La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracciones IV y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género que responda a la transversalidad y perspectiva de género que requieren todos los Poderes de la Unión para el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Que el presupuesto público es el instrumento por excelencia para el desempeño de las funciones de gestión del gobierno, ya que supone la concreción de una política económica y social, y es un reflejo de sus prioridades políticas. Permite el análisis cuantitativo y cualitativo y la previsión de los efectos de las diversas disposiciones sobre un territorio y la población que en él habita.
2. Que este análisis puede hacerse desde diferentes perspectivas, y ya que todo lo que interviene en la sociedad se debe tener en cuenta en el análisis macroeconómico, el género es de vital importancia a la hora de plantear el modelo y las posibilidades de desarrollo económico y social que permita descubrir impactos diferenciales para hombres y mujeres, incluso en aquellas políticas aparentemente neutrales.
3. Que un presupuesto sensible al género es aquel en el que se ha realizado un examen metódico y, por tanto, una correcta evaluación de las asignaciones que se realizan en el, posibilitando la identificación de impactos diferenciales dadas por las diversas situaciones tanto económicas como sociales que prevalecen entre hombres y mujeres, estableciendo posibilidades reales de desarrollo de objetivos y prioridades.
4. Que para entender porque son necesarios los presupuestos con perspectiva de género tendríamos que plantearnos sino el oprobio de la desigualdad está sustentada en la supremacía de un sexo sobre el otro y dicho en otros términos en la invisibilización de las necesidades del otro género y en la marcada diferencia en las posibilidades de desarrollo entre géneros. Así pues, lo vemos desde la conformación del espacio legislativo en el que tengo encomendado tener una curul y luchar por darle voz a otras mujeres.
5. Que el pasado 8 de septiembre del año en curso se presentó a esta soberania, el proyecto de Presupuesto de Egresos este no presenta una real perspectiva de género e imposibilita su análisis desde la elaboración, así pues programas como Oportunidades o Hábitat (por mencionar los más grandes) es imposible saber exactamente cuál es la cantidad específica en la que impacta a las mujeres beneficiarias, que resulta necesario dentro del análisis presupuestal, en otras palabras, necesitamos que desde ese punto de partida se pueda iniciar nuestro análisis; en caso contrario, estaremos reduciendo los 55, 480.2 millones de pesos anunciados por el gobierno federal a 5,429.7 millones de pesos que estarían distribuidos en 21 programas que sí se encuentran debidamente etiquetados a favor del género, en 18 programas de los mencionados quedan en los mismos términos y montos que en 2009.
6. Que en el análisis del mismo, respecto al ramo de salud, que asciende a 260 millones de pesos, cuando en realidad se refiere al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, es decir, ¿ese presupuesto lo mismo atenderá mortalidad materno infantil que la planificación familiar?
7. Que es aún más preocupante si incorporamos al análisis que el presente año en relación al año pasado en el mismo periodo hubo un repunte de 28.6 por ciento de la mortandad materna. Que en este punto, estaremos concentrando nuestros esfuerzos en que es necesario que nos aclaren cuánto dinero van a destinar a las mujeres embarazadas en la salud materno infantil.
8. Por otra parte en el rubro asignado a la Secretaría de Gobernación, que asciende a 68.7 millones de pesos se destina bajo el subprograma Promover la Protección de los Derechos Humanos y prevenir la Discriminación, se atiende las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres que en realidad son aplicados para la operación de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres, sin que se den datos desagregados de la forma en que se aplican estos recursos. En este sentido destaco la importancia de esta comisión, en el tema trascendental de la violencia y sobre todo porque la violencia es un oprobio que debe ser combatido y erradicado.
9. Respecto a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se destina un presupuesto de 8 millones de pesos, sin embargo no se etiqueta el recurso para la atención de la problemática específica de las mujeres reclusas en penales federales, por otra parte se establece un presupuesto destinado al "fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y respeto de los derechos humanos". Ellas, como es del conocimiento de todos ustedes sufren de discriminación, de exclusión social, de maltrato, son múltiples las violaciones a sus derechos humanos y, en este caso, la dependencia (Secretaría de Seguridad Pública Federal es omisa). No obstante a ella, es decir, a la secretaría, se le asignan 9.3 millones de pesos, destinados al programa antes citado, cuyo antecedente es el Programa de Participación Ciudadana en la Prevención del Delito en el Marco de la Equidad y Género.
10. Con relación al Ramo 11 destinado a la educación y cuya entidad rectora es la secretaría del mismo nombre, dedica buena parte de recursos al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, al que en el analítico presupuestal refiere se dedican 15, 026 millones de pesos, esta cantidad supone que se pretende evitar la deserción escolar, sin embargo se deja de lado instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que a través de sus becas contribuye para que se existan más profesionistas que concluyan estudios de posgrado, tales como maestrías y doctorados. En este sentido quiero recurrir a las estadísticas que manejan instituciones de educación media y superior, como la Universidad Nacional Autónoma de México que refiere que en el ingreso a la licenciatura existe paridad entre géneros, sin embargo, en la conclusión y en los niveles de posgrado existe un índice menor a 10 por ciento de mujeres. Esto significa que no existe una política que impulse realmente el desarrollo de las mujeres para este ámbito de desarrollo profesional.
Considerandos
1. Que el proyecto de Presupuesto de Egresos Federal establece en su artículo 25 se incorpora la perspectiva de género para la administración pública federal. Este artículo se incluyo por primera vez en el decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio de 2008 la perspectiva de género como instrumento metodológico para la igualdad entre los géneros.
2. Que actualmente se incorpora en el Apartado 10.2, Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en la que se expresa que el Instituto Nacional de las Mujeres es el ente público rector de la política nacional para lograr la igualdad entre mujeres y hombres a través de la transversalidad de la perspectiva de género en las acciones del Estado mexicano.
3. Por otra parte, es manifiesta la necesidad de que estos recursos, contengan los indicadores, objetivos y metas presupuestales y de impacto social. Sabemos que programas como Oportunidades son transversales y deben beneficiar a las y los más necesitados en nuestro país, en este caso dicho programa ocupa casi 46 millones del total de los recursos destinados al denominado presupuesto con perspectiva de género. Es decir, con este programa que se destina a través de las Secretarías de Educación, y de Salud la mayor parte del recurso que destina el gobierno a las mujeres.
4. Por ello, debemos restarlos del monto general de la estrategia, con lo cual los recursos para la igualdad bajan a 9,824 millones (reitero, descontando este programa que no contiene datos desagregados).
Somos muchas las mujeres y distintas nuestras necesidades, somos legisladoras, campesinas, migrantes, indígenas, jóvenes, amas de casa, obreras, profesionistas, estudiantes, somos la mitad de la humanidad, y el 51 por ciento de la población de nuestro país. Necesitamos que nuestras demandas sean atendidas y que sea abatida la desigualdad en que vivimos.
Por lo expuesto y fundado, someto ante el pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
De urgente y obvia resolución:
Primero. Se exhorta a esta Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se etiquete en el ramo 03 para el ejercicio de 2010 del Presupuesto de Egresos una partida para las acciones y programas del Poder Judicial con perspectiva de género.
Segundo. Se exhorta a esta Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se etiquete en el ramo 04 para el ejercicio de 2010 del Presupuesto de Egresos una partida para las acciones y programas de la Secretaría de Gobernación con perspectiva de género, en especial las relativas a los programas de atención a mujeres y niños migrantes, así como el fortalecimiento de las acciones de la Comisión de Atención, Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
Tercero. Se exhorta a esta Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se para que se etiquete en el ramo 05 para el ejercicio de 2010 del Presupuesto de Egresos una partida para las acciones y programas de la Secretaría de Relaciones Exteriores con perspectiva de género, en especial las relativas a la protección y asistencia consular de las mujeres en situación de violencia, trata y otros delitos perpetrados contra su dignidad, así como los programas de política exterior en materia de derechos humanos y democracia con perspectiva de género, así como para la protección de los derechos de las migrantes.
Cuarto. Se exhorta a esta Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que informe respecto a el ramo 06 para el ejercicio de 2010 del Presupuesto de Egresos las diversas partidas para las acciones y programas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con relación a los programas Promoción y Coordinación de las Acciones para la Equidad de Género, Organización Productiva para las Mujeres Indígenas, Acciones para la Igualdad de Género con Población Indígena, y Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género; asimismo, que informe la existencia de los programas relativos a las Secretarías de la Función Pública, de la Reforma Agraria, y de Turismo, en materia de presupuesto con perspectiva de género.
Quinto. Se exhorta a esta Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se etiquete e incremente en el ramo 08 para el ejercicio de 2010 del Presupuesto de Egresos respecto a la partida denominada Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el programa aplicación de programas educativos en materia agropecuaria y se implanten programas de acción respecto a las mujeres rurales.
Sexto. Se exhorta a esta Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se etiquete e incremente en el ramo 07 para el ejercicio de 2010 del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de la Defensa Nacional respecto a la partida denominada Capacitación y Sensibilización para Efectivos en Perspectiva de Género.
Séptimo. Se exhorta a esta Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se destine y etiquete en el ramo 09 para el ejercicio de 2010 del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se reincorporen los programas de atención a las mujeres migrantes.
Octavo. Se exhorta a esta Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se destine en el ramo 10 para el ejercicio de 2010 del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Economía para que se cree un programa nacional de financiamiento para mujeres empresarias, se etiqueten los recursos en los programas Fondo de Microfinanciamiento para Mujeres Rurales, para el Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad y del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.
Noveno. Se exhorta a esta Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se destine en el ramo 11 para el ejercicio de 2010 del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Educación para que se informe respecto al programa denominado Diseño y Aplicación de la Política Educativa con Perspectiva de Género, los motivos de su desaparición en el proyecto de Presupuesto enviado a esta soberanía, así como la etiquetación correspondiente al Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio, y lo relativo en su aplicación del Programa Oportunidades, se etiquete el presupuesto destinado al fomento educativo de las mujeres.
Décimo. Se exhorta a esta Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se destine en el ramo 13 para el ejercicio de 2010 del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Marina para que se destine y etiquete un presupuesto para la difusión de los derechos humanos de las mujeres y la creación de un programa para el adelanto y la igualdad de género.
Undécimo. Se exhorta a esta Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se destine en el ramo 14 para el ejercicio de 2010 del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que se reincorpore el presupuesto etiquetado denominado "Fomento al Empleo de las Mujeres" y etiquetar los recursos de los programas denominados procuración de justica laboral y el fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral.
Duodécimo. Se exhorta a esta Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se destine en el ramo 17 para el ejercicio de 2010 del Presupuesto de Egresos de la Procuraduría General de la República para que destine un presupuesto etiquetado para la atención de las mujeres y niñas víctimas del delito.
Decimotercero. Se exhorta a esta Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se destine y etiquete en el ramo 35 para el ejercicio de 2010 del Presupuesto de Egresos en relación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se destinen mayores recursos a los programas existentes relativos al adelanto de las mujeres y la equidad entre los géneros.
Decimocuarto. Se exhorta a esta Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se destine en el ramo 20 para el ejercicio de 2010 del Presupuesto de Egresos en relación con la Secretaría de Desarrollo Social mayores recursos a los programas existentes relativos al adelanto de las mujeres y se desagregue el impacto que tienen el programa oportunidades en relación con las mujeres y los 8 programas que se aplican transversalmente hacia las mujeres.
Decimoquinto. Se exhorta a esta Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se destine y etiquete en el ramo 36 para el ejercicio de 2010 del Presupuesto de Egresos en relación con la Secretaría de Seguridad Pública federal para que se reincorporen los programas Fomento de la Cultura de la Participación Ciudadana en la Prevención del Delito y el Respeto a los Derechos Humanos, y Administración del Sistema Federal Penitenciario, e informe respecto al denominado Fomento de la Cultura de la Participación Ciudadana en la Prevención del Delito en el Marco de la Equidad de Género.
Decimosexto. Se exhorta a esta Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se desagregue el impacto de los programas destinados a la salud de las mujeres en instituciones públicas de salud, así como el incremento para la atención de la salud materno-infantil.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputada Leticia Quezada Contreras (rubrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA INSTALAR PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES Y OLLAS DE CAPTACIÓN EN TLALPAN, DISTRITO FEDERAL, A
CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR HUGO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado federal Héctor Hugo Hernández Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Tlalpan, junto con Coyoacán e Iztapalapa, es una de las delegaciones con los peores problemas en el abasto y distribución de agua potable, provocada por el acelerado proceso de crecimiento y urbanización.
Lo más irónico es que en dicha demarcación existen enormes escurrimientos de aguas que pasan directamente a formar parte del sistema de drenaje. Para evitarlo, y ante la desesperación por la falta del líquido, se han realizado esfuerzos, aunque aislados y poco sistematizados, por parte de la población para desarrollar sus propios métodos y sistemas de captación, aunque de manera limitada e insuficiente.
Sin embargo, el problema de la falta de agua es de tal magnitud que requiere de un esfuerzo institucionalizado para aprovechar los recursos naturales con que cuenta dicha demarcación, a fin de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Máxime ante el agotamiento de las fuentes tradicionales de las que se nutre el Distrito Federal para su abastecimiento, como el Cutzamala y el agua del subsuelo, lo que ha provocado desertificación y desabasto en los estados por los que transita, así como el hundimiento de la ciudad, para el caso de la extracción de agua.
Se calcula que en los próximos años la demanda del vital líquido se incrementará y el agotamiento de los recursos será sólo cuestión de tiempo. Por lo tanto, se requiere de un esfuerzo integral de incorporación de agua al subsuelo, aunado a un abasto suficiente para cubrir las necesidades de la población.
En septiembre pasado, ante el problema de desabasto, en Tlalpan se anunció el inicio de obras para reactivar siete pozos para atender la demanda de agua potable de 50 mil habitantes de San Pedro Mártir y San Andrés para que el líquido proveniente del sistema Cutzamala se quede en el Ajusco medio.
Se requiere de un sistema integral de reciclaje y captación de los escurrimientos pluviales, a fin de crear un procedimiento de almacenaje y distribución agua, que dé un respiro al sistema Cutzamala y beneficie no sólo a los habitantes de dicha demarcación sino de toda la ciudad y del país.
El problema del agua se acentuó en los últimos meses por la baja presión del suministro de agua potable del Cutzamala que afectó a 13 colonias de la zona media del Ajusco, problema que se agrava en la época de estiaje, que inicia en febrero, cuando las personas deben pagar pipas hasta por 600 pesos.
El plan para dotar de agua a los ocho pueblos de Tlalpan y las 30 colonias del Ajusco medio radica en la creación y establecimiento de plantas procesadoras de agua para orientarla a los cultivos de la demarcación. Esto es básico sobre todo si se considera que 80 por ciento de su territorio es rural y que, en su mayoría, se destina al cultivo y a la ganadería.
En adición al proyecto de captación de agua de lluvia, a través de ollas pluviales en las colonias del Ajusco medio, con la posibilidad de captar más de 10 millones de metros cúbicos que serán purificados e integrados a la red de suministro.
Generando un ahorro para la delegación de más de 46 por ciento de los 64 millones de pesos que año con año se erogan por el servicio de distribución y renta de mil 875 pipas, cada una con capacidad de 8 mil litros, con las que se abastece 25 por ciento de la población, además que solucionaría los problemas de falta de agua potable.
Las ollas pluviales y las plantas de reciclaje se establecerían en lugares estratégicos, en donde exista la captación de agua residual para su procesamiento y purificación. En tanto que las ollas de captación se establecerían en la zona media y alta con capacidad para retener cada una entre 20 y 25 millones de litros de agua.
En lo que corresponde al reciclaje de aguas negras, grises y pluviales basado en sistemas celulares urbanos, como se propone en el proyecto ejecutivo anexo, la diferencia de uno centralizado reside en la optimización del uso del agua tratada, así como en su capacidad de sustentación, es decir, en la posibilidad para la generación de recursos económicos que coadyuven a la sustentación de este sistema.
En la actualidad la recolección de aguas se lleva a cabo mediante un sistema centralizado de tubería en el que toda el agua negra residual y pluvial se conjunta y no es posible una separación del origen de estos líquidos, por lo que en vez de transportarla por extensos sistemas de tuberías para su tratamiento el sistema celular permite realizarlo en zonas relativamente cercanas a su recolección, lo que implica un mejor control y recolección de residuos sólidos (basura) que frecuentemente ocasionan daños y obstrucciones en los canales de distribución.
Algunos beneficios, entre muchos otros, que se desprenden del sistema de tratamiento, procesamiento y captación de agua son:
2. Restituir agua al manto freático evitando el hundimiento de la ciudad.
3. Solucionar de manera inmediata el problema del agua de la los pueblos de la delegación para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Tlalpan.
4. La posibilidad de regar áreas verdes, parques, jardines y unidades deportivas.
5. Utilizar el agua para la limpieza en áreas públicas tales como calles, plazas y avenidas con agua.
6. Contar con redes de agua para servicios incluyendo redes contra incendios que servirán como agua para escusados y mingitorios, así como riego y limpieza de las casas, comercios, industrias y dependencias y demás áreas comunales que se encuentren en el área beneficiada.
7. Reducir de manera importante del consumo del agua potable, ya que ésta se utilizará únicamente para los requerimientos inmediatos del ser humano.
8. Obtener ingresos por venta de agua tratada para industrias, servicios y comercios (tales como lavados de autos), para el mantenimiento y operación de las células.
9. La posibilidad real de reingresar el agua tratada a los mantos freáticos de la comunidad a efecto de prevenir el hundimiento en zonas explotadas.
10. La posibilidad de rehabilitar los pozos de agua potable que han sido explotados a efecto de regular de nueva cuenta su ciclo hidrológico.
11. Fomentar el civismo y los valores de la vida comunitaria, ya que los ciudadanos verán de manera directa los beneficios aplicados.
12. Fomentar la cultura del agua en los niños, ya que ellos verán directamente los beneficios en su entorno de estas aplicaciones.
