Los que suscriben, diputados federales Éctor Jaime Ramírez Barba, José Antonio Muñoz Serrano, Fernando Enrique Mayans Canabal, Juan Abad de Jesús, Efraín Morales Sánchez, Efraín Arizmendi Uribe, Daniel Dehesa Mora, Ángel Humberto García Reyes, Roberto Mendoza Flores, Miguel Ángel Navarro Quintero y Jorge Quintero Bello, integrantes de la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que establezca criterios claros de estructura, funcionamiento y atención en los servicios de terapia intensiva para los pacientes de los establecimientos destinados a la prestación de servicios de atención médica en todo el territorio nacional, así como las condiciones mínimas de infraestructura, equipamiento, recursos humanos y técnicos que deberán reunir dichos establecimientos para prestar los servicios de esta especialidad, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Tradicionalmente México se ha encontrado a la vanguardia de la investigación y atención de diversos padecimientos contribuyendo al conocimiento médico mundial, en ese contexto no son pocas las contribuciones de destacados profesionales médicos en muchas de las especialidades de la ciencia médica.
El caso de la denominada medicina intensiva no es la excepción, en cuyo marco los intensivistas mexicanos han sido pioneros de la especialidad en Iberoamérica, como ejemplifica la fundación de la Asociación Mexicana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva en 1973, que al día de hoy tiene presencia en las principales ciudades de la República Mexicana y agrupa a más de mil 400 especialistas en la rama, inspirando la fundación de asociaciones profesionales en España y toda América Latina.
La importancia de esta especialidad médica es indiscutible, gracias a la atención especializada en las unidades de terapia intensiva, se han rehabilitado desde 1960 un sinnúmero de pacientes en todo el mundo, que de otra manera perderían la vida en ausencia de un monitoreo adecuado o una infraestructura técnica y de recursos humanos insuficiente. La medicina intensiva, a diferencia de la atención médica suministrada a los pacientes en un servicio de urgencias, tiene como propósito suministrar el soporte vital a los sistemas orgánicos en los pacientes que están críticamente enfermos, quienes generalmente requieren supervisión y monitorización intensiva, actividad que exige una profesionalización y condiciones de infraestructura y equipamiento al más alto nivel, para responder adecuadamente a cualquier condición que ponga en riesgo la vida de los pacientes.
Los pacientes que requieren cuidados intensivos incluyen aquellos que han sufrido traumas graves, producto de accidentes o eventos violentos, así como aquellos que sufren cardiopatía isquémica, infartos o enfermedades coronarias, gran número de ellos en edad productiva. De igual manera, corresponde a la unidad de terapia intensiva de los establecimientos hospitalarios atender a quienes han recibido un trasplante de órganos, los pacientes en recuperación de cirugía mayor, de cáncer o de corazón abierto; por ello, generalmente requieren soporte en muy diversos rubros que involucran frecuentemente a especialistas en diversas ramas médicas, a fin de proporcionar una atención integral.
Los cuidados intensivos generalmente sólo se ofrecen a pacientes cuya condición sea potencialmente reversible y que tengan posibilidad de sobrevivir con la ayuda de los cuidados intensivos. No obstante, los enfermos críticos están cerca de la muerte y, por tanto, el resultado de ésta intervención es fundamental para el suministro de tratamientos adecuados que permitan superar dicha condición, frente a un gran número de padecimientos, consumiendo un alto porcentaje del presupuesto de los hospitales, aunque con la satisfacción de reintegrar hasta en un 90 por ciento a los pacientes a una vida activa.
En México el Sistema Nacional de Salud tiene como función principal garantizar la prestación de servicios de salud a la población que lo demande, en condiciones de calidad, eficiencia y equidad. Para tal propósito es necesario que las instituciones de salud de los sectores público, social o privado cumplan con los requisitos para el funcionamiento correcto de los servicios, así como el cumplimiento de las características y perfiles idóneos para otorgar la atención médica en condiciones adecuadas.
El caso de las unidades de terapia intensiva en nuestro país ha sido la excepción, pues no se cuenta con lineamientos que obliguen a cumplir con mínimos indispensables a los establecimientos para la prestación de estos servicios de salud. La atención en unidades especializadas permite disminuir los costos de un tratamiento inadecuado; sin embargo, muchos establecimientos no cuentan con la infraestructura adecuada para brindar tales servicios.
Esta situación constituye un riesgo importante para los pacientes internos en las unidades de terapia intensiva en los ámbitos neonatal, pediátrico y de adultos, de establecimientos para la prestación de servicios de salud que no cumplen con condiciones mínimas de calidad y seguridad.
Una normativa adecuada permitiría garantizar capacidades técnicas, profesionales y de infraestructura mínimos requeridos para estas áreas especializadas, a niveles internacionalmente aceptados, a fin de reducir los tiempos de hospitalización, eventos adversos y afrontar los requerimientos que nuestro país demandará, en virtud del envejecimiento de la población y la actividad productiva.
Por lo expuesto, me permito presentar a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que establezca criterios claros de estructura, funcionamiento y atención en los servicios de terapia intensiva para los pacientes de los establecimientos destinados a la prestación de servicios de atención médica en todo el territorio nacional, así como las condiciones mínimas de infraestructura, equipamiento, recursos humanos y técnicos que deberán reunir dichos establecimientos para prestar los servicios de esta especialidad.
Diputados: Éctor Jaime
Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz
Serrano (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica),
Efraín Morales Sánchez, Juan Abad de Jesús, Efraín
Arizmendi Uribe, Daniel Dehesa Mora, Ángel Humberto García
Reyes (rúbrica), Roberto Mendoza Flores, Miguel Ángel Navarro
Quintero, Jorge Quintero Bello (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DICTAR LAS MEDIDAS CONDUCENTES A TRASLADAR
EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN A UN EDIFICIO APROPIADO, CON LAS
CARACTERÍSTICAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN
CIENTÍFICA DE LOS DOCUMENTOS Y EVITAR SU DESINTEGRACIÓN,
A CARGO DEL DIPUTADO ARMANDO GARCÍA MÉNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE ALTERNATIVA
El suscrito, diputado Armando García Méndez, del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, con fundamento en lo previsto en los artículos del 58 al 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a ordenar que sea trasladado el Archivo General de la Nación a un edificio construido en lugar apropiado y que reúna las características aconsejadas por la ciencia, para la conservación de los documentos valiosos, guardados en tal archivo, incluyéndose la digitalización y otros adelantos tecnológicos, para que puedan ser consultados en red y evitar su desintegración.
Antecedentes
El Archivo General de la Nación fue fundado en 1823 con el nombre de Archivo General y Público de la Nación, habiéndose instalado por primera vez en el Palacio Nacional. Su idea de formarlo fue del virrey Revillagigedo, quien desde 1790 inició las labores para formarlo con documentos de la Secretaría del Virreinato.
En la actualidad, depende de la Secretaría de Gobernación y representa un considerable esfuerzo para poner en manos de los interesados, investigadores históricos, principalmente los riquísimos fondos del mayor repositorio documental mexicano.
En 1982 el gobierno consideró conveniente concentrar en un solo edificio los documentos varios que se encontraban dispersos en archivos y se aprobó la recientemente desocupada penitenciaría de Lecumberri para su instalación, después de haberse efectuado las adecuaciones convenientes y necesarias.
En el Archivo General de la Nación se guardan inapreciables y valiosos documentos relacionados con la Independencia, la Reforma y la Revolución de 1919, los cuales, por ahora, están en peligro de desintegrarse por el paso del tiempo, pero principalmente por la pésima ubicación del edificio que los guarda, ya que tal construcción está a dos metros por abajo del nivel de la calle. Es como si estuviera en el fondo de una alberca, según define la doctora Patricia Galeana, quien fuera su directora general.
Un edificio, para que preserve los documentos, no debe tener fluctuaciones de humedad, de temperatura, ni tener aire contaminado, es el caso del lugar en donde se sitúa actualmente, ya que éste le resta vida a los documentos.
Dados los avances científicos y tecnológicos, el Archivo General de la Nación debe situarse en lugar apropiado, a efecto de permitir que sus documentos puedan ser digitalizados, que se puedan consultar en red y no se manipulen. Esto le daría una mayor duración, tal vez indefinida, a los valiosos documentos que guarda.
En mérito a lo expuesto, Alternativa Socialdemócrata y el suscrito, diputado federal, con fundamento en los artículos del 58 al 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía expedir el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a girar sus respetables órdenes, en el ámbito de la colaboración entre poderes, a los secretarios de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público a efecto de que el Archivo General de la Nación sea trasladado a un edificio que tenga los elementos modernos necesarios para la adecuada conservación de los valiosos documentos que albergue, incluyéndose los adelantos científicos y tecnológicos conocidos como digitalización o que se conozcan en lo futuro, para que puedan consultarse en red y no se manipulen, para cuyo efecto se asignen los fondos necesarios para este traslado que es de inaplazable necesidad.
Se solicita al Pleno de la Cámara de Diputados que la proposición con punto de acuerdo se tramite la resolución, dada la importancia que amerita.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2009.
Diputado Armando García Méndez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO A ORDENAR LA
ERECCIÓN DE UN MONUMENTO EN MEMORIA DEL DOCTOR GUSTAVO BAZ PRADA
EN EL PASEO TOLLOCAN, EN TOLUCA, A CARGO DEL DIPUTADO ARMANDO GARCÍA
MÉNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA
El suscrito, diputado Armando García Méndez, del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, con fundamento en los artículos 58 al 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del estado de México a ordenar la erección de un monumento de proporciones adecuadas en el Paseo Tollocan, municipio de Toluca, estado de México, en memoria del ilustre mexicano y mexiquense doctor Gustavo Baz Prada.
Antecedentes
Es de sobra conocida la trayectoria del doctor Gustavo Baz Prada (1894-1987), quien fuera en dos ocasiones gobernador del estado de México (1914 y 1957), cirujano de renombre internacional, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y, al mismo tiempo, director de la Escuela Médico Militar. Asumió la presidencia de la Academia de Medicina; en 1938 fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); en 1940, secretario de Salubridad y Asistencia. Habiendo iniciado la construcción del Centro Médico Nacional, organizó los Hospitales del Niño, y de Nutrición, y ejecutó un plan de 37 hospitales en todo el país.
En 1952 fue nombrado director de la Industria Químico Farmacéutica; miembro desde 1964 del Consejo Superior de Salubridad y presidente del Hospital de Jesús. Durante 26 años (1920 a 1946) se dedicó a la docencia en la UNAM. Fue miembro del consejo consultivo del IEPES del Partido Revolucionario Institucional en 1972 y senador por el estado de México de 1976 a 1982. Obtuvo la medalla Belisario Domínguez. Falleció en la ciudad de México el 13 de octubre de 1987.
Difícil, casi imposible, igualar el historial de tan preclaro ciudadano mexiquense. El doctor Gustavo Baz Prada, junto con el jurisconsulto de relieve internacional doctor Isidro Fabela y con el profesor Carlos Hank González, son el triunvirato más ilustre del estado de México. Fabela y Hank ya tienen un monumento digno en la capital de mi estado, sólo falta el del doctor Baz, para reconocerle y honrarlo por sus méritos, que trascienden a todo el ámbito de la República Mexicana.
En mérito a lo expuesto, con fundamento en las disposiciones legales citadas, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de México a ordenar la erección de un monumento, digno del personaje a perpetuar su memoria, del doctor Gustavo Baz Prada, ínclito mexicano y mexiquense, en el Paseo Tollocan, municipio de Toluca, estado de México.
El cumplimiento de este punto de acuerdo, con seguridad, será agradecido por la ciudadanía mexicana.
Se solicita al Pleno de la Cámara de Diputados que la proposición con punto de acuerdo se tramite la resolución con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacion Legislativo, a 31 de marzo de 2009.
Diputado Armando García Méndez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL SECRETARIO DE SALUD A INFORMAR A LOS CIUDADANOS SOBRE LOS
NOMBRES Y LAS MARCAS DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y NIEVES CON EDULCORANTES INOCUOS
PARA DIABÉTICOS, EPILÉPTICOS O PERSONAS QUE DESEEN CONTROLAR
SU PESO, A CARGO DEL DIPUTADO ARMANDO GARCÍA MÉNDEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA
El suscrito, diputado Armando García Méndez, del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, con fundamento en los artículos 58,59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esa soberanía proposición con punto de acuerdo a efecto de que se exhorte al secretario de Salud a dar a conocer, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación y en periódicos de circulación nacional, cuáles de los alimentos y bebidas conocidas como lights tienen en realidad las características de sustituir los azúcares por edulcorantes, que puedan ser consumidas por enfermos de diabetes o epilepsia o por personas que deseen controlar el peso corporal, y prohibir la venta y retirar del mercado aquellos productos que, anunciándose con tales características, no la tengan.
Exposición de Motivos
De poco tiempo atrás se han venido anunciando alimentos, bebidas, nieves, de los cuales se dice que no contienen, o contienen en bajos porcentajes, azúcares, los cuales, por prescripción médica, no deben consumir los enfermos de diabetes o epilepsia; o en último caso, por personas que desean controlar el peso corporal.
Se dice que en tales alimentos y bebidas –sobre todo las carbonatadas–, conocidas como lights, se ha sustituido el azúcar por otros edulcorantes artificiales, tales como la sacarina, el aspartame, etcétera. Pero por los resultados en algunas personas se duda que efectivamente contengan los edulcorantes sustitutos que se dice, lo cual resulta un engaño y un atentado contra la salud de quienes los toman.
¿En realidad los productos cuyos nombres comerciales son, entre otros, sacarina, Canderel, Nutra Sweet, Sweet’ s, pueden ser consumidos, sin riesgo, por los diabéticos o epilépticos o simplemente personas que desean controlar su peso? ¿Es cierto que el aspartame ha sido aprobado por la American Academy of Family Physicians Fundation de Estados Unidos de América? ¿Hay alguna norma mexicana que reglamente estos productos?
Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley General de Salud.
En mérito a lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones legales arriba expresadas, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al secretario de Salud a informar a la ciudadanía los nombres y marcas de alimentos, bebidas y nieves que tengan sustituido el azúcar por edulcorantes que puedan ser consumidos por diabéticos o epilépticos o por personas que deseen controlar el peso corporal, sin riesgo para la salud, y, en su caso, prohibir la venta de los productos que no tengan esas características. Dicha información será publicada en el Diario Oficial de la Federación y en periódicos y revistas de circulación nacional.
El cumplimiento de lo anterior, será agradecido por la ciudadanía, solicito muy respetuosamente al Pleno de la Cámara de Diputados que la proposición con punto de acuerdo se presente con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio del Poder Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2009.
Diputado Armando García Méndez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL CONGRESO DE BAJA CALIFORNIA A ESTABLECER DE MANERA EXPLÍCITA
EN SU LEGISLACIÓN EL ACOSO SEXUAL Y LA REPARACIÓN DEL DAÑO,
A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES DE MARÍA MANUELL-GÓMEZ ANGULO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada federal a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, fundamentada en las potestades conferidas en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes
Considerandos
El acoso sexual se define como "una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la persona afectada, independientemente de que se realice en uno o varios eventos".
El acoso sexual es una expresión más de violencia e inequidad, se presenta en distintos ámbitos de convivencia como son el social, en los lugares de estudio y, particularmente, en el laboral. El acoso sexual es una forma de discriminación que transgrede a los derechos humanos y por lo tanto se ven a afectados los principios de igualdad y de oportunidad en el trabajo.
En el acoso sexual no existe la subordinación, es decir que el abuso no es ejercido por una persona con jerarquía, como se lleva a cabo en el hostigamiento sexual en donde la acción la comete una persona abusando de su cargo o poder, sin embargo en ambos delitos se daña la autoestima, salud mental, integridad, libertad y seguridad de la víctima sea hombre o mujer, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad.
La Organización Internacional del Trabajo considera que el acoso sexual consiste en insinuaciones sexuales indeseables o en un comportamiento verbal o físico de carácter sexual que pretende interferir, sin razón alguna, en el requerimiento laboral de una persona o crear un ambiente de trabajo incomodo y ofensivo, de acuerdo con este organismo deben integrarse tres elementos para que haya acoso sexual: un comportamiento de carácter sexual que no sea deseado y que la víctima lo perciba como un condicionamiento hostil para su trabajo convirtiéndolo en algo humillante.
Esta organización señala que las mujeres más vulnerables y con más probabilidad de ser acosadas son las viudas, las separadas, las divorciadas, las mujeres que laboran en trabajos donde predomina el número de personas del sexo masculino.
Algunos psicólogos opinan que el acoso sexual severo o crónico puede tener los mismos efectos psicológicos en las víctimas que la violación o la agresión sexual, ya que el acoso inicia con insinuaciones, proposiciones, puede incluir insinuaciones sexuales molestas, o presión para la actividad sexual, insistencia para una actividad social fuera del lugar de trabajo, indirectas o comentarios obscenos, que agreden a la persona y esta afectación puede ser mayormente psíquica que física.
Como consecuencia del acoso sexual se ve afectado al trabajador o al estudiante en sus tareas diarias, ya que repercute sobre la satisfacción laboral, incrementa los intentos de evitar tareas e incluso el abandono del trabajo o del aula de la escuela, esto se ve reflejado en su productividad, cantidad y calidad de trabajo, de igual manera su salud física también se ve resentida; trastornos del sueño, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, hipertensión, úlceras, síntomas físicos asociada a estrés.
Existe la creencia de que las víctimas del acoso sexual son siempre mujeres por ser un fenómeno que las afecta directamente, sin embargo, existen cifras que indican que también los hombres son víctimas de esta agresión, y por lo tanto dicha conducta crea un entorno intimidatorio, hostil y humillante para la persona que es objeto de un acoso sexual, además está comprobado por expertos que afecta la salud, la productividad, el ambiente laboral y familiar, la estabilidad en el empleo y la motivación.
