El objetivo último de la presente convención y de todo instrumento jurídico conexo que adopte la conferencia de las partes, es lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la convención, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible." Estabilizar los gases de efecto invernadero (GEI) implica cambios en las actuales formas de crecimiento económico; compromisos para todas las partes, que son señalados en el artículo 4 de la convención. En forma general destacan los siguientes: – Presentar Inventarios de Emisiones de GEI por fuente y su absorción por sumideros y actualizarlos periódicamente.

– Desarrollar programas nacionales o regionales para mitigar el cambio climático y adaptarse a los potenciales efectos.

– Fortalecer la investigación científica y tecnológica, la observación del sistema climático y fomentar el desarrollo de tecnologías, prácticas y procesos para controlar, reducir y prevenir las emisiones antropogénicas de los GEI.

– Promover programas de educación y sensibilización pública acerca del cambio climático y sus efectos.

 En 1995, en la primera conferencia de las partes (COP-1) en Berlín, conforme al citado artículo 4 de la convención, que plantea que en su primer periodo de sesiones evaluaría si los compromisos eran adecuados o no.

La COP-1 reconoció que eran insuficientes para estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y acordó poner en marcha el proceso de negociación de un protocolo que precisaría los compromisos cuantitativos ya adquiridos.

En 1997, en la tercera conferencia de las partes, en Kyoto, fue adoptado el protocolo. En el hoy llamado Protocolo de Kyoto se señala que para que éste entre en vigor se requiere que 55 países lo ratifiquen; y que entre las partes que lo ratifiquen haya suficientes países del anexo 1 de la convención que contribuyan con al menos el 55 por ciento de las emisiones registradas en 1990.

En el anexo I de la convención se encuentran los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hasta 1992, y los países de Europa central y del este con economías en transición a una economía de mercado. Estos son los únicos países que asumen compromisos cuantitativos en el marco de la convención.

Estos compromisos consisten en estabilizar sus emisiones y reducirlas hasta el nivel en que se encontraban en 1990. De acuerdo con el texto original de la convención, esta meta debía haberse alcanzado en el año 2000.

Con la ratificación en el 2004 por parte de la Federación Rusa, los países del anexo I que han ratificado el protocolo alcanzan el 61.6 por de las emisiones de 1990, con lo que se cumplió la condición que faltaba para su entrada en vigor, que fue el 16 de febrero de 2005.

El Protocolo de Kyoto no establece compromisos de reducción para los países en desarrollo. Esto conforme al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.

Lo que hace el protocolo además de compartir los objetivos de la Convención sobre el Cambio Climático es comprometer a las partes del anexo I a cumplir, en lo individual, metas legalmente vinculantes para limitar o reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Esas metas representan una reducción en sus emisiones de gases de efecto invernadero de por lo menos 5 por ciento respecto de los niveles de 1990, a cumplirse durante el periodo 2008 a 2012.

La comunidad científica estudia permanentemente el fenómeno del cambio climático. El 2 de febrero del 2007 se presentó en París, Francia, la contribución del Grupo I al cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

El resumen para responsables de políticas de este grupo I del IPCC es de especial relevancia.

A través del mencionado informe, se sabe el estado del conocimiento científico de las causas dominantes del cambio climático, el cambio climático observado y un rango de cálculos del cambio climático futuro derivados de estos trabajos.

Entre los datos más relevantes del informe del IPCC se pueden mencionar los siguientes:

En el informe se dice que es muy probable que la actividad humana haya logrado la mayor concentración de gases de efecto invernadero –en especial dióxido de carbono– en la atmósfera en 650 mil años.

El calentamiento del sistema climático es inequívoco, tal y como evidencian ahora las observaciones de los incrementos en las temperaturas medias del aire y los océanos, el derretimiento generalizado de hielo y nieve y el incremento medio global del nivel del mar.

