El suscrito, diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral I, inciso b), de la ley Orgánica y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primero. Que la Educación, "es un derecho humano, que constituye por una parte, el derecho fundamental de toda persona a recibir educación y por la otra, la obligación del Estado de garantizar la impartición de la educación básica a todos los gobernados, de manera gratuita, laica y tendiente a desarrollar las facultades y colectivas del ser humano"1 en condiciones de dignidad y viabilidad formativa.
Segundo. Que sólo a través del impulso a la educación, lograremos configurar en los ciudadanos, valores democráticos que orienten su conducta y definan su posición frente a realidades concretas. El reconocimiento de la dignidad humana propia y de los demás, la aceptación de la diversidad, la tolerancia, la igualdad, la honestidad, la responsabilidad, la participación, son valores de la cultura democrática producto del aprendizaje social que al entenderlos, aceptarlos y tomarlos para sí, se convierten en pautas de conducta que propician una mayor práctica y demanda de democracia. La educación, pues, resulta clave en la consolidación y perfeccionamiento de la democracia.
Tercero. Que si analizamos la evolución de cualquiera de los países desarrollados en el mundo, llegaremos a la conclusión de que la base, de todos y cada uno de ellos, ha sido el desarrollo de su educación en todos los niveles, desde enseñar a los niños a leer y escribir, como planear todos los niveles de su educación: primaria, secundaria, preparatoria, escuelas técnicas y universidades. De esa forma se cuenta con la materia prima necesaria para insertar al material humano en todos y cada uno de los sectores de la economía. Empero, una de las cosas más tristes es constatar que en lugar de ir mejorando, cada vez el material humano llega con menos conocimientos fundamentales para emprender sus estudios superiores.
Cuarto. Si bien es cierto, que la educación brinda opciones a los seres humanos en cuanto al tipo de vida que desean llevar; les permite, asimismo, expresarse con confianza en sus relaciones personales, en la comunidad y en el trabajo. Sin embargo, de acuerdo al Informe General sobre los Objetivos del Milenio 2009, hay en el mundo, más de 115 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria que, al no poder acudir a ella, se ven privados de ejercer este derecho humano. En su mayoría, se trata de niños procedentes de hogares pobres, cuyas madres con frecuencia tampoco han recibido educación formal.
Quinto. Si bien es cierto, que el índice de desarrollo humano brinda los números del bienestar relativo y de los rezagos; el informe ofrece su relato de las vidas detrás de las cifras. Y esas vidas, en el mundo y en México, son muy diferentes en calidad y en libertad, porque el mundo es desigual, como lo es México también. El Informe de Desarrollo Humano 2009, anota que mientras 50 países retrocedían, México ha ganado un puesto. Se debe esta subida a mayores ingresos promedio y a una mejora en la alfabetización de los adultos. México está 10 puestos por encima de su promedio en esperanza de vida y 20 por encima en desnutrición de menores de cinco años. Pero el país acumula rezagos en igualdad de género y en esperanza de vida, así como en alfabetización de adultas o escolarización de las niñas, y también en la representación política de las mujeres.
Sexto. Que pese a lo anterior, la ONU advierte, en este Informe de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en la página 60, si bien es cierto que "en muchos países, la matriculación escolar aumentó como resultado de un mayor gasto público en educación, esta situación podría cambiar radicalmente debido a la actual crisis económica mundial. Las tendencias demográficas son otro factor que podría afectar al logro de este objetivo; el crecimiento demográfico aumentaría la necesidad de recursos destinados al sector educativo. Sin embargo, el número de niños que, a nivel global, no asiste a la escuela disminuye a un ritmo demasiado lento y desigual para alcanzar el objetivo en el año 2015."
Séptimo. Que comparto lo expresado por la UNESCO, cuando en su publicación Hacia las Sociedades del Conocimiento, expresa: "Se podría considerar cínicamente que el desarrollo humano sostenible y compartido es una mera consigna de moda. Sin embargo, debería contemplar como visión nueva y coherente para un mundo como el nuestro en el que tantos valores espirituales se han erosionado, y en el que las viejas ideologías optimistas basadas en el progreso y la Ilustración no parecen contar con nuestra adhesión. Esta visión nueva podría suministrarnos un código de conducta común aceptable por todos nuestros congéneres." (Página 160.)
Octavo. Que resulta, a todas luces, necesario que la educación que se imparta en el nivel primario, no sólo abarque a la mayoría de infantes en edad escolar, sino que además esta sea de calidad, que sólo podrá lograrse con un mejoramiento en la jornada laboral, número de días de trabajo efectivo del calendario escolar anual y el uso efectivo del tiempo en actividades con sentido educativo; perspectivas que se engloban en el denominado Programa Nacional de Escuelas de Tiempo Completo, que surge como una alternativa escolar que organiza sus actividades en el marco de enfoques, propósitos y contenidos de los plantes y programas de estudio vigentes, ofreciendo a las niñas y niños de México ambientes educativos propicios para impulsar su formación integral. Así para que la educación, tenga un carácter eminentemente integral y considerarse como una prioridad para el desarrollo de nuestro país, ésta, debe impartirse con una visión social que considere sobre todo la convivencia armónica, basada en una nueva forma de relación más humana y más social, desde los primeros años de la educación básica.
Noveno. Que en nuestro país existen antecedentes sobre esta experiencia educativa, desde la década de los 70 del siglo pasado y actualmente, a casi 40 años de distancia, han surgido de manera incipiente y a propuesta de la Secretaría de Educación Pública, por la necesidad de impartir educación en horarios con mayor amplitud; esencialmente como un apoyo a las madres trabajadoras y para un mejor aprovechamiento de las y los educandos en sus tiempos libres, se ha venido reproduciendo en los diferentes niveles, tanto de preescolar, primaria, secundaria y en el sistema de educación especial.
Décimo. Que el Partido Revolucionario Institucional, enarboló como compromiso de campaña, precisamente, el fortalecer con más recursos, e incluso, con una reforma legal, el Programa de Escuelas Primarias de Tiempo Completo, en beneficio no sólo de una mejor educación de nuestras niñas y niños, sino, de las madres de familia que tienen trabajar o atender sus pequeños negocios, con jornadas de trabajo prolongadas y con la consecuente desatención de sus hijos, luego de la salida de las escuelas.
Undécimo. Que ante la salvaje crisis económica que asola, mutilando nobles proyectos para millones de mexicanos, es necesario, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, se orienten mayores recursos al Programa de Escuelas Primarias de Tiempo Completo y se instaure en otras entidades que tengan un alto índice de marginación, a efecto de que el ideal educativo no sólo sea una oferta preciosita de difícil realización.
Por tal razón, resulta un motivo de alta prioridad nacional, que en el diseño de la nueva política presupuestaria a que la crisis nos somete, no dejemos de aplicar los recursos necesarios al renglón educativo, sobretodo todo en aquellas entidades en los que el índice de desarrollo humano, está muy por debajo de la media nacional, por tal razón, solicito a los integrantes de esta representación nacional, tengan a bien aprobar, la siguiente propuesta de
Punto de Acuerdo
Único. La LXI Legislatura hace un respetuoso exhorto a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación de la honorable Cámara de Diputados, para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, se orienten y se asignen más recursos al Programa de Escuelas Primarias de Tiempo Completo y se pueda instaurar en otras entidades que tengan un alto índice de marginación urbana, suburbana y rural.
Nota
1. Carlos Armando Biebrich Torres y Alejandro Spíndola
Yáñez. Diccionario de la Constitución Mexicana.
Jerarquía y vinculación de sus conceptos. Editorial Porrúa,
Cámara de Diputados y el Instituto Mexicano de Estrategias. 2009.
México. pagina 183 y siguientes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los trece días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
Diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA APOYAR A LAS MUJERES MEDIANTE
CRÉDITOS DIRECTOS QUE LES PERMITAN INICIAR, AMPLIAR O MEJORAR UNA
ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PRODUCTIVA EN ACAPULCO, GUERRERO, Y EN TODO
EL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO FERMÍN GERARDO ALVARADO ARROYO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral I, inciso b) de la Ley Orgánica, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. La participación de la mujer es fundamental para superar la pobreza y para lograr entrar al verdadero desarrollo. La búsqueda de una paz justa y duradera, la igualdad de oportunidades, un desarrollo sustentable preservando los equilibrios ecológicos, son tareas que requieren del esfuerzo de las mujeres.
2. Las mujeres tienen que ser protagonistas en la construcción de una sociedad más justa, más amable con la vida cotidiana de las gentes que promueven y cultiven valores como el respeto, la solidaridad, la fraternidad, la amistad, el sentimiento de comunidad.
3. Actualmente, en nuestro país, 54.7 millones son mujeres, representan el 50.9c de la población y el mayor porcentaje se encuentra en edad productiva: las niñas en edad escolar (5 a 14 años), representan 19.1 por ciento; las adolescentes (15 a 19 años) 9.5 por ciento; las jóvenes (20 a 24 años) 9 por ciento; las mujeres adultas (25 a 59 años) 44.7 por ciento y las adultas mayores (60 y más) 9 por ciento.
4. Para elevar la calidad de la democracia, necesitamos lograr el acceso igualitario de niñas y niños a todos los niveles de enseñanza, así como los derechos a la salud, a un trabajo digno, con remuneraciones iguales por responsabilidades similares. Es de vital importancia, por ello, impulsar y apoyar la participación de la mujer en la política y las organizaciones sociales, en las empresas y en la administración pública.
5. Si todos, hombres y mujeres, damos nuevos pasos para alcanzar mejores condiciones de vida, el desarrollo social y cultural y la erradicación del flagelo de la inequidad, avanzaremos hacia la sociedad que merecen nuestras hijas e hijos: una sociedad mejor y más feliz.
6. Como es de nuestro conocimiento, el rol de la mujer, hace años, sólo se inscribía en el ámbito doméstico y familiar; pero hoy, más del 60 por ciento realiza un trabajo extra domestico, adicional a su responsabilidad familiar y en el 35 por ciento de los hogares la mujer es el único sustento del hogar. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo ha sido un proceso intenso y constante desde hace varios años, de hecho, la tasa de participación femenina se ha incrementado notablemente al pasar de 17.6 por ciento en 1970 a 36.8 por ciento en 1995 y 42 por ciento en 2008.
7. Las aportaciones femeninas a la economía doméstica son cada vez más importantes. A inicios de la década de los noventa, cerca de uno de cada dos hogares registraba ingresos monetarios provenientes del trabajo femenino; en 2005 esta situación se observó en dos de cada tres.
8. En Guerrero, la tasa de participación económica de las mujeres se observa consistentemente a la alza. De un total de 674 mil 177 hogares guerrerenses, 165 mil 680 son encabezados por jefatura femenina, que representan un 24.6 por ciento, ocupando con este porcentaje, el segundo lugar a nivel nacional después del Distrito Federal.
9. De acuerdo al Estudio Mundial del Papel de la Mujer en el Desarrollo, publicado cada cinco años por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas dedicado al tema del control y acceso por parte de la mujer a los recursos económicos y financieros, incluida la micro financiación, se determino que las mujeres siguen teniendo menos acceso a los recursos económicos y financieros, entre ellos, los microcréditos, por lo que es necesario disminuir esta inequidad, sobre todo, ahora en tiempos de crisis económica.
10. Dicho informe enfatiza el hecho de que un mayor acceso de la mujer a estos recursos tiene consecuencias positivas sobre la reducción de la pobreza, el bienestar de los niños y el crecimiento económico.
11. Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz, el llamado banquero de los pobres, en su esfuerzo por crear desarrollo económico y social desde abajo, defiende el crédito que se otorga a personas que carecen de propiedad de bienes inmuebles y en especial el que se hace a las mujeres, porque "cuando una mujer consigue rendimientos por su actividad, los que se benefician en primer lugar son sus propios hijos".
12. Las políticas de microcréditos buscan, primordialmente, combatir la pobreza con base en las oportunidades que ofrece el mercado, a la vez que incentivan el desarrollo de habilidades emprendedoras, mediante el uso de vínculos solidarios comunales y de nuevas tecnologías.
13. Como legisladores, tenemos la enorme responsabilidad de buscar las condiciones que garanticen a las mujeres de nuestro país, una preparación cultural, política y económica que las capacite para tener una eficaz y activa participación en la vida de nuestro país y tengan la posibilidad de accesar, sin complicaciones, ni exigencias burocráticas mayores, que les permita iniciar o ampliar una actividad económica y productiva, que les genere ingresos.
14. Por lo anterior, es necesario que se fortalezcan y amplíen los créditos a la palabra de las mujeres trabajadoras, se incentiven sus capacidades emprendedoras, se aprovechen los avances tecnológicos y se amplié su uso, disposición y beneficio, así como, ampliar el espectro de oportunidades económicas, para mejorar las condiciones de vida y alivianar la pobreza extrema en que viven muchas mujeres de nuestro país.
Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La LXI Legislatura hace respetuoso exhorto a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Equidad y Género, de Economía, de Desarrollo Rural y todas las afines, de la honorable Cámara de Diputados, para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal para 2010, se asignen más recursos presupuestales para apoyar a la mujer, sin mayor trámite y requisitos, mediante créditos directos a la palabra que les permita iniciar, ampliar y mejorar una actividad económica y productiva , en Acapulco, Guerrero y en todo el país.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los trece días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
Diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA PINTAR EDIFICIOS Y REPARAR LAS UNIDADES
HABITACIONALES DE TLALNEPANTLA, MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO AMADOR
MONROY ESTRADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Amador Monroy Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Las Unidades Habitacionales del Infonavit ha comenzado a sufrir los estragos del tiempo, a grado tal que el deterioro en algunos de sus edificios pone en riesgo la vida de sus habitantes, ya que se están extendiendo grietas que va de dos a siete centímetros de ancho, las escaleras que conducen a los departamentos se están separando de las estructuras de ambos lados que la soportan; en general, las viviendas presentan fisuras en techos, paredes y lozas.
No obstante que Protección Civil ha constatado el mal estado del inmueble, no ha habido ni asesoría ni ayuda formal.
Los condóminos, que por cierto son adultos mayores que sobreviven con su pensión de jubilados, señalaron que no cuentan con los recursos suficientes para sufragar los gastos que implicaría la reparación de los daños, que conforme pasa el tiempo van agravándose. Cuando se presentan problemas estructurales en el edificio no se aplica, por sobrepasar el presupuesto manejado por el programa.
Los edificios de El Rosario, unidad habitacional considerada como una de las más grandes de América Latina, ya rebasaron su vida útil de 30 años, por lo que la totalidad de ellos requiere reforzamiento.
De 350 edificios en la parte que se ubica en Tlalnepantla, solamente tres han sido reforzados debido a las fallas estructurales que presentaban, en tanto que está pendiente la rehabilitación del resto de los inmuebles.
La antigüedad de los edificios de El Rosario es superior a 35 años, sin que los condóminos les hayan dado el mantenimiento adecuado, por lo que presentan diversas deficiencias, algunas de ellas graves, como inclinaciones, las cuales ponen en riesgo la integridad física de sus ocupantes.
Para reforzar la totalidad de edificios se necesita la colaboración de los condóminos mediante la aportación de recursos económicos y mano de obra, ya que es sumamente costoso realizar trabajos de este tipo.
Por lo anteriormente fundado y motivado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a las Comisiones de Desarrollo Social, y de Presupuesto y Cuenta Pública que se considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 la cantidad de 50 millones de pesos para pintar los edificios y reparar todas las Unidades Habitacionales situadas en el municipio de Tlalnepantla, estado de México.
Palacio Legislativo, a 13 de noviembre de 2009.
Diputado Amador Monroy Estrada (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR LA PLAZA Y EL PÓRTICO
DE ACCESO DEL GRAN PARQUE DE LA CIUDAD, EN PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA,
A CARGO DEL DIPUTADO HUMBERTO LEPE LEPE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Playas de Rosarito cuenta con el Gran Parque de la Ciudad, obra muy significativa que representa uno de los lugares de esparcimiento más importantes. Sin embargo, aún faltan obras por cumplimentar para que dicho parque se encuentre en óptimas condiciones de uso.
Por ello, la necesidad de construir la plaza y el pórtico, que se establece en un punto de acceso inmediato que permitirá tener control vehicular y peatonal. Esta obra representaría el eje distribuidor a todas las áreas y espacios, constituyendo un atractivo visual a la Plaza Bicentenario de México, que se visualizaría desde la carretera escénica, por encontrarse en uno de los puntos más altos del predio.
Por lo expuesto, presento a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 6 millones de pesos para construir la plaza y el pórtico de acceso del Gran Parque de la Ciudad, en Playas de Rosarito, Baja California.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2009.
Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR UN LAGO, CON SU CORTINA DE VIVEROS
Y ÁREAS VERDES EN EL GRAN PARQUE DE LA CIUDAD, EN PLAYAS DE ROSARITO,
BAJA CALIFORNIA, A CARGO DEL DIPUTADO HUMBERTO LEPE LEPE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El que suscribe, Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Contar con más áreas verdes y de recreación en las ciudades es de suma importancia, ya que cada día el ser humano está contribuyendo al deterioro del entorno ecológico, situación que ha elevado el número de desastres naturales que hemos padecido durante los últimos años a causa de la contaminación; por consiguiente, éstos son cada vez más potentes y dejan secuelas graves, como la pérdida de vidas y de recursos, y devastación.
Los problemas ecológicos son comunes en todo el mundo. Con frecuencia se habla de una deforestación acelerada, de la pérdida de diversidad biológica, de la escasez y contaminación del agua, de la erosión del suelo, de la contaminación del aire, del congestionamiento urbano.
Los problemas ambientales han adquirido una dimensión de cantidad y de calidad.
Ante ello, las autoridades de Playas de Rosarito, Baja California, preocupadas por el deterioro del ecosistema, consideran la construcción de un lago, con su respectiva cortina, de viveros y de áreas verdes en el Gran Parque de la Ciudad, obras de trascendencia para la conservación ecológica, además de que apoyarían a los ciudadanos en los aspectos recreativo y deportivo.
Por lo expuesto, presento a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 31 millones de pesos para construir un lago, con su respectiva cortina, viveros y áreas verdes en el Gran Parque de la Ciudad, en Playas de Rosarito, Baja California.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2009.
Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR, REHABILITAR Y AMPLIAR DIVERSAS
VIALIDADES EN PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, A CARGO DEL DIPUTADO
HUMBERTO LEPE LEPE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Para Playas de Rosarito, contar con recursos suficientes a fin de construir, modernizar, rehabilitar y ampliar obras viales en beneficio de la comunidad significa desarrollo en diversos ámbitos, como el turístico, económico y cultural, por su ubicación geográfica.
El problema de viabilidad en el municipio comienza a generar caos vial y peatonal; por ello, la construcción del boulevard de acceso al centro de convenciones es sin duda una obra prioritaria para el municipio, ya que la construcción de éste generará un detonante de gran impacto para la región en actividades económicas.
El bulevar es un puente vehicular de retorno del centro de convenciones a Rosarito, con rampas de integración que permitiría el retorno a Rosarito, Tijuana, Ensenada y Tecate, ya que se trata de una obra pública que podrá ser utilizada por las cuatro regiones, mejorando los tiempos de desplazamiento para salir de la zona, lo que beneficiará directamente los municipios mencionados.
Por otra parte, la ampliación del puente Machado implicará un desfogue del bulevar Bicentenario y retorno a la autopista escénica, mejorando el tráfico en tanto se construyen otros cruces del poblado. Esta obra beneficiará a 30 mil habitantes.
Con la construcción del tercer carril para tránsito local del bulevar Rosarito, en la intersección de la carretera libre a Tijuana y terminando al sur de Playas de Rosarito, favorecerá el enlace de los corredores industriales y turísticos, además de ofrecer mayor seguridad, eficiencia y comodidad en el cruce de la autopista.
