Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 192 aniversario luctuoso del general Pedro Moreno González, benemérito de la patria, el próximo 27 de octubre a las 10:00 horas, en la columna de la Independencia, Paseo de la Reforma y Río Tiber, delegación Cuauhtémoc.
Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Licenciada Guadalupe Lozada León
Coordinadora
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y
Considerando
II. Que el artículo 34, numeral 1, inciso b), del citado ordenamiento establece que la Junta de Coordinación Política tiene la atribución de presentar a la Mesa Directiva y al pleno proyectos de acuerdo;
III. Que a este órgano de gobierno fue turnada por la Mesa Directiva la proposición con punto de acuerdo para crear un grupo plural de legisladores para dar seguimiento a la transparencia del proceso judicial a que han sido sometidos ex servidores públicos michoacanos detenidos por presuntos vínculos con organizaciones criminales, presentada en la sesión del 10 de septiembre de 2009, promovida por los diputados Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José de Jesús Zambrano Grijalva, Víctor Manuel Báez Ceja, Juventino Castro y Castro, Martín García Avilés, José María Valencia Barajas, María Dina Herrera Soto, José María Torres Robledo, Emiliano Velásquez Esquivel, Uriel López Paredes, Dolores Nazares Jerónimo y Carlos Torres Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
IV. Que en dicha proposición, los legisladores exponen que el 26 de mayo de 2009 se desplegó una operación en Michoacán en la que participaron la Policía Federal y el Ejército, a fin de detener a 30 personas acusadas de presuntos vínculos con una organización criminal; que entre los detenidos se encontraban servidores públicos de gobierno, presidentes municipales, y policías de los ámbitos estatal y municipal;
V. Que en la propuesta en comento, los legisladores manifiestan preocupación porque el proceso a que han sido sometidos los acusados se lleve a cabo con la mayor claridad posible, de manera expedita, justa y transparente, con arreglo a la ley, para cada uno de los ciudadanos consignados;
VI. Que en este contexto, los legisladores promoventes manifiestan su respeto irrestricto a la autonomía del Poder Judicial federal, reconociendo que el juez o los jueces que están conociendo de las causas penales en comento emitirán sentencia conforme a derecho;
VII. Que en virtud del interés y las preocupaciones manifestadas por los legisladores promoventes, la Junta de Coordinación Política, en el ámbito de sus atribuciones, ha considerado pertinente proponer al pleno la formación de un grupo plural para dar seguimiento al proceso judicial a que han sido sometidos diversos ex servidores públicos de Michoacán;
VIII. Que en función de lo anterior, la Junta de Coordinación Política considera indispensable establecer que las funciones y atribuciones de este grupo de trabajo serán única y exclusivamente las que correspondan a las tareas de seguimiento sobre la evolución del caso referido en el presente acuerdo, en el contexto de lo dispuesto en los artículos 16 del Código Federal de Procedimientos Penales; y 14, fracción III, y 15 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en lo relativo al acceso a los expedientes de las averiguaciones previas.
Acuerdos
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda constituir un grupo plural de trabajo, integrado por siete diputados, de todos los grupos parlamentarios, encargado de dar seguimiento al proceso judicial a que han sido sometidos ex servidores públicos de Michoacán por presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Segundo. El grupo plural de trabajo estará formado por siete diputados, uno de cada grupo parlamentario con representación ante esta Cámara, quedando de la siguiente manera:
Cuauhtémoc Salgado Romero
PRI
Agustín Torres Ibarrola
PAN
Víctor Manuel Báez Ceja
PRD
Diego Guerrero Rubio
PVEM
Juan Enrique Ibarra Pedroza
PT
Cora Cecilia Pinedo Alonso
Nueva Alianza
María Teresa Rosaura Ochoa Mejía
Convergencia
Cuarto. Las labores de seguimiento de los procesos judiciales que realice el grupo de trabajo se sujetarán a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Penales y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en lo relativo al acceso a los expedientes de las averiguaciones previas.
Quinto. El grupo plural de trabajo tomará sus decisiones por mayoría, mediante el sistema de voto ponderado, según el cual cada diputado representa tantos votos como integrantes tenga el correspondiente grupo parlamentario. Asimismo, deberá presentar informes trimestrales de actividades.
Sexto. Las labores del grupo de trabajo concluirán en el momento en que se resuelvan de manera definitiva los casos a que dará seguimiento.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2009.
Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica)
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional
Diputada Josefina Vázquez Mota
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional
Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática
Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México
Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Diputado Reyes Tamez Guerra (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA, POR EL QUE SE DESIGNA A LOS MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO
PARA ANALIZAR LA VIABILIDAD DE LA ACCIÓN JURÍDICA POR EMPRENDER
CON RELACIÓN AL DECRETO DE EXTINCIÓN DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y
Considerando
II. Que el artículo 34, numeral 1, inciso b), del citado ordenamiento, establece que la Junta de Coordinación Política tiene la atribución de presentar a la Mesa Directiva y al Pleno proyectos de acuerdo;
III. Que el 11 de octubre pasado el titular del Ejecutivo Federal publicó el decreto mediante el cual extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, con la consecuente desaparición de sus órganos de dirección, unidades administrativas y demás instancias de funcionamiento, lo cual involucra aspectos de carácter jurídico, económico, fiscal, laboral administrativo y sindical;
IV. Que el Pleno de esta honorable Cámara aprobó en su sesión del 15 de octubre pasado una propuesta con punto de acuerdo presentada por diputados de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional para conformar un grupo de trabajo que, con la asistencia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara, estudie y proponga al Pleno de esta Cámara la viabilidad jurídica de la controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad, según corresponda emprender, con relación al decreto de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro;
V. Que la creación de dicho grupo se justifica en el interés de diversos legisladores para analizar la constitucionalidad del decreto de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro a la luz de un riguroso análisis jurídico a dicha disposición;
VI. Que la Junta de Coordinación Política en el ámbito de sus atribuciones, ha considerado pertinente proponer al Pleno la conformación del grupo plural solicitado;
Acuerdo
Primero. El Grupo de Trabajo plural que, con la asistencia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara, estudiará y propondrá al Pleno de esta soberanía, la viabilidad jurídica de la controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad, según corresponda emprender, con relación al decreto de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza, estará conformado por dieciséis diputados con la participación todos los grupos parlamentarios con representación ante esta Legislatura, quedando integrado de la siguiente manera:
Segundo. El Grupo de Trabajo será presidido por un diputado que pertenezca al grupo parlamentario que presida la Junta de Coordinación Política.
Tercero. El Grupo de Trabajo deberá presentar al Pleno, en un plazo no mayor a 12 días hábiles, el resultado de sus estudios y análisis a efecto de determinar si es de emprenderse alguna acción jurídica en contra del decreto de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro para, en su caso, proceder a formular la propuesta de texto de la acción que corresponda, a efecto de que sea presentada de acuerdo a lo previsto en el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Cuarto. Las labores del Grupo de Trabajo concluirán en el momento en que se determine la no procedencia de acción jurídica en relación al decreto de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, o de proceder esta, cuando concluya el proceso jurídico relativo a su presentación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y resolución correspondiente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2009.
Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica)
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional
Diputada Josefina Vázquez Mota
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional
Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática
Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México
Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Diputado Reyes Tamez Guerra (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
La Paz, Baja California Sur, a 22 de septiembre de 2009.
Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión
Presente
En la sesión pública ordinaria celebrada hoy, el Congreso del estado aprobó un punto de acuerdo (se anexa copia) consistente, entre otros resolutivos:
Sexto. Con el fin de evitar la mortalidad asociada al contagio de la población sudcaliforniana con el virus de la influenza humana A (H1N1), la XII Legislatura del Congreso de Baja California Sur exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión a que en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se destine una partida especial para que el sector salud de Baja California Sur cuente con un laboratorio PCR para que en nuestro estado se realicen las pruebas de detección inmediatas y tener un diagnostico temprano evitando que los síntomas en la población se agraven y pongan en peligro su vida.
Atentamente
Diputado Juan Norberto Hernández Paularena (rúbrica)
Secretario de la Mesa Directiva
Diputado Guillermo Santillán Meza
Presidente del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la XII Legislatura
del Congreso de Baja California Sur
El que suscribe el presente, Adolfo González Agundez, diputado local por Baja California Sur e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la XII Legislatura del Congreso de Baja California Sur, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105, 109 y demás relativos de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo, somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La epidemia de la influenza humana, registrada a principios del mes de marzo nuestro país, sin duda alguna fue causante que se ahondara la crisis económica que actualmente padecemos.
La desaceleración económica de Estados Unidos de América, uno de los principales mercados emisores de la economía global, tuvo fuertes repercusiones sobre diversos sectores económicos de México, particularmente sobre la actividad turística ya que, al afectar el ingreso de los hogares, propició una desaceleración en el flujo de turistas a nuestro país. Este fenómeno se agudizó al finalizar el mes de abril del presente año por el brote epidemiológico de influenza A (H1N1) registrando muertes por esta causa, con lo que disminuyó la actividad de algunos de los principales destinos turísticos del país casi en su totalidad. Nuestro estado sin duda resintió los efectos de esta pandemia al desplomarse las actividades turísticas en los destinos de playa más importantes de nuestro estado, como lo son Los Cabos, La Paz y Loreto, que vieron mermada la afluencia de turistas por este virus.
Una vez pasada la contingencia sanitaria, las actividades turísticas en nuestro estado empezaron a repuntar con la visita de turismo nacional e internacional, lo que mejoró las condiciones de este sector prioritario para la entrada de divisas a la entidad; asimismo, en esas fechas no se registraron defunciones por causa de este virus de influenza A (H1N1). Con las medidas oportunas de la Secretaría de Salud (federal y local) que recomendaron a toda la comunidad sobre las medidas de higiene, tanto corporal como en los alimentos, afortunadamente no se registraron defunciones por esta causa.
Aunado a las medidas sanitarias que implemento el gobierno federal, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud alertaron a los países del orbe a que no se relajaran las medidas sanitarias dado que un "rebote" de este virus tendría lugar en la temporada de otoño-invierno, el cual no se podía medir su magnitud.
Hoy, la Secretaría de Salud federal estima que este rebote tendrá una afectación de 5 por ciento de la población mexicana con este virus, lo que sería alrededor de 5 millones y medio de personas, las cuales podrían contagiar al doble. En el caso de Baja California Sur, según datos de la Secretaría de Salud Pública federal, se estima también que miles de sudcalifornianos podrían ser contagiados con este virus, de este mes a marzo de 2010, y dependiendo de la progresión de los contagios se valoran las medidas de distanciamiento social, como las tomadas en la primera ola de contagios. El costo por esta segunda oleada puede ser de 5 mil millones de pesos para el país. Además de las perdidas humanas que pudieran darse por esta enfermedad debemos tomar las medidas sanitarias urgentes para prevenir un aumento de contagios en nuestro estado y asegurar tanto la entrada del turismo como a la población sudcaliforniana.
En cuanto a la vacunas para la influenza es necesario diferenciar que existe una para la influenza estacional de la que se aplicarán 16 millones de dosis en todo el país en la temporada invernal.
