El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se solicita que se asignen suficientes recursos al Premio Nacional de la Cerámica.
Exposición de Motivos
La artesanía en cerámica es una de las actividades más antiguas y difundidas. El artesano fabrica objetos tanto utilitarios como artísticos y decorativos, a base de arcilla, cocida a bajas y altas temperaturas que pueden ser decorados con diferentes colores, motivos y materiales complementarios.
Las artesanías en general se producen en los talleres familiares o en los talleres del maestro artesano en áreas rurales e incluso urbanas, se dirigen a un consumo para cubrir necesidades elementales con productos como la loza de barro, sombreros, petates, huaraches, muebles, bordados, etcétera. Incluso, aún se producen objetos ligados a la vida ceremonial de las clases campesinas y populares urbanas. La serie de danzas, fiestas y otro tipo de celebraciones es verdaderamente un espacio para demostrar la artesanía compleja que aun realizan los maestros artesanos.
El artesano en México en su gran mayoría pertenece al sector económico y social con mayor marginación, sus condiciones de vida y de educación pareciera que han dejado de interesar e incluso vemos con tristeza como día con día los jóvenes han perdido el interés en el oficio.
En la actualidad en México se trabajan más de 27 ramas artesanales, casi todas con características prehispánicas en cuanto al material utilizado.
La introducción de nuevos elementos y conceptos en la confección de varios objetos artesanales, la utilización de la tecnología y el sentido artístico de los indígenas, ha creado mediante una amalgama cultural o sincretismo, una artesanía bella y vasta que se conserva y enriquece.
El uso del torno alfarero y del telar de pedales, entre otros, así como diferentes materias primas –lana, barnices plúmbeos, entre otros–, produjeron grandes cambios en la artesanía desde los primeros días de la invasión europea.
Hoy asombra y emociona contemplar la arquitectura, la pintura mural, la obra escultórica en barro o en piedra y las delicadas piezas de orfebrería sin otros elementos para doblegar al metal, que piedra para cincelar, cera, arcilla y fuego.
La cerámica es una de las ramas más importantes del arte popular de México, ya que en la mayoría de los estados se desarrolla esta actividad, aunque diferenciada por estilos, técnicas y acabados, modelada o moldeada policromada o esgrafiada, bruñida o esmaltada. A los enseres domésticos y utilitarios se agrega la producción de piezas con fines rituales y en otras sólo ornamentales, sin olvidar que con frecuencia a la cerámica utilitaria se le aplican formas escultóricas que le dan un valor agregado.
La cerámica actual de México es uno de los ejemplos más vivos del mestizaje visualizado desde la producción artesanal. Por un lado conserva la herencia hispánica no sólo en cuanto a la técnica, que ha permanecido casi intacta hasta nuestros días, sino también algunos tipos y formas, por ejemplo la mayólica y el estilo de talavera, así como la enorme gama de cerámicas vidriadas. Por el otro lado aflora en ella la base cultural indígena, que se refleja tanto en técnicas ancestrales, el uso, la forma el color y la decoración de muchas piezas de barro natural, engobado o bruñido.
El alfarero mexicano ha mantenido su producción dentro de la tradición técnica, el decorado y la quema, pues siguen manufacturando las formas clásicas con escasas variantes, principalmente la loza de tipo doméstico. Sin embargo, al igual que otras manifestaciones de la cultura popular, la cerámica tradicional va siendo desplazada por los productos industrializados. Así las nuevas creaciones de los alfareros, al evolucionar pierden una de sus características esenciales: la utilidad cotidiana.
En México se emplean diversas técnicas para la manufactura de la cerámica. Quizás la más antigua y que sigue vigente en muchas comunidades del país, especialmente indígenas, es la del moldeado a mano.
En 1977 se origina en Tlaquepaque un concurso en el que se convoca a los artesanos de todo el país a participar con 2 categorías y un premio especial; además un pergamino firmado por el entonces presidente Municipal de Tlaquepaque, Jalisco.
En 1979 se obtiene el aval del gobierno federal con apoyo económico y el otorgamiento de un pergamino suscrito por el presidente de la república, José López Portillo.
En 1995 el acto se posicionó como el de mayor importancia en nuestro país con el reconocimiento de instituciones como Fonart, Conaculta y el INI; se forma la Asociación Nacional de Galardonados y se registra el patronato como asociación civil, la cual lamentablemente por circunstancias económicas y políticas no prosperó. Para ese entonces estaban establecidas seis categorías con tres primeros lugares cada una y tres premios especiales entre los que se incluía el Galardón Presidencial.
Consolidado como uno de los eventos más trascendentes de nuestro país y reunir a todos los estados ceramistas debido a la capacidad de su convocatoria en la que se ofrece apoyo de transporte, alimentación y hospedaje por una semana a los participantes, en la que participan en seminarios, conferencias y talleres. Es un acto que busca rescatar y mantener una tradición milenaria a través de la participación de artesanos de todo el país.
Uno de los principales motivadores para los concursantes es el ser acreedores del Galardón Presidencial, presea que se otorga de manos del presidente a un representante; este es un pergamino suscrito por éste, además se otorga un estimulo económico.
El marco de esta ceremonia se encuentra sustentado por los principales instituciones involucradas en la cultura y las artes, como son el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Fomento Nacional para las Artesanías, la Secretaria de Turismo, el Instituto Nacional Indigenista, y la Dirección de Culturas Populares.
Asimismo, gracias al esfuerzo por la administración municipal de Tlaquepaque y a la participación de diversos organismos de gobiernos federales, estatales y municipales y a la importante colaboración de los patrocinadores se logra conformar una digna e importante bolsa de premios.
Este certamen ha alcanzado una participación efectiva de 800 artesanos, provenientes de 75 localidades de 27 estados de república, con mil 800 piezas registradas que han participado en las ahora 7 diferentes categorías.
Desde hace más de 20 años el acto más importante de la feria es el Premio Nacional de la Cerámica. El municipio de Tlaquepaque es considerado uno de los centros de producción alfarera más importante del país; la cerámica ha alcanzado un notable adelanto y perfección en sus diferentes ramas, como son cerámica bruñida o de olor, canelo, bandera, veros, chapeada, matiz, petatillo, caolín, de alta temperatura, y de lumbre; de todas estas se pueden obtener nacimientos, figuras tipo miniatura, cazuelas, ollas, jarros, macetas, floreros y platos.
Por lo expuesto, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a asignar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 suficientes recursos al Premio Nacional de la Cerámica.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputado David Hernández Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
EN MATERIA DE APOYO DE LA MUJER RURAL, A CARGO DE LA DIPUTADA LETICIA QUEZADA
CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se aprueben recursos adicionales al Gobierno del Distrito Federal en materia de apoyo a la mujer rural, con base en los siguientes
Considerandos
Primero. Que derivado de los recurrentes ajustes financieros en la economía nacional durante 2009, el Distrito Federal es una de las entidades más afectadas para llevar a cabo acciones tendentes a las actividades que favorecen a los núcleos poblacionales más expuestos, como los pobladores rurales e indígenas.
Segundo. Que otro de los núcleos de población más desfavorecidos es el de las mujeres rurales en zonas de marginalidad y alta marginalidad, en colonias populares y pueblos originarios.
Tercero. Que esta población ha recurrido a los apoyos que brinda la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades a través de sus programas y actividades, los cuales resultan insuficientes ante la demanda solicitada.
Cuarto. Que el proyecto sobre mujer rural en el Distrito Federal tiene como objetivo brindar capacitación y apoyo financiero a mujeres de las 7 delegaciones rurales (Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Cuajimalpa) para desarrollar sus proyectos productivos sustentables, otorgándoles las herramientas necesarias para su consolidación, que les permita superar las adversas condiciones económicas y sociales, mejorar su calidad de vida, la de sus familias y la de su comunidad.
Quinto. Que también pretende mejorar la calidad de vida de las mujeres de las 7 delegaciones rurales, que puedan contribuir al gasto familiar, valerse por sí mismas, y estar en posibilidades de ingresar al ramo productivo de esta ciudad.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de ésta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados aprueba un monto adicional de 4 millones de pesos para que el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, lleve a cabo el proyecto Capacitación y Consolidación de Proyectos Productivos para Mujeres de las 7 Delegaciones Rurales del Distrito Federal, provenientes del Ramo 08, "Agricultura, Ganadería. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación". Estos recursos no estarán sujetos a reglas de operación y serán entregados íntegramente al Gobierno del Distrito Federal mediante acuerdo que para tal efecto se celebre.
Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE SE CONSIDERE UNA REDUCCIÓN DEL GASTO CORRIENTE EN EL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010, A
CARGO DEL DIPUTADO JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PVEM
El suscrito, diputado Juan Carlos Natale López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Atinadamente, tal y como lo han señalado los teóricos de las finanzas públicas: "Todo problema de ingreso representa un problema de gasto". Y es que uno de los factores más importantes para que la sociedad, y particularmente, los contribuyentes acepten en algún grado la carga fiscal que deben soportar, resulta de la percepción que tengan del uso y destino de dichos recursos.
En la medida que aumentan los casos de corrupción, la desviación de fondos y el derroche de recursos burocráticos al amparo del ejercicio del gasto público, como actualmente sucede, difícilmente se podrá reformar el sistema fiscal aumentando la carga tributaria sin generar un amplio descontento entre quienes deben de cubrir sus obligaciones fiscales; resultando en última consecuencia, que a quienes se les "impone" la carga impositiva busquen evadirlas o eludirlas, justificando así un incentivo más para no contribuir al financiamiento de las actividades públicas, independientemente de la percepción sobre el beneficio que éstas le reportan a la sociedad, las facilidades para el pago o del carácter coercitivo-legal de la tributación.
Así de sencilla es la dinámica tributaria entre el Estado y la sociedad que a pesar de la supuesta irrestricta observancia al marco jurídico tributario por la autoridad, los contribuyentes no se sienten con la más mínima confianza para aportar a los caudales hacendarios; y lo más grave, esto se significa, cuando en realidad, es el gasto público el factor determinante en las inversiones directas e indirectas, y parte neurológico del crecimiento de la economía.
Sin embargo, al actual gobierno, quien pretende con su propuesta de recorte al gasto y a la inversión, venderle nuevamente mentiras al pueblo de México y seguir en la plenitud de sus derroches y privilegios burocráticos que sin concesiones con el pueblo, ni los demás gobiernos, sacrifica día a día, millones de pesos en sueldos, salarios y en servicios administrativos muchas veces innecesarios.
¿Pero qué pasó?
Es que, como dijera el clásico popular, "la costumbre se hace ley"; y así como en 2008 y en lo que va de 2009 se ha incrementado abruptamente el gasto corriente más allá de lo aprobado: en plena crisis, el gobierno federal elevó 14.5 por ciento el gasto corriente.
En efecto, erogó 219.5 mil millones de pesos más en gasto corriente respecto del presupuestado en 2008 cuando esta soberanía aprobó un monto por gasto corriente de 1 billón 508 mil 979 millones de pesos; es decir, el incremento vigente representa el 74.49 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Ahora bien, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, por gasto corriente y –en sus cuatro componentes principales– presenta incrementos, tanto en términos absolutos como relativos. Los servicios personales se pretenden incrementar en 6 mil 796.2 millones de pesos, al pasar su asignación de 822 mil 329 millones de pesos en 2009 a 829 mil 125.2 millones en 2010, significando un incremento relativo real de 0.8 por ciento. El rubro de pensiones y jubilaciones es el que presenta el mayor crecimiento en términos reales, siendo este del orden de 16.1 por ciento, al incrementarse el monto asignado de 263 mil 932.2 millones en 2009 a 306 mil 502.8 millones de pesos en 2010, una variación absoluta de 42 mil 570.6 millones de pesos.
Por otro lado, la propuesta del "Programa de Austeridad" prevé la reducción de 27 mil 700 millones de pesos en servicios personales, de 38 mil 750 millones en gastos administrativos y de operación de las dependencias y entidades, y de ahorros de hasta seis mil 500 millones de pesos; sin embargo, esto no es ni siquiera lo mínimo necesario que debe hacer la administración pública federal para satisfacer las necesidades básicas de la población en un futuro cercano.
Curiosamente para algunos, una reducción del 50 por ciento al gasto anual de los partidos políticos, es la respuesta para resolver la miseria y la pobreza, hasta el punto de afirmar que sería inmoral el aprobar el paquete económico 2010 sin estas reducciones.
Nada más que es muy fácil, decir que se tiene un compromiso con la ciudadanía, que van a tener una acción responsable y por tanto voy a reducir sustancialmente mis recursos, cuando desde sus raíces, se trata de una propuesta de quienes apoyaron la campaña del Ejecutivo federal, y que directamente esperan depender en un futuro cercano de los programas y estructuras de apoyo al desarrollo social.
Ahí sí, si se trata de demagogia, ya que el proyecto de Presupuesto que envió el Ejecutivo se observa que si bien, el gasto programable para 2010, propuesto para las dependencias del Ejecutivo federal por 767 mil 692.6 millones de pesos, registra un decremento real de 7.6 por ciento, con respecto a lo aprobado en el 2009; en su interior, las dependencias que registran incrementos reales, son: la Secretaría de Desarrollo Social con 18.0 por ciento, Relaciones Exteriores 8.7 por ciento, y la Secretaría de Salud 0.3 por ciento, casualmente se trata de las dependencias encomendadas del desarrollo social y la elite del Ejecutivo que a costa del erario goza de una vida suntuaria desde el extranjero.
Estas propuestas de asignaciones del gasto evidencian las prioridades del Ejecutivo, y al mismo tiempo, queda bastante claro que a este gobierno lo mueve más los intereses coyunturales político-electorales que las necesidades reales de la gente.
De esta manera se reitera la necesidad de que las propuestas se asienten con una fundamentación y motivación alejada de la mezquindad que oculta las verdaderas intenciones y que trata de evitar que la ciudadanía se dé cuenta de que no hay capacidad, y que no quieran tener un Estado fuerte, simplemente quieren exigirles que recauden más para los que más tienen.
En un régimen democrático, la propuesta entonces debería guardar congruencia entre el recorte del 50 por ciento al gasto del IFE y de los partidos políticos, con respecto del gasto corriente de las dependencias a cargo del Ejecutivo federal; pero esta condición porcentual limitaría sumamente las actividades convencionales de ente político y administrativo.
Uno de los compromisos que asumimos como responsabilidad los legisladores del PVEM con nuestros electores, es que mantenemos el propósito de procurar reducir a la mitad los sueldos de los altos funcionarios: desde el presidente de la República; niveles subsecuentes hasta directores generales; ya que esto, representaría un ahorro significativo y una satisfacción moral con la ciudadanía; ya que tan sólo, de los mil 800 funcionarios de mandos superiores –director general, jefe de unidad, oficial mayor, subsecretario y secretario– que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoció que erogaría por salarios, este año, un total de 4 mil 300 millones de pesos; ¿de cuánto sería entonces el ahorro de 65 mil funcionarios con rangos similares? Aproximadamente de poco más 30 mil millones de pesos; que son más de los recursos que la dependencia federal de Desarrollo Social quiere destinar el siguiente año al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades para empadronar a 1 millón 500 mil personas más, con la justificación de ejercerlos, supuestamente, sin injerencia de intereses partidistas, ni de gobierno.
En este sentido, si el compromiso contraído con la ciudadanía el pasado 5 de julio, obliga a ajustarnos a las condiciones económicas, esto no significa que los programas sociales también vayan a ajustarse a los propósitos del Ejecutivo federal a costa de la creación de nuevos impuestos; y menos aún para fines distintos a los sociales.
En tal virtud, proponemos someter al interés público y de ésta soberanía, la propuesta de recorte al gasto público por concepto de gasto corriente tanto a dependencias y entidades del Ejecutivo federal, Poderes Legislativo y Judicial; organismos constitucionalmente autónomos, así como a los partidos políticos en aras de mantener congruencia y sobriedad con las condiciones económicas que prevalecen en el país.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en el marco del análisis, discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010; a que considere la reducción del 10 por ciento del gasto corriente de las dependencias de la administración pública federal, Poderes Legislativo y Judicial; organismos constitucionalmente autónomos a partir de una reducción de la estructura de sus mandos superiores y oficialías mayores, y la reducción del 10 por ciento en los salarios, remuneraciones y prestaciones que sobresalen de los derechos previstos por ley para mandos superiores del gobierno federal, y se destinen a un fondo de combate a la pobreza en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil nueve.
Diputado Juan Carlos Natale López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE EL
PROYECTO DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA
EL EJERCICIO FISCAL DE 2010, A CARGO DEL DIPUTADO JAIME FERNANDO CÁRDENAS
GRACIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El suscrito, diputado Jaime Cárdenas Gracia, diputado federal del Grupo Parlamentario del PT en la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se someta a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes:
Considerandos
1. Que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus párrafos 7 y 8 que:
"La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, Imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar."
2. Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece en su artículo 21 lo siguiente:
I. La disminución de alguno de los rubros de ingresos aprobados en la Ley de Ingresos podrá compensarse con el incremento que, en su caso, observen otros rubros de ingresos aprobados en dicha Ley, salvo en el caso en que estos últimos tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal o conforme a éstas se cuente con autorización de la Secretaría para utilizarse en un fin específico, así como tratándose de ingresos propios de las entidades de control directo. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de ingresos y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá en los términos de las siguientes fracciones;
II. La disminución de los ingresos totales del gobierno federal, asociada a una menor recaudación de ingresos tributarios no petroleros, a disminuciones en el precio promedio ponderado de barril de petróleo crudo mexicano y de otros hidrocarburos o de su plataforma de producción, o a movimientos del tipo de cambio del peso respecto del dólar de los Estados Unidos de América durante el ejercicio fiscal en cuestión, por debajo de los estimados para la Ley de Ingresos, se podrá compensar con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros en los términos de las reglas de operación que emita la Secretaría. En caso de que, conforme a lo previsto en dichas reglas, se llegue al límite de recursos del Fondo sin poder compensar dicha disminución, se procederá a compensar con los ajustes a que se refiere la fracción III del presente artículo. (DOF 13/11/08).
...
...
III. La disminución de los ingresos distintos a los que se refiere la fracción II de este artículo se compensará, una vez efectuada en su caso la compensación a que se refiere la fracción I, con la reducción de los montos aprobados en los presupuestos de las dependencias, entidades, fondos y programas, conforme a lo siguiente:
a) Los ajustes deberán realizarse en el siguiente orden:
ii) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población;
iii) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias; y
iv) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades.
...
3. Que el artículo 18 del decreto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del 2009, establece que:
Por su parte el mismo artículo 18, en su párrafo 9 establece lo siguiente:
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se propone la modificación al artículo 18 del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, para quedar en los siguientes términos:
En las entidades federativas en donde se lleven a cabo elecciones, no podrán realizarse erogaciones de comunicación social, ...
Asimismo, deberán observar lo dispuesto en los artículos 41, fracción III, Apartado C, segundo párrafo y 134, octavo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, numeral, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ...
El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, observando lo dispuesto en el párrafo segundo de este artículo, supervisará la administración y distribución de los tiempos fiscales cubiertos por las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal. Dicha distribución se realizará en la proporción siguiente: 40 por ciento al Poder Ejecutivo federal; ...
La Secretaría de Gobernación conforme a lo previsto en el párrafo segundo de este artículo dará seguimiento a la utilización de los tiempos fiscales. Asimismo,
...
Con base en lo anterior, la Secretaría de Gobernación informará bimestral mente a la Cámara de Diputados sobre la utilización de los tiempos fiscales, ...
(Derogado)
(Derogado)
(Derogado)
El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, remitirá a la Cámara de Diputados un informe que contenga la relación de todos los programas y campañas de comunicación social, desglosadas por dependencias y entidades. Asimismo, deberá contener la descripción de las fórmulas, modalidades y reglas para la asignación de tiempos oficiales. Dicho informe deberá presentarse una vez autorizados los programas de comunicación correspondientes.
Los programas y campañas de comunicación social se ejecutarán con arreglo a las siguientes bases:
I. ...
II. ...
III. (Derogado)
IV. (Derogado)
V. La publicidad que convengan las dependencias y entidades bajo la modalidad de tiempo del Estado y tiempo fiscal, para la difusión de los programas sujetos a reglas de operación deberá incluir, claramente visible y audible, la siguiente leyenda: "este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". En los casos de los programas de desarrollo social únicamente deberá incluirse la leyenda establecida en el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social. Para lo anterior, deberán considerarse las características de cada medio.
La Secretaría de Gobernación informará bimestralmente a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados sobre la ejecución y erogación de los programas y campañas de comunicación social. Dichos informes deberán contener, al menos, lo siguiente: empresas prestadoras de los servicios y tiempos contratados, fiscales y de Estado utilizados por cada dependencia y entidad.
En medios impresos podrá realizarse gasto en comunicación social, distribuyendo con criterios de equidad y de imparcialidad las compras entre los distintos medios. Estas erogaciones no deberán exceder en cada poder, órgano autónomo, y entidad federal al erogado durante el ejercicio fiscal 2009. Dicho gasto deberá cumplir a cabalidad con lo previsto en los párrafos 7 y 8 del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el informe de avance de gestión financiera a que se refiere la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación se deberá dar cuenta del ejercicio de estos recursos.
Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE DESTINE EL MISMO MONTO, EN TÉRMINOS REALES, QUE EL ASIGNADO
EN 2009 AL PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS, DE LA SEP, A CARGO
DEL DIPUTADO JAIME ARTURO VÁZQUEZ AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE NUEVA ALIANZA
Jaime Arturo Vázquez Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base a las siguientes
Consideraciones
El rápido desarrollo de las tecnologías de la información, las comunicaciones y la innovación de los sistemas digitales, tienen una función estratégica en el crecimiento económico y la competitividad de un país. El acceso a la información y el intercambio de conocimientos en una sociedad están determinados por factores fundamentales como la educación, el marco normativo y jurídico y los recursos que cada país destina para desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y su capacidad para generar y utilizar conocimientos.
En México, el panorama en materia de inclusión digital presenta muchas desigualdades. Por un lado existe un sector muy pequeño que se encuentra al mismo nivel de equipamiento y de conocimiento que los países del primer mundo; por la otra, la mayor parte de la población usa de manera elemental el medio, sin obtener todo el provecho que podría; lo que nos conlleva a que la gran mayoría de las mexicanas y mexicanos nunca han tenido la oportunidad de asomarse a la realidad de las computadoras y la Internet.
El analfabetismo digital es una barrera decisiva para el acceso de la sociedad mexicana a las oportunidades en un mundo globalizado pues, en la actualidad, no basta con saber leer y escribir; para competir exitosamente hace falta también saber utilizar las computadoras y tener acceso a las telecomunicaciones informáticas. Ser parte de esta red permite acceder, intercambiar y generar ideas y cultura de tal manera que las oportunidades de las personas para elevar su potencial y su calidad de vida se amplían notablemente.
Cifras de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) muestran que como reflejo de la actual recesión económica mundial, el sector de las telecomunicaciones registró un crecimiento de 11 por ciento anual durante el segundo trimestre del año (abril-junio de 2009), la cifra más baja del sector en casi 7 años; además, esta tasa es 27 puntos porcentuales menor a la observada el año anterior de 37.6 por ciento.
Un estudio de la Asociación Mexicana de Internet señala que en 2008 existían en México 27.6 millones de usuarios de Internet que representa aproximadamente la cuarta parte de la población total del país (22.7 millones de internautas de 6 años en adelante en zonas urbanas y 4.9 millones en zonas no urbanas), obteniéndose una tasa de penetración nacional de Internet de 29.7 por ciento, comparado con los 84.4 por ciento de los Países Bajos, 71.7 por ciento de Canadá y 80.5 por ciento de Suecia.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestra que, a pesar de las dificultades, la tasa de crecimiento de usuarios de Internet en el periodo 2001-2008 fue de 17.8 por ciento, es decir, muestra avances.
El 77 por ciento de los cibernautas mexicanos tiene menos de 35 años, lo que significa que los jóvenes son quienes más uso hacen de la tecnología y también los primeros que las adoptan.
Entre la población con escolaridad de nivel primaria, la proporción de quienes usan Internet es de uno de cada diez; para los de nivel secundaria, la proporción se duplica y, en quienes cuentan con estudios de postgrado, llega a ocho de cada diez.
En 2008, las actividades específicas realizadas en Internet muestran que lo referente a consultas de corte académico significó un porcentaje de poco más de 43 por ciento, superando al correo electrónico, la búsqueda de información en general y el chat.
Por lo que se refiere a los lugares de acceso, tres de cada cinco usuarios de Internet hacen uso de los servicios de la red desde un sitio fuera del hogar (62.3 por ciento). Pues solamente 1 de cada 10 hogares en México cuenta con conexión a Internet, es decir 3.7 millones de hogares.
De los hogares con computados (14.5 millones), el 48 por ciento señaló no contar con conexión a Internet; de éstos, poco más de la mitad registró la falta de recursos económicos como la principal limitante para contar con conexión a la red, una cuarta parte manifestó no necesitarla.
Según el estudio Hábitos de los usuarios de Internet en México (mayo de 2009), 63 por ciento de las personas de mayores ingresos en México están en Internet y, aunque la penetración del universo de internautas ha aumentado en los últimos años en los niveles socioeconómicos más bajos, éstos aún no cuentan con las mismas oportunidades de acceso y uso de las tecnologías de la información.
El Reporte mundial de tecnologías de información 2008-2009 señala que el mercado digital global está claramente dominado por Europa y Estados Unidos de América, que representan 61 por ciento del volumen total a nivel mundial, porcentaje que aumenta a 75 por ciento si se consideran también Corea del Sur y Japón. La parte que corresponde al resto de los mercados asiático y americano, Oceanía y África, se reduce a un 25 por ciento, poniendo de relieve la diferencia de éstos respecto a los otros.
En el caso de Latinoamérica, la participación asciende a 7 por ciento del total. En América Latina y el Caribe sólo 4 países alcanzaron clasificar dentro de los 50 mejores del mundo, a saber: Chile (34), Barbados (38), Puerto Rico (39), y Jamaica (46).
México registra un avance en materia de competitividad a nivel global pero, en Tecnologías de la Información (TI) reporta un rezago frente a otros países. Perdió posiciones en el ranking mundial en TI, pasando del lugar 49 en el indicador, de 2006-2007, al 58 en el reporte de 2007-2008.
Los elementos más problemáticos para el país, según el reporte, son entre otros el marco regulatorio y político, así como la infraestructura y la preparación individual; sin embargo, la principal traba está relacionada con la educación y la falta de disponibilidad de personal especializado. A esto se suma el problema de los costos de acceso a las TI, por ejemplo, el acceso a Internet en México continúa siendo un lujo.
Ante las cifras que indican que en el país existe una grave brecha digital entre quienes utilizan las TIC como una parte rutinaria de su vida diaria y las que no tienen acceso a éstas, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 consideró estratégico establecer condiciones para que el país se inserte en la vanguardia tecnológica, a través del el impulso de una economía digital y de una industria de tecnologías de la información y comunicación que se traduzca en mayor una competitividad y productividad a nivel mundial.
En el eje de igualdad de oportunidades, en la parte de transformación educativa se plantea como objetivo impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida.
Dentro de las estrategias para alcanzar esta meta se encuentran el fortalecimiento del uso de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza y el desarrollo de habilidades en el uso de tecnologías de la información y la comunicación desde el nivel de educación básica, así como el impulso de la capacitación de los maestros en el acceso y uso de nuevas tecnologías y materiales digitales, y el acceso de los planteles de todo el sistema educativo a plataformas tecnológicas y equipos más modernos.
Por ello, uno de los objetivos de la administración actual es la de fortalecer los programas que permitan utilizar nuevas tecnologías para la enseñanza de los planes de estudio, diseñando los instrumentos más adecuados para que los maestros reciban capacitación en el uso de estas tecnologías y apoyando el desarrollo de conectividad en escuelas, bibliotecas y hogares.
En el programa sectorial se reconoce la necesidad de impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.
Ante la problemática ocasionada por la falta de oportunidades de gran parte de la población para acceder a una educación de calidad, ya los avances en materia de tecnología e información, y acorde a los problemas planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y el programa sectorial relativos a la educación básica integral y tecnológica, se crea el programa Habilidades Digitales para Todos (PHDT), que representa una clara estrategia que pretende contribuir al cumplimiento de los objeticos planteadas en materia educativa mediante el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y comunicación.
Los beneficiarios del PHDT son, durante la primera fase de éste, los alumnos y docentes de primer grado de las escuelas secundarias generales y técnicas y telesecundarias seleccionadas y, posteriormente, la comunidad escolar de cada centro educativo participante.
El programa proporciona apoyo económico a las entidades que hayan solicitado la incursión de algunas de sus escuelas en el PHDT para que promuevan la implementación de un modelo educativo, apoyado en tecnologías de la información y la comunicación, para supervisar la capacitación a los docentes y directivos para fomentar su uso en la educación básica, mediante la instalación de aulas de medios.
En el informe final de la evaluación externa 2009 en materia de diseño del PHDT que realizó el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) se refrendó la importancia de este programa, concluyéndose que
Los componentes y las correspondientes actividades propuestas por el PHDT para la consecución de su fin, se acercan, en gran medida, a ser los necesarios y suficientes para su logro.
La última versión de la estructura de indicadores propuesta para la medición de los resultados del PHDT revisada cumple con los criterios necesarios para asegurar su correcto funcionamiento como herramientas de seguimiento del programa.
