Beatriz Manrique Guevara, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La introducción de maíz transgénico en México está comprobada desde 2001 y hasta la fecha ha sido ampliamente documentada en 8 ocasiones, esto a pesar de que aún no están autorizadas las siembras experimentales.1
La siembra de maíz transgénico en nuestro país, sin importar la finalidad, ignora el principio precautorio referido en el Protocolo de Cartagena, que fue ratificado por México en 2002 y entró en vigor en 2003.
XI. Determinar las bases para el establecimiento caso por caso de áreas geográficas libres de OGM, en las que se prohíba y aquellas en las que se restrinja la realización de actividades con determinados organismos genéticamente modificados, así como de cultivos de los cuales México sea centro de origen, en especial del maíz, que mantendrá un régimen de protección especial.
Para dar cumplimiento a la Ley de Bioseguridad, el 10 de noviembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial el acuerdo por el que se publican las conclusiones contenidas en los estudios del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), para determinar los centros de origen y centros de diversidad genética de maíz en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos.
Posteriormente, el 15 de noviembre de 2006, la Sagarpa publicó el aviso por el que se establece el régimen de protección especial del maíz para el caso de liberaciones experimentales de maíz modificado genéticamente, en función del acuerdo previamente citado.2
Reforzando estas disposiciones oficiales, el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados fue publicado el 19 de marzo de 2008 en el Diario Oficial, y señala lo siguiente con respecto al maíz:
Transitorio Octavo. Dentro de los sesenta días siguientes a la entrada en vigor de este reglamento, la Semarnat y la Sagarpa deberán emitir las disposiciones jurídicas relativas a la bioseguridad que conformen el régimen de protección especial a que se refiere el artículo 2, fracción XI, de la ley, que sean necesarias para resolver las solicitudes de permiso de liberación de maíz.
Las solicitudes de permiso de liberación del maíz serán resueltas por las secretarías competentes conforme a lo señalado en el párrafo primero de este artículo.
Con la finalidad de cumplir con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el 4 de abril de 2008 Sagarpa presentó ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) el anteproyecto titulado "Acuerdo por el que se establecen las disposiciones jurídicas relativas a la bioseguridad que conforman el régimen de protección especial del maíz, necesarias para resolver las solicitudes de permisos de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado" y su respectiva manifestación de impacto regulatorio.3
El 30 de abril de 2008 el Consejo Consultivo Científico (CCC) de la Cibiogem realizó los siguientes comentarios al anteproyecto, en su carácter de órgano de consulta obligatoria:4
Expresa solamente una parte de lo que debe ser un sistema integral de protección del maíz, ya que no especifica, por ejemplo, la diferencia entre maíz liberado experimentalmente en ensayos piloto o la liberación comercial, aspecto que es fundamental aclarar en un régimen de protección del maíz.
La disposición "cuarta" deja a los promoventes la declaración sobre las liberaciones de maíz y especificación de las características que impidan o limiten su uso alimentario, lo que deja en indefensión la bioseguridad.
En el Capítulo V, artículo XIII, se estipula que "Sagarpa y Semarnat deben inspeccionar vigilar en las zonas de liberación de manera sistemática el cumplimiento de los términos y condicionantes establecidos en los permisos de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado". Aquí podemos hacer una serie de preguntas, tales como ¿cuáles son los mecanismos para asegurar el cumplimiento?, ¿cuáles son las consecuencias en caso de incumplimiento?, ¿existe la capacidad institucional para llevar a cabo esta inspección y vigilancia? La vaguedad del documento no nos permite contestar tales cuestionamientos.
En el Capítulo VI, artículo XV, se establece "en donde la Sagarpa y la Semarnat hayan determinado la presencia no permitida de material genéticamente modificado en razas y parientes silvestres del maíz, deberán establecer medidas para eliminar, controlar o mitigar dicha presencia". Nos preguntamos como el CCC, ¿cuáles son los mecanismos que llevarían a un control o mitigación de dicha presencia? La duda surge del hecho de que a la fecha no se han atendido con seguimiento formal las contaminaciones confirmadas en Oaxaca, Puebla, Distrito Federal y el norte del país.
El documento no refleja los compromisos adquiridos por nuestro país en el Protocolo de Cartagena que, como sabemos, tiene su origen en la Convención sobre Biodiversidad de Río, que hace hincapié en la protección de especies como es el maíz, que tiene a nuestro país como centro de origen y diversidad genética.
Emplea un lenguaje bastante vago que no logra acotar las partes obligadas por tal régimen ni designa a las autoridades competentes. Esta vaguedad otorga a la autoridad administrativa un amplio margen de acción que va en contra de la Ley de Bioseguridad que le da origen.
No refleja en su contenido las recomendaciones hechas en el informe de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA). Este CCC considera que es muy importante que dichas recomendaciones se reflejen en el documento.
Con relación al Plan de Desarrollo 2007-2012, el documento no atiende uno de los considerandos fundamentales que es preservar la variabilidad de los organismos vivos de los ecosistemas terrestres y marinos, y en particular de los maíces locales.
No es posible aceptar un documento como éste, que contiene una regla tan general como la contenida en el transitorio IV que señala que "el presente acuerdo se podrá modificar o revisar conforme se genere y se actualice la información científica y técnica", ya que esto llevaría a una inseguridad en las cláusulas.
El 21 de mayo de 2008, la Cofemer presentó a la Sagarpa el dictamen total no final, correspondiente al anteproyecto antes citado.5 El documento contiene diversas observaciones, entre las cuales se solicita mayor información para dar claridad a los artículos del proyecto.