Según el centro nacional de vigilancia epidemiológica y control de enfermedades de la Secretaría de Salud, se precisó que el próximo 5 de octubre iniciará una campaña de vacunación para la influenza estacional en todas las clínicas del sector salud del país; que se dará preferencia a la población de la tercera edad y a los recién nacidos y a personas con factores de riesgo, como obesidad mórbida o diabetes ya que ellos son más susceptibles a contraer la enfermedad.
En cuanto a la vacuna contra la influenza humana A (H1N1), ésta llegará a México casi dos meses después de que haya sido distribuida en Estados Unidos de América y diversos países europeos que acapararon prácticamente su limitada producción, más o menos en noviembre o diciembre, aunque se anunció que el gobierno de México negocia con dos laboratorios farmacéuticos europeos la entrega anticipada de un lote de vacunas, cuya recepción inicial estaba prevista en diciembre.
Lo real es que el rebote de influenza A (H1N1) ya está presente en nuestro país, donde según el último reporte de la Secretaría de Salud federal se han confirmado de marzo a la fecha 27 mil 85 casos de influenza A (H1N1) de los cuales 220 han fallecido; las defunciones según su rango son entre los 20 a los 50 años, y en cuanto a defunciones según su sexo es del 51 por ciento mujeres y 41 por ciento hombres.
De manera señalada mencionó que de los 27 mil 85 casos confirmados en nuestro país, Baja California Sur cuenta con 93 casos, de los cuales cinco han fallecido, algunos de ellos estudiantes de primaria y secundaria.
Es de notarse que 99 por ciento de este rebote de influenza se ha registrado en el municipio de Los Cabos, lo que causó que del 14 al 17 de septiembre se suspendieran las clases en los 253 planteles de educación básica que afecto a 50 mil alumnos.
Las autoridades sanitarias de nuestro estado han mencionado que se están reforzando las medidas entre la población para evitar el mayor número de contagios, que existen medicamentos antivirales suficientes para atender el rebote, que no se cuenta con vacunas contra la influenza humana, que éstas estarán disponibles hasta el mes de octubre, pero la realidad es que la segunda oleada de la influenza humana ya llegó a Baja California Sur y está matando sudcalifornianos y lo más grave es que son niños y jóvenes.
Esta segunda oleada de influenza nos toma sin vacuna para prevenir el contagio; ya que aunque se diga que lo primordial es reforzar las medidas de seguridad y que se cuenta con medicamento para hacerle frente a la enfermedad, no menos cierto es que preferimos que la población esté vacunada para evitar el contagio, a que la población esté contagiada y enferma, lo cual supone un costo económico y social mas alto.
Ante la segunda oleada de influenza humana A (H1N1) que ya está en nuestro estado, como Congreso debemos coadyuvar con las autoridades sanitarias para establecer acciones con el objetivo primordial de reducir al máximo la mortalidad asociada a esta enfermedad.
Debemos de evitar en contagio de influenza en la población en general, particularmente en nuestros niños, ancianos y embarazadas, así como en aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad, por ello es urgente contar con un lote suficiente de las vacunas contra la influenza estacional y la influenza A (H1N1).
Debemos de evitar el colapso de los servicios de salud en nuestro estado con un posible contagio masivo, debemos aumentar la capacidad de respuesta de los médicos a través de capacitación, debemos de ampliar la reserva de medicamentos con insumos que ahora sabemos que son necesarios y reequipar las unidades hospitalarias, debemos de evitar el contagio de nuestros hijos en las escuelas, de evitar el contagio en centros de trabajo, en suma debemos de blindar lo mas posible a Baja California Sur, tanto del virus de la influenza estacional como del de la influenza A (H1N1), porque, en primer lugar, están las vidas de los sudcalifornianos y porque debemos de cuidar que la actividad turística no se vuelva a desplomar en la entidad, ya que sería catastrófico para la economía local.
Debemos de tomar acciones responsables en conjunto con el gobierno, sector privado y hasta con países que, son socios comerciales, como Estados Unidos de América, con quien compartimos un mercado común y con quien existen lazos recíprocos de cooperación en materia de seguridad y en otros rubros importantes como lo es la salud, por lo que la contención de esta segunda oleada de influenza nos obliga a tomar acciones conjuntas para abatir la pandemia y proteger a nuestros pueblos.
Por ello, con gran beneplácito, nos hemos enterado de que el gobierno de Estados Unidos de América, en coordinación con países como Brasil, Francia, Italia, Reino Unido, Noruega, Suiza, Australia y Nueva Zelanda, donarán un porcentaje de las vacunas contra la influenza A (H1N1) para distribución a otros países, lo que nos obliga a solicitar en específico al gobierno de Estados Unidos que en solidaridad con el pueblo mexicano, con el cual se comparten lazos de amistad y comerciales, done un 10 por ciento de vacunas al gobierno mexicano para que éste, a su vez, complete el lote suficiente y necesario para inmunizar a los ciudadanos sudcalifornianos contra el virus A (H1N1).
Haciendo puntual referencia a que la economía de este estado esencialmente depende del turismo internacional recibiendo visitas, primordialmente, de turismo norteamericano, por lo que al hacer esta solicitud es con la finalidad de proteger a la comunidad local, así como a los propios turistas que visitan nuestro estado.
Por lo que es de imperiosa necesidad aprovechar este ofrecimiento que hace el gobierno estadounidense y solicitarle al embajador de Estados Unidos de América en México a que interceda ante su país para concretizar el suministro suficiente de vacunas contra la influenza A (H1N1) al sector salud de Baja California Sur y lograr así la protección de los ciudadanos sudcalifornianos contra este virus.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: Con el fin de evitar la mortalidad asociada al contagio de la población sudcaliforniana con el virus de la influenza humana A (H1N1), la XII Legislatura del honorable Congreso de Baja California Sur exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y Secretaría de Educación Pública, ambas del gobierno del estado de Baja California Sur a reforzar las medidas sanitarias en los planteles educativos de nuestro Estado, así como establecer una campaña intensiva de información entre la población sudcaliforniana.
Segundo: Con el fin de evitar la mortalidad asociada al contagio de la población sudcaliforniana con el virus de la influenza humana A (H1N1) la XII Legislatura del honorable Congreso de Baja California Sur exhorta respetuosamente al secretario de Salud Federal doctor José Ángel Córdova Villalobos para que, en el marco de las gestiones que esta dependencia está realizando ante los laboratorios internacionales para la compra y pronta dotación a nuestro país de vacunas contra la influenza humana, otorgue lo más pronto posible al sistema de salud de Baja California Sur un lote suficiente de vacunas contra la influenza humana A (H1N1) que le permita inmunizar a los ciudadanos sudcalifornianos más propensos a contagiarse por este virus.
Tercero: Con el fin de evitar la mortalidad asociada al contagio de la población sudcaliforniana con el virus de la influenza estacional la XII Legislatura del honorable Congreso de Baja California Sur exhorta respetuosamente al secretario de Salud federal, doctor José Ángel Córdova Villalobos, para que en el marco de la campaña de inmunización con vacunas contra la influenza estacional, otorgue lo más pronto posible al sistema de Salud de Baja California Sur un lote suficiente de vacunas contra la influenza estacional que le permita inmunizar a los ciudadanos sudcalifornianos más propensos a contagiarse por este virus.
Cuarto: Con el fin de evitar la mortalidad asociada al contagio de la XII Legislatura del honorable Congreso de Baja California Sur, solicita respetuosamente a la Embajada de Estados Unidos de América con sede en nuestro país que interceda ante el Gobierno estadounidense para que en el marco de la donación que hará ese país hermano a la Organización Mundial de la Salud de su lote de vacunas contra la influenza humana, y en solidaridad con el pueblo sudcaliforniano, destine una cantidad suficiente del inmunizador al Sector Salud de Baja California Sur, y lograr así la protección de las y los ciudadanos sudcalifornianos contra este virus.
Quinto: Con el fin de evitar la mortalidad asociada al contagio de la población sudcaliforniana con el virus de la influenza humana A (H1N1) la XII Legislatura del honorable Congreso de Baja California Sur exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión a que, en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se asignen recursos suficientes y bastantes para la compra y distribución oportuna de vacunas contra la influenza humana A (H1N1), y estas se destinen a las Secretarías de Salud de cada una de las entidades federativas para su inmediata aplicación a la población civil.
Sexto:: Con el fin de evitar la mortalidad asociada al contagio de la población sudcaliforniana con el virus de la influenza humana A (H1N1), la XII Legislatura del honorable Congreso de Baja California Sur exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión a que, en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se destine una partida especial para que el sector salud de Baja California Sur cuente con un laboratorio PCR a fin de que en nuestra entidad se realicen las pruebas de detección inmediatas, y tener un diagnóstico temprano, evitando que los síntomas en la población se agraven y pongan en peligro su vida.
Atentamente
La Paz, Baja California Sur, a 22 de septiembre de 2009.
Diputado Adolfo González Agundez (rúbrica)
Integrante de la fracción parlamentaria del Partido
Acción Nacional en la XII Legislatura del Honorable Congreso de
Baja California Sur
Con fundamento en los artículos 108 y 109 de la
Ley Reglamentaria de este Poder Legislativo, solicito que se considere
la presente iniciativa como de urgente y obvia resolución por lo
que pido al presidente de la Mesa Directiva que lo someta a consideración
de la asamblea y, en caso de ser aprobado, se inicie su discusión,
para en caso de que se acepten todos sus términos se emita y envíe
de manera inmediata el oficio correspondiente.
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CON EL QUE REMITE CONTESTACIÓN A PUNTO DE ACUERDO APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS
México, DF, a 20 de octubre de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL 61-II-9-0096, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGF/645/2009 suscrito por Rubem Hofliger Topete, director general del Fondo de Desastres Naturales, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los daños provocados por el huracán Jimena en los municipios de Comondú y Mulegé, del estado de Baja California Sur.
Atentamente
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 2 de octubre de 2009.
Licenciado Manuel Minjares Jiménez
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría
de Gobernación
Presente
Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/1668/09, de fecha 2 de octubre de 2009, dirigido inicialmente a la licenciada Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, y que fuera recibido en esta Dirección General del Fondo de Desastres Naturales (DGF) el día 9 de octubre del año en curso, por medio del cual hace de nuestro conocimiento que mediante oficio número D.G.P.L. 61-II-9-0096, los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y María Teresa Ochoa Mejía, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunican a la Secretaría de Gobernación (Segob) el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo en sesión celebrada el 1 de octubre de 2009, y cuyo resolutivo primero se reproduce a continuación:
Tal pronunciamiento se efectúa en los siguientes términos:
En ese sentido, debemos precisar que, en términos de las ROF, para la autorización de los recursos con cargo a este programa federal, se requiere invariablemente de una solicitud de declaratoria de desastre, suscrita por el titular del Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente, dirigida a la Coordinación General de Protección Civil, CGPC, de la Segob, en la que se indique, entre otros aspectos, la descripción del fenómeno natural perturbador,2 así como la fecha de su ocurrencia; las denominaciones de los municipios u órganos político administrativos que, se considera, sufrieron o pudieron haber sufrido afectaciones a causa del fenómeno natural perturbador y que se encuentren ubicados dentro del área de influencia del fenómeno en cuestión.