Compuertas de retención y recolección helicoidal, entre otras tecnologías aplicables, en que se separará y sustraerá, entre otros, la basura, sólidos y demás cuerpos extraños que lleguen con la bajada de las aguas, sistemas que servirán para sustraer y eliminar del agua previo a su tratamiento, la mayor cantidad de materia sólida acarreada, misma que se almacenará en contenedores para su ulterior disposición.
Cada célula o planta de tratamiento de agua será diseñada a la medida y requerimientos de la comunidad a la que servirá, atendiendo a las condiciones químicas, orgánicas y demás peculiaridades que nos den los estudios de laboratorio del análisis químico del agua, que será recibida y tratada; la planta de tratamiento de agua en cuestión deberá considerar la naturaleza de las descargas que serán recibidas ya que estas variaran entre comunidades.
De igual forma cada planta o célula tendrá la función de realizar los procesos necesarios aplicando la tecnología más adecuada, reduciendo la intervención en lo posible del factor humano, es decir, serán plantas automatizadas con envío de información remota (telemetría), así podrá centralizarse en un centro de mando y tener en tiempo real las lecturas y parámetros que se estén dando, así como considerando los costos de instalación y mantenimiento que den un retorno adecuado a la inversión realizada.
A efecto de lograr el resultado óptimo, las células podrán utilizar las siguientes tecnologías y sistemas de tratamiento:
Una vez tratada el agua será diseccionada a un tanque de distribución en el que se almacenará el líquido y, de este, pasará a un módulo de distribución en el que se tendrán las tomas que diseccionarán el agua tratada, ya sea a la red de distribución de aguas grises o a la tubería para llenado de carros tanque o pipas.
Este sistema se considera y se propone por los altos niveles de recuperación de aguas residuales, en el entendido de que su calidad de descarga, siempre corresponderá a los parámetros considerados en las normas oficiales mexicanas relativas a las descargas de aguas.
Es por lo antes expuesto y fundado, proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, se contemple la aprobación de 138.5 millones de pesos al Distrito Federal, para destinarse a la partida B00 S218 "Programa Fondo Concursable Plantas de Tratamiento", para la construcción de un sistema celular de plantas de tratamiento de agua, al igual que un paquete de ollas de captación pluvial, para de este modo solucionar la escasez de agua en Tlalpan, Distrito Federal.
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría se propone como posible fuente de financiamiento del incremento anteriormente propuesto: 1. El monto de los ajustes y reasignaciones provenientes del ramo 23, "Previsiones salariales y económicas". 2. El monto de las reasignaciones internas del ramo 16, "Medio ambiente y recursos naturales". 3. El monto adicional de recaudación producto de las reformas a la Ley Federal de Derechos. 4. Los que estime pertinente la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SHCP LA LIBERACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS
PÚBLICOS PARA EL SANEAMIENTO DE LOS RÍOS MAGDALENA Y SAN
BORJA, A CARGO DE LA DIPUTADA ARACELI VÁZQUEZ CAMACHO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
María Araceli Vázquez Camacho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la liberación y devolución de los recursos etiquetados y aprobados por esta Cámara de Diputados para el saneamiento de barrancas y áreas de valor ambiental en el ejercicio 2009 por un monto de 80 millones de pesos para aplicarse en el saneamiento de los ríos Magdalena y San Borja al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Que como parte del proceso de discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, el pleno de la Cámara de Diputados determinó destinar 100 millones de pesos para el saneamiento de barrancas del Distrito Federal.
Segunda. Que tratándose de recursos federales la Comisiones de Recursos Hidráulicos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, determinaron, de manera conjunta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, etiquetar esos 100 millones de pesos en la partida K129, "Programa de Protección a Centros de Población", con el apartado "Barrancas Distrito Federal", para ejecución directa de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Tercera. Que durante los primeros siete meses del ejercicio fiscal de 2009, la Conagua determinó no ejercer los 100 millones de pesos por lo que no solicitó la firma del convenio con dependencia alguna del Gobierno del Distrito Federal.
Cuarta. Que para su negativa la Conagua argumentó que esos recursos tendrían que radicarse en una partida referenciada a un programa sujeto a reglas de operación como la partida S079, "Programa Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU)".
Quinta. Que las razones que esgrimió la Conagua para retrasar la ejecución de los recursos han provocado un subejercicio de los mismos, ya que la partida para la cual dispusieron los secretarios y los funcionarios que decidieron aplicar se había ejercido en otras entidades federativas del país de manera directa por la Conagua, sin necesidad de transferirlas al programa APAZU y solicitar contraparte del gobierno local.
Sexta. Que no fue hasta el mes de agosto de 2009 que funcionarios de la Conagua se reunieron con funcionarios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México a efecto de dar una solución para la ejecución de los recursos, a través del programa APAZU; sin embargo, para ese momento del ejercicio fiscal el gobierno de la Ciudad de México sólo pudo aportar 20 millones de pesos de contraparte y no se contaban con los lineamientos para la elaboración de proyectos ejecutivos.
Séptima. Que la Conagua determinó, en septiembre de 2009, que a pesar de haber sido responsabilidad de la Conagua el retraso de los 100 millones, en septiembre de 2009, determinó recortar 80 de los 100 millones que dispuso la Cámara de Diputados para el saneamiento de barrancas del Distrito Federal.
Octava. Que a la fecha ya se cuenta con proyectos ejecutivos relacionados con las barrancas del Distrito Federal consistentes en el rescate de los ríos Magdalena y San Borja por lo que el gobierno local está en condiciones de ejecutar las obras y acciones referidas en los mismos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo al honorable pleno de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados, LXI legislatura, con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto que reintegre a la partida S079, "Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas", a cargo de la Conagua, 80 millones de pesos que quedaron pendientes de ejecución para el saneamiento de barrancas del Distrito Federal y que deberán aplicarse en el saneamiento de los ríos Magdalena y San Borja de acuerdo a los proyectos ejecutivos aprobados por Conagua.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil nueve.
Diputada María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE DESTINEN RECURSOS A LA INSTAURACIÓN DE LOS PROGRAMAS QUE
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LLEVA A CABO CON RECURSOS FEDERALES,
A CARGO DE LA DIPUTADA LETICIA QUEZADA CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a las y los diputados integrantes de las Comisiones de Desarrollo Rural, Asuntos Indígenas, Agricultura y Ganadería, Presupuesto y Cuenta Pública así como al pleno de esta XLI Legislatura para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio 2010 se aprueben recursos para la instrumentación de los programas que con recursos federales desarrolla la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal en los siguientes términos:
Antecedentes
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Distrito Federal (Sederec), es una secretaría de reciente creación en el Distrito Federal, cuya responsabilidad primordial es establecer y ejecutar las políticas públicas y programas en materia de desarrollo rural, atención a pueblos indígenas y comunidades étnicas, así como a migrantes y sus familias.
No obstante que la Ciudad de México tiene una vocación eminentemente urbana, el 59 por ciento de su territorio es suelo de conservación y es en esta importante superficie donde los productores agropecuarios, ejidatarios y núcleos agrarios desarrollan actividades que son fundamentales para la sustentabilidad de la ciudad.
Para apoyar a estos sectores de la población, la Sederec, entre otros, impulsa los siguientes Programas:
Sin embargo, estos sectores enfrentan la persistencia de mecanismos de exclusión social que derivan en indicadores de bienestar, desarrollo social y humano por debajo de la media de los habitantes de la ciudad. Para revertir esta situación, la Sederec se encuentra desarrollando los siguientes Programas:
Frente a esta situación, en la Sederec se ha enfocado en revertir los efectos negativos que ocasiona este fenómeno en el tejido social y familiar, mediante la implementación de programas orientados a privilegiar la promoción de sus derechos y a crear condiciones para arraigarlos a la ciudad y propiciar su retorno.
El Gobierno del Distrito Federal se ha propuesto alcanzar mayor equidad social entre las y los habitantes de la ciudad, originarios, migrantes o huéspedes, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades y como parte de ella, el Centro de Atención a Migrantes y sus Familias, por medio del cual ofrece los siguientes programas y servicios de apoyo para capitalinos radicados en Estados Unidos:
Obtención de doble nacionalidad, Copias certificadas de registro civil, Tarjeta Migrante, Línea Migrante, Atención a Familiares y Migrantes Internacionales y Proyectos Productivos, entre otros.
Considerando
Que es fundamental contar con recursos económicos para a tender estos importantes proyectos y a las y los habitantes de estas comunidades, productores, migrantes y sus familias, por ello y para materializar estos proyectos y lograr acercar a las comunidades y sus integrantes a mejores condiciones de vida es necesario que desde esta Cámara se destinen recursos financieros para su aplicación y consecuente mejoramiento de las condiciones de vida de estos importantes sectores de la población para ello se solicita que esta H. Cámara de Diputados:
II. Apruebe un monto adicional de 3,600,000 pesos para que el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades lleve a cabo el proyecto "Centro de Programación y Banco de Germoplasma de Plantas Medicinales y Aromáticas en el Distrito Federal", mismo que se aprueba en el Anexo 8. "Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable", vertiente competitividad, programa 10 "Uso sustentable de recursos naturales para la producción primaria", Ramo 08 "Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación", componente "recursos biogenéticas y biodiversidad" en el cual aparezca la leyenda (incluye 3.6 mdp para el DF). Este monto no estará sujeto a reglas de operación y será entregado íntegramente al Gobierno del Distrito Federal mediante acuerdo que para tal efecto se celebre.
III. Apruebe un monto adicional de 180 millones de pesos para que el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, en el Anexo 8"Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable" en el programa 10. "Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria" del Ramo 08 "Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación", del componente conservación y uso sustentable de suelo y agua, que incluya la leyenda después del nombre del componente mencionado que diga (se incluye 180 mdp para el DF).
IV. Apruebe un monto de 29 millones de pesos para que el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades lleve a cabo los proyectos de "Intensificación productiva del área agrícola en la zona del Teuhtli correspondiente a San Gregorio Atlapulco y San Pedro Atocpan, mediante el uso eficiente del agua residual tratada de la Planta de Tratamiento San Pedro Atocpan, Milpa Alta" y el de "obra modernización del riego de los ejidos Ixtayopan, Mixquic, Tláhuac y Tulyehualco", para que quede establecido en el Anexo 8. "Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable", vertiente "infraestructura", programa 1 "Infraestructura en el medio rural", Ramo 16 "Medio Ambiente y Recursos Naturales", componente "infraestructura hidroagrícola", en el cual aparezca inmediato al texto anterior la leyenda (incluye 29 mdp para el DF).
V. Apruebe un monto adicional de 4,000,000 de pesos para que el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, lleve a cabo el proyecto "Capacitación y Consolidación de Proyectos Productivos para Mujeres de las 7 Delegaciones Rurales del Distrito Federal", provenientes del Ramo 08 "Agricultura, Ganadería. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación". Este monto no estará sujeto a reglas de operación y será entregado íntegramente al Gobierno del Distrito Federal mediante acuerdo que para tal efecto se celebre.
VI. Apruebe un monto adicional de 18,800,000 pesos para que el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, lleve a cabo los proyectos de "Centro de la Diversidad Cultural y Pluriétnica de la Ciudad de México", y el de "Encuentro de Pueblos Indígenas, Originarios y Afrodescendientes de América Latina y el Caribe", mismo que quedará integrado dentro del Anexo 8 "Programa Especial Concurrente ¿para el Desarrollo Rural Sustentable", vertiente social, programa 12, "Atención a la pobreza en el medio rural" Ramo 06 "Hacienda y crédito público", componente "atención a migrantes (CDI)" que incluirá la leyenda en este mismo componente: (incluye 18.8 mdp para el DF).
VII. Apruebe 18.4 millones de pesos en el Ramo 06 Hacienda y Cédito Público, del Presupuesto de Egresos de la federación para el Ejercicio Fiscal 2010, dentro del Anexo8, vertiente social, a Migrantes", seguido de la leyenda "incluye 18.4 mdp para el D.F."
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las y los diputados integrantes de las Comisiones de Desarrollo Rural, Asuntos Indígenas, Agricultura y Ganadería, Presupuesto y Cuenta Pública así como al pleno de esta XLI Legislatura para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio 2010 se aprueben recursos para la instrumentación de los programas que desarrolla la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal en términos de lo planteado en los considerandos de la presente proposición.
Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE DESTINEN RECURSOS A UN PROGRAMA ESPECIAL PARA ORGANIZAR EN LA CIUDAD
DE MÉXICO FERIAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA QUE FAVOREZCAN
A TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A CARGO DEL DIPUTADO EMILIO SERRANO
JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado Emilio Serrano Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Consideraciones
Los recursos destinados al ramo 21 "Turismo", dentro del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, son de apenas 3 mil 765 mil 879 pesos, lo que representa una reducción en términos nominales de (-25 por ciento) y en términos reales de (-28.5 por ciento), en comparación con el Presupuesto para el año 2009. Es inconcebible que se afecte en esos términos una de las actividades más importantes para nuestra economía, generadora de por lo menos el 8.5 por ciento del producto interno bruto nacional.
A esto debe sumarse el golpe que recibió la actividad turística en el país en el marco de la actual crisis económica y, después de la epidemia de influenza A(H1N1), esto especialmente en la Ciudad de México. Por lo que urge tomar todas las medidas necesarias para relanzar El turismo a lo largo y ancho de nuestro país y hacia el plano internacional.
En este sentido no debemos olvidar que la ciudad de México, por una parte es la que más turismo recibe en el país, especialmente el turismo internacional, y, por otra parte, es la puerta de entrada para gran parte del turismo que tiene como destino a las demás entidades federativas del país, igualmente es el primer emisor de turismo. Por tal motivo, las actividades de promoción que se hagan en el Distrito Federal tienen un impacto a nivel nacional e internacional.
Partiendo de lo anterior, proponemos que se destinen recursos para ser aplicados a un programa especial a cargo del ramo 21 "Turismo", a fin de llevar a cabo en la Ciudad de México, ferias de promoción turística a favor de todas y cada una de las entidades federativas, en las que se den a conocer sus atractivos turísticos, gastronomía, folklore, música, artesanías, historia, hoteles, por citar algunas; esto bajo los más altos cánones de calidad. De manera paralela a las ferias, se impulsaría el turismo social, especialmente, de personas de la tercera edad, estudiantes, entre otros.
Estos recursos se destinaran al traslado, alimentos, hospedaje, de los participantes y, de más gastos necesarios para la organización de estas ferias.
En la realización de estas ferias, habría una coordinación entre la autoridades, federales, estatales y municipales.
Como todo el turismo, este tipo de ferias, serían además de manera directa, una fuente para la creación de empleos.
Nuestra propuesta halla su fundamento en la Ley Federal de Turismo, especialmente en sus artículos 2, 9 y 19.
Finalmente, si no se acepta el incremento de recursos al ramo 21, los 60 millones se podrían obtener vía reasignación de recursos, precisamente de los elevados recursos destinados en el proyecto de PEF para 2010, ramo 21, a asesorías y que comprenden un total de 64 millones 948 mil 997 pesos, ya que ante la actual escasez de recursos presupuestales, no se justifica que se destinen a este rubro, pues las personas que integran la planta de empleados de la Secretaría de Turismo tienen y deben tener la capacitación y experiencia necesarias para resolver las problemáticas que se presenten en la materia.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a Pleno de la honorable Cámara de Diputados, para que incremente o reasigne en 60 millones de pesos el Presupuesto asignado al ramo 21 "Turismo", para su aplicación a un programa especial para la celebración de ferias en la Ciudad de México, para la promoción turísticas a favor de todas y cada una de las entidades federativas, como instrumento de gran importancia para impulsar el turismo nacional e internacional, a favor del crecimiento económico y del empleo en nuestro país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputado Emilio Serrano Jiménez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA SITUACIÓN DE LOS AHORRADORES DEFRAUDADOS EN DIVERSAS ENTIDADES
POR FINANCIERA COOFIA, A CARGO DE LA DIPUTADA FLORENTINA ROSARIO MORALES,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En 1994 se reformó la Ley General de Sociedades Cooperativas y surgió la figura de "cooperativa de ahorro y crédito". La mayoría de las cajas populares optó por constituirse como sociedad cooperativa, debido principalmente a la facilidad jurídica que presenta esta modalidad, pues la regulación y supervisión son mínimas.
Actualmente, de cerca de 500 cajas populares que se estima operan en México, solamente 10 son sociedades de ahorro y préstamo, unas cuantas todavía operan como asociaciones civiles y la mayoría se ha constituido como cooperativas. Sin embargo, y aprovechando la deficiente legislación, regulación y supervisión que hay para el sector, algunas personas han utilizado el concepto de "caja popular" y han creado negocios particulares, defraudando a los ahorradores.
Es el caso de Financiera Coofia, la cual en varios estados del país, como Veracruz, Puebla, Morelos y Guerrero, del cual la de la voz es diputada, las oficinas de dicha financiera se encuentran cerradas y no hay voluntad los directivos de la financiera para devolver las cantidades propiedad de los ahorradores, que tan sólo en Guerrero podrían estar en alrededor de 80 millones de pesos. Por tanto, ante el posible incumplimiento y evasión de los responsables de este fraude se hace necesaria la ejecución inmediata de actos de autoridad que protejan los intereses de los ahorradores ante las acciones de la irresponsable entidad cooperativa.
Por tanto, ante una situación de emergencia económica por la que atraviesa la mayoría de la población, se hace necesaria la intervención inmediata de las autoridades competentes, que incluyen necesariamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, un informe detallado de las actividades realizadas por la sociedad cooperativa Financiera Coofia.
Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2010, considere los criterios financieros que permitan contemplar un apartado destinado a resarcir el patrimonio de los ahorradores defraudados por Financiera Coofia.
Diputada Florentina Rosario Morales (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CUMPLIR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO
TECNOLÓGICO DE LA RED HOSPITALARIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD
DEL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO AGUSTÍN GUERRERO CASTILLO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
1. Que el gobierno de la Ciudad de México en con coordinación con las autoridades federales está obligado a instrumentar mecanismos innovadores para el fortalecimiento y modernización de los servicios de salud de la ciudad, dotando a la red de hospitales y unidades médicas de equipamiento, infraestructura y tecnologías de la salud.
