El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las múltiples e intensas presiones sobre la cuenca y el cauce del río Cupatitzio, en el estado de Michoacán, comprometen su sobrevivencia. De ahí la necesidad de hacer un uso eficiente de los recursos de la región y principalmente del agua en el Sistema de Riego Cupatitzio-Cajones.
Para atender esta problemática, el Gobierno del estado de Michoacán ha elaborado el Programa de Aprovechamiento Racional de los Recursos Naturales en la Cuenca del Río Cupatitzio en una visión integral y con un horizonte de largo plazo.
El programa busca beneficiar a 30 mil hectáreas de riego, haciéndolas más eficiente. Para ello, promueve la tecnificación del uso del agua en el modulo I y II correspondiendo a áreas de Gabriel Zamora y parte de Nueva Italia.
El programa requiere en total de 184 millones de pesos. En una primera etapa para el pago del proyecto ejecutivo y entubamiento del denominado canal Acequía El Grande se requiere de un total de 69 millones de pesos para ejercer en el año 2010. De esta inversión total corresponderían 60 millones de pesos a la Federación, 6 millones de pesos al gobierno del estado, y 3 millones de pesos al municipio y los usuarios.
Para el año 2011 se esperaría una inversión de 115 millones de pesos para completar el monto total de la inversión.
Se considera que con este proyecto el balance hidrológico de la cuenca del río Cupatitzio será favorable y se podría mejorar o planear nuevos desarrollos hidroagrícolas en otros municipios del estado.
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados consideren, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, recursos por la cantidad de 60 millones de pesos para el Programa de Aprovechamiento Racional de los Recursos Naturales en la Cuenca del Río Cupatitzio, Michoacán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2009.
Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA CONAGUA QUE OTORGUE A LOS HABITANTES DE VISTA HERMOSA
Y ATACAXO, EN LA MAGDALENA CONTRERAS, DISTRITO FEDERAL, LA CONCESIÓN
PARA OCUPAR UN TERRENO FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA LETICIA QUEZADA
CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, por medio del cual se solicita a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que se otorgue la concesión para ocupar un terreno federal a los habitantes de la colonia Vista Hermosa, en La Magdalena Contreras, Distrito Federal.
Exposición de Motivos
Las colonias Vista Hermosa y Atacaxco se encuentran divididas por la barranca La Coyotera –entre Popocani y andador Paloma Roquiza, en La Magdalena Contreras–, la cual durante muchos años fue foco de infección porque era utilizada como basurero y en ella se depositaba toda clase de desechos.
Desde hace aproximadamente cuatro años, los vecinos se han organizado y han unido esfuerzos para limpiar y acondicionar un remanente de la barranca, mediante recursos propios, a fin de poder utilizar el terreno, de aproximadamente mil 178 metros cuadrados, en beneficio de la comunidad, necesitada de un espacio de estacionamiento porque las calles aledañas son muy estrechas, y estacionar los automóviles en el arroyo vehicular ocasiona caos vial.
Otra parte del terreno se destina a un espacio de recreación y esparcimiento seguro para los niños, inexistente en la zona o en las colonias aledañas.
Los habitantes de la comunidad aledaña a la barranca La Coyotera han realizado durante ese tiempo diversas gestiones ante las autoridades delegacionales, del Distrito Federal y de la Conagua a fin de solicitar la concesión del terreno, propiedad de la federación, para uso colectivo.
Las gestiones han consistido en la solicitud de integración al programa de limpia de barrancas, alumbrado público, desazolve y reparación de la red del drenaje de la barranca, así como la petición de servicios realizada ante la Conagua, a fin de obtener la concesión que permita ocupar terrenos federales cuya administración compete a esa comisión, en beneficio de la comunidad.
Considerando
I. Que corresponde a la Conagua la administración de los terrenos federales, según establece el artículo 4 de la Ley de Aguas Nacionales.
2. Que la condición para que el terreno se otorgue a los habitantes de Vista Hermosa y de Atacaxco estriba en que se utilice en beneficio de la comunidad, destinado a uso público y colectivo, y que la barranca deje de ser un basurero y espacio de contaminación e inseguridad, al mismo tiempo que se respeta su vocación de recarga de mantos acuíferos y reguladora del ecosistema.
3. Que el uso del espacio no dañaría el ambiente, pues en el terreno no hay vida silvestre o especies endémicas ni poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación, como tampoco algún cauce de agua que pueda ser contaminado.
Por lo expuesto, me permito presentar a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión Nacional del Agua que otorgue concesión para ocupar y usar, con fines de beneficio colectivo de los habitantes de la colonia Vista Hermosa, delegación La Magdalena Contreras, Distrito Federal, el terreno federal aledaño al cauce de la barranca La Coyotera, en el tramo situado en las colonias Vista Hermosa y Atacaxco.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2009.
Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL A SOLICITAR
A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL QUE EMITA LA DECLARATORIA
DE ALERTA POR VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y MENORES DE EDAD EN CUAUHTÉMOC
Y VENUSTIANO CARRANZA PARA COMBATIR LOS NUMEROSOS DELITOS DE QUE SON VÍCTIMAS,
A CARGO DE LA DIPUTADA LETICIA QUEZADA CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta al Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres DF) para que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Distrito Federal y 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, solicite a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal emitir la declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres y menores de edad en las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, con la finalidad de combatir frontal y permanentemente el alto número de delitos cometidos en agravio de las mujeres y de menores de edad, quienes padecen de manera continua y flagrante la violación de sus derechos humanos, al tenor de los siguientes
Antecedentes
I. El 29 de enero de 2008, en el número 263 de la Gaceta Oficial del Distrito Federal, fue publicada la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal. Su entrada en vigor data del 8 de marzo del año 2008 y tiene como principios rectores el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la libertad y autonomía de las mujeres, la no discriminación, la equidad de género y la transversalidad de la perspectiva de género.
II. Esta ley en su Título Tercero, "De la Declaratoria de Alerta y Medidas por Violencia contra las Mujeres", dispone la realización de un conjunto de esfuerzos emergentes institucionales para la atención temporal y extraordinaria con acciones de gobierno en una circunscripción específica para enfrentar la violencia feminicida. Tal dispositivo permitirá revertir el estado de crisis en ese cinturón de devastación específica, en este caso, de desastre humanitario y violencia contra las mujeres.
III. La mencionada legislación en su artículo 8 mandata que "La Secretaría de Gobierno, a petición de Inmujeres DF, emitirá alerta de violencia contra las mujeres para enfrentar la violencia feminicida que se ejerce en su contra cuando: existan delitos graves y sistemáticos contra las mujeres; existan elementos que presuman una inadecuada investigación y sanción de estos delitos; o los organismos de derechos humanos a nivel nacional o del Distrito Federal, los organismos de la sociedad civil y los organismos internacionales, así lo soliciten al Inmujeres DF".
En su artículo 9 suscribe: "La alerta de violencia contra las mujeres tendrá como objetivo acordar e implementar las acciones de emergencia para garantizar el cese de la violencia feminicida y la seguridad de las mismas, y para ello deberá: establecer el grupo interinstitucional y multidisciplinario que dará seguimiento a las acciones; acordar e implementar las acciones necesarias para enfrentar y abatir la violencia feminicida; asignar recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la violencia contra las mujeres; y hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia contra las mujeres y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar."
IV. El Distrito Federal ocupa, lamentablemente, el primer lugar en materia de violencia comunitaria contra las mujeres según los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar, realizada por el Inegi y, específicamente, la zona de La Merced, en algunas calles o avenidas de la delegación Cuauhtémoc que han sido un espacio privilegiado para el comercio sexual. Esta zona de permisibilidad sistémica, se conforma por parte de los territorios de las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.
A través de una observación común y sustentada también por distintos estudios realizados por instituciones de carácter académico y por organizaciones de la sociedad civil, se constata que en esta zona de la Ciudad de México se comenten sistemáticamente conductas que atentan contra los derechos y dignidad de las mujeres que son explotadas sexualmente. Asimismo, estudios recientes dan cuenta de cómo se ha ido incrementando la explotación sexual de menores de edad a través del llamado sexo servicio o prostitución.
El pasado 27 de octubre de 2009 se detuvo a 14 presuntos responsables de delitos de trata de personas, que establece el Código Penal en el Título Sexto, Capítulo IV, y de la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, el Abuso Sexual y la Explotación Sexual Comercial Infantil para el Distrito Federal, cometidos en cinco hoteles de la colonia Buenavista, en los que se encontraron, en su interior, cámaras de video, objetos sexuales, preservativos y juguetes de menores víctimas de diversos delitos. En este sentido, es menester destacar que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal cuenta con los elementos materiales y de recursos humanos necesarios para combatir estos delitos.
V. La declaratoria de alerta es un recurso y dispositivo legal, de carácter extraordinario y de naturaleza democrática, que sólo puede activar su intervención después de evidencias constantes y contundentes respecto a la descomposición social en grado superlativo y de la ausencia institucional, situación que presenta sus primeros síntomas con la liberación de poderes informales y delincuenciales a su libre arbitrio creando zonas de delito franco y abierto, en este caso, contra las mujeres y los menores de edad.
La declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres es una herramienta institucional compleja cuya puesta en marcha implica la obligatoria acción estructural de dependencias e instancias del Distrito Federal. La Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Social, el Inmujeres, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos y las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza entre otras.
Solamente el concurso de todas las dependencias implicadas y señaladas por la ley pueden revertir los patrones que han impulsado esta forma de violencia extrema en contra de las mujeres, las niñas y los niños. La naturaleza de intervención de la declaratoria de alerta es una suma institucional para crear un proceso mayor, emergente y temporal de acciones que hagan una sinergia capaz de desaparecer los factores, las condiciones, las estructuras e infraestructuras que cultivan y generan estas zonas ausentes de legalidad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto ante el pleno de esta Cámara de Diputados, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Instituto de las Mujeres del Distrito Federal a que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Distrito Federal, solicite a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal para que emita la declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres y menores de edad en la zona de La Merced, la cual se ubica en parte de los territorios que componen a las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, con la finalidad de combatir frontal y permanentemente el alto número de delitos cometidos en agravio de las mujeres y de menores de edad, quienes padecen de manera continua y flagrante la violación de sus derechos humanos.
Segundo. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que, a través de la figura jurídica "extinción de dominio", con el objetivo de que los bienes muebles o inmuebles que han sido utilizados o que son producto de los delitos relacionados con la trata de personas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2009.
Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN PARA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE ZACATECAS RECURSOS
POR LO MENOS EQUIVALENTES A LOS APROBADOS EN EL PEF DE 2009, A CARGO DEL
DIPUTADO GERARDO LEYVA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los que suscriben, diputados Claudia Edith Anaya Mota, Gerardo Leyva Hernández, Heladio Verver y Vargas Ramírez, Samuel Herrera Chávez, Ramón Jiménez Fuentes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La inversión pública, especialmente en infraestructura en materia de comunicaciones, es una de las medidas contracíclicas que debe implantar cualquier economía en recesión.
Además, la inversión en infraestructura es un elemento indispensable para el desarrollo económico de cualquier país en esta sociedad.
A partir de 2007 se ha venido incrementando de manera significativa el presupuesto en materia de infraestructura carretera en todo el país. En 2007 se presupuestaron 29,412 millones de pesos. Para el siguiente año se aumentó a 38,379 millones y en 2009 la inversión se incrementó hasta 48,251 millones de pesos. Sin embargo, para este año en la iniciativa enviada por el Ejecutivo únicamente se considera 48,329 millones. Es decir, una reducción en términos reales, puesto que ni siquiera se logra compensar el efecto de la inflación.
Aunque a todo el país le va mal, en el tema de infraestructura carretera a algunos les va peor que a otros. Entre los más afectados se encuentra Zacatecas. En 2009 se aprobaron 1,868.1 millones de pesos, lo que constituyó un impulso muy importante a la modernización del estado. Se ha logrado avanzar de manera significativa en los ejes que conectan al estado con el resto del país.
Los ejes Zacatecas-San Luis Potosí, Zacatecas-Coahuila, Fresnillo-Durango y Zacatecas-Guadalajara implican un salto fundamental en el desarrollo del estado y fue posible avanzar gracias a que se tomó la decisión política de hacer crecer por primera vez en muchos años, la inversión pública en este sector de la economía.
El gobierno del estado tomó el tema de infraestructura como una prioridad, lo que ha permitido que exista una coordinación estado-federación que ha arrojado buenos resultados.
Lamentablemente, el proyecto del Ejecutivo para este año únicamente considera 1,122 millones de pesos para infraestructura carretera en Zacatecas. Además, de esta cantidad debemos descontar casi 500 millones de pesos que, de manera errónea, vienen etiquetados para proyectos ya concluidos o no prioritarios. Esto implicaría una noticia gravísima para el estado. Significaría no sólo el freno de buena parte de los proyectos estratégicos sino el retraso en la comunicación del estado con el resto del país y del mundo.
En términos efectivos, se está reduciendo la inversión en infraestructura carretera para Zacatecas de 1,868.1 millones de pesos en 2009 a únicamente 645 millones en 2010. Esto resulta realmente escandaloso e inaceptable. Su aprobación sin cambios significaría una verdadera agresión a los zacatecanos.
Los legisladores de Zacatecas llamamos a la Comisión de Comunicaciones a efecto de que revise, de manera urgente, a fondo y con rigor, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 y ejerza a plenitud sus facultades para elaborar un dictamen que tome en cuenta las preocupaciones de todas las regiones del país y garantice que ningún estado se vea afectado de manera desproporcionada.
De manera específica, llamamos a la Comisión de Comunicaciones a efecto de que se apruebe un presupuesto por lo menos equivalente en términos reales a lo que se presupuestó en 2009.
La licenciada Amalia García Medina entregó el 22 de octubre a la Comisión de Comunicaciones la lista de proyectos prioritarios que los legisladores zacatecanos asumimos como propia.
Asimismo, pedimos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que valore con criterios técnicos objetivos y con una visión que ponga en primer término el desarrollo equilibrado y justo de todas las regiones del país.
Ningún estado de la república merece que se reduzca hasta un tercio, de un año a otro, la inversión programada en un rubro tan fundamental como lo es la infraestructura carretera.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 una inversión en materia de infraestructura carretera para el estado de Zacatecas, por lo menos equivalente a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de 2009 por un monto de 1,868.1 millones de pesos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2009.
Diputados: Claudia Anaya Mota, Gerardo Leyva Hernández,
Samuel Herrera Chávez, Heladio Verver y Vargas Ramírez, Ramón
Jiménez Fuentes (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE DESTINEN RECURSOS A LA CREACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO Y
AL DESARROLLO DEL PARQUE FABRIL PARA ESTABLECER LA INDUSTRIA AEROESPACIAL
EN ZACATECAS, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO LEYVA HERNÁNDEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los que suscriben, diputada Claudia Edith Anaya Mota y diputados Gerardo Leyva Hernández, Heladio Verver y Vargas, Samuel Herrera Chávez, Ramón Jiménez Fuentes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Una condición indispensable para la paz y prosperidad de nuestro país es garantizar el derecho de todo individuo a un empleo digno y remunerado.
Una de las consecuencias de la actual crisis económica que enfrenta el mundo, pero con especial gravedad nuestro país, es la pérdida de cientos de miles de empleos, cada uno de los cuales representa un desastre en la familia afectada.
Por eso reviste especial importancia que empresas de prestigio internacional decidan escoger a nuestro país para desarrollar aquí proyectos de inversión que tienen la capacidad de detonar el crecimiento económico de toda una región.
La empresa Triumph, de origen estadounidense, es una de las más importantes de los fabricantes de partes de aviones y helicópteros del mundo, eligió el estado de Zacatecas para invertir por lo menos 208 millones de dólares. Esto implicará la creación de más de mil 400 empleos directos en una primera etapa del proyecto. Por tanto, es un deber de todo gobierno establecer las condiciones para hacer realidad este desarrollo.
La parte que corresponde al gobierno de Zacatecas ha sido generar la infraestructura necesaria para la instalación no sólo de la empresa Triumph, sino para todo el conjunto de empresas que conformarán el cluster aeroespacial que trae aparejado un proyecto de esta envergadura.
El total de inversiones públicas requeridas será de 436.2 millones de pesos, que se obtendrán de diversas fuentes y programas
Sin embargo, es indispensable que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se autoricen 179.6 millones de pesos.
Estos recursos pueden ser canalizados a través del Fondo Proméxico de la Secretaría de Economía. Cabe señalar que en 2009 este fondo tuvo recursos por 50 millones de pesos y en el Proyecto del Ejecutivo 2010 se contemplan 33 millones de pesos. Por tanto, resulta urgente incrementar de manera significativa su bolsa nacional y etiquetar de manera específica estos 179.6 millones para Zacatecas.
La autorización de esta partida presupuestal es indispensable para dar viabilidad la inversión de la industria aeroespacial y, por consiguiente, para la generación de empleos.
Cabe señalar que esta industria requiere mano de obra altamente especializada y se eligió a Zacatecas porque tiene personal capacitado en las áreas requeridas. Por tanto, los empleos que se generarán serán de calidad, con estabilidad laboral para los trabajadores, con la garantía de todos sus derechos laborales, con sueldos competitivos y posibilidades de desarrollo profesional.
Más de mil 400 empleos de esta calidad, implicarán una derrama económica muy importante para toda la región, tendrán un efecto multiplicador en el consumo y, por lo tanto, significarán un detonante para el desarrollo económico.
Tenemos confianza en que la creación de un cluster aeroespacial atraerá inversiones adicionales en otras industrias y la creación de una red de pequeñas y medianas industrias locales que son el núcleo de toda economía próspera.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Economía, y de Presupuesto y Cuenta Pública, a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 un paquete de recursos por 179.6 millones de pesos, a fin de crear el proyecto educativo y desarrollar el parque industrial para el establecimiento de la industria aeroespacial en Zacatecas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2009.
Diputados: Claudia Anaya Mota, Gerardo Leyva Hernández,
Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Heladio Verver y Vargas,
Ramón Jiménez Fuentes (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA DIVULGAR LA CIENCIA Y EQUIPAR LOS CENTROS
CIENTÍFICOS DE ZACATECAS, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO LEYVA HERNÁNDEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los que suscriben, diputada Claudia Edith Anaya Mota y diputados Gerardo Leyva Hernández, Heladio Verver y Vargas, Samuel Herrera Chávez, Ramón Jiménez Fuentes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Un elemento distintivo del género humano es nuestra capacidad de transformar nuestra realidad. Desde los primeros avances tecnológicos que dieron origen a la civilización humana, el conocimiento, la experimentación, la creación de nuevas herramientas, dieron a la raza humana el dominio sobre el mundo y la naturaleza.
Hoy se dice que vivimos en una sociedad del conocimiento. La ciencia en el mundo moderno ocupa un lugar central. Es impensable una sociedad desarrollada en lo económico que no tenga una gran potencia en calidad científica.
Lamentablemente, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 no aborda el tema del desarrollo tecnológico del país. De sus más de 300 páginas, ni una sola se dedica a este tema. No hay un solo objetivo tecnológico o científico en el documento rector del desarrollo nacional.
Esto, obviamente, se traduce en una escasa inversión en el desarrollo científico del país. Este atraso científico fue evidente cuando no tuvimos capacidad para responder de manera adecuada al surgimiento de la gripe aviar. Ni siquiera logramos identificar el virus, ni mucho menos registrarlo o desarrollar una vacuna propia.
Esta situación de atraso tecnológico afecta a todo el país. Sin embargo, los pocos Centros de Investigación están concentrados en unos cuantos estados. Sólo el Distrito Federal cuenta con un total de 63 Centros de Investigación Científica. Zacatecas sólo tiene uno, a pesar de que posee uno de los índices más altos de miembros del Sistema Nacional de Investigadores por cada cien mil habitantes.
Y es que en Zacatecas se han desarrollado procedimientos de difusión y divulgación de la ciencia como instrumentos educativos formales y no formales creados para cerrar brechas en el rezago educativo actual y que fomenten la comprensión e interés por la ciencia por parte de los niños y jóvenes zacatecanos.
Asimismo, se han construido mecanismos ágiles, eficientes y responsables en la propuesta e implementación de soluciones tecnológicas a los problemas básicos de atraso productivo y pobreza, mediante transferencia o construcción propia de tecnologías específicas para problemas concretos de nuestro medio.