El problema se tiene que afrontar, ya que ninguno de los hombres o mujeres están exentos de sufrir este tipo de agresiones, el acoso sexual se ve reflejado en varios ámbitos como lo son el profesional, personal, laboral o educativo, los más comunes son en el ámbito laboral por sus compañeros de trabajo, asimismo en las escuelas vemos que muchos jóvenes son asediados por sus compañeros, por lo tanto, se debe crear conciencia entre la sociedad a efecto que las victimas de este delito denuncien y exijan la reparación del daño, ya que la gran mayoría de las victimas no lo denuncian por temor a perder el empleo, a represalias o simplemente porque les da vergüenza o por el rechazo de esposos o familiares.
La reparación del daño es una sanción pecuniaria que comprende la multa y la reparación del daño, consiste en la obligación impuesta al delincuente de restablecer el estado en el que estaban las cosas, o bien resarcir los perjuicios derivados de su delito, que en el caso del acoso sexual el agresor le debe resarcir el daño psicológico o físico por medio de una pena privativa de la libertad o sanción pecuniaria.
El delito de acoso sexual viola preceptos que están contemplados en diversos instrumentos internacionales de los cuales México es miembro como lo son: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, así como los Convenios 111 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Sin embargo, la legislación penal de Baja California no tipifica explícitamente al acoso sexual ni la reparación del daño, siendo que el acoso sexual es una conducta que contraviene diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo, además de ser un delito tipificado por Códigos Penales en el ámbito federal y en entidades federativas como lo son Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas.
Por ello, en mi carácter de diputada federal y de acuerdo a las facultades que me confiere el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitarles su aprobación del presente punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Congreso de Baja California para que legisle en materia penal y tipifique al acoso sexual como un delito que atenta contra la libertad y salud de las personas, y considere la reparación del daño.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de ustedes el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que la Cámara de Diputados exhorte respetuosamente al Congreso de Baja California a efecto que en su legislación se establezca de manera explícita el término "acoso sexual" y se legisle en favor de la reparación del daño.
Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 31 de marzo de 2009.
Diputada Dolores de María Manuell-Gómez
Angulo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEDESOL A REVISAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
70 Y MÁS PARA FLEXIBILIZARLAS Y ADECUARLAS A LA REALIDAD DE LA POBLACIÓN
OBJETIVO, A CARGO DEL DIPUTADO SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado Sergio Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, a efecto de exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a revisar las reglas de operación del programa 70 y Más, a fin de flexibilizarlas y adaptarlas a la realidad que afronta la población objetivo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Por todos es bien conocido que en México millones de habitantes viven en condiciones de pobreza –en sus distintas clasificaciones– y diariamente tienen que afrontar las consecuencias que acarrea este terrible mal, como son la desigualdad, marginación, injusticia social, discriminación, hacinamiento, inseguridad, insalubridad, migración y más grave aún, la imposibilidad de acceder a mejores condiciones de vida, determinada en muchos de los casos por el mínimo o nulo ingreso económico de las personas, haciendo imposible el acceso a los bienes y servicios indispensables para su desarrollo y truncando las aspiraciones de las nuevas generaciones de acceder a un mejor futuro.
Es así que la política social en México está encaminada a brindar protección a los grupos más vulnerables, subsanar las deficiencias en la oferta de servicios básicos e infraestructura, desarrollar las capacidades básicas de las personas, asegurar un entorno regional propicio para el desarrollo, fortalecer los mecanismos de inversión y de protección ante riesgos, sobre todo para las personas más pobres, retirar las barreras que impiden que la población en pobreza acceda a opciones de ingreso a través del empleo y el autoempleo.
Ante esta realidad y partiendo de los objetivos planteados por la política social del país en las últimas décadas se han realizado grandes esfuerzos para equiparar las condiciones de vida de los mexicanos, mediante el desarrollo y la implementación de diversos programas sociales focalizados a los sectores con mayor grado de vulnerabilidad, con el objeto de garantizar un acceso equitativo a las oportunidades tanto educativas como de nutrición y en salud, sentando las bases para acceder a las condiciones mínimas para una vida digna y en el mejor de los casos, lograr el desarrollo de la población y el progreso de México.
De acuerdo con el último conteo censal del Inegi, en México existen alrededor de 7 millones de adultos mayores de 60 años, quienes registran elevados niveles de analfabetismo y un menor grado de instrucción, lo que constituye un obstáculo para su desarrollo, realización personal, pero sobre todo para su bienestar. En este sentido se clasifica al grupo de los adultos mayores como población en "riesgo social", derivado principalmente del avance de su edad y las limitaciones físicas o mentales, la insuficiencia en la cobertura de los servicios de seguridad social y la deficiente atención a la salud, su condición étnica y su situación de dependencia, entre otras.1
Es una realidad que los adultos mayores en México se encuentran en condiciones de marginación y pobreza, padecen los rezagos sociales de sus comunidades e imposibilitados para encontrar fuentes de ingresos.
En este sentido y preocupados por el bienestar de los adultos mayores, los diputados del PRD impulsamos en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2007 la creación del Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 Años que Vivan en Zonas Rurales, para lo cual logramos la aprobación de 6 mil 250 millones de pesos que se han ido incrementando en los presupuestos posteriores, con la finalidad de dar atención a un mayor número de beneficiarios, siendo tal la aceptación y el éxito del programa, que se han modificado en diversas ocasiones las reglas de operación con el objetivo de ampliar los requisitos de elegibilidad y cobertura del mismo.
Actualmente el programa se aplica en las localidades de hasta 30 mil habitantes beneficiando a 1.8 millones de adultos mayores de 70 años.
A pesar de los grandes beneficios que este tipo de programas ha dado a la población objetivo y de la permanente actualización de las reglas de operación, aún subsisten fallas en la operación de los mismos que deben ser subsanadas, con la finalidad de garantizar que los apoyos económicos lleguen verdaderamente a los adultos mayores y evitar el desvío de recursos públicos para fines distintos a los programados.
Ejemplo de lo anterior es el hecho de muchos beneficiarios del programa pierden sus apoyos mensuales por la imposibilidad física de asistir al lugar y en la fecha que corresponde o el desconocimiento y desconfianza de enviar a alguien en su representación por los recursos, derivado principalmente por el deterioro físico que conllevan los años, las condiciones de salud, pero sobre todo por el alto grado marginación y el aislamiento de sus comunidades de los lugares de cobro.
En este sentido y según las reglas de operación, en el caso de que el adulto mayor no acuda un mes en la fecha, lugar y hora señalados por las autoridades para recibir su apoyo, deberá presentarse en las oficinas para realizar el reclamo de los recursos anteriores, presentando un escrito que deberá contener los datos básicos del beneficiario, que son nombre, firma, domicilio y periodo que reclama, situación que resulta prácticamente imposible de realizar ante las desigualdades en que se encuentran nuestros adultos mayores y que además puede derivar en el desvío de importantes recursos públicos que en su conjunto, pudieran sumar grandes cantidades económicas que no fueron aplicadas para lo que fueron etiquetadas.
Por lo anterior, es fundamental que las reglas de operación de este programa atiendan a las características particulares de sus beneficiarios, toda vez que la población objetivo –adultos mayores de 70 años en localidades de hasta 30 mil habitantes– enfrenta innumerables desventajas frente a otros grupos sociales, agudizando las condiciones de pobreza, analfabetismo, aislamiento y marginación de las que son objeto, incrementando así su dependencia a estos recursos y la dificultad para lograr el cobro de éstos.
Ante ello, es indispensable que los servidores públicos que se encargan de la operación del programa 70 y Más, tengan la sensibilidad de la necesidad que tienen nuestros adultos mayores de recibir mensualmente sus recursos y sobre todo de las enormes desventajas que éstos tienen que afrontar diariamente, proporcionándoles los formatos impresos y apoyándoles en la medida de lo posible a su llenado, para facilitarles el cobro.
En éste tenor, me permito proponer a esta honorable Cámara de Diputados la proposición con los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a modificar las reglas de operación del programa 70 y Más, a fin de que los operadores del programa proporcionen obligadamente a los adultos mayores los formatos de reclamo de recursos no cobrados y apoyen, en la medida de lo posible, el llenado de los éstos.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar a esta soberanía a cuánto ascienden los recursos públicos que no son cobrados ni reclamados por los beneficiarios y qué destino se les da.
Nota
1. Encuesta de los Adultos Mayores en México realizada
en el 2005. Perfil sociodemográfico al inicio del siglo XXI, página
7.
Dado en el Palacio Legislativo, a 31 de marzo de 2009.
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLANTAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN LOS
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ADICCIONES ENTRE LA
JUVENTUD MEXICANA, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR MANUEL VIRGEN CARRERA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Las adicciones degeneran la salud individual y social. Entre la población mundial, las que tienen mayor presencia y daños para la salud pública son el tabaco, el alcohol y los fármacos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que para 2030 morirán anualmente 8 millones de personas a causa de enfermedades relacionadas con el tabaquismo. De esas muertes, 80 por ciento ocurrirá en los países en desarrollo.
En la Encuesta Mundial de Tabaquismo se muestra que 1 de cada 10 adolescentes de 12 a 17 años consume tabaco.
En México, 26.2 por ciento de la población entre los 15 y 65 años fuma; y hay 7 millones más fumadores que hace 20 años.
En cuanto al alcohol, según datos de la OMS, representa la causa de 3.7 por ciento de las defunciones y 4.4 por ciento de las enfermedades; y 140 millones de personas padecen dependencia de alcohol.
Además, el abuso de alcohol es responsable de más de 60 tipos de enfermedades y lesiones. La OMS estima que entre 20 y 30 por ciento de los cánceres de esófago, de hígado, cirrosis del hígado, homicidios, epilepsia y accidentes de vehículos se relacionan con el alcohol; y un factor de riesgo en una de las principales causas de muerte en todo el mundo: las enfermedades cardiovasculares.
En el país, 50 por ciento de los accidentes automovilísticos se relaciona con el abuso de alcohol. De las defunciones por accidentes automovilísticos, 23 por ciento se debe a conductores intoxicados y la mayoría son jóvenes de entre 15 y 24 años de edad. Beber incrementa más de seis veces el riesgo de un percance de tráfico, aun después de seis horas de haber ingerido alcohol, debido a los efectos en el sistema motriz, sensación falsa de seguridad y control, y somnolencia.
Otro tipo de adicción de gran relevancia es la farmacodependencia: se estima que 5 por ciento de la población mundial de entre 15 y 65 años, es decir, unos 200 millones de personas, ha consumido algún tipo de droga en el último año, según se desprende del Informe Mundial sobre Drogas 2005 elaborado por la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Drogas y Delitos.
En México, la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 revela que en sólo seis años creció 50 por ciento el número de personas adictas a las drogas ilegales y en 30 por ciento el de quienes alguna vez las han consumido, pero la cifra de mujeres de entre 12 y 25 años de edad dependientes de cocaína y drogas de diseño aumentó seis veces en el mismo periodo.
La investigación también encontró que los adolescentes están más propensos a alcanzar un nivel de dependencia de las drogas. Una vez que han usado alguna de ellas, 39 por ciento de los adolescentes, 24 por ciento de los adultos jóvenes (18 a 35 años) y 15 por ciento de los mayores de 18 años caen en esa situación.
Lamentablemente, el informe de la ONU, presentado en 2009, establece que el gobierno mexicano ha fallado en la aplicación de estrategias para reducir el consumo de drogas.
Los principales focos de atención, según el texto de la ONU, se sitúan en Baja California, Chihuahua y Tamaulipas.
El informe señala en la página 23 que en México, los niveles de consumo de sustancias prohibidas ha aumentado, aunque en el periodo más reciente, entre 2006 y 2008, los niveles han quedado estables.
De tal manera, los programas aplicados para prevenir y combatir las adicciones no están funcionando, ya que los resultados son negativos y en ningún momento alentadores. Entre los principales programas se encuentran el Nacional contra las Adicciones, contra el Alcoholismo y el Abuso de Bebidas Alcohólicas, contra el Tabaquismo, y contra la Farmacodependencia.
Por ello es necesario reforzar el alcance de los programas que atienden la lucha contra el consumo del alcohol, del tabaco y de otras drogas, con la finalidad de proteger la juventud, el futuro del país.
Por lo expuesto, a esta honorable asamblea presento, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a implantar urgentemente acciones a fin de fortalecer los programas para prevenir y atender las adicciones entre la juventud mexicana, a efecto de hacerlas verdaderamente eficaces, con el carácter de prioridad en salud pública, así como a entregar a esta soberanía un informe detallado de los avances de cada programa.
Palacio Legislativo, a 31 marzo de 2009.
Diputado Víctor Manuel Virgen Carrera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL CONGRESO DE CHIHUAHUA A DICTAMINAR LAS INICIATIVAS CON PERSPECTIVA
DE GÉNERO Y LAS RELATIVAS A PARIDAD, CON EL RESPETO DE LOS ACUERDOS
TOMADOS PARA SU APROBACIÓN, SUSCRITA POR DIPUTADAS DE DIVERSOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS
Las suscritas, diputadas federales Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia; Yolanda Rodríguez Ramírez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Marina Arvizu Rivas y Elsa Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, para exhortar al Congreso de Chihuahua a dictaminar las iniciativas con perspectiva de género y las relativas para establecer la paridad, respetando los acuerdos tomados para su aprobación, con base en las siguientes
Consideraciones
En Chihuahua se están promoviendo cambios inéditos en cuanto a fortalecer su sistema de justicia penal y por hacer más transparente el ejercicio del poder público, adoptando para ello nuevos paradigmas y formas de vivir la administración, procuración de justicia y la democracia; sin embargo, se ha visto estancado en el cambio de paradigmas, en cuanto a la participación de las mujeres en el ejercicio del poder público, tanto en cargos de elección popular como en la administración pública.
Tal afirmación se hace frente a que aún cuando las mujeres son más de la mitad de la población y quienes más votan (53 por ciento), en la actualidad se cuenta en la entidad sólo con el 11 por ciento de mujeres como secretarias o directoras generales en la administración pública centralizada y descentralizada; con el 21, el 2, el 43 y el 22 por ciento de mujeres diputadas, presidentas municipales, regidoras y síndicas respectivamente.
Al respecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en concordancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece en su artículo 23, inciso I, que "todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y obligaciones: de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, así como de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual, y por voto secreto, que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores".
Bajo el mismo tenor, tenemos que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres, que México ratificó desde 1981, en su artículo 7 estable que los estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país (…). En su artículo 4 establece que los estados parte convienen y están obligados a "la adopción de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres (y) no se considerará discriminatoria en la forma definida en la presente convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidades y trato".
En éste sentido, es importante mencionar el informe de las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, elaboradas a México en agosto de 2006, "preocupa al comité que el estado parte no entienda debidamente el propósito de las medidas especiales de carácter temporal, enunciada en el párrafo 1 del artículo 4 de la convención, y que por eso no las utilice".
Resulta revelador que, de acuerdo con el último informe de evaluación de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2008, la directora del fondo de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer, Inés Alberdi, se refirió a la importancia de la presencia de las mujeres en las listas electorales o en el parlamento de los países, advirtiendo que los sistemas de cuotas que obligan a reservar un cupo de puestos son claves para aumentar la presencia política de las mujeres y avanzar en la igualdad. En este sentido, el sistema de cuotas es valioso porque "el problema de la desigualdad de género tiene que resolverse desde el poder". Sin embargo, pese a estos avances, queda mucho camino por recorrer hasta lograr un mundo más justo en el que prime la igualdad de oportunidades.
En efecto, la ley electoral vigente para Chihuahua ha establecido la obligatoriedad hacia los partidos políticos para que no inscriban a más del 70 por ciento de candidatos propietarios de un mismo género en las planillas para los ayuntamientos (que incluye los cargos de presidencia municipal y regidurías) o en las listas plurinominales para las diputaciones, así como de establecer que si en el registro total de candidaturas que hagan los partidos políticos por el principio de mayoría relativa para diputaciones aparecieran más del 70 por ciento de un mismo género, o bien si la participación fuese menor al 20 por ciento, o menor al 10 por ciento tanto de candidatos propietarios como suplentes de uno de los géneros, el partido estará obligado a asignarle al género minoritario o subrepresentado un lugar en los tres primeros, dos primeros o primer lugares de la lista plurinominal.
Sin embargo, los resultados electorales del proceso local 2007 dejan ver que para los partidos políticos la cuota de no más del 70 por ciento de un mismo género la interpretan a favor de los hombres, ya que el mayor porcentaje es para los hombres y el menor para las mujeres, quienes no logran llegar al 30 por ciento para las diputaciones y sindicaturas, dándose el extremo en el cargo de presidencia municipal, del cual las mujeres están siendo excluidas al haber postulado en el proceso electoral de 2007 sólo a 22 mujeres, frente a 214 hombres, y quedando dicho cargo subsumido en el porcentaje global de la planilla del ayuntamiento con el 45 por ciento de mujeres, de las cuales el 43 por ciento fueron regidoras.
Ante tal realidad, el legislador federal y chihuahuense, así como los partidos políticos, estamos obligados a continuar los esfuerzos emprendidos y buscar que en el marco de la actual reforma electoral del estado, se atiendan, en el contexto estatal, las recomendaciones que el alto comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con base en el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, 2003, capítulo 4 hace al gobierno de México, consistentes en "extender la obligatoriedad de la paridad en la integración de los órganos electorales, desde los funcionarios y funcionarias de casillas, hasta la conformación del tribunal federal electoral" y "observar la paridad entre los géneros, tanto en posiciones uninominales como plurinominales, y en las titularidades y suplencias en las elecciones del Congreso".