A este dictamen total no final, la Sagarpa presentó su respuesta el 10 de diciembre de 2008.6 Dicha respuesta indica los siguientes razonamientos:
2. Por tal motivo, se estima oportuno que el régimen de protección especial del maíz conste en el propio Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, toda vez que dicho reglamento es por naturaleza un conjunto de normas y reglas, ordenadas sistemáticamente, de naturaleza administrativa, obligatoria y de vigencia permanente, que de no ser así podría interpretarse como potestativa su observancia, y, por ende, la ley que intenta hacer aplicable no lo sería, lo que haría nugatoria la voluntad legisladora.
3. Por tal motivo se reconsideró transitar de un acuerdo, como primeramente fue pensado, hacia un ejercicio reglamentario, debido a la necesidad de emitir principios de observancia general, impersonales, objetivos y obligatorios, que resultan necesarios para proveer la instrumentación y aplicación de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
Por tal motivo diversas organizaciones civiles manifestaron que el proceso careció de transparencia, puesto que el anteproyecto se presenta originalmente como un ordenamiento independiente (un acuerdo), y concluye con un proyecto de reforma al Reglamento de la Ley de Bioseguridad, que debería estar sujeto a una nueva consulta pública. Adicionalmente, las organizaciones manifiestan que la reforma pasa por alto los numerosos comentarios y propuestas enviadas en el proceso de consulta.8
Así pues, estas evidencias señalan que no se siguió adecuadamente el proceso de mejora regulatoria considerado en el Título Tercero de la Ley de Procedimiento Administrativo, el cual tiene como objeto dar transparencia a los cambios regulatorios de las dependencias de la administración pública federal.
Otra irregularidad detectada es que el cambio del acuerdo por la reforma al reglamento se realizó sin tomar en cuenta el objetivo original del régimen de protección especial del maíz, establecido en el reglamento antes de la reforma. Esto es importante, debido a que cada proyecto tiene especificaciones técnicas diferentes que deben ser tomadas en consideración dentro de un lineamiento técnico-jurídico.
Además, se destaca que el acuerdo contenía 17 artículos normativos y 4 artículos transitorios, de los cuales sólo fueron incluidos 4 en la reforma al reglamento.
Debido a las inconsistencias señaladas anteriormente en el proceso de mejora regulatoria, el Partido Verde Ecologista de México propone como primer resolutivo de la presente proposición exhortar a la Secretaría de la Función Pública a verificar la transparencia del procedimiento.
Por otra parte, el decreto recién publicado resta importancia al régimen de protección especial del maíz, puesto que deroga el artículo octavo transitorio (previamente reproducido) del reglamento, de modo que todo el marco legislativo referente al régimen de protección especial del maíz queda reducido a los artículos que adiciona el propio decreto.
Adicionalmente, observamos que en el contenido del decreto se presentan varias ambigüedades, previamente señaladas por el CCC del Cibiogem. Consideramos que la más grave de ellas es la siguiente:
Artículo 72. En los casos en que las autoridades determinen la presencia no permitida de material genéticamente modificado en razas, variedades y parientes silvestres de maíz, deberán establecer medidas para eliminar, controlar o mitigar dicha presencia. Para el caso de las razas y variedades, la atribución corresponderá a la Sagarpa, y para el caso de los parientes silvestres, a la Semarnat.
Esta disposición es técnicamente imposible de cumplir, puesto que una vez detectada la contaminación de variedades nativas de maíz con secuencias transgénicas, no existen mecanismos para eliminar (entendiéndose como revertir) la presencia de dicho material genético en la población afectada. Adicionalmente, el CCC señala que a la fecha no existen reportes rigurosos que demuestren que se haya dado seguimiento formal a los casos de contaminación de maíces de Oaxaca, Puebla, Distrito Federal y en el norte del país.
La redacción del decreto sugiere que la Sagarpa elaboró la propuesta con base en los intereses de empresas transnacionales como Monsanto, que en repetidas ocasiones ha mostrado interés por iniciar plantaciones comerciales de maíz transgénico en México, la más reciente de ellas fue anunciada justo un día antes de la publicación del decreto en el Diario Oficial.9
Como dato complementario, el 10 de marzo de 2009, el secretario de la Sagarpa, Alberto Cárdenas Jiménez, acompañado por el titular de la Cibiogem, Ariel Álvarez Morales, informaron en conferencia de prensa que la secretaría tiene 25 solicitudes de empresas nacionales y extranjeras para cultivo experimental de maíz genéticamente modificado. Los funcionarios afirmaron que se impulsará con responsabilidad el ingreso de México hacia la producción de organismos genéticamente modificados, al mismo tiempo que se realizarán una serie de acciones para proteger a nuestras semillas criollas.10
En este informe, los funcionarios no dieron mayores detalles sobre las empresas solicitantes, ni tampoco sobre las medidas para protección de los maíces criollos; por ello, el segundo resolutivo de la proposición es solicitar mayor información al respecto.
En atención a lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía somete a consideración del honorable Pleno la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a verificar la transparencia del procedimiento de mejora regulatoria del anteproyecto del acuerdo por el que se establecen las disposiciones jurídicas relativas a la bioseguridad que conforman el régimen de protección especial del maíz, el cual culminó con el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2009.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a presentar a esta soberanía un informe detallado acerca de las solicitudes recibidas para cultivo experimental de maíz genéticamente modificado, así como de las medidas y acciones que se tomarán para proteger a los maíces criollos ante la introducción de estas variedades genéticamente modificadas.
