Julio Castellanos Ramírez, diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71, en relación con el segundo párrafo del artículo 6o., ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman la fracción VII del numeral 2 del artículo 49 y el artículo 51 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, con la finalidad de establecer obligaciones específicas en matera de transparencia de los grupos parlamentarios, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La democracia que México ha logrado sólo puede preservarse con la vigencia de instrumentos que fortalezcan las instituciones democráticas a través de la permanente rendición de cuentas.
La opacidad en el manejo de los asuntos públicos lleva a los gobernantes al desorden, al uso ineficiente de los recursos que la sociedad le ha confiado, distorsiona la economía al provocar el desvío de los recursos a través de la asignación indebida de contratos, reproduce las desigualdades sociales, al impedir que el Estado cumpla su papel como impulsor de la justa retribución de los bienes del progreso y del crecimiento.
El Poder Legislativo federal ha impulsado en forma vigorosa reformas constitucionales y legales en materia de acceso a la información y transparencia que requiere nuestro país; sin embargo, en algunos casos ha sido renuente a la publicidad de la información respecto de sí mismo.
Como integrantes del Congreso, parte de nuestras obligaciones es enterar integralmente al gobernado, por lo que debemos poner su disposición un conjunto de información que le permita tener un conocimiento directo de las funciones, acciones, resultados, estructura y recursos asignados a los órganos del Poder Legislativo y, en este caso, principalmente a los grupos parlamentarios.
Sin duda, la transparencia de la actividad pública es una garantía de seguridad y certeza jurídica en cualquier democracia; en otras palabras, el esmerado conocimiento de la función pública, y la posibilidad de conocer a detalle la forma en que trabajan, administran, conducen, planean y ejecutan sus tareas y atribuciones, asegurando un principio de confianza en las instituciones públicas, ya que permite un acercamiento ciudadano que genera un vínculo de seguridad; o bien, permite conocer errores o desaciertos en las actividades gubernamentales que se hace necesario corregir.
Estamos ciertos de que el acercamiento con la ciudadanía no sólo se da a través de instrumentos mediáticos, sino por medio de mecanismos de activa participación ciudadana, y por el ámbito gubernamental informando en forma veraz y oportuna.
Abundando, el acceso a la información se distingue de otros derechos intangibles por su doble carácter: como un derecho en sí mismo y como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. En efecto, además de un valor propio, la información tiene uno instrumental que sirve como presupuesto del ejercicio de otros derechos y como base para que los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos.
En consecuencia de lo anterior, el acceso a la información como garantía individual tiene por objeto maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones; incluso, algunos instrumentos internacionales lo asocian a la libertad de pensamiento y expresión, a las cuales describen como el derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.
Asimismo, el acceso a la información como derecho colectivo o garantía social cobra un marcado carácter público en tanto que funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal sino como mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración.
Por tanto, este derecho resulta ser una consecuencia directa del principio administrativo de transparencia de la información pública gubernamental y, a la vez, se vincula con el derecho de participación de los ciudadanos en la vida pública, protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Debemos mencionar que el tránsito de la sociedad mexicana en los últimos denota una madurez social más activa y exigente en el ámbito público, reclamando con justicia el derecho a ser informada de la res pública.
Tal interés social permite solicitar información a cualquier ente público, sobre su actuación y desempeño, y fin de confrontarlo con los mandatos legales que deben inexorablemente cumplir.
El derecho a ser informado abre un cauce de interacción entre la sociedad y el Estado, que propicia unidad y cohesión social, que facilita que se deje de ver como dos ámbitos opuestos, para concebirse interrelacionados, en el ámbito de lo público, mediante la participación activa de los ciudadanos en los asuntos de interés general y en la toma de decisiones democráticas.
Por ello, el Partido Acción Nacional respalda firmemente este proyecto de iniciativa para establecer un marco jurídico eficaz que permita afinar los principios de transparencia y acceso a la información pública de las actividades del Congreso de la Unión, que representa la concentración del principio democrático mediante el sistema de representación popular y, por ende, de los legisladores que lo integran, como servidores públicos, abonando al fin de garantizar la nitidez y claridad en las actividades de éstos y de los grupos parlamentarios a que se adscriben.
Se insiste en que la transparencia de la actividad pública es una garantía de seguridad y certeza jurídica en cualquier democracia, y la nuestra no se escapa a tal principio supremo, ya que con la reforma del artículo 6o. constitucional se elevó el derecho de acceso a la información a rango de garantía individual, estableciendo con ello un vínculo entre gobierno y ciudadanos, lo que en otras palabras ha abierto la posibilidad de que los particulares conozcan a detalle la forma en que trabajan, administran, conducen, planean y ejecutan sus tareas y atribuciones los Poderes de la Unión, permitiendo asegurar con ello un principio de confianza en las instituciones públicas, así como un acercamiento ciudadano que les genera seguridad y certeza en el funcionamiento de las instituciones.
El cambio de legislatura en la Cámara de Diputados, ha generado en los ciudadanos una mirada de inconformidades y observaciones sobre claroscuros, o tal vez opacidad absoluta en el Congreso de la Unión, ya que consideran que hay ausencia de transparencia en el uso y destino de su presupuesto, así como en el trabajo político legislativo que realiza.
Ante tal inquietud y descontento social, surge el deber ineludible de establecer la forma de corregir o aclarar tal situación, toda vez que la transparencia es el primer paso fundamental para poder evaluar cualquier actividad o tarea pública, y que mejor manera que empezando por los grupos parlamentarios.
Un grupo parlamentario se define como la forma en que se agrupan los diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas, ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores; en otras palabras, "la forma de organización que podrán adoptar los diputados con igual afiliación de partido". Lo anterior tiene fundamento en los artículos 70 constitucional, y 26 y 71 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Es insostenible refutar que la atinada integración y disposición de los legisladores en un grupo parlamentario determina la creación de un sólido equipo de trabajo político-legislativo que permite distinguir la corriente política que se representa, así como el cumplimiento de las ofertas contenidas en la plataforma política y la consecución de la agenda legislativa que se pretende para los trabajos de la legislatura en curso.
En razón de ello, tanto legisladores como grupos parlamentarios deben contar con los recursos económicos necesarios y suficientes para su importante labor legislativa, y por lógica ciudadana no deben estar ajenos a las cuestiones de transparencia, eficiencia, eficacia y honradez.
De igual o mayor densidad argumentativa es la consideración de una grave crisis económica que ha minado y socavado a la población en general, donde por ningún motivo y de ninguna manera se pueden permitir abusos o desperdicios en el manejo de los recursos públicos, cuando tenemos hambre, falta de accesos a servicios públicos elementales y una grave situación de inseguridad pública.
Ante tales circunstancias, se debe reafirmar el papel de las instituciones, y esta legislatura que comienza en la Cámara de Diputados se encuentra en la posición coyuntural de marcar una diferencia, dejando en la historia la opacidad, el sigilo y el secreto en la toma de decisiones y en el manejo de los recursos públicos.
La conocida expresión popular de que el buen juez por su casa empieza toma más sentido que nunca, de ahí que la presente propuesta legislativa tiene por objeto tener un congreso, legisladores y grupos parlamentarios más abiertos a la sociedad y al escrutinio público.
Plétora de argumentos y razones hay en favor de la transparencia, pero la voz ciudadana reclama claridad en los recursos entregados a las Cámaras, a los legisladores y a los grupos parlamentarios, por lo que es irrenunciable para Acción Nacional abordar con prontitud y esmero el justo reclamo social que esta sobre la mesa de discusión política, traducido en la presentación de este proyecto legislativo que permita a los ciudadanos ejercer su derecho a la transparencia y al acceso a la información respecto a las funciones que ejercen los integrantes del Poder Legislativo.
A fin de obtener la tan anhelada certeza y confianza de que los recursos públicos están siendo destinados a los fines a que se son dirigidos según los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, de conformidad con lo que ordena sin distingo el artículo 134 constitucional.
Por lo expuesto, se propone el presente proyecto de
Decreto por el que se reforman la fracción VII del numeral 2 del artículo 49 y el artículo 51 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados
Artículo Único. Se reforman la fracción VII del numeral 2 del artículo 49 y el artículo 51 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados.
Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados
Artículo 49.
1. Los órganos administrativos encargados de publicar la información a que se refiere el artículo cuarenta y seis son
VII. Los viajes oficiales que realicen los diputados, demás servidores públicos, los informes correspondientes y los viáticos otorgados; y
VIII. …
1. Los coordinadores de los grupos parlamentarios están obligados a publicar en Internet y a actualizar en forma periódica la siguiente información respecto del grupo parlamentario y los legisladores que lo integran:
II. Directorio de los órganos directivos;
III. Remuneraciones y prestaciones de cualquier tipo, otorgada a los legisladores del grupo parlamentario,
IV. Relación del personal que bajo cualquier régimen jurídico trabaje para el grupo parlamentario;
V. Presupuesto asignado e informe sobre su destino;
VI. Lista de los contratos o convenios en materia de adquisiciones, prestación de servicios y obras celebrados que relacione el número de contrato o convenio, su fecha de celebración y modificación, en su caso, el nombre o razón social del contratista y, si lo hubiere, el monto total de la contratación;
VII. Lista de los contratos y montos de arrendamiento de las oficinas de atención ciudadana o equivalentes instaladas por los legisladores del grupo parlamentario;
VIII. Lista y monto de los contratos de prestación de servicios del personal que labore para los legisladores en lo particular, pagados con recursos otorgados por la Cámara de Diputados;
IX. Relación y condiciones de los vehículos asignados y, en su caso, adquiridos;
X. Relación de bienes inmuebles asignados y condiciones de los mismos,
XI. Marco normativo aplicable a sus funciones;
XII. Reuniones que lleven con cualquier persona física o moral referente a algún proyecto legislativo; y
XIII. Cualquier otra información útil o relevante.
Primero. Las presentes reformas entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los grupos parlamentarios deberán cumplir las obligaciones de transparencia previstas en el artículo 51 de este reglamento a más tardar 30 días después de la entrada en vigor de esta reforma.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2009.
Diputado Julio Castellano Ramírez
QUE EXPIDE LA LEY DEL FONDO PARA
ATENDER LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ALEJANDRO
ENCINAS RODRÍGUEZ, JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA, ARMANDO RÍOS
PITER, VIDAL LLERENAS MORALES Y RAMÓN JIMÉNEZ LÓPEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Fondo para atender la Emergencia Económica al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Las cifras dadas a conocer el pasado 20 de agosto por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) son extraordinariamente preocupantes: la economía mexicana tuvo una caída de 10.3 en términos anuales durante el segundo trimestre, lo que dio lugar a una disminución del producto interno bruto (PIB) para el primer semestre de 9.2 por ciento. Este es sin duda uno de los peores semestres en cuanto a desempeño económico en la historia del país y desgraciadamente augura uno de los peores años para nuestra economía.
