El suscrito, diputado federal Miguel Ángel Terrón Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para que se consideren, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, recursos destinados a la conservación y manejo de parque nacional Nevado de Toluca.
Considerandos
I. Que durante mi campaña electoral di testimonio de las demandas ciudadanas en el sentido de asegurar el abasto de agua en los 6 municipios que comprende el Distrito Electoral 27: Metepec, San Mateo Atenco, Calimaya, San Antonio la Isla, Mexicaltzingo y Chapultepec. Estos municipios están comprendidos en el área metropolitana del valle de Toluca –la quinta zona del país– donde cada día es más sensible la escasez del vital líquido para cerca de 2 millones de habitantes.
II. En ese mismo periodo pude constatar la falta de drenes naturales en el área que resultan en fuertes y graves inundaciones que afectan distintas áreas urbanas de Metepec, las áreas rurales de San Antonio la Isla donde habitan grupos sociales en situación de alta vulnerabilidad y pobreza, y en San Mateo Atenco donde la falta de entubamiento de un tramo del colector San Isidro ocasiona inundaciones de magnitud que afectan vías de comunicación, viviendas y comercios.
III. Cuando las lluvias sobrepasan los valores medios mensuales y anuales causan desgajamientos de la montaña por la erosión, lo que provoca que las poblaciones asentadas cerca del parque sean afectadas por inundaciones acompañadas de rocas enormes y de lodos que han sepultado algunas parcelas y casas. La ladera este, donde se encuentran los arroyos La Ciénega y El Zaguán, es la más afectada por este proceso. Los desbordamientos se extienden a los municipios mencionados en el segundo considerando.
IV. Tales problemas se originan en gran medida en la deforestación del parque nacional Nevado de Toluca que con una superficie de 53 mil 912 hectáreas, abarca parte del territorio de 10 municipios del estado de México: Almoloya de Juárez, Amanalco de Becerra, Calimaya, Coatepec Harinas, Temascaltepec, Tenango del Valle, Toluca, Villa Guerrero, Villa Victoria y Zinacantepec.
V. Además de la pérdida de bosque por plagas y enfermedades la acción del hombre juega un papel determinante en la pérdida de los bosques: la tala y el cultivo de papa con efectos altamente erosivos en el suelo contribuyen en gran medida al deterioro del Nevado de Toluca. Asimismo, el régimen de tenencia de la tierra facilita que los poseedores reciban incentivos para cultivar granos básicos y tengan hatos de ganado, lo que conlleva a la deforestación. Son pocos los ejemplos en que se juntan los terrenos ejidales y comunales para practicar una actividad forestal organizada y con buenos rendimientos.
VI. Debido al cambio de uso del suelo por la transformación de zonas forestales a campos de cultivo y zonas de pastoreo, se estima una tasa de deforestación de 8.4 por ciento en el parque para el periodo 1972-2000, equivalente a 156 hectáreas por año. Debemos reconocer que no hemos procurado alternativas productivas viables y sustentables a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios de la zona para que puedan lograrse un sustento que no afecte al parque natural.
VII. Actualmente la extracción de material pétreo como tepojal, grava y arena con fines comerciales viene intensificando los problemas erosivos en las laderas del volcán; existe evidencia de lugares clandestinos de extracción de materiales arriba de los 3 mil metros sobre el nivel del mar, sobre la ladera noreste del parque; asimismo existen 140 minas en la ladera noreste que están reconocidas, pero provocan impacto erosivo dentro de la poligonal debido a que algunas de ellas están muy cercanas al límite del parque.
VIII. La humedad en el aire ha disminuido en esta región durante los últimos años, como consecuencia de la deforestación y del abatimiento de los mantos de agua en el parque Nevado de Toluca y áreas aledañas. La ciudad de Toluca tenía una humedad relativa promedio anual del 65 por ciento en las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo XX. En la actualidad ha disminuido al 55 por ciento ocasionándose temperaturas extremas antes desconocidas en la región. Es altamente preocupante que los bosques del Nevado de Toluca, por la vejez de sus árboles y efectos de plagas y enfermedades, sea más un emisor de dióxido de carbono que de oxigeno.
IX. Otro problema relacionado con la temperatura es la concentración en la atmósfera de dióxido de carbono, metano, dióxido de azufre, entre otros, que provocan el incremento del efecto invernadero, por lo cual las temperaturas se elevan motivando olas de calor que pueden durar de tres a diez días. Durante estos acontecimientos gran parte de la vegetación se seca, lo que crea condiciones favorables para la formación y propagación de los incendios forestales que se presentan en todo el parque, con predominio de la ladera norte donde se localizan las zonas de cultivos.
X. En el área mencionada intervienen diversas dependencias federales y estatales e incluso de educación superior, que deben mejorar sus esfuerzos de coordinación y de establecimiento de programas conjuntos para devolverle la salud a los bosques del parque natural Nevado de Toluca y asegurar el abasto de agua en el valle de Toluca: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; la Comisión Nacional Forestal; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México; la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo del estado de México; la Protectora de Bosques del estado de México, organismo público descentralizado del gobierno del estado de México; la Secretaría del Agua y Obra Pública del gobierno del estado de México; la Comisión del Agua del estado de México y la Universidad Autónoma del Estado de México. A todas ellas se les exhorta respetuosamente elaboren y apliquen el respectivo Plan de Manejo y Conservación del parque natural Nevado de Toluca.
En resumen, dada la problemática que prevalece en el parque natural Nevado de Toluca y de acuerdo con las necesidades de la ciudadanía y las opiniones de expertos de la Universidad Autónoma del Estado de México en la materia, es importante reforestar el Nevado de Toluca con árboles que puedan crecer en ese hábitat y ser resistentes a las plagas y enfermedades; construir más presas de gavión para detener las fuertes corrientes de agua que ocasionan inundaciones y favorezcan la retención de las corrientes en el Nevado de Toluca realimentado los mantos acuíferos; crear islas de absorción en áreas urbanas para realimentar mantos acuíferos y asegurar el abasto del líquido a la población; embovedar, como un acto de justicia hacia los habitantes, un tramo del colector San Isidro, en la avenida Lerma, del municipio de San Mateo Atenco para evitar inundaciones en ese municipio, emprender programas productivos para cambiar las actividades económicas nocivas en la región del Nevado de Toluca en otras que sean compatibles con la conservación de suelos y bosques y, ampliar los programas de control de plagas y enfermedades.
Desde de esta tribuna hago un llamado a esta honorable asamblea para no postergar más medidas que atiendan un problema que es incluso global: impulsar el derecho a la vida y hacer efectivas las políticas públicas que hagan de la conservación óptima de los bosques y recursos acuíferos una realidad.
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta y solicita atenta y respetuosamente a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Desarrollo Metropolitano, y de Recursos Hidráulicos de esta soberanía, a incorporar en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, 400 millones de pesos para la elaboración del plan de manejo, conservación y restauración del parque natural Nevado de Toluca y su aplicación en una primera etapa.
Segundo. Se etiqueten recursos para el Fondo Metropolitano destinados a la Quinta zona metropolitana del valle de Toluca que serán aplicados: 250 millones de pesos para el embovedamiento de un tramo del colector San Isidro, en la avenida Lerma del municipio de San Mateo Atenco; 10 millones 375 mil 995 pesos para la construcción de 25 presas de gavión en las áreas del Nevado de Toluca insertas en los municipios de Calimaya, Toluca y Tenango del Valle; 6 millones 66 mil pesos para la construcción de 30 pozos de absorción en los municipios de Metepec y San Mateo Atenco.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 13 de octubre de 2009.
Diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza (rubrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA EL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO
EDUCATIVO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, para que las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos incrementen en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 los recursos presupuestales al Consejo Nacional de Fomento Educativo, a efecto que esta dependencia pague un salario digno, hospedaje y alimentación a los instructores comunitarios, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el México actual, una de las mayores deudas pendientes de ser subsanada es la igualdad de oportunidades para todos los mexicanos y mexicanas de acceder a la educación, en particular para la población de las localidades de alto y muy alto rezago social o en municipios con un bajo índice de desarrollo humano. En el discurso, la Secretaría de Educación Pública federal pregona y publicita la instrumentación de programas dirigidos a atender a las niñas y los niños en edad escolar que habitan en las zonas del país con esas características.
Sin embargo, dichos programas resultan aberrantes por decir lo menos. Y con justa razón, compañeras diputadas y diputados, se preguntarán en donde está lo aberrante. El asunto es que en los presupuestos asignados a dichos programas, las autoridades educativas no incluyen recursos pertinentes y necesarios para la efectiva prestación del servicio educativo.
Este es el caso del modelo comunitario de educación inicial y básica para población mestiza, operado por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), cuyas autoridades no cubren el pago de hospedaje y alimentación de los instructores comunitarios. ¿Y saben quién debe cubrir el costo de ambas cosas? Lo deben cubrir los habitantes de las comunidades con mayor rezago económico del país, donde se presta ese servicio educativo.
Dicho de otro modo, más claro, para que se entienda, la población más marginada y en condiciones de alto rezago social y económico tiene que sufragar parte de los gastos educativos que por ley debe cubrir el Estado, por ser el principal responsable de otorgar y garantizar el derecho a la educación consagrado en el artículo tercero constitucional.
Pero las aberraciones no terminan ahí. Las consecuencias de que los habitantes de esas comunidades no puedan pagar la alimentación y el hospedaje de los instructores comunitarios conlleva simplemente a que el Conafe no preste el servicio, o bien, lo cancele. Esta no es una suposición, ni mucho menos una conclusión personal.
No sé si en un acto de honestidad o disculpen de cinismo, el Conafe reconoce lo anterior en la Cuenta Pública de 2008, donde argumentó que no pudo cumplir la meta de instalar más de 30 mil servicios educativos debido –y cito textual– a "la imposibilidad para cubrir los gastos asociados al hospedaje, alimentación y cuidados al instructor comunitario por parte de las comunidades, situaciones que impiden la instalación y continuidad del servicio educativo". Al respecto ustedes pueden consultar el documento de la Cuenta Pública 2008, denominado "Análisis del cumplimiento de los indicadores de desempeño".
Más aún, en este documento el Conafe admite, y nuevamente cito textual: "es de resaltar que las localidades en las cuales se instala el servicio educativo del Conafe, difícilmente cuentan con el sustento alimenticio y de hospedaje que se le pueda brindar a la figura educativa, toda vez que únicamente cuentan con lo mínimo indispensable para sus propias familias".
Y para rematar, el Conafe reconoce que "en las localidades prevalece el desempleo, la violencia, el hambre y la pobreza, lo que conlleva en muchos casos a no instalar o cerrar el servicio educativo".
Pero lo que no dice el Conafe es otra situación de miles de instructores comunitarios, que también debe ser atendida, como es el hecho que estos maestros rurales del siglo XXI tienen que caminar hasta cuatro horas para llegar a las comunidades a prestar sus servicios.
Por lo expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. El pleno de la Cámara de Diputados solicita a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública que se incrementen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 los recursos necesarios para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo pague un salario digno, hospedaje y alimentación a los instructores comunitarios, toda vez que los habitantes de las comunidades donde prestan el servicio educativo carecen de recursos para sufragar los gastos de esos trabajadores de la educación, lo que conlleva a la no instalación o cancelación de la prestación de educación a niños y niñas en edad escolar.
Segundo. Los recursos que sean incrementados al Consejo Nacional de Fomento Educativo para los efectos solicitados en el anterior artículo deberán ser etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2009.
Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA CFE A ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO DE PRELACIÓN PARA
CONTRATAR A LOS TRABAJADORES QUE PRESTABAN SERVICIOS EN LUZ Y FUERZA DEL
CENTRO, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO ESCUDERO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PVEM
Pablo Escudero Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El 11 de octubre de 2009 se publicó en el Diario Oficial el decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Algunos de los motivos señalados por el presidente de la república, para realizar esta acción son los siguientes:
Mantener las transferencias hubiera implicado elevar las tarifas de manera desproporcionada y pedir más impuestos a los contribuyentes.
Las condiciones establecidas en el contrato laboral impedían la operación eficaz de la empresa. Eso mermó severamente su productividad: mientras que en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la relación es de 2 mil 500 megavatios/hora vendidos por cada trabajador, en Luz y Fuerza del Centro es de apenas 730 megavatios/hora vendidos por trabajador.
Al momento de su extinción, Luz y Fuerza del Centro registraba pérdidas de casi la tercera parte de la electricidad que distribuía, y su plantilla de trabajadores crecía permanente y desproporcionadamente. En la Comisión Federal de Electricidad hay un trabajador de distribución por cada 627 usuarios. En cambio, en Luz y Fuerza del Centro había un trabajador de distribución por sólo 291 usuarios.
La jubilación, prevista en el contrato colectivo, establece que los trabajadores jubilados sindicalizados reciban en promedio 3.3 veces el salario promedio de los trabajadores en activo. Esto hacía que Luz y Fuerza del Centro tuviera un pasivo laboral insostenible.
Los problemas de eficiencia, capacidad de distribución y calidad en el servicio tenían además un impacto negativo en la economía ya que desalentaban las inversiones y oportunidades de empleo.
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes ha asumido la función de liquidar a Luz y Fuerza del Centro y ha dispuesto que los bienes necesarios para la prestación de dicho servicio sean utilizados por la Comisión Federal de Electricidad, conforme a lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
La liquidación de la empresa ascendería a unos 20 mil millones de pesos.
Antes de tomar esta decisión, el gobierno federal realizó esfuerzos para elevar la productividad y mejorar el servicio a través de acuerdos y convenios con el sindicato, sin haber logrado avances.
Adicionalmente, de continuar el ritmo actual de operaciones de Luz y Fuerza del Centro, en el año 2017 se tendrían 37 mil 934 jubilados, con crecimiento anual de 6.45 por ciento y el gasto total por pasivos laborales sería de 26mil 165 millones de pesos, con crecimiento anual de 11.49 por ciento.
Cabe mencionar que en la LIX Legislatura, el Grupo Parlamentario del Partido Verde presentó la iniciativa por la que se incorpora el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro al organismo encargado de la prestación del servicio público de energía eléctrica Comisión Federal de Electricidad, a cargo del diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández.
Nuestra fracción parlamentaria continúa apoyando esta importante medida, siempre y cuando se respeten plenamente los derechos de los trabajadores al extinguirse Luz y Fuerza del Centro, por medio de la disposición expresa de las indemnizaciones correspondientes, tomando en consideración lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, en el contrato colectivo de trabajo y en los derechos adquiridos de los trabajadores.
Adicionalmente, es fundamental que el gobierno federal procure la recontratación de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, particularmente del equipo técnico altamente calificado.
En este sentido, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, ha declarado que la Comisión Federal de Electricidad definirá si los integra a su plantilla laboral o se genera una compañía paraestatal nueva bajo otras condiciones de trabajo.
El secretario también estimó que de los 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recontratará a 10 mil. En todo caso, se debe respetar el derecho de preferencia de estos trabajadores, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, pero sin afectar el contrato colectivo de trabajo que tiene celebrado CFE con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana.
En atención a lo anteriormente expuesto, la legisladora que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que establezca un procedimiento de prelación para la contratación de trabajadores que prestaban servicios en Luz y Fuerza del Centro.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 13 de octubre de 2009.
Diputado Pablo Escudero Morales (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010
SE CONSIDEREN RECURSOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN, A LA AMPLIACIÓN
Y AL EQUIPO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE REDES
SANITARIAS Y LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN ECATEPEC DE MORELOS,
MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados federales de Ecatepec de Morelos Jorge Hernández Hernández, José Luis Soto Oseguera, Josué Cirino Valdez Huezo, Noé Martín Vázquez Pérez y José Alfredo Torres Huitrón ocurren a esta honorable soberanía a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren 2 mil millones de pesos dirigidos a la construcción, ampliación y equipo necesario para el mantenimiento integral del sistema de redes sanitarias y a la construcción, ampliación y equipo necesario para la distribución del agua potable en Ecatepec de Morelos, México:
Hechos
En el presente siglo, la humanidad enfrenta diversos retos en materia ambiental y social. El agua potable se está convirtiendo en muchas regiones del mundo y del país en un factor limitante para la salud humana, la producción de alimentos, el desarrollo industrial, el mantenimiento de los ecosistemas y su biodiversidad, y la estabilidad social y la política.
Gran cantidad de comunidades urbanas y rurales de los Estados Unidos Mexicanos enfrenta esta problemática, lo que pone en estado crítico la situación social y política, pues estos servicios públicos son insuficientes y se tiene una infraestructura de redes sanitarias que fueron construidas para el estiaje y abastecimiento del vital líquido, pero que han sido rebasadas por las necesidades actuales.
Ecatepec de Morelos no es la excepción. La población se encuentra en una gran necesidad de estos servicios públicos; sufre las carencias del suministro de agua potable. Ello cobra especial importancia en la zona metropolitana del valle de México, que concentra en su territorio más de 1 millón 734 mil 701 habitantes, de acuerdo con el Consejo Estatal de Población.i
Los habitantes de Ecatepec de Morelos han sido afectados en los últimos tres años por el desabasto de agua, producto de poco más de 30 años de desarrollo urbano acelerado. Se registran problemas relacionados con el suministro de agua, los cuales en el último año han aumentado como se expone a continuación:
El Universal, 27 de marzo 2006: "Deja corte de energía a 500 mil sin agua en Ecatepec". El Universal, 10 de diciembre 2006: "Ecatepec denuncia recorte en abasto de agua potable". Diario de México, 8 de enero 2007: "Empezó SAPASE demanda contra la CAEM". El Universal, 16 enero 2007: "Un millón, sin agua por fuga en el Cutzamala". El Universal, 26 de abril 2007: "Una fuga en el Cutzamala deja a 400 000 sin agua". La Jornada, 28 de enero 2008: "Se agrava la escasez de agua en colonias serranas de Ecatepec". El Sol de México, 19 de marzo 2009: "No pusieron el agua a tiempo". Éstos son algunos de los reportajes que estuvieron a vista de todos sin que se tomasen medidas urgentes sobre algo que en tiempos ya cercanos podría convertirse en un estallido social en el municipio.ii
Organismos encargados del suministro de agua potable en el municipioiii
Fuentes de abastecimiento de agua potable de Ecatepec
Fuente: Elaboración propia, con información proporcionada por el SAPASE, 2007a; y la Conagua, 2005.
Solicitudes y quejas recibidas vía telefónica marzo 2007- marzo 2008
Fuente: Elaboración propia, con base en datos del SAPASE, 2008c.
Dotación promedio por habitante al día en Ecatepec
Caudal producido por el municipio al día: 388 millones 711 mil 872.00 litros.
Población estimada a 2007: 1 millón 713 mil 834 habitantes.
Dotación promedio por habitante al día: 226.81.00 litros.
Menos:
Pérdidas por fugas 40 por ciento estimado: (90.72)
Dotación por habitante al día, considerando
pérdidas por fugas: 136.09 litros.