Notas
1. Aleira Lara, 2007. "Casos de contaminación
de cultivos de maíz transgénico en México". http://www.greenpeace.org/raw/content/mexico/prensa/reports/contaminaci-n-por-ogms-en-mexi.pdf
2. http://www.cofemermir.gob.mx/uploadtests/11865.59.59.1.REGIMEN%20ESPECIAL%20DE%20PROTECCION.DOC
3. http://www.cofemermir.gob.mx/inc_lectura_regioncontentall_text.asp?submitid=15250
4. http://www.apps.cofemer.gob.mx/expediente/v99/_B000802493.pdf
5. http://www.apps.cofemer.gob.mx/expediente/v99/_COFEME.08.1307.pdf
6. http://www.cofemermir.gob.mx/uploadtests/17108.59.59.1.ZZ-RESP-COFEM-ACUE-RLBOGM-V3.doc
7. http://www.apps.cofemer.gob.mx/expediente/v99/_COFEME.08.3768.pdf
8. Greenpeace México. "Con una farsa quieren eliminar
el régimen de protección especial del maíz". 17 de
diciembre de 2008. http://www.greenpeace.org/mexico/news/con-una-farsa-legaloide-quiere
9. "Régimen de protección del maíz
frena millonaria inversión en México". El Economista.
5 de marzo de 2009. http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/2009/03/05/regimen-proteccion-maiz-frena-millonaria-inversion-mexico
10. Boletín Sagarpa número 057/09. "México
se afianza en seguridad alimentaria: ACJ". 10 de marzo de 2009.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 18 de marzo de 2009.
Diputada Beatriz Manrique Guevara (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SEGOB Y A LA SEP QUE EXHORTEN A LAS RELIGIONES, SECTAS
O CULTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL PAÍS A SUJETARSE A LO DISPUESTO
EN LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO SOBRE LA RENDICIÓN
DE HONORES A LOS SÍMBOLOS PATRIOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA
ANGÉLICA ROMO JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La que suscribe, Martha Angélica Romo Jiménez, diputada federal en la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde principios de la historia mexicana, los pueblos del centro del país ya empleaban estandartes representativos de sus señoríos. Con la llegada de los españoles al territorio estos introdujeron banderas y estandartes propios. Algunas regiones del México central contaban con estandartes distintivos como los emblemas aztecas y los tlaxcaltecas.
Durante la época virreinal no se contó con una bandera que representara al territorio americano de la Nueva España aunque se contaban con el uso generalizado de los blasones de la monarquía española peninsular.
Durante el inicio de la guerra independentista encabezada por Miguel Hidalgo y Costilla fue empleado un lienzo con la figura de la Virgen de Guadalupe con el cual Hidalgo convocó y dirigió la guerra de insurrección, al mismo tiempo que los españoles determinaron emplear la imagen de la Virgen de los Remedios.
Durante el periodo de la guerra independentista de los criollos americanos en contra de los españoles peninsulares se establecieron en repetidas ocasiones nuevas banderas y estandartes con las cuales se pretendía representar a los movimientos y a los nuevos órdenes que se instauraran en la época.
La conformación Bandera Mexicana fue promulgada como símbolo nacional por el nuevo Congreso Constituyente en el año de 1823, con base en el diseño que determinó la Junta Provisional Gobernativa de 1821, que dictaminó los colores y el uso de un águila sobre un nopal en el centro.
Los cambios sufridos durante la instauración de la república primordialmente han sido aplicados al águila del escudo central a la cual la han representado de diversas formas y posiciones con elementos decorativos que alternaron según los grupos liberales, conservadores, republicanos e imperiales de los subsecuentes movimientos sociales y políticos. El último decreto que determina las características de la Bandera se promulgó en 1983.
Otros símbolos nacionales de México son el Escudo y el Himno Nacionales. La Bandera, el Escudo y el Himno Nacional son símbolos de la patria que nos unen en medio del pluralismo, social, cultural y político que conforman al pueblo mexicano.
En festividades cívicas o ceremonias oficiales en que esté presente la Bandera Nacional deberán rendírsele los honores que le corresponden en los términos previstos por la ley y el saludo civil simultáneo de todos los presentes, sin distinción de clase social, edad, religión, partido político, sexo, etcétera, por el simple hecho de ser mexicano.
En lo que respecta al tema de religiones y símbolos patrios, como lo prevé la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en su artículo 1o., párrafo segundo, que a la letra dice: las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes.
Según datos de la Secretaría de Gobernación, había registradas 6 mil 652 asociaciones religiosas en México, divididas así: 3 mil 48 son católicas, apostólicas y romanas; mil 774 de pentecostés; mil 608 bautistas; 69 presbiterianas; 54 espiritualistas; 24 ortodoxas; 14 adventistas; 10 luteranas; nueve judías; 11 budistas; seis metodistas; cinco de la Luz del Mundo; cuatro científicas cristianas; cuatro corresponden a "nuevas expresiones"; tres hinduistas; dos de los Testigos de Jehová; dos krishnas; dos islámicas; una anglicana; una de los mormones y una más del Ejército de Salvación.
Algunas de estas religiones o sectas mencionadas, entre sus creencias se encuentran la prohibición entre sus seguidores para rendirle honores a la Bandera y cantar el Himno Nacional. En muchas escuelas de la República Mexicana se presentan estos casos en donde los alumnos de otras religiones quedaban pasivos dentro de la rendición de honores; esto provocaba que los maestros sancionaran a los alumnos en sus calificaciones sin verdaderamente llegar al centro del problema, todos, por el simple hecho de ser mexicanos, tenemos la obligación de respetar y honrar a nuestra Bandera, nuestro escudo y nuestro himno Nacional, sin importar la creencia, por tal motivo dentro de la Ley sobre el Escudo, La Bandera y los Himnos Nacionales en su capítulo séptimo, artículo 55, que a la letra dice: compete a la Secretaría de Gobernación vigilar el cumplimiento de esta ley; en esa función serán sus auxiliares todas las autoridades del país. Queda a cargo de las autoridades educativas vigilar su cumplimiento en los planteles educativos. Lo anterior se llevará a cabo de conformidad con los reglamentos correspondientes.