2. Que el objetivo primordial es dotar a los hospitales del Distrito Federal de la plataforma informática y de redes que permita apoyar su operación eficiente en cohesión al Modelo Integrado de Atención a la Salud y al de infraestructura, que integre todos los servicios.
3. Que se debe propiciar la autonomía de gestión hospitalaria incrementando la capacidad resolutiva, integrándose la operación de todos los servicios de salud en las unidades hospitalarias del Distrito Federal.
4. Que el proyecto en mención para el fortalecimiento tecnológico para la red hospitalaria de la Secretaría de Salud del Distrito Federal prevé implementarse en quince hospitales, dos unidades toxicológicas, catorce unidades médicas en centros de readaptación social y doscientos centros de salud.
5. Que con este proyecto se permitirá crear redes virtuales de servicio de la salud, así como redes lógicas de operación con instituciones y unidades de salud federal.
6. Que aunado a lo anterior se optimizará y favorecerá el uso eficiente de recursos públicos para la salud, articulándose la operación eficiente del primer y segundo niveles.
7. Que el proyecto considera la adecuación de infraestructura electromecánica y la implementación de equipamiento de telecomunicaciones y de telefonía, así como televigilancia y adecuaciones físicas de sites y áreas de monitoreo, bajo un soporte avanzado de comunicaciones.
8. Que el proyecto de fortalecimiento tecnológico dotará a la red hospitalaria y unidades médicas de la capital del país de mejores instrumentos de planeación y organización que redundarán en una prestación más eficiente y equitativa de los servicios de salud a la población.
9. Que para cumplir con las metas para el proyecto de inversión 2010 en la red hospitalaria de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el Gobierno del Distrito Federal requiere un monto total de $40’000,000.00 (cuarenta millones de pesos).
Por lo expuesto ponemos a consideración de este Honorable Congreso la siguiente, proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Esta soberanía solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Salud y del Distrito Federal de la Honorable Cámara de Diputados, se consideren en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos etiquetados para cumplir con el proyecto de fortalecimiento tecnológico para la red hospitalaria de la Secretaría de Salud del Distrito Federal que incluye quince hospitales, dos unidades toxicológicas, catorce unidades médicas en centros de readaptación social y doscientos centros de salud.
Dado en el recinto legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputados: Vidal Llerenas Morales, Agustín
Guerrero Castillo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras, Balfre Vargas
Cortés, Arturo Santana Alfaro, Avelino Méndez Rangel.
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CUMPLIR LOS TRABAJOS DE REGENERACIÓN
DE MINAS, OBRAS DE MITIGACIÓN EN TALUDES Y PROGRAMAS COMUNITARIOS
EN ZONAS DE ALTO RIESGO DE ATENCIÓN URGENTE EN ÁLVARO OBREGÓN,
A CARGO DEL DIPUTADO AGUSTÍN GUERRERO CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
1. Que el gobierno delegacional con la finalidad de proteger a los 420 mil habitantes en zonas de alto riesgo de Álvaro Obregón, a través de su Atlas de Riesgos ha identificado y (pese a la cancelación del presupuesto en este rubro a nivel federal) regenerado en el último año minas que se encontraban en alto riesgo, demolido viviendas y reubicado a familias; ha saneado barrancas y creado módulos de seguridad y protección civil y ha otorgado nuevas viviendas a personas en peligro de perder la vida.
2. Que el objetivo primordial es salvaguardar la integridad física y patrimonial de quienes viven en áreas de peligro y que representan el 60 por ciento de la población total.
3. Que el Atlas de Riesgos constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones basada en la participación ciudadana, por medio de los Programas Comunitarios implementados, lo cual permite crear brigadas vecinales para difundir entre la población la cultura de prevención de desastres y de protección de vidas humanas.
4. Que, sin embargo, el principal riesgo permanente en el perímetro delegacional lo representan las 84 minas detectadas hasta la fecha, las cuales amenazan 52 mil viviendas con 176 mil habitantes de 32 colonias, 39 de ellas identificadas como de alto riesgo en el presente año.
5. Que aunado a lo anterior, en Álvaro Obregón existen 80 zonas de inundación que afectan a cerca de 10 mil inmuebles y a cien mil personas, en tanto que se tienen identificados 212 taludes de los cuales 107 están catalogados como de riesgo crítico; además de los riesgos que pueden significar 11 presas, 7 ríos y 7 fallas geológicas.
6. Que, como resultado de gestiones hechas por la autoridad delegacional, legisladores locales y federales, en 2008 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó recursos para realizar estudios y acciones de regeneración de cavidades en 17 colonias, y estabilización de taludes en 50 frentes ubicados en otras 20 zonas habitacionales.
7. Que considerando que más de la mitad de los obregonenses habita en barrancas, taludes, minas y lechos y laderas de ríos, se hace indispensable la participación de los distintos niveles de gobierno en la atención de esta problemática con políticas públicas a favor de las personas, y más allá de ideologías.
8. Que con este afán, es necesario destinar recursos provenientes del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para resolver la problemática derivada de las minas y taludes de alto riesgo e impulsar decididamente la autorización de este presupuesto específico para estas tareas.
9. Que en dicho sentido, los 39 trabajos de regeneración de minas pendientes y prioritarios, que se encuentran en alto riesgo y que han sido identificados durante este 2009, que no han sido llevados a cabo debido a la cancelación del presupuesto en este rubro, requieren actualmente para su realización un monto de $100,648,931.95; de igual forma se tienen identificados 107 taludes donde es urgente realizar obras de mitigación y que representan riesgo por las lluvias y que requieren un monto de $148,359,934.00; asimismo están pendientes 14 programas comunitarios en los que se solicita muros de contención y rehabilitación de vivienda y requiere recursos por un monto de $738, 317.04.
10. Que para cumplir con este objetivo de preservar y salvaguardar la vida y patrimonio de miles de personas, la autoridad delegacional requiere en "zonas de alto riesgo de atención urgente" para el proyecto de inversión 2010, un monto total de $249,747,182.00 (doscientos cuarenta y nueve millones setecientos cuarenta y siete mil ciento ochenta y dos pesos).
Por lo expuesto, ponemos a consideración de este honorable Congreso la siguiente, proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Esta soberanía solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal de la honorable Cámara de Diputados que se consideren en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos etiquetados para cumplir con los trabajos de regeneración de minas, obras de mitigación en taludes y programas comunitarios en zonas de alto riesgo de atención urgente en la delegación Álvaro Obregón.
Dado en el recinto legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputados: Vidal Llerenas Morales, Agustín
Guerrero Castillo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras, Balfre Vargas
Cortés, Arturo Santana Alfaro, Avelino Méndez Rangel.
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR LA CASA DE CULTURA GENERAL FRANCISCO
VILLA, A CARGO DEL DIPUTADO AGUSTÍN GUERRERO CASTILLO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
1. Con la finalidad de fomentar, desarrollar y fortalecer el interés de la comunidad en la realización de actividades culturales, artísticas y de esparcimiento, la autoridad administrativa en la Jefatura Delegacional en Cuauhtémoc, ha establecido como estrategia el destinar recursos a distintos proyectos de infraestructura cultural como es la restauración arquitectónica y ornamental del recinto cultural patrimonio histórico Teatro del Pueblo, la restauración del parque Bicentenario (Plaza del Estudiante), el jardín Ramón López Velarde en el Centro Histórico y la colonia Roma Sur, respectivamente, de la demarcación.
2. La remodelación, rehabilitación y modernización de espacios para la realización de actividades artísticas y culturales, así como el equipamiento de los mismos para hacerlos más funcionales resulta necesario para mantener su viabilidad, sin embargo, la creación de nuevos espacios resulta fundamental para el cuidado y la apropiación de los valores culturales por parte de las comunidades beneficiadas.
3. En este sentido, la delegación Cuauhtémoc en colaboración con los vecinos de la comunidad, proyecta construir en el remanente de la calle de Rivero, entre Peralvillo y Santa Lucía, frente al deportivo Morelos lo que será la nueva casa de cultura General Francisco Villa, en la colonia Morelos, la cual beneficiará no sólo a los habitantes de la zona, o a los 518, 613 en toda la demarcación, sino a la población del Distrito Federal en su conjunto.
4. Para lo anterior se realizarán obras en los rubros preliminares que consisten en: excavación, acarreos, rellenos, trazos, cimentación, albañilería, bardas perimetrales, andadores internos, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, herrería (estructura), pintura, impermeabilización y acabados. Todas las acciones serán en apego a los criterios del cuidado y conservación del patrimonio histórico de la zona.
5. Para cumplir con el objetivo de las mencionadas obras de construcción de la nueva casa de cultura General Francisco Villa la autoridad delegacional requiere para el proyecto de inversión 2010 un monto de $5,000,000.00 (cinco millones de pesos).
Considerandos
1. Que es responsabilidad de las autoridades locales y federales preservar y difundir la memoria y el patrimonio cultural, así como gestionar los recursos para la construcción infraestructura dedicados al quehacer cultural.
2. Que con la construcción de la casa de cultura General Francisco Villa, como parte de la nueva infraestructura cultural de la Ciudad de México, se dará cabida a las múltiples y diversas expresiones artísticas y culturales de la ciudad, favoreciendo el desarrollo cultural y artístico, así como la calidad de vida de la población.
3. Que las distintas autoridades locales y federales están obligadas a fomentar la cooperación entre los distintos niveles de gobierno, gestionando los apoyos respectivos de manera coordinada y sentar las bases institucionales para que las diferentes manifestaciones y contenidos de la memoria colectiva sean recuperados, registrados y difundidos adecuadamente a nivel local y nacional.
Por lo expuesto ponemos a consideración de este honorable Congreso la siguiente, proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Esta soberanía solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Cultura y del Distrito Federal de la honorable Cámara de Diputados, que se consideren en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos etiquetados para cumplir con la construcción de la nueva casa de cultura General Francisco Villa.
Dado en el recinto legislativo de San Lázaro, a 27 días de octubre de 2009.
Diputados: Vidal Llerenas Morales, Agustín
Guerrero Castillo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras, Balfre Vargas
Cortés, Arturo Santana Alfaro, Avelino Méndez Rangel.
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA
EL EJERCICIO FISCAL DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS QUE SE DESTINEN A CUMPLIR
LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA ESCUELA GRATUITA DE ARTES Y OFICIOS
DE IZTACALCO PARA JÓVENES, A CARGO DEL DIPUTADO AGUSTÍN GUERRERO
CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Con el objetivo de fomentar, desarrollar y fortalecer el interés en la realización de actividades culturales, artísticas y de esparcimiento en la población joven de la delegación Iztacalco, en el Distrito Federal, la autoridad de la demarcación ha propuesto a partir de consultas con los vecinos de los siete barrios, la construcción de la primera escuela gratuita de artes y oficios para jóvenes.
2. Como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y el Protocolo de San Salvador de la OEA sobre esta materia, es un objetivo general para los países pertenecientes a estos organismos respetar, proteger y garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de los jóvenes que habitan y transitan, en este caso, en el Distrito Federal.
3. Cabe mencionar que la educación en la Ciudad de México es regulada por el ámbito federal y local, lo que obstaculiza la articulación entre ambos actores para garantizar el derecho a la educación.
4. Conforme al diagnóstico de derechos humanos del Distrito Federal, se establece que la población juvenil que no sabe leer y escribir se concentra en la delegación Iztapalapa con 27.7 por ciento del total de jóvenes, seguida de la Gustavo A. Madero con 12.19 por ciento y la Miguel Hidalgo con 2.12 por ciento; aunado a esto, se suma la población joven de 18 a 29 años que no cuenta con educación media superior cifra que representa 36.8 por ciento del total de la población juvenil del DF.
5. La exclusión educativa y deserción escolar es otro problema entre los jóvenes de la Ciudad de México, en particular cuando se trata de mujeres jóvenes, madres jóvenes, de grupos indígenas, de migrantes y de jóvenes con discapacidad.
6. Ante esta problemática, el gobierno del Distrito Federal ha establecido mecanismos de coordinación institucional y de política pública entre las autoridades y actores federales a fin de garantizar a los jóvenes de la ciudad el derecho a la educación y a la cultura de manera corresponsable.
7. Sin embargo, ante la situación de crisis económica que sufre el país que agudiza la falta de oportunidades educativas, culturales y laborales entre la población de jóvenes y que redunda en problemas de desarticulación familiar, entorno social hostil y delincuencia juvenil, resulta necesario establecer acciones en los diferentes ámbitos de gobierno para garantizar y paliar dicho rezago.
8. En este sentido, la delegación Iztacalco, en colaboración con los vecinos de la comunidad, proyecta, enfocándose a dicha problemática, la construcción de obra nueva o proyecto de construcción en lo que se conoce como casa de indigentes en el barrio de Los Reyes, para erigir la primera escuela gratuita de artes y oficios de Iztacalco para jóvenes.
9. Para lo anterior se realizarán obras en los rubros: Preliminares que consisten en excavación, acarreos, rellenos, trazos, cimentación, albañilería, bardas perimetrales, andadores internos, herrería, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. Pintura, impermeabilización y acabados.
10. Para cumplir con el objetivo de las mencionadas obras de construcción de la nueva escuela de artes y oficios de Iztacalco para jóvenes, la autoridad delegacional requiere para el proyecto de inversión un monto de 10 millones de pesos.
Considerandos
1. Que es responsabilidad de las autoridades locales y federales respetar, proteger y garantizar, bajo el principio de igualdad, los derechos económicos, sociales y culturales de los jóvenes.
2. Que con la construcción de la nueva escuela de artes y oficios de Iztacalco para jóvenes, como parte de la nueva infraestructura cultural de la Ciudad de México, brindará a la población joven de la zona educación, capacitación en diferentes artes y oficios, generando oportunidades de desarrollo y calidad de vida entre los jóvenes.
3. Que las distintas autoridades locales y federales están obligadas a establecer acuerdos y convenios entre las distintas instancias de gobierno local y federal con la finalidad de garantizar el acceso a la educación y la cultura a los jóvenes del Distrito Federal.
Por lo expuesto, ponemos a consideración de este honorable Congreso la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Esta soberanía solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Cultura de la honorable Cámara de Diputados que se considere en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos etiquetados para cumplir con la construcción de la nueva escuela gratuita de artes y oficios de Iztacalco para jóvenes.
Dado en el recinto legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputados: Vidal Llerenas Morales, Agustín
Guerrero Castillo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras, Balfre Vargas
Cortés, Arturo Santana Alfaro, Avelino Méndez Rangel.
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA
EL EJERCICIO FISCAL DE 2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS EN LO CORRESPONDIENTE
AL RAMO 21, REFERENTE AL SECTOR TURISMO, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR
MANUEL BÁEZ CEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado Víctor Manuel Báez Ceja, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática por el estado de Michoacán, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se someta a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Consideraciones
Hoy por hoy, el turismo se ha convertido por varias razones en uno de los sectores estratégicos más importantes para el desarrollo económico de México.
En primer lugar, porque México se encuentra entre los principales destinos turísticos de todo el mundo.
En segundo lugar, porque entre otras cosas esta actividad se ha convertido en la tercera fuente más importante en la captación de divisas para el país. Así por ejemplo, en 2008 se obtuvieron ingresos por 13 mil 200 millones de dólares; y durante este año, tan solo entre enero y junio se obtuvieron ingresos por 6 mil 48 millones de dólares, pese a la crisis económica, la contingencia sanitaria y los problemas de seguridad pública.
En tercer lugar, porque este sector se ha convertido en un detonador importante para el crecimiento y desarrollo municipal, regional y estatal, a través de la generación de infraestructura turística.
Y finalmente, porque el sector turismo se ha constituido también como una fuente importantísima para la generación de empleos en todo el país, contando actualmente con 2 millones 250 mil personas empleadas.
No obstante los datos anteriores, el gobierno federal no sólo ha planteado la desaparición de la secretaría del ramo, sino que además ha planteado un importante recorte presupuestal para éste, dentro del Proyecto de Egresos de la Federación para 2010.
En términos generales, el monto propuesto en el PPEF de 2010 para turismo es de 3 3 mil millones 800 mil pesos. Esta cantidad presenta un recorte de mil millones 500 mil pesos, en relación a los 4 mil 1.3 millones aprobados en el presupuesto pasado, lo que equivale a una disminución del 25 por ciento en el Presupuesto.
Igualmente destaca dentro del recorte planteado para este ramo, una importantísima reducción del 47.4 por ciento en el gasto para la Dirección General de Programas Regionales, así como la desaparición de la Dirección General de Servicios al Turista.
Todo esto resulta contradictorio a lo expuesto en la "Estrategia Programática" del proyecto de Presupuesto donde se señala que: "para el año 2010 se reforzarán las acciones estratégicas para hacer del turismo una prioridad nacional". Lo que no se explica en el documento es como pretenden hacer para que un sector que se supone "prioridad nacional" resulte operativo cuando presenta una disminución presupuestal de mil millones 500 mil pesos.
Más aún, cuando el sector turístico –como ya se mencionó– se ha convertido en la tercera fuente de ingresos de divisas a nuestro país, además de generar polos de desarrollo y empleo en aquellos lugares donde se implementan proyectos de infraestructura turística.
Todas estas, son razones por las que resulta de suma importancia no descuidar a este sector tan importante. Sino que por el contrario, debemos sumar esfuerzos para consolidar al Turismo como uno de los motores fundamentales para el desarrollo y crecimiento de nuestra economía. Y para ello debemos garantizar la continuidad en la realización de las obras de infraestructura y servicios públicos que contribuyan a la consolidación y diversificación de destinos turísticos sustentables y competitivos a nivel nacional e internacional. Sobre todo cuando los ingresos por remesas disminuyen, y en el escenario futuro, México se aleja de ser una potencia petrolera.
Es por ello que resultan tan absurdas las propuestas de desaparición de la Secretaría de Turismo, así como del recorte en su presupuesto. Pues lejos de debilitar presupuestalmente a este sector, desaparecerlo, fusionarlo o incorporarlo a otro, se requieren de nuevas alternativas que contribuyan a su fortalecimiento, con miras a potenciarlo como un elemento estratégico y esencial dentro de una política de Estado.