Para promover condiciones culturales y educativas que impulsen el desarrollo científico y tecnológico del estado, a través de programas de apoyo y promoción a la investigación y de divulgación y difusión de la importancia de la ciencia y la tecnología como vías para encontrar soluciones a los problemas de la sociedad zacatecana, se creó el Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología, en 1991, el cual ha implantado programas como la Semana de la Ciencia y la Tecnología, el Registro Estatal de Investigadores, redes de investigación productivas, centro interactivo zig-zag; y divulgación en las distintas universidades e institutos de educación superior del estado.
Por eso, como zacatecanos y como diputados apelamos hoy para que ante el fortalecimiento y construcción de un federalismo auténtico se amplíe el presupuesto al estado de Zacatecas, para lograr el desarrollo de infraestructura que detone la economía local, beneficiando no sólo a los zacatecanos sino al resto de los mexicanos.
Existen programas de gran importancia, proyectados, presupuestados y en ejecución para el siguiente ejercicio fiscal y, de no contar con el presupuesto necesario, serán detenidas, atrasando aún más el desarrollo sustentable. No podemos omitir que es finalmente, a través de los estados y municipios, que la gente encuentra el beneficio más evidente y cercano, por eso debemos privilegiar hoy los presupuestos a las entidades, en aras de fortalecimiento del federalismo nacional.
En tal virtud, Zacatecas necesita asegurar que exista la infraestructura necesaria para que todos los zacatecanos puedan tener acceso adecuado a los mercados regionales, nacionales e internacionales, que detonen el aprovechamiento de recursos de la región y garanticen un mejor nivel de vida a sus habitantes.
No contar con los recursos económicos suficientes limita la acción gubernamental y, por tanto, el beneficio social, que es lo que tanto se ha buscado en los últimos sexenios.
Por lo expuesto, sometemos a la consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto y Cuenta Pública a contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2010 recursos para divulgar la ciencia y equipar los centros científicos de Zacatecas con por lo menos 31 millones de pesos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2009.
Diputados: Claudia Anaya Mota, Gerardo Leyva Hernández,
Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Heladio Verver y Vargas,
Ramón Jiménez Fuentes (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA LOS PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA
HIDROAGRÍCOLA Y EL AGUA POTABLE DE ZONAS URBANAS Y RURALES DE ZACATECAS,
A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO LEYVA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Los que suscriben, Claudia Edith Anaya Mota, Gerardo Leyva Hernández, Heladio Verver y Vargas Ramírez, Samuel Herrera Chávez y Ramón Jiménez Fuentes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En materia de recursos hidráulicos, los estados con clima desértico y semidesértico deben tener un tratamiento especial. Los índices pluviométricos en las zonas clasificadas como áridas alcanzan hasta 400 mm, de precipitación anual, con 8 a 12 meses de secas; y en las semiáridas, el promedio va de 400 a 700 mm, con 6 a 8 meses secos.
Las zonas semidesérticas están en una situación permanente de riesgo ecológico. La acción humana depredadora y la falta de políticas públicas que preserven el equilibrio ecológico pueden provocar el avance del desierto y la pérdida definitiva de tierras productivas, ocasionando un grave e irreversible daño a toda la región.
Las zonas semidesérticas del país requieren inversiones públicas de carácter estratégico y de largo plazo para enfrentar los desafíos de la naturaleza y preservar la actividad económica, vital para miles de ciudadanos que habitan en esas regiones inhóspitas.
Zacatecas tiene amplias zonas semidesérticas. Más de 30 de sus municipios tienen regiones con ese clima.
Como consecuencia de ello se enfrentan sequías recurrentes, por lo menos cada cuatro años. Esta situación climática provoca graves daños en la economía del estado. Un año sin lluvia suficiente representa sufrimiento para miles de familias zacatecanas.
La única manera de prevenir los efectos devastadores de la sequía es invertir de manera suficiente en la infraestructura hidroagrícola y las medidas preventivas indispensables para almacenar el líquido, administrarlo con eficiencia y evitar su desperdicio.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se aprobaron 560.1 millones de pesos destinados a los programas que maneja la Comisión Nacional de Agua en el estado. Este monto habría representado un gran paso para la prevención de catástrofes. Sin embargo, hasta el momento no se ha erogado, y parece que habrá graves subejercicios.
Los datos que nos han proporcionado los técnicos de la Conagua y de nuestro grupo parlamentario indican que se tienen considerados únicamente 332.2 millones de pesos para Zacatecas.
Ese presupuesto representaría un duro golpe al proyecto de los zacatecanos de lograr un estado menos vulnerable a los vaivenes del clima.
Una nueva sequía en tiempos de tanta dificultad económica como los que enfrentamos en este momento pondría en riesgo la supervivencia económica de comunidades enteras, afectaría el desarrollo de la región y dispararía la problemática social, política y de seguridad que ya sufrimos.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Recursos Hidráulicos, y de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos dirigidos a los programas relacionados con la infraestructura hidroagrícola y el agua potable para zonas urbanas y rurales por un total de al menos 560.1 millones de pesos, que son equivalentes a lo aprobado en 2009.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2009.
Diputados: Claudia Anaya Mota, Gerardo Leyva Hernández,
Samuel Herrera Chávez, Heladio Verver y Vargas Ramírez, Ramón
Jiménez Fuentes (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONCLUIR LA CONSTRUCCIÓN DE LA
ESCUELA SECUNDARIA LA CUESTA, EN ÁLVARO OBREGÓN, A CARGO
DEL DIPUTADO AGUSTÍN GUERRERO CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Dado los enormes rezagos en el país en materia de cobertura, calidad y acceso a la educación, en específico la relativa a la educación media básica, y con el objetivo de crear infraestructura educativa en beneficio de población de escasos recursos, la delegación Álvaro Obregón, a través de su Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, lleva a cabo desde 2006 la construcción de obra nueva del proyecto arquitectónico escuela secundaria La Cuesta, en el predio del mismo nombre, situado en Río Guadalupe sin número en la colonia el Mirador.
2. El proyecto cuenta con una superficie de terreno de 3 mil 500.00 metros cuadrados y una superficie de construcción de 2 mil 673.60 metros cuadrados, y beneficia directamente a las colonias Tetelpan, La Joyita, El Mirador, San Clemente, Tecalcapa, Tetelpan Pueblo, Puente Colorado, Ocotillos, La Peñita, Flor de maría, Camino Real a Tetelpan, Alcantarilla, Tizampampano, Herradura y Lomas de Guadalupe, atendiendo una población de 26 mil 947 habitantes.
3. El inmueble contará de cinco cuerpos, todos, según los planos (ARQ-01,ARQ-02, ARQ-03, ARQ-04, ARQ-05, ARQ-06, ARQ-07), independientes, cimentados sobre pilas que tienen una profundidad promedio de 12.50 metros, sobre la cual se desplanta una estructura de concreto armado que tiene la planta baja, y dos niveles, adicionalmente la azotea, los entre pisos tienen una altura de 2.90 metros en cada uno de los cuerpos, asimismo se tiene considerando un área adicional para conserjería con servicios independientes.
4. La escuela secundaria tendrá con área de gobierno 15 aulas didácticas, 1 salón de música, así como espacios para específicos para talleres de dibujo técnico, taquimecanografía, computación, electrónica y corte y confección. El plantel tendrá además dos laboratorios, una sala de audiovisual, biblioteca y servicio de sanitarios.
5. Para dar cumplimiento a este proyecto, la delegación ha ejercido en la primera etapa en 2006 la cantidad de 6 millones 154 mil 232.62 pesos en trabajos consistentes de conformación de tercerías, de muros de contención y estabilización de taludes; en la segunda etapa, en 2007, ejerció la cantidad de 5 millones 825 mil 622.62 pesos en trabajos de obra civil del edificio principal A, como son estructuras de concreto armado (columnas, trabes y losas, muros tipo novoceramic, escalera metálica, paso para instalaciones hidráulicas y eléctricas); en la tercera etapa, en 2008, en la que se ejercieron 5 millones 701 mil 832.55 pesos, se construyó un segundo edificio D, se cimentó la planta baja y las columnas del primer nivel y se protegieron los muros de contención; en la cuarte etapa, en este 2009, se ejercieron 14 millones 270 mil 111.41 pesos.
6. El importe total ejercido a la fecha es de 31 millones 951 mil 799.24 pesos de un total de inversión de 66 millones 715 mil 866.83 pesos, requiriendo para considerar en el Presupuesto de Egresos de 2010 un importe total para conclusión de la obra de 34 millones 764 mil 67.59 pesos.
Considerandos
1. Que ante esta problemática, el Gobierno del Distrito Federal ha establecido mecanismos de coordinación institucional y de política pública entre las autoridades y actores federales a fin de garantizar a los jóvenes de la ciudad el derecho a la educación de manera corresponsable.
2. Que ante la situación de crisis económica que sufre el país que agudiza la falta de oportunidades educativas, y laborales entre la población resulta necesario establecer acciones en los diferentes ámbitos de gobierno para garantizar el acceso educativo de la población media básica.
3. En este sentido, la delegación Álvaro Obregón, en colaboración con los vecinos de la comunidad, proyecta y realiza en diversas etapas, desde 2006, la construcción de la escuela secundaria La Cuesta.
4. Que es responsabilidad de las autoridades locales y federales respetar, proteger y garantizar, bajo el principio de igualdad, los derechos económicos, sociales y culturales de los jóvenes.
5. Que las distintas autoridades locales y federales están obligadas a establecer acuerdos y convenios entre las distintas instancias de gobierno local y federal con la finalidad de garantizar el acceso a la educación y la cultura a los jóvenes del Distrito Federal.
Por lo expuesto, ponemos a consideración de este honorable Congreso la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Esta soberanía solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Educación, y del Distrito Federal de la honorable Cámara de Diputados que se considere en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos etiquetados para concluir la construcción de la escuela secundaria La Cuesta en la delegación Álvaro Obregón.
Dado en el recinto legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2009.
Diputados: Vidal Llerenas Morales, Agustín
Guerrero Castillo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras, Balfre Vargas
Cortés, Arturo Santana Alfaro, Avelino Méndez Rangel,
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO RURAL DE LAS ZONAS
DE MAYOR ATRASO RELATIVO, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN JIMÉNEZ
FUENTES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Ramón Jiménez Fuentes, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguientes
Consideraciones
1. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, en el artículo 55, está consignado el Fondo para el Desarrollo Productivo del Altiplano Semidesértico, con una asignación presupuestal de 750 millones de pesos.
2. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 (PPEF 2010), el Ejecutivo federal no ha incluido el fondo mencionado, siendo necesaria su restitución con el incremento correspondiente en términos reales, en virtud a la importancia de los apoyos que se otorgan a los estados de la demarcación comprendida en el altiplano semidesértico: Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luís Potosí y Zacatecas. Es también necesario que en los lineamientos para la operación del fondo se defina que las entidades federativas participarán en la delimitación de los municipios beneficiarios.
3. Por lo que corresponde al estado de Zacatecas, en particular en las zonas ganaderas, debido a las escasas precipitaciones pluviales, es menester dirigir apoyos presupuestales orientadas a la "cosecha de agua", tanto para usos agrícolas como pecuarios. Para estos efectos la construcción de pequeñas presas, bordos, abrevaderos, la adquisición de maquinaria para abrir caminos, para el transporte de ganado, insumos y productos agrícolas, entre otros, son actividades prioritarias, que deberán apoyarse.
4. En el fondo regional consignado en el PPEF 2010, en necesario incluir al estado de Zacatecas tanto por el nivel de pobreza de su población, como por el atraso de las actividades productivas, que han provocado que esta entidad sea importante origen de la migración hacia Estados Unidos de América.
5. En los Componentes del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, así como en sus reglas de operación, es preciso determinar apoyos presupuestales para los efectos antes señalados, particularmente en el Progan, apoyo a la adquisición de fertilizantes, diesel agropecuario, infraestructura hidroagrícola, entre otros.
Con fundamento en los elementos antes mencionados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar, en la propuesta de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación que presente a este Pleno, las necesidades de recursos expresadas en las consideraciones de esta proposición, a fin de promover el desarrollo rural de las zonas de mayor atraso relativo.
Palacio Legislativo a 29 de Octubre del 2009.
Diputado Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONCLUIR EL CENTRO DE ESPECIALIDADES DEPORTIVAS
EN ZACATECAS, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN JIMÉNEZ FUENTES,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputados federales Ramón Jiménez Fuentes, Claudia Edith Anaya Mota, Gerardo Leyva Hernández, Samuel Herrera Chávez, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se destinen y etiqueten 32 millones de pesos para la conclusión del centro de especialidades deportivas en el estado de Zacatecas con base en las siguientes
Consideraciones
Actualmente, vivimos en una sociedad donde nuestra niñez y jóvenes adolescentes tienden con facilidad a adquirir hábitos insanos como son fumar, beber alcohol, consumir drogas, que añadido al sedentarismo, estropea la salud.
El problema del tabaco, las drogas y el alcohol en los adolescentes debe de atenderse en las primeras edades de la etapa del desarrollo evolutivo y, sin duda, una de las soluciones más eficaces es fomentar a los niños hábitos saludables como es la actividad física.
Las investigaciones realizadas en estos años demuestran la necesidad del ejercicio físico en todas las edades, por los beneficios que indudablemente tienen para la salud.
En Zacatecas contamos con el Instituto del Deporte, que es el que se encarga de determinar y desarrollar los planes a corto, mediano y largo plazos, así como de coordinar las actividades de las distintas áreas administrativas y financieras para dar cumplimiento a cada uno de los planes y programas necesarios para propiciar y fortalecer el desarrollo del deporte en todos sus municipios.
Este instituto cuenta con varios programas para su adecuado funcionamiento como lo son el de desarrollo del deporte, el cual consiste en promover, difundir el deporte mediante actividades que desarrollen las actividades y hábitos positivos de la cultura física en la población, así como apoyar y promover deportistas y equipos que alcancen el rendimiento necesario para situar al estado en los primeros niveles de competencia; el de deporte estudiantil, que tiene como objetivo impulsar los programas de deporte, educación física y recreación a los estudiantes de todas las edades y niveles educativos, a fin de que adopten el ejercicio físico como una práctica habitual para mejorar su calidad de vida; el de formación y capacitación, que consiste en capacitar y actualizar permanentemente a deportistas, entrenadores, directivos; el de deporte selectivo, que es el que se refiere a la atención, control, seguimiento y apoyo a los deportistas más sobresalientes del estado para que obtengan la excelencia deportiva necesaria para encuentros nacionales e internacionales; deporte para todos, que promueve, difunde y realiza de manera libre u organizada los programas de la Comisión Nacional del Deporte, con la participación de todos los sectores de la sociedad civil, en los distintos municipios y núcleos urbanos del estado, a fin de emplear el tiempo libre de manera saludable a través de la práctica deportiva.
En marzo del presente año se inicio la construcción de la primera etapa del centro de especialidades deportivas con un presupuesto de 19 millones 200 mil pesos, el cual tiene como finalidad dar atención a deportistas de alto rendimiento, tanto nacionales como extranjeros, ya que Zacatecas posee las condiciones geográficas y de altitud que es de 2 mil 455 metros sobre el mar, necesarias para el desarrollo de actividades deportivas.
Para la conclusión de esta obra, en su segunda etapa se requiere de un presupuesto de 32 millones de pesos, que serían destinados para la construcción de villas de alojamiento para los deportistas, construcción de un gimnasio de fortalecimiento físico, construcción de un comedor y un estacionamiento.
Es de gran importancia concluir esta obra ya que Zacatecas cuenta con 28 seleccionados nacionales en las disciplinas de atletismo, levantamiento de pesas, taekwondo, ciclismo, boxeo, baloncesto y natación.
Por lo anterior, es necesario apoyar a los deportistas que nos representan a nivel nacional e internacional a través de infraestructura deportiva.
Por lo mencionado, sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se destinen y etiqueten 32 millones de pesos para la conclusión del centro de especialidades deportivas en el estado de Zacatecas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2009.
Diputados: Ramón Jiménez Fuentes,
Claudia Edith Anaya Mota, Gerardo Leyva Hernández, Samuel Herrera
Chávez, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS DESTINADOS AL SECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES, ESPECÍFICAMENTE PARA DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO DE DESARROLLO
SUSTENTABLE DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL DE ZACATECAS, A CARGO
DEL DIPUTADO RAMÓN JIMÉNEZ FUENTES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Los suscritos, diputados federales Ramón Jiménez Fuentes, Claudia Edith Anaya Mota, Gerardo Leyva Hernández, Samuel Herrera Chávez, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se destinen y etiqueten 42 millones de pesos en el sector de medio ambiente y recursos naturales, específicamente para dar continuidad al proyecto de desarrollo sustentable del relleno sanitario intermunicipal de Zacatecas, de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
El proyecto de desarrollo sustentable correspondiente al relleno sanitario intermunicipal situado en Zacatecas, es el resultado de la firma de un convenio entre los municipios de Zacatecas, Guadalupe, Vetagrande y Morelos.
Este método de relleno consiste en depositar en el suelo desechos sólidos, los cuales se esparcen y se compactan reduciéndolos al menor volumen posible para que así ocupen un área pequeña. Luego se cubren con una capa de tierra y se compactan nuevamente al terminar el día
Creado con el objetivo de incrementar la eficiencia en la recaudación de basura y el servicio de limpia, ya que a la fecha se cuenta con varios tiraderos en estos municipios; mismos que en la actualidad son considerados como de alto grado de contaminación, toda vez, que se localizan cerca de la mancha urbana, lo que representa un alto impacto ecológico y social, ya que algunos de ellos emplean tiros de mina con el objeto de eliminar la basura.
Los rellenos sanitarios cuentan con múltiples ventajas, como la construcción de un método completo y definitivo para la eliminación de todo tipo de desechos sólidos; evitar los problemas de cenizas y materiales que no se descomponen; significa bajos costos de operación y mantenimiento; generación de empleos para mano de obra no calificada; su ubicación puede darse cerca de áreas urbanas; e incluso permite utilizar terrenos considerados como improductivos.
En todo el estado se generan alrededor de 800 toneladas de basura, de las cuales, de acuerdo con estudios realizados, entre los cuatro municipios generan un total de 270 toneladas diarias, es decir, el 34 por ciento, divididos de la siguiente forma: 130 toneladas de Zacatecas, 120 toneladas de Guadalupe, 10 toneladas de Morelos y 9 toneladas de Vetagrande; por lo que la creación de este relleno intermunicipal es de gran importancia.
Con la creación del relleno se logró, además de garantizar el equilibrio ecológico de estas zonas, responder a una exigencia social de tratamiento de residuos sólidos y garantizar la calidad de vida de los zacatecanos.
A pesar de que para el año 2009 se logró etiquetar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 42 millones de pesos para la aprobación de esta obra, es necesario un presupuesto adicional de 42 millones de pesos para darle continuidad, mantenimiento y equipamiento a fin de que sea un proyecto que beneficie a cientos de familias, por lo que es de suma importancia destinar más recursos a esta obra.
Vale la pena señalar que este relleno está construido en un terreno de 25 hectáreas, situado en la comunidad de Sauceda de la Borda, con un costo de cinco millones de pesos; costo que fue aportado por los municipios señalados, además de la coordinación de la federación, el estado y el municipio, que sin miras partidistas se ha logrado concretar esta obra.
Por lo mencionado, sometemos a su consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se destinen y etiqueten 42 millones de pesos para el sector de medio ambiente y recursos naturales, a fin de darle continuidad al proyecto de desarrollo sustentable del relleno sanitario intermunicipal de Zacatecas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre del 2009.
Diputados: Ramón Jiménez Fuentes,
Claudia Edith Anaya Mota, Gerardo Leyva Hernández, Samuel Herrera
Chávez, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez.
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE DESASTRES
NATURALES EN ÁLVARO OBREGÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA ARACELI
VÁZQUEZ CAMACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
María Araceli Vázquez Camacho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se solicita y exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a efecto de que en el marco de sus atribuciones etiquete una partida presupuestal de 800 millones de pesos en el programa Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23, "Previsiones Salariales y Económicas", del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, para atender la problemática de desastres naturales en la delegación Álvaro Obregón con base en los siguientes
Considerandos
La Ley General de Protección Civil establece principios de política publica en prevención y mitigación de desastres, lo referido a los fenómenos peligrosos tales como son los hidrometeorológicos y geológicos, así como los lineamientos que deben regir las declaratorias de desastre y emergencias.