La población objetivo forma parte de aquella ubicada por el PND como prioritaria respecto a su inserción como beneficiaria en los programas de desarrollo social desde la perspectiva educativa.
El programa tiene bien identificados los esfuerzos paralelos de otros programas federales con los que se complementa y debido a su naturaleza no existen esfuerzos que dupliquen su enfoque.
*Incluye ampliación honorable Cámara de Diputados por 400 millones
Ello, aunado a la posible aprobación del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) en telecomunicaciones, que repercutirá directamente en su crecimiento e inhibirá a los estratos más vulnerables de la población; los cuales, paradójicamente, son los que presentan, como ya vimos, un mayor crecimiento en la adopción y utilización de Internet, el 44 por ciento de los internautas pertenecen a los niveles socioeconómicos D+, D y E (tabla 2 hoja 4).
El programa Habilidades Digitales para Todos tiene considerado, durante el ejercicio de 2010 y con el recurso regularizable, la integración instruccional, la capacitación, la acreditación, y certificación de docentes en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, el monitoreo, el seguimiento y la evaluación del programa, así como el equipamiento de mil 923 aulas de medios en secundarias generales y técnicas.
Adicionalmente, se busca realizar el desarrollo del modelo educativo de habilidades digitales para todos, con un monto estimado de 500 millones que se desagrega en el desarrollo de nuevas herramientas como sistemas informáticos para apoyar la gestión educativa y escolar, para lo cual se solicitan 6 millones, el mantenimiento de 32 mesas de soporte técnico y pedagógico para recibir 170 mil 483 aulas Enciclomedia por 11 millones, así como la administración del portal, hosteo, desarrollo de infraestructura y licenciamiento por 15 millones, además equipar mil 557 aulas con conectividad wimax por 405 millones, el desarrollo de 250 planes de clase para 6 materias pendientes de primero de secundaria por 13 millones, el desarrollo de 250 objetos de aprendizaje para 6 materias pendientes de primero de secundaria por 13 millones, el desarrollo de mil 250 reactivos para 6 materia pendientes de primero de secundaria por 12 millones, la continuidad al estudio de fase experimental de 200 escuelas, el estudio muestral a las 2 mil 775 escuelas secundarias equipadas en 2009 por 15 millones, así como el estudio de seguimiento al uso de nuevos materiales HDT de primero a tercero de secundaria por 10 millones.
Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza fomentar la conectividad y hacer universal el acceso a las tecnologías digitales es un compromiso, por ello debemos trabajar en los obstáculos que impiden la participación de la mayoría de las mexicanas y mexicanos en la revolución digital.
Punto de Acuerdo
Único. Con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a efecto de que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se destine el mismo monto en términos reales al asignado en 2009 al programa Habilidades Digitales para Todos, de la Secretaria de Educación Pública.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE ASIGNE UNA PARTIDA ESPECIAL PARA RESOLVER LA PROBLEMÁTICA
QUE ENFRENTAN LOS SOCIOS DEFRAUDADOS POR SACRIPUTLA, SC DE RL, Y POR LA
CAJA POPULAR CASANDOO, SA DE CV, DE SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA, SUSCRITA
POR LOS DIPUTADOS ELPIDIO DESIDERIO CONCHA ARELLANO Y JOSÉ ANTONIO
YGLESIAS ARREOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este honorable pleno, la presente proposición con punto de acuerdo para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se asigne una partida especial destinada a resolver la problemática que enfrentan los socios defraudados por la Sociedad Cooperativa denominada Sacriputla, SC de RL, en diversos municipios, y por la Caja Popular Casandoo, SA de CV, ambas sociedades del estado de Oaxaca, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El día 6 de abril del año 2007 los socios ahorradores de la Sociedad Cooperativa Sacriputla, SC de RL, enviaron un escrito a la Presidencia de la República solicitando su apoyo para recuperar los ahorros que les fueron saqueados.
El 28 de mayo de 2007, una comisión de los socios ahorradores defraudados de la Sociedad Cooperativa Sacriputla, SC de RL, se reunieron en las oficinas del Fideicomiso Pago, con la titular de la Unidad de Banca y Ahorro y el Comisionado de Fipago, donde ambos funcionarios se comprometieron a resolver este asunto y recuperar los ahorros quebrantados.
Con fecha 12 de febrero de 2009 se presentaron ante la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de esta Cámara de Diputados un grupo de representantes de los socios ahorradores de la Sociedad Cooperativa Sacriputla, SC de RL, a exponer la situación que padecen más de 1500 socios, con motivo del fraude cometido en su contra por esta cooperativa que operó en el estado de Oaxaca.
En relación con este tema, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión presentó punto de acuerdo que, entre otros asuntos, instruía a las Comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que constituyeran un grupo plural de trabajo con objeto de dar seguimiento y coadyuvar en la solución definitiva del fraude cometido por la Sociedad Cooperativa Sacriputla, SC de RL, que fue aprobado el 26 de marzo de 2009
Con fecha 31 de julio de 2009, el grupo de trabajo plural referido, presentó, entre otras, las siguientes conclusiones sobre las investigaciones y gestiones realizadas de este asunto y que textualmente expresaron lo siguiente:
Las comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social, dentro de sus posibilidades y facultades, han asumido el pleno conocimiento de este conflicto.
Se considera importante y de interés social buscar alguna solución conjunta para resarcir en lo posible el daño causado por la Cooperativa Sacriputla, SC de RL y Casandoo, SA de CV.
Se presenta el informe con el objetivo de dejar testimonio de las actividades realizadas y a fin de que el propio gobierno del estado de Oaxaca continué la labor de negociación y gestión con la LXI Legislatura.
Consideraciones
Como representantes del estado de Oaxaca, es nuestro deber solicitar a esta soberanía su total apoyo para devolver a nuestros representados los recursos económicos que les fueran arrebatados por parte de la sociedad cooperativa de responsabilidad denominada Sacriputla, SC de RL, alterando con ello, de manera considerable, la economía de más de mil 500 familias que hoy se encuentran en el desamparo y al borde de la miseria, y lo que es peor, sin ninguna respuesta favorable por parte de esta soberanía, pese a todas las gestiones que han venido realizando.
Que a tres años de iniciar las gestiones correspondientes, los defraudados, en su mayoría indígenas campesinos de las comunidades de Putla Villa de Guerrero, Santiago Juxtlahuaca, Tlaxiaco, San Juan Mixtepec y Santiago Nuyoo y Santiago Jamiltepec, todos ellos del estado de Oaxaca, deben recibir una respuesta favorable que les ayude a mitigar la penosa situación económica por la que están atravesando ellos y sus familias y recuperen sus ahorros lo más pronto posible.
El caso de los ahorradores defraudados por la Caja Popular Casandoo, SA de CV, de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, de igual manera, merecen la atención y el apoyo de esta Representación Nacional para que les sean resarcidos los recursos que les fueron despojados.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados que se incluya en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2010 una asignación de recursos económicos especiales por la cantidad de $41’083,733.59 (cuarenta y un millones ochenta y tres mil setecientos treinta y tres pesos 59/100 mn), al Fideicomiso Pago que Administra el Fondo Para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, como complemento a sus recursos para cumplir con esta situación de carácter social, de los cuales se destinarán, $38’489,980.83 (treinta y ocho millones cuatrocientos ochenta y nueve mil novecientos ochenta pesos 83/100 mn), para resarcir los daños ocasionados a los socios afectados por Sacriputla, SA de CR, en diversas comunidades del estado de Oaxaca, y $2’593,752.76 (dos millones quinientos noventa y tres mil setecientos cincuenta y dos pesos 76/100 mn), para restituir los recursos a los ahorradores defraudados por la Caja Popular Casandoo, SA de CV, de Santiago Jamiltepec, Oaxaca.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputados: Elpidio Desiderio Concha Arellano, José
Antonio Yglesias. Arreola (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEGOB A INSTRUIR AL TITULAR DEL FIDEICOMISO DEL FONDO DE
APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS A EFECTO DE QUE
PAGUE EN UNA SOLA EXHIBICIÓN A LOS BENEFICIARIOS; Y A FIN DE QUE
EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010
SE CONSIDEREN RECURSOS PARA EL RUBRO DE TRABAJADORES EX BRACEROS, A CARGO
DEL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO ARÁMBULA LÓPEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
I. Durante el periodo comprendido de 1942- 1964 más de cinco millones de trabajadores mexicanos ingresaron a laborar a las zonas agrícolas de los Estados Unidos de América.
II. Mediante el intercambio diplomático entre los gobiernos de México y Estados Unidos se decidió establecer una cláusula que derivó en la creación del Fondo de Ahorro Campesino como parte del convenio bracero, consistente en el 10 por ciento de los salarios pagados a los trabajadores migrantes, que concluyó en 1963. Recursos que fueron enviados al ahora desaparecido Banrural.
III. Se estableció una modificación en el año de 1948 mediante la cual los braceros deberían recibir las cantidades aportadas mediante cheque certificado a su nombre al momento de regresar a México. Es decir, no hay duda que la prestación generada con motivo del trabajo desempeñado, no se sujeta a ninguna condicionante por parte de quien realizó dicho descuento mucho menos debe serlo por quien únicamente es encargado de entregarlo.
IV. Ahora bien, habiendo transcurrido casi medio siglo para que los ex trabajadores braceros lograran recibir el pago correspondiente por el descuento realizado a su salario, periodo durante el cual el factor tiempo ha jugado un papel muy importante dado que del número de trabajadores que ingresaron en esas fechas a los Estados Unidos han fallecido o son personas de la tercera edad, y aún cuando las reglas de operación previstas por la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos señala que los derechos podrán ser reclamados por sus beneficiarios también resulta cierto que ha sido difícil que los familiares logren acreditar la estancia en aquel país por parte del ex bracero o bien contar con los documentos previstos en la fracción IV del artículo 6 de la citada ley.
V. Resultando que la cantidad acordada para ser entregada a cada migrante que acreditase su estancia sería por la cantidad de $38,000.00 (treinta y ocho mil pesos 00/100 m. n.). Sin embargo, de forma inaceptable, dicha cantidad pretende ser entregada de manera dosificada según los recursos disponibles por el Fideicomiso a los ex trabajadores migrantes.
VI. Atendiendo a una regla justa de equidad social, dado que son relevantes las aportaciones de los ex trabajadores migrantes en el fortalecimiento de la economía del país y de las suyas propias, y que las cantidades aportadas por cada uno de los braceros no permaneció todos estos años en las arcas del país de manera consensuada con ellos, ni menos aún el pago en parcialidades; es evidente que es un abuso de parte del fideicomiso que se tiene que subsanar; además viendo los problemas del fideicomiso ya que no se acordó contemplar también en dicha ley que en caso de no contar con los fondos suficientes en equivalencia social se retribuiría con el pago correspondientes de interés, y cabe aclarar no por los cincuenta años generados por el capital sino únicamente por el generado con motivo de la dosificación programada en base a las reglas de operación.
No es justo que los trabajadores ex migratorios además de haber contribuido en el avance del desarrollo nacional, se vean afectados por la situación económica que atraviesa el país, cuando el origen por el cual se creó la ley fue precisamente devolver las cantidades que en contra de la voluntad de los afectados controló el gobierno federal de ese entonces.
VII. De acuerdo con lo señalado por la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la LX Legislatura, con fundamento en los datos de la Secretaría de Gobernación a través del Diario Oficial, existe un universo de 207 mil 22 solicitantes, que multiplicados por los $38,000 (treinta y ocho mil pesos) que se acordó pagar por su estadía a cada migrante, resulta necesaria una cantidad total de $7’866,836,000.00 (Siete mil ochocientos sesenta y seis millones ochocientos treinta y seis mil pesos) para cumplir con tal fin, más los gastos necesarios para la operación del Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Mexicanos; esta cantidad total, dividida entre los 300 millones de pesos presupuestados para el ejercicio fiscal 2010, nos arroja que se terminaría de devolver el dinero a los ex trabajadores en poco más de 26 años; situación por demás inaceptable, ya que debido a la edad avanzada de la mayoría de los solicitantes, éstos no podrían llegar a disfrutar nunca del fruto de los ahorros de su trabajo. Por esta razón, resultan insuficientes los fondos presupuestados para cubrir el monto económico a que cada uno de ellos tiene derecho, tanto en el presupuesto 2009 como en lo propuesto para el ejercicio fiscal 2010.
VIII. Adicionalmente a las iniciativas presentadas por compañeros de esta Legislatura es importante el presente exhorto por obvia y urgente resolución debido a la larga espera de los ex braceros y a que desde el presupuesto de este mismo año 2009 se hagan los pagos necesarios en una sola exhibición de acuerdo a las reglas establecidas en el fideicomiso.
Por lo expuesto y fundado, solicito se someta a la consideración de este honorable cuerpo legislativo el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Este honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que modifique las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (de 1942 a 1964), de manera tal que se realice el pago a los ex braceros en una sola exhibición de acuerdo a los recursos con que cuente dicho fondo.
Segundo. Este órgano legislativo solicita a la Secretaría de Gobernación que por medio del Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorio Mexicanos, el comité técnico rinda un informe a la presente Legislatura, en un plazo no mayor a 20 días, para conocer el total de los pagos realizados y por realizar hasta el ejercicio fiscal 2009, así como un informe depurado del padrón de los braceros o beneficiarios a fin de conocer el número real existente de solicitantes y pagados.
Tercero. Se exhorta a esta soberanía, y en particular a la Comisión de Presupuesto y Gasto Público, a considerar la suficiente asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 a fin de reducir de manera notable el periodo en el que se terminaría de pagar a todos los ex braceros. Tales recursos podrán obtenerse de la reducción presupuestal de este Poder Legislativo.
Salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a 27 de octubre de 2009.
Diputado José Antonio Arámbula López
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA DIVERSOS PROYECTOS DE CONSERVACIÓN,
MANTENIMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO
CARRANZA, A CARGO DE LA DIPUTADA ESTHELA DAMIÁN PERALTA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, se considere una partida presupuestaria para diversos proyectos de conservación, mantenimiento y creación de infraestructura urbana en la delegación Venustiano Carranza, a cargo de la suscrita al tenor de las siguientes
Consideraciones
La delegación Venustiano Carranza representa 2.24 por ciento de la superficie total del Distrito Federal, lo que equivale a una área de 33.42 kilómetros cuadrados, cuenta con un total de 70 colonias, conformadas a su vez por 3 mil 220 manzanas y con una población de 447 mil 459 habitantes. Esta demarcación política es sede de este recinto legislativo y de instalaciones estratégicas para el país, como lo es el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, lo anterior provoca que reciba a diario una población flotante muy numerosa nacional e internacional.
Actualmente, la delegacion Venustiano Carranza es señalada como un zona de alta concurrencia y punto de unión de diversas franjas comerciales y negocios de la Ciudad de México, como son los mercados de La Merced, Sonora, Jamaica y Santa Juanita entre algunos otros.
Lo anterior ha provocado que el presupuesto asignado en ejercicios anteriores resulte insuficiente para cubrir servicios básicos como educación, salud, vivienda y saneamiento los cuales son indispensables para brindar una mejor calidad de vida a quienes trabajan, visitan y habitan esta zona.
De acuerdo con datos obtenidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la delegación Venustiano Carranza ha sido de las demarcaciones del Distrito Federal que ha ido en decremento, catalogada como la novena delegacion menos desarrollada del Distrito Federal.
Por ello se requiere la conservación, mantenimiento e infraestructura urbana, con obras públicas de alto impacto que permitan el desarrollo y bienestar de la población, no podemos negar que las características del entorno siempre se verán repercutidas en la vida de los pobladores, es por ello que es imperante la realizacion necesaria de las siguientes acciones de mejora como:
1. La conservación y mantenimiento a la imagen urbana de la calzada General Ignacio Zaragoza, con un gasto programado de 80 millones de pesos contemplando los siguientes rubros:
3. Un programa de mejoramiento urbano integral en el entorno al aeropuerto internacional de la Ciudad México, con una erogación de 205 millones de pesos destinados a:
Construcción de obras para solucionar encharcamientos en la zona comprendida entre las calles Norte 17, Norte 33 y boulevard Puerto Aéreo, avenida de la Industria de la colonia Moctezuma 2a. sección.
Obras para solucionar encharcamientos, en la calle Fuerza Aérea Mexicana entre Correos, Telégrafos y Agricultura de la colonia Federal.
Obras para solucionar encharcamientos en la colonia Pensador Mexicano.
Construcción del vaso de regulación Gran Canal.
Proyecto para solucionar encharcamientos en calzada General Ignacio Zaragoza entre avenida Francisco del Paso y Troncoso y la calle José Rivera Cambas.
Proyecto para solucionar encharcamientos en Francisco del Paso y Troncoso esquina Fray Servando Teresa de Mier, colonia Jardín Balbuena.
Proyecto para solucionar encharcamientos existentes en avenida Ingeniero Eduardo Molina esquina calzada Ignacio Zaragoza.
Hospital pediátrico Moctezuma:
• Remodelación interna de la unidad que incluye
el área del tomógrafo.
• Remodelación del banco de sangre.
Hospital materno infantil Inguarán:
• Modernización de área de expulsión,
dietología, central de equipos y esterilización.
8. Conservación y mantenimiento a los centros culturales: Federal, Casa de Cultura, Benita Galeana, Tierno Galvan y el centro cultural Ramírez y Ramírez, con un gasto de 31 millones de pesos, destinados al mantennimiento en general y a la construccion de diversos espacios.
9. Construcción, conservación y mantenimiento de los deportivos Moctezuma e Ingeniero Eduardo Molina, con un gasto programado de 68 millones de pesos, con las siguientes acciones:
Ignorar las necesidades planteadas en el presente punto de acuerdo quizas permita un ahorro al erario público, pero estoy segura pondrá en riesgo la vida de una gran cantidad de ciudadanos.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política, y 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, solicito al pleno de esta Cámara de Diputados que se someta a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Camara de Diputados que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, establezca una partida presupuestal por la cantidad de 700 millones 400 mil pesos para la realización de los proyectos de conservación, mantenimiento y creación de infraestructura urbana, contenidos en el presente punto de acuerdo, a favor de la delegación Venustiano Carranza.
Dado en el salón de sesiones, a 27 de octubre de 2009.
Diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEDENA A IMPLANTAR PROCEDIMIENTOS SOBRE EL USO PROPORCIONAL
DE LA FUERZA EN LOS PUESTOS DE REVISIÓN Y CONTROL MILITAR, A CARGO
DEL DIPUTADO PABLO ESCUDERO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Pablo Escudero Morales, diputado integrante de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, a efecto de Exhortar a la Secretaría de la Defensa Nacional a implementar procedimientos en el uso proporcional de la fuerza en los puestos de revisión y control militar, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En México persisten importantes rezagos en materia de seguridad y respeto a las garantías individuales de los ciudadanos, en especial a la garantía de libre tránsito y seguridad física y a la vida, por las cuales el Estado debe velar en todo momento.
En épocas recientes y derivado de la lucha contra el crimen organizado en la que se encuentran embarcados los órganos de seguridad del Estado, en especial las Fuerzas Armadas, se han suscitado una serie de hechos lamentables en contra de la población civil, que sin verse protegida, en muchos de los casos si se ve amenazada por las medidas estrictas y, no pocas de las veces, inquisidoras a que se ven sometidas al tener que atravesar un punto de control o reten militar.
Consideramos que las actividades propias del Ejército y el uso de sus atribuciones se debe de suscribir al marco legal, pero sobre todo al uso proporcional y estándares internacionales comúnmente aceptados para el uso de la fuerza en su actuar.
Es menester de esta soberanía destacar el uso y muchas veces abuso al que recurren los integrantes de las fuerzas armadas en el ejercicio de su labor, que si bien es cierto, su actual encomienda presidencial de combatir férreamente al crimen organizado principalmente en lo referente al tráfico, trasiego y venta de drogas, así como el combate y eliminación de los cultivos, los ha colocado al filo de su actuación fáctica, es también un hecho indiscutible que se trata de un órgano del Estado que en todo momento debe velar por la seguridad de los gobernados y para ello debe racionalizar el uso de la fuerza, cuando se encuentra en situaciones de contacto con la población civil.
Por desgracia en épocas recientes se han dado una serie de hechos fatídicos, algunos de ellos, en los que se han visto involucrados, niños, madres, jóvenes, trabajadores, personas inocentes, con elementos del Ejército.
Es tiempo de que las fuerzas armadas apliquen de manera rutinaria avances en su manera de proceder en estas situaciones, primero, porque no siempre el que no se detiene es porque sea un delincuente, y segundo, porque hay inocentes que pueden resultar heridos.
Estos hechos se han suscitado en el marco de la incesante lucha contra el narcotráfico, y se han dado principalmente en los lugares de instalación de los puntos de control y revisiones carreteros instalados por el Ejército.
Consideramos, que no es momento de analizar cuál fue o fueron los hechos, en particular de los casos que nos traen a esta exhortación, pero si consideramos de suma importancia que el Ejército adopte medidas en el uso de la fuerza de manera proporcional a los sucesos a que se enfrenta.
Lo principal es destacar que en el mundo existen protocolos para el uso de la fuerza, en etapas y grados de actuación reconocidos y ampliamente aceptados.
Citando "instrumentos internacionales" suscritos por México, el personal del Ejército deberá usar la fuerza en legítima defensa, para hacer cumplir la ley, salvaguardar un bien jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista una "necesidad racional" en el medio empleado y dentro del principio de "proporcionalidad" acorde con su situación, condiciones y características.
Los ordenamientos internacionales reconocen y establecen cinco niveles para el uso de la fuerza:
Sin embargo, es claro señalar que no se deberá autorizar a los integrantes del Ejército el uso de armas letales contra vehículos o personas que huyan o traten de huir de una inspección de carácter administrativo como son puestos de control, cruces fronterizos, carreteras federales, casetas de cobro, acceso a instalaciones estratégicas, inspecciones, recintos fiscales y aeronaves, entre otros, a pesar de que existan sospechas fundadas de que se trata de presuntos delincuentes. En ese caso, el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional deberá avocarse a realizar la persecución física de los sospechosos.
En situaciones en que el conductor de un auto haga caso omiso a las indicaciones para detener su marcha en un puesto de control, esta Cámara de Diputados considera a bien y previo un concienzudo estudio, que solamente se podrán emplear armas letales en respuesta a una agresión armada que represente peligro inminente de lesiones graves o muerte, o cuando el presunto infractor intente colisionar con su vehículo al personal Militar.
En cualquier otra circunstancia, se intentará detener la marcha del vehículo empleando armamento incapacitante no letal, como trampas, barricadas movibles, clavos para explosión de neumáticos, procediendo a realizar la persecución física si la situación así lo permite.
La labor de control y vigilancia de los mencionados puntos para el caso que se emplee la fuerza, se evitará en lo posible generar daños colaterales a terceros y peatones, por lo que la utilización de armas de fuego se hará sobre blancos determinados, salvaguardando en todo momento la integridad de personas inocentes. Siendo que si se causan lesiones al infractor o a terceros se les dará asistencia inmediata, trasladándolos a un hospital con las medidas de seguridad pertinentes.
El uso legítimo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, no se opone a la detención, sometimiento y aseguramiento de personas por conductas previstas como presuntamente delictivas por la legislación penal, y por las leyes y reglamentos aplicables, refiere.
Esta honorable Cámara de Diputados debe reiterar la importancia de que los funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, o que participan en tareas de seguridad pública en nuestro país, cuenten siempre con instrumentos jurídicos, conocimientos y capacitación técnica oportuna y suficiente para conducirse como verdaderos aliados de la sociedad en el desempeño de sus funciones.
Por lo expuesto, someto a Consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. El pleno de esta Cámara de Diputados se sirva exhortar a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Segundo. Se exhorta a la Secretaria de la Defensa Nacional, a sus órganos y niveles de mando a adoptar procedimientos acordes con los principios de oportunidad, legalidad, racionalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza establecidos por las legislaciones internacionales para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con pleno apego a los derechos humanos en el uso de sus atribuciones de revisión en los puestos de control carretero o puntos de revisión, en los accesos a instalaciones resguardadas y recintos fiscales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinte días del mes de octubre de 2009.
Diputado Pablo Escudero Morales (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CREAR LA UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE NAUCALPAN BICENTENARIO, A CARGO DEL DIPUTADO SERGIO MANCILLA ZAYAS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Sergio Mancilla Zayas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrante de la LXI legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición de punto de acuerdo para que se consideren dentro del Presupuesto de Egresos de la federación para 2010 recursos destinados para la creación de la Unidad de Estudios Superiores de Naucalpan Bicentenario.
Exposición de Motivos
En un escenario mundial donde la productividad se advierte como premisa fundamental del desarrollo económico y social, los gobiernos tienen que desplegar los mayores esfuerzos para dotar a la población de las mejores condiciones para insertarse exitosamente dentro de las duras exigencias de la competitividad en todos los órdenes.
En este contexto, está fuera de toda discusión la importancia primordial de la educación superior como elemento detonador en los resultados del conocimiento productivo y en la necesaria ampliación de espacios para las oportunidades que exigen las nuevas generaciones de mexicanos, de la mano con la visión de una sociedad más equitativa.
Es oportuno destacar, el reconocimiento de que los más importantes avances que ha logrado nuestro país, han sido precedidos por estrategias decididas de apoyo a la educación y al conocimiento científico; sin extendernos demasiado podemos revalorar, el impulso a la alfabetización masiva, el alcance de la educación primaria y secundaria para todos los niños en edad escolar, la autonomía de la UNAM y la multiplicación de las universidades públicas y privadas a lo largo y ancho del país, la creación del Instituto Politécnico Nacional y la proliferación de tecnológicos también a nivel nacional.
Precisamente por ello y por las expectativas de progreso que despierta la educación superior, sobre todo en plazas de alta concentración de jóvenes, y tomando en cuenta que es en estos emplazamientos donde la matrícula puede lograr los más elevados índices de optimización de los recursos, dada la elevada demanda educativa y cercanía de los estudiantes a los potenciales centros universitarios de nueva creación, es que apoyamos la propuesta sostenida por el H. Ayuntamiento del Municipio de Naucalpan de Juárez, para la creación de la Unidad de Estudios Superiores de Naucalpan Bicentenario, como un eslabón más de las instancias universitarias que promueve el gobierno del estado de México a partir de la creación de la Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB).
Cabe señalar que la UMB es un organismo público descentralizado del gobierno del estado, que vía un convenio de coordinación y financiamiento con el gobierno federal a través de la SEP se constituye esta institución.
Este proyecto se apoya en un conjunto de indicadores por demás concluyentes:
Naucalpan cuenta con una población de 198,283 jóvenes de entre 18 y 30 años, donde muchos de ellos quedan año tras año sin la posibilidad de acceder a la educación superior por falta de espacios necesarios para cubrir la gran demanda que exige la población en posibilidad de estudiar.
La inversión para la creación de la Unidad de Estudios Superiores Naucalpan Bicentenario, que demanda el modelo anteriormente descrito, requiere de los siguientes insumos financieros:
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar, en el marco del proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2010, la cantidad de $60´000,000.00 (sesenta millones de pesos) para la creación de la Unidad de Estudios Superiores Naucalpan Bicentenario.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputado Sergio Mancilla Zayas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA EL PROGRAMA OPORTUNIDADES, A CARGO
DE LA DIPUTADA ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
La suscrita, diputada Rosa Adriana Díaz Lizama a la LXI Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Uno de los programas de mayor éxito del gobierno federal es el programa social Oportunidades, el cual fomenta el desarrollo humano de la población en pobreza extrema brindando apoyos en educación, salud, nutrición e ingresos económicos.
La población objetivo del programa son los hogares en condición de pobreza extrema, entendiendo al hogar como el conjunto de personas que hacen vida en común dentro de la vivienda, unidos o no por parentesco, que comparten gastos de manutención y preparan los alimentos en la misma cocina. Los hogares en condiciones de pobreza extrema se identifican utilizando una metodología de focalización basada en un criterio objetivo, homogéneo y transparente que podrá diferenciar la condición de residencia rural-urbana o regional de las familias, considerando sus condiciones socioeconómicas y demográficas que se definen en las reglas operacionales del programa, las cuales están estructuradas con criterios técnicos y científicos que garantizan su correcta aplicación, evitando su condicionamiento a cualquier fin político o clientelismo, a la vez que garantizan el blindaje electoral.
Uno de los principales objetivos del programa es otorgar apoyos educativos crecientes en educación básica y media superior, niños y jóvenes de las familias beneficiarias, con el fin de fomentar su inscripción y asistencia regular a la escuela, así como incentivar la terminación de dichos niveles educativos; asimismo, asegurar el acceso al paquete básico garantizando salud a las familias, proporcionando apoyos necesarios para una buena alimentación y, así, mejorar la nutrición de todos sus integrantes, primordialmente la población vulnerable como niños, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, y personas de la tercera edad; fomentar el compromiso con los objetivos del programa y la participación activa de los padres y de todos los integrantes de las familias beneficiarias.
Oportunidades es un programa exitoso que está cambiando la vida de 25 millones de mexicanos a través de su cobertura a más de 5 millones 200 mil familias que viven en más de 95 mil localidades del territorio mexicano, de las cuales 70 de cada 100 familias beneficiadas son rurales y más de un millón 200 mil familias son indígenas. En los 389 municipios de muy alta marginación del país apoya a más de 90 por ciento de la población; además, cubre la totalidad de los municipios del país, se concentra y da prioridad a los estados de mayor pobreza.