Estos números se han reflejado en un aumento de la tasa de desempleo de 3.24 por ciento en mayo del año pasado a 5.17 en junio de este año; es decir, un incremento de 60 por ciento en este indicador. Estos datos implican que más de 850 mil mexicanos perdieron sus empleos en poco más de un año y que, si contamos a sus familias, cerca de 4.3 millones de mexicanos han sido afectados directamente. Esta situación es todavía más preocupante si observamos el dato de la tasa de ocupación parcial y desocupación que de acuerdo con el Inegi llegó a 11.51 por ciento al segundo trimestre de este año, es decir, más de 5 millones de mexicanos o no tienen trabajo o trabajan menos de 15 horas a la semana.
Resulta inaceptable que en la actual coyuntura, el gobierno federal, en lugar de promover políticas que impulsen la actividad productiva y el desarrollo de las redes de protección social, haya optado por realizar un recorte de 85 mil millones de pesos al Presupuesto de Egresos de la Federación. Esto sitúa a las políticas del gobierno federal a contrapelo de las que se están aplicando en el resto del mundo, baste aquí recordar que el Congreso de Estados Unidos de América aprobó un programa de estímulo fiscal de mas de 700 mil millones de dólares y que el propio Fondo Monetario Internacional, una institución que se ha distinguido por mantener posiciones en donde se enfatiza la prudencia fiscal, recomendó a los países realizar un estímulo fiscal de alrededor de dos por ciento del PIB.
Es cierto, la crisis actual tiene un carácter mundial y no inició en México, pero poco se ha hecho para paliar sus efectos; la Comisión Económica para América Latina y el Caribe estima que la caída en el PIB mexicano será la más alta de la región en el 2009 y una de las más altas en el mundo.
En este contexto, los estados y municipios del país perderán alrededor de 70 mil millones de pesos de la recaudación federal participable, por lo que requieren apoyos especiales y alternativas que permitan utilizar recursos que se generaron en años anteriores y que se encuentran ociosos.
De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2008 existían 19.4 millones de personas en pobreza alimentaria, de los cuales 7.2 millones corresponden a población urbana y 12.2 a población rural; la crisis de 2009 ha hecho que estos indicadores aumenten dramáticamente. Por esta razón se hace indispensable una estrategia para establecer comedores populares para mitigar el problema alimentario que vive la gente más pobre del país.
Aunado a la crisis generalizada en este año, se ha presentado una severa sequía que ha traído como consecuencia la pérdida de un millón de hectáreas de granos básicos y oleaginosas, de las cuales 53.6 por ciento no se encontraban aseguradas. Para resarcir el valor de estos cultivos al 70 por ciento de su valor de mercado se requieren 2 mil 500 millones de pesos.
La difícil situación financiera en la que se encuentran no proviene de un acto de irresponsabilidad sino de un ejercicio de presupuestación que se desprendió de los montos planteados al Congreso para el ejercicio de 2009 por la Secretaria de Hacienda.
La crisis ha puesto una vez más de manifiesto la debilidad estructural de las finanzas públicas mexicanas y su alta dependencia de los precios del petróleo, para fortalecerlas necesitamos realizar una discusión seria de la iniciativa de Ley de Ingresos para 2010 y su miscelánea fiscal que el gobierno federal enviará el próximo 8 de septiembre. Sin embargo, también es cierto que la crisis y los efectos perniciosos de ésta no pueden esperar a 2010, por ello, proponemos un paquete de medidas de emergencia que puedan aplicarse de manera inmediata en el último cuatrimestre de este año.
En concreto, planteamos como medida central lo siguiente:
Los recursos de este programa deberán dedicarse principalmente a aquellos proyectos en marcha y que puedan acelerarse, así como a obras de mantenimiento. Aquí se parte del criterio que éstos son los proyectos de más fácil aplicación y que por lo tanto, permitirán rápidamente transmitir los efectos del gasto a otros sectores de la economía.
La mejor manera de proteger al país de los embates de las crisis provenientes de los ciclos económicos, es fortaleciendo el aparato productivo nacional, particularmente las ramas que generan los bienes esenciales para la subsistencia, la alimentación en primer término. Es indispensable que se establezca una política permanente que fortalezca el aparato productivo nacional en el campo y en la ciudad, orientado a la generación principalmente de los productos esenciales, básicos y estratégicos para la subsistencia, lo cual evitaría la especulación y el desabasto.
Es necesario que se implemente una verdadera política de Estado, dirigida al fortalecimiento de las ramas productivas estratégicas con metas de corto, mediano y largo plazos que permitan reincentivar la economía nacional.
Dentro de este marco de referencia, es insoslayable actuar de manera inmediata, a fin de generar condiciones que mitiguen los daños causados a la población, derivados de la crisis y que a su vez, establezcan las mediadas necesarias para remontarla, sentando las bases para el crecimiento económico sostenido, autosustentable y con una redistribución del ingreso que permita mayor equidad y amplíe el mercado interno.
Todos los países han sido afectados en sus ingresos, pero la gran mayoría de ellos ha entendido que en una coyuntura tan seria como la actual esto no debe de ser un freno para el impulso económico de emergencia.
En estos países los recursos han venido de nuevo endeudamiento o de reservas construidas en la parte alta del ciclo, esta última opción no existe en México, por ello, al igual que en la mayoría de los otros países estos recursos tendrán que proveer de nuevo endeudamiento; tendremos que hacerlo de manera responsable, obligándonos a pagarlo en un plazo no mayor a tres a cinco años manteniendo con ello el principio del equilibrio intertemporal de las finanzas públicas.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se expide la Ley del Fondo para atender la Emergencia Económica
Artículo Primero. Se expide la Ley del Fondo para atender la Emergencia Económica para quedar como sigue:
Ley del Fondo para atender la Emergencia Económica
Artículo 1. Las normas contenidas en la presente ley son de orden público y de observancia general, y tiene por objeto crear el Fondo para atender la Emergencia Económica, en lo sucesivo el Fondo.
Artículo 2. El Fondo tendrá asignados 234 mil millones de pesos (alrededor de 2 por ciento del PIB), los cuales se aplicarán en los ejercicios fiscales de 2009 y de 2010, a través del cual se distribuirán recursos a los siguientes rubros:
II. A los municipios;
III. Al Programa de Empleo Temporal; y
IV. A los proyectos de infraestructura que se señalan en el artículo 9 de la presente ley.
Artículo 4. Del Fondo se destinarán cinco mil millones de pesos a las entidades federativas de acuerdo a la fórmula del Fondo de Fomento Municipal, para que éstos a su vez lo distribuyan a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normatividad local.
Artículo 5. Del Fondo se asignaran cuatro mil quinientos millones de pesos al Programa de Empleo Temporal.
Artículo 6. Mil millones de pesos a un programa emergente alimentario dirigido a los ciudadanos en situación de pobreza alimentaria, a través de comedores populares administrados por los Centros de Desarrollo Integral para las Familias estatales.
Artículo 7. Dos mil quinientos millones de pesos a un programa emergente de apoyo a los pequeños productores de granos básicos y oleaginosas afectados por la sequía.
Artículo 8. Se constituirá la Comisión de Seguimiento del Fondo, la cual estará integrada por los Presidentes de las Mesas Directivas de la Cámaras de Senadores y de Diputados, los coordinadores de cada grupo parlamentario en ambas Cámaras y las presidencias de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de ambas Cámaras, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, el coordinador de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales y un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 9. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público asignará los recursos restantes del Fondo dando prioridad a la inversión en
b) Infraestructura educativa de nivel media superior y superior, los recursos aprobados para proyectos en esta última categoría serán entregados a las instituciones públicas de nivel superior para que sean ejecutados directamente por ellas;
c) Infraestructura cultural, incluyendo el apoyo a las zonas arqueológicas del país, los recursos para proyectos aprobados de esta última serán entregados para su ejecución directamente al Instituto Nacional de las Bellas Artes, Instituto Nacional de Antropología e Historia y demás entes educativos desconcentrados o descentralizados;
d) Infraestructura para la protección del medio
ambiente;
e) Infraestructura turística;
f) Infraestructura para la dotación de agua potable;
g) Construcción y rehabilitación de caminos
rurales;
h) Construcción y rehabilitación de carreteras;
y
i) Infraestructura en transporte.
Artículo 10. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público notificará a la Comisión de Seguimiento del Fondo y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, en un término de quince días naturales a partir de la publicación del presente decreto, el listado de proyectos federales de inversión, originalmente considerados para realizarse con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 que hayan sido cancelados y que estén en condiciones de ser licitados. De la misma forma, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la comisión la asignación presupuestal para estos proyectos con cargo al Fondo, así como un calendario en el que se señalen las fechas esperadas de publicación de las licitaciones respectivas y un calendario preliminar de ejecución de obra.
Artículo 11. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Comisión de Seguimiento del Fondo y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, en un plazo no mayor a 30 días naturales siguientes a partir de la publicación del presente decreto, el destino y asignación de los recursos del Fondo, además del calendario esperado de ejecución, asimismo informará de manera mensual los avances en cuanto a la asignación y ejecución de los proyectos.
Artículo Segundo. Se modifica el párrafo primero del artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 para quedar como sigue: "Por un monto de endeudamiento neto interno hasta por 584 mil millones de pesos".
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Comisión del Seguimiento del Fondo deberá quedar integrada e instalada dentro de los cinco días naturales siguientes de la entrada en vigor del presente decreto.
Tercero. El Fondo será extinguido una vez que se hayan agotado los recursos destinados en el presente decreto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2009
Diputados: Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica),
Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Armando Ríos Piter,
Vidal Llerenas Morales, Ramón Jiménez López (rúbrica).
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS
65 Y 66 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE KAHWAGI MACARI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE NUEVA ALIANZA
Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción 11, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción 11, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma el articulo 65 y adiciona un segundo párrafo al artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La función legislativa del Congreso mexicano ha estado directamente relacionada, entre otras, con los insuficientes periodos de sesiones a los que por ley está sujeta cada una de las Cámaras que lo integran. Los tiempos han avanzado, el número de asuntos que debe atender el Congreso es cada vez mayor y, para los cuales, los periodos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos resultan evidentemente insuficientes.
Históricamente, la Constitución de 1857 fue la primera en establecer dos periodos ordinarios de sesiones: el primero, del 16 de septiembre al 15 de diciembre, sin la posibilidad de prorrogarse; y el segundo, del 10 de abril al 31 de mayo. Con la reforma de 1874 a esta Constitución, el primer periodo ordinario de sesiones se podría prorrogar hasta por 15 días.
