El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En México, como en cualquier parte del mundo, el ahorro siempre ha sido un factor fundamental para desarrollar y fortalecer la economía. Lo cual surge para prevenir incidentes financieros y preparar gastos futuros. Hay diversas formas de ahorro, que obedeciendo a una serie de motivos y medios con los que se dispone, gozan de ventajas y desventajas en el sector formal o bien en el informal y que, debido al bajo nivel económico que presenta la mayoría de la población, concretamente en nuestro País, nacen las formas de ahorro y crédito no bancarias, esto en el año de 1903, con el objeto de fomentar y fortalecer la cultura de ahorro en aquellas personas que no cuentan con cantidades de dinero altas, pero que se empeñan en ahorrar y que generalmente son campesinos y pequeños productores que habitan en poblaciones que no cuentan con sucursales bancarias, o éstas, son inaccesibles para su economía; y así se da paso a lo que hoy conocemos como cajas de ahorro, las cuales en teoría, tienen como objetivo fortalecer y fomentar una cultura de ahorro a los ciudadanos, ya que, dichas cajas, operan en igualdad de condiciones que la de los bancos, pero con la opción de ingresar a un sector informal o de menudeo.
En 1994, se desató una crisis económica en México, originada principalmente por el elevado índice de cartera vencida y que arrojó como resultado, la quiebra del sistema bancario, dando paso a que las cajas de ahorro aparecieran en afluencia en el escenario financiero nacional, y que, a diferencia de los bancos, que eran regulados por la Comisión Nacional Bancaria, éstas no tenían autoridad alguna que las regulara ni supervisara, convirtiéndose en un foco importante de inseguridad para los ahorradores, ya que esta informalidad, trajo como consecuencia la quiebra y así defraudar a muchos mexicanos que invirtieron sus ahorros.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con autonomía técnica y facultades ejecutivas en los términos de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cual, tiene por objeto supervisar y regular en el ámbito de su competencia, a las entidades financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección de los intereses del público. También será su objeto supervisar y regular a las personas físicas y demás personas morales, cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al citado sistema financiero (artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores).
En la actualidad, más de tres millones de personas utilizan esta forma de ahorro, puesto que se puede ahorrar a partir de 50 pesos, con el fin de conseguir una ganancia más alta a la que individualmente podrían acceder. Quedando en manifiesto que la principal diferencia que existe entre una caja de ahorro y un banco es el tipo de personas a las que se dirigen y que convierten a los clientes en socios, además de que el volumen o capacidad de sus recursos y operaciones es menor a la de los clientes de un banco.
En México, existe una gran incertidumbre debido a los problemas que vienen enfrentando las personas que han sido defraudadas por estas cajas de ahorro.
A partir del año 2000 se empezaron a ver con afluencia los fraudes cometidos por estas entidades; según datos de la SHCP, en la actualidad, existen más de 400 cajas de ahorro con varias sucursales en todo el país, de las cuales, solo el 10 por ciento se encuentran reguladas por la Condusef o por la CNBV. Es por ello que, los fraudes han sido constantes y a pesar de esto, las autoridades no han hecho nada por evitar este tipo de delito.
En el 2001 se publicó en el DOF la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, SNC (antes Pahnal), y la Ley de Ahorro y Crédito Popular, las cuales establecen las disposiciones jurídicas bajo las cuales se organiza el sistema mexicano de ahorro y crédito popular. Pero a pesar de las leyes creadas, no se ha podido impedir que la población siga siendo defraudada por este tipo de financieras.
Caso concreto es el fraude ocurrido por la Financiera Coofia, SC de RL, la cual, a pesar de no estar regulada por la CNBV y solo aparecer en la lista de las sociedades en proceso de prórroga condicionada, operaba con 85 sucursales en 9 estados de la República, desde hace más de 10 años, sin que alguna autoridad interviniera su forma irregular de operar, ya que recibía recursos económicos de socios sin contar con un respaldo gubernamental de dinero.
La incertidumbre para estos socios, empezó en el año 2008, cuando la financiera inició con irregularidades en los estados del centro del país; pero fue a mediados del presente año cuando los ahora defraudados, empezaron a tener problemas para recuperar su dinero y de ahí que, los directivos reconocieron una crisis interna, que les impedía pagar el dinero.
Se trata de mil 500 millones de pesos que desaparecieron, de los más de 20 mil clientes de esta Financiera, en los estados de Puebla (sede), Guerrero, Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Estado de México y Oaxaca; que por más de 10 años fueron depositando un porcentaje de sus ganancias por los trabajos que desempeñan, o por las remesas que sus familiares les enviaban; entre la gente defraudada figuran mujeres, adultos mayores, trabajadores del campo, maestros jubilados y que, la mayoría de ellos perdieron los ahorros de su vida; ahora, han sido dejados en un completo estado de abandono por parte de las autoridades.
Todo esto, porque en la Ley de la Comisión Nacional Bancaria de Valores prevé en su numeral 2 que: "La Comisión tendrá por objeto supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano que esta ley señala…"; esto es que, a las entidades que no figuren u operen de manera regular, no procederán las quejas o reclamaciones por faltas o irregularidades; las preguntas surgen de inmediato, ¿no es esto acaso una irregularidad demasiado grande? ¿Por qué no fueron supervisadas correctamente estas cajas de ahorro? ¿Por qué no existen mecanismos claros para prevenir, detectar o en su caso resolver los problemas que puedan surgir? ¿Por qué las autoridades no han concientizado y alertado de los riesgos que conllevan estas cajas de ahorro, sobre todo a los grupos más vulnerables?
La Ley de Ahorro y Crédito Popular, menciona en su artículo 87 que: "Las sociedades que, habiéndose organizado con arreglo a esta Ley para operar como Sociedades Financieras Populares, no celebren contrato de afiliación con una Federación, serán consideradas como Sociedades Financieras Populares no afiliadas…" y que "…asignará a las Sociedades Financieras Populares no afiliadas una Federación para que las supervise de manera auxiliar, debiendo celebrarse al efecto, un contrato de supervisión auxiliar entre dicha Federación y la Sociedad Financiera Popular no afiliada." ¿A caso la banca Coofia se encontraba supervisada por alguna federación como lo establecen los artículos citados? De haber sido así, no se encontrarían defraudados más de 20 mil clientes.
Esa misma Ley prevé en el numeral 32 que "la comisión expedirá las disposiciones de carácter general que establezcan los criterios para asignar los Niveles de Operación del I al IV de cada Sociedad Financiera Popular, las cuales deberán considerar el monto de activos", para lo cual se requiere de la aprobación de la CNBV, para que dicha entidad pueda tener mayores ingresos, lo cual deja ver la falta de supervisión por parte de las autoridades hacia estas entidades.
El título quinto de la ley antes mencionada establece que: "la Comisión podrá investigar hechos, actos u omisiones de los cuales pueda presumirse la violación a esta Ley y demás disposiciones que de ella deriven." Ahora bien, en la misma Ley, el artículo 9 señala que: "se requerirá dictamen favorable de una Federación y autorización que compete otorgar discrecionalmente a la Comisión, para la organización y funcionamiento de las Sociedades Financieras Populares..." La banca Coofia funcionaba sin un dictamen que la autorizara, ¿no estamos frente a una omisión para el funcionamiento de esas sociedades?
Se debe mencionar que el número de estas sociedades de ahorro y crédito popular va incrementando de manera considerable y esta situación conlleva al riesgo para el ahorrador, al no ser detectadas por las autoridades o que no han querido hacerlo, ya que, los factores que ayudan a ejecutar este tipo de operaciones, son la negligencia de las autoridades, la corrupción, la codicia de las personas que se ven beneficiadas con este tipo de acciones que operan al margen de la ley, engañando intencionalmente al sector más desprotegido del país, como lo son los estados que tienen la demanda más alta de emigración; tan solo en el estado de Guerrero, la banca Coofia contaba con 2 sucursales, una en Huitzuco y otra en Xochihuehuetlan, las cuales defraudaron por más de 41 millones de pesos a más de 4 mil cuentahabientes y esto solo es una parte del saldo arrojado por los fraudes perpetrados por estas sociedades fantasma.
Se exhorta a la SHCP, a la Condusef, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la PGR y a todos los compañeros legisladores para que se realice una inspección, supervisión y se intensifique la lucha contra estas Sociedades Financieras Populares, que vienen operando de manera irregular y, que se le de seguimiento a las denuncias en contra de la banca Coofia para que inicie con la liquidación de los ahorros de los defraudados; no sólo con el propósito de evitar más riesgos, sino el de impedir el riesgo de contagio entre las instituciones sanas, porque no cabe duda que, este fenómeno se irá incrementando al paso del tiempo.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva someta a consideración de este Pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Esta soberanía acuerda con carácter de urgente y obvia resolución, solicitar la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que informe sobre la situación actual de las sociedades financieras populares de México, explicar el fraude de la "Cooperativa Caja Popular Coofia", Sociedad Cooperativa Limitada, así como su situación legal y, la solución que se les dará a los defraudados. Con el propósito de que esta soberanía disponga de mayores elementos para modificar las leyes que regulan dichas sociedades, a fin de salvaguardar los intereses de los ciudadanos.
Palacio Legislativo, a 27 de octubre de 2009.
Diputado Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
A MANTENER EL PRESUPUESTO OTORGADO AL INSTITUTO MEXICANO DE CINEMATOGRAFÍA;
Y AL EJECUTIVO FEDERAL, A DAR CONTINUIDAD A TRAVÉS DE LA SHCP AL
ESTÍMULO FISCAL QUE OTORGA EL ARTÍCULO 226 DE LA LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A CARGO DE LA DIPUTADA GABRIELA CUEVAS BARRÓN,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La que suscribe, diputada de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a no se aprobar la reducción al presupuesto otorgado al Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y dé continuidad al estimulo fiscal que otorga el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la renta.
Consideraciones
La cinematografía en México se ha situado entre las industrias más redituables del país, lo que ha permitido que cuente con una sólida tradición y se haya convertido en una vía fundamental para transmitir nuestra cultura en el país y en el extranjero. Actualmente los países que cuentan con una infraestructura cinematográfica en operación enfrentan serias dificultades para su sobrevivencia, debido al dominio que ejerce el cine de Hollywood. Ante esta difícil situaciónm los Estados que reconocen la importancia estratégica que representa esta manifestación cultural, han implantado políticas públicas de apoyo para salvaguardarla, como en los casos más sobresalientes de Francia, España, Brasil y Argentina.
En 1992, el Congreso de la Unión liberó el precio del boleto de las salas cinematográficas, retirándolo de la canasta básica. Esta liberación motivó que, a partir de 1994, nuevas empresas comenzaran a invertir en el país, instaurando una nueva modalidad de exhibición denominada "múltiplex", que consiste básicamente en ampliar la oferta de películas en un mismo complejo.
La nueva propuesta de exhibición resultó muy positiva para los inversionistas. Por ello, iniciaron construcciones de nuevos complejos cinematográficos, enfocados básicamente a las clases medias y altas de la población establecidas en las principales urbes de México. De este modo, se pasó de mil 495 salas en 1995, a 4 mil 631 salas en 2008.
Al liberarse el precio del boleto se ha venido incrementando su costo, pues con un salario mínimo en 1990 se podían comprar 5 entradas, en tanto en 2009, sólo se puede adquirir un solo boleto. A pesar de esta elevación en el precio del boleto se han incrementado los asistentes, que pasaron de 62 millones en 1995, con una recaudación aproximada de 744 millones de pesos, a 182 millones de asistentes en 2008, con una recaudación superior a los 5 mil millones de pesos.
En este contexto, en 2009 el cine mexicano obtuvo aproximadamente 7 por ciento de los ingresos totales, en tanto que las películas estadounidenses recaudaron alrededor del 88 por ciento.
A los ingresos en taquilla del sector de la exhibición, también se suman beneficios de negocios paralelos, como la dulcería, la fuente de sodas y la comisión por estacionamiento. Además, las empresas exhibidoras comercializan minutos previos a la exhibición de una película en pantalla; con base en los precios de comercialización de publicidad actuales se estima que un complejo de 15 salas puede recaudar hasta 28 millones de pesos anualmente en publicidad solamente.
Actualmente, la distribución cinematográfica en el país está compuesta por 22 empresas, de las cuales, las 5 más importantes recaudan aproximadamente 88 por ciento de los ingresos del sector y pertenecen a compañías transnacionales de origen estadounidense (Warner Bros., United International Pictures, Columbia Tristar, Twentieth Century Fox y Buenavista). La empresa mexicana más importante en este rubro (Videocine) recaudo 6 por ciento de los ingresos en taquilla.
Es preciso señalar que los grandes lanzamientos son realizados por estas empresas transnacionales, las cuales diseñan e invierten desde su país de origen las campañas publicitarias de las películas. Por su importante actividad y su inversión, tienen reservados espacios de privilegio en los diversos medios de comunicación mexicanos, por lo que sus estrenos son lanzados con una fuerte presencia. En cambio, el cine nacional acepta programar nuestro cine en las temporadas de menor asistencia a las salas cinematográficas.
En 1997, la producción de películas se redujo sustancialmente, situación que puso en peligro al sector, al producirse únicamente 9 largometrajes (la cifra más baja desde 1932).
En este aspecto, la participación del Estado ha sido fundamental para que la industria no desaparezca. Como ejemplo, en 1998 se creó el Foprocine; al 2004, este fideicomiso ha participado en 65 películas, lo que significa más de 42 por ciento de la producción cinematográfica del país entre 1998 y 2004.
Luego de que en 2000 se produjeron 28 largometrajes, la producción descendió nuevamente, de tal suerte que en 2002 sólo se registraron 14 películas. Con la creación del Fidecine se consiguió revertir la baja producción que repuntó nuevamente a 29 largometrajes en 2003 y a 36 en 2004. De este modo, la importante participación financiera del Estado en la producción cinematográfica, de 1998 a 2004, se cristalizó en más del 50 por ciento de las películas mexicanas producidas. Estas cifras se alcanzaron también por los recursos extraordinarios del peso en taquilla, durante los dos años que estuvo vigente.
El apoyo brindado por el Estado a las producciones cinematográficas ha coadyuvado a generar un cine que ha tenido una cada vez mayor aceptación dentro del público mexicano, pues de 721 millones de asistentes a salas cinematográficas en México, en los últimos 5 años, 54.2 millones han visto cine nacional, es decir, un significativo 7.5 por ciento, que contrasta con el 3.9 por ciento registrado en 1998.
Por otra parte, debemos considerar que la inversión que lleva a cabo el Estado en cinematografía retorna en buena proporción a través de IVA e ISR, que pagan las empresas que participan en el ciclo económico que recorre una película.
En un análisis de los recursos iniciales por 135 millones de pesos otorgados al Foprocine, que sumados a la inversión privada alcanzaron 500 millones de pesos, se estima que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público captó 217 millones de impuestos, por lo que podemos concluir que el cine es bastante rentable para el erario federal.
En el paquete económico propuesto para 2010 por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión se refleja una drástica reducción al presupuesto del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), consistente en un recorte del 46 por ciento que, de hacerse efectivo, significaría "un ahorro de altísimo costo" para la industria fílmica nacional, ya que desarticularía el avance alcanzado en los últimos 15 años y todos los beneficios obtenidos para la firma del Tratado de Libre Comercio que vino a retraer la industria.
Aunado a lo anterior, dejar que el presupuesto del Imcine otorgado en 2009, que ascendía a los 350 millones de pesos, sea reducido para 2010 a 192 millones de pesos, pone en peligro la promoción y fomento al cine mexicano, a los fideicomisos (Foprocine y Fedecine) con sus programas de inversión y proyectos, e incluso a la propia institución responsable de éstos.
Por todo lo expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a mantener el presupuesto otorgado al Instituto Mexicano de Cinematografía.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dé continuidad al estímulo fiscal que otorga el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 22 de octubre de 2009.
Diputada Gabriela Cuevas Barrón (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL PRESIDENTE DE LA CNDH QUE EMITA CON LA MAYOR BREVEDAD SUS
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE EL CASO DE LOS EX FUNCIONARIOS Y
EX PRESIDENTES MUNICIPALES DE MICHOACÁN ACTUALMENTE INTERNOS EN
EL CEFERESO NÚMERO 4 DE TEPIC, NAYARIT, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR
MANUEL BÁEZ CEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito diputado Federal, Víctor Manuel Báez Ceja, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática por el estado de Michoacán, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se someta a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
Hoy en día, temas como la inseguridad pública, la lucha contra el crimen organizado y la violación de los derechos humanos en México, se han convertido en temas que han trascendido nuestras fronteras, además de que han suscitado un considerable aumento en el número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Por ello, hoy más que nunca se espera de este organismo una participación más eficaz, contundente y comprometida en la defensa de los derechos humanos. Es decir, que cumpla con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde se establece al pie de la letra que este organismo "tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano". Para tal fin, la CNDH cuenta con diversas atribuciones que le han sido conferidas en el artículo 102, apartado B, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la "de formular recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas."
Al respecto valga la pena puntualizar que si bien, las recomendaciones emitidas por la CNDH no son vinculantes, sí se pueden constituir en un instrumento eficaz de denuncia que trasciende, en tanto que se trata de documentos públicos que ponen en evidencia la violación de los derechos humanos y las garantías individuales por parte de alguna autoridad, teniendo como fin restituir al quejoso en sus derechos.
De ahí, la importancia de que las recomendaciones sean formuladas con estricto apego a derecho y sean emitidas dentro de un plazo útil, pues de lo contrario, una demora en la emisión de las mismas se puede traducir en la pérdida de derechos para la víctima o en la dificultad para fincar responsabilidades. En ese sentido, también resulta de gran importancia el que la CNDH está facultada para presentar quejas o realizar denuncias de hechos ante las autoridades competentes desde el momento en que un hecho ha sido calificado como presuntamente violatorio de derechos humanos, incluso antes de que se dicte una recomendación. Pues el no hacerlo, igualmente puede constituir un grave perjuicio para el quejoso, sobre todo en materia de prescripción y de impunidad.
Sin embargo, a pesar de las atribuciones con que cuenta, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido ampliamente cuestionada por el deficiente desempeño que ha tenido durante los últimos años en casos como: los de las mujeres violadas por militares en Castaños, Coahuila; Zongolica, Veracruz y Nocupétaro y Carácuaro, Michoacán; el del 28 de mayo en Guadalajara y el de Oaxaca. Sobre éstos, es importante señalar que no sólo se ha cuestionado la manera sistemática en que se han violado derechos humanos, la poca transparencia con que se han desarrollado los procesos y la impunidad en que han derivado; sino también el que la CNDH siempre responda a los cuestionamientos a que ha sido sometida, apelando a "supuestas limitaciones al mandato de la institución", justificando así el que no lleve a cabo un seguimiento efectivo de sus recomendaciones emitidas, o el que en algunas ocasiones cuando las recomendaciones son rechazadas, la Comisión abandone los casos dejando a las víctimas sin acceso a recursos a los cuales tienen derecho.