Por lo anterior, pensar la democracia del siglo XXI de Chihuahua y de toda la nación, requiere asumir la urgente reparación a la exclusión de que han sido objeto distintos sectores de la sociedad mexicana, entre ellos las mujeres, por ésta razón es necesario re conceptualizar el significado del poder, para que las mujeres logren pleno ejercicio y disfrute de sus derechos políticos en la vida democrática del país.
De conformidad con la Carta Magna, y a la propia Constitución de Chihuahua, es responsabilidad de los partidos políticos promover e impulsar la participación de hombres y mujeres en la vida democrática, por lo que atendiendo a la Declaración Universal sobre la Democracia, estos organismos de interés público no pueden soslayar la obligación que tienen de impulsar dicha participación igualitaria en la vida democrática de la nación, garantizando de manera paritaria que las mujeres sean candidatas a cargos de elección popular.
"Para hablar de una democracia plena no sólo han de cumplirse los criterios del voto individualizado, diversidad de partidos y periodos electorales, sino corregir también los fallos de representatividad. La democracia feminista, entienda la paridad como un derecho que asegura la representatividad proporcional de los sexos. La paridad garantiza el derecho civil de las mujeres a ser elegidas para representar políticamente a la ciudadanía. La paridad no es una concesión a la representatividad de las mujeres que dependa del voluntarismo de los partidos políticos, es un derecho que no puede ser alterado dependiendo de las circunstancias políticas exactamente igual que el derecho al voto; por ello, debe ser registrado como derecho constitucional de las mujeres.
En este orden de ideas, es importante tener claro que el constituyente mexicano reconoce la diferenciación de hombres y mujeres en el goce y disfrute de los derechos políticos en tanto que en diversos artículos de la misma y en leyes se establecen derechos y garantías que pretenden contrarrestar el estado de discriminación e inequidad de las mujeres.
De acuerdo al artículo 34 de la Constitución, son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, hayan cumplido 18 años, y tengan un modo honesto de vivir. Asimismo, el artículo 35, establece que son prerrogativas del ciudadano:
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley; y
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; entre otras.
En lo que respecta al procedimiento de registro de candidatos, el artículo 218, numeral 3, establece que los partidos políticos promoverán y garantizarán, en los términos del presente ordenamiento, la igualdad de oportunidades y procurarán la paridad de género en la vida política del país (…), tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.
El artículo 219 establece que de la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse, con al menos el cuarenta por ciento de candidatos de un mismo género, procurando llegar a la paridad, excepto las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido.
En el artículo 220 se establece que las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas; por tanto, en cada uno de los segmentos de cada lista, habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada.
El artículo 221 establece que realizado el cierre del registro de candidaturas, si un partido político o coalición no cumple con lo establecido en los artículos 219 y 220, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, le requerirá en primera instancia para que en el plazo de 48 horas, contadas a partir de la notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas y le apercibirá de que, en caso de no hacerlo le hará una amonestación pública. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el partido político o coalición que no realice la sustitución de candidatos, será acreedor a una amonestación pública, y el Consejo General del Instituto Federal Electoral le requerirá, de nueva cuenta, para que en un plazo de 24 horas, contadas a partir de la notificación, haga la corrección. En caso de reincidencia se sancionará con la negativa del registro de las candidaturas correspondientes.
Por su parte, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 5, fracción I, hace especial referencia a las cuotas afirmativas de género; y en su artículo 6, establece que la igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo. En su artículo 36 establece que, para efecto de que la política nacional proponga los mecanismos de operación adecuados para la participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas y socioeconómicas, las autoridades desarrollarán acciones para favorecer el trabajo parlamentario con perspectiva de género; garantizar que la educación en todos sus niveles se realice en el marco de la igualdad entre mujeres y hombres y se cree conciencia de la necesidad de eliminar toda forma de discriminación; evaluar por medio del área competente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la participación equilibrada entre mujeres y hombres en los cargos de elección popular; promover participación y representación equilibrada entre mujeres y hombres dentro de las estructuras de los partidos políticos; fomentar la participación equitativa de mujeres y hombres en altos cargos públicos; desarrollar y actualizar estadísticas desagregadas por sexo, sobre puestos decisorios y cargos directivos en los sectores público, privado y de la sociedad civil, fomentar la participación equilibrada y sin discriminación de mujeres y hombres en los procesos de selección, contratación y ascensos en el servicio civil de carrera de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; así como promover la igualdad de oportunidades, a través de la asignación en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Respecto a la igualdad de género, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza la igualdad entre hombres y mujeres. En el artículo 2o. se reconoce el papel que deben desempeñar las mujeres indígenas en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria. Así, bajo esta lógica, el artículo 5o. constitucional, sustituyó el término hombre por el de persona, de forma que los derechos consagrados en dicho artículo no se entiendan reservados exclusivamente a los hombres.
En éste mismo sentido, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, prevé una serie de medidas que tutela los derechos y libertades consagrados en la Constitución y tratados internacionales, que deberán ser adoptados por autoridades y órganos públicos federales.
La norma más reciente que compromete a los tres niveles de gobierno en la prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia de género es la Ley General de Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007. En Chihuahua se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 24 de enero de 2007 la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Del análisis integral de la normatividad vigente que nos ocupa, queda claro que desde el punto de vista legislativo no hay nada que se oponga a la concreción de la paridad de género; por esta razón, como diputada inspirada en el contenido de los instrumentos legales internacionales y nacionales y de la doctrina de la democracia genérica, así como el mandato contenido sobre la paridad electoral, considero que es de suma importancia para fortalecer el sistema democrático nacional impulsar las reformas necesarias para hacer realidad el liderazgo político de las mujeres, para garantizar la paridad de género en los asuntos político-electorales del país.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Congreso de Chihuahua a dictaminar las iniciativas con perspectiva de género y las relativas para establecer la paridad política, a fin de garantizar la igualdad de género en el estado.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Congreso de Chihuahua para que las comisiones respeten los acuerdos para la aprobación de las iniciativas con perspectiva de género y las relativas a establecer la paridad en su entidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2009.
Diputadas: Martha Angélica Tagle Martínez,
Yolanda Rodríguez Ramírez, Lilia Guadalupe Merodio Reza,
Aída Marina Arvizu Rivas, Elsa Conde Rodríguez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SCT A EMITIR UN ACUERDO PARA QUE EL TRANSPORTE
PESADO O DE DOBLE REMOLQUE QUE TRANSITA POR LAS CARRETERAS FEDERALES SINUOSAS,
CONOCIDAS COMO "B2", SE AJUSTE A CIERTA PROGRAMACIÓN DE DÍAS
Y HORAS DE MENOR FLUIDEZ DE VEHÍCULOS CONVENCIONALES, A CARGO DEL
DIPUTADO HUMBERTO LÓPEZ LENA CRUZ
El suscrito, Humberto López Lena Cruz, diputado federal sin partido de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que formule un exhorto al maestro Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes, para que, dentro del ámbito de sus facultades, emita un acuerdo para que el transporte pesado, o doble remolque, público o privado que transita por las carreteras federales sinuosas, o de las conocidas como B2, se haga conforme a cierta programación de días y horas en que exista menor fluidez de vehículos convencionales, esto con la finalidad de evitar los altos índices de accidentes en dichas vías.
Consideraciones
El número de accidentes en las carreteras federales sinuosas del país ha ido en aumento. La gran cantidad de accidentes en nuestras carreteras han provocado pérdida de vidas humanas, enlutando un sinnúmero de familias y trayendo consigo graves consecuencias económicas y daños en el patrimonio de empresas y personas.
Esto debido a que vehículos públicos o privados de grandes dimensiones que transitan por las mismas, de manera irresponsable y peligrosa, sin importarles los demás conductores de vehículos de menores dimensiones.
En las carreteras federales nacionales, muchas con una antigüedad que ronda los setenta años, que en su mayoría son de sólo dos carriles, circulan vehículos de transporte pesado o de doble remolque que no existían o no estaban considerados en el momento de su construcción, ni en peso ni en dimensiones.
Por ejemplo, podemos ver circular contenedores, plataformas, porta contenedores, cajas, ejes de suspensión y ejes de carga, así como una infinidad de otros sistemas de arrastre.
El problema de la libre circulación de vehículos de transporte de carga pesada, sean estos de las características que sean, y que tienen el único impedimento de la longitud y peso en cada remolque, se agrava por la flexibilidad las facilidades de circulación con configuraciones dobles trasladando materiales peligrosos.
Los dobles remolques transportan combustibles altamente inflamables, compuestos explosivos, elementos químicos tóxicos y precursores radioactivos como gasolina, gas butano, uranio, amoniaco, sulfuros, cianuros, pólvora. Todos estos compuestos químicos, que son trasladados bajo evidentes muestras de inseguridad, circulan a diario compartiendo el camino y el destino con infinidad de vehículos privados y públicos que trasladan en su interior ciudadanos.
Además, las características físicas de las carreteras en el país no permiten la circulación de los vehículos con dobles remolques, puesto que la mayoría de nuestras vías son de dos carriles, algunas de cuatro y muy pocas de mayores dimensiones.
Dentro del marco normativo referente sólo se encuentran considerados y permitidos los remolques como la caja, cama baja, habitación, jaula, plataforma, postes, tanque, tolva, etcétera; sin hacer ninguna referencia clara y precisa a los dobles remolques; que son los que, debido a su gran tamaño, causan la mayoría de accidentes en las carreteras de dos carriles.
Las carreteras federales en donde se dan ese tipo de problemas son las conocidas como B2, que son aquellas de dos carriles que conforman la red primaria y que, atendiendo a sus características geométricas y estructurales, prestan un servicio de comunicación interestatal, además de vincular el tránsito.
Del total de accidentes donde se transportan materiales peligrosos, la gran mayoría han ocurrido en estados de la parte central de nuestro país: Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo y la Ciudad de México. No olvidemos que en esta región se encuentran ubicados gran número de parques industriales, lo que implica el transporte y distribución de materias primas y productos terminados, así como paso obligado en la red de carreteras.
De igual manera, sucede en la carretera 190 de Oaxaca, que va al istmo de Tehuantepec, que es muy angosta y transitan vehículos muy pesados y de doble remolque, los cuales han causado un sinfín de accidentes mortales.
En el reglamento sobre el peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal se establece que los vehículos extra largos sólo podrán circular en carreteras tipo ET. En caso de que requieran circular en carreteras o caminos de menor clasificación, no podrán hacerlo por más de 30 kilómetros.
Siendo las carreteras tipo ET aquellas que forman parte de los ejes de transporte que establezca la secretaría, cuyas características geométricas y estructurales permiten la operación de todos los vehículos autorizados con las máximas dimensiones, capacidad y peso; así como de otros que por interés general autorice la secretaría.
El mismo reglamento establece que las industrias cuyas instalaciones se encuentren ubicadas a una distancia de la red troncal superior a los 150 kilómetros deben solicitar autorización de la secretaría para que su carga pueda ser trasladada en caminos de menor clasificación por una longitud mayor a ésta. Siendo la secretaría la que establecerá las condiciones para otorgar dicha autorización.
Otro problema que no ha sido controlado es el relativo a los choferes de las unidades, quienes debido al exceso de trabajo se ven obligados a laborar horas extras sin descansar; es decir, sin llevar la bitácora de horas de servicio del conductor, la cual consiste en el registro diario que contiene los datos necesarios para conocer el tiempo efectivo de conducción y determinar el de descanso.
No hay que dejar de lado que el reglamento exige que todo vehículo que transite por la vía pública deberá encontrarse en condiciones satisfactorias de funcionamiento, situación que no ocurre, ya que muchas veces los transportes se hallan en condiciones físicas deplorables, escenario que eleva la posibilidad de accidentes.
Por tal motivo, la Policía Federal de Caminos, que es la encargada de vigilar y hacer cumplir el reglamento de tránsito en las carreteras federales, deberá tener mayor control en los tramos carreteros, porque hay ocasiones donde el transporte pesado, una vez ha descargado, transita vacío y en exceso de velocidad ,invadiendo carriles contrarios y causando accidentes.
Por lo anteriormente señalado, el presente punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar al maestro Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes, para que, dentro del ámbito de sus facultades, emita un acuerdo para que el transporte pesado, o de doble remolque, que transita por las carreteras federales sinuosas, o las conocidas como B2, se haga conforme a cierta programación de días y horas en que exista menor fluidez de vehículos convencionales, con la finalidad de evitar accidentes en dichas vías.
Lo anterior con fundamento en los artículos 36, fracciones I, XXI y XXII de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al maestro Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes, para que, dentro del ámbito de sus facultades, emita un acuerdo para que el transporte pesado, o de doble remolque, que transita por las carreteras federales sinuosas, o las conocidas como B2, se haga conforme a cierta programación de días y horas en que exista menor fluidez de vehículos convencionales, esto con la finalidad de evitar accidentes en dichas vías.
México DF, a 31 de marzo de 2009.
Diputado Humberto López Lena Cruz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LAS AGRESIONES CONTRA DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO,
SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS OMEHEIRA LÓPEZ REYNA Y ALLIET MARIANA
BAUTISTA BRAVO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las diputadas federales Alliet Mariana Bautista Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y Omeheira López Reyna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo sobre la situación de defensoras y defensores de los derechos humanos en México.
Exposición de Motivos
Los diversos organismos internacionales y regionales reconocidos por el Estado mexicano han señalado que la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos es fundamental para la implementación universal de estos derechos, así como también para la existencia plena de la democracia y el Estado de Derecho.
Por ello han advertido que cuando se pretende silenciar e inhibir la labor de las defensoras y defensores se niega a su vez a miles de personas la oportunidad de obtener justicia por violaciones a sus derechos humanos, poniendo en grave riesgo la labor de protección y promoción de los derechos humanos, la verificación social del correcto funcionamiento de las instituciones públicas, el acompañamiento y apoyo judicial de víctimas de violaciones de derechos humanos, entre otras tareas.
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han constatado que las violaciones graves a los derechos humanos de las defensoras y defensores de derechos, tienen un efecto amedrentador directo en los procesos de reivindicación de derechos o de denuncia de violaciones.
Los atentados contra ellos pueden producir la inmediata paralización o la disminución casi total de su labor, pues entre otras cosas provocan que las defensoras y defensores deban abandonar las zonas de trabajo, cambiar sus residencias o hábitos de trabajo e, incluso, en algunos casos, abandonar el país.
Lamentablemente, de manera reciente en México se han incrementando las denuncias de casos de defensoras y defensores que han sido objeto de señalamientos públicos, apertura de procesos penales y amenazas, hasta culminar en casos como lo son el de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, indígenas mixtecos de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, quienes destacaron por su compromiso por la defensa y promoción de los derechos indígenas en Guerrero y quienes fueron agredidos, detenidos y desaparecidos el 13 de febrero del 2009 en la ciudad de Ayutla de los Libres y posteriormente ejecutados extrajudicialmente.
México ha reconocido que la protección a las y los defensores de derechos humanos debe ser una prioridad en la agenda nacional. Por lo anterior, incluyó las siguientes líneas de acción en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012:
• Establecer un protocolo específico que permita la investigación de ilícitos cometidos en contra de las y los defensores de derechos humanos.
• Impulsar un marco normativo de protección a las y los defensores de derechos humanos.
Sin embargo, dichas acciones aún no se encuentran implementadas; por ello, el pasado 10 de febrero, cuando México se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos para el examen periódico universal, se le hicieron las siguientes recomendaciones:
• Incrementar la efectividad de las medidas preventivas para proteger a defensores y defensoras de derechos humanos.
• Reconocer públicamente el importante papel de las y los defensores de derechos humanos así como el de las organizaciones no gubernamentales para la protección de los derechos humanos en México.
• Que los crímenes en contra de defensores de derechos humanos, periodistas, abogados y abogadas sean investigados de manera efectiva y que se castigue a los responsables.
Finalmente, queremos recordar que México como Estado federal, tiene la obligación de adoptar las disposiciones de derecho interno pertinentes necesarias para cumplir sus deberes en materia de derechos humanos. De allí que los Estados federales parte de los tratados de derechos humanos son plenamente responsables en el ámbito internacional por las violaciones cometidas por acción o por omisión por agentes estatales de sus unidades componentes.
En razón de lo anterior y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentamos la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Exhortar a la Procuraduría General de la República, así como a la Procuraduría del estado de Guerrero a proveer de protección e implementar las medidas de seguridad a los defensores y defensoras de los derechos humanos en dicha entidad, de acuerdo con las necesidades manifiestas.
Segundo. Exhortar al gobierno federal, así como al gobierno del estado de Guerrero, a garantizar las condiciones de trabajo de los defensores y las defensoras de los derechos humanos en el desarrollo de su trabajo, protegiendo su vida e integridad.
Tercero. Exhortar a la Procuraduría General de la República a ejercer la facultad de atracción de la investigación de los casos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas y demás casos de agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2009.
