• De la Mesa Directiva, por el que se declara vacante su Primera Vicepresidencia

• De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al trámite de las iniciativas con proyecto de ley o decreto, así como de las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día y las turnadas a comisiones durante la LX Legislatura

• De la Mesa Directiva

• Con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, que presentan los integrantes de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se solicita al Ejecutivo federal que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se constituya un fondo especial de emergencia, al menos por 5 mil millones de pesos, para llevar a cabo las acciones tendentes a enfrentar los efectos causados entre la población por el virus de la influenza porcina (humana)

• Con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforma y adiciona la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 7, 45, 85 y 97; y se adiciona un artículo 7 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

• Con proyecto de decreto, por el que se adicionan un párrafo sexto al artículo 40 y un párrafo segundo al artículo 89 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

• Con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal

• De la Secretaría de Gobernación, con el que envía la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2008

• De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, perteneciente a la vigésima segunda reunión plenaria, celebrada el jueves 18 de septiembre de 2008

• De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente a la vigésima sexta reunión plenaria, celebrada el martes 3 de marzo de 2009

• De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, referida a la vigésima octava reunión plenaria, celebrada el miércoles 1 de abril de 2009

• De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, atinente a la vigésima novena reunión plenaria, celebrada el jueves 2 de abril de 2009

• Del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, a la décima reunión ordinaria, que se efectuará el jueves 14 de mayo, a las 11:00 horas

• De la Comisión de Cultura, a la exposición Vitrium IX: meditaciones en vidrio, que permanecerá del lunes 11 al viernes 15 de mayo en el vestíbulo principal, donde se inaugurará el martes 12, a las 12:00 horas

• De la Comisión de Cultura, a la exposición Hábitat, que permanecerá del lunes 18 al viernes 22 de mayo en el vestíbulo principal, donde se inaugurará el martes 19, a las 12:00 horas

• De la Comisión de Cultura, a la exposición Imágenes de mi tierra, que permanecerá del lunes 18 al viernes 22 de mayo en el vestíbulo principal, donde se inaugurará el martes 19, a las 12:30 horas

• De la Comisión de Cultura, a la exposición La FES Aragón en su plástica, que permanecerá del lunes 25 al viernes 29 de mayo, donde se inaugurará el martes 26, a las 12:00 horas

• De la Comisión de Salud, al foro Salud mental para niñas y niños, que se llevará a cabo el miércoles 24 y jueves 25 de junio, de las 9:30 a las 15:00 horas

• De la Comisión Especial de estudios de las políticas para la migración interna, al diplomado Análisis y debate de los problemas contemporáneos de México que, en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se llevará a cabo los viernes –de las 15:00 a las 21:00 horas– y los sábados –de las 9:00 a las 14:00– comprendidos hasta el 11 de julio

• Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, al diplomado Opinión pública y comunicación política que, en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, se llevará a cabo hasta el viernes 24 de julio. Cambiaron de fecha las sesiones undécima y duodécima

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el marco de lo dispuesto en los artículos 19, 20 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

Considerandos

Declaratoria de Vacante

Primero. Se declara vacante la primera vicepresidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en virtud de la licencia solicitada por tiempo indefinido por la Vicepresidenta Martha Hilda González Calderón, la cual fue aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 23 de abril de 2009.

Segundo. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo, México, DF, a 30 de abril de 2009.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Diputados: César Duarte Jáquez (rúbrica), Presidente; José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica), Vicepresidentes; Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), María Eugenia Jiménez Valenzuela, María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), José Manuel del Río Virgen (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), Secretarios.

(Aprobado en votación económica. Abril 30 de 2009.)
 
 

DE LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS, RELATIVO AL TRÁMITE DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE LEY O DECRETO, ASÍ COMO DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO REGISTRADAS EN EL ORDEN DEL DÍA Y LAS TURNADAS A COMISIONES DURANTE LA LX LEGISLATURA

La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y

Considerando

1. Que en el transcurso del actual periodo de sesiones, el Pleno de la Cámara de Diputados ha realizado sus trabajos en el tenor que estableció el calendario de sesiones que elaboró este órgano de gobierno, que fue aprobado por el Pleno en su sesión del 12 de febrero de 2009.

2. Que no obstante haber celebrado los trabajos programados, la actividad y el interés que los grupos parlamentarios manifestaron en sus diligencias legislativas se incrementó considerablemente, lo cual se reflejó en el creciente registro en el orden del día de las sesiones, de iniciativas con proyecto de ley o decreto y proposiciones con punto de acuerdo.

3. Que en virtud de la clausura del actual periodo de sesiones ordinarias, las iniciativas y proposiciones registradas en el orden del día no podrán ser desahogadas ante el Pleno, por lo cual es conveniente establecer mecanismos para que dichos asuntos no queden como temas de rezago.

4. Que de igual manera este órgano de gobierno observa que en el caso de las proposiciones con punto de acuerdo turnadas a comisiones a lo largo de la legislatura y que aun se encuentran pendientes de dictamen o resolución, al no estar sujetas al proceso legislativo que señala el artículo 72 constitucional, pueden ser resueltas a través de un mecanismo establecido por el consenso de los grupos parlamentarios que integran la Cámara, en el marco de lo dispuesto en el artículo 77 de la propia Constitución Política y, con ello, lograr que el número de asuntos pendientes o de rezago que reciba la próxima legislatura, sea el menor posible.

Por lo expuesto y con fundamento en la normatividad señalada, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos someten a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se solicita a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a través su Presidencia, de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que turne a las comisiones correspondientes todas las iniciativas con proyecto de ley o decreto registradas en el orden del día que no alcancen a ser desahogadas en el actual segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura.

Asimismo, la Presidencia de la Mesa Directiva publicará en la Gaceta Parlamentaria una relación en la que se señale el turno que se dictó a cada iniciativa con proyecto de ley o decreto.

Segundo. La diputada o el diputado que tenga interés en retirar su iniciativa con proyecto de ley o decreto, y siempre que no se le dé trámite, contará con un plazo de hasta siete días hábiles, a partir de la fecha de la sesión de clausura del presente periodo de sesiones, y deberá solicitarlo por escrito a la Presidencia de la Mesa Directiva.

Tercero. Para las solicitudes de cambio o ampliación de turno, el plazo que señala la fracción I del artículo primero del acuerdo por el que se norman los trámites de cambio o ampliación de turnos de iniciativas o de proposiciones con punto de acuerdo presentadas en las sesiones plenarias, de fecha 21 de junio de 2005, surtirá efectos a partir de la publicación de la lista de referencia.

Cuarto. Las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día que no alcancen a ser desahogadas en el actual periodo de sesiones serán devueltas a los grupos parlamentarios correspondientes, a efecto de que se actualicen y, en su caso, se decida presentarlas ante la Comisión Permanente.

Quinto. En el caso de las proposiciones con punto de acuerdo turnadas comisiones a lo largo de la LX Legislatura, y que se encuentren pendientes de dictamen o de resolución, cada órgano legislativo, deberá notificar formalmente a la Presidencia de la Mesa Directiva, a más tardar el 30 de julio del presente año, cuáles son de su interés para mantenerse vigentes para su análisis y dictamen.

Los expedientes restantes serán devueltos a la Presidencia de la Mesa Directiva, y conservados por la Secretaría General, para efectos de su archivo, custodia y ulterior trámite o archivo definitivo.

En el caso de las proposiciones con punto de acuerdo turnadas a comisiones unidas, será la comisión que encabece el turno, quién tenga la facultad de pronunciarse sobre el particular.

Sexto. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2009.

Diputado César Duarte Jáquez (rúbrica)
Presidente

Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Diputado Javier González Garza (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia

Diputada Gloria Lavara Mejía
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Diputado Ricardo Cantú Garza
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Diputada Silvia Luna Rodríguez (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata

(Aprobado; comuníquese. Abril 28 de 2009.)
 
 

México, DF, a 30 de abril de2009.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Presentes

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo, que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes comisiones:

Ciencia y Tecnología

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2009.

Diputado César Duarte Jáquez
Presidente

(Publicados en el Diario de los Debates y archivados como asuntos concluidos. Abril 30 de 2009.)
 
 

Proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución que presentan los integrantes de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se solicita al Ejecutivo federal que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se constituya un Fondo Especial de Emergencia, al menos por 5 mil millones de pesos, para llevar a cabo las acciones tendientes a enfrentar los efectos causados entre la población por el virus de la influenza porcina (humana), bajo la siguiente

Exposición de Motivos

I. El virus de influenza porcina, tiene origen mutante, su presencia es nueva en el mundo y por consiguiente en México. Lo anterior, conlleva a la necesidad de dar respuesta inmediata, coordinada, eficiente y oportuna por parte del Estado mexicano en sus diferentes órdenes de gobierno.

II. La instrumentación de medias oportunas y eficaces es indispensable en virtud del número de personas que están presentando signos y síntomas que abren la posibilidad de que hubiesen adquirido el virus, pero fundamentalmente por que se trata de hechos inéditos ante los cuales es necesario reforzar las acciones de salud en el país y abastecer a la brevedad los insumos específicos y suficientes que la contingencia impone.

III. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud de la administración pública federal, determinó la necesidad de instrumentar acciones coordinadas con algunas entidades federativas y el Distrito Federal. Sin embargo, por la dimensión de la situación, se tomó la determinación de promover la participación de la totalidad de las entidades federativas del país, incluyendo, por supuesto, al Distrito Federal.

IV. Con el propósito de atender a la población y fortalecer la coordinación y colaboración entre las autoridades sanitarias del país y sobre todo que cuenten con los recursos materiales, humanos y financieros suficientes, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal constitución el Fondo Especial de Emergencia para las entidades federativas y el Distrito Federal para combatir el virus de la influenza porcina (humana) con independencia de los fondos que actualmente existen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009.

V. El Fondo Especial de Emergencia deberá constituirse por lo menos con 5 mil millones de pesos y se distribuirá a las entidades federativas y el Distrito Federal a través de los mecanismos con los que actualmente operan los servicios coordinados de salud. Los recursos se destinarán por lo menos a los siguientes rubros:

VII. De igual forma deberán ser ministrados recursos para el ejercicio directo en las entidades federativas para proveer la infraestructura mínima relacionada con el mantenimiento, la ampliación y la higiene de laboratorios e instalaciones relacionadas.

VIII. Para efectos de que las entidades federativas y el Distrito Federal puedan contratar personal con carácter eventual que les permita hacer frente a la demanda de servicios exclusivamente relacionados con la emergencia, se les ministrarán los recursos requeridos de manera indispensable.

Por lo anterior, se somete a consideración de la asambleael siguiente:

Punto de Acuerdo

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Poder Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Salud, disponga recursos especiales para la emergencia y prevención en los estados y el Distrito Federal, al menos por 5 mil millones de pesos, a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud.

Los recursos de dicho fondo deberán incrementarse en la medida de las necesidades para fortalecer las acciones necesarias para evitar el riesgo del virus de la influenza porcina (humana) y su diseminación en el territorio nacional.

Se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría Salud, fije, considerando los niveles de incidencias y vulnerabilidad, los recursos que deba ser autorizados para enfrentar la emergencia, los cuales deberán ser ejercidos en forma ágil y deberán ser comprobados bajo los criterios que las misma fije y para cuyos efectos la Cámara de Diputados deberá recibir un informe pormenorizado en los informes trimestrales a que se refiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2009.

Diputado César Duarte Jáquez (rúbrica)
Presidente

Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Diputado Javier González Garza (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Diputado Diego Cobo Terrazas (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia

Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo

Diputada Silvia Luna Rodríguez (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza

Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario Alternativa

(Aprobado, comuníquese. Abril 30 de 2009)

México, DF, a 30 de abril de 2009.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Para los efectos de los dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforma y adiciona la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente

Minuta
Proyecto de Decreto

Se expide la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforma y adiciona la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se expide la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Título Primero

Capítulo Primero
Disposiciones Preliminares

Artículo 1. Esta ley es reglamentaria del párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son de orden público, de interés social y tiene por objeto regular la extinción de dominio de bienes a favor del Estado, así como el procedimiento correspondiente, la actuación de las autoridades competentes, los efectos de la resolución que se emita y los medios para la intervención de terceros que se consideren afectados por la misma.

Artículo 2. Para efectos de esta ley, se entenderá por

Artículo 4. A falta de regulación suficiente en la presente ley respecto de las instituciones y supuestos jurídicos regulados por la misma, se estará a las siguientes reglas de supletoriedad:

La documentación e información obtenida de averiguaciones previas se sujetará a lo dispuesto por el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales.

El procurador general de la República entregará un informe anual al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de las facultades que le otorga esta ley.

Capítulo Segundo
De la Acción de Extinción de Dominio

Artículo 5. La acción de extinción de dominio es de carácter real, de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier bien, independientemente de quien lo tenga en su poder, o lo haya adquirido.

El ejercicio de la acción de extinción de dominio corresponde al Ministerio Público.

A la acción de extinción de dominio se aplicarán las reglas de prescripción previstas para los hechos ilícitos señalados en el artículo 7, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 102 del Código Penal Federal, excepto en el caso de los bienes que sean producto del delito que será imprescriptible.

El Ministerio Público podrá desistirse de la acción de extinción de dominio en cualquier momento, antes que se dicte sentencia definitiva, previo acuerdo del procurador general de la República. En los mismos términos, podrá desistirse de la pretensión respecto de ciertos bienes objeto de la acción de extinción de dominio.

Artículo 6. Para la preparación de la acción de extinción de dominio, el Ministerio Público podrá emplear la información que se genere en las averiguaciones previas que inicie en términos del Código Federal de Procedimientos Penales y, en su caso, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Artículo 7. La acción de extinción de dominio se ejercerá, respecto de los bienes a que se refiere el artículo siguiente, aun cuando no se haya determinado la responsabilidad penal en los casos de los delitos previstos en la fracción II del artículo 22 constitucional.

El ejercicio de la acción de extinción de dominio se sustentará en la información que recabe el Ministerio Público cuando se haya iniciado la averiguación previa, o en las actuaciones conducentes del procedimiento penal respectivo, o de ambas, cuando de ella se desprenda que el hecho ilícito sucedió y que los bienes se ubican en los supuestos del artículo siguiente.

La muerte del o los probables responsables no cancela la acción de extinción de dominio.

Artículo 8. La acción de extinción de dominio se ejercerá respecto de los bienes relacionados o vinculados con los delitos a que se refiere el artículo anterior, en cualquiera de los supuestos siguientes:

Título Segundo
De la Competencia y Procedimiento de Extinción de Dominio

Capítulo Primero
De la Competencia

Artículo 10. El procedimiento de extinción de dominio será autónomo del de materia penal, distinto e independiente de cualquier otro de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, de la que se haya desprendido, o en la que tuviera origen.

En los casos en que existiere sentencia en el procedimiento penal en la que se determinara la falta de elementos para comprobar la existencia del cuerpo del delito, los afectados por un proceso de extinción de dominio tendrán derecho a reclamar la reparación del daño con cargo al fondo a que se refiere el artículo 61 de esta ley.

El Poder Judicial de la Federación contará con jueces especializados en extinción de dominio. El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos y competencia territorial de los mimos.

Artículo 11. Son parte en el procedimiento de extinción de dominio

Capítulo Segundo
De las Medidas Cautelares

Artículo 12. El juez, a solicitud fundada del Ministerio Público, podrá imponer las medidas cautelares necesarias para garantizar la conservación de los bienes materia de la acción de extinción de dominio y, en su oportunidad, para la aplicación de los bienes a los fines a que se refiere el artículo 53 de esta ley.

Son medidas cautelares

Artículo 14. Contra la resolución que ordene o niegue el otorgamiento de las medidas cautelares procederá el recurso de apelación que se admitirá, en su caso, sólo en el efecto devolutivo.

Artículo 15. Toda medida cautelar quedará anotada en el registro público que corresponda. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes deberá ser notificado del otorgamiento de toda medida cautelar o levantamiento de cualquiera de éstas.

Artículo 16. El juez podrá ordenar la medida cautelar que resulte procedente en el auto admisorio de la demanda o en cualquier etapa del procedimiento y, en su caso, ordenará el rompimiento de cerraduras y el uso de la fuerza pública para su ejecución.

Los bienes asegurados no serán transmisibles por herencia o legado durante la vigencia de esta medida.

Durante la sustanciación del procedimiento, el Ministerio Público podrá solicitar al juez la ampliación de medidas cautelares respecto de los bienes sobre los que se haya ejercitado acción. También se podrán solicitar medidas cautelares con relación a otros bienes sobre los que no se hayan solicitado en un principio, pero que formen parte del procedimiento.

Artículo 17. El demandado o el afectado no podrán ofrecer garantía para obtener el levantamiento de la medida cautelar.

Artículo 18. Cuando los bienes objeto de la medida cautelar impuesta hayan sido previamente intervenidos, secuestrados, embargados o asegurados, en procedimientos judiciales o administrativos distintos de la averiguación previa que haya motivado la acción de extinción de dominio, se notificará la nueva medida a las autoridades que hayan ordenado dichos actos, así como al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes si fuese éste quien tuviere transferidos los bienes. Los bienes podrán continuar en custodia de quien se hubiere designado para ese fin y a disposición de la autoridad competente.

En caso de que las medidas a que se refiere el párrafo anterior sean levantadas o modificadas, subsistirá la medida cautelar que haya ordenado el Juez de extinción de dominio quien podrá modificar las condiciones de su custodia, dando prioridad a su conservación.

Artículo 19. Los bienes a que se refiere este capítulo serán transferidos conforme a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público a efecto de que se disponga de los mismos en términos de dicha ley.

Para tales efectos, se tendrá al juez que imponga la medida cautelar como entidad transferente.