Las temporadas de lluvias también afectan a los habitantes de Ecatepec de Morelos. Las inundaciones llegan hasta 1.5 metros de altura. En periodos recientes, la falta de capacidad del drenaje hidráulico afectó a 7 mil 115 habitantes, y en 2 mil 215 kilómetros cuadrados provocó inundaciones la precipitación pluvial extraordinaria. Ocurrió lo siguiente:
El 7 de septiembre de este año se afectaron las colonias Ciudad Cuauhtémoc, Xalostoc, San Cristóbal, San Agustín, El Cegor y Ciudad Azteca Primera, Segunda y Tercera Secciones, por lo que personal del Sistema de Agua Potable, de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec monitorearon 18 puntos de riesgo de inundación detectados en todo el territorio municipal, de acuerdo con el atlas de contingencia de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).
El Universal publicó el sábado 12 de septiembre de 2009 que las lluvias registradas la noche previa en el valle de México afectaron al menos 400 viviendas en diversas colonias de Ecatepec, principalmente en la zona de Xalostoc. En colonias como Viveros Xalostoc, Ciudad Azteca, San Agustín, Emiliano Zapata y Olímpica 68, el agua alcanzó en algunos lugares hasta medio metro de altura.
Fuente: Atlas de riesgos de la CAEM.
El 2 de julio de este año, una tromba registrada en la tarde provocó inundaciones en gran parte del municipio más poblado del país, lo que generó problemas en las principales vialidades.
El agua del cerro bajó con fuerza y arrastró árboles a su paso. Fueron afectadas San Pedro Xalostoc, Santa Clara Coatitla y Caracoles, entre otras colonias.
Protección Civil municipal señaló que en la Vía Morelos, el nivel del agua alcanzó entre 40 y 50 centímetros de altura, por lo que muchos vehículos quedaron varados.
De igual manera, se registran problemas en el puente El Gallito, la entrada de la zona de San Andrés de la Cañada, pues el agua se concentró en esa área, y año con año ocurre lo mismo en este lugar.
Las autoridades locales reportaron que a la altura de la clínica 76 del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se encuentra en la Vía Morelos, se presentaron anegaciones porque por ese punto baja el agua proveniente de la Sierra de Guadalupe.
En materia de infraestructura de drenaje, hay insuficiencia en las redes de alcantarillado sanitario y no se tienen sistemas eficientes de tratamiento de aguas negras, lo que provoca filtración de aguas residuales por las grietas.
Todo lo anterior refleja la necesidad de implantar acciones de mantenimiento y conservación de redes sanitarias, drenaje profundo, cárcamos y equipo de succión (vactor), así como la construcción de drenaje profundo, cárcamos y plantas de tratamiento de aguas residuales y la adquisición de mayor equipo para contingencias ambientales como vactor, malacates, pipas y equipo de transporte.
Para la distribución del agua potable en Ecatepec de Morelos es menester el mantenimiento de las redes hidráulicas, pozos profundos, sistema Cutzamala y ramal Los Reyes-Ecatepec, así como la construcción de más pozos profundos y tanques de agua de almacenamiento en la Sierra de Guadalupe. Ello debe realizarse mediante estudios de diagnóstico científico que permitan el desarrollo tecnológico encaminado hacia una actitud de prevención, planeación y manejo autosuficiente, que consiste en la búsqueda de acciones correctivas en relación con el estudio de las causas del impacto ambiental.
Por lo expuesto, se solicita a esta honorable soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, relativo a Ecatepec de Morelos, México:
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren 2 mil millones de pesos dirigidos a la construcción, ampliación y equipo necesario en el mantenimiento integral del sistema de redes sanitarias y a la construcción, ampliación y equipo necesario para la distribución de agua potable en Ecatepec de Morelos, México.
Notas
i. Argelia Tiburcio Sánchez, Análisis
integral en el abastecimiento de agua potable en el municipio de Ecatepec,
tesis.
ii. Ibídem, página 3.
iii. Ibídem, página 75.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2009.
Diputados: Jorge Hernández Hernández,
Josué Cirino Valdés Huezo, José Luis Soto Oseguera,
José Alfredo Torres Huitrón, Noé Martín Vázquez
Pérez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 NO SE DISMINUYAN NI AFECTEN LOS RECURSOS PARA LAS OBRAS IMPORTANTES
DEL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ARACELI VÁZQUEZ
CAMACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Araceli Vázquez Camacho, Agustín Guerrero Castillo, Vidal Llerenas Morales, Rigoberto Salgado Vázquez, Laura Piña Olmedo, Leticia Quezada Contreras, Avelino Méndez Rangel y Claudia Anaya Mota, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno propuesta con punto de acuerdo sobre la disminución y afectación presupuestal para el ejercicio fiscal 2010 al Distrito Federal, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Primero. Con las estadísticas más recientes, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Población, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informa que en México se rebasa ya los 106.7 millones de habitantes, de los cuales el 50.8 por ciento son mujeres y 49.2 por ciento son hombres, ocupando así el lugar número 11 mundial y tercero del continente americano. En 2008 sólo 8 entidades concentran a la mitad de la población con las siguientes cifras destacando, Estado de México con 14,6 millones y el Distrito Federal con 8.8 millones.
Segundo. Dicho fenómeno poblacional representa para el Distrito Federal una concentración de habitantes a considerar, lo que hace una de las metrópolis más densamente pobladas del orbe. Así, en términos fiscales, el reparto de recursos se da en proporción directa del número de habitantes por entidad federativa.
Tercero. Por esa razón, no podemos soslayar los múltiples problemas que aquejan a la ciudad y donde el transporte y la seguridad pública, entre otros, constituyen una sentida demanda de los habitantes de esta capital.
Cuarto. El Sistema de Nacional de Coordinación Fiscal establece 3 vías para la transferencia de recursos federales a las entidades federativas a través de participaciones, aportaciones y convenios de descentralización y reasignación de recursos.
Quinto. En 1990, cuando se modificó la Ley de Coordinación Fiscal, se introdujo una fórmula de reparto variable demográfica en donde el resultado fue una distribución inequitativa beneficiando a entidades con alto crecimiento demográfico. Esta situación fiscal-financiera representa un atentado contra el Distrito Federal, si consideramos también que esta entidad depende del gobierno federal, situación que se agrava aún más cuando la capital empieza a ser gobernada a partir de 1997 por el Partido de la Revolución Democrática.
Sexto. El Distrito Federal ha sido y sigue siendo afectado directamente de muchas otras formas, pareciera que la concepción de las formulas fiscales para el reparto de los recursos federal obedece más a criterios políticos que criterios equitativos y de igualdad; el retiro de subsidios por más de 50 mil millones de pesos actuales al transporte público; la no entrega de las reservas para el pago de pensiones; las dificultades para el acceso a fondos de aportaciones a los que tiene derecho y todo tipo de acciones, incluyendo la más reciente del gobierno federal por reducirle 430 millones de lo aprobado para la Línea 12 del Metro, son una muestra de falta de voluntad política del gobierno federal para hacer crecer al Distrito Federal.
Séptimo. Una de las afectaciones más sentidas hacia los ciudadanos será a la construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en el Distrito Federal si consideramos que este proyecto se ha visto perjudicado con un atraso importante debido a las constantes reducciones de presupuesto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha establecido de manera unilateral. Es importante señalar que este tipo de decisiones estaría afectando directamente a la demanda estimada de usuarios del servicio, que podría superar los 367 mil pasajeros diarios en día laborable.
Octavo. En el año de 1969 se puso en marcha la operación del Sistema de Transporte Colectivo Metro en el Distrito Federal. A partir de esa fecha, el Metro de la Ciudad de México ha atendido una importante demanda de usuarios, que lo coloca como uno de los primeros del mundo en cuanto a número de pasajeros. El Gobierno del Distrito Federal inició desde el año 2008 la construcción de la Línea 12, la cual requerirá una cuantiosa inversión de los gobiernos federal y del Distrito Federal.
Noveno. Durante los últimos 10 años, el crecimiento de la red de estaciones del metro fue escaso, por lo que el parque vehicular se vino incrementando de manera considerable. Por otro lado, el Sistema de Transporte Colectivo Metro cubre principalmente la zona centro de la Ciudad de México, y ha tenido un crecimiento marginal hacia otras zonas de la entidad federativa.
Décimo. En la LX legislatura, producto del diálogo, voluntad política y decisión de los grupos parlamentarios y no de un acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se aprobó un presupuesto para el proyecto de la Línea 12 del Metro, era una inversión aproximada de siete mil millones de pesos para el 2009, donde alrededor de cuatro mil millones son inversión local del Distrito Federal y los otros 3 mil millones son producto de la Cámara de Diputados.
En virtud de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita y exhorta con carácter de urgente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica de esta soberanía a que, en el marco del proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2010, no se disminuyan los recursos para las obras importantes de la Ciudad de México, destacando principalmente la construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y se respete la cantidad de 430 millones de pesos que forma parte de los 3 mil millones de pesos del convenio establecido en esta Cámara para fortalecimiento del proyecto.
Recinto Legislativo, a 13 de octubre de 2009.
Diputados: Araceli Vázquez Camacho, Agustín
Guerrero Castillo, Vidal Llerenas Morales, Rigoberto Salgado Vázquez,
Laura Piña Olmedo, Leticia Quezada Contreras, Avelino Méndez
Rangel, Claudia Anaya Mota (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA EL COMITÉ DE FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD DE MÉXICO,
A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PVEM
Alberto Emiliano Cinta Martínez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acude ante el pleno de esta soberanía a fin de presentar proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se solicita a la Junta de Coordinación Política de este cuerpo colegiado la creación del comité de fomento a la competitividad de México con base en los siguientes
Considerandos
En México persisten importantes obstáculos que limitan la competitividad y el crecimiento de los diferentes sectores productivos.
Desde el punto de vista doctrinal,* la competitividad se mide mediante una serie de criterios para elegir los países, las ciudades y las localidades que determinan qué lugar es más competitivo, los cuales, al menos, consideran cuatro rubros:
En el ámbito internacional, las instituciones nacionales e internacionales coinciden en la importancia que para México debe tener el elevar su competitividad; por ejemplo, el Banco Mundial dio a conocer, el 9 de septiembre de 2009, la encuesta de capacidades a nivel mundial para hacer negocios Doing business 2010, en la que México avanzó 5 posiciones dentro del ranking internacional, ocupando el lugar 51 de un total de 183 países.
Entre los resultados en competitividad nacional, se destacan los siguientes:
México ascendió a la posición 106 en el capitulo "Pago de impuestos" (incluye declaración y pago), mejorando 43 posiciones en relación con su clasificación del año pasado, cuando ocupaba la posición 149. Esto representa una mejora de 29 por ciento en su calificación.
México avanzó a la posición 74 en el capitulo "Comercio transfronterizo" en relación con el año anterior cuando ocupó el lugar 87. Esto se logró, principalmente, por una reducción tanto en el tiempo como en el costo para realizar las operaciones de comercio exterior.
Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (en lo sucesivo el Imco) elaboró un índice de competitividad internacional 2009, el cual centra su objetivo en medir la capacidad de un país para atraer y retener inversiones y talento.
Según este índice entre de los años 2004 a 2007 nuestro país perdió 2 posiciones en competitividad internacional, al pasar del lugar 30 al lugar 32 a causa principalmente del retroceso del 12 por ciento en la estabilidad y confiabilidad de nuestro sistema político, así como a un menor dinamismo que experimentaron los sectores económicos más importantes del país.
Según este índice, del análisis de los cambios en las variables de los subíndices se explica el deterioro de México en los últimos 3 años, por la caída prácticamente en todas las variables de competitividad, entre éstas, el costo de las llamadas telefónicas, el número de aeropuertos funcionales, el número de vuelos internacionales y las toneladas de carga movilizadas en los puertos.
De igual manera, el índice de competitividad internacional 2009 señala como debilidades de la competitividad en México las siguientes:
Las telecomunicaciones. El sector de telecomunicaciones en México es más caro y menos eficiente que en el resto del mundo. México está rezagado en el desarrollo de la red de banda ancha y la calidad del servicio.
Infraestructura física. La infraestructura carretera, portuaria y aeroportuaria de México es una de las más limitadas del mundo con respecto a su población. Existe una necesidad de importantes inversiones en infraestructura y de proyectos de largo plazo.
Mercado de capitales. La bolsa de valores no ha sido un elemento que permita la capitalización de empresas medianas, muchas empresas con potencial deciden no entrar a ella, mientras que algunas otras se han dado de baja.
Tiempo y dinero perdido en el sector privado a causa de la burocracia. Aunque el tiempo que se dedica se ha reducido parcialmente en los últimos años, éste continúa siendo muy elevado respecto a otros países. Las complejidades legales y trabas burocráticas representan un enorme costo, no sólo en términos de tiempo, también de forma pecuniaria.
Presión fiscal. La baja recaudación y la alta dependencia de la renta petrolera perjudican fuertemente al país y son un indicador de un gobierno débil y con pocas capacidades fácticas.
Ineficiencia del gasto público en educación. A pesar de ser un país con un gasto en educación similar al de los países más avanzados, los pésimos resultados en las pruebas de evaluación PISA demuestran que este gasto ha sido ineficiente. La mayor parte de ese gasto ha servido para aumentar la nómina de maestros antes que para mejorar infraestructura escolar o diseñar mejores planes de estudio.
Autonomía del gobierno frente a grupos de presión. El gobierno mexicano es altamente sensible a presiones de grupos específicos.
Dependencia comercial. Mientras la mayoría de los países ha aprovechado la globalización para diversificar sus mercados, México se ha concentrado en Estados Unidos de América. Esto no sólo impide aprovechar las ventajas del comercio internacional, sino que es altamente riesgoso y está sujeto al desempeño económico de ese país.
Inversión extranjera. El país tiene una baja recepción de inversión extranjera e invierte poco en el ámbito internacional respecto al tamaño de su economía. Existen factores estructurales de riesgo que desincentivan a los inversores extranjeros y la falta de productividad en las empresas mexicanas inhibe la ampliación de sus mercados.
En ese mismo sentido, el estudio del Imco promueve, como parte del índice de competitividad internacional 2009, algunas mejoras para mejorar la competitividad de nuestro país al tenor de lo siguiente:
– Sociedad incluyente, preparada y sana;
– Macroeconomía estable y dinámica;
– Sistema político estable y funcional;
– Mercados de factores eficientes;
– Sectores precursores de clase mundial;
– Gobiernos eficientes y eficaces;
– Aprovechamiento de las relaciones internacionales; y
– Sectores económicos con potencial y en vigorosa
competencia.
Suiza ocupa el primer puesto seguido por Estados Unidos de América.
Siete economías de América Latina y del Caribe figuran en la primera mitad del ranking del Informe de competitividad global: Chile (30), Puerto Rico (42), Barbados (44), Costa Rica (55), Brasil (56), Panamá (59), México (60) y Uruguay (65).
Uruguay (con un avance de diez lugares), Brasil (subió ocho puestos), Trinidad y Tobago (con un avance de seis lugares), Colombia y Perú (con avances de cinco lugares, cada uno) y Costa Rica (con un avance de cuatro lugares) registraron avances significativos en medio de la difícil crisis económica mundial.
En contraste con la realidad nacional, el estudio Doing business en 12 estados y ciudades de México" del Centro de Estudios Económicos sobre el Sector Privado (2005) reveló la existencia de múltiples similitudes entre las problemáticas entorno a la competitividad internacional y las detectadas para el desarrollo de la competitividad en las entidades federativas y municipios.
Por lo expuesto es que los legisladores del Partido Verde Ecologista de México reconocen que México necesita que todos los actores políticos y sectores productivos redoblen esfuerzos a favor de una mayor competitividad; y, en tal virtud, proponemos que se analice la competitividad sistémica de México a fin de eliminar los conflictos que se suscitan por la divergencia de criterios en las políticas de fomento a la competitividad.
En ese orden de ideas, es necesario retomar los mecanismos que ayuden a encaminar la competitividad en los tres niveles de gobierno, en lo político en lo económico, en la política fiscal, la política del gasto y la renovación de la legislación vigente a fin de eliminar las trabas regulatorias que afectan la competitividad y se contribuya con ello a resolver los problemas de financiamiento de los estados y municipios y de la economía en general.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Que la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con las facultades que le confiere lo dispuesto en los artículos 34 y 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la creación del Comité de Fomento a la Competitividad de México.
Segundo. Que el Comité de Fomento a la Competitividad de México se integre por diputadas y por diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del pleno y su conformación.
Tercero. Que el Comité de Fomento a la Competitividad de México tendrá por objeto analizar, discutir y proponer las reformas que coadyuven a disminuir los altos costos de operación y regulación de las empresas; fomentar un ambiente de negocios más favorable; elevar la atracción y la retención de las inversiones; impulsar una más eficiente coordinación institucional en los tres órdenes de gobierno; ser un vínculo con las secretarías de Estado en lo referente a la competitividad; y realizar todas las acciones que permitan involucrar a los sectores público y privado con el impulso a la competitividad.
Cuarto. Que los acuerdos que surjan de este comité, como un cuerpo de apoyo a las comisiones relacionadas con la materia en la Cámara de Diputados, con objeto de dar continuidad a los trabajos en materia de competitividad en la LXI Legislatura, ceñirán la agenda legislativa para fomentar la competitividad.
Quinto. Que todos los integrantes del Comité de Fomento a la Competitividad de México coadyuvarán en el logro de los acuerdos necesarios para la aprobación del marco normativo que de cumplimiento a los fines establecidos en su objeto.
Sexto. Que el Comité de Fomento a la Competitividad de México podrá solicitar la información que considere pertinente y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, de conformidad con el marco normativo aplicable.
Séptimo. Que el Comité de Fomento a la Competitividad de México estará vigente todo el tiempo que sea necesario para alcanzar su objetivo, el cual no podrá exceder el 30 de agosto de 2012.
Nota
* A nivel nacional elaboran indicadores de competitividad
el CIDE que utiliza 4 componentes; el Instituto Mexicano de la Competitividad,
10 componentes; y la Consultaría A-regional, 6 componentes; mientras
que El Banco Mundial ocupa en la encuesta Doing business 2009.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2009.
Diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010
SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA LOS PROGRAMAS CON EFECTO EN LA PRODUCCIÓN
RURAL, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ TORRES ROBLEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito, José Torres Robledo, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
1. En la crisis social actual, el problema alimentario es central. Los factores externos han tenido una influencia determinante, en virtud a que el gobierno federal se ha negado sistemáticamente a poner en marcha una política para la soberanía y seguridad alimentaria.
2. En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2010 el Ejecutivo federal ha enviado a esta Cámara una propuesta donde plantea reducciones drásticas en los programas de mayor impacto en la producción rural, comparada con 2009.
Los ejemplos más importantes son
El Programa de adquisición de activos productivos, con una reducción de 6 mil 455.7 millones de pesos, es decir, el 40.24 por ciento menos,
El Programa de atención a problemas estructurales, con 6 mil 167.8 millones de pesos menos, equivalentes al 47.01 por ciento.
Con fundamento en los elementos mencionados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a incrementar cuando menos el 10 por ciento en términos reales, en la propuesta de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación que presente a este Pleno, las asignaciones a los programas con impacto en la producción rural que se encuentran comprendidos en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de Octubre del 2009.
