El suscrito, Noé Martín Vázquez Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por el estado de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos comparezco ante ustedes, compañeras y compañeros diputados, para poner a su consideración la siguiente proposición con puntos de acuerdo, para que se adicionen al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 recursos destinados a los proyectos prioritarios de turismo del gobierno del estado de México.
Considerando
Primero. El turismo se coloca como una alternativa económica para diversas regiones del país a partir de los beneficios económicos que genera, entre los que destacan: redistribución de la riqueza, generación de empleos y ser la tercera fuente de divisas para la economía nacional. Por esas razones se deben apoyar los proyectos en materia de turismo y fomentarlo.
Segundo. El turismo constituye una alternativa económica de relevancia, en especial cuando los recursos naturales como el petróleo disminuyen y los ingresos por remesas por parte de los migrantes mexicanos presentan un grave decremento, que son los dos únicos ingresos que anteceden en importancia al turismo en la nación.
Tercero. El estado de México recibe cada año en promedio a 37 millones de visitantes, la cual genera una derrama económica de 25 mil 41 millones de pesos. El turismo representa para el estado una de las actividades más importantes que generan riqueza y empleos para los mexiquenses. El gobierno del estado de México marca como prioridad fomentar la actividad turística para 2010.
Por lo expuesto, les solicito atentamente la aprobación de los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Adicionar en el proyecto de Presupuesto para 2010 el de programas prioritarios de turismo del estado de México, el cual contaría con una inversión total de 423 millones de pesos.
Segundo. Se turne la presente adición a las Comisiones de Turismo, y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía, para su análisis y consideración.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2009.
Diputado Noé Martín Vázquez Pérez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA
EL EJERCICIO FISCAL DE 2010 SE CONSIDEREN RECURSOS QUE SE DESTINEN A LA
OPERACIÓN DEL PLAN REGIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MIXTECAS,
QUE COMPRENDE 260 MUNICIPIOS DE LOS ESTADOS DE GUERRERO, MORELOS, OAXACA
Y PUEBLA, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE VENUSTIANO GONZÁLEZ ILESCAS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos, sometemos a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, fundada en los siguientes antecedentes y consideraciones:
Antecedentes
La región mixteca del país incluye Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla. Su superficie aproximada es de 40 mil kilómetros cuadrados, que comprenden 260 municipios, con una población de 2.5 millones de habitantes.
Su principal actividad económica es la agricultura, ganadería y artesanías. De su población, 78 por ciento realiza actividades agropecuarias de subsistencia. La Mixteca es una de las regiones más marginadas del país y tiene bajo crecimiento económico.
De la población económicamente activa, 60 por ciento emigra a Estados Unidos y a las grandes ciudades por falta de fuentes de empleo, servicios y vivienda digna. La economía regional tiene alta dependencia de las remesas. La agricultura, ganadería, y las artesanías son de muy baja producción y productividad.
Problemática general
La problemática de la región se caracteriza por lo siguiente
• Alto índice de erosión (2.5 ton/ha/año), altos índices de deforestación y pastoreo incontrolado, principalmente de ganados caprino, ovino y bovino.
• Insuficientes obras para conservar suelo y agua.
• Contaminación de ríos y barrancas.
• Baja tecnificación en los procesos productivos.
• Altos niveles de pobreza y marginación.
• Migración y desintegración familiar. De los migrantes que radican en Estados Unidos, 69 por ciento es de la Mixteca.
• Bajo nivel de escolaridad y analfabetismo. Derivado de la migración, la mujer debe hacerse cargo de la familia, situación que realiza con gran presión emocional por las dificultades para obtener alimentos, ingresos y el desarrollo de trabajos pesados o de baja remuneración.
En los últimos 10 años en la región se han ejercido programas de autoproducción alimentaria en pequeños espacios tecnificados y de fomento ecológico y productivo. Se han aplicado recursos para retener y aprovechar el agua que hoy permite en algunas comunidades aumentar la disponibilidad de este liquido vital, recarga de acuíferos, abasto al ganado, producción de hortalizas en pequeñas áreas de riego tecnificado e invernadero, asícomo la producción de bagre y de tilapia.
Construcción de obras complementarias en las infraestructuras existentes de almacenamiento y retención de aguas, asícomo, ejecutar proyectos productivos agropecuarios y acuícolas para la seguridad alimentaria de las familias rurales.
Apoyos al desarrollo ganadero, permiten hoy contar con praderas para mejorar la producción de forraje y mejoramiento genético pecuario. La papaya maradol, la jamaica, la pitahaya, el pitayo de mayo, el guaje verde y rojo son cultivos probados de alta rentabilidad.
El desarrollo de unidades de manejo de fauna silvestre en proyectos cinegéticos, acuacultura a base de tilapia, bagre, langostino y camarón son posibilidades productivas evaluadas como viables. La elaboración de artesanías con mejor técnica y mayor valor es probada.
De la misma manera, el aprovechamiento de minerales tales como talco, yeso, cantera, mármol, arena, grava, tierra ocre o bentonita no se han podido desarrollar por falta de recursos.
También actividades productivas como el aprovechamiento del lináloe, cactáceas, bambú y el piñón mexicano Jatropha curcas, el más importante cultivo para la obtención de biodiesel.
Pero quizá igualmente grave es que las remesas que se estima, llegan los mil 500 millones de dólares a esta región, las que actualmente se han disminuido drásticamente, solo en una proporción de 15 por ciento se destinan a inversión y 85 por ciento a consumo, esta situación en mucho se presenta deliberado a que no se ha informado a la población sobre las posibilidades productivas más rentables y también a la falta de apoyos económicos que eleven la productividad y reviertan la pobreza de esta región tan rezagada.
Por ser las mujeres mixtecas la base económica y el eje de las familias se dé prioridad a programas y proyectos productivos para su desarrollo.
Por lo expuesto, los diputados de la Mixteca de Guerrero, Morelos, Oaxaca, y Puebla proponemos a esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 apruebe recursos por 2 mil 900 millones de pesos, para la operación del Plan Regional de Desarrollo Integral de las Mixtecas, que comprenden 260 municipios de Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla.
Segundo. Se exhorta a la SHCP, a la Sagarpa, a la Sedesol y CNAPI a reorientar sus acciones y mejorar la coordinación en la aplicación de sus programas a fin de aumentar la efectividad de éstos en el combate de la pobreza y marginación, y de que aumente el arraigo de la población alcanzando niveles dignos de vida.
Tercero. Se instruya la creación de la comisión especial para el desarrollo integral de las Mixtecas.
Palacio legislativo de san Lázaro, a 4 de noviembre de 2009.
Diputados: Jorge Venustiano
González Ilescas (rúbrica), Francisco Alberto Jiménez
Merino, Julieta Octavia Marín Torres, Heliodoro Carlos Díaz
Escárraga, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Jaime Sánchez
Vélez, Rosalina Mazari Espín, Socorro Sofío Ramírez
Hernández, Alicia Elizabeth Zamora Villalva.
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES A LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSSTE E
IMSS, A CARGO DE LA DIPUTADA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
Quien suscribe, Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para los jubilados y pensionados de los Institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a fin de que estas prestaciones sean más decorosas para la manutención y calidad de vida de éstos, conforme a las siguientes
Consideraciones
El objetivo de la seguridad social es ofrecer protección a las personas que están en la imposibilidad (temporal o permanente) de obtener un ingreso, o que deben asumir responsabilidades financieras excepcionales, puedan seguir satisfaciendo sus principales necesidades.
El derecho a la jubilación se constituye como una prestación de la seguridad social consagrada en la Constitución Política en favor de los trabajadores, la seguridad social en México contribuye al bienestar de la población, toda vez que representa un conjunto de prestaciones económicas y sociales que garantizan a la persona un determinado nivel de vida y desarrollo social siendo un sistema de derechos adquiridos, derivados de una relación laboral.
El IMSS nació en 1943, en respuesta de las aspiraciones de la clase trabajadora, teniendo como misión otorgar a los trabajadores mexicanos y a sus familias la protección suficiente y oportuna ante contingencias tales como la enfermedad, la invalidez, la vejez o la muerte.
La protección se extiende no sólo a la salud, sino también a los medios de subsistencia, cuando la enfermedad impide que el trabajador continúe ejerciendo su actividad productiva, ya sea de forma temporal o permanente, a través de una pensión.
Actualmente, la ley señala que la seguridad social tiene como finalidades el garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.
En 1959, el presidente Adolfo López Mateos presentó al Congreso de la Unión la iniciativa de ley para la creación del ISSSTE. Su aprobación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre. Por ello, en enero de 1960 la nueva institución comenzó sus actividades.
El ISSSTE, de acuerdo con su ley, amplió las áreas de sus servicios, cubriendo tanto prestaciones relativas a la salud, como prestaciones sociales, culturales y económicas, y extendiendo estos beneficios a los familiares de los trabajadores y pensionistas. Las personas protegidas por el Instituto comprenden a trabajadores al servicio de la federación y del Departamento del Distrito Federal, trabajadores de organismos públicos que por ley o por acuerdo del Ejecutivo federal sean incorporados al régimen, así como a los pensionistas de dichos organismos.
En cuanto a prestaciones económicas, a través de sus delegaciones estatales y regionales, el instituto otorga pensiones por jubilación, edad y tiempo de servicios, cesantía en edad avanzada, invalidez, viudez y orfandad, pensiones por riesgo de trabajo, indemnizaciones globales y gastos de funeral.
El reto, la responsabilidad y el compromiso social para el ISSSTE consisten en proporcionar a los servidores públicos y familiares asegurados más y mejores servicios de salud, prestaciones, viviendas, créditos y pensiones, que les permitan la tranquilidad de saber que el nivel y la calidad de su vida no sufrirán, en lo posible, un menoscabo significativo a raíz de ninguna contingencia social, enfermedad o accidente.
Por ello es de suma importancia el cumplimiento del pago justo y oportuno de sus derechos y prestaciones, ya que este segmento de la sociedad resulta vulnerable, no sólo por las condiciones propias de la edad, sino que limitan sustancialmente su capacidad económica para contribuir al sostenimiento de sus familias.
Todo sistema de pensiones consagra los derechos de los trabajadores que han prestado servicios a instituciones públicas o a particulares, asegurando el bienestar de las personas al retirarse de sus empleos, que les permitan un retiro justo y digno.
Por todo lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones legales citadas en el proemio, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva que someta a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para el pago de pensiones y jubilaciones a los derechohabientes del ISSSTE e IMSS, indexando a estas prestaciones la inflación anual esperada para el ejercicio de 2009 más 2 puntos porcentuales, con la finalidad de que las mismas sean más decorosas para la manutención y calidad de vida de los derechohabientes.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 4 de noviembre de 2009.
Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL INFONAVIT A SUSPENDER LA VENTA DE SU CARTERA VENCIDA Y LOS
PROCESOS JUDICIALES DE CARÁCTER MERCANTIL ENTABLADOS EN CONTRA DE
LOS TRABAJADORES BENEFICIARIOS POR UN CRÉDITO, A CARGO DEL DIPUTADO
JESÚS EVERARDO VILLARREAL SALINAS Y SUSCRITO POR DIVERSOS INTEGRANTES
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados Jesús Everardo Villarreal Salinas, Rodolfo Torre Cantú, Cristabell Zamora Cabrera, Edgardo Melhem Salinas, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Luis Alejandro Guevara Cobos, Francisco Javier Martín Gil Ortiz, José Francisco Rábago Castillo, Carlos Flores Rico, Cruz López Aguilar, María del Carmen Guillén Vicente, Miguel Ernesto Pompa Corella, José Luis Marcos León Perea, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, Onésimo Mariscales Delgadillo, Ernesto de Lucas Hopkins, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, integrantes del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, con las siguientes
Consideraciones
El artículo 4 constitucional establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, y que la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
El artículo 123, Apartado A, fracción XII, del ordenamiento en cita, mandata la obligación patronal de proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones.
Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas.
El Instituto Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tiene sus orígenes en el numeral que se cita y es resultado de la evolución histórica que establece el derecho de los trabajadores a adquirir una vivienda digna que se remonta a los postulados básicos que recogiera el Constituyente de Querétaro en 1917 y que dan sus frutos el 5 de febrero cuando se promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Infonavit creció como un sistema garante en beneficio para los trabajadores, bajo el esquema de aportaciones para la adquisición de créditos accesibles para la compra de vivienda digan, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Debido a la incipiente economía que arrastra nuestro país desde décadas pasadas y por la crisis económica que actualmente atraviesa México, aunque no es privativa, ha llevado a los trabajadores a caer en insolvencia, pues son ellos los que se ven afectados al ser despedidos de su fuente de trabajo y, al no tener ingresos estables dejan de cubrir entre otras obligaciones, las de pago de créditos al Infonavit.
Esto ha dado como resultado que para el presente año de 2009 aproximadamente 35 mil viviendas de Infonavit, con un costo promedio de 200 mil pesos cada una, estén deshabitadas y bajo proceso judicial por falta de pago en varios estados del país.
Donde existe mayor número de viviendas deshabitadas del Infonavit es en los estados de Chihuahua con 5 mil, Baja California con 3 mil 800, Tamaulipas con 2 mil 700, Sonora con mil 900, Coahuila y Durango con mil 700 cada uno, Nuevo León con mil 200 y Sinaloa con mil, pues muchos de los beneficiarios que dejaron de pagar es por falta de trabajo, y el costo de transferencia del crédito o venderla es mayor.
El Consejo de Administración del Infonavit, bajo el falso dilema de hacerlo más eficiente, el 28 de octubre de 2005, autorizó la venta de 56 mil 491 créditos en cartera vencida a diferentes empresas privadas por un monto de 415.7 millones de pesos.
La medida de vender la cartera vencida del Infonavit ha resultado en un verdadero negocio para los funcionarios y, sobre todo, para las empresas beneficiarias de la venta de cartera.
En promedio el Infonavit remata a 35 mil pesos cada crédito de vivienda de un trabajador, que no haya pagado, a una empresa recuperadora de deuda y estas administradoras de cartera las revenden en 75 mil pesos a los originales beneficiarios en muchas de las ocasiones o a terceros adquirientes.
Es decir, el trabajador deja de tener obligación con el instituto ya que su crédito fue comprado por un tercero y si quiere seguir conservando su vivienda y no ser desalojado tiene que renegociar su adeudo hasta el doble del costo original.
Afortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió como inconstitucional que los bancos cedan o entreguen la cartera vencida a empresas especializadas en la adquisición de deuda, con lo que se abre la oportunidad de frenar esta práctica usurera por parte del Infonavit, que lamentablemente sigue aplicando en perjuicio de los trabajadores.
Para el Congreso de la Unión, concretamente en la Cámara de Diputados, se han presentado puntos de acuerdo tratando de solucionar el problema en cita, pues los diputados no somos ajenos a la problemática por la que atraviesan los trabajadores beneficiarios por un crédito, al hostigamiento extrajudicial a que son sometidos por los despachos jurídicos que compraron la cartera vencida, aunado a ello para no ser desalojados los hacen firmar documentos mercantiles cobrándoles hasta 15 por ciento de interés que se va duplicando en medida y no se puede pagar.
Otro gran problema que enfrentan los beneficiarios de un crédito es que aunque se les empiece a descontarle por el pago de su crédito, en algunos casos, no les entregan la vivienda y en la mayoría se las entregan en mal estado debido a la mala planeación en su construcción por la nula supervisión del instituto.
Finalmente me permito referir que la clase patronal también sufre de estos inconvenientes, que hacemos notar en el exceso de cobro para la clase patronal al congelar cuentas bancarias, aun cuando el monto es mínimo para su exigencia y se pueden garantizar con bienes de menor cantidad a las establecidas en las cuentas.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), para que ya no recurra a la práctica de venta de cartera vencida.
Segundo. Se sensibilice a los despachos jurídicos por parte del instituto, que están aplicando conceptos de cobranza social que supuestamente deben beneficiar a los trabajadores pero más que ello se convierte en una amenaza social.
Tercero. Se exhorta al instituto para que evalúe el rol de los despachos jurídicos, para que realmente ofrezcan alternativas a los trabajadores en materia de pago de cartera adecuándose a las circunstancias laborales que enfrentan los trabajadores, además de que el trato sea digno y en apego al código de ética del instituto.
Cuarto. Se exhorta al instituto para que sea solidario con los trabajadores para encontrar salidas justas que les permitan conservar su casa, estableciendo sanciones para aquellos despachos que tienen practicas inhumanas y ofensivas con el trabajador.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2009.
Diputados: Jesús Everardo
Villarreal Salinas (rúbrica), Rodolfo Torre Cantú (rúbrica),
Cristabell Zamora Cabrera (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica),
Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Luis Alejandro Guevara Cobos (rúbrica),
Francisco Javier Martín Gil Ortiz, José Francisco Rábago
Castillo, Carlos Flores Rico, Cruz López Aguilar, María del
Carmen Guillén Vicente, Miguel Ernesto Pompa Corella, José
Luis Marcos León Perea, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh,
Onésimo Mariscales Delgadillo, Ernesto de Lucas Hopkins, Manuel
Ignacio Acosta Gutiérrez.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA SCT Y A LA COFETEL A HACER CUMPLIR LA IMPLEMENTACIÓN
DE LAS ÁREAS DE SERVICIO LOCAL CONSOLIDADAS EN LAS DIVERSAS RESOLUCIONES,
Y A EMITIR LAS MEDIDAS DE SANCIÓN CORRESPONDIENTES ANTE EL INCUMPLIMIENTO
DE ÉSTAS O, EN SU CASO, REVOCAR LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN
DE LAS EMPRESAS TELEFÓNICAS RESPONSABLES, A CARGO DE LA DIPUTADA
SOFÍA CASTRO RÍOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Sofía Castro Ríos, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tiene como misión "promover sistemas de transporte y comunicaciones seguros, eficientes y competitivos, mediante el fortalecimiento del marco jurídico, la definición de políticas públicas y el diseño de estrategias que contribuyan al crecimiento sostenido de la economía y el desarrollo social equilibrado del país; ampliando la cobertura y accesibilidad de los servicios, logrando la integración de los mexicanos y respetando el medio ambiente".
De acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo IX, artículo 71, Apartado A, fracciones II y III; y artículos 73 y 74, relativos a "Infracciones y sanciones", de la Ley Federal de Telecomunicaciones, la SCT es la entidad facultada para sancionar a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones en caso de incumplimiento a las obligaciones consagradas en dicha ley. Pudiendo resolver incluso la revocación de los títulos de concesión de las empresas telefónicas que reiteradamente incurren en incumplimiento a sus obligaciones.
La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) surge el 9 de agosto de 1996 por decreto presidencial como órgano administrativo desconcentrado de la SCT con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, encargada de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de telecomunicaciones y radiodifusión en México, con autonomía plena para dictar sus resoluciones. Teniendo entre una de sus facultades la de emitir proyectos de sanción a la SCT, a fin de que esta última imponga las sanciones correspondientes.
Al haber sido creada como órgano regulador de las telecomunicaciones entre sus principales objetivos se encuentra el de garantizar la accesibilidad a la comunicación, derecho fundamental que detenta cada ciudadano de nuestro país.
El 23 de octubre de 1997, la Cofetel publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las "Reglas del servicio local". Un año después, el 30 de noviembre de 1998, la Cofetel publicó en el DOF la resolución administrativa mediante la cual se establecen los lineamientos para llevar a cabo la consolidación de los grupos de centrales de servicio local existentes en las áreas de servicio local (ASL), así como el calendario de consolidación respectivo. Resultado de ello, en 2000 se llevó a cabo la primera consolidación de ASL con innumerables beneficios tanto para concesionarios como para usuarios del sector.
Las áreas de servicio local se definen como una delimitación geográfica en la cual se presta el servicio local entre usuarios ubicados en cualquier punto dentro de ella, de tal suerte que las llamadas que se cursen dentro de dicha delimitación son pagadas como llamadas locales.
Asimismo, habremos de entender que la consolidación es el acto de fusionar dos o más ASL para conformar una sola, a fin de ampliar la delimitación geográfica de las ASL consolidadas y, por consecuencia, el espacio territorial de las llamadas telefónicas cursadas mediante servicio local.
Bajo estas premisas y dado el éxito conseguido durante las primeras consolidaciones de ASL, la Cofetel continuó recibiendo diversas solicitudes de consolidación de ASL, motivo por el que, el 11 de enero de 2006, la Cofetel publicó en el DOF la "Resolución mediante la cual el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones determina los lineamientos que deberán observarse para modificar las áreas de servicio local" , en los que establece un procedimiento cierto y transparente, con base en el cual analiza y determina la viabilidad o inviabilidad de las solicitudes recibidas.
Conforme lo dispuesto en los lineamientos, la Cofetel ha resuelto la consolidación de diversas ASL; mediante los acuerdos P/140307/115, P/280307/131, P/280307/132 y P/EXT/180908/54, entre otros. Consolidaciones que a la fecha no se han implementado; esto es, no se han llevado a la práctica y por consecuencia ni concesionarios ni usuarios han palpado los beneficios que dichas consolidaciones conllevan.