La problemática se circunscribe en la protección civil, al medio ambiente, en la protección de la vida y el patrimonio de los habitantes de la ciudad y en la facultad de esta Cámara de Diputados de aprobar el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal correspondiente.
La tragedia mas reciente se dio el 24 de octubre del año en curso en la colonia Barrio Norte, delegación Álvaro Obregón, donde cerca de las 2:30 de la madrugada un nuevo derrumbe ocasiono un hundimiento de 8 metros de diámetros y 12 metros de profundidad y donde 67 personas de 20 familias que viven en ese predio fueron desalojadas por su seguridad y protección civil.
En la delegación Álvaro Obregón hay 298 colonias, 27 de ellas se encuentran asentadas en zonas de minas que representan aproximadamente 70 por ciento de su población.
El Plan de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón señala que las colonias La Cascada, Golondrinas, Molino de Rosas, Barrio Norte, Ampliación las Águilas y Lomas de Capula son de alto riesgo, ya que los asentamientos humanos se encuentran situados sobre rellenos heterogéneos, mal compactados o no compactados, en zonas de fuertes pendientes y sobre zonas federales de ríos y arroyos, lo que implica deslizamientos de las estructuras de desplante de viviendas e inestabilidad estructural de éstas.
Datos del gobierno federal permiten robustecer la propuesta: el Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Secretaría de Gobernación informó que, en los últimos 20 años, el número de desastres, superiores a 75, han causando alrededor de 7 mil muertes y decenas de miles de damnificados. El número de víctimas fatales durante los últimos 20 años asciende a algo más de 10 mil personas, alrededor de 500 anuales en promedio. Los daños directos calculados alcanzan los 9.6 mil millones de dólares.
En el caso de estos fenómenos existen autoridades que atiende dichas eventualidades, por su parte esta la Secretaria de Gobernación a través del Sistema Nacional de Protección Civil y el Fonden (Fondo de Desastres Naturales), que es un instrumento financiero mediante el cual dentro del Sistema Nacional de Protección Civil tienen como finalidad apoyar a las entidades federativas de la República Mexicana, así como a las dependencias y entidades de la administración pública federal, en la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural.
Parte fundamental de la eficiencia del Sistema Nacional de Protección Civil se sustenta en la oportunidad con la cual puedan atenderse las necesidades de la población ante la eventualidad de un desastre natural, a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas, la afectación de la planta productiva, la destrucción de bienes materiales, el daño a la naturaleza, así como la interrupción a las funciones esenciales de la sociedad.
Dicho Fondo de Desastres Naturales se sustenta financieramente en el Ramo General 23, "Provisiones Salariales y Económicas", del Presupuesto de Egresos de la Federación. Sus reglas de operación disponen, entre otras acciones, apoyar, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación previstos la restitución parcial o total de los daños ocasionados por un fenómeno perturbador en la infraestructura (incluyendo los bienes de dominio público o privado) de las entidades federativas, municipios y delegaciones del Distrito Federal, en consecuencia es legitimo el planteamiento en el presente punto de acuerdo. Por ello, es de gran trascendencia solicitar un incremento en las partidas del Fondo de Desastres Naturales para la demarcación Álvaro Obregón, en virtud de las consideraciones planteadas.
En virtud de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita y exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a efecto de que en el marco de sus atribuciones etiquete una partida presupuestal de 800 millones de pesos en el programa Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23, "Previsiones Salariales y Económicas", del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, para atender la problemática de desastres naturales en la delegación Álvaro Obregón.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 29 de octubre de 2009.
Diputada María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LAS
GRIETAS EN EL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO
VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado Rigoberto Salgado Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática del honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este órgano legislativo, para discusión y, en su caso, aprobación, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a aprobar, dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos para atender la problemática de las grietas en el Distrito Federal.
Exposición de Motivos
La Ciudad de México se encuentra asentada sobre dos mil kilómetros cuadrados; de ellos, mil 100 corresponden al lecho de lo que fue el lago en la gran Tenochtitlán, zona con el más alto riesgo de hundimientos por el tipo de terreno.
A consecuencia de la explotación de los mantos acuíferos, en la zona oriente del Distrito Federal han aparecido grietas que ponen en grave riesgo a la población. Delegaciones como Iztapalapa, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Gustavo. A. Madero, Iztacalco, Venustiano Carranza, Tláhuac y Xochimilco.
De acuerdo con información el Instituto de Geología de la UNAM, existen al menos 200 grietas en esa demarcación situadas principalmente en las colonias Ermita Zaragoza, Ejército de Oriente, Concordia Zaragoza, Santa Martha Acatitla, Lomas de San Lorenzo, Santa María Aztahuacán, Vicente Guerrero, Jacarandas, Cananea, Francisco Villa y Los Ángeles. Esas grietas eventualmente podrían afectar a más de 60 mil personas que verían trastocado su patrimonio o hasta su integridad física.
A la fecha se han determinado con un nivel de alto riesgo 417 viviendas en este último año por asentamientos en laderas, cauces y barrancas, 132 viviendas asentadas en zonas de grietas en la delegación Iztapalapa y 286 predios con 4 mil 290 viviendas con riesgos estructurales; estas últimas de un universo de 409 predios expropiados, presentados por el Instituto de Vivienda del DF y calificados por el equipo de trabajo interinstitucional de atención a sitios y vivienda en riesgo.
Al menos otras tres zonas con presencia importante de grietas presentan la misma problemática: los alrededores del cerro del Peñón Viejo, también en Iztapalapa; el cerro del Peñón de los Baños, en Venustiano Carranza; y la zona del basurero de Santa Catarina. Misma situación se registra en Miguel Hidalgo, ya que en julio de 2007, alrededor de 50 metros lineales de asfalto se fracturaron en la calle Lago Andrómaco, entre Lago Neuchatel y Zurich, en la delegación Miguel Hidalgo. La grieta devoró tres autos. Apenas en mayo de 2009, se registró una grieta en la colonia Nápoles, por la lluvia y la realización de obras en la avenida del Parque. Este evento provocó la evacuación de 14 casas habitación.
Ante esta grave problemática, el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Protección Civil, puso en marcha el 7 de julio de 2008 el Centro de Estudios y Monitoreo de Agrietamientos en el oriente de la Ciudad de México, mediante la firma de un convenio de colaboración con el Centro de Geociencias de la UNAM. Y de manera coordinada con otras dependencias y con las delegaciones, puso en operación brigadas interinstitucionales que han hecho recorridos para atender otros eventos geológicos como las minas y los hundimientos y taludes, estos últimos en la delegación Álvaro Obregón.
En sitios por asentamientos en zonas de grietas, específicamente en la colonia Palmitas, en la delegación Iztapalapa, se crearon 19 frentes de trabajo con un levantamiento de 153 cédulas de inspección ocular en viviendas, de las cuales 70 se calificaron de alto riesgo y, hasta el momento, se realizaron 18 evacuaciones preventivas y se llevan a cabo trabajos de mitigación con la construcción de muros de contención.
La secretaría requiere cuando menos 3 mil millones de pesos para evacuar a las personas que viven en 15 mil 285 viviendas de alto riesgo ya dictaminadas y detectadas.
El presupuesto original para el presente año es de 97 millones 948 mil pesos y con ampliaciones presupuestales que se han logrado se llegó a 145 millones 692 mil pesos, sin embargo el presupuesto es inferior al del año pasado que fue de 172 millones 614 mil pesos.
Considerandos
Primero. Que la Ciudad de México es el principal enclave económico, social y político del país.
Segundo. Que el problema de grietas ha afectado a numerosos habitantes, tanto en su vida como en sus pertenencias. Más de un millón de habitantes están en constante peligro.
Tercero. Que se requieren recursos para rehabilitación de casas, escuelas e infraestructura dañada por el agrietamiento.
Cuarto. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión deberá ser corresponsable con los habitantes del Distrito Federal, destinando recursos para la pronta atención de la problemática.
Punto de Acuerdo
Único. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a aprobar dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos para atender la problemática de las grietas en el Distrito Federal.
Dado en el recinto legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2009.
Diputado Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CAPACITAR A LOS OPERADORES DEL NUEVO SISTEMA
DE JUSTICIA PENAL, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES DE LOS ÁNGELES
NAZARES JERÓNIMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La falta de credibilidad en el sistema penal no es reciente: estudios y evaluaciones demuestran que la justicia existe sólo para los que pueden pagarla, lo cual origina una realidad injusta que genera mayores presiones sociales y desconfianza en el Poder Judicial. A lo anterior habrá que agregar los altos índices de impunidad y una constante violación de los derechos humanos relacionados con el propio proceso penal.
Un juicio penal en México se caracteriza por ser un procedimiento predominantemente escrito y secreto. Hay un culto al expediente, que se traduce en montañas de éstos en los juzgados, una defensoría pública que no alcanza a defender a todos los procesados y la constante ausencia de los jueces en las audiencias, a lo que habrá que agregar el papel predominante que el Ministerio Público tiene en la investigación de los delitos.
En virtud de lo anterior, el 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de justicia y seguridad pública, la cual establece un nuevo modelo de justicia penal, con juicios orales y garantías del debido proceso.
De ahí que esta reforma, a diferencia de otras, no sólo implique el cambio de un texto sino que obligue a todos los que de alguna manera se encuentran relacionados con el derecho penal a capacitarse, derivado del cambio profundo que conlleva.
De ahí que las universidades y escuelas de derecho tengan que modificar sustancialmente sus planes de estudios y la enseñanza en materias del derecho; las barras y los colegios de abogados deberán involucrarse en el tema para así participar con sus agremiados respecto a lo que ella implica.
En el ámbito judicial, no sólo serán un gran reto la actualización y capacitación de jueces y magistrados sino que también será necesario llevar a cabo las adecuaciones de juzgados, salas de audiencia y sistemas de grabación, entre otras medidas que implican erogaciones para su implantación; lo mismo requerirán las Procuradurías de las entidades federativas y la General de la República respecto a la capacitación de Ministerios Públicos, policías y, en términos generales, de todo el personal que labora en ellas.
Las policías de los tres ámbitos de gobierno deben conocerla, no sólo por la proximidad que deben tener con la ciudadanía sino porque también hay disposiciones que se relacionan directamente con sus funciones.
Conforme al artículo octavo transitorio de la reforma constitucional, las legislaturas de los estados deberán prever, a partir del Presupuesto de Egresos de 2010, los recursos destinados al diseño de las reformas legales, los cambios organizacionales, la construcción y operación de la infraestructura, y la capacitación de los operadores del sistema.
Este transitorio establece la obligación para el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de destinar los recursos necesarios para la reforma de los sistemas de justicia penal y de seguridad pública.
La experiencia internacional ha demostrado que un cambio de esta envergadura requiere una cantidad significativa de recursos financieros. Sin éstos, la reforma estaría condenada el fracaso, ya que se requiere invertir, señaladamente, en la capacitación de ministerios públicos, jueces, magistrados y defensores públicos, entre otros, así como la inversión en infraestructura inmobiliaria para la adecuación al desarrollo de las audiencias, en cuanto a los procedimientos orales o la creación de juzgados en el caso de los jueces de ejecución de sentencias.
Como referencia de lo mandatado en el artículo octavo transitorio, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados realizó un análisis de impacto presupuestal sobre capacitación para los operadores del nuevo sistema de justicia penal, el cual, con base en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, menciona que el costo promedio del diplomado es de 6 mil pesos, compuesto de 140 horas, divididas en 12 módulos. En consecuencia, en un primer estudio de impacto presupuestario sobre capacitación, el costo sería de aproximadamente 4 mil 78 millones 356 mil pesos.
Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Justicia, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a considerar, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2010, una partida especial por 4 mil 78 millones 356 mil pesos destinados a la capacitación de los operadores del nuevo sistema de justicia penal.
Diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA GENERAR ENERGÍA EN EL CENTRO DEL
PAÍS MEDIANTE PLANTAS MICROHIDROELÉCTRICAS, A CARGO DEL DIPUTADO
EDUARDO MENDOZA ARELLANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. Que como parte de la problemática que orilló a la compañía de Luz y Fuerza del Centro y al gobierno federal a destinar una cantidad de recursos públicos superiores a los 20 mil millones de pesos anuales para el pago de energía en bloque a Luz y Fuerza del Centro, se encuentra el déficit en la generación de energía en la región centro del país.
II. Que a la fecha existen proyectos para la generación de energía eléctrica a través de centrales microhidroeléctricas, mismos que, a pesar de que cuentan con estudios de factibilidad cuyo dictamen es favorable, no han sido considerados por las autoridades energéticas del país.
III. Que los proyectos de generación de energía a través de las centrales microhidroeléctricas consideran como fuente de aprovechamiento los caudales aprovechables de las pendientes pronunciadas (caídas) que se encuentran a lo largo del trayecto posterior al punto de confluencia Atarasquillo en el sistema Lerma y del sistema Cutzamala.
IV. Que los puntos ubicados para el aprovechamiento de energía eléctrica conocidos como San Bartolito, El Borracho y Las Palmas, los dos primeros en el municipio de Huixquilucan y el tercero en Naucalpan, todos en el estado de México, en los que se puede aprovechar hasta un volumen en caída libre de cuatro metros cúbicos por segundo.
V. Que en el proyecto original para la dotación de agua de los proyectos de agua a la Ciudad de México, a través del sistema Cutzamala y del sistema Lerma, se consideró originalmente la generación de energía eléctrica además del suministro de agua para uso urbano.
VI. Que la licitación que en ese entonces tenía elaborada la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica no procedió su trámite, toda vez que no se concluyó el proceso para la obtención del título de concesión, para la generación de energía eléctrica por parte del gobierno federal.
VII. Que en el archivo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México se encuentran los proyectos ejecutivos consistentes en planos de proyecto de las obras de generación para cada uno de los sitios en caída, obras de toma, conducción a presión, casa de máquinas y desfogue con una conexión nuevamente al acueducto; así como obras inducidas para salvar el desnivel existente en cada caída y las obras complementarias para la puesta en marcha de las centrales hidroeléctricas.
VIII. Que de retomar e implementar estos proyectos se estará en posibilidad de generar energía hidroeléctrica, bajo la consideración a la política establecida por la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, para incrementar la producción de energía eléctrica mediante la construcción y rehabilitación de pequeñas centrales hidroeléctricas y, en especial, para el autoconsumo por grandes usuarios, como es el caso del Distrito Federal.
IX. Que de retomar e implementar estos proyectos los gobiernos federal y local incrementarían sustancialmente su capacidad de instalada a razón de 7 mil 400 kilovatio hora, lo que significa una producción anual de 63 millones 936 mil kilovatios hora por año.
X. Que el costo aproximado para la construcción de las microhidroeléctricas es el siguiente: San Bartolito, 64 millones 541 mil 711 pesos; El Borracho, 53 millones 139 mil 989 pesos; y Las Palmas, 62 millones 318 mil 298 pesos, por lo que se requiere una cantidad total aproximada de 180 millones de pesos.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado es que sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados, LXI Legislatura, con pleno respeto al ámbito de sus respectivas competencias exhorta al Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, a efecto de que autorice la modificación a los títulos de asignación pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, correspondientes a sistema Lerma y al sistema Cutzamala para que comprendan también la generación de energía eléctrica.
Segundo. Se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Energía, de la Cámara de Diputados, que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, considere establecer en los anexos correspondientes al ramo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación una a partida destinada a la generación de energía de las tres centrales microhidroeléctricas a establecerse en los municipios de Huixquilucan y Naucalpan, estado de México, por un monto de 180 millones de pesos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2009.
Diputado Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO, OBRAS, PLANES, PROGRAMAS
Y PROPUESTAS QUE PRESENTAN GOBIERNOS LOCALES Y MUNICIPIOS, A CARGO DEL
DIPUTADO SAMUEL HERRERA CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputados federales de la LXI Legislatura y perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El 23 de octubre, estuvieron presentes cerca de 150 presidentes municipales de todo el país, de diversas expresiones políticas, de visita en esta H. Cámara de Diputados, y nos plantearon dos propuestas, la primera, la creación de una iniciativa de ley para el fortalecimiento municipal, que consolide el pacto federal, fortalecer su hacienda municipal y la participación ciudadana. Iniciativa que presentaremos llevando la propuesta y reclamo de los municipios.
De igual forma presentamos ante esta soberanía, punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que se aumenten los recursos a los gobiernos locales y a los municipios del país a través de los fondos participables como: Ramo 33, Ramo 28, Ramo 20, Ramo 30 y demás Ramos propuestos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 y fondos complementarios para su desarrollo y que éstos sean distribuidos de forma equitativa.
Para respaldar las propuestas de los municipios se realizaron foros y consultas en los municipios y gobiernos locales. Asimismo, tomando en cuenta los requerimientos establecidos en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los criterios de los gobiernos de los estados y las demandas locales, creemos que todos los legisladores tenemos que asumir nuestro rol de promotores de la voz de nuestros representados. Nosotros somos quienes aprobamos el PEF y si bien no es nuestra voluntad contravenir las prioridades de los gobernadores, creemos que debemos ser sensibles en apoyar los proyectos de las mismas entidades que no son presentados por ellos, con lo que cerramos el círculo entre criterios técnicos, financieros, gubernamentales y sociales.
Para el estado al que pertenezco hacemos las siguientes propuestas:
Construcción del Hospital General, por monto de 565 millones de pesos.
Propuesta de disminución de los pari passu, de 35 a 20 porciento sobre todo en el tema del campo y apoyo a los programas de Alianza para el Campo, activos productivos, programa del fríjol y el programa de reconversión.
Agua potable y plantas tratadoras, para colonias y comunidades del estado
Solicitamos que los 350 millones de pesos que se otorga al estado a manera de ampliación presupuestal como parte de la asignación presupuestal original del Ramo 33, Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) sea considerado desde la determinación original que hace la SEP de los recursos de este fondo.
El estado de Zacatecas requiere por única vez una asignación presupuestal por la cantidad de 190 millones de pesos para estar en condiciones de atender en tiempo y forma los compromisos de infraestructura educativa, asumidos con la suscripción del convenio de coordinación para la creación, construcción, equipamiento y operación de la unidad educativa del Instituto Politécnico Nacional, el pasado 28 de agosto con el secretario de Educación Pública.
Asimismo; se requiere la cantidad de 200 millones de pesos para la construcción de unidades y fortalecer los programas académicos en la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Solicitamos se cambie la formula inequitativa del FAEB y se liberen los 96 millones del fondo de compensación para educación en el Estado de Zacatecas del FAEB, y se etiqueten y liberen los mil millones de pesos del fondo de compensación del FAEB manejado por Hacienda en forma proporcional a los 24 estados con pérdidas al inicio del año.
Apoyo con 100 millones de pesos para becas para estímulos de calidad educativa y asistencia a clase de estudiantes en riesgo y por afectación de la actual crisis económica.
Requerimos una asignación presupuestal por única vez, por la cantidad de 22.4 millones de pesos para estar en condiciones de cubrir al Fovissste un adeudo que ha provocado que este instituto suspenda indefinidamente los derechos de los trabajadores del sector educativo para recibir créditos, este adeudo fue generado desde el año 1993 y corresponde exclusivamente a accesorios (actualizaciones y recargos) que no cobró el Fovissste de acuerdo a la ley, y ahora ponen en riesgo los derechos de vivienda de los trabajadores.
Construcción de carreteras.
La construcción del Boulevard Bicentenario, 200 millones de pesos; construcción de carretera Zacatecas-Saltillo de 43 km., 500 millones de pesos; carretera Zacatecas-Jerez, tramo La Escondida Malpaso, 90 millones de pesos; carretera Zacatecas-Guadalajara, tramo Villanueva Malpaso 100 millones; ampliación de carretera y laterales entrada Santa Mónica-Guadalupe, 50 millones de pesos; distribuidor Aeropuerto Calera- ferrocarril, 22 millones de pesos; carretera Las Palmas Zacatecas-Durango, 200 millones; carretera Malpaso-Jerez, 90 millones de pesos; carretera Nieves-Mazapil, 54 millones de pesos; Emilio Carranza-Colonia Hidalgo, Luis Moya-Luis Echeverría, 39 millones de pesos; carretera Luis Moya-Ojo caliente 100 millones de pesos; entrada Loreto Zacatecas-Aguascalientes, 80 millones de pesos; conservación periódica de la red de carreteras federales, 200 millones de pesos.