• A ese mismo respecto, se informa que en el caso de la ocurrencia del huracán Jimena, el gobierno del Estado de Baja California Sur, ya ha satisfecho los requisitos y formalidades establecidos en las ROF, por lo que, con fecha 10 de septiembre de 2009, la Segob emitió y publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de Desastre solicitada por el gobierno de la entidad federativa antes aludida, procediendo a declarar como zona de desastre a los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé (mismos municipios que el Estado de Baja California Sur incluyó en su respectiva solicitud de Declaratoria de Desastre y que fueron corroborados por la Comisión Nacional del Agua, Conagua, como municipios afectados por la ocurrencia de Jimena), iniciándose con ello las acciones tendientes al acceso de los recursos del Fonden, para dar atención al desastre aludido, a través de su instrumento Fonden Reconstrucción.
No omitimos señalar que, para la debida atención del ciclón tropical en comento, en el marco del Fonden se han autorizado diversas cantidades de recursos por concepto de apoyos parciales inmediatos (Apin), para la ejecución de acciones emergentes, trabajos y obras de carácter prioritario y urgente en algunos sectores del Estado de Baja California Sur (mismos que se detallan en el apartado correspondiente) y que se autorizaron sin requerir de inicio, la coparticipación de la entidad federativa que nos ocupa.
Empero, consideramos menester señalar que los recursos que por concepto de Apin se autorizan forman parte y serán descontados de los anticipos que procedan, en el entendido de que, de no solicitarse anticipos para la atención del desastre de mérito, las acciones realizadas con los Apin, y los recursos autorizados para esos efectos, deberán incluirse en los diagnósticos de obras y acciones que deriven de la sesión de entrega de resultados del Comité de Evaluación de Daños, CED, correspondiente, a fin de que se regularice su ejecución y el gasto correspondiente.
• Asimismo, e independientemente del fenómeno natural perturbador de que se trate, a esta unidad administrativa únicamente le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los recursos con cargo al Fonden Reconstrucción, motivo por el cual resulta ajeno a nuestra competencia la autorización de tales recursos a las entidades federativas, toda vez que los mismos (según se detalla líneas adelante) se canalizan del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Federal), al Fideicomiso Fonden estatal que corresponda, en el entendido de que, en términos de lo dispuesto por los numerales 39 y 41 de las ROF, el fiduciario pagará directamente a los contratistas de obra pública, prestadores de bienes y servicios y proveedores por cuenta y orden de las instancias ejecutoras estatales, previo a la presentación de entre otras cosas, de las facturas que amparen la ejecución de las obras y acciones realizadas.
De igual forma, tampoco se deriva responsabilidad o participación alguna de esta DGF en la ejecución de obras y acciones de reconstrucción de la infraestructura dañada, toda vez que en las ROF se dispone que dichas acciones corresponden específicamente a las entidades federativas, a través de las instancias estatales designadas para tales efectos.
Los asertos anteriores se desprenden del procedimiento de acceso a los recursos que se autorizan con cargo al instrumento del Fonden, denominado Fonden Reconstrucción, por lo que ofrecemos una descripción sucinta del mismo:
Para tales efectos, consideramos oportuno mencionar que el Fonden, es un instrumento de coordinación intergubernamental e interinstitucional que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. A través de las ROF se establecen mecanismos que permiten apoyar a las entidades federativas, así como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, cuando los daños ocasionados por los fenómenos naturales perturbadores superen su capacidad financiera y operativa de respuesta (en términos del numeral 1 de las ROF).
El Fonden está integrado por los siguientes instrumentos:
a) El Fondo Revolvente Fonden, mismo que sólo podrá ser utilizado cuando exista una declaratoria de emergencia y con ello que la DGF autorice la adquisición de suministros de auxilio conforme a la normatividad aplicable para responder de manera inmediata a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población afectada por situaciones de emergencia generadas o asociadas con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un fenómeno natural perturbador (numeral 3, fracción I de las ROF, en concordancia con los artículos 1 y 3 del "acuerdo que establece los lineamientos para emitir las declaratorias de emergencia y la utilización del Fondo Revolvente Fonden", en lo sucesivo los lineamientos.3
Si bien es cierto a la DGF le corresponde autorizar la adquisición de suministros de auxilio con cargo al Fondo Revolvente Fonden, y coordinar el procedimiento de acceso a los mismos, también es cierto que esta unidad administrativa no tiene a su cargo la entrega de tales suministros de auxilio a las entidades federativas, municipios u órganos político administrativos en particular, dado que las entidades federativas son las encargadas de llevar a cabo dichas acciones a través de las instancias estatales designadas para tales efectos, según el artículo 15 de los lineamientos.
b) El Fonden Reconstrucción (que incluye al Programa Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23, "Provisiones Salariales y Económicas", del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, o el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, en términos del numeral 3, fracciones II y III, de las propias ROF).
Con cargo al Fonden Reconstrucción, se autorizan recursos, ya sea del programa o del fideicomiso, destinados a la restitución, parcial o total, de los daños ocasionados en la infraestructura pública o sector vivienda de las entidades federativas, municipios o delegaciones del Distrito Federal, afectadas por un fenómeno natural perturbador.
Respecto de este instrumento cabe señalar que a la Segob, por conducto de la DGF, únicamente le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los recursos del Fonden Reconstrucción, dando cumplimento para tales efectos a los plazos, requisitos y formalidades establecidos en las ROF, motivo por el cual no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega de los recursos autorizados a un municipio u órgano político administrativo en particular, así como tampoco actúa como ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado.
En esa misma lógica, se precisa que son las entidades federativas las encargadas de llevar a cabo la ejecución de obras de reconstrucción y la correspondiente distribución de los recursos autorizados con cargo al instrumento en mención, a través de las instancias ejecutoras estatales designadas para esos efectos (numeral 39 de las ROF).
Para acceder a los recursos que se autorizan con cargo al Fonden Reconstrucción, es necesario que se cumpla con los requisitos, procedimientos y formalidades establecidos en las ROF, mismo que se encuentra descrito de manera gráfica en la dirección electrónica del Sistema Nacional de Protección Civil México, específicamente en el vínculo:
I. Canalizar al Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales constituido por cada una de las entidades federativas los recursos que le corresponda aportar, por cuenta y orden de las entidades federativas, para la restitución parcial o total de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, previstos en las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación establecidos, así como también en la mitigación de los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos afectadas por un fenómeno natural perturbador.
Los recursos que se ejerzan en coparticipación estarán condicionados a la aportación de las entidades federativas, de acuerdo con los porcentajes establecidos en las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, con excepción de los apoyos parciales inmediatos y los anticipos, los cuales no están sujetos de inicio a dicha coparticipación;
II. Apoyar la restitución parcial o total de los daños sufridos en los sectores de competencia federal afectados por un fenómeno natural perturbador, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación previstos en las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales con excepción de los bienes de dominio público de la Federación objeto de concesión o cualquier otra figura análoga por la cual se otorgue su uso o explotación;
III. Otorgar recursos a través de apoyos parciales inmediatos para la ejecución de las acciones emergentes, así como los trabajos y obras de carácter prioritario y urgente, dirigidas a solventar la situación crítica derivada del desastre natural, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, los servicios básicos, la limpieza inmediata, remoción de escombros y todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada, así como para evitar mayores daños y proteger a la población;
IV. Otorgar recursos al Fondo Revolvente Fonden y al Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales a que se refiere el numeral 3 de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales;
V. Otorgar recursos a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la adquisición de equipo especializado destinado a la atención de emergencias y desastres naturales,
VI. Otorgar recursos a las entidades federativas para la constitución de fondos estatales para la prevención y atención de desastres naturales,
VII Constituir mediante subcuentas específicas en el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, fondos y reservas financieras con el propósito de asegurar la oportuna asignación y aplicación de recursos dirigidos a proyectos preventivos y a solventar aspectos prioritarios y urgentes relacionados o derivados de fenómenos naturales perturbadores;
VIII. Canalizar recursos para la realización de proyectos y el establecimiento de instrumentos de administración y transferencia de riesgos que estén relacionados con la prevención y atención de los efectos ocasionados por fenómenos naturales perturbadores; para la protección financiera del patrimonio del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, así como los servicios necesarios relacionados con dichas contrataciones, en términos de lo previsto en el Anexo l de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, y
IX. Aportar y recibir recursos del Programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales y del Fideicomiso Preventivo a cargo de la Secretaría de Gobernación y de otros programas e instrumentos financieros relacionados con los fines del Fondo de Desastres Naturales, en términos de las disposiciones aplicables".
La instancia técnica facultada tiene 4 días hábiles para emitir su respuesta a la solicitud de la entidad federativa y en caso de que se cuente con información que permita inferir una afectación en el abastecimiento de agua potable se tendrán 7 días hábiles (numeral 8 de las ROF).
En caso de resultar afirmativa la respuesta de la instancia técnica facultada, el gobierno de la entidad federativa deberá convocar a un Comité de Evaluación de Daños (CED), que tiene por objeto evaluar y cuantificar los daños producidos por un fenómeno natural perturbador en particular. Dicho Comité se integrará por servidores públicos estatales y federales de los sectores afectados, funcionando en Subcomités que se agruparan por materia o sector.
Desde la instalación del CED correspondiente, las Dependencias y Entidades Federales, así como las Entidades Federativas, podrán solicitar apoyos parciales inmediatos5 con cargo al Fonden (numeral 11 de las ROF).
Vale la pena mencionar que los Apin son autorizados por la UPCP, los cuales formaran parte de los anticipos que llegase a solicitar la entidad federativa. En caso de que no se soliciten dichos anticipos, los Apin serán incluidos en el diagnóstico de obras y acciones que deriven de la sesión de entrega de resultados.
Asimismo, resulta importante señalar que con el propósito de que se presente, y en su caso, se autorice el listado de acciones, trabajos y obras considerados como prioritarios y objeto de apoyo de los Apin, la entidad federativa en coordinación con el Fiduciario del Fideicomiso Fonden estatal deberá convocar a su Comité Técnico, en donde se adoptaran los acuerdos conducentes, tomando como base la gradualidad y las disponibilidades financieras existentes. Dicha resolución deberá ser hecha del conocimiento de la DGF (numeral 17, de las ROF).
A partir de la instalación del CED, empieza a correr una cuenta regresiva de hasta 10 días hábiles (prorrogables) para realizarse la entrega de resultados del referido CED en donde se identificarán por sector afectado, los datos aludidos en el numeral 14 de las ROF (numeral 13, fracción II, de las ROF).
Durante la sesión de entrega de resultados se realizan las siguientes acciones (numeral 13, fracción III de las ROF):
- Presentación y entrega de los resultados de cuantificación y evaluación de daños elaborados en conjunto por el estado y las contrapartes de las dependencias y entidades federales;
- Entrega de la solicitud de anticipos por el gobierno del estado.