Diputado José Torres Robledo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN LOS RECURSOS ECONÓMICOS INCAUTADOS AL CRIMEN
ORGANIZADO Y SE ASIGNEN PARA FORTALECER LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD Y CREAR PROGRAMAS QUE LA ALEJEN DE LA
DELINCUENCIA, A CARGO DEL DIPUTADO ILICH AUGUSTO LOZANO HERRERA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, Ilich Augusto Lozano Herrera, diputado por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Para los jóvenes, incorporarse al crimen organizado es fácil. Toma tres meses pasar de vendedor ambulante a asesino a sueldo. Según la Secretaría de Seguridad Pública federal, la edad promedio en que los jóvenes se vuelven sicarios es de 24 años.
El reclutamiento de adolescentes por bandas de narcotraficantes es un fenómeno que se inició en 2000. Cada vez que se captura una banda de traficantes, es común encontrar hasta cuatro menores de edad.
En México, la mitad de los jóvenes de entre 15 y 24 años son pobres; y casi 60 por ciento de los menores de 15 años viven en las mismas condiciones.
De la población juvenil, 22 por ciento no estudia ni trabaja. De los que sí lo hacen, 58 por ciento no tiene contrato laboral, principalmente mujeres.
De los jóvenes, 63.7 por ciento fuma. La edad de inicio en el consumo de drogas se sitúa entre los 14 y 24 años. Más de 70 por ciento de los jóvenes son adictos al alcohol u otras drogas, y el suicidio juvenil es la tercera causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años de edad.
Estas cifras son el resultado de políticas y programas insuficientes que no proporcionan a los jóvenes los satisfactores necesarios: educativos, laborales, de vivienda y espacios alternativos de recreación.
A la falta de empleo se suma que los jóvenes carecen de efectivos espacios y programas de desahogo creativo. Se requiere impulsar la creación de nuevos programas preventivos que vayan más allá de las simples campañas contra la drogadicción, que poco funcionan.
No sólo con balas y policías se combate el crimen organizado. En paralelo a la lucha contra la delincuencia organizada, el gobierno federal debe cortar también el flujo de recursos humanos jóvenes que nutre a las redes criminales. Sólo así se limitarán el poder y el alcance de esos grupos.
Un avance sería fortalecer el presupuesto para jóvenes en la protección social, cobertura y diversificación de otros satisfactores básicos que hoy no tienen para protegerlos de los efectos sociales de la inseguridad y evitar que se integren a la delincuencia.
Sin embargo, para atender las cifras de la problemática juvenil, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 para este sector es insuficiente. Así, de los 3 mil 224 millones 652 pesos proyectados para juventud y deporte, sólo 218 millones 844 mil pesos son para las políticas de juventud, cuya población será en 2012 de 36 millones de individuos; mientras que al deporte se asignan 2 mil 977 millones 173 mil pesos. En total, el presupuesto para juventud y deporte representa sólo 10.1 por ciento de los 31 mil 802.8 millones de seguridad pública.
En los últimos seis meses, la guerra contra el narcotráfico multiplicó el número de bienes en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Sólo teniendo en cuenta el dinero incautado en el primer semestre de 2009, los montos crecieron 50 por ciento (52.5 millones de dólares, unos 700 millones de pesos, contra los 22.6 millones de dólares en igual periodo de 2008).
Este dinero confiscado al crimen es distribuido en partes iguales entre el sector salud y el judicial, y los organismos de la policía. En 2008, el monto dividido entre los tres sectores fue de 60 millones de pesos. Para 2009, el fondo aumentó considerablemente.
Compañeras y compañeros diputados: creemos que el dinero arrebatado a las redes criminales debe tener como fin no sólo la compra de más balas o el pago de más policías; creemos que también debe ser dirigido al fortalecimiento y a la creación de programas de atención a la juventud, pues los jóvenes son las principales víctimas de las drogas y del crimen organizado.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el análisis del Presupuesto de 2010 los recursos económicos incautados al crimen organizado, y se asignen para fortalecer las políticas públicas de atención a la juventud y a la creación de programas para alejarla de la criminalidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2009.
Diputado Ilich Augusto Lozano Herrera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS INTERPONGA
EN NOMBRE DE ESTA SOBERANÍA CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES CONTRA
LA EMISIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS
Y DEL REGLAMENTO DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL
EN EL RAMO DEL PETRÓLEO, A CARGO DEL DIPUTADO CÉSAR AUGUSTO
SANTIAGO RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados interponga, en nombre de esta honorable Cámara de Diputados, en ejercicio de su obligación establecida en el inciso i) del artículo 23 de la Ley Orgánica de Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sendas controversias constitucionales en contra de
b) El Reglamento de la Ley de Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo Petrolero, emitido por el titular del Poder Ejecutivo el 18 de septiembre del 2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 del mismo mes y año.
Los textos de ambas controversias constitucionales, y que son los mismos que deberán presentarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dejan, en este momento, en la Secretaría de la Mesa Directiva con la firma de diputadas de esta legislatura, en número suficiente para solventar los requerimientos cuantitativos de la ley.
Salón de sesiones, a 13 de octubre de 2009.
Diputado César Augusto Santiago Ramírez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DEROGAR EL DECRETO POR EL QUE SE EXTINGUE
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, SUSCRITA POR DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Los que suscriben, Leticia Quezada Contreras, Emilio Serrano Jiménez, Mary Telma Guajardo Villarreal, Araceli Vázquez Camacho y Alejandro Encinas Rodríguez, diputados federales por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a derogar el decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en el artículo 27, párrafo sexto, que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público; que la presentación del servicio público de energía eléctrica, uno de los más importantes instrumentos con que cuenta el país para alcanzar los objetivos de desarrollo económico y social que se ha trazado, es considerada por el Estado mexicano una de las actividades estratégicas que deben mantenerse bajo el dominio de la nación.
2. Que, en el mismo sentido, mediante decreto publicado el 9 de febrero de 1994, se crea el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, para que la empresa constituida preste el servicio público de energía eléctrica, que estaba a cargo de Compañía de Luz y Fuerza del Centro, SA; Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca, SA; Compañía Mexicana Meridional de Fuerza, SA; Compañía de Luz y Fuerza de Toluca, SA; y Compañía Mexicana Meridional de Fuerza, SA, conforme a lo dispuesto en la resolución de la Secretaría de Energía Minas e Industria Paraestatal publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de mayo de 1985.
3. Que en dicho decreto de creación se establece en el artículo 9 que las relaciones laborales entre la empresa creada y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el artículo 123, Apartado A, constitucional. En el mismo sentido, es aplicable el artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que son motivos de la terminación colectiva de la relación de trabajo. Sirve de apoyo citar el artículo 434, del que podemos distinguir que no existe un motivo debidamente fundado para dar por terminada la relación de trabajo:
I. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la terminación de los trabajos;
II. La incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación;
III. El agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva;
IV. Los casos del artículo 38; y
V. El concurso o la quiebra legalmente declarado, si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajos.
Ahora bien, suponiendo sin conceder, debido a que también existe la ineficacia jurídica del decreto mencionado, porque liquida a los trabajadores sin la fundamentación debida en el cuerpo del decreto, siendo de explorado derecho que las autoridades deben fundar y motivar adecuadamente todos los actos de gobierno que emitan para que sean válidos y observables. Así pues, si hubiere sido aplicable la fracción II, el procedimiento a seguir por el sindicato y la autoridad es el juicio de conflicto colectivo de naturaleza económica. Sin embargo, dejaron en estado de indefensión a los trabajadores debido a que no había titularidad del sindicato, reconocida mediante toma de nota correspondiente.
A los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro fueron flagrantemente violados los derechos laborales, debido a que el Sindicato Mexicano de Electricistas no obtuvo por el Ejecutivo federal la denominada "toma de nota" y, en consecuencia, no tiene personalidad jurídica para responder judicialmente y hacer frente a la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Se violan las disposiciones de los artículos 123, Apartado A, fracción XX, constitucional y 901 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dicen:
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
El Congreso de la Unión, sin contravenir las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, de una manera general, todo contrato de trabajo:
XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de una junta de conciliación y arbitraje, formada por igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del gobierno.
…
Ley Federal del Trabajo
…
Artículo 901. En la tramitación de los conflictos a que se refiere este capítulo, las juntas deberán procurar ante todo que las partes lleguen a un convenio. A este fin, podrán intentar la conciliación en cualquier estado del procedimiento, siempre que no se haya dictado la resolución que ponga fin al conflicto.
…
5. Este acto de gobierno atenta contra la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, que protege y defiende a los trabajadores en razón de que reconoce que éstos no se encuentran en una situación de igualdad respecto al patrón, en este caso el Estado.
6. Estamos ante el paradigma de nuestros tiempos, el actual sistema económico ha sido incapaz de administrar sus bienes y dar servicios de calidad y eficientes. Este hecho no es atribuible a quien genera la riqueza mediante su fuerza de trabajo; es atribuible a estos nueve años de mal gobierno, que han incrementado la ineficacia de la administración pública, que no ha podido ser capaz de crear fuentes de trabajo ni de hacer un modelo económico eficiente que permita el equilibrio entre trabajadores y patrones, ya que éste se crea mediante los acuerdos de trabajo.
7. La centenaria empresa Luz y Fuerza del Centro se extingue hoy con un argumento falaz, en el que se miente a la sociedad. En esta región metropolitana se concentra 25 por ciento del PIB gracias a la existencia de Luz y Fuerza, que generó la infraestructura necesaria para el crecimiento. Sin embargo, a la empresa se tacha de ineficiente y poco productiva.
8. Este gobierno desconoce que las causas de la pobreza no se resuelven con el paliativo de dar más recursos para apoyar en forma asistencial a los más pobres, sino en generar condiciones para que más personas no caigan en la pobreza extrema.
Por lo expuesto y fundado, sometemos ante el pleno de la Cámara de Diputados, por considerarse de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a derogar el decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.
Segundo. Se exhorta a devolver las instalaciones, maquinaria y bienes para la operación a Luz y Fuerza del Centro.
Tercero. Se exhorta a iniciar mesas de trabajo con el Sindicato Mexicano de Electricistas, con la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza del Centro y con las dependencias involucradas para que se mejoren las condiciones de prestación del servicio en que se ha desempeñado la empresa.
Cuarto. Se exhorta al Ejecutivo federal a respetar el derecho de expresión y manifestación y demás derechos humanos de los trabajadores del SME y a evitar en todo momento el uso de la fuerza.
Quinto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita la comparecencia de los ciudadanos Agustín Guillermo Carstens Carstens, secretario de Hacienda y Crédito Público; Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social; y Georgina Kessel Martínez, secretaria de Energía, para que expliquen, funden y motiven las razones por las que el Ejecutivo federal decidió extinguir el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, así como la ocupación de sus instalaciones.
Sexto. Se acuerda solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que proceda a realizar una auditoría integral a Luz y Fuerza del Centro correspondiente a los últimos tres años de ejercicio.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2009.
Diputados: Leticia Quezada Contreras, Emilio Serrano
Jiménez, Mary Telma Guajardo Villarreal, Araceli Vázquez
Camacho, Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS ELABORE
UN PROYECTO DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CONTRA EL DECRETO POR EL QUE
SE EXTINGUE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, PUBLICADO EN EL DOF EL 11 DE OCTUBRE
DE 2009, A CARGO DEL DIPUTADO JAIME FERNANDO CÁRDENAS GRACIA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Los suscritos, Laura Itzel Castillo Juárez, Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Mario Alberto di Constanzo Armenta, Pedro Vázquez González, Juan Enrique Ibarra Pedroza, Herón Escobar García, Óscar González Yáñez y Francisco Amadeo Espinosa Ramos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan proposición con punto de acuerdo, como asunto de urgente y obvia resolución, para que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados elabore proyecto de controversia constitucional en contra del decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, publicado el 11 de octubre de 2009, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que: "La administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la federación que estarán a cargo de las secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo federal en su operación. Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo federal, o entre éstas y las secretarías de Estado".
De acuerdo con la norma constitucional transcrita, es el Congreso de la Unión, quien tiene la facultad para distribuir los negocios del orden administrativo de la federación y, el Ejecutivo federal, según esa disposición, sólo tiene competencias para intervenir en la operación de las entidades paraestatales, pero no para determinar su creación o su extinción. En contra de lo anterior, el decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, dice en su artículo 3 que la Secretaría de Energía establecerá las bases para llevar a cabo la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.
No puede dejar de advertirse que el Ejecutivo no tiene facultades legislativas, salvo lo que determina el artículo 49 de la Constitución cuando alude a las facultades extraordinarias derivadas de la suspensión de garantías individuales según lo prevé el artículo 29 de la ley fundamental, así como el caso del segundo párrafo del artículo 131 de la Carta Magna.
Por otra parte, el artículo 93 de la Constitución determina que los secretarios del despacho, están obligados a rendir cuentas sobre el estado que guarden sus respectivos ramos. También establece esa norma, que las Cámaras pueden convocar a los secretarios de Estado y a los administradores de las entidades paraestatales para que informen sobre la situación de las dependencias y entidades bajo su responsabilidad. Igualmente, las Cámaras pueden integrar comisiones de investigación sobre el funcionamiento de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Lo anterior quiere decir, que el Congreso de la Unión tiene facultades de control, vigilancia y fiscalización sobre el Ejecutivo, que no pueden ser soslayadas.
La doctrina jurídica de nuestro país es unánime respecto a que la creación de organismos descentralizados por decreto del Ejecutivo es inconstitucional, sobre todo, cuando a través de esos decretos se les otorga personalidad jurídica propia, patrimonio y competencia, pues para ello es necesario una ley en sentido formal y material, esto es, emanada del Congreso de la Unión. Así lo sostuvo el maestro Acosta Romero en su obra Teoría General del Derecho Administrativo,1 y lo aduce Fauzi Hamdan Amad en su "Análisis de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales",2 entre otros autores.
Un decreto de creación o extinción de un organismo descentralizado, desde la teoría general del derecho, constituye una norma particular y abstracta. Particular porque se refiere a una persona moral, el organismo descentralizado a crear o extinguir, y es abstracta porque dichos decretos contemplan normas que regulan diferentes supuestos o clases de acciones, tal como lo ha enseñado Norberto Bobbio.3 Lo anterior, quiere decir que la extinción de un organismo descentralizado no entraña un acto de pura aplicación de normas generales y abstractas previas, sino que implica tanto actos de aplicación como de creación o generación de supuestos normativos. Por esa razón, solamente a través de la ley en un sentido formal y material se puede extinguir un organismo descentralizado y no a través de un acto administrativo.
El artículo 89, fracción I, de la Constitución, estatuye como facultad del presidente: "Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia." Es decir, se trata de una competencia de ejecución y de cumplimiento de lo establecido en las leyes, sin que pueda sustituir las funciones constitucionales del legislador.
El artículo 73, fracción XXIX-E, de la Constitución señala que el Congreso tiene facultad: "Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios social y nacionalmente necesarios". El servicio público de electricidad, es un servicio social, nacionalmente necesario, que tiene que ver con el abasto de ese recurso, porque de acuerdo al párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución, corresponde exclusivamente a la nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica para la prestación del servicio público y, en esta materia, no se otorgarán concesiones a los particulares y, la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.
A partir de lo contemplado en el artículo 73, fracción XXIX-E, de la Constitución, queda claro que las facultades para normar, regular y legislar la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, que tienen relación con el abasto de energía eléctrica, con su producción suficiente y oportuna, con la determinación de su necesidad y su carácter social, son del Congreso de la Unión y no del Ejecutivo. Éste al aprobar y promulgar el decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, está normando acciones de orden económico que tienen que ver con un servicio público, social y nacionalmente necesario, como es el de energía eléctrica en el centro del país. No se puede argüir, que el decreto que extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, es un acto de pura ejecución, pues la regulación que en el se establece, tiene vinculación con un organismo descentralizado, pero también con derechos colectivos e individuales de trabajadores y de acreedores y, lo más importante, con el servicio público de energía eléctrica y con los derechos de la nación y sus integrantes, que son los propietarios de la energía eléctrica y los consumidores de ésta. Por tanto, la atribución para normar o regular, en cualquier sentido, incluyendo las bases de creación y extinción de las paraestatales que se ocupan del servicio de energía eléctrica, es competencia exclusiva del Congreso de la Unión.
La fracción X del artículo 73 de la Constitución, en el mismo sentido que la fracción XXIX-E del mismo artículo, concede facultad al Congreso de la Unión para legislar en materia de energía eléctrica. La determinación de extinguir un organismo descentralizado cuyo fin y objeto es generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica para la prestación del servicio público, tiene que corresponder al Congreso de la Unión y no al Ejecutivo, pues toda la regulación de la materia eléctrica es del Legislativo, y, además, no se trata de una materia cualquiera, sino de una que la Constitución considera estratégica y exclusiva del Estado, y que tienen relación con el abasto de energía eléctrica, con su producción suficiente y oportuna, con la determinación de la necesidad y el carácter social de esa fuente de energía.
En efecto, el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución considera que la generación de energía eléctrica no constituye monopolio, que se trata de una actividad estratégica y, por tanto, exclusiva del Estado. Y, como señala el párrafo décimo primero de esa disposición constitucional: "La sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto en la Constitución y sólo podrá llevarse a cabo mediante la ley". Es decir, todo lo vinculado a regímenes de servicio público, exclusivamente puede estar normado en la Constitución y en la ley, y no en decretos del Ejecutivo sin intervención del Poder Legislativo.
Adicionalmente, el decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, es contrario a la Constitución al normar derechos individuales y colectivos de los trabajadores. En materia de trabajo, la competencia es del Congreso de la Unión como lo establece el segundo párrafo del artículo 123 de la ley fundamental. El decreto mencionado, regula en su artículo 4 párrafo segundo, que las indemnizaciones serán pagadas en el menor tiempo posible. En donde, además de no establecer ningún principio de certeza para el pago de las indemnizaciones, norma derechos y obligaciones laborales, sin tener competencia alguna para ello.
El pretendido fundamento legal del decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, contemplado en el último párrafo del artículo 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales que dice: "En la extinción de los organismos deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su creación, debiendo la ley o decreto respectivo fijar la forma y términos de su extinción y liquidación", no puede interpretarse y aplicarse como lo hace el titular del Ejecutivo, pues aunque Luz y Fuerza del Centro haya sido indebidamente y anticonstitucionalmente creada con un decreto del Ejecutivo, eso no faculta al Ejecutivo vigente a extinguir el organismo con el mismo procedimiento, puesto que la propia Ley de las Entidades Paraestatales contempla las dos formas de creación y extinción: la ley y el decreto, lo que significa que en los organismos descentralizados fundamentales, los que tienen que ver con áreas estratégicas, según lo prevé el artículo 14 de esa ley en su fracción I, no cabe el decreto. Por ejemplo, en Petróleos Mexicanos, sólo los organismos subsidiarios y filiales pueden ser materia de decreto en su creación o extinción, pero no el propio organismo descentralizado que sólo puede crearse o extinguirse por ley, según se desprende del párrafo cuarto del artículo 3 de la Ley de las Entidades Paraestatales. En este caso, la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que realiza actividades estratégicas y exclusivas del Estado sólo puede extinguirse a través de la ley.