El nodo de integración vehicular Kontiki incluye la construcción de rampas, que permitirán la comunicación entre zonas urbanas de Playas de Rosarito, mejorando el tiempo de desplazamiento y la comunicación entre las zonas este y oeste.
La construcción del nodo Pemex, en el kilómetro 29+500 de la carretera escénica Tijuana-Ensenada, es un proyecto elaborado por las Secretarías de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Baja California, y de Comunicaciones y Transportes. Se trata de una obra que fungirá como desfogue de la parte central de Playas de Rosarito.
Integrará el bulevar Benito Juárez Sur para, eventualmente, entroncar con los bulevares Poliducto y Machado, en Tijuana, para conectarse posteriormente con la línea internacional Otay. El beneficio social de esta obra permitirá mayor tráfico y velocidad, así como seguridad para 45 mil habitantes.
En el programa de colocación de semáforos y adecuaciones geométricas del nodo La Tomatera-Cobach, se incluirá la ampliación de un carril más, la construcción de isleta y apertura de faja separadora central, y la obra civil y electromecánica complementaria.
El beneficio de estas obras será el mejoramiento del acceso a la colonia Reforma y seguridad en el cruce de los estudiantes y de la población en general sobre la carretera libre Tijuana-Ensenada.
Por lo expuesto, presento a esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 43 millones de pesos para construir el bulevar de acceso al centro de convenciones de Playas de Rosarito, Baja California.
Segundo. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 30 millones de pesos para ampliar el puente Machado, en Playas de Rosarito, Baja California.
Tercero. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 101 millones de pesos a fin de construir el tercer carril para tránsito local y regeneración del puente o nodo Pemex, en Playas de Rosarito, Baja California.
Cuarto. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 45 millones de pesos para construir el nodo Pemex, en Playas de Rosarito, Baja California.
Quinto. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 3 millones de pesos para colocar semáforos en el puente peatonal del plantel Cobach, ampliar un carril más, construir isleta y abrir faja separadora central en Playas de Rosarito, Baja California.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2009.
Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR EL PROYECTO PLUVIAL DEL ARROYO
HUACATAY, EN PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, A CARGO DEL DIPUTADO
HUMBERTO LEPE LEPE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México presenta un problema muy grave en cuanto al tema de inundaciones; y Baja California no es la excepción.
El arroyo Huacatay es una de las 14 microcuencas que componen el sistema hidrológico continental del municipio, con un área tributaria de 4 mil 500 hectáreas. La cuenca contiene un árbol fluvial bien definido, compuesto de varios subramales, con longitud mayor de 11 kilómetros.
La desembocadura de la cuenca tiene dos deltas: un paleodelta, a la altura de la colonia Crosthwaite; y un delta actual que desemboca en el mar.
Los deltas son atravesados transversalmente por los tres ejes más importantes de la población: el bulevar Guerrero, la autopista Tijuana-Ensenada y el bulevar Benito Juárez (antigua carretera libre Tijuana-Rosarito-Ensenada).
El alcance de la obra es de 2 mil 500 metros lineales, que tiene como finalidad proteger la infraestructura del bulevar Benito Juárez, lo que beneficiara a 24 mil habitantes del municipio y del estado.
Por lo expuesto, presento a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 69 millones de pesos para construir el proyecto pluvial del arroyo Huacatay, en Playas de Rosarito, Baja California.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2009.
Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE DESTINEN RECURSOS, EN EL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL, DIRIGIDOS A CONSTRUIR UN CAMPO DE TIRO, ADQUIRIR PATRULLAS Y
EDIFICAR DOS SUBCOMANDANCIAS EN PLAYAS DEL ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, A
CARGO DEL DIPUTADO HUMBERTO LEPE LEPE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Dada la situación que viven el norte del país y, con mayor preocupación, los estados fronterizos, como Baja California, es imprescindible contar con mayores recursos económicos, materiales y humanos para enfrentar las adversidades que ha generado el crimen organizado.
La capacitación de los cuerpos policiacos debe ser constante para responder de manera eficiente las agresiones de la delincuencia.
Actualmente, la Dirección de Policía y Tránsito Municipal carece de infraestructura para que sus agentes realicen prácticas de tiro, por lo que se considera de suma importancia contar con dichas instalaciones.
El número de patrullas con que cuenta el ayuntamiento no es suficiente; por ello la necesidad de aumentarlas para que pueda cubrirse todo el territorio rosalitense.
Las dos subcomandancias por construir (Primo Tapia y Plan Libertador) contribuirían de manera importante con la Dirección de Policía y Tránsito, ya que carece de instalaciones propias y adecuadas para brindar el servicio.
Por lo expuesto, presento a esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública incremente una partida de 16 millones 965 mil 149.55 pesos al subsidio para la seguridad pública municipal.
Segundo. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 14 millones 34 mil 850.45 pesos para construir un campo de tiro, adquirir patrullas y edificar dos subcomandancias (Primo Tapia y Plan Libertador) en Playas de Rosarito, Baja California.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2009.
Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
AGRARIA ANTONIO NARRO, EN CHIAPAS, A CARGO DEL DIPUTADO HUMBERTO LEPE LEPE,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 asigna a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, de Chiapas, recursos fiscales por 682 millones 263 mil 39 pesos, pero esta cantidad no considera las necesidades planteadas para la ampliación, actualización y modernización de la infraestructura física y el equipo e instrumental de laboratorios, que presentan un considerable rezago, ni para el pago de la estructura de mando y la correspondiente liberación de plazas académicas, que actualmente son ocupadas por funcionarios.
Para cubrir los objetivos de la prestigiada institución educativa en mención, es indispensable contar con una ampliación total por 246 millones 384 mil 444 pesos, cantidad que ayudará a mitigar enormemente la carencia de recursos, como la limitación de gastos de servicios personales, de gasto corriente, de inversión en obra pública e inversión para adquisiciones.
Con el presupuesto que propuso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se estaría frenando considerablemente la modernización de esa casa de estudios, y se dejaría en un nivel poco competitivo respecto a otras universidades.
Por el contrario, si se aprobara la ampliación solicitada, se resolverían algunos problemas, como la construcción del edificio del Instituto de Biotecnología y del auditorio de usos múltiples en Saltillo, los cuales serán un gran motor para el mejoramiento de la universidad, y estar al nivel de otras universidades dedicadas a cuestiones agrarias.
Por lo expuesto, presento a esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una ampliación de 215 millones 277 mil 959 pesos, como diferencial no atendido en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010.
Segundo. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una ampliación de presupuesto de 31 millones 106 mil 485 pesos para la operación del Centro Académico Regional Chiapas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2009.
Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR LA CARRETERA INTERMIXTECA EPATLAN-ZACAPALA,
EN PUEBLA, SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS ISABEL MERLO TALAVERA Y JULIETA MARÍN
TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás normatividad aplicable, someto a consideración de este Pleno proposición con punto de acuerdo, en razón de los siguientes
Considerandos
La comunicación entre las comunidades que existen en las diferentes entidades federativas es fundamental para lograr la integración regional, que es la base del desarrollo económico de un país.
Un mercado interno fuerte es aquel que tiene como cimientos los pilares de la infraestructura que permite la comunicación y la conformación de redes de tránsito y transporte suficientes, ello con el objetivo de impactar de manera positiva en los grupos sociales que conviven alrededor de dichas instalaciones.
Los municipios de Epatlan y Zacapala requieren de un instrumento estructural que les otorgue la oportunidad de incorporarse de manera plena al desarrollo regional de la zona centro del país, lo cual será posible mediante la construcción de un tramo carretero que comunique a ambas comunidades.
La zona de la Mixteca poblana se encuentra en el conjunto de regiones en situación de marginación, pobreza y alta vulnerabilidad, por ello, requiere de apoyos de mediano y largo plazos que den sustentabilidad y viabilidad a los programas que se implementen en favor del fomento económico y el bienestar social.
En razón de lo expuesto, someto a consideración de este Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 una partida por de 430 millones de pesos, a fin de construir la carretera intermixteca que comunicará a los municipios de Epatlan y Zacapala, Puebla.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2009.
Diputadas: Isabel Merlo Talavera, Julieta Marín
Torres (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA RESTABLECER LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EN LA EMISIÓN
DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, AJUSTANDO
EL CONTENIDO DE ESE INSTRUMENTO A LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES QUE
RIGEN LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL
Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN MATERIA DE PRESUPUESTO, A CARGO DEL
DIPUTADO JOSÉ RICARDO LÓPEZ PESCADOR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El que suscribe, José Ricardo López Pescador, diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60, primer párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los principios que regulan el presupuesto federal en los artículos 73, fracción VII, 74, fracción IV, 75, 123, Apartado B, fracción IV, 126, 127 y 131.
El artículo 73, fracción VII establece la facultad del Congreso para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto.
Por lo que se refiere exclusivamente a la competencia en materia de presupuesto, el artículo 74, fracción IV, señala como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación. Asimismo, dispone que el Ejecutivo federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos a más tardar el 8 de septiembre, salvo en el año en que inicie el encargo que se fija como término para la entrega de tales iniciativas el 15 de diciembre. Pudiendo ampliarse el plazo cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, según lo establecido en el último párrafo de la propia fracción IV.
De los dos preceptos comentados hasta ahora se concluye con claridad la intención del constituyente de que esta soberanía, sin restricción de ninguna índole, en la determinación del Presupuesto de Egresos, asuma la responsabilidad de aprobar los términos en que debe distribuirse el gasto público, reservando al Ejecutivo sólo la facultad de presentar la iniciativa del decreto respectivo, en esa etapa.
Esa distribución de competencias para fijar los términos del presupuesto, refleja fielmente el sistema de pesos y contrapesos que para el control del poder fue adoptada por los Estados modernos, dentro de los cuales se insertó nuestro país, toda vez que, desde la Constitución de Cádiz de 1812, pasando por la federal de 1824, la liberal de 1857 y la vigente de 1917, incorporó y reiteró ininterrumpidamente el principio de reservar lo que se conoce como el poder de la bolsa a favor del Poder Legislativo.
Las circunstancias imprevisibles que pudieran presentarse en la etapa de cumplimiento del contenido del decreto de Presupuesto de Egresos y la falta de una estructura sólida de funcionarios del poder legislativo que auxiliaran a esta soberanía en la integración de instrumentos para decidir en forma ágil los asuntos que se le turnaran, entre otros elementos, contribuyeron para ceder a los órganos ejecutores del presupuesto, pero esencialmente, a favor del Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, facultades para interpretar y fijar normas de carácter general en el ejercicio del presupuesto.
Si la actuación del Ejecutivo para interpretar y regular el ejercicio del gasto se acotara a circunstancias imprevisibles, que implicara una actuación administrativa, sin rebasar sus facultades, estaría a salvo el régimen de distribución de competencias, que previene el texto constitucional.
Sin embargo, en las dos últimas administraciones federales, se ha observado una tendencia, que se acentúa con el transcurso de los años, para incurrir en la perniciosa práctica de subejercicios extraordinarios, por cantidades cada vez mayores, que no provienen de una administración regular del presupuesto o de circunstancias supervenientes, pero que, con base en la facultad genérica de interpretar en el ámbito administrativo el decreto y de precisar las reglas de operación, el Ejecutivo federal de manera unilateral, haciendo nugatoria la atribución constitucional de este órgano legislativo, canaliza o reconduce cantidades cada vez mayores de recursos públicos.
En el Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública de 2007 que presentó la Auditoría Superior de la Federación se destaca como un área de opacidad los subejercicios presupuestales, toda vez que en ese ejercicio se observó que se autorizaron afectaciones presupuestales con el objetivo de distribuir remanentes e ingresos excedentes y transferidos a diversas dependencias, entidades, fondos y fideicomisos, así como para la constitución de depósitos en la Tesorería de la Federación, a fin de cubrir presiones de gasto y que por lo avanzado del ejercicio no era posible que se devengara. Esta situación pone al descubierto que a través de diversos mecanismos se autorizan reasignaciones del gasto a efecto de alcanzar el equilibrio presupuestario y ocultan las proporciones reales de los subejercicios que crecen en forma desmedida.
Para ilustrar con cifras las afirmaciones anteriores, extraigo textualmente del citado Informe de la Auditoría Superior de la Federación que en 2007 se reportaron subejercicios por 4,236’600,000.00 M.N. (cuatro mil doscientos treinta seis millones seiscientos mil pesos 00/100 moneda nacional) y 115,092’600,000.00m.n. (ciento quince mil noventa y dos millones seiscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), de recursos destinados a fideicomisos, de los cuales solo 73,435’600,000.00 m.n. (setenta y tres mil cuatrocientos treinta y cinco millones seiscientos mil pesos 00/100 moneda nacional) correspondían a recursos etiquetados por esta soberanía para asignarse a éstos; los otros 41,657’000,000 m.n. (cuarenta y un mil seiscientos cincuenta y siete millones de pesos 00/100 moneda nacional), según la Auditoría Superior de la Federación, se canalizaron a 28 fideicomisos o fondos, cuyo objeto fue evitar la concentración de recursos en la Tesorería de la Federación al final de 2007.
La implementación de mecanismos como los descritos, por parte del Ejecutivo federal y del Poder Judicial federal, genera que los órganos encargados del ejercicio del gasto, tengan recursos de magnitudes considerables que aplican a programas públicos sin la autorización y control de la Cámara de Diputados, privando la opacidad y discrecionalidad en la asignación de los mismos. En otros términos, se ejercen partidas de gasto no autorizadas por este órgano de representación popular.
Si permitimos que esta insana práctica continúe, de nada sirve que como integrantes de esta representación popular aprobemos el presupuesto atribuyendo recursos a programas prioritarios para el desarrollo de nuestro país, toda vez que el Ejecutivo con el ánimo de canalizarlos o reconducirlos en tiempos distintos, con criterios de oportunidad subjetivos, y sin restricción alguna, puede cambiar el mandato de esta Cámara en materia presupuestal.
Desafortunadamente el mal ejemplo ha permeado al Poder Judicial, donde se ha reconocida públicamente al menos desde principios de la presente década que los recursos derivados de subejercicios, con la finalidad de no reintegrarlos para reasignarlos a programas prioritarios, se depositaron en fideicomisos mediante los cuales se afectaron recursos con la finalidad de otorgar condiciones excepcionales de retiro a los jueces y magistrados federales, o incluso se realizaron pagos extraordinarios, con la modalidad de "bonos" a favor de los funcionarios y servidores públicos del Poder Judicial.
La propuesta para enfrentar la emergencia e impulsar el crecimiento económico, el empleo y combatir la pobreza, preparada e impulsada por la Coordinación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, incluye el compromiso de emitir las normas que sean necesarias para asegurar que los subejercicios anuales se reasignen específicamente a proyectos de inversión en el siguiente ejercicio, para lo cual se propone, por parte de la bancada a la que pertenezco, la creación de un fondo específico para inversiones debidamente etiquetadas para programas existentes o de nueva creación, con recursos provenientes de las disponibilidades finales, subejercicios, ahorros y economías de las dependencias del sector público.
Tengo la convicción de que algunas de las medidas mencionadas en el párrafo que antecede implican una reforma de índole legislativa, la cual seguramente en otro momento se abordará; sin embargo, al margen del contenido actual de la legislación, como corresponde al sistema constitucional de derecho democrático, debemos implementar las medidas para hacer prevalecer por encima de cualquier disposición de índole legal o reglamentario, el contenido del texto constitucional.
Esta obligación de otorgar supremacía a la Constitución para precisar el contenido del decreto de Presupuesto de Egresos, obedece a la necesidad de cumplir con la disposición contenida en el artículo 133 del texto fundamental, pero además, al principio de que a esta soberanía no debe vincularle el contenido de preceptos legales precedentes, y menos cuando éstos pugnan con la Constitución.
Derivado de una interpretación errónea de que el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación sólo puede modificarse mediante una ley posterior, y considerando los tiempos para desahogar el procedimiento legislativo, se cayó en el absurdo de que fueran los poderes y órganos encargados de ejercer el presupuesto los que, mediante instrumentos administrativos y, por ende, de menor jerarquía a los acuerdo camarales, intervinieran en la modificación del presupuesto, haciendo nugatoria la facultad de la Cámara de Diputados contenida en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución y dejando sin efecto una herramienta fundamental del equilibrio de poderes.
Por lo anterior, resulta necesario que de manera urgente se restablezca la facultad de examinar, discutir y aprobar el presupuesto, que en forma exclusiva asignó el Constituyente a esta H. Cámara, acotando y eliminado en lo posible los procedimientos que utilizan en forma discrecional los poderes y órganos ejecutores del gasto, y permitiendo, de esa manera, la intervención que constitucionalmente nos corresponde para autorizar los ramos, conceptos y renglones en los que se reasignen los recursos provenientes de subejercicios, ahorros o economías de las diversas áreas adscritas a su estructura orgánica o supervisión, con la finalidad de permitir el control presupuestario que esta soberanía lleva con el auxilio de la Auditoría Superior de la Federación.
En consecuencia, con la finalidad de corregir de manera inmediata la practica inconstitucional descrita, se propone que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 se establezca el límite que debe tener la autoridad ejecutora del gasto público para interpretar y emitir normas generales, en el ámbito administrativo, sin traspasar los límites de sus facultades y respetando las que constitucionalmente tiene esta Cámara para aprobar el presupuesto, como medida de control del poder.
Asimismo, se propone establecer con toda claridad que los recursos correspondientes a subejercicios de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial así como de los órganos constitucionales autónomos deberán destinarse a un fondo único para que sean reasignados prioritariamente a los programas sociales o de inversión física que se señalen en un anexo específico.
Por otra parte, para evitar la retención por parte del gobierno federal de recursos destinados a programas que se ejecutan con mezcla de recursos de los otros órdenes de gobierno, ante la difícil situación por la que atraviesan las haciendas públicas municipales y estatales, se propone eliminar la condición de que se depositen los recursos en los porcentajes exigidos a los estados y municipios para ejercer, por lo menos, los recursos de la federación, como una medida útil para enfrentar la crisis económica, durante el próximo ejercicio, por lo menos hasta el 30 por ciento del programa, restableciéndose posteriormente los términos de los convenios respectivos, para ejecutar el 70 por ciento restante del programa. Esto desde luego, reactivara de manera inmediata al actividad económica en las distintas regiones del país y brindará la oportunidad de que las finanzas de los órdenes de gobierno locales se recuperen.
Por el bien de las mujeres y hombres de este país, restablezcamos ahora mismo, en cualquier acto de esta soberanía, la vigencia plena de la Constitución y muy especialmente rescatemos la facultad que el Constituyente otorga a esta Cámara en materia presupuestaria para transitar por el camino del Estado constitucional democrático de derecho, que implica el control del poder, a través del sistema clásico de pesos y contrapesos.
Cabe señalar que de las disposiciones en materia de presupuesto contenidas en los artículos 75, 123, Apartado B, fracción IV, 126, 127 y 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tampoco se desprende facultades a favor de los poderes y entes encargados del ejercicio presupuestal, para sustituir la voluntad de la Cámara de Diputados en la aprobación de la distribución del gasto.
En efecto, el artículo 75 refuerza la facultad a favor de este órgano colegiado para que, al aprobar el Presupuesto de Egresos, señale la retribución que corresponda a los empleos establecidos por ley, bajo lineamientos que ahí se precisan, pero siempre respetando el contenido de otras disposiciones del texto fundamental, como las contenidas en el artículo 127.
El artículo 123, apartado B, inciso IV, dispone que los salarios de los trabajadores de los poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal sean fijados en los presupuestos respectivos, sin que su cuantía pueda ser disminuida, durante la vigencia de estos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución.