Por lo que se insiste en la necesidad de mantener en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, al menos como mínimo, la misma cantidad aprobada en el PEF de 2009 para el ramo 21.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que se incrementen a cuando menos 4 mil 1.3 millones de pesos, los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, al ramo 21, correspondiente al sector Turismo, a fin de que se mantenga como mínimo el monto aprobado en el PEF de 2009.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputado Víctor Manuel Báez Ceja (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA
EL EJERCICIO FISCAL DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS QUE SE DESTINEN A LA
ATENCIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN LA PRÓXIMA
TEMPORADA INVERNAL, PARA REFORZAR LAS ACCIONES DE LA SECRETARÍA
DE DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO NAZARIO
NORBERTO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Nazario Norberto Sánchez, en nombre propio, como diputado e integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, y de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que suscriben el presente documento; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, 58,59 y 60 del Reglamento de Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados, el planteamiento que contiene la siguiente propuesta con punto de acuerdo para que dentro del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2010 se destinen recursos económicos para la atención de personas en situación de calle en la próxima temporada invernal; para reforzar las acciones de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal; lo cual permita establecer acciones inmediatas con la finalidad de salvaguardar la integridad de los habitantes del Distrito Federal que se encuentran en peligro inminente ante las condiciones climatológicas que se presentarán a finales de 2009 y principios del 2010.
Antecedentes
1. Que la Ciudad de México en una de las urbes más grandes del mundo y ante ello su problemática de rezago social y el número de personas en situación de calle es importante, por lo que resulta inminente la implantación de programas y acciones que permitan combatir la pobreza de manera frontal, si bien es cierto que el Gobierno del Distrito Federal cuenta con importantes programas sociales en beneficio de los habitantes del Distrito Federal, también lo es que las acciones son insuficientes por lo cual se requiere indudablemente destinar recursos económicos para que por medio de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal sean aplicados a programas específicos de atención a personas en situación de calle que sufrirán las inclemencia de la temporada invernal que iniciará a finales de noviembre y se extenderá hasta finales de febrero de 2010.
2. Que existen instancias federales dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social que se encargan de destinar recursos para ayudar enfrentar las condiciones de pobreza del país, que en observancia a las normas de Coordinación Fiscal, puedan ser asignadas al Distrito Federal para su aplicación por medio de la Secretaría de Desarrollo Social.
3. Que existe la instancia nacional denominada el FAIS que es uno de los siete fondos que forman el ramo 33, cuyo objetivo fundamental –de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal– es el financiamiento de obras y acciones sociales básicas que beneficien directamente a sectores de población en condiciones de rezago social y pobreza extrema.
El FAIS cuenta con recursos equivalentes al 2.5 por ciento de la recaudación federal participable y se divide en dos fondos; el Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) y el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).
4. Los recursos del FISE (equivalentes al 0.303 por ciento de la recaudación federal participable) se deben destinar a obras y acciones de alcance regional o intermunicipal. Por su parte, los recursos del FISM (2.197 por ciento de la recaudación federal participable) se deben aplicar a obras en las siguientes categorías:
5. Que el Gobierno del Distrito Federal enfrenta una situación preocupante de crisis económica, por lo que sólo con acciones y la aplicación de programas sociales podrá enfrentar la difícil situación que se avecina por la entrante temporada invernal, la cual causara estragos en la población en situación de calle e incluso los habitantes de escasos recursos y grupos vulnerables del DF.
6. Que la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal ha argumentado en diversas ocasiones la necesidad de un trato justo e igualitario a la Ciudad de México, que resulta ser la entidad que más aporta generación de impuestos y a cambio de eso recibe recursos por demás insuficientes para poder enfrentar los complejos problemas que se generan en tan complicada ciudad.
7. Que es viable impulsar y dotar de mayores recursos económicos a la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal por medio de recursos que destine el FAIS (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social) a nivel federal y esta a su vez de manera coordinada con las 16 demarcaciones realicen las acciones pertinentes para la construcción de albergues y la aplicación de programas de apoyo social a personas en situación de calle y grupos vulnerables de la ciudad de México.
Exposición de Motivos
Se propone punto de acuerdo para que se destinen recursos económicos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y de esta forma construir albergues para la atención de personas en situación de calle y para la implantación de programas de atención social a grupos vulnerables del Distrito Federal.
Como es bien sabido y de acuerdo la normatividad aplicable las aportaciones federales son definidas como:
I. De Aportaciones para la Educación Básica y Normal;
II. De Aportaciones para los Servicios de Salud;
III. De Aportaciones para la Infraestructura Social;
IV. De Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal;
V. De Aportaciones Múltiples.
VI. De Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y
VII. De Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.
En los artículos 26 al 46 se establecen las disposiciones para la distribución de estos fondos, así como las fórmulas para la asignación de recursos para los Fondos de Aportaciones para los Servicios de Salud y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
Este último se subdivide en Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FAISE) y Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FAISM).
La Ley de Coordinación Fiscal (artículo 33) establece que los recursos del Fondo para la Infraestructura Social (FAIS) "se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:
b) Fondo de Infraestructura Social Estatal: obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal.
Entre las disposiciones establecidas con relación a estos fondos está la obligación de hacerlos de conocimiento público y que las autoridades estatales y municipales (a través de sus gobiernos estatales) deben proporcionar a la Sedesol la información sobre el uso de los recursos del FAIS, FAISE y FAISM. Este ordenamiento se contradice, aparentemente, con otro que expresado al final de la Ley de Coordinación Fiscal, en el sentido de que el uso de estos fondos es asunto de cada entidad federativa, y que el control y fiscalización de éstos está bajo jurisdicción de los Congresos y las autoridades locales. (Artículo 46)
Los recursos asignados a cada fondo deberán presentarse en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal.
De lo anterior se desprende que existen los procedimientos necesarios para solicitar la asignación de recursos económicos planteados en el presente punto de acuerdo a pesar de las contradicciones de la ley y que históricamente el gobierno federal ha recibido un trato discriminatorio de parte del gobierno federal y de la propia Secretaría de Desarrollo Social.
En otro orden ideas y a efecto de motivar el presente es de comentar que expertos de la máxima casa de estudios han manifestado la probabilidad de que la temporada invernal sea inclemente y que las bajas temperaturas rebasaran los cero grados incluso en el centro del país, de tal forma que miles de personas que se encuentran sin techo en situación de pobreza extrema; resentirán de forma directa las inclemencias del clima.
A pesar de que la Ciudad de México cuenta con diversos albergues de asistencia social estos resultan ser insuficientes ya que como el propio gobierno federal ha mencionado, el número de personas en pobreza en el país ha crecido de 6 millones a 20 millones de pobres en la República Mexicana, lo cual significa que miles de personas provenientes de otras entidades del país, vengan a la Ciudad de México en busca de oportunidades de trabajo, a lo que algunos tendrán éxito sin embargo es claro que no todos corren la misma suerte y se vienen a sumar al número de personas en situación de calle sin un techo que los resguarde de las inclemencias de las bajas temperaturas que se presentaran en esta temporada invernal como ya se ha citado.
Dicho fondo económico debe cubrir las necesidades de una ciudad que para algunos es la ciudad más grande del mundo y por lo tanto sus problemas son sumamente complejos, por lo que debe considerarse sean destinados alrededor de 200 millones de pesos.
Recursos que podrán ser asignados a demarcaciones como Gustavo A Madero, Iztapalapa, Coyoacán, Tlalpan, Cuauhtémoc, Xochimilco y Tlahuac entre otras; las cuales son demarcaciones en donde se presenta concentración de personas en pobreza extrema; recurso que se puede distribuir de manera proporcional al número de habitantes y según la concentración de personas en situación de calle y presencia de grupos vulnerables.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, 56, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a la consideración de esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Único. Los grupos parlamentarios representados en la honorable Cámara de Diputados acuerdan que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica, al elaborar dictamen a la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 incluya una partida con los recursos económicos necesarios para que sea asignado atreves del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y que a su vez sea ejercido por la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal con la finalidad de realizar acciones para salvaguardar la integridad física de personas en situación de calle y grupos vulnerables y en particular en las delegaciones que tienen gran concentración de personas en busca de oportunidades de trabajo provenientes de otras entidades del país.
Dado en el Palacio Legislativo, a 27 de octubre de 2009.
Diputado Nazario Norberto Sánchez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA
EL EJERCICIO FISCAL DE 2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA DESTINARLOS
A LA EDUCACIÓN INDÍGENA DEL PAÍS, A CARGO DE LA DIPUTADA
TERESA INCHÁUSTEGUI ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos diputados y diputadas Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Agustín Guerrero Castillo, Víctor Hugo Círigo Vásquez, Romero, Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Ramón Jiménez López, Vidal Llerenas Morales, Avelino Méndez Rangel, Eduardo Mendoza Arellano, Nazario Norberto Sánchez, Laura Piña Olmedo, Leticia Quezada Contreras, Arturo Santana Alfaro, Emilio Serrano Jiménez, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Rigoberto Salgado Vázquez, María Araceli Vázquez Camacho, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Balfre Vargas Cortez y Jesús Zambrano Grijalva, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública que asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 50 millones de pesos a la educación indígena del país, al tenor de la siguientes
Consideraciones
En el discurso oficial, los gobiernos en turno han sido reiterativos en reconocer la deuda social histórica con los indígenas mexicanos, excluidos de los beneficios elementales de los que gozan otros grupos, sin dejar de señalar la discriminación en derechos que sufre esta población. Sin embargo cuando se trata de hablar en plata, son muy raquíticos los recursos que se destinan y los esfuerzos que se empeñan para saldar esta deuda con los indígenas. La educación no es la excepción.
Actualmente, el subsistema de educación indígena tiene una matrícula 2 millones 500 mil alumnos de los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, de los cuales el 49% son niñas y el 51% son niños. Ese universo de educandos también comprende a hijos de familias migrantes jornaleros y de grupos en condiciones vulnerables.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, de las 68 agrupaciones lingüísticas consideradas en el país, son atendidos 57 grupos hablantes de lenguas indígenas en el servicio de primaria, 51 en preescolar y 47 en educación inicial. Los servicios se ofrecen en 24 entidades federativas, siendo sólo 14 grupos hablantes de lenguas indígenas los que cuentan con mayor captación de matrícula.
Las entidades federativas donde se concentra la matrícula de educación inicial y básica indígena son: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz, lo cual representa un 72% del total de la matrícula. En el resto de los estados sólo se capta 28% del total.
No se puede dejar de señalar que la educación indígena está considerada como uno de los puntos críticos de la enseñanza básica del país, dadas las condiciones desfavorables y de vulnerabilidad de la población que atiende. Esta situación crítica cobra mayor dimensión considerando que el 68.4 por ciento de las niñas y de los niños indígenas, son atendidos en las escuelas primarias de las entidades con menor índice de desarrollo humano.
No obstante lo anterior, hay avances alentadores entre 2005 y 2008. De acuerdo con los reportes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en 2007, 57 por ciento del alumnado indígena se encontraba en el nivel más bajo de competencia de lectura y sólo 12 por ciento de los escolares alcanzaba un nivel aceptable de lectura con relación al promedio nacional que fue de 17 por ciento.
Esta situación fue revertida en 2008 en la prueba de Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares aplicada por la Secretaría de Educación Pública, cuyos resultados arrojaron que el 88 por ciento de las escuelas de educación indígena mejoraron dos y casi tres veces más, que en el promedio de todos los tipos de escuelas primarias, al aumentar en 13 puntos promedio el aprovechamiento escolar en español y 8 puntos en matemáticas, cuando incluso el promedio nacional sólo mejoró 5 puntos.
Estos avances requieren ser consolidados y hacerlos extensivos al resto de los planteles de educación indígena a efecto que la población indígena del país pueda ser partícipe del derecho a la educación y el respeto a la diversidad y a la interculturalidad. Por ello es que estamos solicitando que a la educación indígena se le asignen recursos adicionales por 50 millones de pesos para el 2010.
Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. El pleno de la Cámara de Diputados solicita a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública que asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, 50 millones de pesos adicionales a la educación indígena del país, a efecto de desarrollar una serie de transformaciones curriculares con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad con énfasis en los derechos de los pueblos indígenas y población en situación emergente y los derechos sociales y culturales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputada Teresa del Carmen Incháustegui
Romero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA
EL EJERCICIO FISCAL DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO
DE LAS CONDICIONES FÍSICAS Y MATERIALES DE LOS DIEZ CENTROS DE READAPTACIÓN
SOCIAL
QUE EXISTEN EN EL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA TERESA INCHÁUSTEGUI
ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Nuestra constitución mandata que las personas privadas de su libertad en el sistema penitenciario tengan derecho a: la salud, la educación, la capacitación y el trabajo. Sin embargo las prisiones carecen de las condiciones necesarias para garantizar el acceso a estos derechos, ya que debido a la precariedad económica, los servicios médicos de los penales no tienen capacidad para prestar la atención más elemental; la alimentación es deficitaria, y la insuficiencia de espacios adecuados hace nugatorios los derechos a la educación, la capacitación, el trabajo y los cuidados necesarios a los hijos e hijas de las mujeres reclusas.
Esta situación se agrava por la sobrepoblación que prevalece en los reclusorios del país, debido tanto al crecimiento de la delincuencia como a las deficiencias del sistema de procuración y administración de justicia.
Buen número de las irregularidades y fallos de nuestro sistema penitenciario, como: motines, fugas, la corrupción, el trafico de drogas, el uso de teléfonos celulares para cometer delitos, el hacinamiento y la convivencia entre reos de alta peligrosidad y delincuentes menores o aun, en situación de prisión preventiva, se originan en el mal estado de las instalaciones, la falta de equipos de vigilancia y de personal capacitado. Entre otras fallas estructurales del sistema que también propician la mayor parte de violaciones a los derechos humanos de las personas en reclusión.
En Distrito Federal la situación de los diez centros de reclusión ha tocado fondo, ya que la evolución de la población de reos federales en las prisiones del Distrito Federal ha sido dramática, pues en sólo los dos últimos años ha pasado de 4 mil reos federales en 2007, a 5 mil 970 en 2009. Lo que significa un incremento de 50 por ciento. Lo anterior agrava la sobrepoblación penitenciaria que rebasa el 140% de la capacidad de alojamiento.
El gobierno de la capital ha notificado al federal de la saturación y la falta de condiciones físicas y materiales para recibir reos federales, máxime que con mucha frecuencia, se trasladan a los reclusorios de la capital del país, a indiciados o procesados por delitos federales cometidos en otras entidades.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a considerar en el ramo 36, en el marco del proceso de análisis y aprobación del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2010, la programación de $1,000,000,000 (mil millones de pesos) con la finalidad de que se le aporte al Distrito Federal una partida para el mantenimiento de las condiciones físicas y materiales de los diez centros de readaptación social que existen en la entidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputada Teresa del Carmen Incháustegui
Romero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA
EL EJERCICIO FISCAL DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS QUE SE DESTINEN A LA
ADQUISICIÓN Y OPERACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN
EL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA TERESA INCHÁUSTEGUI
ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Ciudad de México, igual que las grandes conglomeraciones urbanas del mundo, actualmente es víctima del flagelo de la inseguridad. Organizaciones de la macrodelincuencia nacional e internacional, con asiento en la zona metropolitana y entidades vecinas, que trafican con drogas, automóviles, personas, junto con bandas locales y regionales de diversos rangos de actividades y la delincuencia menuda y oportunista encuentran en la conurbación más grande del país un sinnúmero de ocasiones para delinquir.
La diversidad de entornos no seguros, la facilidad de desplazamiento por vías rápidas, además del traslape de los límites entre demarcaciones capitalinas y entidades federativas vecinas, ofrecen vacíos de vigilancia que son aprovechados tanto por organizaciones criminales como por delincuentes oportunistas, para delinquir y victimar a las población.
Para poner coto a este fenómeno, el jefe del Gobierno del Distrito Federal presentó el pasado 9 de marzo un proyecto para colocar 8 mil cámaras de vigilancia en la Ciudad de México que concluirá en 2012. Con este proyecto, que incluye lectores de placas vehiculares y sensores de disparo de armas de fuego, se establecerá un sistema de vigilancia permanente y completo de la Ciudad de México, que será la base de un programa de inteligencia policial y reacción rápida, para la atención de emergencias y la reducción de la victimización delictiva.
El sistema en mención ha comenzado a colocar cámaras y se ha entrenado a cerca de 2 mil policías encargados de manejar este sistema, con cinco mandos regionales bajo un solo mando central, enlazados con los cuerpos de seguridad pública locales, con la Procuraduría General de la República, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Seguridad Pública federal.
Por lo expuesto, ponemos a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a efecto de que en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al ejercicio fiscal de 2010, considere en el ramo 23 la programación de mil 758 millones de pesos para el rubro de aportaciones a las entidades federativas para la adquisición y operación de cámaras de seguridad en el Distrito Federal.
Salón de sesiones, a 27 de octubre de 2009.
Diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA
EL EJERCICIO FISCAL DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS QUE SE DESTINEN A LA
RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y FACILITAR
EL CIERRE DE BORDO PONIENTE, CUARTA ETAPA, A CARGO DEL DIPUTADO RIGOBERTO
SALGADO VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Rigoberto Salgado Vázquez, en nombre propio y de los diputados del Distrito Federal por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que el Bordo Poniente se acondicionó como centro de manejo y disposición de residuos ante la urgencia de los sismos de 1985, por la basura y los desechos de edificios y de construcciones derruidos por el terremoto. En su momento, fue considerado el sitio idóneo para la disposición final de esa cantidad de residuos sólidos.
Que, tras los sismos de 1985, el Bordo Poniente se consideró la única opción eficiente para la disposición final de los más de 10 millones de toneladas de basura que diariamente se producen en el área metropolitana de la Ciudad de México.