Por todo esto, en su artículo 56, dice: las contravenciones a la presente ley que no constituyan delito conforme a lo previsto en el Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común, y para toda la república en materia de fuero federal, pero que impliquen desacato o falta de respeto a los símbolos patrios, se castigarán, según su gravedad y la condición del infractor, con multa hasta por el equivalente a doscientas cincuenta veces el salario mínimo, o con arresto hasta por treinta y seis horas. Si la infracción se comete con fines de lucro, la multa podrá imponerse hasta por el equivalente a mil veces el salario mínimo. Procederá la sanción de decomiso para los artículos que reproduzcan ilícitamente el Escudo, la Bandera, o el Himno nacionales.
Es por esto que se necesita una vigilancia más estricta por parte de las autoridades y una disposición mayor de los líderes religiosos para que independientemente de sus creencias honremos nuestros símbolos patrios de acuerdo con las leyes que rigen en nuestro país.
Por estas razones, la suscrita, diputada, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución:
Único. Se exhorta a las Secretarías de Gobernación, y de Educación Pública, a través de sus líderes religiosos, para que exhorte a las religiones, sectas o cultos que se encuentran en nuestro país a seguir lo dispuesto en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en materia de rendición de honores a nuestros símbolos patrios.
Palacio Legislativo, a 18 de marzo de 2009.
Diputada Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PLURAL PARA ANALIZAR LOS NIVELES DE
SUBSIDIOS DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS OTORGADOS A LOS CONSUMIDORES
EN 2008, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMAZÁN GONZÁLEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal José Antonio Almazán González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con objeto de crear una comisión especial plural para analizar los niveles de subsidios otorgados en el 2008 a los consumidores en las diferentes tarifas eléctricas.
Consideraciones
Actualmente el consumo de electricidad se ha convertido en un artículo de lujo.
El incremento desmedido del precio de la energía eléctrica en la tarifa doméstica, afecta a más de 27 millones de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro y ha colocado prácticamente en huelga de pagos a millones de mexicanos que tienen que escoger entre comer o pagar su recibo de luz.
De los 43 millones 255 mil 617 mexicanos que componen la población ocupada en nuestro país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de 14 millones (32 por ciento) perciben entre uno y dos salarios mínimos, ¿de dónde van a sacar recursos para pagar recibos de luz de miles de pesos?
Este grave problema social tiene su origen en la reestructuración tarifaria promovida por Vicente Fox, que en febrero de 2002 redujo drásticamente el subsidio a las tarifas domésticas y creó una nueva tarifa llamada de alto consumo. Dicha reestructuración provocó, para algunos segmentos de la población, un incremento del orden del 100 por ciento en su facturación eléctrica. Y de diciembre de 2001 a noviembre de 2008 ha provocado que el precio de la tarifa doméstica, en sus 7 clasificaciones, se haya incrementado en términos nominales en un 111 por ciento, en tanto los salarios mínimos apenas se incrementaron un 30 por ciento en el mismo periodo.
En el caso de las tarifas domésticas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, que afecta a 11.6 millones de usuarios y que se aplican a localidades con temperatura media mínima en verano que van de 25 a 33 grados centígrados, la situación es aún más alarmante, pues en estos casos el consumo de energía eléctrica es un asunto de sobrevivencia. Adicionalmente, como resultado de la llamada tarifa de alto consumo, el precio de la energía eléctrica de diciembre de 2001 a noviembre de 2008 ha crecido en un 395 por ciento.
Destaca particularmente que en los dos años del gobierno de Calderón, el precio de la energía eléctrica se haya incrementado en un 30.4 por ciento. ¿Dónde quedó la promesa de campaña de Calderón en el sentido de reducir el precio de la energía eléctrica?, condicionándolo, por supuesto, a una mayor privatización.
La inconstitucional participación del capital privado en la generación de electricidad que los productores independientes de energía le venden a la CFE ha sido uno de los factores fundamentales en el incremento del costo de la electricidad, que se ha reflejado en una disminución de los subsidios en el caso de las tarifas domésticas, lo anterior debido a: 1) mantener un exceso de capacidad de generación instalada de 48 por ciento, para aumentar la presencia de los privados; 2) proporcionar respaldo para fallas y mantenimiento de las instalaciones de los privados; 3) privilegiar el empleo de gas natural como combustible, por ser el que más conviene a los intereses privados, a pesar de ser deficitarios en este energético y tener un precio con tendencia a la alza.
La mayoría de las tarifas eléctricas reciben subsidio. Sin embargo, la actuación de la SHCP, por instrucción de Calderón, ha sido contraria al interés del pueblo, pues las tarifas industriales en mediana y alta tensión y las comerciales se han reducido a partir de sendos acuerdos de la SHCP.
Así, el 7 de enero de 2008 redujo en 30 por ciento el precio de las tarifas en el periodo de punta en alta y media tensión y un 5 por ciento en los cargos tarifarios del sector comercial y en la tarifa ordinaria de media tensión.
El 31 de marzo de 2008 la SHCP nuevamente redujo en un 20 por ciento el precio de las tarifas industriales de punta y un 10 por ciento en las tarifas comerciales.
No cabe duda que el secretario cero, por su pésimo desempeño, ha sido consecuente en proteger los intereses del sector empresarial.
