Laura Ledesma Romo, diputada integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La reciente discusión del paquete económico, con la respectiva Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2010, sin duda nos ha dejado diversas lecciones que en su momento tendrán que ser evaluadas y retomadas para buscar salidas de fondo y de largo alcance a la problemática económica y social que hoy enfrenta nuestro país.
En este marco dejamos claro nuestra convicción de promover el debate de la reforma hacendaria, con la perspectiva de garantizar el indispensable impulso a la sustentabilidad. Se trata de abrir el debate sobre las vías para detonar el crecimiento económico con objetivos bien definidos. No se trata de promover el crecimiento económico a costa de lo que sea.
Como fuerza parlamentaria comprometida con el impulso de la sustentabilidad y la protección de nuestros recursos naturales, convocamos a este urgente debate, ponderando el reto de buscar todos los mecanismos de financiamiento posibles para proteger la biodiversidad de nuestro país y hacerle frente al impacto del cambio climático.
En este sentido consideramos necesario revisar de manera crítica el desempeño de todas las empresas paraestatales que hoy tenemos en el país, para conocer y evaluar su desempeño, a la luz de sus resultados no solo de sus números sino del impacto que generan en su entorno inmediato.
Es por ello que en el uso mis facultades constitucionales y legales, hoy me permito traer a colación el reciente anuncio de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha concluido el proceso de adjudicación de un contrato para desarrollar el registro y comercialización de certificados de reducción de emisiones (CER) ante la ONU, como instancia que administra el mecanismo de desarrollo limpio (MDL), encaminándose con ello a concretar el primer proyecto de plantas geotérmicas en el país que aprovecharía el financiamiento de los mercados de carbono.
A reserva de tener la oportunidad de conocer y revisar a detalle esta importante medida, aplaudimos el hecho de promover el aprovechamiento de las fuentes de energías renovables y adicionalmente el de recurrir al mercado de los bonos de carbono para atraer recursos adicionales para su financiamiento.
De este modo se estima que la planta geotérmica de la de Cerro Prieto V, en Baja California, dejará de emitir 222 mil toneladas de bióxido de carbono (CO2) a la atmósfera, y la de los Humeros, en Puebla, 177 mil toneladas, equivalentes a un monto cercano a los 8 millones de dólares anuales en el mercado de carbono, descontando los costos del servicio bancario.
En lo general ponderamos esta iniciativa de la CFE, pero en lo particular tenemos reservas en el caso concreto de la Planta Geotérmica de Cerro Prieto, que como ya se dicho no sólo es objeto de justos reclamos por los usuarios del municipio de Mexicali, que es donde se encuentra enclavada, dado los altos costos del servicio eléctrico, sino también, es un tema que concita nuestra preocupación por los daños que históricamente ha venido generando en todo su entorno, sin que se tenga conocimiento de un programa serio que este a la altura de las necesidades ambientales de la región.
Adicionalmente y tratándose de esta planta, tenemos conocimiento que el martes 3 de febrero del año en curso, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, y el alcalde de Los Ángeles, California, Antonio Ramón Villaraigosa, firmaron un memorándum de entendimiento que hará posible la exportación de energía eléctrica generada con fuentes renovables a esa ciudad del estado de California.
Con este acuerdo, el Departamento de Energía y Agua de Los Ángeles (LADWP, por sus siglas en inglés), podrá comprar hasta 100 megawatts (MW) de este tipo de energía, dependiendo de la disponibilidad, de la planta geotermoeléctrica de Cerro Prieto.
Como antecedente, se hace saber que dicho departamento compró 25 MW en diciembre del año pasado y 50 MW en octubre de este año, y que la adquisición de enero representó el 22 por ciento de la venta de energía renovable del LADWP, lo suficiente como abastecer alrededor de 32 mil 500 hogares.
Se trata de comercializar un 20 por ciento de energía renovable para 2010 y reducir sus emisiones de carbono y aumentar el uso de este tipo de energía en un 35 por ciento para 2020, tal y como lo establece el plan Green LA (Los Ángeles Verde), creado en el 2007, por mandato de la ley estatal para el uso y fomento de energías renovables. Hasta aquí estamos de acuerdo.
Sin embrago no podemos ignorar las externalidades que se vienen dando en el valle de Mexicali, producto de la actividad de la planta geotérmica, que desde sus orígenes abrigó grandes expectativas para el desarrollo de la región, al proponerse la producción no solo de energía eléctrica sino también de otros derivados útiles para la actividad agrícola.
Al respecto, el premio Nobel de Química en 1995, Mario Molina Henríquez, ha dicho que los gases emanados por la planta geotérmica de Cerro Prieto, representan un problema que hay que enfrentar.
Incluso el propio gobierno de Baja California, ha reconocido que la planta geotérmica de Cerro Prieto, durante el proceso de generación de energía eléctrica, emite, junto con el vapor, partículas y una serie de gases incondensables, principalmente CO2 (bióxido de carbono), H2S (ácido sulfhídrico), NH3 (amoníaco), CH4 (metano), CH3H8 (propano), y SO2 (anhídrido sulfuroso). El ácido sulfhídrico, y el anhídrido sulfuroso, son los gases que ocasionan mayor deterioro ambiental y daños en la salud humana.
A juzgar por diversos estudios y expresiones, es un hecho que la planta de Cerro Prieto constituye una fuente de contaminación del recurso suelo, debido a las sustancias que contiene el agua residual generada durante la operación del campo, las cuales consisten principalmente en Cl (cloro), Na (sodio), K (potasio) y SiO2 (óxido de silicio).
Adicionalmente, se sabe que "el agua residual se deposita en una laguna, donde la mayor parte de ella se evapora; parte de la salmuera de desecho es inyectada por bombeo y la restante se infiltra en la zona de depósitos aluviales."
Por su lado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dictaminó recientemente que la planta geotermoeléctrica de Cerro Prieto sí contamina parte del Valle de Mexicali, generando polución de suelos con litio, cadmio, arsénico, ácido sulfúrico, boro y amoniaco, y por la existencia de depósitos de sílice residual a cielo abierto.
Por su lado, el Instituto de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de Baja California, ha señalado que los contaminantes generados en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generan diversos problemas de salud, entre ellos anencefalias, y afectan directamente la productividad de las tierras por el aumento de la salinidad, como es el caso de aproximadamente 2 mil hectáreas contaminadas.
Ante ello, se ha propuesto de manera insistente que para frenar estos daños se implemente un programa de remediación de la zona y que el líquido extraído sea reinyectado al subsuelo a profundidades de 2 mil metros para que no perjudique el ambiente. Igualmente se ha planteado la necesidad de instalar estaciones de monitoreo más adecuadas para medir la presencia del ácido sulfhídrico.
Esta grave situación, obliga también a la realización de estudios en las comunidades aledañas al campo geotermoeléctrico de Cerro Prieto, a efecto de dimensionar el impacto en la salud de las emisiones de la planta y tomar las medidas que sean necesarias para proteger a la población.
A esto nos referimos cuando hablamos de revisar el desempeño de las empresas paraestatales como la CFE, que en este caso nos permite ver dos caras de la misma moneda. La reforma que nuestro país reclama tiene que hacer compatible el interés particular con el interés general.
Por eso decimos que bienvenida sea la colocación de Bonos de Carbono e incluso la exportación de energía eléctrica generada con fuentes renovables, pero sin que ello implique sacrificar el entorno natural y la salud de las poblaciones.
Con esta convicción es con la que llamamos a promover el debate nacional para una reforma de fondo, que efectivamente nos permita recuperar la senda del crecimiento con el componente indispensable de la búsqueda de la sustentabilidad, y en congruencia consideramos oportuno empezar por atender este caso que aquí hacemos referencia, para ponderar los costos y los beneficios que dejan a nuestras comunidades el hecho de que la CFE esté primero exportando energía de una fuente renovable, como es la Planta Geotérmica de Cerro Prieto , y que ahora además se proponga incursionar en la colocación de Bonos de Carbono.
En mérito de lo expuesto y fundado, la legisladora que suscribe somete a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía a revisar el destino de los recursos obtenidos por la exportación de energía de la planta geotérmica de Cerro Prieto, en Baja California, así como la correcta procedencia de colocación de Bonos de Carbono por la explotación del mismo yacimiento.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Secretaría de Salud, a evaluar las externalidades ambientales y a la salud, respectivamente, ocasionadas por las actividades de la planta geotérmica Cerro Prieto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 10 días del mes de diciembre del año 2009.
Diputada Laura Ledesma Romo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEGOB Y A LA SSP A EXPLICAR LOS CRITERIOS POR LOS QUE SE
DECIDE TRASLADAR A PROCESADOS DE ALTA PELIGROSIDAD A PENALES FEDERALES
EN LOS ESTADOS, A CARGO DE LA DIPUTADA CORA PINEDO ALONSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE NUEVA ALIANZA
Cora Cecilia Pinedo Alonso, diputada del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base a las siguientes
Consideraciones
El sistema penitenciario representa un gran costo social que no readapta, no capacita para el trabajo, no educa, no dignifica a la persona y lo más grave, no propicia la reparación de daños causados a las víctimas ni a la sociedad.
Se abusa de la prisión preventiva y se genera sobrepoblación en los penales. Para las personas detenidas esto se convierte en una larga pesadilla y en ganancias para quienes se aprovechan de tal situación. Replantear que las penas se encaminen a resarcir los daños a las víctimas, el canje de las penas por trabajo a la comunidad y la vigilancia en la reparación de daños debería ser la orientación del sistema penitenciario hacia el futuro.
Puesto que existe una correlación evidente entre crisis económica e índice de delincuencia, las políticas de prevención de los delitos deberían propiciar la creación de programas de atención a la pobreza, la creación de empleos, mejoras laborales, programas sociales y culturales que eviten la descomposición de la sociedad.
Los organismos de derechos humanos han demandado poner un alto a la impunidad que en la persecución de los delitos y el castigo a la delincuencia se preserven los derechos humanos de acuerdo a las normas establecidas en los pactos y convenios internacionales de derechos humanos.
Según datos del Cuaderno Mensual de Estadística Penitenciaria, con información recabada hasta abril de 2008, en el país existen 495 centros de readaptación o rehabilitación social: cinco centros federales de readaptación social para delitos del fuero federal, un centro federal de rehabilitación psicosocial, 331 centros estatales de readaptación social, 10 centros en el Distrito Federal, 95 centros municipales de readaptación social y 53 centros de tratamiento para menores.
En éstos la población penitenciaria está compuesta 95 por ciento por hombres y 5 por ciento de mujeres. De ellos, 59 por ciento ha sido sentenciado y 41 por ciento son reos que aún se encuentran sin condena. 24 por ciento de los internos fueron acusados por delitos del fuero federal y 76 por ciento por delitos del fuero común.
De acuerdo con la misma fuente y la Encuesta sobre las Condiciones de Vida en las Cárceles Mexicanas, realizada en 2006 por los doctores Elena Azaola y Marcelo Bergman, el número de presos ha aumentado aceleradamente en la última década. Sólo basta referir que en 1996 la proporción era de 102 presos por cada 100 mil habitantes y, en 2006, esta proporción se incrementó hasta alcanzar 245 presos por cada 100 mil habitantes, es decir, 140 por ciento más en sólo 10 años.
En términos absolutos, la población creció 31 por ciento, en sólo ocho años: en 2001 había 165 mil 587 detenidos, para 2008 se informa que existían 217 mil 457. Ante este escenario es una realidad, que las cárceles mexicanas están saturadas y, hasta el momento, el gobierno federal no ha tomado medidas proporcionales a la magnitud del problema.
Es evidente la urgencia de una revisión y reforma del sistema penitenciario del país, la forma en que funcionan ha derivado en conflictos permanentes con el consecuente costo en vidas y el impacto en la inseguridad en las zonas donde están ubicados los centros federales de readaptación social, tal es el caso del Cefereso de El Rincón, en Tepic, Nayarit, centro penitenciario que sin contar con las condiciones para recibir internos considerados de alta peligrosidad, continua siendo receptor de éstos.
Como consecuencia de lo anterior, en Tepic se han dado fenómenos relacionados con el crimen organizado como los denominados "levantones", problemas de violencia y corrupción al interior y alrededor del Cefereso, con los efectos negativos para la sociedad de Nayarit, a quien se le ha robado la tranquilidad.
Considero que es responsabilidad del gobierno federal, tomar las acciones necesarias para prevenir que en el Cefereso de El Rincón ocurran hechos de violencia como en otros centros del país, en los cuales se han perdido vidas tanto de los internos como de los custodios.
Es necesario que a problemas que son sintomáticos de todo el sistema penitenciario del país, como la sobrepoblación, servicios deficientes. Corrupción, cogobierno, mala calidad en los alimentos y hacinamiento se les atienda con medidas de largo plazo, pues esto se agrava con el traslado de internos de alta peligrosidad a centros como El Rincón.
En este contexto, es importante que las autoridades federales expliquen los criterios que siguen para trasladar a un reo de un penal a otro, pues en muchas ocasiones estas decisiones se toman sin considerar, sí existen las condiciones e incluso sin notificarlo a las autoridades del estado.
Con la forma en que se administran los centros de readaptación social del país se actúa en sentido contrario de los fines para los que fueron concebidos, atentando contra su objetivo y convirtiéndolos en espacios propicios para la ilegalidad.
En este sentido, por ejemplo, se observa que no se cuenta con una adecuada separación de reclusos del fuero común y fuero federal o simplemente no existe tal separación, así como de procesados y sentenciados y tampoco hay una clasificación criminológica de los internos.
Los lamentables hechos que han derivado en motines en diversos penales, como Tijuana y Ciudad Juárez, y en el rescate de reos como en Cieneguillas, Zacatecas, además de otros que sería largo enumerar, revelan la necesidad de hacer un diagnóstico serio sobre cada uno de los Ceferesos así como del sistema en general.
Decisiones tan importantes como el traslado de reos de alta peligrosidad no se pueden tomar de manera unilateral, puesto que en su momento pasan a ser responsabilidad de los tres niveles de gobierno y el impacto de su resguardo en los diferentes centros puede afectar a la comunidad o poner en riesgo a la población.
Es necesario que los diversos centros de readaptación social sean clasificados y evaluados para que se les considere como posibles receptores de internos relacionados con el crimen organizado. En Nayarit exigimos que se revise la situación de internos de alta peligrosidad que con su presencia ponen en riesgo la seguridad del Cefereso, la de los otros internos y la de la sociedad.
Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad Pública Federal que expliquen a la Cámara de Diputados los criterios bajo los cuales se decide trasladar a procesados de alta peligrosidad a los centros federales de readaptación social.
Segundo. Que la Secretaría de Gobernación revise la situación del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de El Rincón en Tepic, Nayarit, al que se han trasladado presuntos delincuentes de alta peligrosidad, sin que este centro cuente con las condiciones para garantizar su resguardo, provocando situación de violencia e inseguridad para sus habitantes.
Dado en el Palacio de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2009.
Diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEDESOL Y A LA SECTUR A COORDINAR ACCIONES PARA PROMOVER,
DIFUNDIR Y COMERCIALIZAR LAS ARTESANÍAS MEXICANAS EN LOS CORREDORES
TURÍSTICOS, Y EN LAS EXPOSICIONES Y FERIAS COMERCIALES EN EL EXTRANJERO,
A CARGO DEL DIPUTADO SOCORRO SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En 1974 se crea el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) como un Fideicomiso de Nacional Financiera, en atención a las etnias que habitan el país y a los grupos mestizos regionales productores de artesanías. En 1995 quedó sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), debido al papel que ha jugado en el apoyo a las comunidades artesanales del país en la difusión de la cultura mexicana a través de la comercialización de las artesanías.
Este organismo, sectorizado a la Sedesol, tiene como objetivo general el apoyo a los artesanos que viven en condiciones de pobreza y que preservan técnicas y diseños tradicionales; ello, mediante financiamientos, estímulos, asistencia técnica y promoción de estrategias comerciales eficaces que permitan la venta adecuada de sus productos, según lo establecen sus reglas de operación.
Nuestros hermanos indígenas a través de sus artesanías muestran su creatividad, la historia de sus comunidades, sus creencias y tradiciones, y que son dignas de un reconocimiento, son obras de auténtico arte popular, hechas con distintas técnicas y ramas artesanales, características de la región, como son los textiles, cerámica, talabartería, cestería y trabajos en madera.
Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 se destinaron al Fonart 30 millones de pesos y para el ejercicio fiscal 2010 hemos aprobado 27 millones de pesos, una disminución de 3 millones de pesos, con relación al ejercicio fiscal 2009, sin embargo, cabe agregar que desafortunadamente los recursos se han gastado en la innecesaria remodelación y renta de edificios y locales para la venta de artesanías, en asesorías, estudios e investigaciones sin importancia, excesivos viáticos y altos salarios de sus funcionarios. Una vez más contemplamos la mala operatividad del programa, la falta de canales de comercialización para sus productos, la subvaloración del producto artesanal y la escasa penetración en los mercados nacionales e internacionales.
Que es fundamental que la Sedesol y la Secretaría de Turismo (Sectur) se coordinen, a efecto de diseñar un programa que se encargue de la promoción y difusión de los productos mexicanos, por ejemplo; la participación del Consejo de Promoción Turística de México será necesaria para identificar escenarios nacionales e internacionales en los que se difunda y promueva la imagen de México y de la comercialización de sus productos y servicios turísticos, asimismo, impulsar la venta de artesanías mexicanas en corredores turísticos, exposiciones y ferias comerciales nacionales e internacionales.
La Sedesol y la Sectur deben coadyuvar a promover la comercialización al exterior, con la presencia de los productores artesanales en exposiciones nacionales e internacionales, además de la participación en concursos de arte popular, poniendo énfasis en la atención de los mercados extranjeros.
Que es el momento de reivindicar y posicionar al sector artesanal como uno de los más importantes a nivel económico y cultural, porque la artesanía mexicana está situada como una de las ofertas más diversificadas, de mayor calidad y con un acumulado histórico de tradición e identidad, que contribuirá a la generación de un mayor ingreso familiar de los artesanos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a diseñar una política internacional a efecto de que se comercialicen nuestras artesanías indígenas.
Segundo. Se exhorta a la Sedesol y a la Sectur a coordinar acciones a efecto de que se promuevan, difundan y comercialicen las artesanías mexicanas en el extranjero.
Tercero. Se solicita a la Sedesol y a la Sectur que informen a esta soberanía sobre las acciones que se emprendan a favor de la promoción, difusión y comercialización de las artesanías indígenas en el extranjero.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2009.
Diputado Sofío Ramírez Hernández
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO DE CAMPECHE A IMPLANTAR, EN EL MARCO DE LA DISCUSIÓN
DE SU LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, UN PROGRAMA ESTATAL DE AUSTERIDAD,
A CARGO DE LA DIPUTADA YOLANDA DEL CARMEN MONTALVO LÓPEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
Yolanda del Carmen Montalvo López, diputada federal integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 55, fracción II, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, por el que se exhorta al gobierno del estado de Campeche, para que en el marco de la discusión de la Ley de Egresos del estado, implemente un Programa Estatal de Austeridad, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que derivado de la crisis económica mundial de este año, México vive momentos decisivos en materia de social, económica y política, ya que las decisiones que se tomen en estos dos últimos meses del 2009, habrán de repercutir en el futuro inmediato, que de ser acertadas, nos permitirá proyectar con mayor fuerza y vigor la economía nacional, y por ende, nuestra reinserción en el proceso de recuperación que se espera para el 2010.
2. Que las decisiones a las que nos estamos refiriendo, no solo habrán de ser tomadas en el ámbito federal, sino también en lo local. De ahí que, los gobiernos estatales y municipales, independientemente del partido político que les gobierne, habrán de ponderar por un eficiente y mejor manejo de los recursos económicos disponibles para el próximo año.
3. Que en esta tesitura, los tres ámbitos de gobierno en nuestro país, deberán enfatizar en la creación de programas, acuerdos o leyes que les permitan ejercer los recursos disponibles con base en dos aspectos económicos y administrativos fundamentales: nos referimos a los conceptos de "gasto eficiente" y "austeridad".
4. Que para lograr esto, se requiere como ya lo hemos deliberado al interior de esta soberanía, de una reforma fiscal integral que permita una mejor recaudación tributaria, en el que cada miembro de la sociedad participe aportando recursos de acuerdo a sus capacidades y posibilidades. Y por otra parte, es necesario utilizar de mejor manera esos recursos públicos, asegurando que éstos no se desperdicien, que no se utilicen para actividades diferentes a lo acordado o etiquetado y que se tenga un mayor grado de certidumbre y transparencia en el destino y aplicación de los mismos, a través de mecanismos auditables.
5. Que es necesario reducir el nivel de dependencia de nuestra economía con respecto a la captación de recursos vía ingresos petroleros, para pasar a la captación de ingresos en sectores económicos como el turismo, la exportación de bioenergéticos y el impulso de actividades primarias y de servicios.
6. Que nuestro país deberá enfrentar en el futuro inmediato, un proceso de recuperación lento y variable, por lo que debemos estar conscientes en cuidar y aplicar con responsabilidad, austeridad y eficiencia los recursos aprobados por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2010.
7. Que para lograr lo anterior, debemos enfatizar en dos aspectos fundamentales: el primero, lograr una verdadera austeridad y el segundo, la aplicación de un gasto eficiente con respecto a la aplicación y uso de los recursos asignados y etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.
8. Que es importante señalar que por "gasto eficiente", se debe entender la asignación y aplicación de recursos con un criterio técnico, cuantificable y evaluable, que nos permita determinar si se está logrando el máximo beneficio social posible con las aportaciones individuales de los ciudadanos para el bienestar colectivo y vigilando que los servidores públicos encargados de aplicarlos, lo hagan con total transparencia.
9. Que por "gasto eficiente" y "austeridad", debemos entenderlos como aquellos procesos económicos y administrativos que nos permiten realizar adquisiciones y realizar gastos con racionalidad económica, justificables de manera lógica, racional, medible y objetiva.
10. Que la austeridad de un gobierno no sólo implica la reducción de sueldos de funcionarios, sino también la búsqueda de sistemas de operación que permitan la optimización de recursos, aunado a la participación de funcionarios capacitados en tareas estratégicas que reduzcan las plantillas de personal.