El artículo 126 dispone que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o determinado por la ley posterior, lo que implica la prohibición de que se realicen pagos con base en la normatividad o actos de índole administrativa, emitidos por las autoridades encargadas de ejercer el presupuesto.
El artículo 127 de la Constitución establece que los servidores públicos de la federación, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Se destaca la disposición expresa de que la mencionada remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las bases que ahí mismo se establece, entre las que destacan: a) la forma en que se integran las remuneraciones o retribuciones, para evitar que mediante artilugios la autoridad administrativa compense o premie fuera del presupuesto a los funcionarios, y b) el mandato de que ningún servidor público podrá tener remuneración igual o mayor que su superior jerárquico.
Finalmente, el segundo párrafo del artículo 131 del texto fundamental establece que el Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras; así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país. El propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el Presupuesto Fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida.
Como puede advertirse, del contenido de este último precepto, se desprende una excepción donde el constituyente estimó conveniente se faculte al Ejecutivo, solo en esos casos, para aumentar, disminuir, suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación aprobadas por esta Soberanía, o crear otras. Sin embargo, esa facultad del Ejecutivo debe estar autorizada en forma previa o posterior por el Congreso. Pero, tampoco en esa disposición se otorgan facultades al Ejecutivo para modificar los términos de la asignación del gasto contenido en el decreto de Presupuesto de Egresos y, por el contrario reconoce la facultad originaria en materia presupuestal de esta representación social.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de este honorable Pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se adicionen un tercero y cuarto párrafos al artículo 1 del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 que textualmente dispongan:
(…)
La facultad de interpretar para efectos administrativos que se otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el párrafo anterior, bajo ninguna circunstancia implica la potestad unilateral de reasignar recursos financieros en rubros, planes, programas u objetivos, diferentes a los términos y plazos aprobados originalmente por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
La Cámara de Diputados deberá autorizar cualquier cambio que implique la reasignación de recursos financieros, incluyendo los
provenientes de ahorros, economías o subejercicios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los órganos constitucionales autónomos y de la administración pública descentralizada, cuando el monto de los recursos supere el 5 por ciento de los recursos asignados a los programas en los que se observa el retraso de la ejecución.
(…) fracciones de la I a la VIII.
IX. (…)
Cuando a juicio de la dependencia coordinadora de sector, las entidades de control directo hayan incumplido alguno de los compromisos sustantivos asumidos en los convenios de desempeño respectivos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa recomendación de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, deberá recabar la autorización de la Cámara de Diputados para adecuar el presupuesto de la respectiva entidad hasta por el monto del incumplimiento, en los términos de las disposiciones aplicables o bajo las reglas que para ese efecto determine la Cámara de Diputados. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público deberá incluir en los informes trimestrales que el Ejecutivo remita al órgano legislativo mencionado en forma desagregada las modificaciones al presupuesto que se haya realizado, con base en la presente disposición.
Cuarto. Modificar la fracción VII del artículo 8 del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, y quede de la siguiente forma:
Los recursos correspondientes a subejercicios de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los órganos constitucionales autónomos que no sean subsanados en términos de las disposiciones legales aplicables deberán concentrarse invariablemente en un fondo único para su reasignación y no podrán destinarse a gasto corriente.
La Cámara de Diputados determinará la asignación y aplicación de los recursos a que hace referencia el párrafo anterior dando prioridad a los programas sociales y de inversión física con base en el anexo técnico respectivo del presente decreto.
(…) primero y segundo párrafos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conjuntamente con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, vigilará que los Programas Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, y de Empleo Temporal, de manera particular, por el alto impacto social y la derrama económica que representan, se ejecuten de manera oportuna y respetando la calendarización establecida, evitando se registren retrasos en dichos programas.
El Ejecutivo federal informará y justificará ante la Cámara de Diputados los subejercicios, ahorros y economías que se registren durante los primeros dos trimestres del ejercicio fiscal, en los Programas Especiales Concurrentes para el Desarrollo Rural Sustentable, y de Empleo Temporal a más tardar el día 15 de julio, y solicitará la ampliación del plazo para ejercer los recursos asignados en esos programas, cuando el subejercicio exceda del 5 por ciento de los recursos autorizados para los mismos, sin perjuicio de que la Cámara, por razones de eficiencia y racionalidad del gasto, los pueda reasignar a otros programas que reditúen en un mayor impacto a favor de la población.
Por lo anterior, exhorto a esta honorable asamblea a aprobar el restablecimiento de la regularidad constitucional en materia presupuestal, para que esta Cámara asuma plenamente sus funciones de aprobar y controlar en términos reales la distribución del gasto público.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2009.
Diputado José Ricardo López Pescador (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA EDUCACIÓN SUPERIOR Y AGROPECUARIA
EN LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA CHAPINGO, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO
NARRO Y EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO JIMÉNEZ
MERINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en la normatividad aplicable, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
La educación superior en nuestro país presenta un serio problema derivado de la falta de recursos suficiente para hacer frente a una demanda creciente de alumnos quienes se encuentran ávidos de estudiar una carrera universitaria, la cual representa una alternativa para mejorar su calidad de vida. La educación y la formación de recursos humanos son las más importantes acciones transformadoras del ser humano y la base del desarrollo de los países.
Los estados de Puebla, Coahuila y México, al igual que otras entidades, presenta la problemática mencionada, la cual sólo puede ser solucionada a partir de una asignación mayor de recursos para el rubro de la educación superior, en particular, la Proposición que presento tiene como objetivo destinar mayores recursos para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; la Universidad Autónoma Chapingo; la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro; y el Colegio de Postgraduados.
El objetivo es incrementar la oferta al contar con una matrícula más amplia, así como el acondicionamiento y, en su caso, ampliación de la infraestructura instalada con la finalidad de otorgar una educación cuantitativa y cualitativamente suficiente.
De igual forma, contribuiremos a fortalecer el sistema educativo nacional a partir de la consolidación de un proyecto de educación superior que pueda proporcionar mayores posibilidades a los educandos de acceder a una mejor calidad de vida.
Con fundamento en lo mencionado, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos que se destinen a la educación superior agraria, en particular para
2. La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, un monto total de 928.65 millones de pesos.
3. La Universidad Autónoma Chapingo, recursos totales por 2 mil 715.6 millones de pesos, y;
4. El Colegio de Postgraduados, con un presupuesto total de 993 millones de pesos.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SAGARPA, DE LA SEDESOL, DEL DIF Y DEL
IMSS A ESTABLECER COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE IMPLANTE UN
PLAN PILOTO NACIONAL DE AUTOPRODUCCIÓN ALIMENTARIA EN EL QUE PARTICIPEN
DE MANERA ACTIVA LAS FAMILIAS RURALES Y LAS URBANAS PARA PRODUCIR MEDIANTE
HUERTOS Y GRANJAS AL MENOS UNA PARTE DE LOS ALIMENTOS QUE NECESITAN E INICIAR
UN PROCESO DE DESARROLLO DURADERO, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO JIMÉNEZ
MERINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en la normatividad aplicable, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El rezago, la marginación, la desigualdad y la pobreza son problemáticas que aquejan a un número importante de personas en el país. La Secretaría de Desarrollo Social considera que alrededor del 54 por ciento de los mexicanos (57.8 millones) presenta pobreza de patrimonio, lo que implica que vive con menos de 4 dólares diarios (53 pesos), en tanto que el 32 por ciento (34.3 millones) lo hace con menos de 2.5 dólares (33 pesos), y 24 por ciento (25.7 millones) con menos de 2 dólares (27 pesos).
Por su parte, los estados con un nivel mayor pobreza en el país son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Durango; cabe mencionar que en dichas entidades se concentran altos porcentajes de población indígena.
La población rural en México, de acuerdo a lo que menciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es del 23.5 por ciento del total, la gran mayoría de ellos se desempeñan en actividades agropecuarias, lo que representa su fuente más importante de ingreso.
Según cifras del Consejo Nacional de Evaluación, dos terceras partes de personas en situación de pobreza se ubican en el medio rural, de las cuales más de 12 millones presentan un nivel de pobreza alimentaria; 15 millones tienen pobreza de capacidades y, cerca de 24 millones están ubicados en el tipo de pobreza de patrimonio.
El panorama anterior nos da una perspectiva de la gravedad de la pobreza y la marginación en México, ante lo cual es imperioso diseñar mecanismos de compensación y apoyo que permitan incidir de manera directa en el abatimiento de las desigualdades sociales.
La propuesta que presento es una alternativa viable para subsanar estas inconsistencias y desequilibrios sociales, se trata de implementar un programa piloto en el que participen las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con la estrategia del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria; y de Desarrollo Social, con su programa Oportunidades; el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; y el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la vertiente de Oportunidades, tendiendo como objetivo la autoproducción alimentaria.
El Plan Nacional de Autoproducción Alimentaria dará prioridad en su conformación a la participación de los habitantes que se encuentran en zonas identificadas con un índice de alta y muy alta marginación, ello con el objeto de poder proporcionar alternativas productivas a las familias de escasos recursos que tienen en las actividades del campo su principal fuente de ingreso.
Los programas sociales han sido un paliativo para atender los problemas de pobreza, marginación y desigualdad, sin embargo, es importante darle un giro de 180 grados a la política social y su aplicación, no es suficiente con otorgar recursos, ya que lo único que se logra es fomentar el paternalismo estatal. Es imperativo implementar estrategias que permitan la vinculación e integración plena de los pobres en el medio rural, siendo éste el mecanismo de mediano y largo plazo que dará sustentabilidad al futuro de dichas familias.
El incremento de la pobreza que se ha presentado durante los últimos años nos obliga a tomar medidas alternativas que atiendan de manera inmediata a los habitantes que se encuentran en las poblaciones con alto y muy alto índice de marginación.
La precaria situación en que se encuentran millones de familias del medio rural debe ser un tema permanente, no debe estar supeditado a cuestiones vinculadas con las inercias económicas, políticas o de interés personal. Debemos sumar esfuerzos para coadyuvar en la búsqueda de un beneficio colectivo, en particular para quienes se encuentran en el medio rural.
En razón de lo expuesto, someto a consideración del Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Desarrollo Social; del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, y del Instituto Mexicano del Seguro Social a coordinarse interinstitucionalmente a fin de que se implemente un plan piloto nacional de autoproducción alimentaria, en el que participen de manera activa las familias rurales y urbanas para que, a través de huertos y granjas produzcan al menos una parte de los alimentos que necesitan e inicien un proceso de desarrollo duradero.
Lo anterior, con el objetivo de que dicha producción familiar sea una opción que permita el desarrollo integral y pleno de las familias y pobladores que se ubican en las localidades de alta y muy alta marginación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre de 2009.
Diputado Alberto Jimémez Merino
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE DESTINEN RECURSOS A PUEBLA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA
PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, SUSCRITA POR LOS
DIPUTADOS ÓSCAR AGUILAR GONZÁLEZ Y JULIETA OCTAVIA MARÍN
TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados Óscar Aguilar González y Julieta Marín Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, presentan punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2010 se destine una partida para la construcción de infraestructura básica, que atiende a los pueblos indígenas del estado de Puebla.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás normatividad aplicable, someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, en razón de los siguientes
Considerandos
Uno de los grupos más vulnerables y que se encuentran en mayor desventaja son los indígenas, quienes en Puebla, como en el resto de las entidades del país, aún no logran integrarse de manera plena a la dinámica nacional, debido a que carecen de la infraestructura necesaria que les permita desarrollar sus actividades en un entorno más favorable.
La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas tiene a su cargo un conjunto de programas que tienen por objeto atender las problemáticas de los grupos indígenas del país, uno de los más importantes es el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI), al cual se le destinaron más de 4 mil millones de pesos en el presente año.
Aun y cuando el PIBAI es un programa federal el cual se distribuye mediante lineamientos establecidos en las Reglas de Operación, es imperativo garantizar un mínimo de recursos para Puebla, ello en razón del número de indígenas que habitan en el estado, así como por los obstáculos y problemáticas que enfrentan.
Es primordial que los recursos sean dirigidos a atender problemas específicos que afectan a sectores sociales vulnerables, en condiciones de pobreza y marginación, es la mejor alternativa para poder subsanar las diferencias sociales que existen.
En razón de lo mencionado, sometemos a consideración del pleno, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas se destine una partida presupuestal para el estado de Puebla, por un monto de 952 millones de pesos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2009.
Diputados: Óscar Aguilar González,
Julieta Octavia Marín Torres (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y LOGRAR LA COBERTURA
EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
EN LOS PLAZOS DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ
ALBERTO GONZÁLEZ MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, José Alberto González Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura por Puebla, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Unión a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 los recursos necesarios con objeto de atender las necesidades correspondientes a la educación preescolar que, con motivo de la reforma constitucional publicada el 12 de noviembre de 2002, se establece como obligatoria en el territorio nacional, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El 12 de noviembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se reforman los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de establecer la obligatoriedad de la educación preescolar a partir de los tres años de edad. Dicha disposición entró en vigor el 12 de diciembre de 2002.
A efecto de dar cumplimiento de manera paulatina a tal ordenamiento, el artículo quinto transitorio señala:
Para el ciclo escolar 2004-2005 será obligatorio cursar el tercer año de educación preescolar, el segundo año de preescolar, a partir del ciclo 2005-2006 y el primer año de preescolar a partir de 2008-2009…
En los plazos señalados, el Estado mexicano habrá de universalizar en el país, con calidad, la oferta educativa de este servicio.
Dos años después de la reforma constitucional se hicieron las adecuaciones a la Ley General de Educación para establecer que, a partir del ciclo escolar 2008-2009, todos los niños deben cursar los tres años de preescolar obligatorio. Obviamente, la reforma también incluía la disposición de que a partir del ciclo escolar 2011-1012, los tres años de preescolar serán prerrequisito para ingresar en primaria.
La educación preescolar tiene una importancia de primer orden en el sistema educativo nacional, debido a los efectos multiplicadores que genera en otros ámbitos de la sociedad.
De acuerdo con La educación preescolar en América Latina, estudio realizado por Robert Mayers, los programas orientados a la niñez pueden proporcionar a ésta grandes beneficios, en términos no sólo individuales e inmediatos sino, también, sociales y económicos a lo largo de su vida, brindándole mayores habilidades para contribuir al desarrollo comunitario y al futuro de la nación. Además, se muestra que los niños reciben atención pronta y constante, tienen mejor nivel de nutrición, contraen menos enfermedades y aprenden mejor que quienes no reciben este tipo de instrucción.
La educación preescolar es una oportunidad para que los niños aprendan y razonen los fundamentos de los valores y los comportamientos sociales que los acompañan a lo largo de su vida.
Al revisar la cobertura de educación preescolar para niños en edades de 4 a 5 años en el ámbito estatal, se observan situaciones contrastantes y preocupantes: por un lado, hay entidades con cobertura casi universal, como Tabasco, Guerrero, Guanajuato, Baja California Sur y Colima, cuya cobertura va de 92.4 a 98.6 por ciento; y, por otro, se muestran entidades como Tlaxcala, Morelos, Veracruz, Durango, Jalisco, Michoacán y México con cobertura baja y muy baja, las cuales oscilan entre 70.5 y 55.8 por ciento. Estas disparidades reflejan los rezagos existentes en este nivel educativo, así como las metas por cumplir poniendo especial atención en la focalización gubernamental hacia los estados con mayor atraso.
El mayor problema estriba en que para agosto de 2011, de seguir en esas condiciones, se habrá generado "un rezago educativo temprano" de casi 1 millón 250 mil niños, que en base en las normas vigentes no podrán ingresar en la primaria por no haber cumplido el prerrequisito de haber cursado los 3 años de educación preescolar, lo cual se debería principalmente a que la reforma constitucional y legal carece de respaldo presupuestario, y de recursos materiales y humanos para hacerla operable.
En mérito de lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Unión a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 los recursos necesarios con objeto de atender las necesidades correspondientes a la educación preescolar que, con motivo de la reforma constitucional publicada el 12 de noviembre de 2002, se establece como obligatoria, así como de lograr la cobertura en la prestación de los servicios de educación preescolar en los plazos fijados en la legislación vigente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2009.
Diputado José Alberto González Morales (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LOS CONCEPTOS DE DISPONIBILIDAD Y DEVENGO COMPROMETIDOS Y NO EJERCIDOS
RELATIVOS AL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
ENVIADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, SUSCRITA
POR LOS DIPUTADOS CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO RAMÍREZ Y JORGE
CARLOS RAMÍREZ MARÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos diputados federales a la LXI legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las disposiciones aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Para elaborar un diagnóstico serio de la condición real de las finanzas nacionales, y así discutir responsablemente el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, propuesto por el Ejecutivo federal, resulta imprescindible contar con información relativa a la concentración de importantes sumas que el gobierno federal ha venido acumulando en fondos, fideicomisos, mandatos, comisiones y otras formas de concentración de recursos que desde hace años se encuentran a disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como otras dependencias y entidades federales.
La realización de diversas acciones de gobierno generan de manera excepcional y extraordinaria acciones y reclamaciones de las autoridades a cargo de particulares ya sea por enajenaciones no recurrentes; por decomisos; por abandono de cuantiosos recursos incautados al crimen organizado, así como por apoyos excepcionales otorgados por instancias internacionales, los cuales se reciben a lo largo del ejercicio fiscal sin que sean contabilizados en los recursos que por vía tributaria se autoriza a recaudar en la Ley de Ingresos y por tanto no son aplicados específicamente en el Presupuesto de Egresos federal. Se ha dado el caso incluso de servidores públicos que han cobrado sumas por conceptos no previstos en ley que han derivado en costosas reclamaciones de particulares basadas en la improcedencia de cobros no autorizados por el Congreso General.
Con preocupación hemos visto que en la última década ha proliferado la práctica que –más propiamente dicho– constituye un vicio administrativo, de reservar o separar de las partidas presupuestarias importantes suma bajo el argumento de que se trata de importes ya comprometidos, devengados o de ejercicio necesario, dándoles artificialmente trato de recursos ejercidos.
Si bien es cierto, tales recursos no se contemplan en términos generales en los proyectos de recursos por recaudar para sufragar el ejercicio fiscal siguiente, la autoridad hacendaria practica ajustes y registros de contabilidad gubernamental para su control y seguimiento. Lo cual no entraña necesariamente el atender puntual y cabalmente las atribuciones, responsabilidades y facultades otorgadas por nuestra Constitución a la Cámara de diputados en lo tocante a las facultades exclusivas en materia presupuestaria.
La división de poderes consagrada en el texto constitucional asigna a la Cámara de Diputados claras facultades respecto a la distribución de recursos para sufragar el gasto público de la Federación. Tales facultades comprenden las atribuciones para estructurar, organizar y normar el proceso mediante el cual se ejerce –bajo un principio de anualidad y de especialidad– la canalización de las sumas que son recaudadas por el Ejecutivo federal y sus auxiliares conforme a la Ley de Ingresos.
No obstante que nuestra carta fundamental estatuye puntualmente la acción de administración dentro de los márgenes limitativos establecidos por ley, se han detectado por parte de la Auditoría Superior de la Federación sumas que exceden los conceptos, fuentes y montos autorizados en los ordenamientos aplicables, generándose un concepto ajeno a la estricta interpretación constitucional. Dicho concepto se conoce bajo el término "disponibilidades".