Que, actualmente, en la Ciudad de México se generan 12 mil 500 toneladas diarias de basura. Sin embargo, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) ha acondicionado 13 estaciones de transferencia, en las que se reclasifican 5.5 millones de toneladas de residuos sólidos, de los cuales 1.6 millones se manejan en las 3 plantas de selección y aprovechamiento, con lo que se logra la recuperación de materiales reciclables. Sin embargo, el único lugar para la disposición final de residuos sólidos con que cuenta el Distrito Federal sigue siendo el relleno sanitario Bordo Poniente, en la IV etapa.
Que el 20 de octubre de 2004, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, "Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial". Con la entrada en vigor de ésta, la continuidad de operación del Bordo Poniente quedó en entredicho, ante la imposibilidad física y económica de su estricto cumplimento.
En años recientes, la Semarnat ordenó al GDF proceder al cierre, la clausura y la remediación del Bordo, IV etapa.
Como ninguna disposición normativa puede aplicarse de manera retroactiva, el GDF ganó un amparo contra la orden de cierre, clausura y remediación, sin embargo los gobiernos del estado de México, y del Distrito Federal, así como el gobierno federal deben contar con una alternativa viable y sustentable para el depósito final de residuos sólidos del área metropolitana.
Que la infraestructura existente en el Estado de México para la disposición de los residuos no está preparada para recibir las 12 mil toneladas de residuos que se generan como resultado de la actividad cotidiana en la Capital y tampoco se garantiza cumplimiento de la NOM 083 en la mayoría de sitios habilitados para la disposición final de residuos.
Que el proceso de cierre, clausura y remediación del Bordo Poniente IV Etapa implica el suministro de una enorme cantidad de recursos financieros por las características y dimensiones del sitio, el proceso de cierre, clausura y remediación deberá llevar a cabo por etapas en un periodo aproximado de 20 años.
Que tan sólo para el próximo ejercicio fiscal se requieren la erogación de mil millones de pesos para realizar los trabajos siguientes: cubierta final y sello; red pluvial; pozos de extracción de lixiviados y equipo para su tratamiento, instalación de geomembrana, ampliación de la planta de compostaje y siembra y producción de pasto.
Que paralelamente al cierre ni se puede interrumpir el proceso de disposición final de residuos por lo que se han evaluado como factibles las siguientes opciones: el Centro de Manejo de Residuos para su tratamiento y aprovechamiento a ubicarse en la zona 8 de Bordo Poniente que incluye el área de almacenamiento temporal; la ampliación de la capacidad de procesamiento de la planta de composta existente en ese lugar; la construcción de nuevas plantas de compostaje y biodigestores en diversos sitios del Distrito Federal; adecuación de las estaciones de transferencia adicionándoles la infraestructura para convertirlos en centros de acopio de materiales reciclables.
Que para el acondicionamiento del terreno y la construcción del Centro de Manejo de Residuos en la Zona 8 de Bordo Poniente se necesitan 700 millones de pesos a partir del año 2010, incluye nivelación y mejoramiento del terreno, caminos de acceso, obras de protección hidráulica, centro de tratamiento térmico de los residuos y su área de almacenamiento temporal, además, la modernización de las tres plantas de selección para la compactación de los residuos.
Que los estudios de las opciones consideran también la instalación de una planta generadora de energía a partir del gas metano del biogás que se genera en el actual relleno en operación, su costo estimado asciende a mil 500 millones de pesos. Los principales componentes del proyecto son entre otros: la perforación de pozos, red de tubería de captación, generadores y la red área de conducción.
Que con el desarrollo e implementación de la Zona VIII del Bordo Poniente se podrá resolver en un tiempo relativamente corto la urgencia de contar con un Centro de Manejo Integral de Residuos considerando que las acciones complementarias permitirán un aprovechamiento integral y más eficiente de los residuos, además con la planta de tratamiento térmico que se instalará, se obtendrá energía limpia y de bajo costo.
Por todo lo expuesto y fundado, se someten a consideración de pleno de la Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 que en los Anexos cuerpo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 correspondientes al Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales considere asignar un monto de 1 mil millones de pesos para que el Gobierno del Distrito Federal inicie el proceso de cierre, clausura y remediación del Bordo Poniente, IV etapa, mandatado por el Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Segundo. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, en los anexos del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 correspondientes al ramo 16, "Medio ambiente y recursos naturales", consideren asignar 700 millones de pesos destinados para el acondicionamiento de la zona VIII del Bordo Poniente como centro integral de manejo de residuos sólidos.
Tercero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, en los anexos del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 correspondientes al ramo 16, "Medio ambiente y recursos naturales", consideren asignar 300 millones de pesos para la primera etapa de una planta generadora de energía a partir de la captura del biogás que se desprende del llamado Bordo Poniente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputados: Rigoberto Salgado
Vázquez, Víctor Hugo Círigo Vásquez, Esthela
Damián Peralta, Luis Felipe Eguía Pérez, Alejandro
Encinas Rodríguez, Agustín Guerrero Castillo, Francisco Hernández
Juárez, Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Teresa
del Carmen Incháustegui Romero, Ramón Jiménez López,
Vidal Llerenas Morales, Avelino Méndez Rangel, Eduardo Mendoza Arellano,
Norberto Sánchez Nazario, Laura Piña Olmedo, Leticia Quezada
Contreras, Leticia Robles Colín, Arturo Santana Alfaro, Emilio Serrano
Jiménez, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Enoé Margarita
Uranga Muñoz, Balfre Vargas Cortez, María Araceli Vázquez
Camacho, José de Jesús Zambrano Grijalva.
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA
EL EJERCICIO FISCAL DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS QUE SE DESTINEN A LA
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TOPILEJO, A CARGO DEL DIPUTADO
HÉCTOR HUGO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El que suscribe, diputado federal Héctor Hugo Hernández Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, ésta es una de las garantías individuales plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo tanto, la creación de políticas públicas debe girar alrededor de la conservación de ésta y proveer de recursos necesarios para el bienestar social.
En este sentido, es necesario cumplir con las exigencias económicas y sociales prioritarias, como lo son la salud de la población.
Una buena calidad de la salud resulta una condición básica para el desarrollo del potencial productivo de la población que dará como resultado un mayor logro en la calidad de vida, el bienestar social y el desarrollo productivo del pueblo.
Un buen estado de salud provee mayor logro de bienestar social y desarrollo económico sostenido, es por eso que la inversión en salud resulta ser una condición básica para el desarrollo del potencial creativo y productivo de la población.
Sin embargo, el crecimiento de la población y la baja inversión en infraestructura de salud y recursos humanos ha generado un rezago en los servicios de salud proporcionados por el Estado.
Aunado a esto, la cobertura en la salud pública apenas abarca a la mitad de la población, este problema se ha acentuado más en la periferia del Distrito Federal debido al proceso de urbanización que se ha concentrado en esa zona. Esto ha generado una segregación territorial y ha polarizado las condiciones de vida y de salud de la población.
El fenómeno de expansión de la población ha generado mayores demandas de los servicios de salud, como lo es el caso de la delegación Tlalpan, en la cual habitan 607 mil personas, de acuerdo a las cifras publicadas por el Inegi.
Dentro de esta delegación existen ocho pueblos: Parres el Guarda, San Miguel Topilejo, San Andrés Totoltepec, San Pedro Mártir, San Miguel Xicalco, Santo Tomás Ajusco, San Miguel Ajusco y Magdalena Petlatalco. En Tlalpan más de 80 por ciento del territorio es rural; es importante resaltar que la población rural es de muy alto y mediano grado de marginación, acentuando las necesidades de sus pobladores.
Esta problemática incrementa la demanda de los servicios de salud; de acuerdo con los datos publicados por la Secretaría de Salud del Distrito Federal, en la delegación Tlalpan, 46.5 por ciento no cuenta con seguridad social, lo cual representa que 294 mil 35 habitantes carecen de servicio médico y no se encuentran afiliados a ningún tipo de programas de salud, del gobierno federal o local, para tener acceso a consultas externas, análisis clínicos, medicamentos gratuitos o algún otro servicio que requieran.
Aunado a esto, la delegación Tlalpan sólo cuenta con una infraestructura hospitalaria de 21 centros de salud y no existe ningún hospital general para atender las necesidades de la población.
En lo que respecta a los recursos humanos para la atención de esta demarcación son escasos, ya que actualmente Tlalpan es considerada como la segunda delegación con mayor rezago contando con 0.84 médicos por cada mil habitantes y 0.69 enfermeras por cada mil habitantes. En cuanto a camas censables le corresponden 0.83 por cada mil habitantes.
Los datos anotados arriba representan un déficit tanto en infraestructura hospitalaria como en recursos humanos y equipo, considerando que los estándares internacionales y nacionales establecen un médico por cada mil habitantes y una cama censable por cada mil habitantes.
Con base en lo anterior, se justifica la creación del hospital de Topilejo, el cual dará cobertura a 245 mil habitantes de la zona y también proporcionará servicio médicos a los pueblos más cercanos como San Andrés Totoltepec, Parres el Guarda y San Miguel Xicalco.
El hospital contará con 72 camas y se construirá como un proyecto integral a precios unitarios de 350 millones de pesos .Con la construcción del hospital de Topilejo se dará atención médica de urgencias; tococirugía; imagenología; cuidados intensivos adultos y neonatales; farmacia; consulta externa; laboratorio clínico; hospitalización pediátrica, ginecoobstétrica, de medicina interna y de cirugía.
Cabe mencionar que en el pueblo de Topilejo habita 35 por ciento de la población total de la delegación Tlalpan, la cual 48.3 por ciento está considerada como población con alta marginación.
En resumen con la edificación del hospital de Topilejo:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y a la de Salud de la Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, se contemple la cantidad de 350 millones de pesos para la construcción del hospital general de Topilejo.
Dado en la Cámara de Diputados, a 27 de octubre del 2009.
Diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA STPS A COMBATIR EL FRAUDE LABORAL Y FISCAL DESARROLLADO
POR THE COCA-COLA COMPANY Y SUS FILIALES, VALIÉNDOSE DEL OUTSOURCING;
Y A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, A AJUSTARSE A
DERECHO EN EL JUICIO QUE EL INGENIERO ÁNGEL ALVARADO AGÜERO
MANTIENE CONTRA COCA-COLA, A CARGO DEL DIPUTADO EMILIO SERRANO JIMÉNEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
EL suscrito, diputado Emilio Serrano Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con puntos de acuerdo:
Consideraciones
El ingeniero Ángel Alvarado Agüero, se desempeñó durante 16 años como alto directivo de la empresa The Coca-Cola Company, habiendo sido despedido injustificadamente en mayo de 2007, por manifestar su inconformidad ante las ilegales prácticas monopólicas desarrolladas por esta empresa en nuestro país. En consecuencia de lo anterior, el ingeniero Alvarado interpuso demanda laboral, que se tramita ante la Junta Especial número 16 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Siendo indispensable señalar, que a este ingeniero se le arrancó una supuesta renuncia, para lo cual la empresa le privó ilegalmente de su libertad y le hizo víctima de todo tipo de amenazas, además de estar presionado por guardias armados. Así se las gasta esta trasnacional, que públicamente presume de tanta rectitud.
A partir de entonces, este ingeniero, ha visto la complicidad de esta Junta con esta poderosa trasnacional, por lo que se le ha obstaculizado su defensa por todos los medios posibles; su familia ha sido víctima de amenazas y, se le ha impedido por todos los medios su derecho a reemplearse nuevamente (es decir, se ha hecho uso de la aborrecible e ilegal práctica de "poner en el índice").
Sobre las irregularidades procesales, cabe señalar que la Junta Especial número 16, sistemáticamente le ha desechado las documentales ofrecidas por este trabajador, las cuales son pruebas contundentes, e incluso ha llegado al extremo de revocar sus propios acuerdos ordenando el archivo de un expediente sin sustanciar el procedimiento respectivo.
En todo lo anterior, ha jugado un papel fundamental la simulación laboral desarrollada por The Coca-Cola Company, por medio de la utilización del mecanismo conocido como outsourcing, esquema de intermediación laboral y de servicios, para lo cual Coca-Cola Company ha creado varias filiales. Todo con el objeto de burlar sus obligaciones para con sus trabajadores, especialmente el reparto de utilidades, igualmente para evadir al fisco y al IMSS.
Baste señalar como ejemplo, que en 2007 The Coca-Cola Export Corporation Sucursal México, obtuvo utilidades por un monto de alrededor de 700 millones de dólares, por lo que conforme a la Ley Federal del Trabajo a los trabajadores se les debió repartir 70 millones de dólares; sin que esto haya sido algo excepcional ya que el pago completo de utilidades se les ha negado a los trabajadores por más de treinta años.
Pese a las declaraciones de condena del secretario del Trabajo y Previsión Social, licenciado Javier Lozano, a las prácticas del outsourcing, para lo cual firmó un convenio con el Servicio de Administración Tributaria, el IMSS, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y la Profedet, resulta que a la fecha, pese a las repetidas solicitudes del ingeniero Alvarado, la STPS no ha hecho nada para poner fin al fraude laboral desarrollado por Coca-Cola en el país.
El trabajador, en su lucha por justicia ha presentado denuncias penales ante la Procuraduría de Justicia del DF, las que han corrido con la misma suerte que el procedimiento laboral. La lista de derechos y garantías que se le han conculcado al trabajador es muy larga, convirtiéndose en una lucha desleal y antijurídica, siendo que lo único que se busca es la justicia a este trabajador, dada la práctica de simulación fraudulenta de numerosas empresas en nuestra nación vía el outsorucing.
Nadie puede oponerse a que una empresa de capital extranjero invierta en el país y genere empleo, pero siempre que lo haga en respeto a nuestro estado de derecho, comenzando por los derechos humanos, en general, y concretamente los derechos laborales de sus trabajadores.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a que intervenga contra las prácticas fraudulentas en materia laboral y fiscal, desarrolladas por la empresa The Coca-Cola Company y sus diversas filiales, por medio del mecanismo denominado outsourcing. Aclarando que la empresa que tiene la representatividad legal productiva de esta trasnacional en nuestro país es la denominada, The Coca-Cola Export Corporation Sucursal México.
Segundo. Se exhorta a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a velar porque en el juicio entre el ingeniero Ángel Alvarado Agüero y The Coca-Cola Export Corporation Sucursal México, se actúe en todo momento con imparcialidad y apego a derecho.
Tercero. Se exhorta, igualmente, a la Procuraduría General de la República, para que los procesos penales interpuestos por el ingeniero Ángel Alvarado Agüero con motivo de las irregularidades en el proceso laboral de mención, se atiendan con oportunidad y legalidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputado Emilio Serrano Jiménez (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CREAR
LA COMISIÓN ESPECIAL DE ARTESANÍAS, A CARGO DEL DIPUTADO
FERMÍN GERARDO ALVARADO ARROYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica; y 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
1. Que los pueblos y comunidades indígenas de México presentan un rostro altamente diversificado y son quienes más contribuyen con su patrimonio a la riqueza nacional.
2. Que estos pueblos y comunidades están integrados por más de 12 millones de personas, constituyen la décima parte de la población y se encuentran distribuidos en 20 mil localidades, expresando la mayor riqueza nacional y son los que más aportan, en recursos humanos, territorio y cultura, a pesar de que, en su inmensa mayoría, viven en condiciones de franca miseria.
3. Que en doce entidades –entre las que sobresalen Guerrero, Oaxaca y Chiapas– se concentran 5.4 millones de hablantes de la lengua indígena, los restantes 678 mil, están diseminados en el resto de los estados; 803 municipios, son considerados de corte indígena, el 67 por ciento de su población se ocupa en actividades agrícolas; las principales áreas naturales protegidas se encuentran en municipios y muchas de ellas, son territorios sagrados y ceremoniales, con zonas arqueológicas que los pueblos indígenas, desde tiempos inmemoriales, reclaman como suyas.
4. Que la elaboración de artesanías, además de ser parte esencial que nos da identidad e historia, es el modus vivendi de grandes sectores poblacionales de la sociedad mexicana, destacada y mayoritariamente los pueblos y comunidades indígenas.
5. Que la artesanía comprende, básicamente, las obras y trabajos realizados de manera manual, con poca o nula intervención de maquinaria, que se significan por ser decorativos y distinta a las demás, diferenciándose del trabajo en serie o industrial1
6. Que a diferencia de la industria que es toda técnica, mecánica aplicada para producir socialmente bienes y servicios, la artesanía es "toda técnica manual creativa, para producir individualmente, bienes y servicios en tanto que la industria es "toda técnica mecánica aplicada, para producirse socialmente, bienes y servicios"2 y, más aún, para muchos estudiosos de las artes, la artesanía es un estado evolutivo que media entre el diseño y el arte.
7. Que el 14 de junio, por mandato del Ejecutivo federal, se constituyó el fideicomiso público de la administración pública federal, denominado Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, sectorizado actualmente a la Secretaría de Desarrollo Social, que responde a la necesidad de impulsar el desarrollo humano, social y económico de los artesanos de México, cuya misión es apoyar a los artesanos y artesanas de México, contribuyendo a la mejora de sus niveles de vida y a preservar los valores de su cultura tradicional.
8. Que necesitamos vincular la creatividad del artesano con el consumidor final, mediante programas de apoyo y efectivas estrategias de comercialización que aseguren el posicionamiento de productos artesanales de calidad, en los mercados nacionales e internacionales y con la visión de constituirse en un instrumento que logre mejorar los niveles de los artesanos de México, diseñando y ejecutando acciones de largo plazo, basadas en el fortalecimiento de las capacidades individuales y comunitarias de los artesanos; que les permita la generación consistente de recursos económicos, para una mejor distribución de la riqueza.
9. Que en este mismo orden de ideas la Cámara de Diputados, contaba con una Comisión Especial de Artesanías, a partir de la LVII Legislatura, con el propósito de aprobar ordenamientos y acciones orientadas a fomentar la actividad artesanal en México; dejó este de operar a partir esa Legislatura para fusionarse con la vigente Comisión de Comercio y Fomento Industrial, lo que generó que un asunto tan importante para la vida económica de una buena parte de la población pase a un segundo término.