Once de los últimos doce años (1995-2006) han sido de los doce años más calurosos en los registros de temperaturas de superficie instrumentalizados (desde 1850). La tendencia lineal actualizada para los últimos 100 años (1906-2005) es de calentamiento de 0.74 grados centígrados (oC), y la mayor parte de este incremento ha tenido lugar durante los últimos 50 años (0.13 ºC por década).

Los científicos del IPCC señalan, que la mayor parte del incremento observado desde la mitad del siglo XX en las temperaturas medias se debe, muy probablemente, a los aumentos observados en los gases de efecto invernadero antropogénico –principalmente uso de combustibles fósiles.

Se han observado sequías más largas y más intensas en áreas más amplias desde los años setenta, particularmente en los trópicos y subtrópicos. El aumento del desecamiento, vinculado a unas temperaturas más altas y a la disminución de las precipitaciones, ha contribuido a cambios en las sequías. Los cambios en las temperaturas de la superficie del mar, los patrones de viento, y la disminución de glaciares y de la capa de nieve se han vinculado también a las sequías.

La frecuencia de episodios de precipitaciones fuertes se ha incrementado en la mayoría de las áreas, en concordancia con el calentamiento y el incremento del vapor de agua observado en la atmósfera.

Se han observado grandes cambios en temperaturas extremas durante los últimos 50 años. Los días y las noches fríos y las heladas han empezado a ser cada vez menos, mientras las noches y los días calurosos y las olas cálidas se han hecho más frecuentes.

Las observaciones muestran la evidencia de un incremento en la actividad de ciclones intensos en el Atlántico Norte desde aproximadamente 1970, correlacionando con el calentamiento observado de la temperatura de la superficie del mar en los trópicos. Hay evidencias de un incremento en la intensidad de la actividad de los ciclones tropicales en otras regiones, donde la preocupación sobre la calidad de los datos es mayor.

Para las próximas dos décadas, las proyecciones apuntan a un calentamiento de unos 0.2 ºC por década para un rango de emisiones. Si las concentraciones se estabilizan en los niveles del 2000, podría esperarse un calentamiento de 0.1 ºC por década.

Los expertos del IPCC han presentado seis escenarios de temperatura. En el mejor de los casos calculan para el 2100 un calentamiento de 1.1 hasta 2.9 ºC. En el peor de los escenarios la temperatura puede subir de 2.4 hasta 6.4 ºC. En el mismo espacio de tiempo puede incrementarse el nivel del mar hasta 59 centímetros.

Es muy probable que los episodios de calor extremo, olas de calor y precipitaciones fuertes tiendan a ser cada vez más frecuentes.

De acuerdo con un rango de modelos, es probable que los ciclones tropicales (tifones y huracanes) tiendan a ser más intensos, con mayores picos en velocidades del viento y precipitaciones más fuertes, asociadas con los incrementos que están teniendo lugar en la temperatura superficial de los mares tropicales. Hay poca confianza en las proyecciones de un decrecimiento global en el número de ciclones tropicales. El incremento aparente en la proporción de las tormentas intensas desde 1970 en algunas regiones es mucho mayor que la simulada por los modelos actuales para ese periodo.

En la última semana de mayo del 2007, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático del gobierno federal, que está integrada por nueve secretarías de Estado, presentó la Estrategia nacional de cambio climático, como una respuesta del "Poder Ejecutivo federal en relación con la mitigación del cambio climático y la adaptación a los efectos adversos de éste."1

La estrategia es sin duda alguna un documento básico, en donde se tiene entre otros aspectos un diagnóstico sobre los impactos del cambio climático en su nivel global, como de país. Identifica y enumera diversas líneas de acción y oportunidades para la mitigación y adaptación en distintos temas relacionados con el cambio climático. Sin embargo, carece de metas concretas y calendarios específicos, de los recursos presupuestales para implementar todas estas acciones y oportunidades, así como del grado de responsabilidad de las distintas instituciones involucradas, que seguramente tienen que vincularse a acciones de reformas al actual marco legal del país. Por ello, se espera que con la presentación, este año, del Programa Especial de Cambio Climático 2008-2012 se atiendan por los menos algunos de estos aspectos para los próximos 3 años.