Desde los inicios de su aplicación ha quedado demostrada la eficacia del programa, siendo considerado como un modelo de combate a la pobreza en América Latina y el mundo, de hecho recientemente ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); además, Oportunidades funge como modelo para la implementación de programas similares en otras partes del mundo, tal como el recién creado Opportunities NYC, el primer programa de transferencias condicionadas en territorio estadunidense.
A pesar de los esfuerzos y las medidas responsables del gobierno federal para hacer frente a la crisis financiera internacional, es necesario enfatizar y hacer conciencia de los efectos que ésta tiene sobre la economía de las familias mexicanas, especialmente de las que menos tienen, razón por la cual se debe considerar mayor cantidad de recursos al programa oportunidades dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.
En el Grupo Parlamentario del PAN estamos conscientes de la importancia de la elaboración de un presupuesto de egresos responsable que haga frente a la crisis financiera internacional; por lo que se señala que el programa oportunidades es una herramienta necesaria para superar esta difícil situación; además ha quedado demostrado que a través del programa se combate responsablemente las situaciones de pobreza extrema; se promueve el desarrollo de capacidades y la conciencia social; se propicia el ahorro y la generación de ingresos adicionales para el hogar; es un motor cada vez más atractivo de las familias, especialmente de las mujeres, en iniciativas de desarrollo comunitario como educación, participación de adultos y acciones relacionadas a fomentar la salud, higiene y prevención de adicciones y enfermedades; se fortalece el papel de las mujeres dentro de la sociedad, mediante la entrega de apoyos que mejoran su autoestima y su participación en la toma de decisiones al interior del hogar; se disminuye la violencia intrafamiliar, el analfabetismo y el índice de deserción escolar, aumentando por el contrario el grado de escolaridad de niños y jóvenes especialmente en las mujeres.
Además, debido a sus reglas de operación y participación de los tres niveles de gobierno y evaluación de diversos comités técnicos y científicos se ha demostrado que es un programa electoralmente blindado y eficaz en el cumplimiento de su objetivo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta de forma respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a fortalecer el programa de desarrollo humano Oportunidades, aumentando sus recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, con el objetivo de ampliar su cobertura a la población en condiciones de pobreza de nuestro país.
Palacio legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (rubrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS EN EL RUBRO DE SALUD, PARTICULARMENTE
PARA PREVENIR Y ATENDER EL CÁNCER DE MAMA, A CARGO DE LA DIPUTADA
LETICIA QUEZADA CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a las diputadas y a los diputados integrantes de esta XLI Legislatura a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio 2010 se aprueben mayores recursos para el rubro de salud, particularmente la prevención y la atención del cáncer de mama.
Antecedentes
1. A causa de este padecimiento y de acuerdo con datos que aporta la Organización Mundial de las Salud (OMS), una mujer es diagnosticada cada 30 segundos en el orbe, indicando igualmente que, de cada 36 casos que se diagnostican, 32 ya están en niveles avanzados.
2. En México, el cáncer de mama cobra la vida de 23 mujeres cada día, actualmente las que lo padecen tienen una esperanza de vida de 58 años.
3. Según información de la Secretaría de Salud, desde e1 1 de enero de 2007 al 31 de agosto de 2009 la tasa de mortalidad acumulada por cáncer mamario fue de 42.7 por 100 mil mujeres de 25 años y más.
4. Datos que aporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, indican que cada año mueren más de 35 de cada 100 mil mujeres mayores a los 55 años de edad.
5. Actualmente, este padecimiento registra mayor incidencia en las entidades federativas del norte del país, sólo superado como causa de muerte por el cáncer cérvico-uterino, aunque según datos de la Fundación Cima, en algunas entidades las tendencias se están invirtiendo.
6. La proyección realizada por organizaciones y especialistas indicaba que para 2010 habrá una tasa de mortalidad de 13 por 100 mil mujeres adultas y cerca de 4 mil 500 defunciones por año por esta causa en México. Sin embargo, según cifras expresadas por el secretario de Salud federal, en octubre del presente año se presenta una tasa de mortalidad de 16.5 por cada 100 mil mujeres.
Considerando
I. Que el cáncer de mama es un padecimiento que no distingue clases sociales, religión, ni formación educativa de la mujer que lo contrae, toda vez que los factores de riesgo para contraerlo son diversos, y entre ellos se encuentran ser mujer, antecedentes familiares de cáncer mamario, primer embarazo después de los 35 años, menarquia temprana, menopausia tardía, enfermedad fibroquística severa, altos contenidos de estrógenos; de los datos expuestos podemos concluir que en la actualidad todas estamos en riesgo de contraer cáncer de mama.
II. La Secretaría de Salud, a través del Programa de Cáncer de Mama, de septiembre de 2008 a agosto de 2009 ha reforzado la infraestructura y accesibilidad a la mastografía, al incrementar el número de unidades móviles con 16 mastógrafos en estados con menor capacidad para la detección, realizaron 142 mil 237 mastografías a mujeres con edades que van de 50 a 69 años de edad que no cuentan con seguridad social, se puso en marcha el funcionamiento de dos centros de lectura, que concentran la productividad de 30 centros emisores, con una capacidad anual para interpretar 75 mil mastografías cada uno, y se capacitó a profesionales médicos multidisciplinarios de todos los niveles involucrados en la detección y control de este padecimiento.
III. Los esfuerzos que ha realizado la Secretaría de Salud no son suficientes, debemos trabajar porque las mastografías lleguen a todas la mujeres del país, no sólo cubrir a las que tienen entre 50 y 69 años de edad; por ello, desde este órgano legislativo debemos etiquetar mayores recursos para prevenir y atender el cáncer mamario, así como para exhortar, no sólo al gobierno sino para alertar a las mujeres sobre la importancia de la prevención del cáncer de mama, ya que, sin afán de ser reiterativa, la detección oportuna es la diferencia entre la vida y la muerte.
Por lo expuesto, me permito presentar a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las diputadas y a los diputados integrantes de esta XLI legislatura a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2010 mayores recursos para el rubro de salud, particularmente la prevención, detección y atención del cáncer de mama.
Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE TOLUCA,
A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS VELASCO LINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
Los suscritos, diputados federales José Luis Velasco Lino, Emilio Chuayffet Chemor, Eduardo Zarzoza Sánchez, Jesús Alfonso Navarrete Prida, José Ignacio Pichardo Lechuga, Héctor Hernández Silva, Miguel Ángel Terrón Mendoza, Fernando Ferreyra Olivares, Manuel Cadena Morales, José Adán Ignacio Rubí Salazar, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se permiten presentar proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. La zona metropolitana del valle de Toluca considerada como la quinta en importancia del país se integra de 22 municipios con una población estimada en poco más de dos millones de habitantes; cabe destacar que esta zona metropolitana ha presentado los mayores porcentajes de tasa de crecimiento media anual, al llegar a 3.4% durante la década pasada, frente a un promedio del 2.2% de las otras cuatro zonas metropolitanas mayores durante la misma década. A pesar de estos datos no ha sido considerada en la distribución de Fondos Metropolitanos.
Segunda. La zona metropolitana del valle de Toluca es afectada en la actualidad en tanto unidad socio espacial por necesidades diversas que se vinculan a variables relacionadas con los niveles de empleo, crecimiento e intercambio de bienes y servicios. De igual manera esta zona metropolitana se ve afectada por la existencia de complejas relaciones sociales más allá de las jurisdicciones formales-territoriales de sus componentes; sin dejar de subrayar la existencia de rezagos y retos crecientes en materia ambiental que afectan por igual a la población de la zona. Finalmente se destaca la existencia de necesidades compartidas por la población de la zona metropolitana de Toluca que se derivan de una continuidad urbana tangible y visible que exige coordinación entre los diferentes ordenes de gobierno y la sociedad civil para enfrentar necesidades comunes de servicios públicos, transportes, vialidades, uso de suelo, agua, saneamiento y un mejor entorno ambiental, entre otras.
Tercera. En razón de lo anterior se aprecia de elemental justicia y equidad en el marco un federalismo solidario que la zona metropolitana del valle de Toluca, dada su importancia, sea participe al igual que otras zonas del país del Fondo Metropolitano contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal 2010.
Cuarta. Que al tratarse de una zona metropolitana interestatal el Gobierno del Esto de México ha presentado necesidades de asignación de recursos provenientes de dicho Fondo para el próximo año fiscal. Estos recursos de ser aprobados estarían siendo aplicados a diversas obras y proyectos de eminente carácter metropolitano en materia de vialidad, transporte masivo, agua potable y saneamiento, así como medio ambiente de acuerdo a la cartera de proyectos definitiva para la zona.
Por lo anterior sometemos a consideración de esta legislatura la aprobación siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Solicitamos, con carácter de urgente y obvia resolución, a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Metropolitano de la honorable Cámara de Diputados que consideren y destinen, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, recursos del Fondo Metropolitano para ser aplicados en diversas obras en beneficio de más de dos millones de habitantes, los cuales viven e interaccionan sin una estrategia metropolitana en la quinta urbe más grande del país, sin recursos que permitan el crecimiento sostenido de esta gran metrópoli.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2009.
Diputado José Luis Velasco Lino (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A CONSIDERAR EN EL PROCESO DE
DICTAMEN DEL PAQUETE ECONÓMICO DE 2010 EL EFECTO NEGATIVO DE UN
NUEVO GRAVAMEN SOBRE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, A CARGO DEL DIPUTADO
FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para exhortar a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública a tomar en cuenta en el proceso de dictaminación del paquete económico para 2010 el impacto de un nuevo gravamen a los servicios de telecomunicaciones al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Una vez más el paquete económico presentado por el Ejecutivo federal el 8 de septiembre muestra la inercia de los últimos gobiernos por alcanzar objetivos macroeconómicos de corto alcance y corto plazo, a costa de la población más desprotegida, estos son las trabajadoras y trabajadores de este país.
Mientras que los gobiernos de los países desarrollados y los que se encuentran en la categoría "en vías de desarrollo" como el nuestro toman medidas anticíclicas: de fomento al empleo, reducción de impuestos, inversión pública, entre otras, en nuestro país. El presidente Calderón, en su proyecto económico de 2010, contradice las metas y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo en materia de telecomunicaciones y lo establecido en su tercer Informe de Gobierno, en lo relativo a la competitividad.
El impacto social y económico de gravar los servicios de telecomunicaciones con un impuesto especial de cuatro por ciento será de graves dimensiones para sectores fundamentales en el crecimiento y desarrollo del país.
2. La imposición del impuesto en servicios de telecomunicaciones no ayudará a superar la crisis sino que la agravará.
La comunicación en el mundo global se ha convertido en una necesidad básica: desde las comunidades más alejadas hasta las grandes transacciones financieras hacen uso de los servicios en telecomunicaciones.
Con este incremento se afectará a 80 de 107.6 millones de mexicanos que viven en el país en plena crisis económica. Cualquier usuario de telefonía móvil e Internet va a pagar casi 50 por ciento más de lo que paga actualmente.
De todos los sectores socioeconómicos de la población, al menos una de cada dos personas mayores de 13 años cuenta con línea telefónica celular.
En el nivel socioeconómico de más bajos ingresos, situado en 2 mil 700 pesos al mes por familia, alrededor de 70 por ciento de esta población que se encuentre entre 17 y 45 años cuenta con telefonía móvil. Es decir que la población más afectada serán los de más bajos ingresos, los más pobres, a los que se les cobrará también 12 por ciento de consumo.
Otro de los sectores económicos que se verán afectados es el de las micro, pequeñas y medianas empresas: alrededor de 8 millones de líneas telefónicas entre fijas y móviles son contratadas por este sector empresarial. El impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) que se pretende aplicar los coloca en desventaja competitiva, ya que más de 4 mil millones de teléfonos que están en uso en el mundo, tres cuartas partes se encuentran en los países en vías de desarrollo. El aumento en el costo de operación de las empresas tendrá un efecto en cascada en toda la cadena productiva, en especial, en la capacidad de generar y conservar empleos.
La educación, la ciencia y la tecnología verán mermada aun más su raquítico presupuesto. El ejecutivo federal prioriza los resultados que le dan las calificadoras financieras internacionales en vez de garantizar un gasto educativo de 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) y un gasto de ciencia y tecnología de 1 por ciento como lo establece la Ley General de Educación.
Pareciera que el gobierno olvida que Internet es un indicador clave de desarrollo social, cultural y económico. Las instituciones de educación media y superior se encuentran como nunca en la encrucijada de aplicar un presupuesto reducido sin afectar la calidad de la educación, la investigación y cumplir con sus obligaciones laborales o mantener el costo de la comunicación con uno de los más grandes servidores existentes en el país, con el cual se intercomunican cientos de miles de personas con instituciones internacionales.
El impacto a la competitividad profundiza la brecha digital al encarecer los servicios en telecomunicaciones. México se alejará cada vez más de las economías con la cuales ya tiene dificultades para competir. En 2008 se tenía una brecha entre suministro y demanda de Internet de banda ancha de 1.5 millones de líneas de acuerdo al PIB del país; dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México tiene uno de los niveles más bajos de penetración de servicios móviles por debajo de Turquía y Corea.
No se considera que la industria de las telecomunicaciones sea una fuente importante de ingresos para el erario público; actualmente tiene al menos 14 diferentes gravámenes entre los más importantes están los siguientes:
IVA: 43 miles de millones de pesos al año; información reportada por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) de acuerdo con los ingresos totales de la industria en 2008
ISR: 28 miles de millones de pesos al año; información reportada por la Cofetel de acuerdo con los ingresos totales de la industria en 2008.
Además del impuesto sobre nómina y aranceles a la importación de equipos e infraestructura.
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía a efecto de que en el proceso de dictaminación de la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que forma parte del paquete económico para 2010, rechace el establecimiento de un impuesto especial a los servicios de telecomunicaciones.
Segundo. Asimismo, exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a garantizar a las instituciones de educación superior, de investigación y de difusión de la cultura, en la dictaminación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, un presupuesto suficiente para el ejercicio de sus funciones y que el costo de los servicios de telecomunicaciones sean acordes con el ejercicio de sus programas anuales
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2009.
Diputado Francisco Hernández Juárez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LAS COMISIONES DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, Y
DE SALUD QUE LLEVEN A CABO UNA REUNIÓN CON LOS TITULARES DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS RESPECTO AL PROYECTO DE
PRESUPUESTO DE 2010 Y A DIVERSOS PLANTEAMIENTOS SOBRE FINANCIAMIENTO Y
GASTO A LOS SERVICIOS DE SALUD, A CARGO DEL DIPUTADO MARCO ANTONIO GARCÍA
AYALA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, Marco Antonio García Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, fundamentada en los siguientes antecedentes y consideraciones:
Antecedentes
A partir de las disposiciones que han descentralizado las atribuciones de la salud pública, las entidades federativas han adquirido, en el marco del principio federalista que fundamenta la existencia de nuestra República nacional, mismo que ha venido siendo impulsado particularmente a través de diversas medidas en las últimas dos décadas, una importancia creciente en la planeación, dirección y prestación de los servicios de salud, a tal grado de que, actualmente, el sector administrativo de la salud pública es uno de los más descentralizados de nuestro país y cuya dependencia federal, en cuyas manos recae la rectoría del sector, no tiene delegaciones en los estados de la república ni en el Distrito Federal, porque las funciones que podrían corresponder a estas oficinas las cumplen los servicios de salud de las entidades federativas.
Efectivamente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Salud, el sector salud se integra en un sistema nacional de salud, compuesto a su vez por sistemas locales de salud, cada uno con funciones muy amplias en el respectivo campo de su jurisdicción. Basta leer los artículos 3 y 13 de la citada ley para conocer las amplias atribuciones que las entidades federativas tienen en la materia.
A las atribuciones en materia de salubridad general que se han señalado se sumaron, con las reformas de la Ley General de Salud aprobadas en 2003, funciones específicas sobre el funcionamiento y operatividad de un esquema nuevo de financiamiento de los servicios de salud, denominado "Sistema de Protección Social en Salud", conocido generalmente como "Seguro Popular", creado con el propósito de garantizar a los servicios de salud de las entidades federativas disponibilidad de recursos financieros frescos para la atención médica de las personas sin seguridad social formal, con la meta específica de que para 2010 y 2011 la totalidad de este grupo poblacional, lo que significa un conjunto de más de 50 millones de personas, se encuentre inscrita en el sistema de protección y con ello se encuentre en la posibilidad de recibir la atención médica que corresponda.
Tal es la importancia del Seguro Popular para el financiamiento de los servicios de salud de las entidades federativas que durante el presente ejercicio de 2009, se estima una distribución de más de 45 mil millones de pesos, mientras que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se prevé un gasto de más de 54 mil millones de pesos.
El 10 de septiembre del presente, el titular del Poder Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman los artículos 77 Bis 12 y 77 Bis 13 de la Ley General de Salud en materia del Sistema de Protección Social en Salud a fin de que la definición de la prima sobre la cual se establece el monto que deberá transferirse a las entidades federativas para el financiamiento del Sistema se modifique para que sea no "por cada familia beneficiaria" sino "por cada persona"; así como para establecer que la aportación estatal realice para sustentar en persona se realizará por persona, la cual será equivalente a la mitad de la cuota social, lo cual, obviamente, representa un asunto sobre el cual resulta imprescindible conocer la opinión, por un lado, del funcionario que tiene a su cargo el sistema de protección social en salud a nivel nacional, pero también, la de los titulares de los sistemas de salud locales y con ello el sistema local de protección social en salud, puesto que una reforma como la que se propone es de suponerse que tendrá una afectación directa en el financiamiento del sistema y con ello en la prestación de los servicios que se cubren con ese recurso.
Además del análisis de la mencionada reforma, diversos asuntos en materia del funcionamiento del Seguro Popular tienen que ver con el ejercicio de su gasto presupuestal, como lo relacionado con el fondo de gastos catastróficos, con la inversión en infraestructura y, de manera sobresaliente, con la cobertura de pago del gran número de personal médico que labora en el cumplimiento de los servicios que cubre el seguro popular pero que ha sido contratado de manera irregular, al margen de las leyes laborales y de seguridad social, poniendo en riesgo con ello la existencia misma del sistema.
En consideración de que la Cámara de Diputados ya integró sus comisiones, entre ellas la de Salud, que ya trabaja a plenitud, particularmente en temas relacionados con el paquete económico del próximo año, resulta por demás oportuno y necesario convocar a los 32 titulares de los servicios de salud de las entidades federativas a fin de conocer sus posiciones, opiniones y planteamientos sobre la pretendida reforma, así como temas diversos del Seguro Popular, como los señalados.
En razón de lo fundamentado, pongo a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Salud que lleve a cabo con la brevedad posible, una reunión con el comisionado nacional del Sistema de Protección Social en Salud y a los titulares de los servicios de salud de las entidades federativas para analizar la iniciativa del Poder Ejecutivo federal en materia del financiamiento del Seguro Popular.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputado Marco Antonio García Ayala (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
EN MATERIA DE ATENCIÓN DE MIGRANTES Y SUS FAMILIARES, A CARGO DEL
DIPUTADO JOSÉ M. TORRES ROBLEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
José M. Torres Robledo, diputado federal de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Cámara la proposición con punto de acuerdo con la finalidad de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se aprueben recursos adicionales al Gobierno del Distrito Federal en materia de atención a migrantes y sus familiares, con base en los siguientes
Considerandos
Que el tema de atención a migrantes en las entidades federativas es uno de los demandantes de recursos presupuestales, puesto que de sus autoridades depende que el ejercicio de los derechos humanos de sus habitantes, estén en donde estén, se cumpla.
Que el Distrito Federal representa el quinto lugar nacional de expulsión de migrantes, y tiene una movilidad constante de migrantes nacionales y extranjeros; por lo cual es espacio de tránsito de migrantes de Sudamérica y Centroamérica hacia Estados Unidos y Canadá.
Que la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las comunidades es la entidad gubernamental encargada de promover a la Ciudad de México como hospitalaria, así como para atender a la población migrante capitalina.
Que la mayoría de las entidades federativas que cuentan con población migrante cuentan con dependencias y comisiones legislativas encargadas de atender los asuntos relacionados con la migración.
Que los derechos humanos fundamentales deben ser ejercidos por todas las personas sin discriminación alguna, de ahí que los gobiernos deben garantizar su defensa a favor de las poblaciones migrantes internas y en el exterior.
Que de acuerdo con la Primera Encuesta sobre Migración y Dinámica Poblacional en el Distrito Federal, realizada por la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, realizada en diciembre de 2008, existen alrededor de 750 mil personas en Estados Unidos que habitaban en el Distrito Federal antes de marcharse y que aún cuentan con familia en nuestra capital.
Que el 47.5 por ciento, de la población mayor de 18 años, es decir, 2 millones 850 mil personas de la población del Distrito Federal, tiene un familiar migrante en Estados Unidos o Canadá.
Que la Ciudad de México ocupa ahora el séptimo lugar nacional de recepción de remesas.
Que debe atenderse la situación de los migrantes nacionales en la Ciudad de México, originada en la falta de atención de los gobiernos locales a su población en general, pero especialmente a la indígena, lo que se refleja en un fuerte proceso de expulsión de indígenas de sus lugares de origen hacia el Distrito Federal, provenientes de Oaxaca (37.4 por ciento), estado de México (12.6 por ciento), Hidalgo (10.8 por ciento) y Veracruz (9.7 por ciento), que en conjunto significa el 85 por ciento del total de la población indígena migrante en nuestra entidad.
Que de acuerdo a las condiciones de migración en la Ciudad de México, el diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal del 2008, señala que resalta la importancia de establecer una política pública que aborde las necesidades de la población migrante, solicitantes de asilo y refugiada a fin de facilitar su integración social y económica.
Que la Secretaría de Desarrollo y Equidad para las Comunidades considera someter a la decisión de las y los diputados la aprobación de 18.4 millones de pesos para la implantación de dos proyectos encaminados a "apoyos productivos para migrantes en retorno" y "vinculación con capitalinos en el exterior".
En consecuencia, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se somete al pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados aprueba 18.4 millones de pesos en el Ramo 06, Hacienda y Crédito Público, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, dentro del Anexo 8, vertiente social, Ramo 08, concepto "Atención a Migrantes", seguido de la leyenda "incluye 18.4 millones de pesos para el Distrito Federal.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 22 de octubre de 2009.
Diputado José M. Torres Robledo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA EL FONDO METROPOLITANO, DEL RAMO
23, "PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS", Y SE INCLUYA COMO BENEFICIARIA
LA ZONA METROPOLITANA DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, A CARGO DE LA DIPUTADA
CRISTABELL ZAMORA CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada Cristabell Zamora Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, en nombre propio y de los diputados del estado soberano de Tamaulipas, en uso de la facultad que le confiere el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a las Comisiones de Desarrollo Metropolitano, y de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año fiscal 2010 se incremente el fondo metropolitano del ramo 23, "Provisiones salariales y económicas" y se incluya como beneficiaria a la zona metropolitana de Nuevo Laredo, Tamaulipas al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Ciudad de Nuevo Laredo en Tamaulipas es una ciudad privilegiada; por su posición geográfica, tiene acceso en el noreste al 75 por ciento de la población económicamente activa de Estados Unidos de América.
Esto le ha permitido tener un extraordinario desarrollo en el comercio internacional. La mayor prueba de ello, es que por esta frontera cruza el 39 por ciento del total del movimiento aduanero del país. No obstante, en lo que se refiere a generación de empleos, la industria, principalmente maquiladora, es la que da ocupación al 32 por ciento del total del empleo formal en México, de acuerdo a los reportes del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Aún así, es claro que la globalización de la economía, nos está exigiendo tomar las medidas necesarias para ser más competitivos en los mercados internacionales.
En esta ciudad hemos visto como varias empresas maquiladoras han emigrado hacia países de oriente, en busca de abatir sus costos de todo tipo.
Sin embargo, esta situación no es privativa particular de sólo de esta ciudad.
La zona metropolitana de Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas; es una de seis áreas metropolitanas binacionales, reconocidas por Inegi, en la frontera entre México y Estados Unidos.
La ciudad de Nuevo Laredo esta situada en el lado sur del río Bravo mientras que Laredo esta situado al lado norte del río en el estado americano de Texas.
Esta zona metropolitana también es conocida como Los dos Laredos o Región Laredo. El área Nuevo Laredo-Laredo esta unida por cuatro puentes internacionales para vehículos y un puente ferroviario.
Está compuesta de tres municipios: Nuevo Laredo, Anáhuac e Hidalgo y un condado: Webb, que incluyen dos áreas urbanas, tres ciudades y 12 pueblos entre los que cohabitan casi 600 mil habitantes según el conteo de INEGI y el censo de Estados Unidos en el 2005. Aunque según la estimación de población del Diccionario Geográfico del Mundo esta zona metropolitana tiene una población superior a los 700 mil habitantes al 2008.
Más del 36 por ciento del total de la actividad de comercio internacional de México hacia el exterior, cruza por Nuevo Laredo; es por ello, que la economía de la ciudad gira en torno a la importación y exportación comercial e industrial entre México y Estados Unidos; contando con infraestructura compleja y suficiente para facilitar el flujo de mercancías entre estos dos países.
En Nuevo Laredo se ofrecen los servicios de importación y exportación por tráiler y ferrocarril, distribución de carga y servicios de consultoría. Colocándose como el puerto más importante de comercio internacional por tierra de América. Cruzando diariamente más de 3 mil tráileres y mil 500 carros de ferrocarril anualmente.
Dentro de las actuales políticas públicas federales que se han adoptado, que pretenden generar a los habitantes mejores condiciones de vida y ayudar a crecer y desarrollarse a economías regionales con problemas como éstos; se encuentra el llamado Fondo Metropolitano.
Con todo lo anterior y, a pesar de que en el Diario Oficial de la Federación del 28 de marzo de 2008 se publica y señala que los recursos del Fondo Metropolitano, pueden destinarse a resolver y crear "acciones y obras públicas de infraestructura y equipamiento en las zonas metropolitanas, cuyos resultados e impacto impulsen los siguientes fines:
b) La viabilidad y disminución de la vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica;
c) La consolidación urbana; y
d) El aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas".
Sin embargo, para ser beneficiario de ese fondo, uno de sus Reglamentos indica que sólo "las zonas metropolitanas incluidas en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente serán las beneficiarias de estos fondos".
Desafortunadamente, este año la zona metropolitana de Nuevo Laredo no ha sido considerada en el Fondo Metropolitano para el ejercicio fiscal de 2010.
El proyecto de Egresos del Ejecutivo para 2010 prevé destinar 3 mil 500 millones de pesos a zonas metropolitanas de ciudades del estado de México, Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, León, Puebla, Querétaro, Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Mérida, Oaxaca, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, Villahermosa y la región de la laguna de Coahuila y de Durango.
Esta exclusión impide que recursos importantes lleguen para construir nuevas obras de infraestructura que incrementen su competitividad y desarrollo pues el acelerado crecimiento, demográfico, industrial y comercial de la entidad y el incremento continúo del flujo de mercancías, materias primas y productos terminados, requieren de modernos sistemas de infraestructura.
Indudablemente para atender estas necesidades, resulta indispensable que se cuenten con mayores recursos económicos, ya que solo de esa manera se podrá abatir el rezago que se está generando.
Aplicando un criterio federalista, buscamos inducir que los fondos metropolitanos sean instrumentos de política pública para estimular a aquellos gobiernos locales y estatales que han dado pasos firmes para establecer una planeación, una coordinación intergubernamental y una gestión pública integrada en las zonas metropolitanas.
Entre los criterios para asignar dichos fondos, se consideran los avances en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, la experiencia en esta materia por parte de los ejecutivos estatales y los municipales, e incluir a aquellas zonas metropolitanas que constituyen detonadores del desarrollo en las entidades federativas e incluso a escala regional.
Es por todo lo anterior que una servidora, en nombre propio y de los diputados del Grupo Parlamentario del PRI, del estado soberano de Tamaulipas en esta LXI Legislatura proponemos a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Desarrollo Metropolitano, y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año fiscal 2010 se incremente el Fondo Metropolitano del ramo 23, "Provisiones Salariales y Económicas" y se incluya como beneficiaria a la zona metropolitana de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Palacio Legislativo, a 27 de octubre de 2009.
Diputada Cristabell Zamora Cabrera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
EN MATERIA DE PROYECTOS AGRÍCOLAS EN PEQUEÑA ESCALA, A CARGO
DEL DIPUTADO JOSÉ M. TORRES ROBLEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD
José M. Torres Robledo, diputado de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se aprueben recursos adicionales al Gobierno del Distrito Federal, en materia de proyectos agrícolas a pequeña escala, con base en los siguientes
Considerandos
Primero. Que derivado de los recurrentes ajustes financieros en la economía nacional en 2009, el Distrito Federal es una de las entidades más afectadas para llevar a cabo acciones tendentes a las actividades que favorecen a los núcleos poblacionales más expuestos, como son los pobladores rurales e indígenas.
Segundo. Que otro de los núcleos de población más desfavorecidos lo constituyen los grupos familiares, organizaciones de vecinos, personas de la tercera edad en el medio urbano en zonas de marginalidad y alta marginalidad, en colonias populares y pueblos originarios.
Tercero. Que esta población ha recurrido a los apoyos que brinda la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades a través de sus programas y actividades, los cuales resultan insuficientes ante la demanda solicitada.
Cuarto. Que los proyectos de agricultura urbana es un medio efectivo en la Ciudad de México para fomentar la agricultura de autoconsumo en apoyo a familias y grupos organizados en colonias urbanas en la utilización de diversos espacios públicos, privados y comunitarios que han sido subutilizados durante décadas.