Capítulo Tercero
De la Sustanciación del Procedimiento

Artículo 20. La acción de extinción de dominio se formulará mediante demanda del Ministerio Público, previo acuerdo del procurador general de la República o del subprocurador en quien delegue dicha facultad, y deberá contener los siguientes requisitos:

Si la demanda fuere obscura o irregular, el juez deberá prevenir por una sola vez al Ministerio Público para que la aclare, corrija o complete, otorgándole para tal efecto un plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del auto que lo ordene.

Aclarada la demanda, el juez le dará curso o la desechará de plano.

El juez, en el auto de admisión, señalará los bienes materia del juicio, el nombre del o los demandados, concediéndoles el plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación para contestar la demanda. En dicho auto el juez proveerá lo conducente en relación con las medidas cautelares que en su caso hubiera solicitado el Ministerio Público en la demanda.

Si los documentos con los que se le corriera traslado excedieren de 500 fojas, por cada 100 de exceso o fracción se aumentará un día más de plazo para contestar la demanda sin que pueda exceder de 20 días hábiles.

En el auto admisorio deberá señalarse la fecha programada para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, la cual deberá realizarse dentro de un plazo que no podrá exceder de treinta días naturales, no pudiéndose prorrogar dicha fecha.

Contra el auto que niegue la admisión de la demanda o la admita procederá recurso de apelación, el cual se admitirá en el efecto devolutivo.

Artículo 22. Admitida la demanda, el Juez ordenará la notificación como sigue:

Al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes se le notificará mediante oficio.

La notificación surtirá efectos al día siguiente en que hubiera sido practicada. El edicto surtirá efectos de notificación personal al día siguiente de su última publicación.

La única notificación personal que se realizará en el proceso de extinción de dominio será la que se realice al inicio del juicio en los términos de la presente ley. Todas las demás se practicarán mediante publicación por lista.

Artículo 23. En un plazo no mayor de siete días hábiles contados a partir de que se dicte el auto admisorio, el juez deberá ordenar las diligencias necesarias para que se efectúen las notificaciones correspondientes en los términos de esta ley.

Artículo 24. Toda persona afectada que considere tener interés jurídico sobre los bienes materia de la acción de extinción de dominio deberá comparecer dentro de los diez días hábiles siguientes, contados a partir de aquél en que haya tenido conocimiento de la acción a fin de acreditar su interés jurídico y expresar lo que a su derecho convenga.

El juez resolverá en un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la comparecencia, sobre la legitimación del afectado que se hubiere apersonado y, en su caso, autorizará la entrega de las copias de traslado de la demanda y del auto admisorio. Éste deberá recoger dichos documentos dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos el auto que ordene su entrega.

El plazo para contestar la demanda será de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que el afectado o su representante hayan comparecido para recibir los documentos a que se refiere el párrafo anterior. Este término estará sujeto a la regla prevista en el quinto párrafo del artículo 21 de esta ley.

Contra el auto que niegue la legitimación procesal del afectado, procederá recurso de apelación que será admitido en el efecto devolutivo.

Artículo 25. Desde el escrito de contestación de demanda o del primer acto por el que se apersonen a juicio el demandado y el afectado, deberán señalar domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos en el lugar de residencia del Juez que conozca de la acción de extinción de dominio.

Artículo 26. El escrito de contestación de demanda deberá contener las excepciones y defensas del demandado.

En el escrito de contestación se deberán ofrecer las pruebas, debiendo exhibir las que estén a su disposición o señalar el archivo donde se encuentren. En todo caso, las pruebas deberán ser desahogadas en la audiencia a que se refiere el artículo 40 de esta ley.

El demandado o los terceros que lo requieran deberán ser asesorados y representados por asesores jurídicos del Instituto Federal de Defensoría Pública en los términos que establezca la Ley Federal de Defensoría Pública.

Artículo 27. Cuando no comparezca el demandado o el afectado, el juez le designará un defensor quien en su ausencia realizará todas las diligencias para garantizar la audiencia y el debido proceso. Cuando comparezcan la víctima u ofendido, en caso de requerirlo, tendrán derecho a que se les garantice defensa adecuada.

Artículo 28. En el proceso de extinción de dominio no habrá lugar al trámite de excepciones ni de incidentes de previo y especial pronunciamiento, salvo el incidente preferente de buena fe, que tendrá por finalidad que los bienes, motivo de la acción de extinción de dominio, se excluyan del proceso, siempre que acredite la titularidad de los bienes y su legítima procedencia. No será procedente este incidente si se demuestra que el promoverte conocía de los hechos ilícitos que dieron origen al juicio y, a pesar de ello, no lo denunció a la autoridad o tampoco hizo algo para impedirlo.

Este incidente se resolverá por sentencia interlocutoria dentro de los diez días siguientes a la fecha de su presentación. Todos los demás asuntos serán decididos en la sentencia definitiva.

Contra el auto que admita, deseche o tenga por no interpuesto el incidente a que se refiere el párrafo anterior procederá el recurso de apelación, el cual se admitirá en el efecto devolutivo.

Contra la sentencia que lo resuelva procederá el recurso de apelación, el cual se admitirá en el efecto devolutivo.

Artículo 29. Durante el procedimiento, el juez deberá dictar de oficio los trámites y providencias encaminados a que la justicia sea pronta y expedita.

El juez desechará de plano, los recursos, incidentes o promociones notoriamente frívolos o improcedentes.

Artículo 30. La autoridad judicial podrá imponer correcciones disciplinarias o medidas de apremio, en términos del ordenamiento supletorio correspondiente.

Capítulo Cuarto
De las Pruebas, de los Recursos, de las Audiencias

Artículo 31. Las pruebas sólo podrán ser ofrecidas en la demanda y en la contestación y se admitirán o desecharán, según sea el caso, en el auto que se tengan por presentadas; si es necesario, se ordenará su preparación, y se desahogarán en la audiencia.

La ausencia de cualquiera de las partes no impedirá la celebración de la audiencia.

Artículo 32. Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas que no sean contrarias a derecho, en términos de lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, con excepción de la confesional a cargo de las autoridades, siempre que tengan relación con:

Artículo 33. En caso de que se ofrezcan constancias de la averiguación previa por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 7 de esta ley, deberá solicitarlas por conducto del juez.

El juez se cerciorará de que las constancias de la averiguación previa o de cualquier otro proceso ofrecidas por el demandado o tercero afectado tengan relación con los hechos materia de la acción de extinción de dominio y verificará que su exhibición no ponga en riesgo la secrecía de la investigación. El juez podrá ordenar que las constancias de la averiguación previa que admita como prueba sean debidamente resguardadas, fuera del expediente, para preservar su secrecía, sin que pueda restringirse el derecho de las partes de tener acceso a dichas constancias.

Cuando la prueba sea obtenida como producto de imputaciones realizadas por miembros de delincuencia organizada que colaboren en los términos del artículo 35 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, el juez deberá valorar estas declaraciones conforme a las siguientes reglas:

Artículo 34. Cuando el demandado o el afectado ofrezcan como prueba constancias de algún proceso penal, el juez las solicitará al órgano jurisdiccional competente para que las remita en el plazo de cinco días hábiles.

Artículo 35. Admitida la prueba pericial el juez ordenará su desahogo por un perito nombrado de la lista de peritos oficiales del Poder Judicial de la federación. El Ministerio Público o el demandado o afectado podrán ampliar el cuestionario dentro de un plazo de tres días hábiles contados a partir del auto que admite la prueba. El perito deberá rendir su dictamen a más tardar el día de la audiencia de desahogo de pruebas.

Artículo 36. La prueba testimonial se desahogará en la audiencia, siendo responsabilidad del oferente de la misma la presentación del testigo, salvo lo dispuesto en el artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 37. El juez valorará las pruebas desahogadas en los términos que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles, salvo lo dispuesto en el artículo 33 de esta ley.

Artículo 38. El juez podrá decretar desierta una prueba admitida cuando:

Artículo 40. La audiencia comenzará con el desahogo de las pruebas del Ministerio Público y continuará con las de los demandados y, en su caso, de los afectados, observando los principios de inmediación, concentración y continuidad.

Capítulo Quinto
De la Sentencia

Artículo 41. Dentro de la audiencia y una vez desahogadas las pruebas, las partes podrán presentar alegatos, y una vez concluida la etapa de alegatos, el juez dictará sentencia en la misma audiencia o dentro de los ocho días siguientes.

Artículo 42. La sentencia de extinción de dominio será conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales de derecho, debiendo contener el lugar en que se pronuncie, el juzgado que la dicte, un extracto claro y sucinto de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, así como la fundamentación y motivación, y terminará resolviendo con precisión y congruencia los puntos en controversia.

Artículo 43. La sentencia deberá declarar la extinción del dominio o la improcedencia de la acción. En este último caso el juez resolverá sobre el levantamiento de las medidas cautelares que se hayan impuesto y la persona a la que se hará la devolución de los mismos, conforme al artículo 49 de esta ley. El juez deberá pronunciarse sobre todos los bienes materia de la controversia.