El texto original de la Constitución vigente consideró un solo periodo ordinario de sesiones en los artículos 65 y 66. Éste iniciaría el 1 de septiembre de cada año y duraría el tiempo necesario para tratar los asuntos concernientes a la revisión de la Cuenta Pública, el examen, discusión y aprobación del Presupuesto, así como de los impuestos necesarios para cubrirlos y, por último, para conocer de las iniciativas de ley que se le presentarán. Dicho periodo ordinario de sesiones tenía como fecha límite el 31 de diciembre del mismo año. En 1986 se estableció un doble periodo ordinario de sesiones, iniciándose el primero del 1 de noviembre, que no podría prolongarse más allá del 31 de diciembre y, el segundo, del 15 de abril hasta como máximo el 15 de julio.
Para 1993 se estableció un primer periodo de sesiones ordinarias, del 10 de septiembre al 15 diciembre y hasta el 31 de diciembre, cuando el presidente de la República iniciara su encargo, y un segundo periodo que comprendería del 15 de marzo al 30 de abril de cada año.
La última modificación la realizó la legislatura LIX el 15 de diciembre de 2003. Este esfuerzo del Congreso permitió la modificación del artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que aumentó mes y medio al trabajo legislativo.
En un estudio de derecho comparado, editado por la propia Cámara de Diputados sobre la duración de los periodos de sesiones de diez países con sistema presidencial y cinco al parlamentario, se concluye que el Poder Legislativo en México trabaja por debajo del promedio de los otros países.
Estados Unidos de América y Venezuela son los países que sesionan más tiempo: 11 y 12 meses respectivamente. Las actividades del Congreso de Estados Unidos de América se dividen en dos sesiones anuales: la primera sesión comenzará en enero, cuando se instala un nuevo Congreso, y la segunda sesión se instalará en enero del siguiente año de la legislatura. El Congreso de Venezuela también divide su trabajo en dos periodos de sesiones: el primero dura 7 meses y medio, y el segundo 3 meses y medio.
Seis países sesionan durante nueve meses: Italia, España —con dos periodos de sesiones—, Francia —con un solo periodo de sesiones—, Argentina —con un solo periodo de sesiones—, Brasil y Paraguay —con dos periodos de sesiones, respectivamente.
Colombia sesiona durante ocho meses divididos en dos periodos por año, que constituirán una sola legislatura.
Durante siete meses sesiona Perú, donde habrá dos periodos ordinarios de sesiones. México sesiona por seis meses y medio, divididos en dos periodos de sesiones ordinarios.
La duración total de los periodos de sesiones de Inglaterra y Costa Rica es de seis meses, dividido en dos periodos de sesiones. El país que sesiona menos es Chile, con cuatro meses, en un solo periodo de sesiones al año.
Respecto al periodo de sesiones de las legislaturas locales de los 31 estados y el Distrito Federal, funcionan de la siguiente manera:
Los Congresos de Campeche, Oaxaca, Tabasco y Veracruz sesionan durante cinco meses y medio. Coahuila, Distrito Federal y Nuevo León sesionan durante cinco meses. Jalisco es el estado que menos sesiona: los dos periodos en total duran cuatro meses y medio.
Los datos anteriores nos indican lo siguiente:
Por otra parte, a la pregunta expresa de "¿usted diría que los legisladores trabajan mucho o trabajan poco?",4.7 de cada 10 mexicanos ha respondido de manera consistente "poco", mientras que sólo 1 de cada 10 personas responde "trabajan mucho".
Con objeto de mejorar el desempeño de la función legislativa, la presente iniciativa propone un tercer periodo de sesiones ordinarias con la finalidad de dar mayor amplitud a los asuntos propios de ambas Cámaras.
La adición de un periodo ordinario de sesiones ordinarias atiende a la cantidad de asuntos que se quedan sin dictaminar legislatura tras legislatura. Tan sólo en las últimas dos legislaturas, el número de asuntos pendientes asciende a mil 357 iniciativas que no han sido dictaminadas y que se turnaron a la LXI Legislatura para su discusión y aprobación. La omisión legislativa en materia de dictámenes a los proyectos de iniciativas no permite la plena observancia de una de las principales funciones del Congreso de la Unión.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos que con la presente iniciativa no solamente se da respuesta técnica al desahogo de los asuntos propios del Congreso, sino también clarificar que las Cámaras que integran el Poder Legislativo son órganos políticos y, derivado de ello, tienen competencia para asuntos propios de la vida política.
Aumentar un tercer periodo de sesiones ordinarias es uno de las alternativas de naturaleza técnico-legislativa que, sin duda, incentiva a los actores políticos en la búsqueda de acuerdos con la finalidad de incrementar el desempeño de los asuntos presentados en el Congreso de la Unión.
Por las consideraciones expuestas y en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma el artículo 65 y adiciona un segundo párrafo al artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Único. Se reforma el artículo 65 y adiciona un segundo párrafo al artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
"Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, a partir del 1 de febrero de cada año para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias y un tercer periodo de sesiones ordinarias, a partir del 1 de junio de cada año.
En los tres periodos de sesiones, el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución.
Artículo 66. …
El tercer periodo no podrá prolongarse más allá del 31 de julio del mismo año."
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Cámara de Diputados y el Senado de la República deberán aprobar a más tardar el 27 de abril de 2010 las reformas necesarias al marco jurídico interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para la debida instrumentación de la presente reforma.
Dado en el Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 3 de septiembre de 2009.
Diputado Jorge Kahwagi Macari (rúbrica)
QUE EXPIDE LA LEY DEL SEGURO DE
DESEMPLEO, Y REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY ORGÁNICA DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, ARMANDO RÍOS PITER, VIDAL LLERENAS
MORALES Y RAMÓN JIMÉNEZ LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Los suscritos, diputados federales a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que nos conceden los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Seguro de Desempleo y se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En el segundo trimestre de 2009 la economía mexicana resintió una contracción del producto interno bruto del 10.3 por ciento. En este mismo sentido y también conforme al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en julio de 2009, el desempleo alcanzó la tasa histórica de 6.12 por ciento, equivalente a 2 millones 800 mil personas.
A esta tasa de desempleo abierto de 2 millones 800 mil personas se debe sumar el total de personas disponibles al segundo trimestre de 2009, que suman un total de 5 millones 864 mil 619; igualmente las personas que trabajando no obtienen remuneración alguna y que alcanza el número de 2 millones 801 mil 347 personas.
Finalmente, debemos agregar a por lo menos 800 mil jóvenes que, de manera anual, se incorporan a la población económicamente activa. Por tanto un número más realista de desempleados nos habla de un total de 12 millones 265 mil 966 personas en desempleo.
Por último, debemos tomar en cuenta la repatriación de miles de mexicanos que laboran especialmente en Estados Unidos.
Así pues, en materia de empleo, el panorama es sumamente preocupante.
Es innecesario señalar lo que la pérdida del empleo representa y representará para los trabajadores y sus familias, que se quedan sin recursos para sus necesidades básicas de alimentación, pasando por la salud, educación, cultura, esparcimiento, entre otros aspectos.
Las cifras referidas en materia de desempleo se traducen en el aumento del número de persona en "pobreza patrimonial", que para 2008, alcanzó un total de 50.6 millones de mexicanos.
Incluso, a partir de datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se sabe que es indeclinable la necesidad de establecer el seguro de desempleo, pues ésta ha señalado que para atender la demanda de empleo se debe alcanzar una tasa de crecimiento del 5 por ciento.
El combate al desempleo requiere de una política integral que incluya medidas económicas, fiscales, administrativas y de seguridad pública necesarias para impulsar el crecimiento económico en los porcentajes que el país exige.
Paralelamente, al impulso del crecimiento económico, se deben tomar las medidas sociales de tutela a favor de los más vulnerables, y dentro de estas medidas debe procederse al establecimiento del seguro de desempleo. México es el único país de la OCDE que no cuenta con esa parte de la seguridad social. Además, con ello se impulsará el crecimiento del mercado interno.
Pero por encima de todo, la ausencia de este seguro violenta lo previsto en el artículo 123 constitucional, que consagra a favor de todos los mexicanos el derecho a un trabajo digno y socialmente útil, poniéndose a cargo del Estado la obligación de promover la creación de empleos y la organización social para el trabajo.
Evidentemente, el Estado no cumple con estas obligaciones que permitan a todos los mexicanos gozar de los derechos humanos a un trabajo y salarios dignos. Éste debe garantizar por lo menos un ingreso mínimo, para que las personas atiendan sus necesidades básicas, lo cual repercute en bien de las familias y de la sociedad toda.
Lo dicho se ratifica en el artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo, al prever que el trabajo "es un derecho y un deber sociales…" Lo propio se establece en diversos instrumentos internacionales ratificados por el país.
En esta iniciativa se propone la creación del seguro de desempleo, el cual implicaría una erogación de un máximo de 4 mil 500 millones de pesos. Lo que se podría complementar con los esfuerzos de los gobiernos locales para establecer seguros de desempleo equivalentes.
Considerando que el monto previsto representa menos del 0.15 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (PEF) de 2009, el seguro podrá ser fondeado para el presente año con reasignaciones del propio PEF. Y en lo sucesivo tendrán que ser considerados en los respectivos Presupuestos de Egresos de la Federación.
El artículo 123, apartado A, habla de la seguridad social sólo de manera enunciativa, por lo que se podrá impulsar cualquier otro seguro "encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados, y otros sectores sociales y sus familiares". Es decir, la fracción XXIX de este artículo tiene por esencia la seguridad social integral, y es ahí precisamente donde enraíza este seguro de desempleo.
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto por el que se expide la Ley del Seguro de Desempleo y se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Artículo Primero. Se expide la Ley del Seguro de Desempleo, para quedar en los siguientes términos:
Ley del Seguro de Desempleo
Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y será de observancia general en toda la república.
Artículo 2. La presente ley tiene por objeto crear el seguro de desempleo, para otorgar protección a los trabajadores asalariados del sector formal de la economía que hayan perdido su empleo; así como crear las condiciones para su reincorporación a un trabajo.
Artículo 3. El seguro de desempleo se otorgará a los trabajadores, que además de haber estado empleados en el sector formal de la economía, al menos un año antes de solicitar este seguro, no hayan sido beneficiarios del seguro de desempleo en los dos años anteriores.
También podrán ser elegibles para este seguro los trabajadores que cobren en forma regular por honorarios al menos por 1 año.
No calificarán para este beneficio quienes hayan sido liquidados a través de un programa de retiro voluntario.
Artículo 4. Los derechohabientes del seguro recibirán los recursos de acuerdo con lo siguiente, a partir de la remuneración que gozaban en su último empleo:
La prestación señalada en el párrafo anterior se otorgará por un periodo de seis meses y, sólo por una vez cada dos años, y tiene carácter personal e intransferible.
El plazo de seis meses antes referido será prorrogable por otros tres meses, en cuyo caso el derechohabiente sólo percibirá el 80 por ciento del monto inicial, siempre que el trabajador no se haya empleado, y que haya tomado y aprobado algún curso de capacitación, provisto por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o por un ente certificado por la misma secretaría.