La labor de la Cofetel no debe quedarse sólo en el papel, necesita concretar los efectos de sus resoluciones para que se obtengan beneficios reales y avances significativos en materia de telecomunicaciones.
De ahí que sea necesario exhortar a ese órgano regulador para que aumente sus esfuerzos y concrete el trabajo de implementación de las áreas de servicio local consolidadas, ya que con ello se lograrán romper las barreras de comunicación existentes entre localidades cercanas tanto rurales como urbanas, las cuales a la fecha sólo cuentan con el servicio de telefonía de larga distancia para comunicarse a la estación de policía, a los centros universitarios, financieros, sociales y de salud más cercanos.
No es posible que los ciudadanos de localidades aledañas y pertenecientes a una misma región tengan que comunicarse mediante el servicio telefónico de larga distancia, puesto que ya hay calendarios concretos para transformar los servicios telefónicos de larga distancia en servicios de telefonía local.
Por eso, la imperiosa necesidad que se implementen las consolidaciones de ASL en nuestro país, a fin de que los habitantes de éstas se puedan comunicar mediante el servicio de telefonía local, generando con ello importantes ahorros en el gasto familiar, municipal, mercantil, entre otros. Ahorros que impactaran en una mayor integración regional dada la accesibilidad en la comunicación en los ámbitos familiar, social, cultural, comercial, entre otros.
Otro ahorro directo que aún no reciben los usuarios del servicio telefónico, dada la falta de implementación de las ASL consolidadas, es la diversidad de ofertas en las ASL que actualmente siguen cerradas a la competencia y en las que sólo los concesionarios más grandes pueden vender sus servicios.
Actualmente, las ASL cerradas a la competencia representan más de la mitad del territorio nacional, es decir, las empresas telefónicas con mayor poder en nuestro país son las únicas que otorgan este servicio de telefonía. Pero si se implementan las ASL consolidadas se logrará que alrededor de 200 ASL se abran a la competencia, esto es:
Todos los concesionarios podrán ofrecer sus servicios en dichas ASL, lo que generará condiciones de competencia equitativa y, con ello, que los usuarios cuenten con mayores opciones para escoger al concesionario que les ofrezca tarifas más accesibles, así como mejor calidad y servicios. Esto a su vez fortalece la inversión y la entrada de nuevos concesionarios al sector de las telecomunicaciones y, por consecuencia, salvaguarda el derecho que tiene todo ciudadano a disponer de medios de comunicación accesibles.
Es nuestra labor impulsar a las instancias de gobierno competentes, en este caso SCT y Cofetel, a que actúen y cumplan con la estrategia 14.1 del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, la cual establece que, "para aumentar el acceso a los servicios de telecomunicaciones a un número cada vez mayor de mexicanos, se habrá de incrementar la competencia entre los concesionarios con la finalidad de aumentar la cobertura de los servicios en el país y contribuir a que las tarifas permitan el acceso de un mayor número de usuarios al servicio". Objetivo que se logrará con la debida implementación de las ASL consolidadas, por lo que la SCT y la Cofetel aún no han concretado los beneficios reales de sus determinaciones.
Por ello, someto a su consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que, de forma inmediata, haga cumplir la implementación de las áreas de servicio local consolidadas en sus resoluciones emitidas por el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones mediante los acuerdos P/140307/115, P/280307/131, P/280307/132 y P/EXT/180908/54.
Segundo. Se exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a que tome las medidas sancionadoras correspondientes ante el incumplimiento injustificado de los concesionarios de servicio local y de larga distancia a sus resoluciones emitidas por el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones mediante los acuerdos P/140307/115, P/280307/131, P/280307/132 y P/EXT/180908/54. Enviando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en su caso, las propuestas de sanción correspondientes.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a emitir las sanciones correspondientes a los concesionarios de servicio local y de larga distancia que incurran en incumplimiento a las resoluciones emitidas por el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones mediante los acuerdos P/140307/115, P/280307/131, P/280307/132 y P/EXT/180908/54.
Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que ante el reiterado incumplimiento de sus obligaciones por parte de alguno de los concesionarios de servicio local y de larga distancia, actuar conforme a lo dispuesto en el artículo 38, fracciones III, IV y V; artículo 71, Apartado A, fracciones II y III, y artículos 73 y 74 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, esto es, sancionar al responsable, incluso, con la revocación de su título de concesión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2009.
Diputada Sofía Castro Ríos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PERMITAN LA
INSTALACIÓN DE TALLERES O MAQUILADORAS SOCIALES, CON EL OBJETIVO
DE CREAR EMPLEOS FORMALES Y FOMENTAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA NACIONAL,
A CARGO DE LA DIPUTADA BLANCA ESTELA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en la normatividad aplicable someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Actualmente, la gran tarea de todos los mexicanos es, sin duda alguna, sumar esfuerzos a fin de sacar a nuestro país del estancamiento económico, el cual ha sido consecuencia de una crisis global, que ha ocasionado efectos negativos que se manifiestan en mayor medida en los sectores poblacionales más desprotegidos.
Aunado a lo anterior, es importante mencionar que la falta de capacidad de los gobiernos panistas en el ejercicio público agudiza aún más las problemáticas que se presentan, lo preocupante del tema es la incidencia en indicadores tales como el nivel de crecimiento y el empleo.
Según el último informe sobre la producción nacional que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al cierre del tercer trimestre el producto interno bruto presenta una disminución de aproximadamente 6 por ciento, en este sentido, cálculos del Banco de México estiman que para finales del 2009 la contracción será cercana al diez por ciento, en comparación con el año anterior.
En lo que se refiere a la generación de empleos, el déficit en la creación de empleos supera los dos millones, tan sólo en lo que va de la presente administración. Del total de la población económicamente activa, cerca del 6 por ciento de la misma se encuentra desempleada.
La oportunidad de conseguir un empleo formal es mínima, considerando que no existen elementos que fomenten la inversión productiva, los programas de asistencia son insuficientes ante una demanda que se incrementa día con día.
En este contexto, la propuesta que presento representa una alternativa para coadyuvar a mejorar la precaria situación que enfrentan millones de mexicanos que no cuentan con los mínimos para subsistir.
La proposición con punto de acuerdo es para exhortar al Ejecutivo federal a diseñar mecanismos e implementar acciones que permitan destinar recursos que permitan la coinversión en la instalación y apertura de talleres y maquiladoras sociales.
El objetivo principal de este proyecto es construir las bases de un sistema de coinversión pública y social que permita fortalecer al sector manufacturero nacional, siendo el pilar del crecimiento económico.
La generación de un número mayor de talleres y empresas maquiladoras sociales permitirá generar empleos formales, en donde se procurará emplear a las personas que habitan en la región, para con ello incidir de manera positiva en el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores.
Dichas empresas sociales, al ser instaladas en zonas de alta y muy alta marginación, son un detonante del desarrollo regional, así como un mecanismo que impulse el crecimiento de la producción del aparato productivo nacional.
Para enfrentar la crisis es fundamental implementar medidas anticíclicas, principalmente aquellas que permitan la inversión productiva, para ello es imperativo fomentar mecanismos de coinversión pública y social, que permitan contar con un sector competitivo.
De igual forma, es necesario garantizar la sustentabilidad de este proyecto, por lo que se debe establecer como una obligación para los coinversionistas, que una parte de las utilidades obtenidas se concentren en un fondo común que permita invertir en la apertura de otros centros con características similares.
En razón de lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a emprender de manera inmediata acciones que permitan destinar recursos para el alquiler o renta de naves o locales adecuados en los cuales se pueda instalar un taller o manufactura social; y a diseñar un programa de apoyo a través del cual se otorguen recursos suficientes para la adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario que será utilizado en los talleres o maquiladoras sociales.
En el programa de apoyo se establezca como un elemento fundamental la obligación de la reinversión de las utilidades obtenidas, con el objetivo de formar un fondo que permita la apertura otros talleres o maquiladoras sociales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre de 2009.
Diputada Blanca Estela Jiménez Hernández
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS LA CREACIÓN
DE UN FONDO DE EMERGENCIA ECONÓMICO MULTIANUAL, FORMADO CON LO SUBEJERCIDO
DE LOS FIDEICOMISOS, FONDOS, MANDATOS O CONTRATOS ANÁLOGOS, A CARGO
DEL DIPUTADO GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI, Y SUSCRITO POR INTEGRANTES DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Los suscritos, diputados Gerardo Sánchez García, Cruz López Aguilar, Manuel Humberto Cota Jiménez, Francisco Alberto Jiménez Merino del Grupo Parlamentario del PRI; Francisco Hernández Juárez y Federico Ovalle Vaquera del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo de urgente resolución donde se solicita a la Cámara de Diputados crear un Fondo de Emergencia Económica Multianual, conformado por los montos subejercidos de los fideicomisos, fondos, mandatos o contratos análogos, bajo las siguientes
Consideraciones
1). De acuerdo con el último reporte del Informe Global de Corrupción que realiza Transparencia Internacional (TI) donde considera 162 países, México ocupa el lugar 72 en el nivel de corrupción en el 2009. Se encuentra al nivel de Trinidad y Tobago, Perú, Macedonia, Surinam, entre otros; y por debajo de países como Chile, Costa Rica, El Salvador, Cuba, Lituania, entre otros. Es decir, es preocupante el grado de corrupción que muestra nuestro país.
2). La opacidad sigue siendo lastre en la rendición de cuentas, no obstante que dado el escándalo de la empresa Integradora de Servicios Operativos que operaba con dinero público, pero no podía ser auditada, puesto que se trataba de una empresa privada que prestaba servicios de derecho de trámite aduanal, se estima que el quebranto a las finanzas públicas fue de más de 10 mil millones de pesos.
3) Esta situación motivó que se reformara el artículo 79 de la Constitución General de la República, a fin de que puedan ser auditados todos aquellos organismos públicos o privados que manejen recursos federales.
4). De acuerdo al documento Áreas de Opacidad y Riesgo en el Estado Federal Mexicano, Oportunidades de Mejora 2009, que publica la Auditoría Superior de la Federación (ASF), señala en el capítulo de Fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos, que a gestiones de la ASF y la honorable Cámara de Diputados, estas figuras ya son sujetas de fiscalización.
5). Se señala en el documento mencionado, que de acuerdo a la revisión efectuada por la ASF el número de figuras jurídicas se incrementó de mil 387 en el 2004, a mil 409 en el 2005 y el monto de sus activos paso de 675 mil millones de pesos a 742 mil millones de pesos, es decir casi 7 puntos porcentuales del producto interno bruto a precios de 2009.