Cuando hayan sido varios los bienes en extinción de dominio, se hará, con la debida separación, la declaración correspondiente a cada uno de éstos.

Las sentencias por las que se resuelva la improcedencia de la acción de extinción de dominio no prejuzgan respecto de las medidas cautelares de aseguramiento con fines de decomiso, embargo precautorio para efectos de reparación del daño u otras que la autoridad judicial a cargo del proceso penal acuerde.

En el caso de sentencia que declare la extinción de dominio, el gobierno federal podrá optar por conservar los bienes y realizar los pagos correspondientes a los terceros, víctimas u ofendidos.

Artículo 44. La absolución del afectado en el proceso penal por no haberse establecido su responsabilidad, o la no aplicación de la pena de decomiso de bienes, no prejuzga respecto de la legitimidad de ningún bien.

Artículo 45. El juez, al dictar la sentencia, determinará procedente la extinción de dominio de los bienes materia del procedimiento siempre que el Ministerio Público:

Artículo 46. En caso de que se dicte sentencia que declare la extinción de dominio de los bienes, el juez también podrá declarar la extinción de otros derechos reales, principales o accesorios, o personales sobre éstos, si se prueba que su titular conocía la causa que dio origen a la acción de extinción de dominio.

En caso de garantías, su titular deberá demostrar la preexistencia del crédito garantizado y, en su caso, que se tomaron las medidas que la normatividad establece para el otorgamiento y destino del crédito; de lo contrario, el juez declarará extinta la garantía.

Artículo 47. En caso de declararse improcedente la acción de extinción de dominio, el juez ordenará el levantamiento de las medidas cautelares y procederá en términos de lo dispuesto en el artículo 49 de esta ley.

Artículo 48. La acción de extinción de dominio no procederá respecto de los bienes asegurados que hayan causado abandono a favor del gobierno federal o aquellos bienes respecto de los cuales se haya decretado su decomiso, con carácter de cosa juzgada.

Artículo 49. En caso de que el juez declare improcedente la acción de extinción de dominio, de todos o de alguno de los bienes, ordenará la devolución de los bienes no extintos en un plazo no mayor de seis meses o cuando no sea posible, ordenará la entrega de su valor a su legítimo propietario o poseedor, junto con los intereses, rendimientos y accesorios en cantidad líquida que efectivamente se hayan producido durante el tiempo en que hayan sido administrados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Los gastos de administración y enajenación serán cubiertos preferentemente conforme lo disponga la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, o con cargo a la subcuenta específica del fondo a que se refiere el artículo 61 de esta ley.

Artículo 50. Cuando el juez de la causa penal determine la inexistencia de alguno de los elementos del cuerpo del delito en los casos previstos en el artículo 7 de esta ley, el juez de extinción de dominio deberá ordenar la devolución de los bienes materia de la controversia si fuera posible o su valor a su legítimo propietario o poseedor, junto con los intereses, rendimientos y accesorios que, en su caso, se hayan producido durante el tiempo en que hayan sido administrados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Artículo 51. Causan ejecutoria las sentencias que no admiten recurso o, admitiendo no fueren recurridas, o, habiéndolo sido, se haya declarado desierto el interpuesto, o haya desistido el recurrente de él, y las consentidas expresamente por las partes o sus representantes legitimados para ello.

Artículo 52. Si luego de concluido el procedimiento de extinción de dominio mediante sentencia firme se supiera de la existencia de otros bienes relacionados con el mismo hecho ilícito, se iniciará un nuevo procedimiento de extinción del dominio.

Artículo 53. Una vez que cause ejecutoria la sentencia que resuelva la extinción del bien, el juez ordenará su ejecución y la aplicación de los bienes a favor del Estado, en los términos de lo dispuesto en esta ley y en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Los bienes sobre los que sea declarada la extinción de dominio o el producto de la enajenación de los mismos serán adjudicados al gobierno federal y puestos a disposición para su destino final a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Las acciones, partes sociales o cualquier título que represente una parte alícuota del capital social o patrimonio de la sociedad o asociación de que se trate, no computarán para considerar a las emisoras como entidades paraestatales.

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes no podrá disponer de los bienes, aún y cuando haya sido decretada la extinción de dominio, si en alguna causa penal se ha ordenado la conservación de éstos por sus efectos probatorios, siempre que dicho auto o resolución haya sido notificado previamente al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Para efectos de la actuación del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en su carácter de mandatario, cuando haya contradicción entre dos o más sentencias, prevalecerá la sentencia que se dicte en el procedimiento de extinción de dominio salvo lo dispuesto en el artículo 50 de esta ley.

Artículo 54. El valor de realización de los bienes y sus frutos, cuyo dominio haya sido declarado extinto, mediante sentencia ejecutoriada se destinarán, hasta donde alcance, conforme al orden de prelación siguiente, al pago de:

El proceso al que se refiere la fracción I de este artículo es aquél del orden civil o penal mediante el cual la víctima o el ofendido obtuvo la reparación del daño, siempre y cuando la sentencia haya causado estado.

Cuando de las constancias que obren en la averiguación previa o el proceso penal se advierta la extinción de la responsabilidad penal en virtud de la muerte del imputado o por prescripción, el Ministerio Público o la autoridad judicial, respectivamente, de oficio podrán reconocer la calidad de víctima u ofendido, siempre que existan elementos suficientes, para el efecto exclusivo de que éste tenga acceso a los recursos del fondo previsto en esta ley.

El destino del valor de realización de los bienes y sus frutos, a que se refiere este artículo, se sujetará a reglas de transparencia y será fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación.

Artículo 55. En los casos en que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes no esté en condiciones de enajenar los bienes de extinción de dominio, a fin de que su valor se distribuya conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, dispondrá de los mismos en términos de su ley.

Artículo 56. Los remanentes del valor de los bienes que resulten una vez aplicados los recursos correspondientes en términos del artículo 54, se depositarán por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en el Fondo a que se refiere el artículo 61 de esta ley, sin que por ese hecho adquiera el carácter de fideicomitente y se requiera la autorización de su titular para tal efecto.

Artículo 57. Para efecto de lo señalado en el artículo 54, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes estará a lo que el juez determine, siempre que exista cantidad líquida suficiente, derivada del procedimiento de extinción de dominio correspondiente. En todo caso, el juez deberá especificar en su sentencia o resolución correspondiente los montos a liquidar, la identidad de los acreedores y el orden de preferencia entre éstos.

Cuando la sentencia de extinción de dominio se emita de manera previa a la del proceso que resuelva la reparación del daño, a petición del Ministerio Público federal o juez correspondiente, el juez de extinción podrá ordenar al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que conserve los recursos hasta que, de ser el supuesto, la sentencia cause estado. Lo anterior en la cantidad que indique el juez de extinción de dominio y siempre que no se incrementen los adeudos por créditos garantizados.

El Ministerio Público deberá, en su caso, representar los intereses de quien se conduzca como víctima u ofendido por los hechos ilícitos a los que se refiere el artículo 7 de esta ley, y por los que se ejercitó la acción de extinción de dominio.

Título Tercero

Capítulo Único
Medios de Impugnación

Artículo 58. Procede el recurso de revocación contra los autos que dicte el juez en el procedimiento, con excepción de los casos en los que esta ley expresamente señale que procede el recurso de apelación.

El juez, previa vista que otorgue a las partes con el recurso de revocación, por el término de dos días hábiles, resolverá el recurso en el mismo plazo.

Artículo 59. Contra la sentencia que ponga fin al juicio procede el recurso de apelación, que en su caso, será admitido en ambos efectos. Contra el acuerdo que deseche medios de prueba ofrecidos en tiempo y forma, procede el recurso de revocación.

El recurso de apelación que se haya interpuesto en contra de la sentencia definitiva deberá resolverse dentro de los treinta días siguientes a su admisión.

Artículo 60. La revocación y la apelación se sustanciarán en los términos previstos en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Título Cuarto

Capítulo Único
Del Fondo

Artículo 61. Con los recursos a que se refiere el artículo 56 se constituirá un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal, cuya operación será coordinada por la Procuraduría General de la República, con objeto de que sean administrados hasta que se destinen al apoyo o asistencia a las víctimas u ofendidos de los delitos a que se refiere el artículo 7, en los términos del artículo siguiente.

En ningún caso los recursos a que se refiere el párrafo anterior podrán ser utilizados en gasto corriente o pago de salarios.

Artículo 62. Las solicitudes para acceder a los recursos del fondo a que se refiere el artículo anterior serán procedentes siempre que

El Ministerio Público se subrogará en los derechos de la víctima u ofendido reconocidos en el proceso penal, que se deriven del pago de reparación de los daños que realice conforme a esta ley.

Título Quinto

Capítulo Único
De la Cooperación Internacional

Artículo 63. Cuando los bienes se encuentren en el extranjero o sujetos a la jurisdicción de un estado extranjero, las medidas cautelares y la ejecución de la sentencia que se dicte con motivo del procedimiento de extinción de dominio, se substanciarán por vía de asistencia jurídica internacional en términos de los tratados e instrumentos internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte o, en su defecto, con base en la reciprocidad internacional.