Carreteras alimentadoras.
Pinos-La Pendencia - Espíritu Santo 20 km, 20 millones; Paso Blanco - Santa Rosa de Gallinas 15 km, 15 millones; Santa Gertrudis - Santana 10 km, 10 millones; Caminos saca cosechas y mano de obra 50 km, 25 millones; Perales - La Purísima 16 millones de pesos; Guadalupe-Perales Genaro Codina, 10 millones.
En Ojo Caliente construcción de carretera a Ojo Caliente 20 km, 20 millones de pesos; camino saca cosechas 10 km, 5 millones.
En Guadalupe, Zoquite-La Blanquita 3 km, 3 millones: La Cocinera 8 km, 8 millones; camino saca cosechas y mano de obra 30 km., 15 millones de pesos.
En los municipios de Guadalupe apoyo del Ramo 28 y Ramo 23 para pago de adeudos de gastos de operación en servicios de crecimiento de población, seguro social y seguridad pública, 15 millones de pesos, y para reserva urbana por crecimiento 20 millones de pesos.
En diversas obras del Ramo 20, 23, Ramo 33 fondo III y fondo IV; de pavimentación, agua potable y plantas de tratamiento, drenajes, electrificaciones, 50 millones de pesos.
Construcción de gimnasio de alto rendimiento deportivo por 20 millones de pesos.
Para los municipios de Guadalupe, Jerez, Pánuco, Ojo Caliente, Loreto, Cuauhtémoc, Valparaíso, Saín Alto, Atolinga, Teul de González Ortega, Mazapil, Pinos y Villanueva.
Todo lo anterior para municipios de Zacatecas y del país, para Juchitán, Guerrero, recursos de los Ramos 33, 28, 30, 23, 20 y demás ramos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 y distintos fondos con recursos en obra pública, proyectos y obra social, en educación, salud, carreteras, caminos, centros de salud, drenajes, pavimentaciones, agua potable, drenaje, electrificaciones etc., propuestas que presentamos con sus anexos.
Por lo que proponemos a esta soberanía de la LXI Legislatura, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Exhortar a las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y a las distintas comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, para que se aprueben y dictaminen propuestas de financiamiento, programas, obras, proyectos y propuestas en los formatos, y anexos que presentan los gobiernos locales y municipios de varios estados y municipios del país que se adhieran a este punto de acuerdo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2009
Diputados: Samuel Herrera Chávez, Heladio
Gerardo Verver y Vargas, Gerardo Leyva Hernández, Claudia Anaya
Mota, Ramón Jiménez Fuentes (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE QUINTANA ROO, A LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA
Y A LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE DICHA ENTIDAD A INVESTIGAR,
DESLINDAR Y DEJAR EN LIBERTAD A LA INDÍGENA YASURI SAC-NICTE POOL
MAYORGA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA TERESA OCHOA MEDINA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
María Teresa Ochoa Mejía, en nombre propio, como diputada federal a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo para que se exhorte respetuosamente al gobernador de Quintana Roo, a la Procuraduría de Justicia del estado, así como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a resarcir el daño moral y económico de la ciudadana Yasuri Sac-Nicté Pool Mayorga con base en los siguientes
Antecedentes
La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo segundo, numeral A, reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para
VII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho en todos juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
Sin embargo, este precepto constitucional no es llevado a cabo como en su letra dice, toda vez que hace unos días, la indígena maya Yasuri Sac-Nicté Pool Mayorga, de 22 años, perdió a su hijo en un parto prematuro, motivo por el cual fue privada de su libertad, aunque ahora se encuentra libre.
Yasuri Sac-Nicté está pagando el precio de su ignorancia, toda vez que la madrugada del 12 de octubre acudió de urgencia al hospital materno de Chetumal para recibir atención médica por una hemorragia, y digo su ignorancia porque, preocupada y con malestares derivados de la hemorragia, omitió decir que dicha hemorragia había sido provocada por la pérdida de su bebé de más de seis meses y tres semanas de gestación.
Y digo preocupada, porque es madre soltera. Madre de dos pequeños, una niña de año y medio, y de un menor de 5 años y, obviamente, le preocupaba su estado de salud porque de ella depende el bienestar de esos pequeños.
Y digo preocupada, porque, si su salud no mejoraba, ¿quién se haría cargo de sus hijos? ¿Acaso las autoridades que ahora la acusaron injustamente de homicidio doloso calificado porque creyeron, dolosamente, que abortó intencionalmente?
Pero de entre todos los males por los que atravesó Yasuri, finalmente vio la luz y la liberaron porque la procuraduría del estado analizó el expediente de consignación y encontró fallas jurídicas por lo que, a petición de su abogada de oficio, firmó para abrogar los cargos que la afectaban.
Pero me pregunto, y les pregunto a ustedes ¿quién le pagará a la familia de Yasuri los más de 10 mil pesos que gastó para obtener su libertad? ¿Quién le pagará a la madre de Yasuri los taxis, camiones, comidas y medicinas que gastó para visitar a Yasuri y atender a sus hijos menores que, por "fallas jurídicas", los privaron de su madre? ¿Acaso el Ministerio Público que la consignó pagará las costas y gastos que este juicio innecesario generaron, tanto para el estado como para la familia de Yasuri? Pues debería.
Debería pagar el Ministerio Público por el daño económico y patrimonial por dejar a Yasuri en indefensión al dejar sin atención su salud porque la trasladaron al centro de readaptación social, sin importarles si ya estaba en condiciones para ser recluida.
Debería pagar el Ministerio Público por el daño económico y patrimonial por los medicamentos que compró la familia de Yasuri para atenderla mientras se encontraba recluida.
Debería pagar el Ministerio Público por el daño emocional y psicológico causado en la persona de Yasuri, de su madre, de su hermano, de sus dos hijos menores que se quedaron sin la compañía, protección y el amor de su madre.
Debería el Ministerio Público o la autoridad responsable de la privación de la libertad hacia la persona de Yasuri Sac-Nicté Pool Mayorga resarcir el daño provocado, solventarlo.
Por lo expuesto, solicito con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que se someta a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorte respetuosamente al gobernador de Quintana Roo a instruir al procurador de Justicia del estado para que resarza el daño moral y económico que sufrió la ciudadana Yasuri Sac-Nicté Pool Mayorga.
Segundo. Se exhorte a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo a hacer la recomendación pertinente a la Procuraduría de Justicia del estado para que esta repare el daño moral y económico de la ciudadana Yasuri Sac-Nicté Pool Mayorga.
Tercero. Para que la Comisión de Derechos Humanos de la honorable Cámara de Diputados dé seguimiento al caso de la ciudadana Yasuri Sac-Nicté Pool Mayorga.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2009.
Diputada María Teresa Ochoa Mejía (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS ENVÍE AL TITULAR DE LA SHCP UN
REQUERIMIENTO PARA QUE INFORME CON QUÉ FUNDAMENTO OTORGÓ
A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN UN PRESUPUESTO ADICIONAL
EN 2009, SIN CONOCIMIENTO NI APROBACIÓN DE LA COMISIÓN DE
VIGILANCIA DE LA ASF, A CARGO DEL DIPUTADO CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO
RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Antecedentes
1. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es un órgano técnico perteneciente a la Cámara de Diputados a través de la cual revisa la Cuenta Pública federal. Por decreto del pleno de la Cámara de Diputados, aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, en el cual fue se destinó a la ASF un presupuesto por mil 27.7 millones de pesos, que quedó sectorizado en el capítulo correspondiente al Poder Legislativo. La ASF, conforme a su normativa, está obligada a presentar para aprobación su proyecto de presupuesto de egresos ante la Junta de Coordinación Política, por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
2. Los artículos 20 y 57 a 60 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establecen las formalidades que deben cubrir los Poderes Legislativo y Judicial y los órganos autónomos para modificar su presupuesto autorizado. La ASF no está exenta de cubrir las formalidades legales para modificar o realizar adecuaciones presupuestarias, para lo cual debe recurrir a la propia Cámara de Diputados.
3. Dicho criterio ha sido sustentado por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con motivo de una petición formulada por la ASF, que solicitó directamente a la SHCP una ampliación presupuestaria y por el oficio número 801.1.0223, de fecha 4 de marzo de 2003, el subsecretario de Egresos de la citada secretaría dio respuesta al contador público certificado Arturo González de Aragón Ortiz, manifestándole que dicha secretaría no cuenta con atribuciones para emitir autorizaciones presupuestales relativas al citado ente fiscalizador por no estar sectorizado al Ejecutivo federal.
4. No obstante lo anterior, la SHCP, sin fundamento legal y sin competencia para ello, le concedió un incremento por 100 millones de pesos a la ASF para el ejercicio de 2009, sumados a los legalmente autorizados, de mil 27.7 millones de pesos ya identificados.
5. Por escrito de fecha 14 de julio del año en curso, el diputado federal José Luis Varela Lagunas expresó su inquietud sobre el tema, como consta en su comunicado dirigido al entonces presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; y por escrito del 25 de agosto del año en curso, los ciudadanos José Luis Varela Lagunas, Elías Cárdenas Márquez y Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, diputados a la LX Legislatura, así como el senador Carlos Sotelo García, presentaron el 28 de agosto de los corrientes formal denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República por las conductas narradas, por la posible constitución de delitos cometidos por servidores públicos federales en funciones y en perjuicio de la federación.
Por lo anterior, se pone a su consideración, como punto de acuerdo de la Cámara de Diputados, para que por conducto de la Junta de Coordinación Política se remita el siguiente cuestionario al secretario de Hacienda y Crédito Público y al auditor superior de la Federación, a efecto de que den respuestas puntuales al pliego de preguntas, bajo protesta de decir verdad, y del contenido de dichas respuestas la propia Junta de Coordinación Política determine lo que en derecho proceda e informe al pleno acera de su destino.
Cuestionario para Agustín Carstens Carstens, secretario de Hacienda y Crédito Público, quien debe dar respuesta bajo protesta de decir verdad:
II. Diga si alguna norma faculta a usted, como secretario de Hacienda y Crédito Público, para modificar el presupuesto de egresos del Poder Legislativo o de la Auditoría Superior de la Federación sin cumplir los procedimientos establecidos en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
III. Diga usted si el auditor superior de la Federación solicitó a la SHCP la suma de 100 millones de pesos como cantidad adicional a su presupuesto autorizado para 2009.
IV. Diga si la SHCP concedió a la ASF 100 millones de pesos adicionales al presupuesto de mil 27.7 millones que ya le había aprobado la Cámara de Diputados para el ejercicio de 2009.
V. Diga de qué partida o partidas presupuestarias del Poder Ejecutivo federal dispuso o modificó la SHCP para proporcionar o disponer de los 100 millones de pesos a la ASF.
VI. ¿Sabe usted que el acto de la modificación presupuestaria de 100 millones de pesos por la SHCP a la ASF resulta una usurpación de atribuciones e injerencia ilegal del Poder Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados y puede dar inicio a un juicio político en su contra?
VII. ¿Ha considerado usted que el otorgamiento de los 100 millones de pesos sin sustento legal a que se refiere este cuestionario, otorgado por el ente fiscalizado (SHCP) al fiscalizador superior de la federación (ASF), que lo revisa y fiscaliza, puede calificarse como una conducta revestida de conflicto de intereses, además de poder tipificarse como delito federal?
VIII. Diga usted cuántas reasignaciones del tipo a que se refiere el otorgamiento de los 100 millones de pesos a la ASF, la SHCP ha realizado en años anteriores tanto para la ASF como para el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y los órganos autónomos.
2. Diga usted si recibió el oficio número 801.1.0223, de fecha 4 de marzo de 2003, del subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que le fue dirigido.
3. Diga usted qué motivó la emisión del oficio citado.
4. Diga usted si informó a la Cámara de Diputados en 2003 acerca de la petición de modificación presupuestaria a que se refieren los numeral 2 y 3 de éste.
4. Diga usted si es verdadera la información contenida en el oficio número ASF/UGA/021/2009 y sus anexos, remitido por el titular de la Unidad de Administración de la ASF a la Cámara de Diputados.
5. Diga usted por qué omitió tramitar ante la Cámara de Diputados, su jefe inmediato, la petición de modificación presupuestaria de 100 millones de pesos para el ejercicio de 2009.
6. Diga usted cuántas reasignaciones o modificaciones presupuestarias del tipo de los 100 millones de pesos citados, la SHCP le ha otorgado sin la previa autorización de la Cámara de Diputados.
Diputado César Augusto Santiago Ramírez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO A VALORAR EN
SU PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES LA CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO
QUE ESTUDIE, DISCUTA Y, EN SU CASO, PROPONGA E IMPULSE REFORMAS LEGALES
DIRIGIDAS A ERRADICAR LA VIOLENCIA FAMILIAR COMETIDA POR AGRESORES QUE
UTILIZAN SU POSICIÓN POLÍTICA O DE PODER PARA LOGRAR IMPUNIDAD,
A CARGO DE LA DIPUTADA ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 44, numeral 4, y 45, numerales 6, incisos a), e), f) y g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, fracción I, 60, 83, 87 a 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 11 de octubre del 2009 la ciudadana Janet Peraza Castillo fue golpeada por su esposo, Jaime Zetina González, quien funge como Secretario de Fomento Económico del Gobierno del estado de Yucatán, según refiere el Diario de Yucatán del 13 de octubre del mismo año.
El mismo medio de comunicación, señaló que a pesar de que, debido a la agresión, Janet Castillo tuvo que ser hospitalizada y recibió amenazas en diversos sentidos por su cónyuge, ella decidió no proceder penalmente contra su esposo, toda vez que llegaron a "un arreglo".
Éste vergonzoso hecho quedará impune, toda vez que para ejercer la acción penal es un requisito indispensable, de acuerdo con la legislación de Yucatán, que se presente querella por parte de la víctima en contra del agresor. Al respecto el artículo 228 del Código Penal del Estado de Yucatán, a la letra, señala:
Por violencia intrafamiliar se considera el uso de la fuerza física o moral, así como la omisión grave calificada como delito por la autoridad jurisdiccional, que de manera reiterada se ejerce en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma respecto a su integridad física, psíquica, moral o ambas. Comete el delito de violencia intrafamiliar el cónyuge, concubina o concubinario, pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, adoptante, adoptado, que habite en la casa de la víctima, y realice los actos señalados en el párrafo anterior.
A quien cometa el delito de violencia intrafamiliar se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y perderá en su caso el derecho de pensión alimenticia. Asimismo se le sujetará a tratamiento psicológico especializado.
Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida, salvo que la víctima sea menor de edad o incapaz, en cuyo caso, se perseguirá de oficio.
Es importante considerar que en muchos casos, a pesar de que el agresor lastimó físicamente a su cónyuge, éste puede amedrentar sicológicamente o mediante el uso de la fuerza física o escudada en un cargo público, como el caso que he referido, para que no se proceda penalmente en su contra y quede impune el acto delictivo que agravia no solo a la ofendida, sino a toda la sociedad.
La disposición de la persecución por querella, en materia de delitos intrafamiliares, se encuentra regulada de la misma forma, en los Códigos Penales de Guanajuato (artículo 221), Baja California (artículo 235), Campeche (artículos 24 y 283), Nuevo León (artículos 111 y 287 Bis), Jalisco (artículo 176-Ter), Distrito Federal (artículo 200), Chiapas (artículos 198 y 200) y Sonora (artículo 91 y 234-A)
Es de resaltarse que en los Códigos Penales de Chihuahua (artículo 193) y Michoacán (artículo 224 Bis) señalan que la violencia intrafamiliar será un delito que se perseguirá de oficio, garantizando que independientemente de la coacción que pudiera sufrir la víctima por parte de su cónyuge, el poder público deberá sancionar ésta artera conducta.
La Organización de las Naciones Unidas ha señalado que la violencia en el hogar y la violación sexual representan el 5 por ciento del total de los problemas de salud que padecen las mujeres de entre 15 y 44 años de edad, sobre todo en países en desarrollo.
La violencia de género crea elevados riesgos para la mujer, al vulnerar su integridad física y psicológica, por parte de su cónyuge o pareja, la cual tiene posibles consecuencias a corto y largo plazo para la víctima, pero además genera un terrible deterioro social.
Por ello, la legislación penal debe garantizar que las acciones de agresión en contra de integrantes de la familia, particularmente entre cónyuges, obtengan necesariamente las consecuencias jurídicas que permitan cumplimentar los fines del derecho penal, al tiempo que garantice la protección del Estado para los agraviados.
El Capítulo 5 del informe, "Derechos de las Mujeres. Actualización del Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México", de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, 2003, plantea en materia legislativa entre otras cosas:
• Promover que se elimine de los códigos penales todo elemento que opere en detrimento de la protección de los derechos de las mujeres y de bienes jurídicos de gran valor social como la vida, la integridad física, emocional y sexual, y la libertad corporal, emocional, sexual y de tránsito. Particularmente se debe:
- Derogar las agravantes, atenuantes o eximentes que responden a consideraciones morales y protegen el honor, así como las disposiciones que perdonan o que sancionan con penas muy bajas ciertas conductas que se consideran irrefrenables por ser propias de la naturaleza humana.
- Establecer de manera generalizada, como atenuantes, eximentes y agravantes, las circunstancias que impliquen una mejor protección de las víctimas y las que respondan a la necesidad de sancionar severamente el abuso de poder. Por ejemplo, deben agravarse en todo el país las penas por homicidio, lesiones y agresiones a la sexualidad si suceden en relaciones familiares.
- Clasificar los tipos que atentan contra la sexualidad, de conformidad con una clara determinación de los bienes jurídicos que se pretenden proteger, particularmente la libertad y la integridad de las personas.
- Diseñar una tipología de violencia familiar que abarque todas las relaciones en las que ésta puede darse, y las conductas u omisiones que pueden constituirla (como insultos, presiones psicológicas, abandonos o daños económicos); que prevean como agravantes cuestiones tales como la premeditación, las acechanzas o la penetración de morada, o la presencia de menores de edad.
- Generalizar la derogación del rapto, penar severamente el secuestro que involucre agresiones sexuales y eliminar la eximente del matrimonio en el estupro.
- Incluir, en todos los códigos civiles, la causal de violencia familiar en lugar de las de sevicia y malos tratos.
- Modernizar los derechos procesales penal y civil en la materia, según corresponda, de probanza, reparación del daño, trato digno y respeto a los derechos de las personas ofendidas, así como protección idónea de las víctimas.
• Promover en todo el territorio nacional:
- El desarrollo, fortalecimiento y ampliación de cobertura de servicios para la atención de las víctimas, incluyendo unidades especializadas en la procuración e impartición de justicia, refugios, servicios de atención especializada y apoyos para independizar económicamente a las víctimas de violencia.
- La creación de sistemas locales de prevención, atención y eliminación de la violencia de género, que incluyan el establecimiento de redes de colaboración y participación con organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema y que consideren el establecimiento de unidades móviles especializadas en delitos de violencia contra las mujeres en las zonas rurales.
- La puesta en práctica de campañas de información y sensibilización dirigidas a los hombres para la prevención de la violencia de género.
Dicha ley establece que las entidades federativas deben impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de este ordenamiento, además de establecer como agravantes los delitos contra la vida y la integridad cuando estos sean cometidos contra mujeres por su condición de género; de ahí que el Estado deba garantizar la seguridad e integridad de las víctimas mediante el otorgamiento de órdenes de protección y la intervención policial correspondiente, en los casos de violencia familiar.
Por ello es prioritario uniformar los criterios en cuanto a los delitos de violencia intrafamiliar, en los diversos Códigos Penales de las entidades federativas, a efecto de garantizar la protección de cada integrante de la familia y de los cónyuges entre sí, procurando que la persecución de la comisión de éste delito, se de oficio y no mediante querella.