Quinto. Que los proyectos de agricultura sustentable a pequeña escala en las ciudades resultan exitosos, pues implica poner a producir lotes baldíos, barrancas y espacios disponibles en escuelas, fábricas, dependencias gubernamentales, campos deportivos, jardines, camellones, azoteas, entre otros análogos, con el máximo de eficiencia para obtener la máxima producción de alimentos frescos y sanos, basada en prácticas orgánicas.
Sexto. Que en la agricultura sustentable a pequeña escala convergen modelos productivos de bajo costo e implantación (huertos intensivos, agricultura orgánica y microhuertos), las que permiten la producción continua de alimentos en poblaciones urbanas pobres y tierras aledañas a asentamientos urbanos.
Séptimo. Que la agricultura sustentable a pequeña escala es una herramienta muy valiosa dentro de la seguridad alimentaria, creadora de empleos y de potenciales sociedades productoras que mejora la situación económica de sus participantes, a través de la promoción, establecimiento y seguimiento de la producción agrícola intensiva a nivel familiar, escolar, comunitario e institucional.
Octavo. Que dentro de los objetivos de este programa se encuentra el fomentar en las zonas urbanas del Distrito Federal, la práctica de actividades tendientes a la producción de alimentos para autoconsumo y venta de excedentes, a efecto de coadyuvar al mejoramiento de la economía y el acceso a los alimentos de las familias del Distrito Federal, a través de la organización comunitaria en la implantación de proyectos de agricultura sustentable a pequeña escala.
Noveno. Que también incluye proporcionar preferentemente a las familias marginadas, los conocimientos necesarios para el cultivo de huertos familiares, escolares y comunitarios, así como de proyectos orientados a la producción de alimentos para autoconsumo y comercialización; y proporcionar a las familias las herramientas necesarias para la siembra de un huerto familiar o proyectos, encaminados a la producción de alimentos para autoconsumo.
Décimo. Que el fomento del cultivo y utilización de plantas medicinales y aromáticas, en el contexto, de creación de bancos de germoplasma, es fundamental para promover medidas alternativas para mejorar la salud humana como para garantizar la presencia de ingredientes fundamentales de las cocinas tradicionales.
Undécimo. Que la Ciudad de México ha sido la entidad más diversa en cuanto a la presencia de comunidades indígenas pues en ella sobreviven al menos habitantes de 56 pueblos indígenas, aunado a los 145 pueblos originarios en las 16 delegaciones políticas.
Duodécimo. Que ante estas necesidades fundamentales se presenta esta proposición con punto de acuerdo para que se aseguren recursos para que se atienda adecuadamente a la población rural, indígena y de pueblos originarios para lo cual se presentan los proyectos ejecutivos para que la Cámara de Diputados, a través de la revisión del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2010, apruebe recursos adicionales en las materias que se solicita.
En tal virtud y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se somete al pleno de esta honorable asamblea, solicitando su turno a la Comisión de Agricultura y Ganadería, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados aprueba un monto de 5 millones de pesos para que el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades lleve a cabo el proyecto "Agricultura Sustentable a Pequeña Escala para el Distrito Federal", establecido en el Anexo 8. "Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable", vertiente competitividad, programa 10 "Uso sustentable de recursos naturales para la producción primaria", Ramo 08 "Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación", componente "reconversión productiva" en el cual aparezca la leyenda (incluye 5 millones de pesos para DF). Este monto no estará sujeto a reglas de operación y será entregado íntegramente al Gobierno del Distrito Federal mediante acuerdo que para tal efecto se celebre.
Segundo. La Cámara de Diputados aprueba un monto adicional de 3 millones 600 mil pesos para que el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades lleve a cabo el proyecto "Centro de Propagación y Banco de Germoplasma de Plantas Medicinales y Aromáticas en el Distrito Federal", mismo que se aprueba en el Anexo 8.
"Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable", vertiente competitividad, programa 10 "Uso sustentable de recursos naturales para la producción primaria". Ramo 08 "Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación", componente "recursos biogenéticos y biodiversidad" en el cual aparezca la leyenda (incluye 3.6 millones de pesos para el DF). Este monto no estará sujeto a reglas de operación y será entregado íntegramente al Gobierno del Distrito Federal mediante acuerdo que para tal efecto se celebre.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 22 de octubre de 2009.
Diputado José M. Torres Robledo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA EL FONDO METROPOLITANO, DEL RAMO
23, "PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS", Y SE INCLUYA COMO BENEFICIARIA
LA ZONA METROPOLITANA DE TAMPICO, MADERO Y ALTAMIRA, TAMAULIPAS, A CARGO
DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER MARTÍN GIL ORTIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El suscrito, diputado federal Francisco Javier Martín Gil Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura, en nombre propio y de los diputados federales del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en uso de la facultad que me confieren los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a las Comisiones de Desarrollo Metropolitano, y de Presupuesto y Cuenta Pública a incrementar en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año fiscal 2010 el Fondo Metropolitano del Ramo 23, "Provisiones salariales y económicas", e incluir como beneficiaria la zona metropolitana de Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En el documento de presentación del "acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano" se prevé "que los recursos del Fondo Metropolitano se destinen, prioritariamente, al desarrollo de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento, que impulsen la competitividad económica y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas; que coadyuven a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica; y que incentiven la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas".
Posteriormente en los ejercicios fiscales de 2006 y 2007 se asignaron recursos para el Fondo Metropolitano del Valle de México. En 2007, adicionalmente, se canalizaron recursos a las zonas metropolitanas de las ciudades de Guadalajara y Monterrey. Posteriormente se contempló recursos para 7 zonas metropolitanas que abarcan 9 Entidades federativas.
Dentro del objeto de este "acuerdo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 2008, se señala que los recursos del Fondo Metropolitano, los cuales tienen el carácter de subsidio federal, deberán "ser destinados a planes y programas de desarrollo, estudios, evaluaciones, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento en las zonas metropolitanas, cuyos resultados e impacto impulsen los siguientes fines:
b) La viabilidad y disminución de la vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica;
c) La consolidación urbana; y
d) El aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas".
En "los criterios y definición de zonas metropolitanas", publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las Secretarías de Desarrollo Social, y de Gobernación, y el Consejo Nacional de Población en 2005, se define como zona metropolitana el conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica; en esta definición se incluye además a aquellos municipios que por sus características particulares son relevantes para la planeación y política urbanas.
Adicionalmente, se definen como zonas metropolitanas todos aquellos municipios que contienen una ciudad de un millón o más habitantes, así como aquellos con ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con ciudades de Estados Unidos de América.
Con base en el análisis del Marco Geoestadístico Nacional y los resultados a nivel localidad del II Conteo de Población y Vivienda 2005, se identificaron cuatro grupos de ciudades mayores de 50 mil habitantes que serían consideradas centros de zonas metropolitanas:
El primer grupo corresponde a 45 ciudades, cuyas localidades constituyen conurbaciones entre unidades de dos o más municipios.
El segundo grupo comprende a ciudades que de acuerdo con el Marco Geostadístico Nacional actualizado al II Conteo de Población y Vivienda 2005 no han rebasado su límite municipal, pero que desde 2000 mantienen un alto grado de integración funcional con municipios vecinos, predominantemente urbanos.
En el tercer grupo se encuentran las ciudades con más de un millón de habitantes ubicadas dentro de un solo municipio.
Finalmente, el cuarto grupo incluye ciudades definidas en términos de su importancia para la política urbana, como metrópolis transfronterizas y las reconocidas como aglomeraciones urbanas en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006.
Es así que determina y clasifica a 45 zonas metropolitanas definidas a partir de una conurbación intermunicipal, 2 zonas metropolitanas definidas por distancia, integración funcional y carácter urbano, 2 zonas metropolitanas definidas por tamaño y 7 zonas metropolitanas definidas por política urbana.
El estado de Tamaulipas contiene para tales efectos 3 zonas metropolitanas definidas por política urbana, Nuevo Laredo, Reynosa-Río Bravo y Matamoros.
Además se encuentra la zona metropolitana de Tampico, Madero, Altamira en el sur del estado, definida por su conurbación intermunicipal.
Esta última, es uno de los desarrollos Industriales, turísticos y comerciales más importantes de nuestro país, por su riqueza en recursos naturales, sitios históricos, infraestructura hotelera, clubes e instalaciones, deportivas y acuáticas, puertos de altura y capital humano.
Cuenta con una privilegiada situación geográfica encontrándose a tan solo 500 Km de la frontera con Estados Unidos, limitando al sur con el río Pánuco que la separa del estado de Veracruz, al este con el Golfo de México y al oeste con el estado de San Luis Potosí. Además de su extensa red carretera que la comunican con el resto del país.
La zona metropolitana Tampico, Madero, Altamira es una importante puerta para el comercio exterior al ser la única parte de la República Mexicana y una de las pocas regiones del mundo que cuenta con dos modernos y eficientes puertos a tan corta distancia. El Puerto de Tampico, localizado en la ribera del Río Pánuco a 10 Km de su desembocadura con el Golfo de México, es uno de los principales puertos de altura del país y está preparado para recibir buques de carga y también de pasajeros. Así como el puerto industrial y de altura de Altamira.
Los recursos naturales con que cuenta la zona y la excelencia en sus servicios han motivado a las autoridades a promover fuertemente el turismo logrando convertir esta actividad en un renglón muy importante para la economía regional atrayendo inversionistas nacionales e internacionales que han invertido en importantes proyectos entre los cuales están la construcción de hoteles y restaurantes pertenecientes a importantes franquicias.
Esta zona conurbada del sur de Tamaulipas cuenta con importantes activos para México.
Su gente, con una población cercana al millón de habitantes y una gran fortaleza social y cultural así como capacidad técnica profesional.
Y los activos económicos básicos para el funcionamiento del país, entre otros, la refinería Francisco I. Madero, la gran industria química, petroquímica, logística, y sus ya mencionados amplios recursos naturales que contribuyen a la riqueza del país.
Las actuales políticas públicas federales que se han adoptado, demuestran ligero avance para generar a los habitantes mejores condiciones de vida; Pero aún así los recursos no son suficientes, pues desafortunadamente esta zona metropolitana de Tampico, Madero y Altamira no ha sido considerada en el Fondo Metropolitano para el ejercicio fiscal 2010.
El proyecto de egresos del Ejecutivo para el 2010 prevé destinar 3 mil 500 millones de pesos a zonas metropolitanas de ciudades del estado de México, Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, León, Puebla, Querétaro, Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Mérida, Oaxaca, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, Villahermosa y la región de la laguna de Coahuila y de Durango.
Esta exclusión impide que recursos importantes lleguen para construir nuevas obras de infraestructura que incrementen su competitividad y desarrollo pues el acelerado crecimiento, demográfico, industrial y comercial de la entidad y el incremento continúo del flujo de mercancías, materias primas y productos terminados, requieren de modernos sistemas de infraestructura.
Indudablemente para atender estas necesidades, resulta indispensable que se cuenten con mayores recursos económicos, ya que solo de esa manera se podrá abatir el rezago que se está generando.
Aplicando un criterio federalista, buscamos inducir que los fondos metropolitanos sean instrumentos de política pública para estimular a aquellos gobiernos locales y estatales que han dado pasos firmes para establecer una planeación, una coordinación intergubernamental y una gestión pública integrada en las zonas metropolitanas.
Entre los criterios para asignar dichos fondos, se consideran los avances en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, la experiencia en esta materia por parte de los ejecutivos estatales y los municipales, e incluir a aquellas zonas metropolitanas que constituyen detonadores del desarrollo en las entidades federativas e incluso a escala regional.
Por todo lo anterior, un servidor, en nombre propio y de los diputados federales del Grupo Parlamentario del PRI del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas en esta LXI Legislatura proponemos a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Desarrollo Metropolitano, y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a incrementar en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año fiscal 2010 el Fondo Metropolitano del Ramo 23, "Provisiones salariales y económicas", e incluir como beneficiaria la zona metropolitana de Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas.
Palacio Legislativo, a 27 de octubre de 2009.
Diputado Francisco Javier Martín Gil Ortiz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE INCLUYAN EN EL OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN
SECA DIVERSOS TRAMOS CARRETEROS DE CHIAPAS, A CARGO DEL DIPUTADO ARIEL
GÓMEZ LEÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Ariel Gómez León, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
El año pasado fue incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 el tramo carretero Las Choapas-Ocozocoautla-ejido Ocuiapa-entronque a Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, con un monto de 9.0 millones de pesos, el cual por diversas causas no contó con elementos necesarios para su registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, lo cual imposibilitó el ejercicio de los recursos presupuestados y afectó esa región del estado, al dificultar el acceso tanto de los turistas nacionales como los internacionales para visitar y conocer los privilegios naturales con que cuenta Chiapas.
En este sentido, compañeros diputados, solicito su respaldo para hacer posible que a este tramo se refrenden los recursos financieros ya aprobados, incluyéndolo en el oficio de liberación de inversión seca para su pronta licitación, ya que en este momento cuenta con todos los elementos suficientes para su ejecución.
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita atentamente a las Comisiones de Transportes, de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados incluir el refrendo de los recursos financieros en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 asignados al tramo carretero Las Choapas-Ocozocoautla-ejido Ocuiapa-entronque a Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, en el oficio de liberación de inversión seca para su pronta licitación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2009.
Diputado Ariel Gómez León (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS QUE PERMITAN UN DESARROLLO SUSTENTABLE A EFECTO DE ABATIR LA
POBREZA Y MARGINACIÓN EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO,
A CARGO DEL DIPUTADO MANUEL CADENA MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRI
Manuel Cadena Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamentos en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo para que se consideren dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 recursos destinados a inversión en infraestructura y servicios que permitan un desarrollo sustentable y sostenido para abatir la pobreza y marginación de los municipios de Texcoco, Atenco, Chiconcuac, Tezoyuca, Chiautla, Papalotla, Chicoloapan, Tepetlaoxtoc y valle de Chalco, todos ellos del estado de México, al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. La pobreza y marginación que se ve dentro de un mundo globalizado ha tenido y sigue teniendo consecuencias que en varios de los casos es irrecuperable, la mas afectada es la sociedad al no poder satisfacer sus necesidades fundamentales, estos problemas al ser de naturaleza política, económica, estructural y social, la parte de la sociedad se ven limitados a acceder a los recursos, al conocimiento o en ocasiones de disfrutar de un modo de vida decente, esto quiere decir que la marginación se ha extendido para incluir a todas los grupos sociales que buscan aceptación en una sociedad dada y que son víctimas de discriminación (sea económica, política religiosa, social, etcétera). Ello incluye a grupos étnicos, ideológicos, raciales e indigentes, entre otras, que son víctimas de trato desigual y cuya dignidad como seres humanos es pisoteada. La marginación es hoy día sinónimo de pobreza, de sufrimiento a causa de las injustas condiciones económicas.
II. La zona oriente del estado de México es una de las regiones más duramente abatida por la pobreza y cuyo olvido por parte de la federación es evidente, sus habitantes carecen de la infraestructura indispensable para vivir con dignidad, lo cual incide directamente en la problemática socioeconómica que aqueja a nuestra país, como es el acceso a la salud pública, la inseguridad pública, madres solteras, falta de fuentes de trabajo, alimentación deficiente, carencia de educación para su población, entre otras.
III. Durante los pasados comicios una de las exigencias más sentidas de la población, es la de contar con inversión en infraestructura y servicios que permitan coadyuvar al desarrollo integral y sostenido de las comunidades y en consecuencia una mejor calidad de vida. Como representantes del pueblo tenemos la alta responsabilidad de pugnar por obtener los recursos económicos necesarios para la realización de estas obras en beneficio de nuestras comunidades.
IV. La situación de pobreza y desigualdad, de los avecindados en los municipios que integran la zona oriente, que incluso han sido victimas de discriminación debido a su condición socioeconómica, les ha generado un estado de frustración y desaliento que atenta contra uno de los valores más valiosos del ser humano como es su propia vida. Las cifras que contiene la información técnica demuestran la imperiosa necesidad de atender estos reclamos de manera expedita.
V. Los recursos solicitados no están destinados a gasto corriente o superfluo, sino que están etiquetados y dirigidos a inversión en obras y acciones que sustenten el desarrollo regional de forma integral y que contribuyan a sacar a nuestro pueblo de la zona oriente del estado de México, del atraso y marginación en que se encuentra inmerso.
Los problemas de pobreza, marginación y dislocación social están ligados no a una falta de creación de riqueza en la economía sino a una distribución altamente dispareja de ésta y a la falta de reglas para lograr una distribución más justa de los ingresos y la riqueza. Esta soberanía al incluir y aprobar los recursos en el Presupuesto para el ejercicio de 2010, no concede una dadiva o privilegio a la zona oriente del estado de México, sino que es el inicio con el cual se busca verdaderamente darle vida a los principios del federalismo y una autentica equidad y justa redistribución de los recursos del Presupuesto de Egresos para 2010; principios que recurrentemente enaltecemos y que, no obstante estar plasmados en el articulo 115 de nuestra Constitución Política, son letra muerta.
VI. No hay que pasar por alto, que como sociedad, representada e integrada por el poder legislativo entendemos que la rendición de cuentas y la transparencia deben ser una constante y son prerrequisitos inevitables de la respuesta institucional en un sistema democrático, en el que existe la evaluación social del ejercicio del gobierno, con la finalidad de de garantizar la correcta aplicación de los egresos e ingresos, el manejo honesto, la custodia y aplicación de los fondos y recursos de los entes públicos federales.
VII. Es por ello que se solicita respetuosamente se incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, los recursos necesarios para la realización de los proyectos que se mencionan en los anexos técnicos que se acompañan para los municipios de Texcoco, Atenco, Chiconcuac, Tezoyuca, Chiautla, Papalotla, Chicoloapan, Tepetlaoxtoc y valle de Chalco, todos ellos del estado de México.
En virtud de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto por el articulo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados de honorable Congreso de la Unión exhorta y solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía que se integren las partidas presupuestales necesarias para la realización de dichos proyectos ejecutivos referidos en el considerando siete, en el próximo ejercicio fiscal del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 27 de octubre de 2009.
Diputado Manuel Cadena Morales (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN
Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES DEL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA
MARÍA ARACELI VÁZQUEZ CAMACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD
María Araceli Vázquez Camacho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo para que se considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2010 recursos por 65 millones de pesos para el Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales del Distrito Federal al tenor de los siguientes
Considerandos
Primero. Con una superficie de 87 mil 294 hectáreas de suelo de conservación del Distrito Federal, representa un territorio estratégico para la vida de la ciudad. Más de la mitad de la superficie del Distrito Federal corresponde a suelo de conservación. De su superficie son alrededor de 50 mil hectáreas de aptitud preferentemente forestal, las cuales representan un factor primordial para mantener y mejorar los servicios ambientales a la población de toda el área metropolitana de la Ciudad de México. Sin embargo, esta superficie de suelo de conservación se encuentra sujeta a diferentes presiones por los factores que la deterioran, desde el avance de la mancha urbana de manera irregular sobre los terrenos de conservación hasta los incendios forestales.
Segundo. Los incendios forestales son una de las causas de disturbio más importantes que influyen en la estructura, funcionamiento y dinámica de los ecosistemas terrestres. Se entiende que se tiene un incendio forestal, cuando existe quema sin control de la vegetación forestal. Se queman así pastizales, vegetación secundaria y áreas con masa forestal. Las consecuencias son terribles para estos ecosistemas, tanto en su función de prestar servicios ambientales, como de espacio de vida para la diversidad biológica.
Cuarto. En el caso especifico del Distrito Federal, conforme a los resultados preliminares del l de enero al 27 de agosto de 2009, se cuenta tanto con el mejor registro de superficie menos afectada por incendio, como el segundo en eficiencia para su control. La afectación por incendio es de 1.58 hectáreas, mientras que a nivel nacional cada incendio afecta 23.46 hectáreas. Se tiene un índice de eficiencia para su control de una duración de 3 horas 13 minutos, mientras que a nivel nacional es de 14 horas con 30 minutos. Sin embargo, en lo que respecta al número de incendios este año han ocurrido mil 171 eventos que afectan una superficie forestal total de mil 846 hectáreas, ocupando el segundo lugar de incendios, sólo después del estado de México.
Quinto. Es importante señalar que la alta efectividad del combate y control de los incendios forestales en el Distrito Federal dependen en su mayor parte de la infraestructura de operación, así como del personal técnico altamente especializado en estas labores.
Sexto. No obstante de que se cuenta con la infraestructura, la técnica y los recursos humanos para hacer frente a los problemas ocasionados por la presencia y alta incidencia de los incendios forestales, es necesario la asignación de recursos con lo que se complemente y fortalezca lo ya existente en materia de infraestructura de incendios forestales.
Séptimo. Ante esta situación, la Cámara de Diputados autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009, en el Anexo 31 del decreto de Presupuesto, "Ampliaciones al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales", para el proyecto del Gobierno del Distrito Federal, "Fortalecimiento de la Infraestructura de Prevención y Combate de Incendios", recursos a ejercer por 50 millones de pesos, y éstos se redujeron a 45 millones de pesos. Debe señalarse que dichos recursos todavía están en proceso de transferencia del gobierno federal al Gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, existían requerimientos para el proyecto original por un total de 115 millones de pesos. Es decir, cuando menos se requieren de manera adicional del orden entre 65 y 70 millones de pesos, más a ejercer en 2010, en especial para infraestructura de protección, monitoreo y vigilancia (vehículos, equipo especializado, torres-campamento, entre otros rubros), así como equipar las brigadas contra incendios forestales.
Octavo. De no ser así, por un lado se corre el riesgo de perder una inversión importante en una infraestructura que se encuentra en uso, pero en condiciones de riesgo y posiblemente irreversibles si no se atiende en el corto plazo, destinando recursos para su rehabilitación y fortalecimiento.
Noveno. Y, por otro, en materia ambiental, se traduce en un aumento significativo en los indicadores de afectación y eficiencia en el combate de los incendios forestales y por ende en un incremento del número de incendios, la superficie afectada y la presencia de siniestros de gran magnitud (incendios relevantes) y daños catastróficos, como los que se presentaron en 1998, siendo precisamente en este año el parte aguas en la asignación de recursos y la autorización del presupuesto necesario para invertir en infraestructura. No debe esperarse que la curva del periodo de retorno nos alcance para tomar decisiones; es importante fortalecer lo que se tiene para no empezar de cero y a un costo mayor.
Décimo. Se concluye que es necesario fortalecer el Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales en el Distrito Federal para que cuente con los recursos presupuesta les necesarios y así poder cuidar los diferentes ecosistemas forestales del suelo de conservación del Distrito Federal.
Por lo expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos por la cantidad de 65 millones de pesos para el Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales del Distrito Federal.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 22 de octubre de 2009.
Diputada María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 NO DISMINUYAN LOS RECURSOS AUTORIZADOS EN 2009 PARA DIVERSOS PROYECTOS
Y ACCIONES DIRIGIDOS A EQUILIBRAR LAS DESIGUALDADES DE POBREZA EXTREMA
EN CHIAPAS, OAXACA Y GUERRERO, A CARGO DEL DIPUTADO FERMÍN GERARDO
ALVARADO ARROYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral I, inciso b), de la Ley Orgánica; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas sostiene el concepto de que la pobreza humana es un corolario de la pobreza de los ingresos y destaca que la igualdad, la inclusión social, el empoderamiento de las mujeres y el respeto a los derechos humanos son todos importantes para la reducción de la pobreza.
Segunda. Que entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, donde el Estado mexicano es miembro, se prioriza el propósito de reducir a la mitad la cantidad de personas que viven en extrema pobreza para 2015. Así, los países en desarrollo, como México, están trabajando o deberían de estarlo haciendo, para crear y recrear sus propias estrategias nacionales de erradicación de la pobreza, basándose en las necesidades y prioridades locales.
Tercera. Que el desarrollo social ha de entenderse como un proceso de cambio permanente en el perfil de una economía, orientado a canalizar en montos suficientes los beneficios del crecimiento y del ingreso nacional a los sectores sociales, encaminado, asimismo, a la mejoría en los niveles de bienestar social, alcanzado a partir de una equitativa distribución del ingreso y la erradicación de la pobreza, observándose, índices crecientes de mejoría en la alimentación, educación, salud, vivienda, medio ambiente y procuración de justicia en la población.1
Cuarta. Que apenas en mayo de este año, el Ejecutivo federal presentó en el alcázar del Castillo de Chapultepec su proyecto Visión 2030: el México que queremos, en el que planteaba la necesidad de no doblegarnos ante las adversidades e impulsar el desarrollo del país.
Quinta. Que pese al compromiso formal expresado en leyes secundarias de desarrollo social tanto a nivel federal, como en los estados, y en el documento Visión 2030, en nuestro país, las desigualdades sociales son extremas, concentrando absurdamente la riqueza, sobretodo, en la parte norte del país; y acrecentando, en la parte sur, la pobreza más vergonzante, sobretodo, en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, cuya pobreza extrema es tres veces mayor que el promedio nacional y representa 65 por ciento en relación con el resto del país.
Sexta. Que en estos tres estados de la república habita poco más de 10 por ciento de la población nacional; más de la tercera parte de la población indígena del país; 2.4 millones de personas mayores de 5 años hablan una lengua indígena y, de ellos, una cuarta parte no habla español; y, aquí, son alarmantes la pobreza alimentaria, la de capacidades y la de patrimonio.2
Séptima. Que en estas 3 entidades federativas habitan la más desfavorables proporciones de población analfabeta; de población mayor de 15 años con primaria incompleta; de vivienda sin energía eléctrica, sin agua entubada, con mayor grado de hacinamiento y con piso de tierra, asimismo, el mayor número de población con ingresos inferiores a dos salarios mínimos.
Octava. Que los conflictos políticos, la vulnerabilidad de la frontera sur, el narcotráfico y la violencia demandan cantidades cada vez mayores de los presupuestos estatales y por su complejidad se convierten en un factor clave de la seguridad nacional.
b) Pobreza de capacidades. Consiste en la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aún dedicando el ingreso total de los hogares, nada más, para estos fines.
c) Pobreza en el patrimonio. Expresada en la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar, fuera utilizado, exclusivamente, para la adquisición de estos bienes y servicios.
Décima. Que en el mismo 2007, con la sensible voluntad de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, se logro primero la incorporación de un fondo regional y después del Fondo del Programa del Sur en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con el que se ha logrado ejecutar acciones en materia de infraestructura de agua, drenaje, saneamiento, carreteras, salud, educativa y productiva.
Undécima. Que, no obstante, en la actual propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se observa una disminución de 49 por ciento respecto a la cantidad aprobada en el PEF de 2009,3 53 por ciento menos en el rubro de infraestructura carretera y no se logran identificar acciones definidas para cada una de las entidades en los rubros de infraestructura hidráulica, educativa y de salud.
Duodécima. Que sólo a título de ejemplo, dentro del paquete presupuestal para el ejercicio fiscal de 2010, enviado por el Ejecutivo federal a esta soberanía, sobresale el rubro de programas y proyectos de inversión, en áreas sensibles como salud, educación pública, cultura, recursos hidráulicos, agua potable, drenaje y carreteras, rubro al que se propone destinar mil 762 millones de pesos, con una reducción brutal de 2 mil 942.60 millones de pesos, respecto de la aplicación, cuando menos, del ejercicio fiscal anterior que fue de 4 mil 704 millones de pesos.
Decimotercera. Que, por ello, conviene advertir que la fecha fijada para el cumplimiento de metas de la Declaración del Milenio está a escasos seis años, en el que los suscriptores se comprometieron a alcanzar la mayoría de los objetivos, estableciendo parámetros cuantitativos para reducir todas las formas de pobreza extrema a la mitad y obviamente, con un margen de los riesgos que ello implicaba.
Decimocuarta. Que, sin embargo, en el informe sobre el avance de estos objetivos de 2009 se anota que "el mundo se encuentra sumido en una crisis sin precedente por su gravedad y sus dimensiones"; de tal suerte que los avances hacia la mediana materialización de estos propósitos, son, ahora, amenazados por un crecimiento lento, imperceptible y francamente hasta involutivo; por una disminución de recursos, menos oportunidades comerciales para los países en desarrollo y posibles reducciones en los fondos provenientes de países donantes, según la ONU.
Decimoquinta. Que la necesidad de impulsar medidas de austeridad frente a la crisis no debe significar el exterminio o disminución significativa de los programas sociales, que buscan equilibrar las distancias entre la miseria de millones, frente a la riqueza insultante de los pocos, máxime, cuando el pasado 26 de septiembre, en el marco de la cumbre del Grupo de los 20, Agustín Cartens, secretario de Hacienda, señalo que la "crisis financiera mundial ya tocó fondo y ahora estamos en el rebote".