Diputadas: Alliet Mariana Bautista Bravo, Omeheira
López Reyna (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE EXPIDA CUANTO ANTES –A TRAVÉS
DE LA SAGARPA, DEL SENASICA, DE LA SE Y DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA
Y NORMALIZACIÓN– UNA NOM SOBRE ESTÁNDARES DE CALIDAD MÍNIMOS
PARA IMPORTACIÓN, EMPAQUE, EMBALAJE, TRANSPORTE Y ESPECIFICACIONES
SANITARIAS DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CÁRNICOS FRESCOS, REFRIGERADOS
O CONGELADOS DESTINADOS A CONSUMO HUMANO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA
ANGÉLICA ROMO JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Martha Angélica Romo Jiménez, diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de Conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al Ejecutivo federal por medio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y por medio de la Secretaría de Economía, a través del Centro Nacional de Metrología y Normalización, que expida cuanto antes una norma oficial mexicana para establecer estándares de calidad mínimos para la importación, empaque, embalaje, transporte y especificaciones sanitarias de productos y subproductos cárnicos frescos, refrigerados o congelados para consumo humano, de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
Los productos y subproductos cárnicos son muy importantes para el sector agroalimentario mexicano, la venta de bovinos en pie es uno de los principales productos agroalimentarios que México exporta a otros países, en 2007 se obtuvieron 480.1 millones de dólares por este concepto, a su vez, la carne de bovina fresca o refrigerada es una de las principales importaciones agroalimentarias de México, en 2007 se erogaron mil 26.5 millones de dólares por este concepto; además de ser importantes en términos de comercio internacional, los productos y subproductos cárnicos son también parte esencial de la dieta de los mexicanos.
Varios países, destacando entre ellos Estados Unidos, imponen estrictas normas sanitarias a los productos cárnicos mexicanos, aspecto por el que es más fácil venderles animales en pie que productos o subproductos industrializados, con valor agregado, lo que merma el desarrollo de la industria cárnica nacional, lo que hace de México un buen exportador de animales, pero un creciente importador de productos cárnicos.
El problema para México, en este sentido, es que no cuenta con todos los mecanismos normativos que le permitan el doble propósito de asegurarse de la calidad de los cárnicos que ingresen al país para el consumo humano y defender a los productos nacionales de posible competencia desleal o de trato inequitativo cuando los productos mexicanos deben cumplir estrictas normas en los mercados internacionales y los productos extranjeros venden sus productos en México con escasos o nulos requisitos, principalmente sanitarios.
Otros productos de origen animal, como lácteos, quesos y jamones sí cuentan con normas oficiales mexicanas que regulan sus especificaciones sanitarias, tal como la NOM-035-SSA1-1993, que tiene que ver con cuestiones sanitarias de los quesos de suero; la NOM-091-SSA1-1994, que especifica disposiciones sanitarias para leche pasteurizada de vaca, o la NOM-158-SCFI-2003, que trata sobre la denominación y clasificación comercial, especificaciones fisicoquímicas, microbiológicas y organolépticas del jamón.
En cambio, ante la ausencia de una norma oficial mexicana (NOM) en materia de importación, embalaje, transporte y especificaciones sanitarias de productos y subproductos cárnicos frescos, refrigerados o congelados, la carne proveniente de Norteamérica y de otras partes de mundo, entra al mercado nacional con escasos controles sanitarios, existiendo la posibilidad de poner en riesgo la salud de los consumidores mexicanos.
El argumento económico más común para justificar la libre entrada de productos cárnicos del extranjero es que así se garantiza la cobertura de la demanda nacional de productos y subproductos cárnicos y se ofrece a los consumidores mexicanos variedad y mejores precios.
Sin embargo, aunque el argumento anterior es válido, en términos de reciprocidad comercial y buscando avanzar en la armonización legal entre los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,1 que en su artículo 714 habla de la equivalencia en las legislaciones nacionales de las medidas sanitarias y fitosanitarias para los productos importados, mencionando que sin reducir el nivel de protección de la vida o la salud humana, animal o vegetal, los países integrantes del tratado comercial buscarán, en el mayor grado posible, la equivalencia de sus respectivas medidas sanitarias y fitosanitarias; es necesario que el país cuente en el corto plazo con una Norma Oficial Mexicana que establezca criterios y requisitos para la importación, embalaje, transporte y especificaciones sanitarias de productos y subproductos cárnicos frescos, refrigerados o congelados, garantizando así la calidad de la carne importada que se consume en el país.
En conclusión con la creación y aplicación de la norma oficial mexicana que se solicita en este documento tendremos un mejor control sanitario y seremos más recíprocos con las medidas sanitarias que los productos mexicanos acatan cuando exportan productos nacionales a otros países, propiciando una competencia económica más justa en los mercados de cárnicos nacional e internacional, esperando que los más beneficiados sean los consumidores en general.
Es por todo lo anterior que propongo a esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Artículo Único. Se solicita respetuosamente al Ejecutivo federal, por medio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y por medio de la Secretaría de Economía a través del Centro Nacional de Metrología y Normalización, que expida lo antes posible una norma oficial mexicana para establecer estándares de calidad mínimos para la importación, empaque, embalaje, transporte y especificaciones sanitarias de productos y subproductos cárnicos frescos, refrigerados y/o congelados para consumo humano.
Nota
1. Fuente: Sistema de Información sobre Comercio
Exterior de la Organización de Estados Americanos en http://www.sice.oas.org/trade/nafta_s/indice1.asp
Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 31 de marzo de 2009.
Diputada Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS FEDERAL, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DEL
DISTRITO FEDERAL A MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS ELEMENTOS DE
SEGURIDAD PENITENCIARIA, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO
ESCARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Miguel Ángel Macedo Escartín, en mi carácter de diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática en la LX legislatura, suscribo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal, a los de las entidades federativas y al del Distrito Federal a mejorar las condiciones laborales de los elementos de seguridad penitenciaria, a través de las siguientes:
Consideraciones
Se han suscitado diversos acontecimientos respecto a la integridad de los elementos de seguridad de los centros de reclusión a federales y locales.
En menos de diez meses han sido asesinados tres elementos del reclusorio sur de la Ciudad de México, entre ellos el jefe de Seguridad.
De acuerdo con una investigación del Grupo Reforma, los elementos de seguridad temen por su vida, guardias consultados dijeron que, ante el temor de sufrir alguna agresión al salir de su jornada laboral, están permitiendo que algunos internos cometan actividades fuera del reglamento, por lo que se induce a la impunidad y a la corrupción, afectando así los principios constitucionales por los que fue creado el sistema penitenciario tal como indica el artículo 18 constitucional:
El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.
El sistema penitenciario es uno los componentes de la seguridad publica el cual desgraciadamente se encuentra en el rezago y en el abandono, dándose en esos lugares corrupción, sobrepoblación, deterioro de instalaciones, rezago administrativo y abandono del desarrollo del personal penitenciario aunado a una ausencia de estrategias de readaptación, los cuales hacen que el sistema penitenciario ya no funcione tal como fue creado.
El personal que labora en los citados centros de reclusión debe ser eficaz para desempeñar su encargo y para el cual debieron de haber sido seleccionados y capacitados adecuadamente; deben contar con buenas condiciones laborales para el mejor desempeño de sus funciones.
La administración de una institución penal sobrepoblada, corrupta, sin autoridades eficaces, con un sistema de tratamiento insuficiente y sin un presupuesto adecuado, propiciara la inexistencia de trabajo tecnológico, industrial y semiindustrial, así como de servicio y actividades constructivas, que llenen largas horas de ocio y las necesidades personales y familiares del prisionero.
El sistema penitenciario requiere de la atención urgente a través de programas institucionales y sociales que contrarresten la problemática actual y generar un cambio sustantivo en las instituciones.
Los elementos de seguridad penitenciaria han manifestado que los principales problemas en las cárceles son la violencia y las frecuentes amenazas contra los custodios por parte de reclusos como de las propias autoridades carcelarias.
La delincuencia ya rebasó a la autoridad en las prisiones, pues no hay disciplina alguna ni respeto hacia funcionarios, carceleros, visitantes y los propios internos; a los visitantes los roban; a las señoras las golpean; a los custodios los amenazan y hasta entre ellos se pelean y matan por falta de espacio.
Es necesario mejorar las condiciones laborales de los custodios para proteger su salud y seguridad, ya que tienen una alta responsabilidad.
Se necesitan diversos esfuerzos, como dotarlos de equipo moderno y adecuado, una buena alimentación, un buen salario y prestaciones, una buena capacitación, un incremento de custodios, etcétera; con la sobrepoblación en algunos centros de readaptación, hay una menor cantidad de custodios que puedan hacer frente a los problemas que se susciten de la sobrepoblación.
Tal es el caso del Distrito Federal, donde 3 mil custodios vigilan los 10 centros penitenciarios del Distrito Federal con una población de 34 mil 550 internos, en donde sólo hay lugar para 22 mil.
Como legisladores tenemos la obligación de velar por los intereses de la sociedad, en especial su seguridad y el respeto a los derechos humanos de las personas, en este caso de los custodios de centros penitenciarios federales y locales, por lo que ante este Pleno someto a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno federal, a los de las entidades federativas y al del Distrito Federal a mejorar las condiciones laborales de los elementos de seguridad de los centros penitenciarios federales y locales, en seguimiento irrestricto a sus derechos fundamentales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2009.
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A PONER EN OPERACIÓN
EL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS EDUARDO
FELTON GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal Carlos Eduardo Felton González, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al Pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, a través del cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a poner en operación el Registro Público Vehicular.
Consideraciones
El 1 de septiembre de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley del Registro Público Vehicular, cuyo objeto es establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Público Vehicular.
El 4 de Marzo de 2008 entró en vigor el reglamento de la referida ley,
A más de un año de la publicación de este reglamento y sin existir impedimento legal alguno, la puesta en marcha del Registro Público Vehicular es aún incierta; esto provoca que aún no se cumpla lo establecido en dichos preceptos de ley, ni con el propósito de otorgar seguridad pública, así como seguridad jurídica, a los actos que se realizan con vehículos automotores.
Desafortunadamente, hasta el momento no ha sido posible contar con dicho instrumento que ayudaría a generar una mayor certidumbre y seguridad en las transacciones de los vehículos, recordando que el objeto del Registro Público Vehicular es el de fungir como instrumento ágil, eficiente y oportuno que permita a los particulares, a los municipios, a las entidades federativas y a la federación conocer el origen y destino del parque vehicular; así como acceder a un sistema de control público para garantizar certeza jurídica en la comercialización, y al mismo tiempo, suministrar información actualizada sobre los automotores que circulan en territorio nacional.
La omisión de dichas disposiciones tiene un efecto preponderantemente negativo, ya que uno de los grandes problemas que genera esta situación, sobre todo en los estados fronterizos del norte del país es la proliferación de delitos cometidos en automóviles de procedencia extranjera que no cuentan con el registro correspondiente, motivo por el cual es sumamente complicado dar con el responsable de dicho ilícito, esta situación provoca que este tipo de automóviles sea utilizado de forma recurrente para la comisión de delitos y su posterior abandono, sin que sea posible identificar a los delincuentes.
Es por esta razón que es de gran importancia que el Registro Público Vehicular inicie su labor lo más pronto posible.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que ponga en operación el Registro Público Vehicular con la mayor brevedad, por considerarlo de extrema necesidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2009.
Diputado Carlos Eduardo Felton González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA ASF A INVESTIGAR LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS EN LA EJECUCIÓN
DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN TLAXCALA; Y, EN
SU CASO, A APLICAR LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL TITULAR DEL EJECUTIVO
ESTATAL, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO AMARO CORONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Auditoría Superior de la Federación para que profundice en las irregularidades detectadas en la ejecución de los programas de educación pública en Tlaxcala y , en su caso, se apliquen las sanciones correspondientes al titular del Ejecutivo estatal, Héctor Israel Ortiz Ortiz.
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo atendiendo a las siguientes
Consideraciones
Tlaxcala se encuentra en una situación que debiera preocupar a los legisladores de todos los partidos políticos. En octubre del año pasado presenté una denuncia de juicio político ante la Secretaría General de esta honorable Cámara de Diputados y es el momento que la Comisión de Gobernación no ha dado cumplimiento a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. La denuncia da cuenta del estilo de gobernar de Héctor Ortiz Ortiz, cuya administración se caracteriza por la corrupción, la falta de respeto a la división de poderes, el nepotismo, el uso privado de los bienes públicos, entre otras.
La opinión pública nacional ya conoce que Tlaxcala es el estado que registra mayor número de secuestros en el país, la entidad federativa con menor competitividad económica y tiene los más bajos indicadores de transparencia y rendición de cuentas. Pero también es cierto que entre los ciudadanos y las comunidades de Tlaxcala es un secreto a voces que hay un abuso de poder y solamente son los amigos y familiares del gobernador los que tienen derecho al desarrollo, mientras que las grandes mayorías están en la pobreza.
¿Cuáles pueden ser los alcances de un gobernador como Héctor Ortiz, en una temporada electoral? De cara al inicio de las campañas políticas, confirmamos la clase de gobierno que hay en Tlaxcala; ahora, a través de la educación. A pesar de que se siente orgulloso de la Universidad de Tlaxcala, todos sabemos que es una de las instituciones de educación superior menos transparente del país; incluso la sigue controlando el gobernador, a través de su hermano.
La Jornada de Oriente nuevamente ha dado cuenta del informe de la Auditoría Superior de la Federación de que el gobierno de Tlaxcala, a través del secretario de Educación Pública del estado, Miguel Ángel Islas, mantuvo en 2007 las canonjías a las secciones 31 y 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
La irregularidad detectada por la Auditoría Superior de la Federación, es por el pago a aviadores, por erogaciones a docentes que están comisionados en diversas representaciones sindicales y por cubrir con recursos federales obligaciones propias de la administración estatal, entre otras, y que representa 311 millones 785 mil 300 pesos en la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal por parte del gobierno de Tlaxcala en 2007.
No es la primera vez que el órgano superior de fiscalización identifica una irregularidad de esa naturaleza. Ahora lo hace de una manera más escandalosa y preocupante. Resulta que estas deficiencias representan en los hechos un incremento de casi 900 por ciento con respecto al monto observado a la cuenta pública de 2006, cuando la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala incurrió en irregularidades y omisiones por 35 millones 990 mil 400 pesos.
¿Por qué es posible que Miguel Ángel Islas Chío disponga de recursos para el pago de presuntos salarios y prestaciones a favor de, al menos, 243 aviadores, así como a 216 profesores que incumplen una función educativa, en virtud de estar comisionados en diversas representaciones sindicales, laborando en otras dependencias o bien ocupando un cargo de elección popular?
La auditoría detectó anomalías por un monto de 20 millones 181 mil pesos, derivado de que 87 maestros están comisionados, y 39 millones 661 mil 300 pesos por cubrir indebidamente el salario quincenal a 216 docentes a favor de los integrantes de las secciones 31 y 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como al Justo Sierra.
La fuente periodística señala que el órgano fiscalizador detectó otra erogación global anual por 10 millones 206 mil 600 pesos por pagos a 33 personas que no justifican su asignación temporal al centro de trabajo, de comisionados a otras 186 dependencias y 37 trabajadores que están laborando en dependencias que no son afines a los objetivos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, y 4 millones 496 mil 700 pesos por pagos a 32 empleados que de forma simultánea ocuparon un cargo de elección popular.
En este tipo de señalamientos, el Pleno de esta Cámara de Diputados debe actuar de manera responsable y hacer valer la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y no permitir que funcionarios de elección popular sean cómplices de la corrupción magisterial que está cada vez más documentada en los tres órdenes de gobierno.
En estos 32 casos "se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, al Estado en su hacienda pública federal, por un monto de 4 millones 496 mil 716.09 pesos, más los intereses generados por los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal para la realización de mil 225 pagos a 32 empleados que de forma simultánea ocuparon un cargo de elección popular, incumpliendo las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Educación y Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado".
Por otro lado, el pago a empleados comisionados a tareas sindicales es indebido y así lo detectó la auditoría, por lo que hay un probable daño a la hacienda pública federal por un monto de 26 millones 492 mil 255.16 pesos, más los intereses generados "por haber destinado recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal para la realización de 7 mil 282 pagos a 243 personas no localizadas durante las visitas físicas a centros de trabajo, donde los responsables de los centros educativos no identificaron a dichas personas y manifiestan que no han laborado en el mismo, en incumplimiento de los artículos 26 y 49, párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal; 13, fracción I, de la Ley General de Educación; 44, fracción VI, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado", entre otros ordenamientos legales.
El gobierno panista de Héctor Ortiz y su alianza con el magisterio nacional no cuidaron las formas y la Auditoría Superior de la Federación detectó que la principal anomalía en la que incurrió la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala es la disposición de recursos federales para cubrir la obligación estatal que trajo consigo la descentralización de la educación para adultos, o bien para el salario de 3 mil 252 trabajadores que laboran en planteles cuyo sostenimiento corresponde al estado.
Lo que dice el órgano de fiscalización al respecto es que "se observó un probable daño o perjuicio, o ambos, al Estado en su hacienda pública federal, por un monto de 205 millones 698 mil 551.53 pesos, por haber destinado recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal para la realización de 32 mil 770 pagos a 3 mil 252 trabajadores adscritos en 251 centros de trabajo cuyo sostenimiento es estatal, en incumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal y al Código Financiero para Tlaxcala y sus municipios".
Las otras irregularidades se refieren a que la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala dispuso indebidamente de 5 millones 740 mil 4 pesos; desvió recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal para otorgar diversos apoyos a los sindicatos magisteriales por un monto de 2 millones 250 mil 900 pesos; ocupó 3 millones 440 mil 600 pesos para mantenimiento de escuelas, 40 mil pesos en apoyos para la asociación de padres de familia y 9 millones en apoyos a estudiantes de nivel superior; se constató que se realizaron 5 mil 245 pagos a 461 prestadores de servicios, identificados en las nóminas con el concepto 5, por un importe total de 17 millones 940 mil 500 pesos, los cuales carecen de contratos de honorarios y la dependencia no presentó documentación que aclare las actividades que desarrollaron durante el ejercicio en revisión; realizó 8 mil 598 pagos a 319 prestadores de servicio por un importe total 5 millones 69 mil 500 pesos; y, en coordinación con la Secretaría de Finanzas del estado, no reportó el uso y destino de 5 millones 139 mil 300 pesos por productos financieros que generaron, en 2007, los 2 mil 756 millones 159 mil 400 pesos que integraron el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.