Pero ¿qué han hecho para proteger los intereses del pueblo, de millones de mexicanos que dependen de un salario insuficiente y que se enfrentan cada mes al dilema de pagar elevados precios de electricidad o atender otras imperiosas necesidades? Nada.
La anterior situación se confirma con el anuncio que el 7 de enero de 2009 hizo el gobierno espurio de Calderón, en el supuesto "Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo", consistente en una reducción de 20 por ciento en tarifas de alta tensión, de 17 por ciento en media tensión y de 9 por ciento en baja tensión y comercial; tomando de referencia la facturación nacional del año 2007, dichas reducciones representan 24 mil millones de pesos o sea equivale a que las tarifas domésticas tuvieran una reducción de 50 por ciento.
Dicha medida y la omisión de una medida similar para los usuarios domésticos y agrícolas, pese a los enérgicos reclamos, de los impactos negativos que para las economías familiares y la producción agrícola, tiene la facturación eléctrica, revela una vez más con toda claridad el contenido de la política oficial, de favorecer al gran capital en detrimento de las condiciones de vida de la mayoría de la población.
En el caso de las tarifas domésticas las acciones del gobierno se reducen a una demagógica decisión de entregar bonos, por una sola vez, de mil a mil 800 pesos a aproximadamente 400 mil usuarios eléctricos, para que se endroguen con los grandes monopolios comerciales adquiriendo refrigeradores o aparatos de aire acondicionado; así como créditos a tasa preferencial, a un plazo de 4 años, para ser cobrados a través de la factura de energía eléctrica, pero sin alterar los desorbitados precios actuales.
La propuesta que presento en este punto de acuerdo tiene fundamento en el estudio sobre tarifas y costo de suministro que la Secretaría de Energía envió a la Cámara de Diputados, conforme lo establece el artículo 7 fracción IV del PEF de 2008 que señala:
IV. Dentro de los primeros dos meses del año, deberán informar a la Cámara de Diputados sobre los subsidios otorgados en el 2007 a los consumidores, diferenciando cada una de las tarifas eléctricas, y
Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Con carácter de urgente y obvia resolución:
Único. Se crea la comisión especial plural para que en los términos que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria analice los niveles de subsidios otorgados en el 2009 a los consumidores en las diferentes tarifas eléctricas y encuentre soluciones al elevado precio de la tarifa eléctrica doméstica 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y la tarifa de alto consumo, cuyos incrementos mensuales afectan drásticamente la economía de millones de mexicanos.
La comisión especial estará integrada por los diputados de los distintos grupos parlamentarios representados en esta soberanía, con el número proporcional a dicha representación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Que en esta comisión especial participen representantes de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Energía, de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro.
La comisión especial se instalará de inmediato y en la primera semana del mes de abril, para los efectos que correspondan, presentará sus análisis y alternativas de solución al Pleno de la honorable Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2009.
Diputado José Antonio Almazán González
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, A LOS GOBIERNOS ESTATALES Y A LOS AYUNTAMIENTOS
A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EL 28 DE MARZO, A LAS 20:30
HORAS, SE APAGUEN DURANTE 60 MINUTOS LAS LUCES DE LAS OFICINAS PÚBLICAS
Y DE LOS MONUMENTOS EMBLEMÁTICOS, A CARGO DEL DIPUTADO DIEGO COBO
TERRAZAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Diego Cobo Terrazas, diputado integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El cambio climático global es un fenómeno que se manifiesta en el aumento de la temperatura promedio del planeta; está vinculado con la alteración en la composición de la atmósfera, atribuible directa o indirectamente a las actividades humanas.
De acuerdo con los científicos que han analizado este fenómeno, cada vez tendremos climas más extremosos y fenómenos climáticos más intensos. En general, los veranos serán más cálidos y los patrones de las lluvias se modificarán, dando lugar a lluvias más intensas en algunas partes y lluvias menos frecuentes en otras, aumentando así las sequías.
De acuerdo con el Panel Internacional Sobre Cambio Climático, una duplicación de los gases de efecto invernadero (GEI) incrementará la temperatura terrestre entre 1 y 3.5°C a una velocidad más rápida que en los últimos 100 mil años, haciendo muy difícil que los ecosistemas del mundo se adapten.
Por tal motivo, en el mundo existen iniciativas en diversos ámbitos para mitigar el cambio climático, a finales de 1980 se inició a una serie de acuerdos y acciones, comenzando con la Convención Marco de las Nacionales Unidas sobre el Cambio Climático, el cual es un instrumento que establece compromisos por país frente al cambio climático. Aproximadamente, 155 países firmaron el documento de la convención, mostrando con ello su adherencia y simpatía por los compromisos en ella planteados. Para México, esta convención entró en vigor el 21 de marzo de 1994.
A través de la convención se establecieron compromisos de reducción de emisiones para los países Anexo 1 (países desarrollados), estableciendo que estos países disminuyan sus emisiones en 5 por ciento con respecto a los niveles de 1990. Esto deben lograrlo durante el primer periodo de compromiso, entre los años 2008 y 2012.
Los países No Anexo 1 (en desarrollo), como México, no tienen compromisos de reducción de emisiones. Sus únicos compromisos ante la convención son el desarrollo de inventarios de GEI y la publicación de comunicaciones nacionales.
Derivado a que casi ningún país Anexo 1 lograría cumplir con su compromiso de reducción de emisiones contraído en la convención, se generó el Protocolo de Kioto en diciembre de 1997, en el cual se establecieron compromisos cuantitativos de reducción de emisiones para los países desarrollados para el período 2008-2012, entre los que destacan:
Formular, aplicar, publicar y actualizar periódicamente programas nacionales que contengan medidas para mitigar el cambio climático y realizar previsiones para facilitar una adaptación adecuada al cambio climático.