Por estas razones, es de preocupar que después de cuatro meses de haberse iniciado –el 6 de junio del presente año– por parte de la CNDH las investigaciones correspondientes al caso de los ex funcionarios michoacanos actualmente presos en el estado de Nayarit, no haya hasta el momento ningún resultado o pronunciamiento por parte de dicha instancia.
Sobre todo cuando fue enviada una petición –el pasado 24 de septiembre–, al doctor José Luis Soberanes Fernández (presidente de la CNDH), a fin de solicitar copia de los expedientes relacionados con los ex funcionarios y ex presidentes municipales recluidos en el Cefereso número 4 de Tepic, Nayarit, y que tiene que ver con las condiciones en que se encuentran y en la forma que han sido tratados los internos en comento, así como lo que se refiere a la forma ilegal sobre su detención el pasado 26 de mayo. Obteniendo por respuesta una negativa, bajo el argumento de que la Comisión se encuentra legalmente impedida a satisfacer la solicitud formulada, debido a que se trata de información considerada como confidencial y/o reservada.
Por otra parte resulta relevante que, en el oficio/respuesta la CNDH informa que giró 175 oficios petitorios y 61 recordatorios a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Nayarit, al Cefereso número 4, en Tepic, Nayarit, al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social en el estado de Nayarit y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán, a fin de solicitar los informes respectivos. Pero igualmente obtuvo una negativa a sus solicitudes, por parte de la PGR y del Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Nayarit.
Lo anterior pone en evidencia dos cuestiones fundamentales. Primero, que efectivamente el máximo órgano encargado de velar por los derechos humanos de los mexicanos, cuenta con importantes limitaciones que entorpecen el cumplimiento de sus funciones. Y segundo, la falta de transparencia y acceso a la información sobre los procesos a que han sido sometidos muchos ciudadanos mexicanos, y en los que con frecuencia ocurren graves violaciones de los derechos humanos y garantías individuales.
No obstante, esto tampoco justifica el que la CNDH apele a tales cuestiones para cerrar casos o simplemente no emitir las recomendaciones en el tiempo oportuno, que le permita tener mayor alcance e impacto en los procesos. Porque como ya se mencionó anteriormente, si la CNDH no emite con prontitud sus recomendaciones en torno a este caso, se corre el riesgo de vulnerar los derechos de los inculpados, como desafortunadamente ha sucedido en otras ocasiones.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita de manera respetuosa al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que emita a la brevedad posible las observaciones y recomendaciones que ameriten y que se desprendan de la investigación correspondiente del caso de los ex funcionarios y ex presidentes municipales del estado de Michoacán, que se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social N° 4, de Tepic, Nayarit.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputado Víctor Manuel Báez Ceja (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEP A ESTABLECER LO CONDUCENTE PARA FIJAR UN PLAZO MÁXIMO
NO MAYOR DE 10 AÑOS PARA CONCLUIR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA,
PRIMARIA Y ALFABETIZACIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 15 AÑOS
QUE AÚN NO LO HA HECHO, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO ALBERTO JIMÉNEZ
MERINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado francisco Alberto Jiménez Merino, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo fundada en los siguientes antecedentes y consideraciones.
"Si quieres planear para un año, siembra arroz; si quieres planear para 10 años, siembra árboles; pero si quieres planear para toda la vida, educa personas."
Proverbio chino
Antecedentes
El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la impartición de la educación básica, así como determinar planes y programas de estudio de la educación primaria, secundaria y alfabetización; e impartirla en las diferentes modalidades que determine para el desarrollo humano y siempre en beneficio de la población.
En esta primera década del siglo XXI, nuestro país se encuentra en un gran rezago a nivel de educación básica, donde en principio el analfabetismo mantiene niveles inaceptables. Una buena parte de la población carece de la educación primaria y secundaria, y el analfabetismo es elevado.
De acuerdo a los informes que proporcionan el Instituto Nacional de Educación para Adultos y el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo, existen 6 millones de personas que no saben leer ni escribir, 10 millones no han concluido la primaria y 17 millones no han concluido la secundaria; 33 millones de mexicanos mayores de 15 años no tienen la escolaridad mínima que les pudiera permitir una vida digna y decorosa, sin embargo, esta población se encuentra en la pobreza por falta de conocimientos.
A un alto porcentaje de mexicanos en lugar de otorgarles mejor preparación a nivel escolar, se les otorgan apoyos económicos o en especie, como despensas y dinero, lo que las familias necesitan es enseñarles a desarrollarse mediante la educación mínima escolar y que sean autoproductivos. No hay que darles peces para que coman un día, sino, mediante la educación, hay que enseñarles a pescar para que coman todos los días.
Para superar la pobreza no se necesitaría incrementar el número apoyos de Oportunidades para los nuevos pobres, sino apoyar mediante la educación mínima para su desarrollo personal y familiar. Por ello, es indispensable superar el rezago escolar, donde 6 millones de personas no saben leer ni escribir, y otros 27 millones no han concluido la primaria y secundaria, casi 4 de cada 10 mexicanos mayores de 15 años no tienen la escolaridad mínima para desarrollar sus habilidades para la vida y el trabajo.
Es preocupante que en nuestro país exista este gran rezago educativo; por ello es urgente que la Secretaría de Educación Pública en coordinación con otras instancias responsables instrumente acciones para mejorar el nivel de escolaridad y los contenidos educativos de acuerdo a problemas de la realidad socioeconómica del país.
Las acciones y alcances del Instituto Nacional de Educación de los Adultos no han respondido a la realidad nacional, el de atender a personas mayores de 15 años que por alguna situación no tuvieron la oportunidad de aprender a leer y escribir, asimismo, el de avanzar con el rezago educativo del nivel básico.
Ante esta situación, cabe precisar algunos de los objetivos que llevaron la creación del Instituto Nacional de Educación de los Adultos que tiene el de promover, organizar, proporcionar, acreditar y certificar los estudios de alfabetización, primaria y secundaria en el sistema abierto para los jóvenes y adultos de 15 años o más, que no han iniciado o en su caso concluido sus estudios, así como, ofrecer apoyos diversos a fin de desarrollar competencias y habilidades para la vida y el trabajo, incluyendo contenidos educativos que mejoren su entorno personal, familiar y social en beneficio de la sociedad mexicana.
Si observamos estos objetivos y la realidad nacional en materia educativa, sobre todo en educación básica, dista mucho y es preocupante por el nivel de analfabetismo de la población adulta que existe en nuestro país.
Por lo expuesto y fundado, solicito del pleno de esta soberanía la aprobación de los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaria de Educación Pública a fin de que establezca lo conducente para que se ponga un plazo máximo no mayor a 10 años para resolver el problema de escolaridad que asegure el nivel secundaria, primaria y alfabetización de la población adulta.
Segundo. Que la Secretaría de Educación Pública revise los contenidos educativos para que se capacite para la vida a la población objetivo que hoy está en condiciones de baja escolaridad, garantizando la atención a los problemas más apremiantes de las familias y su entorno.
Tercero. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asegure los recursos suficientes en forma multianual de acuerdo a la meta para combatir el rezago educativo, asegurando la educación del nivel secundaria, primaria y alfabetización de la población adulta en nuestro país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputado Alberto Jiménez Merino (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE A TRABAJAR EN EL
ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE, A FIN DE REALIZAR LAS REFORMAS PERTINENTES A ÉSTA DE
ACUERDO CON LAS NECESIDADES ACTUALES, SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
Los que suscriben, diputados y diputadas federales Yulenny Guylaine Cortés León, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, María Antonieta Pérez Reyes, Dora Evelyn Trigueras Durón, José Francisco Landero Gutiérrez, César Daniel González Madruga, Sixto Alfonso Zetina Soto, Juan José Cuevas García, Daniel Gabriel Ávila Ruiz y Jesús Gerardo Cortés Mendoza, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 44, numeral 4, 45, numeral 6, incisos a), e), f) y g), numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58, fracción I, 60, 83, 87 a 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Juventud y Deporte, a efecto de analizar y revisar la Ley General de Cultura Física y Deporte, con el objeto de lograr una reforma de la misma que vaya acorde a las necesidades de hoy en día, conforme a las siguientes
Consideraciones
En 1988 se creó, con amplias facultades para coordinar el deporte en México la Comisión Nacional del Deporte (Conade). Este órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) cuenta, entre otras facultades, con la de ser rector de las políticas nacionales en materia deportiva y cultura física, con las atribuciones de formular, proponer y ejecutar estas políticas.
Dos años después, en 1990, se promulgó la Ley de Estímulo y Fomento de Deporte que constituyó la primera en materia deportiva en nuestro país y estableció las bases jurídicas del Sistema Nacional del Deporte, situando al Conade como su entidad rectora, pero con carácter de organismo desconcentrado de la SEP. Cuatro años más tarde se hicieron reformas a esta Ley y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y se otorgaron a la SEP amplias facultades en materia deportiva, mismas que ejerce a través del Conade.
Una nueva ley en esta materia fue promulgada en junio de 2000, a la que se le denominó Ley General de Deporte. En esta ley se establecieron las bases para la articulación de los tres órdenes de gobierno a fin de "integrar el Sistema Nacional del Deporte, promover la iniciación y práctica deportiva, ejecutar y dar seguimiento al Programa Nacional del Deporte, en sus respectivos ámbitos de competencia", entre otras cosas. Indicó además, que deberán promoverse actividades deportivas especiales para la población que padece alguna discapacidad, la población de la tercera edad, así como el apoyo a los deportes autóctonos.
Finalmente, en 2004 se promulgó una nueva ley bajo la denominación de Ley General de Cultura Física y Deporte, mediante la cual la Conade se convierte en organismo público descentralizado y le atribuye la responsabilidad de integrar el programa nacional en materia de cultura física y deporte.
Esta Ley y su Reglamento tienen por objeto establecer las bases generales de coordinación y colaboración entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, así como de la concertación para la participación de los sectores social y privado en materia de Cultura Física y Deporte.
Sin duda esta ley tiene beneficios relevantes, pues contiene mecanismos legales que derivan en beneficios para la comunidad deportiva en particular y para la sociedad en general, no obstante, ha quedado rezagada frente a la dinámica del deporte nacional e internacional, y presenta omisiones que han retardado el fomento de la cultura física en la población, y especialmente no se ha logrado insertar el gusto por la práctica de las disciplinas deportivas en las escuelas de educación básica. Lo anterior, eminentemente deriva en la dificultad de identificar e impulsar a los talentos deportivos desde tempana edad.
En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estamos convencidos que debemos actuar desde nuestro ámbito para lograr, a través del impulso y fomento de la práctica de la cultura física y el deporte, una población más sana y más competitiva en todos los ámbitos. Es importante que nuestro objetivo no sea sólo cosechar más talento deportivo, sino de estimular y dar acceso a las niñas, los niños, jóvenes y adultos a la práctica de estas actividades.
Para lograrlo tenemos que fortalecer los lazos de acción que llevan a la ciudadanía a tener contacto con la Cultura Física y el Deporte. Y uno de estos lazos es el marco jurídico que lo regula, es por ello que debemos iniciar el análisis de la Ley General de Cultura Física y Deporte vigente, con el fin común de actualizar y reforzar las bases para el desarrollo del deporte nacional y de la sociedad, haciendo partícipes de este trabajo a todos esos actores de la comunidad deportiva y a los interesados de la sociedad en general.
Compañeras y compañeros legisladores, resulta necesario darle continuidad al proceso de desarrollo de la cultura física y el deporte para que México logre sobresalir en estas materias a nivel internacional.
Si bien es cierto que se han logrado algunos buenos resultados en la materia, también es verdad que no son suficientes y que el futuro impone retos que debemos enfrentar el día de hoy.
En virtud de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno, la siguiente proposición con;
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Juventud y Deporte a trabajar en el análisis y revisión de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a fin de realizar las reformas pertinentes a la misma acorde a las necesidades de hoy en día.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días de octubre de 2009.
Diputados: Yulenny Guylaine
Cortés León, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, María
Antonieta Pérez Reyes, Dora Evelyn Trigueras Durón, José
Francisco Landero Gutiérrez, César Daniel González
Madruga, Sixto Alfonso Zetina Soto, Juan José Cuevas García,
Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Jesús Gerardo Cortés Mendoza
(rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SHCP Y A LA CNBV A LLEVAR A CABO LA DEBIDA INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO
DE LA REGIÓN DE LA MONTAÑA EN GUERRERO, A FIN DE GARANTIZAR
EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONSAGRADAS EN LA LEY PARA REGULAR
LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO,
A CARGO DEL DIPUTADO FILEMÓN NAVARRO AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El diputado federal Filemón Navarro Aguilar de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, ha determinado que en nuestro país existen 25 Regiones Indígenas, que en conjunto concentran a poco menos de 8 millones de indígenas, es decir, alrededor del 77 por ciento de la población indígena a nivel nacional.
La Región Indígena se refiere a la idea de "región cultural", cuyo objetivo tiene que ver con la finalidad de identificar aquellos elementos y procesos comunes o paralelos entre las diferentes regiones indígenas de México, a través de la caracterización de la diversidad etnolingüística y la distribución de los pueblos indígenas en el territorio nacional.
Una de estas regiones, la Región de la Montaña, Guerrero, está considerada como una de las regiones con mayores rezagos y de muy alta marginación. Condiciones que se ven reflejadas en la carencia de servicios y en las tasas de fecundidad y mortalidad infantil sustancialmente elevadas.
La Región de la Montaña, Guerrero, está comprendida por 28 municipios con una población total de 685,167 habitantes, de los cuales el 62 por ciento es población indígena asentada, principalmente, en los municipios de Alcozauca, Zapotitlán Tablas, Ahuacuotzingo, Huamuxtitlán, Ometepec, Tlapa de Comonfort, Atlixtac, Tlacoapa, Metlatónoc y Acatepec.
En este espacio territorial coexisten pueblos indígenas, siendo la población de origen nahua la predominante, con el 33.7 por ciento, seguida de los mixtecos y tlapanecos con 29.8 y 25.9 por ciento, respectivamente (CDI-Regiones Indígenas de México, 2006). Mientras que el grupo minoritario en la región es el amuzgo, representado por el 9.9 por ciento.
Una vez descrita la Región de la Montaña de Guerrero, quiero compartirles lo que les está sucediendo a mis hermanos y hermanas indígenas de la región en comento.
Desde hace varios meses se han asentado en la Región de la Montaña varias empresas como Grupo Bass, Caja de Ahorros Azteca, Grupo Amor y la Cooperativa de Abasto Popular, las cuales ofrecen servicios de Ahorro y Crédito.
Sin embargo, estas empresas solo se han dedicado a defraudar a los indígenas y campesinos de esta región. Es decir, estas seudo sociedades o cajas de ahorro y crédito han atraído a sus usuarios con la idea de obtener altos rendimientos en un período máximo de tres o seis meses.
Ejemplo de ello fue la modalidad consistente en aportar la cantidad de 520 pesos, a fin de, en un lapso de tres meses, recibir la cantidad final de tres mil pesos, cuestión que nunca sucedió ni se cumplió por los representantes de las cajas de ahorro.
Una segunda modalidad que ofrecían estas empresas consistía en aportar la cantidad de 1,020 pesos y a la postre de ocho meses conseguirían la cantidad de 6,600 pesos. Finalmente, otra de las supuestas modalidades consistía en entregar cualquier cantidad de dinero y al tiempo de seis meses duplicarían su inversión.
Ante ello, las empresas en comento han defraudado a más de 20 mil indígenas y campesinos de la Región de la Montaña del estado de Guerrero, con una cantidad que asciende a más de 139 millones de pesos.
Por ello, es de urgente resolución frenar estas impunidades que viven los que menos tienen y que son defraudados en aras de su idiosincrasia y escasa asesoría financiera; son conductas reprochables mediante las que dichas empresas han despojados a nuestros indígenas de sus ahorros y del poco patrimonio que tienen.
Ante tal situación, es necesario que el Ejecutivo federal se aboque a la inmediata aplicación de los instrumentos jurídicos que operan en nuestro país, que en el caso concreto lo es la Ley Para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; la cual acaba de entrar en vigor el pasado mes de agosto. A fin de que se exija a las empresas antes citadas al estricto cumplimiento de las obligaciones consagradas en dicha normatividad, con lo cual se logre proteger los intereses de los indígenas y campesinos que han sido defraudados.
Sin lugar a dudas, se requiere que la presencia de la autoridad sea contundente para regular, supervisar y ordenar a estas sociedades relativas al ahorro y crédito popular al debido cumplimiento del objetivo que persiguen las cooperativas de ahorro y préstamo.
Por ello, compañeras y compañeros legisladores, someto a su consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; a la debida inspección y vigilancia de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo de la Región de la Montaña, del estado de Guerrero, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y para que, en su caso, se repare el daño a los defraudados.
Diputado Filemón Navarro Aguilar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SAGARPA, A LA SEMARNAT, A LA CONAGUA, AL CONACYT, A LA
SEDESOL, A LA SEP, A LA SSA, A LA CANADEVI, A GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES,
Y A LA CONAFOR A DESARROLLAR Y FORTALECER LA CADENA PRODUCTIVA DEL BAMBÚ
PARA REVERTIR EL DETERIORO AMBIENTAL Y EL CAMBIO CLIMÁTICO, PROMOVER
LA VIVIENDA DIGNA DE BAJO COSTO E IMPULSAR EL DESARROLLO DE PEQUEÑAS
Y MEDIANAS EMPRESAS EN EL MEDIO RURAL, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO ALBERTO
JIMÉNEZ MERINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, coordinador del sector agrario, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la LXI Legislatura y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en la normatividad aplicable, me permito someter a consideración de la asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
La pobreza en México alcanza ya a una población de 52 millones de personas; 20 millones de los cuales se clasifican en pobreza alimentaria, lo que quiere decir que 4 millones de familias no tienen 27 pesos diarios para obtener los alimentos que necesitan sus hijos. No creo que exista una emoción más devastadora de la estima personal que aquella que genera alguien que no tiene para comer.