De conformidad con el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso, las comisiones podrán establecer grupos de trabajo para el cumplimiento de sus tareas. En la constitución de dichos grupos se buscará reflejar la pluralidad de los Grupos Parlamentarios representados en la comisión.
El grupo de trabajo que se propone crear, tendrá por medio de la comisión, las facultades señaladas en el artículo 45 del mismo ordenamiento jurídico, en cuanto a la facultad de la presidenta de la Comisión de Equidad y Género para solicitar información o documentación a las dependencias y entidades responsables de los temas que atañen a la violencia familiar y sus circunstancias en México, pues se trata de un asunto sobre su ramo y se pretende la generación de reformas relativas a la materia propia de ese órgano legislativo.
Es de señalarse la importancia de que la Comisión contemple el tópico mencionado en su programa anual de trabajo, resolviendo el presente asunto que la Mesa Directiva de la Cámara tenga a bien turnarle y por supuesto, mediante el auxilio del Grupo de Trabajo propuesto, atender, resolver y generar propuestas de reforma, objeto de la presente proposición con punto de acuerdo, en los términos de los programas legislativos acordados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
Tanto la comisión, como el grupo de trabajo podrán realizar las actividades que se deriven de la ley citada, de los demás ordenamientos aplicables, de los acuerdos tomados por el Pleno de la Cámara y los que adopten por sí mismas con relación a la materia o materias de su competencia.
En virtud de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Equidad y Género a valorar la incorporación en su programa anual de trabajo de un grupo de trabajo que tenga como objeto estudiar, discutir y, en su caso, proponer e impulsar reformas legales para erradicar la violencia familiar perpetrada por agresores que utilizan su posición política o de poder, para lograr su impunidad.
Segundo. El grupo de trabajo deberá rendir de manera periódica un informe ante la Comisión de Equidad y Genero de la Cámara de Diputados.
Tercero. El grupo de trabajo deberá concluir su objetivo antes del primero de septiembre del 2010.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2009.
Diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE NO DISCRIMINACIÓN, A CARGO
DE LA DIPUTADA CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los que suscriben, Claudia Edith Anaya Mota, Samuel Herrera Chávez, Ramón Jiménez Fuentes, Gerardo Leyva Hernández y Heladio Verver y Vargas Ramírez, diputados de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario el Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:
Consideraciones
México ha asumido un compromiso internacional en la lucha por la no discriminación de las personas. Ello, se advierte claramente en nuestra norma constitucional, así como en los tratados internacionales que, en la materia, ha suscrito el país. En este sentido, corresponde a este órgano legislativo actualizar el marco jurídico nacional, a fin de garantizar que entre las disposiciones de carácter interno y las internacionales, exista una armonización legislativa, que refleje el principio de no discriminación y el derecho a la igualdad en cada una de sus disposiciones. Asegurar la igualdad de derecho, constituye apenas el primer paso para la consecución de la igualdad sustantiva. La cual, una vez lograda, hará efectivo el Principio de No Discriminación. Pues la experiencia, demuestra que la articulación jurídica es necesaria para erradicar la discriminación existente en la sociedad.
Si bien es cierto, se han presentado avances en cuando a las acciones contra la discriminación, debemos reconocer la necesidad de realizar un análisis a la normatividad vigente, para determinar los ordenamientos que demande de modificaciones, por contener disposiciones discriminatorias, que provocan que cualquiera de nosotros se encuentre, en un momento y circunstancias determinados, en riesgo de exclusión.
En un Estado respetuoso y garante de los derechos fundamentales, es inconcebible que existan personas que vivan al margen de la sociedad, sin posibilidades de desarrollar sus capacidades plenamente. Sin embargo, como diversos informes en materia de derechos humanos lo han señalado, en el país existen grupos estigmatizados y marginados, cuyos derechos son escasamente tomados en consideración. Situación que repercute en el ejercicio pleno de sus derechos, traduciéndose así en dificultades, si no imposibilidades, para recibir educación, empleo, acceso a la seguridad social, información, por citar algunos ejemplos. Ante este panorama, no podemos negar que la universalidad de los derechos humanos, persiste como una asignatura pendiente en nuestro país. Y, particularmente consideramos que un primer paso para erradicar esta situación, es reconocer la condición de todas las personas como sujetos de derecho, independientemente de sus características; pero haciendo hincapié en las necesidades específicas que cada una posee.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual México forma parte desde el 24 de marzo de 1981, impone a los Estados parte la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, así como garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de cualquier condición social. En este sentido, el Estado mexicano tiene la obligación de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, e incluso sociales, para hacer efectivo tanto el goce de los derechos consagrados en los instrumentos internacionales, como el principio de no discriminación. Pues no es válido que sólo un grupo de personas puedan gozar de ellos y otra parte se encuentre excluido de éstos. De ahí la importancia de que esta honorable Cámara de Diputados, atendiendo a los compromisos internacionales, cuente con una Comisión Especial dedicada a examinar que los ordenamientos jurídicos estén en concordancia con los estándares internacionales de no discriminación impulsados por el derecho internacional de los derechos humanos.
La Comisión Especial sobre no discriminación tendrá como uno de sus objetivos identificar aquellas disposiciones que, por no tomar en cuenta las situaciones particulares de determinados grupos o sectores de la sociedad; o bien, que al ser producto de factores generadores de discriminación, favorezcan la violación o una incidencia negativa en el goce los derechos fundamentales que todas las personas poseemos.
El principio de igualdad establece que si entre dos personas existen diferencias irrelevantes, éstas deben tener un tratamiento igual; pero también exige que, si entre esas personas existen diferencias relevantes, entonces el tratamiento que el ordenamiento jurídico les otorgue, en consecuencia, deberá ser distinto. Es aquí donde radica el sustento de esta Comisión Especial, pues en ella se velará que no exista un trato diferente entre dos o más personas, sin que exista algún criterio que se juzgue razonable para ello.
Existen avances legislativos, no se puede negar, pero hoy en día persisten claros fenómenos de discriminación que siguen alojados en la mentalidad social y en los textos constitucionales; baste mencionar temas como la homosexualidad o la nacionalidad. Pues, aun cuando el párrafo tercero del artículo 1o. constitucional establece la prohibición de discriminar por razón de "preferencias", es necesario precisar el contenido de este término, a efecto de ofrecer mayor claridad a todas y todos los mexicanos. El tema de la protección frente a esta modalidad de discriminación es especialmente importante, ya que la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, señala que la sociedad mexicana es profundamente discriminatoria hacia las personas que tienen una orientación sexual distinta a la heterosexual.
En lo que concierne a la nacionalidad, baste hacer referencia al artículo 33 de la Constitución que, al permitir al Ejecutivo de la Unión la expulsión, de hacer abandonar a todo extranjero el territorio nacional por considerar su permanencia inconveniente, violenta los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos. Por lo que, es necesario regular las situaciones en que esta discrecionalidad del presidente puede ser empleada; toda vez que, es necesario someter esta facultad al imperio de los principios del Estado democrático de derecho, en el cual se respeta el ejercicio de los derechos fundamentales de todas las personas, incluyendo a los no nacionales que se encuentran en territorio mexicano.
La lista de rasgo con base en los cuales no puede tratarse de forma diferente a dos o más personas continúa incompleta. Por lo cual, sería positivo agregar nuevos rasgos prohibidos o incluso, precisar alguno de los cuales pueden presentar cierta ambigüedad. Entre estos, podemos mencionar la discriminación en materia lingüística, por xenofobia, por preferencias sexuales, por discapacidad, genética, entre otras. Tenemos aún una enorme tarea legislativa, un gran reto ante la necesidad de transformar culturalmente a la sociedad para hacer efectivos los derechos humanos de las personas, sin distinción alguna en su ejercicio.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados, que constituya la Comisión Especial sobre no discriminación, que dará seguimiento y retomará en el ámbito de las competencias del Poder Legislativo federal, las iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo encaminadas a garantizar la efectividad del derecho a la igualdad y del principio de no discriminación.
Segundo. La comisión contará con los recursos y personal necesario para su operación, y su duración será hasta el término de la actual legislatura; debiendo presentar un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso General.
Tercero. La comisión especial estará integrada en forma plural, de forma que refleje la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de esta legislatura y estarán presentados los diferentes grupos parlamentarios que la integran. Contará con una mesa directiva que se formará por un presidente y dos secretarios.
Palacio Legislativo, a los 29 días del mes de octubre del 2009.
Diputados: Claudia Edith Anaya Mota, Samuel Herrera
Chávez, Ramón Jiménez Fuentes, Gerardo Leyva Hernández
y Heladio Verver y Vargas Ramírez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SENER A REVOCAR LOS PERMISOS DE AUTOABASTECIMIENTO Y COGENERACIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA VIOLATORIOS DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL,
A CARGO DEL DIPUTADO ENRIQUE IBARRA PEDROZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PT
El suscrito, diputado Enrique Ibarra Pedroza, en uso de las facultades que le conceden los artículos 58, 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal a que revoque los permisos de autoabastecimiento y cogeneración de energía eléctrica expedidos a favor de empresas privadas que han incurrido en violaciones a la ley de la materia, para lo cual me permito expresar las siguientes
Consideraciones
En el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la industria eléctrica se dispone que
Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.
Derivado de este precepto, el artículo 1o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica reproduce el mandato constitucional señalando que:
Corresponde exclusivamente a la nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público, en los términos del artículo 27 constitucional. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará, a través de la Comisión Federal de Electricidad, los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.
Es decir, la única entidad facultada para generar y vender energía eléctrica en el país –y para explotar los recursos naturales para esos fines– es la Comisión Federal de Electricidad. Este punto está en el centro de las políticas energéticas que han blindado el sector para la salvaguarda de la soberanía energética. Sin embargo, no han sido pocas las asonadas que se han tenido que enfrentar para defender la industria eléctrica de la tendencia privatizadora que busca dejar en manos extranjeras la generación y venta de electricidad.
La percepción comercial y neoliberal del servicio eléctrico contempla la actividad únicamente desde la perspectiva del negocio y la desvincula de todo compromiso socia1. Por el contrario, la provisión de electricidad, desde la concepción que se surte del artículo 27 constitucional, es una responsabilidad del Estado que tiene por objeto atender la demanda doméstica, mercantil e institucional bajo un enfoque de desarrollo social, sin exclusiones ni privilegios.
No obstante el blindaje constitucional, existen empresas privadas fondeadas con capitales extranjeros que están burlando la ley y se dedican abiertamente a explotar los ríos, y otros recursos naturales, para generar y vender electricidad. Los servidores públicos del gobierno mexicano tienen el deber de interpretar la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de manera congruente con la Constitución. Este ejercicio nos impele a sostener -con toda convicción- que ninguna empresa privada puede prestar el servicio público de electricidad que consiste, precisamente, en generar, conducir y abastecer el fluido.
En contravención a lo establecido en el artículo 27 constitucional y la normatividad secundaria aplicable, empresas como Iberdrola, Energía de Monterrey, SA de CV, Eléctrica del Valle de México, Energía del Istmo, Generadora Eléctrica San Rafael, Distribuidora de Gas Natural México SA de CV, Proveedora Nacional de Electricidad, Hidroelectricidad del Pacífico, S de RL, Proveedora de Electricidad de Occidente, SA de CV, Mexicana de Hidroelectricidad Mexhidro, SA de CV, AgCert Internacional LTD, Cydsa-Quimiobásicos, SA de CV, Parque Eólico Bii Nee Stipa I, II y III, están en el comercio ilegal de electricidad. Venden electricidad pirata.
Estas y otras empresas, en colusión con malos servidores públicos, participan de una privatización silenciosa o furtiva, que tiende a la desnacionalización de la industria eléctrica. Es tan grave la invasión privada, que en el 2008 las cifras oficiales reconocían que el 31.07 por ciento (70 mil 980 Giga Watts/hora, GWh) de la capacidad total de generación eléctrica destinada al servicio público ya se encontraba en manos privadas. Sin embargo, bajo otros cálculos más integrales resulta que actualmente casi la mitad de la generación eléctrica total –a nivel nacional– es privada, en clara contradicción a lo establecido por el artículo 27 de la Constitución General de la República.
El modus operandi de una de las vertientes para la desnacionalización de la industria eléctrica es el siguiente:
b) Una vez creado el brazo operador para la desnacionalización de la industria eléctrica, se ofreció a inversión extranjera los recursos naturales y el mercado de electricidad del país.
Cuando se les cayó el teatrito con la ejecutoría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (que da unas de cal por otras de arena), que declaró inconstitucionales las disposiciones reglamentarias que hacían posible que bajo el esquema de autoabastecimiento y venta de excedentes se simularan esas figuras para constituir empresas con la única y verdadera intención de entrar al comercio de electricidad para servicio público, en franca contravención a lo dispuesto en el artículo 27 constitucional, en vía de consecuencia, resultaron inconstitucionales los contratos que suscribieron las empresas privadas con la Comisión Federal de Electricidad para vender electricidad.
No obstante la inconstitucionalidad de los contratos de venta de excedentes simulados, la empresa privada no se dio por vencida y buscó otra manera de burlar el mandato constitucional. Esta vez, se volvió a recurrir a la figura de autoabastecimiento, se prescindió de la figura de los excedentes y se ideó el fraude a la ley bajo el esquema de asociados beneficiados o socios de a dólar. Ahora, ya no se venden excedentes sino que se suministra electricidad a los socios de la empresa. El nuevo modus operandi consiste en que empresas como Iberdrola invita como socio a diverso cliente, el que se obliga a comprar una acción –que vale un dólar– y, entonces, el nuevo condueño de la planta generadora de electricidad paga el autoabastecimiento no la compra de electricidad. Los permisos de supuesto autoabastecimiento que otorga el brazo operador para desnacionalización de la industria eléctrica incluyen la figura de asociados beneficiados, para que un solo permiso de al productor privado la posibilidad de generar energía eléctrica para venderla a terceros simulando que se trata de socios. Hoy en día, amparados en 24 permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía como grandes productores independientes de energía, los extranjeros producen y venden casi la mitad de la energía eléctrica que se consume en México. A julio de 2009, son los consorcios españoles, estadounidenses, canadienses, japoneses, alemanes, franceses y belgas: Iberdrola, Unión Fenosa, Tractebel, Abengoa, Mitsubishi, Alstom, Electricite de France, Bechtel, Intergen, quienes se han beneficiado con dichos permisos.
Un ejemplo claro de simulación para cometer fraude a la ley en la modalidad de autoabastecimiento y socios de a dólar es el permiso E/205/AUT/2002 la CRE autorizó a Iberdrola Energía de Monterrey, SA de CV generar energía eléctrica para el autoabastecimiento con una capacidad de 619.5 MW. En esa ocasión, la transnacional informó a la CRE que sus socios eran 44 empresas, y que en sus planes de expansión se extendería a 109 más, a las cuales les abastecería de electricidad. En sucesivas modificaciones al permiso, en 2006 se autorizó a Iberdrola una capacidad de mil 189.3 MW constituida por 5 unidades generadoras, es decir, el doble de la autorización inicial.
Obviamente, el número de socios aumentó a 92 más 150 adicionales. De acuerdo a la condición tercera del permiso, referida al "aprovechamiento de la energía eléctrica generada", la que "genere la permisionaria deberá destinarse exclusivamente a la satisfacción de las necesidades de autoabastecimiento de sus socios". Se trata de un falso autoabastecimiento, ya que Iberdrola no genera energía para satisfacer sus propias necesidades sino las de sus socios de a dólar. Este contrato que la CRE entregó a Iberdrola es ilustrativo de cómo ha operado la industria eléctrica. El permiso se otorgó a la firma española bajo la figura de autoabastecimiento, aunque su giro es la venta de energía eléctrica. El documento esboza que serán los "socios" de la compañía los que se beneficiarán con la energía eléctrica que éste genere. Mediante este permiso, Iberdrola vendería la energía eléctrica que produjera en la ciudad de Monterrey a las compañías Coca Cola; Colgate-Palmolive; Altos Hornos de México; Kimberly Clark; Cadena Comercial Oxxo, DuPont, Femsa, Gas Natural México, Grupo Maseca, Ideal Standard, Petrocel, Polycyd, Protexa, Tubacero, Agua Industrial de Monterrey; Acerex, SA de CV; Cables Axa Yazaki, SA de CV; Cementos Apasco, SA de CV, en sus planta de Apazco, Orizaba, Ramos Arizpe y Tecomán; Cementos Mexicanos; Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV; Fábrica de Hielo Apodaca; Cigarrera la Moderna, SA de CV; Conductores CM, SA de CV; Conductores del Norte, SA de CV; Conductores Monterrey, SA; Dolorey, SA de CV; Empaques de Cartón Titán, División Fabrica de Cajas, División Papel, División Moldeado, Fabricas Monterrey, SA de CV; Fabricas Orión, SA de CV; Fibras Químicas, SA; Galvak, SA de CV; Grafo Regia, SA de CV; Manufacturas Cifunsa, SA de CV; Manufacturas Vitromex, SA de CV; Cerámica Santa Anita, SA de CV; CINSA, SA de CV; Castech, SA de CV; Dupek, SA de CV; Filamentos Elastoméricos de México, SA de CV; Hylsa, SA de CV; Industria Química del ISTMO, SA de CV; Instrumentos Axa Yazaki, SA de CV. Además del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Monterrey; Kir Alimentos; Lumisistemas GE, S de RL de CV; Magnekon, SA de CV; Nemak, SA; Nylon de México, SA; Axa Yazaki México, SA de CV; Polykron, SA de CV; Prolec-Ge, S de RL, de CV; Rot Química SA de CV; Sigma Alimentos Noreste, SA de CV; Sistema Ambiental Industrial, SA de CV; Talleres Industriales, SA de CV; Terza, SA de CV; Tisamatic Internacional, S de RL de CV; y Ucar Carbon Mexicana, SA de CV. La simulación de dichos permisos radica en que las trasnacionales y sus filiales son autorizadas a generar la energía eléctrica que no consumen, sino que venden a los socios que registran ante la CRE, cuya cartera van ampliando paulatinamente. Por si fuera poco, los permisos de autoabastecimiento dan a las permisionarias la venia de incluir, dentro de sus planes de expansión, a cuantas empresas quieran, para el "aprovechamiento de la energía eléctrica que se genere". Estos corporativos dejaron de comprarle la energía eléctrica al Estado para comprársela a la compañía española.
El permiso otorgado a Mexhidro es otro ejemplo de fraude a la ley que incluye actualmente una cartera adicional de 15 socios (de los 35 originalmente previstos), sin más relación entre sí que el interés de ahorrarse la cuenta eléctrica con la compra-venta de electricidad pirata. El proyecto original con la sola hidroeléctrica abarcaba grandes empresas, cerveceras, cementeras, automotrices, mineras, papeleras, vidrieras y refresqueras; además de entidades de la administración pública del Gobierno del Distrito Federal y de diversos organismos municipales de los estados de México, Jalisco, Aguascalientes, Morelos y Guerrero, dejando en reserva otros 28 clientes o socios como ellos les llaman que son municipios de 13 entidades: Guanajuato, Colima, Michoacán, Puebla, Querétaro, Veracruz, Tamaulipas, Durango, Nuevo León, Oaxaca, Coahuila y Estado de México.
El ayuntamiento de Guadalajara también es socio de Mexhidro. Es socio de a dólar de la transnacional en un proyecto de suministro de energía eléctrica para alumbrado público en la modalidad de autoabastecimiento celebrado entre ese gobierno municipal y la empresa generadora de electricidad Mexicana de Hidroelectricidad (Mexhidro) S de RL de CV. Este ayuntamiento paga en promedio a la transnacional 5 millones 100 mil pesos mensuales por concepto de autoabastecimiento. En un prodigio de transparencia –o impudencia institucional– este dato es consultable en la página de Internet
http://enlinea.guadalajara.gob.mx/consuItaProv/proveedor.asp?razon=mexhidro&numFolio=&fecha=&impMayor=&impMenor=&concepto=&uni=&buscar=1 &submitButton= Buscar&orden=0&ord=asc
El Ejecutivo ha continuado con la desnacionalización de la industria eléctrica a través de la Comisión Reguladora de Energía, autorizando la formación de fraudulentas sociedades de autoconsumo, que cuentan entre sus asociados –como ya se vio– no solo empresas privadas sino a organismos públicos, gobiernos estatales y municipales. El tema ya ha sido tratado en este recinto. La Auditoría Superior de la Federación recomendó a la Comisión Reguladora de Energía en el 2003 la revisión de más de 300 permisos concedidos a empresas nacionales y extranjeras para generar y vender energía eléctrica, así como "el estado del cumplimiento de las obligaciones de dichos permisos, la fijación de tarifas y las contraprestaciones establecidas", por considerarlos inconstitucionales. Ante ello, el gobierno foxista interpuso controversia constitucional y la ganó en el 2008. A pesar de haberse evidenciado tanta ilegalidad por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, corroborada por la Auditoría Superior de la Federación, la privatización de la generación continúa sin más límite que la petición de los inversionistas de mayor "certeza jurídica".