Cooperar en la promoción de modalidades eficaces para el desarrollo, la aplicación y la difusión de tecnologías, conocimientos especializados, prácticas y procesos ecológicamente racionales en lo relativo al cambio climático.
Facilitar en el plano nacional el conocimiento público de la información sobre el cambio climático y el acceso del público a ésta.
Este es un compromiso de gran magnitud, puesto que las emisiones de 2002 alcanzaron un total nacional de 643.2 millones de toneladas de CO2. De este total, las oportunidades de mitigación en el ámbito de eficiencia energética tienen potencial para evitar la emisión de al menos 106.8 millones de toneladas de carbono, por ello es importante que se utilicen todas las medidas disponibles para concientizar a la población sobre la importancia del ahorro energético.
Adicionalmente, a nivel internacional, World Wildlife Fund (WWF), organización mundial de conservación, ha desarrollado una campaña global, denominada "La Hora del Planeta", esta estrategia pretende que todas las ciudades y comunidades del mundo a paguen su luz por una hora, con la finalidad de apoyar las acciones frente al cambio climático.
Este programa se realizó por primera vez en 2007, con la participación de 2 millones de personas en Sydney Australia. Para 2008, este evento se realizó con la participación de 371 ciudades de 50 países, con la colaboración de más de 50 millones de personas.
En México los gobiernos federal, estatal y municipal, en años anteriores no ha participado en este evento; sin embargo, contribuimos con cerca del 1.5 por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (poco más de 643 millones de toneladas de CO2 equivalentes) ocupando el lugar 12 entre los países con mayores emisiones a nivel mundial.
Por tal motivo, para este año debemos tomar conciencia de los efectos y las causas del cambio climático, siendo necesario que los tres niveles de Gobierno se comprometan a contribuir en el evento de "La Hora del Planeta".
Con la finalidad de que los servidores públicos y la ciudadanía en general, actúen a favor del medio ambiente, y a demostrar que los gobiernos, iniciativa privada y ciudadanos deben trabajar juntos para hacer la diferencia en relación al combate al cambio climático.
Para este año el gobierno de la Ciudad de México ha adquirido el compromiso para participar en La Hora del Planeta, el próximo 28 de marzo, a las 20:30 horas, apagando una hora las luces de monumentos y edificios emblemáticos de la ciudad, entre ellos el Zócalo y el Ángel de la Independencia.
En atención a lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía somete a consideración de este honorable Pleno la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a realizar las acciones necesarias para que el próximo 28 de marzo a las 20:30 horas se apaguen el 100 por ciento de las luces en sus oficinas gubernamentales a nivel nacional, durante una hora.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales y municipales realizar las acciones necesarias para que el próximo 28 de marzo a las 20:30 horas se apaguen el 100 por ciento de las luces en sus oficinas gubernamentales y de los monumentos emblemáticos de sus ciudades, durante una hora.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 18 de marzo de 2009.
Diputado Diego Cobo Terrazas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA
AL EJECUTIVO FEDERAL QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
REALICE LOS AJUSTES NECESARIOS A LA POLÍTICA ARANCELARIA EN MATERIA
DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS IMPORTADOS PARA PROTEGER LA INDUSTRIA
NACIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO ROLANDO RIVERO RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito, diputado federal Rolando Rivero Rivero, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, a realizar los ajustes necesarios a la política arancelaria en materia de productos siderúrgicos importados, con el propósito de proteger la industria siderúrgica nacional; al tenor de las siguientes
Consideraciones
La profundización de la crisis financiera internacional está generando una recesión en la economía global, con importantes impactos en los diferentes sectores de la economía.
En el mundo abundan los programas y campañas para consumir productos nacionales e incluso regionales. Lamentablemente, en Latinoamérica pasamos de un modelo basado en las importaciones y en el proteccionismo excesivo –de los cincuenta a los setenta- a un modelo frívolo, importador, basado en el dogma de que la apertura al mercado internacional, sin, política industrial y tecnológica, podría convertirnos en exportadores y productores competitivos
Hoy, cuando la demanda internacional se desploma, el entorno se vuelve proteccionista y se seca el crédito y la inversión extranjera; las exportaciones caen rápidamente, pero las importaciones no ceden al mismo paso, dada la costumbre de importar y la deteriorada capacidad de producción nacional, en ausencia de políticas, instituciones y funcionarios experimentados de fomento
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la producción industrial del país registró una caída de 6.7 por ciento en diciembre de 2008, con lo cual reportó una contracción de 1.3 por ciento durante el año pasado, y con ello tuvo su peor desenvolvimiento de los últimos siete años.
En términos anuales, la producción de los cuatro componentes del sector industrial tuvo severos declives en comparación con los registrados en el mismo mes de 2007. Así, la industria manufacturera cayó 6.6 por ciento; la de la construcción 7.1; la minería 6.7 y la generación de electricidad, agua y gas se contrajo 5.3 por ciento.
Bajo este escenario, la industria siderúrgica es una de las más afectadas, dado que las características estructurales de la industria siderúrgica la convierten en un sector de alta vulnerabilidad ante coyunturas económicas como la actual. Dicha vulnerabilidad está dada por la elevada ocupación de mano de obra de la industria y su cadena de valor metalmecánica, por ser una actividad intensiva en capital y tecnología, por su elevada inserción en el comercio internacional (40 por ciento de la producción mundial), y por la histórica propensión a verse afectada por acciones de comercio desleal en situaciones recesivas.
La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero, realizó un análisis del impacto de esta crisis global e identificó las siguientes alertas, haciendo un llamado urgente a la acción de las autoridades.