6). Al cierre de 2007, como consecuencia de la actuación de la ASF, estos instrumentos disminuyeron a 341 fideicomisos sin estructura, 27 mandatos y 9 contratos análogos, alcanzando un total de 377 figuras jurídicas. No obstante lo anterior, el grado de opacidad sigue siendo escandaloso, manejándose montos muy importantes en disponibilidades de recursos públicos, que sólo en 2007 ascendieron a 327.1 mil millones de pesos.
Concluye la ASF que a pesar de lo avanzado en la reducción, registro y control del número de fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos, que no se ha observado un adecuado seguimiento global de los recursos generales aportados a estos instrumentos, no de su reintegro al erario. Esto quiere decir que existen miles de millones de pesos que bien a bien no se sabe su destino.
Por ello es fundamental avanzar en perfeccionar la normatividad referida a la rendición de cuentas, erradicar la discrecionalidad en el uso de los recursos, toda vez que se trata de egresos y éstos, por Ley, son aprobados y autorizados por la Cámara de Diputados.
De esta manera, se deben trasparentar los montos a que ascienden los subejercicios que manejan estos instrumentos, a fin de que sean utilizados de manera oportuna, sobre todo cuando hay situaciones de crisis económica, como la que se ha vivido en los últimos 12 meses.
Sin duda que hace falta una reforma a las leyes secundarias de gran calado, donde se incluya una nueva Ley de Fideicomisos que pueda regular aquellos instrumentos que operan total o parcialmente con recursos públicos, entre otros aspectos.
El propósito de este punto de acuerdo es que la Cámara de Diputados apruebe la conformación de un fondo de emergencia económica multianual, cuyo fondeo se derive de los subejercicios de esas figuras jurídicas y el monto que defina esta soberanía aparezca en el presupuesto 2010.
El esquema podría ser semejante al que se establece en el artículo 19 fracción IV de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, referido a los excedentes petroleros.
Por lo anterior sometemos a consideración del pleno de esta soberanía, proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente resolución
Primero. Se solicita a la honorable Cámara de Diputados crear un Fondo de Emergencia Económica Multianual, conformado por los montos subejercidos de los fideicomisos, fondos, mandatos o contratos análogos, a fin de que dichos recursos puedan coadyuvar a enfrentar situaciones económicas que reclaman prontitud en la aplicación de recursos. Para la utilización de los recursos del fondo se deberá contar con la autorización de la honorable Cámara de Diputados.
Segundo. El monto que defina esta soberanía aparezca en el Presupuesto de 2010.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre del 2009.
Diputados: Gerardo Sánchez García,
Cruz López Aguilar, Manuel Humberto Cota Jiménez, Alberto
Jiménez Merino, Francisco Hernández Juárez, Federico
Ovalle Vaquera (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA
TODO LO RELACIONADO CON LA DISTRIBUCIÓN Y APLICACIÓN DE LA
VACUNA CONTRA EL VIRUS DE LA INFLUENZA A (H1N1) Y ACERCA DE LA EXISTENCIA
DE PROCEDIMIENTOS PARA EVITAR UNA SOBREDEMANDA DE VACUNAS CONTRA ESTE PADECIMIENTO
Y LA GENERACIÓN DE CONFLICTOS RELACIONADOS CON SU APLICACIÓN,
A CARGO DEL DIPUTADO MARCO ANTONIO GARCÍA AYALA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El que suscribe, diputado Marco Antonio García Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo –de urgente y obvia resolución– fundada en los siguientes antecedentes y consideraciones.
Antecedentes
La aparición inesperada de una nueva enfermedad, la influenza humana, provocada por un nuevo virus también, el A (H1N1), provocó en nuestro país, como en todo el mundo, una situación de emergencia sanitaria, ante el desconocimiento de las dimensiones precisas del riesgo sanitario que se corría.
A partir de las acciones que las autoridades sanitarias emprendieron para contener el contagio, así como con las investigaciones realizadas posteriormente, permitieron comenzar a conocer la información relacionada al nuevo virus y su padecimiento, tales como, entre otras cosas, la manera de prevenir su contagio, su tratamiento o la posibilidad de creación de una vacuna.
En efecto, con el conocimiento acumulado de este nuevo tipo de influenza, los organismos internacionales de la salud, en combinación con diversas autoridades sanitarias locales, laboratorios y farmacéuticas, se dieron a la tarea de producir una vacuna, la cual, actualmente, se ha informado que se encuentra en una etapa de inicio de su distribución de las dosis disponibles.
Con relación a todo este proceso, en el marco del inicio de la temporada de frío en nuestro país, las autoridades sanitarias han estado manifestando diversos aspectos que son de suma importancia social, de los que conviene destacar los hechos de que, por un lado, no podrá haber dosis para todas las personas, puesto que sólo se pudieron adquirir poco menos de 30 millones de dosis, y que por lo tanto habrá de realizarse una aplicación localizada hacia determinados grupos poblacionales, pero que además, las vacunas sólo estarán disponibles hasta diciembre de este año, en el mejor de los casos y sólo en algún porcentaje del total adquirido, contrario a lo que ha ocurrido en países más poderosos como Estados Unidos o las naciones europeas en los que la aplicación de la vacuna ya ha iniciado, de tal forma que recientemente se ha informado que el presidente de la República iniciará un cabildeo con las farmacéuticas internacionales productoras de la vacuna para que la podamos tener antes en el país.
En este sentido resulta muy importante conocer lo que ha venido sucediendo en los países que ya iniciaron una vacunación contra la enfermedad, en los cuales, no obstante, ante la imposibilidad de una vacunación generalizada contra la influenza A (H1N1), se ha generado, como así lo han consignado los medios de comunicación y las propias autoridades sanitarias locales, una sobredemanda, que se ha visto reflejada en largas filas y acumulación de personas en los centros de salud, hospitales y clínicas, que exigen su vacunación y sin importar, incluso, condiciones climáticas adversas o distancias grandes que recorrer.
Por ejemplo, en el Centro de Salud Dennis de la ciudad de Silver Springs en el estado de Maryland, en cuanto se anunció que ahí se comenzaría a aplicar la vacuna a la población del Condado de Montgomery, que es donde se ubica esa ciudad, la más poblada del Condado, a partir del 14 de octubre, se formó una hilera de personas de más de un kilómetro desde la propia madrugada del día 13, a pesar de las muy bajas temperaturas y la amenaza de una nevada. Vale la pena señalar que la población del Condado es de 900 mil habitantes.
Las autoridades sanitarias de la clínica Dennis, atendiendo la indicación del Departamento de Salud de Estados Unidos, indicaron que sólo aplicarían la vacuna a mujeres embarazadas y niños y jóvenes de 2 a 24 años, pero que, sin embargo, ante la exigencia social de vacunación tuvieron que aplicarla a las primeros 2 mil 500 personas formadas en un ambiente de tensión, inconformidad social y presión excesiva contra los médicos y trabajadores de la clínica.
Esta situación, se ha venido repitiendo en las unidades de atención donde se ha aplicado la vacuna, donde se presentan problemas y conflictos de diversa índole, pero todos relacionados: la exigencia de vacuna, la falta de dosis necesarias y las confusiones informativas. El doctor Joyce Schenider del Centro Médico Glotal Pediatrics deManhattan ha señalado con toda claridad que "la gente se esta poniendo ansiosa al no recibir respuesta a sus demandas", vinculadas a lo que señalamos. The New York Times ha señalado en sus ediciones que "la insuficiente producción de dosis no es el único problema. Muchos estadounidenses se encuentran confundidos sobre el número de dosis a aplicar, así como por las diferentes presentaciones de la vacuna. Y en Internet se ha propagado una ola de rumores…".
En nuestro país, el inicio de la semana de vacunación, en los primeros días de octubre, la opinión pública consignó la generación de una gran confusión social porque las autoridades sanitarias habían enterado sobre el inicio de la vacunación contra la influenza estacional, pero como había sido dado a conocer en el marco de todo lo que ha acontecido con la influenza A (H1N1), las personas no sólo incrementaron sustantivamente la demanda de la vacuna contra la influenza estacional, la cual por cierto por distribuida deficientemente, sino que también, se acercó para demandar, a veces correctamente, en otras ocasiones con mayor molestia, que le aplicarán la vacuna contra la nueva enfermedad.
Recientemente, se ha dado conocer que el presidente de la República negoció, por supuesto que abría que conocer los términos de la negociación, una entrega anticipada de 10 millones de dosis, situación que resulta conveniente, pero insuficiente para el cuadro que presenta o que puede configurar la infección en el país y que por supuesto no hace sino confirmar la probable generación de los escenarios comentados.
Ante estos datos, resulta fundamentado preveer que cuando México tenga disponible la vacuna contra la A (H1N1), se han de presentar situaciones no deseables tales como sobredemanda y presión excesiva en los sitios de vacunación, sin que hasta la fecha, la Secretaría de Salud haya informado que piensa hacer ante estos escenarios.
En razón de lo fundamentado, solicito al honorable pleno de la Cámara de Diputados, la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Único. Se solicita a la Secretaría de Salud del gobierno federal informe a esta soberanía todo lo relacionado a la distribución y aplicación de la vacuna contra el virus de la influenza A (H1N1), así como acerca de la existencia de los métodos para evitar una sobredemanda de vacunas contra este padecimiento y contra la generación de conflictos relacionados a su aplicación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2009.
Diputado Marco Antonio García Ayala (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL DAÑO ECOLÓGICO,
IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO GENERADO POR PEMEX, A CARGO DEL DIPUTADO
OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Y SUSCRITO POR INTEGRANTES DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
El suscrito, diputado Óscar Román Rosas González, en nombre propio y de los diputados que al calce firman, integrantes de diversos partidos de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 93, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los antecedentes más recientes en torno a la creación de una comisión especial investigadora del daño ecológico y social generado por Petróleos Mexicanos se encuentran en las pasadas LIX y LX Legislaturas de esta Cámara de Diputados.
Atinadamente, el pleno de esas legislaturas, luego de estudiar las exposiciones de motivos de los proponentes y los dictámenes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, reconoció en su oportunidad la importancia y trascendencia del objeto y misión de esa comisión especial investigadora y fue así como se emitieron los votos en pro para la creación y desarrollo de los trabajos de la citada comisión.
Debido al compromiso indeclinable que todos tenemos a favor del desarrollo sustentable de nuestro país, les pido su anuencia favorable para la creación de esta comisión que me permito proponer, toda vez que la explotación del petróleo genera en todo tiempo impactos ambientales, sociales y económicos que en ocasiones se traducen en daños graves que ameritan su análisis e investigación, respaldados por estudios serios y fundamentados que coadyuven a determinar con precisión la determinación de las causas y los efectos; así como las propuestas y recomendaciones para prevenir, en lo posible, el daño ecológico, social y económico y, en su caso, revertirlos.
Necesitamos contribuir decididamente para evitar el deterioro de los ecosistemas y la gran diversidad biológica, el potencial productivo de nuestros recursos naturales pero, sobre todo, debemos poner nuestros mejores esfuerzos para preservar y acrecentar la calidad de vida de todos los mexicanos. Esto será posible con la suma de nuestras voluntades.
Actualmente convergen en esta problemática de daño ecológico, social y económico, la falta de mantenimiento oportuno y pertinente a las instalaciones; la explotación intensiva y acelerada con notorios descuidos que impactan permanentemente el ambiente y los recursos naturales; la inclinación a políticas de indemnización en lugar de políticas preventivas y la falta de compromisos institucionales en torno a la transformación de prácticas sustentables, la implantación de medidas efectivas de restauración ecológica, así como la creación de mecanismos que mitiguen el impacto económico en las regiones donde se asientan los complejos industriales de la paraestatal.
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión de Investigación del Daño Ecológico, Impacto Social y Económico Generado por Pemex, que tendrá como objetivo detectar la problemática e impacto ambiental que genera la paraestatal en los espacios que ocupa en las entidades federativas donde tiene ubicadas sus instalaciones y llevar a cabo las acciones legislativas que garanticen un desarrollo sustentable y equilibrado, con políticas de prevención y protección ecológica y social, para preservar y acrecentar la calidad de vida de todos los Mexicanos.
Segundo. La Comisión de Investigación del Daño Ecológico, Impacto Social y Económico Generado por Pemex cumplirá en su integración todos los requisitos establecidos por los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. La Comisión de Investigación del Daño Ecológico, Impacto Social y Económico Generado por Pemex funcionará hasta agotar su objeto o, en su caso, hasta la conclusión de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2009.
Diputados: Óscar Román
Rosas González, Leandro Rafael García Bringas, Eviel Pérez
Magaña, Emilio Andrés Mendoza Kaplan, José Antonio
Yglesias Arreola, María Cristina Díaz Salazar, María
de Jesús Aguirre Maldonado, Víctor Manuel Castro Cosío,
Felipe Cervera Hernández, Reyes Tamez Guerra, Alejandro Canek Vázquez
Góngora, Sandra Méndez Hernández, Andrés Massieu
Fernández, Alma Carolina Viggiano Austria, Angélica del Rosario
Araujo Lara, Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Carlos Manuel Joaquín
González, Guillermina Casique Vences, Fernando Ferreyra Olivares,
Israel Reyes Ledezma Magaña, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf,
Roberto Borges Angulo, María Esther Terán Velázquez,
María Estela de la Fuente Dagdug, Georgina Trujillo Zentella, Jesús
Alberto Cano Vélez, José Manuel Agüero Tovar, Jaime
Sánchez Vélez, Ardelio Vargas Fosado, Gerardo Sánchez
García, Salvador Manzur Díaz, Ricardo Ahued Bardahuil, Fausto
Sergio Saldaña del Moral, Josué Cirino Valdez Huezo, Héctor
Eduardo Velasco Monroy, Héctor Guevara Ramírez, Elvia Hernández
García, Francisco Lauro Rojas San Román, Eduardo Zarzosa
Sánchez, Amador Monroy Estrada, Ramón Ramírez Valtierra,
Sergio Mancilla Zayas, Raúl Domínguez Rex, María Esther
de Jesús Scherman Leaño, Francisco Ramos Montaño,
Juan Pablo Jiménez Concha, Janet Graciela González Tostado,
María Isabel Merlo Talavera, Blanca Estela Jiménez Hernández,
Fernando Morales Martínez, Jorge Venustiano González Ilescas,
Adriana Terrazas Porras, Luis Carlos Campos Villegas, Carlos Cruz Mendoza,
David Hernández Vallin, Narcedalia Ramírez Pineda, Margarita
Gallegos Soto, Margarita Liborio Arrazola, Elpidio Desiderio Cocha Arellano,
Hernán de Jesús Orantes López, Emilio Chuayffet Chemor,
Andrés Aguirre Romero, Felipe Borja Texocotitla, Jesús Alfonso
Navarrete Prida, José Adán Ignacio Rubí Salazar, Manuel
Cadena Morales, Armando Neyra Chávez, José Ignacio Pichardo
Lechuga, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Isaías González
Cuevas, Jesús María Rodríguez Hernández, Alfredo
Francisco Lugo Oñate, Sabino Bautista Concepción, Esteban
Albarrán Mendoza, Francisco José Rojas Gutiérrez,
Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, José Antonio Aysa Bernat, Fermín
Gerardo Alvarado Arroyo, Ángel Aguirre Herrera, Manuel Humberto
Cota Jiménez, Ricardo Ahued Bardahuil, Fidel Kuri Grajales, María
Isabel Pérez Santos, Amador Monroy Estrada, Omar Fayad Meneses,
Cuauhtémoc Salgado Romero, Javier Duarte de Ochoa, Mario Moreno
Arcos, Martín Enrique Castillo Ruz, Eric Luis Rubio Barthell, Fermín
Montes Cavazos, Benjamín Clariond Reyes Retana, Francisco Alejandro
Moreno Merino, Maurilio Ochoa Millán, Juan Carlos Lastiri Quirós,
Sofía Castro Ríos, Jeny de los Reyes Aguilar, María
del Carmen Izaguirre Francos, Rodolfo Torres Cantú, Cristabell Zamora
Cabrera, Francisco Javier Martín Gil Ortiz, Rosario Ortiz Yeladaqui,
Yulma Rocha Aguilar, Delia Guerrero Coronado, Patricio Chirinos del Ángel,
Felipe Amadeo Flores Espinosa, Silvio Lagos Galindo, Víctor Félix
Flores Morales, Luz Carolina Gudiño Corro, Juan Nicolás Callejas
Arroyo, Luis Félix Rodríguez Sosa, Judith Fabiola Vázquez
Saut, Rafael Yerena Zambrano, David Hernández Pérez, José
Trinidad Padilla López, Miguel Ernesto Pompa Corella, Jorge Carlos
Ramírez Marín, Juan Carlos Natale López, Jorge Humberto
López Portillo Basave, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Ernesto
de Lucas Hopkins, Onésimo Mariscales Delgadillo, Carlos Manuel Joaquín
González, Antonio Benítez Lucho, Roberto Armando Albores
Gleason, Miguel Ángel Terrón Mendoza, Alicia Elizabeth Zamora
Villalva, Sergio Lobato García, Jorge Hernández Hernández,
Carlos Oznerol Pacheco Castro, Paula Angélica Hernández Olmos,
Jorge Rojo García de Alba, Jorge Romero Romero, Manuel Guillermo
Márquez Lizalde (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA
EL EJERCICIO FISCAL DE 2010 NO DISMINUYAN LOS RECURSOS AUTORIZADOS EN 2009
Y DESTINADOS A DIVERSOS PROYECTOS Y ACCIONES PARA EQUILIBRAR LAS DESIGUALDADES
DE POBREZA EXTREMA EN LOS ESTADOS DE CHIAPAS, OAXACA Y GUERRERO, A CARGO
DEL DIPUTADO FERMÍN GERARDO ALVARADO ARROYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El suscrito, diputado federal Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral I, inciso b), de la ley Orgánica y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primero. Que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostiene el concepto de que la pobreza humana es un corolario de la pobreza de los ingresos y destaca que la igualdad, la inclusión social, el empoderamiento de las mujeres y el respeto a los derechos humanos son todos importantes para la reducción de la pobreza.
Segundo. Que entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, donde el Estado mexicano es miembro, se prioriza el propósito de reducir a la mitad la cantidad de personas que viven en extrema pobreza para 2015. Así los países en desarrollo, como México, están trabajando o deberían de estarlo haciendo para crear y recrear sus propias estrategias nacionales de erradicación de la pobreza, basándose en las necesidades y prioridades locales.
Tercero. Que el desarrollo social ha de entenderse como un "proceso de cambio permanente en el perfil de una economía, orientado a canalizar en montos suficientes los beneficios del crecimiento y del ingreso nacional a los sectores sociales, encaminado, asimismo, a la mejoría en los niveles de bienestar social, alcanzado a partir de una equitativa distribución del ingreso y la erradicación de la pobreza, observándose, índices crecientes de mejoría en la alimentación, educación, salud, vivienda, medio ambiente y procuración de justicia en la población".1
Cuarto. Que apenas en mayo de este año, el Ejecutivo federal presentó en el alcázar del Castillo de Chapultepec su proyecto Visión 2030: El México que queremos, en el que planteaba la necesidad de no doblegarnos ante las adversidades e impulsar el desarrollo del país.
Quinto. Que pese al compromiso formal expresado en leyes secundarias de desarrollo social tanto a nivel federal, como en los estados, y en el documento Visión 2030, en nuestro país, las desigualdades sociales son extremas, concentrando absurdamente, la riqueza, sobretodo, en la parte norte del país; y acrecentando, en la parte sur, la pobreza más vergonzante, sobre todo en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, cuya pobreza extrema es tres veces mayor que el promedio nacional, y representa el 65% en relación al resto del país.
Sexto. Que en estos tres estados de la república habita poco más de 10 por ciento de la población nacional, más de la tercera parte de la población indígena del país; 2.4 millones de personas mayores de 5 años hablan una lengua indígena y, de ellos, una cuarta parte no habla español; y aquí son alarmantes la pobreza alimentaria, la de capacidades y la de patrimonio.2
Séptimo. Que en estas 3 entidades federativas habitan la más desfavorables proporciones de población analfabeta; de población mayor de 15 años con primaria incompleta; de vivienda sin energía eléctrica, sin agua entubada, con mayor grado de hacinamiento y con piso de tierra, asimismo, el mayor número de población con ingresos inferiores a dos salarios mínimos.
Octavo. Que los conflictos políticos, la vulnerabilidad de la frontera sur, el narcotráfico y la violencia demandan cantidades cada vez mayores de los presupuestos estatales y por su complejidad se convierten en un factor clave de la seguridad nacional.
Noveno. Que en 2007, los gobernadores de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con la asesoría del licenciado Carlos Rojas Gutiérrez, promovieron la conformación del Programa del Sur, como un mecanismo para impulsar el desarrollo y bienestar, acordar acciones de impacto regional, integrar presupuestos, incrementar recursos, favorecer la inversión privada y social, y evaluar y dar seguimiento a las metas comprometidas en él.
Décimo. Que en el mismo 2007, con la sensible voluntad de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados se logro la incorporación de un fondo regional, primero y después, del Fondo del Programa del Sur en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con el que se ha logrado ejecutar acciones en materia de infraestructura de agua, drenaje, saneamiento, carreteras, salud, educativa y productiva.
Undécimo. Que no obstante, en la actual propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se observa una disminución de 49 por ciento respecto a la cantidad aprobada en el PEF de 2009,3 53 por ciento menos en el rubro de infraestructura carretera y no se logran identificar acciones definidas para cada una de las entidades en los rubros de infraestructura hidráulica, educativa y de salud.
Duodécimo. Que sólo a título de ejemplo, dentro del paquete presupuestal para el ejercicio fiscal de 2010, enviado por el Ejecutivo federal a esta soberanía, sobresale el rubro de programas y proyectos de inversión, en áreas sensibles como salud, educación pública, cultura, recursos hidráulicos, agua potable, drenaje y carreteras, rubro al que se propone destinar mil 762 millones de pesos, con una reducción brutal de 2,942.60 millones de pesos, respecto de la aplicación, cuando menos, del ejercicio fiscal anterior, que fue de 4 mil 704 millones de pesos.
Decimotercero. Que, por ello, conviene advertir que la fecha fijada para el cumplimiento de metas de la Declaración del Milenio, está a escasos seis años, en el que los suscriptores se comprometieron a alcanzar la mayoría de los objetivos, estableciendo parámetros cuantitativos para reducir todas las formas de pobreza extrema a la mitad y obviamente, con un margen de los riesgos que ello implicaba.
Decimocuarto. Que sin embargo, en el informe sobre el avance de estos objetivos de 2009 se anota que "el mundo se encuentra sumido en una crisis sin precedente por su gravedad y sus dimensiones"; de tal suerte, que los avances hacia la mediana materialización de estos propósitos, son, ahora, amenazados por un crecimiento lento, imperceptible y francamente hasta involutivo; por una disminución de recursos, menos oportunidades comerciales para los países en desarrollo y posibles reducciones en los fondos provenientes de países donantes, según la ONU.
Decimoquinto. Que la necesidad de impulsar medidas de austeridad frente a la crisis, no debe significar el exterminio o disminución significativa de los programas sociales, que buscan equilibrar las distancias entre la miseria de millones, frente a la riqueza insultante de los pocos, máxime, cuando el pasado día 26 de septiembre, en el marco de la cumbre del Grupo de los 20, Agustín Carstens, secretario de Hacienda y Crédito Público, señalo que la "crisis financiera mundial ya tocó fondo y ahora estamos en el rebote".
Decimosexto. Que no es posible, como sostiene con inteligencia Ban Ki-Moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, cuando prologa el informe de 2009 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, al afirmar que
"No podemos permitir que un entorno económico desfavorable nos obligue a dejar de lado los compromisos contraídos en 2000. Por el contrario, nuestros esfuerzos para restablecer el crecimiento económico deben ser considerados como una oportunidad para tomar algunas decisiones difíciles pero necesarias, para crear un futuro más equitativo y sostenible, ya que las personas pobres son las que más han sufrido el trastorno económico del pasado año. La cantidad de personas que pasan hambre y viven en condiciones de extrema pobreza es mucho mayor de lo que habría sido si los avances hubiesen continuado ininterrumpidamente. Las dificultades económicas han llevado a decenas de millones de personas a trabajar en empleos vulnerables y ha aumentado el número de los que, pese a estar empleados, no ganan lo suficiente para ellos y a sus familias estén sobre el umbral de pobreza de 1,25 dólares diarios. En 2009, se estima que entre 55 a 90 millones de personas, más que lo previsto antes de la crisis, estarán vivienda en condiciones de pobreza extrema."4
Decimoséptimo. Que los diputados federales del sur y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional hacemos nuestra, de nueva cuenta, como en 2004, la iniciativa del sur, a efecto de que se realicen nuevos esfuerzos presupuestales y no se interrumpan los iniciados, hasta lograr que se destine 1 por ciento del producto interno bruto, a atenuar los desequilibrios regionales y a relanzar la economía de estas 3 entidades.
Décimo Octavo. Que más allá de las ideologías y de los colores partidistas, los estados del sur reclaman equidad en la distribución de recursos que permitan detonar el desarrollo con equidad: educación, salud, alimentación, vivienda, infraestructura y empleo, por lo que esta representación nacional no puede olvidarse de los pobres y de los vulnerables. Tenemos la ineludible obligación de fortalecer la cooperación y la solidaridad mundial y nacional, redoblando nuestros esfuerzos para alcanzar los Objetivos del Milenio a que se comprometió el Estado mexicano, impulsando una agenda más amplia de desarrollo, que garantice un futuro cierto a miles de familias que sobreviven en esta región del olvido y de la miseria ancestral.
Decimonoveno. Que la Organización de las Naciones Unidas declaró en 1995 que el 15 de octubre se conmemorara el Día Mundial de la Mujer Rural, con el propósito de hacer conciencia sobre la necesidad de sacar a las mujeres del campo de la oscuridad y avanzar en la lucha por la que tengan no sólo las mismas obligaciones, sino, también, los mismos derechos, sobretodo, para ejercer ampliamente sus libertades y acceder, en términos de igualdad, a la educación, a la salud y al apoyo para las actividades económicas y productivas, entre otros.
Convencidos estamos que en la búsqueda de una paz justa y duradera, la igualdad de oportunidades y el desarrollo sustentable son tareas que sin el esfuerzo de las mujeres, solo quedarán en fantasías.
Vigésimo. Que por igual, este 16 de octubre, se conmemoro por la ONU, el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, decretada con el propósito de sensibilizar a la opinión pública, respecto a la necesidad de luchar por la eliminación de la pobreza y la indigencia de todos los países, en particular los países en desarrollo; necesidad –dice la ONU– que se ha convertido en una prioridad del desarrollo.
Por lo expuesto y conscientes de que es fundamental que en esta soberanía, fiel al pacto federal, se ratifique el respaldo de manera decidida a las propuestas presupuestales que impulsen el desarrollo de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, a través del Programa Regional del Sur y de los fondos regionales correspondientes, es importante urgir a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta representación soberana a destinar no sólo recursos adicionales, sino recursos extraordinarios que mitiguen de fondo, la pobreza y la miseria, y se busque alcanzar, cuando menos, los indicadores de la media nacional, sobre todo, en los rubros de salud, educación, alimentación e infraestructura.
Por lo que hemos estimado pertinente someter a consideración de esta honorable asamblea nacional para que se discuta, analice y, en su caso, se apruebe la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados refrenda su apoyo, solidaridad y respaldo a la iniciativa del sur, presentada en el seno de esta asamblea soberana en 2004, y al programa y al Fondo Regional del Sur, establecido en el PEF desde 2007, con objeto de destinar recursos, no sólo adicionales sino extraordinarios en los Presupuestos de los próximos años, hasta alcanzar, al menos, 1 por ciento del producto interno bruto, para financiar los proyectos y acciones con las que se intente superar las profundas inequidades estructurales de pobreza y miseria de los estados más pobres del país –Chiapas, Oaxaca y Guerrero–, buscando colocar sus indicadores básicos en la media nacional, sobre todo en los rubros de educación, salud, alimentación, vivienda, infraestructura y empleo.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Unión que con fundamento en las facultades desprendidas de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión prevea en el Presupuesto de 2010 no disminuir los recursos presupuestales autorizados en el Presupuesto de 2009 para continuar los proyectos y acciones iniciadas con el propósito de equilibrar las profundas desigualdades de pobreza extrema en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Tercero. La Cámara de Diputados se solidariza con la Quincuagésima Novena Legislatura del estado de Guerrero para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del honorable Congreso de la Unión que modifique positivamente e incremente las cantidades respecto del ejercicio fiscal próximo pasado, adicionales al Presupuesto Federal de 2010, para el ataque frontal de los rubros de educación, salud, alimentación, vivienda, infraestructura y empleo en Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Notas
1. Definición de desarrollo social: www.definicion.org
2. Tomado del informe ejecutivo de pobreza México
de 2007. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social. México 2008.
a. La Pobreza alimentaria. Que consiste en la incapacidad
para obtener una canasta básica alimentaria, aún, si se hiciera
uso de todo el ingreso disponible en el hogar, comprando sólo los
bienes de dicha canasta básica.
b. Pobreza de capacidades. Consiste en la insuficiencia
del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria
y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aún
dedicando el ingreso total de los hogares, nada más, para estos
fines.
c. Pobreza en el patrimonio. Expresada en la insuficiencia
del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria,
así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda,
transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar,
fuera utilizado, exclusivamente, para la adquisición de estos bienes
y servicios.
3. 2009: 2,449.3 mdp; 2010:1,500 mdp.
4. Organización de las Naciones Unidas: Objetivos
de Desarrollo del Milenio. Informe de 2009. ONU 2009; página 3.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 4 de noviembre de 2009.
Diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SHCP, DE LA SEP Y DE LA CONADE A ESTABLECER
UNA MESA DE TRABAJO CONJUNTA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
EN LA QUE SE ACUERDE LA ENTREGA DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
MUNICIPAL ETIQUETADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS DENTRO DEL PEF,
EN BENEFICIO DE DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, A CARGO
DE LA DIPUTADA SANDRA MÉNDEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la firmante, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta ante esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se solicita que se destinen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 para la rehabilitación y creación de espacios deportivos para el estado de México de conformidad con las siguientes
Consideraciones
En la actualidad, la cultura física y el deporte son indispensables para el buen desarrollo de las personas, pues constituye factores de gran trascendencia individual y social que coadyuvan de forma importante a la salud física y mental de los seres humanos, complementan la educación y el desarrollo integral de los niños y los jóvenes, y representan un instrumento valioso para favorecer la integración, contribuyendo a inhibir la delincuencia y la violencia.
La situación del deporte en México no es la mejor e, incluso, resulta desilusionante para muchos. Es notorio que no contamos con los recursos suficientes para hacer frente a todas las necesidades que se presentan en nuestra sociedad, por ello es fundamental establecer nuevos esquemas para fomentar una mayor participación de deportistas mexicanos, con mejores espacios deportivos para que el deporte en México eleve su calidad.
Debido a la importancia que la actividad deportiva tiene en nuestra sociedad y que existen diversas ramas en torno de ésta, es imprescindible que el deporte cuente con instalaciones de primer nivel y meritorias de la sociedad, ya que sólo así se puede asegurar el estado de salud físico y mental de la población que practica deporte, en todas sus manifestaciones y expresiones, especialmente cuando la actividad física es profesional y de alto rendimiento. El deporte mexicano requiere de espacios e infraestructuras adecuadas que posibiliten brindar un mejor desarrollo y poder asegurar una continuidad a las actividades físicas que se realizan.
Los deportistas mexicanos y la población que lo ejerce deben tener la garantía de contar con mejores condiciones para la práctica de éste. Es urgente y necesaria una mayor promoción del deporte recreativo y de alto rendimiento, lo cual debe ser un objeto de mayor relevancia en nuestro sistema de políticas públicas.
El deporte es una de las áreas menos favorecidas por las políticas económicas, la infraestructura deportiva constituye el soporte fundamental para que en su conjunto, fortalezca el desarrollo de las actividades deportivas, físicas y recreativas en nuestro país.
El presupuesto público, lo sabemos, es una herramienta fundamental que promueve y alienta el desarrollo de la nación. Su aplicación no sólo es un mandato del poder legislativo, sino además, una obligación del Poder Ejecutivo federal para aplicarlo de conformidad con la facultad reglamentaria del titular del Poder Ejecutivo Federal.
La inversión de recursos que requiere el estado de México para 2010 en materia de infraestructura deportiva es de 286 millones 900 mil pesos para la rehabilitación, mantenimiento y creación de infraestructura deportiva en diversos municipios, que beneficiaran a los habitantes del valle de Toluca y del valle de México.
El proyecto para 2010 del estado de México, en materia de infraestructura y equipamiento deportivo, apoyará la creación y el mejoramiento de las instalaciones deportivas a través de recursos para la elaboración de proyectos de construcción, rehabilitación y adaptación para el mejor desempeño de los deportistas y ciudadanos que las utilizan.
Cabe hacer mención que el 11 de noviembre del 2008, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue votado ante el pleno y publicado el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 por el Ejecutivo federal en del Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008, donde se le destinaban recursos al estado de México por un monto de 55 millones 695 mil 875 pesos para rehabilitación, mantenimiento y creación de infraestructura deportiva. Recursos que a la fecha y después de múltiples gestiones por parte de las autoridades municipales, no han sido entregados. Resulta destacable mencionar que dada la difícil situación por la que pasan los municipios, la inversión en la infraestructura deportiva municipal es de suma importancia ya que son proyectos que beneficiarán directamente a los ciudadanos y se aplican en áreas de uso cotidiano.
En mérito de lo expuesto, es que propongo los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a la Comisión de Juventud y Deporte a considerar en el marco del proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2010 recursos adicionales para la infraestructura deportiva municipal, considerando que en años anteriores se han beneficiado a más de 350 municipios en el país.
Segundo. Se destinen recursos por un monto de 286 millones 900 mil pesos para la creación y rehabilitación de infraestructura deportiva en diversos municipios del estado de México.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2009.
Diputada Sandra Méndez Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA DECLARE ZONA GEOGRÁFICA
DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL LOS MUNICIPIOS DE CUERNAVACA, YAUTEPEC,
EMILIANO ZAPATA, JIUTEPEC, TEMIXCO, CIUDAD AYALA, YECAPIXTLA Y CUAUTLA,
Y A LAS COMISIONES DE ENERGÍA, Y DE PRESUPUESTO, CON LA QUE A TRAVÉS
DE LA CFE SE INSTALE UNA PLANTA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD ALIMENTADA
POR GAS NATURAL EN YAUTEPEC, MORELOS, A EFECTO DE GARANTIZAR EL SUMINISTRO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL ESTADO Y PROPICIAR LA ATRACCIÓN
DE INVERSIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEOS, A CARGO DEL DIPUTADO
JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, José Manuel Agüero Tovar, diputado por Morelos, perteneciente al Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, fracción I, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con la finalidad de garantizar el suministro de energía eléctrica y gas natural al estado, propiciando de esta manera la atracción de inversión, la disminución de las emisiones por combustión a la atmósfera y la generación de empleos.
Consideraciones
Morelos se localiza en la parte central del país, en la vertiente del sur de la serranía del Ajusco y dentro de la cuenca del río Balsas. La superficie del estado es de 4 mil 958 kilómetros cuadrados. Se encuentra dividido en 33 municipios, siendo Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Jojutla, Yautepec y Temixco los principales.
De acuerdo con el Conteo de Población y Vivienda 2005, Morelos cuenta con un total de 1 millón 612 mil 899 habitantes; 86 por ciento de la población es urbana, mientras que 14 por ciento es rural. El municipio con mayor porcentaje de habitantes es Cuernavaca, con 21.6 por ciento; seguido de Jiutepec, con 11.2 por ciento; y Cuautla, con 9.9 por ciento. A 2009, la densidad poblacional asciende a 400 personas por kilómetro cuadrado.
Morelos, en lo referente a la infraestructura industrial, cuenta con tres parques industriales consolidados. Dos se sitúan en la zona metropolitana de Cuernavaca: la ciudad industrial del valle de Cuernavaca (Civac) y el parque industrial de Emiliano Zapata (EZ). El tercero es el parque industrial de Cuautla (PIC), situado en la zona metropolitana de Cuautla, al oriente del estado.
Además, existen dos desarrollos industriales más en proceso de consolidación: uno en el municipio de Yautepec, entre las áreas metropolitanas de Cuautla y Cuernavaca, con una extensión de 110 hectáreas; y otro en el municipio de Xochitepec, al sur de la zona metropolitana de Cuernavaca, sobre la Autopista del Sol, con 40 hectáreas. La adquisición de reserva territorial y su acondicionamiento para el uso industrial en ambas ubicaciones es un proyecto que promueve el gobierno del estado para acomodar el desarrollo industrial previsto para la entidad.
En lo referente a los parques industriales consolidados, en Civac se localizan gran parte de las industrias químico-farmacéuticas y una planta automotriz, teniendo una extensión de 230 hectáreas y una ocupación del 85 por ciento, como zona industrial. Su operación está a cargo de la Asociación de Propietarios (Procivac) y cabe destacar que este parque industrial provee eficientemente los servicios públicos a las industrias establecidas en la zona, incluidos el tratamiento de aguas residuales y el control de emergencias.
El PIC se extiende sobre 147 hectáreas. En breve se iniciará la construcción de una terminal de transporte intermodal en las inmediaciones de éste. Su ubicación en la zona metropolitana de Cuautla es ideal debido a su cercanía a la Ciudad de México (87 kilómetros), a la de Puebla (94 kilómetros, que es la cuarta más poblada del país), y a la de Cuernavaca (51 kilómetros) que, además de una industria variada, cuenta con una fábrica especializada en vidrio.
El parque industrial de Emiliano Zapata es un espacio industrial de 25 hectáreas. Su ubicación al sur del área metropolitana de Cuernavaca es excelente, ya que es adyacente a la Autopista del Sol (México-Acapulco). Ahí se encuentra enclavado el Centro Morelense de Innovación y Transferencia de Tecnología (Cemitt). Actualmente, se está desarrollando un proyecto inmobiliario que comprende 25 mil metros cuadrados de naves industriales, ofrecidas bajo esquemas de renta o venta.
Antecedentes
Luz y Fuerza del Centro otorgaba el servicio de electrificación a la población de tres municipios de Morelos: Cuernavaca, Huitzilac y parte de Jiutepec.
Las pérdidas de electricidad en la zona central del país, que atendía Luz y Fuerza del Centro a 2008, son de 32.5 por ciento, contra 11.3 por ciento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Ello se debe a dos factores: las pérdidas por transmisión, debido a la distancia de cientos de kilómetros entre los puntos de generación y los de consumo; y la sustracción irregular de energía en la red de distribución de Luz y Fuerza del Centro.
Luz y Fuerza del Centro dejó de conectar nuevos usuarios por falta de fluido eléctrico. La falta de calidad, uniformidad y confiabilidad en el suministro actual aleja industrias de Morelos hacia otras entidades de la República Mexicana. Esto le resta competitividad y pone en situación de desventaja al estado.
Para fortalecer la distribución de electricidad en Morelos, se construyeron dos líneas de transmisión: Yautepec Potencia-Zapata y la Zapata-Topilejo, con una longitud total de 67 kilómetros.
El número de clientes del mercado de CFE en Morelos tuvo un promedio de crecimiento de 5.38 por ciento anual, mientras que el promedio nacional fue de 3.81 por ciento, y las ventas de Morelos crecieron 4.6 por ciento contra 3.3 por ciento nacional a 2007.
Como se indicó, el total de pérdidas en el fluido eléctrico en el área de control central (ACC) es de 32.5 por ciento.
Como se observa, es destacable que el suministro de energía a Morelos proviene principalmente del área de control central, situado alrededor de la Ciudad de México, del golfo (en el eje Tuxpan-Laguna Verde-Poza Rica) y del occidental, así como en menor medida desde Chicoasén-Angostura-Malpaso, lo que implica pérdidas significativas de energía. Adicionalmente, la falta de generación cercana en el área de control central y la insuficiencia y mal estado de la red de subtransmisión y distribución afectan la calidad de la energía eléctrica.
El presidente Felipe Calderón Hinojosa se pronunció por un servicio de electricidad de calidad, permanencia y costo competitivo en el valle de México y en la zona centro del país, en beneficio de las empresas, pero también de los millones de usuarios que viven en esa zona.
Ello, expuso, implicará nuevas transformaciones e inversiones para poder generar condiciones de calidad, infraestructura y servicio que permitan mantener el crecimiento del empleo productivo en esa región.
Aspectos estratégicos para mejorar la calidad de la electricidad en Morelos
Los problemas de suministro eléctrico en Morelos y la falta de apoyo del gobierno federal para resolverlos motivaron al gobierno estatal a solicitar desde 1994 su propio permiso para generar, pero la Comisión Reguladora de Energía (CRE) negó el otorgamiento en 1996 (resolución RES01896).
En febrero de 2003, dos empresas privadas hicieron estudios para instalar plantas en Morelos: El Paso Energy, con 1,000 megavatios y Mexpower con 500 megavatios, pero los proyectos nunca se concretaron. Ningún proyecto de generación ha entrado a programación bajo el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) para el estado.
El abasto de energía en Morelos mejoraría sustancialmente con la instalación de una nueva central de generación, que puede ser de la CFE o de un productor externo de energía contratado por la CFE en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Cabe hacer notar que existe la mejor disposición del gobierno estatal para que se instale en Morelos una central de generación de energía eléctrica que funcione a base de gas natural. La instalación de la planta optimizaría la calidad del servicio, detonando la construcción de la infraestructura de gas natural, combustible al que no se tiene acceso en Morelos.
La demanda potencial de gas natural en Morelos por parte de los usuarios industriales y comerciales, aunado al requerimiento de la planta de generación de energía, hacen factible la construcción de un gasoducto de hasta 20 pulgadas de diámetro.
El consumo estimado de la industria en el estado es de 29 mmpcd, y una nueva central de generación eléctrica de 250 megavatios añadiría 45 mmpcd de carga para el gasoducto.
Es necesario que la Comisión Reguladora de Energía declare zona geográfica de distribución (ZGD) de gas natural a los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata, Yecapixtla, Ciudad Ayala, Yautepec y Temixco.
Existe actualmente la Transportadora de Gas Zapata (TGZ), como prestador de servicios, que cuenta con el permiso de transporte de la CRE, el permiso ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no objeción del Centro Nacional de Prevención de Desastres, ingeniería terminada, derechos de vía y desarrollo comercial para los usuarios potenciales. El gasoducto de TGZ fue concebido originalmente para soportar el desarrollo económico regional en los estados de Morelos, Tlaxcala y el sur de Puebla, en donde no existe infraestructura de transporte de gas natural. TGZ obtuvo el permiso del gasoducto desde 1998. Se tiene la ingeniería, el trazo topográfico detallado, la adquisición parcial de derechos de vía y el permiso ambiental, así como el visto bueno para áreas volcánicas de Cenapred y con la capacidad de construir el gasoducto en 24 meses.
De acuerdo a estudios técnicos, el lugar idóneo para la instalación de dicha planta eléctrica es el Municipio de Yautepec, debido a que su altitud y condiciones propician mayor eficiencia en la producción de energía eléctrica, además de que en dicho lugar se encuentra instalada la Red de energía eléctrica proveniente del Distrito Federal, la cual fue fortalecida recientemente.
En conclusión, la instalación de una planta generadora de energía eléctrica alimentada por gas natural, propiciaría una mejor electrificación en todo el Estado, teniendo incluso la posibilidad de que el excedente de energía se suministre al área de control central, fortaleciendo la calidad y flujo de energía en el Distrito Federal. Además, atraería la inversión e instalación de industrias ecológicas que trabajen con base en el gas natural, propiciando la generación de empleos y en general un aumento en la economía del estado. No puede quedar sin énfasis el hecho de que la gasificación de Morelos causará una disminución de las emisiones a la atmósfera provenientes de la combustión de diesel y combustóleo.
En virtud de lo anterior, someto a consideración del pleno los siguientes
Punto de Acuerdo
1. Se exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía a declarar zona geográfica de distribución de gas natural a los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata, Yecapixtla, Ciudad Ayala, Yautepec y Temixco.
2. Se exhorta a la Comisión de Energía y a la Comisión de Presupuesto a efecto de que a través de la CFE se instale una planta generadora de energía eléctrica alimentada por gas natural en el municipio de Yautepec, inscribiendo este proyecto en el POISE de 2010 para Morelos.
Palacio Legislativo, a 4 de noviembre de 2009
Diputado José Manuel Agüero Tovar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA CONAGUA Y A LA SEMARNAT A TOMAR LAS MEDIDAS PERTINENTES
PARA EL SANEAMIENTO INTEGRAL DEL VASO REGULADOR EL CRISTO, SITUADO EN NAUCALPAN
DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO DAVID RICARDO
SÁNCHEZ GUEVARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
David Ricardo Sánchez Guevara, diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo que tiene su origen en la siguiente
Exposición de Motivos
Naucalpan de Juárez, estado de México tiene una población de aproximadamente un millón de habitantes. Es un importante centro poblacional e industrial que colinda con la Ciudad de México, cuyos habitantes padecen los efectos de formar parte de la zona metropolitana más grande del mundo. Existen un sinnúmero de afectaciones relacionadas con dicha vecindad, sin que en los últimos años las autoridades pertinentes hayan tomado las medidas necesarias para buscar soluciones a éstas.
En particular, una de estas afectaciones que no se han atendido, radica en los malos olores, enfermedades de contagio y padecimientos degenerativos –tal como el cáncer– que sufre un importante grupo de naucalpenses. Estas problemáticas son derivadas de la situación de insalubridad en que se encuentra el vaso regulador, denominado "El Cristo", cuya función debería ser, regular las descargas de aguas negras provenientes tanto del municipio como del Distrito Federal a través de los ríos Hondo y Chico de los Remedios. Siendo que en los últimos años, este vaso regulador se ha convertido en depósito de aguas negras a cielo abierto.
No obstante que desde el año 2000, ciudadanos en lo individual y asociaciones vecinales acudieron a presentar sus denuncias y quejas, o ambas, ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, lo cierto es que dichas instancias lo único que hicieron después de años de ir y venir, fue "resolver" que el problema era de competencia municipal. Por su parte, la autoridad municipal ha expresado que no cuenta con recursos para atender esta cuestión.
En este sentido, considerando que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con claridad que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar; resulta impostergable que los habitantes de Naucalpan de Juárez continúen viviendo en tales condiciones, por tanto exhorto se proceda a resolver a la brevedad el delicado problema del vaso regulador "El Cristo", cuyos perniciosos efectos cada día se extienden a más y más personas, máxime cuando crecen los caudales de los ríos Hondo y Chico de los Remedios con motivo de las intensas lluvias.
Así las cosas, y con la intención de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tomen las medidas pertinentes para el saneamiento integral del vaso regulador "El Cristo"; exhortamos, respetuosamente, a ambas dependencias atiendan tal situación con el objeto de atender el estado de insalubridad en que se encuentra, haciendo efectivo así el derecho a un medio ambiente sano para los habitantes de Naucalpan de Juárez.
Por lo expuesto, nos permitimos poner a la atenta consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a tomar las medidas pertinentes para el saneamiento integral del vaso regulador "El Cristo", ubicado en Naucalpan de Juárez, México.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 4 de noviembre de 2009.
Diputado David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEGOB A EMITIR LA DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL Y LIBERAR
LOS RECURSOS DEL FONDEN PARA AFRONTAR LOS ESTRAGOS DE LA TORMENTA ATÍPICA
EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, EL PASADO 30 DE OCTUBRE
DEL 2009, A CARGO DEL DIPUTADO JOSUÉ CIRINO VALDÉS HUEZO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Josué Cirino Valdés Huezo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
1. Que de conformidad con el artículo 30, fracciones I, II y III, de la Ley General de Protección Civil, le competerá a la federación, sin perjuicio de lo que en términos de las disposiciones locales les corresponda realizar a las entidades federativas y municipios, realizar las acciones de emergencia para dar atención a las necesidades prioritarias de la población, particularmente en materia de protección a la vida, salud, alimentación, atención médica, vestido, albergue temporal, el restablecimiento de las vías de comunicación que impliquen facilitar el movimiento de personas y bienes, incluyendo la limpieza inmediata y urgente de escombros y derrumbes en calles, caminos, carreteras y accesos, así como para la reanudación del servicio eléctrico y el abastecimiento de agua, consolidar, reestructurar, o en su caso, reconstruir los monumentos arqueológicos y los inmuebles artísticos e históricos que tengan acuerdo de destino, se encuentren bajo custodia de ésta o dedicados al culto público, de conformidad con las leyes y demás disposiciones de la materia, destinar recursos del Fondo de Desastres autorizado para la atención de emergencias y desastres, en la realización de acciones preventivas, ante circunstancias que valorarán los órganos administrativos.
2. Que de conformidad con el artículo 34 de la Ley General de Protección Civil, es facultad de la Secretaría de Gobernación la declaratoria de desastre natural, en el cual reconoce que uno o varios fenómenos perturbadores han causado daños severos cuya atención rebase las capacidades locales.
3. Que de conformidad con el artículo 6, fracción II, inciso d), capítulo II en el apartado de la clasificación de los fenómenos naturales perturbadores que pueden causar desastres naturales del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, que es facultad de la Secretaría de Gobernación emitir la declaratoria de desastre natural por los fenómenos naturales perturbadores, como lo son los hidrometeorológicos en su modalidad de inundación pluvial.
4. Que, el 30 de octubre del año en curso en menos de cuatro horas cayeron aproximadamente 7.7 millones de metros cúbicos de lluvia, el agua bajó con mucha fuerza de la Sierra de Guadalupe y afectó a muchas comunidades de esa zona, de la parte baja de la sierra, quitando desgraciadamente la vida a cinco personas, desprendiendo pavimento, arrastrando piedras, lodo, raíces y vehículos, las colonias más afectadas son Carlos Hank González, San Andrés de la Cañada, Xalostoc entre otras, por lo tanto dejando a cientos de familias damnificadas y una buena parte de el municipio en muy mal estado.
5. Que es tal el nivel de emergencia que se solicitó a la 37 zona militar con base en Santa Lucía la aplicación del Plan DN3 el cual ya está en operación.
6. Que el presidente municipal de Ecatepec de Morelos, El doctor Eruviel Ávila Villegas ha pedido se liberen los recursos del Fondo de Desastres Naturales para hacer frente a esta emergencia.
Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que
b) Libere los recursos del Fondo de Desastres Naturales para hacer frente a la emergencia que ocasionó el fenómeno hidrometeorológico en su modalidad de inundación pluvial.
Diputado Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL
SE SOLICITA LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS DEL FONDO NACIONAL
DE DESASTRES RESPECTO A LOS DAÑOS POR LA TROMBA QUE CAYÓ
EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, EL DÍA 30 DE OCTUBRE
DE 2009, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 56, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado del distrito 11 de Ecatepec de Morelos, Jorge Hernández Hernández, ocurre a esta honorable soberanía a presentar proposición con punto de acuerdo mediante el cual solicita que se liberen los recursos necesarios del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) derivado por la tromba que cayó en Ecatepec de Morelos, estado de México, el 30 de octubre de 2009.
Consideraciones
La tempestiva lluvia que ocurrió el 30 de octubre de este año inundó a todo el municipio de Ecatepec de Morelos, afectando a un total de 3 millones de habitantes. Esta torrencial lluvia ocasionó pérdidas materiales y patrimoniales de los habitantes de la región y, lo más lamentable, tres vidas humanas.
Es imperioso que esta soberanía otorgue la liberación de los recursos necesarios para que sean restablecidos los servicios públicos en Ecatepec de Morelos, ayudando en todos los gastos que se hayan generado por el desastre contingente que ha puesto en estado de indefensión al municipio más grande de todo el territorio nacional.
Proclamamos categóricamente que se declare Ecatepec de Morelos zona de desastre, que se otorguen del Fonden recursos suficientes a todas las familias afectadas por este fenómeno natural.
Por ello, y de acuerdo a los hechos inauditos, los diputados de Ecatepec de Morelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, levantamos la voz en defensa de todos los habitantes del municipio y exigimos que, con carácter de urgente y obvia resolución, se ayude al restablecimiento ocasionado por esta contingencia.
Por lo expuesto y con base en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Liberación de los recursos necesarios del Fondo Nacional de Desastres, derivado por la tromba que cayó en Ecatepec de Morelos, estado de México, el 30 de octubre de 2009.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2009.
Diputado Jorge Hernández Hernández (rúbrica)