Decimosexta. Que no es posible, como sostiene con inteligencia Ban Ki-Moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, cuando prologa el informe de 2009 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, al afirmar que
"No podemos permitir que un entorno económico desfavorable nos obligue a dejar de lado los compromisos contraídos en 2000. Por el contrario, nuestros esfuerzos para restablecer el crecimiento económico deben ser considerados como una oportunidad para tomar algunas decisiones difíciles pero necesarias, pare crear un futuro más equitativo y sostenible, ya que las personas pobres son las que más han sufrido el trastorno económico del pasado año. La cantidad de personas que pasan hambre y viven en condiciones de extrema pobreza es mucho mayor de lo que habría sido si los avances hubiesen continuado ininterrumpidamente. Las dificultades económicas han llevado a decenas de millones de personas a trabajar en empleos vulnerables y ha aumentado el número de los que, pese a estar empleados, no ganan lo suficiente para ellos y a sus familias estén sobre el umbral de pobreza de 1,25 dólares diarios. En 2009 se estima que entre 55 a 90 millones de personas más que lo previsto antes de la crisis estarán vivienda en condiciones de pobreza extrema."4
Decimoséptima. Que los diputados federales del sur y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional hacemos nuestra, de nueva cuenta, como en 2004, la iniciativa del sur, a efecto de que se realicen nuevos esfuerzos presupuestales y no se interrumpan los iniciados, hasta lograr que se destine el 1 por ciento del producto interno bruto, a atenuar los desequilibrios regionales y a relanzar la economía de estas 3 entidades.
Decimoctava. Que más allá de las ideologías y de los colores partidistas, los estados del sur reclaman equidad en la distribución de recursos que permitan detonar el desarrollo con equidad: educación, salud, alimentación, vivienda, infraestructura y empleo; por lo que esta representación nacional no puede olvidarse de los pobres y de los vulnerables. Tenemos la ineludible obligación de fortalecer la cooperación y la solidaridad mundial y nacional, redoblando nuestros esfuerzos para alcanzar los Objetivos del Milenio a que se comprometió el Estado mexicano, impulsando una agenda más amplia de desarrollo, que garantice un futuro cierto a miles de familias que sobreviven en esta región del olvido y de la miseria ancestral.
Decimonovena. Que la Organización de las Naciones Unidas declaró en 1995 que el 15 de octubre se conmemorara el Día Mundial de la Mujer Rural, con el propósito de hacer conciencia sobre la necesidad de sacar a las mujeres del campo de la oscuridad y avanzar en la lucha por la que tengan no sólo las mismas obligaciones, sino, también, los mismos derechos, sobretodo, para ejercer ampliamente sus libertades y acceder, en términos de igualdad, a la educación, a la salud y al apoyo para las actividades económicas y productivas, entre otros.
Convencidos estamos que en la búsqueda de una paz justa y duradera, la igualdad de oportunidades y el desarrollo sustentable son tareas que sin el esfuerzo de las mujeres, solo quedarán en fantasías.
Vigésima. Que por igual, este 16 de octubre se conmemoro por la ONU el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, decretada con el propósito de sensibilizar a la opinión pública, respecto a la necesidad de luchar por la eliminación de la pobreza y la indigencia de todos los países, en particular los países en desarrollo; necesidad, dice la ONU, que se ha convertido en una prioridad del desarrollo.
Por lo expuesto y conscientes de que es fundamental que en esta soberanía, fiel al pacto federal, se ratifique el respaldo de manera decidida a las propuestas presupuestales que impulsen el desarrollo de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, a través del Programa Regional del Sur y de los fondos regionales correspondientes, es importante urgir a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta representación soberana, a destinar no sólo recursos adicionales, sino recursos extraordinarios que mitiguen de fondo, la pobreza y la miseria, y se busque alcanzar, cuando menos, los indicadores de la media nacional, sobretodo, en los rubros de salud, educación, alimentación e infraestructura; por lo que hemos estimado pertinente someter a consideración de esta honorable asamblea nacional, para que se discuta, analice y, en su caso, se apruebe la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados refrenda su apoyo, solidaridad y respaldo a la iniciativa del sur, presentada en el seno de esta asamblea soberana en 2004 y al programa y al fondo regional del sur, establecido en el PEF desde 2007, con objeto de destinar recursos, no sólo adicionales, sino extraordinarios, en los Presupuestos de los próximos años, hasta alcanzar, al menos, el 1 por ciento del producto interno bruto, para financiar los proyectos y acciones con las que se intente superar las profundas inequidades estructurales de pobreza y miseria de los estados más pobres del país –Chiapas, Oaxaca y Guerrero–, buscando colocar sus indicadores básicos en la media nacional, sobre todo en los rubros de educación, salud, alimentación, vivienda, infraestructura y empleo.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Unión para que, con fundamento en las facultades desprendidas de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, prevea en el Presupuesto de 2010 no disminuir los recursos presupuestales autorizados en el Presupuesto de 2009, para continuar los proyectos y acciones iniciadas con el propósito de equilibrar las profundas desigualdades de pobreza extrema en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, en el Fondo del Marco Regional del Sur.
Tercero. La Cámara de Diputados se solidariza con la Quincuagésima Novena Legislatura de Guerrero para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Unión que modifique positivamente e incremente las cantidades respecto del ejercicio fiscal próximo pasado, adicionales al Presupuesto federal de 2010, para el ataque frontal de los rubros, sobretodo, de educación, salud, alimentación, vivienda, infraestructura y empleo, en Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Notas
1. Definición de Desarrollo Social: www.definicion.org
2. Tomado del Informe ejecutivo de pobreza en México
2007. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social. México 2008 p.
3. 2009: 2 mil 449.3 millones de pesos; 2010: Mil 500
millones de pesos.Dado en el Palacio
4. Organización de las Naciones Unidas:
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2009. ONU 2009. Página
3.
Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 27 de octubre de 2009.
Diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE DESTINEN MAYORES RECURSOS AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA
DE CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUA PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA,
A CARGO DEL DIPUTADO AVELINO MÉNDEZ RANGEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Avelino Méndez Rangel, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno de esta asamblea proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se aprueben recursos adicionales al Gobierno del Distrito Federal en materia de conservación de suelo y agua para la producción primaria, con base en los siguientes
Considerandos
Primero. Que, derivado de los recurrentes ajustes financieros en la economía nacional en 2009, el Distrito Federal es una de las entidades más afectadas para llevar a cabo acciones tendentes a las actividades que favorecen a los núcleos poblacionales más expuestos, como los pobladores rurales y de pueblos originarios.
Segundo. Que la Cámara de Diputados ha aprobado en los últimos tres años presupuestos anuales adicionales para complementar las acciones que el Gobierno del Distrito Federal y sus delegaciones realizan en el campo de esta entidad para realizar obras y prácticas de conservación de suelo y agua para la producción primaria, los que deben continuar en 2010.
Tercero. Que este programa es del ámbito concurrente para apoyar ejidos, comunidades y pequeños propietarios del Distrito Federal para impulsar obras en beneficio de la producción primaria, de manera que se contengan los suelos y el agua.
Cuarto. Que con los recursos de 2008, 181.7 millones, de los cuales 38.8 fueron con recursos locales y 142.9 con recursos federales, se están apoyando 119 proyectos de las 7 delegaciones rurales del DF para la realización de 457 obras, de las que 260 son de suelo y 197 de agua, en beneficio de 7 mil 846 hombres y 2 mil 345 mujeres de los núcleos agrarios.
Quinto. Que esta actividad permitió generar 4 mil 745 empleos temporales que, junto con las 10 mil 191 personas beneficiadas, produjeron 45 mil jornales.
Sexto. Que ante esas necesidades fundamentales, se presenta esta proposición con punto de acuerdo a fin de que se aseguren recursos para que se atienda adecuadamente a la población rural para que la Cámara de Diputados, a través de la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, apruebe recursos adicionales en la materia que se solicita.
En tal virtud, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados aprueba un monto adicional de 180 millones de pesos para que el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, en el anexo 8, "Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable", en el programa 10, Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria, del ramo 08, "Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación", del componente "Conservación y uso sustentable de suelo y agua", que incluya la leyenda después del nombre del componente mencionado que diga (se incluyen 180 mdp para el DF).
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2009.
Diputado Avelino Méndez Rangel (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA QUE LOS GOBIERNOS ESTATALES PUEDAN CUMPLIR
LAS NUEVAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE NARCOMENUDEO,
A CARGO DEL DIPUTADO FELIPE AMADEO FLORES ESPINOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El que suscribe, Felipe Amadeo Flores Espinosa, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, se consideren mayores recursos para que los gobiernos de las entidades federativas puedan cumplir con las nuevas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de narcomenudeo, de acuerdo a las siguientes
Consideraciones
La atención eficaz a los delitos en contra de la salud en su modalidad de narcomenudeo, exige que el Ministerio Público de las entidades federativas esté mejor preparado, equipado y remunerado, de tal forma que reúna las condiciones que le permitan cumplir cabalmente con las disposiciones que señala la Ley General de Salud en la materia; nuevas facultades que ésta misma soberanía les concedió.
Es un hecho reconocido que los delitos en cuestión deben ser enfrentados con personal altamente capacitado, que cuente con tecnología moderna especializada y suficiente, de modo que todo ello posibilite efectuar investigaciones ministeriales sólidas, bien integradas, con el respaldo científico que hoy pueden proporcionarlos los servicios periciales y con el soporte de la observancia de la legalidad por parte de los agentes y policías ministeriales.
También es una realidad que las remuneraciones de los agentes del Ministerio Público del fuero común en prácticamente todos los estados es muy bajo, que se ubica entre los 14 mil y 20 mil pesos mensuales, con algunas raras excepciones, lo que hace vulnerable su función al desalentar su buena actuación.
Esta soberanía determinó que las entidades federativas conozcan los hechos relacionados con estos delitos y fijó un plazo de tres años a partir de la entrada del decreto respectivo, para que lleven a cabo las acciones necesarias a fin de cumplir con las atribuciones ahí señaladas, lo que hace necesario que, desde el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, se programen recursos suficientes para que, desde ahora, se preparen y, en su momento, puedan afrontar la difícil misión que les encomendamos, dada la debilidad institucional y material en que se encuentra el Ministerio Público del fuero común.
Sin los recursos suficientes y debidamente etiquetados para estas nuevas responsabilidades, es evidente que las entidades federativas no podrán capacitar a todo su personal, agentes del Ministerio Público, oficiales secretarios, peritos y policías, que deba conocer e intervenir ante estos delitos, ni podrán adquirir la tecnología apropiada y, lo más importante, estarán imposibilitadas para remunerar mejor al personal que integra y auxilia el Ministerio Público del fuero común, de una manera acorde con los riesgos que afrontan y el hecho que sus actividades son susceptibles a la corrupción.
Y dado que en el artículo Transitorio Cuarto del decreto de reformas a la Ley General de Salud, en el que se establece la competencia al fuero común para conocer de delitos de narcomenudeo, ordena que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se programen recursos suficientes para que los gobiernos de las entidades federativas puedan afrontar estas nuevas y difíciles atribuciones que, incluso, el Ministerio Público federal, que cuenta con mayores recursos, no ha podido afrontar con éxito; así como, en razón de que dichos recursos no han sido contemplados de manera específica y clara, con lo que se garantice a la sociedad que se van a emplear en dicho rubro.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de este pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2010 y en los subsiguientes, se contemplen recursos presupuestales suficientes para que los gobiernos de las entidades federativas puedan implantar las medidas necesarias para fortalecer institucional y materialmente al Ministerio Público del fuero común, en cumplimiento del artículo Transitorio Cuarto del decreto de reformas a la Ley General de Salud, en materia de narcomenudeo, como son equipamiento tecnológico, capacitación e incremento en las remuneraciones del personal ministerial, entre otros aspectos importantes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONTINUAR EL PROYECTO DE SISTEMA AUTOMATIZADO
DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTOS, COMUNICACIONES, INVESTIGACIONES E
INTELIGENCIA, O PROYECTO BICENTENARIO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA
ARACELI VÁZQUEZ CAMACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
María Araceli Vázquez Camacho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo con la finalidad de que se consideren dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2010 recursos presupuestales por mil millones de pesos para continuar con el proyecto Sistema Automatizado de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones, Investigaciones e Inteligencia (C4i) "Proyecto Bicentenario", al tenor de los siguientes
Considerandos
Primero. El pasado 21 de agosto de 2008 se llevó a cabo, en la vigésima tercera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Publica en Palacio Nacional, que obedeció al clamor social por el clima de inseguridad que se vive en el país. En dicha sesión se firmo el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, donde los 3 órdenes de gobierno, dos Poderes de la Unión y representantes de la sociedad civil acordaron poner en marcha medidas para la depuración de los organismo policiales y de justicia, crear una estrategia y una policía antisecuestros, fortalecer el control de encarcelados, mejorar los instrumentos para que la ciudadanía realice denuncias anónimas, fomentar y apoyar a los medios de comunicación para evitar la apología del delito, instaurar un observatorio ciudadano que vigile la acción de los cuerpos policíacos, entre otros
Segundo. Asimismo, el pasado 18 de junio de 2008 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas constitucionales en materia de justicia y de seguridad tendentes a reforzar la capacidad del Estado para prevenir los delitos y combatir y perseguir la delincuencia.
Tercero. En lo que corresponde al ámbito del Distrito Federal, una de las entidades donde el problema de la inseguridad debe atacarse sin demora, las autoridades locales emprendieron un plan integral de seguridad pública, que es acorde con las recientes reformas constitucionales aprobadas el año pasado y que, además, permitirá cumplir los compromisos suscritos en el Acuerdo Nacional del 21 de agosto.
Cuarto. El plan integral de seguridad pública consta de 3 ejes fundamentales:
2. Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura penitenciaria.
3. Construcción de centros de alta seguridad.
Sexto. Con la ejecución de este proyecto el Distrito Federal se coloca a la vanguardia en materia de estrategias integrales de respuesta ante casos de desastres naturales, emergencias y combate a la delincuencia. Consiste en la implementación de un nuevo esquema de tecnología para la atención de emergencias, desastres naturales y para reforzar las estrategias de seguridad publica en toda la ciudad, a través de la puesta en funcionamiento de 8 mil cámaras de videovigilancia.
Séptimo. Entre los objetivos que se pretenden con la instalación del sistema de videovigilancia están: intervenir de manera masiva y desde todos los frentes y niveles a las zonas de mayor generación de delincuencia, buscando cambiar de manera radical las condiciones de vida de la ciudadanía, por medio de un combate integral y unificado de las fuerzas de seguridad pública. Dicho sistema tecnológico de videovigilancia contará con postes en donde se instalaran cámaras de video de alta resolución, altavoz para dar aviso de ultrajes, instrucciones y alertas a la ciudadanía, sensores de arma de fuego, sistemas de intercomunicación entre los ciudadanos y personal operador de los centros de control y comando. Las cámaras de videovigilancia se están instalando en puntos con alta incidencia delictiva, y además en oficinas gubernamentales e instalaciones estratégicas de la federación y vialidades primarias.
Octavo. Adicionalmente el proyecto incluye equipar a los elementos de la Secretaría de Seguridad Publica con radios para atender las emergencias y llamadas de la ciudadanía.
Noveno. El programa de videovigilancia tiene capacidad de ampliarse para cámaras con inversión de iniciativa privada que incluyen; escuelas privadas, hoteles, bancos, centros comerciales, gasolineras, entre otros.
Décimo. Por la gran importancia de este proyecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, la Cámara de Diputados autorizó 500 millones de pesos, que se incluyeron en el Ramo 23; y en el Presupuesto de Egresos de 2009 aprobó recursos adicionales por 200 millones de pesos.
Decimoprimero. No obstante estos antecedentes, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación no aparece ningún monto para continuar con este proyecto de seguridad pública tan importante para la Ciudad de México.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica que considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos por mil millones de pesos para continuar con el proyecto Sistema Automatizado de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones, Investigaciones e Inteligencia (C4i) "Proyecto Bicentenario", a fin de que la Ciudad de México pueda avanzar en el cumplimiento de las reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 y con los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad firmada el 21 de agosto de 2008 en el marco de la vigésima tercera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 22 de octubre de 2009.
Diputada María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDERE AUMENTAR LA PARTIDA DESTINADA A LA EDUCACIÓN BÁSICA
EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, A CARGO DEL DIPUTADO ÓSCAR
ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Ante la realidad económica que se vive en el país, en donde la brecha entre ricos y pobres es cada vez más ancha, es necesario que reflexionemos sobre la necesidad de fortalecer aún más la educación pública en México, como el único medio que tenemos para crecer con equidad, como el único medio, para garantizarle a las nuevas generaciones las condiciones necesarias para que puedan desarrollar el talento que está ahí, en toda la geografía nacional y que por falta de autenticas oportunidades no surge con todo su potencial.
Conocimos los resultados publicados de la prueba Enlace en donde quedo de manifiesto la diferencia pedagógica entre las escuelas públicas y privadas en México; ¿y qué se hace al respecto?, ¿qué estamos esperando?, ¿a cuántos niños y jóvenes estamos condenando?
No son ellos los únicos afectados, todos, absolutamente todos, de manera indirecta, con el tiempo pagaremos el alto costo que representa contar con generaciones de mexicanos sin los elementos necesarios para competir en este nuevo orden mundial que nos está tocando vivir.
Mención especial se merece la escuela secundaria 20 de Noviembre de Sabanilla, Chiapas; esta escuela pública, que con todas sus limitantes en cuanto a infraestructura, fue la mejor secundaria del país, lo cual deja de manifiesto, que capacidad hay, talento existe, solo hace falta mayor voluntad y decisión, mayor solidaridad con los que menos tienen.
Escuelas como la 20 de Noviembre existen muchas en el país, sin la infraestructura básica para que los niños puedan acudir a la escuela, sin los insumos necesarios para que los niños y jóvenes puedan desarrollar sus potencialidades.
México es uno de los países con más indígenas de América, según los datos de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas son más de 10 millones.
El Ceneval y el Banco Mundial indican que el nivel educativo más bajo del país está ubicado en las zonas indígenas.
El estudio "La educación para poblaciones en contextos vulnerables 2007", elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación expresa que 6 de cada 10 alumnos de escuelas indígenas asisten a escuelas en condiciones de infraestructura precaria.
En el informe "Retos Educativos 2007" se afirma que 12 millones de niños y jóvenes no tenían acceso a la educación primaria y secundaria.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe en su estudio "Impacto de la educación en la pobreza rural" expresa que México reduciría sus niveles de pobreza alimentaria en 18 por ciento si su población tuviera acceso a la educación primaria y bajaría 30 por ciento si concluyera la secundaria.
Un sistema educativo no es de buena calidad si la educación que ofrece cada escuela no incluye lo necesario para que los alumnos de cada una alcancen niveles aceptables de aprendizaje.
Lo demostrado por los jóvenes de la telesecundaria número 941es una acción que debemos de reconocer. Debe de ser un llamado a la conciencia colectiva, ya que aún y con las condiciones precarias en que toman sus clases han expresado a la nación sus enormes deseos de salir adelante.
Lo lamentable es que en estas condiciones se encuentran muchas escuelas ubicadas en las comunidades indígenas del país.
Derivado de lo anteriormente expuesto y fundado me permito proponer al pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Proponer a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica de la honorable Cámara de Diputados que asigne un incremento en la inversión a la infraestructura educativa a las comunidades indígenas, dentro del presupuesto destinado a este rubro, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010.
Segundo. Destinar una partida en la referida ley presupuestal a la escuela 20 de Noviembre de Sabanilla, Chiapas, para que la telesecundaria número 941, pueda contar con infraestructura suficiente como reconocimiento a su brillante resultado académico.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputado Óscar Román Rosas González
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS A EFECTO DE CONSTRUIR UN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
PARA MUJERES EN EL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA LETICIA QUEZADA
CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a las diputadas y a los diputados integrantes de las Comisiones de Salud, de Equidad y Género, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de de esta XLI Legislatura a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2010 una partida destinada a la creación de un hospital de especialidades dirigido a atender a las mujeres, en el territorio del Distrito Federal.
Antecedentes
1. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en mujeres mayores de 50 años de edad, Las enfermedades cardiovasculares son comunes en hombres antes de los 50, pero después de esa edad aumenta en las mujeres debido a la disminución de la producción hormonal, que favorece el incremento de triglicéridos y colesterol que se combinan con hipertensión, tabaquismo y obesidad.
2. En México, el cáncer de mama cobra la vida de 23 mujeres cada día, actualmente las mujeres con este padecimiento tienen una esperanza de vida de 58 años.
3. Según información de la Secretaría de Salud, desde el 1º de enero de 2007 año 31 de agosto de 2009, la tasa de mortalidad acumulada por cáncer cérvico-uterino fue de 36.4 por 100 mil mujeres de 25 años y más.
4. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hasta el 2005, existían en nuestro país 53 millones de mujeres, mientras existían 50 millones de hombres, siendo las mujeres uno de los sectores de la población más vulnerables.
5. Que existen enfermedades o padecimientos que afectan únicamente a las mujeres, pero de igual manera existen otras más como la osteoporosis que no es exclusiva de las mujeres, pero es predominante en ellas.
Considerando
I. Que la infraestructura hospitalaria en nuestro país es insuficiente, ya que día a día crece el número de personas que requieren de servicios médicos especializados y de atención de primer nivel, y que es evidente que la capacidad de los nosocomios en nuestro país se ve por mucho rebasada.
II. Que como se menciono anteriormente en nuestro país habita un mayor número de mujeres, siendo estas más vulnerables que otros sectores de la población, y ya que por razones meramente biológicas, requieren de atención médica especializada, que atienda los padecimientos que las aquejan cada vez con mayor incidencia.
III. Los esfuerzos, que ha realizado la Secretaría de Salud, no son suficientes, al tratar de llevar atención médica a la población, es por ello necesaria la creación de un nuevo centro hospitalario que atienda de manera particular a este sector de la población y que dicho nosocomio se ubique en el Distrito Federal, toda vez que este concentra a un mayor número de habitantes en territorio nacional.
Por lo expuesto, me permito presentar a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las diputadas y a los diputados integrantes de las Comisiones de Salud, de Equidad y Género, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de de esta XLI Legislatura a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2010 una partida destinada a la creación de un hospital de especialidades dirigido a atender a las mujeres, en el territorio del Distrito Federal
Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR UNA PRESA SOBRE EL RÍO
MAYO, EN ÁLAMOS, SONORA, A CARGO DEL DIPUTADO ONÉSIMO MARISCALES
DELGADILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Onésimo Mariscales Delgadillo, en nombre propio, como diputado federal a la LXI Legislatura, y de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional que suscriben el presente documento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo a fin de que en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2010 se otorguen los recursos necesarios para la construcción de una presa en Álamos, Sonora, con base en los siguientes
Antecedentes
1. En 1945, la presa Mocúzarit inició su operación. Durante 20 años, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha autorizado la apertura de las compuertas de dos presas de Sonora, que estaban cerca del límite de su capacidad debido a las intensas lluvias, registradas en el sur de Sonora, particularmente han sido más significativos durante 1991, 1984, 1985, 1991, 1992, 2004, 2006, 2007 y 2008.
2. En 2004, 2006, 2007 y 2008, el volumen desfogado es de 757.0 millones de metros cúbicos, ocasionando inundaciones en poblaciones de Navojoa, Etchojoa y Huatabampo, afectando carreteras y caminos, la infraestructura hidroagrícola, cultivos siniestrados, daños a infraestructura de agua potable, electricidad y a terrenos agrícolas.
3. Hoy, en 2009, nuevamente y para mantener la presa Adolfo Ruiz Cortines, Mocúzarit, en niveles de seguridad, en cuanto a su almacenamiento, el director general del organismo de cuenca de noroeste de la Conagua informó que el desfogue de la presa por el vertedor controlado incrementó a 250 metros cúbicos por segundo. La decisión de aumentar el nivel de desfogue se hizo porque en las costas del Pacífico se localiza el huracán Rick, el cual pudiera traer nublados ocasionando lluvias en la entidad, provocando que el nivel de almacenamiento de las presas aumente, es por eso que por prevención se prepara a la presa para que pueda almacenar más agua, sin poner en riesgo a las familias del bajo río Mayo.
4. Los ciudadanos del valle del Mayo merecemos mejor calidad de vida, ya que estamos expuestos cada año en la temporada de huracanes a estar en zona de desastre como los hechos ocurridos durante los últimos fenómenos atípicos que han azotado a la región, Henriette, Lowell, Norbert, Jimena y Patricia. Por ello solicito que en forma urgente se aprueben recursos para realizar una nueva presa sobre el río Mayo, en Sonora, cuyo objetivo es incrementar la disponibilidad de agua y otorgar mayor seguridad a la población, incrementar las áreas de cultivo, producción de alimentos, generación de electricidad y creación de nuevos empleos.
5. Con fecha 5 de septiembre de 1994 se solicitó al director general de la Conagua apoyo para llevar a cabo los estudios necesarios para la realización de la obra. Por instrucciones del director general de la Conagua un grupo de geólogos realizó los estudios preliminares de viabilidad, teniéndose a la fecha dos sitios para su localización: uno en San Bernardo y otro en Guajura. El potencial de almacenamiento en San Bernardo es de mil 87.6 millones de metros cúbicos. Desde el punto de vista geológico estos estudios resultaron positivos.
6. Por lo anterior, los representantes populares que rubricamos la presente propuesta, atentamente solicitamos de los integrantes de esta honorable soberanía que se apruebe el punto de acuerdo que proponemos y ante la inminente formulación del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se vote positivamente, y sea incorporado el tema en el citado dictamen.
Por lo expuesto, a usted, ciudadano presidente de la Mesa Directiva, solicitamos, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a consideración de esta soberanía, y se turne a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Recursos Hidráulicos la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Único. Los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados acuerdan que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Recursos Hidráulicos, al elaborar el dictamen de la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 incluya una partida para otorgar recursos destinados a la construcción de una presa sobre el río Mayo, en Sonora.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputados: Onésimo Mariscales Delgadillo,
José Luis Marcos León Perea, Ernesto de Lucas Hopkins, Rogelio
Díaz Brow Ramburg, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Miguel
Ernesto Pompa Corella, Jesús Alberto Cano Vélez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONTINUAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA
LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO
RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe diputado federal Rigoberto Salgado de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La construcción de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México constituye una de las obras de infraestructura de transporte más importantes del valle de México. Se calcula que una vez terminada, tendrá una afluencia diaria de 620 mil personas. Las obras iniciaron el 23 de septiembre de 2008 y el proyecto ha tenido que ser ajustado en el número de estaciones por falta de recursos económicos.
Con gran acierto, la anterior Legislatura y el Ejecutivo federal, decidieron impulsar esta magna obra de gran beneficio colectivo en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 con 3 mil millones de pesos, acorde con el impacto local, regional y nacional de este proyecto y con base en los apoyos que la Federación ha otorgado a la ciudad para la consolidación de la Red del Sistema de Transporte Colectivo. Incluso, dicho apoyo de 3 mil millones de pesos ha sido ampliamente publicitado por el presidente Calderón con motivo de su Tercer Informe de Gobierno.
Sin embargo, extrañamente en el proyecto de PEF de 2010 no figura este proyecto de infraestructura tan importante, que comunicará el oriente con el poniente de la ciudad y que contará además con salas con internet y guarderías para que los pares de familia puedan a sus niños mientras realizan sus actividades productivas.
Estimaciones preliminares apuntan a que la obra rebasará los 18 mil millones de pesos por lo cual es indispensable que la Federación siga apoyando el proyecto para reducir el tiempo de traslado de la población del oriente de la ciudad, favorecer la circulación vehicular metropolitana, mejorar la conectividad de la red del Sistema de Transporte Colectivo, ofrecer a la población de la zona un medio de transporte sustentable que sustituya los 100 mil viajes diarios que actualmente realiza la población en unidades de transporte de mediana y pequeña capacidad de motores de combustión, reducir las emisiones de gases contaminantes, redistribuir la carga que actualmente existe en las líneas con las cuáles tendrán correspondencia (Líneas 8, 2, 3 y 7), y generar ahorros para la población por los costos de traslado.
La Línea 12 beneficiará principalmente a los municipios de Chalco e Ixtapaluca, y a las delegaciones Iztapalapa y Tláhuac que no tienen conexión con el centro - poniente de la ciudad, así como a Benito Juárez, Coyoacán y Álvaro Obregón. Una vez que entre en operación, se estima una reducción de 400 mil toneladas de CO2 anuales que ya no se lanzarán a la atmósfera.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar al Pleno de esta Cámara de Diputados se someta a consideración la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, recursos por la cantidad de 4,500 millones de pesos destinados a la continuación de la construcción de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de octubre de 2009.
Diputado Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
A MANTENER EN LOS MISMOS NIVELES DEL PRESUPUESTO DE 2009 LOS RECURSOS DE
CANAL 11, CANAL 22 Y NOTIMEX; Y A CONSIDERAR LA REDUCCIÓN DE GASTO
EN COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,
A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR PABLO RAMÍREZ PUGA LEYVA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los medios públicos juegan un papel sustantivo en la sociedades que transitan sólidamente en el proceso democratizador, son el vehículo de expresión de la sociedad sin exclusión de minorías y plena libertad en sus contenidos y programación, lo que las hace un instrumento de comunicación del Estado, imprescindibles en todas las democracias.
En México, su contribución ha sido en el ámbito educativo y cultural, han abierto brechas no consideradas por otras instancias y han dejado una huella importante en sus respectivos sectores. Su papel actual es consolidarse como el motor de una auténtica política democrática, que propugne por una comunicación en la que se escuchen a todas las posturas y divergencias respetando la pluralidad y criterios siempre con el mayor respeto y tolerancia.
Actualmente, es de destacar el Canal 11, como la televisora pública más antigua en América Latina. Es el canal encargado de la divulgación y difusión de la cultura, la ciencia y la tecnología. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, le fueron asignados 532 millones 441 mil 432 pesos.
Asimismo, Televisión Metropolitana, SA de CV, Canal 22, cuyo objetivo es la difusión de la cultura y el arte, cuenta con un auditorio potencial de 36 millones de personas, incrementando sus niveles de audiencia en dos años en 600 por ciento con respecto a las 10 barras más vistas. Su presupuesto para este año es de 224 millones 201 mil 410 pesos.