Asimismo, la erosión del suelo afecta a 120 millones de hectáreas en nuestro país; cada año se pierden 2 mil 500 kilogramos de suelo por hectárea, lo que representa más de 500 millones de toneladas de tierra fértil que se van por las barrancas, arroyos y ríos y que reducen drásticamente la capacidad productiva de la tierra, amenazando aún más la producción de alimentos de las futuras generaciones.
Hemos perdido el agua a una gran velocidad. En 1950 teníamos 11 mil metros cúbicos de agua por año por cada mexicano y hoy esta cifra es de 4 mil 800 previéndose una reducción hacia el año 2030 a tan sólo 3 mil 500 metros cúbicos.
El calentamiento de la tierra y la alteración drástica del clima, evidenciado por intensas sequías, ciclones, huracanes, tornados, granizadas, heladas fuera de tiempo y lluvias intensas al arribar a más de 2 grados en la temperatura de la tierra, es otra realidad de nuestro tiempo.
Por otro lado, aún con los importantes esfuerzos del gobierno federal aún hacen falta 2 millones de casas nuevas y cerca de 4 millones necesitan algún grado de reparación. El hacinamiento de las familias en pocas y pequeñas habitaciones es también un grave problema, de autoestima y falta de condiciones mínimas para el desarrollo humano.
Atender la construcción de vivienda con los materiales tradicionales ha sido un proceso lento por el costo del acero y el cemento. Si continuamos por la vía tradicional y a la velocidad actual, tardaremos entre 16 y 20 años para atender la necesidad existente. Millones de personas aún viven en pisos de tierra y vivienda muy precaria.
La productividad del campo es baja, producto de la práctica tradicional y predominancia del monocultivo, la dependencia del temporal, los apoyos insuficientes y desarticulados, la escasa cultura de desarrollar cadenas productivas y de suministro, el poco valor agregado a los productos del campo y el escaso acceso a mercados que no permite mejorar los ingresos de los productores en el medio rural.
Pero en nuestro territorio, especialmente en las zonas tropicales en Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Guerrero, Morelos, Michoacán, Jalisco, Chiapas, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo, existe una planta poco aprovechada, casi desconocida, y a veces eliminada de los ranchos y que aún no forma parte de programas de fomento.
El bambú del que Puebla es pionero en incluirlo como programa oficial en el año 2001, es el más grande de los pastos del mundo. El pasto gigante o pasto árbol mide entre 15 y 30 metros de altura, dicho programa fue impulsado de manera significativa en la administración 2005-2011.
Por otra parte, el gobierno del estado de Veracruz impulsa el desarrollo de un centro tecnológico con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Es una planta que incorpora a sus tejidos 4 veces más bióxido de carbono en comparación con las plantas más eficaces; es el mejor retenedor de suelo y agua, la mejor barrera para evitar la erosión de las laderas en las partes altas de las cuencas y es el mejor protector de las tierras ubicadas a la orilla de barrancas y ríos. Ante el acelerado deterioro de bosques y selvas es una tabla de salvación para contrarrestar el cambio climático en muchas partes del mundo.
Madura en sólo 4 años y su vida útil es hasta de 50 años, produciendo tallos, lo que ninguna de las especies forestales hace, incluido el cedro rosado, el rojo y la caoba, que pueden madurar entre 7 y 10. Los bosques de clima templado requieren para madurar períodos de 15 a 25 años. La producción de varas de bambú puede alcanzar la cifra de 5 mil anualmente a un precio unitario que varía de 30 a 50 pesos.
Es un material ligero que por su resistencia, es llamado el acero vegetal y tiene más de 4 mil usos documentados en el mundo. Sirve para hacer vivienda digna de bajo costo; un 40 por ciento menos del costo de una casa con materiales tradicionales.
Más de mil millones de personas en el mundo viven en casas de bambú y por sus usos es un negocio de 7 mil millones de dólares anuales. En la Feria Mundial de Bambú 2006 en Hangzhou China, más de 300 empresas exhibieron cerca de 2 mil 500 productos y derivados. En Tailandia 2009 el Congreso Mundial del Bambú congregó a más de 600 participantes bajo el lema: Bambú, el medio ambiente y el cambio climático.
En la India, 20 millones de personas viven de aprovechar el bambú y otros 20 millones en China. Este país tiene en forma natural 6.5 millones de hectáreas, Angi, Guangzhou, es una ciudad industrial basada en esta cadena productiva.
Construcciones de bambú en Costa Rica en 1991 resistieron un terremoto de 7.7 grados sin una sola grieta, cuando las demás construcciones se cayeron. Hay evidencias en Colombia de las grandes ventajas del bambú como material de construcción con propiedades antisísmicas. Se hacen casas, edificios, palapas, corrales, puentes peatonales, puentes vehiculares, pisos laminados, pisos para canchas de básquet ball, carbón, papel, muebles, artesanías, andamios, refrescos, desodorantes, ropa y los brotes tiernos son comestibles. El mercado de los pisos laminados, muebles, carbón y materiales de construcción tiene un mercado creciente en Europa, Canadá y Estados Unidos. Ha estado con nosotros hace más de 50 años, pocos hemos volteado a ver este tesoro genético.
Hay importantes esfuerzos realizados para fomentar el cultivo y aprovechamiento del bambú. En Huatusco, Veracruz, Rafael Guillaumín lleva más de 20 años impulsando esta planta a través de Bambuver; la comunidad de Monte Blanco, Veracruz vive del bambú. La Unión de Productores de Bambú, el Consejo Estatal del Bambú de Puebla y la Organización Tosepan de Cuetzalan, han promovido con el apoyo del gobierno del estado de Puebla, casi 2 mil hectáreas de este cultivo y se han desarrollado dos centros de procesamiento de la vara. Tosepan construyó en el año 2008 el primer hotel de bambú en Cuetzalan, Puebla. Bambuver hizo en Huatusco, Veracruz, un hotel de bambú en el año de 2002. El Grupo Pulsar en Chiapas, ha desarrollado el proyecto más grande que existe en México con 300 hectáreas En el 2000 se estableció en la colonia Morelos, Tenampulco la primera barrera de protección de 2 kilómetros contra las avenidas del río Apulco.
No obstante, aún no se ha logrado reconocer la importancia e incorporar el bambú en forma significativa al desarrollo de las regiones donde existe.
Puntos de Acuerdo
Primero. Que la Sagarpa reconozca al bambú como un cultivo estratégico de las regiones tropicales dentro de sus programas de apoyo y promueva un programa nacional de fomento.
Segundo. Que la Semarnat, CNA y Conafor dispongan lo conducente para fortalecer programas de reforestación productiva y de protección al suelo y agua en las cuencas, especialmente en las orillas de ríos, barrancas y laderas con problemas de erosión, priorizando su incorporación al manejo de cuencas.
Tercero. Que los organismos promotores de vivienda, promuevan la integración de este importante material en su desarrollo inmobiliario y que la Sedesol incorpore esta opción a los programas de vivienda, piso y techo digno.
Cuarto. Que los organismos financieros establezcan los mecanismos para acceder a apoyos y financiamientos ágiles y oportunos.
Quinto. Que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, actualice, desarrollo o fortalezca la investigación que permita resolver los problemas y necesidades tecnológicas.
Sexto. Que los estados y municipios identifiquen y destinen apoyos económicos y, considerar al bambú entre las opciones para revertir el deterioro ambiental, cambio climático, desarrollo económico y social de las comunidades.
Séptimo. Que la SEP y la Ssa incorporen al bambú en la construcción de escuelas y centro de salud para reducir y apoyar el desarrollo de la cadena productiva.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputado Alberto Jiménez Merino (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SENER, A LA COMISIÓN
REGULADORA DE ENERGÍA Y A LA PROFECO RESPECTO DE LOS PRECIOS DE
COBERTURA DE GAS NATURAL, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ANTONIETA
PÉREZ REYES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
María Antonieta Pérez Reyes, diputada federal de Chihuahua a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de la Cámara de Diputados la presente proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
Existe actualmente un problema relacionado con el gas natural, el cual afecta a millones de familias mexicanas. Lo anterior se debe a la volatilidad en los precios del BTU en los mercados internacionales y la falta de una regulación efectiva por parte de las autoridades regulatorias, para evitar que ciertos agentes especulen con los precios del energético.
Por lo mencionado, los empresarios firman contratos de cobertura para asegurar un precio fijo de este insumo, evitando así incrementos drásticos en sus costos de fabricación o producción.
Actualmente, por lo que respecta a Chihuahua, los empresarios de Ciudad Juárez enfrentan el grave problema de estar sometidos al precio de cobertura, el cual no expira hasta 2012.
El precio pactado por los industriales de Ciudad Juárez y Petróleos Mexicanos (Pemex) por millón de BTU es de 8.16 dólares, lo que ha afectado de manera seria la competitividad de las actividades productivas de dicha región, ante el desplome de los precios del gas natural en los mercados internacionales, cuyo precio oscila actualmente entre 3.00 y 4.5 dólares.
Se estima que en México actualmente se paga el gas natural al doble del precio de lo que está en el mercado estadounidense y que dicho precio es uno de los más caros del mundo: va de 8 a 10 dólares por millón de BTU, en tanto que el precio de referencia en el mercado del sur de Texas está entre 3.5 y 4.5 dólares por millón de BTU.
La diferencia entre el precio del mercado y el de cobertura es pagada directamente por los consumidores domésticos, industriales y comerciales.
Los distribuidores o proveedores del gas natural tienen un acuerdo con Pemex con el que contrataron una cobertura de largo plazo. Sin embargo, dicha transacción ha implicado el deterioro de los ingresos de miles de familias, ya que los consumidores domésticos nunca firmaron dicha cobertura, y son los más afectados ante la fijación de este precio.
La cobertura se contrató a 9 dólares por millón de BTU con un precio de la moneda estadounidense de 11 pesos; actualmente, el dólar está en 13.5 pesos y el costo para el consumidor nacional se incrementó significativamente, tan sólo por el aumento en el tipo de cambio.
En el último trimestre de 2008 y el primero de este año el precio de los hidrocarburos se fue a la baja de manera importante.
El precio de cobertura se debe considerar como un precio de protección ante la volatilidad de los precios de los energéticos, sin embargo no todos los industriales o proveedores del energético contrataron dichas coberturas, pero si se han beneficiado de las mismas ya que los precios que dan a sus usuarios son como si realmente fueran de cobertura, por lo que están especulando con la coyuntura de los mercados y lucrando con los ingresos de las familias.
Tan sólo en Ciudad Juárez se estima que menos de 5 por ciento de las empresas de la ciudad accedieron a los contratos de cobertura de precios del gas natural, y que las que si accedieron a dichos contratos están pagando alrededor de 178 por ciento más por precio de cobertura que el que rige actualmente en los mercados internacionales.
Por ello debemos replantear la efectividad de los contratos de cobertura, y vigilar en todo momento que se respeten los derechos de los consumidores y proteger los ingresos de las familiar.
Por lo señalado, solicitamos a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía que entreguen a la Cámara de Diputados la información y documentación correspondiente a la regulación de los precios de cobertura del gas natural, así como los contratos que los distribuidores de este energético utilizan para tabular el precio en el mercado domestico, y se publiquen en el Diario Oficial de Federación, en un plazo no mayor de 15 días hábiles. Y finalmente se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a que implante operaciones especiales para vigilar el cumplimiento de los derechos de los consumidores, ante posibles abusos por los proveedores de gas natural que especulen con la volatilidad en los precios del energético y con los contratos de cobertura.
Por las razones expuestas, solicito a la honorable Cámara de Diputados que tenga a bien aprobar la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía, entregue a esta Soberanía la información y documentación correspondiente a la regulación de los precios de cobertura del gas natural, así como los contratos que los distribuidores de este energético utilizan para tabular el precio en el mercado domestico al precio establecido en el contrato de cobertura correspondiente, y se publiquen en el Diario Oficial de Federación, en un plazo no mayor de 15 días hábiles.
Segundo. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a implantar operaciones especiales para vigilar el cumplimiento de los derechos de los consumidores ante posibles abusos por los distribuidores de gas natural doméstico que especulen con la volatilidad en los precios del energético y con los contratos de cobertura.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputada María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
LA SAGARPA Y LA SEMARNAT ESTABLEZCAN NUEVAMENTE UNA MORATORIA INDEFINIDA
A LA SIEMBRA DE MAÍZ TRANSGÉNICO CON EL FIN DE DEFINIR LOS
CENTROS DE ORIGEN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL
MAÍZ NATIVO, CON BASE EN EL RECIENTE ESTUDIO DE LA CONABIO, A CARGO
DEL DIPUTADO EMILIANO VELÁZQUEZ ESQUIVEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito, diputado federal Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
El 6 de marzo de 2009, el Ejecutivo federal publicó el decreto por el que se modifican diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, antes de que concluyera el plazo para opinar al respecto, la Sagarpa hizo públicas –el 13 de abril– las 35 solicitudes de permiso para la siembra de maíz transgénico en Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas, a pesar de que el marco legal de bioseguridad se encuentra incompleto y plagado de irregularidades.
A partir de las solicitudes de siembra, las empresas Monsanto, Dow AgroScience y Pioneer pretenden cultivar maíz transgénico en más de 3 millones de hectáreas que abarcan las regiones del altiplano y el Bajío que son de alta diversidad biológica y de variedades criollas, a pesar de que jurídicamente no se puede otorgar permisos de liberación de maíz transgénico puesto que hasta el momento no se han aplicado las medidas necesarias de bioseguridad para conceder dichos permisos establecidos en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM).
Debido a la importancia y riqueza milenaria del maíz mexicano, fue que en el artículo 2o. de la LBOGM se estableció que se debían "…XI. Determinar las bases para el establecimiento caso por caso de… cultivos de los cuales México sea centro de origen, en especial del maíz, que mantendrá un régimen de protección especial;".
La importancia de la constitución de este régimen se deriva de la capacidad que tiene esta gramínea para combinar su polen con otras variedades de maíz. Si se liberan maíces genéticamente modificados, es muy factible el flujo genético hacia los maíces nativos, lo que pone en riesgo de contaminación a los centros de origen y diversidad genética de maíz en México; además de que este grano forma parte esencial de la alimentación de los mexicanos.
La siembra en México de maíz transgénico, implica riesgos importantes al ambiente, a la economía regional, a la salud de los mexicanos, así como a la seguridad alimentaria. Desde 2001 se han registrado casos de contaminación de maíz transgénico en diferentes regiones del país (Oaxaca, Tamaulipas, Puebla, Sinaloa, Veracruz, Distrito Federal y Chihuahua) sin que las autoridades hayan establecido un procedimiento de monitoreo y remediación, para contarrestar la contaminación registrada.
Desde 2006, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, (Conabio) enfatizó la necesidad de condicionar la autorización de las siembras de maíz transgénico hasta determinar los centros de origen y diversidad genética, bajo este argumento se estableció el Régimen de protección especial de maíz, para que se establecieran medidas precautorias para evitar la contaminación de las variedades nativas de maíz, así como la moratoria a la siembra. Sin embargo, con las recientes modificaciones al Reglamento de la ley, el gobierno de México eliminó cualquier medida de protección al maíz, sin importar los riesgos de contaminación para la biodiversidad y del alimento que forma parte de la dieta fundamental de los mexicanos.
Las 35 solicitudes de siembra experimental presentan una serie de irregularidades que van desde errores en las fechas para siembra, hasta falsedad en información científica, razón suficiente para negar la autorización de éstas, no obstante lo anterior, desde mediados de octubre se han aprobado 15 solicitudes para siembra en Sonora, Sinaloa y Tamaulipas; nueve permisos para Monsanto y seis para Dow AgroScience.
Cabe destacar que del total de solicitudes, ocho contemplan la siembra de maíz transgénico proveniente de la cruza entre dos variedades transgénicas, a pesar de que este tipo de semillas no está autorizado en Estados Unidos de América para la siembra, ni para el consumo humano y que se encuentra prohibido en la Ley de Bioseguridad, mientras que el resto de solicitudes de maíz transgénico han demostrado ser obsoletas tecnológicamente aun bajo condiciones óptimas, y tampoco generan altos rendimientos, ni disminuyen el uso de agrotóxicos, sino más bien han demostrado efectos negativos para el medio ambiente y para la salud humana.
A mediados del presente año, la Academia Estadounidense de Medicina Ambiental pidió moratoria a la siembra de transgénicos por daños a la salud que genera el consumo de este tipo de alimentos, entre los que destacan diferentes tipos de alergias, riesgos en la salud reproductiva, en la función inmune y metabólica, así como en la salud psicológica y genética.
A principios de octubre, la Conabio presentó el libro Origen y diversificación del maíz, una revisión analítica, a pesar de las presiones que hubo por dilatar los resultados del documento hasta que se aprobaran las solicitudes de siembra de maíz transgénico. Es muy importante el documento porque los investigadores más calificados en la materia no sólo presentan argumentos sobre los centros de origen del maíz nativo, que comprenden la mayor parte del territorio nacional, sino que reconocen las deficiencias que han ocurrido en las consultas de las solicitudes, por lo que recomiendan retomar la moratoria a la siembra de maíz transgénico y poner por encima de los intereses económicos de las empresas trasnacionales la soberanía y seguridad alimentaria, para priorizar el interés social sobre el privado.
No podemos permitir que el gobierno federal atente contra la soberanía alimentaria y la biodiversidad del país. No olvidemos que más de 70 por ciento de la superficie dedicada al maíz se siembra con maíces nativos, y que desde hace más de 6 mil años los pueblos indígenas y pequeños productores han adaptado y mejorado las condiciones climáticas de cada región.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración y aprobación del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que la Sagarpa y la Semarnat establezcan nuevamente una moratoria indefinida a la siembra de maíz transgénico para definir los centros de origen, así como las medidas de protección del maíz nativo, con base en el reciente estudio de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de octubre de 2009.
Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SRE A ENVIAR UNA CARTA DIPLOMÁTICA A LA EMBAJADA
DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN NUESTRO PAÍS POR EL TRATO
DISCRIMINATORIO DE QUE SON OBJETO LAS PERSONAS QUE ACUDEN A TRAMITAR LA
VISA ANTE LOS DIFERENTES CONSULADOS, PARTICULARMENTE EL DE MATAMOROS, TAMAULIPAS,
A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS EVERARDO VILLARREAL SALINAS Y SUSCRITA
POR DIVERSOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, Everardo Villarreal Salinas, Miguel Ernesto Pompa Corella, José Luis Marcos León Perea, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, Onésimo Mariscales Delgadillo, Ernesto de Lucas Hopkins y Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, integrantes de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta honorable asamblea puntos de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
Para viajar a Estados Unidos de América se requiere visa, expedida por personal de la embajada o de los consulados de ese país en éste.
