• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para modernizar la carretera Tepeaca-Tecamachalco, a cargo del diputado Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa, de la SE, de la Sectur y de la SRA a revisar y homologar los términos y criterios que integran la vertiente de adquisición de activos productivos para dar claridad y especificidad a dicha estrategia y permitir con ello que un número mayor de productores agropecuarios y de personas vinculadas al sector primario sea beneficiado con los programas que integran el especial concurrente, a cargo del diputado Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se destinen mayores recursos al programa de conservación y uso sustentable de suelo y agua para seguir impulsando el sector agropecuario, a cargo del diputado Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para ampliar la carretera Panamericana, en el tramo que va de Izúcar de Matamoros a los límites con Oaxaca, a cargo del diputado Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se apruebe la propuesta presentada por la Comisión de Agricultura y Ganadería y las unidas del campo para revertir la pobreza, el deterioro ecológico, la marginación y la desesperanza, abriendo nuevos horizontes al desarrollo del campo, a cargo del diputado Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para los proyectos de abastecimiento de agua de Acapulco, Guerrero, en las zonas Zapata-Renacimiento, norponiente y Pie de la Cuesta, a cargo del diputado Fermín Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para que la inversión destinada a la construcción de la carretera Acapulco-Zihuatanejo salga etiquetada en el tramo Pie de la Cuesta-El Conchero, a efecto de iniciar el desarrollo del circuito turístico de la Costa Grande de Guerrero a partir de Acapulco, a cargo del diputado Fermín Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para los proyectos de reconstrucción o remodelación de inmuebles de Acapulco de Juárez, Guerrero, a cargo del diputado Fermín Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para construir los distribuidores viales Ruiz Cortines-Las Cruces (Cima-Carabali) y Cuauhtémoc-Universidad, alternativo al crucero Universidad, de Acapulco, Guerrero, a cargo del diputado Fermín Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se reasignen recursos para mantener por lo menos los autorizados en 2009, en el Fondo Metropolitano, a Acapulco, Guerrero, a cargo del diputado Fermín Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para los proyectos de rescate y mejoramiento de la imagen urbana y la diversificación de la oferta turística del centro histórico de Acapulco, Guerrero, a cargo del diputado Fermín Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para construir un hospital comunitario, en los bienes comunales de Cacahuatepec, del área rural de Acapulco, en beneficio de más 43 mil habitantes, en su mayoría campesinos, a cargo del diputado Fermín Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para remodelar y equipar los desayunadores comunitarios pertenecientes al Sistema Municipal DIF del distrito electoral XXXII, de Valle de Chalco Solidaridad, con objeto de que éste amplíe la cobertura de los servicios que presta a la población de Ixtapaluca, México, a cargo del diputado Miguel Ángel Luna Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para las obras de rehabilitación, perforación, construcción, mantenimiento y limpieza del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ixtapaluca, con objeto de que éste amplíe la cobertura de los servicios que presta a la población de Ixtapaluca, México, a cargo del diputado Miguel Ángel Luna Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se destinen recursos a la Sedesol para que se amplíe el número de beneficiarios del programa Oportunidades en el distrito electoral XXXII, Valle de Chalco Solidaridad, México, con objeto de que éste amplíe la cobertura de servicios que presta a la población, a cargo del diputado Miguel Ángel Luna Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para mejorar los servicios públicos educativos en primarias, secundarias e instituciones de nivel medio superior, con objeto de que se amplíen la cobertura y la calidad de los servicios que se prestan a la población en Valle de Chalco Solidaridad, distrito electoral XXXII, del estado de México, a cargo del diputado Miguel Ángel Luna Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para mejorar la cobertura y la calidad de los servicios sanitarios de recolección y separación de basura que se prestan a la población de Valle de Chalco Solidaridad, distrito electoral XXXII, del estado de México, a cargo del diputado Miguel Ángel Luna Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para construir el distribuidor vial Momoxpan-Recta a Cholula, en San Andrés, a cargo del diputado Juan Pablo Jiménez Concha, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para construir el hospital regional de San Pedro Cholula, Puebla, a cargo del diputado Juan Pablo Jiménez Concha, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se destinen recursos a programas de infraestructura, en el rubro de comunicaciones, para municipios de estado de México con impacto regional en el sureste de la entidad, a cargo del diputado Fernando Ferreyra Olivares, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se destinen recursos a programas de infraestructura, en el rubro de comunicaciones, para Tenancingo, México, a cargo del diputado Fernando Ferreyra Olivares, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se destinen recursos que permitan establecer para las madres solas de escasos recursos con hijos de 0 a 16 años el derecho a recibir un apoyo alimentario, a cargo del diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se considere un incremento del monto asignado a la Universidad Autónoma de Guerrero, en relación con los ejercicios anteriores, a cargo del diputado Ilich Augusto Lozano Herrera, del Grupo Parlamentario del PRD

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos adicionales para garantizar el avance del proceso de la transversalidad de género en las políticas y los programas del Gobierno del Distrito Federal y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en el marco de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal y la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres para el Distrito Federal, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren las erogaciones necesarias para construir la obra pública que evite inundaciones en Gustavo A. Madero, Distrito Federal, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se incrementen en 2 mi 319 millones de pesos los recursos de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, con objeto de dar suficiencia presupuestal al Plan Maestro de Infraestructura en Salud, y de que se prevean 240 millones de pesos para la operación de tres hospitales previamente autorizados, a cargo del diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se considere el Distrito Federal como receptor de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, a cargo del diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del PRD

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para la construcción y el funcionamiento de la carretera Zirándaro-Aratichanguio, en Guerrero, a cargo del diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos adicionales para implantar acciones en favor de los derechos humanos en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del PRD

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren los requerimientos para la operación y el manejo de la reserva de la biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, a cargo de la diputada Laura Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del PVEM

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que realice los estudios pertinentes para reclasificar Ciudad del Carmen, Campeche, en el área geográfica A, por el efecto de la explotación petrolera en la economía del municipio y en el costo de la vida de las familias, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para fortalecer las acciones de combate del cáncer cervicouterino y de mama en las instituciones de salud del sector público, a cargo de la diputada María Elena Pérez de Tejada Romero, del Grupo Parlamentario del PAN

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener y a la CFE a hacer efectiva con la mayor brevedad la reducción de las tarifas eléctricas en Chiapas, a cargo de la diputada Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH y a la PGR a dar seguimiento a las investigaciones existentes sobre crímenes contra periodistas, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del PVEM

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a considerar la eliminación de la caseta de peaje número 71, de Chalco, porque es perjudicial para el presupuesto familiar de los habitantes de la zona oriente del estado de México, a cargo del diputado Armando Corona Rivera, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a instaurar mediante Diconsa un programa anual de compras basado en el sistema de licitación pública, con las condicionantes de calidad, peso y empaque que dicha secretaría determine, y a permitir el desarrollo de nuevos agentes económicos regionales, licitando las compras para que sean entregadas en los centros de distribución de la institución, a cargo de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a buscar mediante la Segob y la Conagua una solución al problema del río Laja, en Guanajuato, que garantice a los habitantes de las zonas ribereñas que no habrá más afectaciones en sus tierras y detenga cualquier daño ecológico, a cargo del diputado Gerardo Leyva Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al secretario de Educación de Jalisco que asigne el envío periódico o permanente de profesionales de la atención psicoeducativa y psicosocial en las escuelas primarias y secundarias del estado, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se incorpore un anexo con los recursos que las dependencias o las entidades de la administración pública federal ejercerán para fomentar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, establecidas en el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los rectores de las universidades públicas del país que creen estancias infantiles para los hijos de las estudiantes de esas instituciones, con el propósito de evitar la deserción y brindar apoyo en el desarrollo educativo, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a informar a esta soberanía sobre la ubicación, el funcionamiento y la supervisión de los puntos de verificación existentes en el país; y a los gobiernos estatales, a determinar las medidas necesarias a fin de que se cumplan los reglamentos relativos a la circulación en los caminos y puentes de su jurisdicción, a cargo del diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a no disminuir y, en su caso, a incrementar –conforme a la necesidades prioritarias– en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 los recursos de los programas y las acciones dirigidos a la atención de los grupos vulnerables, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

• Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a fijar para 2010 un incremento salarial de al menos 6.5 por ciento; y a esta soberanía, a constituir un grupo de trabajo encargado de elaborar las reformas necesarias a efecto de que la Cámara de Diputados establezca los incrementos, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que rinda un informe detallado, en un plazo no mayor de 30 días naturales, sobre el ejercicio de sus facultades en materia de control sanitario de la publicidad que contenga los permisos autorizados y denegados, los procedimientos jurisdiccionales en que se han impugnado sus negativas y el sentido de las resoluciones recaídas a éstos, las sanciones que ha aplicado, incluidos los sujetos sancionados, y las multas cobradas, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a no disminuir el requerimiento de recursos del Ejecutivo federal contenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 destinado a los programas Oportunidades y de Apoyo Alimentario, a fin de que millones de mexicanos en situación de pobreza tengan garantizado el acceso a la salud, educación y alimentación, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa y de la Secretaría de Economía a resolver el problema del sector productivo lechero, a cargo del diputado Jorge Rojo García de Alba, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Economía a rendir un informe detallado del programa de creación de empleos en zonas de marginación sobre los recursos y el padrón de beneficiarios, a fin de certificar que mediante éste se incentiva ahí el empleo, a cargo del diputado Heriberto Ambrosio Cipriano, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política que acuerde la creación de la comisión de protección civil o, en su caso, la integración de un grupo plural que atienda y evalúe las acciones de protección civil del gobierno federal en las comunidades rurales o regiones dañadas por desastres naturales, a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, para que se realicen diversas adiciones y modificaciones al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, suscrita por los diputados César Augusto Santiago Ramírez y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del PRI

• A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del PT

• Con motivo del vigésimo aniversario de la caída de Muro de Berlín, a cargo del diputado José Luis Jaime Correa, del Grupo Parlamentario del PRD

• Con motivo del 134 aniversario del natalicio de Carmen Serdán Alatriste, a cargo de la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad aplicable, someto a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Considerandos

México adolece de una infraestructura carretera eficiente, no sólo por la cantidad de vías de comunicación, sino también por el deterioro en que se encuentra una parte importante de la infraestructura carretera nacional, ello representa un obstáculo para lograr el encadenamiento de los procesos productivos.

En el caso particular del estado de Puebla, es fundamental contar con caminos y carreteras en buen estado, ya que la entidad no sólo es productora, sino que también es un medio de paso por el que transitan transportes con mercancías provenientes de la zona sur del país.

El contar con vías de comunicación en buen estado garantiza el acceso a un sistema de comunicación carretero que agiliza el mercado interno.

Con fundamento en lo anteriormente mencionado, someto a consideración de este pleno, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se asignen recursos por un monto de 581 millones de pesos, los cuales serán utilizados para la modernización de la carretera Tepeaca-Tecamachalco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 10 de noviembre de 2009.

Diputado Alberto González Morales (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SAGARPA, DE LA SE, DE LA SECTUR Y DE LA SRA A REVISAR Y HOMOLOGAR LOS TÉRMINOS Y CRITERIOS QUE INTEGRAN LA VERTIENTE DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS PARA DAR CLARIDAD Y ESPECIFICIDAD A DICHA ESTRATEGIA Y PERMITIR CON ELLO QUE UN NÚMERO MAYOR DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DE PERSONAS VINCULADAS AL SECTOR PRIMARIO SEA BENEFICIADO CON LOS PROGRAMAS QUE INTEGRAN EL ESPECIAL CONCURRENTE, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO JIMÉNEZ MERINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y la normatividad aplicable, someto a consideración de esta H. Asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, sustentado en los siguientes

Consideraciones

Con el objetivo de lograr un mayor impacto en el sector agropecuario nacional las Secretarías que participan en el diseño e integración del Programa Especial Concurrente (PEC), establecieron cambios importantes en la integración de dicho programa, una de las modificaciones más relevantes son los denominados Activos Productivos, que son un concepto a través del cual se otorgan apoyos a los productores del campo.

Dentro de la vertiente de competitividad del PEC se ubican los programas para la adquisición de activos productivos, la integración de dicha vertiente es la siguiente:

Sin embargo, a pesar de los recursos cuantiosos que se autorizan para este rubro, los apoyos no son aprovechados de manera eficiente por los posibles beneficiarios, ello es consecuencia de la falta de claridad y especificidad en los conceptos y componentes que permiten la adquisición de activos productivos.

Lo anterior no permite que los beneficios se puedan dar de manera inmediata ni eficiente ya que la gran mayoría de los empadronados en los diferentes programas que integran el PEC no pueden acceder a los recursos debido a que no existe la suficiente claridad en los conceptos ni en los lineamientos que integran a los mismos.

El Programa Especial Concurrente es un instrumento que ha logrado impactar de manera positiva en el sector agropecuario mexicano, ello es gracias a que se logran atender las problemáticas del sector primario de una manera multifactorial e integral, gracias a que la integración del PEC es posible gracias a la colaboración intersecretarial, con lo que se logran mejores resultados.

Herramientas como el PEC deben ser fortalecidas y clarificadas en beneficio de los millones de familias y personas que se encuentran empadronadas, procurando que los apoyos se otorguen de una manera equitativa y eficiente.

Como legisladores tenemos la obligación de velar por que los diferentes sectores sociales puedan desarrollar sus actividades en un entorno favorable, el cual les permita poder acceder a una mejor calidad de vida, e instrumentos como la vertiente de adquisición de Activos Productivos son una alternativa que da viabilidad al sector agropecuario nacional.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación así como a las Secretarías de Economía, Turismo y Reforma Agraria, para que se revisen y homologuen los términos y criterios que integran la vertiente de adquisición de Activos Productivos, a fin de dar claridad y especificidad a dicha estrategia para con ello permitir que un número mayor de productores agropecuarios y de personas vinculadas al sector primario puedan ser beneficiadas con los diferentes programas que integran el Programa Especial Concurrente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 10 de noviembre de 2009.

Diputado Alberto Jiménez Merino (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE DESTINEN MAYORES RECURSOS AL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA PARA SEGUIR IMPULSANDO EL SECTOR AGROPECUARIO, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO JIMÉNEZ MERINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás normatividad aplicable, someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, en razón de los siguientes:

Considerandos

El Componente de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (Coussa), es una de las herramientas que utiliza el gobierno federal para dar sustentabilidad al sector primario de la economía, cabe mencionar que está integrado por seis subprogramas, los cuales son:

El Coussa otorga apoyos para la construcción de pequeñas obras de captación y almacenamiento de agua de lluvia, así como aquellos proyectos que tengan como fin el aprovechamiento sustentable del suelo y la vegetación asociados a la producción primaria, en una estrategia única de manejo de microcuencas, misma que es considerada como la mejor estrategia de planeación para el desarrollo de las comunidades.

Este componente se aplica mediante dos modalidades, 1) Coejercicio, consistente en una aportación mayoritaria de recursos por parte del gobierno federal y por una aportación que realizan las entidades federativas; y 2) mediante el Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA).

En lo que se refiere al presupuesto otorgado el Coussa, es importante mencionar que para el ejercicio fiscal 2008 se destinaron 869.4 millones de pesos, de igual forma, mediante convenios firmados por el gobierno federal y 29 entidades federativas, se logró que estas últimas aportaran 263.7 millones más. Los estados que no suscribieron los convenios fueron Campeche, estado de México y Yucatán.

El monto de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2009 ascendieron a mil 283.6 millones de pesos, siendo Yucatán la entidad que no participa en la distribución y aportación de este componente.

La aplicación de los recursos, a diferencia del año 2008, se realizó mediante el coejercicio, el PESA y el proyecto de Pequeñas Obras Hidráulicas.

Según informa la Sagarpa, durante el año 2008 por el componente Coussa se apoyaron a 63 mil productores. Mientras que la expectativa para el presente año es apoyar a una población rural de alrededor de los 159 mil habitantes, beneficiando a una superficie de poco más de 222 mil hectáreas.

Instrumentos como el que ahora se mencionan son fundamentales para lograr mejoras sustanciales en la producción del sector agropecuario, asimismo, es una herramienta por demás útil para dar sustentabilidad a los recursos naturales, en particular para la conservación del suelo y el aprovechamiento eficiente del agua.

Muchas comunidades que carecían de agua, gracias a este programa han podido recargar sus acuíferos, abastecerse de agua, tener pequeñas áreas de riego, abastecer al ganado, a la fauna e incluso producir pescado. Este programa en varios estados, se ha convertido en uno de los más integrales y pertinentes para el desarrollo comunitario. El agua es la base del desarrollo económico y social.

Para lograr alcanzar la meta de fomentar el crecimiento económico es necesario sumar esfuerzos, tanto institucionales como políticos, ello a fin de construir el andamiaje que permita dar continuidad a los programas y proyectos que han demostrado ser un paliativo fundamental para el impulso de las actividades económicas.

En razón de lo anterior, es que a través de la proposición que ahora presento no sólo solicito que se mantenga el Coussa como un pilar de la sustentabilidad, sino que además es imperativo incrementar los recursos que le son asignados, con el objetivo de beneficiar a un número más amplio de personas que se desarrollan en el medio rural.

El Coussa ha demostrado ser una alternativa eficiente para apoyar proyectos agropecuarios, destacándose los apoyos otorgados a los pequeños productores rurales, quienes ahora cuentan con una infraestructura hidráulica que les permite continua produciendo.

En razón de lo mencionado anteriormente, me permito poner a consideración de este Pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Recursos Hidráulicos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que:

Diputado Alberto Jiménez Merino (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA AMPLIAR LA CARRETERA PANAMERICANA, EN EL TRAMO QUE VA DE IZÚCAR DE MATAMOROS A LOS LÍMITES CON OAXACA, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO JIMÉNEZ MERINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad aplicable, someto a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

La infraestructura carretera es uno de los componentes que impacta de manera positiva en diversas ramas de la economía, así como en la generación de empleos y los beneficios de mediano y largo plazo que se derivan de la existencia de una carretera.

El objetivo de la presente propuesta es solicitar que se destinen recursos específicos para la ampliación de la carretera Panamericana en el tramo que va de Izúcar de Matamoros, Puebla, hasta los límites con el estado de Oaxaca.

Cabe destacar que la carretera Panamericana es uno de la obras de infraestructura carretera que mayores beneficios trae para los diferentes estados del país por donde cruza.

La carretera Panamericana representa una fuente importante de ingresos por la capacidad que tiene de generar empleos temporales, así como por la infraestructura de bienes y servicios que se producen en torno a ésta, produciendo beneficios para las familias que participan en los diferentes eventos y actividades.

Con fundamento en lo mencionado, someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se destinen recursos por un monto de 137 millones de pesos para la ampliación de la carretera Panamericana en el tramo que va de Izúcar de Matamoros a los límites con el estado de Oaxaca.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2009.

Diputado Alberto Jiménez Merino (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE APRUEBE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Y LAS UNIDAS DEL CAMPO PARA REVERTIR LA POBREZA, EL DETERIORO ECOLÓGICO, LA MARGINACIÓN Y LA DESESPERANZA, ABRIENDO NUEVOS HORIZONTES AL DESARROLLO DEL CAMPO, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO JIMÉNEZ MERINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El diputado Alberto Jiménez Merino, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás normatividad aplicable, somete a consideración de este pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

En este momento de crisis por la que atraviesa el país, la sociedad mexicana se encuentra inconforme y enojada con los diputados, debido a que a nadie le gusta que por la ineficiencia y el mal manejo de las finanzas públicas, se pongan impuestos y sean los ciudadanos quienes paguen por ello.

El gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda mencionó que existiría un boquete fiscal cercano a los 400 mil millones de pesos; entre los principales motivos que ocasionaron dicha problemática se menciono la crisis internacional y no se dijo nada del extraordinario crecimiento del gasto corriente, del pago de servicios personales que ha habido en los últimos 9 años.

Son muchas las causas de la falta de recursos, una de ellas expresada por el propio pesidente de la República, es que los que más tienen no están pagando impuestos en la proporción a su obligación.

Para compensar el diferencial en el nivel de recaudación y la falta de recursos, el gobierno federal implató un conjunto de acciones encaminadas a disminuir el gasto corriente y de inversión, que ha ocasionado severos problemas como el desempleo, el incremento de los precios y la falta de oportunidades.

Para tener recursos se recurre a aumentar impuestos, no había según los expertos, otras opciones. Así, estuvimos de acuerdo, con responsabilidad destacamos que las medidas promovidas por la administración pública federal no dependieron de los diputados, de igual forma las circunstancias y las opciones para corregir el déficit tampoco fueron promovidas por el Congreso de la Unión. Esperamos que en los próximos años tengamos mayor capacidad y mayor determinación para encontrar mejores soluciones. Lo que viene si corresponde y es responsabilidad de los diputados, decidir el rumbo y destino de los escasos recursos públicos disponibles para el ejercicio fiscal de 2010.

El presupuesto que autorizará la presente Legislatura debe tener como prioridades el otorgar los recursos principalmente para garantizar la alimentación, la educación pública, la salud, el fomento al empleo, un mejor ingreso para las familias, mayores oportunidades para la generación de inversión, el combate a la pobreza, la erradicación de la marginación y la desigualdad social y garantizar la vivienda, todo ello con el objetivo de que todos los mexicanos puedan tener una vida más digna.

La gente necesita recursos para obtener los alimentos que requiere la familia, agua, ingresos, una vivienda digna, medicamentos y apoyo para desarrollar sus capacidades; educación, capacitación y asistencia técnica. Sin el desarrollo de capacidades, nunca habrá un presupuesto que alcance para atender las necesidades.

Es tiempo de destacar la importancia de los apoyos intelectuales sobre los apoyos materiales como un fin último para impulsar el desarrollo humano y social.

En este contexto, es imperativo contribuir para que los presupuestos sectorizados sean suficientes y eficientes, y para ello es fundamental trabajar en el diseño de políticas públicas que permitan una mejor redistribución de la riqueza generada por los sectores de la economía. El sector primario genera una gran cantidad de productos que son utilizados como insumos por otras ramas de la economía.

Sin embargo, el valor agregado solo trae beneficios para los sectores dedicados a la industrialización de los productos agropecuarios. Pareciera que consciente o inconscientemente, los productores primarios renunciaron a participar en los segmentos de acopio, transformación y comercialización.

En este sentido, es fundamental apoyar estrategias y programas que generen un impacto directo e inmediato en el campo mexicano tales como: el Programa Especial de Seguridad Alimentaria, programa de activos productivos, programas de reforestación productiva, conservación del suelo y el agua, proyectos de desarrollo agropecuario, proyectos de infraestructura hidráulica, programas dirigidos a mujeres, jóvenes y productores sociales del sector primario, y demás estrategias que permitan mejorar la comercialización, el financiamiento, incrementar la competitividad y otorguen sustentabilidad al campo mexicano.

Es la alimentación y el ingreso lo que más reclama de gente, de allí proviene su seguridad pública y allí nacen las principales inconformidades. El campo, aún en la crisis actual, es un sector que siguió creciendo. Hay estudios contundentes que señalan que invertir adecuadamente en el campo permite incrementos sustantivos en el ingreso, especialmente en el más pobre de la sociedad rural.

También se sabe que generar un empleo en el campo cuesta 6 veces menos que hacerlo en la ciudad y mantener una familia en el campo es 22 veces menor que hacerlo en la zona urbana.

Adicionalmente, la gente reclama que los insumos usados en la agricultura como semillas, fertilizantes, agroquímicos y maquinaria suben indiscriminadamente sin que nadie los controle o regule.

Producir caro y vender barato, ha sido la mayor desgracia de los productores del campo. Hay aberraciones tan inexplicables que es inadmisible que el agua sea, en muchos casos, mucho más cara que la leche. Urge revisar costos de producción y precios.

Por lo anterior, los diputados de la Confederación Nacional Campesina, afiliados al Partido Revolucionario Institucional, solicitamos a esta honorable asamblea su respaldo para apoyar la propuesta presupuestaria que ha hecho la Comisión de Agricultura y Ganadería en esta LXI Legislatura, presidida por el presidente de nuestra organización, la Confederación Nacional Campesina.

Es tiempo de ejercer una gran responsabilidad; sin renunciar a impulsar la modernidad, sin desconocer la importancia de estar en niveles de desarrollo del primer mundo, nuestra gente necesita apoyos para sus necesidades básicas, eliminar gastos suntuosos y apoyos reales para salir de la pobreza y la marginación.

En razón lo señalado anteriormente, pongo a consideración de este pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que se apruebe la propuesta de presupuesto presentada por la Comisión de Agricultura y Ganadería, y de las comisiones unidas del campo para revertir la pobreza, el deterioro ecológico, la marginación y la desesperanza, abriendo nuevos horizontes al desarrollo del campo mexicano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2009.

Diputado Alberto Jiménez Merino (rúbrica).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA LOS PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE ACAPULCO, GUERRERO, EN LAS ZONAS ZAPATA-RENACIMIENTO, NORPONIENTE Y PIE DE LA CUESTA, A CARGO DEL DIPUTADO FERMÍN ALVARADO ARROYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral I, inciso b), de la Ley Orgánica; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. Que la coordinadora de la Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo al Decenio Internacional para la Acción El Agua Fuente de Vida 2005-2015, Josefina Maestu, en el marco del último foro 2009, celebrado en Estambul, aseguró que gran parte de la lucha de hoy se centra en que, el agua sea reconocida como un derecho universal.

Segunda. Que entendemos por agua potable aquella que es apta para el consumo humano y para los demás usos domésticos. Ésta, además de ser limpia, ha de ser inodora, fresca y agradable. Debe contener algunos gases, especialmente aire y sales disueltas en pequeñas cantidades. No debe poseer materias orgánicas, gérmenes patógenos, ni sustancias químicas. Así, el agua es un bien indispensable para el desarrollo de toda civilización, ya que posibilita la expansión demográfica y los progresos de la producción, que van desde la agricultura hasta la electrónica.

Tercera. Que la falta de disponibilidad de agua potable es una de las principales carencias que sufre el ser humano y que, actualmente, soportan en el mundo mil 200 millones de habitantes. Actualmente, mueren en el planeta 15 millones de personas al año a causa de enfermedades causadas por la falta de disponibilidad de agua potable de calidad. Por ello, el abastecimiento de agua a la población, se encuentra directamente relacionado con la calidad de vida, debiéndose considerar como un derecho humano fundamental. De hecho, así está considerado por la Organización de las Naciones Unidas, desde el año 2006, en el marco del Foro Mundial del Agua, celebrado en esta Ciudad de México.

Cuarta. Que en este orden de ideas, el sistema de agua potable puede conceptuarse como el conjunto de elementos íntimamente relacionados que tienen por fin ofrecer a una comunidad el agua potable que requiere, de acuerdo con sus necesidades sociales, productivas e individuales, así como llevar a otro lugar, las aguas utilizadas, pluviales y desechos humanos e industriales, para que puedan ser tratadas y, posteriormente, se les asigne su reúso o verterlas en cauces naturales. En todo caso, debe asegurarse no ocasionar degradación alguna del sistema ecológico, procurando mantener las condiciones generales naturales de la zona o lugar de que se trate.

Quinta. Que los sistemas de agua potable y alcantarillado constituyen un servicio público, de fundamental importancia para la sobrevivencia y bienestar social de la población de los municipios, aunque en muchos casos presenten problemas administrativos, técnicos y operativos.