Artículo 64. Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, el Ministerio Público solicitará al juez la expedición de copias certificadas del auto que imponga la medida cautelar o de la sentencia, así como de las demás constancias del procedimiento que sean necesarias.

Artículo 65. Los bienes que se recuperen con base en la cooperación internacional, o el producto de éstos, serán destinados a los fines que establece el artículo 53 de esta ley.

Artículo 66. Cuando la autoridad competente de un gobierno extranjero presente solicitud de asistencia jurídica, de conformidad con lo dispuesto en los instrumentos jurídicos internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte o por virtud de la reciprocidad internacional, cuyo fin sea la recuperación de bienes para los efectos de esta ley, situados en territorio nacional o sujetos a la jurisdicción del Estado mexicano, se procederá como sigue:

Artículo 68. La acción de extinción de dominio con base en la petición de asistencia jurídica internacional será procedente siempre que

La entrega de los bienes se hará previa deducción de los gastos propios de su administración y el pago de contribuciones y gravámenes a que estuvieren sujetos.

Artículo 70. En caso de que el juez resuelva devolver los bienes a su titular por declarar improcedente esa acción de extinción de dominio, se comunicará al Estado extranjero la resolución respectiva, sin perjuicio de que los bienes puedan ser objeto de la acción de extinción de dominio por otras causas, o bien, de decomiso, en virtud de algún procedimiento penal en los términos del Código Federal de Procedimientos Penales.

Artículo Segundo. Se reforma la fracción III del artículo 114; se adiciona una inciso h) a la fracción II del artículo 124 y se adiciona una nueva fracción XI para que el actual XI pase a ser XII en el artículo 159 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 114. ...

Artículo 159. …

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los noventa días naturales posteriores al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En tanto se expida el Reglamento de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración y destino de los recursos del Fondo que se constituyan con la enajenación de los bienes a que se refiere el artículo 61 de la propia ley, serán administrados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Tercero. El Consejo de la Judicatura Federal contará con un plazo que no podrá exceder de un año, contado a partir de la publicación del presente decreto, para crear los juzgados especializados en extinción de dominio a que se refiere el artículo 10 de éste. En tanto, serán competentes los jueces de distrito en materia civil y que no tengan jurisdicción especial, de conformidad con los acuerdos que para tal efecto determine el Consejo de la Judicatura.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 30 de abril de 2009.

Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente

Senador Gabino Cué Montiagudo (rúbrica)
Secretario

(Turnada a la Comisión de Justicia. Abril 30 de 2009.)
 
 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7, 45, 85 Y 97; Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 7 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

México, DF, a 30 de abril de 2009

Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Presentes

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, 45, 85 y 97; y se adiciona un artículo 7 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
 

Minuta
Proyecto de Decreto

Por el que se reforman los artículos 7, 45, 85 y 97; y se adiciona un artículo 7 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo único. Se reforman los artículos 7, 45, 85, y 97; y se adiciona un artículo 7 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 7.

1. El primero de septiembre de cada año, en la apertura de las sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso, el presidente de la República presentará un informe, de conformidad con el artículo 69 de la Constitución.

2. Las Cámaras analizarán, en Pleno o en comisiones, el informe presentado. El análisis se desarrollará por materias: política interior, política económica, política social y política exterior. Cada Cámara acordará el calendario de reuniones, el formato de las mismas, los temas específicos a tratar y demás elementos conducentes para el mejor ejercicio de sus atribuciones.

3. Cada Cámara, según lo estime pertinente, podrá citar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República y a los directores de las entidades paraestatales, para que comparezcan y, bajo protesta de decir verdad, rindan informes adicionales ante el Pleno o ante las comisiones. Para dichos efectos, los servidores públicos serán citados a comparecer una sola ocasión por cada Cámara.

4. Las comparecencias de servidores públicos ante el Pleno de cada Cámara para el análisis del informe serán aprobadas por la respectiva Junta de Coordinación Política; en el caso de comparecencias ante comisiones las propuestas las formularán la o las comisiones interesadas. En todo caso, la cita a comparecer al servidor público será notificada formalmente por conducto del Presidente de la Mesa Directiva, expresando con toda claridad la instancia legislativa ante la que comparecerá, la fecha y la hora de la comparecencia y precisará el tema o temas del informe presidencial respecto del cual se le cita a comparecer.

5. Si el Pleno o las comisiones ante las cuales se haya desarrollado la comparecencia expresan insatisfacción respecto de los informes rendidos por el compareciente en términos de lo señalado por el artículo 69 constitucional, por considerar que existieron omisiones o faltas graves, el Presidente de la Mesa Directiva lo comunicará formalmente al presidente de la República por conducto del secretario de Gobernación.

6. Derivado del análisis del informe o, en su caso, de las comparecencias de servidores públicos, cada Cámara podrá formular al presidente de la República preguntas parlamentarias referidas al informe presentado.

7. La Junta de Coordinación Política de cada Cámara integra las preguntas que formulan los grupos parlamentarios en proporción al número de sus integrantes y las presenta a la Mesa Directiva para someterlas al Pleno y, en su caso, remitirlas al presidente de la República. Los elementos que la Mesa Directiva deberá tomar en consideración para someter al Pleno las propuestas, serán:

Artículo 7 Bis

1. Cada Cámara puede convocar a los servidores públicos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 93 constitucional, sea para que informen o para que respondan a preguntas o interpelaciones, bajo protesta de decir verdad, ante el Pleno o en comisiones. Pueden igualmente las Cámaras requerir información o documentación mediante preguntas por escrito, en los términos del párrafo cuarto del artículo citado.

2. Las preguntas tienen por objeto obtener información sobre un tema específico, o bien ampliarla, para el análisis de informes diversos al que se establece en el artículo 69 de la Constitución, para la discusión de una ley o el estudio de un asunto. Las interpelaciones tienen por objeto obtener de un servidor público compareciente la explicación sobre políticas de interés general.

3. Las preguntas de las Cámaras a los servidores públicos, sin mediar comparecencia, las proponen los legisladores por conducto de los grupos parlamentarios, que las formulan mediante proposición que califica directamente la Mesa Directiva para su aprobación por el Pleno. Los elementos de procedencia que debe revisar la Mesa antes de someter al Pleno la aprobación de una propuesta de pregunta parlamentaria, son los siguientes:

5. Cuando por acuerdo del Pleno deben comparecer servidores públicos conforme al artículo 93 de la Constitución, la comunicación oficial señala el objeto de la reunión y se anexa, en su caso, la documentación concerniente al asunto que se examine en la comparecencia. Cada Cámara acordará los mecanismos, formatos y demás elementos conducentes para el mejor ejercicio de las atribuciones que se disponen en el artículo 93 de la Constitución.

6. Las preguntas e interpelaciones que hacen los legisladores al compareciente, en forma verbal, deben ser concisas y expresarse de tal modo que permitan una respuesta similar. Las respuestas deben ser breves y directamente vinculadas con la pregunta o la interpelación hechas.

7. En el caso de que las Cámaras enfrenten alguna dificultad u obstrucción debida al servidor público compareciente, se dirigen en queja al titular del Poder Ejecutivo federal o del órgano autónomo de que se trate, para los efectos procedentes.

Artículo 45

1. Los presidentes de las comisiones ordinarias o de investigación, con el acuerdo de éstas y por conducto de la Mesa Directiva de la Cámara, podrán convocar a los servidores públicos a que se refiere el artículo 93 de la Constitución para que informen, bajo protesta de decir verdad, cuando se trate de un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa relativa a sus respectivos ramos, o para que respondan a preguntas o interpelaciones.

2. Igualmente pueden las comisiones formular preguntas parlamentarias, sin mediar comparecencia, para solicitar información y documentación a los servidores públicos mencionados en el párrafo anterior. Las preguntas se sujetarán a los criterios previstos en el párrafo 3 del artículo 7 Bis de esta ley.

3. Cuando una pregunta con solicitud de información o documentación no sea atendida en un plazo de 15 días naturales contados a partir de su formulación, la comisión, a través de la mesa Directiva de la Cámara, podrá dirigirse oficialmente en queja al presidente de la República o al órgano superior de dirección del organismo autónomo de que se trate.

4. Las comisiones ordinarias cuya materia se corresponde con los ramos de la administración pública federal harán el estudio del informe a que se refiere el primer párrafo del artículo 93 constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 7 de esta ley.

5. …

6. …

7 …

Artículo 85.

1. …

2. Las comisiones serán:

1. Los presidentes de las comisiones ordinarias o de investigación, con el acuerdo de éstas y por conducto de la Mesa Directiva de la Cámara, podrán convocar a los servidores públicos a que se refiere el artículo 93 de la Constitución para que informen, bajo protesta de decir verdad, cuando se trate de un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa relativa a sus respectivos ramos, o para que respondan a preguntas o interpelaciones.