Yo le pregunto a los miembros de esta legislatura ¿se trata de una acción responsable del gobernador Ortiz en alianza con Elba Esther Gordillo? ¿Cómo explican los gobiernos panistas esa falta de interés y compromiso con la educación? ¿Cuáles son las acciones responsables de Héctor Ortiz frente a los ciudadanos tlaxcaltecas que además de pobres no tienen acceso a la educación?
Compañeros diputados, como tlaxcalteca comprometido con mi pueblo, los invito a que veamos con cuidado y responsabilidad este tipo de conductas políticas que lastiman a los ciudadanos y no las permitamos por más tiempo.
Veo con mucha preocupación que el gobierno estatal panista de Tlaxcala ha sido rector de una universidad pública y hace uso inmoral de los recursos destinados a la educación que, por cierto, debiera ser la principal política pública.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, con carácter de urgente resolución, someto ante el Pleno de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación para que profundice en las irregularidades detectadas en la ejecución de los programas de educación pública en Tlaxcala y, en su caso, se apliquen las sanciones correspondientes por el incumplimiento y violación a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Educación.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública Federal a que, en el ámbito de sus competencias, rinda un informe detallado sobre el uso de los recursos públicos destinados a Tlaxcala, a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y que presuntamente han sido aplicados de manera indebida por parte de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala.
Tercero. Se exhorta al gobernador de Tlaxcala para que, en el ámbito de sus responsabilidades, rinda un informe detallado sobre el uso de los recursos públicos destinados a Tlaxcala a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, y que presuntamente han sido aplicados de manera indebida por parte de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala.
Cuarto. Se exhorta al Congreso de Tlaxcala para que, en su calidad de poder constituido y en el marco del equilibrio de poderes, cite al titular de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala para que rinda un informe detallado sobre el uso de los recursos públicos destinados a Tlaxcala a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.
México DF, a 31 de marzo de 2009.
Diputado Alberto Amaro Corona (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE HIDALGO A RESTABLECER Y RESPETAR DE MANERA
IRRESTRICTA LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES EN LA ENTIDAD, A CARGO DEL
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL PEÑA SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El que suscribe, diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de obvia o urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El gobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, en el marco de la primera reunión pública de presentación de propuestas para la localización de la nueva refinería que construirá Petróleos Mexicanos, señaló que instalar una nueva refinería en Tula sería un acto de justicia social pues contribuiría al desarrollo de una región donde la paz social y la gobernabilidad son producto de un diálogo permanente con la sociedad, lo que promueve la ausencia de conflictos sociales que limiten su construcción y operación.
Nada más lejos de la verdad y de la realidad; se han registrado una larga lista de violaciones a las garantías constitucionales, que han sido cometidas y promovidas por su gobierno; en un estado donde no hay ni paz social, ni gobernabilidad, ni diálogo permanente con la sociedad y se promueve el conflicto y la inestabilidad.
El 16 de enero, en el municipio de Huazalingo, la presidencia municipal fue tomada por elementos de la policía estatal y granaderos para reprimir a indígenas de la comunidad que mantienen un plantón.
El 24 de marzo pasado, cerca de 200 padres de familia, de la comunidad de Mamiti, municipio de Huichapan, se trasladaron a Pachuca para solicitar a la Secretaría de Educación Pública que les cubran las plazas docentes en la escuela primaria Benito Juárez, y fueron reprimidos.
El 26 de marzo, se detuvieron familiares de Atitalaquia, Tlaxcuapan, Atotonilco de Tula que se dirigían a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua, para exigir que se investigue el accidente que ocurrió el 24 de marzo, en Atotonilco de Tula, donde 12 personas murieron; y se detuvieron a los demandantes de justicia en la comunidad de Benito Juárez, municipio de San Agustín Tlaxiaca.
En ese mismo contexto, trabajadores de Dina, autobuses, de Ciudad Sahagún, fueron intimidados por el secretario de Gobierno, Gerardo González Espíndola, para evadir los compromisos del gobierno del estado de resolverles sus demandas laborales, sobre el pago de indemnizaciones que adeuda la empresa, y que lleva más de seis años en demanda y sin asomo de justicia.
El gobierno estatal y municipal brindan protección a traficantes, tratantes de blancas y solapan la construcción de una zona de tolerancia en el municipio de Zempoala, lo cual es inadmisible, ya que conllevará la proliferación de la prostitución y los problemas de salud, un estímulo para la delincuencia organizada y una amenaza manifiesta para la paz y la seguridad de los habitantes de esta comunidad.
Estas solamente son algunas muestras del modelo de gobierno corporativo que encabeza el gobierno de Miguel Osorio Chong, que nos recuerda los tiempos más oscuros del partido de estado priista, y que nos debe alertar sobre el peligro de su restauración.
Estos sucesos desafortunados no pueden ser permitidos y mucho menos consentidos, deben ser reprobados por esta soberanía, y se debe exigir el respeto de las garantías individuales como la libertad de expresión, de tránsito, y el derecho de petición, entre otros; que fueron claramente violentados por el gobierno del estado.
Por lo antes expuesto, pongo a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo de Hidalgo, Miguel Osorio Chong, a que se restablezcan y respeten, de manera irrestricta, las garantías individuales que emanan de nuestro orden constitucional y se castigue a los responsables.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2009.
Diputado Miguel Ángel Peña Sánchez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR AL DIRECTOR DEL COMITÉ
CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE ENFERMEDADES PARA CREAR LA NORMA OFICIAL MEXICANA RELATIVA A PADECIMIENTOS
CRÓNICOS SOCIALMENTE INVISIBLES, A CARGO DE LA DIPUTADA EVA ANGELINA
SÁNCHEZ VALDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La diputada, Eva Angelina Sánchez Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, fundado en los siguientes antecedentes y consideraciones.
Antecedentes
I. Diversos colectivos de enfermos crónicos han manifestado las dificultades de atención medica, falta de conocimiento de las enfermedades crónicas por parte de médicos de primer contacto, familiares, empleadores y la sociedad en general, sumergiéndolos en la subatención médica, el detrimento de la calidad de vida, el desempleo o subempleo, así como el desgaste de esperar siempre, sin que exista en nuestro país una respuesta que dé certidumbre, sólo una serie de promesas que se plasmaron en folios entregados por la Coordinación General de la Administración de la Red Federal de Servicios a la Ciudadanía; retomamos del folio 210048441-7 de junio del 2007 dirigido al doctor José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud a nivel nacional, en donde el titular de la Red Federal de Servicios a la Ciudadanía, el licenciado Bernardo Altamirano Rodríguez, le encomienda recordar un compromiso del titular del Ejecutivo federal:
México ha presentado ante la Organización Panamericana de la Salud, por medio del órgano informativo Enfermedades crónicas: prevención y control en las Américas, de enero del 2008, la campaña denominada; Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud, como política orientada a otorgar mejor atención médica a la población.
Las enfermedades crónicas son importantes para el planteamiento de esta política, porque constituyen la causa principal de enfermedad y muerte en el país. Los datos del sistema de monitoreo de localidad de la atención médica en México, indica que en el año 2000, el 66 por ciento de las personas con diabetes tenían un control metabólico inadecuado, para evaluar la aplicación de un planteamiento más integral de la atención de las enfermedades crónicas, la Secretaría de Salud, en colaboración con OPS/OMS, realiza acciones al respecto.1
En materia de estadística, nuestro país nos debe esa información, puesto que en el sitio web de la sede de la OPS en México, se cita como perfil de salud, el correspondiente a los años 2000-2004, por las siguientes enfermedades, que no guardan los criterios correspondientes a enfermedades crónicas en su totalidad como son: poliomielitis, sarampión, tosferina antes de los cinco años, tétanos neonatal, sífilis congénita y adquirida, rabia, paludismo, dengue, tuberculosis pulmonar, sida, lepra, y los esquemas de vacunación. La información presentada no contiene una categorización para efectos de investigación o de trabajo en el área de enfermedades crónicas.
La transición en las políticas sanitarias de Latinoamérica, han permitido que existan limitaciones para quienes padecen enfermedades crónicas, en otro tiempo catalogadas enfermedades no transmisibles, preocupación que está divulgando la Organización Mundial de la Salud, OMS, y las organizaciones no gubernamentales a nivel mundial, quienes se están dejando escuchar con solicitudes de apoyo a los enfermos crónicos, partiendo de la estadística que señala que el 80 por ciento de las muertes por esa causa, suceden en países de ingresos bajos y medios, afectando igualmente a hombres y mujeres.
El gasto catastrófico en atención de salud se produce en países de todos los niveles de desarrollo. Sin embargo, el problema es más frecuente y más grave en los países de ingresos medianos, y sobre todo en los de ingresos bajos.2
El programa Alianza por un México Sano, reconoce la protección de la salud como una obligación del Estado, en el cual, se refiere al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus párrafos; tercero y sexto, que establecen la garantía que tutela el derecho a la protección de la salud de las personas.
Estamos acostumbrados a ver sólo dos caras del prisma; la enfermedad que se cura con un tratamiento más o menos corto y la enfermedad que conduce a la muerte, no nos hemos ocupado de la gente que vive con una o más enfermedades crónicas, muchas de ellas catalogadas como enfermedades invisibles, no por la duda de su existencia, sino por ser subatendidas e incomprendidas por la sociedad, empleadores y familiares.
El Programa Nacional de Salud 2007-2012, reconoce que el perfil epidemiológico que hoy caracteriza al país está dominado por enfermedades crónico-degenerativas y lesiones lo que obedece a determinantes de naturaleza compleja, asociados tanto a las condiciones de vida de la sociedad, como a la capacidad de la persona para tomar decisiones a favor de la salud propia y de los suyos.
La demora en la atención provoca un doble costo social, puesto que incrementa por un lado el peso de la discapacidad en personas que viven más años, y, por el otro, hace aun mayor el costo de su tratamiento. Persistiendo un inaceptable círculo vicioso: pobreza-enfermedad-pobreza, potenciado por la desigualdad de oportunidades para el desarrollo cabal de los individuos; (PNS2007-2012; 7) en el mismo documento se cita que la atención no ha sido costo efectiva en materia de enfermedades no transmisibles:
En el marco de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, suscrito por México en marzo del 2007, se estima que unos 386 millones de personas en edad de trabajar, son discapacitadas; la Organización Internacional del Trabajo (OIT), revela que el desempleo en este sector es de un 80 por ciento en algunos países, en donde a menudo los empleadores suponen que las personas con discapacidad no pueden trabajar.3 Las políticas públicas en materia de sanidad no pueden formularse como sí se tratara de una caridad, puesto que son acciones compensatorias de buen gobierno.
De las necesidades
Las Enfermedades Crónicas Socialmente Invisibles, (ECSI), son condiciones de salud que deterioran la calidad de vida, trastornan su entorno laboral, familiar y social, puesto que en alguna fase de su morbilidad no son notorias, son de difícil diagnóstico y tienen en común ser multisistémicas, manifestándose con dolor, debilidad y fatiga. Entre las cuales se encuentran:
• Disautonomía o Síncope Neurocardiogénico
(CIE-10, clave R55);
• Migraña (CIE-10, clave G43);
• Trastornos del Tejido Conectivo (CIE-10, clave L94);4
• Miastenias (CIE-10, clave G70); y
• Los grupos de Enfermedades Reumáticas, de la
Colágena,5
Inmunológicas, Neurocardiológicas y Síndromes Metabólicos.
Existen escépticos quienes les denominan síndromes idiopáticos, de frontera o de transposición, debido a que pueden presentarse más de una enfermedad en una misma persona, ese escepticismo médico, deja a los ciudadanos, usuarios permanentes de los servicios sanitarios, en la inatención y el deterioro progresivo de la calidad de vida. Asimismo, los científicos progresistas, han desarrollado un nuevo paradigma denominado medicina de la complejidad6:
Los padecimientos citados, hasta el momento de haberse realizado la investigación, no aparecen en el Sistema Nacional de Información en Salud, por sus siglas, Sinais, aún cuando son tema de la agenda de la Cumbre del Milenio.
Avalado por el Comité Consultivo Nacional de Normalización y de Prevención y control de Enfermedades, puesto que en nuestro país para que exista una política sanitaria y un día de desarrollo de la conciencia debe crearse una norma oficial mexicana al respecto, así podríamos ver, la NOM sobre el cáncer de seno, la diabetes, la obesidad, la hipertensión, las enfermedades por dislipidemias, las enfermedades por deficiencia de yodo y las congénitas entre otras.
México en el 2005 se comprometió ante la OMS para evitar el empobrecimiento por motivos de salud, meta reconocida en el Programa Nacional de Desarrollo 2007-2012. Puesto que no basta con reconocer que la salud no debe ser un lujo de quienes pueden pagarla, debemos legislar en la materia.
Se requiere la optimización del presupuesto en salud para la detección oportuna, la educación y tratamiento de las enfermedades crónicas; tal como se comprometió el titular del Ejecutivo federal:
- …Sé que podemos movilizar a la sociedad para cuidar de su salud y prevenir las enfermedades…
- La columna vertebral de la política sanitaria de mi Gobierno y de la Alianza por un México Sano, es precisamente la prevención. Para un país como el nuestro la prevención es el único camino para superar rezagos y enfrentar retos.
- La salud no debe ser un lujo de quienes pueden pagarla, es un derecho de todos…9
Por lo anterior proponemos elementos normativos que deben considerarse para crear la normatividad correspondiente como lo es una Norma Oficial Mexicana.
Las condiciones por las que atraviesa el ser humano que tocan su calidad de vida son;
Desde esta óptica entendemos por Salud, el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones. Los gobiernos se han ocupado dentro de lo posible por restablecer el equilibrio roto, a través de los programas sanitarios, a ese desequilibrio le denominaremos enfermedad.
Calidad de vida.11 Es la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. Es un concepto extenso y complejo que engloba la salud física, el estado psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, las creencias personales y la relación con las características sobresalientes del entorno. La OMS ha identificado seis extensas áreas que describen aspectos fundamentales de la calidad de vida en todas las culturas y se describen a continuación.
Por cuanto es necesario el diagnóstico precoz, la educación del paciente, la actualización de conocimientos médicos, reforzado por la educación a la sociedad a través de los medios masivos de comunicación, para fortalecer los programas de salud y para que no quede sólo en buenas intenciones del Programa Nacional de Salud como ha ocurrido por décadas. Esto es, cuando se habla de la donación de órganos y de los trasplantes, no se cita que el diagnóstico precoz podría retrasar la incapacidad o incrementar la necesidad de diálisis y trasplante, por el oportuno tratamiento de la enfermedad renal, un proceso inicialmente silencioso. Por las circunstancias que privan hasta el momento de la presente investigación efectuada a finales del 2007, de 100 mil personas que deberían estar recibiendo el beneficio, la cobertura sólo pudo otorgarse a la mitad de los pacientes, es decir, sólo 50 mil personas.12
Atendiendo a las necesidades manifiestas por el Hospital General de Zoquipan y el Hospital Civil de Belén; ambos, históricamente dedicados a la atención sanitaria de alta especialidad para la región occidente del país, esto es, aquella que comprende a cinco estados además de Jalisco, que es Sede sanitaria en occidente, no sólo de urgencias y de atención de enfermedades agudas, de las cuales existe una amplia demanda tanto en la consulta externa, que asiste a enfermedades conocidas y a las enfermedades crónicas socialmente invisibles, área saturada por la falta de recursos suficientes para atender a una población carente de estabilidad en su salud y en un amplio sector con economías marginales.
Exaltamos la buena voluntad que se requiere para dar atención sanitaria a pesar de carencias pero no es suficiente, se requieren medidas urgentes, con una política compensatoria que pueda dar no sólo acceso a la atención médica, sino también la posibilidad de que los tratamientos sean cubiertos.
Por lo expuesto y fundamentado presento ante su consideración técnica, bioética y humana, el siguiente proyecto con
Punto de Acuerdo
Único. Con pleno respeto a su soberanía, esta honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que instruya al director del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, a fin de crear la Norma Oficial Mexicana para las Enfermedades Crónicas Socialmente Invisibles.
Notas
1. http://wwwpaho.org/Spanish/AD/DPC/NC/cronic.htm, http:www.mex.ops-oms.org
2. Estadística Mundial de Salud 2008, editado
por la OMS, página 35, ISBN 978 92 4 356359 6 (Clasificación
NLM: WA 900.1).
3. http://wwwun.org/spanish/disabilities/convention/overview.html
y http://www.un.org/spanish/ha/
4. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/connectivetissuedisorders.html
5. http://www.uam.es/departamentos/medicina/anesnet/agenda/enfermedades.htm
6. Briceño Gil, Miguel Ángel, Epistemología
y Medicina de la Complejidad, en Medicrit, revista de medicina interna
y medicina crítica, edit. Medicrit, pp 95 – 103, Colombia 2005.
www.medicrit.com
Prieto Ramírez, Doris María, La medicina
desde la perspectiva del pensamiento de la complejidad en http//bvs.sld.cu/revistas/revistahm/números/2003/n7/body/hmc040103.htm,
Cuba 2003.
7. La información proporcionada estuvo a cargo
del doctor Fidel Ángel Cortina Luna, jefe de Consulta Externa y
de la jefa de Archivo, la licenciada María Esther Gallo Jiménez.
8. Para la información proporcionada por el Civil
Viejo se contó con la colaboración del doctor Alfredo Lepe
Oliva, y la jefa de Archivo, licenciada Raquel López Aguiñaga.