La Constitución señala específicamente en el artículo 126, que no resulta acorde a dicho ordenamiento ningún gasto que no se encuentre específicamente previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación, o que se autorice en ley posterior. No obstante se han venido acumulado en fideicomisos, mandatos, comisiones, cuentas de garantía y otros vehículos diseñados por las dependencias y entidades federales cuantiosas sumas que no son ejercidas mediante pago efectivo a terceros ajenos a la administración, sino, como se ha dicho, abusando del concepto de devengado mediante el cual se reputan para efectos presupuestarios como gasto ejercido. Tal práctica no solo desvirtúa y desnaturalizada el marco presupuestario y las disposiciones dictadas por esta Cámara, sino que ha generado vicios y prácticas administrativas que incentivan el subejercicio y la creación de reservas de manejo discrecional y hacen nugatoria una efectiva fiscalización del desempeño y gestión pública.
Las transferencias entre rubros y partidas goza de una preocupante laxitud. Se ha puesto poco o nulo cuidado en que los ajustes y modificaciones respeten los límites y alcances fijados en las normas presupuestarias. A la fecha no ha sido posible deslindar claramente si en las pasadas semanas la autoridad hacendaria envió en forma inoportuna y poco transparente el ejercicio que hizo de las facultades conferidas en materia de reasignaciones y si los porcentajes previstos en las disposiciones aplicables fueron rebasados.
La Auditoría Superior de la Federación ha detectado que incluso se han llegado a obtener financiamientos internacionales para proyectos y obras ya realizados, así como que la banca de desarrollo reporta un ejercicio no transparente, ni ordenado de créditos procedentes de instancias del exterior.
De igual forma organismos descentralizados han encontrado mecanismos para imponer a proveedores y contratistas cargas y gravámenes no previstos puntualmente en la Ley de Ingresos. Lo anterior mediante el pacto de penas convencionales o intereses moratorios. Las entidades han obtenido ingresos que no son materia de fiscalización constitucional ni en cuanto a los conceptos, montos y sobre todo aplicación y destino. Dichas sumas por no tener origen tributario no son concentradas en la Tesorería de la Federación, sino que son conservadas, administradas y gastadas discrecionalmente, o peor aún, determinan que las partidas presupuestarias asignadas para una obra o contrato se reporten como totalmente aplicadas, quedando realmente a la dependencia o entidad. Para efectos hacendarios la partida fue ejercida y la Tesofe no concilia las cifras por conceptos de penas convencionales dado que se trata de un concepto ajeno a sus rubros de ingreso.
Al final del ejercicio fiscal dependencias y entidades construyen nuevos mecanismos para reportar ejercicio presupuestario por encima de las cantidades gastadas efectivamente, y mantienen durante algún tiempo sumas cuya aplicación se realiza en otro ejercicio o se canaliza a conceptos diferentes a los originalmente autorizados, simulado ahorros y economías transferibles o reasignables. Eventualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante disposiciones y resoluciones administrativas provee a la concentración y recuperación de fondos federales, sin embargo no presenta a esta soberanía el monto de las cantidades que no fueron oportunamente ejercidos, ni informa respecto de importes que se encuentran en la indefinición de aplicación para que la Cámara de Diputados asigne o distribuya las cantidades no efectivamente ejercidas en el año fiscal concluido.
Es así que diversos productos financieros que no tienen estricto origen tributario quedan a la disposición de las autoridades financieras sin que exista disposición constitucional que permita su ejercicio o erogación y, sin que previamente se incorporen como remanentes al ejercicio fiscal siguiente. Es además preocupante que no se emiten por parte de la Cámara las normas de aplicación y fiscalización correspondientes. Efectuar gastos y erogaciones sin contar con autorización específica entrañaría una violación constitucional ya que incluso las autorizaciones genéricas plasmadas en el presupuesto de cada año, alcanzan y comprenden los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos respectiva. De dichas autorizaciones no se prevaler los funcionarios respecto de partidas extraordinarias en su origen, temporalidad o extrafiscalidad.
Se han detectado además diversos ilícitos u operaciones de dudosa legalidad, empleando cheques de caja de la Tesorería de la Federación, bien modificando o alterando el nombre o mediante complicidad con empleados bancarios. En tales casos se ha llegado a identificar que los títulos de crédito son exigibles, e incluso, que existen provisiones que respaldan dichos instrumentos, sin que resulte claro el origen de los mismos, ni los procedimientos, investigaciones o pesquisas de la Tesorería de la Federación respecto de los instrumentos que aparecen al cobro de cuando en cuando. Siendo importante al efecto llevar un control de esas provisiones que existen o existieron en la banca comercial y que, fueron o serían concentradas en cuentas concentradas de destino incierto.
De igual forma, con poca o nula transparencia se han efectuado intercambios de pagarés por parte del IPAB, sin que se haya realizado un ejercicio de evaluación y reporte a esta soberanía sobre las cantidades recuperadas con cargo a los fideicomisos que administraron cientos de miles de créditos adquiridos durante el rescate bancario y que debieron ser contabilizados de 2005 a 2008. Es de recordarse que tales fideicomisos entrañaban la revolvencia de sumas multimillonarias y que los importes procedentes de los procesos de recuperación no estaban normados por disposiciones estrictamente tributarias. La naturaleza que por ley se le asignó a las llamadas "compras de cartera" constituye un régimen de excepción a la licitación pública, pero no al régimen presupuestario de aplicación de las cantidades recuperadas.
A la fecha se conocen operaciones extraordinarias por venta de activos; de recursos excepcionales por intermediación financiera especulativa por parte de la banca de desarrollo, y otras que se realizan en el exterior por instancias de gobierno como el Banco Central, subsidiarias de Pemex en el exterior, o bien, por transacciones en las que intervienen Bancomext o Proméxico. En general se han multiplicado acciones, omisiones, transacciones y operaciones que por su origen, construcción o naturaleza generan sumas no tributarias que no han quedado afectadas a la cuenta pública revisable por parte de esta Cámara, ni sujetos al escrutinio de la fiscalización superior. Dicha situación no se compadece, ni es acorde con la distribución de potestades contenida en nuestra Constitución.
El haber aplicado en forma heterodoxa remanentes de operación del Banco de México, en sustitución de ingresos fiscales, no hace desaparecer a éstos ya que extemporáneamente y con accesorios financieros serán eventualmente captados, pero no se restituirá en la cuenta y balanza pública el efecto de tener acceso a dicho remanente de operación. De igual forma no se conoce cuales fueron las políticas para asignación de divisas en lo tocante a precios originales de compra o adquisición al momento de realizar la ganancia o perdida durante las subastas propaladas conforme a directivas de la Comisión de Cambios.
En suma no resultaría técnicamente correcto el colmar un déficit o imponer más cargas aún a la población productiva del país, sin contar con un diagnóstico claro de la situación que guardan las finanzas nacionales, ya que tomar en consideración solo el perfil recaudatorio o las proyecciones de ingresos esperados por exportación de hidrocarburos resultaría incompleto y falaz.
Esta oportunidad de hacer un alto en el camino permitirá además restituir el ejercicio del gasto al republicano modelo consagrado en la Constitución, abatiendo la discrecionalidad y cerrando puertas al gasto no fiscalizado y propiciando condiciones de combate a la corrupción.
Antes de proceder a la evaluación del paquete financiero en su aspecto fiscal resulta urgente que el secretario de Hacienda y Crédito Público presente, por supuesto, bajo protesta de decir verdad en términos constitucionales, los montos de fondos, mandatos, cuentas de activos en el exterior o cualesquier otro vehículo o instrumento que permita la concentración de recursos no ejercidos en el año en el que su gasto fue autorizado, tanto del gobierno federal como de la administración pública, así como los plazos o condiciones de inversión, incluyendo sin limitación las sumas de las conocidas como "disponibilidades".
Por ello sometemos a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. Para el puntual y exacto análisis y debate del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por el Ejecutivo federal, la Cámara de Diputados acuerda enviar, con carácter urgente, al secretario de Hacienda y Crédito Público un requerimiento de información respecto de los montos, términos de inversión, ubicación, origen, rentabilidad financiera de todos y cada uno de los fondos, mandatos, comisiones, cuentas, reservas, partidas devengadas o comprometidas por ejercer y en general todo vehículo o instrumento que concentre recursos obtenidos por las dependencias del gobierno federal y las entidades de la administración pública federal, independientemente de su previsión en la Ley de Ingresos o de la vía convencional, administrativa, punitiva o internacional, que no se encuentre efectivamente ejercida al 30 de octubre del año en curso, y que se haya considerado devengada, comprometida o no presupuestaria. En tal informe se incluirán además todas las reservas, cuentas o partidas consideradas administrativamente como "disponibilidades" del gobierno Federal.
Segundo. Para el mismo propósito señalado en el numeral anterior, la Cámara de Diputados acuerda se solicite por conducto del secretario de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Energía, en su carácter de coordinadores sectoriales, a la Tesorería de la Federación, a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos, el importe de las cuentas, reservas y fondos devengados o comprometidos pero no ejercidos al 30 de octubre de 2009.
Diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica)
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDERE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
REGISTRADO PARA GUADALAJARA, JALISCO, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS SALVADOR
CARO CABRERA Y JORGE HUMBERTO LÓPEZ PORTILLO BASAVE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
Los suscritos, diputados federales Salvador Caro Cabrera y Jorge Humberto López Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del PRI a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a incorporar, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, recursos federales para el siguiente proyecto de inversión y obra en el municipio de Guadalajara, Jalisco:
Marco jurídico que ampara la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 40 y 115, correspondientes a las atribuciones y facultades que regulan el pacto federal para un desarrollo regional y municipal, así como lo referente al proceso hacendario para la transferencia de recursos de la federación a los municipios, de conformidad a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La importancia de la Federación como fuente de financiamiento para la inversión pública en los municipios y el reconocimiento de la crisis económica que afecta al país y en consecuencia a las fuentes de financiamiento de desarrollo. Apoyos federales que tendrán como finalidad el crecimiento y el desarrollo de la localidad, así como el fortalecimiento y bienestar social de su población.
Asimismo, que las administraciones municipales en Jalisco enfrentan riesgos propios de la transición política y de gobierno derivado del pasado proceso electoral del 5 de julio del 2009, con los cambios de presidentes municipales, quienes inician su administración los primeros días del 2010, periodo de transición que implica un impacto para la inversión en el primer año de gestión, con ejercicios poco productivos para el desarrollo de la entidad.
Por lo dicho, solicitamos a esta honorable soberanía que se apruebe el presente punto de acuerdo, así como su inserción íntegra en el Diario de los Debates.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2009.
Diputados: Salvador Caro Cabrera, Jorge Humberto
López Portillo Basave (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDERE LA APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
REGISTRADOS PARA ZAPOPAN, JALISCO, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE HUMBERTO
LÓPEZ PORTILLO BASAVE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Jorge Humberto López Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del PRI de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a incorporar, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, recursos federales para los siguientes proyectos de inversión y obra en el municipio de Zapopan, Jalisco:
I. Trafalgar, Torremolinos y Paseo Federalistas en la colonia Colinas del Rey.
II. Laureles, Robles, Encino y Primavera en la colonia El Fresno.
III. Santa Mónica, antiguo camino a Tesistán, colonia Parques de Zapopan.
IV. Pensamiento, Aralia, Nardo y Violeta en la colonia La Magdalena.
V. San Rafael y San Juan Diego, colonia UH-UAG.
VI. Aurora Boreal y Aurora Boreal Sur, colonia Pinar de la Calma.
VII. Lomas de Zoquipán, Enrique Díaz de León, Colima Aria y Colima Albea, colonia Colinas de Atejamac.
VIII. Playa Chamela, avenida Moctezuma, Playa Hornos y Playa Tecanatita, colonia Nueva Primavera.
IX. San Antonio Palafox, Encarnación González y Alfredo Torres, colonia Colli Urbano.
X. Parque ubicado entre las calles de Rinconada de Cáceres, Rinconada de Vizen, Rinconada de Torrijos, Rinconada de Peña Aranda, colonia Las Alamedas.
XI. Parque ubicado entre las calles Pinabetes, Avellanos y Orquídeas, colonia Jardines de la Esperanza.
XII. Parque ubicado entre las calles Chapala y Ajijic, colonia Nuevo México 2.
XIII. Parque ubicado entre las calles de Azaleas, Pirul, Parota y Acacias, colonia Cateras del Centinela.
XIV. Parque ubicado entre las calles de David H. Lawrencen y Aldous Huxley, colonia Jardines Universidad.
XV. Parque ubicado entre las calles de Trafalgar y avenida De la Mancha, colonia Lomas de Zapopan.
XVI. Parque ubicado entre las calles de La Amistad y Doctor Mateo del Regil, colonia Jardines del Ixtepete.
XVII. Parque ubicado entre las calles Rinconada de Torrijos y Sesus del Muro, colonia Las Alamedas.
XVIII. Parque ubicado entre las calles de Ixmal, Tenochtitlán y Cuicuilco, colonia Villas de Ixtepete.
XIX. Parque ubicado entre bulevar El Rodeo y las calles de Pino Suárez y Silvano Barbo, colonia Conjunto.
Marco jurídico que ampara la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 40 y 115, correspondientes a las atribuciones y facultades que regulan el Pacto Federal para un Desarrollo Regional y Municipal, así como lo referente al proceso hacendario para la transferencia de recursos de la federación a los municipios, de conformidad a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La importancia de la federación como fuente de financiamiento para la inversión pública en los municipios y el reconocimiento de la crisis económica que afecta al país y, en consecuencia, a las fuentes de financiamiento de desarrollo. Apoyos federales que tendrán como finalidad el crecimiento y el desarrollo de la localidad, así como el fortalecimiento y bienestar social de su población.
Asimismo, que las administraciones municipales en Jalisco enfrentan riesgos propios de la transición política y de gobierno derivado del pasado proceso electoral del 5 de julio de 2009, con los cambios de presidentes municipales, quienes inician su administración los primeros días de 2010, periodo de transición que implica un impacto para la inversión en el primer año de gestión, con ejercicios poco productivos para el desarrollo de la entidad.
Por lo que solicito a esta honorable soberanía se apruebe el presente punto de acuerdo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2009.
Diputado Jorge Humberto López Portillo Basave (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 NO SE DISMINUYAN LOS RECURSOS ASIGNADOS EN 2009 A LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS
DE GUSTAVO A. MADERO, Y SE LE CONSIDERE EN LAS REASIGNACIONES DE LOS SUBEJERCICIOS
QUE RESULTEN EN 2010, A CARGO DEL DIPUTADO ROBERTO REBOLLO VIVERO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado Roberto Rebollo Vivero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 58 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que no se disminuyan los recursos presupuestales asignados en 2009 a los programas prioritarios de la delegación Gustavo A. Madero, en el Presupuesto para el ejercicio de 2010, y se le considere de manera preponderante en las asignaciones de los subejercicios que se tengan durante el año 2010, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Para quien no conoce la delegación Gustavo A. Madero, GAM, del Distrito Federal, les diré que es la segunda demarcación más poblada de las 16 que tiene la Ciudad de México, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de estadística y Geografía, en 2005 contaba con aproximadamente una población total de 1 millón 193 mil 161 habitantes. De ellos, 573 mil 847 eran hombres y 619 mil 314 eran mujeres. Hasta ese año contaba con un total de 331 mil 820 viviendas habitadas con información de ocupantes, 298 mil 547 sin información de ocupantes, 22 mil 337 deshabitadas, 5 mil 148 de uso temporal.
La mayoría de la población es adulta demandando empleo, vivienda, recreación, servicios de salud, educación y otra parte 18 por ciento solicitando que esta demarcación impulse actividades para la última etapa de la vida.
Tiene un extensión de 95 kilómetros cuadrados, colinda con los municipios de Coacalco de Berriozábal, Tlalnepantla de Baz, Ecatepec de Morelos, Netzahualcóyotl y Tultitlan y con la delegaciones Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Azcapotzalco y su colindancia con el estado de México lo hace un pase obligado para el desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales y políticas de los habitantes de ambas entidades.
Cuenta con 7 centros de educación media superior que dependen de la UNAM y del Politécnico. A nivel superior se cuenta con varias universidades públicas y privadas, sobresaliendo los centros educativos del Instituto Politécnico Nacional, Zacatenco.
En esta zona se ubica la Basílica de Guadalupe, el bosque de Aragón, La zona industrial Vallejo y una serie de sitios culturales, recreativos, deportivos y turísticos importantes del Distrito Federal, así como el Reclusorio Preventivo Norte.
Los datos más recientes sobre los niveles de marginación refieren que el 35 por ciento de los habitantes de la GAM, 417 mil habitantes viven una situación de pobreza de patrimonio, entendida ésta como la insuficiencia de sus ingresos para adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios de salud, vestido, transporte y educación.
El 11.4 por ciento de la población total, es decir, 136 mil personas, se encuentran dentro del parámetro de pobreza de capacidades, entidad como una insuficiencia de ingresos para efectuar gastos de salud y educación, con un deficiente nivel alimenticio; y el 6 por ciento de los habitantes se encuentran prácticamente imposibilitados para cubrir sus más mínimas necesidades alimenticias.
Frente a los altos niveles de marginación y pobreza que atrapa a más del 70 por ciento de los habitantes de la Gustavo A. Madero, es por lo que estamos solicitando una mayor atención de recursos, para reducir los índices de pobreza que afectan principalmente a los niños y jóvenes maderenses y que se reflejan en una baja del aprovechamiento escolar y el desarrollo de enfermedades.
La GAM presenta rezagos en muchas otras áreas los cuales es urgente atender, por ejemplo, tiene un contingente importante de jóvenes en quienes podría recaer nuevamente la desgracia si no es atendida adecuadamente: el 23 por ciento de la población tiene entre 0 y 14 años de edad.
La baja calidad de vida genera una gran cantidad de necesidades de servicios, proporcionados de manera limitada por la carencia de recursos para atenderlos. Esta situación se ha recrudecido en algunas colonias de la delegación debido a las lluvias torrenciales que ocurridas a últimas fechas. Afectando viviendas y los bienes de los pobladores de una de las zonas clasificadas de mayor pobreza. Esta zona requiere la realización de las reparaciones estructurales físicas e invertir en infraestructura hidráulica, para evitar que los habitantes vuelvan a sufrir con la ocurrencia de los fenómenos de la naturaleza que se presentan por el cambio climático.
Estas condiciones obligan a aplicar medidas urgentes en apoyo de la población de la Gustavo A. Madero, privilegiando la atención a grupos y las zonas con mayores desventajas económicas y sociales. Los recursos que se destinen permitirán elevar la eficiencia y eficacia en la atención de las demandas de educación, salud, infraestructura básica y seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia social, entre otros.
Los programas desarrollados en la delegación Gustavo A. Madero, requieren mantener los recursos presupuestales actuales, además de mayor atención financiera, para transformar a esta demarcación en un foco de desarrollo sustentable en el Distrito Federal, así las acciones que requieren fortalecerse se enmarcan en los siguientes servicios:
Salud. Recursos para ampliar la atención en los centros de salud, adquisición de equipamiento para atención dental, la salud de la mujer, atención de la población infantil y tercera edad.
Educación. Atender y mejorar los planes educativos, aumento al número de becas de apoyo a la población escolar, modernización de los laboratorios de cómputo, instalación de kioscos digitales con acceso a Internet y fomento a las actividades deportivas y entrega de uniformes deportivos.
Empleo. Creación de cooperativas bienes básicos de consumo y de cooperativas de construcción de obras menores y de capacitación en pequeños negocios y financiamiento. Aplicación de programas de vinculación de los factores de la producción enfocados a atender la demanda de empleo de los jóvenes.
Obra orbana. Construcción de puentes peatonales y vehiculares en las colonias que requieran pasos seguros de personas y de la reparación de los existentes, para el beneficio de los habitantes de la zona. Construcción, ampliación y el mejoramiento de las vías de comunicación en Gustavo A. Madero.