Por otra parte, el 2 de junio de 2006 se expidió la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano y que tiene por objetivo "coadyuvar al ejercicio del derecho a la información mediante la prestación de servicios profesionales en materia de noticias al Estado mexicano y a cualquier otra persona, entidad u organismo público o privado, nacional o extranjero, con auténtica independencia editorial". Su presupuesto para el año que está por concluir es de 145 millones 706 mil 33 pesos, reduciéndose 4 por ciento para el 2010.
En el caso de ambas televisoras públicas, de acuerdo al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, recibirán 473 millones 140 mil 654 pesos, en el caso de XEIPN, Canal 11, y 194 millones 470 mil 773 pesos para Televisión Metropolitana, SA de CV, Canal 22. Es decir, que su presupuesto del próximo año se verá reducido en 11 y 13 por ciento, respectivamente. Esta disminución impactará significativamente en la inversión de infraestructura tecnológica y en la digitalización de estos medios públicos.
Sin embargo, se destaca, de manera ostentosa, que en momentos de austeridad republicana, la Presidencia de la República haya decidido dotarse para el próximo año, un incremento en los rubros de Coordinación de Comunicación Social de 4.5 por ciento; para la Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental 7.3 por ciento; y para la Secretaría Particular 5.2 por ciento. Es decir, 18 millones 666 mil 877 pesos más, respecto al presupuesto de este año.
Con lo anterior, se revela el interés de la Presidencia de la República de seguir difundiendo y promoviendo la imagen del titular del Ejecutivo federal, mientras que a su vez, le recorta a la divulgación de la ciencia y la tecnología (XEIPN, Canal 11), y a la difusión de la cultura y las artes (Televisión Metropolitana, SA de CV, Canal 22) 89 millones 31 mil 915 pesos.
Finalmente, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) realiza una importante tarea de veracidad y objetividad en la información. Su autonomía es una garantía de imparcialidad sin sesgos políticos e ideológicos. Es de señalar que la inversión que requiere para su operación técnica y su modernización tecnológica es importante porque la convertirían en la primera agencia de noticias de Latinoamérica.
Atendamos las necesidades de estos dos medios públicos y de la agencia Notimex para el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año, cuya única finalidad sea seguirlos dotando de recursos necesarios que hagan cumplir la función social y de información con los mexicanos, y no desperdiciándolos en imagen y promoción de la figura del presidente.
Con lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados a mantener en los mismos niveles del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, los recursos fiscales a XEIPN, Canal 11; a Televisión Metropolitana SA de CV, Canal 22; y a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex; para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.
Segundo. Asimismo, se exhorta a esta comisión para que considere la reducción del gasto en los rubros de la Coordinación de Comunicación Social e Imagen, de la Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental, y de la Secretaría Particular, todos de la Presidencia de la República para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 22 de octubre de 2009.
Diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Los suscritos, diputados Mary Telma Guajardo Villarreal, Alejandro Encinas Rodríguez, Víctor Manuel Castro Cosío, Agustín Guerrero Castillo, Víctor Hugo Círigo Vásquez, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Ramón Jiménez López, Vidal Llerenas Morales, Avelino Méndez Rangel, Eduardo Mendoza Arellano, Nazario Norberto Sánchez, Laura Piña Olmedo, Leticia Quezada Contreras, Arturo Santana Alfaro, Emilio Serrano Jiménez, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Rigoberto Salgado Vázquez, María Araceli Vázquez Camacho, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Balfre Vargas Cortez y José de Jesús Zambrano Grijalva integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se solicita a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y a la de Presupuesto y Cuenta Pública asignen recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2010, para el mantenimiento de la infraestructura educativa del Distrito Federal, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A partir de 1992, mediante el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, se transfirieron a los gobiernos estatales los servicios de educación inicial, básica –incluyendo la indígena y especial– y la normal, con excepción del Distrito Federal cuyo proceso debió instrumentarse en el ciclo lectivo 1994-1995, tal como fue establecido en la Ley General de Educación. A la fecha no se ha llevado a cabo la descentralización educativa al gobierno de la Ciudad de México.
En ese ordenamiento legal, en su artículo 4 transitorio, se dispuso que en tanto no ocurriera la descentralización, la Secretaría de Educación Pública federal es la responsable de atender los servicios antes mencionados y la ejecutora de los recursos destinados a éstos. Por tanto, el gobierno de la Ciudad de México no recibe presupuesto para ese fin, ni tampoco para otros servicios educativos que fueron descentralizados a los gobiernos estatales, como el de educación de adultos y el de educación media superior general y tecnológica.
No obstante lo anterior, desde el año de 2001 el gobierno de la Ciudad de México ha venido atendiendo la infraestructura de la educación inicial y básica de la entidad, por acuerdo del entonces jefe de Gobierno capitalino quien facultó a las delegaciones políticas para construir inmuebles destinados a actividades de educación básica.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Información de Escuelas, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, por la diversidad de instituciones de educación que se ubican en el Distrito Federal, es la entidad federativa que concentra la mayor infraestructura educativa del país, con alrededor de 5 mil 267 planteles operados por el sector público.
Atender este reto no es sencillo, dadas las condiciones deplorables en que se encuentra la mayoría de las escuelas e inmuebles públicos educativos de la Ciudad de México, cuyos planteles tienen problemas serios como carencia de baños, agua, adecuada electricidad, bancas escolares, espacios para bibliotecas, entre otras cosas.
En el caso de los inmuebles educativos, una buena parte cumplió su ciclo de vida, pues algunos datan de hace más de medio siglo y consecuentemente representan un serio peligro para los escolares. Otro problema son los inmuebles que tienen un valor histórico y cuyo mantenimiento resulta costoso, como los que se ubican en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Ante ello, el gobierno capitalino ha planteado un conjunto de actividades para el mejoramiento de las condiciones físicas de los inmuebles públicos de educación básica (educación especial, preescolar, primaria, secundaria), bibliotecas y centros de atención infantil que realizan las 16 delegaciones del Distrito Federal, a través de sus Direcciones Generales de Obras, Desarrollo Urbano y Desarrollo Social, coordinadas, normadas y evaluadas por la Secretaría de Educación estatal.
Un aspecto fundamental en la planeación de las obras y los trabajos de mantenimiento que realiza el gobierno del Distrito Federal tiene como base tres cuestiones: en primer lugar preservar la seguridad de los inmuebles y espacios educativos o sus anexos, en segundo, su funcionalidad, y en tercero la imagen de los inmuebles.
Este conjunto de actividades requiere recursos adecuados para cumplir con la obligación de las autoridades de preservar la seguridad de los escolares, con estalaciones y acciones que satisfagan las condiciones para ello, tal como lo establece la Ley General de Educación. Por ello, estamos proponiendo que se asignen al gobierno capitalino un mil 500 millones de pesos para el mantenimiento de la infraestructura física de la educación básica en la entidad y coadyuvar con la autoridad educativa federal en esta enorme responsabilidad.
Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a consideración del pleno de esta honorable soberanía proposición con el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. El pleno de la Cámara de Diputados solicita a las Comisiones de Educación Pública y Servicios, y a la de Presupuesto y Cuenta Pública se asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos al Gobierno del Distrito Federal, para el mantenimiento de la infraestructura de educación básica de la entidad, por un monto de un mil 500 millones de pesos, a efecto de que los escolares de la Ciudad de México cuenten con instalaciones que no pongan en riesgo su seguridad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputados: Mary Telma Guajardo Villarreal, Teresa
del Carmen Incháustegui Romero, Eduardo Mendoza Arellano, Francisco
Hernández Juárez, Leticia Quezada Contreras, Enoé
Uranga Muñoz, Laura Piña Olmedo, Esthela Damián Peralta
(rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS SUFICIENTES PARA EL INEA, A EFECTO DE COMBATIR
EL REZAGO EDUCATIVO EN EL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ
RICARDO LÓPEZ PESCADOR Y SUSCRITA POR YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado José Ricardo López Pescador y en nombre de los diputados de Durango en la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a esta soberanía a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio del año 2010, recursos suficientes al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, a efecto de que se combata el rezago educativo del país, bajo los siguientes
Antecedentes
La educación es la base del progreso de las naciones y del bienestar de los pueblos. La altísima prioridad que los mexicanos le damos a la educación se plasma en el artículo tercero constitucional que establece como obligación del Estado promover una educación laica, gratuita, participativa, orientada a la formación de ciudadanos libres, responsables, creativos y respetuosos de la diversidad cultural.
Sí bien el país ha avanzado considerablemente en ampliar la cobertura, sobre todo en la educación básica, y en la reducción de las brechas en la igualdad de género y las diferencias regionales de los servicios educativos, tenemos todavía graves rezagos. Más de 30 millones de personas no concluyeron o nunca cursaron la primaria o la secundaria, es decir, un tercio de la población mexicana no ha tenido acceso a la educación básica o no ha podido concluir un nivel educativo. De ellos, la mitad son jóvenes de entre 15 y 35 años. Actualmente, los años de escolaridad promedio de las personas entre 15 y 24 es de 9.7; por lo anterior la meta del gobierno federal es alcanzar al final del sexenio un promedio de 12.5 años.
El nivel nacional de analfabetismo es de 7.7 por ciento, aunque con notables variaciones entre los estados de la república. Por ejemplo, mientras en Baja California el porcentaje de población analfabeta es de 1 por ciento, en Chiapas es de 18.9 por ciento.
Otra cifra que es de resaltar, es que cerca del 70 por ciento de la población analfabeta mayor de 15 años, son mujeres. Esta circunstancia lacera a nuestra sociedad, no sólo por el hecho de que las mujeres son el sector más vulnerable de la sociedad, si no que se sufre de una doble discriminación la primera por la situación de analfabetización y la segunda por la situación de género.
Es en el lecho del hogar, donde la mayor parte de las familias generan los modelos de conducta de las nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos ¿y que modelo puedes tener estos jóvenes, que ven en el núcleo social, maltrato, descuido, falta de atención a la salud y una negativa ante la superación académica, ya no solo de las mujeres, sino en muchos casos de ambos padres?
La búsqueda de mejores condiciones de vida, es una situación natural del hombre, pero al verse inmersos en los mares de la ignorancia, la alterativa que muchos de los jóvenes encuentran, son las calles, el vandalismo y en algunos casos la delincuencia organizada.
El esfuerzo que hace el gobierno federal en atender a los grupos en desventaja es enorme, ayuda y trae beneficios a los sectores más necesitados, pero estos esfuerzos no se logran capitalizar a plenitud, debido a la falta de orientación y la capacidad nula o casi nula de estas personas para informarse sobre los apoyos que el gobierno suministra, cayendo así en redes clientelares que explotan la necesidad y el sufrimiento de la gente.
Por lo anteriormente referido, la educación de las personas adultas juega un importante papel para la creación de sociedades estables, durante este nuevo siglo la capacitación para este grupo social forma parte de la agenda de organizaciones no gubernamentales, y de las agencias de la Naciones Unidas tales como la UNHR (Alto Comisariado de la Naciones Unidas para Refugiados) y la Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).
La educación de adultos ya se encuentra establecida firmemente como una disciplina, como educación complementaria a la educación básica inicial. En nuestro país es el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA) el organismo encargado de atender la educación básica a personas mayores de 65 años que por alguna situación no tuvieron la oportunidad de aprender a leer o a escribir, asimismo, prepara a quienes no han concluido su primaria o secundaria para terminarla con la ayuda de la creación de un modelo educativo.
Dicho modelo utilizado por el INEA, plantean el tratamiento de lo contenidos y temas considerando experiencias, saberes y conocimientos de las personas y enfatiza el aprendizaje sobre la enseñanza al reconocer que las personas a lo largo de su vida han desarrollado la capacidad de aprender.
Por ello el INEA es el encargado a nivel federal de combatir el rezago educativo para lograr una mejor forma de vida y de nuevas oportunidades para las personas jóvenes y adultas.
En las últimas décadas, se han logrado avances fundamentales en la construcción de una sociedad más democrática, más respetuosa, más tolerante e incluyente; con instituciones y un marco jurídico que garantizan la plena vigencia del estado de derecho, que promueven la participación social y dan mayor certidumbre a nuestro futuro.
El Plan Nacional de Desarrollo del presente sexenio, en el rubro de Transformación Educativa, establece en su estrategia 10.3 lo siguiente:
Si bien en los últimos años se ha logrado reducir significativamente el analfabetismo, esta deficiencia sigue presentándose de manera acentuada en varios estados de la República, tanto en el medio rural así como entre los pueblos y comunidades indígenas. Quien no sabe leer ni escribir añade a su situación de pobreza el enorme riesgo de jamás poder salir de ella. Por ello se dará un impulso renovado a los programas de alfabetización, así como a la educación básica para jóvenes y adultos fuera de la edad escolar a través de los sistemas escolarizados y no escolarizados. Se estimulará una más amplia participación social en las tareas de combate al rezago educativo.
Asimismo, entre las recomendaciones que realiza la Conferencia Internacional de Educación de las Personas Adultas, se establece que:
Una meta importante para la educación de adultos de grupos minoritarios es crear un sentido de identidad con sus propias tradiciones, raíces y cultura.
La sabiduría, la cultura, el idioma, la religión, el modo de vivir y la historia del grupo minoritario, deben incluirse en la currícula de tal manera que fomente el respeto y el entendimiento mutuo entre las comunidades.
Que se reconozcan el papel y el valor de los mecanismos extraescolares de educación tradicional de la educación par adultos.
La pedagogía de participación, basada en los puntos fuertes de las minorías.
Las actividades educativas estrechamente vinculadas a la propia economía, geografía y demografía local de las minorías, fomentando así los sistemas de enseñanza compatible.
Impartir la enseñanza a través de diferentes medios, incluso a través de cantos y música, así como otros aspectos culturales con los cuales se identifican las minorías.
Fomentar la participación de las minorías en un entorno de aprendizaje activo, acabando con los mitos en torno a los conocimientos basados en los libros y transmitiéndole una sensación de seguridad a la gente.
El financiamiento para la educación de adultos proviene de dos rubros principalmente, el ramo general 11 relativo a las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. El INEA recibió para el ejercicio de 2009, 2 mil 95 millones de pesos. Si se considera que el costo por estudiante es de aproximadamente 6 mil pesos al año, solamente se atienden 700 u 800 mil mexicanos durante el referido periodo. Así también, de los mayores de 15 años, de éstos, 6 millones son analfabetas, 10 millones no han concluido la primaria y 17 millones no han concluido la primaria y 17 millones no cuentan con la secundaria terminada. Esto confirma que uno de cada tres mexicanos está en rezago educativo.
Por otro lado, y de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación del presente ejercicio fiscal, para sufragar las medidas salariales y económicas correspondientes a los Fondos de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, y para la Educación Tecnológica y de Adultos se transfirieron dichos recursos a las entidades federativas a través del ramo 33 y sólo en el caso del Distrito Federal, se ejercieron por medio del ramo 25; lo que indica que también este último ramo contempla recursos para la educación de los adultos.
Es así que la Cámara de Diputados en la elaboración del Presupuesto de Egresos de 2010, debe destinar recursos suficientes para el ramo 11, 25 y 33 que contemplan a la educación pública, específicamente al Instituto Nacional de Educación para Adultos, a las Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos y a las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Lo anterior, a efecto de que se pueda apoyar desde el Congreso las actividades y programas relativos a la educación de los adultos.
Considerandos
Primero. Que los diputados integrantes de esta soberanía, estamos conscientes de que para el tema de la educación para adultos, la disponibilidad de mayores recursos para la atención educativa no es una condición suficiente, pero si es una condición necesaria para abatir el rezago educativo.
Segundo. Que de conformidad con los principios establecidos en el articulo 3o. de la Constitución Política d los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Educación, es competencia de la federación, los estados y los municipios, promover, establecer, organizar y sostener servicios permanentes de educación para adultos, cuya realización implica la necesaria coordinación de los tres niveles de gobierno, asimismo promover la participación de los sectores social, privado y de la comunidad en general, por fundarse esta modalidad educativa en los principios de solidaridad social y en el auto didactismo.
Tercero. Que históricamente se ha demostrado que la educación es la base del crecimiento personal y que hoy es factor determinante en el acceso igualitario a las oportunidades de mejoramiento de la calidad de vida.
Cuarto. Que nuestro país requiere de una sociedad que, en su conjunto pueda tener accesos a los derechos básicos como leer y escribir. En este sentido el INEA y los Institutos Estatales de Educación para Adultos y otra instituciones una gran labor, son embargo la desigualdad social y el rezago educativo resulta ser un enemigo a vencer que debe ser superado con puntualidad si queremos alcanzar un país moderno equitativo y competitivo.
Quinto. Que el Plan Nacional de Desarrollo señala que la política educativa debe lograr que los mexicanos adquieran los conocimientos, competencias y destrezas, así como las actitudes y valores necesarios para su pleno desarrollo y para el mejoramiento de la Nación; ofreciendo a los jóvenes y adultos que iniciaron no cumplieron la educación básica, la posibilidad de capacitación y educación para la vida y el trabajo que les permite aprovechar las oportunidades de desarrollo.
Sexto. Que las políticas de la educación de adultos solamente serán de relevancia si toman en cuenta la magnitud, la oportunidad y la fuerza de los cambio globales.
Séptimo. Que la mayoría de los mexicanos sin educación básica están en edad laboral; por lo que al proporcionarles educación resulta no solo un acto de justicia sino de beneficio para el desarrollo nacional, por ello es necesario que esta soberanía destine recursos suficientes a la labor tan importante y a los programas educativos desarrollados por el INEA y a la educación de los adultos en general.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, se destinen recursos suficientes para el buen funcionamiento del Instituto Nacional de Educación para Adultos, contemplado en los ramos 11 y 33 del Presupuesto. Así como al ramo general 25 relativo a las Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal Tecnológica y de Adultos.
Diputados: José Ricardo López Pescador
(rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Ricardo
Armando Rebollo Mendoza, Óscar García Barrón, Jorge
Herrera Caldera, Laura Estrada Rodríguez, Bonifacio Herrera Rivera,
María Guadalupe Silerio Núñez, Lorena Corona Valdez,
Anel Patricia Nava Pérez.
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE RESCATE INTEGRAL DE LOS
RÍOS MAGDALENA Y ESLAVA, DEL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA
ARACELI VÁZQUEZ CAMACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
María Araceli Vázquez Camacho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno proposición con punto de acuerdo para que se consideren, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, recursos presupuestales por la cantidad de 150 millones de pesos para el Programa de Rescate Integral de los Ríos Magdalena y Eslava del Distrito Federal, al tenor de los siguientes
Considerandos
Primero. Más de la mitad de la superficie del Distrito Federal corresponde a suelo de conservación con 87, 294 hectáreas de las cuales alrededor de 50 mil son de aptitud preferentemente forestal, que representan un factor primordial para mantener y mejorar los servicios ambientales a la población de toda el área metropolitana de la ciudad de México. Sin embargo esta superficie de suelo de conservación se encuentra sujeta a diferentes presiones por los factores que la deterioran, desde el avance de la mancha urbana de manera irregular sobre los terrenos de conservación hasta los incendios forestales.
Segundo. Un ejemplo, de esta problemática es la cuenca del río Magdalena, de aproximadamente 20 kilómetros de longitud. El río se localiza al sur poniente del Distrito Federal y es el escurrimiento con mejor estado de conservación de la entidad, su flujo es permanente y alcanza un promedio de un metro cúbico por segundo con picos, en temporada de lluvias, de hasta 20 metros cúbicos por segundo, sin embargo, solamente una quinta parte del caudal se aprovecha y el resto se desperdicia vía el sistema de drenaje capitalino. Lo anterior impacta, entre otros aspectos, a la delegación Magdalena Contreras, que teniendo la posibilidad de autoabastecerse no lo logra y debe utilizar agua proveniente del río Lerma y Cutzamala.
Tercero. Gran parte de su cuenca está localizada en zona de reserva ecológica, pero una amplia superficie de ésta se encuentra en proceso de avanzada deforestación y degradación ambiental. La zona es frecuentemente invadida y la mancha urbana amenaza con extenderse sobre ésta. Si bien las aguas río arriba se encuentran limpias, presenta severa contaminación en sus partes media y baja, debido a numerosas e indebidas descargas de aguas residuales y depósitos de basura a lo largo de su cauce.
Cuarto. Las múltiples e intensas presiones sobre la cuenca y el cauce del río Magdalena, comprometen su supervivencia. De ahí la necesidad de actuar de manera pronta e integral para lograr su plena rehabilitación, que es todavía posible. Su rescate implica salvar, para las generaciones futuras, un muy importante patrimonio natural, que puede aportarle a la Ciudad de México un caudal significativo de agua y, a la vez, prestarle notables servicios ambientales, al hacer posible disponer de amplias zonas verdes de gran potencial turístico y también productivo.
Quinto. El río corre a lo largo de cuatro delegaciones del Distrito Federal (en especial por la Magdalena Contreras), catorce colonias y cinco núcleos agrarios; de ahí también su gran importancia socioeconómica.
Sexto. Otro caso es el río Eslava. Dicho río se ubica en el límite entre las delegaciones Magdalena Contreras y Tlalpan, durante su recorrido recibe las descargas de las colonias Pedregal, Chichicaspa, Ejidos del Pedregal, Barrio Las Calles y Plazuela del Pedregal. Su cuenca es de las más extensas, presentando factores de escurrimiento relativamente bajos debido a la gran parte del área urbanizada. En épocas de avenidas registra gastos elevados los cuales son captados por el Río Magdalena antes de su descarga final.
Séptimo. Cabe mencionar que este río fue rectificado en su cauce original, desviándolo hacia el río Magdalena y finalmente a la presa Anzaldo, por lo que es necesario considerarlo en función de una visión integral de rehabilitación que incluya esta última infraestructura.
Octavo. La mayor problemática en el área de estudio son las descargas de aguas negras a cielo abierto en barrancas y ríos y los asentamientos irregulares sobre suelo de conservación.
Noveno. Para atender esta problemática, el Gobierno del Distrito Federal ha elaborado el Programa de Rescate Integral de de los Ríos Magdalena y Eslava. Dicho programa se fundamenta en una visión integral y con un horizonte de largo plazo, y define las acciones a llevar a cabo hasta el año 2012. El plan tiene contemplado más de 500 acciones, entre las que incluye la regeneración ecológica de zonas urbanas (parques lineales) la sustitución de más de 16 mil metros cúbicos de agua potable a través de la construcción de tres plantas de tratamiento y la aportación de 19 hectáreas de áreas verdes a las delegaciones Magdalena Contreras, Tlalpan, Álvaro Obregón y Coyoacán. Una primera evaluación identifica requerimientos de inversión por 460 millones de pesos para el cumplimiento del programa y rescatar ambas cuencas.
Décimo. A la fecha el Gobierno del Distrito Federal ha destinado un presupuesto importante en el tema, sin embargo se considera necesario la cooperación del gobierno federal para fortalecer con recursos el Programa de Rescate Integral de de los Ríos Magdalena y Eslava, ya que incluso existen zonas federales y el problema rebasa el ámbito meramente local por el tamaño de las inversiones. De tal forma, que solicitamos se cuente en el año 2010 con cuando menos una tercera parte de los recursos presupuestales requeridos, y así se pueda cumplir el mencionado rescate para el año 2012.
Undécimo. De no ser así, por un lado, se corre el riesgo de que continúe el deterioro en las cuencas de estos ríos, aumentando las condiciones de riesgo, como son las inundaciones y disminución de las recargas, llegando a ser los daños ambientales irreversibles, si no se atiende de manera urgente la problemática ya mencionada, destinando los recursos requeridos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados considere, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, recursos por la cantidad de 150 millones de pesos para el Programa de Rescate Integral de los Ríos Magdalena y Eslava del Distrito Federal.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados a los 27 días del mes de octubre del año 2009.
Diputada Maria Araceli Vázquez Camacho (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA IMPLANTAR LA REFORMA DEL SISTEMA
DE JUSTICIA PENAL, A CARGO DE LA DIPUTADA ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La que suscribe, Alma Carolina Viggiano Austria, diputada federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite proponer el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. El 18 de junio de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115, y la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La citada reforma constitucional tiene como objeto transformar de forma radical, el sistema de seguridad y justicia penal, es decir, pasar de un sistema mixto a uno adversarial.
Ello se traduce en una urgente agenda de acciones orientadas a reinventar métodos, procesos, formas, conductas y hasta actores de la justicia penal de México.
De lo que se trata es de concretar la transformación institucional, organizacional y profesional con los medios adecuados. Por ello, es necesario tener en cuenta que el Estado debe tener la claridad para asignar los recursos económicos necesarios para la contratación de nuevo personal, para su capacitación, para la construcción de nueva infraestructura y para el equipamiento de este nuevo sistema de justicia penal.
Segunda. El artículo segundo transitorio del decreto publicado el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, concede un plazo de ocho años para la adecuación de la legislación secundaria a efecto de que el nuevo sistema penal sea incorporado en los Estados de la República, así como en el Distrito Federal; publicación que apareció bajo el siguiente tenor literal:
"Artículo Segundo transitorio. El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto. (…)"
Tercera. Atendiendo a la necesidad de la creaciónde una instancia para llevar a cabo la coordinación nacional para implementar la precitada reforma constitucional, mediante decreto de fecha 30 de octubre de 2008 fue creado el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
Cuarta. El artículo octavo transitorio del decreto publicado el 18 de de junio de 2008 a que se ha hecho referencia en párrafos precedentes, deposita en el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y el órgano legislativo del Distrito Federal, la obligación de destinar los recursos necesarios para la reforma del sistema de justicia penal:
Dentro del Ramo 04 del proyecto en mención se propone un monto de $577’148,687 (quinientos setenta y siete millones, ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y siete pesos 00/100 m.n.)a la implementación de la reforma al sistema de justicia penal.
Del análisis funcional programático del gasto destinado para los rubros previamente señalados, que será ejercido a través de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, se revela que el presupuesto contemplado para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, será aplicado en su totalidad a gasto corriente, y no se prevé monto alguno a gastos de infraestructura, equipamiento y capacitación, como lo exige la propia reforma en el citado artículo 8o. transitorio.
Sexta. De acuerdo con los cálculos realizados por especialistas en la materia, se estima que la implementación del nuevo sistema de justicia penal en México, requiere un gasto de inversión que oscila alrededor de los 400 millones de dólares, que equivalen a poco más de 5 mil 160 millones de pesos, los que divididos entre los ocho años constitucionalmente conferidos a la implementación del la reforma al sistema de justicia penal, equivalen a 645 millones de pesos anuales, cabe aclarar que en virtud de su temporalidad no se volverá un rubro irreductible en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Habiendo transcurrido más de un año del plazo conferido para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, sin presupuesto para dicho objetivo, debe tomarse en cuenta que el monto de referencia debe dividirse entre los siete ejercicios fiscales que restan en los que deberá asignarse presupuesto al rubro denominado Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, dando un total anual de $737,142,857.14 (setecientos treinta y siete millones ciento cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y siete pesos con catorce centavos) anualmente.
En ese contexto, no debe perderse de vista que tales estimaciones se refieren exclusivamente a gastos de inversión anual, razón por la que resulta inadecuado considerar que los $577,148,687.00 (quinientos setenta y siete millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y siete pesos 00/100 m.n.) asignados al rubro referente a la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, sean aplicados únicamente a gasto corriente, dejando de lado las necesidades de inversión que la reforma requiere para su viabilidad.
En consecuencia se propone a esta soberanía incrementar el monto asignado a la implementación de la de la Reforma al Sistema de Justicia Penal de tal forma que $737,142,857.14 (setecientos treinta y siete millones ciento cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y siete pesos con catorce centavos) sean designados a gasto de inversión a efecto de convertir el proceso de implementación de la reforma penal, en una auténtica inversión con perspectiva de política pública que beneficie a los justiciables.
Séptima. Tal como lo señala el artículo 8º del Decreto de fecha 13 de octubre de 2008 publicado en el Diario Oficial de la Federación por el que se crea el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, las facultades de dicho consejo son administrativas, de evaluación, de análisis, difusión y de orientación de políticas y programas
A efecto de determinar el monto que debe asignarse para gasto corriente, se propone que esta Soberanía, a través de la Comisión de Justicia, requiera a la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, para que defina sus programas, metas, montos y requerimientos que aplicará para el cumplimiento de las funciones que le fueron conferidas y presente un esquema de gasto programático, lo que permitirá eficientar los recursos y garantizar que la justicia, como bien público, tenga previstos los medios económicos, tecnológicos y humanos que la reforma en materia penal requiere.
Octava. Para garantizar la eficiencia, transparencia y viabilidad del nuevo Sistema de Justicia Penal, deben establecerse con clarisas las reglas y acotar los márgenes de discrecionalidad en la planeación y ejecución de los programas. En consecuencia, es indispensable que en el texto del Decreto por el que se emita el Presupuesto de Egresos de la Federación, el rubro denominado Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal dentro del ramo 04, señalé de manera precisa los montos que serán designados a gastos de operación y de inversión, respectivamente; con toda puntualidad y claridad.
En suma, es indispensable que esta reforma sea asumida como una política de estado desde una concepción integral de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia. De nada sirven las acciones y recursos destinados al combate de la delincuencia, si no concebimos la seguridad, la prevención, procuración e impartición de justicia como un todo.