El beneficio señalado se entregará a través de una tarjeta de débito u otro mecanismo que se considere conveniente conforme a la ley.
Artículo 5. Para acceder a la prestación que brinda el seguro de desempleo, el trabajador, además de lo señalado en artículo 3 de esta ley, deberá cubrir los siguientes requisitos:
II. Haber perdido su empleo por causa ajena a su voluntad;
III. No percibir ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, subsidio o relación laboral diversa; y
IV. Ser demandante activo de empleo.
Artículo 6. En relación con lo señalado en el artículo anterior, el Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otra de las instituciones de seguridad social competentes estarán obligadas a expedir la baja del trabajador, máximo en tres días hábiles contados a partir de la separación efectiva del trabajo.
Artículo 7. Durante el periodo de otorgamiento de la prestación económica, el beneficiario deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
II. Comunicar los cambios de domicilio;
III. Buscar un nuevo empleo en cuando menos cinco empresas durante cada mes y asistir a las entrevistas con las empresas que están ofreciendo empleos, lo que deberá acreditar fehacientemente;
IV. Asistir, cuando corresponda a su perfil y necesidades, a las jornadas de capacitación y formación que sean convocadas;
V. Permitir los controles, registros y supervisiones que lleve a cabo el Instituto Mexicano del Seguro Social;
VI. En caso de no conseguir empleo, firmar mensualmente una declaración bajo protesta de decir verdad, de que continúa desempleado.
Artículo 8. Cuando el beneficiario consiga un empleo antes de concluir el periodo de seis meses, perciba alguno de los ingresos señalados en la fracción III del artículo 5 de esta ley, u otro beneficio equivalente otorgado por el gobierno federal o los gobiernos locales, aquél deberá notificarlo al Instituto Mexicano del Seguro Social máximo en cinco días hábiles, operando de manera automática la suspensión inmediata del pago del seguro.
Artículo 9. La aplicación de la presente ley estará a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y los gobiernos locales.
Artículo 10. El Instituto Mexicano del Seguro Social tendrá facultad de verificar la información proporcionada por los solicitantes.
En caso de falsedad de declaraciones por parte del derechohabiente, se le cancelará el seguro y deberá devolver los recursos recibidos, con independencia de las acciones legales a que haya lugar.
Artículo 11. La supervisión y vigilancia del seguro de desempleo, estará a cargo de un comité técnico, bajo la coordinación del Instituto Mexicano del Seguro Social, integrado además por las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social y de la Función Pública, dos representantes de la Cámara de Diputados, tres representantes de la organizaciones de trabajadores y patrones a convocatoria de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de manera que ninguna organización deberá tener más de un representante.
Artículo 12. Las personas solicitantes o en goce del seguro de desempleo, podrán interponer ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el recurso de inconformidad por haber sido objeto de discriminación, exclusión injustificada del beneficio, o cualquier otra conducta violatoria de la ley por parte de los servidores públicos.
Este recurso se desahogará conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Artículo Segundo. Se adiciona una fracción VII Bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 40. …
VII Bis. Participar en la aplicación de la Ley del Seguro de Desempleo;
…
Primero. El presente decreto entrará en vigor a los quince días naturales siguientes al de su publicación.
Segundo. Podrán acogerse al seguro de desempleo las personas que hayan perdido su empleo a partir del primero de enero de 2009.
Tercero. El Ejecutivo federal expedirá las disposiciones reglamentarias de la presente ley, dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.
Cuarto. Deberán destinarse en los Presupuesto de Egresos de la Federación para los Ejercicios Fiscales del 2009 y subsecuentes, los recursos necesarios para la debida aplicación del presente decreto.
Quinto. Los gastos que el presente decreto ocasione al Instituto Mexicano del Seguro Social deberán ser presupuestados para entregarle los recursos necesarios de manera oportuna.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2009.
Diputados: Alejandro Encinas Rodríguez,
Ramón Jiménez López, Armando Ríos Piter, Vidal
Llerenas Morales, Ramón Jiménez López (rúbricas).
Entre las muchas crisis que golpean hoy a la nación, sin duda la más grave y más urgente es la crisis del agua. Una persistente sequía atípica viene devastando con mano de hierro la economía campesina, con especial dureza a la del temporal; a los que dependen exclusivamente de la lluvia para arrancar a la tierra sus frutos y los alimentos que necesitan para vivir el día a día de su pobreza.
Es, sin embargo, una crisis que golpea a todo el agro, incluso a los que cuentan con riego, porque las presas están a menos de la mitad de sus niveles normales y han convertido las tierras de riego en tierras en espera de un temporal que no llega.
El problema se agudiza en el abasto de agua potable para las ciudades, donde los medios mejor informados advierten de serias restricciones que serán peores en los meses que vienen, a pesar de que ya hay barrios, colonias y delegaciones que llevan ya varios días sin el líquido vital.
Pero además, los efectos de El Niño y del cambio climático no golpean sólo a los productores rurales y el abasto de agua potable en las ciudades; sus efectos se transmiten a toda la economía: aumentarán primero los precios de los productos agrícolas y aumentarán también la carne y los productos de toda industria que dependa de insumos agrícolas, golpeando así al productor por los costos de producción, al consumidor en el precio final, y siempre con más fuerza a los que menos tienen.
Según las organizaciones campesinas, en todo el país se han registrado pérdidas de 80 por ciento de los cultivos, en especial de frijol y maíz blanco, los alimentos básicos de nuestro pueblo. Pero, además, ya se registra la pérdida de 1.5 millones de hectáreas productoras de granos, según afirmación del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y de miles de toneladas de sorgo y de soya, afectando también a la ganadería y la producción de aceite para el consumo humano. 10 millones de cabezas de ganado padecen la falta de agua y miles ya han muerto. Los 115 mil pozos de agua en el país tienen niveles promedio de 50 por ciento, en tanto que las 4 mil 500 presas, entre medianas y pequeñas, tienen un promedio de 60 por ciento de su capacidad. Algunas presas grandes tienen hoy niveles muy bajos, como es el caso de las que integran el sistema Cutzamala, que abastece a la capital de la república.
Es por tanto, una catástrofe de gran magnitud, aún en curso y con futuro pesimista, que golpea a todos. Los primeros y más seriamente afectados son los más pobres del campo y la ciudad. Los que en el campo dependen sólo del temporal para sus cosechas y para alimentar y dar agua a sus animales, y los de la ciudad que viven en las colonias más altas y donde el sistema de abasto simplemente no llega. Tanto en el campo como en las ciudades, los mayores perdedores son los más pobres y marginados, los que todo lo esperaban de sus modestas cosechas o de sus humillantes salarios mínimos; peor, los que no cuentan con ingreso alguno.
Hoy la crisis del agua, tanto para consumo humano como para riego, nos llama con urgencia a la acción y a la solidaridad. Todos estamos obligados a aportar nuestro grano de arena en la tarea de ayudar a los compatriotas que sufren el rigor de la naturaleza y, en estos momentos, viven ya la desesperación del hambre, la insolvencia y la impotencia frente al qué hacer para mañana.
Es por eso que me permito proponer a esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdos
Primero. Exhortar al Poder Ejecutivo a impulsar un programa especial de emergencia para canalizar apoyos hacia las zonas afectadas, y se prepare, por conducto de la Sagarpa, la resiembra de cultivos para poder recuperar algo de lo ya perdido.
Segundo. Asegurar, por conducto de Diconsa, que los 25 productos básicos que conforman la canasta de los pobres no sufran alteración alguna de sus precios.
Tercero. Que el Fondo de Atención a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas —hoy PAC— y Agroasemex operen de inmediato los programas que tienen a su cargo, en beneficio de los productores afectados por la sequía.
San Lázaro, 3 de septiembre de 2009.
Diputada Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS PARA HACER FRENTE A LA CAÍDA
EN LOS INGRESOS FEDERALES, A CARGO DEL DIPUTADO VIDAL LLERENA MORALES,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Vidal Llerenas Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar la siguiente proposición con puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Derivado del desfavorable entorno económico, siendo la economía mexicana una de las más afectadas a nivel mundial, lo que se reflejará en una caída del producto interno bruto superior a 7 por ciento durante el presente ejercicio fiscal —situación más grave que la vivida en la crisis de 1995—, la recaudación federal participable a través de la cual se le distribuyen recursos a las entidades federativas en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal hasta agosto mostró una caída real de 26.3 por ciento respecto a 2008.
Lo anterior, derivado de la reducción del 38.6 por ciento en términos reales que observaron los ingresos petroleros en comparación con el ejercicio fiscal de 2008, así como a la disminución real de los ingresos tributarios de 11.6 por ciento.
Esto es resultado, por una parte, de que por primera vez en varios años, el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo se encuentra por debajo (18.4 dólares) de la estimación de la Ley de Ingresos, así como una baja en la producción de este hidrocarburo. Por otra parte, en cuanto a los ingresos tributarios la disminución se explica porque el impuesto sobre la renta muestra una caída de 14.1 por ciento y el impuesto al valor agregado una reducción de 20.6 por ciento.
De esta forma, hasta agosto del 2009, todas las entidades federativas sufrieron una importante caída en las participaciones del orden de 25.9 por ciento real, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Por ello, en virtud de la complicada situación en materia de finanzas públicas en la que se encuentran los estados y el Distrito Federal derivada de la crisis económica, es necesario que se gestione ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la reasignación de recursos a las entidades federativas que les permitan hacer frente a las presiones financieras que están teniendo lugar.
Es de considerar que los recursos que por concepto del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) disponen los estados de la federación para hacer frente a la caída de las participaciones respecto a lo estimado por la SHCP, no serán suficientes dado que se estima que sólo cubrirán el 50 por ciento de esta brecha, dada la magnitud de la actual crisis económica.
Para lo cual se explica lo siguiente:
El artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 contempla que:
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá destinar la recaudación obtenida por el derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización a que se refiere el artículo 256 de la Ley Federal de Derechos, antes de destinarlo al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, para compensar parcial o totalmente los ingresos del gobierno federal durante el ejercicio fiscal de 2009, así como para cubrir el costo de los combustibles que se requieran para la generación de electricidad en adición a los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009.
La compensación parcial o total de ingresos del gobierno federal a que se refiere el párrafo anterior se aplicará cuando los ingresos totales, sin considerar los ingresos derivados del Apartado C de este artículo, resulten inferiores a los valores estimados en éste debido a: una disminución de los ingresos por la recaudación total de los impuestos a que se refiere el Apartado A, fracción I, del presente precepto, o disminuyan los ingresos por concepto del derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos, con motivo de una disminución de la plataforma de extracción o del precio del petróleo crudo, respecto de los valores que sirvieron de base para las estimaciones contenidas en el presente artículo.