9. Programa Nacional de Salud 2007-2012, discurso del
presidente Calderón, páginas 5 y 6.
10. Brundtland Go Harlem, en el informe sobre Nuestro
Futuro Común (1987-1988).
11. Grupo WHOQOL. (1996): Evaluación de la Calidad
de Vida ¿Por qué calidad de vida? En: Foro Mundial de la
Salud, OMS, Ginebra, Suiza.
12. Dato proporcionado en entrevista con el doctor nefrólogo
José Luis Oropeza, especialista adscrito al Hospital Civil de Belén.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2009.
Diputada Eva Angelina Sánchez Valdez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INTEGRAR DIVERSAS FECHAS EN EL CALENDARIO
NACIONAL DE SALUD PARA QUE SEAN CONSIDERADOS DÍAS DE CONCIENCIACIÓN
DE LA SALUD, A CARGO DE LA DIPUTADA EVA ANGELINA SÁNCHEZ VALDEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La diputada Eva Angelina Sánchez Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo con fundamento en los siguientes antecedentes y consideraciones.
Antecedentes
I. Un paso a favor para disminuir las inequidades en el país es llamar a las cosas por su nombre, lo digo puesto que a nivel mundial existen estadísticas de las enfermedades crónicas, mientras que para México se les sigue considerando como "enfermedades no transmisibles"; quizás esa sea una de sus características, pero la realidad que las distingue es que permanecerán con las personas que las portan por el resto de sus vidas.
II. En el mundo, las enfermedades crónicas socialmente invisibles (ECSI) tienen diferentes términos, como enfermedades poco habituales, enfermedades huérfanas, enfermedades raras, discapacidad invisible; lo común a todos estos sinónimos es que son poblaciones marginadas de la atención sanitaria y de la comprensión social.
III. El ser socialmente visibles implica para muchos conservar el trabajo y que les sean aceptadas sin tanto problema la discapacidad temporal o el cambio de actividad. Hasta el momento, muchos de quienes padecen enfermedades socialmente invisibles tienen problemas laborales de diferente magnitud, porque no tienen síntomas visibles y entonces se piensa que se inventa la enfermedad por corrupción o flojera. El estigma social es una de las consecuencias que se vive en soledad, a veces acompañado de la familia y, en un porcentaje alto, sin atención médica adecuada.
IV. En México, la estadística de enfermedades crónicas es un tema difícil de tratar. Para ejemplificarlo, se presentan los casos reportados en el Hospital Civil de Belén y en el Hospital General de Zoquipan, ambos de tercer nivel, es decir, de alta especialidad, que según sus propios recursos estadísticos nos proporcionaron información correspondiente a 2007.
El miedo a denominar a una enfermedad "crónica" trae consigo problemas sanitarios de ajuste para los hospitales públicos, es decir, deben optimizarse los recursos económicos y humanos, así como los tiempos para atender las enfermedades agudas y las crónicas. En el cuadro que aparece a continuación se muestra la atención de pacientes en periodos de crisis. Cabe destacar que los enfermos crónicos reciben supervisión médica retirada (anual o semestral) por el exceso de pacientes, muestra de ello son los datos aportados desde Guadalajara, Jalisco.
*La información proporcionada estuvo a cargo del doctor. Fidel Ángel Cortina Luna, jefe de consulta externa, y de la jefa de archivo, licenciada María Esther Gallo Jiménez
** Para la información proporcionada por el Civil Viejo se contó con la colaboración del doctor Alfredo Lepe Oliva y de la jefa de archivo, licenciada Raquel López Aguiñaga.
V. El resultado de esta situación es el daño a la calidad de vida del paciente. Quienes reciben incapacidad tras incapacidad, sin que exista una clasificación adecuada de la cronicidad, los que transitan por ellas los lleva a la reducción de salario, además, que los medicamentos no se encuentren en los cuadros básicos, provoca que abandonen el tratamiento. El reconocimiento social, la creación de campañas de difusión sobre su verdadera entidad, el aprendizaje del manejo de la enfermedad por parte del paciente, la modificación de la dictaminación de incapacidad por enfermedad crónica y no por enfermedad general, como actualmente se maneja, coadyuvarían a que la calidad de vida para estos ciudadanos mejore.
VI. Los padecimientos citados hasta el momento, de haberse realizado la investigación, no aparecen en el Sistema Nacional de Información de Salud (Sinais). Aún cuando son tema de la agenda de la Cumbre del Milenio, no son previstas en el calendario actual de salud, denominadas en el sitio web de la OPS-OMS México cómo efemérides en salud. Como puede observarse las fechas subrayadas, debería absorberlas la Secretaría de Desarrollo Social y no la de Salud.
VII. En el calendario de salud están excluidos puesto que en él existen temas que no corresponden a esta área, tales como los Días de la Población, del Medio Ambiente, del Adulto Mayor, de la Mujer, etcétera. Los temas son importantes pero pertenecen a la agenda de desarrollo social. Esos espacios deberían estar cubiertos por días de concientización por enfermedades crónicas, congénitas y de origen desconocido, puesto que quienes las padecen han sido sistemáticamente ignorados por la falta de conocimiento o por el exceso de "tramitología" en el país.
VIII. Por cuanto se requieren soluciones integrales, la incapacidad laboral se vería reducida a través del diagnóstico oportuno, el seguimiento, el conocimiento de la enfermedad por parte del paciente, que le otorgue la responsabilidad de mantenerse estable y coadyuvar a los tratamientos. No basta con hacer programas de incentivos para quien contrate gente con discapacidad, esos programas deben ser fortalecidos con la aceptación laboral de quien padece enfermedades crónicas.
IX. El proceso de incapacidad laboral en México tiene desde mi conocimiento, por información proporcionada por la asociación civil Frida Kahlo, Apoyo Mutuo en Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica, las quejas de los miembros virtuales y físicos de la asociación, la gente con enfermedades crónicas suele tener más de un problema de salud, la revisión médica en las instituciones suele ser muy espaciada, conduciéndolos a pagar médicos, medicinas y tratamientos en hospitales privados o esperar a que llegue la cita. En esa espera se produce una merma en la economía y en la salud que les lleva a los pasillos de urgencias o a la discapacidad temporal, que para efectos de manejo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se le llama "certificado de incapacidad" y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se denomina "licencia médica".
Mientras tanto, el IMSS hace una descripción clara de los criterios por los que se otorga una incapacidad general ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en el documento con clave IMSS-PM-002. Que por sus argumentos nos remite al reglamento de prestaciones médicas, en el cual se describen los criterios por los que se otorga una incapacidad.
Dicho documento es importante para la gente que tiene enfermedades crónicas, en cuanto al reposo que dictamina el médico, así como por el respeto a su derecho a laborar, sin la exposición continua a defender la veracidad del documento legal, el reglamento de prestaciones médicas del IMSS da luz a los criterios por los que se dictaminan según los artículos de 56 al 58 y del 140 al 142.
X. El conflicto para quien tiene una incapacidad es que siempre digan por "enfermedad general"; eso está explicitado para los médicos en el reglamento, en el artículo 57, "las recaídas y complicaciones de un padecimiento en los derechohabientes se considerarán como la misma enfermedad". En el tercer párrafo del artículo 58 se señala que si hay interrupciones de la incapacidad de 8 semanas o más, durante las cuales el trabajador haya vuelto a su trabajo, con autorización del médico tratante del instituto, la presentación del mismo cuadro patológico, se considerará como una nueva enfermedad. Eso justifica para el instituto que a una persona con problemas de salud crónicos, que tiene una crisis, se escriba en su documento de incapacidad por enfermedad general y aún cuando regrese el mismo mes con problemas y requiera nuevamente el documento, no consignarán recaída o incapacidad subsecuente, sino vuelven a poner inicial.
XI. Legalmente el médico tratante y el instituto –sea el IMSS o el ISSSTE– quedan protegidos respecto a la atención que brindan, pero el paciente tiene problemas de credibilidad, puesto que a sus empleadores no les parece un proceso natural, por lo cual son hostigados, se les presiona a cambiase o a renunciar. Algunos son llevados al Jurídico por exceso de incapacidades y se cuestiona las que tienen cierta periodicidad.
XII. Es imprescindible que se anexe el diagnóstico o que se anexe el criterio "por enfermedad crónica", situación que facilitaría la búsqueda de respeto al derecho a laborar tranquilamente sin tener que dar tantas explicaciones por las recaídas que se tienen. Puesto que el hecho de regresar 2 o 3 veces al médico quien dictamina una serie de incapacidades, para quienes no somos médicos, son recaídas de enfermedad crónica, pero por la variabilidad en que son entregadas, los médicos deben dictaminarla como inicial y por enfermedad general.
Quizás el respeto a la dignidad del enfermo crónico inicie en este apartado, en el que el curso del problema sea reconocido como es: una enfermedad crónica no inicial, y no es una enfermedad general, es un problema que tiene recaídas aún cuando médicamente las revisiones sean semestrales o anuales.
Por lo expuesto y fundamentado, presento ante esta soberanía el siguiente proyecto con
Puntos de Acuerdo
Primero. Con pleno respeto a su soberanía, esta honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a integrar las siguientes fechas al calendario nacional de salud para que sean tomados como días de concientización, por la salud de los mexicanos y las mexicanas, así como una contribución para erradicar la discriminación:
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2009.
Diputada Eva Angelina Sánchez Valdez (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA ALDF A REVISAR LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL
DISTRITO FEDERAL EN CUANTO AL SECTOR TURISMO Y AL INCREMENTO DEL DESEMPLEO,
A CARGO DEL DIPUTADO MOISÉS GIL RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, licenciado Moisés Gil Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad conferida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 58 y 59, y demás ordenamientos aplicables, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, a efecto de exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, en virtud de su imprecisión respecto a la responsabilidad atribuida al Gobierno del Distrito Federal y a los órganos político administrativos para salvaguardar la economía popular y el empleo, así como la exigüidad de la normatividad en materia de promoción del turismo y la cultura de modificación de los patrones que determinan hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la salud y el uso óptimo de los servicios consumidos, proponiendo para ello adicionar un párrafo a los artículos 38, y 39, y reformar el artículo 44 de la citada ley, lo anterior al tenor de las siguientes
Consideraciones
Aunque no es algo nuevo la recesión de México, los inversionistas han reaccionado ante la amenaza de una mayor agudización de la contracción de la economía mexicana en 2009, vislumbrando un crecimiento económico limitado, que amenaza con el incremento del desempleo y la pobreza.
Tomando en cuenta el panorama desalentador de la crisis actual y los efectos de las reformas estructurales para acelerar el crecimiento, la reciente Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, produce sensaciones de malestar entre los inversionistas, por las expectativas que frenan el consumo, la inversión, el gasto e incluso las importaciones; en este sentido, los costos que representan para muchos individuos los cambios de empleo o la necesidad de adaptarse a nuevas condiciones de producción, tienen un efecto multiplicador en la agudización de las variables económicas.
La volatilidad económica (medida por la desviación estándar del crecimiento de los últimos cinco años), la inflación o la distribución del ingreso, son variables macroeconómicas que podrían incidir en la satisfacción de condiciones de existencia. En esta lógica, el empleo tiene una influencia positiva, considerable y significativa en todas las dimensiones de la satisfacción personal.
La Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, vigente a partir del 25 de febrero de 2009 hace alusión a lo antes expuesto, ya que al abrogar la anterior Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, provocó la reforma y adición de diversas disposiciones en el ámbito local, ocasionando la pérdida masiva de empleos, en un momento, donde la economía nacional se ve vulnerada por el contexto financiero mundial, además de que provocó en los trabajadores de establecimientos afectados por la citada ley, una carencia en la satisfacción de necesidades materiales de existencia y su obligatoria correspondencia con el desarrollo social y la satisfacción personal.
Los elementos que afectan la economía popular de la citada ley, se contemplan en sus artículos 38 y 39, al modificar los horarios de prestación de servicios para establecimientos con licencias ordinaria o con impacto zonal. En estos artículos, el mayor perjuicio es para la clase trabajadora que se vulnera ante el incremento de despidos, y el sector turismo, que disminuye la atracción de visitantes, por la carencia de variedad en la oferta turística nocturna. Cabe hacer mención de que la nueva ley no contempló como medida para ponerse en marcha un plan de culturización ciudadana que modifique los patrones de consumo de bebidas alcohólicas y control de fumadores y determine sus hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la salud, como se hace en otros países, principalmente en Europa; en este sentido, sólo se traslada el establecimiento mercantil de la regulación gubernamental, a la clandestinidad.
Citando a la encuesta polietápica "Perfil del turista que visita la Ciudad de México", realizada por el Gobierno del Distrito Federal y la Universidad Autónoma Metropolitana, en febrero de 2009, las personas nacionales que visitan la capital entre los rangos de 24 a 35 años ascienden a 30 por ciento del total, y contando el rango entre 24 y 41 años, se eleva hasta el 44.25 por ciento, cifra que comprende las edades con mayor afluencia a eventos nocturnos. Tomando en cuenta los motivos principales para viajar a la Ciudad de México, la respuesta como primera opción respecto al placer o diversión ocupan el 11.75 por ciento, tan sólo por debajo del 33.25 por ciento con motivos de trabajo y negocios, y 30.75 por ciento que visitan a sus familiares o amigos; como respuesta de segunda opción el placer o diversión obtuvo el 7.25 por ciento sólo detrás de la visita a familiares o amigos que indican un 11.50 por ciento. Del total de encuestados, el 29.75 por ciento se aloja en hoteles; con la ley operable en el Distrito Federal, se afecta también de manera indirecta a la ocupación hotelera local.
Respecto a la afluencia de turistas internacionales, el 39.86 por ciento visita la Ciudad de México por placer o diversión, siendo ésta el principal motivo de estancia en nuestro país; el rango de edad de turistas entre 24 y 35 años es de 28.67 por ciento, y si se toma en cuenta entre 24 y 41 años, asciende a 42.66 por ciento, como segunda opción de respuesta la cultura ocupa el primer lugar con 10.49 por ciento y el placer o diversión se coloca en un segundo plano con el 6.99 por ciento. La muestra de encuestados indicó que el 55.94 por ciento se alojó en hoteles, los cuales prefirieron en su mayoría los situados en el centro histórico, con un 31.47 por ciento visitantes que pasan entre 4 y 7 noches hospedados en la ciudad. El mayor número de turistas, proviene de California, Alemania, Francia, España y Ontario, aunque existe mucha presencia de ciudades de los Estados Unidos de América.
La Secretaría de Turismo del Distrito Federal considera como categorías para diversión nocturna las siguientes zonas de alto impacto turístico: Aeropuerto–Foro Sol, Centro Histórico–Alameda, Chapultepec–Polanco, Condesa–Roma, Coyoacán, Iztapalapa–Central de Abasto, norte–Basílica de Guadalupe, Periférico Sur–Ajusco, Santa Fe–Desierto de los Leones, Tlalpan–Taxqueña, Torre Mayor–Zona Rosa, y World Trade Center–San Ángel–Ciudad Universitaria, aunque la mayoría de los establecimientos se concentran en la Zona Rosa, San Ángel, Centro Histórico, Polanco, Roma o Condesa, albergando una buena cantidad de negocios, que regularmente son concurridos todos los días, registrando mayor afluencia los viernes y sábados, aunque muchos funcionan a partir del miércoles.
Los ingresos por turismo en México a enero de 2009 registraron mil 192 millones de dólares, contra mil 289 millones de dólares en enero de 2008, lo que representa una pérdida de 97 millones de dólares respecto al mismo mes del año anterior. Esta situación pone en evidencia que, a pesar de los resultados generalmente buenos del turismo mexicano, existen condiciones de fuerte competencia internacional que pueden afectar el comportamiento de los flujos turísticos, debido principalmente a una modificación progresiva de los patrones de comportamiento y las expectativas de la demanda.
El turismo, es cada vez más visto como un sector de actividades con grandes virtudes, tanto por su capacidad de impulsar una mayor relación con el resto del mundo, como por su potencial en la generación de divisas, por la creación de empleos, y por sus aportaciones potenciales para el desarrollo de las regiones rezagadas.
Quizá el aspecto más relevante que merece ser señalado es que la forma de concebir el turismo en México merece una mutación importante en los conceptos, la forma de actuar de los empresarios y la regulación del Estado mexicano en la materia. El diagnóstico de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal va en el sentido de evidenciar la urgencia de modificar las pautas de operación del modelo turístico. Si bien es imprescindible valorizar lo hecho en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al mismo tiempo es esencial plantear que ciertas orientaciones del pasado han perdido sentido en el estado actual del mundo, mientras que ciertas acciones, entre las cuales aquéllas que han apoyado la diversificación del modelo turístico, merecen ser reforzadas y volverse, en algunos casos, líneas prioritarias para el futuro cercano.
La ley en muchos apartados presenta una ambigüedad normativa, derivada de la falta de justificación de sus artículos; ejemplo de ello es la proscripción para exigir pagos por concepto de propina, gratificación, cubierto o conceptos semejantes, sin determinar la obligatoriedad de los establecimientos a contratar de conformidad con la ley a sus empleados. Asimismo, la ley establece que por la contravención a sus disposiciones, dará lugar al aseguramiento de las bebidas alcohólicas, imposición de sanciones económicas, suspensión temporal de actividades, clausura de establecimientos mercantiles y la revocación de las licencias de funcionamiento, de las declaraciones de apertura, permisos, o autorización, pero deja muy abierta la ejecución al Reglamento de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, posibilitando la corrupción de funcionarios de los órganos políticos administrativos o del Gobierno del Distrito Federal, que muchas veces sólo enfatiza en una supervisión. En el mismo sentido, el artículo 44 de la ley operable en el Distrito Federal afecta en la derrama económica de la entidad, al prescindir de atractivos turísticos como la barra libre, sin haberse legislado debidamente sobre el servicio prestado con los controles necesarios para eliminar la competencia desleal, la venta de bebidas adulteradas y la supervisión adecuada de instancias gubernamentales.
Es importante reconocer al mismo tiempo los aciertos de la ley, por mencionar algunos, la obligatoriedad de accesibilidad y disponibilidad de preservativos a los usuarios, y la clausura permanente de negocios que produzcan y expendan bebidas adulteradas, con sustancias químicas que puedan afectar la salud del consumidor u otro tipo de productos de baja calidad u origen desconocido, sujetándose al procedimiento de revocación de oficio de las licencias.
Sin embargo, la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal se convierte también en una variable liberadora de mano de obra, que ante el desabasto de oferta de empleo, provoca flujos migratorios hacia el interior de la república o al extranjero. El desempleo abierto ocasionado tiene dos rasgos universales: de manera característica presenta tasas más elevadas entre los jóvenes que en el resto de la población, quienes son despedidos por falta de experiencia y nivel de estudios principalmente. Asimismo, los niveles que registra el desempleo abierto entre las mujeres es mayor que entre los hombres; la combinación de edad y sexo da por resultado que la tasa de desempleo abierto en las mujeres de 12 a 19 años puede llegar a ser hasta tres veces mayor que la tasa general de desempleo, como llegó a ocurrir en México a nivel urbano en 1997. Son las redes familiares las que sustituyen la seguridad social y en ellas ciertos miembros pueden correr riesgos y aprovechar oportunidades, mientras otros garantizan la continuidad del funcionamiento de esa red.
El desempleo abierto no tiene que ver con la riqueza o pobreza de un país, sino con la flexibilidad o rigidez, eficiencia o ineficiencia de sus mercados laborales; así se entiende a la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal con un carácter muy rígido, que imposibilita la inversión y la permanencia del empleo, lo cual obliga a su revisión y adecuación.
En el presente punto de acuerdo, se han plasmado una serie de orientaciones consideradas como decisivas para alcanzar el escenario de consolidación del turismo al cual se anhela. Independientemente de la revisión detallada de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal se puede afirmar que es central para el desarrollo de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, que el modelo de turismo nocturno se vuelva cada vez más competitivo, adecuándose a nuevas orientaciones del mercado, aprovechando las tecnologías de punta, etc. Sigue siendo, uno de los pilares del turismo local, pero por otra parte, se quiere propiciar un cambio de mentalidades hacia la comprensión de que la diversificación es esencial: no se puede pensar que el turismo de la Ciudad de México mantenga su capacidad de crecimiento si no se da un espacio relevante al impulso a otras formas de "hacer turismo", expresión que implica tanto la perspectiva del consumidor que anhela un turismo diferente y diversificado, como la visión del empresario que puede encontrar en un hacer turismo diferente, fuentes renovadas de expansión de sus actividades.
Si las orientaciones anteriores son, en cierta forma, la punta de lanza del planteamiento de la revisión de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, existen otros dos por lo menos, que son igualmente relevantes: en primer lugar, es esencial revalorizar el papel que juega en la economía, el mercado interno del turismo; en segundo lugar, no es posible pensar que el desarrollo del turismo hacia un modelo rectificado y por ende más competitivo, podrá lograrse sin el apoyo efectivo del Estado mexicano. En este caso, es central que el apoyo no vuelva a derivar en formas intervencionistas, sino en un apoyo de tipo "facilitador", de concertación y de orientación, tal y como se plantea en esta propuesta.
El modelo de desarrollo turístico de la Ciudad de México se debe componer de aspectos relacionados con la oferta y la demanda, como atractivos, planta turística e infraestructuras asociadas, promoción y comercialización, así como su aprovechamiento para responder a problemas coyunturales y estructurales del país, por ejemplo impacto en la balanza comercial, empleos, ocupación de territorios y seguridad nacional, entre otras.
En cuanto al objetivo rector, el modelo turístico del Distrito Federal se centró en la generación de divisas, aunque estuvieron presentes otros dos elementos en el discurso y la argumentación de la importancia del turismo como actividad estratégica del estado: la creación de empleos y el desarrollo regional.
Respecto a los criterios de diseño urbano, las zonas turísticas se separan de la zona habitacional para la población. En las políticas locales, se da prioridad a las primeras, tanto en lo concerniente a los servicios públicos, como de entretenimiento y paisaje urbano, provocando una dicotomía que resulta contraproducente para los habitantes locales, pues generalmente la infraestructura de la zona local termina por resultar insuficiente, tanto por el crecimiento poblacional que genera la migración hacia estos destinos, como por la presión de las instalaciones de los servicios turísticos.
La participación de las grandes empresas: líneas aéreas, hoteleras (cadenas y empresas constructoras) y touroperadores, cuyo poder de interlocución a través de asociaciones o inclusive en lo particular, dado el peso específico de cada una de ellas, ha ganado el liderazgo en la concepción de las políticas y el acceso a apoyos institucionales. Las pequeñas y medianas empresas, cuya contribución al turismo es muy importante en servicios diversos a la hotelería, tienen una deficiente cultura empresarial y capacidad de interlocución y organización, que los ha puesto en una situación de desventaja, que deberán resolver. En cuanto a la participación del sector público, tradicionalmente, el turismo ha sido una actividad altamente dependiente e intervenida por el Estado.
En concordancia con lo anterior, se presenta el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en los términos que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos legales aplicables, a revisar la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, en virtud de su imprecisión respecto a la responsabilidad atribuida al Gobierno del Distrito Federal y a los órganos político administrativos, para salvaguardar la economía popular y el empleo, así como la exigüidad de la normatividad en materia de promoción del turismo y la cultura de modificación de los patrones que determinan hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la salud y el uso óptimo de los servicios consumidos, proponiendo para ello adicionar un párrafo a los artículos 38, y 39, y reformar el artículo 44 de la citada ley, en los términos siguientes;
…
…
Los horarios de venta o distribución de bebidas alcohólicas para salones de fiestas y restaurantes, podrán ser modificados hasta las 4:00 horas de jueves a sábado, de acuerdo con un estudio previo sobre la importancia por derrama económica que generan a las finanzas del Distrito Federal, realizado por la unidad responsable en el órgano político administrativo.
Artículo 39. …
…
En zonas con alto impacto turístico avaladas por la Secretaría de Turismo del Distrito Federal, los horarios de servicio serán de las 10:00 horas a las 5:00 horas del día siguiente, y el horario de venta de bebidas alcohólicas será a partir de las 10:00 a las 4:30 horas.
Artículo 44. Queda estrictamente prohibida la modalidad de barra libre o cualquier promoción similar, a todos los establecimientos con licencias ordinaria o especial, que no comprueben ante el órgano político administrativo correspondiente, la procedencia legal de las bebidas alcohólicas, así como la operación de sus servicios sin elementos de competencia desleal, acreditada por la Procuraduría Federal del Consumidor.
En los lugares donde exista cuota de admisión general o se cobre el pago por derecho de admisión, no se podrá exentar el pago del mismo ni hacer distinción en el precio, en atención al género o cualquier otra forma de distinción.
…
…
Diputado Moisés Gil Ramírez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA UNA COMISIÓN PLURAL QUE INVESTIGUE LOS DESVÍOS DE
RECURSOS PÚBLICOS POR EL PODER EJECUTIVO DE TABASCO CON MOTIVO DE
LA ENTREGA DEL "BONO DE FATIGA LABORAL", A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL ELÍAS
SÁNCHEZ CABRALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal Rafael Elías Sánchez Cabrales, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este Pleno, con carácter de urgente u obvia resolución, proposición con punto de acuerdo, al tenor de:
Me veo en la necesidad de hacer uso de la voz y de las facultades que tengo como legislador federal y representante popular para denunciar un asunto de extrema gravedad, no sólo para los intereses del pueblo Tabasqueño sino para toda la sociedad mexicana en su conjunto.
Me refiero a un asunto que, desde mi percepción, es igual o más grave que la crisis económica, el combate al narcotráfico o la inseguridad pública.
Me refiero a un fenómeno que ha venido arrastrando nuestro país a lo largo de décadas y ha sido la causa del atraso que vivimos. Y que hoy, en estos tiempos de crisis, se ha ido agudizando y tornado en una serie amenaza al estado constitucional, democrático, transparente y exitoso que todos queremos. Me refiero, y vengo a denunciar ante esta soberanía, los altos grados de corrupción y abuso de poder que se han realizado en Tabasco por parte de la administración de Andrés Rafael Granier Melo; el desvió de importantes cantidades de recursos económicos de origen público para el enriquecimiento de medianos y altos mandos de la burocracia estatal; un bono denominado de fatiga laboral que, a decir de la Secretaría de Administración y Finanzas, sin que se tenga certeza de que ello sea así, asciende a 50 millones de pesos mensuales; es decir, 600 millones de pesos anuales.
El bono de fatiga laboral lo ha definido el propio Ejecutivo local como una compensación económica que se entrega a los servidores públicos por sufrir daños a su salud física y mental causado por las fuertes cargas de trabajo a las que diariamente se encuentran expuestos, como consecuencia de largas e intensas jornadas de trabajo, así como por los niveles de estrés generados por sus habituales funciones y actividades que tienen en la administración pública.
Pareciera que el ser funcionario en Tabasco les causa un trauma, que les implica dejarse la vida y sacrificar todo su tiempo e intelecto para solucionar los problemas.
Es increíble el descaro de estos actores, en especial el gobernador del estado, que fomentan este tipo de delincuencia. Un delincuente o ratero roba lo que no es suyo, se beneficia de acciones ilícitas en detrimento de las víctimas.
En este caso, a quienes se les ha encargado el despacho y solución de los principales asuntos que afectan a la localidad se han dedicado a ingresar a sus patrimonios individuales enormes cantidades de dinero que podrían servir para resolver las necesidades del estado.
El descubrimiento de esta red de corrupción ha sido gracias al trabajo conjunto de varios políticos y sectores de la sociedad tabasqueña comprometidos con la transparencia, la legalidad y el respeto al pueblo.
Es justo hacer mención del papel que ha tenido el diputado local del Partido Acción Nacional, José Antonio de la Vega Asmitia, quien, en conjunto con otros actores políticos estatales, ha descubierto y denunciado una de las tramas de corrupción y delincuencia documentadas más grande de la historia reciente de Tabasco.
La lucha por descubrir la verdad no ha sido fácil. Se ha tenido que enfrentar el ocultamiento y la resistencia de proporcionar información por parte del Poder Ejecutivo de Tabasco, que se ha empeñado en no respetar el derecho a la información, y que hasta el día de hoy continúa ocultando información argumentando que deriva de un contrato de fideicomiso de administración de sumas aseguradas que contiene una cláusula de confidencialidad, con el propósito de proteger los datos relativos al estado de salud de los beneficiados y, por tanto, es información considerada como confidencial y restringida.
Sin embargo, contra la Constitución no opera ningún principio, excepción o secreto institucional que menosprecie o impida el pleno cumplimiento de los principios, reglas y valores que la misma contiene.
¿No les parece que es alto el descaro de estos señores o delincuentes de corbata pública?
Les digo que se ha llegado a límites inimaginables para robarse el dinero del pueblo. Vamos a penetrar esta infamia y ver cómo se están destinando los recursos para el pago de bonos de fatiga.
El principal monto de esta suma va destinado a 7 mil 900 servidores públicos. Entre los que se encuentran 14 secretarios, 27 subsecretarios, 169 directores y 20 coordinadores, otros.
Ilustremos lo señalado. Conforme al tabulador de sueldos publicado por la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno de Tabasco, los secretarios de las dependencias del Poder Ejecutivo del estado perciben mensualmente (salario) 73 mil 52.49 pesos. Además, estos servidores públicos perciben mensualmente, por concepto de bono de fatiga laboral no menos de 90 mil pesos; es decir, aproximadamente el ciento treinta por ciento adicional de la cantidad neta que perciben por salario; ¿cuándo un bono ha sido mayor que el salario?
Según la propia Secretaría de Administración y Finanzas de Tabasco, adicionalmente y sólo por concepto de bono de fatiga laboral, Mario de la Cruz Sarabia, secretario de Desarrollo Económico, percibe 91 mil 105 pesos; Adrian Hernández Balboa, secretario de Comunicaciones y Transporte, percibe 90 mil 900 pesos; Luis Felipe Graham Zapata, secretario de Salud, percibe 91 mil 800 pesos; Rafael Miguel González Lastra, procurador de Justicia, percibe 98 mil 505 pesos; José Manuel Sainz Pineda, secretario de Finanzas, percibe 91 mil 440 pesos; José Carlos Ocaña Becerra, secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, percibe 91 mil 107; y Humberto Domingo Mayans Canabal, secretario de Gobierno, percibe 90 mil 990 pesos.
Por establecer un ejemplo, un grupo minúsculo de 20 servidores públicos de primer nivel recibe por concepto del bono de fatiga laboral la cantidad de un millón 758 mil 477 pesos mensuales. Además, según la Secretaría de Administración y Finanzas del estado, estos recursos provienen, supuestamente, sin que se tenga la plena certeza de ello, de la partida presupuestal 52301, relativa a vestuario y ropería.
Otro ejemplo aún no aclarado de esta infamia es la existencia de un recibo a favor de Jesús Taracena Martínez, coordinador de Comunicación Social y Relaciones Públicas de Tabasco, de 374 mil 104 pesos mensuales por este concepto. Al año son alrededor de 4 millones de pesos. Mayor al presupuesto de muchos municipios de la geografía nacional.
¿Cuál es la razón por la que el Ejecutivo del estado no quiere proporcionar el contrato de fideicomiso administrativo de sumas aseguradas que suscribió con la empresa Argos SA de CV? ¿Qué es lo que se está ocultando?
Si lo anterior no fuera suficiente, estos recursos son asignados defraudando el fisco federal al no pagar el impuesto sobre la renta bajo el argumento de que es una indemnización a causa de un riesgo laboral. Ciertamente, el artículo 109, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de las indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, que se concedan de acuerdo con las leyes, por contratos colectivos de trabajo o por contratos ley. No obstante, también es cierto que para que se actualice un riesgo laboral y, por consiguiente, se otorgue al trabajador una indemnización por tal concepto, debe existir un dictamen médico o una incapacidad indubitable que especifique que el servidor público está imposibilitado parcial o totalmente para laboral.
¿Cómo lo podemos llamar a este tipo de actos? Pues, no hay otra manera que atraco, robo, apropiarse de recursos que deberían ir destinados a atender necesidades urgentes de la población. Para el colmo, no hace mucho tiempo el gobernador del estado dijo que se tenían que hacer recortes a los presupuestos destinados a obra pública y servicios públicos debido a la crisis global.
Tabasco es un estado con alta marginalidad; es decir, el 70 por ciento de sus municipios viven en condiciones de pobreza y en muchos casos de miseria.
Tabasco es un estado que ha enfrentado emergencias que han dañado y siguen afectando seriamente la vida de miles de familias. Es una entidad donde el analfabetismo, la pobreza y el atraso son indicadores de que hay algo muy malo que no funciona y se encuentra el principal problema en la clase política que dirige sus destinos. La reacción del pueblo tabasqueño no se ha hecho esperar. Tanto en las calles, las plazas, los espacios públicos, incluso en Internet, la gente manifiesta su indignación y deseo de que se haga algo para castigar esta arbitrariedad.
La impunidad o la complicidad no debe ser la moneda de cambio a este tipo de delincuencia. Las víctimas, o sea los ciudadanos, merecen toda nuestra atención y consideración ante tal acto.
Todo estamos conscientes de que enfrentamos una crisis financiera mundial; y que en estos tiempos los políticos debemos tener mayor sensibilidad y compromiso de trabajo por la gente y sus necesidades. Pues justo ahora, en medio de esta grave situación, se están descubriendo numerosos actos de corrupción política caracterizada por la asignación de enormes cantidades de recursos públicos a servidores públicos. La corrupción y el abuso de poder se caracterizan por la falta de transparencia y la ausencia de responsabilidad por parte de la autoridad. Se manifiesta principalmente en el uso de recursos públicos para la obtención de ganancias privadas.
Durante estos últimos días la corrupción y abuso del poder en México, que se ha documentado a través de diversos casos, ha hecho que se unan, como muy pocas veces, la clase política y la opinión pública nacional para rechazarla y erradicarla.
Hemos visto, a través de diversos medios, a líderes políticos, congresistas de todas las fuerzas parlamentarias representadas en este poder legislativo, analistas, trabajadores, estudiantes, amas de casa, campesinos clamando por detener una de las principales enfermedades degenerativas que padece el país.
No voy a mencionar todos y cada uno de los casos que han aparecido en los últimos días, en los informes recientes que acaba de dar la Auditoria Superior de la Federación, que desde su fundación lleva 3 mil 790 auditorías y más de 39 mil acciones promovidas, pero sin ningún efecto positivo para bajar los niveles de corrupción ni promover la transparencia y buen uso de los recursos públicos en los ámbitos gubernamentales, tal como lo ha reconocido su máximo responsable.
La corrupción en México es un problema estructural y un asunto de alta gravedad que atenta contra la democratización y desarrollo del país, por lo que se debe atender de manera urgente.
Así lo han documentado no sólo organismos nacionales sino internacionales de observación y documentación sobre transparencia y honestidad política.
Para ilustrar lo dicho, vale la pena citar el reciente Informe de Transparencia Internacional (2008) que sitúa al país en la zaga. Estamos situados en un vergonzoso número 72, con una calificación no mayor de 3 puntos, de 10 posibles.