México vive tiempos difíciles, demanda de sus instituciones metas claras y medios para lograrlo, no olvidemos que la certeza jurídica, la legitimidad de nuestras instituciones son factores fundamentales para mantener la gobernabilidad en nuestro país. Un sistema de justicia penal fundado en la confianza ciudadana es la mejor garantía para tener seguridad personal y en el patrimonio, así como un real Estado de Derecho que promueva la inversión para el desarrollo que México requiere.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración del Congreso de la Unión la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Primero. Que sea incrementado el monto asignado dentro del ramo 04 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, referente al rubro denominado Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal.
Segundo. Que a efecto de determinar el monto designado para gasto de corriente, este cuerpo colegiado requiera a la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, para que defina las políticas, planes y programas que aplicará para el cumplimiento de las funciones que le fueron conferidas y presente un esquema de gasto programático que permita eficientar los recursos que le serán otorgados.
Tercero. A efecto de que desde su inicio, la aplicación de los recursos destinados a la implementación del Sistema de Justicia Penal, debe tener reglas claras, razón por la que deben acotarse los márgenes de discrecionalidad en la planeación y ejecución de los programas enfocados al nuevo sistema penal. En consecuencia, es indispensable que en el texto del decreto por el que se emita el Presupuesto de Egresos de la Federación, el rubro denominado Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal dentro del Ramo 04, señalé de manera precisa los montos que serán designados a gastos de operación y de inversión.
Solicito que el presente punto de acuerdo sea turnado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Justicia.
Diputada Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA LOS PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL EN EL
DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA LETICIA ROBLES COLÍN, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Leticia Robles Colín, diputada secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos, en nombre propio y de los diputados del Distrito Federal integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que derivado de los recurrentes ajustes financieros en la economía nacional en 2009, y el Distrito Federal es una de las entidades más afectadas para llevar a cabo acciones tendientes a las actividades que favorecen a los núcleos poblacionales más expuestos como lo son los pobladores rurales e indígenas.
Que la zona rural del Distrito Federal requiere de apoyos para mejorar la infraestructura agropecuaria disponible y reactivar la economía rural en beneficio de la población, para este caso, de la zona del Teuhtli en las delegaciones Xochimilco y Milpa Alta.
Que se requiere de la intensificación productiva del área agrícola en la zona del Teuhtli correspondiente a San Gregorio Atlapulco y San Pedro Atocpan, mediante el uso eficiente del agua residual de la planta de tratamiento San Pedro Atocpan, Milpa Alta.
Que es necesario establecer la infraestructura requerida para el uso eficiente del agua proveniente de dicha planta para lograr un óptimo aprovechamiento agrícola, como lo es el riego agrícola tecnificado (sistema de riego por goteo) a través de una red de distribución con línea principal, depósitos secundarios, líneas laterales (secundarias) y ramales (líneas de riego) a pie de parcela (unidad de producción).
Que para la zona en comento es necesario reactivar áreas de producción agrícola extensiva con régimen de temporal a régimen de riego induciendo esquemas de producción intensiva utilizando tecnología sustentable
Que desde 2007 se han venido invirtiendo recursos provenientes del Programa de Infraestructura Hidroagrícola que consiste en la construcción, rehabilitación, complementación, ampliación, modernización y tecnificación de la infraestructura hidroagrícola. Durante 2007 se invirtieron recursos por 7.4 millones para la obra modernización del riego de los ejidos Ixtayopan, Mixquic, Tláhuac y Tulyehualco 1ra. Etapa, en las Delegaciones Xochimilco y Tláhuac, en beneficio de 608 personas. En 2008 los recursos se invirtieron para continuar la Obra de Modernización primera etapa, mientras que para el 2009 el escaso flujo de recursos se ha destinado para concluir apenas esa primera etapa.
Que todas las obras en comento son de continuidad por lo que se cuenta con la validación técnica del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Conagua.
Por todo lo expuesto y fundado sometemos a consideración de Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, se considere establecer en los anexos del decreto de Presupuesto un monto de 29 millones de pesos destinados al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, vertiente "Infraestructura", programa "Infraestructura en el medio rural", Ramo 16, "Medio Ambiente y Recursos Naturales", componente "Infraestructura hidroagrícola", entidad: Distrito Federal, en los siguientes proyectos:
2) Modernización de riego agrícola ejidos Ixtayopan, Mixquic, Tláhuac y Tulyehualco.
Diputada Leticia Robles Colín (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CREAR UN FONDO ECONÓMICO DESTINADO
A PROTECCIÓN CIVIL EN EL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Nazario Norberto Sánchez, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que suscriben el presente documento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, 58,59 y 60 del Reglamento de Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el planteamiento que contiene la siguiente propuesta con punto de acuerdo para que dentro del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al ejercicio fiscal de 2010, se consideren los recursos necesarios para que a través de la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal se realicen trabajos y obras con la finalidad de salvaguardar la integridad de los habitantes del Distrito Federal que se encuentran en peligro inminente de desastres naturales debido a las condiciones climatológicas de los pasados meses y que el próximo año se repetirán sin lugar a dudas.
Antecedentes
1. Que en meses pasados se presentaron lamentables desastres naturales debido a las lluvias en el estado de México y en el Distrito Federal, sumando lo inoperante que resulta ser el sistema de drenaje de la ciudad, las numerosas zonas de alto riesgo que requieren de manera inmediata obras y acciones inmediatas y la implantación de programas de protección civil, han despertado la preocupación de jefes delegacionales y diputados locales del Distrito Federal, ya que son urgentes los trabajos en materia de prevención de desastres naturales para poder salvaguardar la vida de los ciudadanos que habitan la Gustavo A Madero, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Iztapalapa y Tlahuac.
2. Que existen instancias federales dependientes de la Secretaría de Gobernación que se encargan de destinar recursos para ayudar a víctimas de desastres naturales tal como lo es el Fonden; sin embargo es poco sabido que existe también el Fopreden, que es el fondo para la prevención de desastres naturales; por lo que consideramos que es más conveniente prevenir que lamentar, por lo que en ese tenor es necesario la creación de un fondo económico para destinarlo a la prevención de desastres naturales.
3. Que el mencionado Fondo de Prevención de Desastres Naturales tiene como finalidad proporcionar recursos tanto a las dependencias y entidades de la administración pública federal, como a las entidades federativas, destinados a la realización de acciones y mecanismos tendientes a reducir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo originados por fenómenos naturales sobre la vida y bienes de la población, los servicios públicos y el medio ambiente.
4. La existencia de este fondo no sustituye la responsabilidad que corresponde a los tres órdenes de gobierno, para prever en sus respectivos presupuestos, recursos destinados a la realización de acciones preventivas, considerando entre las líneas generales de acción lo siguiente:
• Fomentar la corresponsabilidad, coordinación
y comunicación de los tres ámbitos de gobierno, sector social,
privado y la población en general.
• Fortalecer la investigación aplicada para desarrollar
o mejorar tecnologías para mitigar los riesgos.
• Implantar una política y cultura de la autoprotección.
6. Que integrantes del Grupo Parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal han realizado números esfuerzos para que se destinen recursos económicos del presupuesto de la ciudad lo cual resulta insuficiente en razón del tamaño de la problemática y la complejidad de los pendientes en materia de protección civil en el Distrito Federal.
7. De tal forma que resulta procedente impulsar y dotar de mayores recursos económicos a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal por medio de recursos que destine el fondo para la prevención de desastres naturales a nivel federal y esta a su vez de manera coordinada con las 16 demarcaciones realicen las acciones pertinentes para la prevención de los propios desastres naturales que acechan a la ciudad de México en los años recientes.
Exposición de Motivos
Se propone punto de acuerdo para solicitar la creación de un fondo económico para protección civil en el Distrito Federal, a efecto de prevenir y salvaguardar a la población de los posibles desastres naturales a causa de las lluvias y problemas de drenaje en la ciudad; asimismo el Distrito Federal presenta complejos problemas de protección civil, relacionados con fallas sismológicas, minas, zonas de deslave, barrancas, probables desbordamientos de ríos y presas, los cuales año con año se ven a límite de su capacidad siendo un peligro latente para la habitantes del Distrito Federal.
Como es bien sabido, en pasados meses los problemas de inundaciones, desbordamiento de presas en las zonas aledañas al Distrito Federal pusieron en peligro la vida de habitantes de la Ciudad de México y del estado de México, tal como lo fue el lamentable caso de Valle Dorado en el municipio de Tlalnepantla de Baz.
A pesar de que en el Distrito Federal no se presento una tragedia de tales dimensiones a la antes referida; por la oportuna intervención del personal de la Secretaría de Protección Civil del DF; los diputados federales, locales y jefes delegacionales en nuestra calidad de representantes populares del Distrito Federal estamos obligados a solicitar un fondo económico para que con tiempo se empiecen a tomar las medidas necesarias para que en la próxima temporada de lluvias; se eviten hechos que lamentar; no esperar a que se corra con la lamentable suerte de los habitantes de Valle Dorado y de las zonas altas de la delegación Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y otras delegaciones del Distrito Federal y municipios de colindantes pertenecientes al estado de México que padecieron sobremanera los estragos de las lluvias.
En este orden de ideas es de recordar que las delegaciones Gustavo A Madero y Azcapotzalco colindan con el estado de México, donde se encuentra el Rio de los Remedios, el cual estuvo a punto de desbordarse en los pasados meses; es urgente y necesario estar preparados ante tales contingencias y no tener que atender el problema una vez que ya haya afectado a miles de ciudadanos.
Es de mencionar que expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México han realizado diversos estudios, los cuales concluyen que la próxima temporada de lluvias será igual o incluso más severa que la de 2009. Lo cual significa que las inundaciones, desbordamiento de ríos o presas se vuelven prácticamente predecibles, ante tal circunstancia es urgente trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Distrito Federal, en lo particular con las demarcaciones y la Secretaría de Protección Civil, sin escatimar recursos, pero también siendo cuidadosos de no afectar el propio presupuesto del gobierno de la ciudad en esta materia el cual resultara insuficiente ante las inclemencias del tiempo.
Reiterando la necesidad de prevención y no de solución una vez que el desastre natural tiene verificativo, es urgente realizar trabajos y acciones de parte de las delegaciones políticas con el recurso federal que sea bajado a través de la Secretaria de Protección Civil del Distrito Federal; optimizando y ejerciendo de manera adecuada y transparente los dineros públicos a favor de los habitantes del Distrito Federal.
Dicho fondo económico debe cubrir las necesidades de una ciudad que para algunos es la ciudad más grande del mundo y por lo tanto sus problemas son sumamente complejos, por lo que debe considerarse sean destinados alrededor de 600 millones de pesos.
Recursos que podrán ser asignados a demarcaciones como Gustavo A Madero, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Tlalpan, Magdalena Contreras, Iztapalapa y Tlahuac, entre otras; las cuales son focos rojos en materia de protección civil, proporcionalmente al numero de habitantes y tipo de problemática de cada uno de estos.
Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, 56, 58, 59 y 60 del Reglamento para el gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a consideración de esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Único. Los grupos parlamentarios representados en la honorable Cámara de Diputados acuerdan que la Comisión de Presupuesto y cuenta Publica, al elaborar dictamen a la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, incluya una partida con los recursos económicos necesarios para que sea asignado atreves del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales y que a su vez sea ejercido por la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, con la finalidad de realizar acciones para salvaguardar la integridad física de los habitantes de la Ciudad de México y en particular en las delegaciones que tienen zonas de alto riesgo en materia de protección civil.
Salón de sesiones, a 27 de octubre de 2009.
Diputado Nazario Norberto Sánchez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO PARA LA ZONA
METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO AVELINO
MÉNDEZ RANGEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado Avelino Méndez Rangel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante esta XLI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, destaca que en 2008, ocho entidades concentraron poco más de la mitad de la población total de nuestra nación al contabilizar 57.2 millones de habitantes, que se distribuyen de la siguiente manera: en el estado de México, 14.6 millones; en el Distrito Federal, 8.8 millones; en Veracruz de Ignacio de la Llave, 7.3 millones; en Jalisco, 7 millones; en Puebla, 5.6 millones; en Guanajuato, 5 millones; en Chiapas, 4.5 millones y en Nuevo León, 4.4 millones. Así también, las cinco zonas metropolitanas con mayor concentración de habitantes son: la del valle de México que aporta un volumen de población de 19.2 millones, seguida por las de Guadalajara, 4.1 millones y Monterrey, 3.7 millones, le siguen la de Puebla-Tlaxcala, 2.5 millones y la de Toluca con 1.6 millones.
Según la información del Inegi, nueve municipios y dos delegaciones registran, cada uno, más de un millón de residentes: la delegación Iztapalapa (en el Distrito Federal) concentra 1.8 millones de personas, casi la misma población que registra el estado de Yucatán, los municipios de Guadalajara en Jalisco o Ecatepec de Morelos en el estado de México, que tienen 1.6 millones de habitantes cada uno.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 122, Apartado G, establece que para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí, y de estas con la federación y el Distrito Federal, en la planeación y ejecución de acciones, en las zonas conurbadas limítrofes con el Distrito Federal, de acuerdo con la fracción VI del artículo 115 constitucional, sus respectivos gobiernos podrán suscribir convenios para la creación de comisiones metropolitanas, en las que concurran y participen con apego a sus leyes.
Asimismo, se establece que las comisiones serán constituidas por el acuerdo conjunto de los participantes y que en el instrumento de creación se determinará la forma de integración, estructura y funciones. A través de las comisiones se establecerán, entre otras normas, las bases para la regulación conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas, prestación de servicios y realización de acciones que acuerden los integrantes de las comisiones.
Ante la necesidad de atender y resolver en el corto y mediano plazos, en forma armónica, conjunta y coordinada, la problemática común de la zona metropolitana del valle de México, integrada por el Distrito Federal y los municipios conurbados de los estados de México e Hidalgo, sus autoridades han suscrito, con la participación del Ejecutivo Federal, diferentes convenios constitutivos de comisiones, en las materias, con los representantes y las fechas siguientes:
El 13 de marzo de 1998, se firmó el convenio por virtud del cual se creó por los gobiernos del estado de México y del Distrito Federal, la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, como primera instancia de coordinación bilateral para fortalecer la colaboración en áreas de interés común, a fin de definir y atender los temas de la agenda metropolitana con acciones conjuntas acordadas por ambos gobiernos, en estricto apego a las disposiciones jurídicas de cada entidad.
Mientras que con fecha 4 de agosto de 1998, la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, en sesión plenaria, adoptó entre otros acuerdos, el de impulsar la creación del "Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México". En fecha 7 de octubre de 2005, se firmó entre los gobiernos federal, del Distrito Federal y del estado de México, el Convenio de la Reinstalación de la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, como un compromiso de dichos órdenes de gobierno para trabajar en la eliminación de los rezagos en materia de transporte, agua potable, seguridad pública y justicia, entre otros.
El 22 de diciembre de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, en el cual se autorizó dentro del ramo 23 "Previsiones salariales y económicas", recursos por un monto de mil millones de pesos para el "Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México".
La LIV Legislatura del estado de México, aprobó el 27 de diciembre de 2005 la Ley de Ingresos del estado de México para el Ejercicio Fiscal de 2006, en cuyo artículo 20 se autoriza al titular del Ejecutivo estatal para que por conducto de la Secretaría de Finanzas constituya un fideicomiso para dar cumplimiento a los compromisos a cargo del gobierno del estado de México en el marco de la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana.
Mientras que el 20 de febrero de 2006, se firmó el contrato por el cuál se constituyó el fideicomiso "Para el Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México", el cual tiene por objeto conjuntar esfuerzos y recursos económicos necesarios para la atención de problemas de la zona metropolitana del valle de México, de los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México.
Por otra parte, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales desde 2006, se asignaron recursos para el Fondo Metropolitano del Valle de México. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, se integraron al anexo 12, Programas del ramo 23, provisiones salariales y económicas, Fondos Metropolitanos, zona metropolitana del valle de México (Distrito Federal, Hidalgo y México) por la cantidad de 3 mil 300 millones de pesos (tres mil trescientos millones de pesos moneda nacional.) (Diario Oficial de la Federación, 28 de noviembre de 2008).
De manera que el Fondo Metropolitano tiene por misión financiar la ejecución de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento, que:
Coadyuven a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgo por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica; e
Incentiven la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.
En marzo del 2008, la SHCP publicó en el Diario Oficial las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano donde se identifica la zona metropolitana como: al conjunto de dos o más municipios, demarcaciones territoriales o asentamientos humanos en los que se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio o demarcación que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica.
Adicionalmente, se considera como zona metropolitana:
Aquéllos con ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con ciudades de Estados Unidos de América.
Además, el artículo indica que se deberá llevar a cabo el registro, control, rendición de cuentas y transparencia en cada una de las cuentas productivas que se establezcan para identificar las diferentes fuentes de financiamiento consideradas en el fideicomiso.
El artículo 42 del proyecto de Presupuesto de 2010 establece que los recursos del Fondo Metropolitano se destinarán prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento que deberán ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.
En ese contexto, solicitamos respetuosamente a esta soberanía la aprobación de 6 mil millones de pesos (seis mil millones de pesos moneda nacional) para la zona metropolitana del valle de México, en el marco de los Fondos Metropolitanos, zona metropolitana del valle de México (Distrito Federal, Hidalgo y México).
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. El Congreso de la Unión acuerda la aprobación de 6 mil millones de pesos para el Distrito Federal, en el marco de los Fondos Metropolitanos, zona metropolitana del valle de México (Distrito Federal, Hidalgo y México) y que dichos fondos se aporten dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 27 de octubre de 2009.
Diputado Avelino Méndez Rangel (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA PROSEGUIR LA CONSTRUCCIÓN DE LA
CUARTA UNIDAD ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA,
EN CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA ARACELI
VÁZQUEZ CAMACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
María Araceli Vázquez Camacho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno propuesta con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 recursos por 696 millones de pesos para la continuidad de la construcción de la cuarta unidad académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, en Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal al tenor de las siguientes
Consideraciones
Cuajimalpa de Morelos es una de las 16 demarcaciones territoriales del Distrito Federal más atrasada en el rubro educativo. El 80 por ciento de su población no cuenta con estudios superiores.
La demanda educativa en Cuajimalpa es preocupante toda vez que colinda con delegaciones como Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo, así como con los municipios de Huixquilucan, Naucalpan, Lerma y Ocoyoacac, México.
En Cuajimalpa no hay ninguna institución pública de educación superior. Únicamente se encuentran la Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey, que debido a lo oneroso que resulta ingresar y permanecer en ellas, los jóvenes cuajimalpenses de clase baja y media no tienen la mínima posibilidad de ingresar a este tipo de educación privada.
Por ello es de reconocer la iniciativa del rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, doctor José Lema Labadie, por acercar servicios de educación superior a esta zona de la metrópoli, ya que con esta iniciativa se verán beneficiados no sólo los jóvenes cuajimalpenses, sino también jóvenes de otras delegaciones y municipios circunvecinos.
El 5 de noviembre de 2004, el Gobierno del Distrito Federal mediante contrato de donación, transmitió a la Universidad Autónoma Metropolitana la propiedad de un terreno con una superficie aproximada de 35 mil metros cuadrados localizado en el desarrollo urbano de Santa Fe en Cuajimalpa de Morelos. Con la autorización del patronato de la Universidad Autónoma Metropolitana y de autoridades federales, se obtuvo un terreno de aproximadamente 126 mil metros cuadrados. Estos dos predios, que se incorporaron al patrimonio de la Metropolitana, se encuentran aproximadamente a 700 metros uno del otro.
A finales de 2004 mediante la firma de un convenio entre la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Autónoma Metropolitana, se formalizó con la aprobación de una partida específica inicial para inversión y operación de este proyecto; en dicho convenio se expresó la voluntad para apoyar financieramente las necesidades del nuevo centro universitario durante los años subsecuentes. De esta forma y una vez que la cuarta Unidad Académica de la UAM-Cuajimalpa se encuentra sustentada en términos materiales y financieros, se previó iniciara sus actividades en septiembre de 2005 con 200 alumnos.
Así se estableció un edificio provisional, designando a la doctora Magdalena Fresán Orozco como primera rectora de la Unidad Cuajimalpa de la UAM, en fecha 1 de junio de 2005. El 4 de junio de 2009 se designó al doctor Arturo Rojo Domínguez como segundo rector de dicha universidad.
Esta casa de estudios podrá contar ahora con cuatro planteles en cada uno de los puntos cardinales de la Zona Metropolitana del Valle de México: norte (Azcapotzalco), sur (Xochimilco), oriente (Iztapalapa) y poniente (Cuajimalpa).
De este modo, los legisladores debemos apoyar todas las acciones encaminadas a beneficiar a nuestros representados. El caso de este plantel educativo tendrá influencia no sólo en Cuajimalpa, sino en toda la región poniente del valle de México, la cual contaba hacia 2000 con una población en edad de estudiar el nivel superior (19-23 años) cercana a 260 mil jóvenes, cuya mayoría se sitúa en un nivel socioeconómico bajo y medio. Este nuevo plantel significa para muchos jóvenes, mujeres y hombres, la oportunidad de formarse en una institución de educación superior pública gratuita y de calidad, sin verse en la necesidad de inscribirse y trasladarse a instituciones localizadas en otros puntos de la ciudad, lo que implica invertir tiempo, ya que por ejemplo trasladarse de Cuajimalpa hacia Ciudad Universitaria o hacia Zacatenco significa perder de dos o tres horas de transporte entre ida y vuelta.
En Cuajimalpa surgieron voces opositoras a la construcción de la cuarta unidad académica de la UAM. Vecinos de la zona temen que la construcción del plantel educativo tenga repercusiones ambientales.
En este proceso, autoridades y sociedad hemos compartido la preocupación de todos lo vecinos de Cuajimalpa que históricamente han luchado por la conservación de bosques y áreas verdes de la demarcación. Autoridades de la UAM y del Gobierno del Distrito Federal han afirmado que no se derribará un solo árbol. Por el contrario, se pondrá en marcha un proyecto ambiental integral para mejorar las condiciones ambientales de El Encinal y el resto de los bosques de Cuajimalpa.
Una institución de esa magnitud, ayudará a lograr un mejor aprovechamiento y recuperación de los recursos naturales de esta zona, a través de sus investigaciones y proyectos.
Las universidades públicas nos han demostrado con hechos su vocación de servicio por nuestro país. La UAM con sus treinta años de operación ha contribuido grandiosamente en los campos de la educación superior, de la investigación científica y humanística; de la preservación y difusión de la cultura y siempre ha estado vinculada estrechamente con la problemática científica, económica, social y ambiental del país.
La nueva unidad académica de la UAM, a partir de las oportunidades que presenta el poniente de la zona metropolitana del valle de México, considera entre sus líneas institucionales de investigación la denominada "sociedad y recursos naturales", donde se plantean como ejes de trabajo la conservación del ambiente, las nuevas tecnologías para la recuperación y la conservación de los recursos naturales, y el manejo apropiado del agua y de la energía, entre otros.
El objetivo académico de la UAM se centra en formar profesionistas y científicos comprometidos éticamente en el ejercicio profesional, en su comportamiento como ciudadanos y en el manejo de los recursos naturales.
Viendo los beneficios que trae aparejada la construcción de la UAM Cuajimalpa, también se debe hacer una revisión del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2010, en virtud de que los recursos asignados para instituciones de educación superior pública decreció notablemente y perjudica a un sector de la población con la edad y los requisitos para acceder a ella.
Los ramos 11, "Educación pública", y 25, "Previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnológica y de adultos", y la parte correspondiente al ramo 33, "Aportaciones federales para entidades federativas y municipios", incluyen los recursos educativos del país.
Los recursos correspondientes al ramo 11 se reducen en 2010 en 2.25 por ciento respecto a 2009, los correspondientes al ramo 25 en 12.10 por ciento y los recursos correspondientes al ramo 33 crecen en 6.34 por ciento, lo que representa un crecimiento global del 0.88 por ciento.
Sin embargo, como se expresa en los Criterios Generales de Política Económica para 2010, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el anexo B.1, "Marco macroeconómico, 2009-2010", se espera que el deflactor del PIB, sea de 4.8 por ciento.
Esto significa que la reducción en el ramo 11 se reduce en 7.05 por ciento, el ramo 25 en 16.9 por ciento, mientras que el ramo 33 crece en 1.54 por ciento; lo que implica que el total de recursos destinados a la educación por medio de los ramos educativos decrece en 3.92 por ciento.
Este decrecimiento en los ramos educativos violenta lo dispuesto en el artículo 3 constitucional, la Ley General de Educación y la Ley de Coordinación Fiscal en su parte educativa; al incumplir con la obligación que tiene el Estado de destinar recursos crecientes a la educación en todos sus niveles para alcanzar un presupuesto equivalente a 8 por ciento del PIB.
Las universidades federales tienen un presupuesto que decreció en comparación con el de 2009. En el caso de la UAM se redujo de 4 mil 465.9 millones de pesos a 4 mil 237.4 asignados para 2010, lo que significa un decremento de 228.4 millones de pesos; es decir, una disminución de 5.11 por ciento nominal y real de 8.1 por ciento.
Las anteriores cifras presupuestales son el triste reflejo de la política educativa en el país, donde millones de jóvenes que quieren continuar su preparación académica tienen que truncarla por falta de recursos y oportunidades. Las cifras que año con año estiman la UNAM, la UAM y el IPN, de alumnos rechazados asciende a más menos 200 mil en este año 2009, mismos que NO tendrán la posibilidad real e inmediata de continuar sus estudios. Si hoy los gastos excesivos y de dispendio de recursos públicos en ramos como el de Presidencia de la República fueran evitados, otra situación mas optima prevalecería en la definición presupuestaria de la política educativa.
La construcción de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Cuajimalpa de Morelos traerá consigo el beneficio educativo a toda la población juvenil en Cuajimalpa y zonas aledañas, y con eso contribuir a que los alumnos que han sido rechazados de otras universidades públicas logren acceso a la educación que les corresponde.
Por lo expuesto y fundando, someto a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión de Educación Publica y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados a que en el marco de sus atribuciones y de su agenda de trabajo, impulse la continuidad de la construcción de la cuarta unidad académica de la Universidad Autónoma Metropolitana en Cuajimalpa de Morelos.
Segundo. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que en el proceso de revisión, discusión, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, considere una partida presupuestal por 500 millones de pesos para la continuidad de la construcción de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Cuajimalpa de Morelos.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 27 de octubre de 2009.
Diputada María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA EL RESCATE DE LOS RÍOS MAGDALENA
Y ESLAVA, A CARGO DE LA DIPUTADA LETICIA QUEZADA CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
La que suscribe, Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los integrantes de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de la XLI Legislatura, a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2010 una partida dirigida al rescate de los ríos Magdalena y Eslava.
Antecedentes
I. El río Magdalena, de aproximadamente 20 kilómetros de longitud, se localiza al surponiente del Distrito Federal y es el escurrimiento con mejor estado de conservación de la entidad, su flujo es permanente y alcanza un promedio de 1 m3/s con picos, en temporada de lluvias, de hasta 20 m3/s, sin embargo, solamente una quinta parte del caudal se aprovecha y el resto se desperdicia vía el sistema de drenaje capitalino. Lo anterior impacta principalmente La Magdalena Contreras, que teniendo la posibilidad de autoabastecerse no lo logra y debe utilizar agua proveniente del río Lerma y Cutzamala.
Gran parte de su cuenca está localizada en zona de reserva ecológica, pero una amplia superficie de la misma se encuentra en proceso de avanzada deforestación y degradación ambiental. La zona es frecuentemente invadida y la mancha urbana amenaza con extenderse sobre la misma. Si bien las aguas río arriba se encuentran limpias, presenta severa contaminación en sus partes media y baja, debido a numerosas e indebidas descargas de aguas residuales y depósitos de basura a lo largo de su cauce".1
II. Las múltiples e intensas presiones sobre la cuenca y el cauce del río Magdalena, comprometen su sobre vivencia según se ha detallado en estudios realizados por especialistas. De ahí los esfuerzos por el gobierno de la ciudad para lograr su plena rehabilitación, que como se ha señalado, es todavía posible.
En ese sentido, "su rescate implica salvar, para las generaciones futuras, un muy importante patrimonio natural, que puede aportarle a la Ciudad de México un caudal significativo de agua y, a la vez, prestarle notables servicios ambientales, al hacer posible disponer de amplias zonas verdes de gran potencial turístico y también productivo. El río corre a lo largo de cuatro delegaciones del Distrito Federal (sobre todo por La Magdalena Contreras), catorce colonias y cinco núcleos agrarios; de ahí también su gran importancia socioeconómica".2
III. De conformidad con lo señalado por la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, el programa de salvamento de los ríos Magdalena y Eslava será integral y, por tanto, a largo plazo, y definirá las acciones a llevar a cabo hasta 2012, para lo cual en septiembre de 2007 se inició la primera etapa, que concluyó en junio de 2008, con una asignación presupuestal para este ejercicio de 43 millones de pesos, una vez terminada la primera etapa del programa, en la que el plan maestro, así como los Estudios de Apoyo, arrojaron resultados que dieron un diagnóstico de la situación actual de las microcuencas; se comenzaron a priorizar las acciones para lograr un rescate integral de la zona de actuación.
Para ello se tomaron en cuenta los programas y subprogramas del plan maestro, lo que llevó a dividir las acciones del programa para 2009 en tres vertientes: acciones de conservación de la parte alta de las microcuencas, acciones de saneamiento hidráulico, y recuperación de espacios públicos.