2. Antes del inicio de la comparecencia, uno de los secretarios de la o las comisiones exhortará al o a los comparecientes para que, con apego a lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución, se conduzcan con verdad en lo que van a manifestar o en los informes que rindan, apercibidos de que si no lo hacen así podrán ser sancionados conforme la ley aplicable. Una vez que el o los comparecientes manifiesten que se conducirán con verdad, se procederá al desahogo de la comparecencia.

3. Igualmente pueden las comisiones formular preguntas parlamentarias, sin mediar comparecencia, para solicitar información y documentación a los servidores públicos mencionados en el párrafo anterior. Las preguntas se sujetarán a los criterios previstos en el párrafo 3 del artículo 7 Bis de esta ley.

4. Cuando una pregunta con solicitud de información o documentación no sea atendida en un plazo de 15 días naturales contados a partir de su formulación, la comisión, a través de la Mesa Directiva de la Cámara, podrá dirigirse oficialmente en queja al presidente de la República o al órgano superior de dirección del organismo autónomo de que se trate.

5. Las comisiones ordinarias cuya materia se corresponde con los ramos de la administración pública federal harán el estudio del informe a que se refiere el primer párrafo del artículo 93 constitucional, en términos de lo dispuesto por el artículo 7 de esta ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 30 de abril de 2009.

Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente

Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica)
Secretaria

(Turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Abril 30 de 2009.)
 
 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN UN PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO 40 Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 89 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

México, DF, a 30 de abril de 2009.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan un párrafo sexto al artículo 40 y un párrafo segundo al artículo 89, ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
 

Minuta
Proyecto de Decreto

Por el que se adicionan un párrafo sexto al artículo 40 y un párrafo segundo al artículo 89, ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adicionan un párrafo 6 al artículo 40 y un párrafo 2 al artículo 89, ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 40

1. a 5. …

6. La Comisión de Justicia informará al Pleno y, en sus recesos, a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos sobre las resoluciones dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las que se declare la inconstitucionalidad de una ley emitida por el Congreso de la Unión, así como sobre los criterios jurisprudenciales definidos que hayan establecido los tribunales federales en los que se declare la inconstitucionalidad de una ley o se haya establecido interpretación conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de aportar elementos de información y análisis a los diputados y a las comisiones competentes, para la presentación de iniciativas o la formulación de dictámenes, en su caso, sobre los ordenamientos correspondientes. Para el desarrollo de dichas tareas, la Comisión de Justicia será asistida por la unidad administrativa responsable de la representación legal de la Cámara.

Artículo 89

1. …

2. La Comisión de Justicia informará al Pleno y, en sus recesos, a la Mesa Directiva sobre las resoluciones dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las que se declare la inconstitucionalidad de una ley emitida por el Congreso de la Unión, así como sobre los criterios jurisprudenciales definidos que hayan establecido los tribunales federales en los que se declare la inconstitucionalidad de una ley o se haya establecido interpretación conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de aportar elementos de información y análisis a los senadores y las comisiones competentes, para la presentación de iniciativas o la formulación de dictámenes, en su caso, sobre los ordenamientos correspondientes. Para el desarrollo de dichas tareas, la Comisión de Justicia será asistida por la unidad administrativa responsable de la representación legal de la Cámara.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 30 de abril de 2009.

Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente

Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica)
Secretaria

(Turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Abril 30 de 2009.)
 
 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

México, DF, a 28 de abril de 2009.

Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Presentes

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal.

Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente.
 

Minuta
Proyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal

Artículo único. Se reforma el artículo 253 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 253. ...

Se sancionará con cien a mil días multa al coautor o partícipe que denuncie la comisión de uno de los delitos a que se refiere la fracción VI del presente artículo, y que aporte elementos de prueba suficientes para su acreditación, siempre que ello haya dado lugar al inicio de la averiguación previa correspondiente, o cuando se compruebe que se encuentra en los supuestos del artículo 33 Bis-3 de la Ley Federal de Competencia Económica y la denuncia se haya presentado por la autoridad competente.

En cualquiera de los casos señalados en las fracciones I a VI de este artículo, el juez podrá ordenar, además, la suspensión hasta por un año o la disolución de la empresa de la que el delincuente sea miembro o representante, si concurren las circunstancias mencionadas en el artículo 11 de este código.

En los casos de los incisos a), f) y h), de la fracción I y de la IV de este artículo, la autoridad que tenga conocimiento de los hechos procederá de inmediato a depositar los artículos de consumo necesario o generalizado, las materias primas para elaborarlos o las materias primas esenciales para la actividad industrial nacional. El depósito se efectuará en un almacén general de depósito que sea organización nacional auxiliar de crédito y los bienes serán genéricamente designados, en los términos del artículo 281 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; cuando se trate de bienes cuya especial naturaleza no permita el deposito genérico, se constituirá el especifico, señalando asimismo, el plazo y condiciones en que habrá de procederse a su venta o destrucción conforme a lo que establece el artículo 282 de la misma ley. El certificado de depósito que se expida tendrá el carácter de no negociable y será remitido al Ministerio Público o, en su caso, al juez que conozca del proceso, para los efectos que procedan.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las medidas y sanciones administrativas que establezcan las leyes correspondientes.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 28 de abril de 2009.

Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente

Senadora Adrián Rivera Pérez (rúbrica)
Secretaria

(Turnada a la Comisión de Justicia. Abril 30 de 2009.)
 
 

México, DF, a 30 de abril de 2009.

Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente

Por instrucciones del presidente de la República y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 74, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito enviar

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Cuauthémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 30 de abril de 2009.

Documentos referentes a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2008 que, con fundamento en lo establecido en la fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esta fecha se entregaron a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Documentos (cantidad, 2 juegos)

El diputado Raúl Alejandro Padilla Orozco, presidente de la comisión, dio la bienvenida a los asistentes y verificó que hubiera quórum. Una vez comprobado, inició la reunión con la lectura y aprobación del siguiente orden del día:

Sobre el mismo tema, el diputado Javier Guerrero señaló que es importante la asistencia de todos los integrantes de la comisión y que, en caso de no poder asistir, avisen con anticipación.

En cuanto a los proyectos de opinión y de dictamen, fueron aprobados los siguientes:

Por lo que se refiere a asuntos generales, el diputado Alejandro Chanona señaló que, con base en el último acuerdo de la Junta de Coordinación Política, se aprobó llevar a cabo la última reunión plenaria de la comisión en Tuxtla Gutiérrez.

Como no hubo más puntos por considerar, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Raúl Alejandro Padilla Orozco, dio por concluida la reunión plenaria del jueves dieciocho de septiembre de dos mil ocho.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Diputados: Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), presidente; Mario Alberto Salazar Madera (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo, Érick López Barriga (rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica), Joel Ayala Almeida, Javier Guerrero García (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido, Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Mónica Arriola, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica), secretarios; Alejandro Enrique Delgado Oscoy, Amador Campos Aburto (rúbrica), Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Artemio Torres Gómez, Bibiana Rodríguez Montes (rúbrica), Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica), Celso David Pulido Santiago (rúbrica), Dolores del Socorro Rodríguez Sabido (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Javier Ernesto Gómez Barrales (rúbrica), Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez, Francisco Rueda Gómez (rúbrica), Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Juan Adolfo Orcí Martínez (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), María Eugenia Patiño Sánchez (rúbrica), Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Olivia Verónica Utrilla Nieto (rúbrica), Pablo Trejo Pérez (rúbrica), Andrea Geraldine Ramírez Zollino (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÓN PLENARIA, CELEBRADA EL MARTES 3 DE MARZO DE 2009

La vigésima sexta reunión plenaria, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública fue presidida por el diputado Javier Guerrero, las labores de la secretaría fueron encargadas al diputado Alejandro Chanona Burguete y más continuó la diputada Susana Monreal Ávila.

Como primer acuerdo se leyó y votó a favor la orden del día que a continuación se presenta. De ahí se pasó a la discusión de cada punto.

A. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de 20 opiniones de impacto presupuestario

Dictamen por el que se tienen atendidos diversos puntos de acuerdo, relacionados con la aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2009,

E. Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado

Opinión que emite la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública al proyecto de Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (Profis) del Ejercicio Fiscal de 2009, enviado por la Auditoria Superior de la Federación.

F. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de nueve actas de reuniones plenarias ordinarias y una plenaria extraordinaria

Con respecto a la opinión número 2, la diputada Susana Monreal expresó su consternación por las cifras tan altas que se presentan al hacer una proyección demográfica hasta el 2050, ante esto, el director del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), explicó que la metodología utilizada ocupa cifras del Consejo Nacional de Población y es normal hacer las proyecciones hasta este año, pues siempre se consideran dos generaciones en el tema de crecimiento demográfico para el grupo de personas de adultos mayores.

Los diputados, entre ellos Javier Calzada y Mario Salazar, propusieron que en el caso que existan diversas iniciativas con el mismo tema, se entreguen las opiniones de impacto presupuestaria al mismo tiempo con el fin de agilizar el trabajo de la comisión.