Infraestructura y servicios. Incremento en los servicios públicos de recolección de basura, alumbrado público, reencarpetamiento, renovación de banquetas, recuperación de áreas comunes y reparación de la infraestructura física para evitar inundaciones.
Comunicaciones. Implantar procedimientos para reducir el caos vial derivado de la alta concentración de la población y las personas en tránsito de la zona metropolitana. Disminuyendo el bajo rendimiento laboral y escolar y elevar el tiempo de esparcimiento y reduciendo los problemas físicos y psicológicos, ocasionados al pasar demasiado tiempo atrapado en el tráfico.
Cultura y deporte. Concluir la obra del Centro de Futurama. Desarrollo de eventos artísticos y culturales para los jóvenes. Mejorar las instalaciones deportivas y apoyo a los deportistas.
Medio ambiente. Mejorar las condiciones ecológicas, ampliación de las zonas verdes y atención de la problemática del agua e instalar modernos detectores de fugas internas, en las colonias con mayores filtraciones y suministros de agua potable a través de pipas.
Desarrollo Social. Atención de las madres solteras, de los adultos mayores y de los niños y niñas en desamparo, creando oportunidades en su apoyo. Construcción de espacios para el desarrollo de cursos ocupacionales para personas de la tercera edad, mujeres y hombres, así como de atención de jóvenes, para su integración como elementos productivos.
Lo anterior son sólo algunas de las necesidades que están pendientes de solución en la delegación Gustavo A. Madero, que la población maderense requiere, cuya solución podrían incrementar las posibilidades de vivir en mejores condiciones.
Por otra parte, el financiamiento complementarios al presupuesto de 2010 requerido para los programas de la Gustavo A. Madero, puede provenir de los ajustes y reasignaciones de los recursos de los programas federalizados del ramo 16, 23 y 33, y de aquellos que considere pertinente la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como los que resulten de los subejercicios y economías, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lleve a cabo.
Los recursos beneficiaran a la salud, cultura, medio ambiente, infraestructura, servicios y programas productivos, sociales y de apoyo dirigidos a los maderenses, en particular para ala atención y dotación de infraestructura y servicios, mitigación y atención de zonas de riesgo, específicamente en las zonas de mayor marginalidad.
Los habitantes de la delegación Gustavo A. Madero esperan de la Cámara de Diputados su comprensión y que les destinen mayores recursos económicos para atender los servicios que requieren.
Por lo expuesto someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública no se disminuyan los recursos presupuestales asignados en 2009 a los programas prioritarios de la delegación Gustavo A. Madero, en medida de lo posible se le asignen mayores recursos en el Presupuesto para el ejercicio de 2010, conforme a los recursos requeridos por la delegación Gustavo A. Madero.
Segundo. Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere a esta delegación política de manera preponderante en las reasignaciones de los subejercicios o economías que se tengan durante 2010, para el desarrollo de los proyectos de prioritarios que requiere la GAM.
Tercero. Que el Gobierno del Distrito Federal incremente los recursos presupuestales aprobados para el ejercicio de 2010 a la delegación Gustavo A. Madero, con las economías que se tengan en 2010, en beneficio de los habitantes de la demarcación.
Palacio legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2009.
Diputado Roberto Rebollo Vivero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE ASIGNEN RECURSOS PARA EL PROGRAMA INTEGRAL DE CONSERVACIÓN
DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA SEMARNAT, EN EL SURPONIENTE DEL DISTRITO
FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DE LA PAZ QUIÑONES
CORNEJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quien suscribe, diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, la asignación de recursos suficientes para el Programa Integral de Conservación de los Recursos Naturales del sur-poniente del Distrito Federal, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a cargo del diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. La degradación de las tierras causada por las actividades humanas es uno de los principales problemas ambientales en la actualidad a nivel mundial, nacional y local, en este sentido es un punto importante de atención en la agenda internacional. La importancia se sustenta en las consecuencias directas que produce sobre la seguridad alimentaria, la pobreza, la migración y la calidad del ambiente.
2. Ello ocasiona la "reducción temporal o permanente en la capacidad de producción de la tierra", en sus principales usos y su valor como un recurso económico, lo que pone en riesgo la sustentabilidad de los ecosistemas y la sobrevivencia misma de la humanidad. En este sentido, el deterioro de los ecosistemas terrestres incluye al suelo, a la vegetación natural y cultivada, el flujo de agua en la superficie o la infiltración, el reservorio de nutrientes, el carbono y la biodiversidad, entre otros.
3. La variabilidad de los componentes de la tierra, hace que la degradación produzca respuestas distintas en los ecosistemas terrestres, siendo de forma irreversible y afectando a uno o varios de los componentes, o por otra parte, los efectos pueden temporales y revertidos.
En consecuencia la degradación de la tierra está relaciona con resistencia, resiliencia y fragilidad de los ecosistemas.
4. De igual manera, la degradación de la tierra es un proceso socialmente construido donde las políticas públicas, los mercados, la tenencia de la tierra y los sistemas de producción han jugado en doble sentido, funcionado como incentivo hacia la degradación, uso más intenso y menos sustentable de los recursos; y por el otro, han promovido la productividad, el uso de tecnologías, dando como resultado un temporal y precario crecimiento productivo y éxito en los resultados de las acciones y programas. En este sentido, la degradación antrópica de las tierras es un proceso biofísico acelerado y promovido por causas y necesidades socioeconómicas y políticas.
5. Actualmente, el suelo de conservación de las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, en el Distrito Federal, se enfrentan a la misma problemática ambiental, lo cual pone en riesgo la sustentabilidad de los recursos naturales, los servicios ambientales, los beneficios económicos, sociales y políticos que proporciona este espacio geográfico, de vital importancia para la Ciudad de México.
6. El Programa Integral de Conservación de los Recursos Naturales del sur-poniente del Distrito Federal está fundamentado en las políticas y estrategias en materia de sustentabilidad del desarrollo con los objetivos nacionales del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, así como con los objetivos que establecen el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012 y el Programa Especial de Cambio Climático 2008-2012, relativos a reconvertir superficies cultivadas agrícolas a la producción forestal; reconvertir tierras degradadas y con bajo potencial productivo a cultivos perennes, en este caso mediante forestería análoga; incorporar superficies a esquemas de pago por servicios ambientales; realizar obras de conservación y restauración de suelos forestales; incrementar el potencial de los sumideros forestales de carbono a través de acciones de forestación y reforestación; y establecer superficie mediante reforestación simple.
7. Dicho programa pretende desarrollar de manera planificada, ordenada y con una visión integral las acciones de conservación y restauración de los recursos naturales, así como integrar el carácter productivo de los mismos que resulten en la sustentabilidad ambiental y en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la zona de conservación del Distrito Federal, tomando como base de planeación la microcuenca y el trabajo en áreas compactas donde se perciban los beneficios de las acciones. Un componente importante es el aspecto de seguimiento y evaluación de las acciones, así como la elaboración de estudios básicos previos.
8. El ámbito de trabajo constituye el suelo de conservación del Distrito Federal de las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan que comprenden poblados rurales, terrenos agrícolas, zonas boscosas y áreas con matorrales y pastizales de la entidad.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos la siguiente proposición con punto de acuerdo, en términos de los siguientes:
Considerandos
Primero. Que esta honorable representación nacional está facultada para dirigir peticiones y recomendaciones a las autoridades federales y locales competentes, tendentes a satisfacer los derechos e intereses legítimos de los habitantes de la República, y a mejorar la utilización y aplicación de los recursos disponibles.
Segundo. Que el Programa Integral de Conservación de los Recursos Naturales del sur-poniente del Distrito Federal representa una alternativa técnica, económica y socialmente adecuada para frenar y revertir el problema de deterioro ambiental del suelo de conservación del Distrito Federal que contribuya en reducir el riesgo de colapso de la Ciudad de México.
Tercero. Que la situación actual del suelo de conservación de la Ciudad de México, presenta un escenario de sobreexplotación de los recursos naturales, generado por un desmedido crecimiento de la población sobre zonas de vocación agrícola o forestal; la población demanda un alto nivel de satisfactores y servicios que se obtienen a costa de los recursos naturales; sobre explotación de los mantos acuíferos y la reducción en la recarga de los mismos; degradación de los suelos por la erosión hídrica, cuyo fenómeno afecta a superficies de suelos fértiles con el consecuente arrastre de sedimentos que azolvan a la infraestructura hidráulica en la zona urbana.
Cuarto. Que el suelo de conservación del Distrito Federal, ha sido, está siendo y se enfrentará a un proceso continuo de presión urbana con cambios de uso de suelo y fenómenos metereológicos extremos que empeoraran su condición ambiental.
Quinto. Que además de la consecuencia en la biodiversidad, el efecto mayor y más grave se sentirá en las actividades sociales y económicas, con el consecuente riesgo y peligro de la sustentabilidad del suelo de conservación y de la propia Ciudad de México.
Quinto. Que con la implementación de este programa será posible crear condiciones para mantener y mejorar ecosistemas forestales; estabilización del suelo; desarrollo de los ciclos hidrológicos; captura de carbono y retención de partículas suspendidas.
En este orden de ideas, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, la asignación de recursos suficientes para el Programa Integral de Conservación de los Recursos Naturales del Sur Poniente del Distrito Federal, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 13 de noviembre de 2009.
Diputada María de la Paz Quiñones Cornejo
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE ASIGNEN RECURSOS PARA DIVERSAS OBRAS PÚBLICAS EN ALMOLOYA
DE ALQUISIRAS, AXAPUSCO, NOPALTEPEC Y TONATICO, MÉXICO, SUSCRITA
POR LOS DIPUTADOS SERGIO OCTAVIO GERMÁN OLIVARES Y CARLOS BELLO
OTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los diputados, Carlos Bello Otero y Sergio Octavio Germán Olivares, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, en ejercicio de las facultades que confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos para realizar diversas obras públicas en los municipios de Almoloya de Alquisiras, Axapusco, Nopaltepec y Tonatico, todos del estado de México de conformidad con las siguientes
Consideraciones
Que el municipio constituye el elemento fundamental del sistema administrativo mexicano. Es la instancia de relación más directa entre gobernantes y gobernados para captar las necesidades de la población.
Que el municipio en México ha constituido históricamente la forma natural de integración social; es el espacio que mejor protege y fomenta los valores familiares.
Que actualmente los gobiernos locales son el eje fundamental para garantizar e impulsar una mejor calidad de vida de sus habitantes. El desarrollo nacional sólo será pleno si partimos del progreso local y regional.
Que el fortalecimiento municipal debe ser tarea del Estado y sus instituciones jurídico-políticas, para generar un desarrollo municipal equilibrado justo y sustentable.
Que el reparto presupuestal deberá ser equitativo y parcial conforme a las necesidades y prioridades nacionales y locales.
Que los municipios de Almoloya de Alquisiras, Axapusco, Nopaltepec y Tonatico, México, presentan rezagos en materia de servicios públicos, desarrollo social e infraestructura para el desarrollo urbano.
Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos para realizar diversas obras públicas en los municipios de Almoloya de Alquisiras, Axapusco, Nopaltepec y Tonatico, México, distribuidos de la siguiente manera:
2. Ampliación de la red de agua y drenaje en las calles de San Felipe Teotitlán, en el municipio de Nopaltepec, con un costo de 1 millón 56 mil 789 pesos, beneficiando a 4 mil 500 habitantes.
3. Rehabilitación de la calle Sebastián Lealva Oriente entre las calles Adolfo López Mateos y Morelos, en el municipio de Tonatico, con un costo de 1 millón 764 mil 889 pesos, beneficiando a 10 mil 901 habitantes.
4. Rehabilitación de la calle Adolfo López Mateos, tercera etapa, entre las calles Guadalupe Victoria y Cuauhtémoc, en el municipio de Tonatico, con un costo de 2 millones 783 mil 751 pesos, beneficiando a 10 mil 901 habitantes.
5. Construcción de un centro administrativo anexo al palacio municipal de Almoloya de Alquisiras con un costo de 800 mil pesos, beneficiando a 22 mil 285 habitantes.
6. Construcción de una alberca olímpica en la unidad deportiva en el municipio de Almoloya de Alquisiras con un costo de 3 millones 846 mil 640 pesos.
Diputados: Carlos Bello Otero, Sergio Octavio Germán
Olivares (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDERE LA OBLIGACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA DE ENTREGAR POR LA SHCP A LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES
20 POR CIENTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD
PÚBLICA, DEL RAMO 33, A CARGO DEL DIPUTADO SERGIO OCTAVIO GERMÁN
OLIVARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, fracción I, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de Los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar la obligación del Consejo Nacional de Seguridad Pública de entregar a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 20 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Ramo 33, al que hace referencia el quinto párrafo de la fracción VII del artículo 9, con base en las siguientes
Consideraciones
En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal de 2008, por primera vez los municipios contaron con una gran partida presupuestal que ascendió a casi cinco mil millones de pesos, para atender el rubro de la seguridad pública en sus respectivas jurisdicciones, cifra por demás histórica si tomamos en cuenta que hasta antes del PEF del 2008, los municipios sólo contaban con los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios que son recursos residuales1 para atender la seguridad pública, que es una función, que por mandato constitucional tiene que atender los gobiernos municipales.
Es de suma importancia resaltar la gran oportunidad que los gobiernos municipales tenían ante sí, ya que con los recursos económicos del Ramo 36 a través del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun)2y del Ramo 33 a través del 20 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP),3 se podría atender la seguridad pública con políticas públicas locales que resultarán efectivas para combatir la inseguridad pública en sus respectivas regiones.
No obstante, dichas expectativas no se lograron alcanzar, porque en el caso de los recursos del Subsemun, estos fueron recursos controlados y asignados bajo la perspectiva de una política pública desde el gobierno federal;4 y en el caso de los recursos del FASP, los recursos fueron asignados bajo la perspectiva de una política pública del Gobierno Estatal a través del Fondo para la Seguridad Pública (Foseg);5 dejando sin posibilidad la implementación de una política pública desde la perspectiva de los gobiernos municipales, que es precisamente en estos gobiernos donde interactúan realmente los elementos de población, territorio y gobierno, y que se puede garantizar la efectividad de una política de prevención social del delito, y no desde la cúpula del gobierno federal, o estatal que desconoce las particularidades de los gobiernos municipales.
El Foseg es un fideicomiso que utilizan los estados para liberar y gestionar los recursos del FASP, por lo tanto es de uso discrecional y no se cuenta con datos oficiales de alguna instancia de auditoría gubernamental, que los evalué en su implementación, sin embargo la liberación de los recursos del FASP mediante el Foseg, a partir del 2009, se estableció que no se podría hacer mediante este fideicomiso porque dichos recursos serán regulados por la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aunado a esto no se logran optimizar los recursos que hoy se ocupan para la administración del Foseg, porque la mayoría de estos recursos se aplicaban para gasto corriente (pago de burocracia) y poco o nada para gasto de inversión (equipamiento, infraestructura y tecnología).
Como se observa a partir del 2008, el FASP se incremento en 1000 millones de pesos, por que se propuso descentralizar el 20 por ciento del FASP, hacia los municipios; sin embargo, la mayoría de los municipios del país, reportaban que no se les había entregado este recursos y paralelamente la Auditoría Superior de la Federación, reportaba subejercicios del FASP en la mayoría de los estados.
Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar, en el marco de la discusión y dictaminación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) del Ejercicio Fiscal 2010, la obligación del Consejo Nacional de Seguridad Pública de entregar, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 20 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Ramo 33, al que hace referencia el quinto párrafo de la fracción VII del artículo 9 del PPEF 2010; a fin de garantizar la descentralización hacia los municipios de los referidos recursos.
Notas
1. Es residual porque en el artículo 37 de la
Ley de Coordinación Fiscal, se establece que los recursos del Fortamun,
deberán aplicarse para subsanar las obligaciones financieras, al
pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, y si alcanza,
se destinará el sobrante para la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.
2. En 2008, al Subsemun se le asignaron 3 mil 589 millones
de pesos, para aplicar a 135 municipios y a 15 delegaciones del Distrito
Federal.
3. En el 2008 le fue asignado al FASP la cantidad de
6 mil millones de pesos, por lo que los estados tendrían que destinar
mil 200 millones de pesos a sus respetivos municipios, en 2009 se destino
7 mil 249.3 millones de pesos y para 2010 se proponen 6 mil 916.8 millones
de pesos.
4. La prioridad del gobierno federal fue que con los
recursos del Subsemun se pudiera crear el Sistema Único de Información
Criminal.
5. La distribución de estos recursos por parte
de los estados hasta el 2008 se daba a través de este fideicomiso,
que busca consolidar el Programa Estatal de Seguridad Pública, mediante
apoyos en especie hacia los municipios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2009.
Diputado Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
MIGUEL HIDALGO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO ARÁMBULA
LÓPEZ Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos, diputado José Antonio Arámbula López e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
Uno de los principales servicios que toda sociedad necesita para alcanzar su pleno desarrollo es el de salud, es por ello que en nuestro país se busca contar con los suficientes espacios para poder cubrir la demanda de los mexicanos en el tema de asistencia médica, siendo uno de los principales objetivos desde el inicio de la gestión del Gobierno Federal el alcanzar la cobertura universal de la salud, considerando que es injusto que muchos mexicanos carezcan de estos servicios, buscando en todo momento que el acceso a los servicios sea equitativo.
En el estado de Aguascalientes existen 1,141,000 habitantes según fuentes del Consejo Estatal de Población con un crecimiento anual de 13 mil personas, de los cuales aproximadamente 758,000 se encuentran registradas como derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), situación que trae aparejada diversos problemas sociales tanto en el presente como en el futuro, problemas dentro de los cuales destaca el de servicios de salud, toda vez que las instituciones de seguridad social resultaran insuficientes para atender la gran demanda de la población, actualmente la esperanza de vida de los habitantes de nuestro estado ha ido en aumento los últimos años, debido a mejores servicios de salud, siendo la de las mujeres de 77.6 años y el de los hombres de 72.5 años, por lo que se busca consolidar un sistema de salud que garantice un servicio continuo y de mejor calidad.
Aguascalientes cuenta con 132 unidades de consulta externa, 11 pertenecientes al IMSS, 11 al ISSSTE, 88 al Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes (ISEA) también conocidos como centros de salud, mismos que en su mayoría se encuentran en la zona rural del estado, 20 al DIF y 2 a la Cruz Roja Mexicana (CRM); 9 hospitales generales, 2 del IMSS, 1 del ISSSTE, 5 del ISEA y 1 del DIF. Sin embargo, en todo el estado y la región únicamente se cuentan con 2 unidades de especialidades del ISEA, el Hospital de Neuropsiquiatría Gustavo León Mójica García, y el Centenario Hospital Miguel Hidalgo (fundado el 15 de septiembre de 1903) siendo este el principal hospital de la región, obteniendo inclusive una de las mejores posiciones en atención de calidad a nivel nacional, por lo que en comparación con otras entidades federativas Aguascalientes se encuentra rezagado, ya que en el año 2006, otros estados como Campeche, Colima, Durango, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas estaban por arriba de las 80 camas por cada 100 mil habitantes; mientras que en Baja California Sur, Coahuila, Sonora y el Distrito Federal había cifras de más de 90, cuando en el estado de Aguascalientes solo se contaba con 75 camas censables.