Que de acuerdo con el artículo 23, párrafo 1, inciso I), el presidente de la Mesa Directiva tiene como atribución la representación legal de la Cámara y la facultad de delegarla en las personas que resulte necesario.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se propone la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Para que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados elabore proyecto de Controversia Constitucional en contra del decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, publicado el 11 de octubre de 2009, en el Diario Oficial de la Federación
Artículo Único. Se determina que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados elabore proyecto de controversia constitucional en contra del decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, publicado el 11 de octubre de 2009, en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1. Acosta Romero, Miguel. Teoría general
del derecho administrativo, México, Editorial Porrúa,
1983, páginas 216-217.
2. Fauzi Hamdan, Amad. "Análisis de la
Ley Federal de las Entidades Paraestatales", Revista de Investigaciones
Jurídicas, número 10, México, Escuela Libre de
Derecho, 1986, páginas 189-190.
3. Bobbio, Norberto. Teoría general
del derecho, Madrid, Editorial Debate, 1993, páginas 141-473.
Dado en el Palacio de San Lázaro, a los 13 días del mes de octubre de 2009.
Diputados: Laura Itzel Castillo
Juárez, Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Teresa
Guadalupe Reyes Sahagún, Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y
Lazo de la Vega, Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rubrica), José
Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Mario Alberto di Constanzo
Armenta, Pedro Vázquez González, Juan Enrique Ibarra Pedroza,
Herón Agustín Escobar García, Óscar González
Yáñez y Francisco Amadeo Espinosa Ramos.
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
EXHORTAR A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A CONSTITUIR UN GRUPO PERMANENTE
DE TRABAJO QUE PROPONGA LOS CAMBIOS LEGISLATIVOS CONDUCENTES A UNA REFORMA
FISCAL INTEGRAL; Y AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, A INSTRUIR AL SECRETARIO
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE ANTES QUE SE APRUEBE
EL PAQUETE ECONÓMICO DE 2011 SE REÚNA CON LAS COMISIONES
CORRESPONDIENTES AL EFECTO, A CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO GERTZ MANERO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, interesado en que el gobierno federal en coordinación con esta Cámara impulse una reforma fiscal integral, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados a fin de que constituya un grupo de trabajo de carácter permanente para proponer los cambios legislativos necesarios para una reforma fiscal integral, y exhortar al titular del Ejecutivo federal a que instruya al secretario de Hacienda para que antes de que se apruebe el paquete económico del próximo año, se reúna con las comisiones correspondientes de esta Cámara, con el mismo objetivo con base en los siguientes
Considerandos
El paquete económico para el ejercicio fiscal de 2010, presentado el 8 de septiembre por el Ejecutivo federal, no cumple con las expectativas de la sociedad por su carácter coyuntural y, además, no va al fondo del problema.
El paquete fiscal que habrá de aprobarse en la Cámara de Diputados no dejará satisfecho al pueblo y la presente legislatura que solamente tiene unos días de haber sido instalada, únicamente podrá atenuar en lo posible los daños a la economía y a la comunidad mexicana que son producto de un sistema ineficiente, injusto y obsoleto.
Repetir nuevamente esta fórmula, que ha llevado al país a ser la economía que menos ha crecido en América Latina y que ha generado millones de pobres y una descapitalización generalizada en todos los ámbitos productivo, sería inadmisible y, por ello, Convergencia le apuesta a generar un consenso legislativo en busca de un modelo que sí pueda cambiar radicalmente esta tragedia social.
Este proyecto está buscando, apoyado en la experiencia extraordinaria y efectiva de la legislación fiscal de la República de Irlanda, que en los últimos años revolucionó su sistema impositivo, reduciendo hasta un nivel de 10 por ciento los impuestos a las empresas y del 20 por ciento a la mayor parte de los salarios; logrando incrementar sus ingresos fiscales y obteniendo 1.54 veces más por encima de los ingresos obtenidos por México, a través de su PIB per cápita que es cuatro veces mayor que el de nuestro país, razón por la cual creemos ha llegado el momento de impulsar una gran reforma fiscal integral que se sustente en las siguientes bases:
II. Para las grandes corporaciones empresariales y financieras, que en este momento eluden su responsabilidad fiscal de 28 por ciento del pago del impuesto sobre la renta, se establecerá un mínimo de 14 por ciento obligatorio sobre sus ganancias, para incrementarlo de forma paulatina hasta llevarlo al mismo nivel del impuesto general.
III. Reducir paulatinamente el IVA en forma semejante a la de los demás impuestos hasta llevarlo a 10 por ciento general.
IV. A la inmensa mayoría de los contribuyentes, que son asalariados y empresarios, reducirles los impuestos de 28 a 25 por ciento, para continuar disminuyéndolos hasta lograr un equilibrio con los demás sectores a los que hemos hecho referencia, el cual podría llegar a menos de 20 por ciento general sobre ingresos, como se logró en el modelo irlandés que ha sido un ejemplo de equidad fiscal.
Puntos de Acuerdo
Primero. Exhortar a la Cámara de Diputados a fin de que constituya un grupo de trabajo de carácter permanente en las Comisiones de Hacienda, y Presupuesto y Cuenta Pública, para proponer los cambios legislativos necesarios para una reforma fiscal integral, con el propósito de que antes del inicio del primer periodo ordinario de sesiones de 2010, presente ante esta soberanía un anteproyecto de reforma fiscal integral.
Segundo. Exhortar al titular del Ejecutivo federal a que instruya al secretario de Hacienda para que, antes de que se apruebe el paquete económico del próximo año, se reúna con las comisiones mencionadas y apoye las actividades de este grupo de trabajo con la información que le sea requerida, a efecto de que al presentar el paquete económico para el ejercicio fiscal del siguiente año 2011, esté determinado por una reforma fiscal integral.
Diputado Alejandro Gertz Manero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR MEDIANTE LA SCT UN ESTUDIO INTEGRAL
PARA QUE SE PROPORCIONE EL SERVICIO DE TELEFONÍA EN DIVERSOS MUNICIPIOS
DE GUANAJUATO, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN HUERTA MONTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito, Juan Huerta Montero, diputado federal a la LXI legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un estudio integral que evalúe la factibilidad de proporcionar los servicios de telefonía en Ocampo, San Felipe, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José Iturbide, Tierra Blanca, Santa Catarina, Victoria, Atarjea y Xichú, Guanajuato, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La telefonía constituye un pilar importante para el progreso económico y social del país. Permite la interacción entre las personas, el acercamiento entre comunidades y la realización de trámites de diferente índole, como los servicios de salud, educación, mercantiles y financieros. La comunicación telefónica beneficia de manera directa las comunidades, generando condiciones de desarrollo.
Los servicios de telefonía en el estado han aumentado. Lo constatamos con las siguientes cifras:
• La densidad telefónica fija de Guanajuato en 2007 fue de 15.5 líneas por cada 100 habitantes; para 2008, estás fueron de 16.2 líneas: tuvo una tasa de crecimiento anual de 4.3 por ciento.
Actualmente, el estado cuenta con 441 poblaciones con servicio de telefonía local, así como 5 millones 527 mil 874 líneas en servicio, y se tienen 26 áreas de servicio local.2
Sin embargo, comunidades que integran los municipios del norte y noreste del estado a la fecha no cuentan con los servicios de telefonía fija ni móvil. Los municipios son Ocampo, San Felipe, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José Iturbide, Tierra Blanca, Santa Catarina, Victoria, Atarjea y Xichú, los cuales en suma cuentan con una población de 388 mil 186 habitantes,3 por lo que esta situación tiene molesta a los habitantes de las comunidades afectadas, carentes del servicio telefónico, cuando la comunicación es primordial para realizar un sinfín de actividades.
De acuerdo con el censo de 2000, Guanajuato tuvo una población migrante que ascendió a 163 mil 338 habitantes, que se fueron de la entidad para vivir en Estados Unidos,4 muchos de los que tienen familia o amigos en las comunidades de los municipios que aún no cuentan con el servicio de telefonía. Ante esta realidad, es urgente que se establezcan condiciones que permitan la comunicación en estas regiones del estado.
Con anterioridad solicité a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la delegación de Guanajuato, que se proporcionara el servicio telefónico a las localidades de San Diego de la Unión. Sin embargo, no ha habido respuesta favorable hasta el momento por la dependencia reguladora del sector.
Sin duda, la política en telecomunicaciones en México ha sido ampliar la cobertura de los servicios de telefonía, tanto fija como móvil. Pese a esto, no ha sido el caso concreto de las diferentes localidades de los municipios mencionados, ya que a la fecha carecen del servicio.
La propuesta es viable porque generaría un efecto multiplicador, al proporcionar una derrama económica para las localidades que no cuentan con el servicio, fomentaría la actividad productiva y se proporcionarían más empleos para los municipios que solicitan el servicio.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la aprobación de los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a realizar mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un estudio integral que evalúe la factibilidad de proporcionar los servicios de telefonía en Ocampo, San Felipe, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José Iturbide, Tierra Blanca, Santa Catarina, Victoria, Atarjea y Xichú, Guanajuato.
Segundo. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a entregar a esta soberanía mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en un lapso de 45 días, los resultados del estudio para dar cobertura telefónica a las comunidades en referencia.
Notas
1. Personal communications service.
2. Fuente: Comisión Federal de Telecomunicaciones.
3. Perspectiva del estado de Guanajuato, junio
de 2008, Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
4. Cuéntame, información por entidad,
Guanajuato, Inegi.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre
de 2009.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE REQUIEREN INFORMES EN MATERIA DEL PAQUETE ECONÓMICO DE 2010,
A CARGO DE LA DIPUTADA LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PT
Con fundamento en los artículos 31, fracción IV, 39, 40, 41, primer párrafo, 70, tercer párrafo, y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento a ustedes proposición con punto de acuerdo, en los siguientes términos:
"...por tanto, es aquí donde cobran toda su importancia las reglas que garantizan la participación efectiva de las minorías, al regular, por ejemplo, la conformación del orden del día, las convocatorias a las sesiones, las reglas de integración de la Cámara, la estructuración del proceso de discusión o el reflejo de las conclusiones en los soportes documentales correspondientes.
"Por consiguiente el órgano legislativo, antes de ser un órgano decisorio, tiene que ser un órgano deliberante, donde encuentren cauce de expresión las opiniones de todos los grupos, tanto los mayoritarios como los minoritarios...
"Por tanto, la acción de la mayoría encuentra un límite en el derecho dejas minorías de participar en la deliberación y poder ofrecer sus puntos de vista con el ánimo de convencer sobre la validez de sus argumentos y razones, para de esa manera construir una mayoría a favor de sus propuestas y posiciones."
En otras palabras, la Suprema Corte ha reiterado en varias sentencias que las mayorías parlamentarias deben respetar el procedimiento legislativo en forma tal que no impidan a las minorías parlamentarias expresarse. Por lo que las reglas que garantizan la participación efectiva de las minorías, como las que se refieren a los soportes documentales de los dictámenes a votación, deben ser respetadas.
Estos soportes documentales pueden obtenerse con base en el artículo 93 constitucional que establece:
"Las cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción."
Sobre este artículo constitucional, la Suprema Corte también resolvió en la controversia 26 del 99 lo siguiente:
"...el sigilo financiero no es oponible a las facultades constitucionales que posee la Cámara de Diputados para requerir la información solicitada".
Nuestro ánimo es proponer, debatir, deliberar en condiciones de igualdad, representar a quienes votaron por nosotros y conocer la verdad de la situación de las finanzas públicas.
Por todo lo anterior, los suscritos diputados y diputadas hacen del conocimiento de este Pleno que, para el efecto de la discusión del paquete económico 2010, nos constituimos como minoría parlamentaria con el ánimo de convencer sobre la validez de nuestros argumentos y razones, para de esa manera construir una mayoría a favor de nuestras propuestas y posiciones.
Por ello demandamos que se requiera la siguiente información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del actual régimen.
Si, como ha denunciado la Auditoría Superior de la Federación, la eficiencia recaudatoria y la remuneración de servidores públicos persisten como áreas de opacidad y riesgo en el Estado federal mexicano y, por tanto, no aprueban este punto de acuerdo, o Hacienda no contesta o miente, y ustedes aprueban el paquete económico 2010, llamaremos al Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, la Soberanía y el Petróleo a promover millones de amparos contra el alza de impuestos y tarifas, y ustedes nos habrán dado el argumento: la opacidad y la iniquidad en la deliberación parlamentaria.
Antes de querer aumentar impuestos o crear impuestos nuevos, queremos saber cuánto pagan los grandes empresarios y banqueros de este país.
Por todo lo anterior, la Cámara de Diputados pregunta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del actual régimen, en términos del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo siguiente:
a) ¿Cuántos recursos traería al Estado eliminar, sin contravenir derechos constitucionales, los regímenes especiales como la consolidación fiscal; la exención de impuestos por ventas de empresas en la Bolsa; la depreciación acelerada de activos; el abuso en donativos deducibles de impuestos; y el incumplimiento de pagos de créditos fiscales; así como equiparar las tasas de impuestos sobre dividendos con las de Estados Unidos?
b) ¿Si pagaran sus deudas fiscales las grandes empresas (460 mil millones de pesos) no habría necesidad de aumentar impuestos, ni de subir la gasolina, ni el diesel ni la electricidad como se pretende? ¿Qué mecanismos legales requiere la Secretaría de Hacienda para cobrar estos recursos?
c) ¿Cuáles son los nombres de las empresas que en 2005 resultaron beneficiadas por el SAT, con la devolución multimillonaria de impuestos, conforme a la Auditoría Superior de la Federación? ¿Cuál es el banco con créditos fiscales por 25 mil millones de pesos que señala la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la cuenta pública 2005? ¿Cuál es la institución financiera a la que devolvieron 2 mil millones de pesos de impuestos? ¿Cuáles son las "dos cadenas televisivas" que tenían créditos por mil 500 millones? ¿Cuál es el periódico que debía 2 mil 675 millones?
d) ¿Cuáles son los nombres o razones sociales de la lista de las 100 principales empresas o bancos que, del año pasado a la fecha, han sido beneficiados con la devolución de impuestos y con créditos fiscales?
II. Austeridad en las finanzas públicas
a) ¿La reducción en un 50 por ciento de los salarios y las prestaciones de los altos funcionarios públicos, de directores adjuntos para arriba, incluyendo a los tres poderes y a los gobiernos estatales, significaría un ahorro de 95 mil millones de pesos?
b) ¿En dos años se han creado cerca de 54 mil puestos de "alto nivel" (de director de área hasta subsecretarios)? ¿Eso representa un gasto de 125 mil millones de pesos? ¿Esto es más de lo que se destina a la salud pública? ¿Es casi el doble del presupuesto de las universidades públicas del país?
c) ¿La desaparición de las partidas 1406, 1407 y 1500, destinadas a la atención médica privada, a la caja de ahorro especial y a los bonos extraordinarios que reciben los altos funcionarios públicos; así como la eliminación de las pensiones a los ex presidentes, representaría un ahorro de 30 mil millones de pesos?
d) ¿Una fuerte reducción, basada en la eliminación de gastos suntuarios de las partidas destinadas al pago de alimentación para altos funcionarios, los gastos de publicidad, la telefonía celular, las oficinas alternas, el arrendamiento de computadoras, vehículos y aviones, el pago de asesorías, los gastos de representación, combustibles y lubricantes, la adquisición de vehículos para funcionarios públicos, boletos de avión y viajes al extranjero, podría sumar 50 mil millones de pesos?
e) ¿La reducción del 5 por ciento de las participaciones federales a los gobiernos estatales, generaría un ahorro de 22 mil 680 millones de pesos?
f) ¿El espectáculo del Grito el 15 de septiembre de 2010, representa tres veces lo que se le quitaría de presupuesto a la UNAM?
III. Tarifas energéticas.
a) ¿Cuántos recursos se requieren para
• Disminuir un 15 por ciento el precio de la tarifa doméstica y congelamiento durante todo el tiempo que dure la recesión y la crisis económica.
• Desaparecer la tarifa doméstica de alto consumo.
• Obtener una tarifa agrícola, cuyo precio fomente la recuperación del campo mexicano.
• Mantener el subsidio a la tarifa doméstica.
• Fijar el costo de la gasolina y el diesel conforme a los precios de 2006
Diputados: Laura Itzel Castillo Juárez,
Mario Alberto di Costanzo Armenta (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL QUE REVISE LAS ALTERNATIVAS DE POLÍTICA
PÚBLICA A FIN DE QUE ESTÉN DISPONIBLES Y SEAN ASEQUIBLES
PARA LA POBLACIÓN LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SALUD, A CARGO DE
LA DIPUTADA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR Y SUSCRITA POR INTEGRANTES
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados federales de la LXI legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
En términos de lo dispuesto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, "toda persona tiene derecho a la protección de la salud", siendo obligación del gobierno federal establecer los lineamientos y coordinar a los distintos ámbitos de gobierno para que este derecho fundamental no sea efectivo para la población mexicana.
En buena medida, la vigencia del derecho a la salud se condiciona en función de las posibilidades de atención médica y acceso a medicamentos e insumos para la salud de la población.
En este sentido, es un hecho conocido el problema que representan los elevados precios de los medicamentos e insumos para la salud, tanto para el erario como para la población. En efecto, la mayoría de las personas, en especial las comprendidas en los primeros deciles, no pueden hacer frente a los costos de muchas de las medicinas e insumos para la salud que se requieren para atender sus padecimientos, particularmente los de naturaleza crónico-degenerativa, que son cada vez más comunes y que se convierten en un gasto que no coincide con el nivel de ingreso de los hogares a nivel nacional, y que frecuentemente se traducen en erogaciones catastróficas para las familias.
Desafortunadamente, no existen mecanismos efectivos de control desde el gobierno federal para hacer, por un lado, más baratas, eficientes y oportunas las adquisiciones de medicamentos de calidad; y, por otro lado, para desincentivar prácticas de comercio que inciden negativamente en el precio de los productos, con distorsiones de costos entre países y prácticas oligopólicas o dominantes, siempre en detrimento de la economía familiar y de la planta productiva nacional.
Asimismo, resulta prioritario que el gobierno federal aproveche su poder de adquisición para impulsar un sistema nacional de compras consolidadas de medicamentos e insumos para la salud, así como el consumo de medicamentos genéricos intercambiables y la investigación para el desarrollo de nuevos productos.
También se cometen abusos al no ajustarse las presentaciones de los medicamentos a los requerimientos de los diagnósticos más frecuentes, obligándose muchas veces con ello el consumidor a adquirir una mayor cantidad del producto necesario para atender su padecimiento, además de presentarse abusos con el fenómeno de la autoprescripción y la falta de farmacovigilancia para detectar y controlar efectos adversos de las medicinas.
En tal sentido, se hace necesario que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, informe detalladamente de la situación actual, así como de las alternativas cuyo objetivo último sea hacer accesibles a la población medicamentos seguros, eficaces y de calidad.