Respecto de los anticipos es importante mencionar que éstos tienen por objeto contribuir en la realización de trabajos y obras prioritarias y se deberán de ejercer con base en los programas de obras y acciones autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso.
Si las dependencias o entidades federales que validarán la evaluación de los daños, consideran que es procedente la solicitud de anticipos, solicitarán a la UPCP la autorización de los mismos, la cual en su caso, instruirá al Fiduciario del Fideicomiso Fonden para que los recursos solicitados sean transferidos al Fideicomiso Fonden estatal correspondiente (numeral 21 de las ROF)
Cabe señalar que los anticipos deberán regularizarse con la autorización por parte del Comité Técnico de los recursos correspondientes.
II. Verificar que no exista duplicidad de acciones y que no se encuentren pendientes o en trámite solicitudes de Apin o anticipos.
III. Verificar que no se soliciten recursos del Fonden para la reparación de daños ajenos al desastre natural en cuestión.
IV. Verificar que la infraestructura objeto de apoyo no haya sido materia de otros apoyos anteriores.
V. Anexar las solicitudes de recursos elaboradas por las dependencias y entidades federales, así como sus respectivos diagnósticos de obras y acciones, tanto de los programas de competencia local como federal.
Una vez que la Segob remite a la UPCP de la SHCP la solicitud de recursos, ésta autorizará con cargo al Programa Fonden, comprendido en el Ramo General 23 "Provisiones Salariales y Económicas", del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF, para el Ejercicio Fiscal que resulte aplicable o convocará a sesión del Comité Técnico del Fideicomiso Fonden para que los recursos sean aprobados con cargo al patrimonio del citado Fideicomiso, a efecto de que la entidad federativa de que se trate, a través de las instancias estatales ejecutoras correspondientes, pueda disponer de los recursos del Fonden para iniciar de inmediato las acciones de reconstrucción o apoyo autorizadas, previo la aportación de la coparticipación que le corresponda ante el Fideicomiso Fonden estatal.
En ese sentido, en caso de que las acciones de reconstrucción resulten competencia de las entidades federativas, municipios u órganos político administrativos, los recursos se ejercerán a través de los Fideicomisos Fonden estatales, los cuales tienen por objeto establecer un mecanismo ágil y transparente para ejercer los recursos que aporten las entidades federativas para atender un desastre natural, incluyendo las coparticipaciones federales asignadas a dichas entidades federativas.
El Comité Técnico del Fideicomiso Fonden estatal será responsable de verificar que se cumpla con el programa calendarizado de ejecución de las obras y acciones por parte de las dependencias y entidades ejecutoras (numeral 44 de las ROF).
Cabe señalar que el Anexo XVI de las ROF, establece que en términos de lo dispuesto por los numerales 39 y 41 de dicha normativa, el Fiduciario pagará directamente a los contratistas de obra pública, prestadores de bienes y servicios y proveedores por cuenta y orden de las instancias ejecutoras, previo a la presentación de entre otras cosas, de las facturas que amparen la ejecución de las obras y acciones realizadas.
Visto lo anterior, esta unidad administrativa procede a informar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respecto de las acciones que la Segob, por conducto de la DGF y a través del instrumento Fonden Reconstrucción, ha llevado a cabo en el marco de las ROF, para dar atención a la ocurrencia del ciclón tropical Jimena: en el estado de Baja California Sur, así como respecto de los apoyos que por concepto de Apin, han sido autorizados a dicha entidad federativa:
Ocurrencia del ciclón tropical Jimena el día 2 de septiembre de 2009 en 3 municipios del estado de Baja California Sur (Comondú. Loreto y Mulegé)
Con oficio BOO.-1475, de fecha 4 de septiembre de 2009, en cumplimiento a lo que señala el numeral 8 de las ROF, la Conagua emitió su opinión técnica y corroboró la ocurrencia del ciclón tropical Jimena, el día 2 de septiembre de 2009 en 3 municipios del Estado de Baja California Sur (Comondú, Loreto y Mulegé).
Con fecha 5 de septiembre de 2009, en apego a las disposiciones de las ROF se llevó a cabo la sesión de instalación del CED, en el Estado de Baja California Sur, con el objeto de realizar la cuantificación y evaluación de los daños ocasionados por la ocurrencia del ciclón tropical Jimena el día 2 de septiembre de 2009 en los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé de esa entidad federativa. Para esos efectos, los integrantes del CED se agruparon en subcomités de los sectores: educativo, urbana, hidráulico, carretero, salud, medio ambiente, monumentos históricos, artísticos y arqueológicos, pesquero, portuario y vivienda.
En ese mismo acto, el Gobierno de Baja California Sur entregó al representante de la Secretaría de Gobernación, la solicitud de declaratoria de desastre natural, de conformidad con el numeral 9 de las ROF.
No se omite señalar que, con fundamento en lo establecido por los numerales 17 y 20 de las ROF, en la sesión de instalación del CED se solicitaron recursos para diversos sectores, por concepto de Apin, con cargo al Fonden para la ejecución de las acciones, trabajos y obras prioritarias y urgentes, dirigidas a solventar la situación crítica derivada del desastre natural en cuestión, por lo que, mediante Boletín de Prensa 162/09, de fecha 11 de septiembre de 2009, se difundió la autorización de dichos Apin (los montos por concepto de Apin se encuentran señalados dentro del cuadro de recursos que se presentará líneas adelante).
° Con fecha 5 de octubre de 2009, se llevó a cabo la sesión de Entrega de Resultados del CED, en la cual se presentó, la siguiente información:
- El diagnóstico de los recursos necesarios para la atención de los daños.
- La solicitud de anticipos.
No se omite mencionar que actualmente se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el numeral 22 de las ROF para que las dependencias y/o entidades federales presenten sus solicitudes de recursos y los diagnósticos de obras y acciones definitivos, incorporando, en la medida de lo procedente, los diagnósticos presentados en las sesiones de entrega de resultados, por lo que habrá que esperar, para conocer de qué manera y con qué montos se atenderán y apoyarán, finalmente, los daños ocurridos en el estado de Baja California Sur, por la ocurrencia del ciclón tropical Jimena.
Asimismo, cabe señalar que, en el caso de que no sean autorizados por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los anticipos solicitados para el estado de Baja California Sur, los recursos aprobados por concepto de Apin serán incluidos en la aportación total que derive de los referidos diagnósticos de obras y acciones definitivos, a fin de regularizar su ejecución y el gasto correspondiente.
Sin otro particular, y esperando que la presente información sea de utilidad, le saludo cordialmente.
Notas
1. Publicado en el Diario Oficial de la Federación
el día 27 de mayo de 2009.
2. Entendidos como los eventos generados por la naturaleza,
que por sus características extremas, atípicas o severas
condiciona o genera una situación de desastre natural, caracterizado
por la ausencia relativa de la participación directa o indirecta
del ser humano.
3. Publicado en el Diario Oficial de la Federación
el día 31 de diciembre de 2008.
4. Según se ha visto, aquellos entes facultad
os para corroborar la ocurrencia de un desastre natural en una fecha y
lugar determinado.
5. Entendiéndose estos, como los recursos destinados
para la ejecución de acciones emergentes, así como los trabajos
y obras de carácter prioritario y urgente, dirigidas a solventar
la situación crítica del desastre natural, tales como el
restablecimiento de las comunicaciones, los servicios básicos, la
limpieza inmediata, remoción de escombros y todo aquello que coadyuve
a la normalización de la actividad de la zona afectada, para evitar
mayores daños y proteger a la población.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Atentamente
Rubem Hoflinger Topete (rúbrica)
Director General del Fondo de Desastres Naturales
DE LA CÁMARA DE SENADORES,
CON EL QUE REMITE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LAS LEYES DEL IMPUESTO
SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, Y DE COORDINACIÓN FISCAL
CONTENIDAS EN EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
EL 21 DE DICIEMBRE DE 2007, PRESENTADA POR DAVID JIMÉNEZ RUMBO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
México, DF, a 20 de octubre de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican y derogan diversas disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley de Coordinación Fiscal, contenidas en el decreto publicado el 21 de diciembre de 2007.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Secretarios de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara
de Senadores del Congreso de la Unión
Presentes
David Jiménez Rumbo, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confieren el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 55, fracción II, 56, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican y derogan diversas disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley de Coordinación Fiscal contenidas en el decreto publicado en el diario oficial de la federación de fecha 21 de diciembre de 2007, bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
El 21 de diciembre de 2007 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, dando con ello, el final legislativo de este impuesto como contribución de carácter federal a partir del día 1 de enero de 2012.1
Sin embargo, el segundo párrafo del numeral cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos prevé, en términos de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, las entidades federativas que establezcan impuestos locales sobre tenencia o uso de vehículos respecto de vehículos por los que se deba cubrir el impuesto federal contemplado en la ley que se abroga, se suspenderán el cobro del impuesto federal correspondiente en la entidad federativa de que se trate.
Esto es, la disposición que abroga la Ley del Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos, solo tiene la finalidad de que dicho impuesto deje de ser un impuesto federal, trasladándose esta contribución a las entidades de la República, quienes podrán determinar libremente los montos de dicho impuesto.
Inclusive, la propia iniciativa de ley, que propuso el Ejecutivo federal, planteaba la traslación del impuesto como objetivo de su propuesta, al señalar lo siguiente:
De igual forma y como otra medida de fortalecimiento del sistema federalista mexicano, se plantea abrogar la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. Lo anterior, en virtud de que en la actualidad dicho impuesto, a pesar de ser federal, es administrado en su totalidad por las entidades federativas y el 100 por ciento de su recaudación pertenece a las mismas. Ello, sin perjuicio de que las entidades federativas que así lo estimen conveniente podrán establecer este tipo de contribución con la plena libertad de determinar sus características esenciales y demás requisitos y condiciones que consideren pertinentes, tal y como actualmente acontece.
Ahora bien, con el objeto de que las entidades federativas no sufran un impacto inmediato en sus haciendas públicas, la presente Iniciativa contempla que la abrogación de referencia entre en vigor a partir del 1 de enero del año 2014. Lo anterior, en el entendido de que en caso de que, en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos vigente, las entidades federativas establezcan impuestos locales sobre tenencia o uso de vehículos respecto de vehículos por los que se deba cubrir el impuesto federal contemplado en la ley que se plantea abrogar, se suspenderá el cobro del impuesto federal correspondiente en la entidad federativa de que se trate, a fin de evitar una duplicidad del impuesto.
Como puede advertirse, ningún beneficio obtiene el ciudadano común, de esta trasferencia, pues se insiste en castigar al sector cautivo de la sociedad mexicana, al imponer y en este caso al mantener diversas cargas impositivas, aún y cuando la economía del país se encuentra deprimida.
Para nadie es ajeno que miles de mexicanas y mexicanos se han quedado sin empleo en el presente sexenio, y que esta problemática se replica tanto en el sector privado y como en el publico.
El sector privado porque no alcanza a recuperarse de los errores gubernamentales en materia financiera. Durante el primer mes del 2009, la tasa de población desocupada alcanzó un máximo histórico de 5.0 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Así, durante enero del 2009 se perdieron alrededor de 336 mil 414 empleos, 0.96 por ciento más que el año pasado durante el mismo período.