En el Valle de México desde el 2001 a la fecha, la nefasta Comisión Reguladora de Energía –brazo operador para la desnacionalización de la industria eléctrica– otorgó 145 permisos de autoabastecimiento a favor de Telmex, Cinemex, Unilever, Nestlé, Mabe, Liverpool, Bridgestone-Firestone. Bimbo, Wallmart, Laboratorios Abbot, Hylsa, Schering Plough, Procter & Gamble, y otras que, evidentemente, dejaron de comprar electricidad a Luz y Fuerza del Centro.
El párrafo segundo inciso 5) del artículo 36 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que es causa de revocación de los permisos de autoabastecimiento y cogeneración cuando –a juicio de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal– los permisionarios incumplan con la ley o con los términos y condiciones establecidos en los permisos respectivos. La ilegalidad de los permisos invasivos del servicio público de electricidad deviene en vía de consecuencia. Es decir, los contratos son revocables, no porque se haya incumplido con las condiciones del permiso, sino porque la Comisión Reguladora de Energía los ha otorgado en términos inconstitucionales, desde el momento en acepta e incita la realización de actos simulados que resultan inconvenientes para el país; y el artículo 36 fracción I establece imperativamente que los permisos de autoabastecimiento de energía eléctrica están destinados a la satisfacción de las necesidades propias de personas físicas o morales, siempre que no resulte inconveniente para el país. La inconveniencia para el país estriba en que la Comisión Reguladora de Energía ha propiciado una aplicación distorsionada de la ley que favorece la generación y venta de electricidad por parte de empresas privadas en franca contravención al artículo 27 constitucional que –repito– señala que dichas actividades le corresponden exclusivamente a la nación y, por lo tanto, en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para esos fines. Luego, la invasión de las empresas privadas en la industria eléctrica es un agravio a la nación que debe ser detenido vía revocación de los permisos respectivos y se les debe exigir la reparación de los daños ocasionados a la industria eléctrica nacional.
La desnacionalización de la industria eléctrica avanza implacable pasando por la letra y espíritu del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagró la soberanía de la nación sobre los recursos naturales y su explotación para la generación de electricidad. El sistema eléctrico mexicano tiene en los contratos de autoabastecimiento el germen de la desnacionalización de la industria eléctrica, que como un cáncer amenaza extenderse hasta exterminarlo.
En mérito de lo expuesto elevo para su consideración la siguiente proposición de
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Energía, a que inicie el procedimiento de revocación de los permisos de autoabastecimiento y cogeneración en contra de los permisionarios que hayan constituido asociaciones simuladas para fines de venta de electricidad.
Segundo. Una vez que se desahogue el procedimiento respectivo en donde se les otorgue a las empresas involucradas su derecho de audiencia y defensa, se dicte resolutivo que funde y motive la revocación de los permisos de autoabastecimiento y cogeneración respectivos por resultar inconvenientes para los intereses de la nación.
Tercero. De manera simultanea se inicie procedimiento administrativo tendiente a la aplicación de la sanción prevista en el artículo 40 fracción V de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica a las empresas que indebidamente hayan vendido, revendido o, por cualquier otro acto jurídico, enajenado capacidad o energía eléctrica.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. México, DF, a 29 de octubre de 2009.
Diputado Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ENTREGAR A ESTA SOBERANÍA, MEDIANTE
PETRÓLEOS MEXICANOS, UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS
POR LA PARAESTATAL EN MATERIA DE DESARROLLO AMBIENTAL Y SOCIAL EN TAMAULIPAS,
VERACRUZ, TABASCO Y CAMPECHE, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ IGNACIO
SEARA SIERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 93, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del 41 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal a través de Petróleos Mexicanos, entregue a esta soberanía un informe detallado sobre las acciones realizadas por la paraestatal en materia de desarrollo ambiental y social en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Asimismo, se solicita que en el informe antes mencionado se especifiquen las acciones realizadas por Petróleos Mexicanos en relación con las observaciones y puntualizaciones hechas por la Comisión de Investigación del daño ecológico y social generado por Pemex, de la LX Legislatura, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
I. Que durante más de un siglo, el tema de la industria petrolera ha sido uno de los más discutidos en la agenda nacional, partiendo de la visión de nuestro país en cuanto a la forma de propiedad de los hidrocarburos, la cual ha sufrido modificaciones a lo largo de la historia. Así, en una primera etapa, la falta de capacidad y desconocimiento del sector por parte de los gobiernos en turno, fue elemento fundamental para que el petróleo nacional fuera controlado por capital extranjero; mientras que en una segunda etapa, gracias a las acciones del presidente Lázaro Cárdenas, se sentó el precedente de la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos, dando origen a la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
II. Que en la LX Legislatura se constituyó la Comisión de Investigación del daño ecológico y social generado por Pemex, mediante la cual se buscó detectar, analizar y evaluar el impacto social, y ambiental de la paraestatal en los municipios, entidades federativas y zonas marítimas donde Pemex tiene instalaciones de exploración, extracción y transformación de los insumos derivados del petróleo.
III. Que entre los trabajos legislativos realizados por la Comisión de Investigación del daño ecológico y social generado por Pemex en la LX Legislatura, destacan la presentación del punto de acuerdo por el que solicitó financiamiento para la pesca en Campeche, publicada en la Gaceta Parlamentaria del jueves 29 de noviembre del 2007 y del punto de acuerdo por el que se exhortó a Petróleos Mexicanos a redefinir y profesionalizar las funciones de su cuerpo de seguridad especial en áreas estratégicas.
IV. Que por otra parte, se atendieron diversas demandas sociales, promoviendo la participación de sectores productivos como los Consejos Coordinadores Empresariales de diversas entidades de la República; asimismo, se logró la participación de diversas instituciones de educación superior como la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Universidad Autónoma de Campeche.
V. Que de la misma forma, se coordinaron los trabajos entre la Comisión de Investigación del daño ecológico y social generado por Pemex, la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados con la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Pemex, para sostener reuniones de trabajo con pescadores ribereños y de altura, posiblemente afectados por las actividades de la paraestatal, siendo estas reuniones un vinculo para la puntual canalización de recursos vía los fideicomisos pesqueros, tanto ribereño como de altura.
VI. Por último, no podemos dejar de lado que en el informe final de la Comisión de Investigación del daño ecológico y social generado por Pemex, se dejan abiertos asuntos pendientes sobre el supuesto impacto ambiental y social generado por la paraestatal en estados como Veracruz, Tabasco y Campeche.
VII. Que quienes promovemos este punto de acuerdo, coincidimos en que es necesario que la Cámara de Diputados ratifique su compromiso con los estados que conviven a diario con Petróleos Mexicanos, estableciendo con ciudadanos y gobiernos un enlace permanente en esta Cámara y, que por otra parte, es necesario darle seguimiento y continuidad al trabajo realizado en la LX Legislatura, buscando siempre ser garantes de los trabajos realizados por Petróleos Mexicanos, a fin de garantizar el equilibrio social y ambiental de nuestro país.
Por lo antes señalado, someto a la consideración de esta soberanía, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de Petróleos Mexicanos, entregue a esta soberanía un informe detallado sobre las acciones realizadas por la paraestatal en materia de desarrollo ambiental y social en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche.
Segundo. Asimismo, se solicita que en el informe antes mencionado se especifiquen las acciones realizadas por Petróleos Mexicanos en relación a las observaciones y puntualizaciones hechas por la Comisión de Investigación del daño ecológico y social generado por Pemex, de la LX Legislatura.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2009.
Diputado José Ignacio Seara Sierra (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EMPRENDER MEDIANTE LA SEMARNAT Y LA CONAGUA
ACCIONES PARA DETECTAR, EVALUAR Y COMBATIR LA SOBREEXPLOTACIÓN Y
EXTRACCIÓN ILEGAL DE MATERIALES PÉTREOS, A CARGO DEL DIPUTADO
AGUSTÍN TORRES IBARROLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado Agustín Torres Ibarrola, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo para combatir la sobreexplotación y extracción ilegal de materiales pétreos, con base en las siguientes
Consideraciones
A lo largo de los años, el impacto del hombre sobre el medio ambiente ha sido relegado a un papel secundario subordinado al desarrollo económico y social. Sin embargo, cada vez es más evidente que esta actitud tiene altos costos para el medio ambiente, para la población y para el gobierno, pues el incremento poblacional y las actividades humanas generan un incremento en la presión sobre el medio ambiente y los recursos naturales.
Casos como la contaminación del agua, la emisión de gases y partículas a la atmósfera, la degradación forestal, el uso indiscriminado del suelo y los recursos naturales, entre otros, además de comprometer el bienestar de las generaciones futuras, afecta la salud y seguridad de nuestros ciudadanos.
Ejemplo de esto es la extracción de arena, rocas, cantera, y otros materiales pétreos que, además de afectar el equilibrio ecológico, pueden llegar a potencializar catástrofes naturales tales como inundaciones cuando se afecta el cauce natural de los ríos.
Actualmente el gobierno federal se encuentra facultado para emitir títulos de concesión para la extracción de materiales pétreos, sin embargo, tal como lo señala la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), un gran número de explotaciones de bancos de materiales pétreos se realiza en los cauces de ríos y arroyos sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental, incluso, aún contando con ella, son sobreexplotados.
Esta explotación indiscriminada, sin respetar la regulación ambiental, genera la alteración del cauce natural de los ríos, la disminución de recarga de los acuíferos, la desestabilización de los taludes, la disminución del espesor del estrato que sirve de protección al acuífero ante posibles fuentes de contaminación provocando colateralmente aumentos potenciales de la evaporación de las aguas subterráneas, entre otros.
Asimismo, las alteraciones que provocan la sobreexplotación de materiales pétreos y la falta de observación de los impactos ambientales, pueden generar cambios en el sistema hidrológico, afectando los niveles de temperatura y lluvia, con la consecuente afectación a la diversidad biológica y al paisaje.
Asimismo, la extracción irregular e ilegal de materiales pétreos genera externalidades negativas en la población al incrementar las partículas suspendidas en el ambiente y con ello las enfermedades de las vías respiratorias, tales como alergias.
Lamentablemente, la sobreexplotación de materiales pétreos y la afectación que genera surge muchas veces por intereses netamente económicos, pues gran parte de la extracción de materiales se realiza con la finalidad de ser vendidos a otros países, principalmente para ser utilizados en la industria de la construcción.
De acuerdo al Sistema de Información Arancelaria de la Secretaría de Economía, tan sólo en el año 2008 México exportó un total de 11.1 millones de toneladas de materiales pétreos como cantos, grava, piedras machacadas y otros1 con un valor superior a los 65 millones de dólares.
De estos materiales pétreos que se exportaron, un 97 por ciento tuvo como destino los Estados Unidos de Norteamérica. Esto no es una mera casualidad, sino que en parte es resultado de las divergentes políticas y normas aplicadas a ambos lados de la frontera.
Mientras que en estados como California existen restricciones normativas en cuanto a la extracción de materiales en los arroyos, en México prácticamente esta actividad se realiza de manera impune e indiscriminada y no por falta de regulación, sino por la débil aplicación de ésta.
Cientos de empresas, de manera ilegal, extraen materiales pétreos de los ríos, arroyos y playas principalmente, generando graves daños ecológicos.
Lamentablemente a lo largo y ancho del país podemos observar este tipo de afectaciones. Vemos como estados tan diferentes se enfrentan a una problemática común: la extracción de materiales pétreos.
Así por ejemplo, Chihuahua se enfrenta a la creciente extracción de arena en las dunas de Samaluya; el Estado de México a la casi desaparición de cerros en el Valle de los Mamuts; Guanajuato a la modificación de los trazos de ríos y presas; Guerrero y Chiapas sufren los daños en el cauce de los ríos; y Baja California, en el Valle de Guadalupe, se observa la sobreexplotación de materiales pétreos, por mencionar sólo unos ejemplos.
Lamentablemente esta actividad se realiza a pesar de que contamos con disposiciones legales e instituciones en la materia, que debiesen regular, vigilar y, en su caso, sancionar a quienes actúen fuera de la ley, lesionando al medio ambiente.
En este sentido la Profepa juega un papel fundamental, pues entre sus atribuciones se encuentra vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales; salvaguardar los intereses de la población en materia ambiental y sancionar a quienes violen las disposiciones legales en la materia.
En el año 2008, la Profepa inspeccionó 74 bancos de materiales pétreos, siendo Guerrero, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Sinaloa y Tabasco, los estados con mayor número de inspecciones.
Sin embargo, la gravedad del problema exige que se incrementen los esfuerzos para combatirlo desde sus diferentes vertientes. Asimismo, reclama la participación de los diferentes órdenes de gobierno para erradicar un problema que nos afecta a todos.
Es por esto compañeros legisladores que la presente proposición con punto de acuerdo busca exhortar a las diferentes dependencias del gobierno federal para que combatan de una manera más eficiente la sobre explotación y extracción ilegal de materiales pétreos.
Asimismo, se exhorta al gobierno federal, a las entidades federativas y a los municipios de los Estados Unidos Mexicanos para que coordinen esfuerzos y recursos para cumplir con el objetivo de preservar el medio ambiente, a través de la regulación de la extracción de materiales pétreos.
Por lo anteriormente expuesto, se pone a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua, emprenda acciones para detectar, evaluar y combatir la sobreexplotación y extracción ilegal de materiales pétreos.
Segundo. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente para que intensifique las acciones y operativos de inspección y vigilancia de los bancos de extracción de materiales pétreos.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, de manera coordinada, analicen la posibilidad de establecer barreras no arancelarias a la exportación de materiales pétreos extraídos ilegalmente y con una afectación al ambiente.
Cuarto. Se exhorta al Ejecutivo federal, a los gobiernos de las entidades federativas y a los gobiernos municipales, para que coordinen acciones para combatir la sobreexplotación y extracción ilegal de materiales pétreos.
Nota
1. Este valor corresponde a los materiales contenidos
en la fracción arancelaria 25171001 "Cantos, grava, piedras machacadas,
de los tipos generalmente utilizados para hacer hormigón, o para
firmes de carreteras, vías férreas u otros balastos, guijarros
y pedernal, incluso tratados térmicamente".
Recinto legislativo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, octubre de 2009.
Diputado Agustín Torres Ibarrola (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SEGOB A INTERVENIR PARA QUE EL COMISIONADO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN NO TRASLADE DE SAN MIGUEL DE
ALLENDE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE GUANAJUATO, A CARGO
DEL DIPUTADO JUAN DE JESÚS PASQUALLI GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
Juan de Jesús Pasqualli Gómez, diputado federal de la república por el segundo distrito de Guanajuato, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que en el marco de sus atribuciones intervenga para que el comisionado del Instituto Nacional de Migración no cambie la ciudad sede de la Delegación Regional del Estado de Guanajuato, debido al negativo impacto que dicha acción tendría sobre esa ciudad.
Exposición de Motivos
Cerca de cuatro millones de estadounidenses se jubilan cada año, de los cuales casi un millón deciden vivir en el exterior. La revista International Living en el 2007, publicó que México es el destino favorito de los jubilados estadounidenses para establecer su residencia. Actualmente, en nuestro país hay más de 300 mil estadounidenses mayores a 55 años que decidieron hacer de nuestro país su lugar de residencia temporal o permanente. Entre los lugares preferidos por los retirados estadounidenses en la República Mexicana está San Miguel de Allende, en el cual habitan aproximadamente 12 mil residentes extranjeros y cuyo crecimiento ha sido de casi 50 por ciento entre 1990 y el 20001. Además de la población estadounidense, en San Miguel de Allende también encontramos una importante población de canadienses y de ciudadanos europeos.
Los retirados estadounidenses y de otras nacionalidades en San Miguel de Allende comenzaron a llegar a esa localidad durante la primera mitad el siglo pasado y constituyen hoy una parte integral de la sociedad sanmiguelense. A través de los años, la comunidad extranjera en San Miguel de Allende se ha involucrado activamente en la vida de la ciudad, haciendo de ella un importante punto de encuentro entre las culturas de México y de sus países de origen, gracias a lo cual se ha establecido como un reconocido punto artístico y cultural a nivel mundial.
La población extranjera en San Miguel de Allende también ha contribuido sustancialmente al desarrollo económico y social de la ciudad. Actualmente, existen decenas de organizaciones filantrópicas fundadas por ciudadanos extranjeros residentes en San Miguel de Allende, las cuales otorgan ayuda a la población más necesitada del municipio de diversas maneras: desayunos escolares para niños, asistencia a personas con discapacidad, asistencia para la educación, prevención de adicciones, asistencia para personas de la tercera edad, entre otros.
Algunas organizaciones ubicadas en San Miguel de Allende que fueron fundadas por inmigrantes extranjeros han crecido y tienen hoy presencia a nivel nacional, como es el caso del Centro para los Adolescentes de San Miguel de Allende.
Asimismo, la derrama económica que ha traído la inmigración estadounidense a San Miguel de Allende es significativa. Además de los centros artísticos y culturales mencionados en el párrafo anterior, la población extranjera es una de las principales fuentes de ingreso de numerosos negocios de la ciudad, de los cuales dependen miles de empleos de trabajadores y profesionistas sanmiguelenses. Negocios tales como: restaurantes, la industria de la construcción, de bienes raíces, centros médicos, balnearios, agencias de viajes, hoteles, asilos, escuelas de idiomas, autoservicios, tiendas y talleres artesanales, etcétera.
El crecimiento y la importancia de la población extranjera en San Miguel de Allende fueron reconocidos por el Instituto Nacional de Migración, el cual decidió instalar su delegación estatal en dicha ciudad hace más de 20 años para otorgar los servicios necesarios a la población extranjera residente en la ciudad. La importancia de la presencia del Instituto Nacional de Inmigración y de los servicios que otorga a la comunidad extranjera también fue reconocido por las autoridades locales de San Miguel de Allende, la cuales donaron en el 2006 un terreno de 2 mil metros cuadrados a dicho instituto para la instalación de sus oficinas.
No obstante lo anterior, el pasado 23 de octubre del presente año, la subdirectora de la Delegación Regional del INAMI, anunció que "es probable que la delegación se mueva a Celaya a principios del año entrante, debido al incremento de plazas, además de que en esa ciudad se realiza la mayor parte de los operativos de aseguración de migrantes y para poder prestar un mejor servicio a todo el estado".2
Si bien la subdirectora de la Delegación Regional mencionó que "los residentes extranjeros en San Miguel no deben preocuparse, ya que se abrirá una oficina más pequeña en dicha ciudad para seguirlos atendiendo", lo cierto es que dicho cambio significaría un retroceso y una falta de comprensión por parte del instituto a la importancia que tiene la comunidad extranjera para la vida económica y social de la ciudad, la cual sí fue reconocida hace 20 años. La comunidad extranjera en San Miguel de Allende ha continuado, y continuará, expandiéndose, tal como ha sucedido desde que los primeros residentes extranjeros llegaron a la localidad hace más de setenta años. A la par del crecimiento de dicha comunidad irá, por consecuencia, un aumento en la demanda de los servicios migratorios que otorga el Instituto Nacional de Migración. No es consecuente que ante tal realidad el instituto decida ahora cambiar la sede de la Delegación Regional en Guanajuato, dejando desprovista a la comunidad extranjera de uno de los servicios más importantes que les otorga el gobierno federal.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta asamblea, solicitando que sea considerado como de urgente u obvia resolución, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que en el ámbito de sus atribuciones, intervenga para que la comisionada del Instituto Nacional de Migración no cambie de ciudad la sede de la Delegación Regional del Instituto Nacional de Migración del estado de Guanajuato, ubicada actualmente en San Miguel de Allende, debido al irrefutable impacto negativo que dicha decisión traería para la vida económica y social de esa ciudad.