En atención a las consideraciones previas, y reconociendo que las soluciones a estos retos exigen un análisis profundo de cuya realización habrían de desprenderse diversas propuestas de orden legislativo, reglamentario y de política sanitaria, que permitirán que la población tenga oportuno y completo acceso a los medicamentos e insumos para la salud que requiera, se hace necesario crear un espacio de reflexión al interior de este colegio parlamentario como una comisión especial que, sin demora, dirija sus esfuerzos a lograr los fines señalados.
Por lo expuesto, en términos de los preceptos legales invocados, sometemos a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política constituya la Comisión Especial para revisar las alternativas de política pública para que estén disponibles y sean accesibles a la población los medicamentos e insumos para la salud, para que se revise la política que abarca desde la investigación y producción de medicamentos e insumos para la salud hasta su distribución, precios, prescripción, dispensación y farmacovigilancia.
Segundo. Que se formule a la Secretaría de Salud un atento exhorto a establecer una política farmacéutica que comprenda desde la investigación hasta un sistema integral de compras consolidadas de medicamentos, en especial de genéricos intercambiables, para las diversas instancias dentro del sector público federal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2009.
Diputados: Francisco Rojas Gutiérrez, Ildefonso
Guajardo Villarreal, Rodrigo Reina Liceaga, Rosalina Mazari Espín,
José Antonio Yglesias Arreola, Antonio Benítez Lucho, María
Cristina Díaz Salazar (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SHCP A DESTINAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA AMPLIACIÓN
Y MODERNIZACIÓN DE LAS GARITAS EN LA FRANJA FRONTERIZA DE BAJA CALIFORNIA,
A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO ARTURO VEGA DE LAMADRID, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en las potestades conferidas en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes
Antecedentes
1. Que en Baja California en la actualidad existen 6 garitas de cruces fronterizos que son Tijuana-San Ysidro, Tijuana-Otay Mesa, Tecate, Mexicali-Caléxico, Mexicali II y Algodones-Andrade y que dan servicio a más de 170 millones de cruces fronterizos de manera anual.
2. Que tan sólo en la garita de Tijuana-San Ysidro, el año pasado se llegaron a registrar un total de alrededor de 48 millones de cruces; estos datos han sido proporcionados por la casa de seguridad para la protección de cruces y fronteras de los Estados Unidos de América; sin embargo cuenta con 5 de las 7 puertas en operación de acceso en dirección sur y 20 de las 27 puertas en operación de acceso hacia el norte, el resultado de este acceso limitado es una pérdida en tiempo que se traduce en pérdidas económicas importantes, tan sólo para la región de California y Baja California estas pérdidas se han calculado hasta por 9 mil millones de dólares en perjuicio de las economías de México y Estados Unidos.
3. De acuerdo con estudios de El Colegio de la Frontera Norte y la propia Secretaría de Turismo del gobierno federal, en los últimos 7 años han dejado de llegar a nuestros destinos turísticos a lo largo de la frontera norte de México un estimado de 76 millones de visitantes, con esto se ha dejado de percibir una derrama estimada de 2 mil 500 millones de dólares.
Quiero hacer énfasis en este punto, las derramas que hemos dejado de percibir es una suma severa e imprescindible para momentos de una crisis mundial que en México atravesamos, es necesario recuperar todas las fuentes de ingresos importantes que tenemos dentro del territorio nacional.
4. Según el Centro de Estudios Económicos de Baja California, en el periodo de enero a julio del presente año dejaron de asistir a los cruces fronterizos un aproximado de 5.8 millones de personas, tan sólo en lo que va del año, lo cual representa una importante suma económica.
5. Debemos reconocer que se ha colaborado entre los dos gobiernos de México y Estados Unidos de Norteamérica en la construcción de una nueva garita, la cual será la de Otay II, que se pretende que comience a funcionar en 2012; se pretende construirla 2.5 millas al este del actual paso de Otay, lo cual vendrá a desfogar el aforo vehicular de cruces fronterizos que actualmente hay en San Diego y Otay; sin embargo, se tiene establecido que entrará en operaciones hasta el año 2015, siendo entonces un proyecto a mediano plazo, además de prever un cobro por la utilización del cruce, inhibiendo aún más la afluencia de personas que intenten atravesar las fronteras por las garitas internacionales, disminuyendo aún más las derramas económicas y el turismo ya de por sí deteriorado.
No obstante, la peculiaridad de esta nueva garita es que tendrá un costo; que se tendrá que pagar cierta cantidad tanto al ingreso en Estados Unidos como en México.
El principal problema radica en las acciones que deben aplicarse al corto plazo las derramas económicas que se han dejado de percibir son de importancia significativa para la economía de ambos países; sin embargo, el gobierno federal ha tratado de implementar programas y sistemas que doten de mayor seguridad en los cruces fronterizos, lamentablemente han entorpecido el tiempo de espera, reduciendo la afluencia que históricamente es primordial para la economía de quienes habitamos en zonas limítrofes.
Compañeras y compañeros: es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema de Administración Tributaria, dote de recursos para la adecuación de los pasos fronterizos principalmente de la franja norte de nuestro país, si bien es cierto, que al paso de las anteriores legislaturas se han implementado programas como el de Diputada, Diputado Amigo, con buenos resultados, es cierto también que se requieren mejoras en la infraestructura de las garitas internacionales, que garanticen la afluencia eficiente y rápida que nos permita tener una recuperación económica de la derrama tan importante de la que hemos hablado.
Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema de Administración Tributaria para que se destinen los recursos necesarios para ampliar las garitas internacionales con mayor afluencia de cruces fronterizos del país.
Señor presidente le solicito de la manera más atenta que la presente se inserte de manera íntegra, en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 13 de octubre de 2009.
Diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE CITRICULTURA, A CARGO DEL DIPUTADO
FRANCISCO HERRERA JIMÉNEZ Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El suscrito, diputado Francisco Herrera Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
México ocupa el quinto lugar mundial en la producción de cítricos, con una extensión total estimada en 553 mil 61.36 hectáreas; esto, en 28 estados del país, las cuales produjeron en 2008, más de 7.3 millones de toneladas, con un valor en el mercado cercano a los 10 mil millones de pesos. En la producción de estos cultivos participan más de 90 mil familias, generándose 70 mil empleos directos y cerca de 250 mil indirectos.
Esta actividad agrícola enfrenta actualmente una crisis como consecuencia del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y la actual contracción del mercado internacional, por lo que son necesarios nuevos esquemas de producción y comercialización que permitan impulsar ventajas competitivas a nivel internacional.
Cabe resaltar que la LX Legislatura de la Cámara de Diputados fue sensible a la problemática citrícola en nuestro país al crear la Comisión Especial de Citricultura, la cual dio puntual seguimiento al presupuesto asignado para impulsar el desarrollo sustentable del sector en su conjunto.
Es necesario que esta soberanía siga impulsando los trabajos de evaluación y seguimiento de políticas públicas que impactan al sector citrícola nacional.
Del total de la producción nacional, cerca de 90 por ciento se dirige al consumo interno y el restante 10 por ciento para la exportación. Cerca de 53 por ciento de la superficie sembrada y cosechada del país se concentra en Veracruz, Michoacán, San Luis Potosí y Tamaulipas.
Es oportuno señalar que los cítricos nacionales compiten a nivel internacional por su calidad, precio y nivel sanitario, y son fundamentales para mejorar la salud nutricional de la población en general, sobre todo ante la reciente pandemia de la influenza humana. Debe impulsarse una adecuada e intensa promoción de las ventajas nutricionales de los cítricos en nuestro país.
Actualmente, los productores se enfrentan a barreras fitosanitarias y diferenciación con el mercado estadounidense, lo que limita los volúmenes y costos de exportación de los cítricos nacionales, por lo que resulta necesario realizar modificaciones legales especificas para impulsar al sector citrícola, sobre todo para incorporar mayores productos al esquema de impulso estratégico considerado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
De la producción y actividad citrícola, viven más de 13.9 millones de jornaleros, quienes aspiran a una mejor calidad de vida a través de la estabilidad laboral, una mejor vivienda, educación y servicios de salud para ellos y sus familias.
Por tanto, resulta necesario un espacio institucional que promueva acciones coordinadas entre los distintos niveles de gobierno, productores y comercializadores, ante riesgos sanitarios y climáticos que puedan afectar los volúmenes de producción de cítricos nacionales, así como también se requiere impulsar un mayor grado de tecnificación y de manejo integrado de los productos citrícolas, a fin de disminuir la diferenciación en la cadena productiva que actualmente es poco homogénea en precios al consumidor.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Conforme al articulo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados y a esta asamblea se constituya la Comisión Especial de Citricultura y que cuente, para su desempeño, con recursos humanos, materiales y financieros necesarios para su debida operación y que el periodo de sus funciones comprenda toda la LXI Legislatura.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2009.
Diputados: Francisco Herrera
Jiménez (rúbrica), Juan Nicolás Callejas Arroyo, Patricio
Chirinos del Ángel (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced
(rúbrica), Salvador Manzur Díaz (rúbrica), Sergio
Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica),
José Francisco Yunes Zorrilla, Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica),
Luz Carolina Gudiño Corro, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Luis Antonio
Martínez Armengol (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE A CREAR UNA SUBCOMISIÓN
O GRUPO DE TRABAJO QUE ESTUDIE, DISCUTA, PROPONGA Y, EN SU CASO, DICTAMINE
UNA LEY EN MATERIA DE JUVENTUD, A CARGO DEL DIPUTADO SIXTO ALFONSO ZETINA
SOTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal Sixto Alfonso Zetina Soto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 44, numeral 4, 45, numeral 6, incisos a), e), f) y g), numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58, fracción I, 60, 83, 87 a 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo: se exhorta respetuosamente a la Comisión de Juventud y Deporte a valorar e incorporar en su programa anual de trabajo una subcomisión o grupo de trabajo a efecto de estudiar, discutir, proponer y, en su caso, dictaminar una ley en materia de juventud que garantice, proteja y promueva los derechos de las y los jóvenes, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México es un país que cuenta con un amplio sector juvenil, en donde las y los jóvenes conforman un componente fundamental de nuestra sociedad, pues se erigen como los conductores del progreso en todos sus ámbitos de la vida nacional, motivo por el cual deben ser apoyados con la finalidad de aprovechar su potencial en la construcción de un mejor país.
Los jóvenes han llegado a sus niveles más altos de la historia, debido al bono demográfico que experimenta el país. Actualmente, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,1 se estima que nuestro país tiene 106.7 millones de habitantes; de los cuales el 27.3 por ciento (29.1 millones) son jóvenes de 15 a 29 años; 14.4 millones son hombres y 14.7 millones mujeres.
Asimismo, de acuerdo con las proyecciones que se han realizado de este grupo, se estima que la población joven llegará a 29.3 millones en 2010 y seguirá aumentando hasta el año 2015 cuando llegue a su máximo histórico de 29.5 millones; a partir de entonces comenzará a reducir su tamaño.
Esta dinámica demográfica sin duda marca las demandas sociales, culturales, políticas y económicas que tiene la juventud mexicana; por lo que es nuestro deber como sociedad y gobierno crear las condiciones propicias para elevar su calidad de vida.
Nuestro país tuvo un avance importante en el objetivo de atender las necesidades y demandas; y fortalecer las capacidades y potencialidades de la juventud, al crearse por disposición de ley el Instituto Mexicano de la Juventud encargado de definir e instrumentar la política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país.
No obstante ese logro, actualmente nos encontramos con un escenario poco propicio para el desarrollo de la juventud, toda vez que se presenta una situación de rezago en distintos ámbitos, muestra de ello son los múltiples problemas que enfrentan para acceder a un trabajo digno, a la educación, a los servicios de salud y de seguridad social, a una vivienda digna y decorosa; son un grupo sumamente discriminado sobre todo por su condición de edad; asimismo enfrentan una serie de obstáculos para participar plenamente en las decisiones políticas; esto por mencionar algunos.
Ante tal situación, es indiscutible la necesidad de seguir generando acciones y políticas en beneficio de la juventud; se requiere, sin duda, reforzar la legislación a fin de ampliar las oportunidades de desarrollo que permitan potenciar las posibilidades de participación de las y los jóvenes mexicanos en los distintos ámbitos: social, político, educativo, cultural, económico, entre otros.
Cabe mencionar, que nuestro país la legislación en materia de jóvenes se encuentra dispersa en una serie de ordenamientos legales dirigidos a la población en general; sin embargo, sus derechos no se encuentran completamente garantizados en el marco jurídico federal, toda vez que dichos derechos no se contemplan de manera explícita en estos ordenamientos, lo que ha propiciado un difícil acceso a los mismos y ha generado una inseguridad jurídica para los jóvenes.
En este sentido, compañeras y compañeros legisladores, dada la problemática que enfrentamos día con día los jóvenes mexicanos para acceder plenamente a nuestros derechos, proponemos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 44, numeral cuatro, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, que al interior de la Comisión de Juventud y Deporte de esta honorable Cámara de Diputados se instale una subcomisión o grupo de trabajo en donde se revise y analice la situación de la juventud en nuestro país, a fin de generar un diagnóstico de ésta y con base en ello comenzar a trabajar en el planteamiento, formulación y en su caso creación de un marco jurídico a nivel federal que garantice, proteja y promueva los derechos de las y los jóvenes impulsando su incorporación al desarrollo del país.
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional refrenda su compromiso con la juventud, por lo que esta propuesta busca generar un espacio de diálogo, análisis, reflexión y, sobre todo, de participación de los propios jóvenes, para que con la colaboración de las instituciones gubernamentales, los especialistas y organizaciones civiles relacionadas al tema de juventud, encontremos las mejores propuestas legislativas a favor de las y los jóvenes de México.
Ante este reto, dicha subcomisión o grupo de trabajo deberá analizar los diversos aspectos en donde el desarrollo de los jóvenes presenta mayores dificultades, por lo cual consideramos que debe revisar los siguientes temas:
El acceso de los jóvenes a la educación; a la salud; a una vivienda adecuada; a un trabajo digno; a la justicia; a la participación en la toma de decisiones públicas; a la educación sexual; a la cultura, el arte y el deporte; a la no discriminación; a la integridad personal; al ocio y esparcimiento; por mencionar algunos.
En nuestro partido estamos convencidos de que debemos abrir espacios específicos para dotar a las y los jóvenes de oportunidades reales en los distintos ámbitos, al tiempo de brindarles seguridad jurídica en cuanto a sus derechos y los mecanismos para hacerlos valer, por lo que alcanzar el objetivo aquí planteado tendrá beneficios de enorme magnitud ya que las y los jóvenes son el futuro de México.
En virtud de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Juventud y Deporte de esta honorable Cámara de Diputados a valorar e incorporar en su programa anual de trabajo una subcomisión o grupo de trabajo a efecto de estudiar, discutir, proponer y, en su caso, dictaminar una ley en materia de juventud que garantice, proteja y promueva los derechos de las y los jóvenes.
Segundo. La subcomisión o grupo de trabajo deberá rendir de manera periódica un informe sobre los avances en sus tareas, ante la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados.
Tercero. Una vez concluida la iniciativa de ley, se presentará ante el pleno de la honorable Cámara para que la Mesa Directiva le dé el turno correspondiente.
Nota
1. Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
2008.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2009.
Diputado Sixto Alfonso Zetina Soto (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN MEDIDAS FEDERALISTAS Y DE EFICIENCIA PARA EL DESARROLLO
SOCIAL, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS FLORES RICO Y SUSCRITA POR INTEGRANTES
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Carlos Flores Rico, diputado federal a la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, a nombre de los suscritos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante ustedes comparezco para exponer:
Que con fundamento en lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; sometemos a su aprobación, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes:
Considerandos
Que el crecimiento económico debe ir aparejado al desarrollo social y que debe impulsarse una relación virtuosa entre la política económica y la política social; para que propicie un desarrollo económico distributivo más acelerado y perdurable.
Que la política social debe ser puntal republicano en el combate al centralismo, y el impulso al federalismo como la mejor vía de aprovechar las capacidades de la nación; que es prioritario cuidar que se agilice el ejercicio del gasto social, utilizando la capacidad de ejecución de los estados y municipios;
Que las decisiones, ejecución y evaluación de los resultados de los programas sociales deben acercarse a la población, y abrir espacios a la participación de la sociedad respetando su dignidad y alentando sus potencialidades productivas;
Por ello, proponemos a la atenta consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, se consideren los siguientes objetivos de gestión:
2. Establecer la obligación de que todos los programas federales de desarrollo social sean convenidos con los gobiernos de los estados a través de sus órganos de planeación democrática;
3. Determinar que la actualización y/o elaboración de las reglas de operación de los programas no deberán retrasar su implementación eficiente y oportuna;
4. Garantizar que los apoyos económicos establecidos en los programas sociales lleguen completa, oportuna y directamente a los beneficiarios, evitando intermediaciones y clientelismos electorales.
5. Acelerar la puesta en marcha del programa de transferencias de recursos a través de la red de instituciones bancarias y organismos auxiliares, previsto para implantarse en el 2011, de acuerdo a la cobertura territorial, sin cargo o comisión alguna para el beneficiario.
Diputados: Carlos Flores Rico,
Alma Carolina Viggiano Austria, Canek Vázquez Góngora, Ramón
Ramírez Valtierra, Miguel Ángel Terrón Mendoza, Rubén
Moreira Valdez, Mario Moreno Arcos, Ángel Aguirre Herrera, Fermín
Alvarado Arroyo, Jesús Rodríguez Hernández, Jorge
López Portillo Basave, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva,
José Yunes Zorrilla, Jesús Alberto Cano Vélez, Nicolás
Bellizia Aboaf (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL DELEGADO EN GUSTAVO A. MADERO, DISTRITO FEDERAL, A REVISAR
CON DETENIMIENTO LAS OBRAS REALIZADAS EN EL ACUEDUCTO DEL RÍO SAN
JAVIER, A CARGO DE LA DIPUTADA ROSI OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PAN
La suscrita, diputada federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. La zona metropolitana del valle de México está construida sobre una cuenca cerrada, que originalmente formaba un sistema lacustre, integrado por cinco grandes lagos: Texcoco, Xaltocan, Zumpango, Xochimilco y Chalco. En época de lluvias, estos lagos se convertían en uno solo, de 2 mil kilómetros cuadrados de superficie.
Esta condición explica las periódicas inundaciones que desde la fundación de la ciudad han enfrentado sus habitantes, así como la necesidad de construir importantes obras de drenaje para el control y desalojo de las aguas residuales y pluviales del valle.
II. La construcción de la Ciudad de México sobre lo que eran los lagos ocasionó dos problemas permanentes: la necesidad de desalojo del agua de lluvia para evitar inundaciones; y el hundimiento por sobreexplotación de los mantos acuíferos. Más aún, si consideramos que en el valle de México se registra alta precipitación pluvial, aproximadamente mil milímetros al año, cuando la media nacional es del orden de 772.
III. Hoy, la capacidad del sistema de drenaje de la zona metropolitana es insuficiente y presenta graves problemas. Basta comparar la capacidad que tenía en 1975 con la actual: resulta 30 por ciento menor, para servir a casi el doble de población. Esta disminución se debe principalmente al constante hundimiento de la Ciudad de México, originado por la sobreexplotación de los mantos acuíferos del valle de México, pero también a un deficiente mantenimiento y falta de inversión en obras complementarias.
IV. El drenaje de la zona metropolitana sirve a una población de 19.2 millones de habitantes, y es insuficiente para desahogar las aguas residuales de la ciudad y la pluvial, debido principalmente a la pérdida de pendiente, y la sobreexplotación del acuífero, que ocasiona que la ciudad registre hundimientos importantes. Actualmente, la ciudad se encuentra ya 10 metros por debajo del nivel del lago de Texcoco, lo que implica disminución de la capacidad hidráulica de los cauces superficiales del sistema de drenaje, ante lo cual la posibilidad de inundaciones se incrementa al elevarse los niveles del agua en cada temporada de lluvias que experimentamos.
V. El pasado domingo 6 de septiembre, en la capital del país y en el estado de México se presentaron lluvias torrenciales. En la Ciudad de México se reportaron mil 450 viviendas con afectaciones y se contabilizaron 331 encharcamientos; las colonias más afectadas fueron Acueducto de Guadalupe, Federal, Moctezuma Segunda Sección, Romero Rubio, Revolución, Moderna y Álamos.
VI. En cuanto a la zona del acueducto de Guadalupe, en Gustavo A. Madero, hubo daños porque también hay una fisura en el río San Javier, provocada por las obras que actualmente se realizan en la zona para construir un puente vial. Ello, sumado a las fuertes lluvias, derivó en el desbordamiento del río. Eso provocó que cerca de 20 calles aledañas a éste, en la zona residencial de Acueducto de Guadalupe, se inundaran, lo que trajo consigo para muchas familias la pérdida de sus bienes. Además, dichas inundaciones, por ser de aguas negras, se tradujeron en un foco de infección para la población, integrada sobre todo por adultos mayores.
VII. Tras las inundaciones, los habitantes de la colonia Residencial Acueducto de Guadalupe que fueron afectados buscaron a las autoridades delegacionales en busca de respuestas por los daños sufridos, así como para solicitar que se detuvieran las obras que provocan el riesgo constante en la zona.
VIII. Ante esta situación, el pasado 14 de septiembre los vecinos de la zona sostuvieron pláticas con las autoridades delegacionales, que se comprometieron a detener las obras y encargarse de la fisura del río San Javier. Empero, pasados unos días las obras se reanudaron sin explicación alguna, por lo cual es de hacerse notar la necesidad de que las autoridades del Distrito Federal den una respuesta a los ciudadanos de Gustavo A. Madero que se encuentran alarmados ante el inminente riesgo que representa la fisura del río y la continuación de la obra.
Por lo anterior, someto a aprobación de la asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita al Gobierno del Distrito Federal y al jefe delegacional en Gustavo A. Madero que atiendan la solicitud de los vecinos de la colonia Acueducto de Guadalupe y se verifiquen o, en su caso, se detengan las obras que se llevan a cabo sobre el río San Javier.
Segundo. Se dé la debida atención a la fisura que presenta el río San Javier para evitar un posible desbordamiento de éste que llegue a causar un daño irreparable a los vecinos de la zona.
Tercero. Se solicita al Gobierno del Distrito Federal y al jefe delegacional en Gustavo A. Madero que atienda las necesidades inmediatas de los afectados, así como que responda por los daños causados por la inundación, ya que ésta tiene su origen en una obra ejecutada por dichas autoridades.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2009.
Diputada Rosi Orozco (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REVISAR LAS TARIFAS ELÉCTRICAS
Y A OTORGAR PREFERENCIALES A CHIAPAS, A CARGO DEL DIPUTADO SERGIO LOBATO
GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI Y SUSCRITA POR INTEGRANTES
DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
El que suscribe, Sergio Lobato García, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo al Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) 2009 de la Sedesol, en Chiapas existen 46 municipios (de 118) catalogados como de muy alta marginación, estando entre ellos el de Sitalá, que ocupa el lugar número dos de todos los municipios del país con este criterio. Además, esta misma dependencia afirma que en Chiapas se encuentran los 28 municipios más pobres del país.
Estos datos reflejan una gran incongruencia e inequidad imperantes en el país, toda vez que nuestro estado ha contribuido de forma significativa en el desarrollo nacional. Sin embargo, estas aportaciones en el marco del pacto federal, han sido regateadas por la misma Federación y han menospreciado la importancia y significación de las mismas.
México tiene todavía una deuda histórica con la entidad más mexicana desde 1824. Los programas sociales y las inversiones destinadas a combatir la pobreza, la marginación, el analfabetismo y otros problemas sociales, no son suficientes ante el rezago de muchos años en que se encuentra inmerso el estado de Chiapas.
Y a pesar de esta situación, la Federación ha castigado a la región con costos muy altos, en comparación con otras entidades del país, respecto de insumos como la energía eléctrica y combustibles. Esto ha dado paso a una de las injusticias más grandes que orillan a Chiapas a mantenerse en niveles de pobreza y bienestar muy por debajo del resto del país.
Chiapas es el productor número uno de energía hidroeléctrica del país, ya que cuenta con las cuatro presas más grandes; según datos de la Secretaría de Energía, el estado de Chiapas produce un total de 18,386 GWh (Giga Wattios-hora), lo que la ubica como el segundo productor nacional de energía eléctrica.
Pese a estas cifras, la red de electrificación en esta entidad es una de las más rezagadas, ya que más del 30 por ciento de las comunidades consideradas de muy alta marginación no cuentan con electrificación. Según datos del Inegi 2005, Chiapas tiene una cobertura de electrificación urbana del 94 por ciento mientras que estados como Veracruz y Baja California oscilan en el 98 por ciento.
Aún con estas cifras, la población del estado de Chiapas paga 13 por ciento más en comparación con las tarifas que existen en otras regiones, como las del centro y norte. Estas altas tarifas de la energía eléctrica, inciden de forma notoria y negativa en el desarrollo del estado, inhiben la producción y la inversión, además de que disminuyen el bienestar y calidad de vida de sus habitantes.
En las distintas clasificaciones de tarifas eléctricas dentro del país, el cual resulta harto complejo, desde hace 25 años aproximadamente el gobierno federal otorgó subsidios y costos especiales a la ciudad de Mexicali, Baja California y otras zonas geográficas del país, lo cual vulnera el principio de equidad, toda vez que las condiciones climatológicas, geográficas, económicas y sociales de estas regiones, resultan mucho más favorables y por consiguiente, desiguales, con los factores que imperan en el estado de Chiapas.
Derivado de lo anterior, diversas ciudades de los demás estados de la República con condiciones similares o de extremo calor y frío exigieron la reclasificación de tarifas eléctricas.
En el año del 2002 el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda, propuso la modificación del precio de la electricidad y creó la tarifa domestica de alto consumo, como resultado de estas modificaciones y, en virtud de la gran afectación económica que representó para la población asentada en regiones de alta temperatura en verano, se expidió otro decreto el 8 de abril de 2002 para crear una nueva tarifa, la 1F; desafortunadamente, ésta no tuvo efecto positivo en las regiones con altos niveles de humedad y de temperatura.
El 26 de diciembre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, a ajustar, modificar y reestructurar las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica por las variaciones en los precios de los combustibles y la inflación nacional, lo que ocasionó un incremento del 8 por ciento en el costo de la energía eléctrica.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitió un acuerdo el día 7 de enero de 2008 en el que se estableció que se aplicaría un descuento del 5 por ciento a los consumos básicos de energía de media tensión, y una disminución del 30 por ciento en los consumos adicionales de electricidad en la tarifa de hora punta de alta tensión. Este acuerdo se emitió con el fin de instrumentar medidas tarifarias que promuevan la competitividad del sector industrial, así como igualar los cargos tarifarios en todo el Sistema Interconectado Nacional para las tarifas industriales de alta tensión, y aplicar además una reducción general del 5 por ciento en todos los cargos del sector comercial y a los usuarios industriales de media tensión.
Aunque resulta loable la intervención de la Federación a favor de la industria y de los altos consumidores de energía, con la finalidad de incentivar la producción y la generación de empleos, la Federación se ha olvidado de los pobres más pobres del país y que lamentablemente habitan las zonas más paupérrimas del estado de Chiapas. Derivados de la injusta e inequitativa clasificación de las tarifas, en diversas comunidades indígenas de esta entidad, han preferido dejar de pagar la energía eléctrica y destinar ese recurso a satisfacer otras necesidades como la alimentación y la salud.
Por estas razones, el asunto de las tarifas eléctricas reviste la mayor importancia, no solamente porque la energía eléctrica es fundamental para el desarrollo de las actividades productivas y de servicios, sino también es un insumo básico para lograr una mejor calidad de vida. Baste recordar que, junto con el consumo de combustibles, el pago de energía eléctrica representa hasta el 10 por ciento del gasto de los hogares mexicanos.
Es así que el comportamiento de los precios de la electricidad tiene necesariamente un impacto en la vida social y en la actividad económica, por lo que debemos estar muy atentos a que su comportamiento no incida negativamente en el comportamiento general de los precios.
Derivado de lo anterior, con fecha 23 de septiembre de 2009, se publicó en la Gaceta Parlamentaria, número 2851-II, proposición con punto de acuerdo a cargo del diputado Salvador Manzur Díaz, en el cual solicita la reclasificación de las tarifas eléctricas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río en Veracruz. Ahí mismo, presenta un exhaustivo diagnostico en este rubro.
A este justo reclamo del diputado Manzur, los diputados federales del estado de Chiapas nos sumamos, porque conocemos y padecemos de esta problemática que nos lacera y además, nos discrimina en un país donde se suponen que todos somos mexicanos.
Sin embargo, solicitamos a nuestros compañeros diputados de Veracruz, Oaxaca, Guerrero y otras entidades que presenten esta problemática, para que se haga un frente único para alcanzar beneficios y tarifas preferenciales en cuanto al consumo de energía, en todas la regiones afectadas, principalmente en los pueblos y comunidades indígenas del estado de Chiapas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a esta soberanía el apoyo a la siguiente preposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión Federal de Electricidad, en el ámbito de sus atribuciones, para que revisen y actualicen integralmente las tarifas eléctricas del país y se otorguen tarifas eléctricas preferenciales al estado de Chiapas en su calidad de productor de energía eléctrica, previendo subsidios que atenúen su impacto en la economía familiar y con ello se impulse el desarrollo económico y social de la región.
Segundo. En términos de los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sea considerada la presente proposición con punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 13 de octubre del año 2009.
Diputado Sergio Lobato García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA EL COMITÉ PARA LA COMPETITIVIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO DAVID
HERNÁNDEZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación del Comité de Competitividad.
Exposición de Motivos
Con fecha 8 de febrero de 2007, La LX Legislatura creó el Comité de Competitividad, por lo que es importante dar seguimiento a los asuntos pendientes que quedaron por concluir y continuar con la implementación de mecanismos que brinden un ambiente propicio para que las empresas incrementen su competitividad.
Ahora más que nunca, la competitividad es determinante para incrementar las posibilidades de desarrollo de un nuestro país.
Un país competitivo es aquel que genera riqueza, crecimiento económico, que brinda un clima de negocios propicio, que redunda en más y mejores empleos, así como un mejor nivel de vida para la población.
Para lograr que los efectos de la competitividad redunden en el beneficio de la población es necesario verla desde la óptica del desarrollo sostenible. Implica definir sus condiciones a partir de una lógica basada en el mantenimiento de los recursos naturales y el crecimiento de las inversiones y el ahorro, como fundamento para que pueda ser mantenida en el largo plazo.
La globalización ha traído beneficios y desarrollo para empresas y consumidores, sin embargo el beneficio no ha sido completo, porque solo un pequeño porcentaje de las empresas de los países en desarrollo ha alcanzado los niveles de competitividad necesarios para participar en el comercio mundial.
Es evidente que los países más avanzados tienen mayor capacidad para penetrar los mercados supranacionales. Sus grandes empresas transnacionales toman el control de algunos sectores económicos claves en las economías nacionales.
La precisión y rapidez con la que los países han adecuado sus estrategias, planes y programas así como su legislación interna, es lo que ha permitido que muchos países hayan logrado beneficiarse más que otros de las ventajas que trae consigo la globalización.
México ha mejorado en muchas materias, pero no lo hace ni al ritmo, ni a la velocidad que nos impone un mundo que está avanzando muy rápido.
Por segundo año consecutivo, México se mantuvo en el lugar número 60 entre 133 países en el Índice de Competitividad Global.
Las constantes caídas de México en el ranking mundial de competitividad y la pérdida de mercado en Estados Unidos, son muestra fehaciente de que las políticas económicas instrumentadas por el gobierno federal no han bastado para brindar un ambiente propicio para que las empresas sean promotoras del desarrollo económico.
En los indicadores de instituciones contra el crimen organizado y en calidad del sistema educativo, México tiene las peores posiciones, al ocupar los lugares 129 y 127.
Por otro lado se manifiesta una puntuación relativamente alta en salud pública y educación primaria, eficiencia del mercado de bienes y en ciertos componentes indicadores de la preparación tecnológica, es decir, inversiones directas extranjeras y transferencia de tecnologías.
Sin embargo, seguimos padeciendo graves debilidades institucionales. Una reglamentación y burocracias excesivas. Las instituciones públicas –como el sistema judicial y la policía– necesitan operar con mayor apertura y transparencia. El problema de seguridad pública incrementa los costos de las empresas y menoscaba la competitividad.
Una de las formas que ha probado más efectividad para crecer, en el contexto de la economía globalizada, es la acumulación de inversiones a largo plazo. Pues es precisamente por ellas que existe una competencia entre las regiones, al igual que entre las personas y las empresas.
En el modelo aplicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, se consideran 10 factores que analizan: el sistema de derecho, el medio ambiente, la sociedad incluyente, el sistema político, mano de obra, energía, capital, telecomunicaciones, transporte, sector financiero, sectores económicos con potencial y relaciones internacionales. El reto de la competitividad en los países es concentrar su resultado final en la mayor parte de las variables económicas, políticas y sociales que definen una economía.
Contar con reglas claras, objetivas y confiables genera certidumbre en los participantes de una economía. El sistema de derecho en México no es óptimo para competir con éxito en la economía global. Se requiere no solo elaborar un conjunto de leyes que cumplan con dichos fines y promuevan el crecimiento, inversión y empleo en diferentes sectores de la economía, sino también lograr que su observación y acatamiento sea una constante.
La dificultad de emprender negocios y, por lo tanto, la competitividad de un país, también dependen del ambiente regulatorio en el que las empresas realizan sus actividades. Los requisitos exigidos para operar legalmente una nueva empresa son indicadores del nivel de regulación de un país. Los países con mayor número de trámites para operar legalmente una nueva empresa, tienden a tener mayores niveles de corrupción. La evidencia para México es congruente con la experiencia internacional. La simplificación de los trámites que afectan a las empresas genera un doble impacto en la competitividad: reduce el costo directo de los negocios, y aminora los costos indirectos para emprender negocios asociados con un elevado nivel de corrupción.
La generación de un sistema de derecho que contribuya a la competitividad de México en el contexto internacional es una prioridad que debemos afrontar. Por ello se considera necesaria la conformación de un Comité en la Cámara de Diputados para proponer adecuaciones y cambios legislativos que avancen en la agenda de la competitividad.
Un alto nivel de competitividad genera la posibilidad de inversiones, empleo, estabilidad social, certeza jurídica, y al final mayor y mejor calidad de vida.
La finalidad de este Comité es proponer adecuaciones y cambios legislativos que avancen en la agenda de la competitividad, con la generación de un sistema de derecho que contribuya a la competitividad de México en el contexto internacional es una prioridad que debemos afrontar.
Para hacer eficientes sus resultados es necesario sostener un diálogo permanente con los representantes del sector empresarial, especialistas, académicos e instituciones de estudio del sector privado.
Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea el Comité para la Competitividad como un cuerpo de apoyo a las comisiones relacionadas con la materia en la Cámara de Diputados con el objeto de proponer una agenda legislativa para fomentar la competitividad, y coadyuvar en el logro de los acuerdos necesarios para la aprobación de los temas de dicha agenda.
Segundo. Se solicita a la Junta de Coordinación Política definir la integración de dicho Comité, a fin de que pueda iniciar sus trabajos a la brevedad posible.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2009.
Diputado David Hernández Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SHCP A REDUCIR LAS TARIFAS DOMÉSTICAS DE ELECTRICIDAD
PARA ATENUAR LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS DE LAS FAMILIAS, A CARGO DEL
DIPUTADO MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados federales a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Actualmente existe una grave distorsión de tarifas de la energía eléctrica en el país, lo cual, aunado a situaciones económicas y productivas adversas, ocasionan un grave deterioro en la economía de las familias, debido al desempleo, el bajo poder adquisitivo y la carestía de productos básicos.
Los ajustes graduales que el gobierno federal ha aplicado a los precios de las gasolinas, el diesel, el gas o la electricidad no han dado muestras de aliviar la economía familiar ni se han traducido en más fuentes de empleo que permitan a la sociedad un desarrollo equilibrado y de cohesión social.
De acuerdo con información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el subsidio se redujo para este año en más de la mitad de lo que en 2008 se otorgó, ocasionando la erogación de recursos de miles de familias en un enrarecido panorama económico.
Los recibos que se venían pagando en 2008 se han incrementado en más de 50 porciento, generando recibos por cantidades de miles de pesos. Los problemas devienen en acuerdos de pago en parcialidades o en la determinación unilateral de la empresa que emite la facturación.
Los cobros excesivos se registran en todo el país y se tienen innumerables registros ante la Procuraduría Federal del Consumidor por cobros descomunales. La aplicación de incrementos mensuales a las tarifas eléctricas es resultado de una mala e irresponsable planeación del sector eléctrico que encarece en forma extraordinaria el servicio.
Entre 2000 y 2008 las tarifas de uso doméstico se han encarecido 29 por ciento y además se han reducido los subsidios reales para la gran mayoría de los hogares mexicanos.
Mención especial merece el caso de las zonas calurosas del país como es el caso del estado de Sonora, en las que las tarifas son más elevadas y llegan a 3 pesos el kilovatio-hora, cuando, por ejemplo, en Texas, Estados Unidos, la tarifa doméstica es de 1.68 pesos, y en California, de 1.9 pesos el kilovatio-hora.
En las regiones de clima muy caluroso, en verano las familias pagan hasta en 3 pesos el kilovatio-hora, lo que representa un pago mensual de 900 pesos por un equipo de aire acondicionado para una sola recámara, cuando una familia media requiere de varios de éstos y no tiene recursos para ello.
La política tarifaria de energía eléctrica cara tiene un claro matiz recaudatorio y con ello se afecta a la población. Por otro lado, el gobierno federal mantiene tarifas bajas a grandes sectores industriales y comerciales que, incluso, deducen de impuestos.
Muchas familias mexicanas se encuentran en graves disyuntivas de pagar el servicio de energía eléctrica que reciben o destinan esos recursos a gastos inminentes como la compra de víveres, útiles escolares o ropa.
Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Puntos de Acuerdo
Primero. Que la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro informen sobre la aplicación de los subsidios a las tarifas domésticas en lo que va de 2009.
Segundo. Que el director general de la Comisión Federal de Electricidad se reúna con una comisión plural de diputados para analizar la aplicación de la tarifa doméstica de alto consumo y los subsidios de luz que se aplican en nuestro país.
Tercero. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Poder Ejecutivo Federal para que reduzcan las tarifas eléctricas de uso doméstico y revise la aplicación de la tarifa doméstica de alto consumo a efecto de atenuar el problema económico de las familias mexicanas.
Dado en el salón de sesiones, a 13 de octubre de 2009.
Diputados: Miguel Ernesto
Pompa Corella (rúbrica), Jesús Alberto Cano Vélez,
Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Manuel Ignacio Maloro Acosta
Gutiérrez (rúbrica), José Luis Marcos León
Perea (rúbrica), Rogelio Manuel Díaz-Brown Ramsburgh (rúbrica),
Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE MINERÍA, A CARGO DEL DIPUTADO
ESTEBAN ALBARRÁN MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal Esteban Albarrán Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, miembro de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Que las crisis internacional y nacional han demostrado que el modelo económico vigente requiere ser atendido de modo integral y evaluado a la luz de sus resultados en la vida económica y productiva, y que esto representa el tomar en cuenta, las actividades que en su momento, no eran consideradas como relevantes, para el Congreso y en particular para la Cámara de Diputados.
Que en el contexto aludido, las circunstancias han propiciado la atención de los representantes del pueblo, convocados en esta honorable asamblea, atiendan una nueva realidad que contiene viejos y nuevos problemas, obligando a tomar conciencia, de emergentes circunstancias socioeconómicas que no deben ser marginadas de nuestro quehacer cotidiano. Y que, como es conocido por todos, una de las funciones substantivas del Poder Legislativo consiste en observar los actos de Ejecutivo y, en consecuencia, emitir opiniones respecto a las acciones que éste adopta.
Segunda. Que en el tercer informe de labores presentado por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, en el apartado economía competitiva y generadora de empleos, del rubro sector minero, se afirma que "al mes de julio de 2009, el empleo en el sector minero registró 267 mil 620 trabajadores, lo que significó un decremento de 8.2 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, debido a que el sector, conjuntamente con la economía nacional, entró en recesión desde el último trimestre de 2008. El mayor impacto de la crisis se ha reflejado en las ramas del subsector minero de manufacturas".
Con respecto a la inversión total señala que "en el periodo enero-agosto de 2009, dicha inversión se ubicó en 1,819 millones de dólares, 16.6 por ciento menos que la registrada en igual lapso de 2008, debido al descenso en las cotizaciones de los minerales y a la menor demanda de sus productos, particularmente en los países industrializados, como resultado de la recesión global".
Sin embargo, en el mismo apartado no se menciona ninguna línea de la relación con las comunidades, en las cuales se asienta la actividad minera, ni del impacto social de estas inversiones, o si existe un desarrollo compensado en dichas regiones, o del mejoramiento de la calidad de vida, de los habitantes de esta zonas.
Omite asimismo señalar si se ha impulsado o promovido una nueva política minera de parte del Estado mexicano que garantice el equilibrio entre el capital y el trabajo, en el contexto de desarrollo de la explotación sustentable de los recursos mineros del país y de las zonas de influencia colindantes, en las cuales se genera esta actividad, o si existe la intención de promover siquiera reformas para determinar las nuevas condiciones para la seguridad e higiene, de los trabajadores mineros en el umbral del siglo XXI.
Tercera. Que diversas voces han estado señalando de manera reiterada, la necesidad, que el Congreso asuma la responsabilidad de atender el tema minero, pues forma parte de los estratégicos sectores de la actividad industrial del país.
En este sentido, por ejemplo, existen en esta Cámara, de la anterior legislatura, iniciativas que abordan el tema minero, como señaló en su oportunidad el ex diputado Jericó Abramo Masso miembro del PRI e integrante de la LXI Legislatura, al proponer reformas a la Ley Minera en materia de seguridad e higiene, producto de la lamentable tragedia de Pasta de Conchos, "que conocer la historia de la minería, su explotación y su beneficio, es conocer a México, a las comunidades mineras que la componen, su problemática, sus necesidades, sus demandas y sobre todo, el abandono histórico que han sufrido en sus condiciones laborales, de ingreso, de seguridad social y de todo aquello que significa desarrollo".
Asimismo, en esta legislatura el diputado Carlos Samuel Moreno Terán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde propuso un punto de acuerdo con la finalidad de instruir a la Secretaría de Economía para que proceda al retiro de la concesión de la mina de cobre Mexicana de Cananea y que esa dependencia promueva un programa especial de reactivación económica integral, para el municipio y región de Cananea.
También en fechas recientes, el senador Francisco Arroyo Vieyra, integrante del PRI, presentó la iniciativa que crea un impuesto de minería que beneficia a todas las ciudades mineras, al que denomina "derecho sobre minería". Esta propuesta representa modificaciones a la ley Federal de Derechos y a la Ley de Coordinación Fiscal.
Por otro lado, en esta legislatura ha sido retomado el tema del conflicto minero suscitado en la huelga de Cananea, Sombrerete y Taxco, que ha sido abordado de manera substantiva por el diputado Miguel Ernesto Pompa Corella, de Sonora.
Es menester resaltar que ante la problemática del tema minero el Congreso debe asumir su responsabilidad y abordar integralmente este asunto nacional.
Asimismo, la Cámara Minera de México en su texto La industria minera de México, acciones para impulsar su competitividad 2009, establece un diagnóstico puntual.
– Durante los últimos meses del año, fue frecuente el anuncio sobre cierre de minas, paros técnicos y revisión de inversiones en proyectos de exploración
– La actividad minera en México perdió14 mil empleos en la segunda mitad del año.
En tal sentido y por lo expuesto, se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. El pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión Constituye la Comisión Especial de Minería de la honorable Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, que tendrá como duración de su encargo el mismo que ésta.
Segundo. Esta comisión especial tendrá como objeto el conocimiento de los asuntos mineros de México.
Tercero. La Comisión Especial de Minería cumplirá en su integración con lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 13 de octubre del año 2009.
Diputado Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA PGR A CREAR UNA FISCALÍA ESPECIAL PARA INVESTIGAR
EL ROBO DE ARTE SACRO, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN PABLO JIMÉNEZ CONCHA
Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
De conformidad con los artículos 58, fracción I, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado Juan Pablo Jiménez Concha, de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en nombre de los diputados federales de Puebla, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República a crear una fiscalía especial para investigar el robo de arte sacro.
Exposición de Motivos
El patrimonio cultural de nuestro país es considerado como el más extenso del continente americano, ya que se cuenta con obras de arte de los periodos comprendidos entre los siglos XVI y XIX, que conforman, sin lugar a duda, el reflejo del nacimiento y consolidación de nuestra identidad mexicana, así como una importante fuente de interés para el turismo cultural en nuestra nación.
Estas piezas artísticas, que incluyen pinturas y esculturas en diversas técnicas y estilos, que son manifestaciones destinadas para el culto de la religión católica, constituyen el conjunto de arte sacro.
México es un país que a lo largo y ancho de nuestro territorio cuenta con sitios y monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, legado de las civilizaciones que se asentaron en el territorio mexicano desde la época de la colonia y la etapa como nación independiente. Dicho legado constituye el patrimonio cultural que sitúa a nuestro país como el séptimo lugar mundial y el primero en América en cuanto al número de declaratorias registradas en la lista del patrimonio cultural de la UNESCO.
De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por el Instituto de Antropología e Historia (INAH), se calcula que en México existen más de 19 mil espacios destinados al culto, todos ellos construidos antes de la Independencia, siendo estos templos donde se localizan la gran mayoría de los catálogos culturales, que arrojan una existencia de más de 4 millones y medio de piezas, y sólo se tiene registrado 1.5 por ciento, lo que nos da una idea de lo vulnerable que es nuestro patrimonio.
Es de destacarse que se ha incrementado considerablemente el saqueo de estas valiosas piezas artísticas, sustraídas de los templos católicos, entre las que se encuentran pinturas, esculturas y retablos, así como objetos propios de los ritos católicos, como campanas, custodias y patenas que, en su gran mayoría, están realizadas en oro y plata, elaboradas por los orfebres novohispanos, por lo que el robo y tráfico de los bienes culturales es un fenómeno que se encuentra en la agenda nacional, como uno de los problemas más severos en la historia de la humanidad e inaplazable de atender en la agenda legislativa.
El daño que produce el saqueo, la destrucción, alteración y el coleccionismo, basado en el tráfico ilícito de bienes culturales, es enorme, ya que genera la destrucción de valores históricos, vital para el entendimiento de los pueblos que originaron los bienes culturales que le dieron identidad. Es por ello que la legislación es relevante para garantizar la conservación de un bien común sobre el interés particular.
Entre 1999 y 2008 fueron robadas aproximadamente mil piezas de arte de los templos católicos, siendo el 80 por ciento obras de arte sacro, y sólo el 10 por ciento ha sido recuperado y reintegrado a las iglesias sin contar las 10 mil 485 piezas prehispánicas sustraídas de los casi 35 mil sitios arqueológicos nacionales, con severos daños que exigieron ser restauradas antes de su devolución, obras que fueron localizas en el extranjero para ser vendidas en el mercado negro y en muchos casos subastadas en Europa y en Estados Unidos de América.
Las fronteras norte y sur son las rutas de tráfico ilegal con mayor saqueo arqueológico, mientras que en los estados donde se concentra el robo de arte sacro destacan Puebla, Tlaxcala, estado de México, Distrito Federal, San Luis Potosí, Hidalgo, Guanajuato, Zacatecas, Morelos y Jalisco.
De acuerdo con la Interpol, nuestro país figura entre las tres naciones con mayor tráfico ilegal de piezas y, tan sólo en lo relativo al arte sacro, el organismo policial sostiene que en los últimos años se ha incrementado en 10 por ciento. El diagnóstico del INAH es también alarmante: todos los días salen del país por lo menos cien piezas prehispánicas. Sólo uno de cada tres sitios arqueológicos tiene resguardo, de los 172 abiertos al público. De acuerdo con la Interpol, desde 2000 el mercado ilícito de arte en el mundo se sitúa apenas debajo del tráfico de drogas y de armas.
La necesidad de preservar nuestro patrimonio cultural debe obligarnos a llevar a cabo un análisis de todas las leyes y convenios nacionales e internacionales existentes, así de como de instituciones de impartición de justicia, con el propósito de desarrollar instrumentos más eficaces y generar acciones decididas. Derivado de lo anterior, diversas convenciones multinacionales han pretendido establecer principios generales de protección sobre el patrimonio cultural que indiscutiblemente es de interés común.
Las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia se enfrentan día a día con la necesidad de contar con un órgano especializado para el robo de arte sacro. Actualmente la Procuraduría General del la República conformó un área dentro de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales dedicada a la investigación de robo y tráfico de bienes culturales, el cual por sus atribuciones diversas y el incremento de averiguaciones previas por el delito de violación a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos se ve rebasada por la diversidad de ilícitos que atiende.
Por lo expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Esta soberanía exhorta a la Procuraduría General de la República a crear una fiscalía especial para investigar el robo, daño, destrucción, comercialización o falsificación de arte sacro, así como de cualquier bien artístico o histórico.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública Federal a crear una fuerza de tarea de la Policía Federal para la investigación y recuperación de las piezas de arte sacro, la desarticulación y detención de bandas del crimen organizado.
Tercero. Se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a realizar un censo de las obras existentes a fin de coadyuvar a la ubicación y reconocimiento de éstas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2009.
Diputados: Juan Pablo Jiménez
Concha, Julieta Octavia Marín Torres, Juan Carlos Lastiri Quirós,
Ardelio Vargas Fosado, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Óscar Aguilar
González, Janet González Tostado, Alberto González
Morales, Blanca Estela Jiménez Hernández, Leobardo Soto Martínez,
Alberto Jiménez Merino, María del Carmen Izaguirre Francos,
Fernando Morales Martínez, María Isabel Merlo Talavera, Francisco
Ramos Montaño (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
A NO APROBAR EN EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN
DE 2010 EL INCREMENTO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
DE 3 PUNTOS PORCENTUALES A LA CERVEZA, A CARGO DEL DIPUTADO BENJAMÍN
CLARIOND REYES RETANA Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
Los que suscriben, diputados federales por Coahuila, Chihuahua, Jalisco, estado de México, Nuevo León y Tamaulipas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 72, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta honorable Cámara de Diputados a no aprobar, en su dictamen sobre los impuestos especiales, el incremento de 3 por ciento a la cerveza con base en las siguientes
Consideraciones
Como es bien sabido, la industria cervecera es la base de una gran cadena productiva que inicia con el empleo en el campo; incentiva industrias tan importantes como la de vidrio, empaques, transporte, publicitaria, deportes y pequeños comercios, negocios, espectáculos; impulsa el crecimiento en regiones de difícil desarrollo; y es un pilar en la creación de varios cientos de miles de negocios, muchos de los cuales se encuentran en regiones donde es difícil crear actividades productivas que propicien el desarrollo social y de las familias..
La industria cervecera nacional ocupa el segundo lugar mundial en exportaciones, el quinto lugar en producción y su cadena productiva representa 1.6 del producto interno bruto nacional y su contribución al fisco refleja 3.8 por ciento de la recaudación total, excluyendo petrolíferos. Relevante es su generación de empleo que tanto importa para el desarrollo de nuestro país. Actualmente cuenta con más de 800 mil empleos, entre directos e indirectos; es una industria que genera exportaciones por más de mil 800 millones de dólares al año, con presencia en más de 150 países.
Esta industria mantiene inversiones anuales en México de más de 500 millones de dólares, entre expansiones de plantas y nuevos negocios. Tan sólo en los municipios de Nava, Coahuila y Meoqui, Chihuahua se están construyendo 2 nuevas plantas cerveceras cuya inversión asciende a mil 200 millones de dólares. Éstas generarán empleos directos e indirectos de calidad, además de que mantendrán el impulso a las industrias regionales del vidrio, los empaques y el transporte, entre otras muchas, incluso que parecen ajenas, como son las vinculadas con la prestación de servicios que se ven impactadas directamente por esta industria cervecera. Son inversiones y compromiso de trabajo con México que merecen incentivos más que cargas tributarias excesivas.
Parte fundamental de su importancia para los mexicanos es que atiende a unos de los sectores prioritarios para el Estado mexicano que es el campo. Esta industria cervecera tiene un eficiente esquema de promoción de la siembra de la cebada maltera que a través de la agricultura por contrato privilegia a la agricultura en los ciclos de temporal y riego, adquiriendo 100 por ciento de la producción nacional en 10 estados de la república, generando sólo ahí 92 mil empleos agrícolas, siendo el principal ingreso para el sustento de estas regiones campesinas.
Desafortunadamente, a lo largo de los años, incrementos inicialmente temporales en materia del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a la cerveza se han vuelto permanentes. Sucedió así, por ejemplo, en 1986, cuando a raíz de los sismos del año previo la tasa ad valórem, se incrementó de 21.5 a 25 por ciento. Posteriormente, cuando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) eliminó el arancel a la importación de cerveza a partir de 1994, como parte del acuerdo con la industria cervecera, se acordó reducir la tasa de IEPS en 1.5 puntos porcentuales anuales hasta llegar a 19 por ciento en 1997. En todos estos casos, la industria cervecera se ha solidarizado con el Estado mexicano, evitando en la medida de lo posible, absorbiendo la carga impositiva sin reflejarlo en el precio final.
Sin embargo, por la caída de los ingresos públicos en 1998, el IEPS-cerveza retomó el nivel previo al TLCAN de 25 por ciento, aumento que por error de cálculo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fue de 3 puntos mayor a lo necesario, según la exposición de motivos. Si bien la SHCP propuso al Congreso en 1999 una reducción del IEPS al 22 por ciento, ésta fue rechazada por la necesidad de recursos que en esos momentos se tenía.
Estos son sólo unos ejemplos de que la tasa actual del IEPS-cerveza es resultado de coyunturas económicas y no de análisis y de evaluación de su impacto en la industria, más allá del efecto meramente recaudatorio.
Es de hacer notar que en el entorno mundial, México es uno de los países que más gravan a la cerveza a nivel internacional según el global status report Alcohol policy, de la Organización Mundial de la Salud (2004).
Así, el impuesto especial a la cerveza en México hoy día –25 por ciento– es superior en tasa equivalente al de varios países desarrollados y en desarrollo, como España, 6.2 por ciento; Alemania, 6.6 por ciento; China, 8.0 por ciento; Francia, 8.8 por ciento; Italia 11.0 por ciento; Chile, 15.0 por ciento; y Holanda, 20 por ciento, entre otros; y superior también al promedio mundial que es de 23.6 por ciento a la tasa promedio en América de 18.3 por ciento y a la tasa promedio en Europa de 17.7 por ciento. En Estados Unidos de América y en Guatemala es 11 y 6 por ciento respectivamente.
La proporcionalidad fiscal se encuentra ausente en la propuesta del paquete económico, ya que el incremento propuesto significa un 12 por ciento, más los 2 puntos del nuevo impuesto contra la pobreza, significaría un incremento de 22 por ciento. Es además inequitativa porque reflejaría un incremento en la recaudación de 18 por ciento comparado con el presupuesto 2009, mientras que el impuesto sobre la renta (ISR) apenas crecería 4.2 por ciento y el impuesto al valor agregado (IVA) incluso decrecería 11.5 por ciento, entre otros.
Es importante señalar que incluso algunos de los productos, bienes y servicios gravados por el impuesto especial sobre producción y servicios decrecerían en caso de quedar la propuesta como fue presentada, ya que es claro que el impuesto se reflejará en el precio final al consumidor, con lo cual la demanda decrecerá y con ellos la producción con sus efectos directos en el empleo directo en toda la cadena productiva.
Se considera que la carga fiscal actual de la cerveza es ya bastante elevada pues se da sobre un IEPS actual de 25 por ciento más el IVA de 15 por ciento, lo que resulta una carga de 43.75 por ciento. De de aprobarse la propuesta del Ejecutivo, la nueva carga fiscal llegaría a niveles cercanos al 50 por ciento, esto es, la mitad del precio de una cerveza serían impuestos.
Lamentablemente, esta propuesta se inscribe dentro de una concepción global del Ejecutivo federal de atender sólo a sus necesidades de recursos a través de la simplista política de incremento en diversas tasas de impuestos, lo cual no es recomendable en una época de recesión pues sólo genera mayor inflación, desempleo, exactamente todo lo contrario a una política de generación de empleo con base en el crecimiento.
En este sentido basta sólo mencionar lo recientemente mencionado por los premios Nobel de economía que estuvieron en México en días pasados, Edmund Phelps, Nobel de 2006; Eric Maskin, Nobel de 2007; y Robert Engle, Nobel de 2003; que nos dan muestras de lo equivocado de las propuestas del Ejecutivo, quienes señalan como premisas básicas en su exposición lo siguiente:
Como conducta anticíclica, el gobierno tiene que ir contra las tendencias económicas.
• El impuesto es regresivo. La carga mayor es mayor en las personas pobres, quienes destinan un mayor porcentaje en sus gastos.