La pérdida de empleos en México, actualmente de la magnitud de la desastrosa "crisis del tequila" de mediados de 1990, se agravará aún más el próximo año, conforme a los análisis de especialistas financieros. México atraviesa actualmente su peor recesión económica desde 1995 por la desaceleración en Estados Unidos, su principal socio comercial, y por el brote de influenza A (H1N1) que afectó las actividades productivas del país en el mes de mayo del presente año.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la economía de México se perfila a desplomarse este año hasta 8 por ciento, aunque el gobierno pronostica una contracción de 5.5 por ciento.
Con la caída, una de las más profundas en décadas, se perderían unos 700 mil empleos, según el Banco de México, pero la situación no se calmaría en 2010, cuando la OCDE proyecta una expansión económica para México de 2.8 por ciento. Así, México ha perdido poco más de 300 mil empleos en lo que va del año, según el número de trabajadores inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Así también, esta soberanía debe ser consciente de que el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos resulta lesivo para la industria automotriz nacional, la cual se han sumergido en una franca crisis económica, de ahí que este sector productivo ha urgido a este Congreso de la Unión a eliminar el impuesto sobre automóviles nuevos y la tenencia durante el año 2010 para reactivar el mercado interno.
Para entender el alcance y profundidad de la crisis mundial del sector automotriz en México, basta saber que ésta es la segunda en importancia, después del sector petrolero. El valor de la producción es variable, pero se arman 2 millones de autos al año y aunque en 2008 –debido al impacto de la recesión en el último trimestre del año–, se aguarda una producción de un millón 800 mil vehículos, esto alcanza para contribuir al producto interno bruto mexicano con cerca de 4 por ciento y un 15.5 por ciento en la industria manufacturera.
En la balanza comercial, el sector también tienen un peso importante: las exportaciones del sector, que suman cerca de 50 mil millones de dólares anuales.
En materia laboral genera más de 100 mil empleos directos, pero al sumar los proveedores, alcanza más de un millón de puestos de trabajo en México.
Además, en la cadena automotriz hay otro mercado esencial, que es el de autopartes. Éste alcanza los 28 mil millones de dólares de exportaciones al año, con 450 mil empleos, y se espera que, pasando el bache económico, duplique o triplique la producción en los próximos cinco a siete años.
La industria está posicionada a lo largo y ancho de la República Mexicana, pues en 10 estados se producen vehículos y en 22 se fabrican autopartes; hay seis clusters automotrices importantes: en la zona norte (Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Sonora), en el centro (Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro) y otras segmentadas en Puebla, Aguascalientes y Zacatecas.
En tanto que en el sector público el desempleo se ha vuelto un asunto cotidiano, miles de trabajadores burócratas se han quedado sin trabajo, derivado de la decisión del titular del Poder Ejecutivo federal de desaparecer las Secretarías de la Reforma Agraria, de Turismo, de la Función Pública y la paraestatal Luz y Fuerza del Centro.
Por todo ello, la presente propuesta parte de una nueva reflexión que esta soberanía debe realizar sobre el tema, pues resulta oportuno que se apoye a las familias mexicanas, liberándolas de contribuciones irrazonables como lo es el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos; por ello presento la propuesta legislativa que modifica y deroga diversas disposiciones del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 21 de diciembre de 2007, por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; para que la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos desaparezca definitivamente bajo los siguientes lineamientos:
Primero, se modifica el contenido del artículo cuarto de las disposiciones transitorias, modificando el contenido de la Ley de Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, para establecer que el artículo tercero del decreto de fecha 21 de diciembre de 2007, entrará en vigor el día 1 de enero de 2010.
En segundo lugar, se deroga el contenido del segundo párrafo del mismo artículo cuarto de las disposiciones Transitorias modificando el contenido de la Ley de Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, evitando con ello cualquier resquicio legal que permita establecer la trasferencia a favor de las entidades de la República de este impuesto.
Como tercer eje, se deroga el contenido del primer párrafo de la fracción I del artículo segundo de las disposiciones transitorias de la Ley de Coordinación Fiscal, en concordancia a la derogación expresa y definitiva a partir del 1 de enero del año 2010, de la ley que regula el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos; y se modifica el año que prevé la norma para el cumplimiento de las obligaciones que refiere dicho dispositivo.
Estoy convencido que, con la aprobación de la presente propuesta, esta soberanía aliviará las muy difíciles condiciones de pago de las obligaciones de millones de mexicanos, concentradas en la clase media y trabajadora de este país, pues conforme a la coincidencia de la opinión de especialistas en impuestos, que sostienen que los nuevos gravámenes planteados por la Secretaría de Hacienda para el ejercicio fiscal 2010, afectarán principalmente a la clase media, "que es la que cumple con sus obligaciones fiscales y son contribuyentes cautivos". Con ello se agrede económicamente al sector productivo que consume, invierte y ahorra.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se modifican y derogan diversas disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley de Coordinación Fiscal contenidas en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 21 de diciembre de 2007
Artículo Primero. Se modifica el primer párrafo y se deroga el segundo párrafo del artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, para quedar de la siguiente forma
Disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos
Artículo Cuarto. El artículo tercero de este decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2010.
[….] Se deroga.
…
Artículo Segundo. Se deroga el primer párrafo y se modifica el segundo párrafo de la fracción I, del artículo segundo de las disposiciones transitorias de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar de la siguiente forma:
Disposiciones transitorias de la Ley de Coordinación Fiscal
Artículo Segundo. Para los efectos de las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal previstas en el artículo anterior se estará a lo siguiente:
Las entidades en las que, de conformidad con el artículo cuarto de este decreto, se suspenda el cobro del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, no estarán sujetas a lo dispuesto por el artículo 2o, noveno párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal vigente hasta el 31 de diciembre de 2009. Sin perjuicio de lo anterior deberán cumplir con sus obligaciones en materia de registro estatal de vehículos en términos del artículo 16-A de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente hasta el 31 de diciembre de 2009 y demás disposiciones aplicables.
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, a 20 de octubre de 2009.
Nota
1. Artículo cuarto de las disposiciones transitorias
de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Diario
Oficial de la Federación del 21 de diciembre de 2007.
Senador David Jiménez Rumbo (rúbrica)
DE LA CÁMARA DE SENADORES,
CON EL QUE REMITE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE QUE
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDERE
UNA PARTIDA PARA FORTALECER Y AMPLIAR LA PRESENCIA DEL PAÍS EN ÁFRICA,
PRESENTADA POR JOSÉ JULIÁN SACRAMENTO GARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN, Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES
EXTERIORES, ÁFRICA
México, DF, a 20 de octubre de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José Julián Sacramento Garza, en nombre propio y de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, África, presentó propuesta con puntos de acuerdo relativos a la política exterior de México hacia el continente africano.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Proposición con punto de acuerdo relativo a la política exterior de México hacia el continente africano
El suscrito, senador José Julián Sacramento Garza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en nombre propio y de sus compañeros integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, África, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Relaciones entre México y África
La formulación de una política exterior dinámica y cambiante es una necesidad que se presenta en cualquier país que pretende tener algún efecto en el mundo globalizado. Así, se supone que la diversificación y el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con el mundo constituyen objetivos prioritarios de la política exterior del país. Cuantos más ricos y diversos sean nuestros vínculos, mayores serán las posibilidades de éxito de la estrategia de inserción internacional.
Desafortunadamente, en las últimas décadas, y para ser más específicos a lo largo de las últimas cuatro administraciones (Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa), las relaciones de México con Estados Unidos de América se han profundizado y concentrado de tal manera, que más de 90 por ciento de nuestro comercio exterior se dirige o proviene precisamente del vecino del norte.
De esa forma, y de manera proporcional en la medida en que se ha acrecentado esta (inter)dependencia con Estadios Unidos, la capacidad para diversificar nuestros intercambios económicos, políticos y culturales con otros países y regiones del mundo se disminuye y desvanece cada día más.
Como se manifestó hace poco más de un año, cuando propusimos otro punto de acuerdo sobre la materia que nos ocupa, hay quienes creen que la cura para nuestros males está en la consolidación del proceso de integración regional de América del Norte; nos dicen y reiteran que nada podemos hacer contra la geografía; que con Estados Unidos nos ha tocado coexistir, y que más vale que no nos resistamos a la idea de hacer converger nuestras economías y sociedades. Por ello, además de abrir un debate sobre la necesaria redefinición de los términos de la relación de México con Estados Unidos, reiteramos la necesidad de analizar, proponer y construir nuevas fórmulas y mecanismos en nuestra política exterior que permitan a nuestro país diversificar y estrechar sus relaciones con países de otras regiones del mundo, los que son importantes no sólo por el hecho de pertenecer a otro continente sino porque representan oportunidades y perspectivas importantes de desarrollo y aprendizaje.
En esta tribuna hablamos de manera muy constante sobre la importancia de la diversificación de las relaciones de México con América Latina, el Caribe, Europa y Asia. Pero les quiero proponer, compañeros senadores, que reflexionemos un minuto y nos preguntemos cómo andan nuestras relaciones con los países africanos; o, por lo menos, les pido que nos cuestionemos sobre lo que están viviendo y padeciendo millones de seres humanos en Sudán, Somalia, República Centroafricana o en alguno de los países africanos que hoy atraviesan por algún conflicto armado, territorial o de alguna otra índole.
África en la actualidad sigue siendo un continente que se considera distante de nuestro país, a pesar de sus múltiples vínculos históricos y la existencia de lazos culturales y sociales que persisten más allá de la carencia de una política oficial en ambos rubros. Algunos de los elementos que explican este aparente, pero muchas veces real alejamiento son, por ejemplo, la falta de conocimiento, los prejuicios y la escasa presencia de intereses económicos y, en muchos casos, hasta culturales.
Las relaciones entre México con África desde hace un poco más de cuatro décadas han estado caracterizadas por una actividad diplomática interrumpida y con bajo perfil político. La falta de definición de una estrategia sólida, y la imprecisión de los intereses económicos y políticos, así como la ausencia total de una política exterior integral hacia el continente africano, han sido una constante de las administraciones mexicanas desde las últimas tres décadas del siglo XX y la primera del XXI. Así, tenemos que las relaciones diplomáticas del país con los países africanos en las décadas recientes han tenido un proceso evolutivo muy decreciente, ya que en las décadas de 1960 y 1970 se establecieron relaciones diplomáticas con algunas naciones africanas, firmándose acuerdos de cooperación mediante los cuales creció la presencia de africanos en nuestro país, lo cual también favoreció que nuestro país desplegara una presencia diplomática considerable en el continente africano, a la respectiva representación en Argelia, Egipto, Etiopía, Gabón, Ghana, Nigeria, Senegal y Tanzania.