Sexta. Que la responsabilidad constitucional recae directamente sobre los ayuntamientos, ya que por disposición de la fracción III, inciso a), del artículo 115 de nuestra Constitución, se obliga a las autoridades municipales a encauzar sus acciones para hacer estos sistemas más eficientes, ya sea reorganizando la estructura existente o bien construyendo nuevas obras públicas, teniendo presente que el agua potable debe abastecerse en cantidad, calidad y oportunidad que la comunidad demande.

Séptima. Que asolados económicamente por la crisis financiera que azota a economías dependientes como la nuestra, los municipios de nuestro país, como Acapulco, Guerrero, enfrentan graves problemas en materia de ampliación y rehabilitación de redes de agua potable y saneamiento de aguas residuales, los cuales se acrecientan, toda vez, que no cuentan con la disponibilidad de recursos para llevar a cabo las ampliaciones y restauraciones que sus sistemas de agua potable les demandan, lo que, obviamente, deriva en una deficiente prestación de estos servicios que irritan a una sociedad cada vez más contestataria en el ejercicio de sus derechos.

Octava. Que en atención a que esta representación nacional juega un papel crucial para detonar la gobernabilidad de los municipios, en virtud de la responsabilidad que esta Cámara ejerce en materia presupuestaria, para incluir importantes apoyos financieros, a través de los diversos programas a cargo de la Comisión Nacional del Agua, enfocados a la rehabilitación de los sistemas de agua potable y saneamiento en los municipios, como es el caso de Acapulco, que además de ser un municipio de honda tradición turística, concentra 23.46 por ciento de la población total del estado, con una tasa media anual de crecimiento vigorosa, concentrada fundamentalmente en la cabecera municipal.

Noveno. Que en virtud de que la zona de la colonia Zapata, Renacimiento, Norponiente y Pie de la Cuesta del municipio de Acapulco presenta brutales deficiencias en sus sistemas de agua potable, es necesario exhortar a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, para que, se destinen, a Acapulco de Juárez, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, cuando menos,130 millones de pesos, que permitan cumplir con sus esenciales requerimientos en materia de este vital servicio público.

Décimo. Que si bien es cierto que Acapulco es conocido internacionalmente como uno de los destinos turísticos por excelencia, por los atractivos naturales como La Quebrada o sus cálidas playas de la bahía de Santa Lucía, Caletilla, Caleta, La Roqueta, Playa Hornos, Tlacopanocha, Playa Suave, Playa Carabali, El Morro, Condesa, Copacabana, Icacos, Puerto Marqués, Majahua, Revolcadero, Punta Diamante, entre otras, que no sólo han sido fuente de legendaria inspiración popular, cinematográfica y poética, sino una plaza financiera, donde los inversionistas tanto nacionales como extranjeros, han contribuido a detonar la fama internacional que se ha ganado a pulso y que han motivado incluso, que 80 por ciento de los recursos propios que dinamizan la economía estatal, sean generados por la actividad turística, mientras que 20 por ciento restante el sector agrícola; lo que indiscutiblemente hace que nuestro destino económico y financiero dependa en gran medida del tratamiento que el gobierno y esta representación nacional otorguen al sector turístico y a un destino tan emblemático y fundamental, como lo es Acapulco.

Por lo anterior, resulta de sobrada razón y urgente necesidad implementar acciones y programas, reorientando recursos que busquen resolver los graves problemas que en materia de sistemas de agua potable y alcantarillado, poseen municipios como Acapulco, a efecto de que esta soberanía nacional tenga a bien aprobar la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La LXI Legislatura hace respetuoso exhorto a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Recursos Hidráulicos, de la Cámara de Diputados, para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, se asignen, cuando menos, 130 millones de pesos, a los proyectos de abastecimiento de agua del municipio de Acapulco, Guerrero, en la zona Zapata-Renacimiento (90.5 millones de pesos) y en la Zona Norponiente y Pie de la Cuesta (49.45 millones de pesos).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 10 de noviembre de 2009.

Diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA QUE LA INVERSIÓN DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ACAPULCO-ZIHUATANEJO SALGA ETIQUETADA EN EL TRAMO PIE DE LA CUESTA-EL CONCHERO, A EFECTO DE INICIAR EL DESARROLLO DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO A PARTIR DE ACAPULCO, A CARGO DEL DIPUTADO FERMÍN ALVARADO ARROYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67 numeral I, inciso b) de la ley Orgánica y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El turismo es la tercera principal actividad económica del país; México es una de las diez primeras potencias mundiales en la materia, genera el 8 por ciento del producto interno bruto, 16 mil millones de dólares al año y 2 millones 140 mil empleos directos.

2. Durante décadas y pese a las crisis, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda diversificación hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crece con mayor rapidez, en una actividad dinamizadora con efecto multiplicador de la economía, que lo mismo incorpora a hombres y a mujeres; integra a la fuerza laboral tanto jóvenes como a adultos, por lo que hay que reconocer la importancia del turismo y sus valores sociales, económicos, culturales y políticos.

3. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo federal, los flujos de visitantes nacionales representan alrededor del 86 por ciento de la actividad turística del país y generan el 7 por ciento del producto interno bruto.

4. Por ello, es importante, para el desarrollo y fortalecimiento de esta fundamental actividad económica, invertir en la infraestructura carretera que permita crear circuitos turísticos y detonar el desarrollo regional.

5. De acuerdo al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, en la cartera de programas y proyectos de inversión para Guerrero, en el rubro de comunicaciones y transportes, el Centro SCT Guerrero, como unidad responsable, aplicaría 100 millones de pesos para la construcción de la carretera Acapulco-Zihuatanejo.

6. Por la importancia para el desarrollo turístico de Acapulco, la Costa Grande y su conexión con Ixtapa Zihuatanejo, –no olvidemos que Guerrero vive del Turismo– es necesario que la inversión antes mencionada salga etiquetada para iniciar la modernización del tramo carretero Pie de la Cuesta (Acapulco)-El Conchero (Coyuca de Benítez), y con ello, iniciar enlazar la zona turística de Acapulco con la de Ixtapa Zihuatanejo, beneficiando al turismo de la zona del bajío y del centro del país, al contar con una carretera de altas especificaciones, que beneficie a una población de 130 mil habitantes de los municipios de la región de la Costa grande, Guerrero.

7. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuenta con el Proyecto Ejecutivo y permisos ambientales correspondientes.

Por lo expuesto y fundado, solicito se someta a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La LXI Legislatura hace respetuoso exhorto a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Comunicaciones, y Transportes de la honorable Cámara de Diputados, para que la inversión de 100 millones de pesos, asignada en el PEF de 2010, para la construcción de la carretera Acapulco-Zihuatanejo, salga etiquetada en el tramo carretero Pie de la Cuesta (Acapulco)-El Conchero (Coyuca de Benítez), para iniciar el desarrollo del circuito turístico de Costa Grande de Guerrero, a partir de Acapulco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los diez días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

Diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA LOS PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN O REMODELACIÓN DE INMUEBLES DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, A CARGO DEL DIPUTADO FERMÍN ALVARADO ARROYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral I, inciso b), de la Ley Orgánica; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. La cultura es toda manifestación de la creatividad de los seres humanos; su rescate, fomento y fortalecimiento sirve para mejorar la convivencia y, con ello, la calidad de vida de las comunidades y personas.

2. El rescate de monumentos y centros históricos y la construcción de infraestructura para el fomento de las artes y de las expresiones artísticas, particularmente de los jóvenes, es un capitulo fundamental, máxime tratándose de los centros turísticos, donde estas acciones sirven para ampliar y diversificar su oferta turística.

3. Acapulco, como centro turístico emblemático de sol y playa, requiere recursos para desarrollar proyectos culturales que le permitan, precisamente, ofrecer, además, opciones para el turismo cultural, artístico, ecológico, histórico y arqueológico.

4. Paralelamente, para el desarrollo integral de los jóvenes es prioritario que tengan espacios físicos donde desarrollen su talento cultural, liderazgo, creatividad, trabajo en equipo, aprecio por el arte y la cultura humanística en todas sus manifestaciones, el cariño y el cuidado de la salud física y mental, entre otras.

5. Por lo anterior, y considerando la importancia que tiene la cultura y la historia para el desarrollo y fortaleza del país y de sus destinos turísticos, es necesario que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Cultura, y de Educación prevean la asignación de 15 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 para la segunda etapa de la reconstrucción y remodelación de los siguientes inmuebles del municipio de Acapulco de Juárez:

Punto de Acuerdo

Único. La Sexagésima Primera Legislatura exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Educación, y de Cultura de la honorable Cámara de Diputados a efecto de que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2010 se asignen 15 millones de pesos a los proyectos reconstrucción y remodelación de los siguiente inmuebles del municipio de Acapulco de Juárez: continuación de la restauración y consolidación del Fortín Álvarez (4.4 millones de pesos); construcción de la casa de la cultura universitaria en Acapulco (6 millones de pesos); continuación de la restauración y consolidación de la capilla de la ex hacienda La Providencia de don Juan Álvarez (1.2 millones de pesos); y la remodelación del teatro Domingo Soler (3.4 millones de pesos).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 10 de noviembre de 2009.

Diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR LOS DISTRIBUIDORES VIALES RUIZ CORTINES-LAS CRUCES (CIMA-CARABALI) Y CUAUHTÉMOC-UNIVERSIDAD, ALTERNATIVO AL CRUCERO UNIVERSIDAD, DE ACAPULCO, GUERRERO, A CARGO DEL DIPUTADO FERMÍN ALVARADO ARROYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito diputado federal Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, numeral I, inciso b) de la Ley Orgánica y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Conforme las ciudades crecen, así como la densidad y mezcla de actividades, las necesidades de movilidad, vialidades y transporte se incrementan, lo que hace necesario la implementación de obras prioritarias de vialidad, como lo son, los distribuidores viales, pasos a desnivel, autopistas, carreteras periféricas, vialidades internas, entre otros, de gran importancia social, que permitan darle fluidez a la circulación vial y garantizar condiciones de mayor conectividad, para la distribución, intercambio y comercialización de bienes y servicios.

2. Los distribuidores viales, permiten la agilización del tránsito y combinar rutas de largo itinerario con el tránsito urbano, reducir accidentes, emisiones contaminantes, la facilitación, la planeación y el ordenamiento urbano y, con ello, mejorar la calidad de vida de las ciudades.

3. En conjunto una mejor infraestructura eleva la competitividad de la economía y, por tanto, su capacidad para atraer inversiones, máxime en tratándose de un centro turístico emblemático como lo es Acapulco, ciudad a la que, los visitantes acuden para el solaz y disfrute, circunstancia que, cada vez más, se complica por carecer de vialidades que propicien fluidez y agilización del tráfico vehicular.

4. Por lo anterior, es importante que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Comunicaciones y de Transportes de la Cámara de Diputados, con sensibilidad, asignen 255 millones de pesos, en el Presupuesto de Egresos 2010, para el rubro de infraestructura vial del municipio de Acapulco, Guerrero, específicamente para los siguientes proyectos:

1. Construcción del distribuidor vial Ruiz Cortínes-Las Cruces (Cima-Carabali) (89.61 millones de pesos)

2. Construcción del distribuidor vial Cuauhtémoc-Universidad, alternativo al Crucero Universidad (165 millones de pesos.)

Por lo expuesto y fundado, solicito se someta a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La LVI Legislatura hace un respetuoso exhorto a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Comunicaciones y de Transportes de la Cámara de Diputados, para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, se asignen 255 millones de pesos para los proyectos: construcción del distribuidor vial Ruiz Cortínes-Las Cruces (Cima-Carabali) (89.61 millones de pesos) y construcción del distribuidor vial Cuauhtémoc-Universidad, alternativo al Crucero Universidad (165 millones de pesos), del municipio de Acapulco, Guerrero. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos mexicanos, a los diez días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

Diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE REASIGNEN RECURSOS PARA MANTENER POR LO MENOS LOS AUTORIZADOS EN 2009, EN EL FONDO METROPOLITANO, A ACAPULCO, GUERRERO, A CARGO DEL DIPUTADO FERMÍN ALVARADO ARROYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito diputado federal Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, numeral I, inciso b) de la Ley Orgánica y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. El desarrollo metropolitano es el proceso de crecimiento social y económico de una zona o área metropolitana, que garantiza la funcionalidad, ordenamiento y gobernabilidad territorial de una determinada ciudad central y de las unidades político-administrativas contiguas y completas a ésta, para la preservación del ambiente, la conservación y reproducción de los recursos naturales y mejorar la calidad de vida de la población.

2. Por haberse convertido Acapulco en el destino turístico por excelencia, derivó en un centro de desarrollo generador de oportunidades de empleo, con un gran crecimiento migratorio y demográfico, propiciando un desordenado crecimiento urbano, extendido, ahora, conurbadamente, en tres municipios colindantes: Coyuca, San Marcos y Tierra Colorada, lo que ha obligado a proporcionar recursos presupuestales que sean destinados a su atención como una zona metropolitana en donde se mejoren los servicios, se ordene su crecimiento y se garantice funcionabilidad y gobernabilidad.

3. En el Presupuesto de Egresos de 2009, se asignaron en el Fondo Metropolitano, 40 millones de pesos al municipio de Acapulco, Guerrero y, sorprendentemente, en el proyecto de PEF 2010, sólo se le asignan 24.5 millones de pesos, por lo que es preocupante la disminución de 15.5 millones de pesos, que interrumpiría proyectos de obras ya iniciadas y la atención prioritaria que requiere esta zona territorial en donde convergen cuatro municipios.

4. Por lo anterior, es importante que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Metropolitano, realicen una reasignación para mantener, por lo menos, en el Presupuesto de Egresos de 2010, los 40 millones de pesos que se autorizaron en el 2009, para el municipio de Acapulco, Guerrero, lo cual será posible con los 7 mil millones de pesos de recursos adicionales, que se tendrán con la recién aprobada Ley de Ingresos y los recursos adicionales que resulten de la disminución del gasto corriente.

Por lo expuesto y fundado, solicito se someta a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La LXI Legislatura hace un respetuoso exhorto a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados, para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, realicen una reasignación de recursos presupuestales para mantener, por lo menos, en el Presupuesto de Egresos de 2010, los 40 millones de pesos que se autorizaron en el 2009, dentro del Fondo Metropolitano, para el municipio de Acapulco, Guerrero.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos mexicanos, a los diez días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

Diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA LOS PROYECTOS DE RESCATE Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA Y LA DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL CENTRO HISTÓRICO DE ACAPULCO, GUERRERO, A CARGO DEL DIPUTADO FERMÍN ALVARADO ARROYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral I, inciso b), de la ley Orgánica; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. La tendencia actual del desarrollo turístico urbano incorpora la recuperación de los centros históricos y antiguos y de las áreas obsoletas, especialmente todas aquellas que por su naturaleza histórica representan un referente de identidad, no sólo cultural las cuales se convierten en el génesis de un lugar como el caso de Acapulco.

2. Con el tiempo estos centros y áreas turísticas se han ido degradando y convirtiendo en núcleos de marginación que, además, actúan de barrera entre las restantes áreas urbanas y su conexión con otros sitios de interés turístico, rompiendo el continuo urbano y la recuperación de espacios que en el turismo es primordial por cuanto a que gran parte de lo que se oferta en un centro turístico lo es la imagen del destino.

3. La recuperación y reconversión manteniendo al máximo a las personas y los elementos significativos y de valor en el territorio, pero especialmente de valor turístico, constituye un nuevo eje de políticas públicas que pugnan por la recuperación de sitios históricos que permitan el mantenimiento, desarrollo y diversificación de los destinos turísticos.

4. Acapulco es un destino turístico pionero y representa un símbolo emblemático de esta actividad en el país y en el mundo, por lo que es importante dotarlo de recursos presupuestales que permitan no sólo el rescate y rehabilitación de su infraestructura, sino la diversificación de la oferta turística que ofrece.

5. El centro histórico de la ciudad de Acapulco es un espacio urbano donde convergen todo tipo de actividades y personas; por antonomasia es el lugar de esparcimiento dominical, pero también en cuyas zonas adyacentes se circunscriben los llamados "barrios históricos del puerto", como lo son el barrio de Petaquillas, La Guinea, El Capire, El Pozo de la Nación, El Teconche, entre otros.

6. En esta zona se ubica la terminal marítima a donde arriba el turismo de cruceros, a los que hay que garantizar seguridad, calidad y limpieza y embellecimiento del entorno, pues el embellecimiento de un lugar distingue, eleva el nivel de competitividad del espacio o destino turístico y le agrega un plus sobre los servicios de infraestructura y estructura turística.

7. Para el propósito de seguir impulsando el desarrollo turístico de Acapulco es imprescindible evitar que el deterioro de uno de sus espacios más importantes, como lo es su centro histórico, donde se incluye el zócalo, La Quebrada y el Fortín Álvarez proyecten un efecto de contaminación y afecte por su envejecimiento a aéreas sustantivas e importantes de este destino turístico.

8. Por lo anterior, resulta importante incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, dentro de los recursos del programa: (k) proyectos de inversión, (021) proyecto de infraestructura de Turismo; (026) otros proyectos; los siguientes:

Punto de Acuerdo

Único. La LXI Legislatura hace respetuoso exhorto a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Turismo, para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, se asignen, cuando menos, 25 millones de pesos, a los proyectos de rescate y mejoramiento de la imagen urbana del centro histórico de Acapulco, a partir de la terminal de cruceros (20 millones de pesos); rehabilitación del Fortín Álvarez (3 millones de pesos), "concha acústica en sinfonía del mar", ubicada en La Quebrada (2 millones de pesos), del municipio de Acapulco, Guerrero, para la rehabilitación y mejoramiento de su imagen urbana y la diversificación de su oferta turística.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 6 de noviembre de 2009.

Diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR UN HOSPITAL COMUNITARIO, EN LOS BIENES COMUNALES DE CACAHUATEPEC, DEL ÁREA RURAL DE ACAPULCO, EN BENEFICIO DE MÁS 43 MIL HABITANTES, EN SU MAYORÍA CAMPESINOS, A CARGO DEL DIPUTADO FERMÍN ALVARADO ARROYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado federal Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67 numeral I, inciso b), de la ley Orgánica y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. La salud es un asunto de vital importancia porque tiene que ver con la vida de las personas, por lo que es fundamental que como legisladores fortalezcamos con mayores recursos el propósito de ampliar la cobertura y la calidad de los servicios de salud, máxime cuando se trata de los núcleos de población que, por su ubicación y dispersión geografía, tardan horas de traslado para llegar al centro hospitalario más cercano.

2. La Organización Mundial de la Salud define a la Salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades, por lo que es importante impulsar la creación de más hospitales, clínicas y centros de salud, donde se atienda a los enfermos, ya que 25 millones de mexicanos carecen de un sistema que les provea de esta fundamental atención.

3. En virtud de la primacía que representa lograr una cobertura universal y el mejoramiento de los servicios de salud en el país, es prioritario procurar recursos, primordialmente, en las zonas de mayor marginación, para la construcción y reforzamiento de la infraestructura hospitalaria, que permita prevenir, atender y resolver los principales problemas de salud que aquejan a la población campesina y rural, y hacer esfuerzos continuos para aspirar a alcanzar, cuando menos, los promedios nacionales de vida.

4. Por lo anterior, es importante asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 30 millones de pesos para la construcción de un hospital comunitario, en los bienes comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, con lo que se beneficiara a más de 43 mil habitantes,¹ en su mayoría campesinos y mujeres rurales que cuando se enferman tienen que pasar el río, en balsas y lanchas, y luego, un trayecto de casi 2 horas para llegar al hospital de Ciudad Renacimiento, de Acapulco; peor aún, si esto sucede de noche, la gente se muere por falta de transporte.

Por lo expuesto y fundado, solicito que se someta a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Sexagésima Primera Legislatura hace un respetuoso exhorto a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud de la honorable Cámara de Diputados para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se asignen 30 millones de pesos para construir un hospital comunitario, en los bienes comunales de Cacahuatepec, del área rural del municipio de Acapulco, en beneficio de más 43 mil habitantes, en su mayoría campesinos y mujeres rurales.

Nota
1. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 10 de noviembre de 2009.

Diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA REMODELAR Y EQUIPAR LOS DESAYUNADORES COMUNITARIOS PERTENECIENTES AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL DISTRITO ELECTORAL XXXII, DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, CON OBJETO DE QUE ÉSTE AMPLÍE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA A LA POBLACIÓN DE IXTAPALUCA, MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL LUNA MUNGUÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, diputado Miguel Ángel Luna Munguía, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f), 30 y 45, numeral 6, incisos e) y f), 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Actualmente el municipio de Valle de Chalco Solidaridad tiene una amplia densidad de población (ocupando el séptimo lugar a nivel estatal) que asciende casi a los 500 mil habitantes. Es un importante centro poblacional que colinda con Ixtapaluca, Chalco y el Distrito Federal; cuyos habitantes padecen los efectos de ser parte de uno de los municipios con mayor índice de vulnerabilidad y pobreza.

Desde el punto de vista de la localización física, se observa una gran concentración en la cabecera municipal y una gran dispersión en el resto del territorio. Esta información señala que en los próximos años se continuará con una demanda muy importante de suelo para atender las necesidades de la población local y migrante.

Respecto a la estructura poblacional el propio plan municipal de desarrollo urbano, señala que existe una base muy amplia de la población en condiciones de ser productiva, que igualmente demandan servicios, salud, deporte, recreación y primordialmente empleo.

Con el fin de impulsar procesos de organización comunitaria y participación social que generen capacidades autogestivas, así como promover proyectos comunitarios que cubran las necesidades prioritarias de la población de las localidades rurales con altos y muy altos grados de marginación, a través de la integración de grupos de desarrollo comunitario, con base en un proceso formativoeducativo, se busca la construcción y remodelación de los desayunadores comunitarios del Sistema Municipal DIF.

Este tipo de estructuras de cooperación fortalecen el enfoque que revalora a la persona a través de su dimensión familiar y comunitaria, parte del reconocimiento a la dignidad de la persona humana, como fin en sí mismo, y opera mediante el desarrollo integral de la familia y la relación con otras instancias, en especial, con la comunidad.

Bajo estas circunstancias y con la firme convicción de ayudar a los habitantes de Ixtapaluca solicito su valioso apoyo y someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Desarrollo Social, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que destinen, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, recursos económicos suficientes para la remodelación y equipamiento de los desayunadores comunitarios, pertenecientes al Sistema Municipal DIF del distrito XXXII de Valle de Chalco Solidaridad, con el fin de que este amplíe la cobertura de servicios que brinda a la población de Ixtapaluca, México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2009.

Diputado Miguel Ángel Luna Munguía (rúbrica).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN, PERFORACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA, CON OBJETO DE QUE ÉSTE AMPLÍE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA A LA POBLACIÓN DE IXTAPALUCA, MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL LUNA MUNGUÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, diputado Miguel Ángel Luna Munguía, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f), 30 y 45, numeral 6, incisos e) y f), 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

• Los recursos hidrológicos de la región de la cual forma parte Ixtapaluca, está integrado por el río de San Francisco, situado al sur del municipio. Los escurrimientos más importantes en la región vienen de norte a sur, por los arroyos que conforman la barranca de Los Muertos, el río Santo domingo, la barranca El Potrero y el río San Francisco. Los mantos subterráneos son producto de los escurrimientos de la Sierra Nevada y son la fuente principal del consumo municipal, en el municipio aún no se presentan problemas por sobreexplotación.

• El área en estudio cubrirá sus demandas de agua mediante la perforación de pozos profundos, ya que los mantos freáticos son producto de los escurrimientos de la Sierra Nevada.

• La zona oriente del estado de México presenta una situación hidrográfica compleja, la ubicación de la población y de los principales polos de desarrollo industrial están inversamente relacionados con la disponibilidad del agua.

• El municipio de Ixtapaluca, el cual es limítrofe con el de Valle de Chalco, debido a su localización presenta problemas de desabasto de agua y a su vez es epicentro de inundaciones continuas debido al canal de La Compañía, que debido a una infraestructura sólida se desborda en época de lluvias. No obstante mucha del agua que se precipita desde el parteaguas de la Sierra Nevada, escurre por el subsuelo hacia el fondo del valle, recargando los acuíferos por filtración. Es el caso de las cuencas de los ríos Tlalmanalco o de La Compañía, el arroyo San Francisco y el Río Tenango, cuyas aguas subterráneas son las que se extraen de los pozos para darle el servicio de agua potable a la población. Dicho lo anterior, es necesario mejorar las medidas de prevención de inundaciones y ampliar la cobertura en el suministro de agua potable a todas las colonias del municipio 125 del estado de México.

• Por otra parte, debido a las fugas, se pierde el 34 por ciento de agua potable, por lo que la perforación de pozos logrará abatir el desabasto y qué medidas se han implementado para beneficiar a la población mexiquense que no cuenta con el servicio de forma regular.

• En el municipio, el suministro actual de agua potable es de 69,380 metros cúbicos diarios. La red de agua potable proporciona tomas de agua al 90% de la población; el resto se abastece por el sistema de pipas. La deficiencia en el servicio se debe a que algunas redes de distribución se encuentran muy deterioradas.

• En cuanto a la demanda del servicio, es necesario contar con algunos pozos que permitan la dotación del servicio. El servicio de drenaje es el que representa mayor déficit dentro del Centro de Población, ya que solo cubre un 60%, aproximadamente, por lo que 40% de las viviendas, en promedio, carecen de éste servicio; las descargas que se hacen a cielo abierto se dirigen a los cárcamos provisionales para bombearlos al canal de La Compañía.

• Debido a que actualmente no existe otro drenaje para "sacar" las aguas del valle, la única alternativa en este momento es el canal de La Compañía, por lo que se tendrán que prever algunas acciones que permitan drenar hacia una zona distinta, además de disminuir las aportaciones, tratando y reciclando el agua en la mayor proporción posible, además de que en su momento se realicen los estudios necesarios para ver la posibilidad de construir pozos de absorción.

• Finalmente, en este contexto es necesario considerar el establecimiento de nuevos drenajes para que garanticen el abasto de agua directo a los municipios.

• El mantenimiento preventivo de la red del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) de Ixtapaluca evitará de manera definitiva las inundaciones que cada temporada de lluvias afectan la salud, integridad física y patrimonio de los mexiquenses de diversos municipios, como son Valle de Chalco y Chalco, entre otros.

• Este tipo de acciones equivale a salvar vidas y resguardar el patrimonio de las familias de este municipio; asimismo, hay que añadir que el cambio climático que ha provocado desabasto de agua ha provocado que en otras entidades se desarrollen programas para cambiar regaderas normales por las ahorradoras o aplicar penas más severas a quien la desperdicie, mientras que en el ámbito local no se ha hecho lo mismo.

Tras un amplio diagnóstico de la situación estatal y municipal se han identificado ejes rectores que guiarán los esfuerzos para dar cabal respuesta a las demandas más vivas y legítimas de la población de Ixtapaluca y de la zona oriente del estado, la cual en la última década debido al crecimiento población presenta una carestía en materia de ecuación a nivel superior por lo que en consideración a recursos económicos suficientes para las obras de rehabilitación, perforación, construcción, mantenimiento y limpieza del ODAPAS del municipio de Ixtapaluca se busca:

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a las Comisiones de Recursos Hidráulicos, y de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos económicos suficientes para las obras de rehabilitación, perforación, construcción, mantenimiento y limpieza del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Ixtapaluca con el fin de que este amplíe la cobertura de servicios que brinda a la población de esa localidad del estado de México.