11. Que solo con una proyección adecuada, se puede asegurar el éxito de programas y medidas gubernamentales, y es además una forma de ahorrar recursos, porque no se trata sólo de evitar gastos innecesarios, sino de hacer que los gastos necesarios y recurrentes de la administración alcancen su mayor efectividad.
12. Que existen diversos ejemplos por parte del gobierno federal y de gobiernos estatales en materia de austeridad y gasto eficiente, donde se han emitido sendos decretos o leyes en la materia, reconociendo que para lograr una verdadera consolidación democrática y del estado de derecho, se requiere de una administración pública eficaz y eficiente en la utilización de los recursos que el mandato popular nos ha confiado.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, por el que se exhorta al gobierno del estado de Campeche, para que en el marco de la discusión de la Ley de Egresos del estado, implemente un Programa Estatal de Austeridad para quedar como sigue:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Campeche y al Congreso del estado de Campeche, para que en el marco de la discusión de la Ley de Egresos del estado, implemente un Programa Estatal de Austeridad.
Segundo. Igualmente, se exhorta a ambos poderes estatales a que los recursos obtenidos del Programa Estatal de Austeridad, se destinen a sanear las finanzas del estado de Campeche y a invertir en infraestructura y proyectos que redunden en el bienestar de los campechanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 8 de diciembre de 2009.
Diputada Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE EXIJA EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO POR
LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS, PARTICULARMENTE LAS CATÓLICAS, DEL
PRINCIPIO DE LAICIDAD DEL ESTADO MEXICANO, A CARGO DE LA DIPUTADA ENOÉ
MARGARITA URANGA MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada federal Enoé Uranga Muñoz, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, donde se requiere al Ejecutivo federal demande públicamente al clero católico el cumplimiento de las leyes mexicanas empezando por su obligación de atender estrictamente el Principio de Laicidad que rige al Estado mexicano, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación así como los derechos humanos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y transgénero, según las siguientes
Consideraciones
Como es del conocimiento general, en días pasados, el cardenal mexicano Javier Lozano Barragán, presidente emérito del Consejo Pontificio de Operadores Sanitarios del Vaticano, declaró que "los homosexuales y transexuales no entrarán nunca en el reino de los cielos... No lo digo yo, sino san Pablo", con lo cual hace gala de un discurso homofóbico que, por el tono, el medio y la circunstancia reafirma las prácticas que dañan aquí y ahora, en este mundo terrenal y que es el único que conocemos, a los derechos humanos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y transgénero, porque según él, no corresponder al orden de lo natural.
Cabe mencionar que se sabe, con datos más sólidos que los citados por Lozano Barragán, que el señor llamado "San Pablo" padeció severamente de sífilis, lo cual contribuye a explicar muchas de sus posiciones restrictivas respecto al sexo. De vivir en nuestra época muy probablemente asumiría otra actitud ante el uso del condón, que hubiera ayudado a prevenir su infección, pero por lo pronto, este simple hecho histórico coloca a su autoridad en el tema de los derechos sexuales muy en entredicho.
Más allá de que es claro que existen múltiples interpretaciones respecto a varias de las definiciones de las supuestas cartas paulinas, sobre todo porque en caso de ser verídicas, el griego que es el lenguaje utilizado en el desarrollo de la teología cristiana primitiva está, como lo demuestra John Boswell en su reconocido trabajo Cristianismo, tolerancia social y homosexualidad, particularmente mal dotado para expresar las actitudes de la religión cristiana en materia de sexualidad, ya que resulta que en la Grecia clásica los delitos sexuales se designaban en términos que no se relacionan de modo alguno con las consideraciones de la ética cristiana, a lo cual se suma el innegable problema que representan las posteriores traducciones en diversos idiomas y a lo largo de muchos siglos.
Por ejemplo, el término prostituta tiene múltiples usos que conducen a imprecisiones cuando se refiere a personas que venden su cuerpo por dinero, a personas que prestan a otros sus cuerpos con fines ceremoniales, a quienes el hablante considera demasiado autoindulgentes en materia de conducta sexual y, aquellas a quienes el hablante sólo se propone insultar.
En el caso al que se refiere el señor Lozano, en 1 Corintios la ambigüedad deriva de la incertidumbre que rodea a ðïñíåßá que bien puede significar "alcahuete", "fornicador" o "varón inmoral". Lo mismo ocurre para el término Üñóåíïêïßôáé en el que algunas biblias (Revise Estándar Versión, Nueva Biblia Inglesa, JBS) lo consideran en referencia a los "homosexuales" para la exclusión del reino de los cielos, mientras que para otras versiones del texto bíblico se alude a los "perversos" (JBI), a los "sodomitas" (Confraternity, New American Bible, JB), para otras a los "abusadores de menores" (LB, JBG), para otros a la "gente de hábitos infames" (LS, JBF).
Por eso, debido a esta dificultad léxica e incluso hermenéutica, podemos aplicar la misma medicina y señalar que quienes "no van a entrar al reino de los cielos" no serían los homosexuales, sino los pederastas atendiendo a las versiones LS y JBG, de los cuales el clero católico es prolífico. Y ojo diputados, porque esa misma "condena" –elemento que por lo demás no tiene nada de científico, de ético o legal, áreas en las que la convicción es: que lo que sucede cuando te mueres (aunque te apellides Ratzinger o Lewinski) es que te mueres– Esa "condena de no ir al cielo" aplica también y con toda puntualidad a los borrachos.
Más aún, uno de los más reconocidos teólogos, Raymond Brown, en su Introducción al Nuevo Testamento, Primera Carta a los Corintios, página 700, afirma que "Sin embargo, en las discusiones modernas sobre las cuestiones disputadas (particularmente morales) tenemos a veces la impresión de que si Jesús existió no llegó a afirmar algo y hay que dirigirse a las palabras de Pablo, éstas son menos vinculantes". Es posible recurrir para demostrar la inexactitud de las palabras del señor Lozano, a otros ilustres teólogos como son Hans Kûng cuya oposición a los dogmas del Vaticano son mundialmente reconocidos o al mismo Karl Barth cuya influencia en la esfera católica es importante para describir la soberbia que tienen las palabras del fundamentalista Lozano y que cuestiona la apelación a lo "natural".
Al hacer el señor Lozano su declaración en medios masivos de comunicación, se verifica una clara intención de reforzar los estereotipos y con ello el estigma que sistemáticamente daña los proyectos de vida que cada persona más allá de sus preferencias sexuales tiene derecho a decidir, por lo tanto se trata de una agresión directa que incita al odio.
Por eso es de hacer la consideración de que dicha declaración responde a los intereses de un Estado extranjero, al que este señor sirve como lo es el Vaticano, muy ajeno al que nos estructura que es el Estado mexicano, y que por tanto se trata de una injerencia que ofende a la soberanía del pueblo de México;
La diversidad es un valor civilizatorio que enriquece y cohesiona la vida social y que sustenta el derecho a la Igualdad y no discriminación, y que por ende, es deber del Estado mexicano promover, respetar, proteger, observar y defender a las personas bajo su jurisdicción de cualquier ataque a sus derechos humanos motivados por el odio.
El deber del Estado mexicano para con los derechos humanos, además de ser un compromiso internacional, se fundamenta en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos primero, tercero y octavo de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
No está de más señalar que la homofobia es una enfermedad que tiende a padecer continuamente la alta jerarquía y gran parte del clero católico y que debe ser tratable ya que afecta los derechos de terceros. En lo que se refiere a los derechos sexuales son parte de los derechos humanos, los cuales tienen como característica ser universales, inalienables, imprescriptibles, interdependientes, inviolables e intransferibles, de manera que su ataque repercute en los demás aspectos de la vida de las personas a quienes les toca determinar libremente su preferencia sin ser molestados en su privacidad, siempre y cuando no afecte los derechos de terceros.
La laicidad es la garantía central para el ejercicio de estos derechos y por lo tanto, requisito esencial para un Estado comprometido y convencido del Estado de derecho. Por ende, esta declaración no es un acto aislado ni fortuito, sino que responde a una embestida, claramente planteada desde el Estado Vaticano, y que tiene por objeto castigar a quienes se aparten de sus dogmas fundamentalistas y preceptos eclesiásticos, con lo cual pretende el control de cuerpos y mentes, y ello atenta contra la dignidad de las personas.
El control sobre las libertades de las personas finalmente esconde una disputa del poder al Estado mexicano, quien históricamente ha sido objeto de los intereses económicos y políticos del Estado Vaticano. Es necesaria la firmeza que le corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, para mantener las relaciones con las distintas asociaciones religiosas, en un comportamiento dentro del marco de respeto a los derechos humanos.
Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
De urgente resolución
Primero. Se requiere a la Presidencia de la República demande públicamente, a través de la Secretaría de Gobernación, a las instancias jerárquicas de todas las iglesias y asociaciones religiosas y en particular a la Católica el cumplimiento de las leyes mexicanas empezando por su obligación de cumplir estrictamente el principio de laicidad que rige al Estado mexicano que garantiza los derechos sexuales de todas las personas, sin discriminación homofóbica alguna, y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que consideran las preferencias sexuales y con ello los derechos humanos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y transgénero.
Segundo. Aplicar las infracciones y sanciones establecidas en el Capítulo Quinto de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público e informar a esta soberanía, a través de dicha Secretaría de Gobernación de los resultados alcanzados en un plazo no mayor a los treinta días, considerando como sanción una disculpa pública para con las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y transgénero por los mismos medios masivos de comunicación.
Salón de sesiones, a 8 de diciembre de 2009.
Diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LA SEGOB PARA QUE SUSPENDA
PROVISIONALMENTE CUALQUIER TRÁMITE ADMINISTRATIVO O DE DESTINO DE
RECURSOS RELACIONADOS CON LA CÉDULA DE IDENTIDAD CIUDADANA Y EL
REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO ESCUDERO
MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Pablo Escudero Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, mediante la cual se solicita al Ejecutivo federal que instruya a la Secretaría de Gobernación para que suspenda provisionalmente cualquier trámite de índole administrativo, operacional, de dirección, aplicación o destino de recursos relacionados con la cédula de identidad ciudadana y el registro nacional de población hasta el momento en que, por acuerdo del Congreso de la Unión, lo autorice, y una vez que el titular de la dependencia señalada haya comparecido ante esta Cámara de Diputados, a efecto de informar detalladamente sobre la obtención, aplicación y destino de recursos federales y su transparencia, así como la operación y la estructuración de los órganos que habrán de ponerlo en marcha, con base en los siguientes
Antecedentes
Con fecha 28 de julio del año que transcurre, el titular del Ejecutivo federal, el presidente Felipe Calderón, anunció la creación de la cédula de identidad ciudadana, la cual contará con la identidad biométrica de cada mexicano, bajo las argumentaciones que este documento será garantía de la identidad legal y personalidad jurídica consagrada en las leyes civiles, señalando que con él se permitirá a cada mexicano tener garantía de la unicidad y distinción plena que cada persona tiene respecto de las demás.
La cédula de identidad se expide como una atribución y facultad de la Secretaría de Gobernación, consagrada en el capitulo especial relativo de la Ley General de Población.
Con la misma fecha, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado donde señalo que la cédula de identidad no suplirá a la credencial de elector, sin embargo servirá para que la identidad de los mexicanos sea infalsificable así como para acreditarse jurídicamente ante diversos programas sociales que el mismo gobierno federal ha implantado a fin de que estos recursos lleguen a sus destinatarios y se eviten manipulaciones.
Considerandos
Considero iniciar el presente exhorto analizando el documento que le da vida a éste, su nombre oficial será cédula de identidad ciudadana. Será obligatoria para los 107 millones de mexicanos que vivimos en el país. Pudiendo ser utilizadas dos denominaciones: la primera será la de cédula de identidad ciudadana para todos los ciudadanos mexicanos a partir de 18 años y para los menores de 18 años se denominara cédula de identidad personal, contando en todo momento con los mismo elementos, lo anterior con sujeción al comunicado emitido por la Subsecretarìa de Población perteneciente a la Secretaría de Gobernación (Segob).
Además de contener los datos personales de todos y cada uno de los mexicanos, como la edad y el lugar de nacimiento, la cédula de identidad ciudadana contendrá la huella digital de la persona, su fotografía personal y la huella del iris, lo último toda vez que es una huella que es prácticamente inmutable a lo largo de toda la vida de la persona, se lee en el comunicado de la Segob.
La finalidad que se le otorgo a el nuevo documento es el de garantizar la plena identificación de la persona para evitar la suplantación de personalidad así como la agilización de tramites al ser el único documento requerido, porque ya estará concentrada ahí toda la información de la identidad de la persona, evitando con ello la necesidad de presentar el acta de nacimiento, la cartilla de vacunación y otros documentos para acreditarla.
En el comunicado se señala que la cédula de identidad ciudadana, no remplazara a documentos oficiales como la credencial del IFE o el pasaporte, sino que coexistirán, pero habrá otras como el acta de nacimiento o la credencial de los adultos mayores que ya no se necesitarán porque los datos relevantes de una persona estarán en la nueva cédula. Se tiene previsto que el trámite de esta nueva credencial comience a finales de año, la Secretaría de Gobernación estableció que la tramitación será gratuita y antes de que concluya 2012 todos los mexicanos tendrán que tenerla.
Una vez observado el punto de vista de la autoridad emisora, debemos realizar una serie de preguntas y argumentaciones de fondo respecto a esta nueva herramienta que plantea implementarse en los próximos meses. Consideramos que en la comparecencia del titular de la secretaría nos debe argumentar solidamente el cómo se afecta directamente el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, cómo se resuelven temas tan importantes como la seguridad y el manejo de datos y el principio de proporcionalidad, así como el principio de finalidad que se busca con la implantación de esta cédula.
No podemos perder de vista que el derecho de protección de datos es en todo momento un derecho vinculado a la privacidad y a la intimidad consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo segundo del artículo 16, que a la letra dice lo siguiente:
"Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros."
No existe duda alguna el espíritu del legislador fue dejar de manera clara, precisa y concisa el derecho constitucional de la protección a los datos personales.
En todo momento, el Estado debe velar por proteger el derecho a la identidad de las personas, en cumplimiento a la normatividad constitucional y en apego a los principios generales del derecho y de las normas internacionales que han considerado grave que el ente del Estado se inmiscuya en el control de la individualidad de sus gobernados, máxime cuando dicha ingerencia sea sobre los datos que identifican y dan individualidad al sujeto, no se puede alegar como legalmente valida una intromisión de dicha naturaleza, en donde el Estado puede convertirse en un estado fascista controlador, argumentando una abstracción tan amplia como el derecho a la seguridad nacional.
El Estado debe cuidar bajo sus atribuciones y obligaciones el derecho a la dignidad de las personas respecto a los datos biométricos, su uso y destino. Como legisladores y representantes de la población preguntamos ¿quiénes son o serán las autoridades encargadas de la protección de los datos y los documentos de identidad?, ¿quién los vigilará, auditará, fiscalizará y en general, quien tendrá el control sobre ellos y qué relación tendrán con el gobierno?, ¿qué fines políticos, de control social se podrían dar?
Encontramos precedentes teóricos a este tema en 1988 con la obra del juez americano Thomas Cully que menciona el derecho de ser dejado solo, "the right to live alone", quien en su obra realiza un importante análisis de las libertades y del derecho del individuo a mantenerse fuera de la esfera de control del poder gobernante.
El Diccionario de la Real Academia Española define intimidad como zona espiritual, íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de un individuo.
Se trata del "derecho a ser dejado sólo y tranquilo o a ser dejado en paz", este es un elemento conceptual integrante del derecho a la vida privada, vale decir, como un derecho de la personalidad que se desarrolla como consecuencia del conflicto con la libertad y el control del estado de la información.
El derecho a la vida privada encuentra su fundamento en la libertad y dignidad del individuo, es un derecho personal que forma parte de la propia vida y que deriva del derecho a la libertad, son inalienables a la persona humana y en que todos los hombres tienen igual dignidad, tienen derecho de validez universal, anteriores y superiores al Estado se deben velar.
La cédula de identidad ciudadana contendrá los datos biométricos los cuales son datos íntimos de la persona. El debate constitucional, publico e informado está pendiente, la autoridad no nos ha informado que hará con nuestros datos personales, ni le ha informado a la ciudadanía de forma clara ¿Cuál es la finalidad que se busca? Esta Cámara de Diputados tiene que analizar, debatir y discutir la pertinencia, así como la proporcionalidad de la implementación de este nuevo documento de identificación.
Pero sobre todo, no podemos perder de vista en ningún momento de quiénes serán los responsables de resguardar esta información El tema es tan importante toda vez que podemos perder el control sobre ella y lo peor que puede quedar colgando de manos que harían un mal uso con ella, información que pudiese ser sustraída sin que nosotros tengamos conocimiento, ¿qué pasaría en ese supuesto?, ¿cómo sería manejado el tema penalmente? No existe un tipo penal específico para sancionar un robo de este tipo de información, lo cual abriría la posibilidad de convertir esta información en botín de servidores públicos corruptos o delincuentes.
Otra pregunta que como legisladores hacemos es ¿quién será el encargado de supervisar la observancia de la protección de los datos personales?: ¿el IFAI?, ¿será la Procuraduría General de la Republica?, ¿el Consejo Nacional de Población?, ¿la Secretaría de Gobernación?
La Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990 determinó la necesidad de que existieran autoridades independientes de la tutela y garantía del derecho a la protección de los datos personales, para salvaguardar y garantizarlos; ¿qué pasara en el caso de México?
Todas las medidas de seguridad adoptadas por el Ejecutivo federal tienen que garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos por ningún motivo se pueden violar los derechos humanos de los gobernados, lo que nos lleva a una de las preguntas más importantes que deberá contestar en su comparecencia el secretario de Gobernación: ¿quién va a decidir para que se usan los datos personales?
Nosotros como legisladores comprometidos con nuestros mandantes tenemos que decidir sobre la aplicación de esta herramienta y los aspectos de ella, información que nos será necesaria y que el día de hoy desconocemos.
Asimismo en el ámbito presupuestal y sobre todo en estos tiempos de crisis, nos parece un gasto inútil e innecesario contar con una cédula de identidad ciudadana ya que para los mismos fines fue diseñada la credencial única del registro de población (CURP), que sustituiría al RFC, la CIEC, la Fiel, el IMSS, el ISSSTE, etcétera. El último reporte de avance de la CURP es que lleva 80 por ciento de registro. ¿No sería más congruente complementar y continuar con el uso de la CURP? o ¿acaso se trata de otro negocio de miles de millones de pesos que también quedará inconcluso?
De lo anterior se desprende que este proyecto de la cédula de identidad ciudadana en el uso caerá en conflicto con la credencial de elector, dando como resultado, que la ciudadanía se abstenga de mantener tantos documentos de identificación o renueve éstos, ya que lo mismo utilizaría la cedula como la credencial del IFE con los consecuentes problemas que afectan a los procesos democráticos.
El gobierno debe implementar otros métodos para garantizar la seguridad de los ciudadanos, no se puede seguir el ejemplo de los gobiernos totalitarios fascistas, comunistas y otros sistemas aberrantes, pareciese que el Ejecutivo federal busca crear otra herramienta mas para el control de los ciudadanos, hasta donde conocemos con esta cedula, la Secretaría de Gobernación podrá monitorear momento a momento y detalle a detalle, todas y cada una de las acciones de una persona desde el instante de su nacimiento hasta su muerte, hecho por demás violatorio de las garantías individuales.
Esta cedula coarta el derecho de privacidad de los ciudadanos, atenta contra la libertad de los mismos, pudiese ser inconstitucional, se asemeja mas a un instrumento de espionaje que a una cedula de identidad, pareciera ser que el ciudadano no llevara una identificación en el bolsillo más bien a un espía del gobierno personalizado.
No podemos ser indolentes ante esto, es un tema de la mayor trascendencia para este país para ser tomado a la ligera como lo hace el Poder Ejecutivo.
Debemos poner sobre la discusión y la agenda nacional este tema, y sobretodo el destino de los recursos, debiéndose destinar a obras sociales y no a una herramienta de hegemonía y control totalitario y violatorio a la Constitución, ¿por qué dicho presupuesto no se invierte mejor en programas para que no se pierdan empleos?, lo cual significaría un golpe real a la delincuencia. El secretario de Gobernación deberá informar ante el pleno de esta soberanía todo lo concerniente al régimen presupuestal destinado a la cédula de identidad ciudadana, los procesos de transparencia y la rendición de cuentas que muchas dudas ha dejado en esta licitación tan cuestionada.
Por lo expuesto, con base en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Sea votada a favor la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por los motivos expuestos en el cuerpo de ésta, por lo que deberá ser aprobado en el pleno de esta Cámara de Diputados sin turno a comisión.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Gobernación para que suspenda provisionalmente cualquier trámite de índole administrativo, operacional, de dirección, aplicación o destino de recursos relacionados con la cédula de identidad ciudadana y el registro nacional de población, hasta el momento en que se le informe al Congreso de la Unión detalladamente todo lo relacionado con la cedula de identidad y este considere procedente o improcedente seguir adelante con esta cedula.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 8 de diciembre de 2009.
Diputado Pablo Escudero Morales (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SEP A RESOLVER EL CONFLICTO LABORAL DEL PERSONAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA, Y A
RESPETAR LOS DERECHOS LABORALES Y HUMANOS DE ÉSTE, A CARGO DEL DIPUTADO
JAIME FERNANDO CÁRDENAS GRACIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El suscrito, diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT en el Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a resolver el conflicto laboral del personal de la Dirección General de Educación Indígena, así como a respetar los derechos laborales y los derechos humanos de los trabajadores en conflicto, independientemente del proceso jurídico que esté en trámite.
Antecedentes
En 1978, se crea la Dirección General de Educación Indígena, cuyas oficinas se ubicaron en Azafrán 486; poco a poco y por la naturaleza propia del trabajo que se desarrollaba, la estructura laboral fue creciendo, por lo que el espacio físico fue insuficiente.
En 1985, la Dirección General de Educación Indígena había ubicado a trabajadores del área de diseño, en el edificio de la Secretaría de Educación Pública ubicado en la calle de Manuel Doblado, inmueble que se colapsó con el sismo y dejó como saldo el fallecimiento de una secretaria y algunos otros trabajadores que días después fueron rescatados de los escombros.
En 2003, el antropólogo Rubén Viveros, entonces director general, anunció el cambio de las oficinas de la Dirección General de Educación Indígena a la calle de Obrero Mundial número 358.
La problemática vigente tiene su origen en la negativa de los trabajadores a trasladarse al inmueble de la calle Obrero Mundial argumentando, con base en un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, que el inmueble no garantizaba la seguridad de sus ocupantes y que no reunía condiciones para el desempeño de los trabajos.
Ante esta situación los trabajadores interpusieron un juicio de amparo que fue otorgado a su favor, desde entonces los trabajadores que se opusieron al traslado han denunciado un trato diferenciado de la autoridad frente a los trabajadores que no se inconformaron ante el cambio de domicilio.
Durante las diferentes administraciones ha habido algunos acercamientos entre autoridades y trabajadores, sin embargo, no se han proporcionado opciones de espacios seguros y dignos para el desempeño de los trabajos, por el contrario, se han incrementado las violaciones a los derechos laborales y humanos de los inconformes, provocando la interposición de otros recursos legales por parte de los trabajadores.
Consideraciones
1. Que el 6 de noviembre de 2007, la diputada a la LX Legislatura, Valentina Valia Batres Guadarrama, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo por el que se exhortó a la Subsecretaría de Educación Básica a respetar los derechos laborales del personal adscrito a la Dirección General de Educación Indígena, así como a realizar una mesa de diálogo con los trabajadores, en función de dar solución al problema de la suspensión de sus derechos y garanticen que la seguridad e integridad física de los trabajadores no se coloca en grave riesgo.
2. Que de igual forma el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, en sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, presentó punto de acuerdo relativo al pago de salarios vencidos y demás prestaciones a que tienen derecho 63 trabajadores adscritos a la Dirección de Educación Indígena que se encuentran luchando por mejores condiciones de trabajo.
3. Que no obstante los puntos de acuerdo citados, la situación laboral de los trabajadores de la Dirección General de Educación Indígena no ha sido resuelta.
4. Que los demandantes han acudido a diversas instancias como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, ya pesar de la intervención de estas instancias, el conflicto persiste.
5. Que he recibido denuncias y quejas de un grupo de trabajadores de la Dirección General de Educación Indígena que se resumen en términos generales, en los siguientes puntos:
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a resolver el conflicto laboral del personal de la Dirección General de Educación Indígena, así como a respetar los derechos laborales y los derechos humanos de los trabajadores en conflicto, independientemente del proceso jurídico que esté en trámite.
Transitorio
Esta proposición entrará en vigor el día de su aprobación en la Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre del 2009.
Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA ALDF A RESOLVER CON ESTRICTO ARREGLO A LA LEY EL CONFLICTO
POLÍTICO-ADMINISTRATIVO DE IZTAPALAPA PARA CONSENSUAR CON LAS FUERZAS
POLÍTICAS LA DESIGNACIÓN DE UN ENCARGADO DE DESPACHO, SUSCRITA
POR INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
Los que suscriben, diputados de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 85 inciso a), 90 fracción X y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59, 60 y 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual "Se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, resuelva con estricto apego a la ley, el conflicto del Órgano Político Administrativo en Iztapalapa, siendo que para el caso de resolver por la vía de la destitución al ciudadano Rafael Acosta Ángeles, se consense con todas las fuerzas políticas la designación del encargado del Despacho o jefe delegacional en la referida demarcación".
Antecedentes
La delegación Iztapalapa, es el más grande de los 16 Órganos Políticos Administrativos del Distrito Federal, al contar con una superficie aproximada de 117 km2, que representan casi el 8 por ciento de la superficie del Distrito Federal, la jurisdicción tiene como rasgo característico, el que además de confluir con otras delegaciones del Distrito Federal, involucra en sus límites a municipios pertenecientes al estado de México, lo que obliga a que la política de desarrollo delegacional tenga que atender la compleja problemática que este tipo de conurbación genera.
En ese espacio territorial se cuenta con realidades contrastantes, al existir barrios y colonias que gozan de todos los servicios públicos, pero también otros que enfrentan los rezagos sociales y la marginación más profunda de la capital. Aunado a ello, el crecimiento demográfico de la delegación representa una muy alta proporción del incremento total de población del Distrito Federal, pues tan solo en los últimos años ha alojado el 83.7 por ciento del crecimiento del Distrito Federal, al contar con una población superior al millón ochocientos cincuenta mil habitantes, agotando prácticamente su reserva de suelo urbanizable.
Según el decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 4 de diciembre del año en curso, el presupuesto otorgado para la delegación Iztapalapa, asciende a la cantidad de 3,076,512,084.00, (tres mil setenta y seis, millones, quinientos doce mil ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), convirtiéndose así en el Órgano Político Administrativo con mayor presupuesto asignado.
Ante los acontecimientos suscitados en los últimos días, respecto a la situación política que guarda la demarcación derivado de la disputa para gobernarla, la Comisión del Distrito Federal en el seno de su cuarta sesión ordinaria, acordó exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que en el marco de sus atribuciones se pronuncie bajo los principios fundamentales de la legalidad y con la aquiescencia de todas las fuerzas políticas; Lo anterior obedece al único objeto de garantizar dar respuesta a las demandas y expectativas de los vecinos en Iztapalapa.
Por esta reflexión nos permitimos someter a consideración de esta H. soberanía, la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, resuelva con estricto apego a la ley, el conflicto del Órgano Político Administrativo en Iztapalapa, siendo que para el caso de resolver por la vía de la destitución al ciudadano Rafael Acosta Ángeles, se consense con todas las fuerzas políticas la designación del encargado del Despacho o jefe delegacional en la referida demarcación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 8 de diciembre de 2009.
Diputados: Gabriela Cuevas
Barron. (rúbrica), Jesús Ricardo Enriquez Fuentes, Fuensanta
Patricia Jiménez Case (rúbrica), Roberto Rebollo Vivero (rúbrica),
María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Agustín
Guerrero Castillo (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica),
Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Armando Jesús Baez
Pinal (rúbrica), Carlos Bello Otero (rúbrica), Agustín
Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Armando Corona Rivera
(rúbrica), Omar Fayad Meneses (rúbrica), Marco Antonio García
Ayala (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica),
Oscar González Yáñez (rúbrica), Paz Gutiérrez
Cortina (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica),
Kenia López Rabadán (rúbrica), Miguel Ángel
Luna Munguía (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica),
Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán
(rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica),
Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez
(rúbrica), Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica), Mauricio
Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica), María Araceli Vázquez
Camacho (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL TITULAR DE LA PROFECO QUE INSTRUYA A LAS DELEGACIONES ESTATALES
PARA INTENSIFICAR EL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE COMBUSTIBLES QUE
PERMITA DETECTAR VENTAS FRAUDULENTAS; Y AL TITULAR DE LA SFP, QUE DÉ
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE ESAS DELEGACIONES RESPECTO A LAS GASOLINERAS,
A CARGO DEL DIPUTADO SALVADOR CARO CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRI
El suscrito, Salvador Caro Cabrera, diputado a la LXI Legislatura, integrante Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, conforme a los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta punto de acuerdo de obvia y urgente resolución mediante el cual se solicita al procurador federal del Consumidor que tenga a bien instruir para que por conducto de las delegaciones estatales sea intensificado en todas las entidades federativas el programa de verificación de combustibles que permita detectar oportunamente la venta fraudulenta de éstos en agravio de los consumidores; y al titular de la Secretaría de la Función Pública que dé seguimiento a las actividades de las delegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en las entidades federativas en relación a los expendios de gasolina, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El robo de gasolina en México ha venido en aumento en los últimos años y no sólo en los gasoductos, sino en las estaciones de servicio que expenden "litros" con menos de mil mililitros o gasolina rebajada, práctica delictiva que ha impactado de manera directa a los consumidores, y que se reciente en esta época de crisis y carestía.
Petróleos Mexicanos (Pemex) continúa detectando gasolineras que venden litros incompletos y gasolinas adulteradas, llegando esto en algunos casos a apenas 850 mililitros. Los informes de las inspecciones realizadas a las casi 8 mil 542 estaciones de servicio que hay en el país entre 2005 y agosto de 2009, por parte de los laboratorios móviles propiedad de Pemex, revelan que al menos 126 gasolineras fueron descubiertas vendiendo producto "fuera de especificación".
Los reportes evaluados por la dependencia destacan que en promedio 31 estaciones de servicio por año están reincidiendo en el comercio ilícito de combustibles, a pesar de los diversos candados que Pemex y autoridades como Procuraduría General de la República, Seguridad Pública Federal, Ejército y Marina establecieron desde 2003, como son los controles volumétricos y el marcador de gasolinas, para evitar estos actos ilegales.
Los documentos revelan que Nuevo León encabeza a los estados que registran la mayor reincidencia de gasolineras que venden combustibles fuera de especificación con 37 establecimientos, seguido por Veracruz con 11, el Distrito Federal y el estado de México con 8, otros 8 en Tamaulipas, Hidalgo con 8 gasolineras y Guanajuato con 6.
En Veracruz se han detectado desde empresas "fantasma" utilizadas para robo, trasiego y comercialización, casas de seguridad, bodegas para guardar las gasolinas y al igual que en Oaxaca, una red de distribución conformada por estaciones de servicio, cuyos sitios y propietarios se reservan porque las autoridades federales continúan con el trabajo de investigación correspondiente.
El director de Pemex Refinación, ha reconocido que aunque actualmente se dispone de 42 laboratorios que realizan en promedio 2.5 visitas por gasolinera al año, "la frecuencia está por debajo de los estándares internacionales que se tiene conocimiento, que es de 5 a 6 visitas por estación de servicio al año", lo cual es aprovechado para vender litros incompletos o combustible de mala calidad. La paraestatal ha adquirido 11 laboratorios para sumar un total de 53.
Por otra parte, la Profeco ha realizado algunas recomendaciones para evitar abusos en el servicio de gasolina tales como conocer la capacidad del tanque del vehículo, descender del auto, verificar que la bomba esté bien colocada en su lugar y que marque cero, exigir la nota de venta, llevar una bitácora del gasto de combustible del automotor y tratar de cargar regularmente 20 litros, entre otras.
La propia Profeco ha ofrecido un mecanismo para conocer el historial de verificación de las gasolineras a nivel nacional, de 2005 a la fecha a través de la página Quién es Quién en las Gasolineras, en la que es necesario proporcionar domicilio, número y razón social de la estación.
El artículo 1, segundo párrafo, de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que el objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.
Por su parte, el numeral 3 de la citada ley señala que a falta de competencia específica de determinada dependencia de la administración pública federal, corresponde a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial expedir las normas oficiales mexicanas previstas por la ley y a la Procuraduría vigilar se cumpla con lo dispuesto en la propia ley y sancionar su incumplimiento.
Asimismo, el artículo 13 de la legislación en comento, previene que la Procuraduría verificará a través de visitas, requerimientos de información o documentación, monitoreos, o por cualquier otro medio el cumplimiento de esta ley. Para efectos de lo dispuesto en este precepto, los proveedores, sus representantes o sus empleados están obligados a permitir al personal acreditado de la Procuraduría el acceso al lugar o lugares objeto de la verificación.
Además de lo anterior, el arábigo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor dispone que la Profeco es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en esta ley, los reglamentos de ésta y su estatuto.
Por todo lo expuesto y en virtud de que las actividades de verificación a las estaciones de servicio, le competen a la Dirección General de Verificación de Combustibles, dependiente de la Subprocuraduría de Verificación, de la Procuraduría Federal del Consumidor, se propone el siguiente ante este pleno, como de obvia y urgente resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita al Procurador Federal del Consumidor tenga a bien instruir a la Subprocuraduría de Verificación de la dependencia a su cargo, para que por conducto de las delegaciones estatales sean intensificados en todas las entidades federativas el programa de verificación de combustibles que permitan detectar oportunamente la venta fraudulenta de éstos en agravio de los consumidores y en consecuencia sean sancionados los responsables con todo el rigor de la ley.
Segundo. Se solicita al titular de Secretaría de la Función Pública dar seguimiento a las actividades de las delegaciones de Profeco en las entidades federativas en relación a los expendios de gasolina y en su caso inicie los procedimientos y aplique las sanciones correspondientes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2009
Diputado Salvador Caro Cabrera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATALES Y MUNICIPALES
A IMPLANTAR EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS ACCIONES TENDENTES
A FORTALECER LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA EXTORSIÓN POR AUTORIDADES
HACIA LOS CONNACIONALES EN SU REGRESO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS,
A CARGO DE LA DIPUTADA NORMA LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita diputada federal Norma Leticia Salazar Vázquez integrante de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a los titulares del gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, a que en el ámbito de sus respectivas competencias, implementen las acciones tendientes a fortalecer las medidas preventivas que eviten la realización de actos de extorsión por parte de distintas autoridades hacia los connacionales, durante su regreso al territorio nacional con motivo de las fiestas decembrinas, con base en las siguientes:
Consideraciones
Según cifras preliminares del Instituto Nacional de Migración, en el periodo de enero a septiembre de 2009, se han registrado aproximadamente 2,918,461 entradas a nuestro territorio, siendo residentes en el país 2,386,410, residentes en el extranjero 531,324 y diplomáticos 727, recibiéndose además por concepto de remesas familiares la cantidad de 16,434.8 millones de dólares en los primeros tres trimestres del año.
En concordancia, la Coordinadora Nacional del Programa Paisano del Instituto Nacional de Migración Itzel Nayelli Ortiz Zaragoza, señaló que en el periodo vacacional decembrino se espera el arribo de por lo menos 850 mil connacionales a México provenientes de Estados Unidos, además destacó que de acuerdo con las estadísticas de quejas, los paisanos son víctimas de extorsión por parte de agentes de tránsito y policías municipales.
Al respecto es trascendente mencionar que los estados de Nuevo León y Tamaulipas son los que ocupan los primeros lugares en el número de quejas por parte de los connacionales, seguidos de Coahuila, con la extorsión como la denuncia más recurrente.
En este sentido, existen múltiples reportes de que algunas autoridades federales, estatales y municipales, extorsionan a los connacionales que regresan a México para las fiestas decembrinas, y que por dicha actividad ilícita obtienen ganancias millonarias, con el pleno conocimiento de que nuestros paisanos vienen acompañados de miles de dólares en efectivo y regalos producto de su ahorro y trabajo durante el año, para gastarlo precisamente con sus familias en territorio nacional, de los cuales se estima que entre el 2 y 3 por ciento serán gastados en "aguinaldos extorsión".
Por las recurrentes y nefastas prácticas tradicionales de extorsión desde el ingreso de los paisanos por las fronteras del norte del país, se entregarán miles y quizás hasta millones de dólares que son repartidos entre autoridades aduanales, policías federales, militares, elementos de la PGR, así como policías de tránsito, estatales y municipales.
Es del conocimiento público, que en cada retén "la cuota" a pagar oscila entre los 50 y 100 dólares, por lo que el paisano que regresa vía terrestre, que representa la gran mayoría, es detenido en al menos siete retenes, situación que genera la proliferación de actos de extorsión por parte de diversas autoridades.
Ante este panorama, los legisladores nos encontramos obligados a actuar y para ello se pondrá en marcha el denominado programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, como parte de la estrategia para combatir estas prácticas, en estrecha colaboración y coordinación con el programa federal interinstitucional Paisano, con el objeto de asistir presencialmente en los puentes internacionales y aduanas de la frontera norte, en terminales de autobuses y en aeropuertos, para orientar a los paisanos y recibir denuncias de extorsiones, maltrato y hostigamiento de parte de funcionarios corruptos.
La intención es darle un estricto seguimiento a las acciones que emprende el Ejecutivo federal, para apoyar a la comunidad migrante, que tienen la posibilidad de retornar a casa, frenar extorsiones y vigilar el comportamiento de autoridades de los tres órdenes de gobierno.
No obstante, estamos ciertos de que este esfuerzo resulta insuficiente, motivo por el cual y en concordancia con el compromiso que el Estado tiene de velar por la protección de su sociedad, es que solicitamos a los titulares de los gobiernos federal, estatal y municipal implementen las acciones tendientes a fortalecer las medidas preventivas que eviten la realización de actos de extorsión por parte de distintas autoridades hacia nuestros connacionales que regresan a territorio nacional durante el periodo vacacional decembrino.
Es por todo lo anterior, que se somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Primero. Por el que se exhorta a los titulares del gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, a que en el ámbito de sus respectivas competencias, implementen las acciones tendientes a fortalecer las medidas preventivas que eviten la realización de actos de extorsión por parte de distintas autoridades hacia los connacionales, durante su regreso al territorio nacional con motivo de las fiestas decembrinas.
Segundo. Se exhorta a los titulares del gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, a que establezcan una coordinación intergubernamental a fin de reforzar el programa Paisano, consolidando las acciones y presencia de las autoridades en los diversos puntos de entrada, tránsito y salida de paisanos durante el periodo vacacional decembrino, a efecto de erradicar prácticas de extorsión por parte de las autoridades.
Tercero. Se exhorta a los titulares del gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, para que mediante los canales legales correspondientes, se de atención a todas las quejas o denuncias interpuestas por los connacionales a su regreso a México en el periodo de las fiestas de fin de año, derivado de actos de extorsión por parte de cualquier servidor público e iniciar los procedimientos administrativos o penales procedentes ante las autoridades competentes, a fin de imponer las sanciones o penas que correspondan.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2009.
Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD QUE PROPORCIONE INFORMACIÓN
SOBRE LOS PACIENTES CON AUTISMO Y QUE EXPIDA CON LA SEDESOL PROGRAMAS PARA
AYUDARLOS, A CARGO DEL DIPUTADO ARIEL GÓMEZ LEÓN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, fundamentado en las potestades conferidas en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes.
Exposición de Motivos
Bebés que no siguen a sus mamás con la mirada cuando las tienen cerca, tampoco las ven a los ojos, parece que están sordos, la mayor parte del tiempo mantienen sus rostros serios. Así son los niños con autismo, tercer trastorno mental más común en la infancia, después del trastorno por déficit de atención y las alteraciones del estado de ánimo cuyo diagnóstico y tratamiento en México sólo es posible obtener en una institución pública y algunas privadas.
El autismo no se cura. A lo máximo que pueden aspirar los papás de niños que padecen ese mal es a que sus hijos logren ser autosuficientes en su cuidado personal. Si sus condiciones neurológicas lo permiten, en la edad adulta podrán desempeñar alguna actividad u oficio y tener cierta independencia económica.
Sin embargo, cada caso tiene sus especifidades, porque en el autismo intervienen diversas alteraciones de las funciones cerebrales, la mayoría todavía inexplicables, que imposibilitan el aprendizaje escolar. En ocasiones los pacientes presentan retraso mental, aunque la combinación de los seis o siete síndromes combinados que caracterizan la enfermedad puede afectar el pensamiento, la comunicación, el lenguaje y la temporalidad.
En el sector salud, el único sitio que ofrece atención médica especializada es el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, donde con muy limitados recursos económicos se ofrece a niños y padres un servicio integral, que va del diagnóstico y valoración del grado de afectación del pequeño a la terapia ambiental específica, con la que el paciente adquiere algunas habilidades que le permiten, entre otras cosas, vestirse, comer sólo y, en algunos casos, asistir a la escuela y adquirir conocimientos que luego, en la edad adulta, pueden aplicar en alguna actividad remunerada.
Hasta hace dos años había una lista de espera de 500 niños, debido a que la atención que se ofrece a cada uno es totalmente individualizada y de largo plazo, y con el personal disponible apenas se puede atender a 250 pacientes al año, de los cuales sólo alrededor de 100 son nuevos ingresos.
La valoración de cada uno puede durar meses, antes de que se defina el tipo de autismo que padece y la terapia que le será útil para insertarse en la sociedad de la mejor manera. Uno de los principales obstáculos es el reducido número de profesionales que realizan esa labor.
Por lo anterior, me permito someter a esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Que la Cámara de Diputados solicite respetuosamente a la Secretaría de Salud, información sobre los pacientes con autismo que tiene registrados en todo el territorio nacional.
Segundo. Que la Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social para que, en conjunto con la Secretaría de Salud, elaboren programas de vinculación de organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicos, que se dedican a labores de apoyo a pacientes con autismo, con el fin de potenciar los apoyos gubernamentales que puedan generarse, e informen los avances de los mismos a esta soberanía.
Cámara de Diputados, a 8 de diciembre de 2009.
Diputado Ariel Gómez León (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL JEFE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, AL DELEGADO EN IZTAPALAPA
Y A LA CIUDADANA CLARA MARINA BRUGADA MOLINA A EXPONER ANTE LA COMISIÓN
DEL DISTRITO FEDERAL DE ESTA SOBERANÍA SUS CONSIDERACIONES SOBRE
LA SITUACIÓN EN ESA DEMARCACIÓN, SUSCRITA POR INTEGRANTES
DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
Los que suscriben, diputados de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 85 inciso a), 90 fracción X y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59, 60 y 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual "se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, al jefe delegacional en Iztapalapa, ciudadano Rafael Acosta Ángeles y a la ciudadana Clara Marina Brugada Molina, a que acudan ante la Comisión del Distrito Federal en la honorable Cámara de Diputados a exponer sus consideraciones en relación con la controversia existente en el Órgano Político Administrativo en Iztapalapa".
Antecedentes
El Distrito Federal, a diferencia de las otras 31 entidades de la República, cobra una relevancia singular al ser además de la capital, la sede de los tres poderes federales y el centro económico de nuestro país; por ello, todo acontecimiento en su territorio, cobra relevancia para la vida de nuestra nación.
Concretamente, de entre las 16 delegaciones que conforman el Distrito Federal, el órgano político administrativo en Iztapalapa, constituye el 8 por ciento de su superficie, cuenta con una población superior al millón ochocientos cincuenta mil habitantes y un presupuesto autorizado para el año 2010 que asciende a la cantidad de 3,076,512,084.00, (tres mil setenta y seis millones, quinientos doce mil ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), lo cual la convierte en la delegación más grande y con el mayor presupuesto asignado.
Es por lo anterior, que ante las eventualidades de los últimos meses, a raíz de la contienda electoral por la jefatura delegacional en Iztapalapa, y los sucesos derivados con motivo de ello, la Comisión del Distrito Federal en el seno de su cuarta sesión ordinaria, acordó exhortar a quienes conforman parte integral del conflicto, a que acudan ante dicha Comisión ordinaria de la honorable Cámara de Diputados en la LXI Legislatura a exponer sus consideraciones, para el único efecto de ser facilitadores en encontrar a la brevedad soluciones en beneficio de los vecinos del Distrito Federal.
Por esta reflexión nos permitimos someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón, al jefe delegacional en Iztapalapa, ciudadano Rafael Acosta Ángeles y a la ciudadana Clara Marina Brugada Molina, a que acudan ante la Comisión del Distrito Federal en la honorable Cámara de Diputados a exponer sus consideraciones en relación con la controversia existente en el órgano político administrativo en Iztapalapa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 8 de diciembre de 2009.
Diputados: Gabriela Cuevas
Barrón (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes
(rúbrica), Fuensanta Patricia Jiménez Case (rúbrica),
Roberto Rebollo Vivero (rúbrica), María de la Paz Quiñones
Cornejo (rúbrica), Agustín Guerrero Castillo (rúbrica),
Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Andrés Aguirre Romero
(rúbrica), Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica),
Carlos Bello Otero (rúbrica), Agustín Carlos Castilla Marroquín
(rúbrica), Armando Corona Rivera (rúbrica), Omar Fayad Meneses
(rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), César
Daniel González Madruga (rúbrica), óscar González
Yáñez (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica),
Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Kenia López
Rabadán (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía
(rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Nazario Norberto
Sánchez (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica),
Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga
(rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica),
Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica), Mauricio Alonso Toledo
Gutiérrez (rúbrica), María Araceli Vázquez
Camacho (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA IMPULSAR, DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR
LA ACTIVACIÓN DE CUENTAS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN LAS
PRINCIPALES REDES SOCIALES DE INTERNET EN MÉXICO, A FIN DE PUBLICAR
CON OPORTUNIDAD LA INFORMACIÓN PARLAMENTARIA PERTINENTE SOBRE LOS
DEBATES, LAS DECISIONES Y LOS ACUERDOS DEL PLENO Y DE LAS COMISIONES, ASÍ
COMO LAS NOTICIAS RELEVANTES DE INTERÉS PÚBLICO, A CARGO
DEL DIPUTADO SALVADOR CARO CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Salvador Caro Cabrera, diputado a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los siguientes artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía y de la Junta de Coordinación Política la siguiente proposición con punto de acuerdo, relativo a la creación de la Comisión Especial encargada de impulsar, dar seguimiento y evaluar la activación de cuentas de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión en las principales redes sociales de Internet en México, con el objetivo de publicar la información parlamentaria pertinente de manera oportuna respecto de las discusiones, decisiones y acuerdos tomadas por el Pleno y las distintas comisiones parlamentarias, así como las noticias más relevantes de interés público.
Exposición de Motivos
El acceso a la información pública es un terreno que ha logrado un progreso notable, desde su reconocimiento constitucional como derecho, hasta la implementación de herramientas y mecanismos necesarios para satisfacer esta demanda ciudadana a través de las instituciones gubernamentales. Sin embargo, los esfuerzos por proveer la información contemplada en la ley de la materia, no se han adaptado a la evolución que ha sufrido el formato en el que actualmente se presenta la información, lo que impulsa la urgencia de satisfacer esta necesidad con mayores niveles de éxito.
La sociedad ha transitado a nuevos lenguajes de comunicación, lo cual le exige acciones al actual sistema de acceso a la información pública. El reto pues, ya no es que los ciudadanos estén posibilitados para solicitar información o consultarla en los sitios de Internet oficiales, sino que la información se encuentre a disposición inmediata de los ciudadanos. Ésta es la nueva etapa de la transparencia y el acceso a la información pública.
En este orden de ideas, la Internet, específicamente las páginas web, han sido hasta el momento la herramienta más eficaz empleada por el gobierno para comunicar y divulgar la información pública, permitiendo el acceso a cualquier ciudadano en cualquier lugar del mundo. Prueba de ello son los portales oficiales del gobierno federal, Congreso de la Unión, Poder Judicial, gobiernos estatales y municipales.
Sin embargo, la Internet se encuentra en una nueva era en donde el rol principal lo juegan las redes sociales o "social media" como Facebook, Hi5, MySpace, blogs, microblogs como Twitter, canales como Youtube, comercio en línea e Internet móvil; lo relevante de estos sitios es el intercambio y participación de los usuarios, la interacción, y la construcción de redes de información que fluyen en tiempo real, contrario a la información presentada de manera estática en las páginas web.
En México durante el año 2008, 27.4 millones de los 111 millones de habitantes aproximadamente, tuvieron acceso a Internet, se estima que para el cierre de 2009 existan 31.5 millones de usuarios y para el año 2010 aumente a 35.6 millones de personas navegando. La red social más importante a nivel mundial Facebook, cuenta con más de 300 millones de usuarios en más de 70 idiomas; en México la cantidad de usuarios de esta red asciende a 5 731 940. Por otro lado, un estudio reciente publicó que en nuestro país el 88 por ciento de los cibernautas son lectores de blogs y el 60 por ciento escribe en ellos.
En cuanto a la telefonía celular en el año 2007 existían 68.4 millones teléfonos celulares dados de alta, de los cuales aproximadamente el 30 por ciento, tenía acceso a Internet móvil, se prevé que para 2010 la cifra aumente a 98.5 millones de teléfonos celulares. A través del servicio de Internet con el que cuentan algunos teléfonos móviles o teléfonos inteligentes, las personas se mantienen conectadas a la información de sus redes sociales de manera continua y permanente.
Para las personas, empresas y gobierno, la necesidad de estar presentes en la "social media" es inevitable a medida que el número de usuarios se incrementa exponencialmente y los flujos de información que en ellas convergen aumentan.
El gobierno de Estados Unidos de América, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gobierno de Nayarit, etcétera, son algunos ejemplos de cómo las instituciones gubernamentales han penetrado ya de manera exitosa en las redes sociales, informando oportunamente las comunicaciones más trascendentes. Sin duda alguna, es tan solo un porcentaje de la población nacional, aunque significativo, el que se encuentra de manera permanente ingresando a las redes sociales, sin embargo, el esfuerzo debe ir encaminado a ofrecer información a los ciudadanos de manera sencilla y accesible, como respuesta a los avances tecnológicos más relevantes, expandiendo los canales de comunicación y participación ciudadana, ya que estos sitios no sólo brindan información sino que también permiten la expresión escrita por parte de los ciudadanos respecto a la toma de decisiones y acuerdos aprobados por sus representantes, fortaleciendo así la participación ciudadana.
El honorable Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, a través de sus portales oficiales de Internet, alertas en correo electrónico, el Canal del Congreso, el Infopal, video podcast, RSS, etcétera, mantienen al tanto a la ciudadanía de la información parlamentaria, de los acuerdos y decisiones concretados en las reuniones de sus comisiones y datos que sean considerados de interés público. No obstante, el notable esfuerzo, se reitera la necesidad de transitar de los canales de Internet convencionales a las redes sociales de vanguardia que están sentando un precedente en las relaciones y comunicaciones humanas.
Por tal motivo, propongo ante este pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se crea la Comisión Especial para impulsar, dar seguimiento y evaluar la activación de cuentas de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión en las principales redes sociales de Internet en México con el objetivo de publicar la información parlamentaria pertinente de manera oportuna respecto de las discusiones, decisiones y acuerdos tomadas por el Pleno y las distintas comisiones parlamentarias, así como las noticias más relevantes de interés público.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2009.
Diputado Salvador Caro Cabrera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE INVITA A UNA DELEGACIÓN PLURAL DE LÍDERES MIGRANTES A
ASISTIR AL PALACIO LEGISLATIVO PARA CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL
DEL MIGRANTE, A CARGO DE LA DIPUTADA ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en pleno uso de las facultades que le confiere el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58, 59 y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados invita a una delegación plural de líderes migrantes a acudir al Palacio Legislativo de San Lázaro para conmemorar el Día Internacional del Migrante, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
Primero. El 4 de diciembre del año 2000, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), proclamó oficialmente el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante, mediante la resolución 55/93. De esta manera, los Estados miembros de las Naciones Unidas están invitados por la comunidad internacional a observar este día a través de la difusión de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes, así como el intercambio de experiencias y, sobre todo, la formulación de medidas para protegerlos.
Segundo. México es un país de migrantes. Residen en Estados Unidos 28 millones de personas de origen mexicano, de las cuales 12 millones nacieron en el territorio nacional y por tanto son y siguen siendo ciudadanos mexicanos, con los mismos derechos que quienes habitamos en México.
Tercero. Los migrantes son un pilar para el desarrollo y progreso de nuestro país, y las remesas que envían a sus familiares constituyen la segunda principal fuente de divisas internacionales, sólo superadas por los ingresos del petróleo, y muy por encima de los ingresos del sector turístico.
Cuarto. Los emigrantes mexicanos que residen en los Estados Unidos de América cuentan con una cantidad importante de organizaciones de diversa índole que los representan, así como con liderazgos destacados que pueden transmitir sus necesidades, problemáticas, propuestas e inquietudes, por lo que valdría la pena que la Cámara de Diputados abriese un canal y un foro para escucharles y analizar sus planteamientos.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este pleno, la siguiente iniciativa con punto de acuerdo por el que se invita a una delegación plural de líderes migrantes a asistir al Palacio Legislativo para conmemorar el Día Internacional del Migrante.
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados invita a una delegación plural de líderes migrantes a acudir al Palacio Legislativo de San Lázaro para conmemorar el Día Internacional del Migrante, del 16 al 18 de diciembre del presente.
Segundo. La Junta de Coordinación Política se encargará de seleccionar y designar a la delegación de líderes migrantes, en cuanto a su composición y número, así como de extender las invitaciones correspondientes. Lo anterior se realizará, en función de la disponibilidad presupuestaria de la Cámara de Diputados y del tiempo con que se cuenta para la visita.
Tercero. La Cámara de Diputados absorberá los costos del traslado, alojamiento y alimentación de la delegación, y proveerá de las instalaciones y los insumos necesarios para que puedan reunirse en el Palacio Legislativo y conmemorar el Día Internacional del Migrante.
Cuarto. Se nombrará a una delegación de legisladores que se encargará de recibir y acompañar a los líderes migrantes.
Quinto. Como producto de la visita de los líderes migrantes y la conmemoración del Día Internacional del Migrante, la delegación de legisladores elaborará un documento que destaque los principales problemas que enfrentan nuestros connacionales en Estados Unidos y que aterrice algunas propuestas viables que puedan ser materia del trabajo legislativo; dicho documento será presentado por la delegación de legisladores ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2009.
Diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SEGOB, DE LA PGR Y DE LA CNDH A ESCLARECER
LOS ATENTADOS Y HOMICIDIOS COMETIDOS CONTRA LÍDERES CAMPESINOS Y
LUCHADORES SOCIALES, A CARGO DEL DIPUTADO FEDERICO OVALLE VAQUERA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Federico Ovalle Vaquera, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como en el artículo 34, numeral 1, incisos a), b) y c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
Es una preocupación de la sociedad mexicana el clima de inseguridad que se vive en el país, el cual adquiere manifestaciones en una serie de lamentables hechos que se han venido perpetrando desde hace varios meses en contra de diversos luchadores sociales, dirigentes campesinos, indígenas, ambientalistas, defensores de derechos humanos y periodistas.
A continuación, de manera muy respetuosa y con el único objetivo de hacer un llamado a la conciencia colectiva, en orden cronológico quisiera referirme a algunos hechos relacionados con compañeros dirigentes campesinos y luchadores sociales.
El 14 de marzo de 2008, el dirigente de la Organización Agrodinámica Nacional (OAN), Armando Villarreal Martha fue asesinado en el municipio de Nuevo Casas Grandes, en el estado de Chihuahua. Armando Villarreal fue un incansable luchador social que cobró notoriedad a raíz de su participación al frente de productores y campesinos que exigieron la revisión de tarifas eléctricas para consumo agrícola. Asimismo, participó en el movimiento nacional de productores y campesinos que demandaron al gobierno federal la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Su lucha se extendió a la protección de los acuíferos en la región noroeste del estado de Chihuahua.
El 26 de agosto de este año, el otrora líder del Barzón Maximiano Barbosa Llamas fue atacado a balazos junto con su hijo, mientras departía con varias personas en un balneario ubicado en una localidad en el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco.
De la misma manera, el 30 octubre de 2009 el líder agrario Margarito Montes Parra, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP) junto con 10 hombres más, una mujer y tres menores de edad fueron asesinados en las cercanías del rancho El Alamito del municipio de Cajeme, Sonora cerca de los límites con Sinaloa.
Un día después, es decir el 31 del mismo mes y año, en la comunidad indígena de Ocotepec fue acribillado Miguel Ángel Pérez Cazalez, defensor del medio ambiente en la zona protegida denominada El Texcal, situada al nororiente de Morelos. Pérez Cazalez fue dirigente de la Unidad y Fuerza Indígena y Campesina (UFIC). Había sido reconocido en el año 2007 por la organización Greenpeace y otras organizaciones internacionales como uno de los hombres más comprometidos con la preservación del medio ambiente.
Más recientemente, el 2 de noviembre fue secuestrado frente a su domicilio el compañero Adelaido Pita Pérez, secretario general de la UGOCP en el estado de Guerrero y fue encontrado muerto al día siguiente en las afueras de la ciudad de Chilpancingo.
De la misma manera hace apenas unos días, para ser más específico el 24 de noviembre, a la altura del poblado de Palomares, Oaxaca, también fueron interceptados y baleados los autobuses en los que viajaban los dirigentes de la UGOCP del estado de Chiapas.
Estos dolorosos eventos se inscriben, por un lado, en el contexto de la actual crisis multidimensional que se refleja en el aumento del desempleo y en la pérdida de cohesión social en las familias y comunidades. Por otro, son resultado de la economía que subordina a la nación a poderes económicos y políticos internos y externos, lo que ha abierto las posibilidades para la organización de grupos delictivos que se han extendido prácticamente a todos los sectores de la sociedad, como han sido los grupos paramilitares y guardias blancas.
Ante esta situación, compañeras y compañeros diputados no podemos permanecer indiferentes. Como representantes populares, tratándose de dirigentes campesinos y luchadores sociales quienes han sufrido estas arteras, criminales y cobardes agresiones, condenamos enérgicamente estos sucesos particularmente porque parecería que por la forma en cómo ocurrieron los hechos podríamos estar ante una expresión de la criminalizacion de la lucha social.
Asimismo, desde esta tribuna y a petición de los integrantes del Consejo Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueras (CONORP) así como de otras organizaciones de productores rurales, campesinas e indígenas demandamos la intervención expedita, oportuna y eficaz de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que investiguen los hechos aquí descritos y en sus diferentes ámbitos de competencia apliquen y vigilen la aplicación de la ley.
Específicamente, a la primera de estas instancias gubernamentales solicitamos que profundice en las investigaciones correspondientes por tratarse presumiblemente de crímenes políticos.
A la segunda para que atraiga los casos arriba mencionados a fin de dar con los responsables materiales e intelectuales de dichos crímenes y se les aplique el peso de la ley, y a la tercera para que intervenga a fin de dar mayor certidumbre al esclarecimiento de los hechos.
Estimadas diputadas y diputados, aspiramos a que la aprobación de la presente proposición sea una forma de honrar la memoria de nuestros compañeros, así como utilizar este medio para manifestar nuestras más sinceras condolencias, enviar nuestro más sentido pésame y toda nuestra solidaridad con las organizaciones de productores, campesinas e indígenas y a los familiares de los compañeros desaparecidos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que profundice en las investigaciones de los homicidios de los compañeros Armando Villarreal Martha, Margarito Montes Parra, Miguel Ángel Pérez Cazalez, Adelaido Pita Pérez, por tratarse presumiblemente de crímenes políticos. Asimismo para que esclarezca a la brevedad posible los hechos en torno a los atentados perpetrados en contra de Maximiano Barbosa Llamas y los dirigentes de la UGOCP del estado de Chiapas.
Segundo. Se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República para que atraiga los casos arriba mencionados a fin de dar con los responsables materiales e intelectuales de dichos crímenes y se les aplique el peso de la ley.
Tercero. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que a través de su pronta intervención se otorgue mayor certidumbre al esclarecimiento de los hechos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro sede de la Cámara de Diputados, el día 8 de diciembre de 2009.
Diputado Federico Ovalle Vaquera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A RECLASIFICAR, REAJUSTAR Y ESTABLECER
MEDIANTE LA SHCP, LA SENER, LA CFE Y LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA
UNA TARIFA PREFERENCIAL PARA USUARIOS DOMÉSTICOS DE LA REGIÓN
DE LA HUASTECA ALTA Y BAJA, QUE FORMAN EL DISTRITO ELECTORAL I, DE PÁNUCO,
VERACRUZ, A CARGO DEL DIPUTADO PATRICIO CHIRINOS DEL ÁNGEL, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Patricio Chirinos del Ángel, integrante de la diputación federal por el estado de Veracruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía, de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Reguladora de Energía, para que en el ámbito de sus atribuciones, reclasifiquen, reajusten y establezcan una tarifa preferencial de energía eléctrica de uso doméstico para los municipios de la región de la Huasteca Alta y Baja, que conforman el Distrito Electoral I de Pánuco del estado de Veracruz, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Compañeras y compañeros diputados, en el ánimo de cumplir con uno de los compromisos adquiridos con los ciudadanos del distrito que represento, acudo ante esta soberanía, para exponer y buscar solución, a una problemática que aqueja profundamente a los habitantes de la región de la Huasteca Alta y Baja, del estado de Veracruz.
En los últimos años, como consecuencia de la errónea implantación de políticas públicas por parte del Ejecutivo federal, el país ha venido experimentando una severa crisis económica, derivanda en la consecuente disminución del poder adquisitivo y en el incremento desmedido de los precios, no sólo en los productos básicos, sino en servicios primarios como el agua, el gas, y particularmente la electricidad.
El pasado 23 de septiembre del año en curso, fue presentado en la Cámara, por parte del diputado Salvador Manzur Díaz, un exhorto relativo a la reclasificación de tarifas eléctricas para la zona Veracruz-Boca del Río. En esta propuesta, podemos apreciar cifras de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad, que muestran al estado de Veracruz, como el primer productor de energía eléctrica, aportando más del 11 por ciento del total nacional, y que cuenta además, con 15 centrales generadoras de electricidad, destacando las termoeléctricas de Tuxpan y Dos Bocas, así como la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde.
Vecinos de la región, han documentado con recibos expedidos por la Comisión Federal de Electricidad, cobros que van desde los mil 500, hasta los 3 mil pesos o más por bimestre, cuando, según datos del Consejo Nacional de Población, basados en el segundo Conteo de Población y Vivienda 2005 y en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2005, la mayoría de los municipios del norte de Veracruz, se encuentran clasificados en el rango de alta marginación, reflejando en promedio, que alrededor del 50 por ciento de la población ocupada, percibe solamente hasta dos salarios mínimos, y que el 35 por ciento, viven en casas con piso de tierra.
La precaria situación económica se agrava para la gente más pobre y necesitada, afectando sectores poblacionales que perciben escasos ingresos, únicamente en determinadas temporadas del año. Ejemplo más claro, es el de centenares de campesinos y pescadores, quienes al trabajar por jornada o destajo, dejan de cobrar en épocas de cosecha o veda, respectivamente, y cuando lo hacen, reciben cantidades que la mayoría de las veces, pueden ser menores al salario mínimo.
Otro caso, es el de los maestros recién egresados, que comienzan sus labores docentes, con salarios que no superan los cuatro mil pesos mensuales, y que a pesar de ello, deben hacer frente y cumplir con las necesidades de sus familias.
Asimismo, reportes del Servicio Meteorológico Nacional, revelan que dicha región presenta durante los meses más calurosos del año, temperaturas que van de los 35 a los 40 grados centígrados, llegando en ocasiones a superarse dichos rangos. Estas condiciones ambientales, afectan severamente la vida y las actividades cotidianas de los habitantes de la Huasteca veracruzana.
El alto grado de marginación, las altas temperaturas registradas y los ingresos promedio de la población, son algunos de los factores primordiales que deberán ser tomados en cuenta, para la urgente e inaplazable reclasificación de las tarifas de consumo de energía doméstica para las comunidades del norte de Veracruz.
En esta soberanía, durante la actual Legislatura y anteriores, se han presentado varias propuestas encaminadas a resolver de manera favorable esta problemática, significando esto que en la Cámara de Diputados, existe voluntad y coincidencia de las fuerzas políticas representadas, que permiten afrontar las dificultades e inquietudes de nuestros conciudadanos.
Por esta razón, solicito respetuosamente a las instituciones involucradas en este tema, su colaboración inmediata a fin de atender este reclamo, en beneficio, no sólo de los veracruzanos sino de todos los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Cámara, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía, de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Reguladora de Energía, para que en el ámbito de sus atribuciones, reclasifiquen, reajusten y establezcan una tarifa preferencial de energía eléctrica de uso doméstico, en beneficio de los pobladores de los municipios de Ozuluama de Mascareñas, Pánuco, Pueblo Viejo, Tampico Alto, Tempoal, El Higo, Naranjos Amatlán, Chinampa de Gorostiza, Tamalín, Tancoco y Tantima, que conforman la Huasteca Alta y Baja, del distrito I de Pánuco del estado de Veracruz.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2009.
Diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS FEDERAL Y DE QUINTANA ROO A ANALIZAR LOS RIESGOS
PARA LOS HABITANTES DE LA ZONA COSTERA DE CANCÚN POR LA AUSENCIA
DE UNA BARRERA NATURAL, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DE LA PAZ QUIÑONES
CORNEJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita diputada federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de la Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Las costas de México y Centroamérica, a lo largo del Caribe, se unen por una cadena de arrecifes que se extienden desde Holbox, en Quintana Roo, hasta las Islas de la Bahía, en Honduras una incomparable herencia biológica común une a la zona, y se convierte en un patrimonio invaluable, que hace de la región una de las más importantes de nuestro planeta por su riqueza natural pues estos sistemas coralinos son una de las más complejas expresiones de la diversidad de la vida en el mar y es uno de los componentes de mayor importancia ecológica en la biósfera.
El éxito de los programas de conservación de los recursos naturales del Sistema Mesoamericano de Arrecifes debe de convertirse en una de las prioridades de los gobiernos de la zona, ello se refleja en las tareas emprendidas por distintas organizaciones y grupos ecologistas, los que han buscado de distintas maneras conseguir fondos para el llamado "Eco-regional Financing Mechanins for the Conservation of the Mesoamerican Caribbean Reef System" (mecanismo eco-regional de financiación para la conservación del sistema de arrecifes del Caribe mesoamericano), de hecho algunas organizaciones, apoyadas por la World Wide Foundation de América Central, han unido esfuerzos para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de sus esfuerzos para conservar el Sistema Mesoamericano de Arrecifes, el cual se extiende a lo largo de 700 kilómetros, desde la península de Yucatán en México, hasta la barrera de arrecifes de Belice y la costa caribeña de Guatemala, etcétera.
Las costas de México y Centroamérica, a lo largo del Caribe, se unen por una cadena de arrecifes que se extienden desde Holbox, en Quintana Roo, hasta las Islas de la Bahía, en Honduras. Estos sistemas coralinos son una de las más complejas expresiones de la diversidad de la vida en el mar y es uno de los componentes de mayor importancia ecológica en la biósfera de la Tierra.
En aguas territoriales mexicanas, los arrecifes que se extienden desde el sur del Caribe Mexicano, llegan de manera discontinua a Yucatán, Campeche y Veracruz, se unen al Sistema Arrecifal de Belice y a su vez forman parte del Sistema Arrecifal del Caribe Occidental. En el estado de Veracruz, se encuentra el Parque Nacional denominado Sistema Arrecifal Veracruzano, con una extensión total aproximada de 52,238 hectáreas y cuenta con 1.5 millas en su parte más ancha.
Los programas de conservación de los recursos naturales del Sistema Mesoamericano de Arrecifes necesitan todo el apoyo posible para impulsar su éxito, por ello distintas organizaciones y grupos ecologistas, han buscado de distintas maneras conseguir fondos para el llamado "Eco-regional Financing Mechanins for the Conservation of the Mesoamerican Caribbean Reef System" (mecanismo eco-regional de financiación para la conservación del sistema de arrecifes del caribe mesoamericano), así algunas organizaciones, apoyadas por la World Wide Foundation de América Central, han unido sus fuerzas para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de sus esfuerzos para conservar el Sistema Mesoamericano de Arrecifes, el cual se extiende a lo largo de 700 kilómetros, desde la Península de Yucatán en México, hasta la barrera de arrecifes de Belice y la costa caribeña de Guatemala, etcétera.
Como ejemplo de los distintos esfuerzos de los países del área para lograr la protección y desarrollo de estas áreas de arrecifes, encontramos a la Alianza para el Desarrollo Sostenible y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, así como los acuerdos de Tuxtla I y Tuxtla II, que han planteado ya la configuración de un corredor biológico Mesoamericano del cual, el Sistema Arrecifal del Caribe Mesoamericano es un elemento fundamental.
El día de hoy vengo a esta tribuna a presentar el caso de uno de los destinos turísticos más importantes de nuestro país, pues frente a la barra de Cancún Quintana Roo no hay arrecife coralino protector, al haberse eliminado las dunas que reponían la arena, la playa se pierde con las mareas de tormenta afectando en el terreno económico y comercial y en el desarrollo turístico sustentable de la región conocida como Mundo Maya.
Así pues, frente a Cancún se interrumpe el sistema arrecifal que va desde la Isla Contoy hasta la zona de Honduras. La barra misma de Cancún fue hace miles de años la cresta del arrecife de coral, hoy por distintos fenómenos naturales y provocados por el hombre, se encuentra sepultada. En esta zona encontramos al arrecife Ixlaché, este se encuentra en la zona sur del parque Nacional y forma parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) que se extiende desde Isla Contoy hasta las costas de Honduras, siendo la segunda barrera arrecifal más importante del mundo.
En su constitución solo aparecen dos interrupciones más, una sobre Playa del Carmen, esta es ocasionada por la hidrodinámica del canal de Cozumel.
Es a partir de la firma de la Declaración de Tulum llevada a cabo en junio de 1997 se presenta que el concepto del SAM, desde entonces, y bajo el patronato de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo y el Banco Mundial, los cuatro países del SAM (México, Belice, Guatemala y Honduras) y otros grupos de interés en la región han colaborado estrechamente en el diseño y preparación del Proyecto, culminando con la declaración de su vigencia el día 30 noviembre de 2001.
Así, pues en el problema que nos ocupa, la solución en la zona de Cancún no es sólo llevar más arena desde Cozumel, lo que además de provocar distintos impactos ambientales no resuelve el problema de fondo pues es un trabajo inútil ya que con el paso del tiempo va a perderse, sino que con el desarrollo de un arrecife artificial es posible crear los procesos que sean el fiel reflejo del funcionamiento de la naturaleza.
En este tema hay numerosas experiencias en el mundo como es el caso del un barco de la Segunda Guerra Mundial que fue hundido en las costas de Cayo Hueso para crear así el segundo arrecife artificial más grande del mundo.
Un caso digno de recordar es el hundimiento del Rainbow Warrior, primer barco utilizado por Greenpeace en sus cruzadas conservacionistas, este era un viejo pesquero fletado en 1977, de unos 40 metros de eslora y fue hundido el 10 de julio de 1985 cerca de Motutapere Island, al norte de Auckland, Nueva Zelanda.
En los aspectos biológicos podemos apuntar que los peces en un arrecife artificial, tienen mayor posibilidad de reproducirse al encontrar fácilmente alimento y refugio, además de que representa un beneficio para la población al promover el turismo ecológico con la consiguiente derrama de recursos.
Las actividades alternas, constituyen una parte fundamental en el desarrollo de un arrecife artificial, pues los habitantes del lugar y los visitantes en un corto tiempo logran tener acceso a distintos beneficios, tanto económicos como de desarrollo y sustento de la zona.
En este asunto es necesario revisar que los elementos constructivos y la ingeniería necesaria estén disponibles, para desarrollar una estructura artificial que permita imitar a la naturaleza y a la estructura del arrecife en las zonas inmediatamente adyacentes a Cancún, como Puerto Morelos y así amortiguar y disipar la energía del oleaje por turbulencia y reducción de altura de las olas, estabilizando la playa.
La naturaleza a cada momento nos muestra la capacidad que tiene para recuperarse, y en el empleo y uso de arrecifes artificiales queda de manifiesto como empleando una gran variedad de elementos como barcos, barcazas, aviones, coches y hasta neumáticos usados, la naturaleza se encarga de generar de nuevo los elementos que por la misma acción del hombre han sido destruidos.
Por todo lo antes descrito, los arrecifes son de los ecosistemas más diversos y complejos del planeta, ya que hospedan a una gran cantidad de especies en el océano, además de que las barreras que los forman amortiguan las marejadas y evitan la erosión, por ello al establecer un arrecife artificial, es necesario realizar estudios previos de factibilidad para no provocar impactos negativos.
El costo del desarrollo de este arrecife artificial no es nada comparado con el valor estratégico de Cancún como polo de desarrollo turístico, que ingresa más de 8 mil millones de dólares anuales, ni Cozumel, que se vería beneficiado por el mismo proyecto, además de que constituiría una barrera natural para protección de los puertos cercanos pues la estructura de elementos que conformarían el arrecife artificial serán capaces de amortiguar, crear la turbulencia necesaria para la disipación de la energía del oleaje, y así crear sustrato para la colonización por corales y otros organismos marinos.
Es por ello que el día de hoy acudo a esta tribuna para solicitar a las autoridades que se creen las condiciones y se brinden las facilidades necesarias para la construcción y desarrollo de un arrecife artificial frente a Cancún, pues este proyecto tendría beneficios de un enorme valor al aportar a la región un nuevo e increíble ecosistema y al mismo tiempo un fortalecimiento del atractivo turístico.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno federal y al gobierno de Quintana Roo, a través de las autoridades correspondientes, a realizar un análisis serio y exhausto sobre los riesgos que implica para la población que habita la zona costera de Cancún Quintana Roo, la ausencia de una barrera natural en la misma zona. Éste estudio deberá contar con la opinión y fundamento de expertos en la materia, tales como oceanógrafos e ingenieros, aunado a las autoridades pertinentes exhortadas en el presente punto de acuerdo.
Segundo. El análisis solicitado deberá ser hecho del conocimiento de esta soberanía y el público en general, a través de los medios de comunicación correspondientes, durante el primer semestre del año 2010.
Tercero. Se exhorta al gobierno federal y al gobierno de Quintana Roo, a través de las autoridades correspondientes, así como a los titulares del gobierno municipal de Benito Juárez y Cozumel, para que en conjunto elaboren los estudios pertinentes y el proyecto ejecutivo para la construcción de un arrecife artificial en la zona costera de Cancún a partir del ejercicio fiscal 2011.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 8 días del mes de diciembre de 2009.
Diputada María de la Paz Quiñones Cornejo
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CITA A COMPARECER AL TITULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y
ENAJENACIÓN DE BIENES, A CARGO DE LA DIPUTADA CLAUDIA EDITH ANAYA
MOTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita Claudia Edith Anaya Mota, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), es un organismo descentralizado de la administración pública federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, agrupado en el sector de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, establece que el SAE tiene entre sus principales funciones las de regular la administración y destino de los bienes asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales.
Por lo tanto el SAE es después de Petróleos Mexicanos (Pemex), la paraestatal que más que más activos produce para el gobierno federal, la cual, desde su fundación en 2003, ha liquidado casi 40 mil créditos de cartera vencida de bancos quebrados; ha destruido 65 millones de productos piratas; vendido 8 mil 800 bienes inmuebles y ha comercializado cerca de 48 millones de muebles.
El SAE tiene además bajo su tutela los bienes incautados en la lucha contra el crimen organizado, los cuales en los últimos seis meses se han incrementado considerablemente debido a la guerra contra el narcotráfico y la situación económica que se vive en todo el país.
Si tomamos en consideración los datos contenidos en el Tercer Informe de Gobierno, tan sólo en dinero en efectivo, el gobierno federal decomisó 2 millones 949 mil 872 dólares americanos, 4 millones 28 mil 612 pesos mexicanos y 76 mil pesos colombianos.
Parte de este dinero de acuerdo al Código Federal de Procedimientos Penales debe destinarse en partes iguales, al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Salud para reforzar los programas de prevención contra el consumo de drogas.
Sin embargo en materia de prevención de adicciones los propios datos del gobierno federal demuestran resultados insuficientes y preocupantes.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 de la Secretaría de Salud, encontramos que los adolescentes entre 12 y 17 años de edad tienen más riesgo y disponibilidad de adquirir alguna adicción; que el consumo de cocaína se duplicó y las anfetaminas, crack y heroína muestran una tendencia importante de crecimiento.
Que el número de personas que probaron alguna vez una droga subió de 3.5 millones en 2002, a 4.5 millones en 2008, es decir, 28.9 por ciento más de lo que hubo en 2002 y que la marihuana es la droga de mayor consumo entre la población mexicana, al pasar de 3.8 por ciento en 2002 a 4.4 por ciento en 2008. En segundo lugar se ubica la cocaína, que desplazó a los inhalables al crecer de 1.3 a 2.5 por ciento entre 2002 y 2008.
Por tanto existen 464 mil 386 personas que requieren atención especializada, cuatro millones 58 mil 272 necesitan intervenciones breves y el 80 por ciento de la población requiere de algún tipo de prevención.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita la comparecencia ante las Comisiones Unidas de Salud y de Hacienda y Crédito Público del C. Luis Miguel Álvarez Alonso, director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes a fin de que informe sobre el monto y destino de los recursos de otorgados a Secretaría de Salud para reforzar los programas de prevención contra el consumo de drogas.
Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rubrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ESTA
SOBERANÍA QUE PRESENTE EL DICTAMEN RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO
DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY QUE CREA LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA, A CARGO
DEL DIPUTADO JORGE ROMERO ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, Jorge Romero Romero, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos respetuosamente solicita que se sometan a consideración de esta soberanía los presentes puntos de acuerdo, por los que se solicita a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados que presente el dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana (Aexa), al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. En sesión ordinaria celebrada el 25 de octubre de 2005 por la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la citada iniciativa a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para estudio y elaboración del dictamen correspondiente.
2. La iniciativa fue dictaminada y sometida a votación del pleno de la Cámara de Diputados el 26 de abril de 2006, que la colegisladora aprobó con 224 votos a favor, 83 en contra y 6 abstenciones.
3. En la fecha señalada en el numeral anterior se envió a la Cámara de Senadores el expediente con la minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, que turnó el 27 de abril de 2006 a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, Primera.
4. Una vez constituidas esas comisiones en la LX Legislatura, iniciaron el proceso de análisis y consulta a efecto de elaborar el dictamen correspondiente.
5. Con fecha 7 de octubre de 2008, la Mesa Directiva del Senado de la República aprobó la participación de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el análisis del presente dictamen, únicamente para emitir opinión.
6. Con fecha 9 de octubre del presente año, las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Estudios Legislativos, Primera, aprobaron el dictamen por virtud del cual se crea la Aexa.
7. En sesión ordinaria del 4 de noviembre de 2008, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad, con 85 votos a favor, el dictamen con el proyecto de decreto por el cual se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana.
8. En la fecha señalada en el numeral anterior, la Cámara de Senadores envió a la colegisladora el expediente con la minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, que se turnó a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Consideraciones
Primera. El acelerado desarrollo científico y tecnológico mundial obliga al país a dedicar un lugar prioritario a la educación e investigación, impulsando y apoyando específicamente la ciencia y la tecnología como condición indispensable para garantizar la viabilidad futura como nación desarrollada, libre y soberana.
Segunda. Los indicadores mundiales muestran que la inversión de recursos en ciencia y tecnología es un detonador económico, que no sólo estimula el crecimiento sino, además, la productividad, la competitividad y el ingreso per cápita, lo cual redunda en creación de empleos de amplio valor agregado y, por ende, en mayor bienestar para la sociedad.
Tercera. La creación de una agencia espacial mexicana que cuente con el aval del gobierno permitirá al país integrarse a la comunidad espacial internacional, con lo que se daría un paso para crear condiciones que permitan contar en un corto plazo con tecnologías a las que, en otras condiciones, sólo podría tenerse acceso en el largo plazo. Del mismo modo, el funcionamiento de esta institución trae aparejados para el país beneficios en los sectores educativo, económico, social, industrial y ambiental. Su creación impulsará e incrementará las capacidades nacionales en materia científica y tecnológica.
Cuarta. El rezago social y la pobreza en el país deben atacarse con medidas que permitan avanzar en la creación de proyectos que estimulen las inversiones, el empleo y, por tanto, la generación de riqueza. Una agencia espacial en México permitirá no sólo el desarrollo de oportunidades para el valioso capital humano con que contamos sino de proyectos que tendrán un efecto positivo en el avance económico y social de las regiones donde se realizarán. Países como Perú, Paraguay, Nigeria, Turquía, Brasil o Argentina ya cuentan con una agencia de este tipo, que los coloca en la posibilidad de realizar proyectos con las grandes agencias espaciales del mundo desarrollado.
Quinta. Económicamente, de acuerdo con un estudio de la Agencia Espacial Estadounidense, o NASA, por cada dólar invertido en proyectos espaciales se obtienen siete en beneficio del sector privado y en aplicaciones que pueden ser comercializadas. En China se ha comprobado que cada dólar que se invierte en terreno espacial trae a la economía beneficios de impulso por un monto de 8 a 14 dólares. Más de mil 800 tecnologías espaciales han sido aplicadas en diferentes ramas de la economía nacional, y 80 por ciento de los más de mil 100 nuevos materiales desarrollados dominados en los últimos años fueron logrados con el impulso de la tecnología espacial.
Sexta. Más que nunca y en el marco de la crisis económica mundial, es necesario emprender acciones que fomenten las actividades científicas y tecnológicas en el país. La inversión económica para la creación de la agencia espacial mexicana es mínima en comparación con los resultados y beneficios de su puesta en marcha. Se requieren pocos recursos para un máximo desarrollo; su aprobación es urgente para revertir la caída de la competitividad mundial y la dependencia tecnológica de México.
Por lo expuesto, y por haberse cumplido el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de las atribuciones que confiere la ley me permito solicitarle, ciudadano presidente, la propuesta de los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Que se turne la presente a la Mesa Directiva de esta Cámara para que la Comisión de Ciencia y Tecnología presente con la mayor brevedad el dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana (Aexa), aprobada por la Cámara de Senadores el 4 de noviembre de 2008.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a establecer en función de los estudios técnicos la Aexa en Hidalgo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2009.
Diputado Jorge Romero Romero (rubrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL, AL DIRECTOR
GENERAL DE ADUANAS, A LA COMISIONADA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN,
A LOS GOBERNADORES Y A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES A INSTRUIR A LOS SERVIDORES
PÚBLICOS RELACIONADOS CON EL TURISMO, ESPECIALMENTE A LOS POLICÍAS,
Y A LOS AGENTES ADUANALES, DE MIGRACIÓN Y DE TRÁNSITO, PARA
QUE FOMENTEN SU ACTITUD DE SERVICIO, DE ATENCIÓN Y DE GUÍA
A LOS PASEANTES NACIONALES E INTERNACIONALES EN ESTA TEMPORADA VACACIONAL,
A CARGO DEL DIPUTADO BALTAZAR MARTÍNEZ MONTEMAYOR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito, diputado federal de la LXI Legislatura, Baltazar Martínez Montemayor, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.
Todos los integrantes de la Comisión de Turismo hemos analizado la importancia que tiene este tema a nivel nacional e incluso a nivel mundial.
En México el turismo es la tercera fuente de ingresos para la nación, lo cual nos da una muestra de su trascendencia, sobretodo en estos días en donde estamos padeciendo los estragos de una crisis económica mundial y por lo tanto hay que buscar lo más rentable para las finanzas públicas.
Nuestro país cuenta con innumerables ofertas turísticas tanto para visitantes nacionales como extranjeros, pues además de contar con una gran diversidad de climas y ecosistemas, cada estado de la República Mexicana ofrece una amplia gama de atracciones, historia, tradiciones, cultura, arte culinario, industrias, etcétera.
En nuestro querido México podemos disfrutar de la historia en las ciudades coloniales como Querétaro, Zacatecas, Puebla, Guanajuato; de la arqueología en las antiguas colonias mayas y aztecas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y estado de México; de un espléndido clima en Veracruz y Tabasco; de los mariachis en Jalisco; de unos excelentes platillos en Sinaloa y Sonora; de unas bonitas playas en Oaxaca, Guerrero, Nayarit, Colima y las dos Baja Californias; de los preciosos paisajes de San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos y Coahuila; del ecoturismo en Chihuahua y Durango; del espectáculo de la mariposa monarca en Michoacán; de la pesca en Tamaulipas; de la feria de San Marcos en Aguascalientes y de innumerables museos y atracciones en el Distrito Federal.
De mi estado, Nuevo León, me enorgullece decir que los turistas tienen una amplia gama de opciones para conocer, pues tenemos presas, lugares históricos, museos, parques de diversiones, centros comerciales, industrias, el Cerro de la Silla, el cabrito y muchas cosas más.
Como observamos, nuestra nación debería aprovechar todas estas riquezas naturales e históricas para sacar adelante al país.
Estoy seguro que si atendemos a los turistas como se merecen nuestro país dependerá más del turismo que del petróleo y pasará de ese tercer lugar al primero, en relación a los ingresos que aporta para la nación.
Desafortunadamente para esta industria nos hemos encontrado a lo largo del año con crisis económicas, epidemias sanitarias pero sobretodo con muchos servidores públicos (no todos) que solo buscan su beneficio personal, dejando a un lado el interés comunitario.
Del turismo viven muchas familias, innumerables negocios, y es el pilar de muchas industrias y comercios, como el hotelero, restaurantero, abarrotero, entre otros.
Por lo que es muy lamentable escuchar las continuas críticas y reclamos de los connacionales residentes en los Estados Unidos y de los turistas, en donde exponen todas las molestias que las autoridades mexicanas les ocasionan a lo largo de su trayecto carretero, empezando por los agentes migratorios y aduanales que sólo buscan algún pretexto para poner en aprietos a los visitantes y continuando con las diferentes policías y agentes de tránsito que al ver matrículas vehiculares de otros países piensan en aumentar ilícitamente sus ingresos extorsionando a los visitantes.
Un turista que recibe un mal trato, es un turista que hablará mal de nuestro país y que muy probablemente nunca regrese. Lo cual representa menos ingresos para nosotros, los mexicanos, no sólo de él sino de sus familiares, amigos y conocidos.
Desafortunadamente para nuestro país, en muchos estados y municipios, no se tiene la cultura de cuidar a los turistas, pues no se ha valorado la importancia que tienen dentro de nuestra economía; aunque ciertamente hay localidades que ya empezaron a capacitar a su personal en estos temas como es el caso de Guerrero, pero lo importante es que se extienda a toda nuestra nación.
Las autoridades federales, estatales y municipales son las primeras que deben de estar atentas para brindar a los turistas el mejor servicio posible, suscitando en cada uno de los visitantes la firme intención de regresar.
Estamos a tiempo de rescatar esta industria, urge inculcar en las autoridades este sentido de servicio y atención hacia los visitantes, tenemos que lograr que el lema "bienvenido paisano" sea una realidad y no solo un eslogan.
Por lo expuesto solicito a ustedes, compañeros diputados, su apoyo para aprobar el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta al secretario de Seguridad Pública federal, al director general de Aduanas, a la comisionada del Instituto Nacional de Migración, a los gobernadores y a los presidentes municipales para que instruyan a los funcionarios públicos relacionados con el turismo, especialmente a los policías, agentes de aduanales, de migración y de tránsito para que fomenten su actitud de servicio, de atención y de guía a los turistas nacionales e internacionales en esta temporada vacacional.
Diputado Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DESTINAR MEDIANTE LA SHCP Y LA SENER
RECURSOS SUFICIENTES Y A ORDENAR LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES
PARA COADYUVAR EN LA OPERACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE APROVECHAMIENTO
RACIONAL Y SUSTENTABLE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE QUINTANA ROO,
A CARGO DE LA DIPUTADA ROSARIO ORTIZ YELADAQUI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
La que suscribe, Rosario Ortiz Yeladaqui, diputada federal de Quintana Roo de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a los antecedentes y consideraciones siguientes
Antecedentes
Desde el año 2002, con el decreto del Ejecutivo federal por el que se autorizó el ajuste de las tarifas eléctricas y la reducción de su subsidio, esta soberanía ha discutido con recurrencia los altos costos de los servicios de energía.
En esta LXI Legislatura, han sido turnados a la Comisión de Energía dos proyectos de decreto y siete puntos de acuerdo relativos a esta problemática, mismos que reflejan la persistencia de una inconformidad pública que ni el Legislativo ni el Ejecutivo han podido solventar.
Particularmente, los legisladores federales de Quintana Roo han impulsado en años recientes iniciativas y acuerdos tendentes a defender la economía familiar sustentados en la realidad económica y demográfica de la región, y en sus condiciones climáticas.
De entre estos esfuerzos, destaca el presentado por los legisladores de la frontera sur, el 21 de octubre de 2003, por el que se exhortó al Ejecutivo federal a que adopte las medidas necesarias a efecto de otorgar tarifas eléctricas preferenciales sin factor de indexación en el sur del país.
Consideraciones
Las acciones en materia de ajustes tarifarios de la energía eléctrica que la federación ha emprendido en Quintana Roo y México en la última década aún no satisfacen el pendiente que el Estado mexicano mantiene con los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
A pesar de que desde esta soberanía se ha señalado con oportunidad la pertinencia de emprender programas que compensen el descontento de la población, la falta de acuerdos legislativos y de determinación federal ha ido multiplicando las consecuencias de un vacío que hoy afecta a las zonas urbanas y rurales quintanarroenses de atención prioritaria.
El México del Siglo XXI requiere de una política hacendaria y energética que propicie el crecimiento y, sobre todo, la justicia social; en el marco de un plan para la sustentabilidad integralmente planeada cuyas líneas de acción se concentren en 1) establecer tarifas justas, 2) explorar alternativas de generación y consumo de energía eléctrica, y 3) educar para el uso racional de nuestro patrimonio energético.
Sin embargo, esta aspiración compartida ha sido constantemente truncada por una agenda política que ha denegado en el transcurso de las recientes legislaturas las propuestas que distintos diputadas y diputados han presentado en esta tribuna.
El rezago en esta discusión ha obligado a un número creciente de usuarios de la CFE a suspender sus contratos. En la actualidad, según la Comisión Federal de Electricidad, el 7 por ciento de los quintanarroenses consumen irregularmente el servicio. En 2008, 104 mil mexicanos prefirieron hacerlo ilegalmente, ocasionando pérdidas a la CFE por un monto de 7 mil millones de pesos.
En el contexto de una lenta recuperación, se prevé el aumento de estos casos, que serán perseguidos por la vía jurídica sin mediar un trato comprensivo y corresponsable por parte de las autoridades, en perjuicio de miles de familias a las que, seguramente, se les cortará el suministro.
A la par de estas cuentas negativas y los conflictos que conoce día a día la Procuraduría Federal del Consumidor, han emergido advertencias sobre los daños ambientales derivados de esta situación, los cuales estamos decididos a prevenir en una entidad cuya calidad de vida está íntimamente ligada con la naturaleza.
Por ello, es necesario que esta soberanía retome las proposiciones presentadas aquí y continúe insistiendo al Ejecutivo Federal a que establezca tarifas de luz acordes a la realidad climática y económica de los hogares mexicanos.
Los quintanarroenses, convencidos de que es posible avanzar en acuerdos en los tres órdenes de gobierno que reviertan no sólo el alto precio, sino el uso irracional de la energía eléctrica y sus efectos negativos sobre el ambiente, se han propuesto un Plan Integral encaminado a afrontar esta situación dando continuidad a acciones agrupadas en tres vertientes:
2. Sustitución de medidores tradicionales por medidores prepagados en las zonas atención prioritaria del estado bajo esquemas de participación voluntaria y la implantación de un programa de generación eólica en Quintana Roo.
3. Consecución de programas educativos y de investigación orientados a fomentar el uso racional de la energía eléctrica tradicional y de aquellas fuentes no convencionales tanto en el hogar, como en el campo y en la industria turística.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de las Secretarías de Hacienda y de Energía, se destinen los recursos suficientes y ordene las disposiciones administrativas correspondientes a fin de coadyuvar en la operación del plan integral de aprovechamiento racional y sustentable de energía eléctrica del estado de Quintana Roo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2009
Diputada Rosario Ortiz Yeladaqui (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO FEDERALES Y LOCALES A INSTAURAR
ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS QUE PREVENGAN LA DISCRIMINACIÓN EN EL
ACCESO LABORAL DE LOS MAYORES DE 40 AÑOS, A CARGO DE LA DIPUTADA
GLORIA TRINIDAD LUNA RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, Gloria Trinidad Luna Ruiz, diputada a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
La crisis mundial que se ha desatado en el último año ha repercutido enormemente en las finanzas públicas y en las inversiones privadas, lo cual se ha reflejado en la pérdida de empleo.
De acuerdo con del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para el primer trimestre de 2009 la tasa de desempleo en personas de 40 a 49 años ha sido la mayor, lo cual es verdaderamente preocupante si tenemos en cuenta que es el grupo que en mayor proporción ocupa el rango de jefe de familia de acuerdo con estadísticas del mismo instituto: esas personas desempeñan un papel primordial en la manutención de los dependientes.
Aunado a lo anterior, estudios realizados por la Asociación por la no Discriminación Laboral por Edad o Género, sobre ofertas publicadas en buscadores de empleo y bolsas de trabajo arrojaron datos alarmantes: 90 por ciento de las ofertas deja fuera del mercado laboral a las personas mayores de 35 años; y del 10 por ciento de las ofertas a que pueden acceder, sólo 2.7 por ciento son empleos reales y formales, y únicamente de guardias de seguridad o personal de limpieza.
El resto son ventas engañosas, como telemercadeo o fraudes, en los cuales terminan por no pagar a los empleados o los obligan a comprar productos para revenderlos. Eso aumenta la gravedad del problema, pues académicos en el tema, como Jesús Sánchez Arciniega, de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, en entrevistas para medios de comunicación expresó que México está lejos de alcanzar la meta prevista de crear 800 mil empleos por año.
De acuerdo con su opinión, los adultos de arriba de 40 años estarán más vulnerables al desempleo y batallarán más para conservarlo, debido a la lentitud en la ejecución de sus tareas y a que les cuesta más adaptarse a los cambios y tecnológicos de las empresas.
También considera que en ese grupo sufrirán más los que "tienen menos educación, preparación, y en especial las personas que se dedican a la limpieza, mantenimiento, vigilancia y con niveles inferiores a preparatoria.". Todo esto es consternarte: de acuerdo con estudios realizados por la Sedesol y el Conapred en 2005, la mayor discriminación en la sociedad es la sufrida por los adultos mayores; y gran parte de dicha discriminación ocurre en el ámbito laboral.
La encuesta de población del Inegi correspondiente a 2005 indica que en 2010 cerca de 40 por ciento de la población mexicana estará entre 35 y 59 años de edad. Y ante la imposibilidad de la población para encontrar un trabajo acorde con sus habilidades y necesidades, 3 millones de mexicanos migrarán de sus localidades en busca de empleo; 1 millón de ellos buscarán instalarse en la frontera norte, otro millón transitará hacia Estados Unidos y 1 millón más se dirigirá hacia el Distrito Federal, Jalisco y Veracruz.
Estas evidencias reflejan que además del crecimiento de la tasa de desempleo debido a la crisis, también se presentan contra los mayores de 40 años marginación y discriminación en el mercado laboral.
La discriminación está representada por la desigualdad, la pobreza y la falta de ciudadanía plena, que han provocado en el país fragmentación social, maltrato e iniquidad. Ello vulnera derechos y libertades de personas y grupos sociales; además, genera la anulación, el menoscabo o la restricción del reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad real de oportunidades de las personas. En una sociedad en la que se discrimina persistentemente se impide el acceso real de sus miembros a los beneficios sociales propios del estado de derecho.
En México, el primer paso para erradicar la discriminación se dio en 2001 cuando se reformó el artículo 1o. de la Constitución, donde se expresa la prohibición de cualquier forma de discriminación:
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
La discriminación laboral comprende el trato de inferioridad dado a personas por motivos ajenos a su capacidad en el ámbito de la libertad de trabajo y derecho a él; la ejercida por el empleador atenta directamente contra ese derecho. Ésta es la antítesis de todo principio de libertad de trabajo. No es posible tener libertad de elección de trabajo cuando se discrimina en su obtención.
Además, el artículo 123 constitucional prevé que "toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley".
Compañeros legisladores: a efecto de coadyuvar al cumplimiento de estas disposiciones constitucionales y de abatir todos los efectos negativos que implica el hecho de que una persona económicamente activa no tenga acceso a un empleo, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a las autoridades laborales de los ámbitos federal y local a instaurar las acciones y los procedimientos necesarios a efecto de prevenir la discriminación en el acceso laboral para las personas mayores de 40 años.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2009.
Diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SHCP QUE LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE LA FEDERACIÓN DE 2010 PARA PREVENIR Y ATENDER EL CÁNCER
DE MAMA Y EL CERVICOUTERINO SE DISTRIBUYAN CONFORME A LO APROBADO POR ESTA
SOBERANÍA, DANDO PRIORIDAD A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CON MAYOR
ÍNDICE DE CASOS, Y SE ENTREGUEN DIRECTAMENTE A ÉSTAS, A CARGO
DE LA DIPUTADA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA Y SUSCRITA POR INTEGRANTES
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los diputados federales por Coahuila del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional Rubén Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro, Hugo Héctor Martínez González, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez, Melchor Sánchez de la Fuente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en voz de la diputada Hilda Flores Escalera sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Antecedentes
El pasado 15 de noviembre durante la discusión para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, un grupo de diputadas y diputados federales gestionamos, con el respaldo de todas las fracciones parlamentarias, ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y la Comisión de Desarrollo Social una redistribución de 300 millones de pesos para el apoyo hacia las mujeres.
Como resultado de esta gestión se realizó una propuesta ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados referente al anexo 19 del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación, sobre el programa Oportunidades.
Con el respaldo de 401 diputados logramos redistribuir de la partida de Desarrollo Social de dicho anexo la cantidad de 300 millones de pesos para la prevención y atención de cáncer cervicouterino y mamario, para la adquisición de infraestructura, dando prioridad a las entidades con más alto índice de esos padecimientos.
Consideraciones
Una vez más la Cámara de Diputados con responsabilidad hacia las mujeres de nuestro país, se ha dado a la tarea de incrementar los recursos para atender la problemática que origina el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino.
En México, la cifra de mujeres que mueren anualmente es de más de cinco mil por cáncer de mama y más de cuatro mil por cáncer cérvicouterino que son los tipos de cáncer que más afectan a las mujeres, según el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.
En un estudio elaborado por la Secretaría de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud Pública "Diferencias Regionales en la mortalidad por cáncer de mama y cervíx en México entre 1976 y 2006" es el dato estadístico más actual que nos permite observar el índice de casos y de mortalidad que representan estas enfermedades para las mujeres en las distintas entidades federativas de nuestro país.
El cáncer de mama como el cervical representan las dos primeras causas de mortalidad por tumores malignos de mujeres en México. La evidencia ha permitido observar cómo siguen presentes las disparidades regionales en cuanto a la mortalidad por cáncer en la mujer mexicana. En el caso del cáncer de mama, en estados con marginación muy alta (como Oaxaca, Chiapas y Guerrero) hay tasas bajas de mortalidad y en estados con marginación muy baja hay altas tasas de mortalidad por esta tumoración (Baja California, Coahuila, Nuevo León y el Distrito Federal).
En el caso del cáncer cervicouterino se observa lo contrario, ya que en estados con un índice muy bajo de marginación se reconocen las tasas más bajas por esta causa (Distrito Federal y Nuevo León) y en las entidades federativas con el índice de marginación más alto se identifican las tasas más altas de mortalidad (Chiapas, Oaxaca y Guerrero). No obstante, en las regiones con elevada marginación coexisten en la actualidad un elevado número de muertes por cáncer de mama y de muertes por cáncer cervical.
Es necesario instituir diversas medidas con una perspectiva de innovación que involucre a las instancias más cercanas a las mujeres. Entre dichas disposiciones figuran crear campañas de educación para la salud que empoderen a las mujeres en relación con estas neoplasias, incrementar la cobertura de la detección, facilitar el acceso para mujeres con mayores barreras geográficas, culturales o económicas, instalar mecanismos de control de calidad para la confirmación diagnóstica, aplicar tecnologías y campañas preventivas (como la vacuna contra el virus del papiloma humano para el cáncer cervical) y garantizar el tratamiento completo y de similar calidad para todas las mujeres.
Un grave enemigo de la prevención y atención del cáncer de mama y cervicouterino, son el grave centralismo de la atención médica, ya que actualmente las mujeres de las zonas rurales o poblaciones alejadas no pueden acceder a los programas federales que atienden estos padecimientos y carecen de los medios para trasladarse y solventar los gastos generados por estas terribles enfermedades, viéndose imposibilitadas a acceder a una atención pronta y oportuna que les permita salvar su vida.
Los gobiernos de los estados y los municipales son los más cercanos a la realidad que vive la población, es necesario acercar los servicios médicos y en este caso valernos de los medios necesarios para prevenir y atender a estos padecimientos que están matando a nuestras mujeres mexicanas.
Todo lo anterior sólo se logrará creando y fortaleciendo los programas estatales de prevención y atención de cáncer mamario y cervicouterino con el objetivo de que sean las instituciones que operan los programas quienes con conocimiento sobre esta problemática los utilicen para objetivos específicos enfocados a disminuir la tasa de incidencia o mortalidad ocasionadas por estas enfermedades.
La gran mayoría de los gobiernos de los estados, a través de sus Secretarías de Salud y de su Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia, han sido responsables y se han comprometido con esta causa para coadyuvar a disminuir las elevadas tasas de mortalidad por estos padecimientos en las mujeres de nuestros estados, pero las estadísticas son claras son necesarios mayores esfuerzos, es loable la labor que hacen las instituciones del gobierno federal para atender y erradicar esta problemática, pero es necesario descentralizar los recursos y acercar la atención hacia las mujeres de nuestros estados, que exigen nuestra ayuda.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que los recursos aprobados por los diputados federales dentro de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, por un monto de 300 millones de pesos, para la prevención y atención de cáncer de mama y cervicouterino sean distribuidos conforme a lo aprobado por esta soberanía, dando prioridad a las entidades con mayor índice de casos y entregados directamente a las entidades federativas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2009.
Diputados: Rubén Moreira
Valdez (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Hugo
Héctor Martínez González, Miguel Ángel Riquelme
Solís (rúbrica), Héctor Fernández Aguirre (rúbrica),
Héctor Franco López (rúbrica), Tereso Medina Ramírez,
Hilda Flores Escalera (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO DE OAXACA A CUMPLIR LA RESPONSABILIDAD QUE EL ARTÍCULO
10 DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO PARA
EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO
Y DE APOYO A SUS AHORRADORES LE IMPONE CON RELACIÓN AL FRAUDE COMETIDO
POR SACRIPUTLA, SC DE RL, A CARGO DEL DIPUTADO GUILLERMO JOSÉ ZAVALETA
ROJAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado Guillermo José Zavaleta Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN, presenta punto de acuerdo a fin de que la Cámara de Diputados federal exhorte nuevamente al gobierno del estado de Oaxaca para que cumpla la responsabilidad que impone el articulo 10 de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, con relación al fraude cometido por la persona moral Sacriputla, SCRL.
Antecedentes
Desde 2006, mil 523 familias de la región de la mixteca oaxaqueña fueron victimas de un fraude de la caja de ahorro Sacriputla. Y aun cuando existe la Ley que crea el Fidecomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, la falta de sensibilidad del gobierno del estado de Oaxaca ha impedido que los agraviados recuperen parte del patrimonio perdido.
El artículo 10 de la legislación citada precisa que para la aplicación de recursos federales destinado al pago de ahorradores las entidades federativas firmarán un convenio con el fideicomiso creado para tal fin y establecer los montos de aportación de ambas partes, a lo cual se ha negado realizar la administración estatal.
En marzo de este año, esta soberanía exhortó al gobierno de Oaxaca a cumplir con lo que marca la ley, dicho exhorto no ha sido atendido, aun cuando ha considerado legítimos los reclamos de los ahorradores.
En octubre, sensibles a la situación en que se encuentran los defraudados, las fuerzas políticas que integran el Poder Legislativo Federal solicitaron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que se incluyera en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 2010, una asignación especial, lo cual no fue posible nuevamente por la falta de participación del Ejecutivo oaxaqueño.
Y sin embargo, en esa fecha pidió a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la LXI Legislatura Federal considerar los recursos que le correspondían al gobierno estatal, con lo que pretendía que el pago para los ahorradores defraudados viniera al 100 por ciento de la federación.
El gobierno, cuyo fin máximo debe ser el de administrar y hacer justicia no debe de intentar eludir su responsabilidad, ni entrar en una mecánica de simulación y tratar de engañar a la opinión pública haciendo creer que el tema le compete a alguien más, el gobierno federal esta poniendo su parte y asumiendo su responsabilidad por lo el gobierno estatal tiene la obligación de actuar en contraparte.
Porque la falta de credibilidad en las instituciones estatales y el engaño del gobernante ha tendido como acciones subsecuentes bloqueos y plantones, lo que solo producen mayor daño a la economía de la región, quizá la mas pobre del país.
Mientras no se atienda el reclamo cumpliendo con lo que la ley y la subsidiaridad nos obliga, los ahorradores defraudados siguen ahí, indefensos, sin tener una respuesta, es por ello, para cumplir con nuestra responsabilidad que:
Considerando
Que la demanda de los ahorradores defraudados por Sacriputla es legítima.
Que existe el Fidecomiso Pago, que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.
Que el gobierno estatal aún no ha firmado el convenio de colaboración con el fideicomiso, para de esta manera permitir la liberación de los fondos federales destinados para resolver las justas demandas.
Que no ha sido posible el etiquetar recursos de manera directa para ayudar a que el gobierno estatal cumpla con su responsabilidad.
Que de acuerdo al artículo 10 de la Ley que crea el fideicomiso la aplicación de recursos federales destinada al pago de ahorradores estará condicionada a la suscripción de convenios de la fiduciaria con los gobiernos de las entidades federativas.
El suscrito, Guillermo José Zavaleta Rojas, diputado federal de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente a esta Presidencia que tenga a bien someter a consideración ante el honorable pleno de este órgano legislativo, la presente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte nuevamente al gobierno del estado de Oaxaca para que cumpla con la responsabilidad que impone el articulo 10 de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, con relación al fraude cometido por la persona moral Sacriputla, SCRL.
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta nuevamente al gobierno de Oaxaca, que encabeza el ciudadano Ulises Ruiz Ortiz, a cumplir con la responsabilidad que impone el artículo 10 de la Ley que crea el Fidecomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, con relación al fraude cometido por la persona moral Sacriputla, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, que operó en el estado de Oaxaca.
Segundo. Asimismo, exhorta al gobierno de Oaxaca a firmar el convenio de colaboración para resarcir el daño causado a más de mil 500 socios afectados por Sacriputla, SCRL, aportando la cantidad de 33 millones 500 mil pesos al Fideicomiso Pago, en un plazo no mayor de 30 días, para que cumpla dicha ley.
Tercero. El Pleno de la Cámara de Diputados instruye a la Comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social, para que dé seguimiento y coadyuven en la solución definitiva del fraude cometido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2009.
Diputado Guillermo José Zavaleta Rojas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SEMARNAT, DE LA SAGARPA Y DE LA CONAFOR
A REALIZAR LAS GESTIONES CONDUCENTES A INCORPORAR A MÉXICO EN EL
ACUERDO DE CREACIÓN DE LA RED MUNDIAL DEL BAMBÚ Y DEL RATÁN
PARA QUE RECIBA SUS BENEFICIOS TECNOLÓGICOS Y ECONÓMICOS,
A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO ALBERTO JIMÉNEZ MERINO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en la normatividad aplicable, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
La pobreza en México se ha venido incrementando durante los últimos años, actualmente más de 52 millones de personas se ubican en algún nivel de pobreza, dentro de las que poco más de 20 millones de habitantes se encuentran en pobreza alimentaria, es decir, 4 millones de familias no tienen 27 pesos diarios para adquirir los alimentos necesarios. No creo que exista una emoción más devastadora de la estima personal que aquella que vive alguien que no tiene para comer.
La alimentación se encuentra estrechamente ligada a la pobreza y el nivel de producción del sector agropecuario, ya que una Nación que no tiene la capacidad de generar los alimentos suficientes para su población pone en riesgo sus posibilidades de alcanzar el desarrollo.
Un país pierde su soberanía alimentaria cuando importa más del 30% de lo que requiere para atender a la población; en maíz México importa el 33%, en trigo el 64%, en arroz el 75% y en soya el 95%.
La pérdida de suelo fértil es un problema ambiental de consideración, en México la erosión afecta a más de 120 millones de hectáreas, representa pérdidas anuales por 2,500 kilogramos de suelo por hectárea, equivalente a más de 500 millones de toneladas de tierra fértil.
Cabe mencionar que la tierra fértil erosionada se va por las barrancas, arroyos y ríos y reduce drásticamente la capacidad productiva de la tierra, amenazando la producción de alimentos de las futuras generaciones.
El agua presenta una disminución preocupante, en 1950 teníamos 11,000 m3 anuales por cada mexicano y hoy esta cifra ha bajado a 4,800; estimaciones de organizaciones públicas y privadas señalan que para el año 2030 la disponibilidad de agua será de sólo 3,500 m3.
Los ecosistemas se han visto seriamente afectados debido a la sobreexplotación a que han sido sometidos para ofrecer satisfactores materiales y económicos a poblaciones crecientes de pobres con muy bajo nivel de escolaridad.
El problema más preocupante en los últimos 20 años es el calentamiento global, que está provocando un peligroso cambio climático; los fenómenos climatológicos son cada vez más recurrentes, muestra de ello son las intensas sequías, los ciclones, los huracanes, los tornados, las bajas temperaturas que ocasionan heladas fuera de tiempo.
Miles de millones de dólares se han aplicado para resarcir parcialmente los daños a millones de personas.
El incremento de la temperatura de la tierra, se acerca peligrosamente a los 2 grados centígrados y está afectando gravemente la seguridad civil y la economía de las naciones. Esta es la razón por la que se lleva a cabo en Copenhague la más importante Cumbre para el Cambio Climático del 7 al 18 de diciembre del 2009.
Una de las causas del cambio climático es la emisión tan elevada de gases efecto invernadero que superan las 30,000 millones de toneladas derivadas de la combustión de productos del petróleo en los cuales el CO2 tiene una importancia primordial.
Lo anterior obliga a los gobiernos a implementar acciones que permitan disminuir los daños del cambio climático, diseñando estrategias y políticas públicas avocadas a buscar alternativas que permitan reducir las emisiones de gases y detener en 2 grados el calentamiento global, este es el reto, obligación y compromiso de los líderes mundiales.
Por otra parte, México presenta un rezago de más de 3 millones de casas nuevas y cerca de 4 millones requieren de alguna reparación. Como referencia, Colombia tiene una necesidad de 4 millones de casas. El hacinamiento de las familias en pocas y pequeñas habitaciones representa un grave problema de autoestima ya que carecen de las condiciones mínimas para su desarrollo pleno.
Si continuáramos atendiendo la construcción de vivienda usando los materiales tradicionales tardaríamos entre 16 y 20 años en resolver el problema debido al costo del acero y el cemento.
La experiencia de otras naciones en este tema ha permitido innovar en técnicas y tecnologías que permiten hacer un uso más eficiente de los recursos existentes aplicando materiales y métodos alternativos en la construcción de viviendas.
En el caso particular de la industria de la construcción, algunos países latinoamericanos han diseñado estrategias alternativas que pueden compensar el deterioro ambiental, además de contribuir a reducir de manera importante los costos de las viviendas de interés social, muestra de ello es la utilización del bambú como un insumo más para la construcción de desarrollos habitacionales.
El bambú destaca por su rápido crecimiento y desarrollo, madura en sólo 4 años desde su plantación a cosecha; su hábito de crecimiento permite retener el suelo y el agua; su resistencia y estructura permite incorporarse a la construcción de viviendas, puentes, edificios; captura hasta 30 toneladas de CO2 por hectárea por año; cuatro veces más que las plantas más eficientes, ayuda a la reducción de emisión de gases efecto invernadero, y sus múltiples usos y derivados como muebles, artesanías, papel, alimento, textiles, y carbón, entre otros, le ha valido la denominación de la planta del milenio.
La utilización del bambú en la construcción representa una disminución en los costos de producción de hasta un 40 por ciento en comparación con el precio de los materiales tradicionales. Es un material ligero que por su resistencia, es llamado el acero vegetal.
El bambú es una planta que se produce en México, siendo los estados de Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Guerrero, Morelos, Michoacán, Jalisco, Chiapas, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo los que encabezan la producción de esta planta.
En Puebla se estableció, como un programa estatal, desde el año 2000, en respuesta a los desbordamientos de ríos ocurridos en 1999. Se formó una barrera protectora de 2 km para la colonia Morelos, Tenampulco, en el estado de Puebla, contra el río Pantepec y se han desarrollado dos centros de procesamiento y transformación en Hueytamalco y Cuetzalan, en este último se construyó un hotel de bambú en el año 2008.
Internacionalmente, el cultivo del bambú se impulsa como opción de desarrollo económico y ambiental a través de la Red Mundial del Bambú y el Ratán (Inbar). En 1979 en Singapur, El Centro de Investigación Internacional del Desarrollo de Canadá (IDRC), realizó reuniones sobre bambú y ratán. Se inició la investigación sobre cómo estas plantas descuidadas producen el sustento de millones de personas.
El IDRC puso al bambú y al ratán en su agenda de investigación y comienza a reunir los maestros, investigadores y sus estudios dispersos en el mundo. En 1985 varios talleres científicos sobre bambú y ratán reúnen a más de 100 especialistas, lo que da la idea de formar una institución formal que coordine la investigación y desarrollo del bambú y el ratán en 1988, lo cual se concretó en Nueva Delhi en 1993 con la creación del Inbar, al mismo tiempo que se reúnen los investigadores y los proveedores potenciales de fondos.
La Inbar nace como parte del IDRC, sus objetivos principales son estudiar cómo el bambú y el ratán pueden contribuir al mejoramiento de las áreas rurales e investigar su papel en la conservación de los bosques tropicales del mundo.
En 1994 el Fondo Internacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo (IFAD), proporciona fondos al IDRC para que Inbar realice una investigación socioeconómica. Inbar se convierte en una red amplia que abarca tecnologías de proceso, la construcción y la disposición de información.
En 1995 en Malasia, el Inbar se independiza de IDRC. En 1997 en Pekín, China se constituye Inbar como una organización intergubernamental, con un comité consultivo provisional. Luego se realizó una reunión para establecer la independencia del Inbar entre los gobiernos de Canadá, Italia, Myanmar, Malasia, Nepal, Paquistán, Perú, Filipinas, Corea, Tanzania, Tailandia y Vietnam, más Inbar, IFAD, IDRC y cuatro ministerios del Gobierno de China. El 6 de noviembre se firmó la creación de Inbar por los 9 miembros fundadores, Bangladesh, Canadá China, Indonesia, Myanmar, Perú, Filipinas y Tanzania. Se inicia con cuatro socios de financiamiento; los gobiernos de China, Canadá, Países Bajos e IFAD.
En el año 2000, Inbar se reestructura para centrarse en el ambiente, comercio sustentable y disminución de la pobreza mediante el bambú y el ratán. Inbar desarrolla una estrategia de la información, nuevas bases de datos y publicaciones, incluyendo el Diario Internacional del Bambú y el Ratán.
En el 2007 Inbar cumple 10 años y es considerada la principal red internacional y alcanza 34 países miembros y organizaciones y más de 130 afiliados en todo el mundo. Durante esta celebración del X aniversario y en el marco de la Feria Mundial del Bambú en Hangzhou, China se declaró al Bambú como la Planta del Milenio. Más de 3000 productos derivados fueron expuestos por más de 300 empresas en el recinto ferial. Más de 6.5 millones de hectáreas de plantaciones de bambú hay en China y ciudades como Angi, Huangzhou basan su economía en esta importante planta.
La Red Internacional del Bambú y el Ratán es una organización intergubernamental dedicada a mejorar las condiciones sociales, económicas y los beneficios ambientales del bambú y el ratán Conecta una red mundial de socios de sectores gubernamentales y privados sin fines de lucro, en más de 50 países para definir y aplicar un programa mundial para el desarrollo sostenible a través del bambú y el ratán.
El bambú y el ratán son parte integral de la vida de 1,500 millones de personas en todo el mundo, para muchos de ellos la vida es una lucha constante contra la pobreza y las privaciones. El bambú y el ratán pueden proporcionarles un camino sostenible para salir de la pobreza, una fuente estable de ingresos para un número creciente de micro, pequeñas y medianas.
Es una madera de gran valor, es muy importante para la conservación del medio ambiente y para la rehabilitación de las tierras erosionadas.
El Inbar es una organización con una posición privilegiada para contribuir al logro de los objetivos de desarrollo del milenio; erradicación de la pobreza, ambiente y sociedad de una forma integrada y coordinada, y ha enfocado actividades de desarrollo global de una manera positiva, hasta ahora no igualada.
Lo señalado trata de describir un panorama amplio del contexto en que se puede producir, utilizar y aplicar el bambú, de ahí que es imperativo impulsar y fortalecer las acciones que nos permitan realizar un mejor aprovechamiento de esta valiosa planta que ha estado presente en México, como un recurso más, entre tantos que desconocemos.
Por la importancia que reviste contar con información, tecnología y acceso a los apoyos internacionales para el desarrollo de esta cadena productiva, se hace la presente propuesta.
Con fundamento en lo expuesto, someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Comisión Nacional Forestal a implantar, en el ámbito de sus atribuciones, medidas que permitan incorporar a México al acuerdo de creación, como miembro, de la Red Internacional del Bambú y del Ratán, con el objetivo de poder contar con la asesoría, capacitación, asistencia técnica, intercambio tecnológico, información y recursos de dicho organismo internacional a fin de aprovechar los múltiples usos que se generan a partir del bambú y el ratán, en beneficio de la sociedad mexicana.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2009.
Diputado Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A FORTALECER LA RED CONSULAR DE MÉXICO,
PRINCIPALMENTE EN ESTADOS UNIDOS Y EN CANADÁ, A CARGO DE LA DIPUTADA
ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
La suscrita, diputada integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en pleno uso de las facultades que le confieren los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a fortalecer la red consular de México, y principalmente los consulados que se encuentran en Estados Unidos y Canadá, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
1. En el marco de la política de austeridad y de reducción y eficientización del aparato burocrático del gobierno federal, se tiene contemplada la probable desaparición o eliminación de algunos consulados y oficinas de representación de nuestro país en el extranjero.
2. Si bien lo anterior podría resultar necesario ante el escenario y la coyuntura actual de la economía, resulta imprescindible asegurar que la probable desaparición de consulados no incluya aquellos que se encuentran ubicados en Estados Unidos y Canadá.
3. Es prioritario fortalecer la red consular de México en Norteamérica, principalmente para poder proteger y estar cerca de las necesidades de nuestros migrantes y connacionales, pero también porque se trata de la región del mundo de mayor interés estratégico para nuestra nación.
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de este Pleno, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados hace un exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de que, ante la probable eliminación de consulados u oficinas de representación en el extranjero, en el marco de la política de austeridad del gobierno federal, queden exentos de dicha desaparición todos los consulados en Estados Unidos y Canadá y, por el contrario, sean éstos fortalecidos.
Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2009.
Diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE MORELOS A REUNIRSE CON LA COMISIÓN DE
EQUIDAD Y GÉNERO DE ESTA SOBERANÍA, A CARGO DE LA DIPUTADA
ANA ESTELA DURÁN RICO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, integrantes de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en los siguientes
Considerandos
La violencia contra las mujeres es un fenómeno que lesiona severamente los derechos de las mujeres. En nuestro país, tristemente, tenemos varios casos que ilustran el hecho con profusión.
En Morelos, las muertes violentas de mujeres constituyen un problema de inseguridad que se ha extendido de manera alarmante ante la omisión de las autoridades estatales. La situación demanda acciones firmes y urgentes por parte de los Poderes Ejecutivo y Judicial, encaminadas a inhibir el delito, procurar e impartir justicia, así como atender adecuadamente a las víctimas.
Es preciso atender los pendientes para la plena aplicación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para Morelos, vigente desde 2007. Dentro de lo que ha faltado por hacer en este sentido, está la expedición del reglamento respectivo, ya que hasta la fecha el gobernador de Morelos no lo ha publicado, incumpliendo con lo que establece el segundo transitorio de la ley mencionada, lo que significa en términos prácticos un impedimento para la plena aplicación de la ley.
Recientemente, integrantes de la Comisión de Equidad y Género del Congreso de Morelos han reclamado una disculpa pública al procurador de Justicia de aquella entidad, Pedro Luis Benítez Vélez, quien al concluir una comparecencia ante dicha comisión expresó que "aprendan a prevenir y no a provocar" y que "es mejor que las mujeres se vayan a sus casas". Esta desacertada declaración deja constancia de la lamentable incomprensión del fenómeno de la violencia contra las mujeres y, dada la investidura del funcionario, supone graves implicaciones. Esta equívoca actitud conduce a la toma de decisiones erróneas sobre este grave problema que atenta contra la seguridad de las morelenses.
En cuestión de cifras, el mes pasado la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos dio a conocer que, de acuerdo con estadísticas de la procuraduría morelense, el número de muertes alcanza las 233.
Sin embargo, existe divergencia en las cifras respecto a otras, esto es producto de la carencia de una metodología precisa para que el Ministerio Público detecte la naturaleza de las muertes violentas de mujeres como independientes de las del homicidio simple.
El manejo indistinto del feminicidio no es un problema exclusivo de Morelos, ya que, debido a la codificación penal en nuestro país y la carencia de modelos de atención específicos, hacen necesario que los legisladores acoten un tipo penal que establezca bajo qué circunstancias la privación de la vida de una mujer ha de entenderse como feminicidio. Por ello, es menester que el Estado impulse la formación con perspectiva de género en los Ministerios Públicos para que atiendan adecuadamente a las mujeres víctimas de violencia.
Es así cómo el aumento de casos de violencia en Morelos ponen en evidencia la insuficiencia de instrumentos legales y de infraestructura existente en el estado para procurar e impartir justicia a las mujeres víctimas de la violencia.
Elevamos el llamado de justicia que hacen las organizaciones civiles integrantes del Comité contra el Feminicidio en Morelos. De la misma forma retomamos como antecedente la solicitud presentada por el senador Mario López Valdez en abril de 2007, en la que alertaba sobre la problemática de feminicidios en esta misma entidad y que hasta el momento ha quedado pendiente de dictamen.
Es por lo antes expuesto que se somete a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Uno. Se exhorta al gobernador de Morelos a asistir a una reunión con la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con la finalidad de conocer en detalle las acciones de su gobierno para atender la problemática de los homicidios violentos de mujeres en esa entidad y convenir la formación de un grupo de trabajo con funcionarios del gobierno estatal, legisladoras de esa comisión, la homóloga del Congreso del estado y organizaciones de la sociedad civil ocupadas en el tema, para dar seguimiento y coadyuvar en la solución del problema, con especial énfasis en los mecanismos para la implantación de una tipificación de feminicidio.
Dos. Se exhorta al procurador de Justicia de Morelos a informar a esta soberanía si dentro del marco institucional de la dependencia que dirige se plantean acciones con perspectiva de género y, en caso negativo, se le conmina a que en el ámbito de sus atribuciones diseñe estrategias y planes que consideren acciones con enfoque de género.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2009.
Diputada Ana Estela Durán Rico (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLANTAR UN PROGRAMA INTEGRAL DE REINSERCIÓN
SOCIAL DE EX CONVICTOS DEPORTADOS AL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO
FRANCISCO VEGA DE LAMADRID, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, fundamentado en las potestades conferidas en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo según los siguientes
Considerandos
1. Los gobiernos de los estados fronterizos, a través de las diversas Secretarías de Desarrollo Social, cada año emprenden programas encaminados al apoyo de las personas repatriadas procedentes de Estados Unidos de América.
2. Tan sólo para Baja California la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (Sedesoe), en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM) y organizaciones de la sociedad civil, destinó el año pasado un total de 14.3 millones de pesos para el traslado de personas repatriadas, así como para obras de ampliación y equipamiento para mejorar el servicio de atención a migrantes.
Se ha establecido la planeación de dotar recursos para este año a los municipios de Tecate, Tijuana y Mexicali por un total de 4.1 millones de pesos tan sólo para el transporte de los connacionales a sus lugares de origen, de igual forma, se tiene establecido que para obras de ampliación, modernización y equipamiento en este año se destinaron un total de 11 millones, aprobados por la Secretaría de Gobernación y Hacienda y Crédito Público.
3. La mayoría de los recursos federales y los que se destinan a las entidades federativas sobre este rubro; se asignan a programas de apoyo a los migrantes a través del Instituto Nacional de Migración e incluso a través de programas como el apoyo a grupos de participación directa para migrantes como el "Grupo Beta".
Debemos establecer una sana diferenciación, entre los migrantes y los recursos que se destinan para la reinserción social de los ex convictos de las cárceles de los Estados Unidos, ya que se ha convertido en un problema generalizado, principalmente en las fronteras del Estado de Baja California, sin excluir a los demás estados de la Zona de la Frontera Norte.
4. La Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Tijuana, establece que el Sistema Estatal de Prisiones de California es el que más ex convictos deporta, aunado a las cárceles de Nevada, Washington y Oregón.
Datos de la Agencia de Aduanas y Migración de los Estados Unidos, difundidos por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana establece que del 2005 al 2008 se deportaron de ese país 364 mil 7 personas que purgaron penas en las cárceles norteamericanas, tan sólo por la Garita de Tijuana se han deportado 38 mil 745 de ellos.
Datos de la Comisión Binacional de Derechos Humanos, establecen que cada día alrededor de 700 personas son deportadas a México. 200 de ellos son ex convictos que son deportados a la ciudad de Tijuana.
Según datos de Datos de la oficina de la Aplicación de las Leyes de Inmigración y Aduanas (ICE), indican que se ha deportado a 56 mil 622 inmigrantes, entre indocumentados, migrantes con visas y residentes permanentes, en ese periodo.
De todos ellos, un 33.77 por ciento, es decir, 19 mil 124 fueron detectados en las cárceles y prisiones en 16 condados al oeste de Texas, incluyendo El Paso, y en todo Nuevo México
Asimismo, las cifras del Instituto Nacional de Migración establecen que existe un aumento considerable en el número de deportados por la Puerta México, ubicada en Tijuana ya que tan sólo en el año 2007; se repatriaron 173, 580 en el pasado año del 2008; fueron 224, 857 y en el periodo de Enero a Agosto del presente año ya han sido 135, 914.
5. El problema principal radica en que no existe una política pública encaminada a la reinserción social de estos ex convictos repatriados, se establece que existen 2 vertientes de este problema. El problema social de las ciudades a dónde se destinan las personas a su llegada a nuestro territorio Nacional y el grave problema del incremento de la inseguridad pública sectorizado en zonas de la Frontera Norte.
El problema social empieza con la necesidad de contar con un trabajo para sobrevivir en las zonas por las que son deportados, más sin embargo, no existen oportunidades reales laborales para ellos, quienes en su mayoría oscilan entre las edades de 35 años la mayoría son adictos a sustancias prohibidas, suelen estar tatuados, desarrollan en las calles los códigos de supervivencia de las cárceles y en ocasiones no hablan bien el idioma español.
6. El segundo problema enmarcado en la Seguridad Pública, tiene su principio jurídico dentro del artículo 29 Constitucional, en cuanto a lo que refiere al principio de invasión, perturbación grave a la paz pública o de cualquier otro que ponga en grave peligro a la sociedad.
Aunado a ello, se estima que el 50% de los adultos 9, 500 adultos que se encuentran bajo libertad condicional en San Francisco son analfabetos, sumado al 27% de ellos que padece problemas mentales o de drogadicción, así como la carente educación apropiada para desarrollar un trabajo, son causales que agravan la ya de por sí difícil situación para conseguir un trabajo formal y estable que les permita un desarrollo integral.
La sociedad civil ha sido más susceptible a la atención de este problema, ya que la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra) ha establecido interés por contratar a ex convictos mexicanos y ayudar al Estado a la reinserción social de los mismos.
Lamentablemente en nuestro País carecemos de una estrategia, programa o política pública que ayude a la reinserción de los ex convictos a la vida social digna enmarcada en los derechos y prerrogativas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
7. Es necesario, contar con un sistema binacional de recuperación de datos que incluya información biométrica entendida como tal como la aplicación de técnicas matemáticas y estadísticas sobre los rasgos físicos o de conducta de un individuo, para "verificar" identidades o para "identificar" individuos, contando con un sistema de información de nacionalidad y grado de peligrosidad; aunado al estudio que este Órgano Legislativo Federal entregué sobre la viabilidad y el diseño de algún Programa Federal encaminado a la Seguridad Pública y la reinserción social.
Debemos tener presente que el derecho de repatriación por parte del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, tiene sustento bajo los tratados internacionales en materia de deportación de extranjeros que hayan cometido faltas o delitos graves en ese territorio, por lo cual, no existe violación alguno a los tratados o Convenciones internacionales.
Es necesario revisar nuestro marco normativo a efecto de coadyuvar entre la esfera de los poderes de la Unión, encaminado a un sano desarrollo de la sociedad que representamos, este foco rojo en materia de Seguridad Pública, no es un problema privativo del municipio de Tijuana o de la Garita de Otay- San Ysisdro, es un problema que nos afecta como País y que tenemos la enorme responsabilidad de velar por la Seguridad de nuestras familias y nuestra sociedad, para lograr un fin común.
Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaria de Seguridad Pública, a implantar un programa federal de resguardo y reinserción social para los ex convictos deportados a nuestro país.
Segundo. Se exhorta a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados a entregar a esta asamblea un estudio técnico sobre la viabilidad de la aplicación de un programa binacional de colaboración, dirigido a la deportación masiva de ex convictos que cuente con elementos de información biométrica y de identificación de nacionalidad y nivel de peligrosidad.
Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 8 de diciembre de 2009.
Diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid (Rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA CNBV Y A LA CONDUSEF A SANCIONAR A LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN
COOFÍA, GRUPO SITMA E INVERGROUP, Y AGILIZAR LOS TRÁMITES
ANTE EL FIPAGO PARA RESARCIR A LOS AHORRADORES DEFRAUDADOS POR ÉSTAS,
A CARGO DEL DIPUTADO ÓSCAR AGUILAR GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Ha sido una constante para la población con menos recursos, el buscar alternativas para su ahorro, lamentablemente cada una de ellas ha revestido un alto riesgo, dada su informalidad y por ende falta de seguridad jurídica y financiera.
Dichos mecanismos que van desde las tandas, las pirámides y hoy en día las denominadas "Sociedades de Inversión", han causado en menor o mayor medida, quebrantos en la de por si frágil economía popular.
Se ha presentado recientemente en el estado de Puebla, una serie de fraudes por parte de tres sociedades que presumían de estabilidad y rentabilidad a sus ahorradores, es el caso de la Financiera Coofía, del Grupo Sitma y de Invergroup; empresas que han dejado en la calle a más de 30 mil ahorradores.
La Ley de Ahorro y Crédito Popular pretendió dar cauce a ese reclamo tan sentido de nuestra población, sin embargo se ha convertido en una maraña de normas ineficaces; toda vez que se ha institucionalizado el fraude, a través de las llamadas "sociedades de inversión o financieras" que ofrecen altos rendimientos a sus ahorradores, disfrazados en supuestos "Desarrollos inmobiliarios", todo esto ante el conocimiento de la autoridad, que se hace de la vista gorda y permite su funcionamiento.
Compañeras y compañeros legisladores, el gobierno federal se ha mostrado frívolo e insensible ante la proliferación de este tipo de empresas, sus funcionarios se deslindan señalando que dichas negociaciones están al margen de la ley. ¿Entonces por qué no han actuado desde un inicio? ¿Por qué dejar que se robe y se defraude impunemente a los que menos tienen?
Es una pena que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no aplique la Ley de Ahorro y Crédito Popular; es una pena que la Condusef mire de lado y tampoco responda a quienes le reclaman con justicia que se recupere su patrimonio.
Es inaceptable que funcionarios federales, asuman posturas como la del delegado de la Condusef en Puebla, Iñigo Ocejo Rojo, quien comentó que las personas defraudadas por Sitma e Invergroup, difícilmente podrán recuperar su dinero; que el único camino legal que les queda a los defraudados es realizar un juicio mercantil y esperar un promedio de tres años para conocer la resolución final, recalcando que eso tampoco implica que haya seguridad en recuperar el dinero que depositaron en ambas empresas.
Es necesario que exista el compromiso del gobierno federal para apoyar a los defraudados, con la participación del Fideicomiso Pago, que fue creado, precisamente para el apoyo de ahorradores afectados por cajas de ahorro.
Urge la intervención de dicho fideicomiso, para mitigar la necesidad de los defraudados de las empresas Financiera Coofía, Grupo Sitma e Invergroup.
Con base en lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras a sancionar en lo conducente a las Sociedades Coofia, Grupo Sitma e Invergroup, así como agilizar los trámites ante el Fipago para resarcir a los ahorradores defraudados por las mencionadas sociedades de inversión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2009.
Diputado Óscar Aguilar González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA CONAGUA, AL GOBERNADOR DE SONORA Y
AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE HERMOSILLO A ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN TÉCNICA
Y FINANCIERAMENTE VIABLE PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A ESA CIUDAD, A
CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DOLORES DEL RÍO SÁNCHEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los que suscriben el presente, diputada federal María Dolores del Río Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y el diputado Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, miembros de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 71, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante este Pleno, una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua, al gobernador del estado de Sonora y al presidente municipal de Hermosillo, para que encuentren una solución conjunta, que sea técnica y financieramente viable, para el abastecimiento de agua potable de esa ciudad.
Consideraciones
En el 2009 la ciudad de Hermosillo cuenta con una población, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de 768 mil 954 habitantes y ocupa según fuentes del Consejo Nacional de Población, el lugar número 14 entre los municipios más poblados del país, con una tasa de crecimiento en el periodo 2000-2005 de 2.8 por ciento anual y, de acuerdo a las proyecciones más recientes, se espera que para el año 2030 su población se acerque al millón de habitantes.
Esta ciudad se encuentra enclavada en la cuenca baja del río Sonora, dentro de los límites del desierto de Sonora, una zona árida donde abundan las altas temperaturas y escasea el agua. Las temperaturas de la región se encuentran entre las más secas y calurosas de Norteamérica, en esta región la temperatura supera los 45 grados centígrados en verano.
Durante la época de lluvias sólo recibe entre 250 y 300 milímetros de precipitaciones en promedio al año, sin embargo la vaporación del agua excede su precipitación lo que provoca un importante déficit de humedad en el suelo.
En la década de los noventa la escasez de lluvia, la mala administración del recurso y el deficiente estado de la infraestructura de la ciudad de Hermosillo contribuyeron a la disminución de la disponibilidad de agua para la ciudad, por lo que los acuíferos del río Sonora pasaron a ser su principal fuente de abastecimiento.
Igualmente alarmante es el hecho de que el estado de Sonora cuenta con 60 acuíferos importantes, de los cuales 7 son sobreexplotados1 y de ésos, cinco presentan problemas de intrusión salina.
Si tomamos en cuenta que el 30 por ciento del agua de la lluvia se evapora, 30 rueda al mar y el 40 restante es agua para uso agrícola, ganadero, industrial, consumo humano y agua permeada, podremos darnos cuenta que el problema de escasez de agua en el Estado y sobre todo en la ciudad de Hermosillo comienza a ser una dificultad que va en aumento.
En especial, cuando del total de agua para uso de actividades humanas, el 65% es para uso agrícola, 5% para ganadería, 5% para uso industrial y sólo 25% es agua para consumo doméstico y agua permeada. Esto resulta en reservas de agua por municipio y uso, que van de 0.2 a 80 litros por precipitación.
Si bien el consumo agrícola sigue siendo el mayor, el aumento en la demanda de agua para consumo doméstico, causado por el aumento de la población en Hermosillo, ha ocasionado un conflicto de intereses entre la ciudad y los agricultores por el abasto de agua.
Ante esta realidad y como parte de un programa de corto plazo para el abastecimiento de agua a la ciudad, en el 2005 la administración municipal inició la compra del suministro a los agricultores de la costa de Hermosillo y elaboró la obra Los Bagotes, que vino a resolver el abastecimiento del vital líquido para la ciudad en esos años.
Posteriormente, en el 2007 la Comisión Nacional del Agua signó un convenio con el Gobierno del Estado de Sonora y el H. Ayuntamiento de Hermosillo para llevar a cabo la construcción conjunta de un acueducto por donde se envía agua desde la presa Rodolfo Félix Valdés, mejor conocida como El Molinito, hasta la red de distribución de la ciudad de Hermosillo.
No obstante, hoy, el principal problema que enfrenta la capital ante al cambio climático es la disponibilidad de agua, frenando con ello el desarrollo económico y social de la ciudad al estar limitado el abastecimiento de agua.
La ciudad de Hermosillo requiere de 1,750 litros por segundo diarios adicionales a los ya suministrados, para garantizar el abasto y el crecimiento sostenible de la población y poder brindar seguridad en este rubro a las empresas e industrias que decidan establecerse en la zona.
Por lo anterior, es importante impulsar una solución con visión a largo plazo de acuerdo al crecimiento y desarrollo de la capital de Sonora.
El Plan Nacional Hídrico 2007-2012 contempla la tecnificación del riego y la eficiencia en el uso agrícola, como una de las metas más importantes, al igual que el tratamiento de las aguas negras y la reutilización de las aguas tratadas, y su intercambio para poder disminuir la explotación de los acuíferos.
En el marco de dicho Plan Nacional y de las nuevas administraciones estatal y municipal, es importante unir esfuerzos para darle a Hermosillo la posibilidad de una estrategia a largo plazo, que le permita garantizar el suministro de agua a sus habitantes presentes y futuros.
Dentro de esta estrategia, además de fuertes inversiones conjuntas en materia de infraestructura, deberá haber un programa de concientización del problema de escasez de agua.
Como ya se ha dicho, en esta zona existen pocos recursos hídricos renovables, pero hay importantes reservas de agua subterránea acumulada durante miles de años, que actualmente abastecen parte del consumo actual. La existencia de estas reservas genera la percepción social de que no hay problemas de abasto inminentes, ni límites para el desarrollo socioeconómico.
Sin embargo, la realidad es que existe una sobreexplotación de los mantos acuíferos y un alto desperdicio que trae consecuencias adversas para el ambiente además del gran costo del agua.
Aunque es de reconocerse que se han hecho esfuerzos en administraciones pasadas para crear conciencia sobre la importancia de este recurso natural, dichos esfuerzos han sido ejercicios intermitentes de una administración de gobierno a otra.
Por tanto, habrá que hacer de la cultura de ahorro del agua, una política estatal de largo plazo para crear conciencia en los ciudadanos de la posibilidad de que el agua se agote si persisten conductas de desperdicio e indiferencia.
Por lo expuesto, y frente a la necesidad imperante de que exista una política pública coordinada entre los tres órdenes de Gobierno para garantizar el abasto de agua potable a la ciudad de Hermosillo, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al ingeniero José Luis Luege Tamargo, director general de la Comisión Nacional del Agua; al licenciado Guillermo Padrés Elías, gobernador constitucional del estado de Sonora; y al licenciado Javier Gándara Magaña a encontrar una solución conjunta que sea técnica y financieramente viable para el abastecimiento de agua potable de la ciudad de Hermosillo.
Segundo. Igualmente se exhorta a coordinar una campaña de promoción de la cultura del cuidado del agua, aún cuando se desarrollen nuevas fuentes de abasto de este vital líquido, partiendo de la premisa de que es un bien escaso y vital para el desarrollo integral del ser humano.
Finalmente, debido a que las autoridades de Sonora y de Hermosillo están en la etapa de planeación y análisis de posibles soluciones para el abasto de agua en la ciudad de Hermosillo, solicitamos que se someta a consideración del Pleno esta proposición con punto de acuerdo, como de urgente y obvia resolución.
Nota
1. Ultima información presentada por la Conagua,
delegación Sonora.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2009.
Diputada María Dolores del Río Sánchez (rúbrica)
Diputado Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica)
El suscrito, Alejandro Canek Vázquez Góngora, diputado a la LXI Legislatura de esta Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 2, inciso e), y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva formular excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que dictamine la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada durante la LX Legislatura del Congreso de la Unión por los entonces diputados Marco Antonio Bernal Gutiérrez y José Ascensión Orihuela Bárcenas, el pasado miércoles 18 de marzo de 2009.
Referentes
El pasado 18 de marzo de 2009 los diputados Marco Antonio Bernal Gutiérrez y José Ascención Orihuela Bárcenas presentaron la iniciativa que plantea la reforma a diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta relativas al acreditamiento de pagos de colegiaturas por educación, la cual fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. A efecto de fundamentar la referida iniciativa se exponen los argumentos que se destacan a continuación:
1. Uno de los sectores más afectados por la crisis económica es la educación, no sólo por la dificultad de cubrir los costos de asistir a una escuela, como son las inscripciones o colegiaturas, sino por los gastos asociados que esto genera. En México estos gastos pueden llegar a representar un porcentaje elevado del ingreso familiar, añadiéndose las dificultades de transportación de un sitio a otro, los gastos en útiles, comidas, entre otros, que no sólo tienen que ver con el estudiante sino con la familia en general.
2. La vulnerabilidad en la que se encuentran la mayoría de las familias mexicanas ante la posibilidad de que sus ingresos se vean mermados por el efecto de la crisis, además de los costos antes mencionados, nos coloca ante un problema cuyas dimensiones pueden afectar de manera severa la continuidad de los estudiantes tanto en escuelas públicas como en privadas, a través de la deserción escolar. Esto no sólo afectaría la vida de miles de jóvenes y sus familias, sino que comprometería significativamente el futuro del país que ya de por sí enfrenta grandes limitaciones en la formación de sus recursos humanos con repercusiones en los indicadores de competitividad.
3. En el artículo tercero constitucional, recientemente reformado, se determina que tanto la educación preescolar como primaria y secundaria tienen el carácter de obligatorias. Al mismo tiempo se establece que toda la educación que el Estado imparta deberá ser gratuita, ello, al margen de que se permite a los particulares impartirla, otorgando reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen fuera de las instituciones del Estado, en planteles particulares, a los que obliga a sujetarse a las reglas preceptuadas para las escuelas públicas.
4. En este sentido, el crecimiento demográfico de la nación, lo limitado de los recursos del Estado para satisfacer la creciente demanda de este nivel de educación y los recientes problemas de organización, calidad y competitividad que enfrenta el sistema de educación han motivado que las instituciones educativas privadas concurran en esta gran tarea.
5. El gasto en educación privada representa actualmente 1.5 por ciento del producto interno bruto (PIB). En tanto que, como generadora de empleo, los maestros y profesores registrados en educación privada son 327 mil 133, es decir, 20.30 por ciento de los maestros a nivel nacional. En nuestro país, 12.7 por ciento de los alumnos reciben educación en escuelas privadas. Actualmente, la matrícula registrada en la escuelas privadas es de alrededor de 4 millones 54 mil alumnos.
6. Existen diversos ejemplos en los que la educación es motivo de incentivos fiscales por parte de los Estados nacionales, por ser éste un sector prioritario, particularmente, en una era en la que los conocimientos aplicados a la producción son el motor de la economía global y determinan las posibilidades de competir en un entorno de mayores riesgos. En una situación de crisis, consideramos que es aún más evidente la necesidad de establecer medidas en este sentido que coadyuven a evitar los problemas anteriormente expuestos.
7. Estados Unidos de América incorporó en su legislación tributaria desde 1997 un acreditamiento de 500 dólares por cada hijo para educación (actualmente mil dólares) y hasta 2 mil dólares cuando se requiere enviar a un hijo a estudiar a otro país. En los países integrantes de la Unión Europea existen diversos mecanismos que incentivan fiscalmente o subsidian el costo de la educación.
8. En este contexto, se propone la creación de un estímulo fiscal al pago de colegiaturas correspondientes a los niveles educativos de preescolar, primaria y secundaria, que constituyen la educación básica obligatoria para el Estado, a través de una adición al artículo 225 en la Ley del Impuesto sobre la Renta, por el cual se permita reducir una cantidad equivalente al costo erogado por el Estado para cada alumno, según el nivel correspondiente, actualizado anualmente con base en los datos oficiales del gobierno federal, comenzando con los proporcionados en el segundo Informe de Gobierno correspondiente a 2008.
9. Asimismo, se propone modificar el artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para establecer que las personas físicas residentes en el país podrán hacer deducibles para sí o para sus dependientes económicos las colegiaturas pagadas a instituciones públicas y privadas en los niveles que en la Constitución se establecen como obligatorios para el Estado.
Consideraciones
Aun tratándose de escuelas públicas, las familias incurren en gastos necesarios como alimentos, medicinas, transporte, útiles escolares, uniformes, material didáctico, etcétera, que ciertamente cada vez son más difíciles de sufragar. No obstante, en estas circunstancias, muchas familias efectúan esfuerzos suplementarios, optando, incluso, por destinar una parte importante de su ingreso habitual para contratar los servicios educativos de escuelas privadas, con la certeza de que cualquier erogación en materia educativa es más una inversión que un gasto.
En este orden de ideas, y ante el entorno de evidente adversidad económica, resulta indispensable que el Estado disponga de mecanismos que apoyen, fortalezcan y estimulen los esfuerzos alternos de las familias en materia de inversión educativa dentro del nivel básico de enseñanza, con el propósito de que éstas no vean mermado su patrimonio ni su futuro por tratar de acceder, en un contexto de crisis del sistema público de educación, a mejores niveles de calidad educativa para sus hijos.
Por ello, es importante estudiar seriamente la posibilidad de hacer deducible del impuesto sobre la renta (ISR) las erogaciones realizadas por las jefas o los jefes de familia por concepto de pago de colegiaturas por servicios educativos a nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) administrados por particulares, en los términos propuestos por los diputados a la LX Legislatura Marco Antonio Bernal Gutiérrez y José Ascensión Orihuela Bárcenas (Gaceta Parlamentaria, número 2719-II, del miércoles 18 de marzo de 2009).
Por lo expuesto y fundado, se solicita al presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, atentamente pido se sirva formular la siguiente
Excitativa
Única. A la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que se sirva dictaminar la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada durante la LX Legislatura del Congreso de la Unión por los diputados Marco Antonio Bernal Gutiérrez y José Ascensión Orihuela Bárcenas.
Palacio de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2009.
Diputado Alejandro Canek Vázquez Góngora
(rúbrica)
A LA COMISIÓN DE SALUD, A SOLICITUD DEL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO YGLESIAS ARREOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado José Antonio Yglesias Arreola, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en los artículos 21, fracción XVI, y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados se formule excitativa a la Comisión de Salud para que analice y, en su caso, apruebe el dictamen que reforma los artículos primero, tercero, cuarto y quinto transitorios del artículo 376 de la Ley General de Salud, publicado en la Gaceta Parlamentaria del 30 abril de 2009 y que quedó en la Mesa Directiva de LX Legislatura como de primera lectura, bajo los siguientes
Antecedentes
1. Con fecha 19 de febrero de 2009 fue presentada ante el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma al artículo 376 de la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2005, suscrita por los diputados Lorena Martínez Rodríguez y Fernando Enrique Mayans Canabal, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, y de la Revolución Democrática, respectivamente.
En su momento, la Presidencia de la Cámara dictó el turno, con la misma fecha, a la Comisión de Salud para su estudio, análisis y posterior dictamen.
2. El jueves 30 de abril del año en curso, los integrantes de esta Comisión de Salud de la LX Legislatura, después de analizar exhaustivamente la iniciativa en comento convergieron que cumplía con todos los fundamentos legales y causales por lo que emitieron el dictamen correspondiente, publicado en la Gaceta Parlamentaria, quedando de primera lectura en la Mesa Directiva.
Consideraciones
Con la finalidad de respetar el marco legal, para que en cumplimiento de lo que disponen los artículos 3o., 4o. y 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es necesario se publiquen en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos, marco regulatorio y reglamento a fin de que surtan efectos jurídicos los requisitos y procedimientos del artículo 376 de la Ley General de Salud, modificado el 24 de febrero de 2005. Para ello es necesario se apruebe el dictamen en comento, emitido por la Comisión de Salud publicado en la Gaceta Parlamentaria del 30 abril del año en curso.
Cabe destacar, que dado que esta última reforma carecía de artículos transitorios que fijaran la fecha límite para la publicación de dicha normatividad, no se ha podido dar certidumbre a todo el sistema de abasto de medicamentos del sector público y privado y por ende la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no ha publicado el listado de los registros que han sido renovados.
Ante las negativas de la Cofepris para transparentar sus listas de renovación de registros sanitarios para medicamentos alopáticos, la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos interpuso un recurso de revisión y el pasado 09 de septiembre de 2009 el Instituto Federal de Acceso a la Información resolvió, en el expediente 2199/09, instruir a dicha comisión, para que en un término no mayor a 10 días hábiles cumpla con la publicación de las listas de los laboratorios a los que les fue aprobado el trámite, así como a los que les fue rechazado, resolución que no ha cumplido.
Es particularmente importante este dictamen que reforma los artículos transitorios del artículo 376 de la Ley General de Salud, toda vez que se refiere a la renovación o prórroga de los registros sanitarios para la fabricación de medicamentos y demás insumos para la salud, dado que en las actuales circunstancias no hay certeza jurídica para renovarlos. Hoy día solamente se han publicado parcialmente los reglamentos y demás disposiciones generales en el DOF, en enero del 2008, a través de una modificación a tres artículos del Reglamento de Insumos para la Salud, quedando pendientes de publicarse hasta la fecha los lineamientos, pruebas, visitas de inspección in situ y formatos para tramitar dicha renovación, como lo establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Es elemental señalar que la Cofepris agregó el requisito de visita in situ, que por su impacto regulatorio y de costos económicos de cumplimiento, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria no la ha aprobado hasta el día de hoy. Todo ello ha creado una situación de incertidumbre jurídica que esta soberanía legislativa debe subsanar para dotar de certeza jurídica a la industria farmacéutica en la renovación de sus registros sanitarios.
Cabe mencionar que existen alrededor de 10 mil registros sanitarios, –sin considerar mas de 35 mil de otros insumos para la salud– de los cuales mil 500 son considerados como innovadores y 8 mil 500 genéricos; que para su renovación necesitan presentar estudios de bioequivalencia e intercambiabilidad que deberían de llevarse a cabo en cinco años y que sin la reforma a los transitorios que en dicho dictamen se propone, solo quedarían escasos tres meses, lo cual técnica, humana y económicamente es prácticamente imposible.
Para que sea posible alcanzar la cobertura de los estudios para los 10 mil registros y dotar a la industria farmacéutica de certeza jurídica y evitar un impacto económico negativo, que se reflejaría en un encarecimiento de los medicamentos, se excita a la discusión, al análisis y, en su caso, a la aprobación de dicho proyecto de dictamen.
Excitativa
Único. Con fundamento de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta honorable asamblea, formule una excitativa a la Comisión de Salud para que analice y en su caso apruebe el proyecto de dictamen que reforma los artículos primero, tercero, cuarto y quinto transitorios del artículo 376 de la Ley General de Salud, que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria del jueves 30 de abril de 2009, quedando de primera lectura en la Mesa Directiva de la LX Legislatura.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2009.
Diputado José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica)
9 de Diciembre
Día Internacional contra la Corrupción
La que suscribe, diputada Rosi Orozco, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, desea expresar a ustedes la importancia de recordar en estas fechas el Día Internacional contra la Corrupción.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), preocupada por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley:
1. Toma nota del informe del comité especial encargado de negociar una convención contra la corrupción, que realizó su labor en la sede de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Viena, en el que el comité especial presentó el texto del proyecto de convención de ONU contra la corrupción a la Asamblea General para que ésta lo examinara y adoptara las medidas pertinentes;
2. Aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que figura como anexo de la presente resolución, y la abre a la firma en la conferencia política de alto nivel que se celebrara en Mérida (México) del 9 al 11 de diciembre de 2003, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 57/169;
3. Insta a todos los Estados y a las organizaciones regionales de integración económica competentes a que firmen y ratifiquen lo antes posible la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción a fin de lograr su rápida entrada en vigor;
4. Decide que, hasta que la Conferencia de los Estados parte en la Convención establecida con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción determine otra cosa, la cuenta a que se hace referencia en el artículo 62 de la convención será administrada en el marco del Fondo de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal y alienta a los Estados miembros a que empiecen a aportar contribuciones voluntarias adecuadas a la mencionada cuenta a fin de prestar a los países en desarrollo y los países con economías en transición la asistencia técnica que puedan necesitar para prepararse con miras a la ratificación y aplicación de la convención;
5. Decide también que el comité especial encargado de negociar una convención contra la corrupción termine los trabajos derivados de la negociación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción celebrando una reunión bastante antes del primer período de sesiones de la Conferencia de los Estados parte en la Convención a fin de preparar el proyecto de reglamento y las normas mencionadas en el artículo 63 de la convención, que se transmitirán a la Conferencia de los Estados parte en su primer período de sesiones para que los examine;
6. Pide a la Conferencia de los Estados parte en la convención que aborde la penalización del soborno de funcionarios de organizaciones internacionales públicas, incluidas la ONU, y otros asuntos conexos, teniendo en cuenta la cuestión de los privilegios e inmunidades, así como las de la jurisdicción y la función de las organizaciones internacionales, entre otros medios, haciendo recomendaciones sobre medidas apropiadas a ese respecto;
7. Decide que, a fin de aumentar la sensibilización respecto de la corrupción, así como del papel que puede desempeñar la convención para combatirla y prevenirla, se proclame el 9 de diciembre Día Internacional contra la Corrupción.
En estos tiempo de crisis que enfrenta nuestra nación vale la pena impulsar mecanismos que prevengan la mala actuación de los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, por ello es fundamental impulsar, sin distingos partidistas, propuestas legislativas que dificulten los actos de corrupción, pero sobre todo que los sancione ejemplarmente para contrarrestar este mal que ya no debe aquejar a nuestro México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2009.
Diputada Rosi Orozco (rúbrica)