Evidentemente, África nunca ha sido una región prioritaria para las administraciones mexicanas, lo cual se refleja en esta falta de definición específica y, sobre todo, de continuidad de la política exterior al concluir un sexenio e iniciar otro. Las experiencias azarosas del gobierno mexicano en turno han estado guiadas por la trascendencia tanto regional como internacional de personalidades africanas, como Léopoldo Sédar Sengor, de Senegal; Kwame Nkrumah, de Ghana; Julius K. Nyerere, de Tanzania; y Nelson Mandela, de Sudáfrica, por situaciones coyunturales, como el interés personal del ex presidente Luis Echeverría Álvarez por África, o por la necesidad de encontrar apoyo africano en diversos foros internacionales.
También es interesante mencionar que a finales de la década de 1980, las potencias occidentales iniciaron una tendencia a alejarse de algunas regiones que perdían conexión con el mundo desarrollado, y África no fue la excepción. Por ese motivo, muchos países sostenían que los problemas africanos eran exclusivos de África, y de esa manera justificaron su falta de vinculación con ese continente.
En este contexto, México se alineó a esta postura, quedando su política exterior inmersa en lineamientos de obtención de resultados de muy corto plazo, ya que la realidad africana estaba muy lejos de ocupar un lugar prioritario entre los objetivos que pretendía cumplir. En esos momentos, los países africanos eran considerados "necesitados" y no posibles aliados estratégicos. Lo anterior tuvo como resultado que muchos países, incluido México, sostuvieran una política exterior de muy bajo perfil hacia dichos países. Así, nuestro país tuvo como prioridad de la política exterior en el período 1988-1994 la inserción de México en el rango de los países desarrollados, desmereciendo su imagen en los países africanos.
En los últimos dos sexenios, incluido el actual, el gobierno mexicano, con la finalidad de intentar cumplir la diversificación de sus relaciones en los diversos ámbitos, como el diplomático, económico, comercial, cultural y político, se ha planteado que las mismas se hagan de manera global, lo cual en cierta medida podría ser aprovechado de mejor manera. Un aspecto muy importante de resaltar radica en el hecho de que se debe erradicar la idea de que sólo se deben incluir en la política exterior las áreas económicamente más visibles o redituables en términos económicos. En este sentido, es muy importante que la Secretaría de Relaciones Exteriores tome muy en cuenta esto en los esfuerzos que realiza para fortalecer las relaciones con los países africanos, con la finalidad de que esto le permita desempeñar un papel importante en la política internacional.
En esta comisión del Senado de la República estamos conscientes de que África representa un cúmulo de oportunidades de acercamiento político bilateral, regional, de cooperación, comercio e inversión, entre muchos otros.
Por lo anterior, creemos que África debe dejar de ser sólo un párrafo en los discursos de la cancillería, y esto lo afirmamos en virtud de que mientras a las relaciones multilaterales y a las relaciones de México con el continente americano, con Europa e incluso ahora con Asia, a África sólo le dedican algunas líneas en las que se manifiesta únicamente la intención de ampliar nuestra participación y presencia en esta región del mundo.
Resulta indispensable recordar que África es un continente sumamente rico en hidrocarburos; recursos naturales; metales y minerales que hoy en día resultan son esenciales para la producción de aparatos eléctricos y electrónicos, así como para el desarrollo de nuevas tecnologías y la producción de aleaciones utilizadas en la aeronáutica espacial.
Con todo lo anterior, no resulta complicado comprender que África se ha convertido en una región estratégica que ameritaría por sí misma un mayor interés de nuestro país y, desde luego, una mayor convergencia de nuestra política exterior con las posiciones de varios de estos países en los organismos internacionales.
Así lo han entendido naciones como China, que cuenta con 371 embajadas en dicho continente; Cuba que tiene 29;2 Brasil, que en octubre de 2007 contaba con 20 embajadas en África y hoy cuenta con 303 representaciones, y Venezuela, que tiene 18.4 Ello, de manera muy evidente, nos permite darnos cuenta de la notable importancia que el país del sol carioca le está brindando al continente africano, ya que por año abrió cinco embajadas, superando así a los demás países que están en busca del mercado africano.
Otra muestra del patente interés por contar con una relación más estrecha con los países africanos, radica en las visitas oficiales que en el último año han realizado los respectivos presidentes de China, Cuba, Brasil, Venezuela, Argentina, y muy recientemente el mandatario de Estados Unidos de América, Barack Obama.
En un orden de ideas similar, vale la pena mencionar que del 23 al 27 de septiembre pasado se llevaron a cabo los trabajos de la II Cumbre América del Sur-África, mejor conocida como ASA, en la cual participaron 39 de los 54 países africanos, de los cuales en el caso de 20, estuvieron representados por los respetivos Jefes de Estado; y por el lado sudamericano participaron 12 países, de los cuales en 8 casos estuvieron representados por su respectivo Presidente. Esto, de manera indudable nos permite deducir la importancia que le están brindando los países de América del Sur a sus relaciones con los países africanos; visión que estimamos es correcta, y en la cual México se está quedando en el rezago.
Por ello, en el Senado tenemos como propuesta explorar perspectivas a futuro, las cuales justamente pueden ser opciones de posibles nuevos ámbitos de acción de esa política integral que sostenemos y exigimos que tenga nuestro país hacia África. Desde este Senado proponemos que la política exterior se encauce y diversifique hacia esta región del orbe, y para ello es necesario que el Poder Ejecutivo federal, a pesar de la actual crisis económica, elabore innovadoras estrategias, así como políticas de concertación y diálogos políticos mucho más sólidos de los que hasta hoy hemos tenido.
Un aspecto que se debe resaltar es el hecho de que México y África en la actualidad mantienen posiciones comunes en muchos temas de la agenda internacional, entre ellos se pueden destacar la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, los cuales obviamente pueden ser tema que permita un acrecentamiento y fortalecimiento de la presencia de nuestro país en el continente africano.
La vinculación de México con África debe pasar de las palabras a las acciones, para así empezar a materializar todas esas buenas ideas y proyectos que ahí están; con lo cual se capitalizará la cooperación que en diferentes rubros pueda darse entre las naciones africanas y nuestro país.
México necesita una mayor visión hacia África para que entonces se podamos aprovechar todos los avances que ya existan en materia de intercambios en las diversas materias.
Es de llamar la atención que en un continente que cuenta con más de la cuarta parte de la membresía total de los votos en las Naciones Unidas, y México sólo tiene 8 representaciones en países como Argelia, Egipto, Etiopia, Kenya, Marruecos, Sudáfrica, Nigeria y Angola, así como numerosas concurrencias que sólo denotan ignorancia de la activa participación que otros países están teniendo en África, desdén a nuestros hermanos africanos y una imperdonable falta de visión integral y estratégica de nuestra política exterior.
¿Quién de nosotros podría cuestionar o argumentar de manera contundente en contra de la apertura de una representación diplomática en países como Côte D’Ivoire, Libia (país que actualmente preside la Unión Africana) Namibia, la República Democrática del Congo, Ghana o Camerún?, por citar sólo algunos casos. En el caso de Côte D’Ivoire tenemos que es un país de África Occidental que cuenta con el puerto de Abiyán, ciudad que es considerada el centro comercial y más importante de la región.
Apertura de nuestra embajada en Angola
Angola es uno de los cinco países que domina el escenario petrolero. Y para ello, se debe recordar que África posee reservas probadas de cerca de 100 mil millones de barriles de petróleo (cerca de 9 por ciento del total mundial), y de 180 mil millones de barriles aún por descubrirse. Así mismo, éste continente extrae alrededor de 8 mil 400 millones de barriles de crudo al día, 10 por ciento del total mundial. Angola es el cuarto país del continente en reservas probadas de petróleo y se especializa en el manejo de industrias y explotación de diamantes, uranio, oro y bauxita. Esta última, utilizada principalmente en la producción de aluminio y es un insumo que producen menos de 10 países en el mundo.
La República de Angola abrió una representación diplomática en nuestro país desde el año 2003, y el próximo 6 de diciembre cumplirá 6 años dicha Embajada. Es muy preocupante, que hayan transcurrido varios años para que México, diera una muestra de reciprocidad a éste país africano, que como ya lo hemos manifestado juega un papel muy importante en el sector económico de dicho continente; ya que fue hasta junio de este año, es decir 5 años y medio después de que se abriera la embajada de Angola aquí, cuando México formalmente abrió nuestra Embajada en Luanda, capital de Angola.
A este respecto, nos parece que no tan sólo el gobierno mexicano en turno ha tomado muchísimo tiempo en ser recíproco con éste país africano, sino que además, creemos y estamos seguros que algo se está haciendo mal; ya que de manera extraoficial tenemos conocimiento de las intenciones de la cancillería mexicana, de cerrar dicha embajada por cuestiones presupuestales, lo cual nos parece no sólo una falta de respeto, sino una decisión imperdonable que traería consecuencias incalculables de diversa índole con éste país del África Central.
De manera oficial, el pasado 15 de septiembre, fecha en que la canciller Patricia Espinosa Cantellano tuvo a bien comparecer ante esta soberanía, el senador Salomón Jara Cruz, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, África, a pregunta expresa sobre la posibilidad del cierre de dicha en embajada nuestra en Luanda; la embajadora Cantellano le respondió que es una decisión que están valorando, ya que ha habido una serie de imprevistos presupuestales que están dificultando que la Embajada funcione como debería hacerlo.
Lo anterior nos parece igual de preocupante, ya que consideramos que si no se tenía perfectamente planeada dicha apertura, hubiese sido preferible no haberlo hecho, en virtud de que en éste momento, el cierre traería consigo un sin número de consecuencias políticas y en cierto grado económicas, ya que deben ustedes saber que un número importante de empresarios ya ha viajado a Luanda con la intención de invertir en este país africano. Si fuera el caso de que se cerrara, seguramente dichos proyectos de inversión no se llevarían a cabo.
Sabemos que en la práctica diplomática, todo Estado es soberano y libre de actuar conforme a sus necesidades internas ante cualquier evento que se le presente; y toda decisión del Estado en una relación bilateral o multilateral estará basada en la buena fe y en la reciprocidad. Por tanto, es evidente que ningún Estado estará obligado a efectuar determinada acción a través de la fuerza o la coerción. Hay que recordar también que el principio fundamental del derecho internacional y diplomático es que queda reservado el derecho de acción o inacción a cada Estado en particular.
También sabemos que cualquier país está en todo su derecho y facultad de abrir o cerrar cualquier embajada en cualquier otro país sin la necesidad de justificarse por ningún motivo.
Sin embargo, en la Comisión de Relaciones Exteriores, África, estimamos que cerrar nuestra embajada en Luanda significaría un rompimiento de relaciones diplomáticas, que traería consecuencias de índole política, que difícilmente podríamos superar. Y para ello, baste sólo recordar como ejemplo la pésima decisión del gobierno en turno de cerrar en los años noventas nuestra embajada de México en Zimbabwe, para abrir una en Sudáfrica. Al respecto, debemos decir que no fue una decisión incorrecta abrir una embajada en la nación del arco iris, de Nelson Mandela, por el contrario, eso no es lo que está a discusión, lo que sí estuvo muy mal, fue abrirla habiendo cerrado primero la que estaba abierta en Zimbabwe; argumentando como siempre, que por cuestiones presupuestales no se podían sostener a las dos.