Diputado Miguel Ángel Luna Munguía (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE DESTINEN RECURSOS A LA SEDESOL PARA QUE SE AMPLÍE EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES EN EL DISTRITO ELECTORAL XXXII, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, MÉXICO, CON OBJETO DE QUE ÉSTE AMPLÍE LA COBERTURA DE SERVICIOS QUE PRESTA A LA POBLACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL LUNA MUNGUÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, diputado Miguel Ángel Luna Munguía integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f), 30 y 45, numeral 6, incisos e) y f) ,58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

Actualmente el municipio de Valle de Chalco Solidaridad tiene una densidad población amplia (ocupando el séptimo lugar a nivel estatal) que asciende casi a los 500 mil habitantes. Es un importante centro poblacional que colinda con el Distrito Federal, con los municipios de Ixtapaluca, San Vicente Chicoloapan y Los Reyes, al oriente con Chalco y al sur con la delegación Tláhuac, del Distrito Federal y cuyos habitantes padecen los efectos de ser parte de uno de los municipios con mayor índice de vulnerabilidad y pobreza.

Es relativamente común hablar del nivel de vida de la población y, sin embargo, es difícil hacer este concepto operativo: ¿cómo se mide el nivel de vida? El indicador más utilizado es el ingreso o, en el caso de países, el producto interno bruto (PIB), indicador de la riqueza de una nación. Este indicador no sólo tiene una gran correlación con otras variables como el consumo, el nivel educativo, etcétera, sino que es relativamente sencillo de obtener, tanto a nivel individual, como a nivel agregado.

Otra alternativa es utilizar la cantidad de bienes que los individuos poseen y de esta forma tendríamos una medición del nivel de vida más objetiva, en comparación con la medición de la felicidad o el placer como argumenta Amartya Sen; sin embargo, a pesar de todas las mediciones y aproximaciones para medir la pobreza es una realidad que los habitantes del municipio de Valle de Chalco aún no cuenta con un nivel de vida estable y digno.

El programa Oportunidades del gobierno federal ha tenido una respuesta positiva en ciertos niveles pero la limitaciones en cuanto a los beneficiarios es evidente, ya que su propuesta se basa en que el nivel de vida se mida de tal manera que tome en cuenta las diferencias individuales y que también refleje la libertad del individuo. Para determinar el nivel de vida de un individuo es importante conocer no sólo si el individuo está nutrido, sino también si tuvo la oportunidad de estar nutrido.

En este sentido, el municipio de Valle de Chalco presenta características benéficas para la aplicación del programa oportunidades, dado desde que fundación el desarrollo de programas de manera tripartita es decir: gobierno federal, gobierno municipal y sociedad organizada han dado frutos evidentes, desde la pavimentación de calles y construcción de guarniciones por sus habitantes hasta la administración de estancias infantiles.

La ampliación de cobertura de los beneficiarios del programa Oportunidades en Valle de Chalco sería determinante para alcanzar las metas del Plan de Desarrollo Nacional y contribuiría sin duda a elevar los índices de desarrollo humano establecidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Por otra parte, si bien la Constitución Política garantiza los derechos sociales elementales a los que la población tiene acceso y que el Estado está obligado a proporcionar, no existía un mecanismo jurídico que diera certeza en la forma de implementarlos por medio de los funcionarios públicos ni de exigirlos por parte de la población. La consecución de dichos objetivos se alcanzó por medio del decreto que crea la Ley General de Desarrollo Social en enero de 2004 y que establece los principios de la política social, los derechos sociales, las características, prioridades y candados del gasto social.

Para la Ley General de Desarrollo Social, la política nacional en materia de desarrollo social, debe incluir cuando menos las siguientes vertientes (Secretaría de Desarrollo Social [Sedesol], 2004): i) superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; ii) seguridad social y programas asistenciales; iii) desarrollo regional; iv) infraestructura social básica y v) fomento del sector social de la economía.

Las vertientes de la Sedesol aplicadas de manera adecuada y ampliando la cobertura a las zonas y colonias más necesitadas del oriente del estado de México harían una nueva etapa de la política social donde el énfasis se centre en promover la igualdad de oportunidades, para reducir la brecha entre quienes más tienen y quienes más necesitan, siendo sin duda Valle de Chalco uno de los municipios de referencia obligada para implantación de más y mejores políticas sociales.

Para la ejecución de la política social en México y alcanzar los objetivos planteados en el Programa Sectorial de Desarrollo Social, de Sedesol, es necesario la ampliación del padrón de beneficiarios en el oriente del estado de México debido al incremento población desmedido de estos últimos cinco años.

Si el programa Oportunidades cumpliera cabalmente con las metas que propone como son reducir la pobreza extrema, asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo, el municipio de Valle de Chalco crecería de manera planeada y daría mayor cabida a las demandas sociales de la población con un índice de desarrollo humano por debajo de lo establecido.

Si bien la pobreza se ha convertido en una característica para identificar a los distintos beneficiarios de los programas de la política social, en la actualidad el programa de desarrollo humano Oportunidades es el más importante mecanismo de combate a la pobreza en México. Oportunidades es un instrumento del gobierno federal que desarrolla acciones intersectoriales para la educación, la salud, la alimentación así como aquellas acciones que promueven el bienestar general de las familias que viven en condiciones de pobreza extrema por lo que solicitamos que el municipio de Valle de Chalco no se quede ajeno de estos beneficios.

Finalmente se debe tomar en cuenta que la política social busca crear condiciones para que la población se incorpore de forma exitosa a los mercados laborales y que comiencen a detonar círculos virtuosos de mayor capacitación, mayores ingresos y por supuesto superación de la pobreza. La zona oriente del estado de México ha sido durante las últimas décadas un laboratorio de experimentación de los programas de ajuste estructural impuestos por los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, tanto en materia económica como social. Sin embargo, la historia ha demostrado que el resultado ha sido desastroso. Esto ha traído como consecuencia que los niveles de pobreza en México se encuentren en niveles superiores a los de los años ochenta.

Con este enfoque los apoyos se dirigen a los más pobres y buscan corresponsabilizarlos en el combate a la pobreza y, por ende, es normal que aquellas políticas que se orienten a los pobres tengan mayor grado de legitimidad y aceptación. Estas características se presentan como las ventajas de implementar este tipo de programas de combate a la pobreza.

Bajo estas circunstancias, y con la firme convicción de ayudar a los habitantes del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, solicito su valioso apoyo y someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorte a las Comisiones de Desarrollo Social, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que destinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, recursos económicos suficientes en materia de educación para la ampliación de recursos económicos suficientes en materia social para que exhorte a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a ampliar el número de beneficiarios del programa Oportunidades en el distrito XXXII Valle de Chalco Solidaridad, México.

Diputado Miguel Ángel Luna Munguía (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS, SECUNDARIAS E INSTITUCIONES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, CON OBJETO DE QUE SE AMPLÍEN LA COBERTURA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACIÓN EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, DISTRITO ELECTORAL XXXII, DEL ESTADO DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL LUNA MUNGUÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, diputado Miguel Ángel Luna Munguía, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f), 30 y 45, numeral 6, incisos e) y f) , 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes

Consideraciones

• Actualmente el municipio de Valle de Chalco, Solidaridad, tiene una densidad población amplia (ocupando el séptimo lugar a nivel estatal) que asciende casi a los quinientos mil habitantes. Es un importante centro poblacional que colinda con el estado de México y Puebla, cuyos habitantes padecen los efectos de ser parte de uno de los municipios con mayor índice de vulnerabilidad y pobreza.

• En forma general, el municipio registra un nivel de alfabetismo menor al referido por el estado (93.10 por ciento contra 93.50 por ciento, respectivamente), debido a que es un municipio formado recientemente, el cual ha atraído población de las zonas aledañas y de otros estados con bajo o nulo nivel educativo. Actualmente, su población es en su mayoría joven, pudiendo solucionar este problema mediante programas adecuados.

• El nivel educativo en el municipio está dentro de los parámetros del Estado, no siendo este óptimo y demandando ser actualizado. Cuenta con una buena infraestructura para la educación, superior a otros municipios.

• Los niveles que muestran un déficit son preescolar, contando con 7 mil 613 alumnos inscritos de 16 mil 153 habitantes que se encuentran en edad de pertenecer a este rubro, con tan sólo 41 escuelas con 235 aulas promedio. En segundo lugar, encontramos el nivel bachillerato, con 4 mil 545 alumnos inscritos de 20 mil 966 habitantes en edad de estudiar la preparatoria. Existen 5 escuelas, considerando bachilleratos y escuelas técnicas, debiendo incrementar la cantidad de escuelas preparatorias, para que, de esta manera, aumente la cantidad de ingresos a la universidad.

• A niveles primaria y secundaria, está por abajo de el porcentaje de alumnos inscritos a nivel estatal, teniendo 51 mil 221 alumnos inscritos a nivel primaria y 16 mil 793 para el caso de secundaria.

• La cantidad de egresados cada vez es menor; el caso más alarmante lo tenemos a nivel primaria en donde tan sólo 13.70 por ciento de los alumnos inscritos logra certificarse, afectando así los siguientes niveles educativos.

Bajo estas circunstancias y con la firme convicción de ayudar a los habitantes del municipio de Valle de Chalco, Solidaridad, solicito su valioso apoyo y someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Con punto de acuerdo, se exhorte a las Comisiones de Educación y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2010 recursos económicos suficientes para la mejora en servicios educativos para las primarias, secundarias (públicas) e instituciones de nivel medio superior a fin de que amplíen la cobertura de servicios que brindan a la población, así como la calidad de éstos, en el municipio de Valle de Chalco, Solidaridad, distrito electoral XXXII del estado de México, a cargo del diputado Miguel Ángel Luna Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI.

Salón de sesiones, a 10 de noviembre de 2009.

Diputado Miguel Ángel Luna Munguía (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA MEJORAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE RECOLECCIÓN Y SEPARACIÓN DE BASURA QUE SE PRESTAN A LA POBLACIÓN DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, DISTRITO ELECTORAL XXXII, DEL ESTADO DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL LUNA MUNGUÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, diputado Miguel Ángel Luna Munguía integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, numeral 1, inciso f), 30 y 45, numeral 6, incisos e) y f), 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

• Actualmente el municipio de Valle de Chalco Solidaridad tiene una densidad población amplia (ocupando el séptimo lugar a nivel estatal) que asciende casi a los quinientos mil habitantes. Es un importante centro poblacional que colinda con el estado de México y el estado de Puebla, cuyos habitantes padecen los efectos de ser parte de uno de los municipios con mayor índice de vulnerabilidad y pobreza.

• El municipio de Valle de Chalco Solidaridad se localiza al este del Valle de México, ocupa una superficie de 46.36 km², pertenece a la región oriente del Valle de Cuautitlán-Texcoco y al área conurbada metropolitana de la Ciudad de México; colinda al norte con el municipio de Ixtapaluca, al sur con el municipio de Los Reyes La paz, al este con Chalco del estado de México, y al oeste con la delegación Tláhuac del Distrito Federal.

• Dentro del municipio de Valle de Chalco Solidaridad predomina el clima C (WO) (W) B (I"), que es templado subhúmedo, sin embargo en la parte norte del municipio se encuentra también un clima seco, cuenta con una temperatura promedio de 15.0 °C alcanzada en el periodo de invierno, y una máxima de 23.5 ºC alcanzada en verano. La evapotranspiración es muy alta, de 737 milímetros y los vientos alcanzan velocidades de 2 a 12 metros por segundo.

• El sistema de recolección de basura es muy precario y no abarca todas las colonias del municipio. Hace falta un mayor número de unidades y área para su estacionamiento.

• No existe un programa para la separación de sólidos.

• Los desechos recolectados se transportan al tiradero municipal de Santa Catarina, sin embargo éste ya se encuentra saturado y se requieren de nuevas opciones para depositar los desperdicios.

La falta de un sistema efectivo de recolección de basura está mermando el ecosistema en los siguientes rubros:

Contaminación del agua

• Debido a la transformación total que ha sufrido el ecosistema lacustre en la zona, y al origen de su suelo, el municipio de Valle de Chalco ha tenido que adaptar un complejo sistema para la evacuación de las aguas residuales y pluviales con el fin de evitar la inundación de la ciudad. En el pasado la formación de cuerpos de agua a lo largo del municipio no era problema, pero con el progresivo aumento de la mancha urbana se ha tenido que ir ganando terreno a las zonas lacustre.

• A últimas fechas han ocurrido desbordes (debido a que la población en general arroja residuos sólidos de todo tipo) que provocan inundaciones en la zona urbana y contaminan los suelos agrícolas, para evitar esto se bombea el agua hacia los canales existentes, mezclando así las aguas pluviales y las residuales.

Contaminación del suelo

• La erosión de los suelos ha provocado dos fenómenos: la vertisolización de los suelos, en el cual el suelo se agrieta y se invierte y la alta concentración en sales, haciendo más difícil el trabajo agrícola y reduciendo la capacidad de carga del terreno. El uso de aguas residuales para riego ha ido bajando la productividad de los suelos. Las zonas inundables también han sido contaminadas por desechos sólidos provenientes de los asentamientos irregulares, los cuales han sido utilizados como tiraderos de basura.

Contaminación del aire

• Las tolvaneras que se producen en casi todo el año dentro del municipio son las causantes de los padecimientos respiratorios e intestinales que sufre la población, esto debido a los contaminantes que recoge y transporta el viento, provenientes de los canales de aguas residuales, tiraderos de basura clandestinos y zonas en mal estado.

Bajo estas circunstancias y con la firme convicción de ayudar a los habitantes del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, solicito su valioso apoyo y someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que destinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, recursos económicos suficientes para la mejora en servicios sanitarios en cuanto a recolección y separación de basura con el fin de que se amplíen la cobertura de servicios que brinda a la población, así como la calidad de los mismos en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad.

Diputado Miguel Ángel Luna Munguía (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR EL DISTRIBUIDOR VIAL MOMOXPAN-RECTA A CHOLULA, EN SAN ANDRÉS, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN PABLO JIMÉNEZ CONCHA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

De conformidad con los artículos 58, fracción I, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, Juan Pablo Jiménez Concha, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a consideración de ésta soberanía proposición con punto de acuerdo de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La ciudad de Puebla enfrenta una creciente explosión demográfica, que ha ocasionado que en los últimos años la zona conurbana tenga serios problemas de congestionamiento y saturación en sus vías de comunicación vehicular, que requiere ser atendida, puesto que tal insuficiencia afecta a la población en general, dificultando su traslado diario de manera cotidiana por la ciudad.

Dicha movilidad se refiere, tanto a la demanda de traslados que necesita una población creciente de una ciudad moderna cada vez más distanciada entre sí, y por otro lado la insuficiente infraestructura vial de avenidas, así como a los diversos servicios que utiliza los habitantes para realizar sus desplazamientos.

Los servicios que presta el estado, en infraestructura vial esta en dotar de mejores vialidades intermunicipales y regionales que atiendan a las necesidades fundamentales de los habitantes que conforman las diversas localidades que se encuentran en el municipio.

La limitada movilidad vehicular, propicia malestar cotidiano y masivo, que responden a un desordenado crecimiento de la ciudad y particularmente de su zona colindante.

Dicho problema se inicia a partir de la recta a Cholula, ruta Quetzalcóatl, prosiguiendo hasta la calle cinco de mayo, donde por la alta presencia de trasportes pesados y públicos, miles de automovilistas sufren durante horas los continuos embotellamientos, propiciando por consiguiente una desesperación por no poder llegar a su destino a tiempo.

En consecuencia, cabe señalar que una de las tan importantes vías de comunicación dentro de la franja que integra la zona metropolitana será, sin duda, el puente vehicular Momoxpan, con intersección en la recta a Cholula, ubicado en el municipio de San Andrés Cholula, que beneficiarán a San Andrés y San Pedro Cholula, Puebla y otras localidades.

Por ser un tramo obligatorio de elevada circulación, que se comunica con diversas zonas intermedias a la ciudad de Puebla, presenta serios conflictos principalmente de movilidad vial, consecuencia de la actividad urbana, comercial y de servicios, que se ha desarrollado sobre este tramo.

Por otro lado, la construcción de proyectos viales es una de las estrategias de desarrollo económico y social más importante de todos los estados y en particular para Puebla, que se ha convertido en una gran necesidad y un tema de la más alta prioridad para los gobiernos.

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Publica, de Comunicaciones, y de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados a asignar y etiquetar recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 para la construcción del distribuidor vial Momoxpan-recta a Cholula, en el municipio de San Andrés.

Palacio Legislativo, a 10 de noviembre de 2009.

Diputado Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR EL HOSPITAL REGIONAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN PABLO JIMÉNEZ CONCHA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

De conformidad con los artículos 58, fracción I y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado Juan Pablo Jiménez Concha, de la LXI Legislatura de la H. Cámara de Diputados, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Las estadísticas de los sistemas de salud en 2008 publicadas por la Organización Mundial de la Salud, mostraron la cantidad de personal médico y de apoyo por cada 10 mil habitantes, así como la infraestructura hospitalaria y los gastos del gobierno en 193 países.

México registró 20 médicos por cada 10 mil habitantes, cifra similar a la presentada en Japón. Dentro de la región latinoamericana el menor número de camas hospitalarias lo registra México con 10 camas por cada 10 mil habitantes.

En cuanto al gasto sanitario como porcentaje del producto interno bruto México destino el 6.4 por ciento del producto interno bruto, muy lejos del 15.2 por ciento de Estados Unidos y el 9.7 por ciento de Canadá incluso por debajo de Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia y Bolivia.

Asimismo se observa que el gasto que realiza el gobierno en Salud, significó para México el 12.5 por ciento del gasto total, muy inferior al 21.8 por ciento reportado por Estados Unidos y al 17.5 por ciento de Canadá. Ello implica que en términos per cápita el gasto sanitario total realizado por México fue de 474 dólares, cantidad sumamente inferior a los 6,350 dólares de Estados Unidos y a los 3,430 dólares de Canadá.

Los cambios en los perfiles demográficos y epidemiológicos de la población urbana y rural en relación con la infraestructura médico-sanitaria, evidencian la diferencia entre las necesidades de salud y las capacidades de atención del sistema público.

Las deficiencias en salud, sin duda son una limitación de primer orden para el bienestar de las personas. La falta de acceso a los servicios de salud aumenta la vulnerabilidad de los individuos y las familias ante el embate de las enfermedades, dificulta el aprovechamiento de los servicios de salud preventivos, lo cual influye negativamente sobre la calidad de la vida de las personas, pues además demerita la potencialidad de los individuos en edades productivas.

Si bien el Sistema de Salud ha tenido avances importantes, aún no puede considerarse que esté plenamente desarrollado, dado que debe transformarse para atender los problemas de salud que hoy enfrenta el estado y sentar las bases de atención que resuelva eficazmente las necesidades de la población. El municipio de Puebla cuenta con mayor infraestructura, pues están establecidos 2 hospitales generales con un total de 210 camas, 110 centros de salud y 29 casas de salud. Donde la capacidad hospitalaria continúa siendo débil y es que cada una atiende a por lo menos 10 municipios.

Esta realidad obliga a perfilar una nueva forma de organización del Sistema de Salud, a fin de fortalecer su capacidad y ampliar su cobertura para proporcionar más y mejores servicios a los habitantes de San Pedro Cholula y sus alrededores.

Según el último censo de población del Inegi, los municipios más poblados de la entidad son: Puebla con 1 millón 486 mil habitantes que lo sitúa como el cuarto municipio más grande del país, Tehuacán con 261 mil, San Martín Texmelucan con 130 mil, Atlixco con 122 mil y San Pedro Cholula con 113 mil; en conjunto, estos cinco municipios concentran más de la tercera parte de la población total de la entidad o el 39.2 por ciento, en una superficie de 1,549.7 km², que apenas representa el 4.5 por ciento del territorio poblano.

Por lo expuesto pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados para asignar y etiquetar recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, para la construcción del Hospital Regional de San Pedro Cholula, estado de Puebla.

Palacio Legislativo, a 10 de noviembre de 2009.

Diputado Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE DESTINEN RECURSOS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA, EN EL RUBRO DE COMUNICACIONES, PARA MUNICIPIOS DE ESTADO DE MÉXICO CON IMPACTO REGIONAL EN EL SURESTE DE LA ENTIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO FERNANDO FERREYRA OLIVARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado Fernando Ferreira Olivares, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de México se caracteriza hoy día por contar en su territorio con comunidades que sufren de la desigualdad de no contar con la infraestructura suficiente, necesaria y moderna para sustentar puntualmente sus capacidades de desarrollo socioeconómico, cultural, con la realidad que enfrenta actualmente el país. La existencia de un desarrollo en la infraestructura carretera en los tres niveles de gobierno, con una aplicación suficiente y eficiente, principalmente cuando se trata de brindar mejores servicios de comunicación y con ello lograr y acercar el desarrollo de las comunidades y pueblos del estado de México, lugar donde se asientan personas que involucradas en la actividad productiva del campo se ven imposibilitadas de trasladarse y transportar sus productos con eficacia y rapidez a diferentes destinos no sólo en la entidad, ya que el impacto de desarrollo que logra un nuevo camino o la ampliación y rehabilitación de éste es de carácter regional.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a que incluya en el proceso de revisión, discusión, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, recursos presupuestales del orden de los 200 millones de pesos, para destinarse en programas de infraestructura en el rubro de comunicaciones para municipios del estado de México que cuentan con la característica de impacto regional, en el sureste de la entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2009.

Diputado Fernando Ferreyra Olivares (rúbrica).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE DESTINEN RECURSOS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA, EN EL RUBRO DE COMUNICACIONES, PARA TENANCINGO, MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO FERNANDO FERREYRA OLIVARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado Fernando Ferreyra Olivares, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el sentido de dar continuidad y cumplimiento a los trabajos de proceso y que como consecuencia generó un vinculo con la ciudadanía, dado el carácter de obligatoriedad de cumplir puntal y cabalmente la culminación de obras de infraestructura municipal, se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a incluir en el proceso de revisión, discusión, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 recursos presupuestarios a destinarse a programas de infraestructura en el rubro de comunicaciones para el municipio Tenancingo, estado de México.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a incluir en el proceso de revisión, discusión, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 recursos presupuestarios del orden de los 224 millones de pesos a destinarse a programas de infraestructura en el rubro de comunicaciones para el municipio Tenancingo, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2009.

Diputado Fernando Ferreyra Olivares (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE DESTINEN RECURSOS QUE PERMITAN ESTABLECER PARA LAS MADRES SOLAS DE ESCASOS RECURSOS CON HIJOS DE 0 A 16 AÑOS EL DERECHO A RECIBIR UN APOYO ALIMENTARIO, A CARGO DEL DIPUTADO ARTURO SANTANA ALFARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, diputado federal Arturo Santana Alfaro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se solicita al Pleno de la Cámara de Diputados que considere en el Presupuesto para 2010 los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones tendientes a establecer el derecho a recibir un apoyo alimentario a las madres solas de escasos recursos, con hijas o hijos de 0 a 16 años, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Las mujeres siempre se han desarrollado dentro del sistema patriarcal y en todo momento han actuado como las mejores aliadas del padre, el hermano, el marido, para la conservación de cierto estado de cosas, además de que se les ha determinado un rol socialmente definido para proveer bienestar a los integrantes de la familia.

Las madres con pareja comparten las responsabilidades familiares con el compañero y es habitual que el hombre sea el sostén económico de la familia, sin embargo, ese modelo ha quedado rebasado por las condiciones económicas, al tener la mujer la obligación de trabajar.

En la actualidad, de acuerdo al Consejo Nacional de Población, el número de habitantes de la República Mexicana es de 107 millones 550 mil 697 personas, de las cuales el 50.86% son mujeres. De este porcentaje el 23.1% son jefas de familia lo que las obliga a salir en busca de trabajo para solventar sus necesidades más apremiantes y las de sus hijos.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, las madres solteras son las que más participan en el mercado laboral (70.8%), siendo las adultas de entre treinta a cuarenta y nueve años las que en mayor medida están insertas en el mercado laboral.

A partir de la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo, se ha diferenciado al conjunto de mujeres como madres solteras en dos grupos: cuando en sus hogares hay al menos un hijo menor de doce años y cuando no los hay, esto obedece a que cuando existen menores de doce años tiene un impacto considerable en las actividades cotidianas que debe realizar la madre, ya que además de las labores propias del empleo que desarrolle, debe de cubrir las labores domésticas de su hogar, el esparcimiento, cultura, convivencia y sus necesidades.

Debido a esa situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan gran número de mujeres solas de escasos recursos, sufren de inequidad y de desigualdad, como consecuencia de ello, sus hijos tienen que enfrentarse a un umbral de mayor adversidad, al no contar con la alimentación, educación y vivienda.

El artículo 4° Constitucionales establece que "…Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos…"

El artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social señala: "son prioritarios y de interés público:…

A efecto de que las madres solas no se encuentren en una situación de vulnerabilidad a partir de ser jefas de familia con hijos menores a dieciséis años, el Estado debe realizar acciones tendentes a proporcionarles apoyos económicos encaminados a solucionar esta situación, tal y como sucedió en el Distrito Federal.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración del Pleno de este órgano legislativo, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. En uso de las atribuciones conferidas a esta Cámara de Diputados se realicen las acciones necesarias para que, en el ámbito de su competencia sean considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones tendentes a establecer el derecho a recibir un apoyo alimentario a las madres solas de escasos recursos, con hijas o hijos de 0 a 16 años.

Segundo. Que se tomen las medidas necesarias tendentes a encontrar una solución a la problemática que se presenta en el caso de las madres solas, analizando la posibilidad de autorizar un presupuesto hasta por 1,000 millones de pesos para dar viabilidad a esta problemática.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2009.

Diputado Arturo Santana Alfaro (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDERE UN INCREMENTO DEL MONTO ASIGNADO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO, EN RELACIÓN CON LOS EJERCICIOS ANTERIORES, A CARGO DEL DIPUTADO ILICH AUGUSTO LOZANO HERRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, Ilich Augusto Lozano Herrera, diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 considere un incremento a los recursos económicos asignados a la Universidad Autónoma de Guerrero, en relación con los ejercicios anteriores, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La educación superior es uno de los pilares más importantes para incorporar a la sociedad al desarrollo pleno y sostenido, y es fundamental para cerrar brechas de desigualdad y marginación al interior del país.

Por la importancia estratégica que las instituciones públicas de educación superior tienen en el desarrollo de la sociedad, es imprescindible asignar los recursos económicos suficientes para resguardarlas en momentos de crisis económicas como la que estamos enfrentando.

No podemos aceptar que los recursos asignados a la educación superior en México, de por sí insuficientes, se vean reducidos. Por esta razón queremos expresar nuestro enérgico rechazo a la aplicación de recortes al gasto público en el rubro educativo por parte del gobierno federal a instituciones de educación superior de los estados.

En este contexto, la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), se ha consolidado como una institución educativa indispensable para esta entidad. Actualmente es la única opción para miles de estudiantes de escasos recursos que desean continuar sus estudios superiores. En el actual ciclo escolar 2009-2010, la UAG tiene registrada una matrícula de 67 mil 725 alumnas y alumnos, distribuidos tanto en el nivel superior como en el bachillerato.