Notas
1. Lizárraga Morales, Omar y García Castro,
Ismael, Importancia del Turismo Internacional de Retiro, Jorale Editores,
México, D.F, 2008, pp. 59-60.
2. Ibarra Jesús. "Disminuye número de centroamericanos
asegurados". Periódico Atención San Miguel. Vol. XXXV, No
42. Oct 23-29, 2009. Página 10.
Dado en el pleno de la Cámara de Diputados, a 29 de octubre de 2009.
Diputado Juan de Jesús Pasqualli Gómez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEGOB A TOMAR PREVISIONES PARA GARANTIZAR EL DERECHO A
LA IDENTIDAD DE LOS MEXICANOS CARENTES DE ACTA DE NACIMIENTO Y QUE, POR
TANTO, NO PODRÁN SOLICITAR LA CÉDULA DE IDENTIDAD CIUDADANA,
A CARGO DEL DIPUTADO ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El suscrito, Arturo Zamora Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, a efecto de que la Secretaría de Gobernación (Segob) tome previsiones para garantizar el derecho a la identidad de los mexicanos que no cuentan con acta de nacimiento, a partir de la implantación de la cédula de identidad ciudadana.
Antecedentes
El 28 de julio del presente año, el presidente Felipe Calderón anunció la creación de la nueva cédula de identidad ciudadana (Cedi), la cual contará con la identidad biométrica (huellas digitales, rostro e iris) de cada mexicano.
De acuerdo con la Segob, este documento garantizará la identidad legal y jurídica de cada ciudadano.
El proceso de expedición de la cédula de identidad ciudadana requiere ligar la identidad jurídica con la información biométrica de cada persona, utilizando como llave la clave única del Registro de Población.
De acuerdo con el gobierno federal las ventajas que otorgará la Cedi son las siguientes:
2. El titular podrá verificar de manera electrónica su identidad, para tener acceso a trámites y servicios electrónicos.
3. Se abatirán los delitos de fraude y robo de identidad, al constituirse en un medio fehaciente de identificación.
4. Se agilizarán los trámites a la población mediante la identificación eficiente y efectiva.
5. Se evitarán la discriminación y la duplicidad en el otorgamiento de los beneficios sociales a la población.
6. La creación de beneficios indirectos tales como un clima de confianza que favorezca la inversión y la creación de nuevos empleos, carteras de créditos más sanas, mayor confianza para la apertura de cuentas, beneficios dirigidos a las personas que en realidad lo necesitan.
De acuerdo con un estudio del Fondo de Naciones Unidas para la Niñez, en 2000 41 por ciento de los nacimientos no fue registrado en todo el mundo. En Latinoamérica, la proporción es de 14 por ciento.
El 27 de noviembre de 2007, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dio a conocer que 15 por ciento de los niños menores de un año en la Ciudad de México no tiene acta de nacimiento, no está registrado, y eso contraviene el precepto que establece la Convención de los Derechos del Niño de tener derecho a un nombre.
Problemática jurídica
El derecho a la identidad es un derecho fundamental para el desarrollo de las personas y su incorporación a todas las actividades de la sociedad.
El derecho al nombre y a la personalidad constituyen los elementos a través de los cuales el sujeto adquiere individualidad para ser reconocido por el Estado y la sociedad.
Los preceptos jurídicos nacionales e internacionales establecen claramente el derecho al nombre como uno de los primeros a los que deben acceder las personas al nacer. Éste, además de dotarlos de existencia legal y permitirles el ejercicio de otros derechos, entre los que destacan las garantías individuales, permite a las autoridades de un país conocer en términos reales cuantas personas lo integran y por tanto sirve de base para planificar e implantar adecuadamente sus políticas públicas y de desarrollo.
En México hay personas de bajos recursos económicos en situación de indocumentación, lo que los coloca en desventaja respecto a sus pares y los mantiene en marginación y discriminación por la falta de un documento que garantice su identidad, lo cual incrementa para ellos el riesgo de sufrir vulneración a sus derechos.
El acta de nacimiento es el documento que permite probar la existencia legal de un niño, adolescente o adulto.
La inscripción del nacimiento no sólo hace posible el reconocimiento legal de la existencia de una persona; sino que además, indica que esta persona pertenece a una familia, a una comunidad y a una nación.
De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el hecho de que los niños no sean registrados al nacer tiene consecuencias diversas para el disfrute de la vida.
En un caso en el que se denegó la inscripción tardía en el Registro Civil del nacimiento de dos niñas, la CIDH consideró que el Estado violó, entre otros, el derecho de las niñas a la nacionalidad. Como consecuencia, se lesionó su derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y al nombre.
Respecto a ese caso, la CIDH estableció que "la falta de reconocimiento de la personalidad jurídica lesiona la dignidad humana, ya que niega de forma absoluta su condición de sujeto de derechos y hace al individuo vulnerable frente a la no observancia de sus derechos por el Estado o por particulares".
Además, sobre el derecho al nombre la CIDH estableció que los Estados "tienen la obligación no sólo de proteger el derecho al nombre, sino también de brindar las medidas necesarias para facilitar el registro de la persona, inmediatamente después de su nacimiento".
El registro de nacimiento también es fundamental para garantizar el derecho a la educación, a servicios sociales, a servicios médicos; el derecho a no ser sometido a explotación y malos tratos, tráfico de niñas y niños; el derecho a gozar de medidas especiales de protección (por ejemplo, el derecho de las y los niños a no ser tratados como personas adultas durante un proceso personal seguido en su contra); y el derecho a la participación democrática.
De particular interés debe ser la protección de los derechos de las distintas comunidades indígenas existentes en nuestro país, pues es bien sabido que estos grupos sociales, en algunos casos se rigen por su propio sistema normativo de usos y costumbres, que no necesariamente corresponde al sistema unitario de leyes que rigen a la nación. En algunas comunidades indígenas no se registran los nacimientos de sus miembros, de suerte que cualquier persona carente de acta de nacimiento queda marginada de los beneficios de la Cedi.
El artículo 37 constitucional establece puntualmente que ningún mexicano podrá ser privado de su nacionalidad. El artículo 3o. de la ley reglamentaria del citado artículo establece que los documentos probatorios de la nacionalidad incluyen el acta de nacimiento.
De ahí se desprende que quienes no se encuentren registrados están imposibilitados de ostentar y ejercer los derechos que tienen como mexicanos.
Por otro lado, el artículo 3o. constitucional reconoce el derecho de todos los mexicanos a recibir educación, más en el citado supuesto de los mexicanos indocumentados el ejercicio del mismo se vuelve de imposible ejecución toda vez que para el ingreso a las escuelas públicas se requiere de la plena individualidad que otorga el acta de nacimiento.
Los derechos políticos consagrados en la Constitución, específicamente en el artículo 35, son para los indocumentados mexicanos ineficaces, toda vez que el Instituto Federal Electoral requiere para la expedición de la credencial para votar de la exacta identificación del ciudadano requirente.
A mayor abundamiento, transcribo los artículos 7o. y 8o. de la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas que, por cierto, fue ratificada por el Estado mexicano el 21 de septiembre de 1990 y entró en vigor el 21 de octubre de 1990:
1. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.
2. Los Estados parte velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.
Artículo 8o.
1. Los Estados parte se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.
2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados parte deberán prestar la asistencia y protección apropiadas, con miras a restablecer rápidamente su identidad.
Dicho reto exige que todas las instituciones que se encuentran directa o indirectamente involucradas en el tema, aporten las medidas de solución teniendo en cuenta sus competencias. Si bien la identificación de mexicanos es función exclusiva de las oficinas de los Registros Civil y Nacional de Población, la promoción y defensa de los derechos de las personas son competencia de diversas instituciones y servicios que, atendiendo a su mandato, deben ejecutar acciones que contribuyan a garantizar el derecho al nombre y a la identidad.
Aprovecho la implantación de la Cedi para proponer que la Segob, en coordinación con los gobiernos de los estados y los municipales, realice una cruzada nacional por el derecho al nombre y a la identidad.
Por lo anterior propongo a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que se turne el presente punto de acuerdo a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados a efecto de que, una vez analizado, se plantee a la Secretaría de Gobernación que tome previsiones para garantizar el derecho a la identidad de todos los mexicanos que no cuentan con acta de nacimiento y que, por consiguiente, no podrán solicitar la cédula de identidad ciudadana, documento que está por entrar en vigor, y que los marginará de diversos derechos que les son inherentes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2009.
Diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A GARANTIZAR LA PERMANENCIA EN 2010 DEL
INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL SECTOR RURAL,
AC, COMO SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN
Y ASISTENCIA TÉCNICA RURAL INTEGRAL, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER
BERNARDO USABIAGA ARROYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Proposición con punto de acuerdo que presenta el diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo del Grupo Parlamentario del PAN, conforme a los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por la cual se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a no desaparecer al Instituto Nacional de Desarrollo de Capacidades del Sector Agropecuario Asociación Civil (INCA Rural AC) y asignarle el presupuesto necesario para el cumplimiento de su objeto social.
Considerando
Que el campo mexicano presenta una gran diversidad de condiciones, en lo social, ambiental y productivo y como todos los sectores, se enfrenta a las diversas crisis que afectan al país, lo que demanda realizar esfuerzos que correspondan a estas condiciones a fin de lograr su integración y contribución con todo su potencial al proceso de desarrollo de la nación, para lo cual es necesario hacer sinergia entre la sociedad y el gobierno para desarrollar las capacidades de la población rural a fin de elevar la productividad, rentabilidad y competitividad de las actividades productivas.
Que en el país hay 991 municipios netamente rurales en los que al menos el 80 por ciento de su población vive en comunidades menores a 2,500 habitantes. Ahí habitan más de 7 millones de mexicanos, con un analfabetismo cercano al 24 por ciento, con casi 49 por ciento de las personas mayores a 15 años que no terminaron su primaria y con una importante presencia de las comunidades indígenas. De estos municipios, 763 municipios son de alta y muy alta marginación, y la mayoría de su población se encuentra en condiciones de pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial.
Además, en México existen otros 987 municipios en los que al menos el 80 por ciento de su población vive en comunidades menores a 15 mil habitantes, presentan un enorme rezago social, representan más de 17.5 millones de habitantes, de los cuales, el 16 por ciento padece analfabetismo y más del 38 por ciento de los mayores a 15 años no terminaron la primaria. De estos municipios, 444 son de alta y muy alta marginación. En este segundo grupo, la pobreza también se expresa de manera contundente.
Diversos estudios han demostrado la fuerte correlación entre la baja escolaridad del jefe de familia con su situación de pobreza, entre menos escolaridad mayor pobreza y marginación. ¿Qué debemos hacer? ¿Volver a mandar a la escuela a esta población que ha sido excluida de la educación formal? ¿Olvidarnos del asunto y esperar algunas décadas a que llegue una nueva generación con mejores índices de escolaridad?.
Definitivamente no se puede cancelar un órgano que tiene a su cargo la honorable y preeminente tarea de contribuir al cumplimiento de un mandato constitucional. La capacitación y la asistencia técnica son servicios para fomentar la producción agropecuaria y el bienestar rural, previstos en nuestra Carta Magna, en la fracción XX del artículo 27 constitucional, que dice: "El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público".
Que el Instituto, actualmente es una institución poco común en su género, por un lado es una institución no lucrativa con la figura de asociación civil; y también es una empresa de participación estatal mayoritaria sectorizada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
El INCA Rural se constituyó como Centro Nacional de Capacitación para Empleados de la Banca Oficial Agropecuaria; AC (CENAC-BOA) el 5 de noviembre de 1973. Años más tarde, se transforma para incorporar la capacitación a los productores acreditados y cambia su nombre por el de Centro Nacional de Capacitación del Sistema de Crédito Rural, AC (CENAC Rural), el 25 de abril de 1979. Este se reestructuró para brindar la capacitación a los campesinos y al personal de campo de las instituciones del sector, adoptando la denominación de Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agropecuario, AC (INCA Rural) el 21 de octubre de 1979.
El 3 de diciembre de 2002 se publican en el DOF los acuerdos mediante los cuales, en congruencia con los cambios de las disposiciones jurídicas y administrativas que enmarcan la actuación de la entidad, modifican el nombre de esta asociación para pasar a ser el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, Asociación Civil, (INCA Rural).
A partir de su transformación se dedicó a impulsar, coordinar y potencializar las capacidades existentes en las instituciones públicas, privadas y sociales para prestar servicios de capacitación, formación de capital humano, evaluación y certificación a la población rural y el mercado laboral rural, optimizando los recursos y generando una mayor capacidad y calidad de respuesta a las necesidades de este servicio para el desarrollo rural.
El INCA tiene como misión el desarrollar las capacidades de la población rural, de profesionales e instituciones públicas, sociales y privadas, mediante el diseño, impulso y coordinación de programas y procesos de participación, educación no formal, formación, capacitación, evaluación, acreditación y certificación, que contribuyan a elevar el nivel de desarrollo humano y el empleo, mejorar los ingresos, abastecer el mercado interno, y revertir el deterioro de los ecosistemas en las zonas rurales y costeras. El INCA Rural ha promovido una ética profesional y compromiso directo ante las comunidades, ejidos, organizaciones, empresas, sistemas producto y consejos de desarrollo rural, considerando siempre la total inclusión de las mujeres y hombres del campo, sean jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, indígenas o mestizos, convencido que la mayor riqueza de los pueblos es su propia gente y sus capacidades, pues son ellos los que deben impulsar su propio desarrollo, a bien de que efectivamente hablemos de un desarrollo rural sustentable.
El INCA Rural también se dedica a diseñar, desarrollar, promover e impartir programas de formación y capacitación, contribuyendo al desarrollo rural y a la coordinación con otras entidades del sector rural. Para lo cual también ha contribuido en la integración de redes públicas y privadas de formadores y evaluadores; de institutos y centros de aprendizaje; y de prestadores de servicios profesionales. Del mismo modo, entre sus tareas, el INCA Rural, también lleva a cabo el diseño y desarrollo de las normas y métodos de evaluación para la acreditación y certificación de las competencias laborales.
El INCA Rural es una institución que se ha especializado en diseñar e instrumentar acciones de capacitación con un alcance nacional, apoyado con redes nacionales de prestadores de servicios, a fin de atender las necesidades del campo mexicano con información y contenidos útiles para mejorar las condiciones de vida de la población rural, que nunca ha escatimado sus propósitos y esfuerzos por impulsar estrategias que logren llegar hasta las comunidades rurales más pobres del país, adaptando sus modelos, programas y esquemas de trabajo a las circunstancias en las que se desenvuelven los hombres y mujeres del campo, lo cual le ha valido un reconocimiento no sólo en el ámbito nacional, sino también en el plano internacional, especialmente de los países de Latinoamérica, que en numerosas ocasiones han acudido a este Instituto para instrumentar sus estrategias de capacitación rural.
Dimensionar la importancia de las aportaciones del instituto sólo se puede lograr si se realiza un análisis de las condiciones en las cuales se desempeña el desarrollo de las capacidades a nivel mundial, nacional y particularmente en el sector rural.
En este sentido, el conocimiento se ha revelado un factor principal de desarrollo en el mundo. Su importancia en la economía es tan evidente que hoy se habla de la existencia de una economía del conocimiento o economía basada en el conocimiento. Además, es una poderosa herramienta para abordar y resolver los problemas de cualquier sociedad.
La gran virtud del conocimiento es que crea valor agregado en los productos y servicios en cuyos procesos de producción interviene, por tanto, es un elemento esencial en la generación de riqueza. Adicionalmente, el conocimiento tiene características de bien público que justifican ampliamente la inversión de recursos del estado para su promoción y desarrollo. En muchos países la inversión en este tipo de bienes intangibles, ha crecido más aceleradamente que la inversión en bienes tangibles, como la infraestructura, los equipos, la maquinaria y las materias primas.
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los tres indicadores básicos del desarrollo humano son nivel de ingreso, salud y la educación, que se asocia directamente con la difusión del conocimiento. En estos indicadores, México ocupa el lugar 52, muy alejado de los primeros lugares y por debajo incluso de otros países latinoamericanos como Argentina (lugar 38), Chile (lugar 40), Uruguay (lugar 46) y Cuba (lugar 51).
Por otro lado, entre los 30 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el último lugar en nivel educativo.
Uno de los datos más relevantes del VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal realizado en 2007, es que sólo en el 2 por ciento de las unidades de producción se realiza algún proceso de agregación de valor dentro de la cadena productiva, mientras que el 98 por ciento restante participa de manera individual y exclusiva en el eslabón de la producción primaria, lo cual repercute negativamente en los niveles de rentabilidad y competitividad, y por consiguiente en el bienestar.
Adicionalmente, de acuerdo a información del Procampo, en casi la totalidad de los estados del sur y del sureste de México, más del 80 por ciento de las unidades de producción son menores a 5 hectáreas, lo que implica una limitada producción y por lo cual, resulta imperativo el impulsar la tecnología adecuada a esas circunstancias y fomentar la agregación de valor y la calidad en la producción.
La única manera de que los productores superen esta realidad es incursionando de manera asociada en otros eslabones a efecto de generar y apropiarse de una mayor porción del valor que se genera a lo largo de la cadena productiva. Sin embargo, para que estén en condiciones de asumir las funciones económicas representadas en el resto de las fases de la cadena productiva requieren un apoyo decidido en dos vertientes: financiamiento para la tecnología apropiada y la creación de empresas y, en paralelo, desarrollo de capacidades para operarlas. En otras palabras, requieren de un conjunto de servicios del conocimiento, tales como capacitación, adiestramiento, consultoría, asesoría y asistencia técnica, que les ayuden a diagnosticar su situación, proyectar su futuro e implementar alternativas de desarrollo acordes a su situación. El apoyo en estas dos vertientes, aunado al impulso por mejorar vías de comunicación para el acceso a mercados locales y regionales, provocará que los productores rurales y sus familias estén más cerca de superar sus condiciones de pobreza.
La labor en relación con los servicios del conocimiento que viene cumpliendo el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, AC (INCA Rural), resulta estratégica para el desarrollo de las zonas rurales de nuestro país y, sin embargo, hoy se encuentra en riesgo de desaparecer. Este organismo representa no sólo la tradición sino la vanguardia en materia de capacitación y asistencia técnica en México, en la medida en que sistemáticamente incorpora innovaciones técnicas a su quehacer educativo y amplía sus temáticas para responder a los retos que la evolución de la economía, la cultura y la sociedad imponen al sector rural.
El Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración federal establece como principio rector al Desarrollo Humano Sustentable, es decir, el desarrollo de las personas adquiere una dimensión prioritaria y transversal para el conjunto de ejes de desarrollo previstos y para la concepción e instrumentación de los programas sectoriales correspondientes. De esta manera, la capacitación es una función estratégica establecida en dicho instrumento, que considera en prácticamente todos sus ejes la importancia del desarrollo de capacidades para: mejorar la productividad y los ingresos de la población; superar los desequilibrios regionales; superar la pobreza; promover el desarrollo de los grupos indígenas y vulnerables del país; y revertir el deterioro de los ecosistemas, entre otras muchas expresiones.
En el mismo sentido, el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero define claramente dentro de sus objetivos la necesidad de elevar el nivel de desarrollo humano para quienes viven en las zonas rurales y costeras, y establece estrategias concretas para apoyar el desarrollo de capacidades para la participación social en las actividades económicas y mejorar la productividad laboral; a través de la organización, capacitación y asistencia técnica.
Por otra parte, en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la capacitación y asistencia técnica es considerada un tema estratégico, razón por la cual se le dedica completo el Capítulo III del Título Tercero, que considera a la capacitación y asistencia técnica como una responsabilidad de los tres órdenes de gobierno y de los sectores productivos.
Esta ley establece que el gobierno federal desarrolle la Política de Capacitación a través del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral (Sinacatri), misma que debe expresarse e instrumentarse en el Programa Nacional de Capacitación Rural Integral. Asimismo, la ley prevé el establecimiento del Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral (Senacatri) como una instancia de dirección, programación y ejecución de las actividades de capacitación y asistencia técnica.