Pensamos que la decisión de cerrar la embajada mexicana en Luanda, no tan sólo transgrediría el principio de reciprocidad por el cual Angola se mantuvo por más de 5 años aquí en México, ya que ellos aceptaron esperar por éste tiempo a que México cumpliera con tener una embajada en Luanda. Sin embargo, ahora que ya existe, estimamos que el cerrarla repercutiría en nuestras relaciones diplomáticas, ya que la embajada de Angola seguramente se tendría que ver en la necesidad de cerrar de igual forma su representación en nuestro país. Lo cual para ellos, es un insulto adicional, ya que hace tan sólo un par de meses, el gobierno de Angola decidió adquirir el inmueble en donde está ubicada su embajada en la Ciudad de México. Juzgamos que esta decisión se tomó, con la visión e ilusión de que las relaciones diplomáticas ya estarían en una fase de consolidación, por lo que contar con una embajada propia significaría una muestra del sumo interés que el gobierno angoleño tiene con la relación con nuestro país.
Si bien es cierto que las relaciones internacionales se rigen por lo establecido en la Convención de Viena, no debemos dejar de lado que más allá de la ley están una serie de prácticas también fuentes de la costumbre internacional como son la moral internacional. Esto se refiere a cómo quedaría un Estado ante otro, en éste caso la forma en que quedaría México si cerrara la embajada en Angola, lo cual se rige por otros intereses de tipo bilateral. Creemos que no sería muy bien visto, ya que esto también implica la falta de compromiso de un gobierno, hacia los compromisos que adquiere, motivo por el cual, entonces, tal vez muchos países pierdan el interés de venir a México. En la comisión estimamos que el argumento esgrimido por parte de la cancillería mexicana es inaceptable, ya que dentro del presupuesto para éste año ya estaba considerado el gasto que implica el que dicha embajada esté abierta y en pleno funcionamiento.
Senadores, resulta paradójico que mientras aquí estamos analizando el posible cierre de la embajada de México en Luanda, allá, la Asamblea Nacional aprobó el viernes pasado por unanimidad de los diputados presentes en la primera sesión plenaria ordinaria de la II Legislatura de este órgano, una resolución que aprobó un Acuerdo Marco de Cooperación entre las Repúblicas de Angola y Popular de China. Dicho Acuerdo pretende estimular la promoción de asociaciones entre empresas chinas y angoleñas, con base en el principio de complementariedad y joint venture. Como se observa, China –como vimos– toma muy en serio sus relaciones diplomáticas y comerciales con los países africanos, y en este caso, con Angola.
Es momento de manifestar, que desde el Senado nos encargaremos de pedirle a la Cámara de Diputados que no haya una reducción presupuestal en materia de política exterior, con la finalidad de que éste no sea el argumento que se esgrima al momento de tomar éste tipo de decisiones, que como ya lo manifestamos son incorrectas y políticamente inaceptables. Estamos convencidos de que la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe hacerle ver a la Secretaría de Relaciones Exteriores, las consecuencias políticas que implicaría el cierre de nuestra representación diplomática en Luanda, Angola.
Presupuesto en materia de política exterior
La situación actual del sistema internacional ha demostrado la urgente necesidad de interacción entre los Estados, de cooperación y por supuesto, de intercambio en todas sus modalidades.
En el caso de México, la apertura hacia otras áreas geográficas distintas a la natural, dada la vecindad, con los Estados Unidos de América ha significado beneficios que si bien no pueden considerarse óptimos sí son un buen inicio de una política exterior plural y de acuerdo con la realidad internacional.
Sin embargo, una de las formas para hacer efectiva la interacción entre los Estados es la apertura de representaciones diplomáticas en los países en que el gobierno mexicano –sobre todo en el continente africano– no cuenta con embajadas, oficinas de negocios o consulados pero para ello es necesario aumentar el techo presupuestal de la federación en materia de política exterior, ya que éste es sin duda menor mal necesario.
Se prevé que los recursos económicos destinados a la Secretaría de Relaciones Exteriores para el ejercicio 2010 serán de 6,094.5 millones de pesos lo que supone un aumento aparente de 8.7 por ciento respecto al ejercicio 2009. Empero, debe considerarse que en términos reales éste es inferior si se toman en cuenta los movimientos en el tipo de cambio como consecuencia de la crisis económica. Principalmente, porque alrededor de dos terceras partes de las erogaciones de dicha Secretaría se efectúan en moneda extranjera lo que provoca que los gastos sean mayores; por la apreciación del euro y del dólar en 25 por ciento. Es decir, no es un aumento sino una reducción del presupuesto para esta materia.
Si bien son indudables las consecuencias negativas de la crisis económica mundial y el impacto en la economía nacional, así como la urgente necesidad de llevar a cabo una política de austeridad debe considerarse que el cierre de embajadas en los países africanos, como en el caso que se ha comentado de nuestra Embajada en Angola, que de hecho, son escasas representaría un retroceso en los avances que se han tenido en años recientes respecto a la relación del Estado mexicano con el continente africano.
Por tanto, es urgente instar el análisis exhaustivo de la relación costo beneficio a corto, mediano y largo plazo de tal forma que el destino del presupuesto sea coherente con la necesidad de aumentar las relaciones entre México y África; teniendo siempre presente que es un continente que brinda la oportunidad de intercambios favorecedores tanto para los mexicanos como para los africanos en pro del desarrollo social y económico, ya que ésta es nuestra responsabilidad y debe ser nuestro principal objetivo.
Por todo lo anterior, y porque no tenemos la menor duda de que el fortalecimiento de nuestras relaciones con el continente africano, puede ser un detonante que ayude a diversificar de manera efectiva nuestra política exterior, con una visión integral, objetivo fundamental en el que Ejecutivo y Legislativo debemos y podemos trabajar conjuntamente, nos permitimos poner a su consideración con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Cámara de Diputados a trabajar de manera conjunta a efecto de considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 una partida presupuestal destinada a fortalecer y ampliar en lo posible la presencia de nuestro país en África, la cual también esté destinada a consolidar la presencia diplomática con que ya contamos en dicho continente.
Segundo. La Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Relaciones Exteriores a abstenerse de cerrar nuestra representación diplomática en Luanda, Angola.
Notas
1. 1. Angola; 2. Benin; 3. Botswana; 4. Burundi;
5. Camerún; 6. Cabo Verde; 7. República Centroafricana; 8.
Comoros; 9. República Democrática del Congo; 10. República
del Congo; 11. Costa de Marfil; 12. Djibouti; 13. Guinea Ecuatorial; 14.
Eritrea; 15. Etiopía; 16. Gabón; 17. Ghana; 18. Guinea; 19.
Guinea Bissau; 20. Kenya; 21. Lesotho; 22. Madagascar; 23. Malí;
24. Mauricio; 25. Mozambique; 26. Namibia; 27. Níger; 28. Nigeria;
29. Rwanda; 30. Seychelles; 31. Sierra Leona; 32. Sudáfrica; 33.
Tanzania; 34. Togo; 35. Uganda; 36. Zambia; y 37. Zimbabwe.
2. 1. Angola; 2. Argelia; 3. Benin; 4. Botswana;
5. Burkina Faso; 6. Cabo Verde; 7. República Democrática
del Congo; 8. Egipto; 9. Etiopía; 10. Ghana; 11. Guinea Ecuatorial;
12. Guinea; 13. Gambia; 14. Guinea Bissau; 15. Kenya; 16. Libia; 17. Malí;
18. Mozambique; 19. Namibia; 20. Níger; 21. Nigeria; 22. Seychelles;
23. Senegal; 24. Sudáfrica; 25. Tanzania; 26. Túnez; 27.
Uganda; 28. Zambia; y 29. Zimbabwe.
3. 1. Argelia; 2. Angola; 3. Botswana; 4. Benin;
5. Burkina Faso; 6. Congo; 7. Costa de Marfil; 8. Camerún; 9. Cabo
Verde; 10. República Democrática del Congo; 11. Etiopía;
12. Ghana; 13. Guinea; 14. Guinea Ecuatorial; 15. Guinea Bissau; 16. Gabón;
17. Mauritania; 18. Malí; 19. Mozambique; 20. Marruecos; 21. Nigeria;
22. Níger; 23. Sudáfrica; 24. Tanzania; 25. Túnez;
26. Togo; 27. Senegal; 28. Kenya; 29. Zambia; y 30. Zimbabwe.
4. 1. Benin; 2. Angola; 3. Argelia; 4. República
del Congo; 5. Egipto; 6. Etiopía; 7. Gambia; 8. Libia; 9. Liberia;
10. Mozambique; 11. Mali; 12. Marruecos; 13. Namibia; 14. Nigeria; 15.
Kenya; 16. Senegal; 17. Sudáfrica; y 18. Zimbabwe.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 19 de octubre de 2009.
Senador José Julián Sacramento Garza (rúbrica)
DE LA CÁMARA DE SENADORES,
CON EL QUE REMITE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE QUE
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDERE
UNA PARTIDA ADICIONAL PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DESTINADA A CUMPLIR EL DECRETO QUE CONTIENE EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE
LOS PODERES EJECUTIVOS FEDERAL Y DE COLIMA, PRESENTADA POR MARTHA LETICIA
SOSA GOVEA, J. JESÚS DUEÑAS LLERENAS, ROGELIO RUEDA SÁNCHEZ
Y CARLOS SOTELO GARCÍA
México, DF, a 20 de octubre de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente
Me permito comunicar a usted que en la sesión celebrada en esta fecha, los senadores Martha Leticia Sosa Govea, Jesús Dueñas Llerenas, Rogelio Rueda Sánchez y Carlos Sotelo García, presentaron propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se considere una partida presupuestal adicional para la Secretaría de Educación Pública, destinada a cumplir con el decreto que contiene el convenio que se celebró entre el Poder Ejecutivo federal y el Ejecutivo de Colima.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Senadores
Presente
De los senadores Martha Leticia Sosa Govea, Jesús Dueñas Llerenas, Rogelio Rueda Sánchez y Carlos Sotelo García, integrantes del Senado de la República de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, sea considerada una partida presupuestal adicional para la Secretaría de Educación Pública, destinada a cumplir el decreto que contiene el convenio que, de conformidad con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, se celebró entre el Poder Ejecutivo federal y el Ejecutivo de Colima, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1992, al tenor de los siguientes
Considerandos
Que la labor educativa, a fin de lograr el cumplimiento de sus objetivos con plenitud, se ha sometido a estrategias de modernización y reforma, tanto en sus contenidos temáticos como en la organización del magisterio, tal y como lo demostraron los componentes de la reforma educativa de 1972, que trajo consigo los principios de la escuela interactiva y la dinamización del profesorado, así como la reforma de 1992, que permitió que la organización educativa y los planes y programas de estudio, se ajustaran a la realidad nacional como parte indispensable de los procesos de la reforma del Estado.
Que dichos procesos nacidos con la última reforma educativa de 1992, se basaron en la completa federalización de la educación que permitió el mayor control de la infraestructura escolar, de los sistemas y de la organización magisterial por parte de las entidades federativas.