La UAG es una institución de educación superior pública que da servicio en las siete regiones geográficas del estado. Por lo tanto, recibe la mayor cantidad de jóvenes con ingresos menores a 4 salarios mínimos; y por esta razón, no se puede cargar a estos jóvenes el costo de la universidad si no se quiere ser inequitativo. Está claro que las cuotas de los estudiantes no resuelve la situación financiera de las instituciones de educación superior públicas, menos en estados como Guerrero donde el atraso y la marginación son ancestrales.

En los últimos tres años (2007-2009) la Universidad de Guerrero ha gestionado recursos económicos extraordinarios para abatir su rezago académico. Se han elevado enormemente los programas educativos de calidad, certificados por organismos nacionales y se han saneado sus finanzas.

Sin embargo, aún con el pago de deudas añejas, la universidad todavía presenta graves problemas estructurales enfocados al ámbito del reconocimiento de la plantilla real de trabajadores. Esta situación trae como consecuencia un fuerte déficit para cubrir que asciende a 450 millones de pesos.

En los últimos 20 años, la UAG se ha ubicado en el penúltimo lugar en financiamiento público, sólo delante de Oaxaca. Y por ser de las de universidades con el menor número de programas educativos de grado y de posgrado reconocidos en el país mediante la evaluación externa, el menor número de investigadores y de cuerpos académicos reconocidos, y en egresados de nivel medio superior, ocupa el penúltimo lugar, según el Centro Nacional de Evaluación.

Aunado a lo anterior, la Universidad de Guerrero se encuentra entre las últimas universidades del país en infraestructura física. De sus inmuebles, 16 tienen más de 50 años de operar y con alto riesgo de derrumbarse. Esto, porque en los últimos años no se ha dado mantenimiento preventivo a 51 edificios por la falta de recursos económicos.

En cuanto a la inversión por alumno, es de 16 mil pesos al año, unos mil 170 pesos mensuales, cifra muy lejana de lo invertido en la Universidad de Colima, que es de 81 mil 138 pesos por estudiante al año.

La falta de recursos ha impedido adquirir equipos de cómputo y mobiliario, y hacer mejoras a la estructura física, así como a los proyectos que no tienen subsidios de instituciones ajenas a la universidad.

La grave situación financiera de la Universidad Autónoma de Guerrero, obliga a solicitar de manera respetuosa se considere un incremento en el presupuesto de dicha institución dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2010, a fin de que la UAG pueda aumentar su matrícula en educación superior, mejorar su capacidad académica y la atención integral y diferenciada de sus estudiantes, desconcentrar sus programas educativos hacia otras regiones del estado, así como cubrir sus requerimientos de infraestructura.

Por lo anterior, es necesario que se atiendan los principales aspectos que permiten la mejora sustancial de las instituciones de educación superior y particularmente en los estados con mayor marginación, considerando que invertir en educación es un elemento fundamental para aliviar la pobreza, disminuir las diferencias regionales y aumentar el bienestar general e individual de la población.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Pleno de la Cámara de Diputados exhorta a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 un incremento a lo asignado a la Universidad Autónoma de Guerrero, en relación con los ejercicios anteriores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2009.

Diputado Ilich Augusto Lozano Herrera (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS ADICIONALES PARA GARANTIZAR EL AVANCE DEL PROCESO DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS Y LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN EL MARCO DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES PARA EL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Con fundamento en los dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

1. Que el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, se ha establecido como un desafío prioritario a nivel nacional e internacional. La promulgación de instrumentos internacionales de derechos humanos que protegen el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, refleja un consenso y reconocimiento por parte de los Estados sobre el trato discriminatorio tradicionalmente recibido por las mujeres en sus sociedades.

2. Que la obligación de contar con mecanismos para atender, prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, en todos los ámbitos de ocurrencia, ha permitido incidir de manera determinante en las agendas de los gobiernos.

3. Que en el Estudio a fondo sobre la violencia contra la mujer presentado por el secretario general de la ONU en 2006, se señaló que, "mientras siga existiendo la violencia contra la mujer, no se podrá afirmar que estamos logrando progresos reales hacia la igualdad, el desarrollo y la paz". Esto revela que, desde los derechos humanos, se tiene claro que la violencia contra las mujeres está estrechamente ligada a la desigualdad de género y tiene una vinculación con otras violaciones de derechos humanos de las mujeres. Así, la necesidad de eliminar las disparidades de poder para hacer realidad los derechos de las mujeres se coloca como un punto prioritario, pues la vulnerabilidad frente a la violencia se entiende como una condición creada por la falta o la negación de derechos.

4. Que los países deben incorporar a sus leyes federales y locales los preceptos de derechos humanos de las mujeres, así como tomar las medidas necesarias para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres.

5. Que en cumplimiento de estas obligaciones internacionales, que en el Distrito Federal se han aprobado tres ordenamientos: Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General Contra la Discriminación.

6. Que para garantizar el cumplimiento de estas leyes, el gobierno de la Ciudad de México desde el año 2008 es la primera entidad federativa con un presupuesto con perspectiva de género, en el que cada una de las dependencias debe asignar recursos para disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.

7. Que el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal es el órgano rector de la Política de Igualdad sustantiva entre Mujeres y Hombres con facultades para garantizar la transversalidad de género en todas las políticas y programas del Gobierno de la Ciudad de México para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres que habitan el Distrito Federal.

Por lo expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: El Pleno de la honorable Cámara de Diputados solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que apruebe una asignación adicional de recursos federales para el presupuesto del Distrito Federal por la cantidad de $ 1,560 (mil quinientos sesenta) millones de pesos, orientada a disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres de dicha entidad, a través de las siguientes líneas de acción:

Dado en el Recinto Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2009.

Diputada Martha Elena García Gómez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN LAS EROGACIONES NECESARIAS PARA CONSTRUIR LA OBRA PÚBLICA QUE EVITE INUNDACIONES EN GUSTAVO A. MADERO, DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN JIMÉNEZ LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, Ramón Jiménez López, diputado federal a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

1. Que, el día 30 de octubre de 2009 alrededor de las cuatro de la tarde, la delegación Gustavo A. Madero, situada en el territorio correspondiente al Distrito Federal, fue afectada por una lluvia de alta intensidad dando como resultado que los ríos Remedios, Maximalaco, Temoluco y San Javier se desbordaran, lo que provocó fuertes inundaciones en todo el valle de Cuautepec, perteneciente a esta demarcación.

2. Las colonias más afectadas por el fenómeno fueron: Malacates, Valle Madero, Zona Escolar, Arbolillo –primera y segunda secciones–, Lomas de Cuautepec, Palmatitla, General Felipe Berriozábal, Cuautepec el Alto, Cuautepec de Madero, Cocoyotes, y Jorge Negrete. Además, los niveles de precipitación pluvial alcanzaron 7 millones 700 mil metros cúbicos de agua lo que equivale a llenar 4 veces el Estadio Azteca por lo que la inundación provocada por la tromba iba de los 50 centímetros al metro y medio.

3. Que para evitar en lo futuro desastres de la misma naturaleza es necesario invertir en infraestructura hidráulica que posibilite la contención de las aguas cuando éstas lleguen a su límite máximo. Las obras que se recomiendan consisten en: desazolve en las áreas de riesgo, reforzamiento de los márgenes de los ríos, encausamiento de los mismos, defensas ribereñas, mantenimiento del drenaje profundo y obras para su ampliación, aumento de la capacidad del vaso regulador y el entubamiento de algunos canales A la par de estas obras, también es necesario llevar a cabo mejoramiento urbano y reubicación de zonas habitacionales que se localizan en lugares considerados de alto riesgo. Por lo anterior, es necesario construir, diques, bardas, infraestructura urbana y reubicación de zonas habitacionales por lo que se solicitan 140 millones de pesos para dirigirlos a la atención de la problemática generada por la situación que actualmente enfrentan los habitantes de la delegación Gustavo A. Madero y evitar en lo futuro desgracias que a la larga son más costosas que las obras que podrían evitarlas.

Por lo expuesto, y en términos de los preceptos legales invocados, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a las Comisiones de Recursos Hidráulicos, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que considere la asignación de 140 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 para los programas federalizados a cargo de la Comisión Nacional del Agua, en el rubro de infraestructura hidráulica para la construcción de la obra pública necesaria que evite inundaciones y coadyuve a la prevención de desastres en la delegación Gustavo A. Madero, perteneciente al Distrito Federal.

Segundo. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se propone como posible fuente de financiamiento del incremento anteriormente propuesto:

Diputado Ramón Jiménez López (rúbrica)
 
 

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se incrementen en 2 mi 319 millones de pesos los recursos de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, con objeto de dar suficiencia presupuestal al Plan Maestro de Infraestructura en Salud, y de que se prevean 240 millones de pesos para la operación de tres hospitales previamente autorizados, a cargo del diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal Arturo Santana Alfaro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita incrementar el techo presupuestal de la Secretaria de Salud del Gobierno del Distrito Federal en 2,319 millones de pesos, con la finalidad de dar suficiencia al Plan Maestro de Infraestructura en Salud; así como 240 millones de pesos para la operación de tres hospitales previamente autorizados, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Que es una función social del Estado mexicano brindar los servicios de salud necesarios para atender a la sociedad que habita dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

Que la Ciudad de México es una de las metrópolis más pobladas del mundo, y por lo tanto reclama mayores y mejores servicios de salud, con más hospitales y clínicas para la atención de especialidades.

Que la distribución de los recursos federales asignados de conformidad a las formulas actuales, no permiten entregar de forma equitativa y humanista los recursos presupuestales, pues cabe hacer notar que el Gobierno del Distrito Federal recibe una menor cantidad de recursos que el Estado de México, cuando el primero atiende a una población activa y flotante superior.

Que la delegación más poblada y demandante de servicios de salud del Distrito Federal, es la de Iztapalapa, la cual tiene más de 2 millones de habitantes que viven en su demarcación territorial y 2 millones que transitan por la misma.

Que en la delegación Iztapalapa hay más de 850 mil personas que carecen de seguridad social laboral, y por lo tanto necesitan y usan los servicios médicos del Gobierno del Distrito Federal; eso sin contar la población en tránsito del área conurbada.

Que la salud de millones de mexicanos que habitan en la Ciudad de México reclama de la Cámara de Diputados mayores recursos económicos destinados para la atención medica.

Por todo lo anterior, presento ante esta honorable asamblea las siguientes

Consideraciones

1. La infraestructura de nosocomios nacional es limitada, ya que el número de personas que requieren de servicios médicos especializados y de atención de primer nivel ha ido incrementando, y que es evidente que la capacidad de los hospitales en nuestro país ha sido rebasada por la demanda social.

2. Que libertad y salud son dos de las premisas básicas del Pacto Social del Estado Mexicano con la población, y por lo tanto es compromiso ineludible y fundamental.

3. Que la Ciudad de México y su área metropolitana, son probablemente la ciudad más poblada del mundo, y por lo tanto demanda más y mejores servicios de salud.

4. Que con la construcción del Hospital General Regional Iztapalapa se contará con 32 especialidades, como la de cirugías cardiovasculares y cardiología intervencionista, neurocirugía, nefrología, trasplante renal entre otros.

5. Que con la construcción del Hospital General Regional Iztapalapa se logrará satisfacer las necesidades del usuario para la atención medica-hospitalaria, proveer adecuada atención médica preventiva, curativa y de rehabilitación acorde a las necesidades de la población.

6. Que en toda la Ciudad de México sólo existe la clínica especializada en la atención de pacientes con VIH-sida Condesa, y por lo tanto la zona de la delegación Iztapalapa requiere debido a su alta concentración poblacional activa y de transito, la construcción, instalación, equipamiento y operación de una clínica especializada en la atención de pacientes con VIH-sida, pues la proyección gubernamental señala que brindaría servicios de salud a mas de 50 mil personas anualmente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a asignar en el Presupuesto Egresos de la Federación de 2010 recursos económicos para darle viabilidad al Plan Maestro de Infraestructura en Salud en el Distrito Federal, por la cantidad de $2,319 millones de pesos, el cual propone remontar el rezago histórico que tiene la Ciudad de México en la materia, así como brindar un servicio de calidad y calidez que los habitantes de la capital reclaman. Se anexa propuesta económica.

Segundo. Se considere con particular objetividad por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la asignación dentro del Presupuesto Egresos de la Federación de 2010, recursos económicos para brindar suficiencia presupuestal a los proyectos de construcción, adecuación, operación y funcionamiento de los hospitales y clínicas en la delegación Iztapalapa, por la cantidad de $1’301 millones de pesos, mismos que ya se encuentran considerados en el Plan Maestro de Infraestructura en Salud del Distrito Federal.

Tercero. Se considere por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asignar recursos económicos dentro del Presupuesto Egresos de la Federación de 2010 por la cantidad de 1’120 millones de pesos para la terminación de la construcción, adecuación, y operación, del Hospital General Iztapalapa de alta especialidad, que ya se encuentran considerados en el Plan Maestro de Infraestructura en Salud del Distrito Federal.

Cuarto. Se considere por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asignar recursos económicos dentro del Presupuesto Egresos de la Federación de 2010 por la cantidad de 153 millones de pesos para la construcción, adecuación, operación, y equipamiento de la clínica especializada en la atención de pacientes con VIH-sida en la delegación Iztapalapa, mismos que ya se encuentran considerados en el Plan Maestro de Infraestructura en Salud del Distrito Federal.

Quinto. Se considere por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asignar recursos económicos dentro del Presupuesto Egresos de la Federación de 2010 por la cantidad de 240 millones de pesos para la operación y equipamiento de los hospitales de la delegación Iztapalapa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2009.

Diputado Arturo Santana Alfaro (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDERE EL DISTRITO FEDERAL COMO RECEPTOR DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ NARRO CÉSPEDES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, diputado federal José Narro Céspedes, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presenta para su consideración proposición con punto de acuerdo para que el Distrito Federal reciba recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, con las siguientes

Consideraciones

El Distrito Federal es la ciudad de todos los mexicanos; en la ciudad se asientan los poderes de la Unión, la mayoría de las dependencias y entidades del sector público federal, así como las representaciones oficiales de todos los países con los cuales México guarda relaciones, también es sede de las principales empresas del sector productivo y del sector servicios las cuales tienen establecidas sus oficinas corporativas y plantas. Podemos afirmar que la ciudad de México es el centro político y económico del país.

El Distrito Federal es la entidad con la más alta participación del producto interno bruto, ya que contribuye con aproximadamente el 17.5% del total nacional, es la entidad en donde se logra la mayor recaudación tributaria federal, cuenta con más de 8.2 millones de habitantes. Por su posición convergen diariamente más de 12 millones de personas, pues en la misma se emplean habitantes provenientes de los estados circunvecinos, principalmente del Estado de México, o bien es utilizada como tránsito obligado para dirigirse o otros centros de trabajo, los casi 3.8 millones de personas que trabajan o pasan por la ciudad diariamente utilizan el mobiliario urbano y los servicios públicos que brinda la administración de la misma.

Podemos también afirmar que Distrito Federal es una ciudad de contrastes, unos cuantos metros separan colonias con un alto impacto económico, con otras en donde el ingreso per cápita de los habitantes es de los más bajos del país, en algunos casos en viviendas carentes de los más elementales servicios habitadas por personas en pobreza extrema.

Ante el desarrollo desigual que existen entre las diferentes entidades federativas, y aún entre las diversas regiones de cada entidad, como es el caso del Distrito Federal, a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se ha tratado de revertir dicha situación de crecimiento y desarrollo desigual, en el sistema de coordinación se establecen tres vías para la transferencia de recursos federales, a saber:

Con las aportaciones se busca mejorar la calidad de los servicios básicos; armonizar el crecimiento y la distribución territorial de la población; promover el desarrollo equilibrado; privilegiar la atención a grupos y las zonas con mayor desventaja económica y social.

Sin embargo, por alguna razón se ha dejado a cientos de miles de habitantes del Distrito federal fuera de los beneficios que señala el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el cual está integrado por el Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) y por el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

El FISM tiene como propósito canalizar financiamiento de obras y acciones sociales que beneficien a sectores en condiciones de rezago social y pobreza extrema. Este tipo de sectores, desgraciadamente, existen en el Distrito Federal, sobre todo en el oriente y norte del la ciudad.

Mediante el FISE se realizan obras y acciones de alcance regional o intermunicipal. Las acciones que se realizan con este fondo deben promover la participación de las comunidades beneficiadas, y fomentar el desarrollo sustentable.

En este contexto, tenemos que el actual Sistema de Coordinación Fiscal deja al Distrito Federal sin una serie de recursos que le permitan mejorar los servicios que presta por igual a los habitantes de la ciudad, como a los habitantes de entidades vecinas que por algún motivo usan dichos servicios, se deja sin recursos a la ciudad para atender de mejor manera a los grupos con mayores carencias, así como a las zonas con mayor desventaja económica y social.

Con base en lo expuesto, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que el Distrito Federal sea considerado para los objetos del artículo 32 de la Ley de Coordinación Fiscal y reciba en el Presupuesto de Egresos del la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Diputado José Narro Céspedes (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA CARRETERA ZIRÁNDARO-ARATICHANGUIO, EN GUERRERO, A CARGO DEL DIPUTADO ARTURO SANTANA ALFARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, diputado federal Arturo Santana Alfaro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita brindar suficiencia presupuestal necesaria para la construcción y funcionamiento de la carretera de Zirándaro a Aratichanguio, en Guerrero, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Que la infraestructura de carreteras en México presenta deficiencias que obligan a llevar a cabo un gran esfuerzo en materia de inversión pública y privada durante los próximos años, para continuar con la construcción, modernización y ampliación en todas las regiones del país.

Que las vías terrestres de comunicación son el medio idóneo para el eficaz transporte de personas y mercancías a través del territorio nacional, así como el desarrollo de los estados.

Que el buen estado y óptima funcionalidad son características esenciales para que las redes carreteras nacionales cumplan con sus objetivos.

Que el de Guerrero es uno de los estados con mayor proyección económica, cultural y turística del país, cuenta con una ubicación estratégica por su colindancia con Michoacán, México, Morelos, Puebla y Oaxaca; la migración interna masiva de las entidades federativas contiguas, han obligado a que la infraestructura y construcción de carreteras de acceso a las demás comunidades sea considerada como prioritaria para su modernización, así como para el desarrollo de las comunidades aledañas.

Que las vías carreteras son paso obligado para la transportación de mercancías y personas para el desarrollo económico estatal, regional y nacional, y debido a la problemática señalada, se busca beneficiar de manera directa a comunidades como; Zirándaro y Aratichanguio.

Que Zirándaro se encuentra al noroeste de la capital del Estado de Guerrero, a 60 kilómetros al poniente de ciudad Altamirano, sus actividades económicas principales son la explotación ganadera de tipo extensivo, la agricultura principalmente de temporal y el comercio y los servicios en pequeña escala; cuenta con una población de más de 20 mil habitantes.

Que Aratichanguio se encuentra al noreste de la capital de Guerrero, al norte a 1.5 Kilómetros del río Balsas, al sur a 1.5 kilómetros del cerro Picacho, sus actividades económicas principales son la agricultura, la ganadería, animales de traspatio, apicultura, pesca, explotación forestal, minería, artesanía y turismo; cuenta con una población de más de 2 mil habitantes.

El ritmo creciente de paso de personas y mercancías que desde los Estados y comunidades colindantes de Zirándaro y Aratichanguio, se ha saturado y resulta insuficiente, propiciando con ello un marcado desequilibrio económico, por los retrasos en la transportación y construcción de nuevos desarrollos carreteros.

Consideraciones

1. Que la infraestructura de vías carreteras nacional es limitada, por lo cual se requiere impulsar el desarrollo económico y social de las comunidades pequeñas que quedan partidas por las vías de comunicación, que a su paso, marginan a su población.

2. Que con la construcción de la carretera Zirándaro-Aratichanguio se logrará el acceso al desarrollo que demanda la sociedad.

3. Que con la construcción del tramo carretero Zirándaro-Aratichanguio, que consta de aproximadamente 55 kilómetros, se logrará satisfacer y explotar el importante potencial agrícola, minero, ganadero, comercial, artesanal y turístico que encuentra completamente limitado por la falta de acceso a las vías carreteras.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Comunicaciones, y de Transportes a elaborar el dictamen de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, en el cual se solicita brindar la suficiencia presupuestal necesaria por la cantidad de $80 millones de pesos, para la construcción y funcionamiento de la carretera Zirándaro-Aratichanguio, en el estado de Guerrero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2009.

Diputado Arturo Santana Alfaro (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS ADICIONALES PARA IMPLANTAR ACCIONES EN FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA FLORENTINA ROSARIO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita, diputada Florentina Rosario Morales, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presenta proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF) responde a la necesidad de hacer frente a los obstáculos suscitados en las entidades y dependencias públicas que impiden la protección, defensa, promoción y garantía de los derechos humanos de las personas que habitan y transitan en el Distrito Federal.

Su composición es única a nivel internacional puesto que se estructuró en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, la academia, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El Programa de Derechos Humanos se elaboró a través de investigación y análisis de información de la sociedad civil, los entes públicos y recomendaciones de instancias internacionales de derechos humanos. Se manejó como insumo principal el Diagnóstico de la Situación de los Derechos Humanos en el DF.

Una de las principales recomendaciones emanadas del Diagnóstico fue elaborar un Programa de Derechos Humanos para el Distrito Federal en donde se plantearan soluciones para erradicar las lagunas detectadas en el diagnóstico, que contemplará estrategias transversales y acciones particulares enfocadas a los tres órdenes de gobierno.

I. Gobierno del Distrito Federal

En ese sentido, con base en dicha recomendación, el Gobierno del Distrito Federal instaló el Programa de Acción Inmediata en Derechos Humanos, cuyas acciones han significado una erogación aproximada de 12,800 millones de pesos durante 2009.

Las acciones han sido implementadas bajo un enfoque de género que se materializa tanto en el resultado 13 de la estructura programática, como en la consideración de nuevas intervenciones transversales en la aplicación del Programa de Derechos Humanos.

Asimismo, está realizando un esfuerzo adicional para establecer las bases institucionales que permitan el cumplimiento de los derechos de las personas de la ciudad, tanto las que la habitan como los 4.5 millones que la transitan diariamente. Sin embargo, la implementación del programa plantea enormes retos financieros, toda vez que los servicios que brinda el gobierno capitalino se ven constantemente saturados por la demanda tanto de sus ciudadanos como de un contingente cada vez mayor de población flotante que por su estado de vulnerabilidad recurren a tales servicios.

Cabe destacar que las instituciones de la ciudad atienden a esta población sin distingos de su lugar de residencia, a pesar de las restricciones presupuestales que enfrentan. La disposición de recursos adicionales representaría una importante contribución del Congreso a la atención de derechos fundamentales e impactaría de manera positiva en la población flotante que transita por la Ciudad de México.

II. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

El Poder Judicial del Distrito Federal se encuentra implementando el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, a fin de garantizar a las personas que habitan en la Ciudad de México y de otras entidades que acuden a dirimir sus controversias ante el Poder Judicial, el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos.

Todo ello aunado al establecimiento de las bases institucionales que permitan atender la implementación de la reforma constitucional en materia de justicia a fin de capacitar a los servidores públicos que operaran la misma y para construir y adaptar las instalaciones para los juicios orales tanto en juzgados de primera instancia, como salas penales. Asimismo, para atender los requerimientos que implica el traslado de la competencia federal a esta poder local en materia de justicia para adolescentes y la reciente reforma en materia de delitos de narcomenudeo, por lo que es necesario dotar de recursos al Poder Judicial del Distrito Federal.

Con la implementación de las reformas se construirá un piso mínimo pertinente a la defensa de los derechos humanos, a fin de iniciar a construir un techo máximo de protección, respeto y garantía de los derechos humanos en materia judicial, como ya se señaló, no sólo de los habitantes del Distrito Federal sino de todas las personas que transitan en esta ciudad.

La reforma referida se encuentra enmarcada dentro de la implementación del Programa de Derechos Humanos con referencia al respeto y garantía de los derechos inherentes a su naturaleza, como son debido proceso y acceso a la justicia, al plantearse la trasformación del sistema judicial actual a un nuevo orden que da vigencia plena tanto a las garantías individuales que consagra la Constitución, como a los derechos humanos tutelados en el orden interno y en los estándares internacionales, representando además la implementación de dicha reforma un importante reto financiero.

Se hace menester precisar que el compromiso del Poder Judicial del Distrito Federal con respecto a las líneas de acción del programa, no se constriñe sólo a los derechos ya referidos, sino que además se han comprometido líneas de acción en derechos tan diversos como la igualdad, la no discriminación, derecho a la información, a la libertad de expresión, así como a un ambiente sano, a una vivienda adecuada, por mencionar algunos, así como la atención a través de acciones afirmativas a todos los grupos de población sin discriminación alguna, resultando la transformación de la institución, quien ejercerá su función tanto en su aspecto de impartición de justicia, como en lo administrativo a través de un enfoque de derechos humanos, lo cual no será posible sin la colaboración del Congreso ya que las reformas en materia de justicia no se pueden entender si no se impulsan y apoyan presupuestalmente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración- de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que apruebe una asignación adicional de recursos federales al Presupuesto del Distrito Federal por la cantidad de $2,526,946,000 de pesos, que serían utilizados para implementar líneas de acción del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal en los siguientes rubros:

Diputados: Enoé Uranga Muñoz, Martín García Avilés, Florentina Rosario Morales (rúbrica), Vidal Llerenas Morales, Agustín Guerrero Castillo, Leticia Quezada Contreras, Balfre Vargas Cortez, Arturo Santana Alfaro, Avelino Méndez Rangel.
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN LOS REQUERIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN Y EL MANEJO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA ALTO GOLFO DE CALIFORNIA Y DELTA DEL RÍO COLORADO, A CARGO DE LA DIPUTADA LAURA LEDESMA ROMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Laura Ledesma Romo, diputada integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En el Partido Verde nos preocupa atender con la mayor prontitud y eficacia posible los temas y problemas que afectan la vida y el desarrollo de nuestro país y de sus regiones. Por ello trabajamos en vertientes que consideramos de carácter prioritario como lo son el fenómeno del cambio climático y la protección de nuestra biodiversidad.

Tal y como ya hemos señalado en esta tribuna, nos interesa contribuir al esfuerzo que viene haciendo en todo lo largo y ancho del territorio nacional, cientos de organizaciones de la sociedad civil, del sector social y de los tres órdenes de gobierno, para frenar y revertir el deterioro de nuestros recursos naturales y del medio ambiente.

Sabemos que México es uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo, destacando el hecho de que entre el 10 y 12 % de las especies del planeta se encuentran en nuestro territorio y de que existe una fuerte presión sobre su conservación y de que el daño registrado es bastante grave.

Las amenazas están plenamente registradas y documentadas y en general son la conversión de los ecosistemas naturales a sistemas productivos (agrícolas o ganaderos), la contaminación, el cambio climático, la sobreexplotación de poblaciones y la introducción de especies exóticas, entre otras.

Ante ello, se ha venido construyendo un marco jurídico e institucional que contempla diversos instrumentos y estrategias para la conservación de nuestros recursos naturales y que son ejercidos por las dependencias de los tres órdenes de gobierno, según el propio sistema de competencias.

Como Poder Legislativo somos parte de este sistema y nos corresponde vigilar y fiscalizar su buen desempeño, así como también contribuir al correcto diseño de políticas públicas, que efectivamente respondan a los problemas y desafíos que en este campo hoy tenemos como país en vías de desarrollo.