2. El impacto de la recesión económica sobre la siderurgia tendrá características diferentes a las crisis anteriores, por el creciente rol de China, aproximadamente 38 por ciento de la producción mundial de acero. También es de preocupación su política de aumentos de capacidad siderúrgica; la alta participación del Estado en la propiedad de las empresas productoras de acero, la existencia de políticas gubernamentales orientadas a promover exportaciones mediante estímulos financieros y fiscales, y prácticas de comercio desleal (subsidios directos e indirectos, y dumping).
3. Hay que destacar el agresivo crecimiento de las exportaciones chinas rusas e hindúes hacia nuestro país, tanto de productos de acero como de la cadena metalmecánica. De acuerdo al Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero, las exportaciones chinas de productos siderúrgicos hacia Latinoamérica aumentaron un 23 por ciento ,aproximadamente, en 2008; mientras que las ventas chinas al resto del mundo disminuyeron, en parte como consecuencia de las acciones de defensa de mercados aplicadas por varios países del mundo, como por ejemplo Estados Unidos. Además, el valor de las exportaciones chinas de productos de la cadena metalmecánica hacia América Latina aumentó un 35 por ciento, aproximadamente, en 2008.
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, a evaluar la posibilidad de realizar ajustes a la política arancelaria en materia de productos siderúrgicos importados, con objeto de proteger la industria siderúrgica nacional.
Segundo. Se exhorta a esta misma secretaría para que entregue a esta soberanía un reporte sobre la viabilidad de esta propuesta, en un plazo no mayor a 30 días hábiles.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2009.
Diputado Rolando Rivero Rivero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LOS CRITERIOS DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA LA POSESIÓN DE
ARMAS DE FUEGO POR PARTICULARES, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Miguel Ángel Macedo Escartín, en su carácter de diputado por el Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura, suscribe con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la presente proposición con puntos de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a informar conforme a qué criterios otorga permiso de posesión de armas de fuego a los particulares y a intensificar en el Reglamento de la Ley Federal de Armas y Explosivos los requisitos a fin de otorgar un permiso para portar un arma de fuego por los particulares, a través de las siguientes
Consideraciones
En la actualidad, ante el clima de inseguridad y delincuencia que se vive en el país, los particulares solicitan como medio de prevención y defensa permiso para tener la posesión de un arma de fuego, ya sea para su domicilio o para traerla consigo y usarla cuando se estime necesario, ante la incapacidad del Estado para brindar seguridad.
Para obtener el permiso debe manifestarse a la Sedena para que se inscriba en el Registro Federal de Armas; en el caso de los particulares, el permiso deberá revalidarse cada dos años, como indica la ley de la materia.
Laman la atención los requisitos que indica la Ley Federal de Armas y Explosivos:
Artículo 26. Las licencias particulares para la portación de armas serán individuales para personas físicas, o colectivas para las morales, y podrán expedirse cuando se cumplan los requisitos siguientes:
A. Tener un modo honesto de vivir;
B. Haber cumplido, los obligados, el Servicio Militar
Nacional;
C. No tener impedimento físico o mental
para el manejo de armas;
D. No haber sido condenado por delito cometido con el
empleo de armas;
E. No consumir drogas, enervantes o psicotrópicos;
y
F. Acreditar, a criterio de la Secretaría de la
Defensa Nacional, la necesidad de portar armas por
En primer lugar, surge el cuestionamiento sobre qué es tener un modo honesto de vivir. ¿Con base en qué criterios se determina un modo honesto de vivir? A nuestro parecer, es muy extenso el precepto.
En segundo lugar, ¿cuáles son los impedimentos físicos o mentales por los que no se puede dar un permiso? Estamos inmersos en una sociedad cada vez más estresante, y las enfermedades mentales están a la orden día.
En tercer lugar, ¿cómo demostrar que no se consumen drogas, enervantes o psicotrópicos?
En cuarto lugar, el criterio "c)" para otorgar el permiso es el de "cualquier otro motivo justificado". ¿Cuáles "motivos justificados"?
Todos esos cuestionamientos seguramente podrían haber estado en el Reglamento de la Ley Federal de Armas y Explosivos, pero no es así, ya que sólo se amplían muy ligeramente tales requisitos, como a continuación se expresa:
1. El modo honesto de vivir, con certificado de la primera autoridad administrativa del lugar, y en el Distrito Federal, con el certificado del delegado respectivo.
2. El cumplimiento del Servicio Militar Nacional, con la cartilla oficial correspondiente.
3. La capacidad física y mental para el manejo de armas, con certificado expedido por un médico con título legalmente registrado.
4. No haber sido condenado por delitos cometidos con el empleo de armas, con certificado expedido por la autoridad que corresponda.
5. La necesidad de portar el arma, con las constancias que en cada caso señale la Secretaría.
Igual que la ley, el reglamento tiene definiciones que no son muy claras.
Lo anterior demuestra que cualquier persona puede tener el permiso para portar un arma de fuego, y ante esta situación se pone en riesgo a la sociedad.
La corrupción es uno de los males de la sociedad, y por medio de diversas comprobaciones falsas puede darse que se obtenga licencia de portación por medio de comprobaciones falsas.
Esto no es en vano: necesitamos exhortar al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, a efecto de que en reglamento de la ley se intensifiquen los requisitos para obtener el permiso correspondiente, haciendo hincapié en definiciones tan básicas y tan amplias como el modo de vivir, las incapacidades físicas o mentales, el uso de drogas, enervantes y psicotrópicos y en los otros motivos justificados.
Por ello someto a consideración del Pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional a informar a esta soberanía sobre los criterios que se toman en cuenta a fin de otorgar permiso para portar arma de fuego a los particulares.