Con respecto a la opinión número 18, el diputado Carlos Altamirano cuestionó el impacto presupuestario que causaría crear la Comisión Intersecretarial a lo que el director del CEFP comentó que dado que la Comisión Intersecretarial actualmente ya existe, no sería necesario crear una nueva por lo cual no hay un costo adicional.

La diputada Elsa Conde reservó la opinión número 7, pues solicita mayor información sobre los puntos expuestos de la iniciativa. De acuerdo con ésta se proponen 4 sustantivas, de las cuales el CEFP sólo evalúa el costo de dos de ellas. El CEFP comentó que debido a que son acciones que ya se aplican y ya están institucionalizadas no es necesario volver a revisar su impacto presupuestario. La preocupación de la diputada Elsa Conde va en el sentido que para que una ley opere no sólo se necesita de su publicación sino de los programas a través de los cuales opera por lo cual es necesario saber el costo total de éstos, ante esto, el diputado Javier Guerrero sugirió mejorar la metodología utilizada por el CEFP a fin de contar con la información necesaria.

En lo que concierne a la participación del diputado Carlos Rojas con respecto a la opinión número 3, el diputado pide al CEFP no emitir calificativos a la hora de realizar el impacto presupuestario de las iniciativas en estudio. Asimismo solicitó que se hiciera un análisis más completo para poder emitir una mejor opinión sobre las iniciativas, para ello el diputado Javier Guerrero solicitó al CEFP revisar de nuevo la iniciativa tomando en cuenta los comentarios del diputado Carlos Rojas. Sobre esta iniciativa en específico, preocupó al diputado Javier Guerrero el procedimiento parlamentario seguido pues la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública debe dar seguimiento a las iniciativas junto con las otras comisiones ordinarias.

Dentro del segundo punto de la orden del día se votaron a favor tres de los seis proyectos de dictamen en sentido negativo. Los número 1 y 3 concernientes a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria quedaron reservados por el diputado Javier Guerrero y el número 6 por el diputado Carlos Rojas.

En general, la preocupación de los diputados es la reasignación de los excedentes, la cual deberá requerir la aprobación de la Cámara de Diputados para la autorización de erogaciones adicionales a las aprobadas dentro del Presupuesto de Egresos. El diputado Carlos Altamirano propuso crear una subcomisión para discutir este temas, la moción fue aprobada y ésta estará conformada por un representante de cada grupo parlamentario.

La diputada secretaria Susana Monreal dio lectura al punto sobre tres proyectos de dictamen de puntos de acuerdo en comisiones unidas. El primer dictamen fue reservado por la diputada Elsa Conde pues argumentó que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública no tiene argumentos para votar en contra de la visita del director del IMSS para lo cual se acordó bajo la sugerencia del diputado Javier Guerreo cambiar el dictamen en sentido positivo. Los otros dos proyectos de dictamen de puntos de acuerdo se votaron a favor por el pleno de la comisión.

Respecto del punto D del orden del día, en el que se presenta el proyecto de dictamen por el que se tienen por atendidos los puntos de acuerdo enviados en el marco de la discusión del PEF de 2009 turnados por la Mesa Directiva fue aprobado.

En torno al punto referente a la opinión que emite al CPCP sobre el proyecto de Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (Profis) en el ejercicio fiscal de 2009, enviado por al Auditoria Superior de la Federación, los diputados Javier Guerrero y Elsa Conde entregaron modificaciones para ser consideradas en la opinión, que se aprobó con las propuestas presentadas.

Sobre el último punto de la orden del día, se aprobaron nueve actas de reuniones plenarias ordinarias y una de plenaria extraordinaria.

Como parte de los asuntos generales tratados, el diputado Carlos Rojas propuso hacer una petición a la Mesa Directiva para solicitar información respecto a que pasaba con los dictámenes que se encontraban en segunda lectura, asimismo solicitó una reunión con el director de Proméxico, Bruno Ferrari, con el fin de que se presenten los avances y estrategias de esta entidad ante la situación económica actual.

El diputado Martín Ramos hizo una invitación a un congreso sobre Desarrollo Regional a celebrarse del jueves 5, al sábado 7 de marzo en Tuxtla Gutiérrez.

El diputado Javier Guerrero propuso llevar a cabo una reunión con la mesa directiva de la comisión y una reunión Plenaria el próximo martes para tratar el tema del ejercicio del gasto, a lo cual la diputada Susana Monreal pidió se cite a los titulares para que presenten sus avances en el ejercicio del gasto para el primer trimestre de 2009. A esta petición se sumó el diputado Jesús Ramírez Stabros quien solicitó la presencia del gobernador de Banco de México y del secretario de Hacienda y Crédito Público, propuestas que fueron acordadas.

Finalmente, la Secretaría Técnica dio la información sobre los trabajos pendientes de la comisión y comentó que se tienen pendientes 30 opiniones de impacto presupuestario de las cuales 12 ya han sido enviadas por el CEFP; 20 dictámenes por comisiones unidas de los cuales sólo 3 son de primer turno: y 31 dictámenes de iniciativas.

El diputado Javier Guerrero García dio por terminada la vigésima sexta reunión plenaria.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Diputados: Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), presidente; Mario Alberto Salazar Madera (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo, Érick López Barriga (rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica), Joel Ayala Almeida, Javier Guerrero García (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido, Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Mónica Arriola, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica), secretarios; Alejandro Enrique Delgado Oscoy, Amador Campos Aburto (rúbrica), Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Artemio Torres Gómez, Bibiana Rodríguez Montes, Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica), Celso David Pulido Santiago (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez, Francisco Rueda Gómez (rúbrica), Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), Juan Adolfo Orcí Martínez (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Pablo Trejo Pérez (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, REFERIDA A LA VIGÉSIMA OCTAVA REUNIÓN PLENARIA, CELEBRADA EL MIÉRCOLES 1 DE ABRIL DE 2009

El diputado Raúl Alejandro Padilla Orozco, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, dio la bienvenida a los asistentes, a quienes informó que la comisión cuenta con nuevo secretario, el diputado Mario Salazar Madera, del Partido Acción Nacional.

Posteriormente, verificó que hubiera quórum. Una vez comprobado, inició la reunión, cediendo el uso de la palabra a la diputada Susana Monreal Ávila, quien leyó el orden del día:

En el primer punto del orden del día, correspondiente al tema de la Cuenta Pública, el presidente, Raúl Alejandro Padilla Orozco, informó que el 31 de marzo del presente se convocó a una reunión, donde sólo asistieron los diputados Carlos Altamirano y Mario Salazar Madera, y dos asesores, uno del Grupo Parlamentario de Convergencia y otro de Nueva Alianza, quienes llegaron en momentos diferentes, por lo que no fue posible armar una reunión de trabajo como tal. Por esas razones se entregó a todos los presentes el último documento sobre la Cuenta Pública de 2006.

Agregó que la Cuenta Pública de 2006 es la única pendiente en esta comisión, porque las otras Cuentas ya fueron atendidas y están en el Pleno de la Cámara. Por ello invitó a que los legisladores de la comisión acompañasen o mandasen a sus asesores, ya que la intención es tener un dictamen por la comisión a mediados de abril.

El diputado Pablo Trejo Pérez señaló que, en efecto, ya se dictaminaron las Cuentas Públicas anteriores, pero curiosamente cada vez que se analiza el orden del día no aparecen, ni siquiera como dictámenes de segunda lectura, aunque ya fueron turnados al Pleno. Por ello pregunto: ¿Qué se puede hacer para sacarlas en el Pleno? ¿O se espera terminar la de 2006 para sacar todas en una sola sesión? Y opinó: Creo que la mesa directiva de la comisión debe solicitar a la de la Cámara que se pusieran ya a discusión los dictámenes, pues de nada va a servir que los saquemos antes del 15 de abril si se van a quedar sin aprobar por el Pleno.

El presidente, Raúl Alejandro Padilla Orozco, consideró necesario sacar la Cuenta Pública en tiempo y forma, debido a que se tiene responsabilidad en ello. Además, apuntó que no le gustaría que la comisión fuera señalada por haber incurrido en falta.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca mencionó sobre las Cuentas Públicas del periodo 2002-2005: En reunión de la Junta de Coordinación Política se responsabilizó al Grupo Parlamentario del PRI de presentar el calendario conforme al cual la Mesa Directiva programaría en la agenda cada una de ellas para pasarlas al Pleno. Por ello sugirió que se solicitase a la Junta de Coordinación Política que haga del conocimiento de la comisión el calendario donde se considere en el Pleno cada uno de los dictámenes correspondientes.

Agregó: La responsabilidad de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública concluye cuando culmina el procedimiento, que es el sometimiento a consideración del Pleno.

El diputado Mario Alberto Salazar Madera señaló: Al parecer, hay un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para discutir las Cuentas Públicas de 2002 a 2005 el 14 de abril para primera lectura; posteriormente se generaría la segunda lectura.

Sugirió que la presidencia de la comisión solicite por la vía oficial a la Junta de Coordinación Política el calendario de dichas discusiones.