El costo de la visa es de 131 dólares y, al ser negada no se reembolsa, pues todavía de que sufren vejaciones por funcionarios de los consulados, considero que el monto debe de ser reintegrado al solicitante.
Es de mencionar que aun y cuando se acredita la necesidad de salir de nuestro país, depende del estado de ánimo del funcionario que expida o deniegue la visa.
Incluso existen casos en los que les ha sido negada la visa a funcionarios de los diferentes Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, desconociendo por tanto a los Poderes de la Unión.
Lamentablemente es triste que proyectos tan importantes de inversión que muchos mexicanos realizamos con personas físicas o morales norteamericanas se vean afectados por la falta de la visa, ya que se requiere para entrar a ese país, para cerrar tratos o simplemente para realizar ciertas actividades propias como funcionarios públicos o incluso cuando alguien desea ir de paseo.
En la embajada y consulados de Estados Unidos en nuestro país no sé si sea privativo de México o suceda en todos los países donde Estados Unidos cuenta con relaciones diplomáticas, pero concretamente en el consulado de Matamoros, Tamaulipas, tratan a los mexicanos que van a solicitar su visa como limosneros o delincuentes.
La idea errónea que se tiene acerca del mexicano es que todo mexicano que solicita visa se quiere ir a vivir a Estados Unidos, cuando muchos sólo buscamos, como mencioné, traer inversión.
El personal del consulado en Matamoros, Tamaulipas, actúa sistemáticamente con trato discriminatorio. No es posible que en nuestro propio país se dé esta situación y que todos de una u otra forma nos damos cuenta y no hagamos nada, por ello solicito que la cancillería mexicana, de acuerdo con nuestras leyes y con los tratados internacionales, interponga una carta diplomática, inconformándose con el actuar de esos funcionarios, que de diplomáticos nada tienen, por la discriminación y el maltrato que sufren miles de mexicano en los consulados. Que se entienda no es por el otorgamiento o la denegación de la visa sino por el trato que se da en esos lugares.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de que realice una enérgica carta diplomática a la Embajada de Estados Unidos de América en el país por el trato discriminatorio de que son objeto las personas que acuden a tramitar visa ante los consulados, concretamente al de Matamoros, Tamaulipas.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a intervenir ante la Embajada de Estados Unidos para que realice las gestiones necesarias a fin de que sea reembolsable el monto que se paga por la visa cuando ésta no se otorgue.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputados: Everardo Villarreal
Salinas (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella, José Luis
Marcos León Perea, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, Onésimo
Mariscales Delgadillo, Ernesto de Lucas Hopkins, Manuel Ignacio Acosta
Gutiérrez.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SHCP A CAMBIAR LA TARIFA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
PARA EL CONSUMO DOMÉSTICO 1E POR LA 1F EN GUAYMAS Y EMPALME, SONORA,
A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DOLORES DEL RÍO SÁNCHEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
María Dolores del Río Sánchez diputada federal por el estado de Sonora a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
En la región del sur del estado de Sonora, específicamente en los municipios de Guaymas y Empalme, los ciudadanos tenemos la necesidad de contar con aparatos de refrigeración, tipo doméstico, para atenuar los efectos del calor y la humedad en el ambiente que se da en época de verano, de los meses de mayo a octubre, que para la población es indispensable. Lo anterior debido a que las temperaturas en dichos municipios son muy elevadas, cabe recordar que el estado de Sonora es uno de los más calurosos en el país.
Cabe mencionar que la Comisión Federal de Electricidad, organismo suministrador del servicio de energía eléctrica, ha establecido para estos municipios la tarifa 1E, al considerar que la temperatura media mensual en época de verano es de 32 ºC como mínimo.
Sin embargo, en los últimos años en los municipios de Guaymas y Empalme la temperatura medía excede el rango establecido por la Comisión Federal de Electricidad de 32 ºC, por lo que el calor que se sufre en dichos municipios, cuya sensación aumenta por el alto grado de humedad, es causa de enfermedades, bajo rendimiento escolar y laboral, y deterioro de los estándares de calidad de los habitantes, etcétera.
Por lo mencionado, la población de Guaymas y Empalme se ve en la necesidad de contar con aparatos de refrigeración referidos, aunado a que por las condiciones de humedad, no son útiles en este clima otro tipo de aparatos que consuman menos energía para operar.
Asimismo, la tarifa denominada 1F que se factura en los municipios cercanos al de Guaymas y Empalme, como lo es Hermosillo a 130 kilómetros al norte y Cajeme a 120 kilómetros al sur, brinda la oportunidad de contar con mejores condiciones de vida en el verano debido a la ventaja que representa contar con la tarifa 1F, ya que el rango de facturación de los kilowatts/hora consumidos es más amplio en esta tarifa, mismo rangos que en la tarifa 1E son reducidos y la facturación del servicio se eleva a montos que generan incomodidad y desesperación en los habitantes de Guaymas y Empalme, ya que el pago del servicio de energía eléctrica daña seriamente la economía familiar de dicha población, o consecuentemente hace que los usuarios de Comisión Federal de Electricidad eviten el uso de aparatos de refrigeración por no poder cubrir el importe, lo que repercute seriamente en la calidad de vida de la población.
Finalmente, quiero enfatizar que en Hermosillo y Cajeme consumen más, pero pagan menos que en Guaymas y Empalme, bajo las mismas condiciones ambientales, lo que resulta injusto y prejudicial para estas poblaciones.
Por lo mencionado, la presente proposición de punto de acuerdo atiende la demanda de toda la población de Guaymas y Empalme. Por las razones aquí expuestas, solicito a esta honorable Cámara de Diputados que tenga a bien aprobar la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a modificar la tarifa de energía eléctrica para consumo doméstico 1E a la 1F en los municipios de Guaymas y empalme, Sonora.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputada María Dolores del Río Sánchez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS FONDOS DE
LOS EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO SAMUEL
HERRERA CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad aplicable, someto a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México se encuentra inmerso en una crisis económica que proviene del exterior y los efectos que se presentan en la economía nacional han incidido de manera negativa en el aparato productivo nacional, siendo los trabajadores quienes resienten en mayor cuantía los estragos de dicha crisis.
Para enfrentar la falta de crecimiento económico y la disminución de la actividad económica es necesario implementar medidas que permitan al gobierno federal obtener ahorros. Lo anterior es el argumento utilizado por la actual administración para realizar acciones dirigidas a la reducción de organismos y dependencias del gobierno federal, sin embargo, en ningún momento el gobierno en turno ha sido capaz de reconocer que la ausencia de políticas públicas que permitan paliar los efectos negativos de la crisis sea la causa principal del desplome de la actividad económica.
La reducción del tamaño del Estado se ha sustentado en la tesis de la generación de ahorros mediante la liquidación de instituciones públicas, muestra de ello son las reformas presentadas por el Ejecutivo federal para suprimir las Secretarías de la Función Pública y de Turismo; otro ejemplo es lo que recientemente ocurrió con Luz y Fuerza del Centro, proceso que se plantea aplicar al Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, AC (Inca Rural).
Inca Rural es una Asociación Civil constituida en noviembre de 1973, con carácter de empresa de participación estatal mayoritaria, sectorizada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Es importante mencionar que el Inca Rural cumple con funciones fundamentales para el desarrollo de las actividades agrícolas tales como la capacitación y la organización de productores del sector social que se encuentran en el medio rural.
En comparación con otros organismos dependientes de la Sagarpa, al Inca Rural se le asigna un presupuesto modesto, en el año 2009 se le destinaron 34.5 millones de pesos y para el próximo año se propone un monto de 34.7 millones de pesos. A pesar de los recursos limitados, dicho instituto cuenta con representación en las 32 entidades federativas, en donde se han programado más de 3 mil acciones de capacitación y formación que lograrán beneficiar a 75 mil personas.
A pesar de que el instituto juega un papel fundamental brindando capacitación permanente de los productores y prestadores de servicios profesionales para el campo, la incertidumbre institucional se hace presente y son los trabajadores del Inca Rural quienes manifiestan su preocupación ante la posibilidad latente de que el gobierno federal decida iniciar un proceso de liquidación para éste organismo público.
Cabe mencionar que entre los resultados que se han obtenido gracias a la participación del Inca Rural se destaca la posibilidad de poder conformar cadenas productivas que incrementan la productividad del sector agrícola y por ende, permiten ser más competitivos en la producción y la comercialización de los productos obtenidos.
Los legisladores tenemos la obligación y la responsabilidad de velar por que se respeten los derechos de los diferentes sectores y grupos sociales, en razón de lo anterior, es que desde esta tribuna hago un llamado a mis compañeras y compañeros diputados para que se sumen a la propuesta que ahora presento a fin de evitar que miles de trabajadores se queden sin empleo debido a la desaparición del Inca Rural.
De darse la liquidación institucional de éste organismo público se estaría limitando la posibilidad de alcanzar un mayor nivel de crecimiento, ello debido a que no existe otra institución pública o privada que realice las funciones que ha venido desempeñando el Inca Rural.
Es fundamental fortalecer a las instituciones, que como el Inca Rural, desarrollan actividades que coadyuvan a mejorar la productividad y eficiencia del sector agrícola mexicano. Antes de iniciar un proceso de liquidación es imperativo revisar a fondo el trabajo que realiza la institución, teniendo como principal objetivo alcanzar el desempeño optimo, logrando beneficiar a millones de mexicanos que tienen en el campo su fuente de trabajo.
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que:
2. Ante la posibilidad de iniciar un proceso de liquidación de Inca Rural, primeramente, se realice una evaluación a fondo de los resultados y metas alcanzados por dicha institución, ello con el objetivo de que se continúe brindando la capacitación suficiente a quienes participan en las actividades agropecuarias.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SENER A HOMOLOGAR, EN EL ÁMBITO DE
SU COMPETENCIA, LOS HORARIOS DE VERANO DE LOS ESTADOS FRONTERIZOS DEL NORTE
DEL PAÍS CON LOS DEL SUR DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A PARTIR
DE 2010, A CARGO DE LA DIPUTADA ADRIANA TERRAZAS PORRAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
La que suscribe, Adriana Terrazas Porras, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a homologar los horarios de verano de los estados fronterizos del norte del país para con el de los fronterizos del sur de Estados Unidos de América a partir de 2010, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El huso horario se rige por la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, con sede en Francia, que mantiene el tiempo universal coordinado, la escala de tiempo que se toma como base del tiempo. En el país se rige por el patrón nacional de escalas de tiempo, mantenido en el Centro Nacional de Metrología.
Por otra parte, el horario de verano es una medida que consiste en adelantar el reloj una hora durante la parte del año en que se presenta la mayor insolación. En el país se estableció a partir de 1996. Con la medida se pretende aprovechar más la luz solar para disminuir el consumo de energía eléctrica en hogares, comercios, oficinas gubernamentales, empresas e industria.
El 29 de diciembre de 2001 fue publicada la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se reconoce para los Estados Unidos Mexicanos la aplicación y vigencia de tres husos horarios: 90 grados, 105 grados y 120 grados oeste del meridiano de Greenwich, aceptando los acuerdos tomados en la Conferencia Internacional de Meridianos de 1884. Así, en territorio nacional las tres zonas del tiempo se forman de la siguiente manera: la zona noroeste sólo incluye Baja California; la zona del Pacífico incluye Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora; y la zona del centro incluye Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Distrito Federal Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
En el artículo 4 de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos se indica que el Congreso de la Unión puede establecer horarios estacionales; lo anterior, con base en la fracción XVIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que el Congreso tiene la facultad "para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, dictar reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas". De esa manera, el 1 de marzo de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.
Por otra parte, la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos establece las condiciones para una eventual modificación de los horarios estacionales. Ahí se señala que la propuesta correspondiente "deberá ser presentada al Congreso de la Unión a más tardar el 15 de noviembre del año inmediato anterior al que se pretende modificar el horario. El decreto respectivo deberá ser remitido a más tardar el 15 de diciembre del mismo año".
El 26 de septiembre de 2006 fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votaciones, que en el artículo décimo segundo establece lo siguiente:
Artículo Décimo Segundo. En el rubro de proposiciones con punto de acuerdo podrán presentarse los asuntos de orden político, cultural o social que afecten a una comunidad, grupo, partido o colectividad y cuyos efectos sean de interés general, para que la Cámara haga algún posicionamiento, exhorto o recomendación.
Derivado de que por la existencia de estas zonas de horario se generan estragos en las actividades de las personas que habitan las zonas fronterizas del norte del país, los residentes de la frontera inquieren a quienes somos sus representantes por qué no hemos insistido en modificar los horarios con arreglo al calendario estadounidense, por lo menos en la zona noroeste, que incluye Baja California.
Dadas las consideraciones vertidas, se concibe la siguiente
Exposición de Motivos
En el caso de México, donde se ha optado por trabajar con dos horarios, el de verano y el de invierno, conforme al decreto que rige el cambio de horario, encontramos que se mantiene intacto a pesar de la confusión que ha traído consigo en la región fronteriza con Estados Unidos, marcando como inicio del horario de verano el primer domingo de abril, que concluye el último domingo de octubre; mientras, en el vecino país del norte el cambio de horario es distinto, conforme a lo que marca el decreto de 2006 del huso del horario de ese país, donde optaron por extender su periodo de ahorro de energía por más de 30 días, tomando cuatro semanas adicionales en marzo y una en octubre.
Este fenómeno, que poco importa a muchos residentes del centro y del sur del país, trae consigo complicaciones a quienes trabajan con arreglo a los horarios de la Unión Americana, como las personas que se desenvuelven en ambos lados de la frontera. Así, los programas de radio que se transmiten en las zonas fronterizas se ven en la imperiosa necesidad de informar constantemente de la diferencia de horario, entrando una hora más tarde de acuerdo con el horario estadounidense, lo mismo que ocurre con los programas de televisión. Las instituciones bancarias en Tijuana tienen que informar a sus clientes que el horario de transferencias de dinero a Estados Unidos también se adelanta una hora y, también, la industria maquiladora, los transportistas, los ejecutivos y demás miembros del sector económico deben tener muy presente esta diferencia de 60 minutos en su horario, para no perder tiempo laborable.
La idea de tener un horario de verano intenta reducir el consumo de energía, y en base a esta creencia, el ex presidente de Estados Unidos de América George W. Bush optó por modificar el calendario que se mantuvo vigente de 1986 a 2006, extendiéndolo por un mes más, manteniendo la expresión "spring forward, fall back", en que se comprende que durante la primavera se "pierde" una hora y en el otoño se "ganan" otra. Para entenderlo mejor, vale la pena observar que el tiempo de ahorro de la luz del día operó en 2004 del 4 de abril al 31 de octubre, en 2005 del 3 de abril al 30 de octubre y en 2006 del 2 de abril al 29 de octubre, pero a partir de 2007 se dio del 11 de marzo al 2 de noviembre, en 2008 fue del 9 de marzo al 2 de noviembre, en 2009 del 8 de marzo al 1 de noviembre, por mencionar algunos.
El Departamento de Energía de Estados Unidos ha valorando si el esfuerzo cumple el objetivo, ya que se ha observado que, lejos de ahorrar energía, la población tiene una hora más de actividad, lo cual trae consigo mayor consumo de combustible, de gas y electricidad en la industria, empresas, negocios (todo tipo de comercios) y en los hogares. Por tales motivos, Arizona, con excepción de la nación navajo y las islas de Hawaii, así como los territorios de Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Guam y Samoa, es el único lugar en la Unión Americana que optó por no observar ningún cambio de horario sino que mantiene el horario estandarizado todo el año.
Un dato interesante es que más de mil millones de personas que viven en 70 países observan el cambio de horario con la finalidad de ahorrar la luz solar, tal es el caso de Canadá, que en casi todo su territorio se respeta el mismo horario, con excepción de Saskatchewan y el noroeste de Columbia Británica, pero resulta que en el otoño de 2005 Manitoba y Ontario anunciaron que, igual que Estados Unidos, ampliarían el periodo de vigencia del horario de verano por un mes, alineándose con sus vecinos del sur.
Esto pone de manifiesto que para nosotros es importante se homologuen los cambios de horario para con nuestro mayor socio comercial, de alcanzar esta situación lograríamos tener beneficios significativos, puesto que se armonizarían nuestros nexos financieros, industriales, de transporte, de comunicación, solo por citar algunos, para con Estados Unidos.
Toda vez que no se ha podido cristalizar la propuesta de homologar los horarios de nuestra frontera para con los de nuestro vecino del norte, es importante citar que para evitar confusiones y facilitar el cruce de personas, automovilistas y carga, se realizan adaptaciones en los horarios de operación en las garitas.
Para dimensionar esta situación es necesario ejemplificar que más de 220 mil bajacalifornianos que cruzan diariamente a Estados Unidos por las cinco garitas resultan afectados con la aplicación anticipada de la medida del horario de verano por el que se pretende supuestamente ahorrar energía, pero que en toda esta región realmente resulta contraproducente.
Dicha medida siempre genera preocupación, no sólo a los usuarios de las garitas sino, también, a las personas que cada día deben esperar horas para cruzar la frontera, particularmente a las que estudian o trabajan en territorio estadounidense, porque deben iniciar sus actividades en la madrugada, quienes exponen además de la salud, la integridad física y económica en razón de la delincuencia. Es decir, para Baja California resultaría más sencillo estar homologado con California que con el resto del país, en donde la diferencia de dos horas con el horario del centro es ya una costumbre.
No se omite precisar que el horario de verano ofrece diversas ventajas:
- Nuestro país, de aplicar un horario homologado con el de Estados Unidos, resultaría favorecido con un incremento en el intercambio comercial, derivando así que se fortalezca entorno a la competencia económica mundial.
- Se evitaría la aplicación de recursos a subsidios que aporta el gobierno para el apoyo a los hogares, cantidades que bien se podrían aprovechar en otros rubros, como invertir en una mejor infraestructura.