La estrategia señala que México durante el año 2000 contribuyó con alrededor de 1.5 por ciento de las emisiones anuales globales de gases de efecto invernadero, situándose en la posición número 13 entre los 25 principales emisores del mundo.2

Continúa la cita de la estrategia:

"La contribución histórica de México durante el periodo 1950-2000, lo coloca en la posición número 15 por emisiones derivadas de la quema de combustibles fósiles y de procesos industriales, y en la número 16 por deforestación. Durante este periodo un tercio de las emisiones mexicanas provinieron de la destrucción de bosques y selvas.

"La posición de nuestro país cambia significativamente si se consideran las emisiones per cápita, México ocupó en el año 2000 el lugar 93, con 6.40 toneladas de CO2e emitidas por habitante, situándose un poco por debajo del promedio mundial, que fue de 6.55.

"En la más reciente actualización del Inventario Nacional de Emisiones se estima un total nacional de 643.2 millones de toneladas de CO2e para el año 2002, lo que representó emisiones per cápita de 6.44 toneladas de CO2e."3

 Además de que México contribuye de manera importante con carbono al cambio climático, las consecuencias para el país son preocupantes. En general, el incremento de temperatura va afectar de manera negativa los múltiples servicios que nos proporcionan los ecosistemas, la producción de alimentos, la salud, la infraestructura y la seguridad de los asentamientos humanos.

En el caso específico de cómo afectará el cambio climático a México, existen trabajos de gran importancia; por ejemplo, en 2006, se presento el informe México, tercera comunicación nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Dicho informe es producto del trabajo de la Comisión Intersecretarial sobre Cambio Climático. En él se presenta el avance de las medidas para estudiar, mitigar y adaptarse al fenómeno global del cambio climático. En el informe se llegó a las siguientes conclusiones, que a continuación se citan textualmente:

Es muy probable que el clima de México sea más cálido para el 2020, 2050 y 2080, principalmente en el norte del país;

Se proyectan disminuciones en la lluvia, así como cambios en su distribución temporal, con respecto al escenario base de 1961-1990. Por ejemplo, se esperan reducciones de hasta 15 por ciento en regiones del centro y de menos de 5 por ciento en la vertiente del Golfo de México, principalmente entre enero y mayo;

El ciclo hidrológico se volverá más intenso, por lo que aumentará el número de tormentas severas y la intensidad de los periodos de sequía;

Los componentes del ciclo hidrológico indican que en México cerca del 75 por ciento de la precipitación se evapotranspira y 5 por ciento recarga los acuíferos. El balance hídrico sugiere que el aumento en temperatura hará que la evapotranspiración se incremente y que la humedad en el suelo disminuya. Las evaluaciones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático indican que México puede experimentar una disminución significativa en el escurrimiento, del orden del 10 al 20 por ciento nacional, y mayor al 40 por ciento en los humedales costeros del Golfo de México;

En el caso de los fenómenos extremos como los frentes fríos (nortes), es posible que éstos se vuelvan menos frecuentes. Es incierto en qué medida dicha disminución podría afectar las precipitaciones, pero de acuerdo con ciertos escenarios, éstas tenderán a disminuir principalmente en la vertiente del Golfo de México; y

La temperatura de la superficie del mar en el Caribe, Golfo de México podría aumentar entre 1 y 2 ºC. Con base en consideraciones físicas, incrementos en la temperatura del mar aumentan la eficiencia de los ciclones tropicales, favoreciendo las probabilidades de que éstos alcancen categoría mayores en la escala Saffir-Simpson.

 El fenómeno amenaza además, por ejemplo, con propagar enfermedades transmitidas por vector, como el paludismo y el dengue, por el incremento de temperatura en áreas donde antes no se presentaban dichas enfermedades.

En la página electrónica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno Federal se encuentra el documento de síntesis del estudio La economía del cambio climático en México".4

Este estudio calcula que será de entre 3.5 y 4.2 por ciento del producto interno bruto (PIB) el costo anual previsible del cambio climático para nuestro país en función de la pérdida de producción agropecuaria, menor disponibilidad de agua, deforestación, efectos en la salud y pérdida de biodiversidad, mientras el cumplimiento de la meta indicada representaría un costo de 0.56 por ciento del PIB.