Los recursos del derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización a que se refiere el artículo 256 de la Ley Federal de Derechos que resten después de aplicar lo dispuesto en los párrafos noveno, décimo y décimo primero de este artículo, se destinarán a lo que establecen las Leyes Federales de Derechos, y de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria."
Asimismo, de conformidad con la declaración del derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización correspondiente al segundo trimestre de 2009, Petróleos Mexicanos (Pemex) enteró 18 mil 649.6 millones de pesos.
Por lo anterior, al mes de junio la SHCP recibió 43 mil 896.6 millones de pesos por concepto del derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización.
De esta manera, se propone que dado que ya están cubiertos los 40 mil 700 millones de pesos a que hace referencia la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, se participe a las entidades federativas de los recursos adicionales que se generen, a través de la mecánica establecida en las Reglas de Operación del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (Fies), de tal suerte que se requiere se distribuya la diferencia establecido en la Ley de Ingresos de la Federación y lo pagado por Pemex al mes de junio por concepto del derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización, esto es, 3 mil 196.6 millones de pesos
La fracción II del artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, LFPRH, y 12 A de su Reglamento, contemplan que la disminución en la recaudación fiscal participable respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación, se podrá compensar con los recursos del Fondo Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) de acuerdo con sus respectivas reglas de operación.
Ahora bien, estas Reglas de Operación disponen que los recursos del FEIEF se apliquen para entregar a las entidades federativas las cantidades que compensen la disminución en el monto de las participaciones vinculadas con la recaudación fiscal participable estimada en la Ley de Ingresos de la Federación.
Sin embargo, la regla décima de las Reglas de Operación en comento, establece que la compensación referida en el párrafo anterior, se realizará de manera que la reducción de la reserva del FEIEF no sea mayor al 50 por ciento del límite máximo establecido en el artículo 19, fracción IV, segundo párrafo, de la LFPRH.
De esta manera, de acuerdo a las reglas, la compensación ante una caída en las participaciones asociadas a una disminución en la recaudación fiscal participable respecto a lo estimado por la SHCP, se realiza haciendo uso en primera instancia, de los rendimientos financieros que haya generado la reserva del FEIEF.
En caso de no ser suficiente, se hará uso del 50 por ciento del límite máximo de la reserva establecido en la LFPRH.
De acuerdo con el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Segundo Trimestre de 2009 de la SHCP y considerando los rendimientos financieros al mes de junio de 2009, las entidades federativas disponen de 31 mil 309 millones de pesos en el FEIEF, 28 mil 084 millones de pesos de la reserva y 3 mil 225 millones de pesos por concepto de rendimientos financieros.
De conformidad con las Reglas de Operación, para el 2009 las entidades únicamente podrán disponer de 21 mil 985 millones de pesos (50 por ciento de la reserva definida en la ley) más los rendimientos financieros mencionados.
Es decir, en estricto cumplimiento a las Reglas de Operación del FEIEF quedará un remanente de 6 mil 99.3 millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2010.
Por lo anterior, y dada la situación económica actual, es necesario que las entidades federativas dispongan de la totalidad de los recursos de la reserva del FEIEF, para hacer frente a la caída en las participaciones vinculadas a la recaudación fiscal participable. Esto es, los 28 mil 084 millones de pesos que actualmente conforman la reserva, para lo cual será necesaria una modificación a las Reglas de Operación del FEIEF.
Asimismo, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria contempla que, una vez llenos los fondos de estabilización, los ingresos excedentes se destinarán conforme a:
"En un 25 por ciento a los programas y proyectos de inversión en infraestructura que establezca el Presupuesto de Egresos, dando preferencia al gasto que atienda las prioridades en las entidades federativas."
De acuerdo con el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Segundo Trimestre de 2009 de la SHCP, el saldo de los recursos del Fondo para los Programas y Proyectos de Inversión en Infraestructura al 30 de junio de 2009, ascendió a 16 mil 191.1 millones de pesos.
Por ello, se propone que dichos recursos se distribuyan a las entidades federativas bajo el mismo procedimiento que el Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados, Fies.
Es de destacar que, en virtud de que los recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) no se han utilizado de acuerdo con lo programado, se propone que se destinen 20 mil millones de pesos de dicho fondo a las entidades federativas para financiar proyectos de inversión en infraestructura pública utilizando la figura del Fies con el objetivo de financiar infraestructura en las entidades federativas.
Por otra parte, es de considerar que existen programas sujetos a reglas de operación cuya implementación requiere recursos que aporta la federación y están condicionados a las aportaciones por parte de las entidades federativas y los municipios.
Ahora bien, derivado de las condiciones de restricción presupuestaria a la que se enfrentan las entidades federativas y los municipios, se propone flexibilizar las Reglas de Operación para que se inicie de inmediato la ejecución de los programas aplicando en primera instancia los recursos federales.
Es decir, resulta indispensable que se haga una excepción de cláusula del pari passu en los distintos programas federales.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar a la Cámara de Diputados se someta a consideración la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que debido a que ya están cubiertos los 40 mil 700 millones de pesos a que hace referencia la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, se participe a las entidades federativas de los recursos adicionales que genere el derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización y que tenga como objetivo compensar parcial o totalmente los ingresos del gobierno federal durante el ejercicio fiscal de 2009, a través de la mecánica establecida en los lineamientos del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados.
Segundo. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que las entidades federativas dispongan de la totalidad de los recursos de la reserva del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, para hacer frente a la caída en las participaciones vinculadas a la recaudación federal participable. Esto es, los 28 mil 084 millones de pesos que actualmente conforman la reserva, para lo cual también se solicita una modificación a las Reglas de Operación del Fondo Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.
Tercero. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que las entidades federativas dispongan del saldo de los recursos del Fondo para los Programas y Proyectos de Inversión en Infraestructura al 31 de junio de 2009, que asciende a 16 mil 191.1 millones de pesos, distribuyéndose y aplicándose de acuerdo con los lineamientos del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados.
Cuarto. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se reasignen a las entidades federativas 20 mil millones de pesos del Fondo Nacional de Infraestructura y que sean distribuidos y aplicados para financiar proyectos de inversión en infraestructura en las entidades federativas acuerdo con los lineamientos del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados.
Quinto. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se flexibilicen las reglas de operación de los programas federales cuya implementación requiere recursos de la propia federación, pero condicionados a las aportaciones por parte de las entidades federativas y los municipios, con la finalidad de que se inicie de inmediato la ejecución de dichos programas aplicando en primera instancia los recursos federales, sin condiciones de pari passu.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de septiembre de 2009.
Diputado Vidal Llerenas Morales (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA
EMERGENCIA EN BAJA CALIFORNIA SUR DEBIDA A LA PRESENCIA DEL HURACÁN
JIMENA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ,
FRANCISCO ARMANDO MEZA CASTRO, MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR,
VÍCTOR MANUEL CASTRO COSÍO Y MAURICIO ALONSO TOLEDO GUTIÉRREZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan al pleno de esta honorable soberanía parlamentaria, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con el objetivo de que se exhorte al titular de la Secretaría de Gobernación, a emitir declaratoria de desastre en el estado de Baja California Sur considerando los daños ocasionados por el huracán Jimena a diversos sectores de la entidad, al tenor de los siguientes
Antecedentes y consideraciones
Primero. Desde hace varios días el huracán Jimena se ha acercado con velocidad considerable a la zona sur del estado de Baja California Sur, manteniéndose con una fluctuación entre las categorías 3 y 4 de la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de 230 kilómetros por hora y rachas cercanas a 300 kilómetros por hora el 31 de agosto. El 1 de septiembre tocó tierra, siendo previsible que, dadas las condiciones de vulnerabilidad prevalecientes –como resultado de la urbanización derivada de la expansión de las actividades turísticas insuficientemente reguladas–, miles de habitantes padezcan estragos sociales, económicos, de empleo, vivienda y salud, como resultado de las inundaciones, deslaves y marejadas en las áreas costeras.
El Servicio Meteorológico Nacional ha determinado que es severo el índice de peligrosidad de dicho fenómeno; al respecto, cabe señalar que el director de Protección Civil del estado afirmó que "existe riesgo de que se puedan producir víctimas fatales".
Segundo. Algunas medidas inmediatas que se han tomado con anticipación al arribo del huracán Jimena a tierra firme, se refieren a la evacuación de comunidades urbanas en diversos municipios, a fin de reubicar temporalmente a miles de personas en albergues donde permanecerá un número todavía indeterminado de familias; en términos generales, el gobierno estatal tiene previstos 147 albergues, con capacidad para alojar a 30 mil personas. Cabe señalar que las autoridades han identificado decenas de colonias ubicadas en zonas urbanas de alto riesgo que podrían sufrir inundaciones o deslaves, en su mayoría se trata de asentamientos populares. También se han tomado otras medidas como la suspensión de clases y de la navegación marítima y aérea.
Lo anterior se inscribe en la decisión tomada el 31 de agosto por el Sistema Nacional de Protección Civil, que emitió ese día la "alerta naranja" en Baja California Sur, manteniendo la "alerta amarilla" en Sinaloa y Nayarit, recomendando la evacuación de los pobladores asentados en zonas de riesgo, considerando que Jimena provocará intensas lluvias desde la noche del 1 de septiembre y hasta la noche del 2 de este mismo mes, las cuales serán más intensas en zonas montañosas, provocando inundaciones y deslaves en áreas pobladas en zonas bajas; por otra parte, protección civil reconoce que la fuerza de los vientos constituyen un peligro extremo para las viviendas de los sectores populares, sobre todo en los municipios de Los Cabos, La Paz, Comondú y Loreto.
Protección civil advirtió que el huracán trae consigo oleaje, que a partir del 1 de septiembre incrementó su altura hasta alcanzar los seis metros durante el impacto, lo cual se convierte en una situación de riesgo para las actividades recreativas y comerciales, marítimas y costeras de la entidad, ampliando su radio hasta las costas de Sinaloa y sur de Sonora.
Tercero. Históricamente Baja California Sur padece con frecuencia los efectos asociados a los huracanes que se forman en una de las regiones ciclogénicas más activas del mundo, el Pacífico sur mexicano, donde se originan ciclones tropicales cuya trayectoria norte-noroeste impacta recurrentemente dicho estado.
Por ejemplo, en el periodo 1949-2001, la mayor frecuencia de huracanes se registró en el mes de septiembre y, conforme a diversos registros meteorológicos, más del 15 por ciento de los huracanes formados en la cuenca oriental del Pacífico norte afectan la península de Baja California, sobre todo en su porción sur, con un notable incremento en las precipitaciones pluviales.
Algunos ejemplos recientes de la devastación asociada con la incidencia de huracanes en Baja California Sur son: Liza, en 1976, con un saldo de casi mil personas fallecidas; Marty, en 2003, con decenas de muertos y daños estimados en más de 600 millones de pesos; Henriette, en 2007, con decenas de muertos y daños por más de 300 millones de pesos. En todos los casos miles de viviendas resultaron destruidas, sobre todo en colonias populares y comunidades rurales.