- Se reduce la demanda de energía eléctrica durante horas pico, lo cual trae aparejado que dejen de arrojarse a la atmósfera más de 10 millones de toneladas de contaminantes; y esto permitiría que se difieran permanentemente inversiones por más de 6 mil 500 millones de pesos.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la secretaria de Energía a homologar en el ámbito de su competencia los horarios de verano de los estados fronterizos del norte del país con el de los fronterizos del sur de Estados Unidos de América a partir de 2010.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputada Adriana Terrazas Porras (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ESTABLECER A TRAVÉS DE LA CONAGUA
LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ARROYO ALAMAR, A CARGO
DEL DIPUTADO FRANCISCO ARTURO VEGA DE LAMADRID, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, fundamentado en las potestades conferidas en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones
El río Alamar está ubicado en la orilla este del área urbana de Tijuana y fluye hacia el oeste, uniendo la parte superior del río Tecate y del arroyo Cottonwood con la parte baja del municipio del río Tijuana, siendo parte de una subcuenca que incluye al río Tecate y es transfronteriza. Hacía el norte el río Alamar se une al río Las Palmas para formar el río Tijuana.
El río Tijuana se ha confinado en un canal de concreto que se extiende hacia el noroeste hasta la línea internacional con los Estados Unidos de América. En Baja California fluyen varios ríos, los cuales son de suma importancia para el uso de agua potable, no sólo para quienes habitamos en la entidad, sino también para la parte transfronteriza de los habitantes en Estados Unidos.
La Comisión Nacional del Agua, CNA, clasifica las cuencas en tres órdenes o niveles; el primero es el que incluye las cuencas principales de los ríos, como Lerma, Bravo, Colorado y Papaloapan. El segundo orden, da referencia a las subcuencas o cuencas más pequeñas en relación de las del primer orden. La costa Pacífico del sur de California y Baja California, contiene un importante número de cuencas pequeñas clasificadas en el tercer orden.
Es entonces, que la CNA considera a la cuenca del Río Tijuana como una cuenca pequeña inmersa dentro del tercer orden, sin embargo, este río provee de una importante cantidad de agua potable para quienes habitamos en la zona de Tecate, Tijuana y el sureste de la franja fronteriza con Estados Unidos de América, ya que se ha llegado a registrar en temporada de lluvias hasta 32 mil 500 pies cúbicos por segundo.
Sabemos que desde hace varios años el municipio de Tijuana en coordinación con el gobierno del estado, realiza una encomiable labor, para contrarrestar este grave problema de contaminación, ya que sólo en el municipio de Tijuana, se instalan plantas de tratamiento de aguas residuales, las cuales operan bajo la supervisión de la Comisión Estatal de Servicios Públicos, sin embargo, son insuficientes para detener este grave problema.
Actualmente el arroyo Alamar, es un importante desarrollo natural integral, debido a que cuenta con un hábitat y un ecosistema ripario, que funcionan como corredores ecológicos, propiciando que la fauna y los entornos naturales, proliferen y lograr que la importante fuente de agua dulce permanezca, a su vez, este vital líquido es indispensable para el consumo humano y abastece la región de contextos transfronterizos.
Actualmente existen algunos proyectos de planeación y rehabilitación importantes, entre ellos, el apoyado por el Instituto Municipal de Planeación, dónde se plantea la construcción de un canal de concreto a lo largo de siete millas, abarcando la confluencia del río Alamar con el río Tijuana a través de la zona urbanizada de Tijuana en la parte sur del distrito de la Mesa de Otay; otro proyecto es el que se refiere a la rehabilitación eco hidrológica, que consiste en rehabilitar el canal principal del río y sus sedimentos, así como restaurar la flora y fauna endémicas al medio ambiente.
La sociedad bajacaliforniana y en general, la sociedad mexicana, tiene depositada su representación y confianza en nuestra investidura, el grave problema de contaminación del arroyo Alamar no sólo perjudica la salud pública, sino también combate la inseguridad mediante un ordenamiento en los usos de suelo y los asentamientos humanos así como la imagen de Tijuana, es necesario dotar de recursos encaminados al desarrollo de nuevos y mejores proyectos para rehabilitar el cauce del arroyo y todo lo que lo rodea.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, al gobierno de Baja California y al municipio de Tijuana, a través del Instituto Municipal de Planeación y las distintas autoridades municipales competentes, a brindarle continuidad al proyecto de rehabilitación del río Alamar, comenzando los trabajos correspondientes en el siguiente ejercicio fiscal.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Comisión Nacional del Agua, al gobierno del estado y al ayuntamiento de Tijuana a través del Instituto Municipal de Planeación y las distintas autoridades municipales competentes, a informar a esta soberanía el estado actual que guardan las obras encaminadas a solventar el conflicto de contaminación y la rehabilitación eco hidráulica del río Alamar en confluencia con el río Tijuana; así como la cantidad de recursos necesaria para dar continuidad a los mencionados proyectos para el ejercicio fiscal de 2010.
Tercero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, a destinar una partida especial en el presupuesto para el ejercicio fiscal de 2010, correspondiente al gasto capital de la Comisión Nacional del Agua, que destine específicamente los recursos suficientes y necesarios para llevar a cabo las obras de rehabilitación del río Alamar en el municipio de Tijuana, Baja California.
Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 27 de octubre de 2009.
Diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CANCELAR EL PROYECTO PARA EMITIR LA CÉDULA
DE IDENTIDAD CIUDADANA, A CARGO DEL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, quien suscribe, Rigoberto Salgado Vásquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México vive una profunda crisis económica, reflejada en todos los indicadores, en el índice de desempleo, en la caída de la recaudación, en la caída de los ingresos petroleros, en la pérdida de competitividad internacional, en la caída de los ingresos del turismo, y en las captaciones de las remesas que envían los paisanos residentes en el exterior. Tenemos un grave déficit en las finanzas públicas, y debemos conducirnos con absoluta austeridad.
Por todo lo anterior, nos parece un gasto oneroso e inoportuno el que pretende efectuar el gobierno federal en el proyecto para la expedición de una cédula de identidad ciudadana. En su momento, el legislador estableció la obligación del ciudadano mexicano de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos; sin embargo, por no estar todavía constituido éste, se prescribió que, en tanto no se establezca el servicio de dicho registro, los ciudadanos deberían inscribirse en los padrones electorales. Es decir, en tanto no se expida la cédula de identidad ciudadana, la credencial para votar con fotografía podrá servir como medio de identificación personal en trámites administrativos de acuerdo con los convenios que para tal efecto suscriba la autoridad electoral.
En los hechos, el documento que ha servido para acreditar la ciudadanía mexicana desde 1992 ha sido la credencial para votar con fotografía. Asimismo, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores cuenta con un documento firmado por los ciudadanos mexicanos, a quienes se ha expedido y entregado dicha credencial; y no debemos soslayar que la inversión de recursos humanos, económicos y materiales que se ha hecho para la expedición de la credencial para votar ha sido de varios miles de millones de pesos.
De hecho, la credencial para votar con fotografía podría constituirse como la cédula de identidad ciudadana, y otorgaría a su titular mayores facilidades para que el documento lo identifique plenamente como ciudadano mexicano, cual ha sucedido desde su creación. No olvidemos que, desde su creación, el Instituto Federal Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, ha incorporado nuevos elementos de seguridad a la credencial para votar, a fin de garantizar la inalterabilidad de los datos de dicho instrumento electoral, reduciéndose así el riesgo de su falsificación.
La credencial para votar ha estado en un proceso de perfeccionamiento permanente. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en el marco de sus atribuciones, ha implantado procedimientos operativos que garantizan que la información y los datos que los ciudadanos le proporcionan son ciertos y veraces, por lo cual la credencial para votar se constituye como un documento confiable por excelencia, que acredita la identidad de los titulares de dicho instrumento electoral. En el mismo tenor, el Instituto Federal Electoral, en sesión extraordinaria celebrada el 30 de agosto de 2007, mediante el acuerdo número CG253/2007, aprobó modificaciones del modelo de la credencial para votar con fotografía, a fin de actualizarla. Se adicionaron, entre otros elementos del ciudadano, la Clave Única de Registro de Población, así como elementos de seguridad como el kinegrama, la fotografía fantasma, la marca de agua digital y la fotografía ultravioleta.
En nuestro sistema democrático, la credencial para votar se ha constituido más que como el documento a través del cual el ciudadano mexicano ejerce su derecho de voto, en el instrumento de identificación oficial de mayor aceptación tanto en el ámbito público, en los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, como en el ámbito privado, ya que a través de ésta se acredita fehacientemente la identidad del ciudadano mexicano, y se garantiza la certeza en las elecciones; y que el supeditar la emisión de un documento a cargo de la Secretaría de Gobernación como la cédula de identidad ciudadana, la cual se formaría con los datos del Registro Federal de Electores, generaría una intromisión en las funciones del referido ente, lo que podría poner en riesgo su autonomía y efecto ciudadanizador, ambos principios fundamentales de la confianza en la elecciones.
Por lo expuesto, tengo a bien proponer la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Esta soberanía exhorta respetuosamente al Ejecutivo a cancelar el proyecto para emitir la cédula de identidad ciudadana.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputado Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLANTAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN AL
INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL SECTOR RURAL,
AC, Y CON ELLO EVITAR EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN QUE SE PRETENDE
APLICAR A DICHA INSTITUCIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA JULIETA OCTAVIA
MARÍN TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad aplicable, someto a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México se encuentra inmerso en una crisis económica que proviene del exterior y los efectos que se presentan en la economía nacional han incidido de manera negativa en el aparato productivo nacional, siendo los trabajadores quienes resienten en mayor cuantía los estragos de dicha crisis.
Para enfrentar la falta de crecimiento económico y la disminución de la actividad económica es necesario implementar medidas que permitan al gobierno federal obtener ahorros. Lo anterior es el argumento utilizado por la actual administración para realizar acciones dirigidas a la reducción de organismos y dependencias del gobierno federal, sin embargo, en ningún momento el gobierno en turno ha sido capaz de reconocer que la ausencia de políticas públicas que permitan paliar los efectos negativos de la crisis sea la causa principal del desplome de la actividad económica.
La reducción del tamaño del Estado se ha sustentado en la tesis de la generación de ahorros mediante la liquidación de instituciones públicas, muestra de ello son las reformas presentadas por el Ejecutivo federal para suprimir las Secretarías de la Función Pública y de Turismo; otro ejemplo es lo que recientemente ocurrió con Luz y Fuerza del Centro, proceso que se plantea aplicar al Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, AC (Inca Rural).
Inca Rural es una Asociación Civil constituida en noviembre de 1973, con carácter de empresa de participación estatal mayoritaria, sectorizada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Es importante mencionar que el Inca Rural cumple con funciones fundamentales para el desarrollo de las actividades agrícolas tales como la capacitación y la organización de productores del sector social que se encuentran en el medio rural.
En comparación con otros organismos dependientes de la Sagarpa, al Inca Rural se le asigna un presupuesto modesto, en el año 2009 se le destinaron 34.5 millones de pesos y para el próximo año se propone un monto de 34.7 millones de pesos. A pesar de los recursos limitados, dicho instituto cuenta con representación en las 32 entidades federativas, en donde se han programado más de 3 mil acciones de capacitación y formación que lograrán beneficiar a 75 mil personas.
A pesar de que el instituto juega un papel fundamental brindando capacitación permanente de los productores y prestadores de servicios profesionales para el campo, la incertidumbre institucional se hace presente y son los trabajadores del Inca Rural quienes manifiestan su preocupación ante la posibilidad latente de que el gobierno federal decida iniciar un proceso de liquidación para éste organismo público.
Cabe mencionar que entre los resultados que se han obtenido gracias a la participación del Inca Rural se destaca la posibilidad de poder conformar cadenas productivas que incrementan la productividad del sector agrícola y por ende, permiten ser más competitivos en la producción y la comercialización de los productos obtenidos.
Los legisladores tenemos la obligación y la responsabilidad de velar por que se respeten los derechos de los diferentes sectores y grupos sociales, en razón de lo anterior, es que desde esta tribuna hago un llamado a mis compañeras y compañeros diputados para que se sumen a la propuesta que ahora presento a fin de evitar que miles de trabajadores se queden sin empleo debido a la desaparición del Inca Rural.
De darse la liquidación institucional de éste organismo público se estaría limitando la posibilidad de alcanzar un mayor nivel de crecimiento, ello debido a que no existe otra institución pública o privada que realice las funciones que ha venido desempeñando el Inca Rural.
Es fundamental fortalecer a las instituciones, que como el Inca Rural, desarrollan actividades que coadyuvan a mejorar la productividad y eficiencia del sector agrícola mexicano. Antes de iniciar un proceso de liquidación es imperativo revisar a fondo el trabajo que realiza la institución, teniendo como principal objetivo alcanzar el desempeño optimo, logrando beneficiar a millones de mexicanos que tienen en el campo su fuente de trabajo.
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que:
2. Ante la posibilidad de iniciar un proceso de liquidación de Inca Rural, primeramente, se realice una evaluación a fondo de los resultados y metas alcanzados por dicha institución, ello con el objetivo de que se continúe brindando la capacitación suficiente a quienes participan en las actividades agropecuarias.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEGOB A ACTUAR COMO ENTIDAD MEDIADORA PARA LA SOLUCIÓN
DEL CONFLICTO DE LÍMITES TERRITORIALES ENTRE JALISCO Y COLIMA, SUSCRITA
POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos, diputados federales de la LXI Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, representantes de los estados de Jalisco y Colima, del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación a que, en el ámbito de sus atribuciones y facultades, actúe como entidad mediadora para la solución del conflicto de límites territoriales que sostienen los estados de Jalisco y Colima, y por el cual se exhorta al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo del dictamen de la Ley Reglamentaria de los artículos 46 y 76 fracciones X y XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
No obstante los esfuerzos que durante décadas se han observado por parte de los gobernadores de los estados de Jalisco y Colima para dar solución a los conflictos de límites territoriales entre ambas entidades federativas, el problema sigue presente, sin solución, y agravándose con el paso del tiempo.
Señalamos los esfuerzos porque, aunque han existido disputas entre los mandatarios de los dos estados, particularmente durante las últimas dos décadas, también han existido atisbos de pretender dar solución a través de la instalación de comisiones de límites para promover y permitir el diálogo que permita destensar la situación.
El tiempo ha pasado y los problemas, en vez de solucionarse, se han agravado. Esto nos hace ver que no es suficiente reconocer la problemática, sino que es preciso poner manos a la obra y mostrar la voluntad política suficiente que se traduzca en acciones concretas para delimitar el territorio de las dos entidades.
Ya en el Senado de la República se ha presentado una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 46 y 76, fracciones X y XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo objeto se establece la creación del marco jurídico para que la Comisión de Limites de las Entidades Federativas del Senado de la República cuente con las atribuciones suficientes para atender este tipo de problemas.
Lejos de tratarse simplemente de un asunto local, la Federación debe poner de su parte, con todos los medios a su alcance, primero, para evitar todo tipo de conflictos e incidentes que surjan al respecto, y segundo, para oficializar los límites y la extensión de los dos estados.
Sin duda, existen muchos intereses de naturaleza económica, social y política por parte de ambas entidades y de sus pobladores para contar o ser parte de un territorio en específico, pero los problemas se han extendido a otros ámbitos como el de la seguridad.
Hoy el Estado mexicano no puede permitirse tener territorios sin ley o en controversia cuando está emprendiendo una firme lucha para brindar seguridad a los ciudadanos.
No es posible tampoco que existan conflictos de competencia entre las autoridades locales que generen, además de violencia, cualquier tipo de incertidumbre jurídica como la que se vive hoy en el municipio de Cihuatlán en donde hay maquinaria y obreros trabajando en algunos terrenos sin contar con la autorización o el permiso de un estado u otro.
Los diputados federales del PAN y del PRI, de los estados de Jalisco y Colima, nos unimos para firmar este punto de acuerdo para urgir a las partes en desacuerdo a que resuelvan de forma ágil y pronta esta situación que durante décadas ha provocado la incertidumbre y diversos casos de violencia, y de la misma forma solicitamos a la Secretaría de Gobernación a mediar en este caso promoviendo el diálogo y la consecución de un acuerdo que de fin al conflicto limítrofe.
No podemos permitirnos postergar más este asunto que sigue afectando la integridad de los ciudadanos de la región y se pueda respetar, hacer respetar y actuar conforme al estado de derecho.
Por lo anterior, se presenta el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Gobernación a que, en el ámbito de sus atribuciones y facultades, actúe como entidad mediadora para la solución del conflicto de límites territoriales que sostienen los estados de Jalisco y Colima.
Segundo. Se exhorta al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo del dictamen de la Ley Reglamentaria de los artículos 46 y 76, fracciones X y XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputados: Carlos Meillón
Johnston (rúbrica), Jorge Arana Arana, Salvador Caro Cabrera, Gumercindo
Castellanos Flores (rúbrica), Hilda Ceballos Llerenas, Yulenny Cortés
León, Carlos Cruz Mendoza, Juan José Cuevas García
(rúbrica), Ana Estela Durán Rico, Alberto Esquer Gutiérrez,
Clara Gómez Caro, Joel González Díaz, Gustavo González
Hernández, Olivia Guillén Padilla, David Hernández
Pérez, José Luis Iñiguez Gámez (rúbrica),
Jorge López-Portillo Basave, César Madrigal Díaz (rúbrica),
Leoncio Morán Sánchez, María Joann Novoa Mossberger
(rúbrica), José Padilla López, Ana Elia Paredes Arciga
(rúbrica), Pedro Peralta Rivas, Francisco Ramírez Acuña,
Felipe Rangel Vargas (rúbrica), María Esther Sherman Leaño,
Ignacio Téllez González (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano,
Arturo Zamora Jiménez.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DEL ISSSTE A LIBERAR A TRAVÉS DE SU ÓRGANO
DESCONCENTRADO PENSIONISSSTE LOS RECURSOS DE LAS CUENTAS INDIVIDUALES ASIGNADAS
A LOS PENSIONADOS POR ESE INSTITUTO, A CARGO DEL DIPUTADO ONÉSIMO
MARISCALES DELGADILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Onésimo Mariscales Delgadillo, en nombre propio, como diputado federal a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo para que se exhorte respetuosamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, con base a los siguientes
Antecedentes
1. Los sistemas de pensiones constituyen el núcleo fundamental de la protección social. Al determinar el nivel de millones de ciudadanos y desempeñar un papel económico decisivo no pueden ignorarse los retos a que se enfrentan estos elementos esenciales.
2. Es cierto que los sistemas de pensiones deben cumplir funciones sociales y económicas. Las funciones sociales fundamentales son: a) asegurar el ahorro necesario para financiar los niveles de consumo satisfactorio durante la vejez, invalidez y sobrevivencia; b) contribuir a la equidad mediante la solidaridad con quienes con quienes no están en condiciones de ahorrar para la vejez. Dentro de las funciones económicas se incluyen entre otras: contribuir al ahorro financiero y al desarrollo de los mercados de capitales.