Actualmente las instalaciones del Centenario Hospital Miguel Hidalgo se han visto rebasadas por la demanda de la sociedad, dado el prestigio y la calidad de los servicios médicos que se brindan, destacando que es en el hospital del país que más trasplantes se realizan, y el único que brinda servicios a la población de estados circunvecinos como Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Guanajuato y Jalisco, bajo un espíritu humano, indicadores que inciden en el bienestar y calidad de vida de los aguascalentenses, reconociéndose como una entidad a la vanguardia en la prestación de servicios de calidad y calidez. Cabe destacar que en el 2008, el hospital presento la ocupación hospitalaria más alta de los últimos años, alcanzando un 143 por ciento de ocupación, lo que significo atender pacientes en los pasillos en camas de transito y sillones por falta de disponibilidad de camas conforme a la actual capacidad física instalada, situación que por sí sola sustenta ampliamente la inversión en obra para el nuevo hospital.
Por lo antes expuesto y toda vez que el Centenario Hospital Miguel Hidalgo ha rebasado su límite de atención y en consecuencia no puede responder a las necesidades de la sociedad hidrocálida, se está construyendo otro nosocomio que llevara por nombre Hospital de especialidades Miguel Hidalgo, que se edifica sobre un predio de 80,000 metros cuadrados y tendrá una capacidad para albergar 200 camas censables, en una superficie cubierta de 45,000 metros cuadrados, mismo que surge como respuesta para cubrir la demanda actual del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, satisfaciendo la cartera de servicios que la sociedad del estado de Aguascalientes demanda, en el cual se incluyen especialidades de trauma y ortopedia, neurología, oncología, oftalmología, cirugía general, proctología, pediatría, hematología, reumatología y cardiología entre otras, cumpliendo así con el compromiso que se tiene hacia la sociedad.
Actualmente se ejecutan inversiones Federales y Estatales por un aproximado de $363’000,000.00, y el monto total dependerá de las aportaciones federales al Estado en materia de Salud, estimándose como costo total la cantidad de $824’170,000.00. Cabe hacer mención que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, se designo a infraestructura en salud, para el estado de Aguascalientes por obra del Hospital de Especialidades Miguel Hidalgo, $139’997,289.00, mientras que por parte del estado se aprobó un ingresos para la creación de dicho nosocomio para el ejercicio fiscal 2009, la cantidad de $251,700.00.
Beneficio ambiental: El hospital manejara su propia planta de tratamiento de aguas residuales, para la reutilización de las aguas tratadas en los servicios generales del hospital, como son el mantenimiento de áreas exteriores, y el abastecimiento de muebles sanitarios.
Hecho trascendental será la construcción de las nuevas instalaciones del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, ubicado en los ex talleres del ferrocarril de la ciudad de Aguascalientes con una extensión de 8 hectáreas y una superficie de construcción de 50 mil metros cuadrados, distribuidos en los diferentes cuerpos que conformaran la construcción, los cuales contaran con un análisis estructural para soportar hasta 6 niveles. Las nuevas instalaciones tendrán un área de 20 mil metros cuadrados para prever un crecimiento futuro. Dicha obra ha sido pensada y planeada de manera muy cuidadosa, aportando ideas y sugerencias que hagan de esta Institución, un hospital que cubra las necesidades de la sociedad por un periodo aproximado de 30 años, brindando atención de segundo y tercer nivel.
En caso de no invertir en el faltante para la terminación de esta magna obra, los beneficios para la sociedad de Aguascalientes, y parte de la región centro occidente del país, no podrán verse realizados y en consecuencia verse truncado el desarrollo de la sociedad, además de que la obra al quedar inconclusa se sufrirá un menoscabo en lo que ya se ha invertido.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2010, considere la programación de $300’000, 000.00 (Trescientos millones de pesos 00/100 m.n.) para la conclusión de la construcción del Hospital de Especialidades Miguel Hidalgo.
Palacio Legislativo, a 13 de noviembre del 2009.
Diputados: José Antonio Arámbula
López, María de Lourdes Reynoso Femat, Nancy González
Ulloa, Raúl Gerardo Cuadra García (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS EN EL CONCEPTO DE "PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN DEL VIH-SIDA", CON CLAVE DE PROGRAMA PRESUPUESTAL P016,
A CARGO DE LA DIPUTADA SILVIA ESTHER PÉREZ CEBALLOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
La suscrita Silvia Pérez Ceballos, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2010 se consideren mayores recursos en el concepto de "prevención y atención del VIH-sida" con clave de programa presupuestal P016 , lo anterior al tenor de las siguientes
Consideraciones
Hoy gracias a los adelantos científicos y a las investigaciones, sabemos que el Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) es una enfermedad causada por el virus de inmunodeficiencia humana denominado (VIH) el cual destruye o daña las células del sistema inmunológico de la persona interfiriendo en la capacidad del cuerpo para luchar efectivamente contra los virus y bacterias que causan la enfermedad.
A partir de 1996 la investigación ha mostrado grandes adelantos. Las actuales terapias antirretrovirales son capaces de reducir la carga en sangre del virus que provoca el sida hasta valores casi indetectables, aunque erradicarlo del organismo sigue siendo aun imposible.
Sin embargo, resulta verdaderamente preocupante que en la actualidad los menores de 24 años representan 50 por ciento de los nuevos infectados con sida, esto de acuerdo a datos difundidos por el sector salud. El Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH (Censida) ha revelado que poco más de 35 mil jóvenes mexicanos hoy en día viven con sida.
En el año del 2005, la Encuesta Nacional de la Juventud reportó que nueve de cada diez jóvenes conocían y sabían cómo usar un condón, pero 40 por ciento de los entrevistados admitía que no lo utilizaba; dos años después, el Censida informaba que el sida representaba ya la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años de edad.
Para la Organización Mundial de la Salud, los menores de 24 años representan un sector de la población que puede potenciar la transmisión de esta enfermedad, razón por la cual resulta preocupante que aumenten las cifras de jóvenes portadores.
Según información de la Fundación Mexicana de Lucha contra el sida señala que las personas de treinta años de edad eran quienes más se infectaban en los años 90, sin embargo la tendencia cambió para esta última década ya que ahora son los menores de 24 años de edad quienes representan el 50 por ciento de los contagiados.
Al respecto cabe mencionar que esta enfermedad no distingue condiciones sociales; en el Distrito Federal los casos van a la alza ya que son alrededor de 300 a 400 personas al año las nuevas infectadas siendo la población más afectada las mujeres, hombres, estudiantes, amas de casa y jóvenes.
A pesar de que la población se está contagiando, según las cifras de Censida, los jóvenes no muestran temor alguno al VIH/sida. En el año de 1989, 2 mil 840 mexicanos ya vivían con VIH/sida, 20 años después, la cifra se transformó en 130 mil 969, con la información del Censida.
México ocupa el lugar 16 en América Latina y el 42 a nivel mundial en número de casos de VIH/sida. Por su parte, Argentina, Brasil y Colombia son los países de la región con más casos, y se estima que por cada caso registrado hay dos fuera de la estadística.
Es importante señalar que cada año el VIH/sida cobra la vida a 2 mil 400 mexicanos los cuales mueren porque su diagnóstico fue tardío o porque no tuvieron acceso a los retrovirales de última generación. Al respecto conviene mencionar que el costo del tratamiento antirretroviral triple es de poco más de 50 mil pesos anuales lo cual no sugiere que para el sector salud sea sencillo, pues a pesar que hace dos años el gobierno invirtió tres mil millones de pesos por los paquetes antirretrovirales, aún así, hay pacientes que en ocasiones sufren desabasto.
Indudablemente estamos frente a un problema de salud pública mundial muy complejo y con repercusiones graves no solo en el ámbito de la salud, sino también en los planos económicos y sociales.
Por ello y en cumplimiento de lo que el cuarto párrafo del artículo 4o. de la Carta Fundamental otorga a toda persona el derecho a la protección de la salud, dentro del cual están comprendidos la prevención y el control de enfermedades transmisibles, como lo es el VIH/sida, es que resulta inaplazable redoblar esfuerzos y ser contundentes ante la problemática ya señalada.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2010 se consideren mayores recursos en el concepto de "prevención y atención del VIH-sida" con clave de programa presupuestal P016.
Recinto Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2009.
Diputada Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA IMPLANTAR LA REFORMA DEL SISTEMA
DE JUSTICIA PENAL, A CARGO DEL DIPUTADO ÓSCAR MARTÍN ARCE
PANIAGUA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, Óscar Martín Arce Paniagua, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, a fin de prever en el PEF 2010 mayores recursos para la implementación del sistema procesal penal acusatorio, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. El 18 de junio de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115, y la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dicha reforma constitucional fue aprobada con gran consenso al interior del Congreso de la Unión y significa uno de los mayores cambios al modelo de justicia penal en México desde el Constituyente de 1917, pues se propone el tránsito al modelo de justicia penal acusatoria.
Lo anterior significa la obligación a cargo del Estado para invertir a corto y mediano plazo en la construcción de nueva infraestructura y tecnologías de la información que garanticen una mejor gestión de los asuntos; la capacitación y difusión que serán factores fundamentales para consolidar el cambio cultural que la reforma requiere, entre otros ámbitos de atención que requerirán financiamiento.
Segunda. El artículo Segundo Transitorio del decreto publicado el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, determina un plazo de ocho años para que la federación y las entidades federativas realicen las adecuaciones normativas necesarias para la entrada en vigor del sistema procesal penal acusatorio. A tal efecto señala:
Quinta. Un proyecto nacional de esta naturaleza debe fundarse en los criterios de racionalidad, gradualidad y obtención de resultados. El cálculo presupuestal tiene como soporte un análisis cualitativo y cuantitativo de la situación de las instituciones de justicia penal en los estados e incorpora las mejores prácticas internacionales y las experiencias de los estados con avances en la implementación. Así, la totalidad de los recursos darán resultados concretos en su periodo de aplicación ya que se destinarán a solventar necesidades urgentes de los sistemas de justicia penal de las entidades.
El presupuesto solicitado para la implementación de la reforma procesal penal en las entidades federativas, implica un gasto 18.45 pesos por habitante, cifra por debajo de los costos en otros países de América Latina con procesos de reforma similares, los cuales van de 53.65 a 332 pesos. El costo de la implementación, para el año 2010, en nuestro país ascendería menos de la mitad del costo en el país con erogaciones más bajas; ello sin detrimento de la calidad, racionalidad y efectividad de las acciones proyectadas para implementar la reforma en los términos constitucionales y mejorar la calidad de vida de los habitantes del país. El cálculo de un presupuesto adecuado para financiar planeación y evaluación; adecuación normativa; capacitación; rediseño institucional; infraestructura; desarrollo y adquisición de software y comunicación social y difusión para la reforma de justicia penal en los Estados se ha calculado en $2,000,000,000.00 (dos mil millones de pesos) para el ejercicio 2010.
Sexta. Con fecha 8 de septiembre de 2009 el presidente de la República envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.
Dentro del Ramo 04 del proyecto en mención se propone un monto de $577’148,687 (quinientos setenta y siete millones, ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y siete pesos) a la implementación de la reforma al sistema de justicia penal, de los cuales 200 millones corresponden a un subsidio destinado a cubrir las necesidades de reforma de todos los estados de la República.
Séptimo. Por otra parte en el proyecto de Presupuesto de Egresos se advierten erogaciones en rubros que podrían ser destinados de manera más eficiente a la reforma de justicia como son los Ramos 15 ($4,387,556,368.00), 21 ($3,000,765,879.00) y 27 ($1,310,369,126.00) destinados a las Secretarías de Reforma Agraria, Turismo y Función Pública, respectivamente, que se tiene previsto desaparecer. Otro rubro que podría ser más útil en el fomento a la justicia en los estados es el previsto en el Ramo 03 del Poder Judicial ($353,175,598.00), destinado a obra pública de "Casas de la Cultura Jurídica", esto es porque se considera que en una entidad federativa se contribuye de manera más efectiva en el fomento de una cultura de legalidad, derecho y justicia, contando con espacios adecuados para la impartición de justicia como serían las salas de audiencia.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, el incremento en $2,000,000,000.00 dentro del monto asignado en el Ramo 04 destinado al rubro denominado Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas a incrementar, en la medida de sus posibilidades, en los presupuestos que aprueben en sus respectivos estados el monto destinado a la implementación de las reformas al nuevo sistema de justicia penal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2009.
Diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE DISPONGA QUE 50 POR CIENTO DE LOS AHORROS LOGRADOS EN ESE EJERCICIO
FISCAL SE DESTINE A LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, A CARGO
DEL DIPUTADO BERNARDO MARGARITO TÉLLEZ JUÁREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos diputados federales a esta LXI Legislatura, Óscar Martín Arce Paniagua, Jesús Ramírez Rangel, y el de la voz, Bernardo Margarito Téllez Juárez, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIV, y 74, fracción IV, de la Constitución General de la República; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la atención de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Las Fuerzas Armadas Mexicanas representan un valuarte para la República Mexicana, para su soberanía, para su democracia, y para mantener el estado de derecho.
En caso de desastre, presta ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio a las personas afectadas y sus bienes, y la reconstrucción de las zonas afectadas por medio de la aplicación del Plan DN-III-E. Tan sólo en estos momentos en el estado de Tabasco y Veracruz, específicamente en el municipio de Las Choapas, se evidencia el apoyo determinante en favor de la población.
Defender la integridad, independencia y soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior, y prestar ayuda a los gobiernos estatales y municipales para el mantenimiento del orden son sólo algunas de las misiones que el Ejército y Fuerza Aérea nacionales cumplen con eficiencia, sacrificando incluso los recursos económicos y alimentarios propios, adquiridos para satisfacer sus necesidades, en favor de la población.
Por todo ello y más, la Secretaría de la Defensa Nacional es la institución con mayor índice de aprobación por parte del pueblo de México en cuanto a su actuar, tan sólo debajo de la Iglesia y las universidades según el último estudio mensual sobre índices de confianza que aplica desde hace varios años a nivel nacional Consulta Mitofsky. De manera inescrutable y necesaria, se ha convertido en garante de la seguridad pública, que, hablemos claro, actualmente significa seguridad nacional.
En este sentido es necesario que, como representantes populares, estemos conscientes de que en lo interno vivimos en forma permanente los efectos nocivos de la delincuencia organizada, principalmente el narcotráfico que, por la magnitud de recursos económicos que administra requiere de un reforzamiento de los recursos para combatirla.
El gobierno federal asumió como objetivos rectores en el área de orden y respeto, el defender la independencia, soberanía y la integridad del territorio nacional y diseñó un nuevo marco estratégico de seguridad nacional en el contexto de la gobernabilidad democrática y el orden constitucional, en los cuales se encuentra cimentada nuestra democracia. En estas circunstancias hemos tenido recursos favorables del propio gobierno, apoyados, sin duda, en esta honorable Cámara de Diputados.
No obstante el extraordinario esfuerzo por parte del gobierno federal por incrementar sustancialmente el presupuesto asignado a la Secretaría de la Defensa Nacional, el entorno económico internacional y nacional han traído como consecuencia el que actualmente dicha dependencia tiene detenidos varios programas de inversión que le permitirían cumplir con mayor eficacia y eficiencia las misiones asignadas, así como proporcionar mejores condiciones de vida para sus integrantes que se encuentran desplegados en todo el territorio nacional, empeñados en una lucha permanente contra la delincuencia organizada, el narcotráfico y proporcionando apoyo a la población civil en áreas afectadas por fenómenos naturales y los originados por el hombre.
Dentro de dichos programas ubicamos entre los más importantes la adquisición de aeronaves, vehículos terrestres, armamento y su correspondiente mantenimiento; la construcción de estructuras que los protejan; construcción de instalaciones hospitalarias y de alojamiento de tropas y familiares; fomento a la promoción difusión y protección de los derechos humanos, y perspectiva de género; y la adquisición de materiales que incrementen la capacidad operativa de los elementos, para entregar mejores resultados a la nación.
Al respecto es menester indicar que si existe alguna entidad que responsablemente aplique los recursos públicos asignados, es la Secretaría de la Defensa Nacional. La transparencia en el ejercicio económico en ésta, es una constante; lo anterior se demuestra, tan sólo por mencionar un ejemplo, en que la Sedena constituye el único organismo que al día de hoy y respecto al ejercicio fiscal 2009, no lleva computado ningún subejercicio.
En conclusión, la bancada del Partido Acción Nacional considera que se debe apoyar a las Secretaría de la Defensa Nacional insertando un artículo en el Presupuesto de Egresos de la Federación que disponga el que el 50 por ciento de los ahorros que se logren en el Ejercicio Fiscal 2010, les sean asignados.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se estipule un artículo que disponga el que el 50 por ciento de los ahorros que se logren en el Ejercicio Fiscal 2010, sean destinados a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2009.
Diputados: Bernardo Margarito Téllez Juárez
(rúbrica), Jesús Ramírez Rangel, Óscar Martín
Arce Paniagua.
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE ASIGNEN RECURSOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL
EJÉRCITO MEXICANO, A CARGO DEL DIPUTADO BERNARDO MARGARITO TÉLLEZ
JUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos diputados federales a esta LXI Legislatura, Óscar Martín Arce Paniagua, Jesús Ramírez Rangel, y el de la voz, Bernardo Margarito Téllez Juárez, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, garantice y defienda en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, la asignación de los recursos necesarios para el desempeño de las funciones del Ejército Mexicano, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Defender la integridad, independencia y soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior, prestar ayuda para el mantenimiento del orden público, el auxilio a las personas necesitadas y sus bienes, y la reconstrucción de zonas afectadas en caso de desastre a través de la aplicación del Plan DN-III-E, son sólo algunas de las misiones que el Ejército Mexicano cumple con los mayores estándares de eficiencia en favor de la población.
El pasado día 14 de octubre del año en curso, la Comisión de Defensa Nacional de esta soberanía, en la cual me honro de ocupar una secretaría, sostuvo una reunión con el ciudadano secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván. En dicho evento, el mencionado funcionario presentó toda una disquisición del estado que guarda la dependencia a su muy digno cargo.
Los resultados mostrados por el secretario Galván reflejan el buen desempeño que ha tenido el Ejército Mexicano en todas y cada una de las tareas que le han sido encomendadas.
De igual forma, cabe mencionar que dichos resultados favorables influyen en la alta confianza de los ciudadanos hacia la institución armada. el último estudio mensual sobre índices de confianza que aplica desde hace varios años a nivel nacional la empresa Consulta Mitofsky, sigue ubicando al Ejército Mexicano como la tercera institución más confiable del país.
La ciudadanía cree y confía en la labor de sus Fuerzas Armadas por su disciplina y eficiencia para defender a la población y a la soberanía nacional de todas y cada una de las amenazas internas y externas que se han presentado a lo largo de la historia.
Hoy el Ejército Nacional cumple con una tarea de enorme relevancia para el país: El combate al narcotráfico y la delincuencia organizada. El Estado Mexicano enfrenta esta problemática que durante décadas se dejó crecer al amparo de la corrupción y de la ceguera por parte de los tres órdenes de gobierno. Un problema lacerante para la sociedad en términos de seguridad pública, la paz, la tranquilidad de las familias y la salud de los jóvenes.
En este combate frontal contra el crimen, muchos soldados mexicanos han perdido la vida desempeñando con todo honor el noble encargo de defender a la nación.
A quienes exponen su integridad y su vida a diario debemos reconocerlos, pero no simplemente en el discurso, sino a través de los elementos y recursos dignos que les permitan seguir desempeñando su tarea y mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
Es momento de mostrar a los soldados de la patria el amplio compromiso que tenemos con ellos. Es hora de decirles: "Ustedes continúen vigilando su trinchera para que los mexicanos vivamos en paz, que yo vigilaré desde la mía el que vivan con dignidad". Es hora de pasar de las palabras a los hechos.
Se debe hacer mención que esta Cámara de Diputados ha hecho un considerable esfuerzo para elevar el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En el año 2007, el Presupuesto asignado a dicha dependencia pasó de 26,893 millones a 35,626 millones de pesos. Para el año 2008, estos recursos se elevaron a 36,527 millones de pesos; en el año 2009 el presupuesto destinado fue de 43,623 millones de pesos para, de esta forma, tener un aumento sostenido de casi 60 por ciento en los últimos tres años.