10. Que, por ello, durante los Foros Nacionales Artesanales IV y V, celebrados en Campeche en 2008 y en Jalisco en 2009, respectivamente, por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, los Institutos de las Artesanías y las Casas de las Artesanías de los estados de la república, se han manifestado contundentemente y de manera unánime, en solicitar nuevamente al honorable Congreso de la Unión la creación e integración de una comisión especial que impulse, proteja y reglamente la actividad artesanal nacional la haga competitiva y signifique una verdadera oportunidad de mejorar sus ingresos y calidad de vida.
11. Que además de tender las premisas legales que posibiliten la estricta observancia del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como esta Comisión Especial de Artesanías, se propiciaría un homenaje a miles y miles de mexicanos que se dedican a esta noble actividad, que es, sin duda alguna, uno de los baluartes que dan identidad con una honda composición pluricultural, amén de proceder a la inmediata oxigenación legislativa, a título de ejemplo, de la vigente Ley Federal de Fomento a la Micro Industria y Actividad Artesanal, que resulta incompleta, inoperante y poco aplicable.
Que esta representación nacional, fiel al pacto federal, se empeña en respaldar de manera decidida, las propuestas que impulsen el desarrollo de los pueblos indígenas que es una de las variantes del federalismo cooperativo a que convoca la lectura sistemática e interdisciplinaria del artículo 116 de la Carta Magna, en correlación con el artículo 3o., 25 y 26 de nuestro código primario; por lo que hemos estimado pertinente someter a la consideración de esta honorable asamblea nacional, para que previo al trámite correspondiente se discuta, analice y, en su caso, se apruebe la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Conforme al artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados y a esta asamblea, se constituya la Comisión Especial de Artesanías y se le dote para su eficaz desempeño, de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para su debida operación y que el período de sus funciones comprenda toda la LXI Legislatura.
Notas
1. Enciclopedia libre Wikipedia.
2. Eutimio Tovar Rodríguez, La artesanía
mexicana, su importancia económica y social.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 27 de octubre de 2009.
Diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA
RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN RELATIVA
A LA INVESTIGACIÓN DE LO SUCEDIDO EN OAXACA DEL 1 DE MAYO DE 2006
A ENERO DE 2007, ASÍ COMO EL 16 DE JULIO DE 2007, A CARGO DE LA
DIPUTADA JUANITA ARCELIA CRUZ CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada Juanita Cruz Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El miércoles 14 de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el dictamen sobre la investigación del conflicto entre la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y el gobierno del estado, hechos ocurridos en esa entidad de mayo de 2006 a enero de 2007.
Dicha resolución señala que gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, es responsable de los sucesos ocurridos en esa entidad durante el conflicto magisterial de 2006 y 2007, ya que permitió que el conflicto social creciera, debido a su falta de atención al problema, su falta de oficio político e incapacidad.
Asimismo, la Suprema Corte determinó las responsabilidad del director general de Seguridad Pública del estado, José Manuel Vera Salinas, del director de la Policía Ministerial, teniente de navío José Moreno Rivas, y al director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, Joaquín Darío Berges y Dorantes.
Al respecto, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se congratula por esta resolución y se pronuncia por que las autoridades, tanto federales como las del estado de Oaxaca, inicien los procedimientos correspondientes para fincar las responsabilidades penales y administrativas en contra de estos servidores públicos. Ya que de nada serviría la resolución de nuestro máximo tribunal si ésta no se ve acompañada de las sanciones penales y administrativas correspondientes.
Por tanto, le hacemos un llamado a las autoridades del estado de Oaxaca para que inicien los procedimientos correspondientes a efecto de fincar las responsabilidades penales a las que haya lugar.
De no hacerlo se sentaría un mal precedente para la procuración y administración de justicia y se contribuiría a seguir fomentando uno de los peores males que aquejan a nuestro país: la impunidad.
Por lo antes expuesto sometemos al a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Congreso del estado de Oaxaca, para que –con base en la resolución 1/2007 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, inicie el procedimiento de juicio político en contra de Ulises Ruiz Ortiz, gobernador constitucional de Oaxaca.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con absoluto respeto al federalismo, exhorta al procurador general de Justicia del estado de Oaxaca, para que con base en la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inicie las investigaciones correspondientes en contra de Ulises Ruiz Ortiz, José Manuel Vera Salinas, José Moreno Rivas, y Joaquín Darío Berges y Dorantes, a efecto de fincar las responsabilidades de carácter penal a que haya lugar.
Diputada Juanita Cruz Cruz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECTUR A ELIMINAR EL APOYO DE PROMOCIÓN EN LA PUBLICIDAD
DE OFERTA EXTRAHOTELERA EN LA CAMPAÑA VIVE MÉXICO, DEBIDO
A QUE CONSTITUYE UNA COMPETENCIA DESLEAL HACIA LA OFERTA DE HOSPEDAJE FORMALMENTE
ESTABLECIDA EN LOS DISTINTOS DESTINOS TURÍSTICOS DEL PAÍS,
A CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO CARABIAS ICAZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PVEM
El diputado Alejandro Carabias Icaza, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En México, la crisis económica nos ha empujado a una situación crítica con repercusiones negativas en la producción, consumo y principalmente en el empleo. Aunado a esto, la emergencia sanitaria provocada por el virus de la influenza A (H1N1) afectó gravemente la actividad turística en el país, con la disminución del arribo de turistas nacionales y extranjeros principalmente. En este tenor, y con objeto de recuperar la actividad turística, el gobierno federal ha implantado la campaña de promoción turística "Vive México", con la finalidad de difundir los vastos lugares con potencial turístico de nuestro país.
Empero, dentro del marco de dicha campaña hemos sido testigos de una equívoca orientación del gobierno federal y de un abuso por parte de empresas privadas que sirven como intermediarios y promotores inmobiliarios, como es el caso de la compañía Travel Residences. Empresas que promocionan con recursos públicos la oferta extrahotelera prestada de manera irregular y sin registro alguno ante las autoridades, que además de representar fugas en la recaudación por evadir impuestos locales de hospedaje, son un riesgo para la inversión que genera empleos formales dentro del sector turístico.
Por tanto, esta oferta extrahotelera irregular y sin registro ante las autoridades recae en una competencia desleal frente a los hoteles que aportan su tributación correspondiente, que han invertido recursos sustantivos para cumplir con distintas regulaciones y normatividad, y que sobre todo generan múltiples empleos formales que dan sustento a cientos de miles de mexicanos.
En ese sentido, los legisladores del Partido Verde Ecologista de México consideramos de vital importancia hacer un alto a este tipo de promociones desleales e inequitativas por parte del gobierno federal a través de la campaña Vive México.
Por todo lo anterior y conforme a la alta trascendencia que tiene este tema, los diputados que suscribimos solicitamos se apruebe el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que la Secretaría de Turismo, a través del Consejo de Promoción Turística, elimine el apoyo de promoción en la publicidad de oferta extrahotelera que llevan a cabo intermediarios y promotores inmobiliarios bajo la campaña Vive México, debido que constituye una competencia desleal hacia la oferta de hospedaje formalmente establecida en los distintos destinos turísticos del país.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 22 de octubre de 2009.
Diputado Alejandro Carabias Icaza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA
EL EJERCICIO FISCAL DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS QUE SE DESTINEN A INVERSIÓN
EN EQUIPAMIENTO QUE REQUIERE EL CENTRO DE INFORMACIÓN DEL COLEGIO
DE CIENCIAS Y HUMANIDADES, DEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ
DEL ESTADO DE DURANGO, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO VÁZQUEZ GONZÁLEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El suscrito, diputado Pedro Vázquez González, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Cámara de Diputados, integrante del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo de obvia resolución para asignar una partida de cuatro millones quinientos mil pesos, moneda nacional, que se destinará a la inversión en equipamiento que requiere el Centro de Información del Colegio de Ciencias y Humanidades, dependiente de la Universidad Juárez del Estado de Durango, atento a la siguiente
Exposición de Motivos
El Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Juárez del Estado de Durango, fue creado por decisión de su junta directiva, el 4 de octubre de 1974 y fue en 1977, cuando la Secretaría de Educación Pública de la Federación, aprobó su programa de actividades.
El Colegio se ha desarrollado desde entonces, para llegar a la actualidad con una infraestructura de 5 edificios, con un total de 32 aulas equipadas y con laboratorios. Las instalaciones permiten atender a una población escolar de 2 mil 500 alumnos en dos turnos del sistema escolarizado, más 200 alumnos del sistema semiescolarizado.
En el área académica cuenta con una planta docente de 156 maestros capacitados con programas para un perfil de acuerdo al Sistema Nacional de Bachillerato. Adicionalmente, el Colegio de Ciencias y Humanidades cuenta con programas para tutorías, asesorías, preparación para el examen de Ceneval, investigación educativa, sicopedagogía y consultorio médico.
En mayo de 2009, con la actual administración se creó el Centro de Información, con un edificio construido en una superficie de 1,386 metros cuadrados, contando con un auditorio para 186 personas, tres áreas de estudio, salón de exposiciones y área de servicio para alumnos con capacidades diferentes.
Para la Universidad, este proyecto es el más importante para la consolidación de sus programas que permitan brindar un mejor servicio al alumno y estos tengan mayores y mejores oportunidades de desarrollo.
Es importante mencionar que el Colegio de Ciencias y Humanidades participa en actividades académicas como miembro de la Red Nacional de Nivel Medio Superior de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos Superiores.
En septiembre de este año, fue sede del X Coloquio Nacional de Formación Docente. La necesidad de contar con mayor cantidad de computadoras(impresoras, pantallas, equipo de proyección y aire acondicionado, copiadoras, escáner, cafetería, estufa, refrigerador, archiveros para sus áreas de oficina, de servicios, de catalogación y por supuesto acervo bibliográfico, impreso, digital y especializado, se hizo patente cuando se llevó a cabo una evaluación del programa académico por parte del Consejo Nacional de Evaluación para la Educación Media Superior, AC, pues quedaron de manifiesto nuestras deficiencias en los conceptos señalados con anterioridad.
En esa virtud, es menester que para concluir el proyecto del Centro de Información, se cuente con los componentes mencionados en párrafos precedentes.
Compañeras y compañeros legisladores: El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, se hace eco de las necesidades que tiene el Centro de Información del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Juárez de Durango y propone a esta soberanía, un punto de acuerdo para dotar a ese organismo, de los recursos mínimos para la adquisición de los insumos indispensables para la atención de más alumnos, en esa área vital para complementar su educación.
El monto mínimo de inversión para dotar a ese organismo de los componentes citados, es del orden de los 4 millones 500 mil pesos, que nuestro grupo parlamentario propone se transfieran de la asignación que para 2009, se efectuó en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en la partida del Ramo 02 Presidencia de la República, a GF 1; FN 1; SF 04; Al 004; P002 Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del presidente de la República.
En atención a lo antes expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, somete a esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
De obvia resolución
Único. La Cámara de Diputados integrante del honorable Congreso de la Unión, atentamente solicita al Poder Ejecutivo de la Federación, transfiera del Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado por esta soberanía para ejercerse en el año 2009, del Ramo 02 Presidencia de la República, de la partida GF 1; FN 1; SF 04; Al 004; P002 Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República, la cantidad de 4 millones 500 mil pesos, a la cuenta de cheques abierta número 4000861682, en HSBC del Colegio de Ciencias y Humanidades o la clave electrónica 1050500209 y de la Universidad Juárez de Durango 10UCT000-ID o 10UBH00204, con Registro Federal de Contribuyentes UJE 570321 HBO.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil nueve.
Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBERNADOR, A LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA Y A LA COMISIÓN
DE DERECHOS HUMANOS DE QUINTANA ROO A INVESTIGAR LO RELATIVO, A DESLINDAR
Y DEJAR EN LIBERTAD A LA INDÍGENA YASURI SAC-NICTÉ POOL MAYORGA,
A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA TERESA OCHOA MEJÍA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
María Teresa Ochoa Mejía, en nombre propio y como diputada federal a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo para que se exhorte respetuosamente al gobernador constitucional de Quintana Roo, a la Procuraduría de Justicia así como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del mismo Estado, para que investiguen, deslinden y dejen en libertad a la indígena Yasuri Sac-Nicté Pool Mayorga, con base a los siguientes
Antecedentes
La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su artículo segundo numeral A, reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:
VII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
Sin embargo, este precepto constitucional no es llevado a cabo como en su letra dice, toda vez que hace unos días, la indígena maya Yasuri Sac-Nicté Pool Mayorga, de 22 años, perdió a su hijo en un parto prematuro y ahora se encuentra en prisión.
Yasuri Sac-Nicté, está pagando el precio de su ignorancia, toda vez que la madrugada del 12 de octubre acudió de urgencia al hospital materno de Chetumal para recibir atención médica por una hemorragia. Y digo su ignorancia, porque, preocupada y con malestares derivados de la hemorragia, omitió decir que dicha hemorragia había sido provocada por la pérdida de su bebé, de más de seis meses y tres semanas de gestación.
Y digo preocupada, porque es madre soltera. Madre de dos pequeños, una niña de año y medio, y de un menor de 5 años, y obviamente le preocupaba su estado de salud porque de ella depende el bienestar de esos pequeños.
Y digo preocupada, porque si su salud no mejoraba ¿Quién se haría cargo de sus hijos? ¿Acaso las autoridades que ahora la están acusando injustamente de homicidio doloso calificado porque creen, que aborto intencionalmente?
Hoy, Yasuri se encuentra recluida en el Centro de Readaptación Social de Chetumal, por homicidio doloso calificado, delito que se sanciona hasta con 30 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal de Quintana Roo.
En nuestro país se generalizo una lucha entre las conciencias más reaccionarias y conservadoras quienes se opusieron rotundamente a permitirlo. Pero éstas conciencias, que tal parece hoy están presentes en el estado que recibe la mayor cantidad de visitantes extranjeros quienes no se jactan precisamente de ser conservadores, están cancelando el derecho individual que tenemos las mujeres a decidir, si continuamos o no con un embarazo, además de que coartan las libertades fundamentales del ser humano, en este caso las del sexo femenino.
Para todos es conocido, que en las entidades federativas donde el aborto no ha sido legalizado, es una práctica cotidiana que se ejerce en la clandestinidad, por lo que reconocer esta realidad resulta difícil pues sería aceptar que la penalización del aborto ha sido derrotada por la frecuencia con la que éste se práctica.
Sin embargo, hasta el año 2007 en México se realizaron un millón de abortos clandestinos, de los cuales también se estima que mueren por lo menos 10 por ciento de las mujeres que se lo practican.
Aunado a ello hay que destacar que existe un mercado negro de abortos que se realizan en condiciones de salubridad confiable sólo para las familias pudientes, capaces de absorber las cifras millonarias que generan, mientras que las mujeres que no tienen recursos son víctimas de verdaderos mercenarios, y por si eso no fuera poco se exponen a situaciones de insalubridad que ponen en riesgo su vida.
En el tema de la despenalización del aborto, el Estado debe asegurar la libertad de la mujer para decidir. Sin embargo, la actual legislación del estado de Quintana Roo establece lo contrario.
Es importante, que las y los legisladores de Quintana Roo se sensibilicen, que haya una apertura, porque el aborto se va a seguir dando de manera clandestina y el riesgo para la mujer y lo que implica a futuro es un daño mayor que el que puede resultar con una legislación.
Y mientas el escenario anterior se lleva a cabo, la Procuraduría de Justicia del Estado de Quintana Roo debe considerar al principio de presunción de inocencia como garantía que tiene todo inculpado y que se encuentra tutelada en nuestra Constitución; y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, debe hacer su trabajo, investigar, analizar la situación y emitir las recomendaciones suficientes y necesarias para que Yasuri Sac-Nicté Pool Mayorga, recobre su libertad.
Por lo expuesto, solicito con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a la consideración de esta soberanía, la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorte respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo, por conducto de la Procuraduría de Justicia del Estado, para que se aplique el principio de presunción de inocencia como garantía del inculpado consagrado en nuestra Constitución y se tutelen y protejan los derechos de la indígena maya Yasuri Sac-Nicté Pool Mayorga.
Segundo. Se exhorte a la Procuraduría de Justicia del Estado de Quintana Roo, para que investigue, deslinde y ponga inmediatamente en libertad a Yasuri Sac-Nicté Pool Mayorga.
Tercero. Se exhorte a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, para que intervenga, proteja los derechos humanos y exija la inmediata liberación de Yasuri Sac-Nicté Pool Mayorga.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2009.
Diputada María Teresa Ochoa Mejía (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL GOBERNADOR DE AGUASCALIENTES A CUMPLIR
A CABALIDAD LO QUE SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY GENERAL
DE EDUCACIÓN, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MARGARITA GALLEGOS SOTO
Y DAVID HERNÁNDEZ VALLÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados David Hernández Vallín y Margarita Gallegos Soto, integrantes de la Coordinación del estado de Aguascalientes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la honorable LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con base en las facultades que les confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten presentar a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes
Considerandos
Primero. En términos de lo establecido por el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo a la educación inicial, así como la educación superior, en virtud de que son necesarios para el desarrollo de la nación, razón por la cual apoyará la investigación científica y tecnológica, además se alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.
La universidad pública mexicana es la respuesta del Estado para llevar la educación superior a los jóvenes que pertenecen a las clases económicamente débiles, quienes no tienen otra opción para cursar sus estudios. Históricamente en la universidad pública se han formado los hombres que han dado rumbo y destino a esta nación.
No obstante lo anterior, uno de los principales problemas que enfrenta la universidad pública es el financiero y para su subsistencia depende en gran medida de las participaciones que le asigne el gobierno federal y los gobiernos de los estados. En cuanto a la participación federal que se otorga a las universidades, la asignación de las cantidades específicas que le corresponden a cada una de ellas se hace sin tomar en cuenta criterios de equidad y proporción; el grado de consolidación que tenga la institución; la tasa de crecimiento anual; la superación académica y la inflación, pues en la mayor de las veces, los criterios en que se basan son políticos o con base en la presión que ejercen para la distribución de éstos.