IV. Objetivos particulares 2007-2012:
Ambientales
• Incrementar los índices de humedad de la masa
forestal por medio de la construcción de un conjunto de obras civiles
que favorezcan la recarga de los acuíferos, la retención
del agua y la disminución de la velocidad del torrente hidráulico.
• Fortalecer los programas de vigilancia y de prevención
y combate de incendios.
• Recuperación de áreas para espacios públicos.
• Revisión de la estructura de vialidades y accesos
a lo largo del cauce, a fin de reducir el efecto ambiental.
• Diseñar y aplicar medidas de contención
de la mancha urbana.
• Promover sistemas de transporte sustentable.
• Acopio e inventario de la información existente.
• Organización de encuentros, talleres, cursos,
foros, consultas ciudadanas y portal de Internet con el propósito
de impulsar la participación ciudadana en el diseño y ejecución
del proyecto.
• Diseño y realización de una campaña
de difusión sobre las características del proyecto
• Formación de un grupo promotor.
• Formar un inventario de proyectos sustentables y de
alto impacto social y socioeconómico.
• Impulso a proyectos de producción, agricultura
orgánica y actividades de bajo impacto ambiental.
• Promoción de empleos vinculados a las tareas
de rescate hídrico, ambiental y paisajístico.
• Fomentar las actividades de desarrollo social de los núcleos agrarios en las cuencas de los ríos Magdalena y Eslava.
• Proponer ecotecnias para el uso sustentable de los recursos
y la limpieza del agua.
• Fomento de actividades ecoturísticas y deportivas.
• Promover campañas de educación ambiental
y fomentar la participación ciudadana al proyecto.
I. El investigador Manuel Perló, doctor en planeación urbano-regional, quien encabeza el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad de México de la UNAM, explica: el rescate de un río "va más allá de la limpieza del agua que corre por su cauce. Es igualmente importante el aprovechamiento del agua de lluvia o pluvial, la conservación de las aguas subterráneas y el tratamiento de agua residual. Las aguas tratadas, por un lado, evitan la contaminación del río, y por otro, permiten un ahorro de agua potable, dado que se pueden emplear para regar áreas verdes, lavar vehículos y satisfacer la demanda de agua en la industria de la construcción, entre otros usos.
Por lo expuesto, me permito presentar a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los integrantes de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de la XLI Legislatura, a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2010 una partida de 100 millones de pesos dirigida al rescate de los ríos Magdalena y Eslava.
Notas
1. Información obtenida de la página de
Internet de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal.
2. Información obtenida de la página de
Internet de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS EN EL RUBRO DE SALUD, PARTICULARMENTE
PARA PREVENIR Y ATENDER EL CÁNCER CERVICOUTERINO, A CARGO DE LA
DIPUTADA LETICIA QUEZADA CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a las diputadas y a los diputados integrantes de las Comisiones de Salud, de Equidad y Género, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de esta XLI Legislatura a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2010 mayores recursos para el rubro de salud, particularmente de la prevención y atención del cáncer cérvico-uterino.
Antecedentes
1. El cáncer es un padecimiento caracterizado por el crecimiento anormal y desproporcionado de las células, que van destruyendo e invadiendo tejidos normales, alterando así la función de nuestro organismo. El cáncer cérvico-uterino es una tumoración maligna que se presenta en el cuello de la matriz. Este tipo de cáncer es totalmente prevenible, ya que se conoce el agente causal y se dispone de los procedimientos para detectarlo y acceder prácticamente a la curación.
2. De conformidad con los análisis realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se indica que desde la edad madura hasta la vejez, una de las principales causas de muerte entre las mujeres es el cáncer, principalmente los de tipo ginecológico. De acuerdo a las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2004 se registraron en México 4 mil 245 defunciones derivadas del cáncer cérvico-uterino, lo que representa el 13.5% de las defunciones por cáncer maligno.
3. Según información de la Secretaría de Salud, desde el 1 de enero de 2007 año 31 de agosto de 2009, la tasa de mortalidad acumulada por cáncer cérvico-uterino fue de 36.4 por 100 mil mujeres de 25 años y más.
4. Cuatro de cada cinco mujeres que tienen cáncer cérvico-uterino mueren por no realizarse a tiempo una prueba de papanicolau y 65 por ciento no atienden su salud sexual y reproductiva por anteponer el cuidado de la familia al suyo, informó la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar.
5. El 80% de las muertes por esa causa ocurre en los países en desarrollo, donde cada día mueren 600 mujeres por este cáncer. En Latinoamérica y el Caribe la incidencia llega al doble, y la mortalidad al triple, de la que se presenta en los países desarrollados.
En México fallecen cada año alrededor de 4,600 mujeres a causa del cáncer cérvico-uterino, con lo cual se sitúa en el séptimo lugar de América Latina en este tipo de mortalidad.
Considerando
I. Que el cáncer cérvico-uterino es un padecimiento que no distingue clases sociales, religión, ni formación educativa de la mujer que lo contrae, toda vez que los factores de riesgo para contraerlo son diversos, y entre ellos se encuentran: el inicio de las relaciones sexuales antes de los 18 años, tener algún parto antes de los 18 años, tener múltiples parejas sexuales o que la pareja sexual tenga relaciones sexuales con otras mujeres; asimismo la multiparidad, el tabaquismo, la inmunodepresión y la deficiencia vitamínica.
II. La Secretaría de Salud, de a través del Programa de Cáncer Cérvico Uterino, de septiembre de 2008 al mes de agosto de 2009 ha realizado 2,052,166 detecciones de CACU con la prueba de Papanicolaou a mujeres de 25 a 64 años de edad, efectuó 354,305 detecciones con la prueba del papiloma, de las cuales 130,000 fueron en los 125 municipios con menor índice de desarrollo humano, en estas mismas comunidades, se vacunaron a 82,598 adolescentes de 12 a 16 años de edad como parte de las acciones de la estrategia 100 x 100, instrumentó seis laboratorios regionales de biología molecular con una capacidad por laboratorio para procesa 160 mil muestras anuales de la prueba de VPH, así mismo capacitó a 1,073 y profesionales de la salud de todos los niveles involucrados en la detección, y control de este padecimiento.
III. Los esfuerzos, que ha realizado la Secretaría de Salud, no son suficientes, debemos trabajar porque a todas las adolescente de nuestro país les sea aplicada la vacuna contra el virus del papiloma humano, y que esta sea de aplicación universal, de las misma manera que todas las mujeres de 25 años y más tengan acceso a una prueba de papanicolau anualmente, o en su caso la prueba de hibridación y que cubramos no sólo el 65% de las mujeres de nuestro país, sino la totalidad de ellas, es por lo cual que desde este Órgano Legislativo, debemos etiquetar mayores recursos para prevenir y atender el cáncer cérvico-uterino, así como para exhortar, no solo al Gobierno sino para alertar a las mujeres sobre la importancia de la prevención del Cáncer de este, que sin afán de ser reiterativa, la detección oportuna es la diferencia entre la vida y la muerte.
Por lo expuesto, me permito presentar a la consideración de esta Soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las diputadas y a los diputados integrantes de las Comisiones de Salud, de Equidad y Género, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de esta XLI Legislatura a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2010 mayores recursos para el rubro de salud, particularmente de la prevención y atención del cáncer cérvico-uterino.
Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE DESTINEN MAYORES RECURSOS A LA SECRETARÍA DE SALUD PARA
PREVENIR Y ATENDER EL VIH/SIDA, A CARGO DE LA DIPUTADA LETICIA QUEZADA
CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a las y los diputados integrantes de las Comisiones de Salud, de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de de esta XLI Legislatura para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio 2010, aprueben una partida etiquetada y adicional al presupuesto de la Secretaria de Salud, destinada a la prevención y atención del VIH/sida.
Antecedentes
1. Transcurridos dos decenios de iniciada la pandemia, según datos del Consenso de Cairo, 10 años después ONU, 30 millones de personas han fallecido de sida y pese a las actividades de prevención, cada año se registran cinco millones de nuevas infecciones y prevalece el consenso en que esta pandemia está causando un retroceso en el desarrollo de las naciones.
2. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-sida (Onusida) en su Informe sobre la pandemia mundial de sida 2008, estima que en todo el mundo 33 millones de personas vivían con el VIH en 2007, que el número anual de nuevas infecciones por el VIH disminuyó de 3 millones en 2001 a 2,7 millones en 200. En total 2 millones de personas fallecieron a causa de sida en 2007, mientras que las estimaciones para 2001 fueron de 1,7 millones mientras que el porcentaje de personas que viven con el VIH se ha estabilizado a partir de 2000, el número total de personas que viven con el VIH ha ido aumentando de manera uniforme debido a las nuevas infecciones que ocurren cada año, a los tratamientos que prolongan la vida y a que las nuevas infecciones aún superan en número a los fallecimientos provocados por el sida. Las mujeres representan la mitad de las personas que viven con el VIH en todo el mundo, y más del 60 por ciento de las infecciones por el VIH en África Subsahariana. Los jóvenes entre 15 y 24 años representan el 45% estimado de las nuevas infecciones por el VIH en todo el mundo y el número de niños menores de 15 años que viven con VIH aumentó de 1.6 millones en 2001 a 2,0 millones en 2007.
3. En nuestro país el VIH/sida es una epidemia establecida, cuyo primer caso se presentó en 1983 y el primer caso en una mujer fue en 1985, para 1987 había 23 casos de hombres con sida por cada caso femenino, actualmente por cada 5 hombres infectados hay una mujer con VIH. Exceptuando las entidades de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos en donde la razón es de 3 a 1, es decir tres hombres por una mujer. Ésta es una epidemia concentrada según la categorización Programa de las Naciones Unidas contra el Sida, con 112,830 casos de sida acumulados al 30 de junio de 2007, de estos, el 96.1% obtuvo la infección por transmisión sexual, correspondiendo el 83% a hombres y el 17% mujeres, concentrándose en personas en su fase más productiva y reproductiva, es decir entre los 15 y 44 años, con el 78.7 del total de casos. Se estima que en México hay entre 182 mil a 250 mil personas que viven con el virus. La epidemia se concentra también en las principales ciudades del país, siendo el Distrito Federal la primera entidad en cuanto a número de casos con 20,709 casos. Junto con el Estado de México (que ocupa el segundo lugar con 11,849 casos) constituyen alrededor del 30 por ciento de la suma nacional. A diciembre de 2006 del total de casos, el 62.6 por ciento han sido notificados por la Secretaría de Salud, el 23.3 por ciento por el IMSS y solo el 0.5 por ciento son notificados por atención médica privada.
4. El número de personas con tratamiento antirretroviral y sin seguridad social en nuestro país es de 33 mil según datos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC, así también se estima que 38 mil personas requerirán tratamiento antirretroviral en 2010, según el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.
5. Según el Registro Nacional de Casos de Sida, nos encontramos con que 27,514 personas han sido diagnosticadas con VIH, 483 han sido diagnosticadas con VIH en 2009, se estima que existen 200 mil personas adultas con VIH hasta 2007, así como existen 130,969 casos de SIDA notificados, en 2009 se han registrado 642, en 2007 se registraron 5,151 defunciones, siendo la tasa de mortalidad en 2007 por 1oo mil habitantes el 4.8%, (Fuente SS/DGE. Registro Nacional de Casos de Sida. Datos al 31 de marzo de 2009. INEGI/SS. Registro de mortalidad 2007).
Considerando
I. El sida es un tema sumamente complejo que demanda una respuesta sin comparación de todos los sectores de la sociedad, en todo el mundo.
II. El VIH se transmite por tres vías, la más común es la sexual, a través del contacto íntimo con las secreciones corporales que puede darse durante la penetración sin protección, ya sea vaginal o anal. La segunda vía es la sanguínea, que se presenta durante las transfusiones con sangre contaminada. También se puede transmitir el VIH si se comparten jeringas o navajas o si se utilizan instrumentos quirúrgicos, odontológicos o agujas de tatuaje que no hayan sido debidamente esterilizados. Además existe la vía perinatal, de una madre portadora a su hijo durante el embarazo, parto o lactancia.
III. Que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, contempla 46.6 millones, mismos que serán destinados a prevención y atención del VIH y otras ITS, lo cual significa una gran reducción presupuestal para dar atención a este grave problema que afecta a la población mexicana, si consideramos sólo para citar un ejemplo que el presupuesto estimado para el ejercicio 2010 del Departamento de Investigación de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, para atender este problema, es de 21,346,105.76 millones de pesos, esto nos da una idea clara de la necesidad de destinar mayor presupuesto para prevenir y atender el VIH/sida, ahora bien, si comparamos esta cantidad con la aprobada para el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida, que en 2009, fue de 103,234,233 millones de pesos misma que fue menor a la aprobada para el Censida en 2008, cuando se aprobaron 167,822,192 millones de pesos.
Esto nos deja ver claramente que año con año se viene reduciendo el presupuesto que el gobierno federal, está destinando a la prevención y atención del VIH/sida, si consideramos que la disminución presupuestal de 2008 a 2009, para este rubro fue del 38.5 por ciento, y la que se está considerando de 2009 a 2010 es de 54.85 por ciento, situación que desde esta Cámara de Diputados debe cambiar, ya que como se mencionó anteriormente, esta pandemia sigue cobrando día a día, mayor número de víctimas, es por lo cual que es urgente etiquetar recursos para este rubro, con la finalidad de que todas las mujeres y hombres que viven con VIH/sida, cuenten con atención médica especializada y medicamentos gratuitos en este país.
Por lo antes expuesto, me permito presentar a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las y los diputados integrantes de las Comisiones de Salud y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de esta XLI Legislatura para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio 2010, aprueben una partida etiquetada y adicional al presupuesto de la Secretaría de Salud, destinada a la prevención y atención del VIH/sida.
Diputada Leticia Quezada Conteras (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS NUEVE PROCURADURÍAS
AMBIENTALES ESTATALES, A CARGO DE LA DIPUTADA ARACELI VÁZQUEZ CAMACHO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Maria Araceli Vázquez Camacho, diputada secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se solicita, en el marco de la revisión, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, se consideren y aprueben en el Anexo 31 Ampliaciones al sector medio ambiente y recursos naturals, recursos públicos por el orden de 63 mil 011, 315.00 millones de pesos, para el fortalecimiento de las 9 Procuradurías Ambientales Estatales, al tenor de los siguientes:
Considerandos
Primero. En México al momento, las entidades federativas en las que se han creado y puesto en operación Procuradurías Ambientales Estatales son: Aguascalientes, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Nayarit.
Segundo. Desde hace más de 3 años, por instrucciones del licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de la Comisión de Medio Ambiente de la Conago, en coordinación con la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales (ANAAE), se ha trabajado para acceder a recursos del Ramo 16, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Presupuesto de Egresos de la Federación, cumpliendo con los objetivos del plan de trabajo de esta Comisión avalada por todos los gobernadores, así como de los propios de la ANAAE.
Tercero. Que en el año 2008, los diputados federales aprobaron, una ampliación para apoyar proyectos de los gobiernos estatales, dentro de lo que se destaca la gran disposición de los integrantes de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, que llevaron al pleno esta propuesta y acordaron respaldar dichas demandas de los estados. Que se han llevado a cabo trabajos conjuntos con Semarnat, la SHCP y la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión con autoridades ambientales estatales, para lograr la integración de una sola propuesta para el apoyo de Proyectos ambientales de las entidades federativas para el año de 2010 y en donde se han logrado mecanismos de interlocución con las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Medio Ambiente, Agricultura, Desarrollo Rural y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para lograr un presupuesto que se ajuste a las necesidades en materia de procuración de justicia ambiental de los estados, entre otros.
Cuarto. Que hasta ahora y como único fin, el presupuesto asignado será destinado al diagnóstico ambiental nacional ríos, lagos, lagunas y en general cuerpos de agua, contaminados. Cuencas hidrográficas perturbadas, así como a la implementación de mecanismos para erradicar los drásticos cambios de uso de suelo, tala clandestina y contaminación difusa por excesivo uso de agroquímicos en la agricultura, por los cuales se ve afectado en gran medida nuestro medio ambiente.
Quinto. Que la gran superficie de áreas naturales protegidas de nuestro país que constituyen el patrimonio natural de los mexicanos, necesitan recursos para continuar con su conservación y protección, en los nueve estados de la República con esquemas de procuración de justicia ambiental, a través de la inspección, vigilancia y administración, ya que actualmente se trabaja en la implementación de esquemas de incentivos y estímulos ambientales, imposición de sanciones, así como reparación del daño ambiental para lograr con eficacia la procuración del cumplimiento de la normatividad ambiental y territorial.
Sexto. Que la procuración de justicia ambiental debe contar con recursos presupuestales para lograr la debida investigación, estudios, dictámenes y peritajes y la promoción de la auditoría y de la autorregulación ambientales, siendo que México contribuye con el 1.5% de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel mundial.
Séptimo. Que las nueve Procuradurías Ambientales Estatales actualmente establecidas no alcanzan a cubrir ni la tercera parte de las entidades federativas, siendo que éstas representan la autoridad ambiental más cercana a la población y con el conocimiento más próximo a la problemática ambiental y territorial en las entidades federativas y son finalmente quienes tienen facultades para recibir, atender y resolver las denuncias de la ciudadanía.
Octavo. Que con los esfuerzos conjuntos de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Medio Ambiente, Agricultura, Desarrollo Rural y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y los recursos aprobados este año, seis de las nueve procuradurías estatales lograron los proyectos planteados en la promoción del reconocimiento de la problemática ambiental y territorial, la identificación de los procesos ambientales y territoriales, el logro de consensos público-sociales para la atención de la problemática ambiental-territorial.
Noveno. Que las procuradurías en comento avanzan en materia de procuración de justicia ambiental, entendida como un trabajo con resultados equitativos, y eficientes, en el marco de un fortalecimiento jurídico institucional pues son estas procuradurías las que tiene la facultad de imponer medidas cautelares y sanciones; promover procesos voluntarios de auditoría y autorregulación, así como de conciliación de ser el caso, pues son el primer filtro en el proceso de procuración de justicia ambiental y de promoción del cumplimiento de la normatividad en la materia.
Décimo. Que las nueve Procuradurías han encontrado coincidencias y puntos de convergencia, que les han motivado para trabajar colectivamente y que tan sólo las nueve procuradurías estatales tienen presencia regulatoria en una extensión de 439,427 Km2 equivalentes al 22.4 por ciento del territorio nacional, donde se concentra el 44.3 por ciento de la población del país.
Decimoprimero. Que el resultado de los esfuerzos colectivos logró la inclusión en el Anexo 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 (PEF-2009) de los proyectos denominados: "Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental como Estrategia para la Mitigación del Cambio Climático...", aprobados para cada Procuraduría de los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán y del Distrito Federal, con recursos presupuestales del orden de los 39.85 millones de pesos que incluyen el 20 por ceinto de aportación estatal, que actualmente se desarrollan a través del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Decimosegundo. Que el presupuesto en comento se destinó para el proyecto referido en donde las Procuradurías en su momento establecerían una planeación con proyección multianual misma que quedó plasmada y oficializada ante la Semarnat, a través de los Programas Estatales de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional, con acciones y metas puntuales (PEFI 2009-2012), por lo que para este año se somete a consideración de esta H. Cámara de Diputados nuevamente la aprobación y apoyo económico en el PEF-2010, por lo que hace la consecución y consolidación del proyecto "Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental como Estrategia para la Mitigación del Cambio Climático" en su segunda etapa en el caso de las Procuradurías Ambientales Estatales de Aguascalientes, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Michoacán, así como en su Primera Etapa para las correspondientes a Coahuila, Estado de México y Nayarit, por un monto de 50.409 millones de pesos que corresponden al 80 por ciento del costo total, con el compromiso de los estados y del Distrito Federal de una aportación complementaria del 20 por ciento con recursos propios, equivalente a 12.602 millones de pesos, para hacer un gran total de 63,011 millones de pesos.
Decimotercero. Que lo anterior se expresa en las siguientes tablas para efectos de revisión en un desagregado de aportaciones y el total por gasto de inversión, por entidad federativa de enero a diciembre de 2010.
Decimocuarto. Que la aprobación y el apoyo económico a este proyecto a través de PEF-2010 permitirá a las entidades federativas que lo promueven, consolidar las acciones y metas establecidas por sus Procuradurías Ambientales Estatales en los PEFI-2009-2012 y que se iniciaron con los recursos obtenidos del Anexo 31 del PEF-2009.
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita y exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica, con opinión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de esta H. Cámara de Diputados, a que en el marco de la revisión, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, se considere y apruebe en el "Anexo 31. Ampliaciones al sector medio ambiente y recursos naturales" recursos públicos por el orden de 63 mil 011,315.00 millones de pesos, para el fortalecimiento de las 9 Procuradurías Ambientales Estatales (Aguascalientes, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Nayarit) para que cumplan eficientemente en materia de procuración de justicia ambiental apoyando las acciones que llevan a cabo las procuradurías ambientales estatales, en beneficio del país.
Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil nueve.
Diputada Maria Araceli Vázquez Camacho (rubrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR DIVERSAS OBRAS PÚBLICAS
EN TLÁHUAC, DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO
VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal Rigoberto Salgado Vázquez a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Ubicada en la zona sur-oriente del Distrito Federal y constituida administrativamente por 12 Coordinaciones Territoriales, y por 7 pueblos, la delegación de Tláhuac cuenta con más de 8.7 millones de habitantes. Abarca una superficie de 8,534.62 hectáreas, de las cuales el 34 por ciento lo constituye el suelo urbano en tanto que el 66 por ciento restante es suelo de conservación.
Es decir, en el marco de esta megalópolis que es el Distrito Federal la delegación de Tláhuac la posee una vocación eminentemente rural, aunque no deja de ser importante su aspecto urbano. En realidad la delegación enfrenta fuertes retos tanto urbanos como rurales y agrícolas.
Es por ello que entre las prioridades de trabajo de las actuales autoridades delegacionales se cuentan: la conservación del arbolado urbano existente en la demarcación; la revisión del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, con el objetivo de recuperar los usos de suelo que fueron designados a la delegación para así continuar siendo una delegación eminentemente rural; conseguir que los horticultores de la delegación puedan tener un mercado y el reto de construir el mercado de hortalizas en beneficio de todos los ejidatarios y campesinos de la delegación; la motivación de la reactivación de terrenos ociosos promoviendo la instalación de sistemas hidroagrícolas en superficies ejidal y de pequeña propiedad; e incentivar la recolecta de agua pluvial en las partes altas de la demarcación.
Con el propósito de llevar a efecto los anteriores compromisos, las autoridades delegacionales están programando una serie obras específicas entre las cuales destacan por su envergadura las siguientes:
Como bien puede desprenderse de lo antes señalado, las acciones y obras mencionadas beneficiarían sin duda a todos los habitantes de Tláhuac, sea de forma directa o indirecta impulsando sus actividades productivas, su convivencia social así como fortaleciendo la conservación de sus recursos naturales, tan valiosos al mismo tiempo para toda la Ciudad de México.
En virtud de lo anteriormente señalado, y estando seguro de la comprensión y buena disposición de las legisladoras y legisladores, propongo a esta soberanía el siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único. Se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública incluir 47 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 para que se asignen a la construcción de diversas obras públicas en la delegación Tláhuac, del Distrito Federal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputado Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE DESTINEN MAYORES RECURSOS AL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS
PRIORITARIAS EN MICHOACÁN, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR MANUEL
BÁEZ CEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito diputado federal, Víctor Manuel Báez Ceja, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática por el estado de Michoacán, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se someta a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
El Presupuesto de Egresos de la Federación, se ha constituido durante los últimos años como el principal instrumento de toda política pública, y principalmente de aquella orientada hacia el desarrollo económico y el combate a la pobreza. Por esta razón, resulta necesario consolidar una estrategia de gasto público que contemple inversión en infraestructura productiva e inversión en gasto social, que tenga como un objetivo en conjunto la reducción de los niveles de pobreza. Tal y como ha sucedido durante los últimos años en que se ha priorizado en algunas áreas del gasto social.
Se puede decir en términos generales que el presupuesto orientado al combate a la pobreza se ha dirigido hacia dos vertientes. Por un lado, se ha priorizado en la atención integral a los ciudadanos más pobres y vulnerables, y por el otro, en la superación de los desequilibrios regionales.
Y en este sentido, uno de los proyectos que mayor impacto ha tenido para el desarrollo regional es el Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), que es el resultado de la fusión de algunos otros que le antecedieron, como fueron los programas: Desarrollo Local, Microrregiones y de Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria.
Actualmente, el Programa está orientado a combatir la marginación y rezago de las localidades y municipios de muy alta y alta marginación, rezago social o alta concentración de pobreza. Asimismo, incluye a las localidades catalogadas como predominantemente indígena, y aquellas identificadas como estratégicas para el desarrollo de las regiones establecidas en la Declaratoria de ZAP (Zonas de Atención Prioritaria), que de acuerdo con el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social, "son áreas o regiones cuya población registra índices de pobreza o marginación que indican insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social, y que por tanto ameritan especial atención." Dicho sea de paso, que en esa situación de marginación y rezago social se encuentran 1251 municipios del país.
Este Programa tiene como objetivo, impulsar el desarrollo regional e incrementar el capital físico que contribuya a mejorar la calidad de vida de las poblaciones en donde opera. Para tal fin, implementa acciones orientadas al mejoramiento de viviendas, mediante la eliminación de pisos de tierra, servicios sanitarios, fogones altos, estufas rústicas, muros reforzados y techos; así como, a través la rehabilitación y/o ampliación de la infraestructura social básica, como son: sistemas para la provisión de agua potable y obras de saneamiento, alcantarillado, drenaje, colectores, plantas de tratamiento de aguas residuales, rellenos sanitarios, redes o sistemas de energía eléctrica, infraestructura educativa, centros de salud, infraestructura productiva comunitaria y sistemas de comunicación, entre otros.
Asimismo, es menester del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, lograr la reducción de las desigualdades regionales, principalmente aquellas que tienen que ver con el acceso a los recursos y servicios básicos para las personas más pobres del país, que como bien sabemos en su mayoría son indígenas. Por ello su incorporación al desarrollo económico, social y cultural del país es un imperativo para el Estado, aún y en tiempo de crisis.
Por su parte, el gobierno federal ha manifestado que ante la actual crisis económica y sus consecuentes efectos como la pérdida de empleos y el aumento de familias en situación de pobreza, se mantendrá como una prioridad del presupuesto el gasto público para Desarrollo Social, por lo que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, este rubro (Ramo 20: Desarrollo Social) registró un fuerte incremento general del 23.6 por ciento.
No obstante, dicho aumento favorece sólo y de manera casi absoluta al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades –pues sus recursos se incrementan en 78.8 por ciento–, mientras que otros programas igualmente importantes para el combate a la pobreza y la desigualdad registran una disminución sustancial de recursos. Así el caso del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, que a diferencia del presupuesto que le fue asignado en el PEF 2009, por un total de 8,160.1 millones de pesos (7,910.9 millones asignados más 250 millones por ampliaciones, dada su importancia), el monto propuesto por el Ejecutivo Federal para el ejercicio fiscal 2010, es tan sólo de 6,191.2 millones de pesos, lo que representa una disminución del 24.1 por ciento.
En consecuencia, ésta disminución de recursos también afecta al estado de Michoacán, ya que el presupuesto asignado a este programa en la entidad también registra una reducción considerable de 35.5 por ciento, en relación al año anterior.
Por lo que resulta de gran importancia mencionar aquí la gravedad que esto representa, pues de acuerdo con el Coneval, Michoacán ocupa el 6º lugar de rezago social en el país y mantiene un alto índice de marginación. El 23 por ciento de su población se encuentra en situación de pobreza alimentaria, el 30.8 por ciento en pobreza de capacidades, y el 54.5 por ciento en situación de pobreza patrimonial.
Asimismo, es importante señalar que la entidad cuenta con varios municipios de muy alta y alta marginación, entre los que se encuentran: Aquila, Tzitzio, Nocupétaro, Susupato, Churumuco, Coalcomán, Chinicuila, Tiquicheo, Turicato, Carácuaro, San Lucas y Huetamo, Nahuatzen, Tlalpujahua, Chilchota, Hidalgo, Quiroga, entre otros. Mismos que se han beneficiado de este programa, pero que requieren de la continuidad del mismo para abatir los altos grados de rezago y marginación social.
En este sentido, aquí se reitera la necesidad de no reducir el gasto en este tipo de programas, porque si bien es cierto que se requiere de proyectos productivos que impulsen el desarrollo económico, también es importante que primero se garantice un desarrollo social más equitativo para todas las localidades del país. De lo contrario, difícilmente se reducirán las brechas de la desigualdad social, que mantienen y mantendrán al margen del desarrollo económico a tantos mexicanos.
Por estas razones, la actual crisis no debe ser un pretexto para acrecentar la vulnerabilidad de la población que habita en las así llamadas "zonas prioritarias", pues en este momento, la mayoría de los municipios del país no están en vías de superar por sí solos las condiciones de pobreza y marginación en las que se encuentran. Por ello debemos asegurar una mayor inversión en el gasto social, pero al mismo tiempo debemos garantizar una distribución más equitativa de los recursos asignados a los diversos programas para el desarrollo social.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y a la Comisión de Desarrollo Social que se incrementen los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, al Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias. A fin de que se mantenga como mínimo el monto aprobado el año pasado para el mismo.
Segundo. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y a la Comisión de Desarrollo Social que se incrementen a por lo menos 90 millones, los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, al Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias en Michoacán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2009.
Diputado Víctor Manuel Báez Ceja (rúbrica)