El esfuerzo que el Ejecutivo y el Legislativo han realizado en aras de dotar a la Defensa Nacional de mayores recursos económicos es evidente e incuestionable. Ahora es el turno de la LXI Legislatura para actuar como corresponde.
Por lo anterior se presenta el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, garantice y defienda en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, la asignación de los recursos necesarios para el desempeño de las funciones del Ejército Mexicano.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 13 de noviembre de 2009.
Diputados: Bernardo Margarito Téllez Juárez
(rúbrica), Jesús Ramírez Rangel, Óscar Martín
Arce Paniagua.
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONCLUIR EL PROYECTO DE TECNIFICACIÓN
DEL DISTRITO DE RIEGO 001, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO ARÁMBULA
LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado ingeniero José Antonio Arámbula López integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
A nivel internacional se considera que la creciente necesidad de lograr el equilibrio hidrológico que asegure el abasto suficiente de agua a la población se logrará armonizando la disponibilidad natural con las extracciones del recurso mediante el uso eficiente del agua.
México, un país rico en recursos naturales, obtiene el agua que consume la población de fuentes tales como ríos, arroyos y acuíferos del subsuelo. Estos acuíferos se recargan de forma natural en época de lluvias. Sin embargo, la época de lluvias tiene una duración promedio de cuatro meses lo que propicia una escasa captación, aunado a esto, del total del agua captada por lluvias, aproximadamente el 70 por ciento se evapora. La desproporción que existe entre la cantidad de agua que se capta por escurrimiento y las extensiones territoriales que comprenden aunado a la corta temporada de lluvias hace que la disponibilidad del agua sea cada vez menor, bajo este panorama México enfrenta actualmente graves problemas de disponibilidad, desperdicio y contaminación del agua.
Las fuentes, los manantiales, las cuencas o cañadas están en acelerada vía de extinción, hay cambios de clima de suelo, inundaciones, sequías y desertización, motivo por el cual el tema de la escasez del agua se ha vuelto prioritario en la agenda política internacional. Como dato estadístico cabe mencionar que existen más de 28 países que se pueden considerar con problemas de escasez de agua, pues cuentan con una dotación menor a los mil m3 per cápita anual, cifra considerada como crítica en cuanto a oferta del recurso se refiere, México se encuentra en un nivel medio con una disponibilidad de agua por persona de 5 mil m3 por año.
A nivel nacional, el sector agrícola es el mayor consumidor de agua con el 65 por ciento, no sólo porque la superficie irrigada dentro del país ha tenido que quintuplicarse sino porque no se cuenta con un sistema de riego eficiente, razón principal que provoca que las pérdidas se tornen monumentales.
Dada la importancia del agua, es nuestro deber utilizarla adecuada y racionalmente, es por ello que el estado de Aguascalientes, ha sido pionero en el tema de administración de los recursos hidráulicos en el sector agrícola, siendo el primero en toda la República Mexicana en invertir en una obra de infraestructura hidráulica de grandes dimensiones al crear la primer gran presa en el país, misma que lleva por nombre presa "Plutarco Elías Calles", que se encuentra ubicada en el municipio de San José de Gracia, Aguascalientes, permitiendo almacenar el agua del río Santiago, presa que dio paso a la creación del Distrito de Riego 001, el primer distrito de riego en todo México fundado en el año 1929, por el entonces presidente de la República, Lázaro Cárdenas, que buscaba la debida administración del vital líquido en el uso agrícola, dentro del estado con una inversión inicial de 11 millones de pesos.
El proyecto inicial sobre estimó el escurrimiento anual, ya que no se contaba con datos hidrométricos precisos, y la precipitación fue muy irregular de un año a otro y de poco escurrimiento, actualmente el agua de la presa que se distribuye por el Distrito de Riego 001 apenas alcanza para regar 4 mil de las 12 mil hectáreas que forman dicho distrito, aplicando de 2 a 3 riegos mensuales que muchas veces resulta ser insuficiente, hoy a mas de 70 años de distancia, se busca la modernización del Distrito de Riego 001.
Esta modernización consiste en la tecnificación del Distrito de Riego 001, mediante la instalación de tubería que abastezca el Distrito de Riego, la premisa es "aprovechar la carga estática" del espejo de agua de la Presa Calles, es decir en dejar de utilizar los canales de riego abiertos que operan por medio de la gravedad, para por medio de la instalación de tubería, el agua tenga la presión suficiente para poder operar los sistemas de riego en cada parcela y así dejar de desperdiciar miles de metros cúbicos de agua por derramamientos, y ahorrar energía eléctrica.
En la actualidad se han implementado diversos programas del gobierno estatal y federal fijando como principales objetivos el evitar el desperdicio de agua en los sistemas de riego por inundación así como poner en manos del agricultor un sistema de riego que le permita una agricultura de vanguardia mejorando su nivel de vida, proyecto ambicioso que contempla llegar hasta la tecnificación a nivel parcelario, mediante la aplicación de modernos sistemas de riego que impulsen lo que garantizará la disponibilidad del recurso y una eficiencia del 95 por ciento, contra el 18 por ciento actual de cada litro que sale de la presa.
Uno de los elementos fundamentales del proyecto, es la reconversión productiva hacia una agricultura rentable y sustentable, para contribuir al equilibrio del acuífero y generar una mejor calidad de vida de los 1,926 usuarios, con una mejor comercialización de sus productos, mediante el cual se puede extender la superficie beneficiada por el Distrito de Riego 001 a 6,100 hectáreas, asegurando cubrir al cien por ciento los requerimientos de los cultivos establecidos.
La extracción de agua de la presa "Plutarco Elías Calles" y de los 187 pozos que existen en el distrito es de 90 millones de metros cúbicos al año, y se tiene como meta reducirla a 32.5 millones y no extraer agua de los pozos, ahorrando 57.5 millones de metros cúbicos anuales con las acciones de modernización y tecnificación.
Aunque el proyecto beneficia directamente al área del Distrito de Riego, su impacto se extiende a todo el estado, y de manera indirecta a la nación al reducir el consumo de agua en el sector agrícola. El costo total del proyecto es de $763,200,000.00, y la fecha se llevan invertidos $658,000,000.00, lo cual representa más del 50 por ciento del costo total de la obra.
Aguascalientes es uno de los estados centros de la República Mexicana, en su nombre está inscrita la tradicional abundancia de agua, por desgracia hoy, esto ya no es así, por lo que de no verse terminado el proyecto de tecnificación del Distrito de Riego con la inversión realizada hasta el momento generará un impacto negativo dentro del estado tanto económico como ambiental al no poder colaborar con el desarrollo de los miles de usuarios que se beneficiaran con el mismo, situación que llevaría en pocos años a una escasez del agua que pondría en riesgo la estabilidad del propio estado.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, considere la programación de $105´200, 000.00 (ciento cinco millones doscientos mil pesos) para la conclusión del proyecto de tecnificación del Distrito de Riego 001.
Palacio Legislativo, a 13 de noviembre de 2009.
Diputado José Antonio Arámbula López
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA EL SECTOR SALUD, PARTICULARMENTE
EN EL RUBRO DE PREVENCIÓN TEMPRANA Y TRATAMIENTO DE LA DEMENCIA
SENIL, A CARGO DE LA DIPUTADA SILVIA PÉREZ CEBALLOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
La suscrita Silvia Pérez Ceballos, diputada de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 mayores recursos en el rubro de salud, particularmente para la prevención temprana y tratamiento de la demencia senil, lo anterior al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En México alrededor de 27 millones de mexicanos padecen depresión, ansiedad y enfermedades relacionadas con la salud mental.
En este sentido la enfermedad de Alzheimer es una de las causas más comunes que originan la demencia senil la demencia senil es una condición que transforma el funcionamiento cerebral y el llamado Alzheimer afecta las zonas del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje.
A pesar de los avances en la investigación científica, las causas de la enfermedad aún son desconocidas ya que a medida que se avanza en algunos puntos, surgen nuevas interrogantes, como lo es el ¿por qué algunas personas padecen la enfermedad a los 50 años, cuando otras se mantienen lúcidas hasta los 90 años?
En la enfermedad de Alzheimer, algunas partes del cerebro se van degenerando, las células que son vitales para la memoria y otras habilidades se destruyen, y en las que subsisten, se reduce la capacidad de reacción frente a muchas de las sustancias químicas que transmiten las señales en el cerebro ocasionando la aparición en el cerebro de tejidos anormales llamados placas seniles y haces neurofibrilares, así como ciertas proteínas anormales.
En México, entre 500 y 700 mil personas mayores de 60 años podrían presentar alteraciones en el juicio, memoria y lenguaje como consecuencia de algún tipo de demencia, esto de acuerdo con datos revelados por el estudio poblacional sobre la enfermedad realizado en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez.
Al día de hoy, alrededor del 60 por ciento de los casos son prevenibles, esto por tratarse de enfermedades como hipertensión arterial, diabetes y obesidad, factores que son de gran riesgo para desarrollar la demencia, la cual generalmente se presenta entre los 60 y 77 años de edad. A lo mencionado, resulta preocupante porque actualmente uno de cada 20 mexicanos tiene más de 60 años y se estima que para el año 2030 sea uno de cada ocho y al comenzar el 2050 la cifra llegará a uno por cada cuatro.
En este sentido conviene señalar que el 56 por ciento de los adultos mayores presentan hipertensión arterial, mientras que más del 40 por ciento padecen diabetes, por lo que de no cambiar los hábitos de alimentación, en el futuro cercano las cifras de demencia serán más alarmantes y habrá serios problemas para atender médicamente al total de la población.
Hoy día los síntomas pueden clasificarse en tres etapas:
2. En la segunda etapa se presentan, confusiones, mayor pérdida de la memoria, dificultad para reconocer las amistades cercanas, cambios en los patrones del lenguaje, tics o movimientos musculares involuntarios, dificultad para leer, escribir o trabajar con números, se escuchan o ven cosas que no existen;
3. La tercera y última etapa consiste en la pérdida de peso, desconocimiento total de familiares, no reconoce su propia imagen en el espejo, no pueden comunicarse, sufren incontinencia, no pueden cuidar de sí mismos, la evolución de los síntomas difieren según la persona.
Por lo expuesto, y con el objeto de atender la salud de la población vulnerable me permito presentar a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2010 se consideren mayores recursos en el rubro de la salud, particularmente para la prevención temprana y tratamiento de la demencia senil.
Recinto Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2009.
Diputada Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA LA CONSERVACIÓN, EL MANTENIMIENTO
Y EL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS EN CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO
FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA SILVIA ESTHER PÉREZ CEBALLOS, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita Silvia Pérez Ceballos, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 recursos para la conservación, mantenimiento y rescate de los espacios públicos en la delegación Cuajimalpa de Morelos, lo anterior al tenor de las siguientes
Consideraciones
La delegación Cuajimalpa de Morelos tiene una superficie territorial de 8,950 hectáreas, lo que representa el 5.5% de la superficie del Distrito Federal, su demarcación territorial limita al norte con la delegación Miguel Hidalgo y el municipio de Huixquilucan, estado de México; al sur, con Jalatlaco y Ocoyoacac, estado de México y al oriente, con la delegación Álvaro Obregón.
El 80.0% de la superficie de esta demarcación es suelo de conservación y el resto corresponde a la zona urbana. Esta delegación ocupa el octavo lugar en extensión territorial en el Distrito Federal.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que los porcentajes de analfabetismo en la delegación Cuajimalpa resultan ser mayores frente a los que se presentan en promedio en el Distrito Federal.
En esta demarcación en la población en general mayor de 15 años es de 3.0%, de este porcentaje, los hombres representan 1.9% y las mujeres 3.9%, mientras que en la ciudad son, respectivamente, de 2.6%, 1.6% y 3.5%.
Respecto a la infraestructura educativa, la delegación Cuajimalpa de Morelos cuenta con el 2.1% de las escuelas de nivel preescolar que hay en la Ciudad; 2.2% de las primarias; 3.0% de las secundarias; 2.0% de las de nivel profesional técnico y 3.7% de las escuelas de bachillerato.
En síntesis la delegación Cuajimalpa de Morelos requiere 300 millones de pesos para remodelar y rescatar los 67 espacios sociales de esta demarcación que se encuentran en una situación de abandono total.
Con la asignación de este presupuesto se estarían beneficiando a por lo menos cuarenta mil personas que se encuentran en situación de alta y muy alta marginación dentro de esta delegación.
Por lo anterior es que se requieren recursos para la conservación, mantenimiento y rescate de los espacios públicos, que permitan el desarrollo y bienestar de la población principalmente los siguientes:
Prevención de riesgos en los centros de desarrollo infantil (Cendi), los cuales son espacios muy críticos en cuanto a protección civil dentro de los cuales se cuenta con 628 niños en estos espacios.
Centros de Desarrollo Comunitario (CDC)
CDC Lomas de San Pedro
CDC Memetla
CDC Navidad
CDC Rosa Torres
CDC San José de los Cedros
CDC Zentlapatl
CDC Chamizal
Modulo Tinajas
Modulo Memetla
Modulo Contadero
Modulo Las Lajas
Modulo Acopilco
Modulo La Papa
Modulo Zentlapatl
Modulo Lic. Benito Juárez García
Modulo Castillo Ledón
Modulo Leopoldo Romano
Modulo El Ebano
Modulo Pascuas
Modulo San Francisco
Modulo Cooperativa Palo Alto
Modulo Las Granjas
Modulo La Zanja
Consultorio médico y odontológico Centro
de apoyo Psicosocial (Medicina General)
Consultorio médico y odontológico Consultorio
Zentlapatl (Medicina General)
Consultorio médico y odontológico Consultorio
Cacalote (Medicina General)
Consultorio médico y odontológico Consultorio
El Ébano, (Medicina General)
Consultorio médico y odontológico Consultorio
Deportivo Morelos (Medicina del Deporte)
Consultorio médico y odontológico Consultorio
Odontológico
Centro de salud La Zanja
Centro de salud Chimalpa
Centro de salud Acopilco
Centro de salud Navidad.
Centro de salud Cuajimalpa
Centro de salud Tinajas
Consultorio médico Memetla
Consultorio médico Unidad Habitacional Rosa Torres
Consultorio médico Zentlapatl
Consultorio médico Cacalote
Consultorio médico La Pila
Consultorio médico Palo Alto
Consultorio médico Ébano
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 una partida por 300 millones de pesos, a fin de que se destinen a la conservación, mantenimiento y rescate de los espacios públicos señalados en el presente punto de acuerdo y a favor de la delegación Cuajimalpa de Morelos.
Recinto Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2009.
Diputada Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA QUE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
REALICE DIVERSAS OBRAS, A CARGO DE LA DIPUTADA GABRIELA CUEVAS BARRÓN,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La que suscribe, diputada a la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar los recursos suficientes a fin de que la delegación Miguel Hidalgo a realice diversos servicios públicos a las colonias que se enuncian, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Antecedentes
La labor de todo gobierno consiste, primordialmente, en procurar el bienestar de los habitantes que gobierna, incorporando en sus programas políticas que atiendan los principales problemas de los ciudadanos, para que en el marco de sus atribuciones legales contribuyan a mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Para el cumplimiento de estas funciones, es necesaria la participación de los ciudadanos en la supervisión de los servicios que imparte, y sobre todo en la exigencia de una mejora en su ejecución. Servicios tan importantes como los encaminados a proveer agua potable, buen drenaje, alumbrado público o mantenimiento de las calles de la ciudad son necesarios que se realicen con calidad ya que repercuten directamente en la vida de las colonias.
En el caso de los servicios delegacionales, como los que se mencionan, demuestran la evolución de la expansión del espacio urbano entre 1945 y 2005, el ritmo de crecimiento de la densidad poblacional, la forma de acceder al uso del suelo y la dificultad para suministrar al mismo pasó la infraestructura y los servicios urbanos requeridos por la población, así como factores de orden morfológico e hidrológico, por lo que es indispensable brindar con eficacia dichos servicios.
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México, en la evaluación realizada a diversos hogares de las 16 delegaciones en esta capital, los habitantes de la Miguel Hidalgo se sienten satisfechos con los servicios prestados por las autoridades de esa demarcación. Veamos algunos resultados de dicho estudio:
Las delegaciones Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc son las que están más satisfechas con el mantenimiento del drenaje y alcantarillado (ambas 46.3%) seguidas de Magdalena Contreras e Iztacalco (ambas 45.4%). Los grados de satisfacción de las delegaciones Xochimilco, Iztapalapa y Tláhuac descienden a menos de 31% y los de insatisfacción oscilan entre 36.1% y 40.8%.
Las delegaciones Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc expresan un grado de satisfacción de 45.5% o más en cuanto al mantenimiento de avenidas primarias e iluminación de ellas, por el contrario, su grado de insatisfacción varía entre 22.6% y 24%. Las delegaciones Cuajimalpa, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco son las que expresan mayores grados de insatisfacción (entre 31.1% y 35.4%).
El 35.7% o más de los hogares de las delegaciones Miguel Hidalgo, Iztacalco y Milpa Alta califican el bacheo y la calidad de banquetas en avenidas primarias de "excelente" o "bueno" y 33.9% o menos lo califican de "malo" o "pésimo". Las delegaciones que menos están satisfechas con este servicio son: Iztapalapa, Tlalpan y Tláhuac, que expresan hasta 42.1% de insatisfacción.
De los servicios que ofrece el Gobierno delegacional, el alumbrado público fue el mejor calificado, con 47.9% de calificaciones positivas y 22.2% de calificaciones negativas, seguido de mercados públicos y mantenimiento de espacios públicos. El servicio peor calificado fue el de "facilidades para ciclistas y peatones en tu colonia", con 23.1% de calificaciones positivas y 47.8% de calificaciones negativas.
Por lo menos el 41.3% de los hogares de las delegaciones Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza e Iztacalco y 27.7% de las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco calificaron el mantenimiento de avenidas secundarias e iluminación de ellas de "excelente" o "bueno". La insatisfacción por este servicio oscilo entre 21.9% (delegación Iztacalco) y 35.9% (delegación Xochimilco).
Aunado al cumplimiento en la realización de los servicios públicos mencionados, es indispensable que las autoridades delegacionales realicen obras que contribuyan a generar calidad de vida en los habitantes de sus territorios, mismas que van desde remodelación de parques así como creación de infraestructura que permita el esparcimiento y educación de los vecinos.
Asimismo, una de las funciones principales de los Diputados es trabajar en la gestión de aquellos servicios públicos que benefician directamente a los ciudadanos que habitan el distrito que el legislador representa, en este caso el distrito X de Miguel Hidalgo, por lo que tras el recorrido realizado por diversas colonias de dicha demarcación he podido recoger diversas inquietudes de los ciudadanos.
El trabajo realizado en las últimas administraciones en la Delegación Miguel Hidalgo demuestran el buen servicio que prestan las autoridades de esa demarcación por lo que estoy segura que esta labor será siguiendo igual de eficiente.
Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar los recursos suficientes a fin de que la delegación Miguel Hidalgo realice diversas obras en las colonias que se enlistan:
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 13 de noviembre de 2009-
Diputada Gabriela Cuevas Barrón (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONTINUAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA
AUTOPISTA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS-PALENQUE, CHIAPAS, A CARGO
DEL DIPUTADO OVIDIO CORTÁZAR RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PAN
El que suscribe, diputado Ovidio Cortázar Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter al pleno de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se solicita que se asignen en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 mayores recursos para continuar la construcción de la autopista San Cristóbal de las Casas-Palenque, en Chiapas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Es indudable que una de las tareas fundamentales de cualquier Estado en el mundo será siempre dar un impulso a las actividades y sectores que inciden en el proceso económico nacional.