Segundo. Las universidades públicas, y en general, la educación superior, corren el serio peligro de que las funciones básicas de enseñanza, investigación y extensión del conocimiento, no sólo se estanquen sino que sufran un severo retroceso, ante el anuncio hecho por el secretario de Hacienda en el sentido de que el subsidio que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado al Congreso de la Unión, destinado a la educación superior sufrirá una reducción considerable en comparación con el ejercido en el ejercicio fiscal de 2009, con lo cual se pone de manifiesto el escaso o nulo interés que el Ejecutivo federal tiene por la ciencia y la tecnología, elemento fundamental para el progreso de nuestro país.
Es incuestionable que en los últimos años el gobierno federal ha cerrado los ojos no sólo a la educación pública superior, sino a la educación pública en general, así mismo, evidentemente ha sido la falta de apoyo para la educación media superior y superior, en donde es preocupante el número de jóvenes que no alcanzan lugar en las instituciones públicas por lo que en muchos casos abandonan su formación educativa.
Tercero. El Estado, política y socialmente, está obligado a cumplir con lo formación educativa de los jóvenes de México, por lo debe aportar los recursos necesarios para mantener y sobre todo elevar la cobertura de la demanda estudiantil, la cual derivada de la crisis económica que padece nuestro país, sin duda alguna se habrá de incrementar, al carecer de recursos económicos para inscribirse en una universidad privada, por lo que hoy más que nunca tiene la responsabilidad histórica de apoyar con mayor subsidio a la educación superior en todo el país.
Cuarto. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, como la mayoría de las universidades públicas, enfrenta el enorme crecimiento de la matricula la cual no ha sido acompañada con un incremento similar en el presupuesto que recibe del estado, lo que origina que no pueda atender la alta demanda estudiantil que anualmente pretende ingresar a cursar alguna carrera, situación que se irá agravando si no se le apoya con el financiamiento necesario.
Durante el presente ejercicio presupuestal, la UAA recibió de la federación el 58.23 por ciento de su presupuesto ordinario, el 18.70 por ciento como subsidio por parte del gobierno estatal, el 16.66 por ciento por ingresos propios y el 6.41 por ciento corresponde a su déficit presupuestal, como se podrá observar, la UAA, es de las universidades públicas del país que aporta el más alto porcentaje de ingresos propios para su sostenimiento, hasta antes de la reforma a su Ley Orgánica, ocurrida en diciembre del 2007, la Universidad recibía un 15 por ciento de subsidio estatal, no obstante es recurrente el déficit anual que la universidad padecía por lo que las autoridades universitarias se convirtieron en gestores de recursos extras para mantener la oferta educativa y tener la oportunidad de incrementarla; ante esto, la LX Legislatura del Congreso del estado de Aguascalientes acordó incrementar el porcentaje que por ley recibe, a un 25 por ciento, lo cual manifiesta el espíritu de apoyo de los miembros de esa legislatura a los jóvenes que carecen de recursos para ingresar a una universidad privada, sin embargo, este año solamente recibió el 18.7 por ciento.
El incremento en el subsidio a la Universidad Autónoma de Aguascalientes obedece, dentro de otros aspectos a que ha crecido el número de docentes de dedicación parcial o exclusiva, personal administrativo, así como la ampliación de la planta física para ofrecer mejores laboratorios y espacios académicos; además de que es necesario consolidar las carreras a nivel licenciatura, fortalecer los posgrados e impulsar la creación de otros; así como para que la investigación que realiza la Universidad se incremente y responda a las necesidades sociales e incida directamente en el sistema productivo; en una palabra que las funciones básicas sigan teniendo como fin último la excelencia académica, que le permita formar profesionistas de la más alta calidad para que sean competitivos al egresar y se conviertan en elementos claves de cambio y progreso dentro de la sociedad.
Por lo expuesto, sometemos ante su consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno federal y al del estado de Aguascalientes, con la finalidad de que cumplan a cabalidad con lo que establece el artículo 25 de la Ley General de Educación que expresamente señala que el Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el estado –federación, entidades federativas y municipios–, destine al gasto en la educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del Producto Interno Bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1 por ciento a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas. Únicamente se requiere la aplicación de la ley en su sentido estricto y voluntad política del gobierno federal y del Gobierno del Estado.
Segundo. Se solicita al gobierno federal y al gobierno del estado de Aguascalientes, a otorgar un presupuesto extraordinario a la Universidad Autónoma de Aguascalientes para que pueda enfrentar su déficit presupuestal del 6.41 por ciento, y así solventar los problemas del gasto corriente y de creación de infraestructura, para estar en condiciones de atender la demanda estudiantil que anualmente va en aumento y otorgar una educación de calidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 27 de octubre de 2009.
Diputados: David Hernández Vallín,
Margarita Gallegos Soto (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A MODIFICAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN
DEL FIDEICOMISO 2106, FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS
MEXICANOS (1942 A 1964); Y A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS, A CREAR UN FONDO
DE RECURSOS DESTINADOS AL APOYO DE EX BRACEROS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ
MANUEL HINOJOSA PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, José Manuel Hinojosa Pérez, diputado a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar las Reglas de Operación del fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (1942 a 1964); y a los gobiernos de los estados, a crear un fondo de recursos destinados al apoyo de ex braceros, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El 23 de julio de 1942, las Secretarías de Relaciones Exteriores, del Trabajo y Previsión Social, y de Agricultura y Fomento, y el Departamento de Salubridad Pública emitieron el acuerdo previniendo que se hagan las gestiones necesarias para impartir seguridades a los trabajadores mexicanos que emigran a Estados Unidos de Norteamérica, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 21 de agosto del mismo año.
2. Con fecha 4 de agosto del mismo año, los gobiernos de México y de Estados Unidos suscribieron el acuerdo para reglamentar la contratación (temporal) de trabajadores agrícolas mexicanos, en el cual se estableció la deducción de 10 por ciento de los salarios recibidos por los trabajadores, que sería devuelto a su regreso a México por conducto de las instituciones gubernamentales y crediticias establecidas. Sin embargo, a muchos connacionales no se realizó el reembolso de los ahorros, los cuales con mucho sacrificio generaron.
3. Por esa situación, el gobierno del ex presidente Vicente Fox, con fecha 25 de mayo de 2005, publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se creó el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, así como la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, cuya finalidad consistía en otorgar un apoyo social a los trabajadores que prestaron sus servicios en Estados Unidos entre 1942 y 1964 o, en su caso, a los cónyuges o los hijos que sobrevinieran al trabajador y que pudieran comprobar la procedencia de ello a través de los requisitos establecidos en dicha ley.
4. Sin embargo, con fecha 29 de junio de 2008 se realizaron modificaciones a los numerales 4, 5 y 6.3.3 de las Reglas de Operación del fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (1942 a 1964); y quinto transitorio del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 2008, el cual estableció que la Secretaría de Gobernación entregaría un apoyo económico por 38 mil pesos, que serían entregados en exhibiciones de acuerdo con los recursos disponibles en el fideicomiso en cada ejercicio fiscal.
5. Esa situación contraviene la esencia misma del programa, toda vez que son recursos provenientes del ahorro de los trabajadores que, con gran sacrificio, generaron y que ahora, después de muchos años de pelearlo, ya que gobiernos priistas negaron reiteradamente su existencia, toda vez que lo tuvieron oculto "o lo gastaron"; y con la última modificación de las reglas de operación del fideicomiso, la leyenda establecida en el artículo 5 de la ley que refiere que será entregado en exhibiciones genera que no puedan disponer de él de manera completa e inmediata, por lo cual es necesario que se modifiquen las reglas de operación a efecto de que queden como se estableció en un principio, lo cual traerá como consecuencia que los trabajadores y sus sobrevinientes puedan disfrutar de este derecho.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se Exhorta al Ejecutivo federal a modificar las Reglas de Operación del fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (1942 a 1964), a efecto de que se vuelva a pagar el apoyo económico en una sola exhibición.
Segundo. Se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a crear un fondo de recursos que permita apoyar a los ex trabajadores braceros con una determinada cantidad de recursos para 2010.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2009.
Diputado José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO AL FONDO DE APOYO SOCIAL
(FIDEICOMISO 2106) PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS, A CARGO
DE LA DIPUTADA MA. DINA HERRERA SOTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Consideraciones
Los braceros mexicanos y la deuda pendiente del gobierno federal
Ante la carencia de mano de obra en Estados Unidos de América, por su participación en la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses requerían con urgencia de brazos para trabajar en los grandes campos agrícola se ese país, de ahí el término de braceros, por eso solicitaron al gobierno de México, la firma del Convenio de Contratación de Trabajadores Mexicanos para ser Empleados en Labores Agrícolas en Estados Unidos. Con dicho acuerdo los estadounidenses garantizaban la atención de su sector agrícola por trabajadores del campo mexicanos, quienes podrían laborar legalmente y con todas las garantías jurídicas en EEUU. Este convenio comenzó a funcionar a partir de la firma de contratos el 23 de julio de 1942.
Los trabajadores mexicanos, además de poner a producir las grandes extensiones agrícolas del país vecino, trabajaron en la construcción de las vías del ferrocarril, como parte del Programa Bracero publicado en el Diario Oficial de la Federación del 21 de agosto de 1942. Dicho programa permaneció vigente hasta el año de 1964.
Para favorecer el esfuerzo de los mexicanos, se estableció un Fondo de Ahorro Campesino, el cual fue administrado por el entonces Banco de Crédito Agrícola de México. El ahorro que hacían los trabajadores mexicanos, el 10 por ciento de sus salarios, se destinaría a la adquisición de implementos agrícolas. El Banco referido más tarde se fusionó al Banco Nacional de Crédito Rural, cuando se indago sobre los ahorros de los braceros, no sé localizaron los fondos, por lo que se presume que fue saqueado por los funcionarios, o empleado para fines gubernamentales no conocidos. Quedando así el gobierno federal, que era garante de dichos recursos, en una deuda con los trabajadores migratorios mexicanos que se acogieron al convenio de trabajo mencionado y que laboraron de 1942 a 1964 en Estados Unidos de América.
En la LIX Legislatura del Congreso de la Unión se aprobó la Ley que Crea el Fideicomiso 2106 que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005. Desgraciadamente la tramitología burocrática impide el acceso a los derechohabientes, quienes en su gran mayoría son mayores de edad.
En fecha reciente, el 28 de septiembre del año en curso, presenté una iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, con el fin de facilitar y mejorar la disposición de los recursos para que lleguen a los ex trabajadores o a sus familiares con dicho derecho. Hago mía la petición formulada por el Grupo Parlamentario del PT, presentada el 23 de septiembre de 2009. Además respondo a la solicitud que me han hecho diversas organizaciones de ex braceros para la creación de la mencionada comisión especial.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda la creación de la Comisión Especial de seguimiento al fondo de apoyo social (Fideicomiso 2106) para ex trabajadores migratorios mexicanos 1942-1964.
La Junta de Coordinación Política será la que determine el número de integrantes, contando con la representación de todos los grupos parlamentarios interesados.
Presentado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 22 de octubre de 2009.
Diputada Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE RATIFICA LA RESOLUCIÓN QUE APROBÓ LA CÁMARA DE
DIPUTADOS EL 31 DE AGOSTO DE 2007 EN RELACIÓN CON LA VENTA DE LA
CARTERA VENCIDA DEL INFONAVIT, Y SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL DIRECTOR
DE DICHA INSTITUCIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA LAURA ITZEL CASTILLO
JUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El artículo 123, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los patrones están obligados "…a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas". Con base en esta disposición, "las empresas deberán hacer aportaciones a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgarles créditos baratos y suficientes para que adquieran en propiedad tales habitaciones".
Sin embargo, a partir de la década de los 90 el Estado asume un enfoque de facilitador, con el objetivo de mejorar la eficacia del mercado habitacional. Así, el papel del gobierno se centra en la responsabilidad de formular la política, promover las reformas estructurales y crear y proteger los derechos de propiedad de las empresas para facilitar el desarrollo del sector.
Este viraje ha convertido al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en un ente financiero que otorga crédito a la población para que ésta acceda a la oferta del mercado, primordialmente de grandes empresas desarrolladoras. Es por ello que los créditos que otorga el instituto tienen un diseño mercantil que los vuelve impagables, lo que ha ocasionado que actualmente, alrededor de 300 mil familias se encuentren en cartera vencida y en riesgo de perder su hogar. En lugar de buscar una solución a favor de los trabajadores, el instituto, mediante autorización de su Consejo de Administración, en 2006 vendió en 55 mil de estos créditos quebrados al 10 por ciento de su valor, a firmas trasnacionales como Capmark y Scrap II, ligadas a empresas estadounidenses relacionadas con la crisis hipotecaria de ese país. Dichas administradoras de cartera revenden a los auténticos propietarios a más de 5 veces lo contratado.
Gracias a denuncias públicas, a las movilizaciones de las organizaciones que integran el Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV) y a la acción coordinada con el Frente Amplio Progresista, la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo el 31 de agosto de 2007 para que el Infonavit no venda más la cartera vencida.
Posteriormente, con una auditoría ciudadana, el Consejo logró que le fueran entregados los contratos de dicha venta. Esta información ha sido fundamental para la promoción de amparos en todo el país que buscan dejar sin efecto esa operación ilegal. Seis tribunales colegiados de circuito del Poder Judicial de la Federación dieron la razón al CDV y ordenaron que los créditos que habían sido vendidos a empresas extranjeras regresaran a la administración del Infonavit.
Así, un total de 25 créditos fueron devueltos al Infonavit mediante distintos argumentos. Sin embargo, dos tribunales colegiados optaron por una decisión contraria: considerar que el Infonavit sí está facultado para vender los créditos, toda vez que la ley faculta a su Consejo de Administración para aprobar cualquier política que sea necesaria para cumplir su objeto. Estas resoluciones contrarias provocaron que la Segunda Sala de la Suprema Corte abriera un expediente para resolver la contradicción de tesis.
Luego de dos convocatorias fallidas, finalmente el 21 de octubre pasado la Segunda Sala eludió entrar al fondo del dilema jurídico. Con los votos a favor de los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos y Fernando Franco, y con el voto en contra del ministro Genaro David Góngora Pimentel, se resolvió que la decisión del Consejo de Administración del Infonavit no representa un acto de autoridad, por lo que le mecanismo para impugnar la venta de la cartera vencida es a través de los juicios civiles ordinarios.
La resolución es sumamente grave, no sólo porque la Corte nuevamente a través de argumentos legaloides renuncia a su obligación de resolver un tema social tan importante, sino porque también la decisión representa un retroceso jurídico de 15 años respecto a las jurisprudencias sobre las que este mismo órgano de justicia se pronunció a favor de la procedencia de los amparos en contra de las decisiones de entes públicos, universidades públicas y organismos descentralizados como el Infonavit.
La determinación es omisa respecto a aspectos fundamentales. No resuelve si el Consejo de Administración del Infonavit está facultado para autorizar la venta de cartera vencida. La Suprema Corte tampoco se pronunció acerca de ¿cuál es la naturaleza jurídica de la del Infonavit?, ¿cuál es la naturaleza jurídica de los recursos financieros que administra?, ¿cuáles son las facultades o potestades del Infonavit como ente administrador? y ¿cuál es la norma jurídica que prevé la facultad para que se pueda realizar válidamente la venta de la cartera vencida?
El fallo de la Corte tampoco contempla que en ninguna ley se autoriza al Infonavit a realizar actos de cesión o de enajenación. La Corte tampoco analizó si la venta de la cartera vencida es inconstitucional porque viola el principio de reserva de ley, dado que a quien compete legislar sobre el particular es al Congreso de la Unión y no al Consejo de Administración.
Por todo lo anterior la Cámara de Diputados acuerda
Primero. Se ratifica el punto de acuerdo aprobado por la Legislatura LX de esta Cámara el 4 de diciembre de 2007, que consiste en lo siguiente:
Diputada Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SHCP A CONTROLAR A TRAVÉS DE LA CNBV DE MANERA MÁS
ESTRICTA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS COMO COOFIA, PARA EVITAR QUE CONTINÚEN
FUNCIONANDO EN DEMÉRITO DE LOS RECURSOS DEPOSITADOS POR AHORRADORES,
A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ISABEL MERLO TALAVERA Y SUSCRITA POR
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
María Isabel Merlo Talavera, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en nombre de los diputados federales del estado de Puebla y con fundamento en los artículos 58, fracción I, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, controlar de manera más estricta a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores las instituciones financieras como Coofia, para evitar que continúen funcionando, en demérito financiero de los recursos que son depositados por ahorradores de buena fe.
Antecedentes
La Financiera Coofia, es una caja de ahorro originaria de Puebla, propiedad del empresario Valente Medina Seoane que tiene 85 sucursales en 8 estados del país, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Coofia carece de registro, ya que no ha logrado cumplir todos los requisitos que exige la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para poder operar de forma regular.
Cerca de 40 mil ahorradores en territorio poblano confiaron en una empresa supuestamente regulada y/o supervisada por la Secretaría de Hacienda del gobierno de la República a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Paisanos de otros estados nacionales, 8 en total, entre los que se encuentra Puebla, están en idénticas circunstancias.
La falta de intervención y compromiso con la población de parte de la autoridad reguladora, permite que unos particulares los burlen y aparentemente se fuguen con recursos provenientes de los ahorros de personas de buena fe. Sabemos que estas actividades se han multiplicado sin que se prevea a la fecha evitar el daño patrimonial que muchos mexicanos han sufrido. Recordamos que ya hay experiencias al respecto y que incluso, resulta más fácil para la Secretaría de Hacienda reparar el daño que evitarlo.
Con motivo de la multiplicación de las casas de ahorro e inversión, creó el Fideicomiso "Pago" para no dejar desprotegidos a esos ahorradores que en principio, nunca debieron caer en las garras de los delincuentes de cuello blanco.
Pero más allá de lamentaciones aunque haciendo los señalamientos puntuales de responsabilidad gubernamental, es el momento de que ésta Soberanía intervenga para asegurarse de que quienes tienen obligaciones públicas, no se escuden en la mediocridad e intervengan actualizando sus facultades para entregar cuentas a la población probablemente defraudada.