Que dichas acciones se hicieron patentes en todo el territorio nacional, estableciéndose en lo que respecta al estado de Colima, lo dictado en el convenio que de conformidad con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, se celebró entre el presidente de la República y el titular del Ejecutivo estatal, con la comparecencia del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1992 y en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Colima, el 13 de junio del mismo año.
Que en el señalado convenio se estableció la transferencia de las atribuciones de los servicios educativos operados hasta ese año por parte del gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, al gobierno de Colima, encargado de la consignación de los recursos destinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado anualmente por la Cámara de Diputados.
Que en el convenio, entre otros objetivos, se fijó el del mejoramiento de la calidad de la educación, elevando su cobertura y el fortalecimiento del propio sistema educativo estatal, sin dejar de proveer el equipo de infraestructura básica a las escuelas públicas, con los recursos destinados por el gobierno federal. Con tales medidas, fueron aplicados los principios establecidos en el artículo tercero constitucional, así como en la Ley Federal de Educación.
Que en lo relativo a los prestadores de servicios en el sector educativo antes dependientes de la federación, quedó estipulado que el gobierno estatal garantizaría el completo respeto a sus derechos laborales y de seguridad social, así como la homologación de prestaciones económicas con respecto al magisterio adscrito antes de esa fecha al sistema educativo del estado y que el Ejecutivo federal quedaría obligado con la responsabilidad solidaria, según se desprende de las cláusulas quinta y sexta del referido convenio.
Que en el Convenio para la Modernización de la Educación Básica, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima, con fecha 13 de junio de 1992, se señala el compromiso del gobierno federal de proponer en la iniciativa del presupuesto de egresos de cada ejercicio, un gasto general global en educación transferido al gobierno de Colima, que permitiera reducir gradualmente diferencias que, en su caso, se presentaran en el salario integrado de los trabajadores, de acuerdo a lo aludido en las cláusulas vigésima cuarta, vigésima quinta y vigésima sexta del convenio.
Que desde el año 1992 hasta la fecha, la responsabilidad directa del gobierno de Colima y la responsabilidad solidaria del Ejecutivo federal, no han tenido los cauces adecuados para la programación y ejecución de los pagos derivados del convenio.
Que en el Congreso de Colima han sido aprobados distintos puntos de acuerdo solicitando respetuosamente al gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como al gobierno del estado, su favorable intervención, sin que al día de hoy exista una respuesta relativa a la consignación del presupuesto para el pago de las cantidades adeudadas al magisterio colimense adscrito a la sección 6a. del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Que, de igual forma, la Asociación Colimense de Jubilados y Pensionados, AC, buscando que se les de cumplimiento a los compromisos contraídos en 1992, han realizado solicitudes y reuniones con los titulares del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que se proceda a la transferencia de recursos correspondientes; adicional a esto, es de señalar también, la existencia de procesos interpuestos ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón de Colima, por parte de un importante sector de profesores jubilados y pensionados, sin que hasta el momento exista resolución alguna en torno al cumplimiento de sus demandas de recursos presupuestales.
Que el contenido del convenio celebrado para la descentralización de los servicios educativos en Colima, cumple con todas las formalidades y requisitos legales, por lo que debe ser cumplido en lo conducente y eliminar gradualmente las diferencias existentes entre los salarios y prestaciones económicas de uno y otro sector magisterial, dando con ello término a un periodo de 17 años de afectación directa a jubilados y pensionados, principalmente.
Que con el fin de ser considerado el pago de las cantidades adeudadas por concepto de homologación, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, debe exhortarse a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en la medida de sus atribuciones, destine a la Secretaría de Educación Pública, los recursos requeridos para dar cumplimiento a los convenios en comento, para que a su vez lo entregue al gobierno de Colima a fin de que cumpla las obligaciones pendientes.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 sea considerada una partida presupuestal adicional para la Secretaría de Educación Pública destinada a cumplir el decreto que contiene el convenio que, de conformidad con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, se celebró entre el Poder Ejecutivo federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Colima, mismo que se publico en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1992.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 20 de octubre de 2009.
Senadores: Martha Leticia Sosa Govea, Jesús
Dueñas Llerenas, Rogelio Rueda Sánchez, Carlos Sotelo García
(rúbricas).
México, DF, a 20 de octubre de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 22, Apartado C, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Minuta
Proyecto de Decreto
Que reforma el artículo 22, Apartado C, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Único. Se reforma el artículo 22, Apartado C, de la Ley para Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para quedar como sigue:
A. …
B. …
C. Conocer su filiación y su origen, incluyendo el genético, salvo en los casos que las leyes lo prohíban.
D. …
..."
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Túrnese a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para los efectos del Apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 8 de octubre de 2009.
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica)
Secretario
Propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para exhortar la inmediata intervención de la Procuraduría General de la República ante las actividades de Miguel Ángel Yunes Linares, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), quien ha dispuesto de recursos públicos en su provecho, y dar pronta respuesta a la denuncia interpuesta por la diputada local Elvia Ruiz Cesáreo, ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por los Servidores Públicos de la Procuraduría General de la República (PGR).
Honorable asamblea, compañeros y compañeras: hago uso de esta tribuna con la intención de hacer una breve reflexión, una convocatoria y una petición formal a este pleno para ratificar las bases del respeto, la ética y el cumplimiento de nuestro deber en el ejercicio de una representación popular como es nuestro caso o de el desempeño de una función pública.
En las últimas semanas ha tenido lugar en esta que es la máxima tribuna del país un intenso, y respetuoso debate, sobre la visión que cada partido representado en esta Cámara tiene del tipo de nación que queremos, del presente y futuro que demandamos para los mexicanos.
En el tema económico, que es el que nos ha ocupado buena parte de nuestro tiempo en los días recientes. Los priistas hemos sido insistentes en la necesidad de hacer un uso más efectivo, racional e inteligente de los recursos públicos de que disponemos para el desarrollo del país.
Hoy pedí hacer uso de la tribuna para poner un claro ejemplo de cómo la función pública puede desviarse, de cómo los presupuestos públicos destinados para atender las necesidades sociales de la población pueden ser utilizados para el cumplimiento de ambiciones particulares, y como también son el vehículo para distorsionar el actuar del gobierno federal que ha sido hasta ahora tolerante y hasta complaciente con este tipo de acciones y actitudes que denigran la actividad pública y política.
Desde hace mucho tiempo el estado de Veracruz y su gobernador, Fidel Herrera Beltrán, han sido objeto de una indigna y permanente campaña de ataques y denostaciones de parte de Miguel Ángel Yunes Linares, hoy militante panista y servidor público desde los tiempos del ex presidente Vicente Fox y en la actualidad responsable de la Dirección General del ISSSTE.
Miguel Ángel Yunes Linares usa los recursos públicos que tiene a su disposición para desarrollar una campaña de difamación y mentiras contra Veracruz y los veracruzanos.
Utiliza el presupuesto de la dependencia a su cargo para promoverse políticamente en el estado, desatiende su función como responsable de la seguridad social de millones de burócratas mexicanos para hacer actividad política y partidista en Veracruz.
Los diputados priistas creemos en el respeto y la tolerancia como base del ejercicio de la política, pero no compartimos las simulaciones ni la hipocresía, y menos aún el derroche de recursos públicos en favor de un personaje en particular, cuando hay tantas necesidades y reclamos sociales que cubrir.
El ISSSTE, todos lo sabemos, enfrenta una difícil circunstancia financiera que se refleja en un pésimo servicio a la derechohabiencia, deficiencias medicas que afectan la esperanza de vida de los millones de burócratas que tienen la necesidad de acudir a alguna de las clínicas que operan en el país.
Problemas para acceder a programas de vivienda, a créditos al consumo, un sistema de tiendas malo y deficitario que sólo implican gastos sin sentido para el erario, y que no cumplen la tarea de servicio en favor de los trabajadores mexicanos.
El director general del ISSSTE está más ocupado en visitar Veracruz, en realizar una campaña personal a su favor y en contra del gobierno del estado, que en cumplir de manera eficiente con la tarea que le ha sido encomendada por el presidente Felipe Calderón, que no sabemos si ignora la circunstancia en que se mueve su colaborador, o es partícipe de ésta.
Hace algunos días el director general del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes Linares, fue denunciado por la diputada local del estado de Veracruz Elvia Ruiz Cesáreo ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por los Servidores Públicos de la PGR, por el presunto uso indebido de recursos públicos del instituto a su cargo.
Está perfectamente documentada la promoción que el funcionario federal hace de su persona a través de inserciones constantes de publicidad en diversos medios de comunicación de Veracruz Su presencia casi permanente en la entidad, a donde todos los fines de semana realiza giras políticas con panistas.
En los primeros seis meses de este año Miguel Ángel Yunes Linares realizó 26 giras de trabajo por el país, 11 de ellas, 42 por ciento de las mismas, fueron al estado de Veracruz.
Está documentado también que la Coordinación De Comunicación Social del ISSSTE contrató espacios para publicitar las visitas de Yunes Linares a Veracruz que nada tienen de institucionales y si se enmarcan en una violación al artículo 134 constitucional, que prohíbe el uso de recursos públicos para la promoción de la imagen de servidores públicos.
La legislación en este sentido es muy clara y señala que la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difunden poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres poderes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, y en ningún caso incluirán nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
El mismo artículo constitucional también refiere de manera precisa que los recursos económicos de que disponga el gobierno federal así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales se administran con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Resulta obvio que el mandato de la constitución está siendo violentado con el actuar de Miguel Ángel Yunes Linares, por lo cual solicito a esta soberanía la intervención de la Junta de Coordinación Política a efecto de que la PGR atienda la denuncia a la que me he referido.
Es una obligación legal de los legisladores federales vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos a través de las diferentes dependencias de gobierno y es una responsabilidad moral y política de todos los representantes populares obligar a los servidores a cumplir con honestidad y eficacia la tarea que se les ha encomendado y por la cual reciben un salario.
México no está en condiciones de seguir tolerando dispendios, corrupción e ineficacia en el sector público. El gobierno federal pide al Congreso de la Unión trabajo y apoyo para cumplir con su tarea, los diputados del PRI exigimos a la administración del presidente Felipe Calderón que acabe con la doble moral y el doble discurso, que cumplan sus funcionarios con la responsabilidad que tienen, que no usen los cargos ni el dinero de los mexicanos para abonar ambiciones personales ni aspiraciones partidistas
No hay tiempo ni espacio para distorsiones económicas ni políticas.
Los priistas y los diputados federales veracruzanos no toleraremos mas derroche ni más ataques e infamias contra Veracruz.
Por todo lo anterior expuesto comparezco ante esta soberanía para presentar la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Único. La Junta de Coordinación Política exhorta a la PGR que preste inmediata atención a la denuncia interpuesta por la diputada local del estado de Veracruz Elvia Ruiz Cesáreo ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por los Servidores Públicos, por las actividades de Miguel Ángel Yunes Linares, director general del ISSSTE, quien ha dispuesto de recursos públicos en su provecho.
Diputado Antonio Benítez Lucho (rúbrica)