3. Hace más de dos años y medio, el ISSSTE enfrentó el principal reto de su historia, que fue el ver nacer una reforma integral misma que agrupó servicios y prestaciones, pero que al mismo tiempo, garantizaba la viabilidad y sustento económico no tan solo del propio Instituto, sino del país y los asegurados.
4. La Ley del ISSSTE considera un denominado bono de pensión (bono de reconocimiento), consistente en la creación de una cuenta personal con un depósito inicial equivalente al valor presente neto de la pensión a la que tienen derecho los trabajadores; cuando se retire su pensión será igual al bono de reconocimiento más lo depositado durante el resto de sus años cotizantes y los intereses generados hasta entonces. Asimismo, el monto se definirá en apego a una tabla que toma en cuenta factores como los años de cotización, edad del trabajador y su sueldo básico mensual elevado al año y expresado en unidades de inversión.
5. Derivado de lo anterior y contemplado en la misma ley, se creó el órgano público desconcentrado del ISSSTE, denominado Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (Pensionissste) dotado de facultades ejecutivas, con competencia funcional propia y quien tendrá a su cargo la administración de los derechos pensionarios de los trabajadores que opten por no recibir el bono de pensión, las reservas que se constituyan para cumplir el pago de beneficios y la prestación de servicios, la administración de las cuentas individuales de quienes no elijan administradora, y establecer las estrategias de inversión de los recursos depositados en él, donde también cobrará comisiones por dicha administración.
5. Asimismo, en materia de pensiones se señalaba que la pirámide generacional al haberse invertido, es decir con la existencia de cada vez mayor número de trabajadores jubilados y menos activos por cada peso para el pago de nómina, 79 centavos provenían del subsidio federal.
6. Con la generosidad de ese instituto y de su principal fuente productiva: sus trabajadores; organizaciones sindicales y áreas de recursos humanos de todas las dependencias afiliadas, se llegó al segundo gran reto, hacer pernear entre los afiliados los beneficios que ésta ley traía consigo como lo es hacer patente la salvaguarda de su misión y conservar al Instituto como pilar de la seguridad social en México.
7. Con firmeza, podemos asegurar que el ISSSTE, con su la nueva ley, construyó bases sólidas y seguirá siendo satisfactor de necesidades y derechos sociales y constitucionales como lo son: la salud, las pensiones y prestaciones, los servicios sociales y culturales.
8. Sin embargo, para que todo lo antes expuesto se refleje en la realidad de cada persona jubilada y pensionada por el ISSSTE, debe resolverse la incongruencia hasta ahora generada de quienes optaron la opción de elegir al "régimen de cuentas individuales" establecido en la ley vigente.
9. Toda vez, que la mayoría de los trabajadores afiliados al Instituto y que a partir del mes de diciembre de 2008 entraron en la etapa de jubilación, a la fecha no han cobrado un solo peso, no han cobrado un solo mes, una sola quincena, es más nada desde que eligieron la opción de cuentas individuales para retirarse.
10. Las razones que dichas personas han recibido hasta el momento son de las más variadas que podamos imaginar, desde que son problemas técnicos hasta la falta de un reglamento (que fue publicado el 21 de julio de 2009, en el Diario Oficial de la Federación), pasando por la imposibilidad del organismo denominado Pensionissste que fue creado para administrar los recursos y el responsable de que no se liberen los mismos.
Por lo expuesto, solicito, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorte respetuosamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través de su órgano desconcentrado denominado Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (Pensionissste), para que explique y realice la liberación de recursos de cada una de las cuentas individuales asignadas a las personas que son pensionadas por ese instituto.
Segundo. Se exhorte a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, para que intervenga y contribuya a que Pensionissste realice en tiempo y formas la liberación de recursos de cada una de las cuentas individuales asignadas a las personas pensionadas por el Instituto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputados: Onésimo
Mariscales Delgadillo (rúbrica), José Luis Marcos León
Perea (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins, Rogelio Díaz Brow
Ramburg (rúbrica), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica),
Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Jesús Alberto Cano
Vélez (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA UNA COMISIÓN ESPECIAL CON LA FINALIDAD DE DAR CUENTA Y ATENCIÓN
DE LA PROBLEMÁTICA QUE AQUEJA A LA CUENCA DEL SISTEMA CUTZAMALA,
A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ IGNACIO PICHARDO LECHUGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales del estado de México y Michoacán, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, presentan ante la honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, que tiene como finalidad hacer un exhorto a la Junta de Coordinación Política para que se forme una comisión especial con el objetivo de dar cuenta y atención de la problemática que aqueja a la cuenca del sistema Cutzamala y presentar las recomendaciones apropiadas, sustentadas en las siguientes:
Consideraciones
I. El sistema Cutzamala: espacio geográfico y condición actual de sus subcuencas
De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología (INE, 2009), el sistema Cutzamala (SC) es "…el conjunto de obras de infraestructura hidráulica que se encarga de dotar a la ciudad de México de agua potable desde 1982. Dicho sistema se compone principalmente de siete presas: Tuxpan, El Bosque, Colorines, Ixtapan del Oro, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo…" (figura 1).
De acuerdo con el INE (op. cit.), el conjunto de las seis subcuencas que abastecen a las siete presas tiene una superficie prioritaria de 339 637 ha; la presa Tuxpan abarca la mayor superficie con un 35%, Villa Victoria 18%, Valle de Bravo 16%, Chilesdo-Colorines 14%, El Bosque 13% e Ixtapan del Oro 4%.
El volumen total de almacenamiento de agua del SC es de 807.23 Millones de metros cúbicos (Mm3), de los que la presa Valle de Bravo tiene capacidad de hasta el 49%, El Bosque 25%, Villa Victoria 23%; las otras cuatro presas completan el 3% de la capacidad de almacenamiento total. Las tres presas citadas son las únicas almacenadoras, el resto son derivadoras. Cabe señalar que todas las presas excepto Chilesdo, tienen una edad de entre 52-67 años de construidas; originalmente se destinaron para la operación del Sistema Hidroeléctrico Miguel Alemán que operó desde 1944 a 1982. Ese año entró en operación la primera etapa del Sistema de Abasto de Agua Potable Cutzamala. Asimismo, es pertinente señalar que de acuerdo al nivel máximo ordinario (Namo) que se registra en cada presa, el embalse de Colorines es el más bajo con 1629.39 metros sobre el nivel del mar (msnm), mientras que el más alto es la presa Villa Victoria con 2558.96 msnm (tabla 1).
La distribución de superficie por sección alta, media y baja de las subcuencas, indica que más de la mitad de la superficie total corresponde a la cuenca alta (56.42%), casi un 41% a la parte media y sólo un 3% para la parte baja; es decir, que la gran mayoría de la superficie de las subcuencas, el 97%, corresponde a las fracciones alta y media, las cuales fueron objeto de estudio por el INE.
En general las seis subcuencas que comprenden al Sistema Cutzamala aún conservan casi el 50% de cobertura forestal, subdividida en 39% de vegetación primaria y 9% de vegetación secundaria. La superficie agropecuaria visible, abarca justo el 50% de todas las subcuencas, subdivididas en uso agrícola y pastizales inducidos y cultivados. Las áreas urbanas y cuerpos de agua apenas llegan a ocupar el 2% de toda el área. Como se verá más adelante la superficie forestal de todas las subcuencas fue superior al 50% del total hasta 1960. De entonces para acá el cambio de uso del suelo, es decir, la ampliación de la superficie agropecuaria ha disminuido las áreas boscosas, responsables de la infiltración de la precipitación.
El cambio de uso del suelo, así como la deforestación selectiva de la vegetación primaria ha dado lugar a que se tengan identificadas, casi 90 000 hectáreas con erosión significativa, esto es, cárcavas, canalillos y pérdida de suelo productivo en terrenos agropecuarios. Ello es indicativo de la urgente necesidad de trabajar en sistemas de conservación de suelo y agua, así como en la reconversión hacia el uso forestal de estas áreas, con el propósito de regularizar la situación climática regional, la humedad y evapotranspiración regional; una mayor regularidad del régimen de lluvias; una mayor capacidad de retención e infiltración del agua de lluvia, y fundamentalmente, la conservación del suelo para evitar su desplazamiento hacia las presas y canales, mejorando así la cantidad, permanencia, cosecha y calidad del agua del sistema.
El INE (2009), al hacer una evaluación por subcuencas en el tema de erosión, señala que existen tres subcuencas con niveles preocupantes: Chilesdo-Colorines (54%), El Bosque (47%) y Valle de Bravo (46%), si bien en este último caso, el "Diagnóstico de la Cuenca Valle de Bravo" elaborado por el IMTA (2005) establece que los niveles de erosión significativos para esta subcuenca (alta y muy alta) llegaría a un máximo de 13 890 ha, (23%), justo la mitad de lo que señala el INE.1 Las subcuencas con menos erosión, de acuerdo al estudio citado, son Tuxpan 8.5% y Villa Victoria (8%); sin embargo el Colpos (2007)2 reporta para la subcuenca Villa Victoria que la erosión severa y muy severa, ascienden en conjunto a 8 246 ha, equivalentes a 13%.
II. Calidad de agua de los embalses del sistema Cutzamala (presa Miguel Alemán y presa Villa Victoria), una deuda local
El estudio de calidad de agua realizado durante el año 1999 en ambos embalses muestra que ambos cumplen con los límites establecidos para fuentes de abastecimiento de agua potable, excepto en los parámetros de demanda química de oxígeno, nitrógeno total, fosfatos totales, clorofila y productividad primaria, dando como resultado una disminución de transparencias. No se observan diferencias notables en los tres niveles de profundidad con que se tomaron las muestras, lo que supone una columna de agua casi homogénea. Los datos observados identifican un aporte importante de contaminantes de nitrógeno y fósforo, tanto a partir de subproductos de agroquímicos, como de materia orgánica cruda que se descarga a los afluentes del embalse, sean basuras domésticas o aguas residuales crudas. La elevada concentración de diversos tipos de algas, señalan un ambiente eutrófico por exceso de nutrientes y materia orgánica en el agua, aunque el tiempo de residencia en el embalse y su dilución, permiten su uso para fines de potabilización.
Es pertinente señalar que se observó una mayor abundancia de los grupos planctónicos en el embalse de Villa Victoria que la de Valle de Bravo, incluso en la primera han sido comunes los "bloom" o surgencias de algas en los meses de enero, marzo y agosto, que pueden provocar muerte de peces, liberar toxinas (microcistinas) en el agua o sabores desagradables al agua para consumo humano. Para resolver esto se debe atacar el uso excesivo de fertilizantes en las zonas agrícolas, su lavado hacia los cauces y embalses, así como el tratamiento del agua que finalmente se descarga hacia las presas. En la medida que se haga esto, se ocasionarán menos problemas a la potabilización del agua, y el costo será menor.
Un estudio posterior para la presa Valle de Bravo (Garduño, 2009), en marzo de este año, detectó la presencia de poblaciones de diversos microorganismos que apuntan que se trata de un ambiente eutrófico.
La calidad microbiológica de las aguas de la presa está afectada por la entrada de bacterias de origen fecal que llegan por los afluentes. Esta situación se genera por el incremento de la población en los alrededores sin los servicios de tratamientos de aguas residuales, que hacen se concentren la materia orgánica y proliferen cianobacterias y enterobacterias. Esto queda demostrado por el análisis de la calidad del agua, en el río Tizates, por medio de la técnica de NMP, donde se registró que la cantidad de 11 000/100 ml de agua, con la presencia de enterobacter, edwardsiella y salmonella. Por tanto debe procurarse hacer campañas de disminución de entrada de materia orgánica al ambiente de embalse, que permita bajar las cantidades de nutrimentos en particular de nitrógeno y fósforo.
Un agua suficientemente tratada antes de que descargue a los embalses del Sistema Cutzamala, será un agua de mejor calidad y más económica en su potabilización.
III. Los orígenes del sistema hidrológico del Cutzamala: el sistema hidroeléctrico Miguel Alemán
El actual sistema Cutzamala, ubicado a más de 120 kilómetros de distancia de la ciudad de México, inició operaciones de abasto de agua para la ZMVM en 1982 (hace 27 años). Sin embargo su historia se remonta a 65 años, cuando en 1944 se inaugura la presa Villa Victoria, y posteriormente la presa Miguel Alemán, como parte del Sistema Hidroeléctrico Miguel Alemán.
El emplazamiento de la subcuencas del sistema Cutzamala se ubica prácticamente en los límites del estado de Michoacán y Estado de México, donde coinciden dos importantes áreas naturales de carácter federal: 1) el "Área de Protección de Recursos Naturales", en una superficie de 143 878 ha, decretada en junio de 2005,3 2) reserva de la biosfera Mariposa Monarca, decretada el 10 de noviembre de 2000, cubriendo una superficie de 56 259 ha, áreas que actualmente contienen aún una significativa riqueza forestal y que seguramente, hace más de 60 años tenían una mejor cobertura forestal y en consecuencia un mejor funcionamiento hidrológico.
Como ejemplo, la Coordinación de Estudios y Proyectos Especiales de la Secretaría del Medio Ambiente (antes Ecología) en 2007, elaboró un modelo retrospectivo de la subcuenca Amanalco Valle de Bravo, partiendo de una superficie de 77 651ha. Estimó que para el año de 1950 esa subcuenca tenía una cobertura forestal de 86%, agropecuaria de 10% y erosión de 1.06%; para el año 2002, 52 años después, la cubierta forestal era 55% (es decir disminuyó en 23 829 ha), la agropecuaria 34% (creció en 18 187 ha) y la erosión de 8% (aumentó en 5 307 ha). Es decir, el suelo con cobertura forestal había disminuido a una tasa anual de 458 ha/año, el uso agropecuario se había extendido a razón de 350 ha/año y la erosión evidente había crecido en 102 ha/año; esto daría un reflejo de la intensidad del cambio de uso del suelo experimentado en otras regiones de la cuenca del Cutzamala.
De 1944 a 1957 se construyeron seis presas siguiendo el modelo aplicado por la autoridad del Valle del Tennessee, EUA, para el control y aprovechamiento del agua bajo el concepto de "manejo de cuencas". En cuanto a las presas, el Sistema comprende, como ya se dijo, dos embalses construidos en Michoacán (Tuxpan y El Bosque) y cinco ubicados en el Estado de México.
Allende fronteras, a más de 150 kilómetros de distancia de esta región, se ubica la Zona Metropolitana del Valle de México y la capital del país, en el DF. Las necesidades crecientes de agua para un área que concentra en la actualidad aproximadamente 20 millones de habitantes y casi el 30% del producto interno bruto nacional, dieron lugar a que en los años 40s se ocuparan, primero, los manantiales de Xochimilco; en los cincuenta inició la explotación de los manantiales y acuífero del Río Lerma en el Valle de Toluca, y a inicios de los setenta iniciaron los trabajos prospectivos para ubicar nuevas fuentes de agua.
En 1982 se hace la transferencia de la entonces Comisión Federal de Electricidad a la Comisión de Aguas del Valle de México de la mayor parte de la infraestructura hidroeléctrica instalada, para iniciar una de las obras más grandes de Latinoamérica el sistema Cutzamala. Sólo se tuvo que construir una presa más, la Chilesdo para evitar mayores volúmenes de descarga hacia la presa Colorines provenientes del río Malacatepec, reduciendo costos de operación, ya que el tirante de bombeo en este punto es de 275 metros y en la presa Colorines es de 980.
Otras obras adicionales fundamentales son la planta potabilizadora de los Berros con capacidad de hasta 19 metros cúbicos por segundo; una importante red de ductos, túneles y canales para el transporte de agua dentro del sistema; subestaciones eléctricas; torres de oscilación y plantas de bombeo así como el acuaférico y el microcircuito, que envían el agua hacia el Distrito Federal y municipios mexiquenses en el Valle de México; laboratorio de análisis; y, el cerebro central conocido como Centro de Control Supervisorio.
Inició la primera etapa del Sistema en 1982, aportando 4 metros cúbicos por segundo de la presa Villa Victoria; la segunda etapa en 1985, cuando se incorpora el abasto de agua de la presa Miguel Alemán en Valle de Bravo con un gasto promedio de 6 metros cúbicos por segundo. La tercera etapa comprende los subsistemas Chilesdo y Colorines, interconectados a su vez con la presa derivadora Tuxpan y la almacenadora El Bosque, y la presa Ixtapan del Oro, para aportar hasta 9 metros cúbicos por segundo, que sumados a los 10 metros cúbicos por segundo de las dos primeras etapas hacen un total de 19 metros cúbicos por segundo (Conagua, 2007, pág. 25)
En síntesis el sistema Cutzamala consta de:
IV. La problemática
El mes de julio de 2009, ha sido el segundo julio más seco en los últimos 68 años (1941-2009). En cuanto a lluvias, en 2009 ha llovido el 82% del promedio histórico, y en particular en el área del Cutzamala, ha llovido un 74% del mismo histórico, por eso la escasez del líquido.
En los últimos 10 años, el promedio de agua del sistema Cutzamala entregado por la Conagua es de 14.7 metros cúbicos por segundo, subdivididos en 9.0 metros cúbicos por segundo para abastecer al 27.3% del agua de la ciudad de México; y 5.7 metros cúbicos por segundo para el Estado de México, 19.7% del agua que utilizan los municipios metropolitanos del Valle de México. En conjunto abastece a alrededor de 5 millones de habitantes, incluyendo una dotación cercana a 1 metros cúbicos por segundo para el Valle de Toluca (Toluca, Lerma y Ocoyoacac). Sin embargo, en los meses recientes de 2008 y el presente año 2009 se ha dado una larga temporada de escasez de lluvias, lo que ha motivado a que tanto la autoridad federal (Conagua), como los sistemas operadores estatales, Comisión de Agua del Estado de México y Sistema de Aguas de la Ciudad de México establezcan un esquema de coordinación muy estrecho para paliar las necesidades de agua de estos dos años, e incluso para prever el estiaje de 2010. Asimismo, es digno de reconocer las diferentes campañas que cada dependencia ha lanzado para concientizar a la población sobre el riesgo real del déficit de abasto de agua; sin embargo, no se ha hecho lo suficiente para tener una más eficiente administración del agua; corrección de fugas, particularmente, y el pago del costo real del agua y de su tratamiento. En los dos años anteriores el Estado de México ha establecido un instrumento financiero para la compensación ó pago del servicio ambiental de las cuencas generadoras de agua, para recuperar y conservar la capacidad hidrológica de las mismas.