La posibilidad de que el fantasma de la impunidad persiga la fama del nuevo Procurador General de la República y su controvertida llegada a la responsabilidad que el C. Presidente le confió y el Senado avaló, está inminentemente en la puerta del cuestionamiento ante la conducta de los directivos de la malograda financiera Coofia.
Por ello hoy hacemos un paréntesis en éste cuerpo colegiado y recordamos que la falta de cultura jurídico-financiera de la generalidad de la población no habrá de ser campo libre para que se burlen unos cuantos por la falta de efectividad de las autoridades que tienen en éste país el monopolio del ejercicio de la acción penal.
Socios de la caja de ahorro Financiera Coofia denunciaron un fraude por parte de esta institución, pues pese a tener problemas económicos para entregar el dinero que los clientes han ahorrado en la misma, continúa abriendo cuentas de ahorro e inversión, los clientes temen que la empresa se declare en quiebra y ya no se les regrese el total de su dinero ahorrado, porque desde finales del año pasado solicitan la devolución de lo que depositaron en sus cuentas de ahorro o inversión y no obtienen sus ahorros completos.
Ante esta situación, solicitaron la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, quienes son las instituciones gubernamentales encargadas de regular a las cajas de ahorro.
El fraude en Veracruz
La financiera Coofia, cuya casa matriz está en la ciudad de Puebla, y en el Estado de Veracruz tiene representaciones en varios municipios, como Xalapa, Perote, Alvarado, Veracruz Puerto, Poza Rica, Córdoba, entre otros ha defraudado a más de mil ahorradores en Xalapa, 300 en Juchique de Ferrer y 500 en Naolinco, Veracruz.
El fraude en Puebla
En sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Puebla, se informó que en Teziutlán ya son 3 mil 500 los defraudados, mientras que, conjuntamente con sus compañeros, en el Congreso local harán un recuento de los municipios que han sido afectados por Coofia.
En los diferentes distritos judiciales que se ubican en el interior del estado, como el de Zacapoaxtla, en donde había dos sucursales, una en la cabecera y otra en el municipio de Cuetzalan, están también captando a quienes perdieron sus ahorros.
Todos debemos ver en el estado de derecho la única vía para armonizar las relaciones interpersonales. En Puebla, la obligación de asegurar el acceso a los justiciables de manera gratuita es acción comprobada, por ello, la Procuraduría del Ciudadano del Gobierno del Estado ha tenido encuentros con más de 6 mil probables defraudados y ha cumplimentado cerca de 2 mil 500 expedientes formales en menos de 10 días. Hasta ayer, el monto de lo ahorrado formalmente asciende a 300 millones aunque sabemos que las denuncias podrían llegar en próximos días a los mil millones, ¡¿quién sabe a cuánto sume en otros estados?! Y ¿cuántos mexicanos más deban de ser víctimas para que el gobierno responda?
Hasta el momento todos son asuntos particulares, pero que a partir de ahora se buscará la organización entre todos los defraudados para potencializar las posibilidades de triunfo, pues la mayoría de los defraudados son gente humilde que ahorró menos de 100 mil pesos durante toda su vida pero que son desconocedores en materia de derecho económico y financiero.
A la fecha no tienen un padrón final y por lo tanto tampoco la estimación total del monto defraudado.
El fraude en Hidalgo
El fraude en agravio de más de 40 mil ahorradores de 8 Estados de la República, cometido por la Financiera Coofia, SC de RL, podría ascender a los mil 500 millones de pesos un grupo de inversionistas de Pachuca y la región decidieron interponer una denuncia penal en contra de Hilda López Rosales, representante legal de Coofia y quienes resulten responsables del delito de fraude.
A través de un representante común, 32 ahorradores cuyo patrimonio e inversiones se encuentran en riesgo de perderse ante el incumplimiento de pago por parte de Financiera Coofia, interpusieron las correspondientes averiguaciones previas, y solicitaron que la consignación de las indagatorias se realice a la brevedad posible para evitar que los presuntos responsables del multimillonario fraude, puedan darse a la fuga.
Pese a haber iniciado el procedimiento penal, los ahorradores están preocupados porque no puedan recuperar su patrimonio, que le habían confiado a Coofia mediante cuentas de ahorro e instrumentos de inversión, ya que dicho organismo, no es reconocido como una institución financiera por la Comisión Nacional de Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) pues carece de registros legales y ello impide que se puedan apegar a los beneficios del Fideicomiso denominado Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus ahorradores, que sólo es para instituciones acreditadas.
Los inversionistas a la fecha continúan organizándose para tratar de recuperar su dinero, cuyas cantidades depositadas y que les adeuda Coofia, varían entre los 17 mil y los 2 millones y medio de pesos.
Alerta de la CNBV
Con 12 años en operación y a pesar de que casi 40 mil clientes habían depositado cerca de mil 500 millones de pesos, fue en agosto pasado cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió la alerta de que Coofia no estaba autorizada para recibir dinero de particulares o inversionistas, de acuerdo con la investigación realizada por la Federación Integradora Nacional de Entidades.
Derivado de lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tenga un control más estricto de las instituciones financieras como Coofia, para evitar que continúen funcionando, en demerito financiero de los recursos que son depositados por ahorradores de buena fe.
Palacio Legislativo, a 27 de octubre de 2009.
Diputados: María Isabel
Merlo Talavera (rúbrica), Julieta Marín Torres (rúbrica),
Juan Carlos Lastiri Quirós (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado
(rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Óscar
Aguilar González (rúbrica), Janet González Tostado
(rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), José
Alberto González Morales (rúbrica), Fernando Morales Martínez,
Blanca Estela Jiménez Hernández (rúbrica), Juan Pablo
Jiménez Concha (rúbrica), Leobardo Soto Martínez,
Alberto Jiménez Merino (rúbrica), María del Carmen
Izaguirre Francos (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL SECRETARIO DE SALUD A REALIZAR LAS ACCIONES Y ESTABLECER
LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS A FIN DE PREVENIR QUE LABORATORIOS E INSTITUCIONES
PRIVADAS APLIQUEN Y VENDAN LA VACUNA CONTRA LA INFLUENZA A (H1N1) A LA
POBLACIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DE LA PAZ QUIÑONES
CORNEJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de la Cámara de Diputados punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, a realizar las acciones y mecanismos necesarios, a fin de prevenir el abuso en la venta de la vacuna de influenza A (H1N1) por parte de laboratorios e instituciones privadas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En días pasados, el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, aseguró que México registra el tercer repunte de la influenza A (H1N1), el cual se prevé se mantenga desde ahora hasta la temporada invernal, cuando se calcula se contagien de 1 millón hasta 5 millones de mexicanos.
Este tercer repunte —considerado el más fuerte— se esperaba en octubre, en el inicio formal de la época invernal. Pero todo indica que se adelantó y ya alcanzó al DF, San Luís Potosí y el estado de México, entidades donde inició la pandemia. Además, hay una acelerada transmisión en Sinaloa, Baja California Sur, Tlaxcala y Durango.
En un mes, de acuerdo con los reportes de la Secretaría de salud, Sinaloa pasó de 71 casos a 231; Baja California Sur, de 13 a 79; Tlaxcala, de 90 a 257; y Durango, de 38 a 81.
De acuerdo con los escenarios epidemiológicos de la Secretaría de Salud, el pico más alto de contagios se espera a mediados de noviembre.
El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, señalo que Estados Unidos de América comenzará a distribuir la vacuna en octubre y México está luchando para tener por lo menos algunos de los primeros lotes a fines de octubre para vacunar a todo el personal médico y militar. También señaló que se inmunizarán a embarazadas, obesos mórbidos, diabéticos inestables, enfermos con VIH, cáncer, asma y con problemas pulmonares.
Se estima, agregó, que alrededor de 23.8 millones de mexicanos sean inmunizados. Ahora, ante el alza de casos desde septiembre, la dependencia ajustó su modelo de ataque epidemiológico en el que prevé hasta 5 millones de mexicanos contagiados y 2 mil muertes.
Es importante mencionar que la producción anual de la vacuna contra el virus A (H1N1) de la influenza humana será "sustancialmente menor" que los 4 mil 900 millones de dosis que la Organización Mundial de la Salud estima necesarios para contener la pandemia.
El vocero de la Organización Mundial de la Salud, Gregory Hartl, afirmó que la existencia prevista de vacunas es "insuficiente", ya que "prácticamente todos los habitantes del planeta son susceptibles de ser contagiados con un virus que se dispersa rápidamente". Hartl destacó que, de acuerdo con los resultados de estudios hechos en 25 laboratorios, la producción semanal será inferior a las más de 94 millones de vacunas que se necesitan.
Sabemos que ante la emergencia por la influenza A (H1N1), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud indico que ha intensificado el monitoreo de la publicidad de los medicamentos, insumos para la salud, productos higiénicos y establecimientos de salud, a fin de evitar que se engañe a la población con aseveraciones que no coincidan con las indicaciones que ha establecido la autoridad sanitaria federal.
A pesar de este incremento en el monitoreo y la vigilancia sanitaria de anuncios en los diferentes medios de comunicación, a efecto de detener la difusión de publicidad engañosa relacionada con productos y servicios que prometen prevenir o curar la influenza, consideramos necesario establecer mecanismos y llevar a acabo acciones eficaces, que conlleven a la protección de toda la población del país, para evitar que laboratorios, médicos e instituciones privadas lucren con la falta de vacunas contra la influenza A (H1N1) que habrá en el sector público.
En virtud de lo expuesto, se somete a consideración esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, a realizar las acciones y mecanismos necesarios, a fin de prevenir que laboratorios e instituciones privadas traten de sorprender a la población con la aplicación y venta de la vacuna contra la influenza A (H1N1), que pongan en riesgo su salud.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputada María de la Paz Quiñones Cornejo
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS Y LA MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS
DE OPERACIÓN DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A CARGO DE LA DIPUTADA LETICIA QUEZADA CONTRERAS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la liberación de recursos y su modificación a las Reglas de Operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).
Exposición de Motivos
La entidades y municipios dejaron de percibir poco más de 30 mil 131.7 millones de pesos por concepto de participaciones y aportaciones federales (PAF) al reducirse 18.6 por ciento de la recaudación federal participable (RFP) en el periodo de enero a mayo de este año, respecto a lo programado ya que los pagos ascendieron a 335 mil 93.1 millones de pesos mientas que las participaciones y aportaciones federales (PAF) estimadas a pagar superaban los 365 mil 224.8 millones de pesos.
Prácticamente todos los impuestos participables cayeron en su recaudación, dado que la recesión económica mundial y nacional provocó una reducción en la actividad económica, que a su vez ha impactado la recaudación de impuestos que inciden en el consumo interno y en las actividades empresarial, automotriz, petrolera y otras.
La recaudación de los conceptos participables disminuyeron en un 15.8 por ciento en el impuesto al valor agregado (IVA), 18.2 por ciento en el impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN); 11.8 por ciento en el impuesto sobre la renta (ISR), la recaudación de las actividades petroleras del impuesto sobre la renta (ISR); la recaudación de las actividades petroleras del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) en gasolina y diesel cayó 115.5 por ciento; el derecho ordinario sobre hidrocarburos 64.5 por ciento y el derecho sobre hidrocarburos para municipios 64.2 por ciento.
En virtud de la complicada situación en materia de finanzas públicas en la que se encuentran los estados y el Distrito Federal derivada de la crisis económica, es necesario que la Comisión Permanente gestione ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la reasignación de recursos a las entidades federativas que les permitan hacer frente a las presiones financieras que están teniendo lugar.
Para lo cual explicamos lo siguiente:
El artículo 1o. de la Ley de Egresos de la Federación contempla que:
Durante el ejercicio fiscal de 2009, de los recursos que genere el Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización a que se refiere el artículo 256 de la Ley Federal de Derechos, 40 mil 700 millones de pesos se destinarán a financiar programas y proyectos de inversión aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación...
La compensación parcial o total de ingresos del Gobierno Federal a que se refiere el párrafo anterior se aplicará cuando los ingresos totales, sin considerar los ingresos derivados del apartado C de este artículo, resulten inferiores a los valores estimados en el mismo debido a: una disminución de los ingresos por la recaudación total de los impuestos a que se refiere el apartado A, fracción I del presente precepto, o disminuyan los ingresos por concepto del derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos, con motivo de una disminución de la plataforma de extracción o del precio del petróleo crudo, respecto de los valores que sirvieron de base para las estimaciones contenidas en el presente artículo.
Los recursos del derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización a que se refiere el artículo 256 de la Ley Federal de Derechos que resten después de aplicar lo dispuesto en los párrafos noveno, décimo y décimo primero de este artículo, se destinarán a lo que establecen las leyes federales de Derechos y de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria."
De acuerdo al Primer Informe Trimestral 2009 de la SHCP, la recaudación por concepto del derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización fue de 11,791 millones de pesos.
Asimismo, de conformidad con la declaración del derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización correspondiente al primer trimestre de 2009, Pemex enteró 13,437.8 millones de pesos.
Por lo anterior, al mes de marzo la SHCP recibió 25,228.8 millones de pesos por concepto del Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización.
De esta manera, se propone que una vez cubiertos los 40 mil 700 millones de pesos a que hace referencia la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, se participe a las entidades federativas de los recursos que genere adicionales a través de los ingresos de las entidades federativas (FEIEF).
El artículo 257 de la Ley Federal de Derechos establece que la recaudación anual que genere la aplicación del Derecho Extraordinario sobre Explotación se Petróleo (DEEP), se destinará en su totalidad a las entidades federativas (FEIEF).
A su vez, el artículo 19, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), contempla que el Derecho Extraordinario sobre Exportación de Petróleo (DEEP) se destinará a cubrir la reserva del Fondo Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).
Asimismo, la fracción V del mismo artículo establece que una vez que se cubre la reserva del Fondo Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), los recursos que se generen por concepto del DEEP, serán destinados en su totalidad al Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones (FARP).
Por lo anterior, dado que la reserva del Fondo Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) establecida para el 2008 fue cubierta durante 2008, la recaudación del DEEP destinada al FARP fue de 22,910 millones de pesos, de acuerdo a los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de la SHCP.
Con las modificaciones a la LFPRH (artículo 19, fracción IV, segundo párrafo) que entraron en vigor a partir de enero de 2009, se incrementó al doble la reserva del Fondo Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) a partir del 2009, por lo que a partir de este año, los recursos del DEEP se destinarán nuevamente a cubrir dicha reserva.
Por lo anterior, con la finalidad de que las entidades federativas puedan hacer frente a la caída en las participaciones federales, resultado de una disminución en la recaudación Federal Participable respecto a la estimada por la SHCP, se propone que los recursos que por la recaudación del DEEP se destinaron al FARP durante el 2008, se reintegren a la reserva del Fondo Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), y una vez que se alcance el nuevo monto de la reserva establecida en las modificaciones a la LEPRH, el DEEP cambie de destino conforme a los dispuesto en el artículo 19, fracción V, inciso b) de la LFPRH.
La fracción II del artículo 21 de la LFPRH y 12 A de su Reglamento, contemplan que la disminución en la Recaudación Federal Participable (RFP) respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación, se podrá compensar con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) de acuerdo con sus respectivas reglas de operación.
Ahora bien, estas Reglas de Operación disponen que los recursos del Fondo Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) se apliquen para entregar a las Entidades Federativas las cantidades que compensen la disminución en el monto de las Participaciones vinculadas con la RFP estimada en la Ley de Ingresos de la federación.
Sin embargo, la regla décima de las Reglas de Operación en comento, establece que la compensación referida en el párrafo anterior, se realizará de manera que la reducción de la Reserva del Fondo Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) no sea mayor al 50 por ciento del límite máximo establecido en el artículo 19, fracción IV, segundo párrafo, de la LFPRH.
De esta manera, de acuerdo a las reglas, la compensación ante una caída en las participaciones asociadas a una disminución en la RFP respecto a lo estimado por la SHCP, se realiza haciendo uso en primera instancia, de posrendimientos financieros que haya generado la reserva del FEIEF.
En caso de no ser suficiente, se hará uso del 50 por ciento del límite máximo de la reserva establecido en la LFPRH.
Considerando los rendimientos financieros al mes de marzo de 2009, las Entidades Federativas disponemos de 30,977.00 millones de pesos en el Fondo Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).
De conformidad con las reglas, para el 2009 las entidades únicamente podemos disponer de 21,984.5 millones de pesos (50% de la reserva definida en la ley) más los rendimientos financieros mencionados que ascienden a 2,893.2 millones de pesos.
Es decir, en estricto cumplimiento a las Reglas de Operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), las entidades no seremos cubiertas en su totalidad por la caída en las participaciones.
Por lo anterior, y dada la situación económica actual, es necesario que las entidades dispongamos de la totalidad de los recursos de la Reserva del Fondo Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), para hacer frente a la caída en las participaciones vinculadas a la RFP, Esto es, los 30,977.0 millones de pesos que actualmente conforman la Resera, para lo cual será necesaria una modificación a las Reglas de Operación del FEIEF.
Por lo antes expuesto, me permito presentar a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que una vez cubiertos los 40 mil 700 millones de pesos a que hace referencia la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, se participe a las entidades federativas de los recursos que genere adicionales a través de la mecánica establecida en las Reglas de Operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).
Segundo. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que los recursos que por la recaudación del Derecho Extraordinario sobre Exportación Petrolera (DEEP) que se destinaron al Fondo de Apoyo para la Reestructuración de Pensiones (FARP) durante el 2008, se reintegren a la reserva del Fondo Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), y una vez que se alcance el nuevo monto de la reserva establecida en las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), el Derecho Extraordinario sobre Exportación Petrolera (DEEP) cambie de destino conforme a lo dispuesto en el artículo 19, fracción V, inciso b) de la (LFPRH).
Tercero. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que las entidades dispongan de la totalidad de los recursos de la Reserva del Fonda Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), para hacer frente a la caída en las participaciones vinculadas a la recaudación federal conforman la reserva, para lo cual también se solicita una modificación a las Reglas de Operación del Fondo Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).
Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)