En este contexto, el 26 de noviembre de 2002 la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable aprobó los Lineamientos Generales de Operación tanto del Sinacatri como del Senacatri, quedando el INCA Rural a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Sinacatri y designado como el Senacatri.
Basta revisar las acciones impulsadas en el marco del Sinacatri y los avances que el Servicio Nacional (a cargo del INCA Rural) ha logrado, para concluir que el apartado de capacitación y asistencia técnica es el que más consistencia y apego ha tenido en el cumplimiento de la ley, aún cuando falta mucho por hacer. Conforme a lo establecido en la ley, todavía está pendiente el establecimiento del Fondo Nacional para la Capacitación Rural, que dé mayor soporte y viabilidad a la política que en la materia debe impulsarse en aras de contribuir al desarrollo del campo mexicano.
Ninguna dependencia o institución pública ha logrado tan amplia colaboración, coordinación y concertación con los organismos gubernamentales en los tres órdenes de gobierno y con las organizaciones de la sociedad rural, como lo ha hecho el INCA Rural, a fin de dar mayor eficiencia y eficacia a los escasos recursos públicos que le son asignados, así como asegurarse de que efectivamente se apliquen en beneficio de las familias campesinas.
Vale la pena destacar y reconocer, que el INCA Rural ha hecho las cosas sin contar con grandes estructuras y presupuesto, buscando siempre hacer más con menos, realizando una amplia colaboración interinstitucional con una diversidad de organismos públicos y sociales, a fin de lograr una sinergia favorable para que las acciones de capacitación, asesoría, promoción y organización, tengan una verdadera pertinencia en la inversión del capital humano en el campo.
Dada su pequeña estructura (solamente 58 plazas y un presupuesto operativo de 34 millones de pesos), el INCA Rural ha constituido una alianza estratégica con redes nacionales de profesionales independientes al servicio del campo, sea como formadores, capacitadores, facilitadores, asesores, prestadores de servicios técnicos, coordinadores o evaluadores, con el propósito de que el campo cuente con el capital humano para instrumentar acciones de cobertura nacional y con la calidad que se merece la población rural.
De este modo, el INCA Rural no es un instituto conformado por sólo 58 plazas, una oficina central y 5 pequeñas delegaciones regionales, sino su institucionalidad está conformada precisamente por la articulación de los esfuerzos de una diversidad de organismos públicos y sociales, así como de los miles de prestadores de servicios profesionales que bajo su orientación, se han formado e integrado a la impostergable tarea de servir a la población rural en las acciones de capacitación y asistencia técnica.
Sus aportaciones a la política de desarrollo rural que impulsa el gobierno federal son reconocidas por:
- Gobiernos estatales, con los que se han impulsado acciones para lograr que la capacitación se asuma como una tarea permanente, a través de la instalación de comisiones estatales de capacitación, al impulsar esquemas de articulación de esfuerzos institucionales, que han permitido eficientar los recursos destinados al sector.
- Gobiernos municipales, al coadyuvar a elevar las capacidades de sus funcionarios y de los consejos municipales, al impulsar la formulación de programas locales de capacitación, que han permitido articular la oferta institucional con la demanda de la población.
- La población rural, que ha logrado contar con los espacios de planeación y toma de decisiones, propiciando con ello una nueva relación gobierno - sociedad, al poder hacerse de los elementos que les permitan planear su propio desarrollo, al encontrar nuevas formas de producción que impactan en su seguridad alimentaria, entre otras.
La decisión a que alude este documento merece valorarse con toda seriedad y prudencia a fin de no lesionar el derecho de la población rural a fortalecer sus capacidades y, de ser posible, considerar el dotar al INCA Rural de más y mejores instrumentos para que pueda seguir cumpliendo su trascendental misión.
Por lo antes expuesto, ponemos a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Que el Ejecutivo federal garantice la permanencia durante 2010 del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, AC (INCA Rural), como Secretaría Ejecutiva del Sinacatri y designado como el Senacatri, a efecto de que continúe contribuyendo en la tarea de capacitar a los campesinos y las familias rurales de México. Para ello, deberá respetar y aplicar los recursos presupuestales que esta Cámara de Diputados apruebe para el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2009.
Diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA SEGOB A EFECTO DE QUE INFORME
SOBRE EL USO Y DESTINO DE LOS 700 MILLONES DE PESOS AUTORIZADOS EN EL EJERCICIO
FISCAL DE 2009 AL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS
MEXICANOS DE 1942 A 1964, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ
ARVIZU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, María Hilaria Domínguez Arvizu, diputada federal a la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
La de la voz, el día 9 de noviembre de 2004, ante esta soberanía, presentó la iniciativa de Ley que Crea el Fideicomiso para el Pago de una Compensación Económica para los Trabajadores Mexicanos Braceros Migratorios en los Estados Unidos de América, del periodo 1942 a 1964, la cual fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005.
El 1 de septiembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, las reformas a las diversas disposiciones a la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos de 1942 a 1964, abriendo mesas receptoras y recabando la documentación que los acreditara, ya que en el registro anterior muchos quedaron fuera; con esta reforma se les dio la oportunidad a los trabajadores que no se hubiesen acreditado, de hacerla y poder aspirar a este pago.
En el informe financiero presentado por el Comité Técnico del Fideicomiso a la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros de la LX Legislatura, establecen que existen 202 millones 113 mil 328.15 pesos, los cuales no se ejercieron en 2008 y en el ejercicio fiscal de 2009 se asignaron 700 millones.
Desde la creación de este fideicomiso y hasta junio de 2009, se venían realizando pagos de 38 mil pesos por persona, en una sola exhibición; el 24 de junio del año en curso el Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social a ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicó un acuerdo por el que se reforman los numerales 4, 5 y 6.3.3 de las reglas de operación del fideicomiso antes mencionado, así como el artículo quinto transitorio del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de octubre de 2008.
Estas modificaciones dejan al ex trabajador migratorio imposibilitado para promover acción legal alguna a su favor, ya que como lo establece el numeral 5 de las Reglas de Operación, será pagada la cantidad de 38 mil pesos por una sola vez a cada beneficiario, la cual será entregada en exhibiciones, dependiendo de los recursos disponibles en el fideicomiso en cada ejercicio fiscal, pero no específica ni el número, ni la cantidad de las exhibiciones a pagar.
En el aviso publicado en el portal de internet de la Secretaría de Gobernación, el día lunes 27 de julio de 2009, el ciudadano Secretario de Gobernación nos dice que el monto aprobado en el Presupuesto de la Federación 2009 para el otorgamiento de apoyos sociales es de 700 millones de pesos, con base en eso sólo se apoyarán a 17 mil personas, con un esquema de apoyo fraccionado de 4 mil pesos. Yo me pregunto, y les pregunto, ciudadanos y ciudadanas diputados: ¿dónde están los 202 millones 113 mil 328.15 pesos restantes del ejercicio fiscal del 2008 que no se ejerció?, ¿adónde se le fueron al señor secretario?
También pregunto al señor secretario de Gobernación si él en lo personal prefiere le sea pagado su sueldo en fracciones a diez años, como lo quiere hacer con los compañeros ex braceros de pagar 4 mil pesos por año y no los 38 mil por única vez. ¿Cómo justifica esto?, si la edad con la que cuentan hoy en día nuestros ex braceros es de 70, 80 y más de 90 años, seguramente no les permitirá ver liquidado el adeudo que tiene el gobierno de México con ellos, cabe recordar que no es un dinero que se les este regalando, es un dinero producto de su trabajo, que se les adeuda y que de ninguna manera es caridad, ni mucho menos limosna.
En el artículo 9 de la ley en cuestión se establece que, al recibir el primer pago fraccionado de 4 mil pesos se les coacciona a firmar un documento en el cual liberan al gobierno de México y sus dependencias, lo mismo que a cualquier otra institución pública mexicana, incluyendo órganos autónomos, de cualquier reclamo pasado, presente y futuro relacionado en cualquier forma con los acuerdos internacionales que dieron origen al programa de trabajadores migratorios mexicanos, sin reservarse ningún derecho o acción legal alguna que pudiera corresponderles por virtud de dichos acuerdos; esta acción arbitraria nulifica los derechos del ex trabajador y nulifica la obligación que tiene el gobierno mexicano de cumplir lo dispuesto en la ley aprobada por este pleno el día 25 de abril de 2005; por tanto, no podemos estar de acuerdo con estas modificaciones, hechas al arbitrio del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social al Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a instruir a los integrantes del Comité Técnico de Administración del Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos de 1942 a 1964, para que comparezcan ante esta soberanía a dar cuenta del uso y destino de los 700 millones de pesos que fueron autorizados para el Ejercicio Fiscal 2009, así como las bases y fundamentos para modificar las reglas de operación del fideicomiso.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2009.
Diputada María Hilaria Domínguez Arvizu
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR
A LA SAGARPA QUE INFORME SOBRE LA PROBABLE DESAPARICIÓN DEL INCA
RURAL, A CARGO DE LA DIPUTADA NARCEDALIA RAMÍREZ PINEDA, DEL PRI,
Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
El punto de acuerdo que hoy me permito elevar a consideración de esta honorable asamblea, y que firman solidariamente los diputados Armando Ríos Piter, del PRD, y Javier Usabiaga Arroyo, del PAN, tiene que ver con el INCA Rural.
Esta noble institución, que tiene 38 años de presencia en el campo mexicano, desempeñando la función de capacitación y organización a productores del sector social rural, vive hoy momentos difíciles. Por una parte, según denuncian los dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, desde hace algunas semanas, un poco antes de que llegara el actual secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, les advirtieron de la inminente desaparición de este instituto; y si esto no fuera suficiente, el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo Federal, desalienta una función de vital importancia.
Pensamos que no se puede cancelar, bajo ningún argumento, un órgano que tiene a su cargo la trascendental tarea de la capacitación y la asistencia técnica para fomentar la producción agropecuaria, previstos visionariamente en nuestra Carta Magna. En la fracción XX del artículo 27 constitucional, se expresa con toda claridad que "el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica".
Esa misión esencial le corresponde al INCA Rural: desarrollar las capacidades de la población rural, mediante el diseño, impulso y coordinación de programas y procesos de participación; educación no formal y capacitación que contribuyan a elevar el nivel de desarrollo humano de las mujeres y los hombres de nuestro sector rural.
Quienes conocemos la realidad de atraso y marginación de la geografía rural, pensamos que cerrar las puertas de esta institución, o limitar su presupuesto, sería seguir condenando al fracaso el destino de los pobres. La educación y la capacitación son, sin discusión, las armas del desarrollo.
El profundo sentido transformador de la capacitación es que crea valor agregado a los productos y servicios en cuyos procesos de producción interviene y, por lo tanto, es un elemento esencial en la generación de la riqueza.
Por eso, en las naciones más pujantes la inversión en capacitación ha crecido incluso más aceleradamente que la inversión de bienes tangibles. Para las Naciones Unidas, los tres indicadores básicos del desarrollo humano son los niveles de ingreso, de salud y de educación, asociada directamente con la difusión del conocimiento.
Frente a estos valores prácticamente universales, de los 30 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, donde buscamos participar activamente, México ocupa lamentablemente, el último lugar en su nivel educativo.
Por eso pensamos que la capacitación es una función estratégica para el desarrollo y debe ser una prioridad nacional. Lo que buscamos con este alegato no es defender intereses de la burocracia, que en este caso prácticamente es inexistente, sino los elevados fines por los que fue creada esta institución en apoyo de los mexicanos más vulnerables de la economía campesina.
Querer combatir la pobreza sin capacitación, es una falacia; es privarle a los pobres de una efectiva herramienta para buscar opciones. Es dejar a la caridad de los programas asistencialistas, el lugar de dignidad que debe ocupar el camino productivo.
La grave coyuntura económica que hoy vive nuestro país, es como paradoja, la mejor oportunidad para replantear el significado de las instituciones que tienen que ver con los más vulnerables. Es abrir el horizonte del desarrollo rural sustentable, a los mexicanos de la economía de subsistencia: los minifundistas, los pueblos indígenas, los recolectores del desierto.
El mercado, ya lo sabemos, no basta para hacer progresar a un país. Escuchemos los sentimientos de la Nación de Morelos, que llaman por construir plenamente la justicia social en el campo. Y con una visión de futuro, recuperemos el papel de instituciones como el INCA Rural para impulsar el desarrollo rural, a través de la capacitación y la organización económica de ejidos y comunidades indígenas.
Si la capacitación fuera acompañada de un proceso real de desarrollo rural, nadie pensaría seriamente regatearle presupuestos a esta noble institución, y mucho menos decidir suprimirla, ya que está formando a quienes es necesario insertar en las tareas del desarrollo. Si se sigue minimizando la capacitación campesina, queda claro que no hay un proceso de desarrollo rural, pero ni siquiera la intención de impulsarlo.
Por las anteriores consideraciones, señor presidente, los diputados Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática, y Javier Usabiaga Arroyo, del Partido Acción Nacional, nos permitimos presentar el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. A fin de solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que nos informe sobre la probable desaparición del INCA Rural, de acuerdo con la denuncia difundida por el sindicato de trabajadores de ese organismo.
Segundo. Que a través de la Junta de Coordinación Política de esta Honorable Cámara de Diputados, se remita esta preocupación a la honorable Comisión de Programación y Cuenta Pública, para que contribuya a fortalecer los programas dedicados a la capacitación rural.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2009.
Diputados: Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica),
Armando Ríos Piter, Javier Usabiaga Arroyo.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
LA ZONA BINACIONAL METROPOLITANA DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, SE INCLUYA
EN LOS BENEFICIOS DEL FONDO METROPOLITANO, A CARGO DE LA DIPUTADA CRISTABELL
ZAMORA CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada federal Cristabell Zamora Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, a nombre propio y de los diputados federales de Tamaulipas, en uso de la facultad que confiere los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que solicita que se incluya como beneficiaria del Fondo Metropolitano a la zona binacional de Nuevo Laredo, Tamaulipas, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La ciudad de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, es una ciudad privilegiada; por su posición geográfica, tiene acceso en el noreste a 75 por ciento de la población económicamente activa de Estados Unidos de América.
Esto le ha permitido tener un extraordinario desarrollo en el comercio internacional. La mayor prueba de ello es que por esta frontera cruza 39 por ciento del total del movimiento aduanero del país. No obstante, en lo que se refiere a generación de empleos, la industria, principalmente maquiladora, es la que da ocupación a 32 por ciento del total del empleo formal en México, de acuerdo a los reportes del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Aún así, es claro que la globalización de la economía nos está exigiendo tomar las medidas necesarias para ser más competitivos en los mercados internacionales.
En esta ciudad hemos visto como varias empresas maquiladoras han emigrado hacia países de oriente buscando abatir costos de todo tipo; sin embargo, esta situación no es particular sólo de esta ciudad, sino de todas las regiones conurbadas y en crecimiento.
La zona metropolitana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Laredo, Texas, es una de seis áreas metropolitanas binacionales, reconocidas por el Inegi, en la frontera entre México y Estados Unidos de América.
La ciudad de Nuevo Laredo está situada en el lado sur del río Bravo mientras que Laredo está situado al lado norte del río en el estado americano de Texas.
Esta zona metropolitana también es conocida como "Los Dos Laredos" o "Región Laredo". El área Nuevo Laredo-Laredo está unida por cuatro puentes internacionales para vehículos y un puente ferroviario.
Esta región se compone de tres municipios: Nuevo Laredo, Anáhuac e Hidalgo, en Tamaulipas y un condado, el de Webb, en Texas; en el que se incluyen dos áreas urbanas, tres ciudades y 12 pueblos, entre los que cohabitan casi 600 mil habitantes según el conteo del Inegi y el censo de Estados Unidos en 2005. Aunque según la estimación de población del Diccionario geográfico del mundo esta zona metropolitana tenía, en 2008, una población superior a los 700 mil habitantes.
Más de 36 por ciento del total de la actividad de comercio internacional de México hacia el exterior cruza por Nuevo Laredo, es por ello que la economía de la ciudad gira en torno a la importación y exportación comercial e industrial entre México y Estados Unidos; contando con infraestructura compleja y suficiente para facilitar el flujo de mercancías entre estos dos países.
En Nuevo Laredo se ofrecen los servicios de importación y exportación por tráiler y ferrocarril, distribución de carga y servicios de consultoría; lo que coloca al puerto como el más importante de comercio internacional, por tierra, de América, cruzando diariamente más de 3 mil tráileres y mil 500 carros de ferrocarril anualmente.
Dentro de las actuales políticas públicas federales que se han adoptado, que pretenden generar a los habitantes mejores condiciones de vida y ayudar a crecer y desarrollarse a economías regionales con problemas como éstos, se encuentra el Fondo Metropolitano.
Con todo lo anterior y a pesar de que en el Diario Oficial de la Federación del 28 de marzo de 2008 se publica y señala que los recursos del Fondo Metropolitano pueden destinarse a resolver y crear "acciones y obras públicas de infraestructura y equipamiento en las zonas metropolitanas, cuyos resultados e impacto impulsen la competitividad económica y las capacidades productivas, la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas del funcionamiento regional".
Además, el cuarto grupo clasificatorio que incluye ciudades definidas en términos de su importancia para la política urbana, como las metrópolis transfronterizas, reconocidas en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006, definiendo como zonas metropolitanas todos aquellos municipios con ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con ciudades de Estados Unidos de América.
Sin embargo, para ser beneficiario de ese fondo, uno de sus reglamentos indica que sólo "las zonas metropolitanas incluidas en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente serán las beneficiarias de estos fondos".
Desafortunadamente, este año la zona metropolitana de Nuevo Laredo no ha sido considerada en el Fondo Metropolitano para el ejercicio fiscal 2010.
El proyecto de egresos del Ejecutivo para 2010 prevé destinar 3 mil 500 millones de pesos a zonas metropolitanas excluyendo a Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Esta exclusión impide construir nuevas obras de infraestructura que incrementen su competitividad y desarrollo, pues el acelerado crecimiento, demográfico, industrial y comercial de la entidad y el incremento continúo del flujo de mercancías, materias primas y productos terminados requieren de modernos sistemas de infraestructura.
Indudablemente para atender estas necesidades resulta indispensable que se cuenten con mayores recursos económicos, ya que sólo de esa manera se podrá abatir el rezago que se está generando.
Es por todo lo anterior que, en nombre propio y de los diputados federales del Grupo Parlamentario del PRI de Tamaulipas en esta LXI Legislatura, propongo a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita que se incluya a la zona metropolitana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en los beneficios del Fondo Metropolitano.
Palacio Legislativo, a 29 de octubre de 2009.
Diputada Cristabell Zamora Cabrera (rúbrica)
Roberto Pérez de Alva Blanco, diputado del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 1, inciso e), y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva excite a la Comisión de Energía para que dictamine la minuta proyecto de decreto por el que se modifica la fracción I del artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Antecedentes
En sesión plenaria del 24 de abril de 2001, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores recibió iniciativa con proyecto de decreto suscrita por el senador Roberto Pérez de Alva Blanco, en la que propone la adición de dos párrafos a la fracción I del artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República, a efecto de elaborar el dictamen correspondiente.
El 30 de abril de 2002, las citadas comisiones aprobaron la procedencia de proyecto de decreto por el que se modifica a la fracción I del artículo 26 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica.
El martes 8 de abril de 2003, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó por 94 votos el dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se modifica la fracción I del artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y se turnó a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales procedentes.
El 14 de abril de 2003, se remitió a la Cámara de Diputados el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se modifica la fracción I del artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Energía debió emitir el dictamen de la citada iniciativa en un tiempo de cinco días siguientes al de la fecha en la que se hubiera recibido.
La omisión legislativa, en la presentación del dictamen por parte de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, no permite resolver el grave problema del corte de energía eléctrica que enfrentan miles de personas que viven en diversas zonas del país y en específico, en aquellas clasificadas como altamente extremas.
Considerandos
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados:
Único. Formule excitativa a la Comisión de Energía para que presente el dictamen correspondiente a la minuta proyecto de decreto por el que se modifica la fracción I del artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que le fue turnada desde el lunes 14 de abril de 2003.
Dado en el Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 27 de octubre de 2009.
Diputado Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica)