Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2899-III, jueves 26 de noviembre de 2009.


Proposiciones Excitativas Agenda política
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A INCORPORAR EN EL PROGRAMA DIPUTADA AMIGA, DIPUTADO AMIGO A LOS CONGRESOS Y PRESIDENTES MUNICIPALES DE LOS ESTADOS FRONTERIZOS DEL NORTE Y DEL SUR DEL PAÍS, ADEMÁS DE LOS DE ENTIDADES AFECTADAS POR LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL QUE LO DESEEN, PARA QUE CONTRIBUYAN A LA INSTAURACIÓN DE PLANES ALTERNOS QUE COMPLEMENTEN AQUÉL, A CARGO DEL DIPUTADO HUMBERTO LEPE LEPE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, diputado Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La migración internacional es un fenómeno que se desarrolla principalmente entre países colindantes con grados de desarrollo desiguales. En nuestro caso, es muy evidente por la vecindad geográfica que tenemos con el país más rico del mundo, lo que propicia una profunda interacción económica y, en cuyo marco, se ha presentado el tránsito de trabajadores que acuden al mercado laboral de Estados Unidos de América. Este fenómeno fundamentalmente está determinado por factores históricos y económicos.

Es indudable que el asunto de los trabajadores migratorios interesa a los dos países, porque afecta a ambas economías. La estadounidense, por su dinamismo ha venido requiriendo de la mano de obra mexicana, y la nuestra no ha sido capaz de generar suficientes empleos para dar ocupación a la mano de obra mexicana que labora en el campo y en los servicios.

En la medida en que México sea capaz de recuperar su actividad económica y generar más fuentes de trabajo, habrá una disminución de las corrientes migratorias. Sin embargo, en el corto y mediano plazos parece no vislumbrarse esta visión. Desgraciadamente, seguirán emigrando más mexicanos a la Unión Americana en busca de opciones que no encuentran en nuestro país.

Además de verse en la necesidad de abandonar su hogar, su familia, su forma de vida y tener que sufrir las consecuencias de marginación y maltrato por carecer de documentación para su estancia legal en otro país, cuando regresa a México, con los recursos que obtuvo con esfuerzo, tiene que sufrir en muchos casos el tortuoso camino para regresar a su casa, sin obtener la atención adecuada, sobre todo en puntos fronterizos, terminales de autobuses, aeropuertos y aduanas.

Siempre exigimos respeto, trato justo y cumplimiento de la ley a las autoridades estadounidenses; les insistimos permanentemente, a través de instrumentos jurídicos, políticos y diplomáticos, que nuestros compatriotas gocen de las garantías y prerrogativas que como personas merecen y que con su trabajo han ganado.

A su regreso, tenemos que ofrecerles el respeto y reconocimiento por su aportación a la economía nacional. Nuestra hospitalidad debe ser de excelencia para ellos en todos sentidos. Por eso, una vez más demandamos a nuestras autoridades brindarles el mismo respeto a sus derechos tal y como se establece en el artículo 11 de la Constitución, el cual señala que todo hombre tiene derecho para entrar en la república, salir de ella y viajar por su territorio.

Reconocemos que ante la problemática que afectaba a muchos migrantes que regresaban al país por los constantes abusos de autoridad y asaltos, las autoridades federales diseñaron el programa Paisano. El 6 de abril de 1989, el Ejecutivo federal expidió el acuerdo por el que se instrumentaron acciones de mejoramiento de los servicios públicos federales en las fronteras, puertos marítimos y aeropuertos internacionales del país.

Sin embrago, sus objetivos se centraron inicialmente en la generación de mayores divisas por medio del turismo, fomento a las exportaciones, eficiente transportación de personas y mercancías, otorgar mayor seguridad al público usuario, simplificación administrativa, fomento de sistemas de quejas y denuncias, entre otros.

La primera operación se realizó en diciembre de 1989, y por varios años funcionó sólo en periodos vacacionales. Posteriormente, las acciones para salvaguardar los derechos de los migrantes en su ingreso o transito a México se fueron ampliando.

Con el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, el programa Paisano buscó dignificar el trabajo de los mexicanos en el extranjero, que los mexicanos al retornar reciban un trato justo, orientación adecuada y respeto a sus derechos humanos y bienes patrimoniales, y reconocer la importancia de afianzar los vínculos culturales y nexos sociales y económicos con las comunidades de mexicanos y de personas con raíces mexicanas en Estados Unidos de América y Canadá.

Por su parte, el 28 de noviembre de 2000, el pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura federal aprobó la proposición con punto de acuerdo para la operación del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, a fin de apoyar y proteger a los migrantes mexicanos que radican en Estados Unidos de América y Canadá a su regreso a nuestro país, debido a las denuncias de violaciones a sus derechos humanos en muchos casos. Asimismo, se estableció que dicho programa iniciara el 10 de diciembre del mismo año.

En la pasada LX Legislatura se aprobó que este programa fuera de carácter permanente, además de autorizarle presupuesto que le permitiera cumplir con su finalidad y contar con recursos materiales necesarios y la elaboración de propaganda para publicitar su operación según los siguientes objetivos:

• Recibir a los migrantes "paisanos" en su llegada a México;
• Atender y canalizar sus quejas y denuncias a las autoridades correspondientes;
• Propiciarles un mejor trato;
• Vigilar la protección y el respeto de sus derechos y libertades; y
• Generar mayor seguridad en los migrantes "paisanos" en su destino hacia sus hogares.
El 27 de octubre de 2009, la mesa directiva de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios analizó el proyecto de punto de acuerdo relativo al establecimiento del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo en la LXI Legislatura.

El pleno de dicha comisión coincidió en que resulta necesario apoyar a los paisanos durante su llegada a México y retorno a Estados Unidos de América o Canadá, mediante un sistema de monitoreo y protección. Al mismo tiempo, esto permitirá supervisar la operación del programa Paisano.

Por su parte, la Junta de Coordinación Política hizo suya la proposición según los siguientes parámetros:

Que el programa se mantenga durante toda la LXI Legislatura, además de participar de forma complementaria con el programa Paisano, realizado por el gobierno federal de noviembre a enero de cada año;

Que la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios lleve a cabo las acciones para mantener vigente dicho programa y elabore el diseño y logística que empleará en la próxima temporada vacacional;

La Junta de Coordinación Política analizaría la posibilidad de destinar los recursos suficientes para la ejecución eficaz del programa; y

Se solicitó al titular del Poder Ejecutivo federal apoyar a los legisladores que participen en la ejecución del programa.

Finalmente, el 5 de noviembre pasado, en el pleno aprobamos que el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo se mantenga con el carácter de permanente durante la LXI Legislatura.

Los principales objetivos en los que se enmarca la labor que habrá de desempeñar la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y demás diputados que se sumen a esta responsabilidad son los siguientes: combatir las prácticas de extorsión contra migrantes por autoridades de los distintos órdenes de gobierno cuando sucedan; apoyar la supervisión de la protección de sus derechos humanos; velar por el respeto irrestricto de sus garantías individuales; asistir a los cruces fronterizos internacionales y aduanas de la frontera norte del país, a terminales de autobuses y aeropuertos, a puertos de revisión carreteros, a fin de orientar a los migrantes, turistas y transmigrantes, así como recibir sus denuncias de extorsión, maltrato y hostigamiento por parte de funcionarios públicos.

La integración de diputados que participarán será a través de un grupo plural para que, en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades, coadyuven con el funcionamiento del programa Paisano.

En el periodo de diciembre de 2008 a enero de 2009, los diputados recibieron a miles de paisanos. Se instalaron módulos portátiles de atención en los diferentes puntos de cobertura; se distribuyeron más de 28 mil folletos promocionales para difundir sus derechos; se fabricó material impreso tipo "charola", como acreditación metalizada en nombre de la comisión, distribuida por los legisladores entre los paisanos para que éstos pudieran utilizarlas en sus vehículos como protección para prevenir y evitar que fuesen extorsionados o maltratados. Se distribuyeron más de 40 mil de éstas acreditaciones.

Según cifras del Instituto Nacional de Migración, en lo que va de 2009 se han registrado alrededor de 340 mil ingresos al país de mexicanos residentes en el extranjero. Es por ello que debemos redoblar los esfuerzos tendientes a proteger el derecho que tienen de regresar; asegurarles un trato digno y conforme a derecho; velar por la protección de su integridad física y patrimonial; sensibilizar a servidores públicos y sociedad; y dar seguimiento de quejas y denuncias.

Es evidente el difícil momento en el que se encuentra el país pero, a pesar de ello, no debemos abandonar los programas que han sido diseñados para fortalecer los mecanismos de protección a los sectores vulnerables; por el contrario, deben mantenerse vigentes y reforzarse.

Por lo expuesto, presento a esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorte e incorpore al programa Diputada Amiga, Diputado Amigo a los Congresos locales y presidentes municipales de los estados y ayuntamientos fronterizos del norte y sur del país, además de las entidades afectadas por el fenómeno de la migración internacional que así lo deseen, para que contribuyan ellos mismos con la instrumentación de programas alternos que se cumplimenten y coadyuven con los objetivos del programa.

Segundo. Se exhorte a los Ejecutivos federal, estatales y municipales a apoyar, a través de sus instancias gubernamentales correspondientes, a los legisladores federales y locales y a los presidentes municipales participantes en el programa. Por su parte, se invitará a los diputados federales a mantener contacto permanente con las diferentes autoridades que participan en el programa Paisano.

Tercero. Que la Cámara de Diputados elabore un plan de difusión de sus compromisos con el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, utilizando el Canal del Congreso y otros medios de comunicación, nacionales e internacionales contratados para el caso, a fin de dar a conocer, principalmente en estados de la Unión Americana donde existe el mayor número de connacionales, la ubicación, los teléfonos de contacto y demás datos de los legisladores federales y locales y de los funcionarios de los ayuntamientos participantes en el programa, así como el tipo de apoyo que éstos ofrecerán.

Cuarto. Que se conformen a la mayor brevedad posible los grupos plurales de diputados federales que participarán en el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo para que puedan iniciar sus labores, y que el material que se utilizará, como placas, trípticos, tarjetones de información, carteles, gafetes, vestimenta distintiva, sea elaborado de manera inmediata para ser enviado a los puntos establecidos y contar con él desde su inicio.

Quinto. Exhortar a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a proporcionar los recursos necesarios, a la mayor brevedad posible, para el cumplimiento de los objetivos del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo.

Solicito se turne este punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la honorable Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2009.

Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA CFE A FIJAR EN FAVOR DE LAS FAMILIAS DE QUINTANA ROO LA TARIFA 1B PARA HOMOLOGAR ÉSTE CON LOS ESTADOS DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN, A CARGO DEL DIPUTADO ROBERTO BORGE ANGULO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, diputado Roberto Borge Angulo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta una proposición con punto de acuerdo, de conformidad con lo siguiente:

Antecedente

El 1 de octubre de 2007 se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que autoriza el ajuste a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica.

Consideraciones

Primera. Que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) establece tarifas para aplicarse a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda.

Segunda. Que la diferencia entre tarifas determinadas en Quintana Roo presenta una temperatura mínima mensual, en dos meses o más, mayor a lo establecido por la CFE.

Tercera. Que se considera que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano, cuando alcance el límite indicado durante tres ó más años de los últimos cinco de que se disponga de la información correspondiente. Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos ó más, según los reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Cuarta. Que en los estados de la Península de Yucatán: Campeche, Yucatán y Quintana Roo, el clima promedio es semejante, sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad no lo considera así para distribuir las tarifas de electricidad.

Quinta. Que cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía demuestran que la temperatura máxima promedio en Quintana Roo es de 33 grados Celsius, en Yucatán la temperatura máxima promedio es de 36 grados Celsius, y para Campeche la temperatura máxima promedio es 30 grados Celsius.

Sexta. Que la temperatura máxima de los tres estados es muy parecida y que, en consecuencia, hace que las familias consuman mayor cantidad de electricidad para conservar sus alimentos o simplemente en sus hogares para tener mayor comodidad usando ventiladores o aires acondicionados.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a revalorizar a favor de las familias de Quintana Roo, las tarifas eléctricas en los diferentes municipios del estado tomando en cuenta su temperatura mínima promedio.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2009.

Diputado Roberto Borge Angulo (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT A ENTUBAR EL RÍO ATEMAJAC, EN GUADALAJARA, JALISCO, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CLARA GÓMEZ CARO, ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ Y JOSÉ TRINIDAD PADILLA LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La suscrita, diputada Clara Gómez Caro, y los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de Jalisco, en la actual LXI Legislatura Congreso de la Unión, en uso de las facultades y atribuciones establecidas en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acuden ante esta, la más alta tribuna política de la nación, a presentar propuesta de punto de acuerdo para lo cual hacen de su conocimiento las siguientes

Consideraciones

Primera. Hay ríos cuyo cauce atraviesa los municipios que actualmente integran la zona metropolitana de Guadalajara, formando parte, en otras épocas, de la belleza natural de la región.

Segunda. El río Atemajac es un afluente del río San Juan de Dios, y éste, a su vez, del Santiago, razón por la cual debe considerarse como de propiedad nacional conforme a lo previsto en los artículos 27, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3o., fracciones XI, XLVII y XLVIII, de la Ley de Aguas Nacionales.

Tercera. Las aguas residuales que se descargan al río Atemajac son de tipo municipal producto del sistema de alcantarillado de la zona metropolitana de Guadalajara, desembocando en el río Santiago en el área de la Barranca de Huentitán, lo cual contamina el ecosistema natural, la flora y fauna silvestre.

Cuarta. Una fracción de la extensión del mencionado río Atemajac que atraviesa parte de los municipios de Zapopan y Guadalajara, será objeto de entubamiento en virtud de un proyecto de rehabilitación de la avenida Patria desarrollado de manera conjunta entre el gobierno del estado de Jalisco y el ayuntamiento de Zapopan, para mostrar una ciudad distinta ante la celebración de los Juegos Panamericanos de 2011.

Por el contrario, otra parte de la extensión del río Atemajac, que se encuentra sin entubar corriendo al aire libre, no ha sido objeto de programa por parte de las autoridades federales, estatales o municipales. Tal extensión comprende a partir de la calle Federalismo en Atemajac, municipio de Zapopan, hasta la central hidroeléctrica Valentín Gómez Farías, situada en Periférico Norte y avenida Imperio.

Esta extensión, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es de aproximadamente 2 mil 796.23 metros, alcanzando el río en algunos puntos un ancho de 40 metros.

El tramo de referencia afecta a los habitantes de colonias del municipio de Guadalajara, como Villas Alcalde, Santa Elena Alcalde, Santa Elena, Autocinema, Santa Elena de la Cruz y División del Norte, con población aproximada, según información del Inegi, de 34 mil 968 habitantes, quienes por esa desatención de que el río corra al aire libre, padecen, entre muchas, de enfermedades de la piel, de tipo respiratorio, dolores e irritación de la garganta, dolores de cabeza, nauseas y conjuntivitis por vivir en esas colonias que colindan con el río.

Además, los habitantes soportan, injustificadamente, los olores pestilentes del cauce del río que día a día son mayores dada su lamentable contaminación y el incremento de descarga de aguas que provienen del sistema de drenaje. Aunado a esto, se generan problemas de inseguridad por no existir sistema de iluminación que sirva a quienes transitan por la noche en las áreas colindantes con el río.

Quinta. La solución del problema relatado es muy urgente y tendrá que realizarse a la brevedad por ser inadmisible que los habitantes afectados sigan teniendo detrimento en su salud, cuya protección está tutelada como derecho fundamental en el artículo 4o., párrafo tercero, de la Constitución federal.

Esa solución debe ser estructural, teniendo el objetivo trascendental de preservar la salud de los pobladores afectados y fortalecer la sustentabilidad de la zona metropolitana de Guadalajara, proporcionando a esos habitantes una vida más digna, pues hasta la fecha, y no obstante que es ampliamente conocido el deterioro que sufren en su calidad de vida, han carecido de proyectos sanitarios.

Por lo expuesto, solicito que se someta a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo

Primero. Que se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a realizar las obras de entubamiento del río Atemajac en la superficie aludida en las consideraciones, con la finalidad de proteger a los habitantes de las precitadas colonias del municipio de Guadalajara, quienes, se reitera, sufren afectación en su salud y bienestar por las aguas residuales expuestas al aire libre.

Segundo. Que se exhorte a la secretaría y a la comisión aludidas, a fin de que realicen las obras necesarias para que las aguas residuales del río Atemajac reciban el tratamiento adecuado para que el ecosistema, los lagos, lagunas, ríos y mar costero, no se vean afectados por estas descargas.

Tercero. Que se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a incluir urgentemente en sus programas de atención la barranca de Huentitán, de Guadalajara, Jalisco, para salvaguardar la flora y fauna de este ecosistema.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 26 de noviembre de 2009.

Diputados: Clara Gómez Caro, Arturo Zamora Jiménez, José Trinidad Padilla López (rúbricas).
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A MODIFICAR MEDIANTE LA SEGOB Y LA SHCP LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDEN PARA 2010, A CARGO DE LA DIPUTADA PAULA HERNÁNDEZ OLMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, diputada Paula Angélica Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del PRI, somete a consideración de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la actualidad resulta alarmante la frecuencia con la que presenciamos una serie de desastres naturales, como inundaciones, lluvias, desbordamientos de ríos, rupturas de tuberías de aguas negras, ciclones, huracanes, incendios y hasta sismos, que afectan a nuestros estados, dejando cuantiosas pérdidas económicas, materiales y humanas.

Lo anterior es consecuencia de los nocivos efectos provocados por el cambio climático, que afecta a todo el mundo, ya que provoca que las repercusiones de los fenómenos naturales tiendan a ser cada vez más fuertes e impredecibles.

Según cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, México presenta anualmente un promedio de 326 desastres climáticos.

Por lo anterior, resulta necesario e inaplazable que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) sea un instrumento financiero eficaz para brindar el apoyo que requieren las entidades federativas de la República Mexicana, respondiendo en tiempo y forma a las declaratorias de emergencia que presentan los estados damnificados.

Debemos recordar que dicho fondo ha sido utilizado por diversos estados de la República Mexicana desde hace varios años. En el 2007 el Sistema Nacional de Protección Civil, a través del Fonden, recibió aproximadamente 181 declaratorias de emergencia de estados como Chihuahua, Chiapas, Zacatecas, Hidalgo, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Sonora, Guerrero, Campeche, Durango, Yucatán y Quintana Roo, entre las entidades más afectadas, continuando con la recepción de un número similar de declaratorias para 2008 y 2009. Quién no recuerda a Jimena, Emily, Henrriette, Dean o las sequías de los últimos años.

Por ello, resulta insostenible que el Fonden no cumpla de manera sencilla y oportuna con su objetivo, el cual "es la adquisición de suministros de auxilio para responder de manera inmediata a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población afectada ante situaciones de emergencia ocasionadas por fenómenos naturales perturbadores", es inadmisible que un fondo que debe operar los primeros días después de ocurrida la emergencia, actúe en ocasiones hasta un mes después, debido a las reglas de operación actuales.

Dentro de la Ley General de Protección Civil, en sus artículos 29 al 37, se establecen los fundamentos legales para que el gobierno federal emita declaraciones de desastre y de emergencia. Con esta base las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, definen los lineamientos de intervención y financiamiento a las regiones, zonas y comunidades afectadas por desastres.

Sin embargo, las reglas de operación de los programas federales han sido obstáculos para la operación de los programas, y han limitado el ejercicio oportuno de los recursos ante estos lamentables sucesos.

Por lo anterior, someto ante ustedes las siguientes consideraciones:

1. Para que se ejerzan efectivamente los recursos del Fonden se debe permitir la inmediata aplicación de las aportaciones efectuadas por la federación, y no condicionar su utilización hasta que el estado efectúe la contraparte correspondiente.

2. Adicionalmente al costo que implica la reconstrucción y rehabilitación con motivo de la atención de la contingencia o del desastre natural, los gobiernos estatales realizan gastos directamente vinculados a su atención, tal es el caso de la adquisición de herramienta menor como: palas, picos, botas, impermeables, láminas, adquisición de enseres para la reposición de electrodomésticos que se dañan durante los eventos, apoyos a los comerciantes que han sufrido la pérdida de sus mercancías, entre otros, y que en su mayoría suelen ser cuantiosos, por lo que se propone que la federación reembolse estos gastos o se considere su aplicación dentro del propio Fonden.

3. Independientemente de la nueva figura de apoyos parciales inmediatos que se incorporo en las Reglas de Operación del Fonden, cuyo objetivo es atender las emergencias en tiempo más real, el retraso observado entre la concurrencia del desastre, la evaluación definitiva y la transferencia de los recursos al fideicomiso es considerable, en algunos casos hasta más de un mes. Se plantea que para el inicio de la recuperación de los daños se libere un anticipo de recursos en tanto se tiene la evaluación definitiva.

4. De acuerdo con los fenómenos hidrometeorológicos que han golpeado al país en los últimos años, los daños al patrimonio de las familias, a la infraestructura física, a la agricultura y que también tienen una repercusión importante en el sector salud y en el sector educativo en los estados, son mucho más elevados que los que se cubren con los Seguros Catastróficos, seguros contratados por los estados. Se propone que la diferencia entre el costo real y el monto que cubren los seguros sea cubierto por el Gobierno Federal.

Por lo expuesto, someto a su consideración, compañeros diputados, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Que se incluya en las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, en el ejercicio fiscal de 2010, que en lo relativo a la aplicación de los recursos, el gobierno federal aplique de manera inmediata su aportación, sin condicionar su utilización, hasta que el estado afectado efectúe la contraparte correspondiente.

Segundo. Una vez que se determine la estimación del costo de los daños ocasionados, la Federación aportará el 20 por ciento de dicho costo para dar inicio de manera pronta y expedita a los trabajos correspondientes.

Tercero. Referente a los seguros de gastos catastróficos, toda vez que los estados han tomado la decisión de contratarlos para prever las contingencias, se solicita que el gobierno federal cubra la diferencia entre el daño total y el costo que cubren los seguros, el gobierno federal reconocerá como contraparte del estado la aportación por parte del seguro catastrófico.

Cuarto. Que la federación reembolse o cubra los gastos (dentro del mismo Fonden) que realizan los gobiernos estatales en el caso de la adquisición de herramienta menor, así como otros insumos adquiridos para la pronta recuperación de la afectación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2009.

Diputada Paula Hernández Olmos (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EMPRENDER ACCIONES MEDIANTE LA SEMARNAT, EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS DE PUEBLA Y DE TLAXCALA, PARA SANEAR LA CUENCA DEL RÍO ATOYAC-ZAHUAPAN, A CARGO DEL DIPUTADO SERGIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado Sergio González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los últimos años, la problemática de la sobreexplotación de los recursos naturales y la necesidad de proteger el ambiente ante el incremento de los niveles de contaminación ha adquirido relevancia internacional, al tratarse de fenómenos de consecuencias irreversibles.

Un tema que no escapa de esta realidad es el agotamiento de los recursos hídricos, el cual es considerado ya como uno de los problemas más alarmantes del actual mundo globalizado y un asunto prioritario en la agenda internacional.

La disponibilidad de agua promedio anual en el mundo es de aproximadamente mil 386 millones de kilómetros cúbicos, de los cuales 97.5 por ciento es agua salada y sólo 2.5 por ciento, o 35 millones de kilómetros cúbicos, es agua dulce, de esta cantidad casi 70 por ciento no está disponible para consumo humano porque se encuentra en los glaciares, en la nieve y en el hielo.1

Este problema de la disponibilidad se agrava por los desequilibrios hidráulicos que ocasionan el constante crecimiento de la demanda, la ineficiencia de su uso y el aumento en los niveles de contaminación ocasionados por prácticas inadecuadas en su gestión y consumo.

En México la distribución del agua es muy variable regionalmente y se encuentra íntimamente ligada a la satisfacción de las necesidades sociales más básicas, puesto que la disponibilidad de agua en cantidad y calidad es una condición necesaria para hacer viable el desarrollo social, económico y ambiental de nuestro país.

Los ríos y arroyos del país constituyen una red hidrográfica de 633 mil kilómetros en la que destacan 50 ríos principales por los que fluye 87 por ciento del escurrimiento superficial del país y cuyas cuencas cubren 65 por ciento de la superficie de la extensión territorial continental del país.

Una de las regiones más importantes de México es la cuenca del río Balsas, debido a que en ella encontramos diversas unidades ecológicas, zonas agropecuarias y núcleos urbanos, los cuales, al interactuar, aportan diversos productos de la extracción, manejo y comercialización de los recursos naturales.

La cuenca del río Balsas incluye a la totalidad del estado de Morelos y parcialmente a Tlaxcala, Puebla, México, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco, representando 6 por ciento del territorio nacional y está conformado por 422 municipios.

La problemática que se presenta en esta región es la alta contaminación en los ríos Atoyac y Zahuapan en Tlaxcala y Puebla, lo que trae consigo un gran impacto en el deterioro ambiental.

Las principales fuentes de contaminación proceden de las descargas de origen doméstico y público que constituyen las aguas residuales de origen municipal, las descargas de aguas residuales de origen industrial y residuos sólidos (basura).

De los sistemas de alcantarillado existentes, la mayoría están incompletos (faltan redes, colectores y emisores), y la dispersión de las localidades de la cuenca, provoca que los costos por la introducción de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento se incrementen.

Caso concreto es que 17 centros urbanos con población mayor a 50 mil habitantes que integran la cuenca producen cerca de 40 por ciento del total de aguas residuales y sólo siete de ellas cuentan con planta de tratamiento. Lo anterior, hace necesaria, la construcción de nuevas plantas de tratamiento y la adecuada operación de los sistemas existentes.

Otro aspecto que no debemos olvidar es el de la salud, ya que la presencia de sustancias tóxicas y microorganismos nocivos en las aguas de los ríos Atoyac y Zahuapan ha generado graves problemas de salud a la población de esa región.

Tan sólo en el corredor industrial Quetzalcóatl, que se ubica en San Baltasar Temaxcalac, se encuentran instaladas empresas textiles, de fabricación de químicos aromáticos para la industria alimenticia, y una metalúrgica, entre otras, cuyas aguas residuales con colorantes, pigmentos, solventes, ácidos grasos, metales, insecticidas, plaguicidas, fertilizantes, detergentes y muchas otras sustancias químicas tóxicas para la salud que son vertidas al río Zahuapan.

Esta situación señala la urgencia de implementar acciones enfocadas al manejo integral y sustentable del agua, así como la implementación de sistemas de captación, tratamiento del agua y regulación de descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores, a fin de garantizar el bienestar actual y futuro de los habitantes de esa región, además de la conservación del medio ambiente.

Por las consideraciones expuestas se presenta ante esta soberanía, como de urgente resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, emprendan acciones inmediatas para el saneamiento de la cuenca del río Atoyac-Zahuapan.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que realice las auditorías ambientales correspondientes a las empresas de la zona del afluente del río Atoyac-Zahuapan e informe los resultados obtenidos a esta soberanía y a las autoridades correspondientes, en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la aprobación de este punto de acuerdo, a efecto de verificar el cumplimiento eficiente de sus tratamientos de aguas residuales y, en su caso, sancionar a los responsables.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2009.

Notas
1. Estadísticas del agua en México, edición 2008, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Diputados: Sergio González Hernández (rúbrica), Rubén Arellano Rodríguez (rúbrica), Justino Eugenio Arriaga Rojas, Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Alberto Esquer Gutiérrez (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor, José Manuel Marroquín Toledo (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Ramón Merino Loo, Silvia Isabel Monge Villalobos (rúbrica), Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), Juan de Jesús Pascualli Gómez (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Enrique Octavio Trejo Azuara, Javier Usabiaga Arroyo (rúbrica).
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CITA A COMPARECER ANTE EL PLENO DE ESTA SOBERANÍA AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

José de Jesús Zambrano Grijalva, diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Que, con fecha 23 de octubre de 2009, se publicaron diversos reportes e investigaciones periodísticas que contienen documentos diversos inéditos de la Comisión Federal de Electricidad, que se elaboraron como consecuencia de diversas auditorías y audios de conversaciones de funcionario de la propia dependencia, respecto de diversos actos de corrupción por parte de los funcionarios adscritos a la misma.

Que, dichas publicaciones contienen asimismo, diversos datos, documentos, reportes y conclusiones, por las que se involucran a diversos funcionarios de la misma dependencia en diversos procedimientos de licitación beneficiando de manera ilegal a empresas nacionales e internacionales, entre los que destacan el ex director general de la dependencia Rogelio Gasca Neri y el actual director de operaciones Néstor Félix Moreno Díaz.

Que, con fecha 11 de noviembre de 2009, Felipe Calderón Hinojosa, entregó el Premio Nacional de Ingeniería Civil 2009 al director de la Comisión Federal de Electricidad "...por sus méritos profesionales y por ser un ejemplo en el servicio público..." y "Porque contra muchas ideas equivocadas, propaladas de buena o de mala fe, no es en el servicio público honrado en nuestro país, en donde se amasan fortunas y patrimonios".

Que, Felipe Calderón Hinojosa expresó de manera literal que "...ahora mismo el propio Alfredo Elías Ayub, diseña e implementa toda una estrategia operativa que evidentemente, elevará los estándares de calidad y de servicio de la zona centro".

Que, con fecha 24 de noviembre de 2009, diversos medios de información nacionales e internacionales emitieron documentos por medio de los cuales establecen que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América informó que existe una red de corrupción entre funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad y la subsidiaria de una empresa suiza, con sede en Texas, Estados Unidos de América.

Que, con fecha 25 de noviembre de 2009, medios de comunicación nacionales publicaron que el director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, se deslindó del caso de corrupción que publicaron diversos medios de información nacionales e internacionales respecto a la red de corrupción señalada en el párrafo inmediato anterior. De acuerdo con la publicación, el funcionario expresó literalmente "Quiero dejar muy en claro que tuvimos conocimiento de esto el día de ayer y de inmediato presentamos la denuncia ante la PGR para que se investigue a fondo; pero ese contrato viene desde 1997 y yo entré como director en 1999".

Considerando

I. Como consecuencia de la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, ha operado de manera temporal la Comisión Federal de Electricidad en la zona centro del país y diversas compañías privadas.

II. Que es trascendental para la estabilidad social y desarrollo de los ciudadanos que viven y residen en el país, la garantía de la prestación del servicio de luz, bajo estándares de eficiencia y eficacia.

III. Que es necesario que los ciudadanos mexicanos, a través de los representantes populares en la H. Cámara de Diputados, tengan conocimiento en qué circunstancias, bajo qué lineamientos, qué funciones, qué obras nuevas se llevarán a cabo y la forma de administrar y operar la energía eléctrica en la zona centro del país.

IV. Que es de interés público e interés nacional evitar la corrupción en todas las esferas y todos los poderes que integran el Estado Mexicano.

V. Que es de interés nacional que los funcionarios de primer nivel, que dirigen y administran recursos naturales y energéticos del país, tengan un constante y permanente diálogo con los representantes populares, con el fin de mejorar, discutir y dialogar a fin de mejorar el desempeño y la gestión de la empresa –Comisión Federal de Electricidad– y el servicio que presta.

Que por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las normas jurídicas relativas y aplicables del ordenamiento nacional, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se llame con el carácter de urgente al director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, con el fin de comparecer ante el Pleno de la LXI legislatura de la honorable Cámara de Diputados al Congreso de la Unión para que informe sobre los asuntos señalados en el cuerpo del presente escrito.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2009.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CONDENA EL CLIMA DE INSEGURIDAD, QUE HA OBLIGADO A EMPRESARIOS DE NUEVO LEÓN A ABANDONAR EL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO GUILLERMO CUEVA SADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Diputado Guillermo Cueva Sada, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Durante los últimos meses el estado de Nuevo León ha sido objeto de un alarmante incremento de hechos relacionados con el crimen organizado, apenas el pasado 4 de noviembre el recién nombrado secretario de Seguridad Pública del municipio de García, general brigadier Juan Arturo Esparza García, fue ejecutado por un comando armado conformado por varios sujetos.

No hay duda que uno de los principales factores, que no el único, que inciden en el incremento de los hechos delictivos en el estado es producto de la larga duración que ha tenido la crisis de seguridad a lo largo y ancho de nuestro país.

Esta persistencia ha influido en la percepción general en cuanto a las acciones que los gobiernos deben llevar a cabo para articular un combate más efectivo en contra de los hechos delictivos, sobre todo ante delitos que atentan contra la confianza y tranquilidad de las familias neoleonesas.

Hemos escuchado como se hacen cada vez más constantes relatos indignantes en donde la delincuencia común atropella la vida de gente de bien, empresarios que han recibido como paga a su entrega y dedicación, la extorsión, el secuestro y asesinato de hijos, hijas y familiares cercanos. Gente valiosa y productiva huye de nuestro estado a causa del crimen.

En este sentido, las medidas que conduzcan a estadios que involucren la efectividad en la lucha contra la delincuencia, en el marco de la ley, con las sensibles demandas de la sociedad para endurecer las penas en el caso de delitos graves deben ser el eje rector.

Se destacan acciones como la toma de protesta que el gobernador del estado realiza al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, expresando algunas de las acciones institucionales que deben llevarse a cabo para enfrentar a la delincuencia, como revisar a fondo el funcionamiento de la Academia Estatal de Policía para refrendar el sentido de vocación y pertenencia de los egresados, así como el fortalecimiento de la participación ciudadana en la lucha contra el crimen ordinario y organizado a través de la conformación de un frente común que articule los esfuerzos de la sociedad civil y autoridades.

Asimismo, hace algunos días, derivado de un operativo conjunto entre la Agencia Estatal de Investigaciones, el Ejército Mexicano y la PGR se detuvieron a ex secretarios de Seguridad Pública, así como policías activos e inactivos que estaban vinculados con grupos del crimen organizado. En este sentido, el gobierno del estado manifestó que la complicidad con la delincuencia de servidores públicos, aquellos que se supone deben dar confianza a la ciudadanía, no será tolerada.

Se destaca que en diversos municipios se realizan escrupulosas pruebas de confianza para seleccionar a los altos mandos de seguridad pública a efecto de que lleguen con todo el apoyo, no sólo de las presidencias municipales, sino de estudios técnicos que avalen su capacidad operativa y moral para el desempeño de esta delicada tarea.

Por otro lado, debemos reconocer la invaluable labor del Ejército Mexicano quien ha sido un impulsor decidido de la lucha institucional contra la delincuencia.

En este orden de ideas y ante acciones que pudieran llevar al desorden y anarquía es conveniente que esta soberanía, sin dejar de lado que falta mucho por hacer, haga un reconocimiento a los esfuerzos que de manera responsable e institucional realizan día con día las autoridades municipales, estatales, federales, así como organismos ciudadanos, a efecto de sostener una lucha frontal en contra de aquellos que quebrantan la paz y la tranquilidad de las familias neoleonesas con el respeto indeclinable a lo que dictan las leyes.

Es un hecho que la sociedad exige endurecer las leyes ante crímenes graves como el secuestro y el homicidio artero, así lo plantean las encuestas, el 100 por ciento de los mexicanos está de acuerdo en endurecer las penas contra la delincuencia y 7 de cada 10 estarían de acuerdo en aplicar la pena de muerte para delitos graves. Los legisladores tenemos la facultad de modificar las leyes para que esto suceda y tenemos la responsabilidad de armonizar las demandas de la sociedad con lo que establecen las leyes. Construyamos un debate de altura sobre la necesidad que plantea la realidad que vive nuestro país ante la pérdida de los espacios de convivencia y articulación social. No podemos seguir tolerando que una parte de nuestros mejores hombres y mujeres huyan por miedo a ser vulnerados, una vez más, por la ambición y la impunidad de un puñado de delincuentes.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados condena enérgicamente el clima de inseguridad que ha obligado a diversos empresarios del estado de Nuevo León a abandonar el país y reconoce la labor institucional y apegada a derecho que realizan las autoridades municipales, estatales y federales, así como las organizaciones ciudadanas en contra de la delincuencia en el estado de Nuevo León.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

Diputado Guillermo Cueva Sada (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO A DISEÑAR Y EJECUTAR ACCIONES Y POLÍTICAS EFECTIVAS PARA ERRADICAR Y SANCIONAR EL ELEVADO ÍNDICE DE FEMINICIDIOS Y DELITOS COMETIDOS CONTRA MUJERES EN ESA ENTIDAD, A CARGO DE LA DIPUTADA TERESA GUADALUPE REYES SAHAGÚN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT

El día 25 de noviembre se conmemoró en el mundo el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Nuestro país contempló esa fecha, una vez más, en medio de la condena mayoritaria de los diputados del Parlamento Europeo quiénes en la sesión del 19 de noviembre de 2009, desde Bélgica y de forma consecutiva, calificaron al Estado mexicano de ineficiente al imperar la impunidad frente a los altos índices de feminicidios cometidos en nuestra nación.

De la lamentable situación de violencia de género que se extiende en nuestro país, sobresale el caso del estado de México. De acuerdo a informes de la propia Comisión de Derechos Humanos de esa entidad, desde el año 2005 y hasta agosto de 2009, 672 mujeres fueron asesinadas de manera violenta, previa tortura y violación o ambas. El estado de México es actualmente la entidad federativa que más feminicidios registra, de acuerdo al Informe Anual del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

Esta situación se ha agravado a los largo de los últimos nueve años. De acuerdo al informe de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana, de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, uno de cada cuatro de los homicidios en el país, se registró en el estado de México, oscilando en ese entonces entre los lugares dos y tres nacional, para establecerse en el número uno del 2005 a la fecha.

Sobresalen de entre la lista negra de municipios con más alto grado de violencia de género y feminicidios a nivel federal: Naucalpan, Ecatepec, Chimualhuacán, Los Reyes La Paz, Toluca y Tejupilco, sin embargo, más de 80 municipios de la entidad registran una tasa de delitos dolosos en contra de mujeres superior a la media nacional. De acuerdo a datos del Instituto Ciudadano de Estudios sobre Seguridad, en Toluca se registran 12.2 feminicidios por cada 100 mil habitantes, asimismo, en Naucalpan la tasa es de 7.3 por cada 100 mil; para ejemplificar la tragedia que viven día a día los mexiquenses, cabe hacer notar que la tasa de homicidios dolosos contra mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, es del orden de 4.8 por cada cien mil, seguido en la escala nacional de Chimualhuacán, con 4.6 homicidios por cada cien mil mujeres. En comparación con Chihuahua, el estado de México cuenta, por lo menos, con el doble de feminicidios que aquélla entidad federativa.

De acuerdo a datos avalados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y por la Federación Internacional de los Derechos Humanos presentados ante el Parlamento Europeo, la tasa de feminicidios ocurridos en el territorio del estado de México es 130 por ciento superior a la media nacional.

Con relación al grado de impunidad existente en el estado de México en la investigación y sanción de delitos relacionados con violencia de género, tanto el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, así como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos registran que esa entidad realiza el peor desempeño en todo el país sobre averiguaciones previas. En este rubro, la media nacional sobre la eficiencia es de 21 sentencias condenatorias por cada 100 homicidios denunciados, sin embargo, en el estado de México sólo se castiga a ocho de cada 100.

Por lo que refiere a las políticas en materia de equidad, justicia y desarrollo social implantadas en la entidad, que son indispensables en la prevención de estos delitos, cabe hacer notar que simple y sencillamente ha habido un terrible desatención y desinterés de parte de la autoridad para corregir esta dramática situación. La marginación económica y educativa, la pobreza extrema, la ausencia de una cultura cívica acumulada a lo largo de los años en municipios como Chimalhuacán, Los Reyes La Paz, Ecatepec y Nezahualcóyotl, es producto de esa errática forma de gobernar. La desaparición del Instituto de la Mujer Mexiquense, organismo descentralizado que en su corta vida pretendió especializarse en la materia, y su transformación en un Consejo Estatal de la Mujer y de Bienestar Social que no sólo diluye esfuerzos y recursos, sino, que diversifica acciones sin que logre concretar resultados favorables, es una mala señal que envía el gobernador del estado a sus gobernadas y gobernados. De acuerdo al manual Ciudadano de Programas Sociales y las Reglas de Operación 2009, del gobierno del estado de México, tan sólo se contemplan ocho programas sociales, de los cuáles, únicamente uno, el Programa Mujeres Trabajadoras Comprometidas, es considerado en el documento. A pesar de que la Secretaría de Desarrollo Social anuncia la existencia de más programas en relación con las mujeres, incluidos los de equidad de género y prevención de violencia, es clara la falta del establecimiento de reglas mínimas de operación, de ahí sus magros y casi inexistentes resultados.

Es necesario que los gobernantes adopten medidas serias en la atención de la violencia de género. El gobierno no sólo debe de entenderse como un instrumento de ejecución de políticas y ejercicio de poder, sino, como un elemento fundamental en la transformación de la sociedad, ya que quien ejerce ese poder, debe de asumir la responsabilidad de su encargo, demostrar sensibilidad y capacidad en el desahogo de las altas encomiendas que el pueblo le ha conferido. Un gobierno distanciado de los problemas de la gente, ineficiente en sus acciones y resultados, no corresponde a una verdadera vocación democrática, y nuestra nación se encuentra necesitada de una clase política capaz de atender y resolver las cotidianas injusticias, inequidades, arbitrariedades y abusos cometidos en su contra.

La violencia contra las mujeres es una afrenta en contra de toda la sociedad y del país entero. No existe democracia sin equidad, ni posibilidad de un gobierno legitimado sin vocaciones por la democracia.

Por las razones expuestas, y con fundamento en los artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para que se considere de urgente resolución, proponemos los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta al gobernador constitucional del estado de México, licenciado Enrique Peña Nieto, en su calidad de jefe del Ejecutivo local de ésa entidad federativa, a diseñar y ejecutar políticas públicas que prevengan, combatan y erradiquen el alto índice de feminicidios cometidos en agravio de los mexiquenses.

Segundo. Exigimos al gobernador del estado de México, licenciado Enrique Peña Nieto y al procurador general de Justicia del estado de México, licenciado Alberto Bazbaz Sacal, resultados inmediatos en la investigación, esclarecimiento y sanción de los responsables del los crímenes que mediante este punto se denuncian.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de noviembre de 2009.

Diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahún (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EFECTO DE QUE PEMEX ENTREGUE A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS ACCIONES DE LA PARAESTATAL PARA COMBATIR EL ROBO DE COMBUSTIBLES, A CARGO DEL DIPUTADO LEANDRO RAFAEL GARCÍA BRINGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, Leandro Rafael García Bringas, diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Se estima que durante el último año Petróleos Mexicanos (Pemex) registró robo de combustibles por 9 mil 300 millones de pesos, de los cuales 5 mil 837 millones correspondieron a robo de gasolina, diesel y otros productos petrolíferos, y 3 mil 500 a condensados de gas.

Asimismo, entre 2007 y 2008 se calcula que se presentó el mayor incremento en el número de tomas clandestinas detectadas en la historia de Pemex al alcanzar 396, representando un incremento de 22.6 por ciento.1

Pemex ha informado que durante 2008 se le extrajeron de forma clandestina e ilegal cerca de 5 millones de barriles de productos.

Durante el primer semestre de 2009, se descubrieron 190 tomas clandestinas, de las que se extrajeron 2 millones 88 mil barriles. El valor de lo robado asciende a 2 mil 237 millones de pesos. Esta ordeña representa un incremento de 10 por ciento respecto al mismo periodo de 2008, con un total de un millón 898 mil barriles.

El robo de gasolina en nuestro país no es reciente, cabe recordar que en 2005 el Senado de la República aprobó diversas medidas para combatir el robo de combustibles, como calificar de delitos graves el robo y adulteración de los combustibles. Dichas reformas imponen de seis a 10 años de prisión y multa de 500 a 10 mil días a quien sustraiga o aproveche hidrocarburos, en cualquier estado, de los equipos e instalaciones de la industria petrolera nacional, sin consentimiento explícito de las autoridades en el ramo.

Sin embargo, desde 2006 se ha venido registrando un incremento importante en los volúmenes de robo.

Recientemente, Pemex denunció que se había registrado un aumento en la sustracción de condensados de gas. Cabe precisar que estos productos –líquidos de gas– se utilizan para la adulteración de combustibles.

En 2004, las tomas clandestinas descubiertas por Pemex fueron 110; para 2008 ascendieron a 396, lo que significa un incremento del orden del 260 por ciento. Las principales entidades afectadas por el robo de combustibles en 2008 son: Veracruz con 176 tomas clandestinas, Estado de México con 37, Nuevo León con 31, Tamaulipas con 23, Guanajuato con 22, Hidalgo con 17, Tabasco con 13, y Coahuila con 12.

En este sentido, quiero hacer especial énfasis en lo que se refiere al robo de combustibles en el estado de Veracruz, dado que en dicha entidad federativa se presenta cerca del 45 por ciento del robo total a nivel nacional. Lo cual resulta realmente preocupante y alarmante, y considero que es donde las autoridades deben poner mayor cuidado, e intensificar sus operativos.

En este contexto, el país enfrenta un problema de suma complejidad, por lo que Pemex debe impulsar y fortalecer los programas de combate al mercado ilícito de combustibles. Para lograr lo anterior, Pemex debe considerar la instalación de más sistemas de medición y control de terminales, sistemas computarizados de monitoreo y de control remoto en ductos, equipos de rastreo satelital de autotanques, sistemas de circuito cerrado de TV, mediciones en línea de los principales puntos de transferencia de los productos, entre otros.

Los recursos petroleros son patrimonio de todos los mexicanos y es deber y responsabilidad de Pemex, del gobierno federal y de la entidades federativas el resguardo y cuidado de dichos recursos. En este sentido, es necesario implementar un programa que garantice una protección efectiva de ductos a fin de evitar el robo de combustible que, de acuerdo con diversas proyecciones, representa una merma para las finanzas de Pemex de varios miles de millones de pesos.

Por esta razón, se hace un atento exhorto al Ejecutivo federal para que Petróleos Mexicanos entregue a esta honorable Cámara de Diputados un informe detallado sobre las acciones instrumentadas por la paraestatal en el combate al robo de combustibles, así mismo se solicita que en dicho informe se evalúe la pertinencia legal y económica de incrementar las sanciones penales por el robo de combustibles, y finalmente se solicita un informe sobre la efectividad de los convenios de coordinación entre Pemex y las Entidades Federativas para combatir el robo de combustibles.

En virtud de lo expuesto y con base en los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero: Se exhorta al Ejecutivo federal a fin de que Petróleos Mexicanos entregue a esta honorable Cámara de Diputados un informe detallado sobre las acciones emprendidas por la paraestatal en el combate al robo de combustibles;

Segundo: Se solicita que en dicho informe se evalúe la pertinencia legal y económica de incrementar las sanciones penales por el robo de combustibles, y

Tercero: Se solicita un informe sobre la efectividad de los convenios de coordinación entre Pemex y las entidades federativas para combatir el robo de combustibles.

Nota
Fuente: E-consulta, en el artículo "El robo de gasolina y diesel a Pemex aumenta cada año", del 31 de julio de 2009.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2009.

Diputado Leandro Rafael García Bringas (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL CASO DE MINERA SAN XAVIER, EN SAN LUIS POTOSÍ, A CARGO DEL DIPUTADO DOMINGO RODRÍGUEZ MARTELL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Los suscritos, diputados Domingo Rodríguez Martell, Juanita Arcelia Cruz Cruz, María Dina Herrera Soto y Carlos Torres Piña, integrantes de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo que establecen los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Después de una larga lucha iniciada en 1999 contra una empresa transnacional canadiense que en forma ilegal, abusando de la proclividad de diversas autoridades a la corrupción, logró llevar a cabo tres años de operación de una mina a cielo abierto y lixiviación con base en enormes cantidades de cianuro y el uso de 25 toneladas diarias de explosivos. Los daños que estas actividades causaron en todos los órdenes, muchas de ellas como las de impacto ambiental, se pueden considerar irreversibles.

En el aspecto cultural, se sufrió en forma irreparable la destrucción del cerro emblema del escudo de armas de nuestro estado. El impacto económico y social quedó muy deteriorado pero rescatable.

El poblado de Cerro de San Pedro fue fundado el 4 de marzo de 1592 y dio origen a que el 3 de noviembre del mismo año se fundara lo que hoy es la ciudad capital de San Luis Potosí, su riqueza histórica y su arquitectura vernácula es de una relevancia extraordinaria al grado que el Instituto Nacional de Antropología e Historia impulsó una declaratoria para este poblado como patrimonio de la humanidad en 1998. Se llevaron a cabo todos los trabajos que para el caso se requieren, el gobierno federal elaboró el documento de declaratoria y lo envió a gobierno del estado para su firma, el gobernador en turno se negó a aceptarla para proteger el ilegal proyecto de Minera San Xavier. Las consecuencias de estas erróneas políticas, como lo vemos, fueron desastrosas.

Cuando Minera San Xavier llegó al municipio, ya había iniciado la construcción de una serie de obras de infraestructura acorde con la vocación turística del poblado. Para inhibir el desarrollo turístico que de seguro frustraría el proyecto minero, la empresa minera compró la obra del hotel más grande y suspendió su construcción, acto seguido anunció que su proyecto implicaba la destrucción del poblado, esto originó que todas las obras se suspendieran, es necesario asentar que no fue la parte oficial sino la iniciativa privada de pequeños inversionistas la promotora de desarrollo turístico.

De no haber sido así, en la actualidad este fuera un centro turístico de importancia para el estado con la generación de miles de empleos limpios, sin contaminación, sin destrucción, sin problemas políticos y sociales, cuyos beneficios quedarían tanto en el municipio como en el estado, empleos estables que asegurarían trabajo a las futuras generaciones; la empresa sólo generaba unos 200 empleos temporales por siete u ocho años, y lo único que dejó fue saqueo de nuestros recursos no renovables y grandes problemas que aún repercuten a nivel internacional dejando al descubierto vastas redes de corrupción de funcionarios públicos.

Sin embargo, el casco del poblado está intacto, pero la empresa minera está, a través de sus grupos de choque, tratando de desequilibrar más el ya dañado tejido social agrediendo a los opositores acusándolos de que van a dejar sin sustento a las 10 familias que dependían de la minera. Cerro de San Pedro está clasificado como zona de alta marginación.

Una forma de evitar los criminales intentos desestabilizadores de la empresa y de rescatar una zona que a corto plazo se puede convertir en un polo de desarrollo turístico de importancia, es que tanto la federación como el estado implementen programas de rehabilitación del poblado, con apoyos económicos que puedan generar un desarrollo sustentable en armonía con la vocación natural de la zona considerada por decreto zona de monumentos y aprovechando la gran cantidad de recursos con que cuenta no sólo beneficiaría la economía de la población, sino las finanzas públicas, pues los beneficios quedarían en el municipio y en el estado.

Por lo anteriormente expuesto y dada la grave situación que prevalece en este municipio, me permito proponer los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Este Congreso de la Unión solicita respetuosamente a las Secretarías de Desarrollo Social, de Economía, de Hacienda, de Agricultura, y de Turismo federales que se acuerden partidas de los programas de apoyo a fin de generar, mediante proyectos previamente elaborados, la restauración material social y económica de la cabecera municipal de Cerro de San Pedro.

Segundo. Que se remita a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que se reactive el proceso de la declaratoria de patrimonio histórico ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) para que el poblado goce del lugar histórico que se merece, esto a la vez coadyuvaría para que los frustrados intentos para lograr una declaratoria similar para el centro histórico de la ciudad capital de San Luis Potosí se consumara con un argumento real.

Tercero. La conformación de una comisión plural de diputados que se traslade a Cerro de San Pedro, a efecto de imponerse de los acontecimientos ahí sucedidos, recabe información y entregue a este pleno un informe preciso del estado jurídico, social y político en que se encuentra dicha localidad, en relación con los acontecimientos multicitados.

México, Distrito Federal, a 26 de noviembre de 2009.

Diputados Domingo Rodríguez Martell, Juanita Arcelia Cruz Cruz, María Dina Herrera Soto, Carlos Torres Piña.
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE PUEBLA A CESAR EL HOSTIGAMIENTO CONTRA LOS HABITANTES DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO AMADEO ESPINOSA RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT

El suscrito, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

De nueva cuenta, en esta Cámara de Diputados tenemos que tratar el tema del abuso en contra de ciudadanos mexicanos pertenecientes a los grupos indígenas de nuestro país. En una sesión pasada abordamos con amplitud el tema de los abusos perpetrados en contra de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas de la comunidad ñahñú, presas en el Cereso femenil de San José El Alto, Querétaro. Jacinta ya ha sido liberada.

Esas tres personas fueron injustamente privadas de su libertad por tres razones:

a) Ser mujeres.
b) Ser indígenas.
c) Ser pobres.
A estos hechos, que tanto nos han indignado, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo suma lo ocurrido en Puebla.

En actos que son totalmente violatorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ejemplo, del artículo 1o., párrafo segundo, en cuanto a la no discriminación por origen étnico; el artículo 2o., en cuanto a la composición pluricultural de la nación mexicana; y al artículo 27, en cuanto a la tenencia de la tierra.

El gobierno de Puebla pretende avasallar y extinguir los derechos de los propietarios indígenas de 28 familias que son despojadas de 150 hectáreas, agredidos, encarcelados, destruidas sus casas y cultivos por elementos policíacos dirigidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla.

Las agresiones contra las familias indígenas iniciaron el 16 de julio de 2008, desalojando a 70 personas de sus posesiones; posteriormente el 14 de noviembre de 2008, se realizó otra agresión; el 17 de julio de 2009, con 400 elementos policíacos a las cuatro de la mañana, nuevamente fueron desalojados y trasladados a la Procuraduría del Puebla en calidad de "presentados" todos los integrantes del poblado con la acusación de despojo, presentada por personas desconocidas a favor de la ex hacienda Chavarría, la cual es inexistente.

Para culminar la cadena de agresiones, el pasado 26 de agosto de este año, la policía nuevamente detuvo a 18 personas, ancianos y mujeres incluidos, los mantuvo incomunicados y finalmente al presentarlos se les dictó auto de formal prisión solicitando fianzas de 25 mil pesos para hombres y 20 mil pesos para mujeres, más en cada caso 3 mil 700 de multa. Los hombres fueron rapados y las mujeres, por la fuerza, alejadas de sus hijos. En todos estos momentos la violencia estuvo presente y aunque incluso se les pretendió culpar de posesión de armas, ni la propia policía se prestó a ello.

Estos hechos se plantearon ante la Secretaría y Subsecretaría de Gobernación de Puebla, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la autoridad municipal, ante el Ministerio Público, ante el juez, con la finalidad de denunciar los hechos, reclamar la reparación de daños (en las agresiones se llevaron animales domésticos, comestibles, destruyeron cultivos, destruyeron viviendas, etcétera) y con ninguna autoridad se ha tenido eco. Ya se presentaron amparos ante el juzgado de distrito y se está en espera de resolución.

Hay una causa de esta agresión desmedida y protegida por el gobernador de Puebla, Mario Marín: el megaproyecto "Puerto Aura" en el lago de Valsequillo, que contempla un malecón, un club de vela, zonas residenciales, centros de convenciones, hoteles, restaurantes, etcétera, que abarcará una superficie de 10 mil 481 hectáreas con un costo aproximado de 8 mil 323 millones de pesos inversión pública en infraestructura y se informó que ya se cuenta con 17 inversionistas alemanes para este proyecto.

Esta razón millonaria que impulsa el gobernador Mario Marín detonó una avalancha de especuladores inmobiliarios y servidores públicos de diferentes niveles que se encargan de darle vuelta a la ley, convirtiendo a "despojadores en despojados", a "agredidos en agresores", negando ante la ley los desalojos y daños, y a ocultar deliberadamente documentación que acredita quienes son los verdaderos dueños de la tierra en la zona, con la finalidad de que se adueñen las empresas inmobiliarias, cuya cabeza visible en este caso es un empresario de nombre Martín Tome Villalba, dueño de Triturados Basálticos, SA de CV.

Las evidencias de injusticia son contundentes. Algunos funcionarios ofrecieron en algún momento comprar las tierras a un miserable valor de un peso por metro cuadrado. Verdaderamente insultante, irrisorio y abusivo: las tierras están a 20 minutos del centro de la ciudad de Puebla, en los linderos de la ciudad y existen otros 10 poblados en iguales condiciones.

Finalmente, ahora se instala un cerco sobre los terrenos que ya impiden a los verdaderos dueños cultivar y acercarse a sus tierras que se encuentran permanentemente vigiladas por policías y personeros de los empresarios.

Todo parece indicar que las autoridades no entienden que para los descendientes de los pueblos originarios de nuestro país la tierra no es un objeto de comercio que pueda mercantilizarse al arbitrio de las demandas del mercado. Parece que no aprendieron la lección de San Salvador Atenco. De nueva cuenta y mediante artilugios legales quieren robar a los campesinos su propiedad.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a principios del mes de septiembre, recibió esta denuncia en la Cámara de Diputados de viva voz de los agraviados, 20 indígenas, mujeres y hombres de edad avanzada entre ellos, con material fotográfico y documental que confirma los hechos.

Los agraviados se ampararon ante al auto de formal prisión y el pasado 11 de noviembre la jueza novena de distrito de Puebla, otorgó el amparo luego de una exhaustiva investigación documental, declaratorias y en los terrenos en litigio.

Lo anterior confirma la injusticia y arbitrariedad con que se conducen las autoridades judiciales y gubernamentales de Puebla, y que a pesar de la resolución judicial federal, persiste el hostigamiento en contra de los campesinos indígenas.

Ahora, derivado de la atención y orientación a los campesinos de San Andrés Azumiatla, se ha librado orden de aprehensión en contra del profesor Mario Melquíades Vélez Merino, lo cual también representa otra injusticia.

Presentamos la denuncia ante el pleno de la Cámara de Diputados y estimamos que se requiere de la cobertura política y legal necesaria para que se frene el hostigamiento y no se consume este despojo a los campesinos indígenas. Basta ya de abuso y de injusticia en contra de los que menos tienen.

Por las consideraciones antes expuestas, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las autoridades del gobierno de Puebla a que cesen del hostigamiento hacia los habitantes de la población de San Andrés Azumiatla, municipio de Puebla, y que se les indemnice por los daños y perjuicios de los que han sido víctimas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2009.

Diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA UNA REVISIÓN DE DIVERSOS ACTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

En ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 23, inciso f), y 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59, 60 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para que se solicite a la Auditoría Superior de la Federación que requiera a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) un informe de situación excepcional en relación con los presuntos actos de corrupción que involucran a servidores públicos de esa entidad paraestatal, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Los días 24 y 25 de noviembre pasados aparecieron publicadas diversas notas periodísticas, en diarios de circulación nacional, donde se informa que el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América llevó a cabo la detención del señor John Joseph O’Shea, arrestado el 18 de noviembre pasado, acusado de manejar y autorizar pagos a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a cambio de contratos lucrativos, así como la de su socio en México, el mexicano Fernando Maya Basurto, quien era uno de los principales de una empresa mexicana que fungió como intermediaria en los negocios contratados por la paraestatal.

2. Señalan las notas que Maya Basurto se declaró culpable la semana pasada ante un tribunal de Houston reconociendo su papel para sobornar a funcionarios de la CFE, consistente en manejar, lavar y trasladar los fondos ilícitos y que ahora coopera con el Departamento de Justicia en la investigación.

3. La acusación versa en el hecho que una empresa en Texas administrada por O’Shea, subsidiaria de la empresa Suiza identificada como ABB, dedicada a la ingeniería eléctrica en varias partes del mundo, en diciembre de 1997 se le otorgó un contrato conocido como Sitracen; para modernizar "la columna vertebral del sistema de la red eléctrica" en México, el cual representó más de 44 millones de dólares para la empresa en Texas.

4. En octubre de 2003, la CFE otorgó a la empresa texana de O’Shea un contrato multianual conocido como Evergreen para el mantenimiento de la Sitracen. De acuerdo a la noticia publicada, para Evergreen, O’Shea, Maya Basurto, funcionarios de la CFE y "otros" acordaron que aproximadamente 10 por ciento de los ingresos que recibiría la empresa en Texas serían pagados a funcionarios de la paraestatal como parte del cohecho.

5. La nota periodística señala que también se hicieron pagos adicionales de "comisión" a Basurto y a su familia, los cuales fueron trasladados a por lo menos cuatro funcionarios de la CFE.

6. De acuerdo con los informes proporcionados por el Departamento de Justicia de Norteamérica, O’Shea autorizó más de 900 mil dólares en pagos producto de la corrupción a funcionarios de la paraestatal.

7. ABB, la empresa matriz suiza, informó en un comunicado que O’Shea fue cesado por la empresa en 2004. Los fiscales del Departamento de Justicia afirman que después de esto trabajó con funcionarios de la CFE en un intento de encubrir todo el negocio ilícito.

8. Maya Basurto se declaró culpable ante el Tribunal Federal el 16 de noviembre pasado, y admitió que conspiró para hacer pagos corruptos a funcionarios de la CFE, ayudó a blanquear los sobornos y participó en el intento de encubrimiento ante la investigación del Departamento de Justicia.

9. Forbes informa que la CFE ha sido un cliente lucrativo para ABB, empresa suiza, indicando que el caso podría provocar problemas para la correduría Merril Lynch, ahora parte de Bank of America, ya que según los fiscales que investigan el caso O’Shea y otros trasladaron los fondos ilícitos a través de una cuenta en esa firma.

10. La acusación formal hace referencia a cuatro funcionarios de la CFE de quien se desconoce su identidad.

11. El contrato celebrado en octubre de 2003 tiene carácter multianual, por lo que pudiera tener vigencia en el ejercicio fiscal en curso, motivo por el cual se solicita la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para que proceda a una revisión de situación excepcional sobre la Comisión Federal de Electricidad, atendiendo los conceptos denunciados para que le rindan un informe en donde se describan la procedencia de la denuncia así como sus actuaciones y las sanciones que hubiere impuesto a los servidores públicos involucrados en estos actos de corrupción.

12. Como es evidente, no ha sido la Cámara de Diputados muy eficaz en el ejercicio de su facultad para revisar las cuentas públicas. No sólo existe un desfase en la dictaminación de las cuentas anuales, sino que además existen pobres resultados en el procedimiento de responsabilidades para las frecuentes denuncias de corrupción en distintos ramos de la administración pública federal.

13. Resulta entonces por demás sintomático que sea a través de investigaciones periodísticas de otros países que conozcamos escandalosos asuntos que afectan el ejercicio del poder público en este país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Uno. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación para que en pleno ejercicio de su autonomía técnica y de gestión, y en ejercicio de las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación le confieren, requiera a la Comisión Federal de Electricidad un informe de situación excepcional en relación con los presuntos actos de corrupción que involucran a servidores públicos de esa entidad, respecto del contrato multianual Evergreen, celebrado en octubre de 2003 y con su supuesta vigencia en el presente ejercicio fiscal de 2009 y los contratos diversos que haya celebrado con la empresa suiza ABB y su subsidiaria texana quien fuera representada por el señor John Joseph O’Shea durante el presente ejercicio fiscal y convenios relacionados.

Dos. Se proceda por la misma entidad de fiscalización superior a la realización de un exhaustivo análisis del procedimiento y resultados de la contratación de la Comisión Federal de Electricidad de 1999 a la fecha para verificar la solvencia, legalidad y eficacia de esos contratos que involucran recursos públicos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2009.

Diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS FEDERAL, DE QUINTANA ROO, DE BENITO JUÁREZ, DE ISLA MUJERES Y DE COZUMEL A COORDINARSE Y REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PROTEGER EL ECOSISTEMA DE LA OLLITA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DE LA PAZ QUIÑONES CORNEJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita, diputada federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de la Cámara de Diputados punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Señoras y señores legisladores: en días pasados se presentaron manifestaciones de parte de distintos grupos de pescadores de Isla Mujeres frente al banco de arena de la playa La Ollita, lugar en el que se extrae arena y material para el relleno de playas en la zona hotelera de Cancún, pues al no existir una barrera natural que permita la regeneración natural de la arena, se realizan esos trabajos para el mantenimientos de aquéllas.

Estos trabajos fueron planeados para la recuperación del tramo de playa que se encuentra ubicado en la zona de Punta Cancún, donde están aproximadamente 3 mil cuartos de hotel y una plaza comercial, pero se desconocen los resultados provocados en la región de La Ollita, debido a la extracción de arena. Estos trabajos de relleno artificial están enfocados hacia zona de Cancún y continuarán en la llamada Riviera Maya.

Evidentemente esta zona requiere de los trabajos, ya que podemos encontrar grandes desarrollos hoteleros, en donde el papel de las playas juega un papel muy importante en la actividad turística y económica. El problema surge cuando se observa el impacto ambiental al ecosistema de Isla Mujeres, siendo la pesca la principal fuente de sustento de ésta comunidad.

Las diversas posiciones de las autoridades en este tema están encontradas, pues el ayuntamiento local expresó públicamente su apoyo al sector pesquero del municipio, ya que fue interpuesto un recurso de amparo ante un Juzgado de Distrito de Cancún para evitar la extracción de arena.

Hay antecedentes que muestran los efectos directos en el ecosistema de la zona y en la actividad pesquera, reflejaron una disminución de la pesca en algunas especies de peces, camarón y langosta, además de la afectación que presenta la recuperación del emblemático caracol rosado, especie que vive en el Caribe desde hace mucho tiempo.

Debemos solicitar a las instituciones de investigación científica y biológica que realicen los estudios necesarios para mantener estos recursos marinos y que este tipo de trabajos de extracción no evite su renovación y durabilidad.

Existe por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la suspensión de extracción de arena del banco norte de Cozumel llamado La Barracuda, como consecuencia de un recurso interpuesto por el grupo ambientalista Cielo Tierra y Mar, por lo tanto el gobierno del estado determinó reencauzar estos trabajos de extracción en Isla Mujeres, en el ya referido banco de arena de La Ollita.

Se deben tomar las medidas necesarias para proteger el caracol rosa y las diversas especies de los ecosistemas de la zona de Isla Mujeres e incluso crear y desarrollar nuevas reservas de diferentes categorías como podrían ser

• Reservas de la biosfera,
• Reservas regionales,

• Parques marinos, en los cuales todos los animales y todas las plantas estén protegidas; en estos lugares no se podrá recolectar ni pescar y deben de ser considerados como santuarios de reproducción.

Es momento de solicitar desde esta, la máxima tribuna de la nación, la intervención de las autoridades para desarrollar una gran campaña de educación ambiental dirigida en particular a la niñez; para explicar cómo viven las distintas especies del Caribe mexicano, por ejemplo, el caracol rosa, de la misma manera que se hace para la protección de la tortuga y para todas las especies sobreexplotadas en la zona que se encuentran en peligro.

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los gobiernos federal, de Quintana Roo, y municipales de Benito Juárez, Isla Mujeres y Cozumel a coordinarse y realizar las acciones necesarias para la protección del ecosistema de la zona de La Ollita, así como a mantener informada a esta soberanía sobre el avance de tales acciones.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente federal y al gobierno del estado de Quintana Roo a informar a esta soberanía sobre los riesgos que implica la extracción de arena de la playa de La Ollita, y de la misma forma se informe sobre las medidas que operan actualmente para salvaguardar a la población que vive en las cercanías de esta zona y proponga las medidas que se deben de tomar para recuperar el daño provocado por estos trabajos.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a convocar a un análisis serio, científico y público de este problema y así presentar alternativas con los mejores especialistas en el tema, así como a impulsar el desarrollo de una gran campaña de educación ambiental dirigida en particular a la niñez de nuestra país, a fin de explicar cómo viven las distintas especies del Caribe mexicano, por ejemplo, el caracol rosa, de la misma manera que se hace para la protección de la tortuga y para todas las especies sobreexplotadas en la zona que se encuentran en peligro.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 26 de noviembre de 2009.

Diputada María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE SALUD DE ESTA SOBERANÍA QUE INTEGRE UNA SUBCOMISIÓN QUE DÉ SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS, A LAS DENUNCIAS, A LOS INCIDENTES Y A LAS IRREGULARIDADES QUE SE PRESENTAREN RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LA VACUNA CONTRA LA INFLUENZA A (H1N1) EN LOS HOSPITALES Y LAS CLÍNICAS DEL PAÍS, A CARGO DE LA DIPUTADA LETICIA QUEZADA CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo por medio del cual se solicita a la Comisión de Salud de esta honorable Cámara de Diputados que conforme una subcomisión de diputadas y de diputados de dicha comisión, que dé seguimiento a quejas, denuncias, incidentes y posibles irregularidades que se presenten respecto de la aplicación de la vacuna contra la influenza A (H1N1), en los hospitales y clínicas del país, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. El virus de la influenza en México ha contagiado a 64 mil 322 personas y ha cobrado la vida de 573 mexicanos, desde abril en que se detectó en virus en nuestro país. En sólo dos días, del 18 al 20 de noviembre se registraron 33 nuevos decesos.

II. Ante el inminente rebrote del virus de la influenza A (H1N1) en México, el pasado 23 de noviembre llegaron al país las primeras 650 mil vacunas del total de los 30 millones que se comprarán a los laboratorios europeos para prevenir el mal. Cabe señalar que estas vacunas podrían ser recibidas hasta marzo de 2010.

III. El titular de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) señalo que las vacunas serán sometidas al análisis y estudio de seguridad y eficiencia, como establece la reglamentación, con el objetivo de cumplir con lo que establecen las leyes mexicanas. El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, señaló que con este primer lote de vacunas se pretende garantizar el poder inmunizar a los grupos de mayor riesgo (personal de salud, mujeres embarazadas y personas con padecimientos crónicos) a más tardar en marzo próximo.

IV. Se ha señalado que el primer lote de vacunas que se aplicarán en nuestro país provienen de la farmacéutica francesa Sanofi Aventis y es diferente a la de Glaxo Smith Kline, que se ha aplicado en otros países como Canadá, en el que se han detectado efectos alérgicos adversos.

V. Es de dominio público que dichas vacunas fueron adquiridas por el gobierno de México para ser aplicadas en el sector público y se ha señalado que sólo será en dependencias de este sector en las que se tendrá acceso a éstas. Sin embargo, existen pronunciamientos en el sentido de que se inició la comercialización de dicha vacuna en hospitales privados a precios elevados.

En razón de lo anterior, y a efecto de garantizar que las vacunas sean aplicadas conforme se programó, atendiendo a los sectores más vulnerables de la población y que no se desvíen con fines de lucro o indebido, es necesario que honorable Cámara de Diputados dé seguimiento a las posibles quejas, denuncias y señalamientos que impliquen un manejo inadecuado de dichas vacunas adquiridas con recursos públicos, de igual forma que lleguen a sus destinatarios finales vía los hospitales y clínicas gubernamentales.

Por ello, la subcomisión que se plantea en la Comisión de Salud tendrá la importante responsabilidad social, y de salud, de garantizar a la población un seguimiento adecuado y pormenorizado en la aplicación de las vacunas contra el virus de la influenza humana A (H1N1) en aras de la equidad y la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.

VI. En ese sentido, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece, en el artículo 44, numeral, que "las comisiones podrán establecer subcomisiones o grupos de trabajo para el cumplimiento de sus tareas. En la constitución de las subcomisiones se buscará reflejar la pluralidad de los grupos parlamentarios representados en la comisión…".

Por lo expuesto y fundado, someto ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Salud de esta honorable Cámara de Diputados que conforme una subcomisión de diputadas y de diputados de dicha comisión que dé seguimiento a quejas, denuncias, incidentes y posibles irregularidades que se presenten respecto a la aplicación de la vacuna contra la influenza A (H1N1), en los hospitales y clínicas del país.

Salón de sesiones, a 26 de noviembre de 2009.

Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SHCP Y A LA CNBV A RESOLVER EL DESFALCO CONTRA LOS AHORRADORES DE LA CAJA COOFIA EN PUEBLA, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO AMADEO ESPINOSA RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Acudimos a esta tribuna a plantear una situación que lamentablemente no es nueva. Se trata de otro fraude y desfalco a mexicanas y a mexicanos de escasos recursos por parte de cajas de ahorro que operan al margen de la ley y en contubernio con las autoridades financieras.

El caso en cuestión implica a la Financiera Coofia que opera en 9 estados de la república: Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Morelos, estado de México, Hidalgo, Guerrero y Jalisco. En particular venimos a plantear la problemática en Puebla. Se calcula que tiene más de 20 mil clientes, quienes tienen depositados unos mil 500 millones de pesos.

En dicha entidad, la caja Coofia inició operaciones en 1997. Sus propietarios son Valente Medina Seoane, Alfonso Colunga Velásquez, Miguel Ángel Corona, Ana María de Gante y Anastasio Pineda.

El gran "atractivo" de esta empresa era que ofrecía a los ahorradores rendimientos muy superiores a los que otorgaba la banca comercial. Ante esta promesa y el legítimo deseo de acrecentar su patrimonio, miles de ciudadanos poblanos confiaron sus ahorros a la Financiera Coofia, en la presunción de que la empresa operaba con todos los registros y permisos que señala la normatividad vigente.

La caja empezó a tener problemas de solvencia y cumplimiento de sus obligaciones desde 2005 y, mediante argucias legales y contubernio, logró obtener una certificación ISO-9001:2000 por parte de la organización francesa Bureau Veritas, no obstante que nunca contó con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar.

Es preciso señalar que el Capítulo Quinto de la norma ISO 9001:2000 señala claramente que para que una institución reciba una certificación de calidad debe cumplir con todos los requisitos legales, pero ello no sucedió en el caso de la financiera

La situación se tornó crítica a mediados del presente año, en mayo; varios de los ahorradores solicitaron que se les reintegrará su ahorro, a lo que la empresa se negaba, ofreciendo renovar los contratos con mayores beneficios.

Se han presentado más de 3 mil denuncias de afectados donde se solicita reintegrar los recursos, además de la acusación por fraude en contra de los directivos y dueños de la empresa.

Se calcula que el daño a los ahorradores en Puebla asciende a 897 millones de pesos, monto que depositaron en Coofia.

Es preciso que esta soberanía exhorte a las instancias del gobierno federal a efecto de que los ahorradores defraudados puedan ser resarcidos en el daño patrimonial y puedan ser sujetos del apoyo que brinda el Fideicomiso Pago, considerado en la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

Los cálculos que se han hecho hasta el momento señalan que tendrían que erogarse 492 millones de pesos por parte de las autoridades federales y 281 millones por parte del gobierno de Puebla.

Por las consideraciones expuestas, sometemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a hacer las gestiones necesarias, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para levantar un padrón de afectados por el fraude de la caja de ahorro Coofia a fin de que puedan ser beneficiados con los recursos del Fideicomiso Pago, previsto en la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2009.

Diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT, A LA SRA Y A LA PROCURADURÍA AGRARIA A IMPLANTAR LOS TRABAJOS, LAS ACCIONES Y LA REVISIÓN JURÍDICA PERTINENTES PARA POSIBILITAR LA CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA MANCHA BOSCOSA EN LA SIERRA NEVADA DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, PUEBLA, TLAXCALA Y MORELOS; LA MALINCHE, EN PUEBLA Y TLAXCALA; EL PICO DE ORIZABA, EN PUEBLA Y VERACRUZ; LA SIERRA NEGRA, EN PUEBLA, OAXACA Y VERACRUZ; LA SIERRA NORTE, EN PUEBLA Y VERACRUZ; Y COFRE DE PEROTE, EN VERACRUZ, A CARGO DE LA DIPUTADA JANET GRACIELA GONZÁLEZ TOSTADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Antecedentes

En la Sierra Nevada convergen los estados de México, Puebla, Tlaxcala y Morelos, está formada esencialmente por los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, que alcanza alturas superiores a 5 mil metros sobre el nivel del mar. Son el segundo y tercer lugar nacional por su elevación y normalmente estaban cubiertas de nieve durante todo el año. Esta sierra señala el límite poniente del valle Puebla-Tlaxcala y la frontera con los estados de México y Morelos.

La Malinche se ubica en el mismo valle, es la quinta montaña más alta del país. Es un volcán que alcanza los 4 mil 461metros sobre el nivel del mar y esta altitud motiva que el clima presente grandes variaciones; desde frío subárido y frío lluvioso, hasta clima subnevado con bajas temperaturas y heladas durante gran parte del año. Es de gran importancia para el ecosistema, de las 52 mil 683 hectáreas de bosque en el estado de Tlaxcala, alrededor de 37 por ciento está en el parque nacional de La Malinche. Lamentablemente, datos de la Comisión Nacional Forestal, sitúan su deforestación en hasta 65 por ciento de sus árboles, debido a la tala, actividades agrícolas, pastoreo e incendios forestales.

El Pico de Orizaba es un volcán ubicado en los límites territoriales de los estados de Puebla y Veracruz, y se considera la montaña más alta de México, con una altitud de 5 mil 610 metros sobre el nivel del mar y no está exento de la pérdida de sus recursos, pues debido a la deforestación y falta de agua –que no es retenida porque simplemente ya no hay suficiente bosque con su vegetación secundaria– se calcula que 80 por ciento del Pino Navideño, producido en las faldas del volcán se ha perdido en este ciclo.

La cordillera del Cofre de Perote, en el estado de Veracruz, al igual que los casos anteriores sufre de deforestación y pérdida de acuíferos, sumado a la explotación de sus bancos de arena.

La Sierra Negra en los estados de Puebla, Oaxaca y Veracruz, y la Sierra Norte, en Puebla y Veracruz, son zonas que también sufren graves pérdidas por la sobreexplotación de agua, tala, la consecuente deforestación e incendios forestales, que urge atender.

Consideraciones

De acuerdo con información y análisis realizados por autoridades federales, estatales, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y organizaciones no gubernamentales, en los últimos 10 años estas zonas se han convertido ya en un foco rojo ambiental, en lo que se refiere a la conservación de agua, suelo, fauna y bosque.

De acuerdo con el diagnostico seccional del parque nacional Izta-Popo con el nombre Zoquiapan y anexas problemas y soluciones, realizado por la American Forest Foundation, en la Sierra Nevada del centro del país, la causa de esta sobreexplotación de agua es causado por la explosión demográfica, el crecimiento de la demanda de agua por persona, por un lado y el uso de agua indebido como en canales abiertos para la agricultura, además de la venta de aguas embotelladas de compañías instaladas en la zona.

Estas extracciones de agua van a causar en el futuro un problema grave, porque los bosques que tienen la función captar y retener el agua, están mal manejados, en mal estado y cada año estamos perdiendo a nivel nacional más de un millón de hectáreas de bosque".

En el caso de la Sierra Norte del estado de Puebla, de acuerdo con la Red Informativa 2003, los manantiales compartidos entre comunidades empiezan a ser insuficientes debido al crecimiento de la población y a la falta de recarga, lo cual causa problemas entre comunidades por el reparto.

Las comunidades cedentes del agua empiezan a señalar la dificultad para seguir dando el vital líquido, por lo que urgen acciones de reforestación y retención, al mismo tiempo que continuar con proyectos de tratamiento y reducción del desperdicio.

Además, las aguas de los manantiales como de los pozos en la Sierra Nevada y su área de influencia no son aguas fósiles, como en otras partes del país, sino aguas de filtración por lluvias y de glaciares.

No existen estudios de la antigüedad del agua que usamos en esta zona, pero está comprobado que efectivamente son aguas de infiltración por precipitación, por lo que, el riesgo de la contaminación por uso indebido de los químicos en la agricultura, es permanente.

Tomando en cuenta la cantidad promedio de 1000 litros de agua por metro cuadrado por año de precipitación pluvial, una hectárea de agricultura, convertido en bosque, puede captar la cantidad de 10 millones de litros de agua. La pérdida de agua en la agricultura es muy alta. Al contrario, en un bosque, con su vegetación secundaria no hay deslave y la vegetación con las diferentes capas de tierra tiene el efecto de una esponja. Aquí está guardada el agua y es liberada poco a poco según las necesidades de la vegetación y se infiltra lentamente hacia abajo. En terrenos abiertos como los de agricultura se pierde 70 por ciento de aguas directamente por escurrimiento; en un bosque sano y completo hasta 90 por ciento se infiltra en la tierra.

Se estima además que por el cambio climático y el calentamiento global, los glaciares de estas zonas se están perdiendo, con la devastadora y consecuente extinción de la valiosa flora y fauna, además de gravísimas afectaciones a todos los que vivimos en estas entidades.

En este sentido, es urgentísimo que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales implemente una coordinación eficiente a través de sus dependencias: la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional Forestal y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para implementar medidas que detengan las dramáticas condiciones de estas zonas.

Tan sólo si se cumpliera el Plan de Desarrollo Nacional 2007-2012 en el rubro de Selvas y Bosques, mucho se podría hacer por las regiones y los problemas descritos. Asimismo, es indispensable que las autoridades agrarias revisen el uso de suelo en estas regiones, para entrar en concordancia con las acciones que realicen las autoridades ambientales.

En mérito de lo expuesto y fundado, solicito atentamente la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar los trabajos pertinentes para la conservación y ampliación de la mancha boscosa en la Sierra Nevada de los estados de México, Puebla, Tlaxcala y Morelos; la Malinche, en Puebla y Tlaxcala; el Pico de Orizaba, en Puebla y Veracruz; la Sierra Negra de Puebla, Oaxaca y Veracruz; la Sierra Norte de de Puebla y Veracruz, y el Cofre de Perote, en Veracruz, y así generar una mayor captación de agua, carbono y suelo, que contribuya a la conservación y rescate de los recursos naturales de estas importantes reservas ecológicas del país.

Segundo: Se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria y a la Procuraduría Agraria a revisar, en el marco de sus facultades, la legalidad del cambio de uso de suelo de los terrenos agrícolas de la zona, que colindan con los bosques o al interior de estos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2009.

Diputada Janet Graciela González Tostado (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES A INICIAR EN COORDINACIÓN CON EL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO DE ESTA SOBERANÍA Y CON EL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD EL PROTOCOLO GENERAL NACIONAL DE ATENCIÓN DE CRISIS VÍA TELEFÓNICA, ASÍ COMO EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y LA PROPUESTA TÉCNICA DE CREACIÓN DE UN NÚMERO NACIONAL ÚNICO DE TRES DÍGITOS PARA ATENDER A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, A CARGO DE LA DIPUTADA KENIA LÓPEZ RABADÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita, diputada federal en la LXI Legislatura Kenia López Rabadán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, según los siguientes

Antecedentes

El 25 de noviembre fue designado por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El documento Estudios a fondo sobre las formas de violencia contra la mujer, informe elaborado por el secretario general de la ONU, manifiesta que la eliminación de la violencia contra la mujer sigue siendo uno de los más importantes desafíos de nuestra época […] persiste en todos los países del mundo como una violación generalizada de los derechos humanos y está considerada como el principal obstáculo para lograr la igualdad de género. Esta violencia es inaceptable, ya sea cometida por familiares o extraños, en el ámbito público o privado.

Así en 1974, en México se integró a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la reforma al artículo 4o., el principio fundamental de igualdad jurídica entre hombres y mujeres.

En 1975 destacan las reformas legislativas en pro de la igualdad jurídica, entre las que se encuentran la labor conjunta y de consenso de los partidos políticos, promovida por las mujeres legisladoras federales y locales, quienes, más allá de las posiciones partidistas, unieron esfuerzos para alcanzar un objetivo común: la equidad de género.

En 1980 se creó el Programa Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo, el cual propuso un conjunto de iniciativas específicas orientadas a promover el mejoramiento de la condición social de las mujeres.

En 1985, se instaló una comisión para coordinar las actividades y los proyectos sectoriales en la materia y preparar la participación de México en la tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer (Nairobi, 1985).

Todos los esfuerzos anteriores fueron reconocidos por el comité de la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en la presentación de los informes periódicos 3o. y 4o.

Finalmente, por iniciativa de varios partidos políticos y aprobada por la mayoría de todas las fracciones parlamentarias representadas por el Congreso de la Unión, el 12 de enero de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Es mediante esta ley que se crea una instancia para el adelanto de las mujeres mexicanas, como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión, teniendo como objeto promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país.

Los esfuerzos también se han reflejado en instancias como el Instituto Mexicano de la Juventud dando como resultado la primera Encuesta de Violencia en las Relaciones de Noviazgo, que permite visibilizar que la violencia resulta casi invisible para el grueso de la población que mantiene una relación personal. Los efectos y síntomas del maltrato durante el noviazgo son desconocidos para gran parte de los jóvenes, quienes al carecer de información certera sobre la violencia y sus diferentes vertientes, confunden con muestras de afecto conductas que agravan la desigualdad de género.

Consideraciones

La violencia contra las mujeres se vive principalmente en el ámbito doméstico o familiar –el más inmediato y en donde se establecen las relaciones más significativas–; no obstante, también tiene lugar en otros espacios tales como: la escuela, el trabajo, la calle y otros lugares públicos.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares, 67 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia ya sea en su relación de pareja, o en los espacios comunitario, laboral, familiar o escolar. La violencia más frecuente es la ejercida por el actual o último esposo o compañero, declarada por 43.2 por ciento de las mujeres; le sigue la violencia en la comunidad padecida por 39.7 por ciento; la violencia en el trabajo representa 29.9 por ciento de las mujeres asalariadas; la familiar 15.9 por ciento; y la escolar 15.6 por ciento.

La violencia familiar, entendida como las agresiones o maltratos hacia las mujeres por parte de algún familiar consanguíneo o político (sin incluir al esposo o pareja), fue declarada por 15.9 por ciento de las mujeres de 15 años y más.

Su prevalencia por edad muestra una frecuencia muy parecida entre las mujeres de 20 años y más y ligeramente más alta entre las mujeres de 15 a 19 años de edad.

Entre los incidentes de violencia familiar más frecuentemente vividos por las mujeres están los de índole emocional (15.4 por ciento), mientras que 2.9 por ciento declaró haber sido objeto de violencia física y 1 por ciento económica.

En el territorio nacional, la violencia que viven las mujeres, ya sea de pareja, comunitaria, laboral, familiar o escolar, alcanza en diez entidades federativas niveles por encima del promedio nacional (67 por ciento de las mujeres de 15 años y más).

En este orden de ideas, la violencia conyugal es definida por la Organización Panamericana de la Salud como "todo acto u omisión que tiene la intención de controlar o someter y que resulta en daño a la integridad física, emocional, sexual o económica, utilizado contra las mujeres adolescentes o adultas, por su pareja actual o anterior".

Las cifras revelan que 43.2 por ciento de las mujeres de 15 años y más han vivido situaciones de violencia emocional, económica, física o sexual a lo largo de su relación de pareja. La violencia conyugal es la forma más frecuentemente vivida por las mujeres si se le compara con la comunitaria, laboral, familiar y escolar.

Las mujeres alguna vez unidas (divorciadas, separadas y viudas) reportaron mayores niveles de violencia conyugal (61.5 por ciento) que las casadas o unidas (46.6 por ciento), y que las solteras (26 por ciento), lo que sugiere que la violencia en el seno de la pareja puede ser un factor condicionante de la disolución de éstas.

La encuesta da a conocer que de cada cien mujeres de 15 años y más que tienen o tuvieron una relación de pareja: 38 han padecido violencia emocional (menosprecios, amenazas, prohibiciones, etcétera); 23 violencia económica (les niegan o condicionan el gasto, les prohíben trabajar, les quitan su dinero o bienes, etcétera); 19 violencia física (empujones, patadas, golpes, agresiones con armas, etcétera); y 9 violencia sexual (las obligan a tener relaciones sexuales o a realizar actos en contra de su voluntad).

De las mujeres alguna vez unidas, 55.4 por ciento declararon haber sufrido violencia emocional, 44.5 por ciento económica, 39.1 por ciento física y poco más de una quinta parte (22.8 por ciento) sexual. Las situaciones de violencia en la relación de pareja presentan diferencias por grupos de edad y estado conyugal de las mujeres.

La violencia más severa es la que provoca la muerte, de ahí la importancia de analizar las muertes intencionales como homicidios y suicidios de mujeres.

Según la misma encuesta, el número de muertes intencionales anual registrado en nuestro país oscila en 2 mil 11, de las cuales mil 298 fueron homicidios y 713 suicidios. Esto significa que diariamente mueren 6 mujeres por violencia: 4 por homicidio y 2 por suicidio.

Las muertes intencionales presentan un comportamiento diferencial de acuerdo a la edad de la mujer. En el caso de los homicidios, su tasa denota una tendencia ascendente conforme la edad aumenta.

Anualmente la tasa de suicidios presenta un comportamiento distinto; alcanza el nivel más alto, de 3.4 suicidios por cada 100 mil mujeres, en el grupo de 15 a 19 años, baja a 2.3 suicidios en el grupo de 20 a 24 años y continúa descendiendo conforme la edad de las mujeres aumenta.

Asimismo, la Encuesta de Violencia en las Relaciones de Noviazgo (Envinov), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a solicitud del Instituto Mexicano de la Juventud detectó que en las relaciones de noviazgo que establecen los jóvenes de entre 15 y 24 años hay expresiones de violencia sexual, física y psicológica.

De acuerdo a dicha encuesta, 15 por ciento de los jóvenes han experimentado al menos un incidente de violencia física en la relación de noviazgo que tenían al momento de la Envinov.

Los incidentes de violencia tienen una mayor proporción en zonas urbanas (16.4 por ciento), en comparación con las zonas rurales (13.2 por ciento). Es importante conceptualizar la violencia física desde una perspectiva de género, ya que la mayor proporción de personas que reciben violencia física, son las mujeres (61.4 por ciento de las mujeres y 46 por ciento de los hombres).

En relación a la violencia psicológica, el 76 por ciento de los jóvenes mencionaron haber sido afectados con abuso emocional, verbal, maltrato y menoscabo de la estima, detectándose una incidencia en áreas urbanas de 76.3 por ciento, a diferencia del área rural de 74.7 por ciento.

Por otro lado, 16 por ciento de las jóvenes entrevistadas señaló haber sufrido un evento de violencia sexual por parte de su pareja, sin mostrar diferencias entre zonas urbanas y rurales.

La invisibilidad que rodea a la violencia en el noviazgo deriva en una falta de apoyos para aquellos jóvenes, mujeres y hombres que se ven involucrados en situaciones conflictivas con sus parejas, que no saben como enfrentar o resolver y son los amigos los que muchas veces están en las mismas condiciones a los que recurren en busca de ayuda.

Actualmente, el Instituto Nacional de las Mujeres, en colaboración con la Secretaria de Seguridad Pública y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, elaboró un proyecto para contar con una línea de atención telefónica, "vida sin violencia", que ha operado como un servicio telefónico nacional, de atención las 24 horas, los 365 días del año, gratuito y confidencial de atención psicológica y asesoría jurídica, con la finalidad de orientar a las mujeres de todas las edades que viven violencia.

Sin embargo, la unificación de un número nacional dará certidumbre a las mujeres que padecen violencia en cualquiera de sus ámbitos.

Esta Cámara de Diputados debe trabajar con una visión de género que permita que las mujeres ya no se encuentren en un estado de vulnerabilidad por la violencia ejercida contra ellas.

Hoy, los diputados de la LXI Legislatura nos comprometemos a generar leyes que permitan proteger a mujeres jóvenes pues ellas serán las formadoras de las siguientes generaciones.

La violencia sólo genera violencia, por ello, hay que pronunciarnos y ocuparnos sobre este tema, el cual no puede quedarse sólo en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, debemos voltear la mirada a un tema de trascendencia como este. Sobre todo cuando, históricamente, esta legislatura cuenta con el mayor número de diputadas, las cuáles representamos 27.6 por ciento de esta Cámara de Diputados.

Por lo anterior, propongo con carácter de urgente y obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que el Instituto Nacional de las Mujeres inicie, en coordinación con el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de esta honorable Cámara de Diputados y el Instituto Mexicano de la Juventud, el protocolo general nacional de atención de crisis vía telefónica, así como el estudio de factibilidad y la propuesta técnica de la creación de un número único nacional de tres dígitos para la atención de victimas de la violencia contra las mujeres.

Segundo. Que las entidades federativas integren en sus planes y programas de trabajo el fortalecimiento y, en su caso, creación de centros especializados de atención en crisis de violencia contra las mujeres, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Mexicano de la Juventud, la Procuraduría General de la República y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, creando un vinculo efectivo para proporcionar refugio, asesoría y acompañamiento.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2009.

Diputada Kenia López Rabadán (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL PLENO DE ESTA SOBERANÍA QUE CITE AL SECRETARIO DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL A FIN DE QUE EXPONGA LA SITUACIÓN ACTUAL Y LAS ACCIONES QUE SE LLEVAN A CABO PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA DE INFLUENZA A (H1N1), A CARGO DE LA DIPUTADA LETICIA QUEZADA CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La que suscribe, Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por medio del cual se solicita al pleno de la Cámara de Diputados que llame a comparecer al doctor José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud del gobierno federal; y al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Miguel Ángel Toscano Velasco, a fin de que exponga la situación actual y las acciones que llevan a cabo para hacer frente a la pandemia de influenza A (H1N1) en el país, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. La Secretaría de Salud no informó de la situación actual de la epidemia de influenza humana que afecta al país hasta el pasado 20 de noviembre, y nos encontramos con que hay 64 mil 322 casos confirmados de pacientes con influenza A (H1N1), desde la fecha de inicio de síntomas, en marzo del año en curso. De la misma manera, indicó que se han confirmado 573 defunciones de personas que fueron atacadas por este padecimiento.

II. Ante el inminente rebrote del virus de la influenza A (H1N1) en México, el pasado 23 de noviembre llegaron al país las primeras 650 mil vacunas, de los 30 millones que se comprarán a los laboratorios europeos para prevenir el mal.

III. Según el secretario de Salud José Ángel Córdova Villalobos, con el primer lote de vacunas se pretende inmunizar a los grupos de mayor riesgo (personal de salud, mujeres embarazadas y personas con padecimientos crónicos) a más tardar en marzo próximo.

IV. En virtud de lo anterior, es prioritario que el secretario de Salud, doctor José Ángel Córdova Villalobos; y el titular de la Cofepris, Miguel Ángel Toscano Velasco, comparezcan ante el pleno de este órgano legislativo con la finalidad de proporcionarnos un amplio panorama de lo que representa en la actualidad la pandemia de la influenza A (H1N1), que ha azotado el territorio nacional desde marzo del año en curso y que se espera repunte en fechas próximas, ahondando con información detallada y desagregada al respecto y respondiendo las dudas y las preguntas que haya entre los diputados que integramos esta soberanía, toda vez que el tema de la salud es prioritario para el desarrollo armónico e integral del país. Lo anterior lo realizo con fundamento en los artículos 93 de la Carta Magna y 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Genera de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dicen:

Artículo 93. Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República, y a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen, bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

Artículo 53. Los secretarios del despacho, los jefes de los departamentos administrativos, los directores y administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria asistirán a las sesiones siempre que fueren enviados por el presidente de la República o llamados por acuerdo de la Cámara, en los términos que dispone la segunda parte del artículo 93 de la Constitución, sin perjuicio de la libertad que tienen de asistir, cuando quisieren, a las sesiones y, si se discute un asunto de su dependencia, tomar parte en el debate.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se acuerda llamar a comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados al secretario de Salud del gobierno federal, doctor José Ángel Córdova Villalobos; y al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Miguel Ángel Toscano Velasco, con la finalidad de que expongan la situación actual y las acciones que llevan a cabo para hacer frente a la pandemia de influenza A (H1N1) en el país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2009.

Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS A SOLUCIONAR EL PROBLEMA REFERENTE AL SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL VEHICULAR INSTALADO EN LA ADUANA DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA, O –EN SU DEFECTO– A SUSPENDERLO DURANTE LA TEMPORADA NAVIDEÑA, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO SARACHO NAVARRO Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los diputados federales, Rubén Moreira Valdez, Hugo Martínez González, Melchor Sánchez de la Fuente, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez e Hilda Flores Escalera, en voz del diputado Francisco Saracho Navarro, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Las aduanas en el ámbito mundial son infraestructuras fundamentales para el intercambio comercial con el resto del mundo, las cuales desempeñan un papel básico en la economía y seguridad nacional ya que, por su naturaleza, ejercen control de los bienes transportados internacionalmente.

En las 48 aduanas localizadas en México existen múltiples ordenamientos en la materia para la modernización aduanera, que intervienen en la regulación del sistema aduanero, el esfuerzo ha sido poco, ya que se requiere una plataforma sólida para profundizar en la modernización de las aduanas y orientarlas como facilitadoras de la competitividad, del control y de la seguridad que contribuyan al aumento de los ingresos en el proceso de exportación y en el de importación, favoreciendo el combate al contrabando, la piratería, la corrupción y la no discriminación.

El Sistema de Supervisión y Control Vehicular (Siave) es uno de los proyectos de modernización que la dirección general de aduanas ha puesto en marcha en todas las aduanas del país.

Dicho sistema se compone de dispositivos que, en teoría, tardarían aproximadamente ocho segundos, para tomar el peso, dimensiones, placas, fotografía y tipo de vehículo, lo que permite al procesador central hacer cruces de información y determinar si es de riesgo y, en su caso, solicitar que sea revisado, como se muestra en la figura

El pasado 28 de mayo dicho sistema fue instalado en el aduana fronteriza de Ciudad Acuña, Coahuila, provocando un severo caos, ya que sólo se instauró un solo carril vehicular y uno de auto declaración lo cual genera filas de vehículos que tardan hasta dos horas y media en pasar procedentes de la vecina ciudad de Del Río, Texas, ciudad con quien se tienen relaciones comerciales y sociales estrechas. Aunado a esto, dicho sistema no ha sido del todo eficiente ya que ha suscitado diversos incidentes de fallas los cuales retrasan aún más el paso vehicular.

Los retrasos repercuten gravemente, no sólo en la industria maquiladora, principal fuente de ingresos de esta ciudad, sino en general en el comercio que ha visto disminuidas sus ventas. La mala imagen que se ha creado nuestro país debido a la inseguridad y la grave recesión económica por la que atravesamos hace que estas medidas sean totalmente inoportunas sobre todo porque se acerca la época navideña donde el flujo vehicular se incrementa notoriamente.

Como parte de las acciones encaminadas a resolver este problema, el pasado 12 de mayo del año en curso el Congreso de Coahuila aprobó un punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a retirar dicho sistema o en su defecto a implementar otros mecanismos de revisión que agilicen el flujo vehicular. Se han enviado diversos oficios al licenciado Ernesto Montiel Gómez, administrador local de la aduana; al ingeniero Juan José Bravo Moisés, administrador general de aduanas, signado tanto por las autoridades locales como por los organismo industriales como son la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), la Asociación de Maquiladoras y, en general, a la ciudadanía de Ciudad Acuña.

Las autoridades aduanales han dicho que el problema era la reubicación de un estacionamiento que impedía la ampliación de carriles en esta aduana.

Preocupados por el grave problema y por la inminente temporada navideña en la que una gran cantidad de paisanos nos visitan, presentamos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Dirección General de Aduanas para que, de manera inmediata, solucione el problema referente al Sistema de Supervisión y Control Vehicular (Siave) instalado en la aduana de Ciudad Acuña, Coahuila, o en su defecto se suspenda su uso, durante la temporada navideña comprendida por el periodo noviembre 2009-enero 2010.

San Lázaro, a 26 de noviembre de 2009.

Diputados: Rubén Moreira Valdez, Hugo Martínez González, Melchor Sánchez de la Fuente, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez, Hilda Flores Escalera (rúbricas).
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA IMPULSAR LA UNIFICACIÓN DEL MARCO LEGAL ESTATAL EN MATERIA DE ADOPCIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA JOANN NOVOA MOSSBERGER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita, diputada federal a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica y los artículos 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo para crear la comisión especial para impulsar la unificación de los criterios de la adopción de conformidad con los siguientes:

Considerandos

La adopción es un compromiso social, pero sobre todo de humanidad. De ahí que pensar en las personas que se encuentran en desamparo u orfandad, por humanidad, nos obliga a todos nosotros a garantizar su derecho a vivir en familia, no sólo como una deuda social sino humana.

En nuestro país, el Estado, a través de la figura jurídica de la adopción, busca garantizar su derecho a ser parte de una familia permanente; es decir, cuando los menores no pueden vivir dentro de su propio núcleo familiar, ni aun con su familia extensa.

Como antecedente, la Cámara de Senadores aprobó en el año de 1998 el proyecto de dictamen que planteo la institución jurídica de la adopción plena, a través de reformas y adiciones al Código Civil para el Distrito Federal, en Materia del Fuero Común y para toda la República, en Materia del Fuero Federal; y al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

La adopción es un contrato solemne, que constata el Estado, por el cual una mujer o un hombre, o ambos, a los cuales se les llama adoptantes reciben al adoptado como si fuera su descendiente consanguíneo, en su familia o para integrar una familia.

La adopción es el estado jurídico mediante el cual se confiere al adoptado la situación de hijo del o de los adoptantes y a éstos los deberes y derechos inherentes a la relación paterno filial.

El Código Civil Federal y el Código Civil del Distrito Federal no definen a la adopción. En tanto que algunas entidades la catalogan como acto jurídico; por ejemplo, en algunos estados se define como: "es un acto jurídico destinado a crear entre el adoptante y el adoptado los derechos y obligaciones resultantes de la patria potestad y, en su caso, la filiación", o como un acto jurídico por el cual una persona o pareja matrimonial o concubinario asumen recíprocamente, respecto de uno o varios menores o incapacitados, los derechos y obligaciones inherentes a un hijo biológico o consanguíneo"..

Cabe destacar que en México a través de la regulación de esta figura, en cada uno de los distintos códigos locales, se observa claramente la diversidad de criterios en cuanto a la naturaleza jurídica de la adopción.

En nuestro país los servicios de asistencia social se conforman de acciones encaminadas a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad o desprotección; ejemplo de ello son los menores de edad, quienes por sucesos desfavorables se encuentran en estado de abandono y desamparo.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) es el encargado de autorizar o rechazar la demanda de adopción por parte de una pareja. Su misión se enfoca a proteger a las niñas, niños y adolescentes en desamparo, brindándoles albergue, alimentación, educación y los cuidados necesarios para su sano crecimiento, físico, mental y social, procurando reintegrarlos a un hogar como espacio natural e idóneo para su desarrollo armónico. Para lo anterior, es la primera instancia para iniciarlos en el proceso de adopción, una vez que se ha definido su situación jurídica y cuando no existe ningún tipo de vínculo con la familia biológica.

Según estadísticas oficiales, para el 2010 habrá en el país 29 mil 310 niños sin cuidados familiares e institucionales, y de acuerdo con la UNICEF hasta el 2005 había en México 1.6 millones de niños en situación de extrema vulnerabilidad.

Se estima que para el 2008 había más de 11 mil niños bajo custodia de los sistemas para el desarrollo Integral de la Familia (DIF) nacional y estatales, así como de casas hogar privadas; sin embargo, muy pocos reúnen las condiciones para ser adoptados.

De acuerdo con el II Conteo Nacional de Población 2005, en México hay 28 mil 107 niños, niñas y adolescentes que por algún motivo no pueden vivir con su familia de origen y están institucionalizados en las 657 casas hogar, existentes en la República; de ellos, 11 mil 75 se encuentran en situación de desamparo.

Con una proyección del DIF y basados en estimaciones del Consejo Nacional de Población, evalúan que de continuar las actuales tendencias sociodemográficas, para el año 2010 tendremos aproximadamente 29 mil 310 niños sin cuidados familiares e institucionalizados. Por lo que consideramos urgente e imprescindible generar estrategias que hagan el proceso de adopción un procedimiento ágil y efectivo.

Sin embargo, desafortunadamente nos podemos dar cuenta que el proceso de adopción, en muchos casos, jurídicamente es un proceso muy largo, complicado y costoso, tanto económica como emocionalmente; siendo este último el más significativo, dado que el desgaste emocional deja permanente desilusión en los adoptantes, por distintas circunstancias. Ejemplo de ello es el tiempo dedicado al proceso de adopción, cuando ha sido larga la espera y el resultado negativo.

La espera puede tardar meses o incluso años, un periodo angustiante y desgastante, pero cuando el resultado es positivo podemos afirmar que es como un milagro; sin embargo, podemos darnos cuenta que no para todos los menores el proceso termina tan feliz. Actualmente, en nuestro país hay miles de niños en adopción que aún no tienen familia.

El tema de la adopción tiene miles de dificultades que hacen desesperarse a los futuros padres; la pregunta es ¿por qué no agilizar y mejorar este proceso?

El objetivo trascendental de esta Comisión Especial es mejorar la cultura de la adopción en México, revisar y, principalmente, impulsar desde este recinto la homologación del marco legal en todos los niveles, buscando que los trámites sean más fluidos y rápidos; sobre todo con mayor seguridad para los niños que se otorgan en adopción.

Una vez creada la comisión especial, convocará a los Congresos estatales a un foro nacional sobre adopción, invitando también a las dependencias y organismos de la sociedad civil que tengan relación con el tema, con miras a aportar desde lo social sus propuestas; con la finalidad de elaborar un documento marco que permita delinear la estrategia a seguir para emprender las acciones de la unificación de un marco legal estatal en materia de adopción.

A partir de la estrategia mencionada, la comisión especial exhortará a las legislaturas estatales a realizar las modificaciones al marco legal que permita un esquema de adopción más ágil, eficaz y seguro en todo el territorio nacional, tomando como base las conclusiones del foro.

Igualmente importante es establecer términos para poder avanzar en tiempo y forma los trabajos para los que fue creada la comisión especial, por lo que se fijará un plazo razonable para recibir la retroalimentación de las legislaturas locales, con la cual se elaborará un documento que sirva como base primordial de conclusiones y así darles seguimiento en un segundo foro nacional sobre adopción, en el cual se discutirán los avances, dificultades o innovaciones que haya tenido con cada entidad en la tarea de unificación de un marco legal en la materia.

La comisión sistematizará la información de un segundo foro nacional sobre adopción y elaborará un documento de conclusiones, el cual enviará a todos los participantes del proceso, a fin de que realicen la unificación del marco legal en materia de adopción, quedando con este hecho concluida su labor.

El objetivo principal de la comisión es que, desde el Poder Legislativo, encaminemos los esfuerzos para que el procedimientos legal dentro de los gobiernos estatales sea unificado, agilizando los trámites de adopción, siempre en el marco de la legalidad, dando mayores oportunidades a cada niño y niña en etapa de adopción para que pueda contar con una familia, base fundamental de nuestra sociedad.

Señores legisladores, solicito que el tema de la adopción sea visible, pugnando desde esta comisión especial para que cambie la cultura de la adopción y sea una cultura de cariño y generosidad.

La figura jurídica de la adopción es la de dar un nuevo y mejor proyecto de vida al adoptado, lo que implica una seguridad jurídica para él y sus padres.

Esta comisión especial obedece a una de las demandas más sentidas de la sociedad, cuyos principios y congruencia social permitan realizar múltiples acciones desde el ámbito federal para solucionar dicha problemática; por tanto, es indispensable promover la adopción en base a criterios unificados; darle la importancia que merece impulsando los esfuerzos en conjunto con los tres órdenes de gobierno y así, de manera profunda, dar solución jurídicamente.

Por lo expuesto, de conformidad con los artículos 34, inciso c), 42 y 43, numerales 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración y aprobación del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que, con fundamento en los artículos antes citados a determinar la creación de la comisión especial para impulsar la unificación del marco legal estatal en materia de adopción, tendente a fortalecer el esfuerzo de los distintos órdenes de gobierno en el tema.

Segundo. La comisión especial cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2009.

Diputada María Joann Novoa Mossberger (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS A SUPERVISAR, EVALUAR Y VERIFICAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA VACUNA ANTIINFLUENZA A (H1N1), A CARGO DE LA DIPUTADA LETICIA QUEZADA CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por medio del cual se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que, en el marco de sus atribuciones, supervise, evalúe y verifique, la correcta aplicación de la vacuna que previene la influenza A (H1N1) entre la población al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. La Secretaría de Salud informó la situación actual de la epidemia de influenza A (H1N1) que afecta al país, hasta el pasado 20 de noviembre nos encontramos con que existen 64 mil 322 casos confirmados de pacientes con influenza A (H1N1) desde la fecha de inicio de síntomas en marzo del año en curso, de la misma manera informó que se han confirmado 573 defunciones de personas que fueron atacadas por este padecimiento.

II. Ante el inminente rebrote del virus de la influenza A (H1N1) en México, el pasado 23 de noviembre llegaron al país las primeras 650 mil vacunas del total de 30 millones que se comprarán a los laboratorios europeos para prevenir el mal.

III. En relación con lo anterior, el titular de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), Miguel Ángel Toscano, señaló que las vacunas serán sometidas al análisis y estudio de seguridad y eficiencia, como establece la reglamentación, con el objetivo de cumplir con lo que establecen las leyes mexicanas, agregando que está más que comprobada la calidad y la seguridad de este fármaco, que ya se ha aplica entre la población de Europa y Estados Unidos.

IV. Según el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, con este primer lote de vacunas se pretende garantizar el poder inmunizar a los grupos de mayor riesgo (personal de salud, mujeres embarazadas y personas con padecimientos crónicos) a más tardar en marzo próximo.

V. En virtud de lo anterior, es prioritario que tanto la Secretaría de Salud como la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) tengan especial atención en que las vacunas que sean aplicadas entre la población cuenten con todas y cada una de las medidas de seguridad y eficiencia requeridas, así como que estas sean aplicadas de manera gratuita, verificando su efectiva aplicación, poniendo énfasis en que dichas vacunas no sean comercializadas de manera ilegal o en el denominado mercado negro, aprovechándose de la gran demanda que existe entre la población.

VI. En relación con lo anterior, es necesario que las autoridades correspondientes apliquen de forma inmediata la legislación vigente para sancionar a quienes, aprovechándose de la demanda de este fármaco, realicen conductas que atenten contra la salud de la población o que lucren ilegalmente, obteniendo ganancias ilícitas con la comercialización de las vacunas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto ante el pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) a que, en el marco de sus atribuciones evalúen, supervisen y verifiquen la correcta aplicación de la vacuna contra la influenza A (H1N1) en los hospitales y clínicas del país, con la finalidad de comprobar la efectividad de la aplicación entre la población y, de ser necesario, emitir las medidas de seguridad y sanciones que procedan en caso contrario o cuando se presenten conductas irregulares en la distribución y aplicación del fármaco.

México, DF, a 26 de noviembre de 2009.

Diputada Leticia Quezada Contreras
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA ASF A INDICAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL Y ESTABLECER LINEAMIENTOS QUE PERMITAN A LOS MUNICIPIOS DE GUERRERO COMPROBAR LA ADQUISICIÓN DEL FERTILIZANTE QUE SE SUBSIDIA A LOS CAMPESINOS; A SEÑALAR EL PROCEDIMIENTO PARA QUE QUEDEN LIBERADOS DE LAS OBSERVACIONES QUE YA TIENEN RESPECTO A ESTE RUBRO; Y A RENDIR INFORMES AL GOBIERNO, AL CONGRESO Y A LA AUDITORÍA GENERAL DE ESA ENTIDAD SOBRE DICHO RESULTADO PARA SU PROCEDIMIENTO LEGAL, A CARGO DEL DIPUTADO CUAUHTÉMOC SALGADO ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La estructura en la que se basa la economía mexicana involucra diversas actividades que son propias de las características que reúne nuestro país y las clasifica en primarias, secundarias y terciarias.

Por lo que se refiere a las actividades primarias, la agricultura destaca como factor principal en la aportación económica para las personas de las zonas rurales y, a la vez, desempeña un papel importante en el ámbito alimentario para la sociedad en general.

Podemos decir que la agricultura se encuentra en un régimen que no es estrictamente tradicional, ya que los sistemas de producción van modificándose según las necesidades de rendimiento, calidad y manutención. La mayoría de los sistemas agrícolas emplean las innovaciones tecnológicas combinadas con la tecnología local. La coexistencia de ambos sistemas otorga múltiples alternativas para el sustento de una agricultura que se encuentra en crisis.

En la actualidad, el campo es un contraste de su pasado, toda vez que en décadas anteriores contribuyó al desarrollo económico de la nación, logrando un crecimiento de 7.6 por ciento en producción, con el cual cubría las necesidades alimenticias de la población. Todo ello gracias a la buena y oportuna decisión del gobierno, al darle la importancia y los incentivos necesarios al campo para la mejora en la producción.

Hoy no es para nada un tema del que se pueda hablar con orgullo, muy lejano a lo que se vivió en esas épocas, la aportación del campo ha bajado de manera considerable, nos hemos estancado en la peor crisis que ha sufrido este sector, de tal manera que no somos autosuficientes y se tiene que recurrir a la importación de alimentos, provocando que la balanza agroalimentaria tenga un déficit considerable y que más del 50 por ciento de la demanda de alimentos sea cubierta con adquisiciones del exterior.

Solo un sector muy pequeño de productores ha logrado consolidarse en esta actividad y volverla redituable. Lo cual conlleva a que un gran número de campesinos abandone las tierras y parta con una esperanza de trabajo hacia el vecino país del norte, contribuyendo a que disminuya aún más la producción en este sector.

Si a esto le sumamos las limitaciones por la accidentada superficie, la constante irregularidad pluvial, el nivel económico bajo de las comunidades y limitados recursos tecnológicos, nos encontraremos siempre en la práctica de la agricultura de autoconsumo y sólo los pequeños excedentes serán comercializados en los mercados a nivel regional.

Con objeto de poner en igualdad de condiciones a los productores del campo, el gobierno ha implantado programas que buscan minimizar los gastos en los insumos de producción, tal es el caso del Programa de Subsidio al Fertilizante, el cual no ha logrado el objetivo para el que fue creado, ya que no cuenta con el presupuesto suficiente para satisfacer la demanda.

Además es importante mencionar que el precio de los fertilizantes se ha incrementado de manera notable; tan sólo el fosfato, en los últimos meses, subió más de 100 por ciento de su precio, al pasar de 4 mil pesos a 9 mil 691 pesos, lo cual deja en completo estado de indefensión a la población campesina, que en su mayoría son personas de escasos recursos y muchos de ellos no tienen acceso ni siquiera a la canasta básica.

Hoy día no se producen inversiones en el campo, por el contrario, se obstaculiza la producción agrícola de México. Una muestra de ello es la reciente decisión por parte de la Auditoria Superior de la Federación de negar a los ayuntamientos tomar recursos del ramo 33 para poder subsidiar la compra del fertilizante, argumentando que los fondos provenientes de ese ramo son única y exclusivamente para desarrollo en infraestructura. Sin importar que el subsidio de este insumo sea esencial e indispensable para la producción, dejando como resultado que la crisis agrícola pase de ser un fenómeno a una realidad.

A raíz de esta decisión, la problemática que enfrentan los productores del campo radica en la incertidumbre de no tener establecido el rubro del cual recibirán apoyo económico y los lineamientos a seguir para poder ser acreedores del recurso en mención.

La preocupación manifestada es de trascendental importancia porque, a criterio de un servidor, el subsidio a los campesinos para la obtención de fertilizante impulsa la competitividad sana entre los productores, porque así todos ellos podrán brindar productos de mayor calidad y, a la vez, se promoverá la reactivación de los campos olvidados.

Con esto se pretende recalcar que el potencial del campo se está menospreciando y que, de no darse una solución clara y objetiva, seguirán siendo afectados no sólo los campesinos, sino la sociedad en general, puesto que la sociedad presenta una demanda mayor a la que el campo puede ofertar, esto es, una insuficiencia en el abasto y por consecuente un aumento en el precio de los productos primarios.

Por lo antes expuesto, el suscrito hace un atento llamado para que el gobierno de Guerrero y los demás gobiernos que presenten esta problemática, la Auditoría Superior de la Federación, las auditorías generales de los estados y las dependencias correspondientes trabajen en conjunto para que atiendan el problema en cuestión y así se logre encaminar al campo a ser nuevamente factor importante en la economía y contribuya a la autosuficiencia alimentaria.

De esta manera, y con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva someta a consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a indicar la partida presupuestal y a establecer los lineamientos para que los municipios de Guerrero puedan comprobar la adquisición del fertilizante que se subsidia a los campesinos; asimismo, indique el mecanismo a seguir para que queden liberados de las observaciones que ya tienen con relación a este rubro y dé informes al gobierno de Guerrero, al Congreso local de éste y a la Auditoría General del Estado sobre dicho resultado para su procedimiento legal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2009.

Diputado Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEGOB A APLICAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA FORMAR EL REGISTRO NACIONAL DE CIUDADANOS, QUE SE INTEGRARÁ CON DATOS DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, diputado Javier Corral Jurado, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo relativa a la integración del Registro Nacional de Ciudadanos y la emisión de la cédula de identidad ciudadana, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. El artículo 36, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que la organización y funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía son servicios de interés público y, por lo tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley.

A su vez, el artículo 85 de la Ley General de Población dispone que la Secretaría de Gobernación tiene a su cargo el registro y la acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país y de los nacionales que residan en el extranjero; tal registro estará integrado por datos personales relativos a la identidad; esto es, la firma de las personas y aquellos derivados de las actas de nacimiento como el apellido paterno, el apellido materno y nombre, sexo, lugar y fecha de nacimiento.

A partir de 1996, se han venido dando los pasos necesarios que permitan a las personas su acreditación fehaciente a través de la emisión de la Clave Única de Registro de Población (CURP), de la cuales se han certificado, a la fecha, aproximadamente 79 millones de claves. Como tal, la CURP vincula a la persona con los diferentes registros que existan de ella en cualquier dependencia o instancia gubernamental, identificándola individualmente y garantizando que tenga un acceso eficiente y seguro a los servicios proporcionados por las distintas instancias gubernamentales.

De acuerdo con el tercer informe de labores 2009 de la Secretaría de Gobernación, la presente administración federal ha puesto como reto primordial la modernización y sistematización de procesos a través de la conformación de datos que dé lugar al servicio nacional de identificación personal, como uno de los compromisos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad para 2011, a través de un nuevo documento oficial, la cédula de identidad ciudadana, que quiere consolidar la protección al derecho de la identidad de la personas, garantizando su seguridad jurídica. El artículo 105 de la Ley General de Población señala que esta cédula tendrá un valor como medio de identificación ante las autoridades mexicanas, en el país o en el extranjero, y las personas físicas y morales con domicilio en el país.

Además de los datos de identificación que se encuentran establecidos en el artículo 107 de la Ley General de Población, dicha cédula contará con tres elementos físicos que formarán parte del Registro Nacional de Población: las huellas dactilares de las manos, la fotografía del rostro y del iris de ambos ojos, generado así un documento que consigne la CURP y el registro biométrico, otorgando una certeza en la identidad de su poseedor de 99 por ciento.

Tal información biométrica será capturada a través de equipos móviles especializados, con la capacidad de tomar los datos físicos de las personas y que se ubicarán en los módulos de registro para la emisión de la cédula de identidad que, de acuerdo al artículo 109, fracción I, de la Ley General de Población tendrá una vigencia que no podrá exceder de 15 años.

Los elementos de identificación permitirían agilizar trámites y evitar la duplicación de requisitos de documentación, facilitar la recaudación fiscal en los tres órdenes de gobierno, la instrumentación eficiente de las políticas públicas y programas sociales que permitan la depuración de los padrones y duplicidades, impedir la suplantación de identidad de personas vivas o de fallecidos, evitar la creación de identidades falsas, la identificación expedita de personas que otorgue seguridad a sus patrimonios, la protección de los mexicanos en el exterior y, de manera importante, la identificación de niños y menores con un documento oficial que prevenga, por otro lado, el tráfico de personas y permita la identificación cierta de niños que se encuentren ausentes.

II. No obstante, en adición a lo anterior, es de tomar en consideración que actualmente, los ciudadanos contamos con diversos documentos expedidos por las autoridades, siendo la credencial para votar con fotografía, emitida por el Instituto Federal Electoral (IFE), la de más amplia aceptación y confiabilidad para la identificación en la realización de diferentes trámites gubernamentales y financieros, además del ejercicio de los derechos electorales como es la emisión del voto.

El artículo 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que en la credencial para votar con fotografía, se debe integrar la CURP, además de que el legislador ha dispuesto en la normatividad electoral un período de vigencia para la credencial para votar por un término de 10 años a partir de la fecha de su emisión.

Si bien es cierto que para garantizar la identidad de las personas se necesita de un documento que así lo demuestre, es importante considerar los avances y beneficios que reporta la experiencia del IFE en la integración del padrón electoral y de la estructura que, a través de los años, ha consolidado para la emisión de la credencial para votar con fotografía.

Efectivamente, la credencial para votar ha venido tomando un lugar que podría ser equiparado a la de una cédula de identidad, siendo un instrumento ampliamente reconocido por los ciudadanos por lo que la introducción de una cédula nueva podría generar confusiones en la población que invaliden la importancia de un documento como el emitido por el IFE. La reforma electoral de 2007 y la expedición de un nuevo ordenamiento electoral, como ha sido descrito, han permitido la incorporación a la CURP, uno de los pilares que constituyen el Registro Nacional de Ciudadanos.

Por otro lado, en tiempos de emergencia económica, y dado que la Secretaría de Gobernación comenzará el levantamiento de los datos biométricos de los ciudadanos, es conveniente analizar la disposición de recursos para tal dependencia de la administración pública federal relativos a la expedición de las cédulas; no debe pasar inadvertido que el IFE tiene una amplia experiencia en la emisión de credenciales para votar, cuyos materiales y elementos son de alta calidad y seguridad; asimismo, la ubicación de módulos y centros de expedición que se encuentran repartidos a lo largo y ancho de la geografía nacional permiten aprovechar los recursos humanos y la infraestructura establecida del instituto lo que, en consecuencia, generaría ahorros que podrían ser destinados a otros programas prioritarios, especialmente los del combate de la pobreza.

III. De igual modo, es de tener en cuenta que el artículo 112 de la Ley General de Población señala que la Secretaría de Gobernación proporcionará al Instituto Federal Electoral la información del Registro Nacional de Ciudadanos que sea necesaria para la integración de los instrumentos electorales, siendo uno de estos la credencial para votar con fotografía, lo que refuerza el criterio para que el IFE expida un documento de identidad ciudadana que sea usado para la emisión del sufragio.

No puede pasar desapercibido, por un lado, las suspicacias que genera el hecho de sea la Secretaría de Gobernación, una instancia de naturaleza eminentemente política, el órgano de Estado encargado de implementar y poner en marcha el programa relativo al Registro Nacional de Ciudadanos y, por otro lado, el alto grado de confiabilidad con que cuenta la credencial para votar con fotografía entre la población en general.

IV. De los conceptos vertidos en los apartados previos, se extrae que:

Existe un mandato constitucional que prevé la organización y funcionamiento de un Registro Nacional de Ciudadanos, así como la expedición del documento que acredite la ciudadanía;

Esta previsión constituye un servicio de interés público y, por lo tanto, es responsabilidad del Estado atender a su satisfacción;

El citado registro está integrado por los datos personales relativos a la identidad de las personas;

Existe un avance significativo en este proceso de registro que alcanza aproximadamente 79 millones de claves;

La modernización y sistematización de procesos relativos al servicio nacional de identificación personal, constituye uno de los compromisos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad;

Los sistemas tendentes a la identificación de los mexicanos reportarían una larga serie de beneficios tales como: agilización de trámites, impedir la duplicación de requisitos, facilitar la recaudación fiscal de los tres órdenes de gobierno, instrumentar políticas públicas y programas sociales más eficientes; identificación expedita de personas que otorgue seguridad a sus patrimonios, la protección de los mexicanos en el exterior y, de manera muy en especial, la identificación de niños y menores;

Hoy por hoy, la credencial para votar con fotografía goza de la de más amplia aceptación y confiabilidad para la identificación en la realización de diferentes trámites gubernamentales y financieros, además de su fin inherente que es el ejercicio del sufragio;

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que en la credencial para votar con fotografía, se debe integrar la Clave Única del Registro de Población;

Se determinó un período de vigencia para la credencial para votar con fotografía por un término de 10 años a partir de la fecha de su emisión;

La experiencia y la estructura del Instituto Federal Electoral en la integración del padrón electoral son de singular relevancia, en la implementación, uso y operación de bases de datos para integrar padrones de identificación con altos índices de confiabilidad;

Actualmente, la credencial para votar con fotografía ha tomado el carácter de un instrumento equiparable a una cédula de identidad, y

Para evitar duplicidades, conflictos de competencia y una elevada inversión en la implementación de los programas respectivos, jurídica y fácticamente, es posible que la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal Electoral se coordinen para expedir un único instrumento único y confiable, que haga las veces de cédula de identidad y credencial para votar con fotografía.

Toda vez que la progresiva implementación de expedición de la cédula de identidad ciudadana tiene una programación en etapas que llevará al levantamiento de los datos biométricos para integrar el Registro Nacional de Población para que, finalmente, se proceda a la expedición de la cédula, se considera oportuno realizar un exhorto a la Secretaría de Gobernación, responsable de las políticas de población, para que, en el ámbito de su competencia, recopile e integre el Registro Nacional de Ciudadanos y, en colaboración con el Instituto Federal Electoral, lleven a cabo los convenios necesarios para que, de forma única, el Instituto Federal Electoral expida una cédula de identidad ciudadana que sea utilizada como credencial para votar con fotografía en donde se consignen, además de la CURP, los datos de identificación biométrica recopilados por la secretaría y que forman el Registro Nacional de Ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, diputado Javier Corral Jurado, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, de acuerdo a las obligaciones derivadas de la Ley General de Población, aplique los recursos necesarios para la formación del Registro Nacional de Ciudadanos, el cual se integrará con los datos de identificación biométrica de los ciudadanos de la república.

Segundo. Para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas la Ley General de Población en materia de registro nacional de ciudadanos y expedición de la cédula de identidad ciudadana, la Secretaría de Gobernación aplicará los recursos para dicho programa mediante convenios de colaboración con el Instituto Federal Electoral, para que éste emita y ponga a disposición de los ciudadanos el documento que acredite su identidad y sirva a la vez como credencial para votar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 26 de noviembre de 2009.

Diputado Javier Corral Jurado (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA LOS EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS A PUBLICAR LA TRIGÉSIMA SEGUNDA LISTA DE BENEFICIARIOS, A CARGO DEL DIPUTADO SAMUEL HERRERA CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, diputado Samuel Herrera Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de obvia y urgente resolución, con base en los siguientes

Antecedentes

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 se aprobó por esta soberanía la cantidad de 700 millones de pesos, que se radicaron a la fiduciaria en marzo de ese año y que no se ejercieron en su totalidad en dicho periodo fiscal.

Del ejercicio fiscal 2008 y hasta el Informe del Comité Técnico del Fideicomiso 2106, del 31 de marzo de 2009 este tenía en disponibilidad 215 millones 611 mil 34.28 pesos para aplicarse en beneficio de los ex braceros.

Se publicaron las listas 27, 28 y 29 en abril y junio que beneficiaron en total a 2 mil 285 ex braceros, ocupándose 86 millones 982 mil pesos por lo que sobró una cantidad de 128 millones 629 mil 134.28 pesos, todavía del presupuesto 2008.

La Cámara de Diputados aprobó para el ejercicio fiscal de 2009, 700 millones de pesos y estos se radicaron a finales de abril de 2009 en Banobras por ser fiduciario del fideicomiso 2106, si sumamos además los 128 millones 629 mil 134.28 pesos disponibles del ejercicio 2008 y además los intereses generados por toda esa cantidad al mes de octubre del 2009, que son aproximadamente 15 millones de pesos, para el mes de noviembre del 2009 el fideicomiso 2106 contaba con disponibilidad de aproximadamente 833 millones 329 mil 134 pesos.

Al modificar el Comité Técnico del Fideicomiso 2106 las reglas de operación e imponer el criterio de pagos o apoyos anuales, se establece un primer apoyo de 4 mil pesos, publicándose las listas 30 y 31 en julio y noviembre del 2009, que sumadas benefician a 119 mil 27 ex braceros, para estos listados se aplican 476 millones 108 mil pesos, por lo que n

En las 37 mesas receptoras instaladas del 28 de noviembre del 2008 al 28 de enero del 2009, más los 51 Consulados Mexicanos en los Estados Unidos, se informó que en total se captaron 178 mil 367 ex braceros con documentos completos, actualmente se han publicado las listas 30 y 31, que sumándose beneficiaron a 119 mil 27 ex braceros, faltado 53 mil 147 personas, además de los ex braceros de la primera etapa que completaron su documentación en las mesas receptoras y que necesariamente tienen que ser beneficiados.

El Comité Técnico del Fideicomiso 2106 tiene un retraso grave de los ex braceros de la primera etapa y también cuenta con recursos para esos ex braceros, por lo que toca a la segunda etapa, después de 7 meses de espera se publicaron la mayoría de los ex braceros captados en las mesas receptoras recientes, además de que el recurso para esto no se ha aplicado totalmente.

El Comité Técnico del fideicomiso no ha remitido a la Cámara de Diputados el listado definitivo de ex braceros de la segunda etapa en términos del artículo cuarto transitorio de Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

El Comité Técnico del fideicomiso tiene que ejercer el total de los recursos del ejercicio fiscal 2009 a fin de beneficiar a todos los ex braceros incorporados al programa en las mesas receptoras recientes.

Consideraciones

Que es necesario atender a este grupo vulnerable de ex braceros y reivindicar el espíritu que generó la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social de los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Que dada la situación económica que vivimos y la falta de recursos por parte de los ex braceros, es necesario que reciban su recurso a la brevedad posible, dado que se trata de personas de la tercera edad y que presentan muchos de ellos las enfermedades propias de su etapa de vida.

Que es necesario se ejecute el presupuesto existente en las arcas de fideicomiso, con el fin de buscar en el siguiente año recursos adicionales a los 300 millones de pesos que aprobó esta soberanía en su Presupuesto de Egresos para 2010.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al Comité Técnico que Administra el Fideicomiso de Apoyo Social de los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, cumpla con su responsabilidad establecida en la ley y publique la lista trigésima segunda, para ejercer los recursos disponibles desde 2008, en beneficio de los trabajadores ex-braceros antes de que concluya el ejercicio fiscal de 2009.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados a los 25 días del mes de noviembre del año 2009.

Diputado Samuel Herrera Chávez (rubrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES, Y DE TRANSPORTES A SOLICITAR A LA SCT QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA VIGILANCIA, EL FUNCIONAMIENTO Y LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS AÉREOS DE LAS LÍNEAS COMERCIALES, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE GONZÁLEZ ILESCAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, Jorge González Ilescas, diputado por el distrito electoral 3 de Oaxaca e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 85 y 87 de la Ley Orgánica del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de ustedes, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La Ley Orgánica de la Administración Publica Federal, en el artículo 36, establece que a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho entre otros asuntos de: fomentar, regular y vigilar su funcionamiento y operación, regular y vigilar la operación de la administración de los aeropuertos nacionales; fijar las tarifas para el cobro de los servicios públicos de comunicaciones y transportes y participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el establecimiento de las tarifas de los servicios que presta la administración pública federal de comunicaciones y transportes. La Ley de Aviación Civil establece que son atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, planear, formular y conducir las políticas y programas para la regulación de los servicios de transporte aéreo, otorgar concesiones y permisos, verificar su cumplimiento, prestar y controlar servicios a la navegación aérea, promover el desarrollo de la industria aeronáutica, de la aviación comercial, entre otras.

Segunda. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional desarrolló un análisis en el 2008 en 21 terminales aéreas de América Latina, en el que afirma que los aeropuertos mexicanos tienen las tarifas más altas del mundo. El pago por aterrizajes y despegues, estacionamientos, iluminación, abordaje y desembarco de pasajeros son casi 50 por ciento más caros en aeropuertos mexicanos que otros en el mundo. Entre las razones que invocan los grupos aeroportuarios para justificar esas tarifas, están las condiciones adversas derivadas de la crisis internacional, el encarecimiento del combustible, la caída de las rutas y la desaparición de aerolíneas de bajo costo, lo que incide en el costo de los servicios.

Tercera. Actualmente operan en México 6 aerolíneas nacionales de transporte de pasajeros. Aeroméxico y Mexicana (que además son propietarias de Aeroméxico Connect, Click, y Aeromar) concentran el 60 por ciento del mercado, mientras que Volaris e Interjet administran un 20 por ciento, dejando el restante 20 por ciento a Aerobus, Magnicharters y las operadoras extranjeras. Entre el 2007 y el 2009 desaparecieron 5 aerolíneas de bajo costo que favorecían la libre competencia, así como la oferta de tarifas accesibles a los usuarios de transporte aéreo; con la desaparición de Aviacsa, se contribuye a la concentración del mercado en Aeroméxico y Mexicana, lo cual viola los principios de libre competencia y se atenta en contra de los intereses de los usuarios que han visto en pocos días aumentar de manera descomunal los precios de los boletos de avión.

Cuarta. Uno de los problemas más graves es que las líneas aéreas comerciales nacionales han subido sus precios a los diferentes destinos nacionales a precios que están fuera de las condiciones económicas que vive el país, ya que los precios actuales son muy altos.

De acuerdo con el Banco de México, al analizar el comportamiento del precio de los boletos de avión durante el 2009, encontramos que las tarifas que pagaron los usuarios del transporte aéreo durante el mes de octubre pasado fueron 2.71 por ciento mayores a las que se ofertaban en octubre del año anterior.

Lo importante, es que las condiciones de las líneas aéreas comerciales mejore y que adviertan que el país necesita de esa comunicación, pero a precios accesibles y que permitan que un mayor número de personas pueda transportase, ya que en muchas ocasiones la gente prefiere viajar más al extranjero, puesto que es mucho más barato conocer otros lugares que viajar al interior de México.

Es decir, los boletos de avión son más caros de la Ciudad de México a Mexicali en viaje sencillo, tiene un valor de 4 mil 167.78 pesos (320 dólares); mientras que de la Ciudad de México a Las Vegas el precio es de 4 mil 20.92 pesos (309 dólares). (Véase Cuadro número 1).

De acuerdo con la información del Banco de México, los precios de los boletos de avión de los destinos antes descritos, en noviembre del año próximo pasado, son la Ciudad de México a Mexicali en viaje sencillo, tiene un valor de 3 mil 38.43 pesos (233 dólares); mientras que de la Ciudad de México a Las Vegas el precio es de 2 mil 931.26 pesos (225 dólares). (Véase Cuadro número 2).

Quinta. El elevado costo de las tarifas aéreas en México, se compone además del impuesto, de la sobrecuota del valor del boleto de avión, lo cual no corresponde con la baja observada en la caída de los precios internacionales de la turbosina.

Sexto. Aparte del elevado costo del boleto de avión, los usuarios del servicio aéreo, también tiene que sufrir los altos costos de hora-trabajo que tienen que perder por que las aerolíneas, no avisan con anticipación los cambios de horario. Con cualquier pretexto, las aerolíneas realizan los cambios de horarios de los vuelos de avión sin justificación alguna, y cuando se acercan a pedir información al respecto, los empleados del mostrador se muestran en una actitud despótica, como estuvieran haciendo un favor al usuario el otorgar el servicio aéreo.

Séptimo. Cuando los usuarios de los servicios aéreos deben transbordar de vuelo, de diferentes líneas comerciales, con frecuencia retrasan los segundos vuelos, sin previo aviso, por lo que los usuarios tienen que perder horas-trabajo, horas en el mismo aeropuerto, que pueden ser hasta días; se pierde en gasto de hotel y de alimentos, sin que algún empleado de las aerolíneas comerciales dé alguna explicación o responda por los gastos generados.

Por lo expuesto, someto a la consideración de este pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Transportes para que soliciten a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe detallado sobre cómo se planean, formulan y conducen las políticas y programas para fijar las tarifas para el cobro de los servicios públicos de transportes aéreos, los cuales se realizan con la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Segundo. Cómo se realiza la vigilancia y verificación del funcionamiento y operación de la aviación comercial, en el desempeño de la ineficiencia laboral de los empleados de mostrador hacia los usuarios de la industria aeronáutica.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 26 días del mes de noviembre de 2009.

Diputado Federal Jorge González Ilescas (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DELEGACIONAL EN CUAUHTÉMOC A ACEPTAR Y CUMPLIR LA RECOMENDACIÓN NÚMERO 14/2009, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA ROSI OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea los presentes puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Antecedentes

I. En México hay un incremento de la explotación comercial infantil o trata, y dada la ratificación de México al Protocolo para prevenir y sancionar la Trata de Personas, en unión con el esfuerzo internacional que hoy existe para combatir la explotación sexual infantil, se han diseñado instrumentos para combatir el tráfico y la trata de personas con fines sexuales, y el turismo sexual, así como la prostitución infantil, sin que hasta el momento se haya logrado erradicar la comisión de esos delitos.

II. En el Distrito Federal contamos en la legislación con delitos tipificados y relacionados con la explotación sexual infantil, catalogados como delitos contra la moral pública; por ejemplo: corrupción; pornografía, turismo sexual, lenocinio, trata de personas mayores o menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo.

La prostitución infantil consiste en permitir el acceso a una relación sexual con un menor de edad, ya sea niño o adolescente, de manera indiscriminada y mediante un pago, según el grado de complejidad del sistema económico que se dé a cambio de una satisfacción sexual específica.

El artículo 189 Bis del Código Penal para el Distrito Federal establece respecto al lenocinio:

Artículo 189 Bis. Comete el delito de lenocinio de persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta el que

I. Explote su cuerpo por medio del comercio carnal u obtenga de él un lucro cualquiera;

II. Induzca a que comercie sexualmente con su cuerpo o facilite los medios para que sea prostituida; y

III. Regentee, administre o sostenga directa o indirectamente prostíbulos, casas de citas o lugares de concurrencia dedicados a explotar la prostitución de persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta, u obtenga cualquier beneficio con sus productos.

Al responsable de este delito se impondrán prisión de ocho a quince años y de dos mil quinientos a cinco mil días de multa, así como clausura definitiva y permanente de los establecimientos descritos en la fracción III. Artículo 190. Las penas previstas para los artículos 189 y 189 Bis se agravarán hasta en una mitad si se emplea violencia física o moral. Respecto al delito de trata de personas se establece: Artículo 188 Bis. Al que promueva, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba para sí o para un tercero a una persona para someterla a cualquier forma de explotación sexual, trabajos o servicios impuestos de manera coercitiva, o para que le sea extirpado cualquiera de sus órganos, tejidos o sus componentes, dentro del territorio del Distrito Federal, se impondrán prisión de diez a quince años y de diez mil a quince mil días de multa. Cuando la víctima del delito sea persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta, se aumentarán las penas hasta en una mitad.

III. Desde hace varios años, en el país se han dado pasos importantes en el combate de la explotación sexual o la trata que agrede a personas de los más diversos entornos económicos y sociales, sobre todo a niños y a adolescentes.

México fue uno de los primeros países en comprometerse con la comunidad internacional, a través de la ratificación del Protocolo para prevenir y sancionar la Trata de Personas, en 2003. A partir de ese momento, el gobierno mexicano se comprometió a tomar las medidas necesarias para prevenir, combatir y proteger a las víctimas de este fenómeno delictivo.

Una de las primeras acciones que se emprendieron en el país consistió en la tipificación de esta conducta delictiva, ya que hasta antes de marzo de 2007 la trata de personas no era considerada delito en el Código Penal Federal.

Siete meses después se aprobó la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas.

Esta ley y su reglamento son el fundamento para la creación y el desarrollo de la política de combate del crimen del Estado mexicano en materia de prevención y sanción de la trata de personas. Para tales efectos, la ley señala que el gobierno federal establecerá una comisión intersecretarial en la materia, que fue instalada en julio del presente año, y es presidida por la Secretaría de Gobernación.

De conformidad con el último informe presentado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal relativo a la explotación sexual comercial infantil, publicado en 2007, se ha observado principalmente en Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, en zonas como la Alameda Central, la estación del Metro Hidalgo, Garibaldi, Sullivan y la Zona Rosa, la prostitución infantil.

IV. En atención de diversas denuncias realizadas por los vecinos de Cuauhtémoc respecto a la existencia de niños y de adolescentes que se prostituyen en las colonias Buenavista, Guerrero y Tabacalera, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió el pasado 29 de julio la recomendación número 14/2009, dirigida a la delegación Cuauhtémoc, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Transportes y Vialidad. Por lo que hace a la delegación Cuauhtémoc, en dicha recomendación se le solicita que

1. Organice una audiencia vecinal para tomar la opinión y las sugerencias de los vecinos de las colonias afectadas.

2. Elabore un programa de mejoramiento urbano que favorezca mayores condiciones de seguridad y dignidad de la zona.

3. Se instaure un taller de atención para niños y adolescentes, de manera que puedan tener tratamiento y apoyo social y psicológico para procesar el contexto de violencia que han padecido.

4. Elabore un programa interinstitucional detallado de atención integral, coordinada y proactiva que tenga por objetivo principal ofrecer opciones a la práctica de la prostitución, a través del ofrecimiento de apoyo social, educativo, económico, jurídico, de salud física y psicológica, así como oportunidades laborales diferentes del comercio sexual a quienes, por la razón que sea, actualmente ejercen prostitución en las colonias Buenavista, Guerrero, San Rafael, Santa María la Ribera y Tabacalera.

5. Que dé puntual seguimiento a la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la presunta comisión de delitos relacionados con la explotación sexual comercial de adultos e infantil en Cuauhtémoc y que provea lo necesario para la atención inmediata de las posibles víctimas de dicha práctica.

6. Que solicite ante la autoridad correspondiente la investigación de las responsabilidades en que podrán haber incurrido los funcionarios públicos involucrados en esta investigación.

El actual jefe delegacional en Cuauhtémoc se ha negado a aceptar y cumplir la recomendación, pues considera que no está obligado; argumenta que la recomendación número 14/2009 fue notificada a la pasada administración, pero asegura que sí es su intención emprender acciones para atender esta problemática, para lo cual sólo ha propuesto la reubicación de las sexoservidoras.

La recomendación aplica independientemente de que el delegado en Cuauhtémoc haya cambiado, pues el problema continúa y lo único que existió fue en cambio de jefe delegacional. Además, no podemos perder de vista que la reubicación que propone el ahora delegado no soluciona de ninguna manera las violaciones que sufren en sus derechos los niños y los adolescentes de dicha demarcación. Se debe luchar por detectar los casos de niñas y de adolescentes que ejercen el trabajo sexual, y son víctimas de explotación sexual o trata de personas.

V. Tras la denuncia en la demarcación debemos reconocer la labor de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que realizó una operación el pasado 24 de octubre en la que se encontró a siete menores víctimas de explotación sexual, en los hoteles Buenavista y Estaciones, de la calle Bernal Díaz, así como Fortín, en Bernardino de Sahagún, Ángeles, en Félix Gómez, y Santander, en la calle de Arista, en Cuauhtémoc. Gracias a ello se logró rescatar a estas menores y capturar a 14 personas que las explotaban sexualmente y que son investigados por los delitos de trata de personas, lenocinio y delincuencia organizada; ése es un extraordinario avance en la lucha contra la explotación sexual infantil. Pero hoy no resulta suficiente, pues las acciones propias de prevención y atención de víctimas se encuentran detenidas; es decir, las redes de tratantes siguen operando de manera impune en el país.

VI. La diputada local Lía Limón García y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Asamblea del Distrito Federal presentaron el pasado 12 de noviembre proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al delegado en Cuauhtémoc a aceptar y cumplir la recomendación número 14/2009, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Considerandos

Primero. Que de conformidad con el artículo 2, Apartado B, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas contra actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público.

Segundo. Que el artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, dispone que son derechos de los niños la vida, la integridad y dignidad; la identidad; la certeza jurídica y familia; la salud, la alimentación, la educación, recreación y la información; y la participación y asistencia sociales.

Tercero. Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, es obligación de los órganos locales de gobierno otorgar y garantizar los servicios de defensa y representación jurídica para preservar los intereses de los niños, y aquéllos deberán ser gratuitos.

Cuarto. Que de conformidad con el artículo 5, fracciones I y II, de la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, el Abuso Sexual y la Explotación Sexual Comercial Infantil para el Distrito Federal, las víctimas, ya sean niños, adolescentes o mujeres, tienen derecho a ser protegidas contra cualquier forma de abuso sexual o explotación sexual comercial, ser tratadas con respeto en su integridad, y contar con el ejercicio pleno de sus derechos y con el respeto del libre desarrollo de la personalidad.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de la Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al jefe delegacional en Cuauhtémoc, Agustín Torres Pérez, a aceptar y cumplir la recomendación número 14/2009, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Segundo. Reconocemos la labor, sin precedente en el país, del procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien ha realizado operaciones exitosas contra la trata de personas. Por tal motivo, le solicitamos que, en ejercicio de sus facultades y atribuciones, intensifique las acciones que ha realizado a fin de instaurar una campaña integral contra la explotación sexual infantil o la trata de personas en la Ciudad de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2009.

Diputada Rosi Orozco (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA STPS A CONSTITUIR UNA MESA DE DIÁLOGO ENTRE LAS DENOMINADAS "REPRESENTANTES" AL SERVICIO DE AVON COSMETICS, SA DE CV, Y ESTA EMPRESA PARA QUE LES SEA RECONOCIDA SU CALIDAD DE TRABAJADORAS, CON RESPETO DE SUS DERECHOS LABORALES, Y SE LES AFILIE SIN DISTINGO EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL IMSS, A CARGO DE LA DIPUTADA MAGDALENA TORRES ABARCA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita, diputada Magdalena Torres Abarca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

Defender los derechos de las mujeres, es combatir la más profunda e insostenible de las injusticias; un compendio de agravios que han perdurado a través de milenios. Lo que permitirá abrir el camino para que la sociedad camine por fin a plenitud sobre sus dos pies, indispensable para otro mundo posible.

La violencia e injusticia hacia las mujeres tiene múltiples facetas, rostros; uno de ellos es la violencia de carácter económico, que se traduce, entre otros, en el desconocimiento de sus derechos humanos de carácter laboral. La mujer, especialmente en las actuales circunstancias de crisis económica, entra al mercado de la fuerza de trabajo y, por lo general, o no encuentra trabajo o sólo logra acceder a un empleo precario, básicamente en la informalidad o en alguna de las múltiples formas de simulación de la relación de trabajo; pero en ambos casos, es a costa de ver suprimidos sus derechos de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Infonavit y al pago de sus prestaciones laborales mínimas.

Una de las empresas que con mayor rigor aplica el fraude laboral, en perjuicio de los trabajadores, son algunas de las trasnacionales que operan en nuestro país, quienes deberían ser las primeras en cumplir con nuestro estado de derecho, comenzando por el pleno respeto a los derecho laborales; esto si nuestra soberanía nacional no fuera otro espejismo en manos del actual gobierno federal.

Una de estas trasnacionales es precisamente Avon Cosmetics, SA de CV, que a diario se enriquece con el trabajo de más de 500 mil mexicanas, a quienes designa como "representantes", sujetándolas a un contrato de comisión mercantil que les niega su calidad de trabajadoras, lo que le permite evitar el pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, indemnización por despido injustificado, entre otras, y además omitir la afiliación de estas trabajadoras ante el IMSS y el Infonavit, salvo un reducido número de trabajadoras con relación al total, al que no se hizo extensivo el ilegal convenio del 30 de octubre de 2006, celebrado entre Avon y el Seguro Social, como adelante detallamos.

De manera incuestionable, las representantes de Avon son trabajadoras y no meras "agentes de comisión mercantil independiente" (es decir, comisionistas mercantiles reguladas por el derecho mercantil y no por el laboral); esto en razón de que la Ley Federal del Trabajo establece, lo que además ha sido ratificado por las autoridades de amparo, sobre que los comisionistas tienen naturaleza mercantil cuando realizan una actividad no personal (por conducto de otra u otras personas) o sólo realizan operaciones aisladas; contrariamente, el comisionista se conceptuará como trabajador cuando realiza su labor de manera personal y permanente. Como sabemos, las representantes de Avon prestan sus servicios de manera personal y permanente, lo que además de ser un hecho público, se desprende de que, de lo contrario, las representantes no alcanzarían las metas necesarias, no sólo para satisfacer sus necesidades económicas sino para pagar la mercancía que les entrega Avon para su venta con marcada periodicidad. En tal virtud, las representantes quedan amparadas conforme al Capítulo IX de la Ley Federal del Trabajo (LFT), "Agentes de Comercio y Otros Semejantes", precisamente del artículo 285 al 291.

Ratificando lo anterior, el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante oficio número 0952190500/1273, de fecha 31 de agosto de 2004, en estricto sujeción a derecho, dio por terminado de manera unilateral el convenio celebrado con Avon el 9 de junio de 1994, para la inscripción al seguro social de las "agentes de comisión mercantil independiente" llamadas "representantes", por traducirse en un ilegal e insostenible subsidio a favor de la patronal.

Este oficio número 0952190500/1273, que daba por terminado el convenio del 94, partía del reconocimiento pleno del IMSS al carácter de trabajadoras de las representes de Avon y ordenaba a esta empresa regularizar su situación dentro del régimen obligatorio, lo que le iba a significar pagar de manera completa las cuotas de este régimen (en bien de las finanzas del instituto y de las "representantes"), como cualquier otro patrón, dejando de disfrutar de un régimen de privilegio en el pago de cuotas como sucedía bajo el convenio-94, esto en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 7o. transitorio de la nueva Ley del Seguro Social (Diario Oficial de la Federación –DOF–, 21 de diciembre de 1995, con vigencia diferida mediante decreto DOF del 21 de noviembre de 1996).

Las representantes, por su parte, mediante el oficio número 0952190500/1273, entrarían también al régimen obligatorio con toda la plenitud de derechos que esto implica, pero además les abría el camino para demandar y obtener el reconocimiento de su relación de trabajo con el patrón Avon con derecho por tanto a pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, prima de antigüedad, y demás prestaciones legales que a la fecha no perciben; en general obtener la tutela de la LFT.

Sin embargo de manera sospechosa, el 30 de octubre del 2006, a pocos días de que concluya el gobierno foxista y dejara su cargo el director general en turno, el IMSS firmó un convenio de transacción judicial (el IMSS y Avon se hicieron mutuas concesiones para dar por terminado un conflicto judicial quedando tal convenio elevado a la calidad de cosa juzgada), que fue absolutamente cuestionable:

a) Se realizó cuando el IMSS era el que iba ganando los preludios del juicio y Avon sabiendo que estaba por perder el juicio sólo se aboca a artimañas judiciales para ganar tiempo. Así contra el aviso de terminación del convenio-94, Avon inicia un juicio administrativo de nulidad mismo que es desechado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, después contra toda lógica y marco jurídico aplicable Avon inicia un juicio civil por lo que el juzgado obviamente se declaró incompetente y ordenó turnar el asunto al juez de distrito en materia administrativa del primer circuito que por turno correspondía, Avon como era de esperarse otra vez para ganar tiempo, apela esta determinación del juzgado civil.

b) En esto iba el proceso cuando sorpresivamente se llevó a cabo este convenio aberrante del 30 de octubre de 2006, que se traduce en que el IMSS se hecha para atrás sobre de que las representes son trabajadoras y acepta que sólo son comisionistas mercantiles; sin embargo, como no se puede dar aplicación retroactiva a este ilegal convenio, se mantienen afiliadas a 23 mil 20 trabajadoras en los términos del ilegal convenio del 94, pero las restantes trabajadoras hasta complementar las aproximadamente 500 mil representantes que tiene Avon, más las que en el futuro se incorporen como representantes, quedan fuera del régimen obligatorio del IMSS.

Esto también implicó que con la complicidad del IMSS, Avon despidió masivamente a todas las trabajadoras, que pierden su calidad de tales y se transforman en comisionistas mercantiles.

c) Se dio por terminado el convenio del 94 sin la intervención del Consejo Técnico del IMSS, desconociendo las atribuciones que en la materia tiene el instituto y sin escuchar a los trabajadores, en clara violación a los artículos 1o., 13, 14, 16 y 123 constitucionales, 264, fracciones VII y X, con relación a los artículos 251, fracciones I, X XII, XIII, XIV, XV, y 7o. transitorio arriba precisado, todos de la Ley del Seguro Social, y 208 y demás relativos de la anterior Ley del Seguro Social en cuyo mandato se celebró el convenio-94. Además de los ya precisados de la LFT.

d) Este tipo de convenios entran en la lógica de eximir de todo tipo de contribuciones a los poderosos, verdadero "fuero" que se remonta a la época colonial, y en consecuencia se arranque hasta el último centavo a los trabajadores y empresarios medianos, pequeños y micro. Ya que el convenio de 2006 equivale a decir: se libera a Avon de cotizar en el IMSS por sus representantes, que sean éstas las que paguen.

e) Finalmente todo esto se traduce en un verdadero acto de discriminación a las representantes no sólo en su carácter de trabajadoras sino de mujeres.

Como si lo anterior fuera poco, en 2009 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dictó laudo favorable a Avon, negándoles su calidad de trabajadoras al reducido grupo de representantes que se atrevió a demandar, que fue ratificado mediante sentencia de amparo. Esto ante la evidente parcialidad de las autoridades con Avon y a que la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y, en general, la defensa de las representantes ejerció una pésima defensa en su perjuicio.

A cinco años de lucha, las representantes de Avon siguen reclamando justicia, reclamo del que me hago eco en mi carácter de representante popular y como mujer.

Con base en lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorte a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a constituir a la mayor brevedad una mesa de diálogo entre las "representantes" al servicio de Avon Cosmetics, SA de CV, y esta empresa, a efecto de que les sea reconocida a plenitud su calidad de trabajadoras, respeto a todos y cada uno de sus derechos laborales, así como a ser afiliadas, sin distingos, al régimen obligatorio del Instituto Mexicano de Seguro Social, en beneficio de estas trabajadoras y sus familias, de las finanzas del IMSS y del fisco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2009.

Diputada Magdalena Torres Abarca (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SEGOB A ESTABLECER HORARIOS PARA PROGRAMAS TELEVISIVOS QUE ATENTAN CONTRA LA MORAL Y LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, A CARGO DE LA DIPUTADA BLANCA ESTELA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, distrito 09 de la ciudad de Puebla, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Objetivos

Motivar a la niñez al cuidado del ambiente como parte integrante de éste, a través de la educación, encaminándola a realizar actividades diversas destinadas al desarrollo de su comunidad.

(Fuente: Artículo 3o. de la Ley de los Derechos de los Niños.) Los niños son lo primero, por lo cual los adultos deben pensar qué es lo mejor para ellos.

Permitir que el niño se desarrolle, dando solución a los problemas, implantando en él una actitud participativa, respetuosa, propositiva y con miras a un mejor fututo, que se vislumbre en un país de primer mundo.

(Fuente: Artículo 6o. de la Ley de los Derechos de los Niños.) La vida de los niños debe ser respetada, igual que debe garantizarse su desarrollo.

Antecedentes

La Convención sobre los Derechos de la Niñez, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por México el 21 de septiembre de 1990 dispone que la educación esté encaminada al desarrollo de su personalidad, la tolerancia, a inculcar el respeto a sus padres, a su identidad cultural, a su idioma, a sus valores y al ambiente natural.

Problemática

Al paso del tiempo se ha ido descuidando la buena educación cívica cultural. Como consecuencia, los niños se han hecho muy rebeldes, irrespetuosos e irresponsables, teniendo como resultado su refugio en la drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, pandillerismo, lo que conlleva a la violencia intrafamiliar y a una juventud muy degenerada.

Debido a la misma problemática, no les ha importado participar para mejorar su medio social; todo lo contrario.

En el país, la participación de la juventud es poca, debido a que no se cuenta con los recursos económicos necesarios, y su nivel educativo es muy deficiente en comparación con el de niños de países del primer mundo, como Japón, Estados Unidos, Canadá o Alemania.

Soluciones

Los niños de quinto grado de primaria son más inquietos; todo lo que perciben a través de los sentidos tienden a imitarlo, buscando una identidad, por lo que es preciso motivarlos, proporcionando modelos a seguir por medio de pláticas informativas y de participación comunitaria, donde se reconozca su importancia como ser humano en el entorno social.

Se propone implantar en la formación educativa de estos individuos la integración comunitaria en la educación primaria para que se realicen faenas sabatinas de dos o tres horas, durante todo el año escolar, para inculcar en el niño principalmente una actitud de servicio hacia su comunidad, con el apoyo y la supervisión de los padres de familia y maestros, así como con la colaboración de las secretarías e instituciones de gobierno (federal, estatal y municipal).

(Fuente: Artículo 29 de la Ley de los Derechos de los Niños.) La educación de los menores debe permitirles desarrollarse al máximo de sus posibilidades y prepararlos para ser responsables en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia e igualdad de condiciones, y respetar el ambiente.

El servicio de integración puede ser

1. Reforestación.

2. Cuidado de recursos naturales (agua, aire, suelo, flora y fauna).

3. Reciclado y aprovechamiento de materiales, de basura, que pudiere ser útil; o bien, despertar la creatividad de los niños para dar a aquélla un nuevo uso.

4. Cuidado y limpia de parques y jardines.

5. Fortalecimiento de la educación cívica.

Además, que cada niño reciba una motivación a través de un reconocimiento o diploma de alguna dependencia de gobierno por haber cumplido su integración comunitaria de un año (servicio social).

Conclusiones

Que la niñez mexicana analice sus valores, su tipo de persona, niveles culturales y socioeconómicos, tanto padres de familia, niños más pequeños y jóvenes reflexionarán y tomarán conciencia gracias a la labor social que algún hijo, hermano o familiar de quinto año de primaria realizó en un año escolar y que probablemente lo acompañaron alguna vez a alguna faena, por lo que harán conciencia sobre la importancia de la participación en el desarrollo social. Las autoridades y la sociedad en general entenderán que el cuidado del ambiente no es responsabilidad única de los servidores públicos o de los políticos, como mucha gente dice, sino de todos; "el cuidado y la preservación del ambiente" es un tema muy fácil de explicar y entender, pero muy difícil de llevar a cabo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2009.

Diputada Blanca Estela Jiménez Hernández (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS FEDERAL –MEDIANTE LA SEMARNAT Y LA CONAGUA–, DE JALISCO Y DE MICHOACÁN A EMITIR UN CONVENIO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA IMPLANTACIÓN TOTAL DE LOS ACUERDOS DEL PLAN INTERESTATAL PARA LA SUSTENTABILIDAD DE LA CUENCA DEL LAGO DE CHAPALA, A CARGO DEL DIPUTADO FELIPE DE JESÚS RANGEL VARGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado Felipe de Jesús Rangel, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Presento en este recinto legislativo, en nombre de 32 presidentes municipales de Jalisco y Michoacán, la urgente necesidad de llevar a cabo el Plan Interestatal para la Sustentabilidad de la Cuenca Propia del Lago Chapala.

El agua se sitúa cada vez más como un recurso estratégico. El gran reto, además de una exigencia, es disponer de agua en cantidad y calidad suficientes, en un contexto de utilización racional del recurso que permita su periódica renovación. Además, no hay que perder de vista el aspecto precautorio, ya que el cambio climático es capaz de modificar la disponibilidad y las necesidades de agua. Por lo tanto, cualquier política pública que aborde la gestión del agua, debe plantearse como objetivo que todos los mexicanos tengamos una vida digna sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras. Esto, compañeros legisladores, es imperativo para el desarrollo integral del país.

A pesar de la claridad y contundencia de los compromisos contraídos para la conservación del agua y del avance logrado en la legislación, existe un creciente deterioro derivado de la contaminación, sobreexplotación y el mal manejo del recurso que evidencian una falta de planeación generalizada. Lo anterior debe llevar a promover la convergencia de planes e iniciativas, bien estructuradas, en las cuales concurran los tres órganos de gobierno, la academia y la sociedad civil.

Por su ubicación e importancia para el país, la cuenca propia del lago de Chapala representa un caso de especial atención. Al ubicarse en la parte baja de la cuenca Lerma-Chapala se convierte en el vaso receptor de la polución y descargas de aguas residuales no tratadas que se derivan de las ciudades, la industria y la agricultura, a lo largo del trayecto de más de 500 kilómetros desde el río Lerma hasta Chapala.

En este orden de ideas, 15 municipios de Jalisco y 17 de Michoacán han venido trabajando, de manera coordinada, en la búsqueda de soluciones a la problemática del agua que vive el lago más importante del país, Chapala. En una serie de reuniones llevadas a cabo tanto en Jalisco como en Michoacán, se fue integrando un equipo interdisciplinario y multiinstitucional, de cuyo trabajo se obtuvo como resultado el Plan Interestatal para la Sustentabilidad de la Cuenca Propia del Lago Chapala.

En la elaboración del plan interestatal participaron investigadores de las Universidades de Guadalajara, la Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional y del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social de Occidente. También confluyeron en este esfuerzo funcionarios de la Semarnat y las Comisiones estatales del Agua de Jalisco y Michoacán.

El Plan Interestatal para la Sustentabilidad de la Cuenca Propia del Lago Chapala es avalado por los siguientes 15 municipios de Jalisco: Jocotepec, Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jamay, Poncitlán, La Barca, Tizapán el Alto, Tuxcueca, La Manzanilla de la Paz, Arandas, Atotonilco el Alto, Tototlán, Ocotlán y Jesús María; y 17 municipios de Michoacán: Tangamandapio, Tangancícuaro, Tlazazalca, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa, Zamora, Sahuayo, Jacona, Purépero, Pajacuarán, Marcos Castellanos, Jiquilpan, Ixtlán, Chavinda, Cojumatlán de Régules y Briseñas.

Como se puede observar, el consenso que trae consigo el Plan Interestatal tiene mucho peso. El plan conjunta el esfuerzo de académicos, funcionarios municipales, estatales y federales de gran experiencia en el tema, sin importar la distinción partidista. Me queda claro que estamos frente a un modelo de gestión pública participativa que nos servirá de ejemplo para enfrentar otros problemas ambientales de otras regiones del país.

Somos concientes que hasta hoy, la degradación del lago no se ha detenido, a pesar de las acciones de saneamiento en proceso y el avance en la construcción y puesta en marcha de las plantas de tratamiento en diferentes localidades. Sin embargo, las afectaciones colaterales son bastantes: la afectación al sector agropecuario; el deterioro en la ganadería y sus derivados, la caída de la acuacultura y el sector pesquero tanto en las presas, como en ríos y el propio lago de Chapala; además de la baja en la producción forestal (meseta Purépecha y sierras), el estancamiento en la producción industrial (alimentos y otros productos) y el decremento de la actividad turística.

De lo que se trata es de aportar desde lo local al objetivo central del gobierno federal de avanzar hacia un desarrollo humano sustentable en el país y en regiones como la cuenca propia del lago Chapala. Con las estrategias de acción planteadas en el Plan Interestatal estaremos iniciando el camino para garantizar que todas las poblaciones asentadas de la región Chapala cuenten con agua suficiente y de calidad, que aseguren su bienestar actual y futuro y que la población con sus acciones cotidianas contribuya y se preocupe por la conservación y mejoramiento del medio ambiente. Con este plan avanzaremos en la recuperación de la salud del lago más importante del país, lo que a su vez incidirán en el mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos estrechamente vinculados al lago Chapala.

Con base en lo anterior, para promover el manejo sustentable de la cuenca, el equipo interdisciplinario y multiinstitucional, identificó seis líneas de acción estratégicas vinculadas a la construcción de infraestructura para el saneamiento de aguas, gestión institucional, investigación y monitoreo, normatividad, cultura ambiental y nueva cultura del agua y conservación y restauración ambiental.

Con la aplicación de este plan estaremos beneficiando de manera directa a una población que vive en este conjunto de municipios y que asciende a 1 millón 96 mil 661 habitantes, de los cuales 537 mil 885 viven en Jalisco y 558 mil 776 en Michoacán. De manera indirecta estaremos contribuyendo a la restauración de una de las cuencas más importantes el país, la cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico.

En virtud de lo expuesto y con base en los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno federal a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua, a los gobiernos de Jalisco y de Michoacán a través de las autoridades correspondientes, para que en conjunto, emitan un convenio de actividades a desempeñar en el corto, mediano y largo plazo, que tenga por objeto principal la implantación total de los acuerdos conseguidos en el Plan Interestatal para la Sustentabilidad de la Cuenca Propia del Lago Chapala.

Segundo. El citado convenio y conjunto de acciones, deberá ser hecho del conocimiento de esta soberanía durante los primeros tres meses del año 2010.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre del 2009.

Diputado Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE ATENCIÓN A LOS DERECHOS DE LOS DEUDORES DEL INFONAVIT, A CARGO DEL DIPUTADO AMADOR MONROY ESTRADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, diputado Amador Monroy Estrada, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 71 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante este pleno una proposición con punto de acuerdo por la que se solicita se establezca la comisión especial de atención a los derechos de los deudores del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Antecedentes

El Infonavit ha emprendido una campaña de denuncias penales que derivan en órdenes de aprehensión contra los ciudadanos que optan por organizarse y defender su propiedad ante el acoso de despachos de abogados que buscan despojar a los derechohabientes de su patrimonio, acusando al gobierno federal de acudir a la represión judicial en lugar de atender y resolver los problemas de los derechohabientes para analizar los problemas que tienen con sus créditos y las acciones de defensa que emprenderán.

Aproximadamente 190 mil familias están en riesgo de perder los inmuebles que obtuvieron por conducto del Infonavit, pues el instituto vendió a las empresas de capital estadunidense Pendulum Associates y SCRAP II (Sociedad Corporativa para la Resolución de Activos y Propiedad) alrededor de 110 mil casas de todo el país que están en cartera vencida.

Abogados encubiertos en corporaciones de rescate de cartera vencida empezaron la escalada de despojo contra los derechohabientes y la política de despojo del Infonavit hoy se hace acompañar con métodos que sugieren la pretensión de criminalizar la defensa de los derechohabientes. El gobierno ha emprendido una jornada contra quienes se han inconformado con esa política de despojo que es terminar con la justicia social en materia de vivienda, actualmente la gente no sabe a quién pedirle ayuda o qué hacer.

Por lo anteriormente expuesto, frente a la necesidad de que exista un órgano al interior de la Cámara de Diputados que se aboque a dar continuidad al procedimiento y adecuación del marco jurídico del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que, con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determine la creación de la comisión especial de atención a los derechos de los deudores del Infonavit.

Segundo. El objetivo de la comisión especial será la revisión y actualización constante del marco jurídico en materia de protección al derechohabiente por parte de las autoridades competentes, de conformidad con el marco jurídico aplicable para el hostigamiento que atentan contra el trabajador.

Tercero. La comisión especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política, en forma proporcional a la representación en la Cámara de Diputados.

Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha comisión especial podrá allegarse la información que considere pertinente; así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de sus competencias.

Quinto. La comisión especial, objetivo del presente punto de acuerdo, funcionará de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Sexto. La duración máxima de los trabajos que realice la comisión especial será para agosto de 2012, sin perjuicio de que al cumplirse su objetivo para el cual fue creada, se extinga en forma anticipada.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2009.

Diputado Amador Monroy Estrada (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR Y AL CONGRESO DE JALISCO A SOLICITAR AL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA ENTIDAD QUE SOMETA A PLEBISCITO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE LA LÍNEA 2 DEL MICROBÚS, QUE FORMA PARTE DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN Y MOVILIDAD URBANA, A CARGO DE LA DIPUTADA ANA ESTELA DURÁN RICO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los que suscriben, diputados federales por el estado de Jalisco, por medio de la diputada Ana Estela Durán Rico, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la alta consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por el que se exhorta al honorable Congreso de Jalisco, así como al gobernador de esa entidad a solicitar al Instituto Electoral local que someta a plebiscito la fase dos del proyecto de renovación y movilidad urbana, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 7 de abril, el gobierno del estado de Jalisco publicó en la Gaceta Oficial del Estado el decreto aprobado por el Congreso local por el que se autorizaban los recursos destinados al proyecto de movilidad y renovación urbana, bajo la modalidad de proyectos de inversión y prestación de servicios del gobierno del estado, en la cual se contempla en la construcción de la línea 2 del Macrobús. Los recursos destinados a las obras de que hace mención afectarán la partida presupuestal de proyectos de inversión y de prestación de servicios, obligando al Ejecutivo a incluir en los presupuestos de egresos del gobierno de la entidad la suficiencia financiera cada anualidad hasta el año 2025 para sufragar las erogaciones que se deriven del contrato de proyectos y inversión y de prestación de servicios.

Con base en lo anterior, se debe precisar que el Congreso del estado se limitó a autorizar los recursos necesarios para la ejecución de las obras mencionadas en el proyecto, siendo responsabilidad del Ejecutivo local la planificación, instrumentación y ejecución de las obras que habrán de impactar en la vida de los habitantes de la m de Guadalajara.

Dentro de la exposición de motivos el gobernador de Jalisco aseveró la importancia sobre la necesidad de implementar un sistema de transporte público que solucionará la problemática de la demanda de este servicio, mencionando en su propuesta con vocablos ingleses la denominación del sistema como Bus Rapad Transit, el cual aparentemente menciona que mejorará las condiciones de movilidad, seguridad y medio ambiente al emplearse en los principales corredores para el transporte público masivo de la zona conurbada de Guadalajara, mediante la circulación de autobuses de alta capacidad con estaciones cada 500 metros en un camellón central.

No obstante, la iniciativa contempla acciones que pueden representar perjuicio a los habitantes como es la poda desmedida de árboles, con lo que se genera un daño ambiental mayor, la ampliación de las banquetas y reduciendo los carriles de circulación de automóviles particulares con lo que se afectaría el desarrollo económico de los locatarios ubicados en los corredores en los que se pretende llevar a cabo la obra, lo que podría representar el cierre de negocios en los municipios de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá.

Esto último mantiene en un estado de indefensión a los dueños de los negocios, quienes ven como una amenaza seria que el Macrobús menoscabe sus ingresos y que sus establecimientos puedan quebrar a causa d la disminución de la afluencia de consumidores al no poder detenerse ni para un mínimo de tiempo para consumir.

Asimismo debe reconocerse que se han hecho cuestionamientos por parte de algunos sectores de la sociedad y que hay oposición al proyecto de la Línea 2 del Macrobús, lo cuales estiman como un perjuicio la ejecución de la obra por lo que diversos un grupos de ciudadanos jaliscienses en uso de sus derechos, han solicitado de manera organizada por escrito al gobernador del estado a que reconsidere y replanteé este proyecto.

Es por ello que si lo que se pretende es ofrecer las condiciones para una mejor calidad de vida a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, el gobierno debe comenzar por escuchar a todos los gobernados, pues si bien es cierto han sido elegidos por el pueblo, no menos cierto es que la democracia no se limita a la elección de representantes, a las reglas de la competencia electoral y al funcionamiento normal de los poderes, sino que hay que transitar en la democracia participativa y directa, compartiendo el poder y las responsabilidades, para cumplir con el principio de mandar y obedecer. Dicho imperante democrático ha sido acogido por la legislación electoral del Estado de Jalisco al contemplar la figura del plebiscito como instrumento de participación ciudadana y de democracia directa mediante el cual, los ciudadanos pueden participar en la toma de decisiones trascendentales para el orden público o el interés social del estado constituyendo una verdadera manifestación de participación ciudadana.

Por lo anterior, se propone que este pleno exhorte al gobernador de Jalisco, licenciado Emilio González Márquez, y al honorable Congreso del estado a solicitar oportunamente al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco que someta a plebiscito la construcción de la Línea 2 del Macrobús comprendida dentro del proyecto de renovación y movilidad urbana que tiene autorizado el gobierno local.

No obstante, el mismo Código Electoral de la entidad concede el derecho de solicitar el plebiscito a los ciudadanos que se organicen, mediante el cumplimiento de ciertos requisitos, esto constituye un logro de la democracia al instituir el acceso a la participación democrática no solo a los gobernantes sino también a los particulares.

Con base en ello, el constituyente estableció en el artículo tercero de nuestra Carta Magna a la democracia como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. En este sentido, es obligación del Estado garantizar el acceso a este derecho concedido a todos los ciudadanos.

Por otra parte, debemos entender que el desarrollo urbano se debe reflejar en las respuestas eficaces que el gobierno dé a las demandas de los habitantes, y una tan importante como es la de mejorar el transporte público implica ser visto como un sistema complejo que incluye factores sociales, urbanos y ambientales que deben ser planeados como un todo, en función con las necesidades reales de la colectividad y las posibilidades de los individuos, siendo menester escuchar a las voces que se oponen al proyecto y como poder solucionar esas inconformidades mediante otras alternativas, pues es obligación nosotros como representantes de la nación aterrizar la voz de los habitantes que representamos en esta alta tribuna.

Asimismo, esta solicitud hecha por diputados federales jaliscienses suscritos tiene como base y sustento la justificación del compromiso del gobierno federal sobre el destino de los recursos del Fondo Nacional de Infraestructura, el cual es por la cantidad de 6 mil 171 millones de pesos, teniendo en cuenta que esta honorable Cámara de Diputados es la que aprueba el presupuesto de dicho fondo. Es así que se concluye que el plebiscito puede y debe representar una herramienta fundamental para legitimar un acto gubernamental de gran trascendencia, como es la ejecución de la obra mencionada en esta exposición de motivos.

Por lo fundado y expuesto, nos permitimos someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobernador de Jalisco y al honorable congreso de la misma entidad a solicitar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco que someta a plebiscito la construcción de la Línea 2 del Sistema Macrobús, la cual forma parte del proyecto de movilidad y renovación urbana, bajo la modalidad de proyectos de inversión y prestación de servicios del gobierno del estado de Jalisco.

Segundo. Se exhorta a todas las autoridades civiles de los tres niveles de gobierno con jurisdicción en la zona metropolitana de Guadalajara a garantizar, en el marco de la legalidad, los derechos y libertades de los ciudadanos jaliscienses que participen en el procedimiento previsto para el plebiscito que marca el Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

Tercero. Se exhorta al gobierno del estado de Jalisco, al Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte Público del Estado, al Centro Estatal de Investigación de la Vialidad y el Transporte, así como al sistema del Sistema del Tren Eléctrico Urbano, en el ámbito de su competencia, a informar a este órgano legislativo sobre los estudios de factibilidad topográfica, impacto ambiental, mecánica de suelos, vialidad, trazos, ecológicos, movilidad urbana, protección civil, transporte y tránsito vehicular así como la relativa a postores de licitantes, y del procedimiento para la adjudicación del proyecto de renovación y movilidad urbana, bajo la modalidad de proyectos de inversión y prestación de servicios, por el cual el Congreso del estado de Jalisco autorizó el endeudamiento para la ejecución de dicho proyecto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2009.

Diputada Ana Estela Durán Rico (rúbrica)
 
 






Excitativas
A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, A SOLICITUD DEL DIPUTADO JAIME FERNANDO CÁRDENAS GRACIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT

El suscrito, diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y lo reglamentado en los artículos cuarto, párrafo cuarto, quinto, inciso i), y décimo quinto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación se solicita que formule una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para que a la brevedad dictamine la minuta de decreto por el que se reforman los artículos 73, fracción XXIX G, y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este último a efecto de que el texto vigente se integre en un apartado A, y se le adicione un apartado B, con base en los siguientes

Antecedentes

I. En la sesión del 8 de octubre del 2008, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se presentó el decreto por el que se reforman los artículos 73, fracción XXIX G, y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este último a efecto de que el texto vigente se integre en un apartado A., y se le adicione un apartado B.

II. Respecto a la iniciativa anterior se formuló una valoración de impacto presupuestario, en donde se establece que el impacto presupuestario inicial anual es de dos mil 670 millones de pesos.

III. Posteriormente, se rindió una opinión sobre el dictamen de valoración del impacto presupuestario de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 73, fracción XXIX G, y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En dicha opinión se argumenta que el impacto presupuestario no necesariamente debe ser de dos mil 670 millones de pesos y se establece que el monto aproximado, si se toman en cuenta los argumentos esgrimidos en dicho documento, es de un monto cercano para la creación de la jurisdicción nacional ambiental de 292 millones de pesos, 100 en el ámbito federal y 192 en el ámbito local.

IV. Desde la pasada legislatura, dicha iniciativa se encuentra sin dictaminarse y suspendida en cuanto a sus efectos constitucionales.

Consideraciones

En el desarrollo legislativo e institucional que ha tenido la materia ambiental y ecológica en México, durante poco más de tres décadas (desde 1971 a la fecha), podemos identificar las siguientes manifestaciones y tendencias.

1. Surgió en el ámbito de las facultades exclusivas del Poder Ejecutivo federal ejercidas, primero, a través de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, luego en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, enseguida por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social y actualmente a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

2. Con la reforma constitucional de 1987, que faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia entre los tres órdenes de gobierno, respetando sus respectivas competencias, se crea un sistema nacional en materia de medio ambiente y ecología, en el que participan corresponsablemente y de manera concurrente, en el ámbito de sus respectivas competencias, la Federación, los Estados y los Municipios. Se crean la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Instituto Nacional de Ecología, manteniendo la materia en el área de competencia del Poder Ejecutivo, federal, estatal y municipal.

3. Se percibe una evolución adecuada y consistente en la elaboración de normas jurídicas sustantivas, que identifican la materia ambiental y ecológica, los bienes jurídicos a proteger y los mecanismos para instrumentar tal protección por parte de la administración pública federal.

Inclusive, se puede apreciar concordancia y congruencia de tales normas con los tratados y convenios internacionales en la materia.

4. Se amplía progresivamente la participación ciudadana, principalmente por la presión de organizaciones ambientalistas o ecologistas. Se reconoce legalmente la denuncia popular, que se podía presentar primero ante la secretaría reconocida por la ley como la autoridad en la materia y posteriormente y hasta nuestros días, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

5. No obstante lo anterior, la aplicación de las normas jurídicas y el funcionamiento de las instituciones se advierte francamente deficiente e insuficiente en la práctica. Sería abundar en lo notorio y conocido por todos, mencionar los numerosos casos de violación de las leyes ecológicas, de falta de respeto por diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno sobre los principios y normas constitucionales y sus leyes secundarias, que prevén el dominio, uso y explotación de las tierras, aguas, aire, incluyendo las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, y el desprecio con el que las diversas autoridades reaccionan ante el reclamo de particulares y organizaciones por el respeto a sus derechos, al medio ambiente y a la ecología, de acuerdo con criterios de sustentabilidad.

6. México ha seguido a paso regular las tendencias, propuestas y convenios internacionales en materia ambiental y ecológica. Hemos aceptado y adoptado los principios, normas y objetivos iguales o equivalentes a los que prevalecen en el terreno internacional. Podemos afirmar que contamos con una Ley sustantiva, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, publicada en 1988 y que con sus reformas de 1996, corresponde razonablemente a los reclamos nacionales y a los compromisos internacionales en materia de medio ambiente y ecología.

7. El sistema jurídico institucional en materia de medio ambiente y ecología mexicano, carece de instituciones con atribuciones suficientes, de mecanismos y procedimientos, para atender y garantizar la satisfacción de las demandas de particulares, organizaciones, comunidades y desarrollos urbanos, en materia de preservación del medio ambiente y de la ecología.

Ciertamente, la legislación y las instituciones relacionadas con el medio ambiente y la ecología mexicanos han evolucionado positivamente durante las últimas tres décadas: Desde la primera ley federal para prevenir y controlar la contaminación ambiental que fue administrada por la Secretaría de Salubridad y Asistencia, a cuyo efecto se creó la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente en 1972; pasando por la creación de la Sedue a finales de 1971, con su Subsecretaría de Ecología; luego con la expedición de la Ley Federal de Protección al Ambiente en 1982 que amplió el objeto del ordenamiento en la materia a la protección, mejoramiento, conservación y restauración del ambiente, así como la prevención y control de la contaminación, administrada nuevamente por la Secretaría de Salubridad y Asistencia y que prevé que esta dependencia podía celebrar convenios con los gobiernos de los Estados y el Distrito Federal, para coordinar sus actividades en materia de ecología; el movimiento ambientalista institucional se consolida y fortalece con la reforma constitucional de 1987 que otorgó al Congreso de la Unión la facultad para legislar en la materia y establecer la concurrencia del gobierno federal, los estados y los municipios en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico, y hasta llegar a la publicación en 1988 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que con sus reformas de 1996 continúa vigente hasta nuestros días.

Formamos parte de una fuerte corriente de opinión que estima que debemos seguir avanzando en el proceso legislativo institucional de protección al ambiente y la preservación del equilibrio ecológico.

Compartimos la convicción de que contamos con un marco legal adecuado, conformado por normas nacionales e internacionales, que nos permite identificar con precisión y certeza la materia ambiental y ecológica, así como los bienes jurídicos a tutelar y los derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en las leyes secundarias.

Sin embargo, es generalizada la opinión de que las dependencias y organismos a quienes se ha atribuido la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la legislación ambiental y ecológica, no han sabido o no han podido responder adecuada y eficientemente al cumplimiento de su función.

En la actualidad, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Instituto Nacional de Ecología tienen las atribuciones que corresponden a la autoridad ambiental del Poder Ejecutivo de la Federación. La primera, como la administradora directamente responsable de la materia, en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; los otros dos como órganos auxiliares de aquélla. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para recibir y tramitar la denuncia popular y realizar las diligencias de inspección y vigilancia con el propósito de determinar la existencia de actos, hechos u omisiones constitutivos de la denuncia, y cuyas resoluciones se limitan a hacer meras recomendaciones, no vinculativas, para promover ante la autoridad responsable, federal, estatal o municipal, la ejecución de las acciones procedentes; y el Instituto Nacional de Ecología para elaborar, conducir y evaluar la política general de ecología y de saneamiento ambiental. De esta manera, la facultad decisoria del acto administrativo permanece exclusivamente en el ámbito de autoridad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Las resoluciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales son impugnables mediante el recurso de revisión ante la misma Secretaría, y contra la resolución de éste, y mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

Finalmente, contra la resolución que se dicte en relación al recurso de revisión, procedería el juicio de amparo.

El esquema anterior se ha mostrado francamente ineficiente. Quien presenta una denuncia popular en contra de hechos, actos u omisiones que produzcan o puedan producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales, o contravengan las disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, entra a un laberinto de trámites, en ocasiones sin salida y sin esperanza, en el que intervienen la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a nivel federal y los gobiernos de los estados y de los municipios, sin que existan reglas claras de juego, ni siquiera en cuestión de distribución de competencias, de tal manera que las competencias se invaden, se traslapan y hasta se contradicen, formando una telaraña densa de intereses personales, regionales y de grupo, propiciando la irresponsabilidad, la corrupción y la impunidad.

Lo anterior se traduce inexorablemente en deterioro de los principios de seguridad y certeza jurídicas, pero sobre todo, de credibilidad y confianza en quienes tienen a su cargo la aplicación de nuestra ley ambiental, sobre todo porque se trata esencialmente de autoridades administrativas que no gozan de la autonomía que puede asistir a un órgano jurisdiccional. Se tiene conocimiento de que algunos juzgados de distrito han otorgado la suspensión en el juicio de amparo indirecto contra actos administrativos en materia ambiental, encontrando en esa vía la única posibilidad para tutelar eficazmente el derecho constitucional de toda persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, consagrado en el párrafo cuarto del artículo 4o. de nuestra Carta Magna.

Por todo ello se impone contar con los mecanismos procesales que permitan plantear las controversias en materia de medio ambiente y ecología ante un tribunal previamente establecido que tenga facultades para resolver sobre la existencia de derechos sustantivos del individuo, de la comunidad o de los órganos de gobierno de los tres órdenes que conforman nuestro federalismo, proveer a su reconocimiento y exigir su cumplimiento, restitución o, en su defecto, la reparación del daño.

Nuestra propuesta parte de la premisa de reconocer que el derecho al medio ambiente es un derecho garantizado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que vincula tanto a los órganos del Estado como a cualquier sujeto de derecho sometido al orden jurídico nacional, y que tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas locales han desarrollado un marco legislativo importante para proveer a la tutela de ese derecho. Para lograrlo, se plantea ahora como indispensable establecer una jurisdicción ambiental basada en la estrecha colaboración entre los Poderes Judiciales, federal y locales. Esta jurisdicción ambiental del derecho mexicano se conformaría como un subsistema de administración de justicia integral que conocería de los aspectos propios de constitucionalidad de las normas ambientales, así como de problemas de legalidad relacionados con su aplicación, incluyendo actos de autoridad y de particulares que pudieran vulnerar el derecho al medio ambiente y al equilibrio ecológico, en sus diversas expresiones y modalidades. También deberá conocer de los conflictos de competencia que puedan presentarse entre las diversas autoridades u organismos que tengan atribuciones en la materia que nos ocupa.

De esta manera, se propone una jurisdicción ambiental que sustituiría a los tradicionales juicios contenciosos administrativos y de amparo promovidos contra actos de las autoridades ambientales que afecten a los particulares que realicen alguna conducta que no se apegue al marco jurídico aplicable a la materia. Los juicios en materia ambiental y ecológica tendrían que extraerse necesariamente de la esfera competencial de los tribunales contencioso administrativo y de la jurisdicción de amparo y quedarían bajo el conocimiento de los jueces ambientales.

Los tribunales y jueces ambientales que se proponen podrían conocer, en resumen, dos tipos de juicios:

• Por un lado los promovidos contra actos u omisiones de autoridades federales, locales o municipales, sea por considerarlos violatorios del derecho al medio ambiente y el ecológico en sus distintas expresiones reguladas por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y otras leyes aplicables en la materia, o por estimarlos inválidos al afectar los derechos fundamentales de los gobernados que realizan actividades que pueden afectar el ambiente o el equilibrio ecológico.

• Por otro lado, los relativos a actos de particulares que realizan actividades que deben sujetarse a un acto permisivo de cualquier órgano del Estado, por estimarlos violatorios del derecho al medio ambiente y al equilibrio ecológico reconocido en las leyes generales, así como contra particulares que, sin ubicarse en el supuesto anterior, realicen actividades que causen o puedan causar daños al medio ambiente o al equilibrio ecológico y, de esta manera, afectar a terceros.

Atención especial merece definir la clase de interés que debe exigirse para el ejercicio de las acciones que pueden interponerse en los juicios ambientales antes enunciados. Desde luego, se identificaron los casos en que los gobernados tienen un derecho subjetivo a impedir una conducta administrativa susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación de hecho en la que se encuentra el interesado, o a impedir otra distinta, en cuyo caso se finca el interés jurídico para exigir a la administración y reclamar a los tribunales y jueces la observancia de las normas jurídicas cuya infracción puede perjudicarles. Tal es el caso de los actos en materia ambiental de un órgano de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal o del distrito Federal que afecte los derechos de cualquier persona física o moral, en materia ambiental.

Por otra parte, se tienen los casos de las acciones que tienen por objeto impugnar actos u omisiones de los órganos de gobierno o de los particulares que puedan generar un daño ambiental, en las que no puede exigirse el interés jurídico pero tampoco un interés simple que permitiera, por ejemplo, a un habitante de Baja California impugnar actos que afectan el entorno en Quintana Roo. Por ende, se introdujo el concepto del "interés legítimo", el cual sustenta la acción de impugnar conductas administrativas susceptibles de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación de hecho en que se encuentra el interesado, situación que es y debe ser tutelada por el derecho, como sucede en materia de medio ambiente y ecología.

En virtud de que las cuestiones ambientales y ecológicas tienen que ver con las tierras, aguas y aire o espacio aéreo, así como en las demás zonas en las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, pueden incidir en ámbitos o en áreas federales, estatales o municipales. En este contexto, se presenta como una tarea complicada y difícil el tratar de establecer a priori la competencia estricta y al detalle de los tres órganos de gobierno que componen nuestro sistema federal, en cuanto se refiere a las materias que afectan el medio ambiente y el equilibrio ecológico.

Una reforma con la importancia y trascendencia como la que se propone, requiere para ser viable jurídicamente y realizable prácticamente, de una reforma constitucional, porque establece nuevas reglas o amplía la aplicación de las existentes, en las relaciones de los tres órdenes de gobierno y por ello tiene que ver con los principios y normas constitucionales de nuestro federalismo.

Conforme a lo anterior, se propone la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo siguiente:

A) El artículo 73, fracción XXIX G., para explicitar, por razones de claridad de las leyes y de certeza jurídicas, que entre las facultades del Congreso de la Unión, además de expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico, se incluya la de instituir un sistema de jurisdicción nacional ambiental, en los términos previstos en el artículo 99 B., de la propia Constitución.

Se aprovecha la oportunidad para explicitar que la concurrencia se produce, además del gobierno federal de los gobiernos de los estados y de los municipios, también con el gobierno del Distrito Federal.

b) Consecuentemente, se propone la reforma del artículo 99 de nuestra Constitución Política, a efecto de que el texto vigente se integre en un Apartado A., y se le adicione un Apartado B., para establecer la jurisdicción ambiental nacional, sustentada en la concurrencia de los Poderes Judiciales, federal, estatales y local del Distrito Federal, conforme a las siguientes bases.

C) La jurisdicción ambiental nacional que se propone es congruente con la concurrencia de competencias consagrada en la fracción XXIX G del artículo 73 Constitucional y por ello se sustenta, a su vez, en la concurrencia de los poderes judicial, federal, estatales y local del Distrito Federal, respetando sus respectivos ámbitos de competencia. Así, el sistema jurisdiccional nacional se integrará con los siguientes órganos:

Un Tribunal Nacional Ambiental adscrito al Poder Judicial de la Federación y se integrará por: 1. Una Sala Superior Ambiental.
2. Cinco Salas Regionales Ambientales.
3. Juzgados Federales Ambientales.
Un Tribunal Estatal Ambiental por cada Estado de la República y uno local por el Distrito Federal, adscrito al Tribunal Superior de Justicia de cada entidad federativa y que se integrará por: 1. Una Sala Superior Estatal o local.
2. Juzgados locales ambientales.
En la búsqueda de un sistema jurisdiccional adecuado, nos inspiramos en los principios y la estructura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de los Tribunales Agrarios, principalmente del primero, por tratarse de un tribunal autónomo, de plena jurisdicción, máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. De los Tribunales Agrarios nos inspiraron su orientación social y su carácter tutelar de los derechos de ejidatarios y de comuneros.

Por sus similitudes, principalmente en cuanto a su estructura en el ámbito federal y, sobre todo, la incorporación del Tribunal Nacional Ambiental al Poder Judicial de la Federación, consideramos pertinente incluir nuestra propuesta como un apartado del artículo 99 Constitucional, justamente al lado del Tribunal Electoral. Sin embargo, es oportuno mencionar algunas diferencias fundamentales: En materia electoral, en los términos establecidos en el artículo 41 de la Constitución, existen dos competencias perfectamente determinadas, la relativa a los poderes de la Unión y que corresponde a las elecciones federales: De diputados y senadores y de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y las elecciones locales que corresponden a los ayuntamientos y jefes delegacionales, diputados a los congresos de los estados y a la Asamblea del Distrito Federal y gobernadores de los Estados y Jefe de Gobierno del Distrito Federal. El único punto de confluencia es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene competencia para resolver, en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones de actos o resoluciones definitivas y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos. Fuera de esto, no hay otra concurrencia y las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales de la Federación y de las entidades, ejercen autónoma y separadamente el ejercicio de sus atribuciones.

En cambio, en materia de medio ambiente y equilibrio ecológico, la fracción XXIX G del artículo 73 Constitucional establece la concurrencia de la Federación, Estados y Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Había que respetar estos principios y el consecuente mandato constitucional y generar un modelo que respetando las respectivas competencias, promoviera la concurrencia, en aras de la economía procesal, la eficiencia, propiciar la cercanía y vinculación con los particulares y la sociedad civil en general, sin soslayar los principios de la seguridad y la certeza jurídica en la aplicación efectiva y cotidiana de la legislación ambiental.

De esta manera, se propone un sistema jurisdiccional nacional que se integra por dos órganos: El Tribunal Nacional Ambiental del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Estatal Ambiental de cada estado de la República y del Distrito Federal, adscrito cada uno al Tribunal Superior de Justicia de su entidad federativa.

En principio, cada uno de ellos tiene autonomía frente al otro y la competencia que separadamente les asignan esta Constitución, las constituciones estatales, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y sus respectivas leyes secundarias, pero tienen los siguientes puntos de confluencia:

1. En la primera instancia, que corresponde a los juzgados federales ambientales y a los juzgados locales ambientales, se establece la concurrencia plena, en términos similares a los previstos en el artículo 104, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de tal manera que los jueces de ambos ámbitos, federal o local, tendrán competencia concurrente para conocer de cualquier demanda o negocio de naturaleza ambiental, a elección del impugnante o reclamante, con independencia de la materia o de la autoridad que haya emitido el acto impugnado o sea el fundamento de la reclamación, siempre y cuando el bien o la zona jurídicamente protegida queden comprendidos dentro del territorio distrital federal o estatal, en su caso.

2. Las resoluciones de primera instancia podrán ser impugnadas ante las salas regionales federales en el ámbito de la competencia federal o ante la sala superior ambiental local, en el ámbito de competencia respectivo. En este nivel se proyecta una separación estricta de atribuciones para propiciar la determinación de competencias entre los dos órdenes de gobierno.

3. Se dará otro punto de confluencia y concurrencia, al establecer que la Sala Superior Ambiental del Poder Judicial de la Federación conocerá del recurso de revisión contra las resoluciones de las salas regionales federales y de las salas superiores estatales que involucren la inconstitucionalidad de leyes, decretos u otros actos administrativos de aplicación general, sean federales, estatales o municipales, y de los conflictos de competencia entre las salas regionales federales y las salas superiores estatales.

4. No obstante lo anterior, quedarían reservadas al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las acciones de inconstitucionalidad contra las leyes y tratados internacionales, o de las controversias constitucionales que incidieran en la misma, con el objeto de reconocer su carácter de órgano terminal en materia de constitucionalidad de las leyes.

También por ello, se prevé que cuando la Sala Superior del Tribunal Nacional Ambiental, las salas regionales federales o las salas superiores estatales o la local del Distrito Federal sustenten un criterio sobre la constitucionalidad de alguna disposición general o sobre la interpretación de esta Constitución, que pudiere ser contrario a uno sostenido por el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cualquier persona podrá denunciar la contradicción para que el pleno de la Suprema Corte de Justicia decida en definitiva qué criterio debe prevalecer. Por razones de seguridad y certeza jurídica, se prevé que las resoluciones que se dicten en tal supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos y para articular la jurisdicción ambiental con las diversas de carácter constitucional se precisa que a los tribunales ambientales les resulta obligatoria la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

E. Como un elemento esencial para la determinación de las competencias, federales y locales, se precisan en el proyecto de decreto que se somete a esta Soberanía, las acciones que se podrán ejercitar en materia ambiental, precisando sus efectos y sujetándolas a lo que establezca la legislación general procesal ambiental.

Con ello, se amplía y fortalece significativamente la participación que corresponderá a los ciudadanos y a la sociedad civil para actuar, corresponsabilizarse y ejercer acciones de defensa de las leyes en materia de medio ambiente y equilibrio ecológico. De esta manera, queda claro y explícito que las acciones se podrán enderezar en contra de autoridades y organismos de los tres órdenes de gobierno, pero también en contra de particulares que gocen de concesión o de diverso acto permisivo del Estado o que, sin ubicarse en este supuesto, realicen actividades que puedan causar daños de consideración al medio ambiente y a la ecología.

F) Se considera prudente proponer en este proyecto de reforma constitucional las bases para determinar la distribución entre las salas regionales federales y las salas superiores de los estados o del Distrito Federal. Para este efecto y en congruencia con los principios del federalismo consagrados en el artículo 124 de nuestra Constitución General, se ratifica que la materia federal estará restringida a los actos relacionados con los bienes y zonas de jurisdicción federal, conforme lo establezca en la ley federal que expida el Congreso en los términos previstos en la fracción XXIX G del artículo 73 o que estén considerados por esta Constitución o sus leyes reglamentarias como territorios o recursos de jurisdicción federal; en consecuencia, quedarán reservadas a la competencia local y de los tribunales correspondientes, las materias que establezca su constitución, estatuto de gobierno o leyes locales, y que no estén consideradas como federales por la Constitución General y las leyes expedidas por el Congreso de la Unión.

G) Con el propósito de fortalecer y dar consistencia a la acción de los tribunales ambientales, se dispone expresamente que éstos podrán dictar, de oficio o a petición de parte, las medidas cautelares previstas en la ley procesal ambiental y que tendrán por objeto evitar la notoria violación de los derechos fundamentales que tutela esta Constitución, el riesgo o causación de daño grave ambiental, mitigar sus consecuencias o evitar que se sigan causando.

Adicionalmente, se prevé que en el caso de que en el municipio en el que se pueda causar el daño ambiental, no residiere un tribunal ambiental, la ley determinará el juez o tribunal ante el cual se podrá presentar el escrito de demanda, el que además podrá dictar las medidas cautelares que correspondan.

No debe soslayarse que para el establecimiento de una jurisdicción ambiental integral es indispensable prever un equilibrio procesal razonable entre los sujetos del derecho al medio ambiente y los particulares que realicen actividades sujetas a una concesión o diverso acto permisivo que puedan afectar al medio ambiente. Por ello, las medidas cautelares además de velar por el medio ambiente también deben permitir la suspensión de actos de autoridad que pudieran constituir violaciones notorias a los derechos fundamentales de esos concesionarios, permisionarios o licenciatarios. En estos casos corresponderá al juzgador ponderar entre los intereses en conflicto, optando por tutelar la prerrogativa fundamental que mayor daño pudiera sufrir de continuar la ejecución del acto impugnado o de la conducta del particular que generó el dictado de dicho acto.

H) En congruencia por lo dispuesto por el artículo 99, en relación al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se dispone en el Apartado B. que se propone adicionar a este artículo, que las sentencias que se dicten serán definitivas e inatacables, lo que determina que tampoco sean impugnables en otras vías las resoluciones que se dicten en el curso de esos juicios.

Dichas resoluciones considerarán, en los casos y términos que disponga la legislación general procesal ambiental, la reparación del daño ambiental o patrimonial que haya causado el acto materia del juicio; la revocación o suspensión del respectivo acto permisivo y cualquier actividad que resulte necesaria para prevenir, recomponer, reparar o indemnizar el daño ambiental efectivamente causado.

Como se ha precisado previamente, la jurisdicción ambiental no solo se establece como una vía exclusiva para conocer de las demandas promovidas para tutelar el derecho al medio ambiente sino también para impugnar los actos de las autoridades administrativas que tienen encomendada la tutela relativa, lo que conlleva a prever la posibilidad de que los particulares afectados por esos actos puedan demandar la reparación del daño patrimonial a que se refiere el párrafo segundo del artículo 113 constitucional.

I) También es importante resaltar que se adoptan determinadas provisiones para asegurar que el Tribunal Nacional Ambiental cuente con recursos presupuestales para el ejercicio de sus funciones, resaltando de manera importante que los ingresos que se obtengan por multas que imponga el Tribunal Nacional Ambiental, sus salas o los jueces federales ambientales, así como los que se obtengan del remate o venta de bienes decomisados en procedimientos ambientales, se destinarán cuando menos en una tercera parte a fortalecer los presupuestos de los tribunales federales ambientales. Compañeros diputados y compañeras diputadas: el proyecto legislativo que presento a la consideración de ustedes no es el resultado de un esfuerzo personal o particular de un equipo o grupo sino que tiene la intención de ser la respuesta a un reclamo reiterado y generalizado de amplios sectores de la población mexicana, comunidades rurales y centros urbanos, productores agrícolas, pecuarios y pesqueros, organizaciones no gubernamentales y simples ciudadanos, que con sensibilidad y preocupación hemos sido testigos del deterioro progresivo e incontrolable del medio ambiente y la ecología, que hemos padecido los interminables e infructuosos trámites ante las autoridades administrativas o que simplemente nos hemos visto impedidos o limitados en el acceso y goce de las tierras, playas u otras áreas del dominio público en donde ejerce directamente su soberanía la nación.

Es también un proyecto que recoge las ideas y opiniones de investigadores, institutos especializados y líderes de opinión con sensibilidad y orientación social y nacionalista.

Estas inquietudes, ideas y reflexiones han sido igualmente recibidas con interés por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, para darles cauce, impulso y viabilidad, ha organizado el primer Encuentro Internacional sobre Jurisdicción Ambiental, que tuvo lugar en Puerto Vallarta, Jalisco, del 15 al 18 de octubre de 2008.

Por lo anterior expuesto, a usted, ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de manera pacífica y respetuosa solicito:

Único. En los términos de los antecedentes y consideraciones expuestas, así como de conformidad con los preceptos legales invocados, se sirva excitar e instruir día determinado, para que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, presente el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto decreto por el que se reforman los artículos 73, fracción XXIX-G, y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éste último a efecto de que el texto vigente se integre en un Apartado A y se le adicione un Apartado B.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2009.

Diputado Jaime Cárdenas Gracia (rúbrica)
 
 





Agenda política
COMENTARIOS RELATIVOS AL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ANTONIETA PÉREZ REYES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El 5 de noviembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución que designa el 25 de noviembre como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La idea se da en la mente de una mujer, Noeleen Hayzer, entonces directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer (Unifem) en marzo de 1998, recordando el 25 de noviembre de 1960, cuando se perpetró el brutal asesinato de las "hermanas patria", Minerva y María Teresa Mirabal en República Dominicana, mujeres que lucharon por la libertad política de su país en oposición al régimen dictatorial de Leónidas Trujillo, motivo por el que fueron salvajemente asesinadas.

En la primera mitad del siglo XX se dieron los primeros intentos considerables para evidenciar la violencia hacia las mujeres. Es en 1946 cuando se crea la Comisión de la Condición Jurídica de la Mujer, de la que emanan varias declaraciones y convenciones que posteriormente consagran su esencia en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por su nombre en inglés), adoptada en 1979 por la Asamblea General de Naciones Unidas y ratificada por México en 1981.

Hoy en día ratificada por 185 países, la Cedaw lega la importancia de poner en evidencia la posición de la mujer en el mundo, estableciendo que es objeto de discriminaciones, exclusiones, agresiones y violaciones a los principios de igualdad. Define en qué consiste la discriminación y establece una serie de medidas para que los estados parte logren eliminar la discriminación contra la mujer en todas sus formas.

Es en México en donde la ONU realiza la primera Conferencia mundial sobre la mujer en 1975, en la que se declara el Año Internacional de la Mujer y se establece un plan de acción que resulta en la proclamación del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1975-1985). En 1977 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) insta a los Estados a proclamar un día del año por los derechos de la mujer y la paz internacional.

Otros importantes esfuerzos son la Conferencia Mundial para los Derechos Humanos (Viena, 1993); la Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1994), también conocida como la Convención Belém do Pará; y la Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing (1995).

Ahora, más allá de simplemente conmemorar este día y recordar lo que se ha hecho a nivel internacional, cabe preguntarnos si es necesario conmemorar un día internacional para evidenciar la lucha contra la violencia sufrida por las mujeres, y si de verdad es tanta la violencia sufrida por las mujeres en el mundo.

La respuesta es contundente, por supuesto que sí.

La violencia contra las mujeres constituye todo acto violento que tiene por motivo profundo la pertenencia al sexo femenino y que ocasiona como resultado sufrimiento y daño físico, psicológico o sexual, ya sea en la vía pública o en el ámbito privado, es una realidad cotidiana y universal (Instituto Nacional de las Mujeres, 2007).

Esta violencia no se limita a una cultura, región o país o a un determinado grupo de mujeres, y encuentra causa fundamental en las relaciones de poder desigual entre mujeres y hombres, y en la discriminación persistente contra la mujer (ONU, 2006).

En palabras de Marcela Lagarde "la violencia de género es un mecanismo político cuyo fin es mantener a las mujeres en desventaja y desigualdad en el mundo y en las relaciones con los hombres, permite excluir a las mujeres del acceso a bienes, recursos y oportunidades; contribuye a desvalorizar, denigrar y amedrentar a las mujeres y reproduce el dominio patriarcal" (Lagarde, 2003).

El mejor testimonio lo encontramos en las cifras de la violencia contra la mujer que, más allá de ser meros datos duros, constituyen el dolor de millones de mujeres y niñas alrededor del mundo.

Según datos de la ONU, al menos una de cada tres mujeres en el mundo ha sido golpeada, obligada a tener relaciones sexuales o ha padecido algún otro tipo de abuso en su vida.

Se ha estimado que al menos una de cada cinco mujeres ha sido víctima de violación o de intento de violación a lo largo de su vida (Millenium Project, 2005; WHO, 2002, UNFPA, 2005).

La violencia mata y discapacita a un gran número de mujeres de entre 15 y 44 años, cantidad mayor al número de mujeres que padecen cáncer (UNFPA, 2005).

En México, a nivel nacional, 40 por ciento de las mujeres sufrieron violencia por parte de su pareja, 32 por ciento sufrió algún tipo de violencia emocional, 23.9 por ciento sufrió violencia económica, 10.2 por ciento sufrió violencia física y el 6 por ciento sufrió violencia sexual (Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, CEAMEG, 2008).

Asciende a 30.1 el porcentaje de mujeres mayores de 15 años que señaló haber tenido algún tipo de incidente de violencia en el trabajo; y 15.6 por ciento de las mujeres encuestadas reportó haber sufrido discriminación, hostigamiento, acoso o abuso sexual en la escuela (CEAMEG, 2008).

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh, 2003) señaló que 155 mil 722 mujeres que declararon haber sufrido violencia emocional y económica por parte de su pareja han intentado suicidarse.

Con estos datos en mente no podemos más que estar de acuerdo en que el registrar y evidenciar la violencia contra las mujeres es tarea indispensable para avanzar en la instrumentación de mecanismos para evitarla.

El reto mexicano en erradicación de la violencia contra las mujeres

En los últimos 10 años, México ha tenido importantes transformaciones legislativas que han tendido al reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el Estado mexicano ha tenido avances significativos en la materia, pero aún estamos lejos de poder cantar victoria en esta ardua lucha.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (en vigor desde el 2 de febrero de 2007) reconoce y garantiza el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, y establece también las diversas modalidades de la violencia de género (psicológica, física, patrimonial, económica y sexual).

Hoy todas las entidades federativas del país cuentan con una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y 28 de estas entidades abordan el tema de la violencia familiar en sus legislaciones.

A lo largo de la LXI Legislatura se han presentado 22 iniciativas que contemplan propuestas de reforma en materia de derechos humanos de las mujeres, con lo cual la Cámara baja refrenda su compromiso por la observancia al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

Sin embargo, el camino por recorrer para la erradicación, atención y sanción de la violencia contra las mujeres en el país aún resulta lento y complicado. Hay mucho por hacer.

La violencia contra las mujeres existe y es una realidad que se vive y padece en todas las sociedades, por tanto sirva este día para levantar la voz desde cada uno de nuestros lugares, no sólo para conmemorar al día, sino para servir de altavoz a todas las mujeres que han sido silenciadas por la violencia a la que han sido sometidas.

Sirva la voz de este día para recordarle al mundo entero que la violencia contra las mujeres es un acto que lastima a la dignidad humana, atentando contra los principios de justicia y libertad, sirva la voz para gritar ya basta y sigamos actuando con energía para lograr erradicar por completo la violencia contra la mujer.

Diputada María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica)
 
 
 

COMENTARIOS RELATIVOS AL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE GARCÍA ALMANZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

Hoy subo a esta tribuna para hablar del día que no debería existir ni, mucho menos, destacarlo como un día internacional, pero desafortunadamente existe: violencia contra nosotras, las mujeres, y las niñas.

El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas definió en 1992 la violencia contra la mujer como "cualquier acto o amenaza de violencia basada en género que tenga como consecuencia, o tenga posibilidades de tener como consecuencia, perjuicio o sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de la mujer". Y hay que agregar otras modalidades, como la económica, la social, la política y ahora hasta la religiosa.

Durante los últimos decenios, la violencia contra la mujer ha dejado de ser un problema privado y es reconocido y tratado como un problema público.

Miles de programas se han desarrollado para ayudar a las mujeres, desde albergues y grupos de ayuda legal hasta grupos de apoyo y servicios de orientación.

Activistas y teóricos han comprendido que, aunque esenciales, estos servicios son insuficientes.

Para erradicar la violencia contra las mujeres debemos abordar las causas desde diversos enfoques.

Los servicios de salud frecuentemente son el punto de detección inicial para las mujeres que viven con violencia, y, en su caso, permiten diagnosticar el tipo de violencia que prevalece.

En todo el mundo, al menos una de cada tres mujeres

• Ha sido apaleada.
• Obligada a sostener relaciones sexuales.
• Recibido maltrato verbal en forma repetida.
• Acoso y reclusión.
• Privación de los recursos físicos, financieros y personales, con lo que se destruye la estabilidad emocional.
Las mujeres opinan que el peor aspecto de la violencia es la "tortura mental" y "vivir con miedo y aterrorizada" frecuentemente por alguien que ella conoce, incluso su esposo u otro varón integrante de la familia.

Una de cada cuatro mujeres ha sido objeto de crueldades aun durante el embarazo.

En México, las cifras no distan de lo que ocurre en el mundo.

La proporción de mujeres con al menos un incidente de violencia es de 46.6 por ciento, durante el periodo de un año.

Reflejado por entidad federativa, resulta paradójico el porcentaje por nivel de estudio; las cifras son sorprendentes, ya que a pesar de tener instrucción la proporción de violencia refleja 48.7 y 38.0 por ciento para las mujeres sin instrucción. Como vemos, casi 90 por ciento forma parte de estas estadísticas lamentables.

Y cito palabras de Kofi Annan, ex secretario general de Naciones Unidas:

La violencia contra la mujer es quizá la violación de derechos humanos más vergonzosa. Es quizá la más generalizada. No conoce ningún límite de geografía, cultura o riqueza. Siempre que siga, no podemos alegar estar logrando avances reales hacia la igualdad, el desarrollo y la paz.

Erradicar la violencia contra las mujeres es una tarea de todos. Por ello, los exhorto a pronunciarnos por un ya basta: ya no más violencia contra las mujeres y las niñas. Trabajemos todos para combatir este deleznable cáncer de la humanidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2009.

Diputada María Guadalupe García Almanza (rúbrica)
 
 
 

COMENTARIOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, A CARGO DEL DIPUTADO EDUARDO MENDOZA ARELLANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El fenómeno del calentamiento global preocupa a la comunidad internacional desde hace varios años razón por la cual en este diciembre se reunirán una vez más en Copenhague para generar una serie de compromisos para el futuro inmediato.

La Cumbre de Copenhague no debe ser ajena para ningún sector de la sociedad; el cambio climático es un fenómeno que afecta directa e indirectamente a todas las naciones del mundo; México no es la excepción, contribuye con aproximadamente 1.6 por ciento de las emisiones mundiales totales de gases de efecto invernadero; en el rango de países emisores, se posee la no honrosa posición número 13.

Los costos para el país, si el clima llega a variar entre 2 y 5 grados serían: sequías en casi 50 por ciento de las tierras cultivables; aumento del nivel del mar con daños considerables en zonas habitadas de la costa del Golfo de México y del Caribe; en verano las lluvias podrían disminuir hasta 5 por ciento en la parte centro de México; se proyectan retrasos en el inicio de las lluvias, con una extensión de la temporada de lluvias hacia los meses de otoño, para gran parte del país.

Los impactos no son extraños, ya se están padeciendo, basta recordar el problema de abasto de agua que se presenta en la Ciudad de México; o los huracanes Wilma, Mitch, Katrina, Dean o Jimena que han golpeado las playas mexicanas en los últimos años; e incluso las lluvias torrenciales que han afectado el centro del país.

Nuestro país ha suscrito un sinnúmero de compromisos internacionales, pero en ninguno está obligado a dar un cabal cumplimiento. Debemos preocuparnos por la inacción, por la falta de una verdadera estrategia para enfrentar el cambio climático, tenemos la obligación de identificar qué es lo que podemos hacer en el marco de nuestras competencias; identificar qué reformas podemos desarrollar para atacar este problema de manera integral y transversal, incluyendo todas las áreas, y no sólo cerrarlo a la perspectiva ambiental, sino también que abarque las áreas económica y energética.

La estrategia para enfrentar los desafíos del calentamiento global no puede estar desvinculada del tema de la utilización de las energías limpias, es necesario impulsar el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía y proponer acciones afirmativas para incentivar económicamente a las empresas para que utilicen fuentes alternativas como el hidrógeno, la energía eólica y la energía solar, nuestro país no puede seguir abusando de la utilización de los hidrocarburos.

Por eso es importante conocer la postura que la delegación mexicana llevará a la Cumbre; necesitamos desarrollar una vía alterna en materia energética que nos permita reducir el impacto sanitario y ambiental inhibiendo paulatinamente la utilización de los energéticos responsables de la contaminación atmosférica; no podemos olvidar que México tiene amplias posibilidades de convertirse, en 2010, en sede de la discusión en el marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Diputado Eduardo Mendoza Arellano