• Se reduce el nivel de consumo y no hay manera de estimular el crecimiento
• La tendencia a nivel mundial es conservar el gasto alto, pero con impuestos bajos.
De acuerdo al análisis que hemos realizado y opiniones como las anteriores, consideramos que un incremento de esta naturaleza más allá de generar más recursos a la federación, podría provocar incremento directo a los precios, lo que impactaría negativamente en la producción y repercutiría, se insiste, en la pérdida de empleos, que es lo que menos queremos los diputados priistas en un entorno económico de por sí difícil para las familias.
Nos preocupa, porque en las diferentes regiones del país, donde la industria localiza sus principales plantas, en el futuro inmediato no sólo se mantengan sino se creen más empleos y que estos sean permanentes, con prestaciones adecuadas, incluso más allá de la ley, posibilidades de capacitación y de bienestar en general, al contar con ingresos decorosos.
Por todo lo anterior expuesto, sometemos a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta honorable Cámara de Diputados a efecto de que en el análisis, discusión y dictamen del proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio de 2010 no apruebe el incremento del impuesto especial sobre producción y servicios de 3 puntos porcentuales a la cerveza.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2009.
Diputados: Rubén Moreira
Valdez, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Arturo Zamora Jiménez,
Eduardo Bailey Elizondo, Emilio Chuayffet Chemor, Rodolfo Torre Cantú,
Alberto Jiménez Merino, Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL
SE SOLICITA QUE SE PROPORCIONE INFORMACIÓN Y QUE SE AUDITE EL CONTRATO
FIRMADO POR LUZ Y FUERZA DEL CENTRO CON WL COMUNICACIONES, SA DE CV, A
CARGO DEL DIPUTADO JORGE HUMBERTO LÓPEZ-PORTILLO BASAVE, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Jorge Humberto López Portilllo Basave, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta proposición con puntos de acuerdo por los cuales se solicita que se proporcione información y se realice una auditoría con relación al contrato firmado por Luz y Fuerza del Centro (LFC) con WL Comunicaciones, SA de CV, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En los últimos días se han difundido y comentado en los medios de comunicación masiva del país diversos eventos relacionados con la negativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a tomar nota del resultado del proceso eleccionario en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Con relación a dichos eventos se menciona que en el trasfondo de este problema se encuentra la cuestión de la operación de la red de fibra óptica por LFC y la empresa española WL Comunicaciones, SA de CV, de la que se menciona que son socios los señores Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens, quienes fungieron como secretarios de Energía en el periodo gubernamental 2000-2006.
Sobre el particular, se identificaron los siguientes hechos: que desde 2000, la Junta de Gobierno de LFC otorgó un contrato a WL Comunicaciones, SA de CV, para que operara la red de fibra óptica. Dicho contrato fue renovado en 2007 y continúa vigente.
Declaraciones del líder del SME, Martín Esparza Flores: "Ellos operan toda nuestra red, se meten a comercializarla y Luz y Fuerza va a operar y mantenerla. Si ellos tienen problemas por mantenimiento de la red, es problema de Luz y Fuerza. Nosotros estamos planteando, porque está firmado por el propio Ejecutivo, un compromiso para que a Luz y Fuerza otorguen la concesión de una red pública de telecomunicaciones que permita dar el servicio triple play".
Se trata de un problema respecto al que existe escasa información disponible y que, por la que se conoce, se infiere que se trata de un problema que afecta de manera sustantiva la empresa paraestatal prestadora del servicio público de energía denominada "Luz y Fuerza del Centro", y que podría eventualmente prestar el servicio conocido como triple play, que incluye transmisión de voz, datos, video e Internet.
Por su trascendencia, es importante que, en aras de la transparencia y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 93, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el titular de LFC informe a esta soberanía sobre los antecedentes, el estado que guarda, la vigencia y las proyecciones del contrato suscrito entre dicha empresa paraestatal y WL Comunicaciones, SA de CV, relacionado con la instalación, el mantenimiento y la operación de la red de fibra óptica nacional, así como de los estudios, los proyectos y la conveniencia de que la propia LFC se convierta en concesionaria de una red pública de telecomunicaciones que permita dar el servicio triple play.
Igualmente, se solicita de la Cámara de Diputados que se remita el asunto al auditor superior de la Federación, por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para que, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 40 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, requiera de LFC la información relacionada con el contrato de referencia y ordene la práctica de las auditorías que considere procedentes.
En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se someten a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita del titular de Luz y Fuerza del Centro, con fundamento en el artículo 93, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que informe con la mayor brevedad a esta soberanía sobre los antecedentes, el estado que guarda, la vigencia y las proyecciones del contrato suscrito entre dicha empresa paraestatal y WL Comunicaciones, SA de CV, relacionado con la instalación, el mantenimiento y la operación de la red de fibra óptica, así como de los estudios, los proyectos y la conveniencia de que la propia Luz y Fuerza del Centro se convierta en concesionaria y operadora de una red pública de telecomunicaciones para la operación de la red de fibra óptica que posee la paraestatal y que le permita dar el servicio conocido como triple play.
Segundo. Remítase el asunto al auditor superior de la Federación, por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para que, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 40 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, requiera de la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro la información y realice las auditorías que estime conducentes, relacionadas con el contrato firmado con la empresa WL Comunicaciones, SA de CV, relativo a la instalación, al mantenimiento y a la operación de la red de fibra óptica nacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2009.
Diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
A NO APROBAR LA PROPUESTA DEL EJECUTIVO FEDERAL DE INCREMENTAR EL IMPUESTO
ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS AL TABACO, A CARGO DEL DIPUTADO
FELIPE ENRÍQUEZ HERNÁNDEZ Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de Nuevo León de la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a no aprobar la propuesta de incremento en el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a los productos del tabaco, con base en las siguientes
Consideraciones
La industria tabacalera en México representa una de las fuentes de empleo y derrama económica más importantes para el campo mexicano. Cada año esta industria genera más de 5 mil empleos directos y más de 20 mil empleos entre agricultores y jornaleros que siembran y cosechan el tabaco comercializado y exportado a diversos países en el mundo. Asimismo, la industria origina una derrama económica anual en el campo por más de 325 millones de pesos en los estados de Nayarit y Veracruz.
Además de Nayarit, otros estados como Veracruz, Chiapas y Tabasco, concentran en mayor grado la cosecha de más de 6 mil hectáreas de cultivo en todo el país. Tan sólo en los dos últimos años, en Nayarit se incrementó en 40 por ciento la superficie cultivada de tabaco. Lo anterior con fines de exportación a países como Holanda, Chile, Pakistán y Sudáfrica. Además, hay otros estados que participan en el procesamiento de las plantas de tabaco, como los de México, Jalisco y Nuevo León.
Desde los años sesenta, empresas como El Águila, La Moderna y Tabacalera Mexicana, ahora Cigatam, se establecieron para producir y comercializar productos de hojas de tabaco de alta calidad, ya que el suelo mexicano representaba y representa ventajas competitivas sobre otros países en materia de clima, suelo, agua de riego y mano de obra especializada.
Cabe destacar que el cultivo del tabaco es el mejor pagado a nivel nacional con 11 mil 500 pesos por hectárea, superando a la caña de azúcar, el sorgo, el maíz y el frijol. Además, los productores y agricultores relacionados con la industria tabacalera en México reciben prestaciones por encima de las que marca la ley y beneficios como apoyos de vivienda, capacitación para el control biológico de plagas, programas exhaustivos de combate a la mano de obra infantil, educación, apoyo médico y, desde luego, seguridad social, entre otros. Asimismo, el proceso de compra del cultivo se realiza a través de la figura de "agricultura por contrato", de tal forma que desde el inicio del ciclo el agricultor tiene garantizado el 100 por ciento del valor de la producción de tabaco en sus tierras.
Los cigarros en México ya se encuentran entre los más caros de Latinoamérica. Se hace la comparación con esta región por ser la más similar en términos de perfil socioeconómico y poder adquisitivo. El costo de los cigarros en México representa el noveno lugar a nivel mundial, en términos de PIB per cápita.
En los últimos tres años, la tasa del IEPS que aplica al tabaco se incrementó casi en 50 por ciento, de 110 a 160 puntos porcentuales. Es decir, hoy en México 13 de cada 20 cigarros de una cajetilla se destinan al pago de impuestos, lo que presenta un 62 por ciento de carga fiscal total a los cigarros. El producto del tabaco representa así una recaudación de 21 mil millones de pesos por concepto de IEPS.
Cabe señalar que los recurrentes incrementos en el impuesto a los productos del tabaco quebrantan el equilibrio entre la recaudación sostenible y la protección al mercado legítimo de los productos del tabaco. Ilustra lo anterior el hecho de que en el periodo enero-julio de este año, el gobierno ha recaudado 2 mil 65 millones de pesos menos que en el mismo periodo del año anterior, a pesar del incremento de 10 puntos en la tasa.
El incremento que propone el Ejecutivo federal de 80 centavos por cajetilla para 2010 representa un aumento de más de 10 puntos porcentuales en el impuesto especial de producción y servicios, lo que aunado a la propuesta del impuesto de 2 por ciento para el combate a la pobreza, tendría señalados efectos negativos para la cadena productiva de esta industria y, particularmente, para los más de 20 mil trabajadores del campo mexicano, poniendo en riesgo hasta 2 mil fuentes de empleo del sector.
Al mismo tiempo, las incautaciones de productos de tabaco ilegales en México aumentaron de 39 millones de cigarros en 2007 a 65 millones en 2008, lo que representa sólo una fracción del mercado ilícito total. La experiencia internacional muestra que los constantes incrementos al IEPS en productos del tabaco tienden a generar situaciones no deseadas que se vuelven insostenibles. Así sucedió en Alemania, donde el pronunciado aumento de impuestos representó pérdidas superiores a los 5 mil 300 millones de dólares al Estado y eso se tradujo en la revocación de los incrementos del 2007.
Ejemplo similar es el de la provincia de Ontario, en Canadá, donde los índices de comercio ilícito rondan en 50 por ciento, debido a las altas cargas impositivas; lo mismo sucede en países diversos como Brasil, Argentina, Sudáfrica y Malasia.
Si bien la propuesta del Ejecutivo en términos generales traería beneficios por su gradualidad y temporalidad, consideramos importante que durante el análisis y discusión de la ley de ingresos se modifiquen los montos propuestos sobre los incrementos tributarios al tabaco.
Lo anterior con el fin de evitar distorsiones en el mercado y el comercio ilícito que correría el riesgo de alcanzar altos índices, lo cual provocaría mayores caídas en la recaudación. El análisis que se solicita seguramente permitirá encontrar fórmulas para preservar las fuentes de empleo y la derrama económica generadas por la industria del tabaco.
Por lo expuesto, se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a rechazar la propuesta de incremento de 80 centavos por cajetilla de cigarros para el año 2010, y así sucesivamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2009.
Diputados: María de
Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Benjamín Clariond
Reyes Retana (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica),
Felipe Enríquez Hernández (rúbrica), Fermín
Montes Cavazos (rúbrica), Ildefonso Guajardo Villareal (rúbrica),
Marcela Guerra Castillo, María Cristina Díaz Salazar (rúbrica),
Rogelio Ceda Pérez (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA ATENDER A LA POBLACIÓN
DE LOS 125 MUNICIPIOS CON MENOR ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO, A CARGO
DEL DIPUTADO ELPIDIO DESIDERIO CONCHA ARELLANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El suscrito, Elpidio Desiderio Concha Arellano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
La estrategia 100x100, política social del gobierno federal desde 2007, tiene la intensión de impulsar el desarrollo humano en los 125 municipios con mayor índice de pobreza y marginación en el país. La población potencial, que no objetiva, es de 1 millón 401 mil 8801 personas que habitan en 6 mil 8572 localidades en 20 municipios en el estado de Chiapas, 1 en Durango, 21 en Guerrero, 1 en Nayarit, 58 en Oaxaca, 9 en Puebla y 15 en Veracruz.
Al no ser un "programa social" del gobierno federal, en el sentido de contar con una partida presupuestal específica, hace concurrir los recursos de cada programa social aprobados por esta soberanía. En los dos primeros años de esta administración se han utilizado cerca de 12 mil millones3 de pesos para esta estrategia de combate a la pobreza.
Considerandos
México cuenta con una de las sociedades más desiguales socioeconómica y regionalmente hablando. En este sentido, debemos reconocer que la pobreza, fundamentalmente la extrema, ya que no sólo es un problema que afecta a quienes la padecen sino a la sociedad en su conjunto, por ello cualquier acción que busque erradicarla implica la corresponsabilidad y solidaridad entre la ciudadanía y sus representantes.
Desde este punto de vista, y luego de destacar nuestra función legislativa, debe señalarse que una de las mayores responsabilidades como diputados federales es la de ser gestores para la atención de las carencias de nuestras comunidades, de la gente más pobre, con menos oportunidades para su desarrollo. Las diputadas y los diputados representantes de estos 125 municipios con menor índice de desarrollo humano me entenderán perfectamente:
La dispersión poblacional, sumada al aislamiento, a las condiciones orográficas, a la ausencia de caminos y a la degradación de los recursos naturales, se transforma en la causa-efecto de los problemas de pobreza y marginación en nuestras comunidades. El 88 por ciento4 de las localidades atendidas en la estrategia 100x100, registran menos de 500 habitantes cada una.
No pretendo enumerar las apremiantes necesidades que sufren estos 125 municipios del país. Mi exhorto es para que juntos, asumiendo nuestra responsabilidad solidaria, coadyuvemos a solucionar las más urgentes, de tal manera que vayamos estrechando las diferencias con otros polos de desarrollo regional.
El gobierno federal cuenta con seis ejes para la atención de esta estrategia en la que están involucradas más de 20 instituciones federales. ¿En nuestras comunidades están preparados para lidiar con trámites engorrosos, apartados y ajenos a su realidad? Esa es una de nuestras tareas, ser la oficialía de partes, la voz y la gestoría de estos 125 municipios, ante este millón 401 mil 880 paisanos.
Compañeros de los estados de Chiapas, Durango, Guerrero, Nayarit, Puebla y Veracruz, por lo anterior surge la necesidad de que en el Poder Legislativo federal exista un órgano adecuado para abocarse a la atención de la población de estos municipios, a través de la gestión colegiada y con reconocimiento institucional de sus representantes populares de las siete entidades que comprenden la estrategia 100x100.
En consecuencia, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la creación de la comisión especial para la atención a la población de los 125 municipios con menor índice de desarrollo humano.
Segundo. La comisión especial estará formada, de manera plural, por integrantes de las entidades federativas mencionadas, de manera proporcional a su representación popular, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2009.
Notas
1. Inegi y http://cat.microrregiones.gob.mx/ex100/
2. http://microrregiones.sedesol.gob.mx/cien.php?func=2
3. http://segundo.informe.gob.mx/resumen/?contenido=9
4. http://microrregiones.sedesol.gob.mx/cien.php?func=2
Diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ABSTENERSE DE REALIZAR UNA CAMPAÑA
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, A TRAVÉS DE ESPOTS, Y A CESAR
SUS DECLARACIONES DE PRESIÓN CONTRA ESTA SOBERANÍA RESPECTO
A LA APROBACIÓN DEL IMPUESTO DE 2 POR CIENTO, A CARGO DEL DIPUTADO
HÉCTOR PABLO RAMÍREZ PUGA LEYVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El suscrito, diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable soberanía, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 8 de septiembre, el Presidente de la República envió al Congreso de la Unión su propuesta de paquete económico 2010, en el que destacan modificaciones a los principales impuestos del sistema tributario y contempla la creación de un nuevo impuesto al consumo del 2 por ciento, lo anterior, de acuerdo a fuentes oficiales, es con el objeto "de que el aumento en los ingresos permanentes generen las menores distorsiones posibles, y no se afecte a la inversión y al empleo, así como a ningún sector en particular".
Por otra parte, las facultades que otorga la Constitución al Congreso en el artículo 73, fracción VII, para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto; y de manera particular a la Cámara de Diputados, la misma Carta Magna en el artículo 74, fracción IV, la faculta para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. Ambas disposiciones, son facultades exclusivas.
Sin embargo, pareciera ser que estás disposiciones que están contenidas en la Ley Fundamental, el Ejecutivo Federal pretende violentar a través de una campaña mediática de spots y declaraciones que promueven la aprobación del impuesto del 2 por ciento. Una campaña en medios que ha emprendido para presionar a los legisladores sobre el sentido de su voto, cuando el análisis y discusión del paquete está comenzando en las Comisiones correspondientes.
Una campaña mediática de declaraciones en el sentido de que si no se aprueba, los gobiernos estatales tendrán menores recursos para inversión y para cubrir las necesidades de infraestructura y sociales.
Desde luego que estas declaraciones del presidente Calderón, se ubican en el contexto de los magros resultados de su administración, pues en las pasadas elecciones su partido dejó de gobernar a muchos mexicanos que hoy son los más afectados por la crisis económica que atraviesa el país y por los más de 2 millones 870 mil 547 desempleados en el país, con el nivel más alto desde 1996.
La campaña mediática que ha emprendido el presidente de la república entorno a la aprobación de su paquete económico es síntoma de los cortos alcances a la mitad su sexenio.
Es el momento de recordarle al Presidente, que las campañas de su antecesor en contra del Congreso, propicio la falta de diálogo y de entendimientos que hicieran propicios los acuerdos más importantes en su sexenio. Las constantes descalificaciones y presiones del ex mandatario al Congreso, provocaron una seria ingobernabilidad que se trasladó a las calles en las elecciones de 2006. Atribuía a los legisladores de la falta de reformas, sin embargo, no tendía los puentes de diálogo.
Señor presidente de la república, el Congreso de la Unión no titubea, ni tampoco se deja chantajear con declaraciones y presiones en los medios para que su propuesta de paquete económico 2010 en el que se incluye la creación del impuesto del 2 por ciento, se apruebe.
Los debates se hacen en la palestra del Congreso, en las comisiones legislativas donde discutiremos, analizaremos y modificaremos, si lo consideramos pertinente, la propuesta económica del próximo año. Por lo tanto, sus secretarios de despacho tienen abiertas las puertas de este recinto para que vengan a convencer y defender el presupuesto que usted presentó el pasado 8 de septiembre.
El debate está abierto, que se haga en el Congreso, pero no en los medios de comunicación, ni en spots, ni mensajes y discursos que solo confunden a la opinión pública. Únicamente los diputados y senadores tenemos la responsabilidad de legislar y de trabajar para mejorar el orden jurídico del país. Esa no es la tarea del Ejecutivo.
Por lo que exhorto al presidente Felipe Calderón para que cese la presión a esta Cámara de Diputados y a sus integrantes, en el sentido de que aprobemos el gravamen del 2 por ciento.
Del mismo modo, para que cese su chantaje a los gobernadores del país de que si no se aprueba este impuesto y su propuesta fiscal, no habrá más recursos para la inversión pública en los estados.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a abstenerse en hacer una campaña en medios de comunicación a través de spots y cese en sus declaraciones de presión a esta honorable Cámara de Diputados sobre la aprobación de impuesto del 2 por ciento.
Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados, a 13 de octubre de 2009.
Diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva
(rúbrica)