La historia de huracanes en Baja California Sur continuará todos los años, en mayor o menor grado, la devastación continuará mientras no se instrumenten programas de recuperación integral que tengan en el bienestar y el desarrollo dos pilares de política pública aún ausentes de los programas de reconstrucción hasta ahora implementados.
Cuarto. El gobierno federal emitió declaratoria de emergencia el 1 de septiembre, mediante la cual la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación estableció que se atienda a los municipios de Los Cabos, La Paz y Comondú, de Baja California Sur, ante la inminencia del impacto del huracán Jimena en el transcurso de los días 1 y 2 de septiembre, de tal modo que se activan los recursos del fondo revolvente del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para brindar ayuda inmediata a la población damnificada, sobre todo en materia de alimentación, abrigo y salud.
Quinto. La Ley General de Protección Civil en sus artículos 29 al 37 establece los fundamentos legales para que el gobierno federal emita declaraciones de desastre y de emergencia. Con esta base las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales definen los lineamientos de intervención y financiamiento a las regiones, zonas y comunidades afectadas por desastres. Recordemos que este fondo cuenta con los recursos aprobados por esta Cámara de Diputados en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, afirmamos que de ser necesario, esta soberanía asignará recursos para la reconstrucción de Baja California Sur en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010.
Sexto. En nuestra calidad de representantes populares del honorable Congreso de la Unión, y profundamente preocupados por la mencionada situación actual, hacemos eco de las necesidades más urgentes de la población en un contexto de desastre, solicitamos que de inmediato se emita declaratoria de desastre para Baja California Sur y se asignen los recursos previstos en el Fonden.
Con base en lo anterior, sometemos respetuosamente a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución
Único. Se exhorta al secretario de Gobernación para que proceda de inmediato a emitir la declaratoria de desastre, aplicando recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en beneficio del estado de Baja California Sur, donde la población de varios municipios está siendo afectada por inundaciones resultantes de los fuertes vientos y las lluvias torrenciales asociadas al huracán Jimena desde las primeras horas del 1 de septiembre de 2009.
Salón del pleno de la honorable Cámara de Diputados, a 2 de septiembre de 2009.
Diputados: Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica),
Francisco Armando Meza Castro, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor,
Víctor Manuel Castro Cosío, Mauricio Toledo Gutiérrez.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA CÁMARA DE DIPUTADOS EXPRESA SU ENÉRGICA CONDENA POR EL
ATENTADO QUE PRIVÓ DE LA VIDA AL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
DE MICHOACÁN, EN MORELIA, SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR
BÁEZ CEJA Y DIVERSOS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados que abajo suscriben presentan, como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura expresa su enérgica condena al cobarde atentado que privó de la vida al subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Manuel Revueltas López, el miércoles 2 de septiembre, en la Morelia, Michoacán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2009.
Diputados: Alejandro
Encinas Rodríguez, Uriel López Paredes, Víctor Báez
Ceja (rúbrica), Martín García Avilés, José
María Valencia Barajas, María Dina Herrera Soto, José
Torres Robledo, Emiliano Velázquez Esquivel, Dolores Nazares Jerónimo,
Carlos Torres Piña.
La exigencia ciudadana durante la reciente campaña fue incuestionable: la urgencia de que el gobierno promueva ya la reactivación inmediata de la economía y proteja el empleo.
Para cumplir este mandato y enfrentar con eficacia la peor crisis económica que México ha sufrido en décadas, que hoy nos sitúa como el país más afectado del mundo con excepción de Estonia, Lituania e Islandia, hemos decidido presentar a la ciudadanía un grupo de propuestas concretas para superar el desafío que hoy enfrentamos los mexicanos.
Es evidente que el actual modelo económico está agotado. Se trata de recuperar el empleo y la dinámica del crecimiento económico en el corto plazo; y crear, sobre nuevas bases, las condiciones para un desarrollo sostenido, equitativo y competitivo en el mediano plazo.
Al abrir la LXI Legislatura, sostenemos nuestro compromiso de actuar como una oposición responsable decidida a proponer soluciones y construir acuerdos por el bien supremo de México.
Esta es nuestra propuesta.
Medidas para la reactivación inmediata del empleo y la economía mexicana
— Propondremos la aplicación de incentivos fiscales con el propósito de alentar la atracción de capitales que fortalezcan la recuperación de la actividad económica nacional, siempre y cuando los recursos se apliquen a proyectos específicos de inversión productiva. El incentivo podrá ser acreditable contra el pago de impuestos directos de ejercicios futuros al de su etapa preoperativa. Estos proyectos podrán acceder también al esquema de incentivos fiscales por nuevos empleos.
— Propondremos programas de utilización intensiva de mano de obra temporal en el campo y zonas urbanas marginadas, asociados a la ejecución de obras relacionadas con caminos, bordos, aguajes, desazolves, reparación y mantenimiento de escuelas, clínicas de salud y vivienda, así como la utilización de programas de empleo temporal para desastres naturales.
— Crearemos un fondo especial para el financiamiento preferencial a proyectos y programas estratégicos determinados para la emergencia. Las empresas viables que se acojan a este programa, deberán otorgar las garantías necesarias para la recuperación del financiamiento.
— Demandaremos la creación, reactivación y operación de Pymes, permitiendo que la banca de desarrollo otorgue capital de trabajo y sustituya con crédito preferencial de mediano plazo los pasivos de corto plazo.
— Legislaremos para favorecer la incorporación de los jóvenes al mercado laboral y contribuir a mejores niveles de competitividad, se incrementarán los recursos para establecer un Programa Nacional de Becas en todos los niveles educativos.
— Legislaremos para que el ejercicio del gasto público cumpla con su calendario y que las reglas de operación de los programas sean adecuadas, transparentes y congruentes con los objetivos del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados; exhortaremos al Ejecutivo a que expida las adecuaciones al reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; exigiremos el cumplimiento de los propósitos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación para dar mayor celeridad y eliminar trabas en el ejercicio del gasto, vinculando la asignación y pago de recursos con los ciclos productivos.
— Promoveremos modificaciones legales que permitan canalizar en el corto plazo recursos de las Afores a la creación de infraestructura y a proyectos productivos de gran impacto social. Para ello impulsaremos un uso mucho más activo y ágil de las garantías del gobierno federal y de la banca de desarrollo para proteger debidamente el ahorro para el retiro de los trabajadores, al canalizar fondos a los proyectos de infraestructura que actualmente no se están construyendo por escasez de financiamiento.
— Propondremos incrementar en el tiempo la aportación de los trabajadores y de las cuotas patronales en el sistema del ahorro para el retiro con el fin de salvaguardar una mayor garantía para las pensiones de los trabajadores mexicanos, y al mismo tiempo fortalecer el ahorro interno nacional de largo plazo.
— Legislaremos para instaurar en el Banco de México un fideicomiso compartido de riesgos cambiarios a fin de promover instrumentos legales que promuevan y alienten la repatriación de capitales mexicanos en el extranjero.
— Propondremos ampliar y agilizar los programas públicos de fomento a la vivienda social en todo el país, en donde la construcción de vivienda social representa la satisfacción de una necesidad básica para millones de familias en pobreza, y también una palanca eficaz para reactivar la actividad económica y el empleo.
— Propondremos nuevas inversiones en la industria automotriz con la finalidad de fomentar la especialización acorde con las nuevas tendencias protectoras del medio ambiente y se propondrá un amplio programa multianual de estímulos fiscales para las empresas que instalen en México nuevas plantas. Asimismo propondremos desgravar del IVA durante un año el precio de facturación para autos compactos, subcompactos y camiones de hasta cuatro y media toneladas, fabricados en México, para los cuales se otorguen créditos a plazos no menores de 36 meses.
— Propondremos un fondo de garantía para reactivar de inmediato la actividad en el campo mexicano y promover la agricultura por contrato, establecer un Programa de Compras Consolidadas para productores agropecuarios de bajos ingresos, y simplificar las reglas de operación de los programas federales de apoyo al campo.
— Crearemos un fondo especial para hacer frente a las enfermedades y a las contingencias epidemiológicas, incluyendo un resurgimiento de la influenza A-H1N1 y de esta manera, contrarrestar el efecto nocivo que dichas enfermedades tienen en la actividad económica.
— Revisaremos y evaluaremos la política de precios y tarifas del sector público, poniendo especial cuidado en las eléctricas.
— Promover una mayor competencia económica mediante reformas a la legislación para evitar prácticas monopólicas, colusión, en materia de sanciones y creación de tribunales especializados, así como la desregulación administrativa con el fin de elevar la competitividad de nuestra economía. De igual forma legislaremos para fortalecer los derechos de los consumidores de bienes y servicios.
— Promoveremos y destinaremos recursos para la creación de más recintos fiscales en el interior del país con el fin de reducir los costos de movimiento de carga y bajar los costos de internación adicionales.
— Promoveremos a través del Conacyt el incremento de fondos para proyectos de diseño vinculados al sector textil, automotriz y de la construcción.
— Como política pública, consolidar una red nacional de banda ancha, de acceso a toda la población y a los tres órdenes de gobierno para los servicios públicos y la educación, entre otros, a través de la red de fibra óptica de la CFE para brindar este servicio público a la mayor parte de la población que actualmente no tienen acceso a él.
— Crear un nuevo sistema de competencias laborales empresariales consistente en una base de datos única y estandarizada, con certificación pública.
— Incrementar los recursos para el fondo Pyme, se apoye a los proveedores en las compras de gobierno y se dé un uso más eficiente a su capital, disponiendo recursos para la creación de fondos para capital de riesgo y elevando el nivel de asistencia técnica.
— Propondremos que para la autorización de recursos presupuestales destinados a la educación, capacitación, la ciencia y la tecnología existan programas y políticas congruentes que mejoren la productividad laboral, estimulen la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías a los procesos productivos, fortalezcan la relación entre Universidad-Empresa, vinculen la oferta y demanda educativa y desarrollen mejores habilidades y aptitudes para el trabajo.
— Promoveremos el consumo de los productos hechos en México.
— Impulsar la explotación del gas asociado al carbón, fuente de energía que hoy se arroja al ambiente y que pone en peligro la vida de los mineros.
— Legislaremos por un nuevo sistema de control aduanero que evite la introducción ilegal de productos que representan una competencia desleal para los empresarios mexicanos.
— Revisaremos y evaluaremos la aplicación y los resultados de la reforma energética aprobada, así como los complementos que sean necesarios para mejorar la eficiencia de Pemex, sin privatizarlo.
— Apoyaremos decididamente el desarrollo de las energías alternativas y la producción de biocombustibles sin afectar la seguridad alimentaria, para reducir presiones sobre el sector energético tradicional y para promover el desarrollo de las regiones y de los núcleos de población que participen en este propósito.