El estudio llega fundamentalmente a 5 conclusiones, que se citan textualmente:

1) El cambio climático tiene y tendrá impactos significativos, crecientes y no lineales en el tiempo en la economía mexicana…

En general, se observa que los costos económicos de los impactos climáticos al 2100 son al menos tres veces superiores que los costos de mitigación de 50 por ciento de nuestras emisiones. Por ejemplo, en uno de los escenarios considerados, con tasa de descuento del 4 por ciento anual, se observa que los impactos climáticos alcanzan, en promedio, el 6.22 por ciento del PIB actual mientras que los costos de mitigación de 50 por ciento de las emisiones representan el 0.70 por ciento y 2.21 por ciento del PIB, a 10 y 30 dólares la tonelada de carbono respectivamente.

2) El conjunto de resultados muestra que los costos de la inacción son más elevados que la participación en un acuerdo internacional equitativo, que reconozca las responsabilidades compartidas pero diferenciadas de los países, y que es indispensable una acción inmediata y decidida para abatir los peores impactos del cambio climático.

3) La construcción de una estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático en México debe reconocer la necesidad de utilizar diversos instrumentos en forma continua con una visión de largo plazo.

4) La economía mexicana, en los próximos años, tendrá que transitar a una trayectoria de crecimiento de baja intensidad de carbono como el resto de las economías del mundo, al mismo tiempo que realiza un proceso de adaptación que minimice los impactos del cambio climático.

5) La solución al cambio climático implica corregir las condiciones que ocasionan esta gran externalidad negativa, lo que requiere la consolidación de un mercado internacional de carbono ya sea a través de la imposición directa de impuestos al carbono, del uso de un sistema de permisos comercializables o directamente del establecimiento de regulaciones con este propósito, o incluso de un sistema híbrido que combine algunos de estos instrumentos (páginas 6 a 8).

 Un párrafo del estudio señala algo esencial: "la decisión estratégica fundamental consiste entonces no en reconocer la necesidad de enfrentar aquello que ya es inevitable sino descubrir la mejor forma de hacerlo" (página 9).

Al respecto, el estudio plantea algunas políticas específicas para cumplir la meta de reducir de manera voluntaria las emisiones de gases de efecto invernadero en un 50 por ciento hacia el 2050 tomando como base el año 2000.

Finalizamos con la siguiente reflexión: para afrontar un fenómeno como el cambio climático es necesario que nosotros, como legisladores, empecemos a identificar estrategias, políticas e instrumentos en el ámbito de nuestras atribuciones, que permitan desarrollar medidas efectivas de acción sobre el cambio climático. Necesitamos avanzar en la búsqueda de soluciones, tanto desde el punto de vista de la mitigación como desde el ámbito de la adaptación a las causas y efectos del cambio climático.

Por lo expuesto, sometemos a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero: Se solicita de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados que constituya la comisión especial sobre el cambio climático, que promoverá en el ámbito legislativo las medidas y acciones necesarias para estudiar, mitigar y adaptarse al fenómeno global del cambio climático en el país.

Segundo. La comisión especial contará con los recursos y personal necesario para su operación, y su duración será hasta el término de la actual legislatura o cuando se hay cumplido su objeto. Para estos efectos deberá presentar de manera periódica un informe de actividades ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso General.

Tercero. La comisión especial estará integrada en forma plural, reflejando la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de esta legislatura, y estarán representados los diferentes grupos parlamentarios que la integran. Contará con una mesa directiva que se formará por un presidente y dos secretarios.

Notas
1. CICC, 2007. Estrategia nacional de cambio climático. Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México, página 15.
2. CICC, Op. Cit., página 34.
3. Ídem.
4. http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/Publicacion/Sintesis2009cambioclimatico.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2009.

Diputado Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica)