Pablo Escudero Morales, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Considerandos
1. Que el presidente de la República, Felipe Calderón, anunció el pasado 28 de julio del año en curso la expedición de la cédula de identidad (Cedi) ciudadana y personal, en cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Población;
2. Que el anuncio de la cédula de identidad ciudadana, a cargo de la Secretaría de Gobernación, señala que se proveerá de un sistema de identidad único soportado sobre una base de datos nacional de identificación segura y libre de duplicados, la cual estará conformada por la identidad jurídica, la identidad vivencial como registro del individuo y sus datos biométricos, con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad para facilitar a la población el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, señalando como ventajas las siguientes:
b) El titular podrá verificar de manera electrónica su identidad para tener acceso a trámites y servicios electrónicos;
c) Se abatirán los delitos de fraude y robo de identidad al constituirse en un medio fehaciente de identificación;
d) Se agilizarán los trámites a la población mediante la identificación eficiente y efectiva; y
e) Se evitarán la discriminación y las duplicidades en el otorgamiento de los beneficios sociales a la población.
4. Que el artículo 97 de la Ley General de Población vigente regula las figuras del registro nacional ciudadano y la cédula de identidad ciudadana, éstos son considerados como servicios de interés público que presta el Estado a través de la Secretaría de Gobernación, dentro de ésta corresponde al Registro Nacional de Población la instrumentación y operación de dichos instrumentos de registro e identificación;
5. Que la inscripción al registro nacional ciudadano y la obtención de la cédula de identidad ciudadana están establecidos en el artículo 98 de la misma ley como obligaciones del ciudadano y para cumplir con éstas. Las mexicanas y los mexicanos deberán de presentar la solicitud de inscripción correspondiente y entregar copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, del certificado de nacionalidad o carta de naturalización;
6. Que para verificar los datos aportados por el ciudadano, el artículo 101 de la Ley General de Población establece que la Secretaría de Gobernación podrá confrontar de los datos aportados por los ciudadanos con los que consten en los archivos correspondientes de dependencias y entidades de la administración pública federal que, para el ejercicio de sus funciones, tengan establecidos procedimientos de identificación personal, las cuales estarán obligadas a proporcionar la información que para este efecto solicite la Secretaría de Gobernación;
7. Que una vez cumplidos los requisitos establecidos, la Secretaría de Gobernación deberá expedir y poner a disposición del ciudadano la respectiva cédula de identidad ciudadana, documento oficial de identificación, que hace prueba plena sobre los datos de identidad que contiene en relación con su titular, documento que tendrá valor como medio de identificación personal ante todas !as autoridades mexicanas;
8. Que a pesar de la regulación anterior, aún no se conoce públicamente el procedimiento administrativo y los lugares en los que se programa se realizarán los trámites correspondientes;
9. Que la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, únicamente tiene registrado ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria –en materia de clave única de registro de población e identificación ciudadana– la asignación de clave única del registro de población (CURP);
10. Que con la implantación de la cédula de identidad ciudadana, la Secretaría de Gobernación contará con una base más de datos personales de los ciudadanos que lo identificarán y situarán;
11. Que actualmente tiene el control de los datos del Registro Civil de todas las mexicanas y mexicanos a partir de la asignación de la clave única de registro de población a todas las personas domiciliadas en el territorio nacional, así como a los mexicanos domiciliados en el extranjero. Aunado a ello, cuenta con los datos personales que está obteniendo a través del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) a través de la asociación del número de la línea telefónica y la clave única de registro de población del usuario;
12. Que la Secretaría de Gobernación, a través del Registro Nacional de Población, es la entidad responsable de la administración del Renaut, con el apoyo de los proveedores del servicio de telefonía, de acuerdo a la resolución por la que el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones emite las Reglas del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil;
13. Que los métodos de identificación biométrica más comunes como el reconocimiento de iris, la geometría de la mano, la electroencefalografía, el reconocimiento de rostro, el patrón de voz y la huella digital y del registro para la identificación electrónica (conjunto de datos electrónicos integrados o asociados inequívocamente a un mensaje de datos que permite asegurar la integridad y autenticidad de ésta así como la identidad del firmante, es utilizada para firmar documentos y transacciones de manera irrefutable en el ámbito digital. De acuerdo con las reformas al Código Fiscal de la Federación, publicadas en el Diario Oficial el 28 de junio y 27 de diciembre de 2006, todos los contribuyentes están obligados a tramitar la firma electrónica avanzada, "Fiel", es un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, tal y como si se tratara de una firma autógrafa) para su utilización en diversos trámites administrativos;
14. Aunado a lo anterior, la Secretaría de Gobernación informó que la empresa holandesa Smartmatic lnternational Holding, BV, es la única de seis empresas que cumplió con los requisitos solicitados en la convocatoria emitida el 2 de octubre y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para la adquisición de 2 mil equipos especializados en la obtención de la información biométrica que integrará el Registro Nacional de Población;
15. Que la empresa Smartmatic International Holding, BV, en el registro de la Cámara de Comercio de Ámsterdam, aparece con actividades que se detallan como "adquirir, enajenar, administrar y operar bienes raíces registro de la propiedad" y en la licitación llevada a cabo por la Secretaría de Gobernación, se señala que el objeto social debe considerar fabricación, venta o distribución de los bienes o la prestación del servicio objeto de la licitación conforme a la "adquisición de equipo especializado para la obtención de la información biométrica para el Servicio Nacional de Identificación Personal";
16. Que la empresa Smartmatic Corporation, situada en Boca Ratón, Florida, Estados Unidos de América, se dedica a la venta y fabricación de dispositivos biométricos; sin embargo, ésta es otra razón social y otra empresa que pertenece al grupo, pero no es la que entregó y firmo la propuesta técnica en el proceso de licitación mencionado;
17. Que es importante señalar lo anterior, ya que Smartmatic ha participado en otros proyectos a nivel internacional y ha sido descalificada; por ejemplo, en la licitación internacional para el padrón electoral boliviano, por sospecha de participar con elecciones fraudulentas en Venezuela; sin embargo, consiguió hacerse cargo del desarrollo del sistema de registro biométrico a través de un tercero, la empresa argentina NEC, esto según el portavoz de Convergencia Nacional, Érick Fajardo;
18. Que para las elecciones a celebrarse en 2010 en Filipinas, en el proceso de licitación se presentaron quejas de empresas descalificadas, eliminadas por razones no sustanciales al proyecto, en este caso, existe la duda de que la Comisión de Elecciones favoreció la propuesta de Smartmatic;
19. Que Smartmatic también está en el ojo del FBI, respecto a delitos que van desde evasión fiscal en Estados Unidos de América hasta presuntos pagos en Venezuela de comisiones millonarias no declaradas;
20. Que en las elecciones primarias de Chicago en 2006, de las mil 761 máquinas para voto electrónico entregadas por Smartmatic a través de una subsidiaria Sequoia, mil 54 funcionaron correctamente y 707, o sea el 40 por ciento, no lo hicieron;
21. Que resulta de suma importancia conocer los procedimientos administrativos y las medidas de seguridad en la obtención, almacenamiento y procesamiento de datos a información personal de los ciudadanos para integrar el registro nacional ciudadano y la cédula de identidad ciudadana, así como las medidas que garantizan su confidencialidad, debido a que se propone la inclusión de datos biométricos y el registro para la identificación electrónica para su utilización en diversos trámites administrativos; y
22. Adicionalmente, no debemos olvidar el precedente del registro nacional de vehículos (Renave) y el nada célebre Miguel Cavallo, donde por una cuestionada decisión gubernamental pudo ponerse en riesgo la seguridad de millones de mexicanas y de mexicanos, derivado del mal uso de sus datos personales.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a investigar, a través de la Secretaría de la Función Pública, el proceso de licitación pública internacional número SG-N-DA-12109, mediante el cual se adquirirán equipos especializados para la obtención de información biométrica a fin de integrar el Registro Nacional de Población y aclare el porqué se descalificó a las empresas mexicanas e informe si la empresa Smartmatic International Holding, BV, cumplió con los requisitos técnicos.
Segundo. Se cite a comparecer al titular de la Secretaría de Gobernación para que informe a esta soberanía de los procedimientos para la obtención, almacenamiento procesamiento de los datos personales, entre los que destaca la información biométrica de los ciudadanos y las medidas de seguridad de la información.
Dado en el Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 1 de diciembre de 2009.
Diputado Pablo Escudero Morales (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA INTEGRACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE CIUDADANOS Y LA EMISIÓN
DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD CIUDADANA, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER
CORRAL JURADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado Javier Corral Jurado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, relativa a la integración del Registro Nacional de Ciudadanos y la emisión de la Cédula de Identidad Ciudadana, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
I. El artículo 36, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que la organización y funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía, son servicios de interés público y, por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley.
A su vez, el artículo 85 de la Ley General de Población dispone que la Secretaría de Gobernación tiene a su cargo el registro y la acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país y de los nacionales que residan en el extranjero; tal registro estará integrado por datos personales relativos a la identidad; esto es, la firma de las personas y aquellos derivados de las actas de nacimiento como el apellido paterno, el apellido materno y nombre, sexo, lugar y fecha de nacimiento, entre otros.
A partir de 1996, la Secretaría de Gobernación ha venido dando los pasos necesarios que permitan a las personas la acreditación fehaciente de su identidad a través de la emisión de la Clave Única de Registro de Población (CURP), en estrecha colaboración con los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, así como con otras instancias gubernamentales. A la fecha, se han certificado aproximadamente 94 millones de claves, al vincularlas con un acta de nacimiento asentada en libros del Registro Civil de todo el país. Como tal, la CURP vincula a la persona con los diferentes registros que existan de ella en cualquier dependencia o instancia gubernamental, identificándola individualmente y garantizando que tenga un acceso eficiente y seguro a los servicios proporcionados por las distintas instancias gubernamentales.
De acuerdo con el tercer informe de labores 2009 de la Secretaría de Gobernación, la presente administración federal ha puesto como reto primordial la modernización y sistematización de procesos a través de la conformación de datos que dé lugar al Servicio Nacional de Identificación Personal, como uno de los compromisos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad para 2011, a través de un nuevo documento oficial, la Cédula de Identidad Ciudadana, que quiere consolidar la protección al derecho de la identidad de la personas, garantizando su seguridad jurídica. El artículo 105 de la Ley General de Población señala que esta cédula tendrá un valor como medio de identificación ante las autoridades mexicanas, en el país o en el extranjero, y las personas físicas y morales con domicilio en el país.
La Cédula de Identidad Ciudadana contendrá los datos de identificación señalados en el artículo 107 de la Ley General de Población, generado así un documento que consigne la Clave Única de Registro de Población y el registro de cierta información biométrica de la persona, otorgando una certeza en la identidad de su poseedor del 99 por ciento.
La información biométrica que se integre al Registro Nacional de Ciudadanos será capturada a través de equipos móviles especializados, con la capacidad de tomar algunos datos biométricos de los ciudadanos, que serán las huellas digitales de los dedos de ambas manos, la fotografía del rostro y la imagen del iris de ambos ojos en blanco y negro. Dichos equipos se ubicarán en los módulos de registro. Asimismo, cabe mencionar que la Cédula de Identidad Ciudadana, de acuerdo con el artículo 109, fracción I, de la Ley General de Población, tendrá una vigencia que no podrá exceder de 15 años.
La información contenida en el Registro Nacional de Ciudadanos quedará sujeta al tratamiento de datos personales que prevé la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por lo que se garantiza la protección de dichos datos de conformidad con el artículo 16 constitucional.
Los elementos de identificación permitirían agilizar trámites y evitar la duplicación de requisitos de documentación, facilitar la recaudación fiscal en los tres órdenes de gobierno, la instrumentación eficiente de las políticas públicas y programas sociales que permitan la depuración de los padrones y duplicidades, impedir la suplantación de identidad de personas vivas o de fallecidos, evitar la creación de identidades falsas, la identificación expedita de personas que otorgue seguridad a sus patrimonios, la protección de los mexicanos en el exterior y, de manera importante, la identificación de niños y menores con un documento oficial que prevenga, por otro lado, el tráfico de personas y permita la identificación cierta de niños y niñas que se encuentren ausentes.
II. No obstante, en adición a lo anterior, es de tomar en consideración que actualmente los ciudadanos contamos con diversos documentos expedidos por las autoridades, siendo la credencial para votar con fotografía, emitida por el Instituto Federal Electoral, la de más amplia aceptación y confiabilidad para la identificación en la realización de diferentes trámites gubernamentales y financieros, además del ejercicio de los derechos electorales como es la emisión del voto.
El artículo 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que en la credencial para votar con fotografía se debe integrar la Clave Única del Registro de Población, además de que el legislador ha dispuesto en la normatividad electoral un período de vigencia para la credencial para votar por un término de 10 años a partir de la fecha de su emisión.
Si bien es cierto que para garantizar la identidad de las personas se necesita de un documento que así lo demuestre, es importante considerar los avances y beneficios que reporta la experiencia del IFE en la integración del padrón electoral y de la estructura que, a través de los años, ha consolidado para la emisión de la credencial para votar con fotografía.
Efectivamente, la credencial para votar ha venido tomando un lugar que podría ser equiparado a la de una cédula de identidad, siendo un instrumento ampliamente reconocido por los ciudadanos por lo que la introducción de una cédula nueva podría generar confusiones en la población que invaliden la importancia de un documento como el emitido por el IFE. Ya la reforma electoral de 2007 y la expedición de un nuevo ordenamiento electoral, como ha sido descrito, ha permitido la incorporación a la credencial de la CURP, uno de los pilares que constituyen el Registro Nacional de Ciudadanos.
Por otro lado, en tiempos de emergencia económica, y dado que la Secretaría de Gobernación comenzará el levantamiento de los datos biométricos de los ciudadanos, es conveniente analizar la disposición de recursos para tal dependencia de la administración pública federal relativos a la expedición de las Cédulas de Identidad Ciudadana; no debe pasar inadvertido que el IFE tiene una amplia experiencia en la emisión de credenciales para votar; asimismo, la ubicación de módulos y centros de expedición que se encuentran repartidos a lo largo y ancho de la geografía nacional permiten aprovechar los recursos humanos y la infraestructura establecida del instituto, lo que, en consecuencia, generaría ahorros que podrían ser destinados a otros programas prioritarios, especialmente los del combate de la pobreza.
III. De igual modo, es de tener en cuenta que el artículo 112 de la Ley General de Población señala que la Secretaría de Gobernación proporcionará al Instituto Federal Electoral la información del Registro Nacional de Ciudadanos que sea necesaria para la integración de los instrumentos electorales, siendo uno de estos la credencial para votar con fotografía, lo que permite al IFE contar con el respaldo que otorga el Registro Nacional de Ciudadanos y refuerza el criterio para que el propio IFE sea el que expida un documento de identificación ciudadana, que sea usado a su vez para la emisión del sufragio.
No pueden pasar desapercibidas, por un lado, las suspicacias que genera por un lado el hecho de contar con dos instrumentos que pudieran ser sustitutos para efectos de identificación ciudadana, uno emitido por la Secretaría de Gobernación y otro por el Instituto Federal Electoral; y por otro, el alto grado de aceptación y confianza con que cuenta la credencial para votar con fotografía entre la población en general.
IV. De los conceptos vertidos en los apartados previos, se extrae que:
Esta previsión constituye un servicio de interés público y, por tanto, es responsabilidad del Estado atender a su satisfacción;
El citado registro está integrado por los datos personales relativos a la identidad de las personas;
Existe un avance significativo en este proceso de registro de personas, que alcanza la certificación de aproximadamente 94 millones de claves únicas de registro de población contra actas de nacimiento integradas en libros del Registro Civil;
La modernización y sistematización de procesos relativos al Servicio Nacional de Identificación Personal, constituye uno de los compromisos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad;
Los sistemas tendentes a la identificación de las mexicanas y los mexicanos reportarían una larga serie de beneficios tales como agilización de trámites, impedir la duplicación de requisitos, facilitar la recaudación fiscal de los tres órdenes de gobierno, instrumentar políticas públicas y programas sociales más eficientes; identificación expedita de personas que otorgue seguridad a sus patrimonios, la protección de los mexicanos en el exterior y, de manera muy en especial, la identificación de niños y menores;
Hoy por hoy, la credencial para votar con fotografía goza de la de más amplia aceptación y confianza para la identificación en la realización de diferentes trámites gubernamentales y financieros, además de su fin inherente que es el ejercicio del sufragio;
El propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que en la credencial para votar con fotografía se debe integrar la Clave Única del Registro de Población, que expide la Secretaría de Gobernación;
Se determinó un período de vigencia para la credencial para votar con fotografía por un término de 10 años a partir de la fecha de su emisión;
La experiencia del Instituto Federal Electoral en la emisión de la credencial para votar es de singular relevancia en la distribución de documentos de identificación, con altos índices de confiabilidad;
Actualmente, la credencial para votar con fotografía ha tomado el carácter de un instrumento equiparable a una cédula de identidad, y
Para evitar duplicidades, conflictos de competencia y una elevada inversión en la implementación de los programas respectivos, jurídica y fácticamente, es posible que la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal Electoral se coordinen para expedir un único instrumento único y confiable, que haga las veces de cédula de identidad y credencial para votar con fotografía.
Por lo expuesto, el suscrito, diputado Javier Corral Jurado, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de
Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que de acuerdo con las obligaciones derivadas de la Ley General de Población, aplique los recursos necesarios para la formación del Registro Nacional de Ciudadanos, que se integrará con los datos de identificación biométrica de los ciudadanos de la república.
Segundo. Con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad de los ciudadanos mexicanos y dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Ley General de Población en materia de emisión de la Cédula de Identidad Ciudadana, la Secretaría de Gobernación, en su calidad de dependencia encargada de la integración del Registro Nacional de Ciudadanos y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los recursos destinados para la emisión de la Cédula de Identidad Ciudadana mediante convenios de colaboración con el Instituto Federal Electoral, para que por medio de éste se emita y ponga a disposición de los ciudadanos el documento que acredite fehacientemente su identidad y sirva a la vez como credencial para votar.
Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 1 de diciembre de 2009.
Diputado Javier Corral Jurado (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REMITIR INFORMES DETALLADOS RESPECTO
A LAS INVERSIONES EFECTUADAS POR LA CFE PARA INSTALAR SU RED DE FIBRA ÓPTICA,
A LAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE SUSTENTEN
EL NÚMERO DE PARES DE FIBRA ÓPTICA QUE DEBEN COMERCIALIZARSE,
Y A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS EN QUE DICHA ENTIDAD RECUPERARÁ
LA INVERSIÓN REALIZADA, A CARGO DEL DIPUTADO HELIODORO CARLOS DÍAZ
ESCÁRRAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, diputado federal de la LXI Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a remitir un informe detallado de las inversiones realizadas por la Comisión Federal de Electricidad para la instalación de su red de fibra óptica y presente un informe sobre las consideraciones técnicas y económicas que sustenten el número de pares de fibra óptica que deben comercializarse y los términos y plazos en que dicha entidad recuperará la inversión realizada.
Exposición de Motivos
Durante varios ejercicios, esta soberanía autorizó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a que por conducto de la CFE Telecom realizara inversiones por cerca de 170 millones de dólares para la instalación de una red de fibra óptica, cuyo objetivo fue dotar a la empresa de sistemas digitales de alta capacidad para la seguridad en la operación de la red eléctrica nacional.
Paralelamente, dicha inversión permitió desarrollar la segunda red de telecomunicaciones más grande del país, la cual ahora se busca poner a disposición de la industria de telecomunicaciones, tal como fue anunciado el 19 de mayo del año en curso por el Ejecutivo federal, quién ofreció licitar las fibras oscuras de la CFE para hacer más eficientes las telecomunicaciones en México.
En tal tenor, la CFE celebró un convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde se establece que dicha dependencia del Ejecutivo federal tendrá a su cargo la elaboración de las bases de licitación, los criterios económicos y de evaluación de las propuestas y la conducción de la propia licitación.
Considerando que la red de fibra óptica de la CFE dispone de capacidad de sobra en la materia, la CFE después de un amplio estudio técnico-económico determinó que la licitación de un par de fibra óptica obscura era suficiente para propiciar la disminución de tarifas, incrementar velocidades y ampliar la cobertura de servicios de banda ancha en el país.
No obstante que tal determinación de la CFE está sustentada en estudios técnicos y económicos, existe una corriente de opinión que propone que la licitación no se restrinja a un solo par de fibra óptica, sino que se ofrezca al mercado un mayor número de pares, con el aparente objetivo de disminuir el costo del acceso a dicha red y permitir la participación de un mayor número de empresas.
A este respecto, es conveniente mencionar que la licitación de más de un par de fibra óptica tendrá consecuencias desfavorables en la industria de las telecomunicaciones, ya que se traducirá en un desaliento en las inversiones del sector y en un bajo retorno de la inversión realizada por CFE, por las siguientes razones:
Son tres las rutas a licitar cada una con salida a Estados Unidos (totalizando 21,411 kilómetros a lo largo del país), cuya capacidad de transmisión de información representa varias veces la capacidad de todos los enlaces que actualmente se arriendan en el mercado nacional.
Utilizando las tecnologías ópticas actuales, un solo par de fibra tiene la capacidad de transmitir al menos 800,000 mega bites por segundo (mbps) bidireccionalmente, lo que significa que sumando las tres rutas se puede tener una capacidad de 2,400,000 mbps hacia Internet, lo que equivale a 6 veces el trafico actual de Internet entre México y Estados Unidos.
Como referencia adicional, si se compara esa capacidad contra el tráfico internacional a Internet de algunos países en el 2007, se obtiene lo indicado en la siguiente tabla:
Reino Unido 2,418,726
99%
Alemania
2,110,482 114%
Francia
1,818,279 132%
Italia
611,655 392%
Canadá
533,983 449%
España
494,030 486%
Japón
477,112 503%
Suecia
455,829 527%
China
368,927 651%
Brasil
199,500 1203%
Asimismo, por cada ruta, con un solo par de fibra, se tiene por lo menos 800,000 mbps de capacidad que equivalen a:
2) 400,000 enlaces dedicados de 2 mbps equivalentes, el mercado mexicano actual es de alrededor 102,400 enlaces, incluyendo a todos los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, por lo que un solo par de fibra óptica de la CFE tiene capacidad para transportar casi 4 veces la demanda total de enlaces dedicados del país.
3) Cursar 50 millones de llamadas simultáneas, es decir, todos los mexicanos de todas las edades hablando simultáneamente.
Para poner en perspectiva estos datos, basta recordar que la Comisión Federal de Telecomunicaciones reportó que en 2008 se realizaron en México 6,264 millones de conferencias de larga distancia nacional y 2,023 millones de conferencias de larga distancia internacional (de entrada y salida) dando un total de 8,287 millones de conferencias de larga distancia, lo cual equivale a cursar 22.7 millones de conferencias diarias.
Adicionalmente, se debe considerar que las actuales tecnologías ópticas permiten hacer un uso más eficiente de la fibra óptica y tener una mayor economía de escala al permitir, por ejemplo, que varios concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones por medio del establecimiento de un consorcio adquieran los derechos de uso o explotación de dicho par de fibra óptica, aprovechando de forma eficiente un bien público de la nación.
Por ello, se debe buscar que la licitación garantice la recuperación al estado de todos los costos de inversión y mantenimiento involucrados, a fin de evitar subsidios cruzados que distorsionen el mercado en competencia de servicios de telecomunicaciones de banda ancha de nuestro país, particularmente en las zonas donde ya existe infraestructura desplegada por otros operadores. Cabe recordar que tan solo para el bienio 2006-2007, se autorizó una inversión extraordinaria de 30 mil millones de pesos a la CFE, recursos que fueron destinados a construir 33 rutas de fibra óptica. Asimismo, se debe tomar en cuenta que de 2005 a 2009 la inversión para habilitar a CFE Telecom como operador de telecomunicaciones fue de aproximadamente 170 millones de dólares; es decir, las inversiones que ha realizado el estado mexicano en materia de fibra óptica no son cosa menor y ameritan que su utilización se realice en los términos establecidos en nuestra carta magna, procurando su eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que fueron destinados.
Compañeros diputados: como se puede apreciar por lo expuesto anteriormente, licitar más de un par de fibra óptica implicaría de facto la desaparición de CFE Telecom, y por ende el desaprovechamiento de los recursos invertidos en ella, debido a que no tendría cómo competir con diversos carriers que utilizarían los mismos cables de fibra óptica y proporcionarían servicios de transporte de señales en los mismo lugares que ella, por lo que se estaría echando por la borda todo el trabajo y la inversión que se hizo en CFE Telecom.
Es de destacarse el hecho de que en los lugares donde se licitará el par de fibra óptica de la CFE existe ya infraestructura, estos es, redes de fibra óptica de otros concesionarios como son la propia CFE-Telecom, Alestra, Axtel-Avantel, Bestel-Televisa, Telmex, Metrored, Marcatel y Protel.
La introducción de un exceso de oferta de fibra obscura (más de un par de fibra óptica de la CFE) puede provocar una seria distorsión en el mercado de las telecomunicaciones, sobre todo tomando en cuenta que en el modelo de negocio de los nuevos oferentes no se necesitaría incluir la recuperación de la inversión del despliegue de infraestructura (subsidio estatal), por lo que su entrada tenderá a ser de tipo depredatorio y provocará competencia desleal, debido a que los oferentes establecidos sí deben recuperar sus costos de inversión y de operación en la provisión de sus servicios de telecomunicaciones.
Asimismo, se corre el riesgo de que el Estado deje también de invertir en el despliegue de nuevas redes de fibra óptica debido a que no existirá un esquema de inversión sustentable, imposibilitando el cumplimiento del objetivo de incrementar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones.
Al imposibilitar la recuperación de inversión se inhibe el despliegue de nuevas redes de transporte de banda ancha que garanticen una disponibilidad sustentable de servicios de telecomunicaciones en todo el país, sobre todo en zonas marginadas económicamente. Se debe considerar que en el país existen aproximadamente 190,000 localidades y la red de fibra óptica de CFE tiene presencia tan sólo en un poco más de 100 ciudades, siendo imposible que dicha red pueda servir para transportar tráfico de telecomunicaciones a todas las localidades del país, por lo cual se debe tener una política pública que en realidad incentive la inversión para la creación de infraestructura en zonas en donde actualmente no existe, permitiendo la recuperación de dicha inversión.
Al respecto, es conveniente tomar en cuenta la experiencia de países más avanzados en la materia, tal es el caso de la unión europea, quien recientemente emitió las directrices comunitarias para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido de redes de banda ancha (diario oficial de la unión europea del 30 de septiembre de 2009) las cuales establecen claramente que las ayudas estatales no deben desplazar a la iniciativa privada en este sector, ya que podría afectar a las inversiones ya realizadas por los operadores privados y "socavar significativamente los incentivos de los operadores de mercado para invertir en absoluto en banda ancha".
Las directrices citadas distinguen tres zonas para discernir cuando debe permitirse la intervención estatal en estos mercados:
Zonas negras: aquellas zonas geográficas donde existen al menos dos operadores de banda ancha y los servicios se prestan en condiciones de competencia basada en infraestructura, por lo que no hay deficiencia de mercado. En estas zonas, la comisión europea considera que no debe haber intervención estatal.
Zonas grises: aquellas donde sólo existe un operador. Esto no implica necesariamente la existencia de una deficiencia de mercado, sin embargo la intervención estatal para una red alternativa "puede falsear la dinámica del mercado". Por tanto, el apoyo estatal en estas zonas "exige un análisis más detallado y una evaluación cuidadosa".
En este contexto, el caso de CFE, caería dentro de los supuestos de una zona negra antes descrita, debido a que el par de fibra óptica obscura que se pretende licitar se encuentra desplegada en lugares donde ya existen al menos dos operadores establecidos, a saber, CFE-Telecom, Telmex, Alestra, Axtel-Avantel, Bestel-Televisa, Metrored, Marcatel y Protel, entre otros, que tienen instaladas redes de fibra óptica.
Lo anterior, aplica también para la red de fibra óptica de la extinta empresa luz y fuerza del centro, debido a que está instalada en lugares donde ya existen por los menos redes de fibra óptica de 7 concesionarios privados de telecomunicaciones: Telmex, Alestra, Axtel-Avantel, Bestel-Televisa, Metrored, Marcatel y Maxcom.
El efecto de ampliar la oferta de fibra óptica obscura será el de competir con las redes ya instaladas de otros operadores, por lo que se manda una fuerte señal al mercado de que el Estado mexicano está dispuesto a inundarlo con capacidad "innecesaria". Las consecuencias de este escenario son:
b) El Estado tendrá fuertes presiones de los operadores beneficiados por su fibra obscura para que se les arriende por debajo de su costo, impidiendo la recuperación de inversiones y gastos de operación y mantenimiento, lo que distorsionará el mercado.
c) El Estado dejará de invertir en el despliegue de nuevas redes de fibra óptica debido a que no existiría un esquema de retorno de la inversión sustentable, impidiendo que la presente administración cumpla con su compromiso de incrementar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones.
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Energía, para que remita un informe detallado de las inversiones realizadas por la Comisión Federal de Electricidad para la instalación de su red de fibra óptica; asimismo, que presente un informe sobre las consideraciones técnicas y económicas que sustenten el número de pares de fibra óptica que deben comercializarse y los términos y plazos en que dicha entidad recuperará la inversión realizada.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que remita un informe detallado con su opinión sobre las consideraciones técnicas y económicas que sustenten el número de pares de fibra óptica de la red de la CFE que deben comercializarse y sus posibles efectos en el mercado de las telecomunicaciones en el país.
Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE VERACRUZ A INSTAURAR EN EL ÁMBITO DE
SU COMPETENCIA MEDIDAS PARA QUE EL FONDEN OTORGUE CON PRONTITUD EL APOYO
ECONÓMICO QUE PERMITA RESTABLECER LOS CAMINOS AFECTADOS POR EL FRENTE
FRÍO NÚMERO 9 Y LA ONDA TROPICAL 30 EN LAS CHOAPAS, A CARGO
DEL DIPUTADO LEANDRO RAFAEL GARCÍA BRINGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito, Leandro Rafael García Bringas, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo al Fondo de Desastres Naturales (Fonden), instrumento financiero mediante el cual dentro del Sistema Nacional de Protección Civil tiene como finalidad apoyar a las entidades federativas de la república mexicana, así como a las dependencias y entidades de la administración pública federal, para la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural, se solicita de urgente y pronta resolución que el apoyo que le sea otorgado al gobierno estatal de Veracruz, sea también dirigido para reconstruir los 70 caminos afectados por el fenómeno natural número 9 y la tormenta tropical número 30, en la zona sur de Veracruz.
Las afectaciones pluviales que perjudican la zona sur del Golfo de México, mayormente Veracruz y Tabasco, cada año, se ven seriamente dañadas las áreas rurales, así como los caminos; los cual hace casi imposible que de inmediato reciba la ayuda oportuna, tanto médica como de alimentos y vivienda.
Las Choapas y Agua Dulce de Veracruz no fueron la excepción en el frente frío número 9 junto con la tormenta tropical número 30. Sólo en Las Choapas se afectaron más de 11 mil personas, debido a las graves precipitaciones, se destruyeron cultivos así como ganadería en todo el territorio provocando con ello dejar sin patrimonio a muchas familias que viven prácticamente del apoyo de las autoridades municipales.
En la zona urbana de Las Choapas se dañaron, aproximadamente, mil 550 viviendas de las colonias Tiburoneros, Tepito, Huapacalito, Tancochapa, San José, Barrio de Las Flores, Chomberos, Anáhuac, Agraria, y Francisco Villa, en donde al menos 6 mil 200 personas han sido perjudicadas.
En la zona rural han sido 4 mil 650 los pobladores, únicamente en la ribera de los ríos desbordados, los que han perdido todo su patrimonio en 636 comunidades asentadas en los arroyos Grande, Mancuernillita y Mancuernillón; así como en los ríos Playas, Nanchital, Uxpanapa, Pedregal, y Tancochapa.
Además del desbordamiento de los afluentes, también los caminos se han dañado provocando que varias comunidades se encuentren incomunicadas, tal es el caso de la carretera hacia el ejido Francisco Rueda, camino del Mulato al arroyo Marín y Las Flores, camino de Las Choapas a Ceiba Blanca, camino hacia el cerro de Nanchital, camino de la Herradura a Tecuanapa, entre otros que por las condiciones meteorológicas no se han podido recorrer.
Causando con ello la afectación de al menos 5 mil 493 viviendas en todo el municipio dañando a más de 11 mil personas que han visto la manera en que las intensas lluvias, que son por demás superiores a la de años anteriores, han arrasado con su patrimonio provocando una tragedia para todos los habitantes de Las Choapas.
En virtud de lo anterior, se solicita, de urgente y pronta resolución, que el Fondo Nacional de Desastres dirija apoyo oportunamente para restablecer los caminos y los daños ocasionados por el fenómeno natural ya hecho mención.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador de Veracruz, licenciado Fidel Herrera Beltrán, a que, en el ámbito de su competencia y en el marco de lo que establece, envíe de urgente el apoyo otorgado por el Fondo Nacional de Desastres Naturales para restablecer caminos dañados por los fenómenos naturales ocurridos por el frente frío número 9 y por la tormenta tropical número 30.
Diputado Leandro Rafael García Bringas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBERNADOR Y A LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA DE GUERRERO
A RESPETAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DEL DIRECTOR DEL PERIÓDICO
EL
SUR DE ACAPULCO, A CARGO DE LA DIPUTADA FLORENTINA ROSARIO MORALES,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita diputada federal a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El Estado Mexicano debe garantizar la defensa y protección intrínseca de la libertad de expresión de cada uno de los ciudadanos mexicanos, y específicamente debe proteger sin miramientos la integridad de los responsables de informar desde diversas trincheras de la comunicación, lo que acontece en nuestro país.
Pero la inacción del Estado Mexicano y la creación de burocracia ineficiente, deviene en la falta de investigación y sanción en contra de los responsables por la violencia contra periodistas, con gran preocupación vemos que esto es una constante y va en aumento.
Sólo en 2009 se han registrado más de 90 denuncias de las cuales el 80 por ciento son contra funcionarios públicos, lo cual hace que las investigaciones se vean entorpecidas por el sistema de corrupción que protege a muchos de ellos.
Las autoridades federales y estatales omiten prevenir, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de las violaciones del derecho a la vida, a la integridad personal y al trabajo, convirtiéndose en un aliciente para los agresores de periodistas.
Bajo este contexto en días pasados se ha citado por un artículo periodístico a declarar al director del periódico El Sur, Juan Angulo, quien el 3 de septiembre posterior al cobarde asesinato del presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado local Armando Chavarría, escribió, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión sobre este crimen, y hoy ante esa supuesta pista se le ha citado.
Lo anterior demuestra la grave falta de respeto a la libertad periodística y se confabula un grave atentado a la libertad de expresión contra un medio de comunicación y un periodista destacado.
No omito mencionar que ese crimen sigue impune y que ante la falta de resultados de la Procuraduría estatal se convierte esto en una ofensa grave ante las solicitudes de esclarecimiento.
No olvidemos que los medios de comunicación basan sus investigaciones periodísticas bajo la libertad de prensa, expresión y protección de fuentes, estos son derechos fundamentales que todo gobierno democrático debe respetar.
Ante esto diversas organizaciones de derechos humanos del estado de Guerrero, se han inconformado y presentaron diversos recursos ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la cual dictó medidas cautelares a la Procuraduría de Justicia del estado de Guerrero, a fin de evitar la detención con fines de presentación y declaración sobre el caso del homicidio del diputado local, Armando Chavarría, al director del periódico El Sur, Juan Angulo.
Ya que de citarlo se aseguraría que puede proporcionar datos que esclarezcan dicho crimen, y hay que dejar en claro que no es testigo presencial, solamente un periodista que ejerce su derecho a expresarse.
Por lo anteriormente expuesto realizo la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta con total respeto a la división de poderes al gobernador del estado de Guerrero, CP Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, a acatar las medidas cautelares dictadas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sobre el director del periódico El Sur, Juan Angulo.
Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta con total respeto a la división de poderes al encargado de despacho de la Procuraduría General de Justica del estado de Guerrero, licenciado Albertico Guinto Sierra, a respetar y garantizar los derechos relativos a la libertad de expresión y dar garantías a los periodistas y miembros del periódico El Sur.
Diputada Florentina Rosario Morales (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LA LEGISLACIÓN
AMBIENTAL EN LA REHABILITACIÓN DE LAS PLAYAS DE CANCÚN, QUINTANA
ROO, A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL PACCHIANO ALAMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PVEM
Rafael Pacchiano Alamán, diputado integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El 21 de octubre de 2005, el huracán categoría 4 denominado Wilma tocó tierra en la península de Yucatán, con vientos superiores a 240 kilómetros por hora. El ojo del huracán se mantuvo durante 9 horas a menos de 30 kilómetros de Cancún, con vientos entre 194 y 157 kilómetros por hora.1
Diversas zonas de la península de Yucatán tuvieron vientos de huracán por más de 24 horas consecutivas. Wilma comenzó a acelerar en las primeras horas del 23 de octubre, abandonó la península por su extremo noreste y se internó en el Golfo de México como un huracán de categoría 2.
El impacto económico del huracán Wilma fue uno de las mayores en la historia de México, sus pérdidas fueron de 7.5 billones de dólares. Los sectores más afectados fueron el social, turístico y ambiental.
El daño que quiero destacar es la pérdida de playas, que a decir de un grupo de investigadores que realizaron un informe preliminar de los daños ocasionados en Cancún por el huracán Wilma, los daños en la playa fueron el resultado de la proximidad de los edificios al agua y del sistema de muros de contención utilizados para poder construir tan cerca del agua.
Se indicó que los muros de contención son reflectores de la energía de las mareas y del oleaje. Dicha energía reflejada debilita la playa y constituye un continuo drenaje de la arena, todo lo cual hace a la playa más vulnerable al impacto de la marejada causado por un huracán.2
En 2006 el Gobierno federal realizó un programa de rehabilitación de playas que tuvo como resultados generales:
• Extracción de 2.8 millones de metros cúbicos de arena de la zona de La Ollita en Isla Mujeres.
• Rehabilitación de 12 kilómetros de litorales socavados por el huracán Wilma, entre Punta Cancún y Punta Nizuc.
Según datos oficiales del Comité de Recuperación de Playas de Cancún, de La Ollita fueron extraídos 2.8 millones de metros cúbicos de arena para rellenar 12 kilómetros de litorales socavados por el huracán Wilma, entre Punta Cancún y Punta Nizuc, donde se ubican los hoteles con mayor número de habitaciones.
En 2007, el huracán Dean volvió a arrasar con playas restituidas artificialmente, los efectos de la marea de tormenta y la fuerza de los vientos que azotaron durante horas las playas de Cancún, provocaron el deslave de arena y la pérdida de ancho de la playa.
El pasado 2 de noviembre, se dio inicio a un programa de 900 millones de pesos para rehabilitar casi 14 kilómetros de playas en el Caribe, que fueron severamente dañados por el huracán Wilma en el 2005.
Esta inversión está dividida entre los tres niveles de gobierno, con 400 millones del gobierno federal, 200 millones del estado y una participación de los ayuntamientos de Benito Juárez (Cancún), Solidaridad y Cozumel a través de préstamos a 20 años con Banobras, el cual será pagado con el 25 por ciento que se le aumentó en impuestos al sector hotelero.
Esta inversión es de gran magnitud, pensando que año con año, Quintana Roo es amenazado por diversas tormentas y huracanes de gran magnitud, por lo que debe de realizarse acciones de mantenimiento y monitoreo de las playas.
Es importante destacar que el artículo 28 de Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente prevé las actividades que deben someterse a evaluación de impacto ambiental, entre las que se ubican las obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales.
…
X. Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales;
…
Hidráulicas:
...
VII. Depósito o relleno con materiales para ganar terreno al mar o a otros cuerpos de aguas nacionales;
…
Q) Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros:
Construcción y operación de hoteles, condominios, villas, desarrollos habitacionales y urbanos, restaurantes, instalaciones de comercio y servicios en general, marinas, muelles, rompeolas, campos de golf, infraestructura turística o urbana, vías generales de comunicación, obras de restitución o recuperación de playas, o arrecifes artificiales, que afecte ecosistemas costeros, con excepción de:
a) Las que tengan como propósito la protección, embellecimiento y ornato, mediante la utilización de especies nativas;
b) Las actividades recreativas cuando no requieran de algún tipo de obra civil, y
c) La construcción de viviendas unifamiliares para las comunidades asentadas en los ecosistemas costeros.
R) Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales:
I. Cualquier tipo de obra civil, con excepción de la construcción de viviendas unifamiliares para las comunidades asentadas en estos ecosistemas, y
II. Cualquier actividad que tenga fines u objetivos comerciales, con excepción de las actividades pesqueras que no se encuentran previstas en la fracción XII del artículo 28 de la Ley y que de acuerdo con la Ley de Pesca y su reglamento no requieren de la presentación de una manifestación de impacto ambiental, así como de las de navegación, autoconsumo o subsistencia de las comunidades asentadas en estos ecosistemas.
Asimismo, se debe conocer las afectaciones que se realizaran en caso de que este proyecto, considere la extracción de arena en otros puntos de playa.
En mérito de lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este honorable Pleno, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno federal para que a través de las Secretarías de Turismo, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales se dé cumplimiento a la legislación ambiental para la rehabilitación de playas Cancún, Quintana Roo y en su caso la extracción de arena para la ejecución de este proyecto.
Segundo. Se exhorta al Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se exhiba a la población quintanarroense, a las organizaciones ambientales y al público en general que así lo requiera, los impactos esperados al ambiente, por la ejecución del proyecto de rehabilitación de playa, así como las acciones de monitoreo y mantenimiento de playas en Cancún, en el estado de Quintana Roo.
Notas
1. http://www.ern.com.mx/pdf/Cursos/ERN230206CH06.PDF
2. Álvarez R., Reiinhold T y Gladwin H., Impacto
del huracán Wilma en Cancún, informe preliminar de la
visita del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2005. 2005.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, al primer día del mes de diciembre de 2009.
Diputado Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS PARA
FORMAR EL ESTADO 32, "DEL VALLE DE ANÁHUAC", A CARGO DEL DIPUTADO
ÓSCAR GONZÁLEZ YÁÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PT
El suscrito, Óscar González Yáñez, diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para crear la Comisión Especial de análisis y estudios para la formación del estado 32, "Valle de Anáhuac", al tenor de las siguientes
Consideraciones
Uno de los temas de mayor trascendencia en nuestro país es la discusión de qué tan conveniente o no es convertir al Distrito Federal como un estado más de la república.
Darle atribuciones tales que lo distingan como un territorio que cuente con facultades de decisiones autónomas, con la búsqueda del beneficio para todos sus habitantes, es ahora un reto que debemos asumir con una enorme responsabilidad para garantizar el efectivo cumplimiento de las condiciones de equidad y competitividad económica, jurídica y social, ante la propia federación.
Para nuestro grupo parlamentario, como para la mayoría de los ciudadanos quienes radican en esta gran ciudad que es la sede de los Poderes de la Unión y por ende, el núcleo político de todo el país, vemos con agrado la firme convicción de millones de actores políticos, económicos y sociales que convergen con esta propuesta.
De ella, pensamos que puedan esgrimirse diversos planteamientos y sus subsecuentes análisis y estudios que ayuden a dar por concluida una propuesta firme para la creación del tan anhelado estado 32, donde para tales fines, se integren todas las voces ciudadanas, académicas, políticas y en general, todas las entidades que integran nuestro país.
Compañeras y compañeros diputados: debemos reconocer que pese a un sin número de alternativas para hacer coincidir las propuestas que cubran las necesidades de todos los habitantes de la Ciudad de México a través de su gobierno, no hemos sido capaces de sentar las bases que logren dejar satisfechos a los principales actores políticos quienes son los representantes de toda esta población.
Más aún, los acuerdos por encontrar un consenso para lograr impulsar una sola propuesta desde otro estado del país, que dé pié al origen de un estado más que sería el del Valle de Anáhuac, no ha podido concretarse por un sin fin de motivos que por sus características, no pueden ni deben ser calificadas como positivas o negativas en un contexto hecho a la ligera.
Ante esto, es necesario crear una comisión que se encargue muy en particular de dar especial seguimiento a todos y cada uno de los planteamientos y estudios aportados por su propio derecho a participar y de garantizar a aquellos interesados en construir una alternativa definitiva al tema.
Dichos planteamientos radican principalmente en: construir consensos suficientes que garanticen otorgar los poderes plenos para las autoridades locales en el Distrito Federal y, en trabajar aquellas modificaciones constitucionales que doten de autonomía al Distrito Federal y en reconocer el derecho de los ciudadanos de esta capital a regirse por una Constitución propia, como la poseen las demás entidades federativas.
Por último, compañeras y compañeros diputados, debemos decir que en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nos queda claro que, temas como la traslación de la sede de los Poderes de la Unión es un motivo más que suficiente para dar cauce a un mayor número de mesas de trabajo para resolver el tema; sin embargo, estamos convencidos que nuestra propuesta de mantener la sede de estos poderes, pueden seguir subsistiendo en sus actuales lugares territoriales, esto sin menoscabar la posibilidad de acotar sólo el ámbito territorial de lo que hoy comprende el Distrito Federal.
Por otra parte, la manera en que es concebida la descentralización política y de la administración para cada una de las delegaciones del Distrito Federal, lo mismo para los juzgados cívicos y el reconocimiento de una entidad federativa, así como la toma de decisión del techo de endeudamiento y la toma de un fallo para la remoción de autoridades de alto nivel, no ha sido del todo reforzada por diversos motivos de aspecto coyuntural.
Tales razones como la presente recesión económica, la marcada diferenciación de prioridades de temas por atender en otros estados y en particular, la lucha por la posición en las urnas electorales, distan de ser suficiente motivo para dejar rezagado el tema en esta importante etapa de vida para el Distrito Federal y para todo el país en general, sin embargo, la voluntad política y el ánimo incluyente que hoy día caracteriza a todas las fuerzas políticas nacionales, da firmes esperanzas de poder lograr la transformación del Distrito Federal hacia un estado 32, que en lo sucesivo pueda nombrarse estado del Valle de Anáhuac.
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Artículo Único. La honorable asamblea de la Cámara de Diputados, crea la Comisión Especial de análisis y estudios para la formación del estado 32 del Valle de Anáhuac, para dar seguimiento a los acuerdos y adelantos que busquen concretar una propuesta para su creación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2009.
Diputado Óscar González Yáñez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SCT Y A CAPUFE A IMPLANTAR MEDIDAS PARA SOLUCIONAR LA DEMORA
EN EL COBRO EN LAS CASETAS DE SAN MARCOS Y SAN MARTÍN, DE LA CARRETERA
MÉXICO-PUEBLA, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN PABLO JIMÉNEZ CONCHA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
De conformidad con los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado Juan Pablo Jiménez Concha, de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) a implantar las medidas necesarias para que el problema que genera la demora que se presenta en el cobro de las casetas de San Marcos y San Martín de la carretera México-Puebla se solucione.
Exposición de Motivos
Las carreteras de México constituyen el motor de la economía nacional y es el medio de traslado más utilizado, que tiene nuestro país. La red federal de carreteras está constituida aproximadamente por 48 mil 456 kilómetros, de los cuales le corresponden a carreteras libres 40 mil 888 kilómetros, y a las autopistas de cuota le pertenecen aproximadamente 7 mil 568 kilómetros, y el 65 por ciento es de Capufe, y el restante 35 por ciento a la red concesionada.
El tránsito vehicular de la red operada por Capufe, en el año de 2008 registró 430 millones 275 mil vehículos, que posibilitaron la captación aproximada de 22 mil 287.9 millones de pesos, resultado de los cruces vehiculares en las plazas de cobro a través del sistema automatizado de pago, actualmente el 78 por ciento del total de carriles cuenta con tarjeta IAVE con el propósito de diversificar los tipos de pago en las plazas de cobro a partir de 2008.
Sin embargo es insuficiente este servicio en las casetas de pago de San Marcos y San Martín, de la autopista México-Puebla, debido a la afluencia de vehículos que provienen de carreteras troncales, que llevan como destino el Distrito Federal o la ciudad de Puebla, y a la lentitud o número insuficiente de casetas receptores de pago de los derechos, lo que propicia que se presenten accidentes cuando el automovilista o transportista busca recuperar el tiempo que perdió.
En México el número de accidentes en las carreteras federales ascienden aproximadamente a los 30 mil anuales, en periodos normales y se incrementan sensiblemente en periodos vacacionales.
Entre las vialidades consideradas de mayor riesgo, de acuerdo con estudios de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, las carreteras del centro del país como Querétaro, Toluca, Cuernavaca, Acapulco y Puebla se convierten en las de mayor riesgo, por el exceso de confianza de los conductores y la violación de los límites de velocidad después de la espera que se presentan en las casetas de peaje. Las estadísticas señalan que los accidentes de tránsito también son motivo de pérdida de casi dos por ciento del producto interno bruto de cualquier país, nada más por los costos directos en el momento del accidente; sin considerar costos catastróficos de atención médica, pérdida de empleo u orfandad entre las familias.
La Autopista México-Puebla es una de las carreteras que utilizan miles de conductores y resienten una elevada cantidad de horas-hombre perdidas, que se traducen en importantes montos económicos desperdiciados inútilmente, se pierde tiempo, combustible y desgaste de unidades vehiculares, pero sobre todo en el retraso y frustración de los conductores por los compromisos contraídos en cada uno de sus destinos, resultado del lento cobro de cuotas en las casetas de la citada autopista, teniendo que hacer largas filas de kilómetros en ambos sentidos, tanto del lado México-Puebla como de Puebla-México, acción que incrementa la contaminación ambiental, por el combustible que inútilmente gastan los vehículos que esperan su turno de pago.
Las autopistas de cuota nos cuestan a los usuarios, y por tal motivo, deben de estar en óptimas condiciones técnicas y de seguridad, mostrando altos estándares de calidad y eficiencia en el servicio de peaje.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Carreteras y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a implantar las medidas necesarias para que el problema que genera la demora que se presenta en el cobro de las casetas de San Marcos y San Martín de la carretera México-Puebla se solucione.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2009.
Diputado Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A REALIZAR ACCIONES –DE CONFORMIDAD
CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE Y EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES
COMPETENTES– A FIN DE CAPTURAR LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO PRODUCIDOS
EN EL RELLENO SANITARIO BORDO PONIENTE Y CANALIZARLOS A LA GENERACIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
A CARGO DE LA DIPUTADA GABRIELA CUEVAS BARRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
La diputada que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde los últimos años del Siglo XIX, y como producto de la revolución industrial, la comunidad científica ha documentado que la temperatura media de la superficie terrestre se ha incrementado en más de 0.74°C. Asimismo, las proyecciones realizadas con base en los escenarios de emisiones del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático estiman un incremento en la temperatura media de la superficie del planeta entre los 1.1°C y 6.4°C para el periodo 2090-2099, lo que representa un cambio acelerado, y que, como tal, ocasiona y seguirá ocasionando alternaciones no sólo en el sistema climático del planeta, sino también en las actividades que desarrollamos.
Dicha situación obedece al incremento en el consumo de combustibles fósiles, la descomposición de los residuos acumulados en rellenos sanitarios, la deforestación y el desarrollo agrícola, entre muchas otras actividades que aumentan la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo que conlleva tanto al incremento de la temperatura planetaria como a la distorsión del funcionamiento natural del efecto invernadero, o bien, a potenciar los efectos adversos del llamado "cambio climático".
Por ello, la comunidad internacional y los países que la integran han emprendido acciones para reducir y mitigar la emisión de gases de efecto invernadero de las diferentes actividades y sectores donde más se presentan. En este contexto destaca el caso de México, el cual cuenta con un Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012, el cual, mediante una visión de largo plazo, pretende consolidar un patrón de desarrollo en el que el crecimiento económico no incida significativamente en el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Por ello, el programa en comento establece en su objetivo 2.4.2 la obligación de "evitar emisiones no controladas de metano en los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos, mediante combustión controlada o aprovechamiento energético". De esta forma, la atención de una problemática ineludible como lo es el de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, no sólo no se convierte en otro problema derivado de la emisión de gases de efecto invernadero, sino que puede llegar a presentar una alternativa de aprovechamiento energético congruente con los esquemas de sustentabilidad que deben imperar en nuestros días.
Uno de los rellenos sanitarios más importantes del país es el denominado "Bordo Poniente", pues constituye el principal centro de disposición final de residuos sólidos urbanos del Valle de México, al recibir diariamente 10,500 toneladas de basura del Distrito Federal y 1,500 del estado de México. Asimismo, en el Bordo Poniente se emiten cada año aproximadamente 1,200,000 toneladas de metano a la atmósfera, el cual constituye uno de los gases de efecto invernadero que inciden en la calidad del ambiente y el equilibrio de la atmósfera.
En los últimos meses, se ha venido desarrollando un debate entre diferentes órdenes de gobierno sobre el término de la vida útil del Bordo Poniente y la conveniencia de clausurarlo. Sin embargo, dicha discusión ha llegado a instancias jurisdiccionales y, en tanto no se resuelven los procesos legales correspondientes, el relleno sanitario continúa en operación, con los impactos ambientales derivados de la emisión de gases de efecto invernadero.
Ante dicho escenario, resulta apremiante llevar a cabo acciones para el manejo o aprovechamiento sustentable del metano generado en el Bordo Poniente. A este respecto, existe como antecedente el estudio de factibilidad denominado "Generación de electricidad con el biogás producido en la cuarta etapa del relleno sanitario de Bordo Poniente", realizado en el marco de un convenio suscrito por la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal y el Instituto de Investigaciones Eléctricas, el cual tuvo como objetivo determinar mediante mediciones y análisis en campo, la producción y composición del biogás producido en la cuarta etapa del relleno sanitario, así como determinar el potencial de generación de electricidad del sitio.
Los resultados de dicho estudio muestran que es posible instalar y operar una planta de ciclo combinado con capacidad de 62.5 MW, con una generación anual promedio de 500 millones de MWh durante los próximos 20 años, los cuales podrían ser distribuidos en un 50 por ciento para alumbrado público, 20 por ciento para el servicio de transporte colectivo metro, 15 por ciento para el bombeo de aguas residuales y 15 por ciento para otros usos. Se estima que las tarifas promedio aplicadas a estos sectores, así como los bonos de carbono derivados de la mitigación de los efectos del metano, permiten asegurar la rentabilidad del proyecto.
El potencial de generación de energía eléctrica de dicha planta cobra especial relevancia si consideramos que la Ciudad de México destina una importante proporción de su presupuesto al pago de energía eléctrica para el funcionamiento de sus servicios. Sin embargo, bajo alguno de los esquemas que prevé la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la electricidad producida a través del metano generado por el Bordo Poniente reduciría dichos costos.
Todo lo anterior, de conformidad con lo previsto en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008.
Por lo antes expuesto, resulta procedente exhortar al Gobierno del Distrito Federal a que, en los términos de la legislación vigente, y en coordinación con las autoridades competentes, realice las acciones necesarias para garantizar la captura de los gases de efecto invernadero que se producen en el relleno sanitario Bordo Poniente, y que estos sean canalizados a la generación de energía eléctrica para su utilización en servicios de la Ciudad de México.
Cabe destacar que actualmente el Gobierno del Distrito Federal ya cuenta con diferentes programas para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en la Ciudad de México. Tal es el caso del llamado Plan Verde, el cual consta de varios ejes temáticos entre los que se encuentran movilidad y cambio climático, y energía. Asimismo, cuenta con el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2008-2012, el cual considera tres líneas de estratégicas: 1) reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; 2) adaptación a los efectos del cambio Climático; y 3) comunicación y educación hacia la población.
Por todo lo anteriormente expuesto, me permito presentar a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que, de conformidad con la legislación aplicable, y en coordinación con las autoridades competentes, realice las acciones necesarias para la captura de los gases de efecto invernadero que se producen en el relleno sanitario Bordo Poniente, y se canalicen a la generación de energía eléctrica para su utilización en servicios de la Ciudad de México.
Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Diputada Gabriela Cuevas Barrón (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A DICTAR MEDIANTE LA COFEPRIS
LAS DIRECTRICES NECESARIAS A FIN DE QUE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
QUE VENDAN BIENES O PRESTEN SERVICIOS NO EXIJAN CANTIDAD MONETARIA ALGUNA
POR EL USO DEL SANITARIO PARA ELIMINAR EXCRETAS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ
TORRES ROBLEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, José Torres Robledo, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La salud es uno de los factores esenciales para la vida de los mexicanos y por lo tanto motivo de nuestra atención como legisladores, por lo que no podemos seguir permitiendo que establecimientos públicos que venden un bien o servicio (central de autobuses, gasolineras, etcétera), cobren por la satisfacción de una necesidad tan esencial como lo es la eliminación de excretas.
Dichos establecimientos tienen a la entrada de los baños un torniquete o una persona a la que hay que entregarle una cantidad de dinero por el uso de los mismos, por lo que la gente, muchas de las veces no cuenta con cambio o en las situaciones económicas actuales con el dinero que hay que pagar por el servicio, lo que origina que las personas tengan que retener las excretas o bien hacer sus necesidades en la vía pública, lo que contribuye al desarrollo de focos de infección y a la contaminación del ambiente.
Estos establecimientos generalmente obtienen grandes ganancias con la venta del bien o servicio que prestan por lo que es inadmisible que todavía te cobren por hacer tus necesidades humanas tan vitales para la salud.
Los niños, las mujeres embarazadas, los adultos mayores y las personas que tienen diabetes o alguna malformación en las vías urinarias son grupos importantes de riesgo.
Aguantar la orina es muy perjudicial, ya que está formada por sustancias de desecho que lo único que pueden ofrecer a nuestro cuerpo es contaminarlo; además la retención voluntaria de orina y heces pueden causar problemas con la vejiga, infecciones en las vías urinarias e incontinencia.
Por lo tanto es necesario e indispensable que nosotros como Poder Legislativo hagamos un llamado a la Secretaría de Salud para que cumpla a cabalidad lo estipulado en la Ley General de Salud que a la letra dice:
Fracción I. El bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades.
Fracción II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana.
Fracción IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud.
Artículo 6. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:
Fracción VIII. Promover un sistema de fomento sanitario que coadyuve al desarrollo de productos y servicios que no sean nocivos para la salud.
Artículo 23. Para los efectos de esta ley, se entiende por servicios de salud todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad.
Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:
Fracción I. La educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente.
Artículo 404. Son medidas de seguridad sanitaria las siguientes:
Fracción XIII. Las demás de índole sanitaria que determinen las autoridades sanitarias competentes, que puedan evitar que se causen o continúen causando riesgos o daños a la salud.
El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que marca el derecho de toda persona a la protección de la salud.
No es posible que en este país se pague hasta por orinar.
Por lo tanto y con fundamento en los elementos antes mencionados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Salud girar exhorto a la Secretaría de Salud para que a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dicte los lineamientos necesarios para que los establecimientos públicos que vendan bienes y/o servicios no exijan cantidad monetaria alguna por el uso del servicio sanitario de eliminación de excretas.
Palacio legislativo de San Lázaro a 1 de diciembre de 2009.
Diputado José Torres Robledo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA DEFENSA DE LA ECONOMÍA
POPULAR, A CARGO DEL DIPUTADO ÓSCAR GONZÁLEZ YÁÑEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El suscrito, diputado de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo para crear y constituir la Comisión Especial para la defensa de la economía popular, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El sistema económico capitalista por naturaleza produce pobreza, porque en su formación y evolución va creando a una clase poseedora de la riqueza material y de las empresas, así como un sector amplio de la población que no tiene nada, dado que históricamente es despojada de sus tierras y de sus instrumentos de trabajo.
Asimismo, en el actual régimen el obrero aun teniendo trabajo es pobre, porque la parte de la riqueza social que le corresponde es siempre el salario y este apenas le permite subsistir, mientas que al patrón siempre le toca la ganancia cuya magnitud está en función del número de trabajadores que explota y de magnitud del capital invertido.
En síntesis, la propiedad privada sobre los medios de producción es la causa que determina la riqueza de unos y la pobreza de otros.
Esta pobreza se ve acrecentada cuando la orientación de la política del Estado está fuertemente orientada a favorecer a los dueños del dinero.
Este último aspecto es el que prevalece en México desde 1983 cuando la visión neoliberal tomó el control del aparato estatal.
La necedad de estos gobiernos neoliberales y sus recetas de política económica han golpeado severamente la calidad de vida de los mexicanos.
En casi tres décadas, las medidas que han instrumentado han generado un severo atentado de las condiciones de vida de los desposeídos y marginados de nuestra sociedad.
Los trabajadores mexicanos cada vez compran menos productos con su raquítico salario. Los productos de la canasta básica han aumentado de manera desproporcionada a los incrementos en los salarios. En promedio durante el régimen de Calderón los salarios reales han caído en casi 40 por ciento.
Dicho de otra manera, sí hace tres años el gasto que daba el jefe de familia a su esposa le alcanzaba para los siete días de la semana, ahora le alcanza para cuatro días. Es decir, ahora literalmente no comen en tres días.
Esto sucede también con los profesionistas y trabajadores calificados del Estado que al arribar al duodécimo día de la quincena ya no tienen para ningún gasto. Esto explica el vertiginoso incremento de la cartera vencida de los bancos, la falta de pagos de los préstamos personales, ya que el dinero no alcanza para cubrir los gastos de una quincena.
En estas circunstancias, la inflación se ha convertido en un mecanismo que permite que los trabajadores transfieran una parte de sus ingresos a favor de los dueños de los diversos negocios y empresas.
Además, si consideramos que en los dos últimos años los precios de los alimentos básicos crecieron desproporcionadamente, provocando que en los hechos, las familias de escasos recursos se han visto obligadas a sustituir productos como el huevo, la leche, la carne de res, el pollo y las verduras por productos de menor contenido alimenticio, con las consecuencias que de ello se derivan en la salud de los mexicanos.
Esto ha generado que enfermedades que se consideraban en el pasado erradicadas han vuelto con fuerza, tales como el paludismo, la lepra, la tuberculosis, el dengue, el cólera y al mismo tiempo ha expuesto a la población a otras enfermedades más complejas como la diabetes, la obesidad y padecimientos como el bajo crecimiento de los niños, la anemia, y la desnutrición.
¿Cómo no va a estar el pueblo enfermo, sí todo el aparato económico ya no responde a sus requerimientos y necesidades?
Como el Estado mexicano ya no está interesado en proteger la economía de los sectores marginados, creemos que la Cámara de Diputados, como integrante del gobierno de este país debe sacar la cara por lo más pobres.
En este contexto, estamos proponiendo crear una Comisión Especial para la defensa de la economía popular que de manera permanente y sistemática mantenga una vinculación orgánica con los sectores populares de este país, para diseñar estrategias y acciones de gobierno, así como la instrumentación de programas que vayan dirigidos para atender las necesidades inmediatas de los más necesitados.
Para ello, proponemos que las funciones primordiales de esta comisión sean las siguientes:
1. Proponer al Congreso de la Unión la instrumentación de iniciativas de ley y acciones de gobierno encaminadas a favorecer la economía de los sectores desposeídos y marginados del país en los ámbitos de la alimentación, la vivienda, la educación en todos sus niveles, la salud, la seguridad social, la creación de empresas cooperativas, la promoción de proyectos productivos para reducir la migración, la capacitación para los productores comunales, ejidales y pequeños propietarios para que accedan a mejores ingresos y empleos.
2. Desarrollar programas de vinculación con los centros educativos, laborales y de la sociedad en su conjunto para capacitar a la sociedad mexicana en el manejo de las finanzas personales y la economía doméstica con el fin de que distribuya de forma prioritaria sus ingresos para satisfacer las necesidades fundamentales.
3. Instrumentar programas comunitarios para que la población de escasos recursos acceda a la alimentación a través de la instrumentación de comedores públicos en las zonas del campo y la ciudad.
4. Diseñar estrategias de difusión en los medios electrónicos de comunicación, de las diversas acciones y programas que promuevan el aprendizaje del manejo del presupuesto familiar y la prioridad de este gasto.
5. Por las consideraciones antes expuestas, sometemos al pleno de esta soberanía, la proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se crea la Comisión Especial para la defensa de la economía popular, para que se aboque a la creación de instrumentos, acciones de gobierno, así como a la presentación de iniciativas de ley que vayan encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos en el campo de la alimentación, la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social y la creación de empleos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2009.
Diputado Óscar González Yáñez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EFECTO DE QUE SE REVISEN LAS REGLAS DE
OPERACIÓN DEL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE EN EL CONSEJO MEXICANO
PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, A FIN DE GARANTIZAR MAYOR ACCESIBILIDAD
A LOS PROGRAMAS DE COMBATE DE LA POBREZA, Y AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y
DE CAPACIDADES, Y GENERACIÓN DE EMPLEOS, A CARGO DEL DIPUTADO ANTONIO
BENÍTEZ LUCHO Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
DEL PRI Y DEL PRD
Los suscritos, diputado federales Antonio Benítez Lucho, Cruz López Aguilar, Manuel Humberto Cota Jiménez y Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del PRI; Francisco Hernández Juárez, Federico Ovalle Vaquera y José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de ésta soberanía, proposición con punto de acuerdo, que exhorta al Ejecutivo federal para que, en un ejercicio de participación democrática y con la finalidad de garantizar una mayor accesibilidad a los programas de combate a la pobreza, al desarrollo productivo, de capacidades y generación de empleos, sean revisadas las Reglas de Operación del Programa Especial Concurrente al seno del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, bajo las siguientes
Consideraciones
1) El pasado 13 de noviembre del presente año el Pleno de la honorable Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 (PEF 2010), donde se consideraron recursos para el programa especial concurrente (PEC) superiores a los 268 mil millones de pesos, lo que hace imprescindible que los recursos presupuestales destinados para la ejecución de los programas sujetos a reglas de operación, estas deban ser revisadas, de acuerdo con los criterios generales que emanan del decreto del PEF 2010 en comento, en los artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 39 y 40.
2) Uno los temas pendientes que mucho coadyuvarán a ser más eficaces en la aplicación de los programas sujetos a reglas de operación del PEC, es la posibilidad de que, sin invadir y violentar la función entre poderes, deban ser revisadas estas reglas, al seno del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS)
3) Para nadie es un secreto que estos programas o la mayoría de ellos, se han convertido en documentos abigarrados, poco entendibles que dificultan el acceso de un vasto sector de la población, que requiere de la atención de estos programas.
4) Las quejas sobre la dificultad para entenderlas y cumplir con los requisitos que se señalan muestran quizá, la mayoría de las veces, lo insensible de quien las elabora y el poco conocimiento de los sectores a quien van dirigidos.
5) De nada sirve tener grandes programas, si su acceso se convierte en verdaderas barreras infranqueables y burocratizadas; por ello, es requisito sine qua non instaurar nuevos mecanismos de entendimiento, que posibiliten superar este "cuello de botella", que agobia y margina a miles de mexicanos que luchan por superar la pobreza.
6) Las crisis que se viven en nuestro país obliga a un cambio de actitud, que busca encontrar la convergencia en la cooperación y las ideas, como insumos básicos para avanzar en un mejor conocimiento y entendimiento de la realidad que nos rodea.
7) Pero también representa cumplir con un mandato que el propio Reglamento Interior del CMDRS lo faculta para ello. Aquí se establece la necesidad de coadyuvar en la formulación de opiniones, observaciones y propuestas sobre las reglas de operación de los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios relacionados con el PEC.
Por ello, esta propuesta abre una ventana muy importante de colaboración entre el Ejecutivo –que preside el propio Consejo–, las organizaciones de la sociedad civil y de productores ahí representadas y el Poder Legislativo, en aras de mejorar y fortalecer la atención a la población más necesitada, resultando saludable implementar una ruta crítica de análisis de las reglas en comento, de las dependencias que convergen en el PEC.
8) Es importante subrayar que, en gran medida, depende de la aplicación de dichas reglas, el que los programas aterricen y se cristalicen de manera puntual y oportuna en las obras y acciones que demanda la población a la que van dirigidos.
9) En este sentido, es fundamental que las propuestas del Ejecutivo –a través de las diferentes secretarías e instancias que convergen en el PEC– se hagan llegar al CMDRS, antes del 1 de diciembre del presente año, y que éstas se discutan del 1 al 15 de mismos mes, a fin de estar en posibilidades de hacer las observaciones u opiniones que se deriven de su análisis, así como para estar, en tiempo y forma, de que sean sancionadas por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de enero de 2010.
Por lo anterior, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, en un ejercicio de participación democrática y con la finalidad de garantizar una mayor accesibilidad a los programas de combate a la pobreza, al desarrollo productivo, de capacidades y generación de empleos, sean revisadas las Reglas de Operación del Programa Especial Concurrente al seno del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 25 de noviembre de 2009.
Diputados: Antonio Benítez Lucho, Cruz López
Aguilar, Manuel Humberto Cota Jiménez, Gerardo Sánchez García,
Francisco Hernández Juárez, Federico Ovalle Vaquera, José
Narro Céspedes, Jorge Humberto López-Portillo Basave, Yulma
Rocha Aguilar (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A LAS DEL DISTRITO
FEDERAL Y A LAS MUNICIPALES A COLABORAR RESPONSABLE, HONESTA Y SOLIDARIAMENTE
CON EL GOBIERNO FEDERAL EN EL RECIBIMIENTO DE LOS CONNACIONALES EN LA TEMPORADA
VACACIONAL NAVIDEÑA Y EN LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DIPUTADA
AMIGA, DIPUTADO AMIGO, RECIÉN APROBADO POR ESTA SOBERANÍA,
A CARGO DE LA DIPUTADA WENDY GUADALUPE RODRÍGUEZ GALARZA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El Programa Paisano, que está coordinado por la Secretaría de Gobernación y que atiende y orienta a todos nuestros connacionales en sus viajes al país, ha sido una herramienta que el gobierno federal ha implantado para proteger la integridad y el patrimonio de los paisanos que regresan de visita a nuestro país durante la temporada vacacional navideña.
Sin embargo ellos necesitan la garantía de un trato justo, con pleno respeto a sus derechos y protección a su integridad física y patrimonial, contra actos de corrupción y de abuso, porque deben conocer sus derechos y obligaciones, además de todos los trámites que faciliten su ingreso, tránsito y salida del país.
En la temporada vacacional navideña esperamos ingresen al país más de un millón de personas, paisanos que regresan a sus raíces, para visitar, para volver a casa, para pasarla bien con sus seres queridos y es obligación de México darles un buen trato.
No está de más señalar, que la derrama económica que dejan nuestros connacionales a través de las remeses que hacen llegar a sus familiares es una fuente importante de ingreso para nuestro país.
De acuerdo con datos preliminares del Banco de México, hasta septiembre de éste año, se han recibido aproximadamente 11 millones de dólares por concepto de remesas familiares, siendo los principales estados Michoacán, Guanajuato, Jalisco, México y Veracruz, sólo por señalar algunos ejemplos.
Por ello, cuando éstos mexicanos deciden regresar a nuestro país de visita, principalmente en temporada navideña, adquiere especial relevancia fortalecer aquellos programas que han sido diseñados para realizar acciones de asistencia y protección a nuestros connacionales, tal y como lo representa el Programa Paisano.
Aunado a este programa, desde hace tiempo la Cámara de Diputados ha venido implantando el Programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, mediante el cual los diputados participan en la supervisión de la aplicación de éste programa, así como también, mediante el acercamiento a nuestros paisanos, pueden recibir más fácilmente aquellas deficientes legales y programáticas que es necesario corregir para poder proporcionar una eficaz protección a dicho sector.
La autoridad encargada del diseño del Programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, dentro de la Cámara de Diputados ha sido la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. Recientemente ya se ha aprobado la aplicación de éste durante la LXI Legislatura, mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política publicado en la Gaceta Parlamentaria el 9 de noviembre del presente año.
Independiente de la existencia de éstos programas realizados desde el ámbito federal, también es necesario e importante que los mecanismos con los que cuentan específicamente las entidades federativas y el Distrito Federal, sean fortalecidos en dichas temporadas, más aún, en aquellos estados que reciben a más migrantes, pero en general es necesario que en todos ellos se refuercen los dispositivos de protección y seguridad de los migrantes que transitan por sus territorios, de manera tal que se pueda generar un ambiente de seguridad a los migrantes que regresan, evitando que éstos puedan ser presas de robo, extorsión y abuso de autoridad durante su trayecto.
Con base en lo anterior, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a las autoridades de las entidades federativas, del Distrito Federal y a las municipales, a que colaboren responsable, honesta y solidariamente con el gobierno federal en el recibimiento de los connacionales durante la próxima temporada vacacional navideña, así como en la implantación del programa diputada amiga, diputado amigo, recién aprobado por ésta soberanía.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 diciembre de 2009.
Diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A RENDIR POR LA SECRETARÍA DE SALUD
UN INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS MEDIDAS SANITARIAS QUE HA
DE IMPLANTAR DEBIDO AL REBROTE DE DENGUE EN EL PAÍS Y A DAR CUENTA
ADECUADAMENTE DE ELLO A TODA LA POBLACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO
HELADIO GERARDO VERVER Y VARGAS RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El dengue es una enfermedad endémica en la mayor parte de los países de América, manteniéndose durante los últimos 20 años con brotes cíclicos cada 3 a 5 años.
Esta enfermedad se transmite a través de la picadura de un mosquito de la especie Aedes infectado por alguno de los cuatro virus del dengue. La enfermedad afecta a habitantes de zonas tropicales y subtropicales, y en la actualidad se han presentado casos donde usualmente no había. Los síntomas aparecen transcurridos entre 3 y 14 días tras la picadura infecciosa. La enfermedad se manifiesta como un síndrome febril y afecta a lactantes, niños pequeños y adultos.
Los síntomas varían, desde una fiebre moderada hasta una fiebre alta incapacitante con cefaleas intensas, dolor retroobitario, dolor muscular y articular, y exantema. No existen fármacos antivíricos específicos contra el dengue.
El dengue hemorrágico (fiebre, dolor abdominal, vómitos, hemorragia) es una complicación potencialmente mortal que afecta principalmente a los niños. El diagnóstico temprano y una buena atención clínica a cargo de médicos y enfermeras con experiencia aumentan la supervivencia de los pacientes.
Por sus características de transmisión, el dengue ha sido considerado como una enfermedad de la pobreza; México no se sustrae a dicha situación y a pesar de las campañas realizadas para prevenirlo y de la disminución de casos en América Latina1, es un hecho el considerable aumento de casos en nuestro país.
Según datos proporcionados por el Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, al mes de octubre del presente año se reportan más de treinta mil casos de dengue en México, 26 por ciento más casos que los reportados en 2008.
Solo por citar algunos casos, en lo que va del año, el estado de Michoacán reporta 3 mil 555 casos de dengue clásico, como resultado de que, por el calentamiento global, el mosquito portador del virus sobrevive en zonas altas donde antes no tenía presencia, como los municipios de Los Reyes, Taretan, Zamora, Vista Hermosa y Briseñas, según información de la Secretaría de Salud del estado.
En Campeche el dengue ya cobró la vida de una persona y en una semana aumentó de 60 a 132 el número de contagios, de los que 108 corresponden a la modalidad de clásico y 24 hemorrágicos. Asimismo Tabasco, reporta 3 mil 457 casos, 3 mil 39 clásicos. Veracruz ocupa el primer lugar con más personas enfermas, al contabilizar 5 mil 341, 2 mil 873 clásicos y 2 mil 468 hemorrágicos, que pueden ser mortales.
La magnitud de los efectos que ha ocasionado en brote de dengue en la población mexicana, ha adquirido dimensiones inesperadas que superan el número de contagios por influenza AH1N1, los que ponen en peligro la salud y la vida de la población.
Debido a las inundaciones en los estados de Tabasco y Veracruz, con las grandes concentraciones de agua, animales muertos y la proliferación del mosco transmisor de la enfermedad en las zonas, es preciso además brindar la atención epidemiológica necesaria, mantener informada a la población sobre las medidas extraordinarias que se tomen para combatir dicha enfermedad, pues solamente a través de la adecuada información, será posible avanzar en la erradicación de este mal. Cabe mencionar que es de vital importancia que la Secretaría de Salud mantenga al día el estado que guarda la situación del brote de dengue en México.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, para que informe a la Cámara de Diputados y a la población en general cuales son las medidas sanitarias que se han de implementar para atender el rebrote de dengue desatado los últimos meses en el país.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, a mantener actualizado el sistema de información que brinda a la población el conocimiento de los casos reportados de dengue por entidades federativas y el avance o disminución del mismo, a través del semáforo sanitario de seguimiento al rebrote de dengue.
Nota
1 Organización Panamericana de la Salud; Actualización
sobre la situación regional del dengue
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a primero de diciembre de 2009.
Diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA CONAGUA PARA QUE
ACLARE LO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA EL ZAPOTILLO,
EN JALISCO, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PT
El suscrito, Enrique Ibarra, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete al pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que se turne a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y Derechos Humanos, el siguiente punto de acuerdo, mediante el que se solicita la comparecencia del ciudadano José Luis Luege Tamargo, titular de la Comisión Nacional del Agua, para que aclare ante los integrantes de dichas comisiones, todo lo concerniente al proyecto de construcción de la presa El Zapotillo en Río Verde, en Jalisco, bajo los siguientes
Antecedentes y consideraciones
1. Siendo gobernador de Jalisco, el actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, Francisco Ramírez Acuña, el 24 de mayo de 2005 envió el oficio número CJ/13/2005, al director general de la Conagua, en ese entonces, Cristóbal Jaime Jáquez, en el que, entre otras cosas, anunciaba la determinación de su gobierno de no autorizar la construcción de la presa San Nicolás, para evitar que la comunidad de San Gaspar, municipio de Jalostotitlán, resultara inundada.
En su determinación, el entonces gobernador Ramírez Acuña, en el oficio citado, textualmente expresa que, "5) Debido al tiempo transcurrido y no contar con los estudios técnicos suficientes y completos de la Comisión Nacional del Agua, y la incertidumbre en el que viven los habitantes, de San Gaspar, municipio de Jalostotitlán, Jalisco, he tomado la determinación de manifestarle que Jalisco no autoriza a realizarse la presa de San Nicolás".
2. En octubre de 2005, Conagua y el gobierno de Jalisco hablaron de la construcción de la presa El Zapotillo, en la cuenca del Río Verde. En ese entonces se dijo que dicha presa tendría una cortina de 80 metros de altura, lo que salvaguardaba la existencia de la comunidad de Temacapulín y anegadas 2 mil hectáreas aproximadamente. Con ello, quedarían a resguardo los cultivos de alta rentabilidad y la afectación de núcleos de población.
3. Posteriormente, la Conagua y el gobernador actual de Jalisco, Emilio González Márquez, de manera unilateral e impronta, decidieron cambiar el proyecto inicial de la presa con una cortina de 80 metros a 105 metros de altura, lo que implica inundar Temacapulín, su centro urbano y sus áreas productivas.
Sobre el particular, las comunidades no fueron informadas, ni consultadas, antes del cambio de proyecto, lo que va de la mano del hecho de que la Conagua, de manera sistemática, ha negado información desde agosto de 2008.
4. Al enterarse de esa decisión, la mayoría de los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo se inconformaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, presentando más de 170 denuncias oponiéndose a la construcción de la referida presa y denunciando la presión y hostigamiento de que eran objeto por parte de la Conagua, la Comisión Estatal del Agua y el gobierno del estado.
En agosto de 2009, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento en el que recomendaba la suspensión de las obras y terminar con la presión a los vecinos quejosos.
También expresó en enero de 2009, medidas cautelares para que se cancelara todo tipo de obras en torno a El Zapotillo, el cese del clima de hostigamiento a la población, hasta que se lleve a cabo una consulta a los moradores de las citadas comunidades.
5. Es de mencionarse que hasta el momento los promoventes de la obra, no han obtenido el dictamen aprobatorio de INAH, en virtud de que en dichas comunidades hay monumentos históricos a preservar. A guisa de ejemplo, esta la Basílica Lateranense de Temacapulín, que este año esta festejando el 250 aniversario de su construcción.
6. Vale la pena mencionar que el actual gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, se comprometió a llevar a cabo consultas y a que si la mayoría estaba en desacuerdo con la presa El Zapotillo, el proyecto sería cancelado.
De la misma manera se encuentran las promesas de Luege Tamargo, en el sentido de dialogar con los pobladores.
A la fecha, ni el gobernador, ni el director general de la Conagua, han visitado las comunidades que serían afectadas, aun cuando hicieron la promesa explícita de hacerlo.
7. A contracorriente de lo que sería instaurar una vía de diálogo y acercamiento del director general de la Conagua con los pobladores, ha elevado el tono de intimidación y presión.
El pasado viernes 27 de noviembre, durante la reunión acerca de la cuenca del Río Lerma, celebrada en Guanajuato, Luege Tamargo manifestó que el organismo a su cargo, llegaría de ser necesario a la expropiación de los predios que implicarán el desplazamiento forzado de los vecinos de las comunidades mencionadas. (El Informador-sábado 29 de noviembre de 2009).
8. Es importante señalar que el ayuntamiento de Cañadas de Obregón en acuerdo de cabildo, se negó a emitir la autorización correspondiente, para elevar la cortina de la presa de 80 a 105 metros de altura, lo que ocasionaría inundar Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
El cabildo argumentó en su negativa que con ella se preservará la reserva ecológica de 2 mil hectáreas
9. Adicionalmente, la licitación esta viciada de origen, porque no se han actualizado los datos técnicos referentes a la elevación de la cortina de la presa y de que la licitación fue asignada al Grupo Hermes y a otra constructora, con un exceso de 622 millones de pesos, sobre la propuesta de otras constructoras.
10. En la sesión celebrada el 13 de los corrientes, esta soberanía aprobó por mayoría de votos el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el año 2010. En el se incluye la partida de 954 millones 700 mil pesos, en el Anexo 3 Erogaciones Plurianuales para Proyectos de Infraestructura-Infraestructura Hidráulica-Presa El Zapotillo.
Este último argumento más las condiciones antes citadas, sirven de base para que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, considere indispensable citar a comparecer al ciudadano José Luis Luege Tamargo, titular de la Comisión Nacional del Agua, para desahogar a cabalidad las más que razonables dudas que imperan alrededor de la licitación y construcción en comento.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo propone a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, y Derechos Humanos, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión cita a comparecer al titular de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, ante las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, y Derechos Humanos para que explique a esta soberanía a cabalidad, el porqué insiste en llevar a cabo la construcción de la presa El Zapotillo en Río Verde, afectando las comunidades Temacapulín, Acasico y Palmarejo en Jalisco, a pesar de las anomalías y deficiencias de carácter técnico, económico y social así como manifiestas violaciones a los derechos humanos de los habitantes, denunciadas en diversas instancias de la administración federal.
Dado en el Palacio Legislativo, a 1 de diciembre de 2009.
Diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SCT A REALIZAR CON LA CONCESIONARIA DE LA AUTOPISTA MANZANILLO-ARMERÍA
LAS NEGOCIACIONES NECESARIAS PARA QUE SE ELIMINE LA CASETA EN EL TRAMO
ARMERÍA-MANZANILLO, EN APOYO DE LA ECONOMÍA Y LA SEGURIDAD
PERSONAL DE LOS USUARIOS, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS CRUZ MENDOZA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Carlos Cruz Mendoza, diputado por Colima y miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hace uso de la facultad que confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para someter a la consideración de esta soberanía una propuesta con punto de acuerdo, tomando como base las siguientes
Consideraciones
La autopista Armería-Manzanillo está ubicada en la costa del Pacífico, en el estado de Colima, y tiene una longitud de 47 kilómetros.
Con fecha 9 de noviembre de 1990, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en uso de sus facultades, otorgó a favor de Promotora de Autopistas del Pacífico, SA de CV, la concesión para construir, operar, explotar y conservar el tramo Armería-Manzanillo, en Colima, por un período inicial de nueve años y tres meses.
El 13 de octubre de 1993, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió su autorización para que la compañía concesionaria Armería-Manzanillo transfiriese sus derechos al cobro y las cuotas en relación con la explotación y operación de la carretera Armería-Manzanillo al fideicomiso Armería-Ecatepec.
Luego de varias modificaciones a la concesión en comento, el 31 de mayo de 1994, fue modificada nuevamente al incluirse 19 kilómetros adicionales correspondientes al libramiento de Manzanillo, incrementándose en consecuencia el término de la concesión a un plazo de 24 años y siete meses contados a partir del 9 de noviembre de 1990 y concluyendo el 9 de junio de 2015.
El 2 de diciembre de 2002, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes autorizó a Promotora de Autopistas del Pacífico, SA de CV, para afectar en el fideicomiso emisor los derechos al cobro y las cuotas de la carretera Armería-Manzanillo.
Colima es una de las entidades federativas que más recursos económicos aporta a la federación provenientes de los ingresos obtenidos de diferentes fuentes, entre otras, simple y sencillamente del puerto de Manzanillo, ya que es el más importante de occidente. Comunica a nuestra república con los países de oriente, por lo que la actividad económica que se lleva a cabo en este puerto es de sumo interés para los mexicanos y en especial para los colimenses; actividad económica alimentada por el sector turístico nacional e internacional y el comercio en general, que nutre a su vez la vida económica nacional, por lo que lejos de contribuir a su crecimiento, la concesionaria del tramo carretero que nos ocupa, fue facultada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, a su juicio, establezca las cuotas de peaje de las casetas que integran dicho tramo carretero, incrementando el patrimonio fiduciario de la concesionaria pero a costa de la actividad económica comercial y turística del estado, resultando los colimenses los primeros perjudicados con los cobros excesivos de peaje, afectándose además su derecho constitucional de libre tránsito.
Por otro lado, el puerto de Manzanillo ocupa un importante lugar en el pacífico mexicano en cuanto a la movilización de carga y su actividad continúa aumentado significativamente en los últimos años. En consecuencia, el tráfico de camiones de carga también se ha incrementado notablemente, sobre todo en el tramo Manzanillo-Armería de la carretera federal, donde la circulación es lenta y peligrosa, por lo que con mucha frecuencia ocurren accidentes, fatales en su mayoría.
La peligrosidad del tramo mencionado se debe a que circulan numerosos tractocamiones con semirremolque o doble semirremolque, provocando accidentes en agravio de los habitantes del estado, que por el alto costo del peaje se ven en la necesidad de transitar por la carretera federal cuyas características no son apropiadas para el tránsito de estos vehículos pesados, derivándose el tipo de percances que he señalado.
La autopista de cuota Manzanillo-Armería es una vía alterna a la carretera federal en este tramo; sin embargo, la autopista tiene muy poco tráfico por el alto costo de su uso ya que, a pesar de tener una longitud de sólo 47 kilómetros, los automovilistas tienen que pagar un peaje muy alto. Por esta razón los conductores de vehículos de carga pesada usan preferentemente la carretera federal, a pesar del riesgo y lentitud de la circulación.
El turismo y los ejidatarios del municipio de Armería se han visto afectados en su economía por el alto costo del cobro de peaje de la caseta ubicada en el tramo carretero Armería- Manzanillo, pues actualmente se cobra una tarifa de 101 pesos lo que resulta gravoso para las personas que diariamente transitan por ese lugar hasta en dos ocasiones.
Por otra parte, el Congreso de Colima ha emitido tres puntos de acuerdo en los que solicita a las autoridades federales la eliminación de la caseta de referencia; el primero en 1997, en 2004 el segundo y el último en 2009.
Con la finalidad de dar respuesta a estas necesidades de los colimenses, y en particular de los habitantes de los municipios de Manzanillo y Armería, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión haga un atento exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en uso de sus facultades y atribuciones, realice las negociaciones necesarias con la empresa concesionaria de la autopista Manzanillo-Armería para lograr que se elimine la caseta de peaje por el uso de la autopista ubicada en el tramo carretero Armería-Manzanillo, en apoyo de la economía y seguridad personal de quienes hacen uso de dicha vía de comunicación.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 1 de diciembre de 2009.
Diputado Carlos Cruz Mendoza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXIGE LA DESTITUCIÓN INMEDIATA DE LOS INGENIEROS ALFREDO ELÍAS
AYUB, DIRECTOR GENERAL DE LA CFE; Y ROGELIO GASCA NERI, CONSEJERO CIUDADANO
DE PEMEX, POR LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN QUE SE LES RELACIONA EN
SUS ADMINISTRACIONES AL FRENTE DE LA CFE, A CARGO DEL DIPUTADO ARTURO SANTANA
ALFARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Antecedentes
Que en días pasados el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América ha dado a conocer a la opinión pública el resultado de una investigación criminal que reveló una red de corrupción entre una empresa norteamericana y la Comisión Federal de Electricidad de México, al haber entregado sobornos a funcionarios de esta paraestatal, con la finalidad de obtener contratos sobre bienes y servicios que generaron ganancias ilícitas para empresarios norteamericanos y funcionarios mexicanos.
Que existe un procedimiento judicial en la Corte Federal de Justicia del Distrito Sur de Texas, Estados Unidos, en contra del empresario estadounidense John Joseph O´Shea y el ciudadano mexicano Fernando Maya Basurto, ambos actualmente detenidos, por los delitos de conspiración para sobornar a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, falsificación de documentos y lavado de dinero procedente de la firma de los contratos amarrados con el sector de la energía eléctrica en México, entre otros cargos.
Que el ciudadano Fernando Maya Basurto, ya se declaró culpable ante la Corte Federal de Justicia del Distrito Sur de Texas, Estados Unidos, de los ilícitos que se le imputan; motivo el cual el agravio al interés patrimonial y jurídico nacional es por demás objetivo y claro.
Que el subprocurador de Justicia de la División Criminal de Estados Unidos, Lanny A. Breuer, tras el arresto del pasado 18 de noviembre, señaló que O´Shea, era el cerebro de la red de corrupción con funcionarios del gobierno de México para asegurar contratos millonarios con la Comisión Federal de Electricidad.
Que esta red de corrupción dentro de la Comisión Federal de Electricidad inició en 1997 y terminó en el año 2004, durante el cual se registraron transacciones millonarias a 660 cuentas bancarias pertenecientes a funcionarios de esa empresa paraestatal.
Que el actual director general de la Comisión Federal de Electricidad desde 1999 hasta la fecha es el ingeniero Alfredo Elías Ayub y su antecesor el ingeniero Rogelio Gasca Neri; ambos responsables directos del ejercicio del gasto público y su buen resguardo.
Que el ingeniero Alfredo Elías Ayub, actual director general de la CFE pretende tender una cortina de humo a su alrededor al iniciar una denuncia ante la Procuraduría General de la República en la que narra que todos hechos delictivos iniciaron y sucedieron en la gestión de su antecesor el ingeniero Rogelio Gasca Neri; sin embargo, los posibles delitos cometidos por diversos servidores públicos bajo el mando de ambos ingenieros fueron cometidos durante sus administraciones, por lo que son directamente responsables.
Que la permanencia de ambos ingenieros, Alfredo Elías Ayub y Rogelio Gasca Neri, en altos cargos de la administración pública de las paraestatales CFE y Pemex, son una muestra nacional e internacional del alto grado de corrupción que vive la administración pública federal actualmente, y esto representa una pésima señal a la sociedad mexicana y del mundo.
Que el titular del Ejecutivo federal, al mantener en sus cargos públicos a los citados ingenieros Elías Ayub y Gasca Neri, podría traspasar la delgada línea de la complicidad, pues es por demás claro que uno de los indiciados ya se declaró culpable de los delitos imputados y esa situación legal afecta gravemente la credibilidad del sistema jurídico nacional, dejando entrever la fragilidad e inoperancia de los órganos de control interno en las paraestatales.
Que aún cuando el ingeniero Elías Ayub, se quiera deslindar de actos de corrupción que se desarrollaron durante su gestión al frente de la CFE, es por demás claro que sus subalternos están bajo la línea de mando y, por lo tanto, debe ser investigado y, en su caso, responsabilizado por estos gravísimos hechos que afectan a todos los mexicanos y nuestra imagen ante el mundo.
Que en épocas de turbulencias económicas mundiales y nacionales, emparejadas con programas de austeridad gubernamental y crisis económica entre la sociedad, esta vergonzosa danza de los varios millones de dólares en sobornos de funcionarios de la CFE, nos lesionan y ofenden a todos los mexicanos que creemos en la patria.
En virtud de lo anterior, me permito presentar el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a destituir de forma inmediata al ingeniero Alfredo Elías Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad, por los excesos, abusos y corrupciones imperantes en el área a su cargo; así como su presentación ante la justicia federal.
Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a destituir de forma inmediata al ingeniero Rogelio Gasca Neri, consejero ciudadano de Pemex, por los excesos, abusos y corrupciones imperantes en el área que encabezó durante el sexenio pasado; así como su presentación ante la justicia federal.
Tercero. Que la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública de conformidad con las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otros cuerpos legales les confieren, investiguen, exhaustiva y detalladamente todos los actos de corrupción e ilícitos que pudieran existir al interior de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos; así mismo, se finquen las responsabilidades administrativas y penales más severas que existan en la ley, a los ingenieros Alfredo Elías Ayub y Rogelio Gasca Neri, así como a todos aquellos que estén directa e indirectamente relacionados con estos hechos delictivos que manchan la imagen nacional ante todos los mexicanos y la comunidad internacional.
Cuarto. Que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República soliciten al Gobierno de los Estados Unidos de América, de conformidad con los tratados internacionales vigentes, la inmediata extradición del ciudadano norteamericano John Joseph O´Shea y el ciudadano mexicano Fernando Maya Basurto, para que ambos sean procesados y juzgados bajo las leyes mexicanas en base al principio jurídico elemental de la territorialidad jurídica, aplicando el principio de derecho locus regit actum.
Quinto. Se solicite la inmediata comparecencia de la titular de la Secretaría de Energía y del titular de la Secretaría de la Función Pública, ante esta honorable Cámara de Diputados para explicar y dar cuenta del nexo causal de su actuación ante estos gravísimos actos ilegales y de corrupción.
Sexto. Se exhorte al titular del Ejecutivo federal a iniciar un proceso de renovación de los órganos de control en las dependencias federales y principalmente de las paraestatales, conjuntamente con un programa de auditorías especializadas y pormenorizadas a través de actos de fiscalización conjunta entre la Auditoría Superior de la Federación, órganos de control interno y despachos especializados, que nos permitan detectar todos y cada uno de los ilícitos que se han cometido en las paraestatales, antes de que la justicia de otros países nos lo señale y reclame.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2009.
Diputado Arturo Santana Alfaro (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LAS COMISIONES ORDINARIAS QUE AL DICTAMINAR LAS INICIATIVAS
TURNADAS A ELLAS INCLUYAN TODAS LAS PROPUESTAS DE CADA LEGISLADOR, A CARGO
DE LA DIPUTADA LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PT
La suscrita, Laura Itzel Castillo Juárez, con fundamento en los artículos 41, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presenta proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, en los siguientes términos:
La Suprema Corte ha establecido principios democráticos en distintas resoluciones que constituyen jurisprudencia obligatoria, que debe respetarse en el proceso legislativo. Algunos de estos principios que se pueden advertir de las resoluciones son:
• Junto a la regla de la mayoría, hay que tomar en consideración el valor de la representación política, material y efectiva de los ciudadanos, que tienen los grupos con representación parlamentaria, así sean los minoritarios;
• El órgano legislativo, antes de ser un órgano decisorio, tiene que ser un órgano deliberante;
• Al dictaminarse las iniciativas deben incluirse en las consideraciones las proposiciones e iniciativas de todos los grupos parlamentarios; entre otros principios.
Actualmente sabemos que esta comisión, así como la de Vivienda, están por dictaminar la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Infonavit y de la Ley del Seguro Social, dejando de lado diversas iniciativas, entre otras:
b) La iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del PT, presentada al pleno y turnada a comisiones el 8 de septiembre de 2009.
Punto de Acuerdo
Único. El pleno de la Cámara de Diputados instruye a todas sus comisiones para que al presentar dictámenes de iniciativas, incluyan todas las proposiciones, que sobre el tema en dictamen, hubiesen presentado las y los legisladores.
Diputada Laura Itzel Castillo Suárez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ESTABLECER LAS POLÍTICAS CONDUCENTES
A HOMOLOGAR LOS CARGADORES DE TELÉFONOS CELULARES, EN BENEFICIO
DEL AMBIENTE Y DE LA ECONOMÍA, A CARGO DEL DIPUTADO ARTURO ZAMORA
JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Arturo Zamora Jiménez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, a efecto de que se exhorte al Ejecutivo a realizar las políticas públicas conducentes a fin de establecer la homologación de cargadores en teléfonos celulares, exhorto en el cual deberán de participar las Comisiones de Comunicaciones, Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Uno de los aspectos más complicados de la telefonía celular es la poca compatibilidad de cargadores incluso en aparatos de la misma marca. El problema tiene un impacto todavía mayor cuando se analizan las grandes cantidades de aparatos que se producen al año para satisfacer esta demanda mundial.
La aplicación de ésta medida regulatoria según la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT)1 reduciría drásticamente los residuos y las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, beneficiaría a todos los usuarios de teléfonos móviles pues permitiría utilizar el mismo cargador en los celulares del futuro con independencia de su marca o modelo, y además reduciría drásticamente el número de cargadores fabricados, transportados y posteriormente desechados cuando aparecen nuevos modelos.
Por citar algunas de las cifras que vuelven a esta problemática realmente alarmante, expondré las siguientes:
Según datos publicados en este mes por cnnexpansion.com existen al día de hoy más de 4,000 millones de contratos de teléfonos móvil en el mundo.
La Unión Europea estima que los accesorios móviles no deseados suponen miles de toneladas de basura.
Solo el desecho de los cargadores de celulares al año, generan más de 51,000 toneladas de basura electrónica en todo el mundo, colocar este tipo de residuos en la basura provoca un fuerte daño directamente en el subsuelo donde se depositan, aumentan el calentamiento global a causa de la gran emisión de gases que provocan el efecto invernadero que más adelante detallare y pone en riesgo la salud de las personas debido a que contienen componentes tóxicos como el plomo, el arsénico y en algunos casos trióxido de antimonio, entre otros componentes.
Esta problemática es considerada a nivel mundial tan grave, que la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional de las Telecomunicaciones impulsaron el proyecto de regularización dentro del marco del Congreso Mundial de Móviles, celebrado el pasado mes de febrero en la ciudad de Barcelona.
Después de varios meses se logró la firma de un convenio y el envió de un memorándum de entendimiento a la Comisión de la Comunidad Europea mediante los que se comprometen las diez principales empresas del sector2 que representan el 90% del mercado, a garantizar la compatibilidad de los cargadores.
Por otro lado la Organización Mundial de Telecomunicaciones, en su calidad de coordinador mundial de gobiernos y sector privado en materia de información y la comunicación, de la cual México es miembro , y en cumplimiento a su mandato conferido por la ONU en la elaboración de normas dentro de los sectores de radiocomunicaciones, normalización y desarrollo aprobó la norma que denomino solución universal de recargas (USC), la cual oficializó mediante un comunicado institucional el día 22 de octubre del presente año en la ciudad de Ginebra, y señaló que la norma tiene como finalidad la instauración de un cargador universal de teléfonos móviles, que este esfuerzo ratifica su compromiso con el acuerdo de Copenhague para que las tecnologías de la información y la comunicación tomen un papel primordial como parte de la solución hacia la mitigación de los efectos del cambio climático.
Tanto la Comisión Europea como la Organización Mundial de Telecomunicaciones, señalan que a fin de que esta medida tenga los resultados buscados, debe ser adoptada cuanto antes por las diferentes naciones y zonas geográficas mundiales.
En resumen la instauración de esta medida traería consigo entre otros los siguientes beneficios concretos:
Se prevé una reducción del 50 por ciento en el consumo de energía en estado de espera.
La supresión de 51,000 toneladas de cargadores que se fabrican cada año y la consiguiente reducción de 13.6 millones de toneladas al año de emisiones de gases de efecto invernadero.
Se estima que la producción, trasportación y desecho de cargadores se reduzca en 50 por ciento a corto plazo.
Las soluciones que provienen de este tipo de tecnologías podrían reducir en diez años el 15 por ciento en las emisiones totales de gases con efecto invernadero.
Señoras y señores diputados: no olvidemos que México ha declarado mediante la firma de tratados internacionales, tales como el Protocolo de Kioto, firmado por México el 9 de junio de 1998, que es una nación preocupada por el medio ambiente, con la firma de tratados o la inclusión a organizaciones como la Internacional de Telecomunicaciones no cumplimos con nuestro deber; por tanto, presento ante este honorable pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se turne el presente punto de acuerdo a las Comisiones de Comunicaciones, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que exhorten al Ejecutivo a realizar las políticas públicas conducentes a fin de establecer la homologación de cargadores en teléfonos celulares, en beneficio del medio ambiente y de la economía.
Notas:
1. La organización más importante de la
ONU en lo que concierne a las tecnologías de información
y comunicación.
2. Apple, LG, Motorola, NEC, Nokia, Qualcomm, Research
in Motion, Samsumng, Sony Ericsson y Texas Instrument.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2009.
Diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE INVESTIGAR PRESUNTAS IRREGULARIDADES
EN LA COMPRA DE 933 HECTÁREAS A EJIDATARIOS POR EL GOBIERNO DE GUANAJUATO
PARA CONSTRUIR LA REFINERÍA BICENTENARIO, A CARGO DE LA DIPUTADA
YULMA ROCHA AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada Yulma Rocha Aguilar, y el diputado Gerardo Sánchez García, con fundamento en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de esta Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, donde solicitamos se constituya una Comisión Especial para que investigue las presuntas irregularidades en la compra de 933 hectáreas a ejidatarios, por parte del gobierno de Guanajuato, que iban a ser destinadas a la construcción de la refinería Bicentenario, bajo al siguientes
Consideraciones
Recientemente, Transparencia Internacional (IT por sus siglas en inglés) dio a conocer que nuestro país se ubica en el número 89 en el nivel de corrupción de 180 países. Cabe mencionar que en el 2008 ocupábamos el lugar 72, lo cual quiere decir que en sólo un año se ha agudizado este problema perdiendo 17 lugares. Hoy compartimos ese "honroso" lugar con países como: Marruecos, Rwanda, Moldova y estamos por debajo de otros como India, el Salvador, Brasil, Colombia, Perú y Chile. Es lamentable que en lugar de corregir este flagelo éste crezca de manera alarmante. Por eso creo que es importante que esta Cámara de Diputados investigue algunos hechos inéditos que están sucediendo en el país que tienen el tufo de corrupción, es el caso de la venta de terrenos de ejidatarios en el estado de Guanajuato.
Como se recordará el Presidente de la República al anunciar el 15 de octubre del 2008 el Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo (PICE), incluyó en su propuesta un importe de 12 mil millones de pesos para la construcción de una refinería.
Posteriormente durante el primer trimestre del 2009, con motivo del 71 aniversario de la Expropiación Petrolera, el primer mandatario volvió a referirse a la construcción de la refinería. Señaló que en sus recorridos por el país había recibido propuestas de gobernadores de diferentes entidades, interesados en ser sede de esta obra.
El Presidente puso como fecha a Petróleos Mexicanos (Pemex) el 15 de abril para definir aquel estado donde se construya la refinería. Pemex anuncia como sede de esta magna obra al estado de Hidalgo. El plazo que estableció la paraestatal para contar con los terrenos necesarios para la construcción de la refinería fue de 100 días.
Sin embargo, y dado que los tiempos para contar con los terrenos donde se asentaría la refinería se prolongaron, se incorporo una segunda alternativa. Fue entonces que el estado de Guanajuato surgió como una opción.
Finalmente, fue el estado de Hidalgo quien se eligió para la construcción de la refinería Bicentenario.
Como consta en algunos medios de comunicación, la operación en la compra de las 933 hectáreas de terreno en el estado de Guanajuato, que se ofrecieron a Pemex, ha sido motivo de cuestionamientos por la presunta existencia de empresas fantasma –Cereal y Pastas Finas– quienes operaron con dinero público la compra de dichos terrenos.
Se habla de una danza de mil 602 millones de pesos, con los adquirieron los terrenos y cuyas comisiones, para los intermediarios, se estiman en 32 millones de pesos.
Con el propósito de que este penoso asunto sea aclarado y se evite un mayor escándalo y especulación, es que solicito a esta soberanía apruebe la constitución de una Comisión Especial para que se aboque a investigar esta situación, a fin de que sea perfectamente aclarada, toda vez que se trata de presuntos actos ilícitos con dinero público que, de ser ciertos, sentarían un grave precedente.
Por lo anterior, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados proposición con
Punto de acuerdo
Único. Se solicita se constituya una comisión especial a fin de investigar las presuntas irregularidades en la compra de 933 hectáreas a ejidatarios por parte del Gobierno de Guanajuato que iban a ser destinadas a la construcción de la refinería Bicentenario.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre 2009.
Diputados: Yulma Rocha Aguilar, Gerardo Sánchez
García (rúbricas)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLANTAR MEDIANTE LA SHCP, LA SE, LA
SENER, LA SEDESOL Y LA CFE UN PROGRAMA INTEGRAL PARA QUE LAS MADRES SOLTERAS,
LAS SEPARADAS O LAS VIUDAS Y LOS ADULTOS MAYORES DE 70 AÑOS O MÁS
NO PAGUEN ELECTRICIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS EVERARDO VILLARREAL
SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Que la sociedad mexicana presenta graves problemas de pobreza y desigualdad. Las cifras publicadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) muestran que a 2006, más de 42 millones de mexicanos están en algún grado de pobreza, y sin duda alguna va en aumento.
Que en nuestro país las madres solteras, separadas o viudas, y los adultos mayores de 70 años o más por lo general sufren de discriminación por gran parte de la sociedad.
Que en México existen 4.5 millones de madres solteras, separadas o viudas, quienes al igual que sus hijos son sujetos de discriminación.
Que según datos del Consejo Nacional de Población, las madres solas por separación o divorcio son 1.7 millones y que 6 de cada 10 han asumido la jefatura de su hogar, aunque 27.6 por ciento de ellas vive con al menos uno de sus padres.
Además de desempeñar el rol materno, 7 de cada 10 efectúan alguna actividad económica. Al igual que las madres solteras, el porcentaje que vive en condiciones de pobreza, 29.6 por ciento, es menor al de las madres viudas y a las que se encuentran en pareja o casadas.
Que las viudas constituyen el grupo más numeroso de las madres solas (1.9 millones). En la mayoría de los casos se asume la jefatura del hogar por muerte, separación o divorcio del cónyuge. Las madres solteras son en su mayoría jóvenes, menores de 30 años; las mujeres separadas y divorciadas concentran los mayores porcentajes entre los 30 y 49 años, mientras que entre las viudas predominan las mayores de 50 años.
Por otra parte se estima que en 2004 había cerca de 7.9 millones de adultos mayores (personas de 60 años y más), quienes representan 7.5 por ciento del total de la población. En 2010 habrá 9.9 millones, 15 millones en 2020 y poco más de 22 millones en 2030; de modo que este grupo de la población incrementará su peso a 8.9, 12.5 y 17.5 por ciento del total de la población, respectivamente.
Dentro de este grupo se encuentran los mayores de 70 años y suman ya 3.5 millones y se prevé que alcanzarán 4.4 millones en 2010, 6.5 millones en 2020 y 10.2 millones en 2030.
Que en nuestro entorno vemos con mucha frecuencia que en general la mujer, y en especial el grupo de personas de madres solteras y las personas de la tercera edad, son víctimas de abuso y discriminación en todos los terrenos, estos sectores de la población subsisten en una situación económica difícil, por lo que se considera que es justo que el Ejecutivo federal implemente un programa integral para ayudar a este sector de la población, para que no paguen el consumo de energía eléctrica, si bien es cierto que actualmente existe el programa Oportunidades que otorga un apoyo económico de 55 pesos mensuales a las familias beneficiarias dentro del componente energético con el propósito de apoyar con el gasto que se realiza en el consumo de energía eléctrica, gas, leña, carbón entre otros, y que en 2007 se benefició a 5 millones, en 2008 a 5.04 millones y en 2009 se espera beneficiar a 5.2 millones de familia, también lo es que, dicho apoyo no enmarca ni beneficia a la población vulnerable como lo son las madres solteras, separadas y viudas, y adultos mayores de 70 años o más.
Que la electricidad en México es muy cara. En la Ciudad de México un usuario residencial de clase media paga 66 dólares en electricidad, y si le sumamos el subsidio paga un costo real de 123 dólares. En Canadá su equivalente paga 27 dólares, en Estados Unidos y Reino Unido alrededor de 35 dólares y ya ni mencionar cuanto paga la gran mayoría de la población.
Que la Comisión Federal de Electricidad es una empresa del gobierno mexicano que genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para más de 26.9 millones de clientes, lo que representa a casi 80 millones de habitantes e incorpora anualmente más de un millón de clientes nuevos. El suministro de energía eléctrica llega a cerca de 188 mil localidades (184 mil 613 rurales y 3 mil 325 urbanas), 96.68 por ciento de la población utiliza la electricidad.
Que para los legisladores no es desconocido las altas tarifas de luz que aplica Comisión Federal de Electricidad, tan es así que, tan sólo por mencionar algunos ejemplos, de diferentes fuerzas políticas de esta legislatura se han presentado puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad para que revisen las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica en Nayarit y Chiapas.
Que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 25 establece que "corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución".
De igual forma el artículo 27 de nuestra Constitución establece la facultad exclusiva de la nación de generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objetivo la prestación de servicio público.
Por otra parte, la Secretaría de Energía se encuentra facultada para autorizar los programas que someta a su consideración la Comisión Federal de Electricidad, relacionados con la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, de conformidad con lo establecido en el artículo 6o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Que actualmente existen ocho tipos de tarifas: DAC, 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, las cuales son fijadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, por la Secretaría de Hacienda con la participación de las Secretarías de Economía, y de Energía, a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Hacienda, de Economía, de Energía, y de Desarrollo Social, así como la Comisión Federal de Electricidad, implemente un programa integral para que las madres solteras, separadas o viudas, y adultos mayores de 70 años o más, no paguen energía eléctrica.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2009.
Diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CONSIDERAR PRIORITARIA LA APLICACIÓN
DE LA VACUNA CONTRA LA INFLUENZA A (H1N1) A LOS MAESTROS, DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES Y DE LAS PARTICULARES, POR SER UN SECTOR SOCIAL DE
ALTO RIESGO EN CONTACTO PERMANENTE CON LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL,
A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR HERNÁNDEZ SILVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El suscrito, diputado Héctor Hernández Silva, del Grupo Parlamentario del PRI de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar al Ejecutivo federal a que gire instrucciones a la Secretaría de Salud, y considere prioritaria la aplicación de la vacuna contra la influenza A (H1N1) para todos los maestros en el territorio nacional, bajo las siguientes
Consideraciones
Esta enfermedad respiratoria infecciosa aguda de origen viral, contagiosa, debe ser vigilada de manera constante, por la rapidez con que se propaga en fases epidémicas, a pesar de aparentar ser una enfermedad benigna, la influenza es una enfermedad grave que provoca la muerte, sin menoscabo de que tipo de persona se trate o en que estrato social se manifieste, los síntomas son parecidos a los del catarro común o resfriado, sin embargo, su sintomatología es más severa y su inicio es generalmente abrupto.
En la mayoría de los casos cuando no se aplica vacuna alguna de prevención, el paciente debe ser hospitalizado por la gravedad de las complicaciones, en particular por las neumonías bacterianas. No solamente produce pandemias, tales como la influenza española o la gripe asiática, sino también epidemias anuales que pueden tener consecuencias dramáticas sobre los grupos de altos riesgos (niños, ancianos, personas que padecen enfermedades crónicas) entre otras.
La estacionalidad de la enfermedad que nos ocupa, se da en climas templados, húmedos y porque no decirlo cuando se convierte en epidemia en cualquier clima y se multiplica en invierno y en la primavera, pero puede darse en otras estaciones, especialmente durante las pandemias. Según ciertos autores, si el virus penetra en una zona en una estación desfavorable, puede tener una diseminación muy extensa, antes de causar un brote explosivo al invierno siguiente.
En 1965, la influenza se extendió por toda la mitad oriental de Estados Unidos, en los primeros meses del año, mientras que en la parte occidental del país sólo se registró un corto número de brotes localizados algún tiempo más tarde. En los meses de verano no se registraron casos, pero al invierno siguiente hubo en la región occidental extensos brotes con una mortalidad muy superior a lo habitual en un periodo no epidémico comparable, estas experiencias ocurridas en el país vecino, debemos considerarlas como un parámetro real de lo que pudiera padecer la población en nuestro territorio.
De acuerdos a los datos actuales de la Secretaria de Salud, expuesto en su portal al 23 de noviembre del presente año, el número total de casos confirmados con influenza A (H1N1) es de 64 mil 585 y 589 defunciones, referencia de tomarse en cuanta, ya que no se trata de una cifra menor menciona varios miles de personas con este padecimiento y cientos que ya dejaron de existir.
La incidencia por edad en el caso de enfermos se da entre 10 a 19 años, 20 a 29 años y 5 a 9 años, éstas por lo regular se encuentran en edad escolar y productiva. En los fallecidos se presenta de los 20 a 39 años y un poco menor de 0 a 19 años, sin descartar las edades de las personas mayores de los 50 años. El factor porcentual básico de incidencias es de 20 a 50 años de edad, teniendo como resultante el 69.4 por ciento de los fallecidos. El contagio presentado en la población es mayor en el sexo masculino con el 50.9 por ciento, mientras que en el sexo femenino es de 49.1 por ciento.
En cuanto a los antecedentes patológicos con mayor referencia destacan: padecimientos metabólicos 37.4 por ciento, tabaquismo 15.1 por ciento, cardio/vascular 10.2 por ciento, respiratorios 5.6 por ciento, infecciosos 3.6 por ciento y otros 10.4 por ciento.
Los 64 mil 585 casos confirmados, se encuentran diseminados en las 32 entidades del país, mencionándose al Distrito Federal con la mayor cantidad de enfermos, le sigue San Luis Potosí y estado de México con 3 mil 931 casos, esto permite observar que las zonas urbanas son las que corren el mayor riesgo de contagio, sobre todo, por ser de alta densidad poblacional, sin descartar la zonas rurales por la constante movilidad de sus pobladores, así también, se observa que los centros donde la afluencia de personas es mayor, en la misma proporción es el riesgo de infección, tal es el caso de las instituciones educativas, donde se reúnen precisamente niños, jóvenes, maestros y padres de familia, referidas drásticamente en el porcentaje de casos confirmados con influenza y defunciones.
Es por ello, que solicito su valioso apoyo y consideración en la aprobación de este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, a partir del siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que gire instrucciones a la Secretaría de Salud, para que considere prioritaria la aplicación de la vacuna contra la influenza A (H1N1) para todos los maestros en el territorio nacional, de todas las instituciones educativas oficiales y de la iniciativa privada, por ser un sector social de alto riesgo con permanente contacto con toda la población estudiantil del país.
Palacio Legislativo, a 1 diciembre de 2009.
Diputado Héctor Hernández Silva (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA, A LA JUNTA
DE GOBIERNO DE LA CFE Y A LA SHCP QUE RECLASIFIQUEN Y AUTORICEN REDUCIR
LAS TARIFAS DE ELECTRICIDAD EN CAMPECHE UNA VEZ QUE, CONFORME A DERECHO,
SE HAYAN LLEVADO A CABO LOS ESTUDIOS PERTINENTES QUE JUSTIFICAN LA FACTIBILIDAD
TÉCNICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROPUESTA, A CARGO DEL
DIPUTADO ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El que suscribe, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes
Motivos
Las tarifas eléctricas están determinadas de acuerdo con la política de precios administrados por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su precio se encuentra condicionado por la volatilidad en las cotizaciones a futuro del combustóleo y de los productos metálicos, los cuales inciden en las fórmulas de cálculo. Lo anterior, presupone una estrecha relación con el índice inflacionario, lo cual impacta en estados como Campeche, debido a que nuestra entidad se encuentra en el nivel más bajo de salarios mínimos.
Campeche es una zona altamente productora de hidrocarburos y también produce por sus condiciones hidrográficas, particularmente en la central termoeléctrica ubicada en la ciudad capital y en la central de ciclo combinado ubicado en el municipio de Palizada, importantes cantidades de energía, la cual se suministra a otros estados hermanos de la región sureste.
Es un estado que ha aportado mucho al desarrollo nacional en materia energética y que con trabajo diario ha venido saliendo adelante.
El desarrollo horizontal del país hace necesario el impulso de nuevos modelos económicos que nos permitan un desarrollo regional más equilibrado.
Es necesario que el gobierno federal, a través de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Hacienda, asuman nuevos criterios de aplicación y solidarizarse con esta solicitud, ya que disminuir los precios de la energía eléctrica no debemos de verlo como un subsidio, cuando de entidades productoras estamos hablando.
La región peninsular es una de las regiones que presentan tarifas más altas, a pesar de que la responsabilidad hacendaria en materia presupuestal obliga a que cualquier iniciativa se sustente en sus costos, lo que consideramos necesario que las autoridades que regulan las tarifas eléctricas realicen un estudio a fondo, a efecto de que en el cobro de estas puedan tomarse en consideración diversos factores regionales que las diferencian, como por ejemplo en el caso particular de Campeche, la capacidad económica de la región y las condiciones climáticas.
En el caso de Campeche, como ocurre en otras entidades del país, las temperaturas son elevadas en la mayor parte de los meses del año y, por lo consiguiente, derivado de sus condiciones hídricas, los índices de humedad son importantes, circunstancias que obligan a las familias campechanas de sus once municipios a utilizar sistemas de ventilación y enfriamiento de forma permanente, así como para la conservación de sus alimentos, ocasionando con ello que el consumo de energía sea mayor.
Derivado de lo anterior, si estas instancias encargadas de regular lo concerniente a las tarifas de energía eléctrica analizan las condiciones particulares de Campeche; es decir, si consideran la temperatura promedio de la entidad, el factor de humedad, la zona salarial, los indicadores socioeconómicos y la aportación que hace Campeche en cuanto a recursos naturales, especialmente energético, considero que podremos arribar que esta solicitud que hoy hago resulte más que justificada y además justa.
Por ello, me dirijo al pleno de esta Cámara para pedir la solidaridad de ustedes para lograr que exista una reclasificación de las tarifas eléctricas para los habitantes de Campeche y, con el apoyo de ustedes, solicitar a la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realicen, en apego a las atribuciones que la ley les confiere, los estudios necesarios para que sustenten por justicia la viabilidad y factibilidad técnica, económica y social del punto de acuerdo que hoy les presento.
En merito de lo anterior, me permito proponer a esta Cámara, como urgente y de obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Solicitar a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reclasificar y autorizar la reducción de las tarifas eléctricas que se aplican en Campeche, una vez que conforme a derecho se hayan llevado a cabo los estudios pertinentes que justifican la viabilidad y factibilidad técnica, económica y social de la propuesta en comento.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2009.
Diputado Óscar Román Rosas González
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL PLENO DE LA LXI LEGISLATURA QUE FORMULE UN ATENTO LLAMADO
A LAS AUTORIDADES DE LA CNDH PARA QUE INVESTIGUEN LA SITUACIÓN DE
LA SEÑORA IRMA CRECENCIA DÍAZ GÓMEZ, RECLUIDA EN EL
CERESO NÚMERO 1 DE HERMOSILLO, SONORA, A CARGO DEL DIPUTADO MANUEL
IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
Los suscritos, diputados federales Manuel Ignacio Maloro Acosta Gutiérrez, Jesús Alberto Cano Vélez, Ernesto de Lucas Hopkins, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, José Luis Marcos León Perea, Onésimo Mariscales Delgadillo y Miguel Ernesto Pompa Corella, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de esta honorable legislatura, y con fundamento en lo establecido por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía el punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 5 de junio en Hermosillo se incendió la guardería subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde perdieron la vida 49 niños menores de 4 años. La historia ya todos la conocemos.
El 21 de ese mismo mes, el juez primero de distrito de procedimientos penales, Raúl Martínez Martínez, dictó auto de formal prisión a los siete empleados de la Secretaría de Hacienda estatal implicados en el incendio en la guardería ABC. Sin embargo, los indiciados, Manuel Gaxiola Santa Cruz, Francisco Arturo Bracamontes, Juan Parra, Ignacio Aduendas, Álvaro Pacheco, Jorge Antonio Lavandera y Arturo Torres, enfrentarán el proceso en libertad, pues, cuando fueron arrestados, cubrieron la fianza respectiva.
La única servidora pública detenida hasta ahora es la coordinadora de Guarderías del IMSS, Irma Crecencia Díaz Gómez, quien dio a conocer una carta en la que acusa a las autoridades de haberla sometido a tortura psicológica y de actuar con parcialidad en el juicio por la muerte de 49 menores. Escribió la mujer: "Yo, Irma Crecencia Díaz Gómez, soy coordinadora de Guarderías del IMSS en Hermosillo. Con las funciones asignadas de supervisión de la nutrición de los niños, fomento la salud, pedagogía y administración. Quiero manifestarles a los padres afectados, a las autoridades y a todos los mexicanos que siempre realicé las actividades propias de mi categoría apegada a las guías de supervisión, vigilando la integridad de los niños, que siempre hasta donde estuvo a mi alcance trabajé para que esos pequeños estuvieran disfrutando de lo mejor durante su estancia en las guarderías. Me consideran culpable de esos hechos y me negaron la oportunidad de hacerle frente a esta situación al lado de mi familia, ya que me negaron la libertad condicional y me separaron de mis seres queridos. Manifiesto mi dolor ya que, durante estos días en la cárcel, he sentido en carne propia muchas injusticias sobre mi persona, ya que he sido sujeta a torturas psicológicas. Tres días después también por la madrugada me informaron que siempre sí me otorgarían la fianza por aproximadamente 190 mil pesos y a los cinco minutos después me vuelve a llamar para decirme que se había cancelado mi fianza".
Más adelante, Díaz Gómez expone que es la única funcionaria detenida del Instituto Mexicano del Seguro Social y que siempre tuvo su conciencia tranquila, pero hoy tiene miedo y se sorprende de ser considerada culpable por hechos de los que no se considera responsable.
Como se puede ver, la mujer reclama que ha sido maltratada psicológicamente y que, al menos en tres ocasiones, ha sido despertada de madrugada para atender diligencias en el juzgado.
La detenida afirma haber sido levantada a la medianoche del domingo 21 de junio, mismo día que ingresó al Cereso 1 de Hermosillo, para notificarle que le negaban la libertad condicional, y previamente le habían dicho que la fianza era de 2 millones 300 mil pesos.
Díaz Gómez tiene 27 años de servicio dentro del IMSS. Inició como enfermera durante siete años en el hospital regional de zona, luego se graduó como licenciada en psicología y ocupó diversos puestos hasta ser directora por 7 años en la guardería del Seguro Social y desde hace nueve años se desempeñaba como coordinadora de guarderías en Hermosillo.
El juez de la causa negó la libertad bajo fianza a Irma Crecencia Díaz Gómez con el argumento de que el incendio en la estancia infantil, que ha cobrado 49 vidas, es un asunto de "impacto social".
En razón de lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita al pleno de esta LXI Legislatura haga un atento llamado a las autoridades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que investigue la situación de la señora Irma Crecencia Díaz Gómez, quien se encuentra recluida en el Cereso 1 de Hermosillo, Sonora.
Segundo. Se solicita al pleno de esta LXI Legislatura exhorte a las autoridades competentes del Poder Judicial de la Federación a reconsiderar la libertad bajo caución de la señora Irma Crecencia Díaz Gómez.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2009.
Diputados: Manuel Ignacio Maloro Acosta Gutiérrez,
Jesús Alberto Cano Vélez, Ernesto de Lucas Hopkins, Rogelio
Manuel Díaz Brown Ramsburgh, José Luis Marcos León
Perea, Onésimo Mariscales Delgadillo, Miguel Ernesto Pompa Corella
(rúbricas).
La suscrita, diputada federal Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y lo reglamentado en los artículos cuarto, párrafo cuarto, quinto, inciso i), y décimo quinto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación se solicita que formule una excitativa a:
A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE SEGURIDAD SOCIAL, Y DE VIVIENDA, A SOLICITUD DE LA DIPUTADA LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
La suscrita, diputada federal Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y lo reglamentado en los artículos cuarto, párrafo cuarto, quinto, inciso i), y décimo quinto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación se solicita que formule una excitativa a:
Pronunciamiento contra las formas modernas de esclavitud
Antecedentes en México
Hace 199 años, en el mes de diciembre de 1810, en Guadalajara, Jalisco –de la cual soy originario– el Padre de la Patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, decretó la abolición de la esclavitud en el territorio mexicano. De dicho documento podemos rescatar los dos artículos principales que a la letra señalaban:
2a. Que cese para lo sucesivo la contribución de tributos, respecto de las castas que lo pagaban y toda exacción que a los indios se les exija.
El 2 de diciembre de 1949, mediante la resolución 317 (IV) la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución de Terceros1. Desde entonces, dicho día se conmemora como un día clave en favor de la lucha contra la esclavitud en el mundo entero.
Posteriormente, en 1996, la ONU decidió extender los alcances del convenio a toda forma de esclavitud moderna y, en consecuencia, decidió bautizar el 2 de diciembre como Día Mundial para la Abolición de la Esclavitud.
La trata de personas
Sin duda, uno de los temas más sensible y más recurrentes cuando se habla de esclavitud es el de la trata de personas y la prostitución. En los albores del siglo XX se reconoció por las naciones del mundo la existencia y gravedad de este problema, aprobándose en aquel entonces el Acuerdo internacional contra la trata de blancas en el año 1904.
El día de hoy, éste sigue siendo un problema real, grave y vigente y, desgraciadamente, diariamente seguimos viendo con tristeza, en los periódicos, fotos de niñas y jovencitas desaparecidas que seguramente serán explotadas sexualmente en algún lugar de México o el mundo.
Apenas hace unas semanas, conocimos las desgarradoras historias de 40 niñas, de entre 8 y 14 años de edad, que fueron, literalmente, rescatadas por la Procuraduría de Justicia, de un burdel de Coatzacoalcos, Veracruz.
Sin embargo, aunque es la forma de esclavitud más terrible y degradante de la dignidad humana, hoy quiero aprovechar la conmemoración de este día para hablar también de otras formas de esclavitud modernas, que ya no incluyen los grilletes de antaño, pero que sí atentan contra la libertad humana.
Las formas modernas de esclavitud
Actualmente, no sólo es la prostitución una forma recurrente de esclavitud, sino que existen muchas otras formas mucho menos notorias pero igualmente indignantes. Empero, existen criterios para identificar a un ser humano que está siendo esclavizado, tales como:
– Es considerado propiedad o controlado por un "patrón", generalmente a través de violencia o amenazas, físicas y psicológicas.
– Es deshumanizado, tratado como "cosa" o como un bien mueble cualquiera.
– Es mercantilizado, siendo comúnmente valorado a través de un precio cierto, pudiendo ser vendido, rentado y comprado como cualquier producto de consumo.
– Está físicamente restringido y tiene prohibiciones concretas relacionadas con su libertad de movimiento.
Matrimonio forzado: este tipo de matrimonios afecta, principalmente, a mujeres y niñas en todo el mundo que son obligadas a casarse en contra de su voluntad con la pareja que sus padres deciden. En los peores casos, son vendidas cual mercancía al mejor postor o cambiadas por cabezas de ganado u otro tipo de mercancías. Hace apenas un año se reveló que en San Martín Peras, Oaxaca, es común que los padres vendan a sus hijas por una vaca y un cartón de cervezas.
Trabajo infantil: millones de menores de edad en el mundo, son obligados a trabajar en diferentes actividades que atentan contra su dignidad y libertad. Existe toda una industria dedicada a utilizar a los menores de edad para mendigar, lavar vidrios y vender gomas de mascar en las esquinas y, en el peor de los casos, a ser fotografiados y prostituidos para el mercado de los pederastas. También existen casos, como en Costa de Marfil, donde los menores son obligados a trabajar en condiciones infrahumanas en la siembra y cosecha de cacao.
Tráfico de personas: siendo la trata la especie, el tráfico vendría siendo el género, e incluye el movimiento de personas entre países con el objetivo de explotarlos para una gran variedad de fines, que cumplen los criterios para detectar situaciones de esclavitud moderna previamente señalados.
Esclavitud hereditaria: son personas que nacen siendo hijos de personas tradicionalmente esclavizadas de alguna forma, y que por eses simple hecho se les considera legítimamente esclavas.
Esclavitud económica: esta forma es la más velada y la más difícil de detectar, pero consiste en la explotación de las personas a través de salarios ínfimos que no permiten el desarrollo de la persona y que las obliga a trabajar permanentemente sólo para poder sobrevivir, a costa de patrones que se enriquecen desmedidamente.
Debemos despertar y abrir los ojos ante estas formas de esclavitud que, desgraciadamente, hemos visto tantas veces que ya nos hemos acostumbrado a vivir con ellas, sin siquiera molestarnos por su existencia. Debemos ser responsables y buscar todas las formas posibles de erradicar en nuestros distritos, en nuestros estados y en nuestros municipios estos nuevos tipos, igualmente nocivos e indignantes, de esclavitud.
Hoy, 199 años después de que don Miguel Hidalgo aboliera la esclavitud en nuestro país, como la parte toral de su sueño libertador, debemos preguntarnos si realmente ha desaparecido en nuestro país, porque no hacerlo sería darle la espalda a ese ideal de ver igualdad en todos los mexicanos, pues mientras sigan existiendo estas formas modernas de esclavitud nunca podremos realmente ser ese gran país al que siempre debemos aspirar.
Notas
1 Convention for the Suppression of the Traffic in Persons
and of the Exploitation of the Prostitution of Others
Diputado Gustavo González Hernández (rúbrica)