Generar mejor infraestructura de los países en desarrollo se considera cada vez más importante para lograr importantes retos tales como la reducción de la pobreza, aumentar el crecimiento y lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Los mexicanos debemos enfrentar con unidad los desafíos que tenemos por lograr. El establecimiento de bases sólidas para un crecimiento económico sostenido con perspectivas de desarrollo son aspectos ineludibles que debemos impulsar para lograr una mayor competitividad.
En nuestros días, Chiapas presenta los más bajos Índices de desarrollo humano del país y el segundo lugar con mayor grado de marginación.
En este escenario, la planeación de la acción gubernamental representa un papel esencial para instrumentar políticas públicas que incidan positivamente en el bienestar colectivo.
Es necesario continuar avanzando en el logro de profundas metas a nivel regional, siendo una de ellas la contribución corresponsable en la disminución de los desequilibrios de las áreas rurales y urbanas con mayor marginación y pobreza en la región sur-sureste del país
Resulta imperativo continuar con el compromiso de sentar las bases para acelerar el progreso de la nación que permita combatir la pobreza, tener un desarrollo sustentable, satisfacer oportunamente las necesidades de la sociedad, para un desarrollo humano pleno, con igualdad de oportunidades, con más y mejor infraestructura.
Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que asigne en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 mayores recursos para continuar la construcción de la autopista San Cristóbal de las Casas-Palenque, en Chiapas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2009.
Diputado Ovidio Cortázar Ramos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA CREAR CIUDADES RURALES EN CHIAPAS,
A CARGO DEL DIPUTADO OVIDIO CORTÁZAR RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El que suscribe, diputado Ovidio Cortazar Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter al pleno de esta honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita que se asignen, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, mayores recursos para la creación de ciudades rurales en Chiapas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Es indudable, que el siglo XXI presentará transformaciones de gran trascendencia, que requiere de acciones que emprendamos en todos los órdenes y con una participación coordinada de los distintos sectores de la sociedad, público, privado y social.
A cada uno de nosotros compete sumar voluntades para estrechar los márgenes de la pobreza, reducir la desigualdad y lograr condiciones de mayor equidad y justicia.
El combate a la pobreza no admite aplazamientos. Justamente atendiendo las particularidades propias de cada entidad y aprovechando al máximo sus fortalezas regionales, participando unidos gobierno, iniciativa privada y sociedad civil conseguiremos lograr vencer a ese viejo enemigo que es la pobreza.
Con base en la publicación del Consejo Nacional de Población, Índices de Marginación 2005, de las nueve entidades federativas que integran la región sur-sureste, Guerrero, Chiapas y Oaxaca ocupan, en ese orden, los primeros lugares en el contexto nacional en grado de marginación.
Actualmente Chiapas presenta los más bajos Índices de Desarrollo Humano del país y el segundo lugar con mayor grado de marginación.
En este escenario, la planeación de la acción gubernamental representa un papel esencial para instrumentar políticas públicas que incidan positivamente en el bienestar colectivo.
En Chiapas, las ciudades rurales sustentables buscan justamente incidir en el desarrollo regional y ordenamiento territorial para enfrentar los problemas de marginación, pobreza, dispersión poblacional y atender a la población afectada por los fenómenos climáticos, desarrollando ciudades Sustentables con servicios de calidad, equipamiento y oportunidades económicas y de desarrollo social y humano, con las siguientes líneas de acción:
2. Reducir la dispersión poblacional, la pobreza extrema y la marginación.
3. Atender a la población afectada por fenómenos naturales.
4. Favorecer la cohesión social, reducir los riesgos y proporcionar una mejor calidad de vida a los habitantes actuales y a los residentes futuros de las localidades.
5. Generar crecimiento, inversiones, empleos de calidad y riqueza social.1
Es necesario continuar avanzando en el logro de profundas metas a nivel regional, siendo una de ellas, la contribución corresponsable en la disminución de los desequilibrios de las áreas rurales y urbanas con mayor marginación y pobreza en la región sur-sureste del país
Resulta imperativo, continuar con el compromiso de sentar las bases para acelerar el progreso de la nación que permita combatir la pobreza, tener un desarrollo sustentable, satisfacer oportunamente las necesidades de la sociedad, para un desarrollo humano pleno y con igualdad de oportunidades, con más y mejor infraestructura.
Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asignar, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, mayores recursos para la creación de ciudades rurales en Chiapas.
Nota
1. http://www.ciudadesrurales.chiapas.gob.mx/objetivos
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2009.
Diputado Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA EL FONDO REGIONAL-CHIAPAS, GUERRERO
Y OAXACA, A CARGO DEL DIPUTADO OVIDIO CORTÁZAR RAMOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado Ovidio Cortazar Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter al pleno de esta honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita que se asignen, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, mayores recursos al Fondo Regional Chiapas, Guerrero y Oaxaca, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El siglo en curso, presentará transformaciones de gran envergadura, que requiere de acciones que emprendamos en todos los órdenes y con la participación coordinada de los distintos sectores de la sociedad, público, privado y social.
Entre ellas, el progreso de México en cada una de sus regiones, es un compromiso e imperativo que se debe seguir impulsando.
En este tenor, es de resaltar que actualmente, las diferencias regionales en el país, hacen evidente que no todas las entidades y municipios se han beneficiado de la misma forma del proceso de desarrollo nacional.
Las asimetrías que existen en el nivel de progreso entre las entidades federativas que se ubican en el norte y centro del país son ciertas, en relación con las situadas en la región sur-sureste, es decir, Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Es indudable que, en la dinámica del avance nacional, se han presentado por muy diversas circunstancias, condiciones de atraso y marginación en determinadas zonas del país.
En las últimas dos décadas, Chiapas, Guerrero y Oaxaca han sido objeto de atención especial del Estado mexicano. Se trata de canalizar mayores recursos hacia la región, con una visión integral regional.
El desafío de la intervención gubernamental en la región es conjuntar esfuerzos para reforzar las ventajas competitivas a nivel regional, para desarrollar una nueva economía basada en el aprovechamiento de opciones de mercado propias de la zona.
En virtud de lo expuesto, es necesario seguir impulsando el establecimiento de bases, programas y proyectos para un desarrollo regional con perspectivas de crecimiento, que propicie el suministro de más servicios en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, permitiendo estrechar la brecha de la desigualdad en materia de infraestructura y comunicaciones; promover inversiones, sin importar condiciones sociales o la geografía del lugar.
Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asignar, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, mayores recursos al Fondo Regional Chiapas Guerrero y Oaxaca.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2009.
Diputado Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA LA ZONA METROPOLITANA DE TUXTLA
GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A CARGO DEL DIPUTADO OVIDIO CORTÁZAR
RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado Ovidio Cortazar Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter al pleno de esta honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita que se asignen, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, mayores recursos a la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, al tenor de las siguientes
Consideraciones
No cabe la menor duda de que en el presente siglo XXI, el mundo se encuentra frente a enormes retos y desafíos esenciales. Entre ellas, el progreso de México en cada una de sus regiones, es un compromiso e imperativo que se debe continuar impulsando.
En este tenor, es de resaltar que actualmente las diferencias regionales en el país hacen evidente que no todas las entidades y municipios se han beneficiado de la misma forma del proceso de desarrollo nacional.
Las asimetrías que existen en el nivel de progreso entre las entidades federativas que se ubican en el norte y centro del país son ciertas, en relación con las situadas en la región sur-sureste, es decir, Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Es indudable que, en la dinámica del avance nacional, se han presentado por muy diversas circunstancias, condiciones de atraso y marginación en determinadas zonas del país.
De conformidad con la publicación de el Consejo Nacional de Población, Índices de Marginación, 2005 de las nueve entidades federativas que integran la región sur-sureste, Guerrero, Chiapas y Oaxaca ocupan, en ese orden, los primeros lugares en el contexto nacional en grado de marginación, Campeche, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, presentan un alto grado y sólo Quintana Roo, un grado de marginación bajo. Las estimaciones antes mencionadas, se efectuaron con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005 y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2005, IV Trimestre.
Es de destacar, que se han realizado importantes avances en la reducción de brechas de desigualdad y en la lucha contra la pobreza, tanto a nivel nacional como a nivel local. Sin embargo, no debemos perder de vista un importante fenómeno que se presenta a nivel nacional: el fenómeno metropolitano. Este, se ha vuelto un rasgo característico particularmente desde la segunda mitad del siglo XX.
Cabe señalar que, los problemas representados por el fenómeno de "metropolización", la acelerada y desordenada expansión y conurbación de municipios e incluso entidades federativas diversas, demanda un tratamiento especial y una atención coordinada. De conformidad con el CONEVAL, Chiapas ocupa el primer lugar en rezago social en el país. Además, tiene el segundo lugar con el mayor índice de marginación en el país, de conformidad con el Consejo Nacional de Población.
En virtud de lo anterior expuesto, es necesario seguir impulsando el establecimiento de proyectos para un desarrollo regional con perspectivas de crecimiento, que propicie más servicios a las zona metropolitana de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para lograr estrechar la brecha de la desigualdad.
La ciudad se convierte cada día, sin duda, en la meta deseada por porciones crecientes de la población, quienes encuentran en su entorno una mejor satisfacción de necesidades de diferente tipo frente a las posibilidades que ofrece la vida no urbana.
A la zona metropolitana fueron asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, 40 millones de pesos y para 2010 se proponen 24.5 millones, lo que significa un disminución real del 41.6 por ciento.
Por lo anterior, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, abre la posibilidad de dar un paso adicional con visión de desarrollo al dotar de mayores servicios y comunicaciones a la zona en comento, constituyen un efectivo canal que propiciará la actividad económica. Además, la competitividad está ligada a la prosperidad de la población, la que se traduce en mejores ingresos y estándares de vida.
El objetivo final de la proposición, es que la población de la región sur-sureste del país –especialmente la más vulnerable– tenga acceso a más infraestructura social necesaria para alcanzar su pleno desarrollo.
El Poder Legislativo federal, como representante de los ciudadanos, está obligado a coadyuvar en la coordinación y el desarrollo del esfuerzo nacional para superar las desigualdades regionales.
Estamos a favor de continuar la misión de generar propuestas que ayuden a fortalecer la competitividad, que es la capacidad de un país para atraer y retener inversiones.
Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asignar, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, mayores recursos a la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2009.
Diputado Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA LOS HOSPITALES GENERAL DE TUXTLA
GUTIÉRREZ Y UNIVERSAL DE REFORMA, CHIAPAS, A CARGO DEL DIPUTADO
OVIDIO CORTÁZAR RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado Ovidio Cortazar Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter al pleno de esta honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita que se asignen, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, mayores recursos para los hospitales general de Tuxtla Gutiérrez y Universal de Reforma en Chiapas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Es indudable que una de las tareas fundamentales de cualquier Estado en el mundo, será siempre dar un impulso a las actividades y sectores que inciden en el proceso económico nacional.
Generar mejor infraestructura en salud en los países en desarrollo se considera cada vez más importante para lograr importantes retos tales como la reducción de la pobreza, aumentar el crecimiento y lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Los mexicanos debemos enfrentar con unidad los desafíos que tenemos por lograr. El establecimiento de bases sólidas para un crecimiento económico sostenido con perspectivas de desarrollo, son aspectos ineludibles que debemos impulsar para lograr una mayor competitividad.
En nuestros días, Chiapas presenta los más bajos Índices de Desarrollo Humano del país y el segundo lugar con mayor grado de marginación.
En este escenario, la planeación de la acción gubernamental representa un papel esencial para instrumentar políticas públicas que incidan positivamente en el bienestar colectivo.
Es necesario continuar avanzando en el logro de profundas metas a nivel regional, siendo una de ellas, la contribución corresponsable en la disminución de los desequilibrios de las áreas rurales y urbanas con mayor marginación y pobreza en la región sur-sureste del país.
Resulta imperativo, continuar con el compromiso de sentar las bases para acelerar el progreso de la nación que permita combatir la pobreza, tener un desarrollo sustentable, satisfacer oportunamente las necesidades de la sociedad, para un desarrollo humano pleno y con igualdad de oportunidades, con más y mejor infraestructura.
Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asignar, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, mayores recursos para los hospitales General de Tuxtla Gutiérrez y Universal de Reforma en Chiapas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2009.
Diputado Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS EN EL FONDO METROPOLITANO PARA MONTERREY,
NUEVO LEÓN, A CARGO DEL DIPUTADO GUILLERMO CUEVA SADA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PVEM
El suscrito, diputado Guillermo Cueva Sada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Al formar parte de uno de los estados más productivos del país, la zona metropolitana de Monterrey ha mostrado un desarrollo constante a los largo de los últimos tiempos. El área de Monterrey es símbolo del progreso económico, político y social. Este crecimiento ha contribuido, sin duda, al desarrollo del municipio, sin embargo, ha sido caldo de cultivo para el agravamiento de otras problemáticas como la contaminación, la inseguridad, el transporte, etcétera.
El área metropolitana de Monterrey es la tercera zona más poblada de nuestro país ya que cuenta con casi 4 millones de habitantes y está conformada por 12 municipios. Desde el año 2000 esta zona ha crecido cerca de 8 mil 847 hectáreas a un ritmo de 25 hectáreas por semana. Informes del Instituto Nacional para la Competitividad ubica a Monterrey como la ciudad más competitiva de México, asimismo es reconocida como la sexta ciudad más importante para hacer negocios en el continente americano.
La compleja problemática que presenta esta zona ha derivado en la constitución de organismos con alcance metropolitano como el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental, el Sistema Integral de Transporte Metropolitano, el Fondo Metropolitano de Monterrey, entre otros.
Es un hecho que los presidentes municipales que conforman la zona metropolitana de Monterrey han atendido la necesidad de articular políticas públicas intermunicipales para atender las diversas problemáticas que en diversos rubros se presentan como producto del acelerado crecimiento e integración de esta área conurbada.
En este sentido, el monto propuesto en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación por 92 millones de pesos resulta insuficiente para cubrir de manera satisfactoria el cúmulo de problemáticas en materia de transporte, medio ambiente, seguridad, etcétera, propias del desarrollo de una zona con la dinámica de Monterrey.
Resulta también, hay que decirlo, inequitativo, en función de la aportación del estado de Nuevo León y de la zona metropolitana al producto interno bruto de nuestro país. Es por ello que me permito exhortar respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que incremente el monto establecido para el Fondo Metropolitano de la zona de Monterrey a 150 millones de pesos a efecto de que se posibilite el cumplimiento básico de las demandas planteadas por los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se hace un atento exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que durante la negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación se incremente el presupuesto destinado al Fondo Metropolitano para la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los trece días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
Diputado Guillermo Cueva Sada (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA,
A CARGO DEL DIPUTADO JAIME ARTURO VÁZQUEZ AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE NUEVA ALIANZA
El suscrito Jaime Arturo Vázquez Aguilar, diputado federal a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 la asignación de mayores recursos para destinarlos al rubro de educación superior pública, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La educación superior en un mundo globalizado y en constante evolución, ocupa un lugar preponderante para el desarrollo de las naciones, para el incremento de su productividad y el crecimiento económico, es por ello que resulta indispensable la aplicación de políticas públicas que fomenten y beneficien el desarrollo y la calidad educativa de las diversas regiones del país y de las diferentes modalidades institucionales. Según se desprende del Programa Sectorial de Educación 2007-2012, el gobierno federal se ha propuesto garantizar la mejora continua de la Educación Superior Pública a través de los diversos programas, así como del impulso de procesos eficientes y transparentes sobre su gestión académica.
El debate sobre el futuro de la educación superior se encuentra vigente en todo el mundo, es así que a diez años de la primer Conferencia Mundial sobre Educación, el pasado mes de julio fue llevada a cabo en París la Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO, denominada La nueva dinámica de la educación superior y de la investigación al servicio del progreso social y el desarrollo, destacando dentro del contexto internacional el papel que desempeña la enseñanza superior para afrontar los desafíos que presenta la economía mundial, así como la importancia y la responsabilidad que atañe a la enseñanza superior en el plano social, respecto a adoptar medidas tendentes a promover la equidad, impulsar la innovación y la investigación.
Derivado de dicha conferencia, México se comprometió a poner en marcha un conjunto de acciones consensuadas a nivel internacional, tendientes a garantizar que la educación superior y la investigación desempeñen un papel estratégico, en la creación y aprovechamiento compartido de conocimientos en pro de un futuro más sostenible, más integrador y más orientado hacia el desarrollo.
En el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, es urgente que se consideren las siguientes demandas expresadas en diversos foros por sectores representativos de la sociedad:
a) Construir nuevas instituciones y universidades públicas (estatales y federales) con la calidad y reconocimiento académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana, para ampliar la matrícula que permita alcanzar el 45 por ciento de cobertura nacional.
b) Otorgar más becas de educación superior a nivel nacional y becas de movilidad estudiantil que cubran colegiaturas y gastos de manutención en todas las áreas de conocimiento.
c) Impulsar programas de becas integrales (salud, alimentación, materiales didácticos, transporte y alojamiento) a jóvenes en situación de pobreza y marginación tanto a nivel urbano como rural.
d) Aumentar el gasto de inversión a las universidades públicas dirigidas a dotar de la infraestructura tecnológica e informática necesaria para elevar la calidad de la educación.
El financiamiento de la educación superior pública, se basa fundamentalmente en recursos del Estado. De manera complementaria, las Instituciones de Educación Superior Públicas generan recursos propios para el desarrollo de proyectos académicos.
Según lo establecido en el artículo 25 de la Ley General de Educación, el monto anual que la Federación, Entidades Federativas y Municipios, deben destinar al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no puede ser menor a 8 por ciento del producto interno bruto del país, debiendo destinar de este monto al menos el 1 por ciento a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas.
Pese a la disposición anterior, las instituciones de educación superior públicas viven año con año la amenaza constante de no contar con un presupuesto suficiente. Por ello, es urgente reconsiderar la propuesta hecha por el Gobierno Federal para el financiamiento en educación ante un Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2010, que asciende a 196 mil 425.6 millones de pesos, cuando el año pasado para el mismo rubro fueron aprobados recursos por 210 mil 590.6 millones de pesos, lo que implica un retroceso en el presupuesto alcanzado anteriormente.
En efecto, el proyecto de Presupuesto de Egresos 2010 aplica una disminución de más de 800 millones de pesos, además de cancelar 10 fondos de apoyo que reciben las universidades públicas y recortar otros tantos, es decir, el Ejecutivo federal disminuye a la educación pública cerca de 5 mil millones de pesos, lo cual significa 4.2 por ciento menos en comparación con el presupuesto aprobado para 2009. No podemos permitir un presupuesto menor en materia de educación.
Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza no pasa desapercibido que son muchas las necesidades que agobian al país, la actual crisis económica ha provocado una caída en la economía del 9.2 por ciento, afectando a estados y municipios, y generando la pérdida de más de 730 mil fuentes de trabajo, sin embargo, estamos convencidos que a la luz de los retos que nos plantea la dinámica global del siglo XXI, debemos apostar a la educación como una estrategia de superación nacional que genere el desarrollo sostenible de nuestra sociedad y provoque crecimiento económico.
En merito de lo expuesto y de conformidad con lo establecido en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a respetar lo dispuesto en la Ley General de Educación y destinar el 8 por ciento del producto interno bruto al gasto en educación pública y en los servicios educativos, en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010.
Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar, en el ámbito de sus respectivas competencias, la asignación de mayores recursos al rubro de educación superior pública, dentro del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2009.
Diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar (rúbrica)