Este informe indica que "el problema de la corrupción en países pobres puede significar la diferencia entre la vida y muerte de sus habitantes, puesto que el dinero que está en juego es destinado a la construcción de infraestructura, como hospitales o agua potable", detalla el informe, lo que califica como un "desastre humanitario continuo". Añade que "los altos niveles de corrupción y pobreza constantes que asolan a muchas de las sociedades del mundo representan un desastre humanitario continuo que no puede ser tolerado. Pero incluso en países más privilegiados, en los que la desigualdad en la implementación resulta inquietante, se requiere una iniciativa más activa en la lucha contra la corrupción".
Se estima que los actos de corrupción le cuestan a México 30 mil millones de dólares anuales, lo que representa el 9.5 por ciento del producto interno bruto y el 15 por ciento de los impuestos anuales recaudados.
Así, la corrupción y la impunidad que imperan en nuestro país ponen en un estado de indefensión y empobrecimiento a la sociedad, comparable al daño que hace el narcotráfico en cuanto a la seguridad y paz sociales.
La pobreza, marginación, analfabetismo son consecuencias del altos niveles de corrupción para una sociedad. Cuando uno se pregunta por qué nuestro país no ha avanzado en su consolidación democrática, una variable que explica esta situación es este problema. Por eso mencionaba, al inicio de mi intervención, que el tema de la corrupción y el abuso del poder es un problema mayor que los demás que enfrentamos en esta coyuntura, porque sin la certeza de contar con órganos de gobiernos comprometidos, capaces y honestos, no se podrá dar la lucha y menos ganar ningún frente. Se estará ocasionando que el Estado mexicano falle en sus deseos de desarrollo y consolidar un sistema democrático fiable para el conjunto de la sociedad.
No se pueden tolerar, bajo ningún pretexto, este tipo de acciones; se deben castigar con todo el rigor de la ley y las instituciones.
Esta es la lucha y el compromiso que debemos ofrecer todos los demócratas que ocupan una responsabilidad fundamental, como esta representación de la voluntad popular. Esta es la primera lucha que debemos dar, más allá de banderas ideológicas o colores partidistas, como lo hemos hecho en Tabasco. Tenemos que demostrar, en este momento crucial de la vida política nacional, de qué lado estamos en el combate a la corrupción. Somos o fingimos ser defensores de los derechos civiles y políticos de nuestros conciudadanos. Tenemos que sentar un precedente para que nadie se atreva nunca más a querer saquear al pueblo.
Hoy puede ser un día muy especial e histórico para la democracia en nuestro país. Puede ser un día que quede inscrito en la memoria nacional, por ser una fecha donde esta soberanía manifieste su compromiso firme en la edificación de valores y principios a favor de la legalidad, la transparencia y honestidad republicanas.
Insisto, hoy puede ser un día especial donde se ratifique el compromiso de cada uno de los legisladores que conformamos esta legislatura en el combate a la corrupción, el abuso de poder y la transparencia gubernamental. Hoy los demócratas de este país le pueden dar un duro golpe a los cárteles de la corrupción y el tráfico de poder que operan desde diversos cargos públicos. Pero también puede ser un día gris, donde se deje una cicatriz más al cuerpo mutilado de nuestras aspiraciones de cambio y justicia nacional. Como ha sucedido en innumerables ocasiones en la historia reciente del país, donde la impunidad, la complicidad y la injusticia han sido señalamientos de la población hacia la actuación de esta Cámara de Diputados. Tenemos la oportunidad de detener al gobierno de Andrés Rafael Granier Melo, que ha desviado aproximadamente, según la cifra de las dependencias del Ejecutivo de Tabasco, la impensable cantidad de 3 mil millones de pesos. Esto significa más de 200 millones de dólares. La cantidad que tiene pensado enviar el gobierno estadounidense para apoyar el combate al narcotráfico.
En días pasados se publicó en la página electrónica de la Secretaría de Finanzas de Tabasco que Andrés Rafael Granier Melo, en una entrevista, señaló "que pagos similares, con distintos nombres, incluido el de compensaciones, siempre han existido, pero antes se daba a la mano y ahora es completamente claro". No cabe la menor duda de que el gobernador de Tabasco es pieza fundamental y ha incentivado o tolerado estos actos de corrupción.
Independientemente de que no me quedaré cruzado de brazos sobre este tema, y próximamente interpondremos una denuncia de juicio político en contra de Andrés Rafael Granier Melo por estos actos, someto a esta soberanía legislativa los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La conformación de una comisión plural que se encargue de la investigación de los lamentables actos denunciados, a fin de que presente, en un en plazo no mayor a cuarenta días, los resultados de las diligencias que realice respecto a tan lamentables actos.
Segundo. La intervención directa de la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que se audite lo relacionado con el bono de fatiga laboral, y se determine la naturaleza de los recursos públicos, sean federales o estales y, en su caso, la responsabilidad administrativa en la que hayan incurrido los servidores públicos que hayan participado en su confección y operación.
Diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A CUMPLIR LOS COMPROMISOS FIRMADOS
EL 21 DE MARZO DE 2006 RESPECTO A LA DISMINUCIÓN DE TARIFAS ELÉCTRICAS
EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, Y SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA, SUSCRITA
POR LOS DIPUTADOS PABLO LEOPOLDO ARREOLA ORTEGA (PT), RAMÓN FÉLIX
PACHECO LLANES (PRD), JOSÉ ANTONIO ALMAZÁN GONZÁLEZ
(PRD) Y CUAUHTÉMOC VELASCO OLIVA (CONVERGENCIA)
Los suscritos, Pablo Leopoldo Arreola Ortega, Ramón Félix Pacheco Llanes, José Antonio Almazán González y Cuauhtémoc Velasco Oliva, diputados federales a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, para exhortar al licenciado Felipe Calderón Hinojosa a dar cumplimiento a los compromisos firmados el 21 de marzo de 2006, particularmente el de bajar las tarifas eléctricas, que beneficiarán a los usuarios del servicio eléctrico de Mexicali, Baja California, y San Luis Río Colorado, Sonora.
Exposición de Motivos
1. Los diputados que suscriben la proposición han recogido el sentir del Frente Cívico Mexicalense y del Frente Cívico Sanluisino, expresiones sociales en lucha por tarifas justas en la región noroeste del país, agraviados por el incumplimiento del licenciado Felipe Calderón del compromiso adquirido de bajar las tarifas eléctricas, frente a lo cual señalan:
Campaña tras campaña electoral, el pueblo mexicano se ha visto defraudado con las promesas no cumplidas de sus candidatos. Este prometer y no cumplir ha ocasionado el abstencionismo y desilusión del pueblo en general. Y grave es en este caso cuando se trata del licenciado Felipe Calderón Hinojosa, quien siendo candidato a la Presidencia de la República firmó en 2006 un manifiesto donde se comprometía en el primer año de su gobierno a bajar la luz, entre otros puntos. Incluso, al estampar su firma agregó la anotación de que buscaría el mejor esquema para la realización de su compromiso firmado.
2. En las localidades que afrontan condiciones climáticas particularmente extremas se presenta la demanda generalizada de reducir los precios de las tarifas eléctricas domésticas, por el efecto lesivo que sobre la economía familiar tiene la facturación de energía eléctrica, debido al alto consumo de ésta por la necesidad de emplear equipos de acondicionamiento del clima, con el objetivo de modificar las temperaturas ambientales que se presentan, a niveles de confort para los seres humanos y minimizar los efectos dañinos que para la salud acarrea la exposición a dichas temperaturas extremas.
3. Especial mención amerita la problemática de los usuarios de Baja California y del norte de Sonora, en particular de Mexicali, Baja California, y San Luis Río Colorado, Sonora, lugares en que se presentan las temperaturas más extremosas del país, por lo que dichos usuarios se han visto compelidos a formar organismos de resistencia con objeto de hacerse escuchar en sus demandas para obtener facturaciones por consumo de electricidad más justas y equilibradas.
4. El acuerdo de reestructuración y reducción del subsidio en las tarifas domésticas, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 7 de febrero de 2002, constituyó un agravio para todos los consumidores domésticos del país, pero el agravio fue mayor para los usuarios de las localidades citadas que, de antes, demandaban la creación de una nueva tarifa 1F con cargos por consumo que dieran por resultado una facturación menor que la de la 1E, que era la más baja que consideraba el esquema tarifario doméstico de ese entonces.
El acuerdo del 7 de febrero no solo no creó una tarifa 1F con cargos menores, sino que la nueva tarifa 1E modificada representó respecto a la anterior incrementos en la facturación del orden de 80 por ciento.
Ante esa insensibilidad, la inconformidad arreció, amenazando desbordarse, ante lo cual el Ejecutivo federal emitió un nuevo acuerdo publicado en el DOF del 8 de abril de 2002, con el cual se crea una tarifa 1F, que resultó un engaño, ya que consideraba aumentos de hasta 56 por ciento respecto a la tarifa 1E que se tenía en 2001, lo que obligó una vez más a que la resistencia civil se activara en múltiples manifestaciones ciudadanas, con las que se logró que el 17 de enero de 2003 se publicara una modificación de la tarifa 1F, que continuó representando un incremento respecto a la que se pagaba en 2001, ahora de 32 por ciento.
Por lo anterior se reanudaron las protestas, con las que se logró que el gobierno federal otorgara un subsidio adicional para que los mexicalenses pagaran lo mismo que en 2001. Sin embargo, el apoyo adicional no logró una vez más que realmente pagaran menos. Además, por razones partidistas dejaron injustamente a los usuarios de San Luis Río Colorado sin el subsidio adicional. Por eso, la lucha continúa, exponiendo a los ciudadanos y al gobierno federal a enfrentamientos cada vez más fuertes e innecesarios si se cumpliesen los compromisos firmados.
5. La inconformidad social por la alta facturación eléctrica ha persistido y correlativamente las acciones para lograr su atención, un logro esperanzador de esas acciones fue el compromiso suscrito por el licenciado Felipe Calderón el 21 de marzo de 2006, con los siguientes puntos:
b) Ordenar una auditoría a la CFE (División BC) para detectar actos de corrupción y cobros indebidos, y conocer los costos reales de la prestación del servicio eléctrico;
c) Evitar cortes ilegales de luz, sin el previo aviso, con tres días de anticipación, que señalan los artículos 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y 35 de su Reglamento, y suavizar las causales de corte del servicio;
d) Tarifa especial para centros de apoyo social, como albergues y centros de rehabilitación; y
e) Fondo especial para pago de luz a los más necesitados: indígenas, personas de la tercera edad, madres solteras, jubilados…
6. Es notoria la diferencia en la atención cuando se trata de pequeños consumidores, como los domésticos, y cuando se trata de grandes consumidores, como los industriales.
El 7 de enero pasado, el licenciado Calderón anunció, en el marco del Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo, las siguientes reducciones de las tarifas eléctricas sólo a los altos consumidores, 20 por ciento a los de alta tensión, 17 por ciento a los de media tensión y 9 por ciento a los de baja tensión y comerciales. El ofrecimiento fue cumplimentado con la publicación del acuerdo respectivo de reestructuración de las tarifas eléctricas en el DOF el 21 de enero de 2009.
Contrariamente, a los usuarios domésticos de las localidades que hemos citado no se ha atendido en sus reclamos, en lo que llevan años, ni se han cumplido los compromisos adquiridos con ellos.
En correspondencia con lo expuesto, a esta soberanía se propone, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que la Cámara de Diputados dirija un exhorto al licenciado Felipe Calderón Hinojosa a cumplir los compromisos firmados el 21 de marzo de 2006, que beneficiarán a los usuarios del servicio eléctrico de Mexicali, Baja California, y San Luis Río Colorado, Sonora.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2009.
Diputados: Pablo Leopoldo Arreola Ortega, Ramón Félix
Pacheco Llanes, José Antonio Almazán González, Cuauhtémoc
Velasco Oliva (rúbricas).
Los suscritos, integrantes de la Comisión Especial de seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitan se excite a la Comisión de Hacienda y Crédito Publico para que presente el dictamen de la iniciativa que adiciona el inciso III del artículo 5o. de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social, presentada por el diputado Alejandro Sánchez Camacho y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la honorable Cámara de Diputados el 9 de diciembre de 2008.
Consideraciones
En coincidencia con la exposición de motivos de la iniciativa, la comisión especial señala lo siguiente:
Que el convenio establecido entre los gobiernos de México y de Estados Unidos de América que posibilitó que aproximadamente 4 millones de mexicanos se trasladaran a diferentes campos agrícolas y ferroviarios fue muy importante para la economía y sociedad estadounidense la participación y el trabajo de los braceros mexicanos.
En el convenio se establecía un descuento a los trabajadores mexicanos, reteniéndoles 10 por ciento de sus salarios, esos fondos se transfirieron al entonces Banco de Crédito Agrícola; sin embargo, dichos recursos económicos no fueron reintegrados a los trabajadores mexicanos al regreso al país.
En diferentes ocasiones, el gobierno federal ignoró su responsabilidad de informar el destino y aplicación del fondo económico y varias dependencias involucradas negaron reiteradamente información y documentación acerca de la cantidad que integró ese fondo; sin embargo, por la lucha de los ex braceros se logro aprobar en la Cámara de Diputados la Ley que crea el Fideicomiso que Administrara el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, y mediante este instrumento legal, resolver en parte la deuda con esos mexicanos.
Para la mejor aplicación y operación de la ley mencionada, el comité técnico del Fideicomiso emitió las reglas de operación, posteriormente se recibieron documentos a miles de ex braceros, a fin de que probaran con los documentos que exige la ley su calidad como trabajadores migratorios, entre 1942 y 1964, y ser sujetos del apoyo social.
Desde la publicación de las reglas de operación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2005, se estableció en el numeral 5 la cantidad de 38 mil pesos para cada beneficiado, sin que este ordenamiento considerara el nivel de inflación que cada año prevé el Presupuesto de la Federación o los salarios mínimos para adecuarlos a la situación económica que se presenta.
En el periodo de vida del programa se han beneficiado en tres años (del 15 de diciembre de 2005 hasta el 29 de diciembre de 2008) a 38 mil 142 ex braceros; sin embargo, dadas las condiciones inflacionarias que tiene la economía mexicana, no se tiene el mismo impacto en su aplicación para quienes lo recibieron primero como para los que están recibiendo su apoyo en estos momentos.
No se ha considerado por parte del comité técnico del fideicomiso un aumento porcentual referente al nivel de inflación, por lo que la cantidad de 38 mil pesos en la práctica ha perdido poder adquisitivo con el paso de los años, por lo que se justifica plenamente una modificación a la ley vigente, a fin de apoyar a los beneficiados, estableciendo que el comité técnico del fideicomiso considere actualizar el monto destinado a los ex braceros, conforme al ejercicio fiscal de su ejecución.
Considerando que no se tiene una fecha fija para otorgar el apoyo social, así como un presupuesto fijo para el pago en pocos años, además la pérdida de poder adquisitivo que tiene dicho apoyo, dados los efectos de la inflación que con la crisis se agrava más.
La inflación registrada por el Banco de México de diciembre de 2005 a diciembre de 2008 en promedio fue de 4.56 por ciento, y en el pasado febrero del presente año fue de 6.20 por ciento.
De acuerdo con un estudios realizados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 20 por ciento de los ancianos derechohabientes en el país no tiene ninguna forma de ingreso, ya sea personal o por ayuda de familiares. Además 80 por ciento tiene algún padecimiento crónico. La hipertensión, la diabetes, la artritis y la depresión son los problemas de salud más frecuentes, por lo que la edad y las enfermedades mantienen a este sector en el abandono y en la pobreza.
La proporción de personas mayores de 65 años es la mayor a nivel nacional, por lo que el alto costo de la atención médica que requiere este grupo de población, que habitualmente tiene al menos una enfermedad crónica, hace que busquen en este beneficio social una alternativa a quienes serán apoyados para mejorar eventualmente su nivel de vida.
Los ancianos que fueron ex braceros pertenecen a un grupo muy vulnerable: son personas de escasos recursos y muchos presentan alguna discapacidad; dependen más de los servicios de salud, los cuales son escasos y comúnmente se les prescriben medicamentos de alto costo. Esto, aunado a que la canasta básica de alimentos que consume la totalidad de las personas ha sufrido incrementos en sus precios, da la pauta para tomar medidas que posibiliten su contención
Es por esto que es necesario actualizar el monto que reciben los ex braceros y sus beneficiarios, a fin de tener un respaldo que les permita hacer frente a la difícil situación económica que padecemos.
Por lo anterior, la comisión especial considera tener mayor sensibilidad y discutir la iniciativa mencionada lo antes posible, a fin de ser revisada y dictaminada a favor de los ex braceros.
Por lo expuesto, y considerando que las premisas contenidas en la iniciativa mantienen su plena vigencia ante la dura crisis que padecemos, nos permitimos a someter a consideración de esta soberanía la siguiente
Excitativa
Único. Se excita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que presente dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, presentada por el diputado Alejandro Sánchez Camacho y publicada en la Gaceta Parlamentaria el 9 de diciembre de 2008.
Palacio Legislativo, a 31 de marzo de 2009.
La Comisión Especial de seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros
Diputados: Isidro Pedraza
Chávez, presidente; Ángel Humberto García Reyes, Rogelio
Muñoz Serna, secretarios; Armando Jesús Félix Holguín,
José Jacques Medina, Ivette Jacqueline Ramírez Corral, José
Luis Varela Lagunas, María Dolores González Sánchez,
Pablo Leopoldo Arreola Ortega, María Mercedes Colín Guadarrama,
Antonio Valladolid Rodríguez, Elia Hernández Núñez,
Susana Monreal Ávila, Juan Hugo de la Rosa García (rúbricas).