Al 12 de agosto de 2009 el nivel de la presa Valle de Bravo era de 196 Mm3, equivalente al 49.7% de la capacidad total de almacenamiento de la presa y al 68.8% del promedio histórico de los últimos 14 años, para dicha fecha. La presa Villa Victoria, para el mismo 12 de agosto, contaba con 40.8 Mm3, apenas el 22% de su capacidad total y al 38% del promedio de los últimos 14 años. La presa El Bosque, para la misma fecha contenía 91 Mm3, equivalente al 45% de su capacidad total de almacenamiento y al 90% del promedio histórico para esa fecha. De la presa Valle de Bravo se están extrayendo 6,8 metros cúbicos por segundo, de la de Villa Victoria 2.4 metros cúbicos por segundo. De la presa de El Bosque, se suspendió la extracción de agua a partir del 15 de mayo hasta el 15 de Septiembre de este año, debido a diversas obras de mantenimiento y desazolve. En conjunto para el 12 de agosto, los 327.9 Mm3 de almacenamiento representaron el 41.9% de la capacidad total de almacenamiento. La Conagua estima que al 30 de septiembre se tenía apenas casi el 55% de la capacidad total de almacenamiento del sistema.
Otro problema que presenta el sistema, es la extracción ilegal de agua de canales y tuberías. Adicional a esto, las fugas y falta de mantenimiento provocan la pérdida de hasta 4 metros cúbicos por segundo en el sistema. En un recorrido de las presas Tuxpan-El Bosque-Colorines, se registraron más de ochocientas tomas clandestinas, desde media pulgada hasta 6" de diámetro.
Por su parte los prestadores de servicios turísticos en Valle de Bravo exigen mantener la cota de agua del lago, en el nivel de 1823 metros para poder seguir llevando a cabo sus importantes actividades económicas.
Los problemas y factores que afectan a la conservación de la cuenca, obedecen a diferentes componentes y actores. Se tiene que trabajar en la aplicación efectiva de la Ley, en la protección de la zona federal de los ríos y la presa; en la ejecución y supervisión de los aprovechamientos forestales autorizados; en el combate a la tala clandestina; en la prevención y combate de incendios; en el respeto al uso y destino del agua, así como en el cumplimiento de la asignación de concesiones de uso de agua; en la instalación de sistemas de drenaje sanitario y pluvial separados; en el tratamiento de las aguas residuales y en el manejo adecuado de las basuras municipales. Un elemento fundamental para recuperar la cuenca es la corresponsabilidad; cada uno debe asumir con plena convicción y compromiso el papel que le toca en la aplicación del plan municipal de desarrollo urbano, en el pago de sus tributaciones y derechos; en el ahorro del agua, en la separación de origen de residuos, en el composteo de los residuos orgánicos, y en una actitud de mayor colaboración hacia la recuperación forestal de la cuenca.
Al congreso de la Unión corresponde la asignación de los recursos presupuestales necesarios, la supervisión de los trabajos correspondientes y la atención a las demandas de la población de las zonas urbanas usuarias como la de las cuencas productoras del agua.
V. Acciones prioritarias
A reserva de lo que determinen los integrantes de esta comisión especial, en caso de que no sea aprobada, se considera, de manera preliminar, que las siguientes son algunas acciones que deben someterse a la consideración de los diputados de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
2. Que los municipios de la Región cumplan con el desarrollo y aplicación de los programas municipales de residuos municipales.
3. Desarrollar un programa de mantenimiento, limpieza de basuras, y podas y derribos preventivos de arbolado en las carreteras y barrancas.
4. Impulsar la reconversión forestal de áreas agropecuarias abandonadas y erosionadas, así como especialmente aquéllas que tienen pendientes mayores a 30º.
5. Para el tema agropecuario: promover la instalación de cercos vivos, terrazas en contorno, abonos verdes, cultivos múltiples integrados, uso de composta, entre otros.
6. Ordenar la actividad de acuacultura en la región. Incrementar los esquemas de transformación, conservación y comercialización de los productos derivados de la acuacultura.
7. En el tema de planeación: incorporar la Coordinación y análisis de los diferentes programas de manejo de otras áreas protegidas estatales, así como los esquemas de ordenamiento y planes rectores de ordenamiento y conservación existentes en la zona.
8. Mayor participación de la sociedad civil en la organización del Consejo de Cuenca del Valle de México y de las Comisiones de Cuenca; mayor intervención de la sociedad en las decisiones de estos órganos.
9. Evitar las fugas y extracción clandestina de agua de los canales de la Conagua, incluso con un pago compensatorio por parte de la Conagua a campesinos que pudieran verse afectados por el no riego, asimismo, tecnificar el riego.
10. Que la plantación del programa especial de reforestación para las subcuencas del sistema Cutzamala, inicie en el año 2010. Este año llevar a cabo la concertación y las obras de preparación de suelo.
11. Se deben impulsar los proyectos de cosecha de agua pluvial; asimismo, se debe de ordenar el uso indebido del agua, evitando salidas de agua de la cuenca; se deben atacar las tomas clandestinas de agua y resolver la problemática de la Unidad de Riego de Capilla Vieja.
12. Se deben de impulsar acuerdos que beneficien a la población a través de la Cámara Federal de Diputados; asimismo, debemos de trabajar en la recuperación de pozos de la parte alta de la cuenca de la presa Villa Victoria.
13. Debe haber mayor transparencia en los datos de entrada y salida de agua a las presas; debe lograrse más equidad en el uso y en el pago del agua en el Distrito Federal y se debe de incrementar el esquema de pago por servicios ambientales para los dueños del bosque, para asegurar la conservación del agua.
14. La conservación y protección del agua debe ser una política de Estado plural. Se debe trabajar en la modernización y corrección de fugas en las redes de distribución.
Único. Se hace un atento exhorto a la Junta de Coordinación Política para que se forme una Comisión Especial con la finalidad de dar cuenta y atención de la problemática que aqueja a la cuenca del sistema Cutzamala.
Notas
1. Semarnat-Gravamex-IMTA. 2005. Diagnóstico
de la cuenca Valle de Bravo. Página 21: Erosión alta
(50 a 200 ton/ha/año) 8,901ha 14.46%; Muy alta (mayor de 200 ton/ha/año)
4,989.15 ha 8.11%.
2. Colegio de Postgraduados. 2007. Programa de Obras
y Acciones para la Preservación de la Cuenca Villa Victoria, Estado
de México. Conagua-IMTA. 146 pág.
3. Obedece a una recategorización de la zona protectora
forestal de las cuencas de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec,
Tilostoc y Temascaltepec, estado de México, para proteger los bosques
y caudales del sistema hidroeléctrico, decretada por el gobierno
federal en octubre de 1941.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputados: Ignacio Pichardo
Lechuga (rúbrica); Jeny de los Reyes Aguilar, Alfonso Navarrete
Prida, Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Andrés Aguirre
Romero, Armando Corona Rivera, Andrés Massieu Fernández,
José Alfredo Torres Huitrón, J. Eduardo Yáñez
Montaño, Jorge Hernández Hernández, Miguel Ángel
Luna Munguía, Rodrigo Reyna Liceaga.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DEROGAR EL ACUERDO DE LA SCT POR MEDIO
DEL CUAL SE FIJAN LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LAS
PLACAS Y CALCOMANÍAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR, ENTRE OTROS
DOCUMENTOS, Y EMITIR UN NUEVO ACUERDO QUE GARANTICE QUE DICHOS DOCUMENTOS
SEAN ELABORADOS POR LA INDUSTRIA NACIONAL, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA
CRISTINA DÍAZ SALAZAR Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
Los que suscriben, María Cristina Díaz Salazar, Benjamín Clariond Reyes Retana y Jorge Juraidini Rumilla, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 72, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a derogar el acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por medio del cual fijan las características y especificaciones de las placas y calcomanías de identificación vehicular, entre otros documentos, y fija el control y registro de las empresas fabricantes de dichos documentos, y que se emita un nuevo acuerdo que garantice que estas placas y documentos sean elaborados por la industria nacional, por razones de seguridad, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Estamos plenamente convencidos que las normas jurídicas deben de ser respetadas plenamente en un Estado de Derecho, por todos quienes estamos obligados a ello, gobernantes y gobernados, pero sobre todo por quienes tiene la obligación de vigilar su puntual cumplimiento, la autoridad. Menciono lo anterior con el objetivo de alertar sobre la intención del gobierno del presidente Calderón de darle un nuevo golpe a la industria mexicana.
En los últimos años, sobre todo en la anterior administración y la presente, es por todos sabido que diversas industrias mexicanas como la textil y del calzado, entre otras, han visto su ruina en nuestro país consecuencia de una apertura económica desmedida y no de un intercambio comercial, donde fuera posible que nuestros productos en igualdad de condiciones pudieran venderse en otros países que hábilmente cierran sus fronteras, sin que se tenga las respuesta a estas conductas por demás nocivas de un mundo globalizado y de competencia leal. Los acuerdos comerciales, una realidad del comercio globalizado de la época moderna, no deben de ser pretexto para la inmovilidad ante conductas nocivas que afectan los Estados nacionales. La nación siempre debe de estar por encima de cualquier interés privado.
En un marco tan complejo como el que rige la globalización comercial, la autoridad siempre debe estar atenta al estricto cumplimiento de la normatividad para evitar conductas que pongan en riesgo las industrias y los mercados nacionales, que afectan el empleo y el crecimiento de la industria, ya que al final ello se traduce en bienestar para los mexicanos; en posibilidad de mejoras en su calidad de vida. Por ello la autoridad debe de estar atenta a su cumplimiento y sobre todo a la estricta observancia por parte de la autoridad encargada de su aplicación y en su caso vigilancia.
Es por ello que se hace aún más necesario que se cumpla con la legalidad en los procesos de de apertura económica, que permita una libre concurrencia en igualdad de condiciones y con ello en verdad fomentar el desarrollo y el crecimiento del país. Debemos armonizar las políticas públicas posibles, las necesarias, y aún las deseables, por lo que se debe de proteger y alentar la inversión y el empleo, por medio del fortalecimiento de aquellos quienes lo producen, que son los muy diversos sectores de la producción, sobre todos aquellos quienes se han comprometido con el país. Aquellos que ven en la inversión más que una oportunidad de negocio y que ven en sus inversiones un medio para repartir la riqueza nacional, en un esquema de ganara-ganar.
Se comenta lo anterior por que a la fecha el Ejecutivo Federal por medio de la Dirección General de Autotransporte Federal dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha otorgado Registro como fabricante de placas y calcomanías para el control vehicular a la empresa china Cangnan Riwong Craft Logo Co. Ltd. Con tal gestión se afecta gravemente a este sector industrial poniendo en riesgo 5,000 empleos, 3 mil directos y 2 mil indirectos, en esta área en específico de producción, sin considerar los efectos nocivos que se tiene por que resulta evidente que con ellos se ve afectada también la industria acerera nacional.
Es importante indicar que el Articulo Décimo Octavo inciso i), del Acuerdo mediante el cual se fijan las características y especificaciones de las placas metálicas, calcomanías de identificación entre otros documentos, específicamente señala:
Comprobación de la capacidad y métodos de resguardo de la producción y de su seguridad…"
Este proceso de verificación anual, que se lleva a cabo a la industria nacional que no se ha llevado a cabo a la empresa de origen extranjero anteriormente mencionada, lo cual constituye un evidentemente un trato discriminatorio para la industria nacional.
La industria nacional tanto acerera, como la dedicada en especifico a la elaboración de placas, a través de los años ha invertido en tecnologías y materiales de la más alta calidad, de acuerdo a los estándares nacionales para brindar productos que han permitido establecer y actualizar los padrones de control vehicular de manera confiable atendiendo a los requerimientos que en materia de seguridad son indispensables, es por ello el grave riesgo que existe en que una empresa extranjera pueda realizar la fabricación de este tipo de documentos oficiales de identificación vehicular, y sobre todo sin que sea comprobada su capacidad moral, técnica y productiva. Es así el asunto de seguridad, para nuestro país un tema fundamental a considerar en la emisión de la normatividad vinculada con este tipo de documentación. Cada vez es más frecuente la falsificación de documentación, y aún de las placas mismas, por el crimen organizado para cometer todo tipo de delitos.
Por ello se considera de extrema gravedad que este tipo documentación y de trabajos industriales que son claramente de interés nacional, de seguridad para la nación sean concedidas a industrias de origen extranjero, sobre todo si se cuenta con sectores industriales nacionales plenamente probados con la capacidad y recursos necesarios para su elaboración. Lo anterior es en sí mismo graves, pero lo es más cuando se presume que el otorgamiento de dicho los permisos y registros correspondientes incumplen con la normatividad que actualmente rige esta actividad como lo es la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2000, o que al menos no son lo suficientemente transparentes., y que por su delicadeza deben de llevarse a cabo estos procesos de otorgamiento de permisos, registros y producción con la más escrupulosa vigilancia a que obligan la normatividad vigente.
Sabemos que la normatividad que establece las características y especificaciones de las placas metálicas, calcomanías de identificación y revalidación, y tarjetas de circulación para los diferentes tipos de servicio que prestan los automóviles, autobuses, camiones, motocicletas y remolques matriculados en la república mexicana, así como la asignación de la numeración correspondiente a cada entidad federativa y disposiciones para su otorgamiento y control, así como de la licencia federal de conductor, emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, van en el mismo sentido de contar con un mecanismo de control a nivel nacional, que distinga con toda claridad las regiones y tipos de servicios, así como su control individualizado, como elementos de seguridad indispensables en la prestación de un servicio de origen público, que responde al interés colectivo. Por ello cuando se incumple con la normatividad, o se sacrifica seguridad en aras de un beneficio particular, por muy legitimo que este sea, estamos ante un problema que debe de ser abordado con la mayor seriedad por quienes desde la responsabilidades públicas tenemos una obligación para con nuestros gobernados.
Esta Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2000 sabemos ya resulta obsoleta, por lo que es necesario una rigurosa revisión para su actualización y que responda a los retos que como nación tenemos en la materia, y que nos permita también por otro lado hacer frente a la falta de normatividad internacional en la materia, que en ocasiones es aprovechada por la industria extranjera, para penetrar a mercados nacionales en esquemas de competencia desleal, aprovechando ventajas competitivas internacionales en perjuicio de los mercados nacionales provocando desplazamientos de la industria nacional ocasionando desempleo y otras distorsiones económicas internas.
Sabemos que los poderes públicos han venido haciendo el mayor de los esfuerzos por combatir la inseguridad, como lo fue Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado por el presidente Felipe Calderón y los mandatarios de todas las entidades del país y el compromiso es mantener actualizado el Registro Público Vehicular implementado a nivel nacional, cuyo propósito también es el de disponer de información nacional sobre vehículos así como de otorgar seguridad pública y jurídica a los actos que se realicen con vehículos que circulen en territorio nacional, mediante la identificación y control, además de brindar servicios de información al público. o bien en este mismo sentido de parte del Congreso de la Unión la emisión de la Ley general que crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Ley de la Policía Federal; la Ley Federal de Extinción de Dominio, etcétera, donde se contempla programas de seguridad relacionados con el control vehicular, con procesos novedosos de concentración de información y aditamentos que amplíen esta seguridad, en todos los casos diseñados por instituciones mexicanas por, por ejemplo en la elaboración de chip, de seguridad, en que participaron en su elaboración, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico de Monterrey. Elemento de extrema seguridad en manos de mexicanos, ya sea del sector público o privado, pero por su importancia siempre mexicanas.
Con lo anterior solo queremos dejar de manifiesto, que no solo se está afectando gravemente a un sector de la industria nacional, como son las acereras nacionales y quienes se dedican a la elaboración de las placas y la documentación relacionada con el control vehicular, se afecta también de manera directa al empleo que ésta genera, pero sin duda lo más es que se afecta directamente la seguridad de los mexicanos. Por ello se reitera consideramos que estos sectores de la producción tan delicados, como el de las placas, los registros y todos aquellos documentos relacionados con el transporte vehicular, deben de estar en manos de las industrias nacionales y además controladas estrictamente por el Estado Mexicano.
Ya tuvimos una mala experiencia con el registro vehicular en manos de personas que no tienen un compromiso con México, y pusieron en riesgo la seguridad de los mexicanos. No debemos correr nuevamente ningún riesgo, en este sentido por lo que se debe de garantizar que sea la industria nacional quien elabore estas placas y la totalidad de la documentación para el transporte vehicular.
Por lo expuesto, sometemos a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo Federal a derogar el acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por medio del cual fijan las características y especificaciones de las placas y calcomanías de identificación vehicular, entre otros documentos, y fija el control y registro de las empresas fabricantes de dichos documentos, y que se emita un nuevo acuerdo nuevo acuerdo que garantice que estas placas y documentos sean elaborados por la industria nacional, por razones de seguridad.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a vigilar, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en tanto se emite el nuevo acuerdo, la puntual aplicación del vigente.
Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal a llevar a cabo una profunda revisión y la actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2000, a fin de que responda a las necesidades actuales del país.
Cuarto. Se solicita al Poder Ejecutivo que informe a esta honorable Cámara de Diputados si a la fecha ha otorgado concesiones, permisos o cualquier otro medio, por el que se lleve a cabo la producción de placas y documentación diversa relacionada con el control vehicular a empresas de origen extranjeras.
Quinto. Se solicita a la Presidencia de esta honorable Cámara de Diputados que el presente punto de acuerdo sea turnado a las Comisiones de Transportes, y de Economía, para su dictamen.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputados: María Cristina Díaz Salazar,
Benjamín Clariond Reyes Retana, Jorge Juraidini Rumilla (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEDESOL A QUE EL PROGRAMA 100 X 100 SEA EJECUTADO EN COLABORACIÓN
CON LOS PRESIDENTES MUNICIPALES Y QUE SE CONTRATE PERSONAL LOCAL PARA REALIZAR
LAS OBRAS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ISABEL PÉREZ SANTOS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, María Isabel Pérez Santos, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía un punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones
El Ejecutivo federal estableció, en 2006, como parte de su estrategia de desarrollo humano el programa 100x100. Este programa tiene como objetivos oficiales abatir las condiciones de pobreza extrema que viven los municipios con mayor rezago en el país, con apoyos en pisos firmes, baños ecológicos, previsión de agua potable, entre otros. Metas loables en principio, pues efectivamente, de los 487 municipios con población mayoritariamente indígena, 70 por ciento de ellos se consideran como de muy alta marginación de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
En Veracruz, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), este año se atienden 15 municipios con los mayores rezagos en la entidad; la mayor parte de ellos indígenas.