— Promoveremos que la política de ingresos del gobierno federal se adecue a las nuevas circunstancias del país, disminuyendo su dependencia de la renta petrolera, promoviendo una revisión y discusión amplia y participativa del sistema hacendario, para dar paso a una política tributaria que respete los preceptos constitucionales en términos de proporcionalidad y equidad en la contribución del pago, que generalice los impuestos combatiendo la evasión y elusión fiscal, estimule la inversión y evite afectar a las clases más desprotegidas.
— Exigiremos al ejecutivo una mayor eficiencia del Sistema de Administración Tributaria.
— Revisaremos la estructura y composición del presupuesto de gastos fiscales para identificar áreas de oportunidad que incrementen los recursos tributarios y hacer con ello un sistema fiscal más equitativo, ya que de acuerdo al presupuesto de Gastos Fiscales 2009, elaborado por la SHCP, éstos ascienden a más de 460,000 mdp, lo cual equivale a 3.87% del PIB. En este sentido, resalta la relevancia de los Gastos Fiscales relacionados al ISR, que equivalen al 1.7% del PIB, mientras que los correspondientes a la tasa cero de IVA en alimentos y medicinas representan menos de 0.8% del PIB.
— No se permitirá que se grave con el IVA a los alimentos y a las medicinas.
— Dentro de la revisión del sistema fiscal, evaluaremos la conveniencia de mantener la dualidad del IETU y el ISR. Mientras tanto, creemos oportuno y necesario proponer la exención del pago del impuesto empresarial a tasa única (IETU) para las empresas que califiquen dentro del régimen de pequeños contribuyentes.
— Revisar el Impuesto sobre Depósitos en Efectivo y exentar de la retención a quienes exhiban su cédula fiscal (RFC).
— Reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para asegurar que los subejercicios anuales se reasignen específicamente a proyectos de inversión en el siguiente ejercicio fiscal.
— Propondremos la creación de un fondo específico para inversiones debidamente etiquetadas para programas existentes o de nueva creación, con recursos provenientes de las disponibilidades finales, subejercicios, ahorros y economías de las dependencias del sector público.
— Revisaremos y evaluaremos el desempeño y vigencia de los programas en operación, para cancelar aquéllos que se dupliquen o que no hayan arrojado las metas establecidas.
— Consolidaremos una estrategia de gasto público en las regiones, que dé prioridad a programas productivos y proyectos de inversión que impulsen el crecimiento económico, el empleo y el combate a la pobreza.
— Ampliaremos la derrama de recursos presupuestales para el desarrollo de proyectos prioritarios en materia de saneamiento ambiental, especialmente el reciclamiento de residuos sólidos; así como energías alternativas, turismo, comunicaciones, campañas de vacunación, medicina preventiva y vivienda.
— Contar con presupuestos específicos para la elaboración de estudios y proyectos ejecutivos, que permitan acelerar la construcción de infraestructura.
— Legislaremos un marco normativo que regule apropiadamente los proyectos en los que participa la iniciativa privada, para dar certidumbre al sector público y a los agentes económicos y evitar el sobreendeudamiento de las finanzas públicas federales y locales.
— Analizaremos y verificaremos los conceptos que hasta ahora se consideran irreductibles o comprometidos, con objeto de aumentar el margen de acción del gasto público. Adecuaremos la normatividad para hacer eficiente el gasto corriente del gobierno y racionalizar el uso de recursos, los gastos de operación, los gastos indirectos de los programas y el sistema de prestaciones e incentivos.
— Demandaremos compactar la administración pública transfiriendo funciones a dependencias afines, con el propósito de reducir el gasto de la alta burocracia.
— Propondremos un programa de austeridad y mayor transparencia en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial así como a los organismos autónomos de estado, asimismo exhortaremos a los congresos de las entidades federativas a considerar medidas similares.
— Legislaremos para establecer responsabilidades administrativas y penales por el indebido ejercicio del gasto público; fincar responsabilidades a los servidores públicos que no informen veraz y oportunamente sobre los subejercicios, o sean responsables de los mismos sin justificación.
— Fortaleceremos las facultades de las comisiones del Poder Legislativo para vigilar y evaluar, con el apoyo de los órganos técnicos apropiados y el respaldo de la Auditoría Superior de la Federación, el ejercicio pleno de los recursos. Promoveremos con los congresos de las entidades federativas acciones semejantes.
— Para contribuir a eliminar los recurrentes subejercicios que aquejan al gasto público federal, las obras públicas federales deberán realizarse como regla general por los gobiernos estatales y municipales, mediante la celebración de los convenios correspondientes dentro del primer semestre de cada ejercicio. Asimismo, promoveremos reglas generales que simplifiquen y aceleren los programas de gasto público federal en las entidades federativas, eliminando la discrecionalidad y burocratismo que prevalecen en la actualidad, y agilizaremos y daremos certidumbre a la entrega de los fondos de excedentes que corresponden a los estados y municipios previstos en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Promoveremos cambios a las reglas generales de operación del Fonadin para que se invierta en los proyectos de infraestructura de los estados y municipios, sin requerir la complementariedad de recursos privados.
— Revisaremos la integración y distribución de la recaudación federal participable, con el fin de hacerla más equitativa. Se deberá incluir en la RFP, entre otros conceptos, el producto de las coberturas petroleras.
— En materia de aportaciones federales, promoveremos la creación de un fondo de aportaciones complementario al FAEB, para subsanar los rezagos históricos en la aportación de la federación a la educación básica, y convertiremos el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, en un fondo permanente en el capítulo de aportaciones de la Ley de Coordinación Fiscal con el fin de darle permanencia y certidumbre.
— Como una medida de racionalidad y eficiencia en el gasto, revisaremos la conveniencia de reducir o eliminar las delegaciones de las dependencias federales en los estados, que en muchos casos duplican labores que realizan los estados y municipios.
— Analizaremos la ampliación de facultades tributarias de los estados y municipios, con el fin de contribuir a una estructura de ingresos nacionales más robusta y equitativa. Como parte de este esfuerzo, promoveremos fondos y programas federales para el fortalecimiento de los catastros y las capacidades recaudatorias de los municipios en materia de agua y predial.
— Revisaremos el marco normativo para dar certidumbre al pago de todas las dependencias federales de los impuestos estatales y municipales, e impulsaremos medidas compensatorias y equitativas para el pago del ISR de los trabajadores que fueron transferidos del gobierno federal a los estados y municipios en rubros como la educación y la salud. Asimismo, buscaremos dar transparencia y certidumbre a la recuperación del IVA por parte de los gobiernos locales y sus organismos descentralizados.
— El fortalecimiento de la capacidad financiera de los gobiernos estatales y municipales, debe ocurrir en un marco de absoluta transparencia y estricta rendición de cuentas. La Auditoría Superior de la Federación deberá contar con mayores recursos humanos y financieros para fiscalizar la aplicación de recursos federales por parte de estados y municipios, y exhortaremos a los gobiernos locales que aún no lo han hecho a cumplir con las recientes reformas constitucionales en materia de rendición de cuentas.
El rasgo distintivo de la política social será lograr el crecimiento económico aunado al desarrollo social. Por ello articularemos una Política Social de Estado que dé respuesta a los retos que plantea el nuevo siglo, basada en los siguientes ejes:
— La asignación de los recursos presupuestales a los programas sociales será revisada en función de su impacto en los sectores al que están destinados.
— Promoveremos un sistema nacional de compras consolidadas de medicamentos para abaratar su costo a la población.
En materia de federalismo social se propone:
— Consolidar los programas sociales a fin de evitar dispersión de recursos y sobrecostos, haciendo eficiente su focalización y ampliando las coberturas.
— Revisaremos la pertinencia de avanzar en el federalismo de los programas sociales, revisando el marco jurídico de las delegaciones federales de la Sedesol.
— Establecer mecanismos que permitan la transparencia de los programas sociales y el padrón de beneficiarios, específicamente, en el ejercicio del presupuesto asignado, su fiscalización, evaluación y difusión. Así como otorgar autonomía al Coneval para evitar su parcialidad y dependencia de la Sedesol, evaluando su pertenencia al poder legislativo.
— Impulsaremos que todos los programas de desarrollo social federal sean convenidos con los gobiernos de los estados a través de sus órganos de planeación democrática.
— Legislaremos para que los pagos de los programas sociales a los beneficiarios, se realicen a través de la red de instituciones bancarias y organismos auxiliares de acuerdo a la cobertura territorial, para evitar clientelismos electorales.
— Fortalecer la participación ciudadana a través del monitoreo y los mecanismos de contraloría social para la ejecución y evaluación de los programas.
Confirmamos nuestro compromiso y vocación con el Desarrollo Rural, de ahí que estamos planteando la realización de diversas acciones enfocadas a garantizar la soberanía alimentaria, el financiamiento al sector productivo, el impulso al federalismo y el bienestar de la población rural:
— Impulsaremos el desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura rural, en particular de dotación de agua, maquinaria y equipo, centros de acopio y de fomento a la agroindustria.
— Promover el fortalecimiento y cabal cumplimiento del Programa Especial Concurrente del Campo.
— Evitar que las reglas de operación de los programas del campo sean contrarias al espíritu de los mismos o retrasen su desarrollo.
— En materia de pesca y acuicultura, impulsaremos programas vinculados a las actividades productivas, acorde a las vedas y a la reparación de equipos, artes de pesca, resiembras de especies, incluyendo bancos ostrícolas; además de prevención y saneamiento de áreas afectadas por Pemex, o por cualquier otro tipo de contaminación
— Con el propósito de incrementar la productividad de la captura de especies, apoyaremos programas de desazolve y dragado de canales, lagunas costeras, embalses y aguas interiores.
— Exhortaremos al ejecutivo a hacer uso de las reservas y demás mecanismos previstos en el TLCAN y otros tratados internacionales de comercio para proteger los intereses de los sectores afectados y en particular del sector agropecuario.
— Demandaremos que la autoridad responsable administre los permisos de importación, tomando en cuenta los ciclos de la producción agrícola nacional y la protección de las cadenas productivas. En este contexto es indispensable la integración de una reserva estratégica de granos y alimentos básicos.
— Solicitaremos el replanteamiento del programa de empleo formal en zonas expulsoras de mano de obra, a fin de que éste realmente contribuya a la generación de empleos bien remunerados que contengan la migración de los miembros de nuestras comunidades.
— Crearemos mecanismos para defender de manera efectiva los derechos de los trabajadores migratorios del campo mexicano.
— Impulsaremos la organización económica, financiera y de desarrollo empresarial donde participen los productores rurales y campesinos organizados en alianza con empresarios privados.
— Dotaremos de mayores facultades al Banco de México, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a sus órganos sectorizados, para que regulen eficazmente el funcionamiento del sector financiero.