El presidente, Raúl Alejandro Padilla Orozco, señaló que se atenderán las sugerencias recibidas en la mesa. Y pasó al segundo punto del orden del día, "Iniciativas vinculadas al tema de obras públicas", para lo cual cedió el uso de la palabra a la secretaria técnica, Diana Osuna Millán.

La secretaria técnica mencionó: Las iniciativas que se están presentando, a excepción de la del presidente, ya fueron entregadas a sus oficinas. Entonces, en todo caso se les volverían a enviar, en paquete, para que las tengan. Y la única que van a encontrar aquí es la del Ejecutivo.

A continuación, expuso brevemente sobre cada una de las cuatro iniciativas relacionadas con el asunto de obra pública, su origen, a quién se han turnado, qué leyes modifican y el objetivo que persiguen. Asimismo, atendió las preguntas y dudas de los presentes, a las que dio respuesta amplia y puntual.

Una vez agotada la exposición de la secretaria técnica, el presidente, Raúl Alejandro Padilla Orozco, propuso crear un grupo de trabajo integrado por todos los grupos parlamentarios que formen parte de la comisión para estar en posibilidad de analizar, discutir y, en su caso, aprobar las iniciativas que así se determinen.

La secretaria diputada Susana Monreal Ávila hizo hincapié en la necesidad de generar un dictamen sobre las iniciativas propuestas, pero también hacerlo con la responsabilidad debida, analizando cada punto y coma detalladamente de las propuestas, ya que se encuentran contradicciones entre algunas de ellas. Por ello convocó a tener más cuidado con el análisis que se haga de cada una de éstas.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca sugirió distinguir los objetivos que persigue cada una de las iniciativas, y que se atienda con rapidez, eficiencia y eficacia el proceso legislativo; particularmente la iniciativa que pretende atender la urgencia económica.

El diputado Carlos Rojas Gutiérrez propuso a la secretaria técnica trabajar en la posibilidad de complementar las cuatro propuestas entre sí para avanzar en una nueva propuesta y ver si se cuenta con el tiempo necesario para presentarla antes del 30 de abril.

Al concluir las participaciones sobre las iniciativas en discusión, la secretaria diputada Susana Monreal Ávila señaló que con la firma de los asistentes se tuvo quórum para la reunión, por lo que los acuerdos aquí tomados tenían validez.

El presidente, diputado Raúl Alejandro Padilla Orozco, preguntó a los presentes si había algún asunto más por atender. Como recibió respuesta en sentido negativo, dio por terminada la reunión y convocó para el 2 de abril del presente año, en el mismo lugar, a las 12:00 del día, para otra reunión. Agradeció a los presentes su participación.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Diputados: Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), presidente; Mario Alberto Salazar Madera (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo, Érick López Barriga (rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica), Joel Ayala Almeida, Javier Guerrero García (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido, Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Mónica Arriola, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica), secretarios; Alejandro Enrique Delgado Oscoy, Amador Campos Aburto (rúbrica), Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Artemio Torres Gómez, Bibiana Rodríguez Montes (rúbrica), Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica), Celso David Pulido Santiago (rúbrica), Dolores del Socorro Rodríguez Sabido (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Javier Ernesto Gómez Barrales (rúbrica), Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez, Francisco Rueda Gómez (rúbrica), Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Juan Adolfo Orcí Martínez (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), María Eugenia Patiño Sánchez (rúbrica), Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Olivia Verónica Utrilla Nieto (rúbrica), Pablo Trejo Pérez (rúbrica), Andrea Geraldine Ramírez Zollino (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, ATINENTE A LA VIGÉSIMA NOVENA REUNIÓN PLENARIA, CELEBRADA EL JUEVES 2 DE ABRIL DE 2009

El diputado Raúl Alejandro Padilla Orozco, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, dio la bienvenida a los asistentes, verificó que hubiera quórum y, una vez comprobado, inició la reunión, dando lectura al orden del día.

A. Discusión y, en su caso, aprobación de tres proyectos de dictamen

Al concluir la lectura, el presidente de la comisión, Raúl Alejandro Padilla Orozco, puso a consideración del pleno la aprobación del orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad, dando inicio en consecuencia el desahogo de sus puntos.

En referencia al primer punto, fueron sometidos a votación y aprobados de manera general los tres dictámenes siguientes:

A continuación, el presidente Raúl Alejandro Padilla Orozco preguntó a los asistentes si tenían algún asunto general para tratar. Al recibir respuesta negativa, informó lo siguiente:

Muchas gracias por asistir; a las 14:00 horas del 2 de abril damos por terminada nuestra vigésima novena reunión plenaria. Y si les parece esteremos convocando a reunión plenaria para el próximo martes 14 de abril a las 15:00 horas en esta sala de juntas, para que sigamos trabajando con el tema de obras públicas. Esperaríamos ya tener un documento de trabajo para comenzar a analizar y discutir estos temas tan importantes.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Diputados: Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), presidente; Mario Alberto Salazar Madera (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo, Érick López Barriga (rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica), Joel Ayala Almeida, Javier Guerrero García (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido, Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Mónica Arriola, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica), secretarios; Alejandro Enrique Delgado Oscoy, Amador Campos Aburto (rúbrica), Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Artemio Torres Gómez, Bibiana Rodríguez Montes (rúbrica), Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica), Celso David Pulido Santiago (rúbrica), Dolores del Socorro Rodríguez Sabido (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez, Francisco Rueda Gómez (rúbrica), Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Juan Adolfo Orcí Martínez (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), María Eugenia Patiño Sánchez (rúbrica), Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Olivia Verónica Utrilla Nieto (rúbrica), Pablo Trejo Pérez (rúbrica), Andrea Geraldine Ramírez Zollino (rúbrica).
 
 

A la décima reunión ordinaria, que se efectuará el jueves 14 de mayo, a las 11:00 horas, en el salón de usos múltiples número 4 del edificio I.

Orden del Día

A la exposición Vitrium IX: meditaciones en vidrio, que permanecerá del lunes 11 al viernes 15 de mayo en el vestíbulo principal, donde se inaugurará el martes 12, a las 12:00 horas.

Atentamente
Diputado Emilio Ulloa Pérez
Presidente
 
 

DE LA COMISIÓN DE CULTURA

A la exposición Hábitat, que permanecerá del lunes 18 al viernes 22 de mayo en el vestíbulo principal, donde se inaugurará el martes 19, a las 12:00 horas.

Atentamente
Diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Presidente
 
 

DE LA COMISIÓN DE CULTURA

A la exposición Imágenes de mi tierra, que permanecerá del lunes 18 al viernes 22 de mayo en el vestíbulo principal, donde se inaugurará el martes 19, a las 12:30 horas.

Atentamente
Diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Presidente
 
 

DE LA COMISIÓN DE CULTURA

A la exposición La FES Aragón en su plástica, que permanecerá del lunes 25 al viernes 29 de mayo en el vestíbulo principal, donde se inaugurará el martes 26, a las 12 horas.

Atentamente
Diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Presidente
 
 

DE LA COMISIÓN DE SALUD

Al foro Salud mental para niñas y niños, que se llevará a cabo el miércoles 24 y jueves 25 de junio, de las 9:30 a las 15:00 horas, en el auditorio del edificio E, planta baja.

Atentamente
Diputado Ector Jaime Ramírez Barba
Presidente
 
 

DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIOS DE LAS POLÍTICAS PARA LA MIGRACIÓN INTERNA

Al diplomado Análisis y debate de los problemas contemporáneos de México que, en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se llevará a cabo los viernes –de las 15:00 a las 21:00 horas– y los sábados –de las 9:00 a las 14:00– comprendidos hasta el 11 de julio, en la Cámara de Diputados.

Se analizarán los grandes problemas nacionales en sus dimensiones social, política, económica, cultural, internacional y legal, las leyes y políticas que enmarcan su tratamiento, a fin de identificar las condiciones que los determinan actualmente, generar su clarificación y proponer las reformas que se requieren para dar un nuevo curso al desarrollo del país.

Módulo 1. El estado de derecho a debate: ¿vigencia o decadencia?

Atentamente
Diputado Raúl Ríos Gamboa
Presidente
 
 

DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA

Al diplomado Opinión pública y comunicación política que, en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, se llevará a cabo hasta el viernes 24 de julio, en la sala 4 del edificio I.

El diplomado contará con la participación de reconocidos especialistas de las principales casas encuestadoras en México, como Jorge Buendía, de Buendía & Asociados; Francisco Abundis, de Parametría; Roy Campos, de Consulta Mitofsky; y Ulises Beltrán, de BGC; e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estará dividido en seis módulos y 24 sesiones, con 48 horas efectivas de trabajo.

La undécima y duodécima sesiones se llevarán a cabo el 14 y el 15 de mayo, de las 17:00 a las 20:00 y de las 10:00 a las 14:00 horas, respectivamente, en los salones de usos múltiples números 3 y 4 del edificio I.

Metodología

Módulo 3. Estudios de casos de opinión pública.