Aspiramos a promover un verdadero desarrollo sustentable y eso solamente lo podemos lograr en el terreno de lo concreto, en las zonas y regiones en donde se da la lucha diaria por la sobrevivencia, y que son las zonas y las regiones que componen el territorio de nuestro gran país.

Sabemos lo difícil que es promover políticas de conservación en medio de una crisis económica como la que hoy vivimos que es difícil conciliar conservación de nuestros recursos naturales con la satisfacción de las necesidades básicas de nuestra población, pero lo tenemos que hacer para poder garantizar condiciones y viabilidad para el futuro.

Esto nos obliga a poner especial cuidado en el aprovechamiento de los recursos presupuestales de que disponemos para financiar los programas y las acciones de gobierno en todos los ramos y sectores, y muy especialmente en el terreno de la protección de nuestra biodiversidad.

Que dada la situación de astringencia presupuestal no se descuiden los programas destinados a la preservación de nuestras riquezas naturales y a su aprovechamiento sustentable.

En este marco venimos ahora a incorporar a la agenda de esta honorable LXI, la tarea de atender con sumo cuidado todo aquello que se viene haciendo o se pretende hacer en las distintas áreas naturales protegidas que tenemos en el país.

Tal es el caso de la reserva de la biosfera del Alto Golfo y Delta del Río Colorado, cuyo programa de manejo, fue publicado y dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación, del 25 de septiembre de 2009, 16 años después del decreto de creación de dicha Área.

La reserva de la biosfera Alto Golfo y Delta del Río Colorado, tal y como se señala en el programa de manejo, fue oficialmente decretada en junio de 1993, con una superficie de 934,756-25-00 hectáreas, integradas por aguas de jurisdicción federal del Golfo de California y terrenos de los municipios de Mexicali, Baja California, San Luís Río Colorado y Puerto Peñasco, Sonora. En esa ocasión se delimitó una zona núcleo denominada "Delta del Río Colorado" al interior de una zona de amortiguamiento.

El 7 de junio de 2000, vía decreto, la reserva quedó incluida en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Esta área natural es sin duda una de las regiones prioritarias para los esfuerzos de conservación por la inmensa cantidad de especies que abriga y el valor que representa en el plano internacional como parte representativa del llamado Acuario del Mundo.

Por ello es que consideramos como un gran paso el desarrollo y publicación del Programa de Conservación y Manejo de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, el cual a la letra se compone de las siguientes acciones:

Particularmente, consideramos como un acierto de fundamental importancia la incorporación de las comunidades ribereñas a la ejecución de este programa, buscando promover actividades económicas y administrativas que eleven la calidad de vida dentro de un marco ambiental sustentable, tal y como lo prevé la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Por ello, es que junto a nuestro reconocimiento por la elaboración y publicación del Programa de Conservación y Manejo de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, hoy venimos a pedir aquí que brindemos todo el apoyo posible de esta honorable Cámara de Diputados a este importante esfuerzo.

Pedimos que esta LXI legislatura, envíe un claro mensaje nacional e internacional de su compromiso con la conservación de la biodiversidad, haciendo su mejor esfuerzo presupuestal al momento de revisar y aprobar las asignaciones correspondientes al rubro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y muy particularmente a los programas de manejo de reservas de la biosfera, como el recientemente publicado Programa de Conservación y Manejo de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.

En mérito de lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este honorable Pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el marco de la revisión, análisis, discusión y aprobación del presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, a valorar y respaldar los requerimientos presupuestales para la operación y funcionamiento del programa de Conservación y Manejo de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 10 de noviembre de 2009.

Diputada Laura Ledesma Romo (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS QUE REALICE LOS ESTUDIOS PERTINENTES PARA RECLASIFICAR CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, EN EL ÁREA GEOGRÁFICA A, POR EL EFECTO DE LA EXPLOTACIÓN PETROLERA EN LA ECONOMÍA DEL MUNICIPIO Y EN EL COSTO DE LA VIDA DE LAS FAMILIAS, A CARGO DEL DIPUTADO ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes

Motivos

La explotación petrolera ha permito al país estabilizar y detonar su economía, y ha permitido impulsar a lo largo y ancho de México innumerables proyectos productivos que han genero bienestar a millones de mexicanos.

En Ciudad del Carmen, Campeche, la presencia de Petróleos Mexicanos ha traído beneficios; pero igual y debemos admitirlo los problemas económicos y sociales han sido importantes, con el paso del tiempo los tres órdenes de gobierno han emprendido diversas acciones, pero no ha sido suficiente.

La explotación de hidrocarburos ha repercutido en la economía de la isla, ocasionando fenómenos inflacionarios que genera la carestía de bienes y servicios.

El costo marginal que supone la economía del municipio de Carmen es superior a los beneficios tangibles directos que el ciudadano observa. Esto implica que para los ciudadanos que habitan en esta parte de la geografía de la entidad, las erogaciones familiares cotidianas se eleven muy por encima de los egresos familiares promedio en los otros 10 municipios de Campeche.

En Carmen se pagan el impuesto predial y las cuotas por consumo de agua potable más altas de la entidad. Además, el costo por renta de habitación es de los más elevados. De ahí que Carmen esté considerada zona de vida cara, lo cual afecta negativamente el salario mínimo de los trabajadores no petroleros. Es decir, la segregación económica entre los individuos que trabajan en actividades relacionadas con el petróleo y los que se desempeñan fuera de ese sector es enorme.

Visto en números, el municipio de Carmen tiene una población de 355 mil 38 habitantes, que representa 25.56 por ciento de la del estado, y una población económicamente activa de 54.3 por ciento.

Los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 90 de la Ley Federal del Trabajo establecen que el salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

Lo anterior es sin duda un supuesto, ya que en ninguna parte del país el salario mínimo es suficiente para cumplir los atributos constitucionales, pero en Carmen es todavía más exiguo por los efectos de la actividad petrolera que ocasionan un alza generalizada de productos y servicios.

Como es sabido, los salarios mínimos generales y profesionales los fija cada año el consejo de representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y para el caso se realizan los estudios pertinentes que determinan las condiciones generales de la economía del país, los principales cambios observados en la evolución de las actividades económicas y las variaciones en el costo de la vida de las familias.

Para determinar los salarios mínimos generales y profesionales, Campeche se encuentra en el área geográfica C, a la que corresponde un salario mínimo general de 51.95 pesos, vigente para el presente año en los 11 municipios del estado.

Como es fácil advertir, el costo de la vida no es igual en Tenabo o Hopelchen que en Carmen, por señalar algunos municipios del estado.

Sin embargo, la norma constitucional dispone la más amplia flexibilidad territorial en la fijación de los salarios mínimos y faculta a la comisión nacional para corregir deficiencias o inconsistencias en cuanto a las zonas de aplicación de los salarios mínimos, así como tomar en cuenta las características particulares de áreas geográficas de rápido desarrollo o con características económicas especiales.

Es el caso, por ejemplo, de Veracruz, que se encuentra en el área geográfica C, igual que Campeche, pero en el resolutivo de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para 2007, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2006, se exceptúan Agua Dulce, Coatzacoalcos, Las Choapas, Minatitlán, Tuxpan, Nanchital y Poza Rica.

Es decir, municipios donde repercute de manera directa la actividad petrolera. Otras excepciones se registran en diversos municipios de otros estados.

Por eso estimamos que el Carmen, por las características especiales de su economía, la evolución del mercado laboral y el elevado costo de la vida que genera la explotación petrolera, debe tener un tratamiento especial por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, y quedar situado en el área geográfica A.

Es el momento oportuno para promover el presente punto de acuerdo, toda vez que en las próximas semanas la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos iniciará los estudios económicos para determinar los salarios mínimos generales y profesionales de 2010.

En mérito de lo expuesto, me permito presentar a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que realice los estudios pertinentes para reclasificar Ciudad del Carmen, Campeche, en el área geográfica A, en atención del efecto de la explotación petrolera en la economía del municipio y en el costo de la vida de las familias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2009.

Diputado Óscar Román Rosas González (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE COMBATE DEL CÁNCER CERVICOUTERINO Y DE MAMA EN LAS INSTITUCIONES DE SALUD DEL SECTOR PÚBLICO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ELENA PÉREZ DE TEJADA ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita, María Elena Pérez de Tejada Romero, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar y etiquetar recursos extraordinarios para fortalecer las acciones de combate al cáncer cérvicouterino y de mama, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Según cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Salud Pública y por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género¹; en la actualidad, el cáncer cérvicouterino constituye la segunda causa de muerte de mujeres de 25 de años o más, padecimiento que se encuentra estrechamente ligado a condiciones de pobreza y marginación, preponderantemente con poca escolaridad, habitantes de zonas rurales, condiciones que dificultan el acceso a los medios de detección oportuna y tratamiento de la enfermedad. No obstante, este tipo de cáncer es prevenible y curable cuando se detecta con oportunidad.

Como muestra de lo anterior, se encuentran los indicadores de salud pública que proporciona la secretaría del ramo, respecto de la tasa de mortalidad por causa de cáncer cérvicouterino en mujeres de 25 años y más en 2007, destacando el elevado número de decesos que se encuentran en estados de alto índice de marginación o elevada población indígena, como es el caso de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Campeche, que presentan tasas de mortalidad por cada 100 mil casos, de 21.8, 21.6 y 21.2, contrario a Zacatecas y Nuevo León de 10.3 y 10.9, siendo la media nacional 14.3.

2. En el mismo sentido, el cáncer de mama ha duplicado su letalidad en los últimos 20 años y para 2006 este padecimiento se convirtió en la segunda causa de muerte de las mujeres entre los 30 y 54 años de edad, y en la primera causa de muerte de las mujeres en general; en ese año, de acuerdo a los datos reportados por el Instituto Nacional de Salud Pública, en México fallecieron 4 mil 451 mujeres por este tipo de cáncer.

Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, esta enfermedad se detecta en fases avanzadas, por lo tanto, es indispensable que los recursos humanos, materiales y financieros con los que se pretende la detección oportuna y el tratamiento sean aumentados, ya que actualmente los mismos son insuficientes, lo que limita su efectividad en la detección y combate.

Baja California Sur, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas son las entidades de mayor tasa de mortalidad por causa de este cáncer lo que denota que dicho padecimiento nos se encuentra asociado a alguna condición socioeconómica específica, lo que motiva a que se sea urgente su combate con la mayor cantidad de recursos posibles, específicamente en el tema de la prevención y autoexploración.

3. Analizando en un panorama nacional la incidencia de estos tipos de cáncer encontramos que en el norte del país, se presenta el doble de incidencia en muertes por cáncer de mama, a diferencia del sur, que presentan más casos por cáncer cérvicouterino; por citar algunos ejemplos: Baja California Sur tiene la tasa de mortalidad más alta por cada 100 mil casos, con 25.1 por cáncer de mama, mientras que en Campeche es de 6.6, pero de 21.2 en cáncer cérvicouterino; Coahuila es el segundo lugar de mortalidad por cáncer de mama con 23.6, mientras que en Yucatán sólo se presenta el 9.3.

4. No obstante, los esfuerzos implementados por el gobierno federal y de los diferentes órdenes de gobierno, a través de políticas públicas de salud, no han sido suficientes, por lo que es necesario destinar recursos a campañas de prevención, especialmente de autoexploración de seno; dotar de mayor equipamiento a hospitales y clínicas, para brindar mayor y mejor equipo humano, material y técnico que se requiere para atender los estudios de detección oportuna, así como para los tratamientos médicos de estas enfermedades.

En virtud de las consideraciones antes vertidas, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía solicita respetuosamente, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a destinar y etiquetar mayores recursos para fortalecer las acciones de prevención, tratamiento y rehabilitación del cáncer cérvicouterino y de mama de las instituciones de salud del sector público, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 10 de noviembre de 2009.

Notas
1 Diagnóstico General Actualizado sobre Salud Reproductiva de las Mujeres en México, Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. LXI Legislatura. Octubre de 2009.

Diputada María Elena Pérez de Tejada Romero (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SENER Y A LA CFE A HACER EFECTIVA CON LA MAYOR BREVEDAD LA REDUCCIÓN DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS EN CHIAPAS, A CARGO DE LA DIPUTADA MAGDALENA TORRES ABARCA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde 2007, diversas organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos, pueblos y comunidades del estado de Chiapas han manifestado su rechazo al alto cobro de las tarifas eléctricas. Asimismo, fuentes periodísticas han dado cuenta, cuando menos desde abril de 2007, de los compromisos expresados por la doctora Georgina Kessel Martínez, secretaria de Energía, para reducir, a la brevedad, el precio de la electricidad en el estado de Chiapas.

En tal sentido, el gobierno del estado de Chiapas y las autoridades municipales no han sido omisos en la atención de esta sentida demanda de la población chiapaneca, intercediendo ante los funcionarios de la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad para apresurar la aprobación de tarifas de energía eléctrica a la baja. Del mismo modo, en el Congreso de la Unión se han presentado y aprobado puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a realizar la revisión integral de las tarifas eléctricas que se aplican en el estado de Chiapas, proposiciones que no han obtenido la debida respuesta.

En el mes de octubre de 2009, el director general de la Comisión Nacional del Agua Región Frontera Sur expresó, para un medio informativo local, que a partir de este año procederá el ajuste de la tarifa eléctrica para el centro de Chiapas, en razón de que la dependencia ha enviado al gobierno del Estado la retabulación de tarifas para hacer la solicitud a la Comisión Federal de Electricidad, proceso que si bien es aceptable se considera insuficiente, pues el problema atañe a toda la entidad.

Los argumentos a favor de tal petición son determinantes. En principio, porque el estado de Chiapas es el productor del 30.0 por ciento de la energía eléctrica en nuestro país, las presas hidroeléctricas de Chicoasén, la Angostura, Malpaso y Peñitas tienen capacidad de generación para abastecer a varios Estados de la República y países vecinos. Sin embargo, resulta paradójico que en estas Entidades receptoras el cobro de luz sea inferior al que se aplica en Chiapas.

En el estado de Chiapas se registran temperaturas elevadas y altos índices de humedad, siendo la temperatura promedio de 30 a 38 grados centígrados, por lo que se requiere de ventilación y enfriamiento en forma permanente siendo el consumo de electricidad superior al de otras entidades de la república. Además, se debe considerar que en el estado de Chiapas se registran altos niveles de marginación social y bajos ingresos, su pobreza extrema es tres veces mayor que el promedio nacional, lo que hace para muchos de sus habitantes imposible poder cubrir los altos cobros que exige la Comisión Federal de Electricidad.

Por lo expuesto y fundado me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a hacer efectiva, con la mayor brevedad, la reducción integral de las tarifas eléctricas que se aplican en el estado de Chiapas.

Diputada Magdalena Torres Abarca (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA CNDH Y A LA PGR A DAR SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES EXISTENTES SOBRE CRÍMENES CONTRA PERIODISTAS, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Diputado Juan Carlos Natale López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

En México persisten importantes rezagos en materia de seguridad y respeto a las garantías individuales de los ciudadanos, en especial a las libertades de imprenta, de expresión y de libre acceso a la información pública, por las cuales el Estado debe velar en todo momento.

A propósito de los últimos acontecimientos registrados en algunos estados del país respecto a crímenes perpetrados en contra de reporteros y periodistas de ciertos medios de comunicación masiva, quienes se han venido desempeñando en ésta ya tan peligrosa actividad, sin ninguna garantía, providencia ni medidas de seguridad por parte del Estado, ésta soberanía tiene la obligación inexcusable de pugnar por los hechos de ésta índole y de aprestar todo lo necesario para disponer de instrumentos y herramientas jurídicas que inhiban, sancionen y, en su caso condenen, todas las manifestaciones que vulneren los derechos y la integridad física de quienes ejercen de manera profesional y heroica dadas las circunstancias, el trabajo periodístico y todo lo que implica la investigación y divulgación informativa.

Hace seis años, ante las constantes agresiones contra periodistas, en esta Cámara de Diputados se creó el Grupo de Trabajo de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, que encabezó la legisladora Beatriz Mojica Morga. A pesar de no tener el rango de comisión, comenzó a conocer este fenómeno, crear una base de información, denunciar los casos en tribuna, llegando a conseguir que los delitos de difamación y calumnia dejaran de estar tipificados en el Código Penal, para sólo atenderse por la vía civil.

En 2006, ya en la LX Legislatura, por primera vez se constituyó la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, la cual presidió el en ese entonces diputado Gerardo Priego Tapia.

Los diputados integrantes continuaron denunciando los casos, participando en seminarios y foros; además de iniciar la discusión para la federalización de los delitos cometidos contra la libertad de expresión, trabajo que arrojó una propuesta conformada por organizaciones civiles, especialistas, autoridades y legisladores. Sin embargo, ese proyecto no fue considerado por la Comisión de Justicia, por lo que se aprobó una reforma penal insuficiente y que no federaliza dichos ilícitos.

Los asesinatos de Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, comunicadoras comunitarias de La Voz que Rompe el Silencio, en la región Triqui de Oaxaca, forman parte de los 12 homicidios registrados durante 2008, año considerado uno de los más violentos y con mayor número de ataques contra el periodismo en México en los últimos 15 años, según el Informe Buendía 2008.

El documento, elaborado por la Fundación Manuel Buendía; el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y dado a conocer en julio pasado, documenta 223 actos contra periodistas y medios de comunicación, cifra bastante elevada si se considera el Informe de 2007, que registró 133 casos.

En los primeros tres meses de 2009 se documentaron 65 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, lo que representa 51 por ciento más de las registradas en el mismo periodo durante 2008, con 32 ataques a la libertad de expresión, de acuerdo con información del Centro Nacional de Comunicación Social.

Con base en las anteriores estadísticas, el periodismo durante 2008 y el primer trimestre de 2009, se colocaría como uno de los ejercicios profesionales más violentos y con mayor número de ataques en el país, en los últimos tres lustros.

Es por ello necesario que las autoridades sean las primeras en garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa.

Hace unos meses expresamos nuestro más sentido pésame a la familia de un destacado comunicador y periodista quien firmara sus notas con el nombre de Eliseo Barrón; asimismo, condenamos el hecho como un ataque visceral y cobarde en contra de quienes hacen posible la institución del periodismo en México; y ahora, nuevamente, atestiguamos el asesinato premeditado de otros colegas del medio periodístico como el de Bladimir Antuna García y el de Fabián Ramírez López.

Por otro lado, cabe destacar que son mínimas las denuncias y demandas presentadas ante las autoridades correspondientes dado el alto grado de diversificación en la tipificación de conductas delictivas y de penas en los códigos penales de los estados donde la mayoría de los delitos de este tipo se comenten en orden común y por ende, sigue siendo alarmante el nivel de impunidad con que se atienden por las autoridades de procuración de justicia.

A pesar de lo anterior, sabemos que estos actos trascienden más allá del hecho; y es que trascienden y hacen eco en todas las instituciones del país que tienen la encomienda de velar por la efectiva garantía de ejercicio y profesión independientemente de que represente un alto riesgo y peligro ante las actuales condiciones de inseguridad y de violencia.

La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.

Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar, impartir y compartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Toda persona tiene el derecho a acceder a la información Pública, ya esté contenida en Publicaciones, Internet o radio y televisión y en el caso de que fuere necesario, grabarla, reproducirla o transmitirla.

El acceso a la información es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.

La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también, la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.

Esta Cámara de Diputados debe reiterar la importancia de darle seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, para velar de manera plena, por su seguridad y el respeto de la garantía fundamental de libertad de expresión, libertad de imprenta y derecho a la información.

Sin lugar a dudas, cualquier acto que atente contra el ejercicio libre del trabajo de los periodistas, es atentar no sólo al profesional en cuestión, sino que también a la comunidad y a la construcción de un país más transparente y por sobre todo más informado. Es común ver en dictaduras a una prensa limitada en su actuar comunicacional, con acciones represivas y censuradoras, que no tienen como objetivo último acallar el trabajo periodístico, sino que va más allá y apunta a mantener a un pueblo desinformado, ignorante y pasivo ante situaciones que afectan al bienestar común. Por suerte vivimos en un Estado de democracia, sin embargo, aún nos encontramos con actitudes que se acercan más a estos poderes de facto, que a una nación libre.

Muchas veces de nada sirve tener el reconocimiento pleno del derecho a la información, a la libertad de expresión y de divulgación cuando prevalece la existencia omnímoda de mecanismos de control y sujeción: la cooptación y la amenaza son ejemplos claros de este fenómeno y más aun en el medio periodístico. No obstante de estos lastres y artimañas, y de lo delicado que puede llegar a ser la actividad periodística, el Estado en sus diversas manifestaciones tiene la inalienable e imprescriptible misión de asegurar la integridad, actividad y el desempeño periodístico de los cientos de personas que tienen la tarea de informar los asuntos particulares y de interés público entre la sociedad y el mismo Estado.

No han sido pocas las voces en ésta soberanía que ya han señalado atinadamente la urgente necesidad por replantear los ordenamientos jurídicos para salvaguardar los derechos y libertades que implica la actividad periodística de quienes ejercen dignamente esta profesión.

Hace unos meses, específicamente en la sesenta legislatura, todas las fuerzas políticas que integran ésta soberanía decididamente marcaron la dirección en el sentido de contribuir a la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación así como también a efecto de que analizara, discutiera y propusiera acciones concretas para legislar oportunamente en la materia. Desde ése momento, se asumió el compromiso de discutir ampliamente sobre la pertinencia de legislar exclusivamente para este gremio dados los hechos violentos que se han venido registrando; pero una vez concluida la sesenta legislatura, dicha comisión ha dejado de tener vigencia y efectos concretos; sin embargo, el principal objetivo de la comisión especial de aquél entonces, tuvo la suerte de cumplirse parcialmente en el momento de que el pleno de ésta Cámara legislativa aprobara unánimemente el dictamen emitido por la Comisión de Justicia relativo a diversas reformas y adiciones del Código Penal Federal, en materia de delitos cometidos contra la libertad de expresión.

Sin embargo, la minuta de lo aprobado fue remitida a la colegisladora con el fin de que emitiera el dictamen correspondiente y realizara el procedimiento legislativo en términos del artículo 72 constitucional. En tanto, desde que se remitió el pasado14 de abril han transcurrido más de cinco meses y la colegisladora aun no emite el dictamen respectivo. En este sentido, no podemos seguir siendo omisos ni veleidosos con nuestra tarea de legislar de manera eficaz y oportuna ante fenómenos sociales que atentan contra el orden, la paz, la seguridad y la integridad de las personas. Por este motivo, me permití excitar, a través de la Presidencia de la Mesa Directiva de esta soberanía a efecto de que las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores dictaminen a la brevedad posible la minuta de reformas antes señaladas.

El tiempo apremia y las víctimas de agresiones contra la libertad de expresión no pueden permanecer en el limbo jurídico, la sociedad, afectada por la carencia de información motivada por la autocensura de facto, no puede esperar ya más.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que investigue y emita los dictámenes respectivos de los fatídicos acontecimientos de los siguientes periodistas: Eliseo Barrón; Bladimir Antuna García; Fabián Ramírez López; Gerardo Esparza Mata; Norberto Miranda Madrid; Omar Gándara San Martín; Daniel Martínez Gil; Ernesto Montañez Valdivia; Martín Javier Miranda; Carlos Ortega Melosamper; Luis Daniel Méndez Hernández y Jean Paul Ibarra Ramírez. Así como de todas las investigaciones penales que se encuentren abiertas en torno a periodistas, comunicadores, camarógrafos, empresas noticiosas y en general toda persona física o moral que esté relacionada con medios de comunicación.

Segundo. Se exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República a ejercer a plenitud la facultad de atracción en aquellos casos que tengan conexidad con algún ilícito penal del fuero federal, así como apoyar y reforzar los diversos programas de atención a víctimas del delito.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 10 de noviembre de 2009.

Diputado Juan Carlos Natale López (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SCT A CONSIDERAR LA ELIMINACIÓN DE LA CASETA DE PEAJE NÚMERO 71, DE CHALCO, PORQUE ES PERJUDICIAL PARA EL PRESUPUESTO FAMILIAR DE LOS HABITANTES DE LA ZONA ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO ARMANDO CORONA RIVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, diputado Armando Corona Rivera, de la LXI Legislatura y miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo a fin de exhortar al secretario de Comunicaciones y Transportes a considerar y efectuar la eliminación o reubicación de la caseta de cobro numero 71 Chalco, situada en el municipio de Ixtapaluca, en la autopista México-Puebla a fin de que los habitantes de Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, Cocotitlán, Tenango del Aire, Temamatla, Juchitepec, Tlalmanalco y Amecameca, logren acceder en forma gratuita a esta vía de comunicación.

Propuesta

Se solicita la eliminación de la caseta de cobro número 71 Chalco localizada en la autopista México-Puebla, kilómetro 29, también se solicita que esta propuesta sea avalada por otros diputados de los distintos partidos políticos presentes en esta reunión que conozcan la presente petición de parte de los ciudadanos que viven en la zona oriente del estado de México.

Consideraciones

La actual crisis económica que padece nuestra nación y más aún considerando a la población del oriente del estado de México, población inminentemente migrante de las entidades más pobres del país, tiene una petición que no ha sido atendida desde hace diez años y que debemos –en esta Cámara– escuchar y atender en relación a la ubicación de la caseta de peaje número 71 localizada en el kilómetro 30 de la autopista México-Puebla.

Esta demanda debe ser apoyada por todos los diputados aquí presentes de todos los partidos porque es en beneficio de Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, Cocotitlán, Tenango del Aire, Temamatla, Juchitepec, Tlalmanalco y Amecameca, que en conjunto representan cerca de 4 millones de habitantes. También, con la actual localización de la caseta de cobro, se afecta a los miles de paseantes que los fines de semana transitan con sus vehículos automotores por esa "autopista" y que sólo comprende un recorrido de aproximadamente 2 kilómetros, que al hacer el pago del peaje, su salida es a la carretera federal México-Cuautla afectando también el libre transito de los vecinos de varios municipios del mismo estado y del de Morelos, quienes por ese corto trayecto tienen que contribuir con el peaje por uso de sólo unos dos kilómetros de autopista. la caseta número 71.

Esta caseta bien pudiera reubicarse a por lo menos 5 kilómetros posteriores a su actual localización, sobre el mismo sentido de la autopista México-puebla cobrando así, por la continuidad y uso de la autopista mas no por salir de un pequeño tramo recorrido; siendo que las unidades de transporte como: camiones pagan 27 pesos, los trailer 43 pesos, los trailer de doble remolque 64 pesos, autos 15 pesos. En este caso se debe de destacar que existen 10 unidades habitacionales de interés social en las que 5 de ellas son de enormes dimensiones de carácter urbano pero que por esto tienen que costear el pago de la vivienda, del automóvil que es indispensable para trasladarse a su trabajo hacia el DF, pagar gasolina, estacionamiento, comida y aún más la caseta de cobro número 71, de manera ordinaria.

La autopista México-Puebla tiene una longitud de 129 kilómetros con varias casetas de peaje y una capacidad de tránsito muy alta. Uniendo a la Ciudad de México, al estado de México y al de Puebla, pero sobresale el uso como vialidad primaria de pueblos y ciudades intermedias por lo que en sus primeros 30 kilómetros, este uso intenso requiere de un mantenimiento constante y de alta calidad, que en el presente no recibe con la regularidad deseada.

Cabe mencionar que, dentro de ese tramo de 30 kilómetros se viene ejecutando una ampliación de cuarto y quinto carril para aumentar la capacidad de rodamiento, con sus respectivas entradas y salidas a las zonas urbanas que existen al margen de ésta, esta ampliación se ejecuta con recursos federales y del fondo metropolitano.

La autopista en cuestión cuenta con varias casetas de cobro de peaje, la que nos ocupa tiene una afluencia de aproximadamente 50 mil vehículos diarios entre automóviles y camiones de gran tonelaje dejando una derrama económica de gran consideración aproximadamente de un millón de pesos diarios, cantidad que es superada los fines de semana.

Esta caseta donde se presenta esta polémica, por las condiciones en la que se encuentra, esta marcando un condicionamiento cultural a los habitantes ya que constituye un cerco a los municipios antes mencionados, afectando a sus habitantes y a los usuarios temporales o de paso, ya que esta caseta de cobro es una frontera interna de un conglomerado metropolitano.

Por lo expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo.

Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, para que consideren la presente propuesta, de eliminación de la caseta de peaje número 71 de Chalco, ya que esta caseta de cobro es perjudicial al presupuesto familiar de los habitantes de la zona oriente del estado de México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2009.

Diputado Armando Corona Rivera (rúbrica).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEDESOL A INSTAURAR MEDIANTE DICONSA UN PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS BASADO EN EL SISTEMA DE LICITACIÓN PÚBLICA, CON LAS CONDICIONANTES DE CALIDAD, PESO Y EMPAQUE QUE DICHA SECRETARÍA DETERMINE, Y A PERMITIR EL DESARROLLO DE NUEVOS AGENTES ECONÓMICOS REGIONALES, LICITANDO LAS COMPRAS PARA QUE SEAN ENTREGADAS EN LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE LA INSTITUCIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA ALBA LEONILA MÉNDEZ HERRERA Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita, diputada Alba Leonila Méndez Herrera, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo bajo los siguientes argumentos:

Diconsa, SA de CV, tiene como finalidad coadyuvar al fomento del desarrollo económico y social del país, garantizando el abasto de productos básicos y complementarios no perecederos a precios competitivos, a fin de que se satisfaga la demanda de la población en pobreza extrema, mediante su participación organizada.

Dentro de los objetivos de Diconsa destacan los siguientes:

Sus sistemas de compras aunque transparentes, no han logrado desarrollar agentes económicos que fortalezcan las economías regionales, ya que generalmente se compra a nivel central sin que haya una participación puntual de las economías locales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de ésta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Sedesol para que a través de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Diconsa, SA, se apliquee un Programa Anual de Compras basado en el sistema de licitación pública con las condicionantes de calidad, peso y empaque que la Secretaría de Desarrollo Social determine, para que de esta forma permita el desarrollo de nuevos agentes económicos regionales, licitando las compras para que sean entregados en los centros de distribución de la institución.

Palacio Legislativo de San Lázaro a los 10 días del mes de noviembre de 2009.

Diputados: Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica), Juan de Jesús Pascualli Gómez (rúbrica), Fernando Santamaría Prieto (rúbrica), Arturo Torres Santos (rúbrica); Enrique Octavio Trejo Azucara (rúbrica), Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica); Víctor Alejandro Balderas Vaquera, Alberto Esquer Gutiérrez, José Luis Íñiguez Gámez, Oralia López Hernández, Ramón Merino Loo, Juan de Jesús Pascualli Gómez (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo, Ricardo Sánchez Gálvez, Fernando Santamaría Prieto (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A BUSCAR MEDIANTE LA SEGOB Y LA CONAGUA UNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DEL RÍO LAJA, EN GUANAJUATO, QUE GARANTICE A LOS HABITANTES DE LAS ZONAS RIBEREÑAS QUE NO HABRÁ MÁS AFECTACIONES EN SUS TIERRAS Y DETENGA CUALQUIER DAÑO ECOLÓGICO, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO LEYVA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, diputado Gerardo Leyva Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Diversas comunidades de los municipios de Dolores Hidalgo, San Felipe y San Miguel de Allende, Guanajuato, enfrentan un grave problema por el deterioro del río Laja a consecuencia de la desmedida extracción de material pétreo que ha provocado daños ambientales, inundación de las parcelas de los ejidatarios, destrucción de infraestructura como caminos y puentes y enfrentamientos y represión contra hombres, mujeres y niños que han decidido defender su tierra.

Desde principios de la década de los años noventa varias empresas han extraído material pétreo del río Laja sin aportar beneficio alguno a la comunidad y afectando la vida diaria y los bienes de comunidades ribereñas como Ejido El Tajo, Ejido Río Laja, Peña Prieta, Los Otates, Ejido San José de Badillo, Rancho El Nacimiento, Ejido Rioyos, Comunidad de Vanegas, Paso de San Antonio, Soledad Antigua y El Espejo, entre otras.

A principios de esta década surgió una organización denominada "Amanecer del Río Laja", que participó en las movilizaciones para expulsar a las empresas que explotaban el afluente. Sin embargo, una vez logrado ese objetivo, esa misma organización, denominada ahora "Desarrollo Ecológico y Aprovechamiento Comunitario Sustentable, SC de RL de CV", logró una concesión de de la Comisión Nacional del Agua para explotar el mismo río que decían defender.

En un caso de flagrante traición a todos los principios que proclamaban transformó una organización de defensa ecológica en una empresa depredadora que utiliza maquinaria pesada para extraer enormes cantidades de material pétreo, dañar a las comunidades y generar graves problemas sociales en aras de ganancias económicas particulares.

Con fecha de 16 de enero de 2008 se expidió el permiso provisional para extraer para uso comercial 513,342.40 metros cúbicos de material pétreo en un tramo de 10,350.00 metros para un lapso de cinco años.

El 16 de diciembre de 2008 el C.P. Felipe Polo Hernández, director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, firmó el título definitivo de concesión.

El 13 de enero y apoyados por un dispositivo de seguridad que incluyó a cientos del elementos policiacos del estado de Guanajuato, inició la extracción del material. A partir de ese momento, se han suscitado diversos enfrentamientos.

Los pobladores temen que de continuar las operaciones, se cause un daño irreversible al río, se destruya la capacidad productiva de sus tierras y por ello han acudido ante las autoridades municipales, estatales y federales que de manera unánime han tomado partido a favor de la empresa.

El 29 de enero de 2009 se suscitaron diversos enfrentamientos entre los vecinos y un grupo de choque de la empresa con un saldo de varios vecinos heridos.

Situaciones semejantes se repitieron el 17 de febrero y el 12 de mayo de este año, además de otros enfrentamientos esporádicos.

El conflicto social ha seguido escalando con continuas enfrentamiento sin que los gobiernos estatal o federal hayan encontrado una solución al problema, ni hayan solucionado los temores de cientos de familias que sienten que están siendo despojados del más importante patrimonio ecológico con que cuenta su región: el agua del río Laja.

Los ciudadanos afectados acusan a la empresa Desarrollo Ecológico y Aprovechamiento Comunitario Sustentable, SC de RL, de incumplir de manera reiterada las condiciones de la Concesión al no tomar las medidas suficientes para evitar la afectación de las tierras ribereñas y, por lo tanto, acusan que están extrayendo mayores volúmenes de los autorizados.

Las comunidades afectadas hicieron llegar durante la anterior legislatura oficios y diversas solicitudes a legisladores integrantes de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Cámara de Diputados y al Senado. No obtuvieron respuesta. Igualmente dirigieron oficios al presidente de la República y al gobernador del estado. Tampoco recibieron satisfacción a sus demandas.

Resulta evidente que tanto la delegación de la Comisión Nacional del Agua en Guanajuato, como el gobierno del estado, no han mostrado capacidad para acercar a las partes, por lo que resulta urgente la intervención inmediata de las más altas autoridades federales a fin de evitar el escalamiento de la confrontación y dar seguridad a los habitantes de las comunidades ribereñas de que no se verán afectados por la extracción descontrolada y abusiva de la empresa mencionada.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a buscar a través de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional del Agua una solución al problema del río Laja que garantice a los habitantes de las zonas ribereñas que no habrá más afectaciones en sus tierras y se detendrá cualquier daño ecológico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2009.

Diputado Gerardo Leyva Hernández (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE JALISCO QUE ASIGNE EL ENVÍO PERIÓDICO O PERMANENTE DE PROFESIONALES DE LA ATENCIÓN PSICOEDUCATIVA Y PSICOSOCIAL EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL ESTADO, A CARGO DE LA DIPUTADA OLIVIA GUILLÉN PADILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La que suscribe, Olivia Guillén Padilla, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La dinámica de crecimiento de las ciudades y como consecuencia la obligada desintegración cada vez mayor de la familia mexicana y la baja en la calidad de vida por la crisis económica; nos enfrenta a nuevos y complicados problemas sociales. En los municipios del país pero especialmente en el estado de Jalisco esta situación no es ajena y con el paso del tiempo se ha traducido en una descomposición social de la población.

Esta situación no solo afecta a la familia como núcleo de la sociedad, sino penetra en el individuo y se refleja de manera negativa en su comportamiento como ser social; es por ello que los factores reproductores de la pobreza se ven favorecidos y nos expone a que en seis de cada diez familias jaliscienses habite la violencia intrafamiliar reproduciéndose de generación en generación.

Todos estos factores han propiciado el aumento de un problema social silencioso y alarmante que es el incremento de los trastornos de la conducta y la personalidad en los niños y jóvenes que tarde o temprano en la mayoría de los casos fomentan los índices de delincuencia juvenil, que incide en menores de 18 años y que se mide particularmente por el número de detenciones e infracciones a la ley de este sector de la población.

Por ello, cada vez se presentan más casos en menores infractores de entre 11 y 15 años, que en su mayoría resienten los problemas cotidianos de sus hogares y terminan por elevar las cifras de reprobación y deserción en los niveles primaria y secundaria de este estado.

Lo cual nos indica que estos jóvenes tienen necesidades tanto materiales como personales, por lo que se necesita cada vez más de personal profesionalmente competente para responder de manera oportuna y acertada a sus demandas educativas y sociales, ya que la situación social en la que se encuentran muchos niños, adolescentes y jóvenes los expone a situaciones de depresión grave, de trastornos del estado de ánimo, de periodos prolongados de ansiedad, impulsividad y sensación de desesperanza.

Analizar las principales manifestaciones alarmantes de la conducta en estos niños y jóvenes no es una tarea que debemos de dejar de lado o dejarla a los docentes de estos dos niveles de estudio.

Por este motivo es urgente la necesidad de intervenir en el centro escolar y solicitarle a las autoridades educativas de Jalisco que atiendan este problema que se está presentando en las escuelas primarias y secundarias del estado de Jalisco, a través del envío periódico y/o permanente de personal especializado en la orientación psicoeducativa y psicosocial que integren una labor preventiva ante la aparición de comportamientos negativos en este sector tan importante de la población y que constituye un tema de relevancia social indiscutible.

No hay que olvidar que la escuela junto con la familia constituyen los más importantes agentes educativos y socializadores en los jóvenes, por lo que en ninguno de los dos espacios se debe inadvertir el aumento y la intensidad del riesgo para este sector y que por el contrario se deben favorecer de manera positiva los factores de socialización.

Con este esfuerzo importante estaríamos identificando y eliminando las principales motivaciones o causales de estos trastornos en los niños y jóvenes de los niveles de primaria y secundaria en forma oportuna, lo que nos permitiría garantizar una prevención y atención efectiva basada en sus necesidades reales, tratando de anticiparse a la formación de estructuras tanto en los niños como en la comunidad-sociedad favorecedoras de estos patrones nocivos de conducta.

La prevención general y social, desde las primarias y las secundarias seria un avance muy importante en la intención de combatir las causas de este problema desde una perspectiva global y no aislada como se ha venido haciendo, dentro de una estrategia de creación y reforzamiento de los mecanismos de socialización entre los niños y jóvenes ante la sociedad.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al titular de la Secretaría de Educación de Jalisco, que se asigne el envío periódico o permanente, o ambos, de profesionales de la atención psicoeducativa y psicosocial en las escuelas primarias y secundarias del estado de Jalisco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre del 2009.

Diputada Olivia Guillén Padilla (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 SE INCORPORE UN ANEXO CON LOS RECURSOS QUE LAS DEPENDENCIAS O LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL EJERCERÁN PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Las que suscriben, diputadas de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La sociedad civil se ha venido organizando en México desde hace años y es ahora protagonista en los temas centrales del país: derechos humanos, preservación del medio ambiente, educación, asistencia social a los más desfavorecidos, salud, seguridad pública, entre otros.

En un régimen democrático como en el que vivimos, las personas con iniciativas a favor de los demás y de mejora de su entorno deben contar con la libertad para organizarse y desarrollar sus potencialidades para el beneficio de la comunidad en la que se desenvuelven.

Sin embargo, la sociedad civil organizada en México ha tenido un lento desarrollo. Según el estudio de la Universidad Johns Hopkins que incluye a 36 países, desarrollados y no desarrollados, de América Latina, Europa y África, la sociedad civil en México presenta las siguientes características:

Ante esto se ha hecho imperativo desarrollar políticas de fomento que promuevan un mayor asociacionismo entre los mexicanos. De tal suerte con la promulgación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2004, se establece en su artículo 13 que las dependencias y las entidades de la administración pública federal podrán fomentar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil a través del otorgamiento de apoyos y estímulos para los fines de fomento que correspondan.

De acuerdo a los informes anuales de las acciones de fomento y de los apoyos y estímulos otorgados por dependencias y entidades de la administración pública federal a favor de organizaciones de la sociedad civil (OSC) correspondiente a 2007 y 2008, el monto de los apoyos y estímulos económicos otorgados a las organizaciones fue de 2 mil 201 millones 282 mil 340 pesos y de 4 mil 670 millones 676 mil 739 pesos, respectivamente.

En el Informe anual de dependencias y entidades 2007² al 31 de marzo de 2008 se contabilizó un total de 87 informes recibidos del mismo número de entidades unidades responsables pertenecientes a 16 dependencias, la Procuraduría General de la República, 1 organismo autónomo y 4 descentralizados, que realizaron acciones de fomento o que otorgaron apoyos y estímulos a las OSC durante el ejercicio fiscal de 2007. Asimismo, se reportaron 51 programas y 76 acciones de fomento, que incluyen apoyos económicos, en especie, capacitación, asesoría, difusión, concertación y coordinación, servicios, entre otros.

De igual manera, en el Informe anual de dependencias y entidades 2008³ al 27 de febrero de 2009 se contabilizó un total de 87 informes recibidos del mismo número de entidades y unidades responsables pertenecientes a 15 dependencias, la Procuraduría General de la República, 1 organismo autónomo y 4 descentralizados, que realizaron acciones de fomento o que otorgaron apoyos y estímulos a las OSC durante el ejercicio fiscal de 2008. Asimismo, se reportaron 58 programas y 106 acciones de fomento, que incluyen apoyos económicos, en especie, capacitación, asesoría, difusión, concertación y coordinación, servicios, entre otros.

Por lo anterior, se considera conveniente contar con mecanismos claros para detectar y darle seguimiento puntual a los recursos dirigidos al fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil de carácter ciudadano, y los que se dirigen a organizaciones que funcionan como agentes colaboradores del gobierno.

Uno de esos mecanismos es la inclusión de un anexo específico en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 para los recursos destinados al fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. Lo que permitiría conocer con certeza los montos que cada una de las dependencias o entidades de la administración pública federal ejercen en la materia, y darles seguimiento para una mejor transparencia en su aplicación.

Lograr la incorporación del anexo que se propone derivaría en diversos beneficios, entre los que podemos mencionar los siguientes:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se incorpore un anexo con los recursos que ejercerán las dependencias o entidades de la administración pública federal para el fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, establecidas en el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Notas
1. http://www.filantropia.itam.mx/objetivos/objetivos.html
2. http://www.corresponsabilidad.gob.mx/recursos/pdf/Informe%20Anua1%20Dep%202007%20CUENTA%20PUBLlCA pdf
3. http://www.corresponsabilidad.gob.mx/recursos/pdf/Informe%20Anual%20Dep%202008%20CUENTA%20PUBLlCA.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2009.

Diputadas: Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (rúbrica), María Marcela Torres Peimbert (rúbrica), Laura Elena Estrada Rodríguez (rúbrica), María Joann Novoa Mossberger (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat, María Yolanda Valencia Vales (rúbrica), Tomasa Vives Preciado (rúbrica).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LOS RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PAÍS QUE CREEN ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS HIJOS DE LAS ESTUDIANTES DE ESAS INSTITUCIONES, CON EL PROPÓSITO DE EVITAR LA DESERCIÓN Y BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO EDUCATIVO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Quién suscribe, Martha Elena García Gómez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los rectores de las universidades públicas del país la creación de estancias infantiles destinadas a brindar el servicio de guardería para las hijas y los hijos de las estudiantes de estas instituciones con el propósito de evitar su deserción y brindar apoyo en el desarrollo educativo de las mismas, conforme a las siguientes

Consideraciones

En México, de acuerdo con las cifras del segundo Conteo Nacional de Población y Vivienda 2005, elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, habitan 103,263,388 (ciento tres millones, doscientos sesenta y tres mil, trescientos ochenta y ocho), personas de las cuales 33,774,976 (treinta y tres millones, setecientos setenta y cuatro mil, novecientas setenta y seis), son jóvenes entre 12 y 29 años de edad; lo que representa 32.7% de la población. De esta población juvenil 48.52% son varones y 51.48% son mujeres.

De la población joven, 24.7% asiste a la escuela. Por edad desplegada, a los 15 años el porcentaje asciende a 65.6% y disminuye en las edades siguientes, de tal manera que a los 17 años asiste 45.4%; a los 19 años, 29.9%, y a los 22 años 17.6%. El porcentaje de asistencia escolar de los hombres jóvenes es de 26.1% y en las mujeres de 23.5 por ciento. La mayor diferencia entre las tasas de asistencia de hombres y mujeres ocurre a los 22 años, donde 15.1% de los hombres y 11.8% de las mujeres asisten a la escuela. El promedio de escolaridad de los hombres jóvenes es de 8.6 años por 8.5 años de las mujeres. 23% algún año aprobado en educación media superior y 10.5% en educación superior o postgrado.

Hacemos mención a estos datos porque vamos a referirnos a uno de los problemas que influyen notoriamente en la deserción escolar de las mujeres, y de manera particular en la deserción escolar de las madres estudiantes, planteando una propuesta de apoyo que les permita continuar y terminar su carrera profesional, permitiéndoles a futuro, un mejor desarrollo personal, profesional y sobre todo eliminar obstáculos que limiten la equidad entre los géneros.

La carencia de recursos y la necesidad de contribuir económicamente al sostenimiento familiar son otros de los factores primordiales por los que las y los jóvenes dejan de estudiar y explican en alrededor de 35% la deserción escolar que ocurre entre la juventud. Asimismo, el embarazo, el matrimonio y la falta de apoyo familiar, contribuyen en un 14% a que las jóvenes dejen los estudios. Es importante resaltar que los factores descritos con anterioridad afectan en mayor medida a las mujeres que a los varones. Por ejemplo la falta de recursos representa el 19% de los motivos por los que los varones abandonan los estudios, mientras en la población femenina alcanza el 35%.

Cuando se habla de embarazo y jóvenes, estamos hablando de cotidianidad, hablamos de cosas que van más allá de una etapa del desarrollo y la reproducción biológica. Aunado a esto el problema de la continuidad escolar de estudiantes que se embarazan, que se convierte también en una preocupación de las autoridades educativas.

De esta manera, cuando una joven en edad escolar se embaraza tiene por doble partida elementos que complican su permanencia en la escuela, considerando que el embarazo en mujeres jóvenes menores de 20 años conllevan un alto riesgo a la salud que se potencializa cuando existe un estado de desnutrición.

En general, la limitada participación de las mujeres en la vida pública está relacionada con la división sexual del trabajo, con la responsabilidad en el cuidado de los hijos, la carencia de una infraestructura social que la auxilie en sus tareas, así como la doble o triple jornada que implica el estudio, el empleo asalariado y las tareas domésticas. A ello, se suman organizaciones, y concepciones sociales que reproducen las prácticas de exclusión y discriminación de género que obstaculizan aún más el avance de las mujeres.

Cuando una joven estudiante decide continuar en la escuela, en no pocas ocasiones recurrirá a solicitudes de justificación de ausencia o retardo, permisos, bajas o distanciamientos definitivos que se originan en problemas de índole doméstico como; enfermedad de las y los hijos, o la atención de diversos problemas familiares que deberán ser resueltos por ellas, ya que en la mayoría de los casos no cuentan con apoyo familiar o institucional. Esto, a la vez, origina en las jóvenes procesos de angustia, miedo, baja autoestima e inseguridad entre otros y que necesariamente, se reflejan en la ruptura y abandono de proyectos de vida personal.

En nuestro país, las oportunidades en el terreno educativo para las mujeres han mejorado significativamente, logrando ver un número mayor de ellas en las aulas de los diferentes niveles escolares, pero aún se requiere de apoyos que le permitan la realización de sus metas en una adecuada combinación con el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

Debemos abonar para reducir la brecha de desventaja que sufren las madres jóvenes estudiantes, con respecto al resto del universo estudiantil, de acuerdo con su natural situación, al compromiso y al esfuerzo que implica ser madre que carece del apoyo necesario para el cuidado de sus hijos, y para destinar adecuadamente el tiempo que requieren el resto de sus tareas.

Por ello, proponemos que las instituciones educativas coadyuven y apliquen soluciones para garantizar apoyos a las madres jóvenes estudiantes que deben cumplir con las actividades relativas a su maternidad y de estudiantes a la vez, estableciendo estancias infantiles que les permita dejar a sus niñas y niños en un lugar adecuado para su desarrollo, y así poder de manera segura y confiada, avanzar en sus estudios.

Esto contribuye a evitar la deserción estudiantil y preserva además la matrícula escolar de las mujeres que siendo madres desean continuar con su desarrollo personal obteniendo su título profesional, pues reconocemos que la educación es la variable más importante para generar riqueza y progreso, por lo que, ninguna estudiante que tenga hijos –por este hecho– debe quedar al margen de su acceso.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a los rectores de las universidades públicas del país, la creación de estancias infantiles destinadas a brindar el servicio de guardería para las y los hijos de las estudiantes de tales instituciones con el propósito de evitar su deserción y brindar apoyo en el desarrollo educativo de éstas.

Diputada Martha Elena García Gómez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SCT A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA UBICACIÓN, EL FUNCIONAMIENTO Y LA SUPERVISIÓN DE LOS PUNTOS DE VERIFICACIÓN EXISTENTES EN EL PAÍS; Y A LOS GOBIERNOS ESTATALES, A DETERMINAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE QUE SE CUMPLAN LOS REGLAMENTOS RELATIVOS A LA CIRCULACIÓN EN LOS CAMINOS Y PUENTES DE SU JURISDICCIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO CUAUHTÉMOC SALGADO ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En toda la República Mexicana encontramos diversidad de problemas que aquejan a la población; el mal estado de las carreteras es algo cotidiano con lo que lidiamos día a día, tornándose en una incomodidad; siendo esto, un factor de riesgo importante que pone en peligro el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país; ya que no debemos olvidar que las vías de comunicación son el enlace más importante para cualquier productor del mundo.

En la actualidad es grave el deterioro que presentan las carreteras debido a la mala calidad en la construcción de éstas y al uso indebido representado principalmente, por las cargas excesivas en muchas de las unidades de transporte pesado que circulan por las vías, provocando así, que sólo el 27% de las carreteras federales se encuentren en buen estado.

La vulnerabilidad de los parámetros establecidos en el Reglamento Sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, así como en la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008, ha provocado que se haya visto mermada la seguridad de los usuarios que utilizan estas vías de comunicación; los datos más recientes arrojaron un total de 30 mil 551 accidentes anuales, con un costo de 515.2 millones de pesos en pérdida; desafortunadamente son números que van en aumento año con año, sin que hasta la fecha se hayan implementado políticas públicas que den mejoría a esta problemática.

El simple mantenimiento de las carreteras, no basta para reducir los números rojos en los que nos encontramos, ni para satisfacer el reclamo constante de los ciudadanos, ya que así se atiende solamente al problema de forma; lo que se debe buscar es dar cumplimiento eficaz a las disposiciones expresas en los reglamentos propios de la materia.

A consecuencia de este problema, también se ha debilitado el comercio interno y externo del país, afectando en gran medida a las actividades que mueven la economía de cada región, por ser las carreteras, la columna vertebral del flujo de capital y principal forma de enlace entre los pueblos y en algunos casos la única.

El detrimento de éstas, debilita la aceleración de las actividades económicas, como la industria, el turismo, el comercio, la agricultura, ganadería, entre otros, lo cual les impide extender sus productos a las zonas urbanas, debido a la dificultad con la que se enfrentan para su traslado, contribuyendo a que 54.8 millones de mexicanos vivan en la pobreza, esto es el 51% de la población total del territorio nacional.

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que no existe equilibrio entre los gastos por el mantenimiento de las carreteras y los recursos que en el presupuesto son destinados para el buen funcionamiento de éstas, ya que el período de vida para el que son programadas, se ha visto disminuido por el mal uso que se les ha dado.

La ineficacia en la operatividad de los reglamentos que atienden el tránsito federal, se muestra con la notable circulación de vehículos con exceso de carga que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal; lo cual, trae como consecuencia el deterioro rápido y progresivo del pavimento, provocando grietas, baches, ondulaciones y demás desperfectos que dificultan el tránsito vehicular y contribuye a que los accidentes viales se hayan incrementado de manera acelerada en los últimos años, hasta llegar a ser una de las principales causas de muerte en nuestro país.

La inconsciencia de ciertos grupos de la sociedad, que con el fin de obtener ventajas económicas, infringen los reglamentos establecidos por el gobierno, al circular con exceso de peso y medidas en las carreteras federales, violan nuestros derechos como usuarios, al propiciar el incremento precipitado en el deterioro de las vías de comunicación.

Las carreteras han sido de primordial trascendencia en el crecimiento de todos los países desarrollados y esto se puede comprobar con el hecho de que todos ellos cuentan con carreteras sanas y eficientes.

En una época de crisis por la que está atravesando nuestro país, es indispensable contar con infraestructura carretera en excelentes condiciones, para lograr un mejor nivel de vida; ya que se ha tornado en una necesidad latente para impulsar el sano desarrollo de las regiones, sobre todo para las zonas marginadas, al ser éstas, el sector de la población más desamparado del gobierno del estado y la iniciativa privada, debido a la dificultad que representa el acercamiento a dichas zonas.

Es por esto, que el suscrito diputado federal manifiesta su preocupación por atender esta problemática, que como anteriormente se expuso, entorpece el crecimiento de toda nación, por lo cual se exhorta a los tres niveles de gobierno a trabajar en pro de esta situación.

De esta manera y con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva que someta a consideración de este Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar a esta soberanía sobre la ubicación, funcionamiento y supervisión de los puntos de verificación que existen en el país; y de igual forma se exhorta a los gobiernos estatales, para que determinen las medidas necesarias, a fin de que se cumpla con los reglamentos establecidos que rigen la circulación en los caminos y puentes de su jurisdicción.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2009.

Diputado Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A NO DISMINUIR Y, EN SU CASO, A INCREMENTAR –CONFORME A LA NECESIDADES PRIORITARIAS– EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS Y LAS ACCIONES DIRIGIDOS A LA ATENCIÓN DE LOS GRUPOS VULNERABLES, SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Las suscritas, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento por lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que los recursos que se asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, para los programas y acciones dirigidos a la atención de los grupos vulnerables, no sean disminuidos y, en su caso, se incrementen conforme a sus necesidades prioritarias, con base en las siguientes

Consideraciones

La discriminación de grupos vulnerables es un fenómeno social cuya erradicación requiere de la colaboración de los diversos órdenes de gobierno a través de la implementación de mecanismos que garanticen y vigilen la protección de sus derechos. Todavía nos hace falta avanzar efectivamente en la aplicación de la justicia, en la confianza en las instituciones, en la transformación cultural y educativa de nuestra sociedad. Si bien es cierto, que hemos logrado importantes avances en materia legislativa y de política pública, también lo es que hacen falta acciones que contribuyan a contrarrestar las inequidades y la discriminación de todo tipo.

La discriminación la sufren principalmente las personas con discapacidad, las niñas, niños y adolescentes, y en general las familias y población vulnerable; por lo que son estos sectores de la sociedad los que requieren de más acciones de apoyo por parte de las autoridades y de la sociedad en su conjunto.

No hay que olvidarnos de que nuestro país ha ratificado numerosos instrumentos internacionales contra diversas formas de discriminación, violencia, y violación de los derechos humanos, en sus diferentes modalidades, para garantizar el respeto de los derechos de estos grupos vulnerables y lograr una mayor igualdad de oportunidades.

Además de ello, existe un marco legal vigente en la materia que se ha venido actualizando de acuerdo con esos ordenamientos internacionales, y considerando las demandas y necesidades de estos sectores de la sociedad. No obstante, debemos estar concientes que a la par de estos avances legislativos, se tienen que concretar acciones, proyectos y programas que tengan impactos positivos en el nivel de vida de sus beneficiarios.

En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) establece como uno de sus objetivos: "Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud."

Al respecto, una de las estrategias fundamentales para lograr la igualdad de oportunidades para los sectores vulnerables de la población, es la que se incluye también en el PND, y que establece que se debe otorgar apoyo integral a las personas con discapacidad para su integración a las actividades productivas y culturales, con plenos derechos y con independencia.

Otras de las estrategias que prevé este documento rector de la política nacional de desarrollo y que es importante tener presentes son las siguientes: Fortalecer los proyectos de coinversión social entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil enfocados a la atención de grupos vulnerables; Avanzar en el concepto de seguridad social para ampliar el alcance y cobertura de los programas de gobierno enfocados a la protección de grupos vulnerables; Identificar oportunamente a los niños y adolescentes en riesgo de calle; Dar prioridad a las vertientes de apoyo alimentario y nutricional de los programas del gobierno con responsabilidades en esta materia, entre otras.

Compañeras y compañeros legisladores, para lograr cumplir con estos objetivos y estrategias hacen falta, además de un marco legal eficiente y aplicable, políticas públicas que deriven efectivamente en beneficios para la población, y recursos suficientes para su ejecución.

Es un hecho que los apoyos gubernamentales son fundamentales para los grupos de población más vulnerables de la sociedad. Se debe atender a esos grupos que no han sido incorporados a los beneficios de las políticas públicas. Existen miles de personas pertenecientes a esos sectores que no tienen otro medio de obtener apoyo a su condición, y a su vida diaria que no sea por medio de programas gubernamentales.

Para Acción Nacional es importante que este exhorto que presentamos a través de la presente proposición se vea reflejado en el presupuesto que se apruebe para el próximo ejercicio fiscal. Estamos convencidos que debemos trabajar para minimizar el impacto de la crisis económica internacional en los programas sociales destinados a garantizar el desarrollo social de niños, mujeres, jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad e indígenas.

Por ello, vemos con preocupación que en el proyecto de Egresos de la Federación 2010 se ven afectados diversos programas que buscan beneficiar a estos sectores de la población.

Uno de los programas que presenta disminución en su presupuesto es el Programa de Atención a Personas con Discapacidad, el cual disminuye en un 92.9 por ciento, al pasar de 486.5 millones de pesos para el 2009, a 34.4 millones de pesos para 2010. El Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, disminuye en 88 por ciento, toda vez que se reducen a 78.2 millones de pesos los 662.4 millones de pesos aprobados para el 2009.

El Programa de Educación para Personas con Discapacidad pasa de 100 millones de pesos asignados para 2009, a 75 millones de pesos en 2010, es decir, disminuye un 25 por ciento. Las Acciones de Educación para Discapacitados que tienen asignados 100 millones de pesos para este 2009, no presentan asignación de recursos para el 2010. Por su parte, el presupuesto asignado al Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable, se reduce en un 40 por ciento, al pasar de 644.1 millones de pesos que se le asignaron en 2009, a 382 millones de pesos que se proponen para 2010.

Por todo ello, hoy venimos a presentar a esta soberanía esta proposición con punto de acuerdo para que los recursos dirigidos a la atención de los grupos vulnerables no sean disminuidos en el Presupuesto de Egreso de la Federación para el ejercicio fiscal 2010. Y en los programas y acciones que se requiera fortalecer los recursos asignados, se haga para no poner en riesgo el cumplimiento de sus metas y objetivos, siempre dentro de los márgenes de la disponibilidad y restricción presupuestaria actual.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que los recursos que se asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, para los programas y acciones dirigidos a la atención de los grupos vulnerables, no sean disminuidos, y en su caso, se incrementen conforme a sus necesidades prioritarias.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 10 de noviembre de 2009.

Diputados: María Joann Novoa Mossberger (rúbrica), Laura Margarita Suárez González, Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), Carlos Bello Otero (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Velia Idalia Aguilar Armendáriz (rúbrica), María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Ana Elia Paredes Arciga (rúbrica), Marcela Torres Peimbert.
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS A FIJAR PARA 2010 UN INCREMENTO SALARIAL DE AL MENOS 6.5 POR CIENTO; Y A ESTA SOBERANÍA, A CONSTITUIR UN GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE ELABORAR LAS REFORMAS NECESARIAS A EFECTO DE QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS ESTABLEZCA LOS INCREMENTOS, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN JIMÉNEZ LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, Ramón Jiménez López, diputado federal a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

La paz social se está volviendo una verdadera utopía, en el marco de una política instrumentada desde el gobierno federal que opta de manera sistemática por desconocer los derechos del pueblo, por arrinconarlo en el papel de perdedor. Muy por el contrario, la política debe ser la construcción de equilibrios en el marco de la justicia.

En ese orden de ideas, cada vez es más sentido el reclamo de que los aumentos a los salarios mínimos, sean fijados por la Cámara de Diputados, en virtud de ser factor esencial para la economía nacional y la justicia social.

En tanto se aprueban las reformas necesarias al efecto, urge que el incremento a los mínimos para el 2010, que habrá de fijar en unas semanas la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, no sólo ya no quede a la zaga de la inflación como ya se ha hecho costumbre, sino sea superior a ésta en uno o dos puntos porcentuales a efecto de que el salario vaya recuperando la pérdida que ha acumulada y, que de 1982 al 2009 alcanza el 82.17%, de acuerdo con el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM. Deterioro que se agravará aún más como consecuencia del inconstitucional paquete fiscal recientemente aprobado.

Es mentira que ya nadie percibe el salario mínimo en el país, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al segundo trimestre del presente, 5,622,317 personas ganan el mínimo. Si a estas sumamos los trabajadores que obtienen hasta tres salarios mínimos, nos encontramos con casi 24 millones de trabajadores, representativos del 54.9% del total de la población ocupada. De esto se desprende que el aumento a los mínimos define los niveles de bienestar o de hambruna de la mayoría de la población.

Por otra parte, el aumento a los mínimos sirve como referencia a los aumentos contractuales, sacrificados por topes injustos e inconstitucionales. Imposible que las variables macro económica se sigan sosteniendo básicamente sobre el sacrificio salarial de los trabajadores.

Es también indispensable un incremento justo a los mínimos si partimos de que el desempleo sigue aumentando de manera desenfrenada, la tasa a septiembre de este año nos habla de 6.41%, para un total de 2 millones 930 personas sin trabajo. Sólo en el último año se han perdido 540,000 empleos formales, según reporte del IMSS. Es evidente que a mayor desempleo, el salario percibido por los trabajadores en activo debe compartirse con un mayor número de personas.

La contracción económica esperada para este año será de más del 7%, por lo que urge hasta para fines meramente económicos, para impulsar el dinamismo económico, otorgar un mejor incremento a los mínimos, ya que son decisivos para definir la dimensión del mercado interno.

Por lo que hace a la canasta básica recomendable, ha sufrido un incremento en sus precios de 67.16% sólo en los primeros 25 meses de gobierno de Felipe Calderón. La participación del salario en el producto nacional apenas representa el 27% frente al 47% de hace 25 años.

Y bien, nos encontramos que para el 2009, se espera una inflación anual de más del 4%, del 4.17 hasta 4.5%, según la fuente; por lo que proponemos que el incremento a los mínimos para el 2010 sea por lo menos del 6.5%.

Este incremento permitirá avanzar un poco en el combate a la pobreza padecida por más del 50% de los mexicanos. Pero sobre todo, permitirá que se avance hacia el respeto de lo ordenado por nuestra Constitución Federal, en su artículo 123, apartado "A", que como se ha repetido una y otra vez, ordena:

"Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para promover a la educación obligatoria de los hijos…" Esto se ratifica en la Ley Federal del Trabajo.

Hemos llegado a un nudo histórico, en el que cumplir con los mínimos legales, parece ya un imposible. Esto es inadmisible y, como representantes populares debemos hacer uso de todas nuestras atribuciones, para hacer realidad la justicia social a favor de nuestro pueblo, lo cual además constituye un mandato social.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a fijar un aumento a los salarios mínimos para el 2010 de al menos 6.5%, no sólo viendo el bienestar de la inmensa mayoría de los mexicanos que viven de su trabajo, sino para impulsar el crecimiento económico y la paz social. De manera que a partir de ahora se dé inicio a un proceso para abatir la pérdida acumulada por estos salarios.

Segundo. Se exhorta al Pleno de esta honorable Cámara de Diputados a crear un grupo de trabajo que elabore el paquete de reformas necesarias, a fin de que sea esta misma Cámara la que determine los incrementos a los salarios mínimos. Suprimiéndose a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, por haber incumplido de manera sistemática su obligación constitucional de fijar salarios dignos a favor de los trabajadores.

Palacio Legislativo de San Lázaro 10 noviembre de 2009.

Diputado Ramón Jiménez López (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS QUE RINDA UN INFORME DETALLADO, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DÍAS NATURALES, SOBRE EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES EN MATERIA DE CONTROL SANITARIO DE LA PUBLICIDAD QUE CONTENGA LOS PERMISOS AUTORIZADOS Y DENEGADOS, LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES EN QUE SE HAN IMPUGNADO SUS NEGATIVAS Y EL SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES RECAÍDAS A ÉSTOS, LAS SANCIONES QUE HA APLICADO, INCLUIDOS LOS SUJETOS SANCIONADOS, Y LAS MULTAS COBRADAS, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS MARÍA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los suscritos, diputados federales a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo que tiene su origen en las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 4o. el derecho a la protección de la salud como una garantía individual. La salud pública es un elemento fundamental en el Estado moderno, ya que ninguna nación puede considerarse verdaderamente democrática si carece de las instituciones e instrumentos necesarios para hacer efectivo a la mayoría de la población el acceso a la salud.

En este sentido, la denominada salubridad pública o general corresponde a la parte del derecho a la protección a la salud que se otorga mediante prestaciones realizadas por el Estado en favor de las personas que integran la colectividad. El artículo 3o. de la Ley General de Salud establece un catálogo de materias que se estiman de salubridad general, entre las que se enumera el control sanitario de la publicidad.

Por su parte, en términos de lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es atribución de la Secretaría de Salud actuar como autoridad sanitaria y ejercer las facultades en materia de salubridad general, así como vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

En lo que toca a la publicidad, el artículo 300 de la Ley General de Salud dispone que "con el fin de proteger la salud pública, es competencia de la Secretaría de Salud la autorización de la publicidad que se refiera a la salud, al tratamiento de las enfermedades, a la rehabilitación de los inválidos, al ejercicio de las disciplinas para la salud y a los productos y servicios a que se refiere esta ley. Esta facultad se ejercerá sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia confieran las leyes a las Secretarías de Gobernación, de Educación Pública, de Comercio y Fomento Industrial, de Comunicaciones y Transportes, y otras dependencias del Ejecutivo federal".

En los artículos 17, 17 Bis 1 y 17 Bis 2 de la Ley General de Salud se establece que las atribuciones de regulación, control y fomento sanitario se ejercerán por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que es un órgano desconcentrado con autonomía administrativa, técnica y operativa, a cuyo frente se encuentra un comisionado federal designado por el presidente de la república, a propuesta del secretario de Salud, que se encuentra supervisado por la Secretaría de Salud.

La Cofepris es entonces la autoridad competente en materia de control sanitario de la publicidad a nivel federal. Mientras que atendiendo a lo dispuesto en el artículo 301 de la Ley General de Salud, así como a lo contemplado en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, es objeto de autorización sanitaria la publicidad que se realice sobre la existencia, calidad y características, así como para promover el uso, venta o consumo en forma directa o indirecta de los siguientes productos y servicios: insumos para la salud; alimentos, suplementos alimenticios y bebidas no alcohólicas; bebidas alcohólicas y tabaco; medicamentos y remedios herbolarios; equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos y de curación y productos higiénicos; productos de perfumería y belleza; servicios y procedimientos de embellecimiento; plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas; y, productos biotecnológicos.

Por su parte, en términos del reglamento citado por publicidad se debe entender "la actividad que comprende todo proceso de creación, planificación, ejecución y difusión de anuncios publicitarios en los medios de comunicación con el fin de promover la venta o consumo de productos y servicios". Y dicha publicidad se puede realizar a través de diversos medios de difusión como son "la televisión, cine, radio, espectacular, laterales de transporte, anuncios luminosos, carteles, prensa, revistas, correo directo, catálogos, folletos, volantes, material de punto de venta, así como a cualquier otro medio de comunicación, sea impreso, electrónico, telefónico, informático, de telecomunicaciones o mediante otras tecnologías".

Un elemental análisis de las normas referidas nos permite apreciar con claridad la amplitud e importantes implicaciones que tiene el control sanitario de la publicidad en nuestro país. Asimismo, nos exhibe también el magro ejercicio de sus facultades en esta materia por parte de la Cofepris.

Si se revisan algunas de las normas aplicables a ciertos productos y servicios, de inmediato se ve que un importante número de mensajes difundidos de tales productos y servicios transgreden flagrantemente las disposiciones aplicables, sin que la autoridad sanitaria ejerza sus atribuciones al respecto.

En efecto, el artículo 306 de la Ley General de Salud dispone los requisitos a los que debe ajustarse la publicidad de los productos y servicios mencionados, entre los que destacan que la información contenida en el mensaje sobre calidad origen, pureza, conservación, propiedades nutritivas y beneficios de empleo deberá ser comprobable; que el mensaje deberá tener contenido orientador y educativo; y, que el mensaje no deberá inducir a conductas, prácticas o hábitos nocivos para la salud física o mental que impliquen riesgo o atenten contra la seguridad o integridad física o dignidad de las personas, en particular de la mujer.

En otras disposiciones de la citada normatividad sanitaria se señala que la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas deberá incluir en forma visual, auditiva o visual y auditiva, según sea para impresos, radio o cine y televisión, respectivamente, mensajes precautorios de la condición del producto o mensajes promotores de una alimentación equilibrada; así como que la publicidad de bebidas alcohólicas no podrá asociar a estos productos con ideas o imágenes de mayor éxito en la vida afectiva y sexualidad de las personas, o hacer exaltación de prestigio social, virilidad o feminidad, como tampoco asociarlos con actividades creativas, deportivas, del hogar o del trabajo, ni emplear imperativos que induzcan directamente a su consumo.

No obstante toda esta normatividad vigente, basta ver los anuncios que de estos y otros productos se difunden a lo largo del día en diversos medios de comunicación para percatarnos que en un buen número de casos ocurre precisamente lo contrario. Las violaciones a las disposiciones que regulan el control sanitario de la publicidad en México son frecuentes y constantes, sin que la Cofepris como autoridad competente haga algo al respecto.

Por ello, y para que esta asamblea cuente con elementos suficientes para evaluar el desempeño de la Cofepris y, en su caso, tomar las medidas legislativas que estime pertinentes para su eficaz ejercicio en materia de control sanitario de la publicidad, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicite a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios rinda un informe detallado, en un plazo no mayor a 30 días naturales, sobre el ejercicio de sus facultades en materia de control sanitario de la publicidad, en el que se incluyan, en forma enunciativa más no limitativa, una relación que abarque los últimos tres años y que contenga los permisos autorizados y negados; los procedimientos jurisdiccionales en que se han impugnado sus negativas y el sentido de las resoluciones recaídas a los mismos; las sanciones que ha aplicado incluyendo a los sujetos sancionados; y, las multas que efectivamente se han cobrado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2009.

Diputados: Jesús María Rodríguez Hernández, Alfredo Francisco Lugo Oñate, Reginaldo Rivera de la Torre (rúbricas).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A NO DISMINUIR EL REQUERIMIENTO DE RECURSOS DEL EJECUTIVO FEDERAL CONTENIDO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010 DESTINADO A LOS PROGRAMAS OPORTUNIDADES Y DE APOYO ALIMENTARIO, A FIN DE QUE MILLONES DE MEXICANOS EN SITUACIÓN DE POBREZA TENGAN GARANTIZADO EL ACCESO A LA SALUD, EDUCACIÓN Y ALIMENTACIÓN, SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Suscrito por diputados del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional e integrantes de la Comisión de Desarrollo Social en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

El programa Oportunidades es uno de los más amplios y exitosos programas de alivio de la pobreza en América Latina y el Caribe, cuyo principal objetivo ha sido contribuir al bienestar de las familias de escasos recursos a través de una estrategia que comprende la salud, educación y nutrición. Su meta principal es atacar los factores estructurales que inciden en la pobreza para aliviar sus consecuencias inmediatas e interrumpir su transmisión intergeneracional.

Como bien es sabido, el programa otorga suplementos de alimentación, atención médica gratuita, becas para los niños y una transferencia monetaria. El programa entrega transferencias mensuales de 385 pesos en efectivo considerando únicamente el apoyo alimentario, el energético y el denominado "vivir mejor". Elmonto de las becas varía de acuerdo con el grado escolar. Una familia con becarios en primaria y secundaria puede recibir hasta mil 455 pesos y una familia con becarios en primaria, secundaria y educación media superior percibirá un monto de 2 mil 345 pesos.

Desde el año 2004, la cobertura de Oportunidades se extendió a 5 millones de familias, esto es, alrededor de 25 millones de personas que no sólo habitan en zonas rurales sino también de localidades semiurbanas y urbanas. Se incrementó también el número de servicios: acceso al ahorro, servicios de crédito y sistema de seguridad social. Desde el inicio del programa Progresa y actualmente con el programa Oportunidades, la familia continúa siendo el grupo objetivo; sin embargo, en el presente existe también atención focalizada en subgrupos, como la atención a los adultos mayores.

Actualmente Oportunidades beneficia a 5.2 millones de familias, distribuidas en 95 mil 591 localidades, en todos los municipios en las 31 entidades federativas de la República Mexicana y en el Distrito Federal; 85 por ciento de las familias se ubican en localidades rurales (incluye las familias de localidades semiurbanas), y 14.9 por ciento en localidades urbanas. Atiende a 5 millones 42 mil 128 becarios y a 63 mil 666 adultos mayores. De las 5.2 millones de familias atendidas, un millón 314 mil 319 corresponden a familias que habitan en localidades indígenas (19 mil 331 localidades). De este modo, el programa Oportunidades ha sido el principal pilar de la política social mexicana para combatir la pobreza y la desigualdad.

Las 95 evaluaciones externas que se le han realizado al programa constatan avances concretos en materia de educación y salud entre los niños que participan en él. Los resultados muestran que, en las zonas rurales, la probabilidad de ingresar a la escuela secundaria se incrementó en 33 por ciento y la tasa de matrícula en educación terciaria casi se duplicó. En zonas urbanas, la tasa de deserción escolar entre los alumnos de 16 a 19 años de edad disminuyó en 20 por ciento y aumentó la tasa de matrícula de los niños de entre seis y 18 años.

Además, las visitas a centros de salud aumentaron en hasta 35 por ciento en todo el país. Padecimientos relacionados con la desnutrición como la anemia, disminuyó 12.8 puntos porcentuales en niños menores de dos años.

Ciertamente, el programa tiene áreas susceptibles de mejora. Se suele mencionar que los servicios de educación y salud que brinda Oportunidades no tienen la calidad suficiente pero cabe recordar que estos servicios son dependientes de las entidades federativas por lo que son corresponsables de mejorar la infraestructura en salud y educación, así como de eficientar los servicios que ofrecen en estos rubros. También se menciona que se cometen errores de inclusión, pero ningún programa focalizado en el mundo tiene un margen de error igual a cero y, además, si algo ha caracterizado a Oportunidades ha sido la transparencia en su operación, rasgo que es de mucha valía en un contexto en el que la norma es la opacidad y falta de transparencia en la política social de las entidades federativas, el programa cuenta con reglas de operación claras, consistentes y públicas, monitoreo constante, entrega de apoyos monetarios de manera electrónica a cargo de terceros, padrón de beneficiarios público, evaluaciones externas, mecanismos de participación ciudadana, etcétera.

El Coneval, organismo autónomo de carácter técnico integrado por académicos, ha reconocido la valía del programa, mencionando que sin las transferencias de Oportunidades, la pobreza se hubiese incrementado en 2.6 millones de mexicanos más como resultado del incremento en el precio de los alimentos y el entorno económico mundial adverso. En la última evaluación de desempeño, se manifiesta lo siguiente: "Oportunidades debe continuar debido a que su diseño y operación son adecuados. A ello han contribuido todas las instituciones que participan en la operación del programa... Las evaluaciones muestran que tiene impactos positivos sobre sus beneficiarios en indicadores relacionados con su fin. Específicamente, se ha mostrado que mejora la educación, salud y nutrición de sus beneficiarios. El fin del programa tiene una visión de largo plazo pues se centra en contribuir a la ruptura de la transmisión intergeneracional de la pobreza".

Debido al éxito del Programa, se ha exportado a más de una veintena de países en África, Asia, Centroamérica y el Caribe, pero recientemente resulta justo destacar que la ciudad de Nueva York decidió implementar un programa denominado Opportunity NYC el cual, basándose en el modelo de Oportunidades, consiste en un esquema de transferencias monetarias para familias necesitadas de Harlem y el Bronx, a condición de una estricta observancia respecto a la asistencia de los niños a la escuela y al médico. De esta manera, es importante resaltar este hecho porque un país desarrollado como Estados Unidos ha mostrado interés y ha adoptado herramientas de política pública mexicana para el combate a la pobreza.

Los argumentos sobran para decir que es el programa más exitoso de la política social en México y es un referente internacional, por lo que resulta inconcebible reducir en 4 mil 393 millones de pesos el presupuesto del programa, decisión que significaría dejar de atender a 342 mil familias en condición de pobreza, lo que equivale a 1.5 millones de mexicanos, que aunados a más de 350 mil familias que dejarán de ser atendidas por la reducción de 2 mil 870 millones de pesos al programa alimentario que ha demostrado ser un instrumento eficaz para abatir la desnutrición en las regiones más marginadas del país y particularmente en aquellas zonas donde no llegaba Oportunidades, sumarían en conjunto casi 700 mil familias o 3.5 millones de mexicanos que dejarían de ser atendidos y que se les estaría negando la oportunidad de salir de la pobreza.

Este hecho es particularmente preocupante si tomamos en consideración que los mexicanos más pobres son los que han visto más afectadas sus fuentes de ingresos y la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas como resultado de la crisis alimentaria y la crisis económica mundial. Conscientes de esta situación, los legisladores del Partido Acción Nacional respaldamos la propuesta del Ejecutivo federal de otorgar 45 mil 497 millones de pesos al programa Oportunidades y de apoyo alimentario para garantizar que ningún mexicano en condición de pobreza se quede sin la oportunidad de educación y salud pero, sobre todo, de alimentación, ya que en este momento por el que atraviesa el país es primordial atender estas necesidades básicas.

Los legisladores del Partido Acción Nacional manifestamos nuestro desacuerdo por esta decisión que tendrá un impacto profundamente negativo en la calidad de vida de millones de mexicanos y que denota una gran y una preocupante falta de solidaridad con el pueblo mexicano y, particularmente, con las familias más pobres.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a no disminuir el requerimiento de recursos del Ejecutivo federal contenido en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 destinado al programa Oportunidades y al programa de apoyo alimentario, a fin de que millones de mexicanos en situación de pobreza tengan garantizado el acceso a la salud, educación y alimentación.

Salón de sesiones, a 10 de noviembre de 2009.

(Rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SAGARPA Y DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A RESOLVER EL PROBLEMA DEL SECTOR PRODUCTIVO LECHERO, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE ROJO GARCÍA DE ALBA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás normatividad aplicable, se somete a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

Una de las principales motivaciones es la necesidad de alimentar a la población mexicana, que en su mayoría tienen un nivel de ingresos bajo; la leche se presenta como una de las principales alternativas, sobre todo para la niñez de nuestro país, pero para que cumpla con este fin, es necesaria su consolidación como un bien básico accesible a todos los niveles y en todos los lugares. Por ello, en la medida que aumente la importancia del consumo de este producto en la dieta básica de la población, la leche será un producto estratégico que ayude a mejorar la alimentación y la salud de los mexicanos.

Por otra parte, se enfatiza que el sector lechero mexicano se encuentra ante una disyuntiva que deberá crecer, igualando su productividad a la de los socios comerciales de México, o admitir la existencia de ventajas comparativas que favorecen a Estados Unidos y, en particular, a Canadá.

La situación que enfrentan los productores de leche del país es preocupante y, en particular, el estado de Hidalgo es uno de los que resiente en mayor cuantía dicho contexto complejo.

No es suficiente con garantizar que Liconsa adquiera la producción nacional, es necesario diseñar mecanismos que permitan compensar las disminuciones que se pudieran presentar en el precio del lácteo.

Nuestro país tiene un déficit en producción de leche aproximadamente de 50 por ciento, esta situación ha dado cabida a que con la apertura comercial y Tratado de Libre Comercio, una serie de empresas que se dedican a industrializar la leche, y buscando satisfacer la demanda nacional, privilegian la importación de leche en polvo descremada y, en la mayoría de las ocasiones importan sueros de uso veterinario, producto no apto para el consumo humano, el cual revuelven con leche producida en México, la cual primero se descrema y se extraen sus propiedades nutricionales y, posteriormente, adulteran con grasa vegetal, así como productos que no son propios de la leche, ocasionando con ello un fraude al consumidor y la consecuente afectación a los productores nacionales.

Aunado a lo anterior es de destacar que este año se presentó una de las sequías más graves, ocasionando que la producción de leche en México haya disminuido más de 20 puntos porcentuales, lo que genera una mayor dependencia de la importación de productos lácteos.

El impacto de lo mencionado anteriormente se manifiesta de diferentes maneras, de acuerdo al nivel de producción de cada entidad federativa, en este sentido, el estado que me honro en representar, Hidalgo, es uno de los más afectados.

No es suficiente con implementar programas que fomenten la producción, con el objetivo de eficientar a dicho sector es necesario contar con acciones integrales que incluyan la distribución y la comercialización del lácteo y sus derivados.

La Sagarpa, como la institución encargada de la política agropecuaria nacional, tiene la obligación de implementar programas emergentes de compensación y rescate de los productores de la leche en el estado de Hidalgo en particular, y a todos los productores a nivel nacional.

En este sentido es indispensable apoyar a los productores sociales los cuales no pueden acceder a los programas del gobierno federal ya que actualmente los excluyen de la mayoría de los programas de apoyo de los cuales dependen más de 200 mil familias.

Hoy día, la Ley General de la Leche reglamenta una norma jurídica para hacer obligatoria la planeación de la actividad lechera y sus derivados; sin embargo, es de destacar que hay un gran déficit de ordenamientos para controlar la importación de sueros lácteos que vienen a distribuirse y a consumirse a México como leche pura lo cual es un fraude al consumidor, pero también tenemos la obligación de darle una norma jurídica que obligue al Ejecutivo para que en materia de planeación de la actividad lechera establezca las bases para que haya objetividad y certidumbre a largo plazo para los productores agropecuarios

Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados y, en particular, quienes representamos al estado de Hidalgo estamos comprometidos a velar porque el sector agropecuario del estado cuente con un entorno que favorezca su crecimiento, ello con el objetivo de coadyuvar a que el desarrollo económico nacional sea una meta viable en el mediano y largo plazo.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que:

Palacio legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2009.

Diputado Jorge Rojo García de Alba (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE ECONOMÍA A RENDIR UN INFORME DETALLADO DEL PROGRAMA DE CREACIÓN DE EMPLEOS EN ZONAS DE MARGINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS Y EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS, A FIN DE CERTIFICAR QUE MEDIANTE ÉSTE SE INCENTIVA AHÍ EL EMPLEO, A CARGO DEL DIPUTADO HERIBERTO AMBROSIO CIPRIANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado Heriberto Ambrosio Cipriano, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretaría de Economía para que rinda a esta soberanía un informe detallado del Programa de Creación de Empleos en Zonas de Marginación, sobre los recursos y el padrón de beneficiarios, a fin de certificar que mediante dicho programa se incentiva el empleo en dichas áreas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad aplicable, al tenor de los siguientes

Considerandos

El desempleo es una de las problemáticas que más agobia a nuestro país, ante ello se han implantado programas y proyectos orientados a fomentar y generar fuentes de empleo, un caso concreto es el Programa de Empleo Temporal, el cual tiene como objetivo realizar contrataciones temporales de personas que están interesadas en desempeñar actividades formales.

De igual forma, para coadyuvar a disminuir el desempleo, en el año 2008 se instituyó el Programa de Creación de Empleo en Zonas Marginadas, el cual otorga apoyos a través de reembolso de las cuotas del seguro social, exenciones tributarias y financiamiento para inversión.

Cabe mencionar que se realizaron propuestas concretas para que el programa mencionado estuviera dirigido a implementarse en zonas con un alto índice de expulsión de mano de obra, sin embargo, en la práctica, el programa se ejecuta y está dirigido a industrias de 50 empleos y no a las pequeñas agroindustrias de las zonas marginadas.

Otro elemento que genera incertidumbre con respecto a este programa es la reprogramación de los recursos aprobados para el presente año. Su ejecución es cuestionada, más aún considerando que nos encontramos inmersos en un periodo de crisis económica, en donde se requiere de incentivos que permitan reactivar el aparato productivo nacional.

Cuando se promulga el decreto que lo crea se propone destinarle 250 millones de pesos, monto que disminuyó en 50 millones de acuerdo a lo autorizado por la Cámara de Diputados, quedando un presupuesto de 200 millones.

En este sentido, es fundamental conocer los lineamientos, criterios y estrategias que considero el gobierno federal para determinar que dicho recursos debía ejercerse en un plazo diferente al establecido. La Secretaría de Economía decidió que el programa comenzara a otorgar apoyos durante el último trimestre del año, de octubre a diciembre.

Lo anterior genera mayores dificultades para lograr que en las zonas marginadas se pueda mejorar la calidad de vida de sus habitantes, debido a que ante el panorama de crisis se han pospuesto las acciones de fomento y generación de empleos.

De igual forma, otra de las complicaciones es ocasionada por las reglas de operación del Programa de Creación de Empleo en Zonas Marginadas las cuales no son claras y carecen de procedimientos de seguimiento y evaluación. Asimismo, dicho marco normativo permite que la ejecución del proyecto se realice de manera discrecional, otorgando incentivos y apoyos a sectores seleccionados.

Por otra parte, como ya se mencionó, es imperativo que los recursos autorizados se ejerzan de acuerdo a lo establecido ya que de no ser así se está incumpliendo con el objetivo real del programa que es la generación de empleos.

Con el alto índice de subejercicios que se presenta en el presente año, ninguna institución u organismo gubernamental está en condiciones de asegurara que los recursos se ejercerán de manera eficiente y eficaz, dando pie a cuestionamientos. Es conveniente mencionar que no se trata de generar empleos transitorios que pudieran durar sólo los últimos tres meses del año.

De lo que se trata es de dar sustentabilidad al programa a fin de beneficiar a un número mayor de habitantes que radican en zonas con niveles altos de marginación y pobreza, ello mediante el fomento de las pequeñas agroindustrias, las cuales tendrían la posibilidad de contratar a un número mayor de personal.

El actual contexto de crisis requiere de acciones viables e inmediatas, dejando a un lado los intereses de diversa índole. Es momento de sumar esfuerzos y de apoyar las propuestas que permitan alcanzar un mayor nivel de crecimiento.

En razón de lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Economía para que:

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2009.

Diputado Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA QUE ACUERDE LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL O, EN SU CASO, LA INTEGRACIÓN DE UN GRUPO PLURAL QUE ATIENDA Y EVALÚE LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO FEDERAL EN LAS COMUNIDADES RURALES O REGIONES DAÑADAS POR DESASTRES NATURALES, A CARGO DE LA DIPUTADA NARCEDALIA RAMÍREZ PINEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Durante las últimas semanas, vastas regiones de nuestro país han sido afectadas por los fenómenos de la naturaleza. Ciclones y tormentas tropicales han propiciado la inundación de decenas de comunidades rurales, pero también con severidad, centros de población urbanos, golpeando la economía, una vez más, de los más pobres y vulnerables, poniendo además en evidencia la frágil, insuficiente o deteriorada infraestructura de nuestros sistemas o redes de drenaje pluvial.

No podemos ocultar o negar la rápida respuesta del gobierno federal, estatal, o municipal; ni mucho menos la participación del ejército, ahí donde los pueblos son dañados por la fuerza de éstos fenómenos. Cada día acumulamos más experiencias en lo que se refiere a la protección civil y aún a la prevención de los desastres naturales. Si acaso, falta impulsar la organización de las comunidades rurales y dotarlas de sus Atlas de Riesgos para ir perfeccionando nuestras políticas de prevención en los tres niveles.

Bien sabemos que el presupuesto tanto del Fondo de Desastres Naturales, como del Programa de Ampliación de Cobertura, son sumamente limitados para enfrentar la magnitud de los desastres pues todavía hoy, existen zonas en nuestro país azotados por inundaciones, sequías, incendios y huracanes que están esperando los apoyos que debieron haber recibido desde hace muchos años. Y aun cuando las reglas de operación son un poco más ágiles y sobre todo la solidaridad de la sociedad civil nacional e internacional es incuantificable, hace falta, desde mi perspectiva, una presencia solidaria más creciente de nuestra representación popular, para que ninguna comunidad o sector de la población que requiere con urgencia una gestión más ágil y expedita, no sienta la soledad del abandono.

Por otra parte, es un imperativo escuchar el llamado de los científicos y expertos en relación con el calentamiento global que ya está teniendo sus efectos nocivos en el deshielo de los glaciares y aumentando con preocupación los niveles del mar en cuyos linderos han construido su hogar millones de personas en el mundo.

Sin duda, el cambio climático es hoy el principal problema de nuestro tiempo, y las tremendas inundaciones que viven los pobladores de Tabasco, de Veracruz y otras regiones de nuestro país, no son ajenas a estos indetenibles fenómenos, propiciados por la conducta suicida de los hombres al deforestar sin freno, contaminar los ríos, degradar los ecosistemas o debidos a procesos propiciados por la propia naturaleza.

Ante ello, no sólo es importante manifestar nuestra plena solidaridad para con nuestros compatriotas de Tabasco, Veracruz y últimamente del Estado de México, sino, como lo hicieron con vehemencia nuestros compañeros diputados de esas entidades federativas en las sesiones pasadas, esta dura situación, convoca a nuestra acción para apoyar, servir y entregar, sin ninguna excusa, nuestra plena solidaridad a quienes hoy requieren más que nunca, de sus representantes populares.

Por todo lo expuesto, considero que es de una prioridad indiscutible, formar un grupo de trabajo plural o crear la Comisión de Protección Civil de nuestra Honorable Cámara de Diputados, para que represente la voz y las demandas de los afectados y sea una fuente permanente de gestión y evaluación de los programas gubernamentales en este tema, pero también, tenga la capacidad de evaluar no sólo las reglas de operación para hacerlas más realistas y ágiles, sino la estructura misma del aparato de protección civil del gobierno federal responsable de atender a la población en las emergencias derivadas de los fenómenos naturales.

Por tal motivo señor Presidente, me permito elevar a la consideración de nuestra honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados, acuerde la creación de la Comisión de Protección Civil o, en su caso, la integración de un grupo plural que tenga la encomienda de atender y evaluar las acciones de protección civil del gobierno federal en las comunidades rurales o regiones dañadas por los desastres naturales.

Diputada Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE REALICEN DIVERSAS ADICIONES Y MODIFICACIONES AL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO RAMÍREZ Y JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito diputado federal a la LXI legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las disposiciones aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Ante la fragilidad de las finanzas públicas y la necesidad de contar con instrumentos que optimicen el uso de recursos públicos, resulta ineludible el evaluar y analizar nuevos mecanismos que brinden al Estado Mexicano condiciones de eficiencia, oportunidad y transparencia en el ejercicio del gasto público. La sociedad reclama- con razón- rendición de cuentas, clara y puntual, del destino que se da a las cuantiosas sumas que los contribuyentes aportan para sufragar el gasto de la Federación, Estados y Municipios. Resulta irresponsable el exigir un esfuerzo fiscal adicional a la ciudadanía, sin instrumentar medidas de disciplina y austeridad que además combatan la opacidad.

Es por ello que debemos incursionar en novedosos esquemas de asignación de fondos presupuestarios y de fiscalización de las acciones que entraña su ejercicio. Resulta además inaplazable, la necesidad de establecer dinámicas que propicien una sana interacción entre la federación, estados y municipios, pero sobre todo, resulta urgente eliminar inercias que propician un lento e ineficaz empleo de los recursos asignados. La estructura tradicional del Presupuesto carece de herramientas adecuadas que permitan hacer realidad un sinnúmero de obras y servicios en provecho de la población, dado que carece de mecanismos que permitan detectar oportunamente vicios que traban y dificultan el gasto, generando un amplio entorno de insatisfacción ciudadana.

La obsoleta construcción de las normas contenidas en el Presupuesto, con preocupante frecuencia, conducen a circunstancias de tensión entre los distintos ámbitos de gobierno, sin que a lo largo del año se resuelvan, ya que se carece de instancias imparciales para la solución de disputas. Los abultados requisitos y condiciones para el ejercicio de algunas partidas, las vuelve prácticamente inalcanzables, derivando en situaciones de inmovilidad y de discrecionalidad inaceptables.

Es hoy innegable que en los últimos años ha resultado fallido el ejercicio de diseñar e implementar reglas de operación que conduzcan a resultados de óptima gestión. La construcción de normativa con un enfoque meramente gerencial, que se aleja cada día más del marco constitucional en vigor, ha derivado no solo en estériles disputas, sino que ha gestado un torrente de obras inconclusas y de proyectos que no despuntan.

En ese contexto resulta preocupante constatar que en los últimos años no solo ha crecido desmesuradamente el gasto público, sino que dicho incremento se ha canalizado al pago de nominas y consultorías, en un entorno en el se ha vuelto cotidiano el subejercicio de partidas presupuestarias.

Propongo una nueva disciplina y visión de transparencia presupuestaria, dado que bajo el principio del devengado o de recurso comprometido se dio cauce a un desmedido crecimiento de fondos, fideicomisos, mandatos y otras figuras, que generan la mera apariencia de ejercicio presupuestario, la cual no solo implica que se mantengan al margen del control constitucional enormes sumas que injustificadamente han sido manipuladas por instancias administrativas, sino que evita la conclusión de las operaciones y proyectos autorizados. Es claro que al tenor de lo dispuesto por el artículo 126 de la Constitución, esas sumas solo pueden ser asignadas por la Cámara de Diputados y no destinadas por instancias administrativas, a fines ajenos a los aprobados puntualmente en el Presupuesto. Sin sustento en la Carta Fundamental, se han emitido resoluciones que han gestado la heterodoxa figura conocida como "disponibilidades". Tal concepto sólo encubre la verdadera naturaleza de partidas no efectivamente erogadas que deben ser reasignadas conforme a lo señalado en el precepto invocado.

Tras graves señalamientos hechos por la Auditoría Superior de la Federación, han quedado al descubierto múltiples fuentes que originan tales "disponibilidades", siendo perceptible –por la diversidad y condiciones de tales fuentes– que las sumas acumuladas en dicha calidad son de impacto sustantivo en las finanzas públicas. Por tal razón es necesario el dotar al presupuesto de salvaguardas y controles que aseguren la observancia y cumplimiento del precepto constitucional y de las normas presupuestarias emitidas por la Cámara de Diputados.

Si bien es cierto que se ha hecho un esfuerzo en disminuir el número de fideicomisos y mandatos, también lo es que se han detectado supuestos no claramente regulados por las disposiciones presupuestarias. Es el caso del destino de las enormes sumas decomisadas o incautadas al crimen organizado; de las penas convencionales e intereses moratorios pactados por dependencias y entidades; los provenientes de financiamientos obtenidos de organismos internacionales dentro de un laxo margen conferido en presupuestos del pasado; de importes generados por operaciones residuales del rescate bancario y muchos otros que merecen de especial atención por parte de esta Cámara en ejercicio de las facultades conferidas por la Constitución.

Es así que se propone adicionar al Presupuesto dos nuevos títulos, el primero de ellos abocado a implementar procesos de revisión de metas y alcances, a la luz de los múltiples informes y reportes que el Ejecutivo envía a la Cámara, propiciando la colaboración de poderes, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, se provea a la adopción de medidas preventivas y correctivas, que impidan se dilapiden recursos presupuestarios. En el Título Sexto se fórmula propuesta para dar un cauce a un mecanismo apegado a la Constitución para la reasignación de los recursos que no se eroguen efectivamente en el correspondiente ejercicio fiscal o que por ser extraordinarios carezcan de asignación específica. Este título introduce principios orientadores en materia de eficacia y oportunidad en la realización de las erogaciones, fijados por la máxima instancia en la materia, lo cual dota de certidumbre a los servidores encargados de ejercer el gasto.

El Título Séptimo incorpora principios elementales e ineludibles de transparencia en el ejercicio del gasto. Los avances en el acceso a la información pública y de la evolución propia de las instituciones presupuestarias, precisan de un moderno andamiaje que preserve el estricto control del gasto público por parte de las instancias constitucionalmente competentes. Las erogaciones que se realicen con cargo al erario federal no sólo deben agotar extremos de austeridad, honestidad y eficiencia, sino que además deben realizarse de manera transparente, abandonando prácticas o escenarios de opacidad. La sociedad demanda resultados, pero no a costa de la legalidad, ni bajo esquemas de arbitrariedad o capricho. El ejercicio discrecional de los recursos no solo se aleja de las disposiciones aplicables, sino que entraña abusos, discriminación y demora en la ejecución de las obras y proyectos autorizados.

Debo insistir en que en el ejercicio del gasto debe predominar un irrestricto apego a las normas y distribución de las competencias asignadas en la Constitución, por lo que deben evitarse vicios administrativos que hagan proliferar mecanismos de sustracción de recursos de la fiscalización institucional y de la especial asignación que solo puede realizar la Cámara de Diputados.

En tal virtud, propongo se turnen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública las siguientes adiciones al texto del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010. Las adiciones consisten en un nuevo Título Sexto constante de tres artículos. Un nuevo Título Séptimo integrado por ocho artículos y la incorporación de cuatro artículos transitorios. De igual manera se contienen en la propuesta materia de turno, modificaciones a los artículos 1, 5 y 28 del texto antes de la adición. La propuesta es del tenor siguiente:

Título Sexto

Principios de Oportunidad y Eficiencia en el Gasto

Capítulo Único

Capítulo Único

Por ello someto a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se turnen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y posterior incorporación al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 los Títulos Sexto y Séptimo y las cuatro disposiciones transitorias adicionales propuestas. De igual forma se turnen para su trámite constitucional las enmiendas a los artículos 1, 5 y 28 contenidas en este punto de acuerdo.

Diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica)

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica)
 
 

El suscrito, diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, se dirige a usted, a fin de que, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que dictamine la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Austeridad Republicana, suscrita por los diputados Ifigenia Martínez y Hernández, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Mario di Costanzo Armenta y Adán Augusto López Hernández, de los Grupos Parlamentarios del Partido del Trabajo y del Partido de la Revolución Democrática.

En la sesión del día martes 13 de octubre de este año fue presentada a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana por el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia. El Presidente de la Mesa Directiva ordenó: "túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública".

Es el caso que ha transcurrido más de los cinco días después de aquél en que se les turnó la iniciativa de mérito, conforme a lo que se establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sin que hasta la fecha se haya formulado dictamen alguno.

Los suscriptores de la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana estamos convencidos de la imperiosa necesidad de su aprobación pues, entre otras cosas, se propone lo siguiente:

I. La reducción a 50% de las retribuciones y remuneraciones de todos los funcionarios públicos de los tres Poderes de la Unión, de los órganos constitucionales autónomos y del resto de las autoridades federales.

II. Proponemos en esta iniciativa la eliminación del seguro de gastos médicos mayores, de los seguros de vida y los seguros de separación individualizados, para la alta burocracia de nuestro país.

III. Estamos también proponiendo que no se deben autorizar bonos o percepciones extraordinarias para los altos servidores públicos.

IV. También establecemos y proponemos la prohibición en la creación de plazas de secretarios privados, secretarios técnicos, coordinadores, asesores o equivalentes.

V. Algo muy importante en nuestra propuesta es la derogación de las pensiones de los ex presidentes de la República. También proponemos la prohibición, reajuste o incremento de remuneraciones, escalas remunerativas, bonificaciones, asignaciones y beneficios de toda índole, cualquiera que sea su modalidad o fuente de financiamiento.

Como podemos apreciar, los temas que contiene la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana tienen plena vigencia para evitar gastos superfluos en el Gobierno y con ello generar ahorro de recursos públicos para ser destinados fundamentalmente a gasto educativo y gasto social.

En estos días la Cámara de Diputados está a punto de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 y si nuestra propuesta es aceptada habrá un excedente de recursos que se destinen a satisfacer las necesidades apremiantes de millones de mexicanos.

Por estas consideraciones, a usted, Presidente de la Cámara de Diputados, solicito:

Artículo Único. Formule excitativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que dictamine la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Austeridad Republicana, presentada por el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia el 13 de octubre del presenta año.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2009.

Diputado Mario di Costanzo Armenta (rúbrica)
 
 

El 9 de noviembre se conmemoran veinte años de la caída del muro de Berlín, uno de los terribles símbolos de la guerra fría.

Eran 120 kilómetros de hormigón armado, que representaban la confrontación entre oriente y occidente, eran el reflejo material de un nuevo orden internacional compuesto por un mundo bipolar en el que existía una amenaza militar permanente.

Después de la derrota de Alemania en la segunda guerra mundial, sobrevino el reparto del territorio entre las potencias triunfadoras de la guerra, es decir, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, posteriormente se llevó a cabo la separación política del país.

Alemania fue dividida y se constituyeron la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. Posteriormente, con el embargo económico al que fue sometido el bloque del este por parte de las fuerzas de occidente, se intensificaron las hostilidades y de manera sorpresiva, en agosto de 1961, la República Democrática Alemana tomó la decisión de construir el muro.

El muro permaneció veintiocho años y durante ese lapso perecieron cerca de 200 personas que intentaron cruzar con la esperanza de recuperar parte de la vida que les fue arrancada por una decisión política, que no solamente separó un territorio, sino que además destruyó familias.

En medio de ese nuevo escenario internacional, emergieron claramente dos visiones del mundo, dos culturas, dos ideologías y dos bloques económicos profundamente confrontados.

Fue hasta la década de los años ochenta, cuando el panorama internacional comenzó a transformarse debido a que la economía soviética empezó a dar muestras de agotamiento.

Por ello, el gobierno de Mijaíl Gorbachov comenzó a instrumentar una serie de reformas para hacer frente a ese estancamiento económico. Tales reformas implicaban liberalización, apertura, transparencia y reconstrucción.

Ante este panorama, el gobierno soviético ya no tuvo más remedio que flexibilizar las políticas de control que mantenía sobre la República Democrática Alemana, así como los países de Europa del este.

De tal forma que la noche del 9 de noviembre de 1989 cayó el muro y con su caída comenzó un proceso de negociación entre las potencias ocupantes para acordar los términos de la reconstrucción y unificación de Alemania, dicho proceso finalmente se consolidó el 3 de octubre de 1990, casi un año después de la caída del muro.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2009.

Diputado José Luis Jaime Correa (rúbrica)
 
 
 

CON MOTIVO DEL 134 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE CARMEN SERDÁN ALATRISTE, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN IZAGUIRRE FRANCOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, acude a exponer la presente efeméride con motivo del 134 aniversario del natalicio de Carmen Serdán Alatriste.

Carmen Serdán Alatriste nació en la ciudad de Puebla, el 11 de noviembre de 1875, fue hija del matrimonio conformado por el licenciado Manuel Serdán y Carmen Alatriste de Serdán, y nieta del general Miguel Cástulo Alatriste. Carmen Serdán, tuvo tres hermanos: Aquiles, Natalia y Máximo, a quienes desde su educación se les infundió los valores de la libertad y el respeto de los derechos humanos.

En vísperas del inicio de los festejos con motivo de la conmemoración del próximo año 2010 del centenario del movimiento revolucionario, es oportuno y trascendental que como mexicanos resaltemos a aquellos personajes que con su participación antes y después del alzamiento armado de la Revolución Mexicana, consolidaron con sus ideas a nuestro querido México, a forjarse como una nación más democrática, por ello, deben ser recordados por esta honorable Cámara de Diputados, y qué más que una mujer. Carmen Serdán se comprometió con las ideas revolucionarias y la causa antirreeleccionista encabezadas por Francisco I. Madero.

Es un orgullo recordar cómo Carmen Serdán luchó efervescentemente contra la dictadura del régimen porfirista, desde su trinchera al interior del Partido Antirreeleccionista. Su casa ubicada en Santa Clara número 4, en la ciudad de Puebla, servía como punto de reunión para los correligionarios y seguidores de la causa revolucionaria.

No se deben olvidar los siguientes episodios de la historia de nuestro país, en donde Carmen Serdán, de forma clandestina, se dedicaba por las noches a pegar propaganda contra la dictadura de Porfirio Díaz y a repartir pólvora y dinamita entre los inconformes, y para no ser detectada por las fuerzas porfiristas, sus actividades secretas las realizaba bajo el seudónimo de Marcos Serratos.

En octubre de 1910, Carmen viaja a San Antonio, Texas, para sostener una reunión con Madero, recibiendo la instrucción, los hermanos Serdán, de iniciar la Revolución en el estado de Puebla, el 20 de noviembre de ese año. Madero, para tal efecto, proclama el Plan de San Luis, con el objetivo de hacer un llamado al pueblo de México a sumarse al movimiento revolucionario. Ante la fuerte actividad de Carmen Serdán, la policía local seguía de cerca sus acciones, por lo cual no pasó desapercibido su viaje a San Antonio y su regreso a nuestro país. Cuando llegaron a Puebla los hermanos Serdán, el gobierno porfirista los acusó de conspiradores y decidió catear su casa.

La familia Serdán tuvo conocimiento de tal decisión, y de manera urgente con sus amigos acordaron anticipar la fecha para iniciar el movimiento revolucionario, concentrándose en el domicilio familiar con las armas disponibles. El 18 de noviembre de 1910, cinco policías llegaron a la casa de Santa Clara con una orden de cateo y arresto contra Aquiles Serdán. La casa tenía la puerta abierta y, al entrar, los policías fueron recibidos por una lluvia de balas y comenzó un intercambio de disparos. Durante los primeros momentos del combate cayó muerto Miguel Cabrera, jefe de la policía de la ciudad de Puebla, motivo por el cual, los gendarmes tuvieron que retroceder. Se recuerda cómo, desde el balcón, Carmen Serdán arengó al pueblo, incitándolo al grito de "¡Viva la no reelección!"

La casa de Santa Clara fue rodeada, iniciándose un tiroteo que duró varias horas. Carmen Serdán participó activamente en la defensa contra las fuerzas porfiristas, resultando herida al subir a la azotea para proveer de parque a los revolucionarios. Al finalizar la resistencia, Carmen Serdán, su cuñada Filomena del Valle y su madre fueron aprehendidas, acusándolas de recargar las armas de los defensores durante el tiroteo. Las tres mujeres fueron remitidas a la cárcel de La Merced y más tarde las recluyeron en el hospital de San Pedro.

Después del golpe de Estado de Victoriano Huerta, Carmen Serdán participó en el movimiento revolucionario a través de la Junta Revolucionaria instalada en Puebla. Se reunió con Venustiano Carranza, distribuyó armas, correo e imprimió proclamas; posteriormente, se incorporó como enfermera en los hospitales de las fuerzas combatientes.

Al triunfo y establecimiento del nuevo constitucionalismo mexicano, Carmen Serdán se retiró a la vida privada. Murió en la ciudad de Puebla el 21 de agosto de 1948, a los 73 años de edad. Y el 18 de noviembre de 1948, en el Diario Oficial de la Federación, se ordenó la siguiente publicación: El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: Inscríbase con letras de oro, en los muros del salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el nombre de Carmen Serdán, paradigma del heroísmo de la mujer mexicana.

Para los poblanos, pero sobre todo para todas las mujeres mexicanas y en especial para las poblanas, es un honor recordar a una mujer excepcional, que por su inteligencia, espíritu de lucha y servicio a las causas democráticas de nuestro país, y por su solidaridad con los ideales revolucionarios, contribuyó a construir los cimientos de la equidad para un México más democrático, con justicia social y libertad.

En esta celebración del 134 aniversario del natalicio de Carmen Serdán, es preciso destacar que sigue vigente su legado e ideales para establecer los principios de igualdad, equidad y libertad para todos los mexicanos sin excepción de género. En la proximidad de la celebración del 99 aniversario y el inicio de los festejos del Centenario de nuestra Revolución Mexicana, tendremos muy presente la intensa labor de Carmen Serdán, una verdadera heroína poblana.

México, DF, a 10 de noviembre de 2009.

Diputada María del Carmen Izaguirre Francos (rúbrica)