— Buscaremos mecanismos que obliguen a la banca comercial a financiar al sector productivo.
— Para promover servicios bancarios de calidad y crédito de bajo costo, se impulsará una intensa competencia entre los bancos, alentando la entrada de nuevos intermediarios financieros y promoviendo la propiedad mexicana de la banca mediante mecanismos que favorezcan la participación de un gran número de inversionistas en el capital social de las instituciones. Impulsaremos en la ley la obligatoriedad de que los bancos establecidos en México coticen en la Bolsa Mexicana de Valores y demandaremos al ejecutivo que haga cumplir íntegramente la regulación bancaria, incluido en lo referente a la composición accionaria del Banco Nacional de México (Banamex).
— Propondremos mecanismos para reducir la brecha entre las tasas pasivas y activas de interés y las comisiones excesivas del sector financiero, para incentivar el abaratamiento del crédito y su canalización preferente a actividades productivas.
— Legislaremos para fortalecer y sectorizar la Banca de Desarrollo con objeto de promover directamente la atención a los sectores productivos, realizar operaciones de primer piso, propiciar su capitalización, concentrar fondos dispersos en dependencias públicas como el Fogan y el fondo Pymes, participar en los mercados financieros, hacer uso selectivo del crédito, incrementar sus capacidades de asistencia técnica y capacitación, y fortalecer los instrumentos de capital de riesgo para el apoyo de emprendedores. Para darle racionalidad a su funcionamiento, la Banca de Desarrollo se diversificaría en torno a 4 grandes instituciones:
• Nacional Financiera. Responsable de la promoción y financiamiento de las actividades productivas con especial atención a las empresas competitivas, a las que atiendan zonas rezagadas, las que faciliten la reubicación de nuevas inversiones en las costas y fronteras del país y a las Pyme.
• Banco Nacional de Comercio Exterior. Encargado del fomento de las operaciones comerciales de empresas o sectores en donde México tenga ventajas comparativas.
• Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Además de sus responsabilidades actuales, estaría a cargo del financiamiento de proyectos mayores de infraestructura y de la promoción financiera y técnica para apoyar la capacidad de estados y municipios en la preparación, formulación, seguimiento y evaluación de proyectos de inversión.
• Banca de Fomento Rural. Tendría como objetivo tres ejes estratégicos: la seguridad y soberanía alimentaria; el fortalecimiento del sistema financiero rural y el impulso al federalismo. Agruparía todas las financieras, fondos y fideicomisos actualmente dispersos, bajo objetivos claros de fomento tanto a la agricultura de exportación como a la economía campesina, así como a la promoción e integración de agroindustrias y su liga a las Pyme.
El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados actuará como una oposición responsable y constructiva. Las propuestas que aquí se presentan habrán de enriquecerse en el diálogo con el resto de las fuerzas políticas y, especialmente, escuchando a la sociedad entera. La toma de decisiones legislativas no puede basarse sólo en las opiniones de unas cuantas cúpulas; por el contrario, la actividad legislativa debe cimentarse en un amplio proceso de consulta ciudadana. Con esta finalidad, el PRI promoverá el establecimiento de comisiones especiales para los temas relacionados con el crecimiento económico, el empleo y el combate a la pobreza, con objeto de lograr la participación de la sociedad y llegar a los consensos sociales necesarios para superar la peor crisis económica que México ha enfrentado en décadas.
Resulta evidente que para transitar en la consecución
de los objetivos que hemos planteado, necesariamente debemos entrar a una
etapa que conlleve un intenso e interesante quehacer legislativo que permita
la contextualización y adecuación del marco jurídico
para impulsar la reactivación económica. Promoveremos en
los próximos días y semanas acciones e iniciativas que posibiliten
la reactivación inmediata del crecimiento económico, el empleo
y el combate a la pobreza.
COMENTARIOS SOBRE LA AGENDA LEGISLATIVA,
A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA: POR UNA POLÍTICA
ECONÓMICA SOCIALMENTE RESPONSABLE, EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Y EL RESPETO DEL ESTADO DE DERECHO
Señoras y señores, diputadas y diputados
En el pasado proceso electoral, Convergencia formuló una serie de compromisos con la sociedad, en el contexto de la crisis económica más severa que ha afrontado el país, sobre problemas de inseguridad, política social, educación y de salud pública.
Ante la grave situación general del país, Convergencia responde a la nación con la firme convicción de presentar propuestas serias a las demandas más sentidas de la sociedad, que permitan al país retomar el rumbo y el progreso perdidos.
Por tal motivo, hemos presentado ante la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados una agenda legislativa para el trienio 2009-2012 que contiene propuestas orientadas a alcanzar un desarrollo sustentable e incluyente; con planteamientos que contribuyan a sustituir un modelo económico que sólo ha traído consigo saldos de pobreza extrema y profunda desigualdad social.
Estamos conscientes y convencidos de la necesidad de transformar el modelo económico y político de México, que sólo ha generado mayor pobreza y una profunda desigualdad social, así como la debacle del estado de derecho.
En este contexto, la agenda legislativa de Convergencia pretende avanzar sobre nueve ejes que respondan a la necesidad de reformar distintas leyes e instituciones para dar mayor viabilidad al Estado y fortalecer los quehaceres públicos. En ellos se formulan planteamientos de reforma de diferentes ordenamientos en materia económica, financiera, laboral, seguridad pública, procuración y administración de justicia, desarrollo social, desarrollo sustentable, salud pública, educación, reforma energética, y fortalecimiento del campo mexicano y del federalismo, entre otras.
No obstante lo anterior, Convergencia concentrará sus propuestas legislativas en cuatro temas que condensen nuestro diagnóstico de la realidad nacional y las alternativas de solución en cada caso:
• El fortalecimiento del estado de derecho socialmente responsable para vencer verdaderamente la pobreza, generando con desarrollo sustentable con equidad;
• La recuperación del estado de derecho a través de una efectiva procuración de justicia que cierre la pinza de la lucha contra el crimen organizado; y
• La obligada rendición de cuentas de gobernante y administradores del presupuesto y los bienes públicos durante y después del ejercicio de sus funciones, creando condiciones para una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos, constituyendo el cuarto poder ciudadano.
Respondiendo a las intenciones mencionadas, Convergencia destaca las siguientes acciones parlamentarias que establece en su agenda legislativa:
2. Habremos de presentar también una iniciativa de reforma integral del sistema penal mexicano, que incluye reformas constitucionales, proyecto de código penal único, proyecto de código de procedimientos único; la promoción de una ley tipo de justicia cívica; una nueva legislación sobre ejecución de penas y readaptación social de sentenciados y ley de menores infractores.
Todo ello, en un cuerpo jurídico integral, eficiente y fundamentalmente sujeto a la rendición de cuentas y a la auditoría ciudadana.
3. A fin de revertir el retroceso que representó la reforma electoral pasada, después de los importantes avances logrados en el plano electoral, promoveremos las reformas que permitan restablecer el sistema de coaliciones de partidos y las candidaturas ciudadanas independientes.
4. Propondremos incorporar a la Carta Magna la figura de la "revocación de mandato", adicionando los artículos 39 y 42 de la Constitución, aplicable a todos los cargos de elección popular en los tres niveles de gobierno, mediante referéndum, a funcionarios públicos electos de cualquier nivel, que resulten ineficientes, corruptos e incumplidos.
5. La creación de una ley metropolitana que permita a los municipios y al Distrito Federal el surgimiento y regulación de zonas metropolitanas que atiendan las necesidades regionales.
6. Convergencia también se pronuncia por reformas de la Constitución y de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, a fin de dotar de plena autonomía al órgano de fiscalización y hacer vinculatorias sus observaciones.
7. Tenemos que hacer congruentes con la Constitución la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Ley Orgánica de Pemex y el Estatuto Orgánico de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, a fin de garantizar la rectoría del Estado en dichas empresas.
8. El Grupo Parlamentario de Convergencia también propondrá reformas en materia fiscal, con la finalidad de ampliar la base de contribuyentes y combatir la evasión fiscal. No obstante, nos oponemos tajantemente al IVA en medicinas y alimentos. Impulsaremos una reforma fiscal progresiva que acabe con los tratamientos fiscales de excepción que benefician a las grandes empresas.
Igualmente, impulsaremos una gran reforma fiscal integral. La propuesta fiscal nuestra se concentrará fundamentalmente en atender el problema de la evasión y elusión fiscales, ampliar la base tributaria y generar una estructura impositiva equitativa y proporcional entre los contribuyentes.
9. Proponemos reformas de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, con la finalidad de acentuar la participación y decisión de los trabajadores en el manejo de sus recursos.
10. También iniciaremos un análisis de la Ley Federal del Trabajo, ampliando los derechos laborales de los trabajadores y estableciendo mejores mecanismos de coordinación y cooperación entre los trabajadores y patrones, a fin de fomentar el crecimiento de las empresas.
11. Nos pronunciamos por una reforma de la Ley del Infonavit que permita mayor certeza a los trabajadores respecto a los montos de su adeudo y los intereses por pagar.
12. Nos pronunciamos por reformas de la Ley de Aguas Nacionales, a fin de crear el sistema nacional de cooperación en materia de recursos hidráulicos; y, en general, revisar el entramado jurídico que regula dicho recurso, que permita garantizar el suministro del vital líquido a toda la población y su disponibilidad en los próximos años.
13. Vamos a realizar una revisión de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley de Inversión, y demás leyes que regulan el sector financiero a fin de evitar los abusos contra los particulares.
14. También revisaremos el marco constitucional del Gobierno del Distrito Federal y de su estatuto para impulsar una reforma integral del artículo 122 constitucional, que restablezca derechos plenos a los ciudadanos del Distrito Federal, libertad democrática y dote a sus autoridades públicas de un justo equilibrio con las demás entidades federativas.
15. Será necesario reformar la Ley Federal de Educación, con el propósito de federalizar ésta, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores al servicio de educación en todos los niveles y permitir un mejor desarrollo educativo de la población.
16. Convergencia también se pronuncia por modificaciones de la Ley General de Salud, con objeto de establecer un sistema nacional de control de emergencias epidemiológicas y mejorar los sistemas en esta materia, en beneficio de la población.
En el pasado, grandes han sido nuestras adversidades, pero más grandes han sido nuestros empeños y realizaciones. La historia así nos lo evidencia.
Convergencia se pronuncia para que, en un ánimo de verdadero compromiso con nuestro pueblo, entablemos un diálogo respetuoso que nos permita los consensos necesarios para sacar al país de la grave situación en que se encuentra.
El pueblo de México lo demanda y, como sus representantes, tenemos el deber y compromiso de responder a sus necesidades. Ése es el compromiso de Convergencia, y en ese sentido trabajaremos arduamente en la LXI Legislatura, que inicia.
Muchas gracias.