Si bien es cierto que se reconoce como oportuna la intención de mejorar la calidad de vida de las personas a través del mejoramiento de su vivienda y de la infraestructura social básica y de comunicaciones, es necesario hacer hincapié en tres puntos que podrían dar mayor operatividad, eficiencia e impacto al programa en comento.
Nos referimos en primera instancia a los ejecutores del programa. Actualmente, en Veracruz quienes son los encargados de hacer llegar los apoyos a la gente son los "facilitadores", es decir, funcionarios de la Sedesol. Según el sistema federal que nos rige bajo los preceptos constitucionales, los municipios son la unidad básica y primordial de gobierno; por tanto, los presidentes municipales son quienes tienen el mejor conocimiento de las necesidades locales acerca de la distribución, programación y urgencia en las comunidades integrantes de sus municipios. Sin embargo, ellos son los últimos en enterarse de la metodología y programación de las acciones que llevan a cabo. Es una demanda generalizada por parte de los presidentes municipales estar en la posibilidad de coadyuvar con los funcionarios federales en la aplicación eficaz de este programa. Es necesario que distintos niveles de poder concurran en aras de que los recursos lleguen a quien más lo necesita.
Una segunda observación es acerca de la mano de obra empleada en la construcción de la infraestructura básica. Actualmente, nuestro país vive una situación crítica de desempleo, que ya suma para el mes de septiembre del año en curso, 6.41 por ciento de la población económicamente activa. Los efectos económicos y sociales son tan complejos como lamentables. Por ello, la propuesta va en el sentido de cambiar las reglas de operación del programa para establecer que se aprovechen los recursos humanos de las localidades beneficiadas y sean los mismos habitantes quienes construyan los pisos firmes, las letrinas y demás infraestructura básica. Esto incluso significaría un doble impacto, pues por una parte se dotaría a la gente con mejores viviendas y, por otra parte, se incentivaría el empleo temporal.
En el mismo sentido de las reglas de operación, esta soberanía hace un atento llamado a las autoridades encargadas del diseño de este programa a que tomen en cuenta que la mayoría de los beneficiarios no viven en las cabeceras municipales, donde son entregados, por ejemplo, los materiales para pisos firmes. En algunos casos deben viajar hasta seis horas hacia su cabecera municipal para poder recoger los materiales. Esto les genera un gasto muchas veces mayor que el monto del apoyo recibido por el programa, pues se ven forzados a pagar un trasporte privado para el traslado. Al respecto debe tenerse muy presente que la población objetivo es la más pobre de nuestro país; por tanto, sería pertinente prever la asignación de un monto específico de apoyo para hacer llegar los insumos correspondientes hasta las comunidades beneficiadas y no sólo en las cabeceras municipales.
La tercera observación es relativa a la aplicación del programa. Según lo establecido en los artículos 18, fracción V, y 28, fracción I, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, el material de promoción de los programas para el desarrollo social, deberán contener la leyenda "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido para fines distintos a los establecidos en el programa". En la práctica, esto no es así. En Veracruz, el pasado septiembre, el gobierno federal anunció que otorgará 10 mil pisos firmes a las comunidades del municipio de Zongolica. Este programa (al igual que muchos otros de apoyo social) es operado por candidatos perdedores a diputados federales, así como por candidatos a presidente municipal y un diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), en las mismas instalaciones del partido. Para nadie es desconocido en los municipios veracruzanos que los funcionario públicos de la Sedesol, cuyo cargo oficial es la de "facilitadores", son también movilizadores del PAN, y son quienes otorgan y operan los programas, visitando casa por casa ofreciendo los programas federales a cambio del voto.
Como este ejemplo hay muchos por todo el país, en una clara violación a un decreto presidencial, emanado del consenso de las distintas expresiones políticas representadas en la Cámara de Diputados, y en este sentido debe tenerse como único ánimo el contribuir al pleno desarrollo de nuestro país y no la creación de adeptos políticos. Conminamos por ello a las autoridades federales a una mejor aplicación de los recursos que la federación destina para mejorar la calidad de vida de miles de mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía los siguientes acuerdos:
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que se modifiquen las reglas de operación del programa 100x100 con la finalidad de que sea ejecutado en coadyuvancia con los gobernadores y presidentes municipales.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a que contrate a personal habitante de las comunidades y municipios donde opera el programa 100x100, en aras de incentivar el empleo local; que las constructoras de las regiones sean las beneficiadas con la compra de materiales y que dentro del apoyo otorgado, sea considerado el traslado de los insumos de las cabeceras municipales a las comunidades beneficiadas.
Tercero. Asimismo, que la operación y ejecución de dicho programa se cumpla efectivamente lo dispuesto en los artículos 18, fracción V, y 28, fracción I, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 27 de octubre de 2009.
Diputada María Isabel Pérez Santos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEGOB A DECLARAR ZONA DE EMERGENCIA LOS MUNICIPIOS DE SINALOA
AFECTADOS POR EL AZOTE DE LA TORMENTA TROPICAL Y A LIBERAR LOS RECURSOS
DEL FONDEN DE APOYO A LA POBLACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO GERMÁN
CONTRERAS GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Germán Contreras García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en nombre de los diputados priistas por Sinaloa, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A consecuencia del azote de la tormenta tropical Rick sobre las costas de Sinaloa, la madrugada del miércoles 21 del mes en curso, las poblaciones de los municipios de Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, El Rosario y Escuinapa se han visto seriamente afectadas.
Informes preliminares hablan de cuantiosos daños al sector de la agricultura, la ganadería y la pesca, además de daños en la infraestructura de turismo, de suministro de energía eléctrica, de agua potable, caminos vecinales y viviendas en perjuicio de miles de familias que habitan en los municipios señalados.
A consecuencia de las torrenciales lluvias que el fenómeno meteorológico referido dejó a su paso, comunidades enteras sufrieron deslaves, independientemente de que se desbordó el cauce de los ríos, originándose así inundaciones en asentamientos humanos localizados en las zonas de terrenos bajos de los municipios costeros.
Al respecto, se tiene el registro de que las comunidades de El Amole, Tarayes, Tenchoquelite, El Guayabo, Los Brasiles, Casa de Tejas y Los Tepehuanes prácticamente desaparecieron por al arrastre de las aguas del río Piaxtla, cuyo cauce se desbordó.
La situación es todavía más preocupante, ya que se desconoce el número exacto de damnificados, dado que las comunidades en referencia están a más de cuatro horas por carretera de la cabecera municipal de San Ignacio, cuyo paso por la afectación de las corrientes de agua es prácticamente inaccesible.
Por citar las afectaciones en el sector agrícola, los reportes indican daños en una superficie de 750 hectáreas con sembradíos de chile, con una pérdida promedio de 100 mil pesos por hectárea.
Aún más, en el renglón de la pesca, se tienen registradas pérdidas de enorme cuantía, por la desaparición de un alto número de embarcaciones menores, propiedad en su mayoría del sector social.
En la región geográfica del país conformada por los municipios referidos priva en estos momentos un panorama de desolación entre las miles de familias y productores del sector primario que han perdido hasta lo más indispensable.
Las autoridades del gobierno del estado y de los municipios han hecho y están haciendo bien su tarea, tanto en materia preventiva como de auxilio posterior a la población. Sin embargo, por la cuantía de los daños, los recursos asignados hasta hoy han sido insuficientes, de ahí la imperiosa necesidad de buscar el auxilio de la federación.
Apelo a la sensibilidad de todos ustedes para sumarnos a la causa de apoyo social donando al menos lo indispensable para llevar esperanza a la población afectada.
Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta asamblea, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que esta soberanía exhorte a la Secretaría de Gobernación a declarar zona de emergencia los municipios de Sinaloa afectados por el azote de la tormenta tropical, para que de esta manera sean liberados los recursos de apoyo a la población del Fondo Nacional de Desastres.
México, DF, a 22 de octubre de 2009.
Diputados: Diva Hadamira Gastélum
Bajo, Alfredo Villegas Arreola, Germán Contreras García (rúbrica),
Aarón Irizar López, Rolando Bojórquez Gutiérrez,
Óscar Javier Lara Aréchiga, Óscar Lara Salazar, Rolando
Zubia Rivera, Óscar Levín Coppel, Miguel Ángel García
Granados.
La que suscribe, diputada María Antonieta Pérez Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, solicita de manera respetuosa a esta Presidencia tenga a bien formular una excitativa a la Comisión de Energía, a efecto de que se elabore a la brevedad posible el dictamen correspondiente a la iniciativa que reforma la fracción I del decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Con fecha 30 de abril de 2008 se presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.
2. La iniciativa tiene como finalidad la homologación en los cambios de horario entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, por lo que se busca establecer un horario de excepción en Ciudad Juárez, modificando la fracción I del decreto del primero de marzo de 2002, para que los cambios en el horario de verano se realicen desde las dos horas del segundo domingo de marzo y concluya a las dos horas del primer domingo de noviembre.
3. El presidente de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa de reforma a la Comisión de Energía.
Consideraciones
1. El horario de verano (HV) es una medida que consiste en adelantar el reloj una hora durante la parte del año en la que se registra mayor insolación, es decir, en el periodo con mayor duración de luz solar, fenómeno que se debe a la inclinación del eje de la Tierra y su movimiento de traslación. Así, en junio se presentan los días más largos del año en el hemisferio norte y en diciembre en el hemisferio sur.
2. En el caso de México, el horario de verano logra reducir el consumo de energía eléctrica en la iluminación de más de 23 millones de hogares, sobre todo en las horas de mayor demanda de electricidad (en las primeras de la noche).
3. En este sentido, el horario de verano reduce diariamente en una hora la demanda máxima de electricidad, lo que permite diferir las inversiones que deben realizarse para poder satisfacer las crecientes necesidades de energía eléctrica.
4. Bajo este contexto, los resultados obtenidos por la aplicación del horario de verano son sumamente importantes, según datos estimados, en 2006, la medida significó para el país un ahorro aproximado de mil 150 millones de kilovatios-hora y una reducción en la demanda de electricidad de mil 25 megavatios.
5. Cabe mencionar que, en la actualidad, cerca de 75 países han adoptado el horario de verano, de los cuales más de 70 por ciento lo implementan a través de un calendario común que comprende del segundo domingo de marzo al primer domingo de noviembre, como es el caso de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, quien, a excepción de Arizona y Hawai, llevó a cabo la medida en todos sus estados.
6. Lo anterior ha repercutido de manera directa en la actividad económica-comercial en la frontera norte de nuestro país, dado que tenemos un desfase de aproximadamente 3 semanas entre el ajuste de horario de nuestro país con los Estados Unidos. En el caso particular de Ciudad Juárez, este desfase en el cambio de horario impacta directamente a unos 42 mil residentes fronterizos, dado que estos miles de habitantes tienen que cruzar de un lado a otro diariamente por motivos laborales o escolares.
7. También, como consecuencia, se tienen afectaciones en funciones informáticas, como los pagos con tarjeta bancaria con hora incorrecta, órdenes bursátiles no ejecutadas a tiempo e incluso confusiones en los horarios de la llegada o salida de aviones. Aunado a los anterior, es importante mencionar los largos tiempos de espera en los puentes internacionales, por lo que se considera necesario que los gobiernos de México y Estados Unidos se pongan de acuerdo en una homologación de los horarios para la zona fronteriza.
8. Cabe señalar que dadas estas complejidades técnicas, logísticas y operacionales que se viven en la zona fronteriza, Sonora es la única entidad que se mantiene sin la adopción de los horarios estaciónales dada su estrecha relación económica con Arizona.
9. Caso similar sin duda es el de Ciudad Juárez y El Paso que cuentan con una relación bilateral, próspera y fructífera, por lo que se deben establecer los mecanismos para que se dé la homologación en los horarios de ambas ciudades, con el fin de agilizar y hacer más eficiente la actividad económica que ambas ciudades comparten.
10. Por ello es imperante que se dictamine la iniciativa en cuestión, dada la importancia e implicaciones que ésta tiene en la actividad económica y social de Ciudad Juárez.
A usted presidente de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, muy atentamente pido se sirva:
Único. En los términos de la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso excite a la Comisión de Energía para que presente el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la fracción I del decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo, a 27 de octubre de 2009.
Diputada María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica)
La lucha de los pueblos indígenas ha sido escrita a través del tiempo como una historia de despojos y agravios. Una lucha de resistencia por sobrevivir a las adversidades de explotación, marginación y pobreza. Una lucha reflejada en muchas voces colectivas que no han sido escuchadas y siguen clamando justicia social para vivir con dignidad y oportunidades.
Existe una creciente desigualdad y polarización social que ha hecho altamente vulnerable a los pueblos indígenas, mismos que se encuentran en condiciones de extrema pobreza, así como también con educación de baja calidad que limita las posibilidades reales de llegar, en su oportunidad, a colocarse en un mercado de trabajo competitivo.
El artículo segundo de nuestra Constitución Política refiere la necesidad de "garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva, la educación media superior y superior, establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles educativos."
La Asamblea General de la ONU aprobó el 13 de septiembre del 2007 la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, un instrumento internacional que debe armonizarse con nuestro marco jurídico en materia de educación indígena, porque menciona que los niños indígenas tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación.
También, como refiere el Convenio 169 de la OIT, en el capítulo educativo, que está dirigido a garantizar el derecho a la educación en todos los niveles y "en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional". Una educación que incorpore sus propios sistemas de valores y en cuya programación participen los propios pueblos, así como la preservación de sus lenguas.
A través de la historia, nos remontamos hasta la época prehispánica y de ahí hasta el siglo XX cuando surgen los proyectos educativos específicos para los indígenas. Se han formulado básicamente dos; el primero ha intentado incorporar al indígena a la civilización mediante sistemas escolares que ofrecen los mismos programas para todos los mexicanos, pero pasan por alto su cultura y su lengua, el segundo, cuyos primeros intentos parten de la década de los años cincuenta, es bicultural, ya que toma en cuenta la identidad étnica y la lengua nativa. Sin embargo, a la fecha no ha habido grandes avances y las demandas sobre el respeto a la pluralidad cultural siguen latentes.
Más de quinientos años de lucha nacional por castellanizar, occidentalizar, asimilar y homogeneizar a los pueblos indígenas, dan cuenta de esto. Conocemos los costos que los pueblos indígenas pagaron y continúan pagando en pleno siglo XXI.
Las interrogantes son claras, es tiempo de preguntarnos si en realidad todos los grupos sociales del país tienen acceso a la educación en términos de equidad y sin discriminación. ¿Qué tanto contamos con condiciones que faciliten la participación de los distintos grupos sociales con necesidades culturales y lingüísticas especiales en todos los niveles educativos? ¿En qué medida se han incorporado a los planes y programas de estudio la historia, las tradiciones, la lengua y la cultura de los distintos grupos sociales que componen la nación mexicana?
El problema relacionado con la diversidad cultural y la educación indígena en México sigue imperando, es necesario orientar el desarrollo de las políticas públicas de fomento a la interculturalidad.
Las fuerzas políticas de México, deben superar los tiempos de confrontación y amenaza de ruptura nacional. Reconociendo que es el Congreso de la Unión, la instancia suprema para encauzar las grandes transformaciones de nuestro país. El Poder Legislativo tiene una gran responsabilidad histórica hacia la conformación de la educación actual, particularmente, para la educación de los grupos sociales de menor índice de desarrollo humano, donde se encuentra la miseria desmedida sin oportunidades de vida ¡Ahí se encuentran los pueblos indígenas y es momento de luchar por una educación digna!
No debemos permitir que la fragmentación social, acabe con la diversidad cultural de nuestra nación mexicana. Sigue pendiente la necesidad de superar múltiples problemas y limitaciones de los pueblos indígenas como: la marginación y la pobreza, desigualdad, olvido y racismo, la desnutrición, la mortalidad materna e infantil, la inequidad de género y la migración. La política educativa para los indígenas ha sido hasta ahora, incapaz de llevar educación de calidad y cobertura suficiente a las niñas y niños indígenas.
La escuela no debe ser sitio de reproducción de actitudes discriminatorias ni racistas. La Educación Indígena, tendrá la misión de buscar espacios interculturales y profesionales comprometidos con el desarrollo de sus pueblos y de sus regiones, coherente con un desarrollo económico sustentable, desarrollo social, desarrollo cultural y lingüístico, con la apertura de espacios que genere por igual las oportunidades de aprendizaje para todos.
Consolidemos las reformas necesarias al marco legal en el tema educativo, comenzando por revisar el artículo 3o. constitucional y la Ley General de Educación, para que sea la educación indígena la que responda a la realidad pluricultural de la nación y así promover desde el contenido de la ley el diálogo intercultural y la convivencia respetuosa en la formación de las nuevas generaciones.
De manera conjunta, debemos analizar cómo está operando el sistema educativo nacional el tema de educación indígena, ya que, un número importante de indígenas están siendo atendidos educativamente por escuelas regulares. Esto ocurre en todos los niveles educativos, inclusive en los de preescolar y primaria. El sistema educativo regular no atiende a los indígenas, ni es consciente ni sensible de su diversidad lingüística y cultural.
Los maestros indígenas, requieren actualización permanente y formación necesaria para participar de los valores y actitudes propios de la diversidad.
Por una mayor oportunidad de la educación indígena en sus diferentes niveles de escolaridad debemos fortalecer la creación de las universidades y preparatorias interculturales, como espacios de diálogo, comprometidas a formar intelectuales y profesionistas dedicados al desarrollo de sus pueblos y comunidades indígenas.
Es tiempo de impulsar una verdadera educación indígena intercultural que respete y aproveche la sabiduría de nuestros pueblos en todos los campos del conocimiento. Una educación que facilite el acceso a la cultura, la ciencia y la tecnología.
Una educación que mejore nuestras perspectivas de desarrollo y eleve la calidad de nuestras vidas. Una educación que respete la rica diversidad cultural y reivindique como parte de la identidad nacional, la lengua y los usos y costumbres propios de nuestros pueblos indígenas.
Una educación contra la explotación, contra la dominación cultural, contra la discriminación racial, una educación que revalore nuestra cultura y afirme nuestra identidad étnica, que nos permita admirar la incansable fortaleza y la gran riqueza cultural de nuestros pueblos indígenas.
Una educación indígena que ofrezca un servicio de calidad, que cuente con infraestructura adecuada, con programas de apoyo para útiles escolares, con programas de apoyo para transporte, que coadyuve a la profesionalización docente y a la dotación de materiales didácticos.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, devolvamos a los pueblos indígenas lo que les ha sido negado a través de los años: oportunidades de educación como parte de su desarrollo humano y consolidación de sus libertades.