Segundo. Se exhorta al Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el ámbito de su competencia, a modificar el Reglamento de la Ley Federal de Armas y Explosivos, a fin de que en el rubro de requisitos para portar arma de fuego se consideren elementos eficaces, claros e intensos en el proceso para otorgar permiso para portar armas de fuego a particulares, haciendo hincapié en definiciones como el modo de vivir, las incapacidades físicas o mentales, el uso de drogas, enervantes y psicotrópicos, y en el rubro de otros motivos justificados, para evitar que cualquier persona tenga en su poder un arma de fuego y se ponga en peligro a la sociedad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2009.
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LAS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO FEDERAL
BASADAS EN LA ESTRATEGIA "VIVIR MEJOR", MEDIANTE LAS CUALES SE INDUCE EL
VOTO EN FAVOR DEL PAN, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO AMARO CORONA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo atendiendo a los siguientes
Antecedentes
La polémica historia de los grandes programas sociales inicia en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, quien con el propósito de concretar la lucha contra la pobreza, creó un instrumento coordinado entre el gobierno federal, estatal y municipal, denominado Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol). Es importante señalar que este programa estuvo orientado a una población muy precisa, los pobres más pobres dentro de los pobres: los indígenas, los campesinos y los grupos sociales urbanos excluidos por las políticas de ajuste. Así, las áreas que atacó este programa fueron las relacionadas con la alimentación, la tenencia de la tierra, la vivienda, la educación, la salud, así como la infraestructura agropecuaria. No cabe duda que durante el sexenio 89-94 este programa absorbió proporciones significativas de los presupuestos ordinarios y extraordinarios del gobierno, y no solucionó el problema de la pobreza en el país
Dado al corto alcance del programa, y con el objeto de atender a las familias más pobres del país bajo un enfoque integral, el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, creó en 1997 el Programa Nacional de Educación, Salud y Alimentación (Progresa). Este programa se diseñó para hacer que converjan en el núcleo familiar la educación, la salud y la alimentación, dando especial atención a los niños y apoyándose especialmente en las madres de familias. Este programa se empezó a aplicar en diez estados y a 160 familias con índices de pobreza altos.
Con la intención de establecer la creación de la capacidad en la sociedad misma, la subsidiariedad, la creación de capital humano y social como principios de las relaciones con la sociedad, el gobierno de Vicente Fox pretende abandonar las prácticas paternalistas de los programas sociales anteriores. En este sentido, impulsa una política social cuyo nombre expresa los principios fundamentales del panismo (gobierno débil-sociedad fuerte, ó más sociedad y menos gobierno). Es así como se sustituye Progresa por el proyecto denominado Contigo.
Contigo consiste en cuatro grandes estrategias que implican nuevos ámbitos de acción para la política social:
Generación de oportunidades. Para catalizar y capitalizar las capacidades. Las oportunidades de empleo e inversión son indispensables para que las capacidades se traduzcan en mayores niveles de bienestar e ingresos que permitan satisfacer las necesidades de consumo y de ahorro de cada familia.
Proveer protección social. Para todos. La protección social es indispensable para contar con seguridad, la cual permite planear el futuro y ver más allá de las apremiantes necesidades de mañana. Permite invertir y tomar decisiones de largo plazo. La protección social garantiza que las personas y las familias tengan la capacidad de mantener su nivel de vida ante eventos catastróficos como enfermedades graves. Es una protección contra riesgos. Ofrece la seguridad de poder superar los problemas de corto plazo en vez de que estos se conviertan en factores que empujan a las familias a la pobreza. La protección social garantiza que las capacidades y las oportunidades tengan seguridad contra riesgos individuales y colectivos.
Los instrumentos para convertir las estrategias en resultados se organizan en nueve vertientes de acción, cada una de ellas con sus respectivos programas, presupuestos, metas y acciones específicas.
La ampliación de capacidades implica el fortalecimiento de las acciones en salud, educación y nutrición. La generación de oportunidades que garantizan que estas capacidades se conviertan en mejores niveles de bienestar, consiste en crear empleos, facilitar la inserción en el mercado laboral y otorgar opciones de inversión en proyectos productivos, así como un conjunto de acciones para detonar el desarrollo local y facilitar y dar sustentablidad a los proyectos productivos.
La protección social se instrumenta con acciones de salud y seguridad social. El nuevo esquema opera bajo tres modalidades -régimen solidario, voluntario y ordinario- para ofrecer cobertura contra los grandes riesgos individuales y colectivos a todos, independientemente de su nivel de ingreso, de si trabajan o no y de si pertenecen o no a una colectividad, así como para promover la justicia en la contribución financiera y la redistribución de ingresos.
La formación de patrimonio se impulsa mediante programas de vivienda y ahorro. Los programas de vivienda actúan en los ámbitos de la oferta, la demanda y la capacidad de compra, así como en el mercado secundario de vivienda. Los programas de ahorro se basan en dar oportunidades con el propósito de que las personas adquieran su identidad jurídica y, asimismo, en mecanismos que concreten, promuevan y canalicen el ahorro de las personas y las familias.
Felipe Calderón definió la estrategia denominada Vivir Mejor, la cual ordena las políticas públicas en tres acciones principales:
Proporcionar una red de protección social que evite una pérdida catastrófica en las familias más pobres ante la enfermedad o la pérdida del empleo.
Facilitar el acceso al empleo formal a todos los mexicanos, fortaleciendo la coordinación entre la política social y la económica. No hay mejor política social que la generación de empleos.
Otorgar protección y certeza a las personas y las comunidades para enfrentar contingencias, tanto a lo largo del curso de vida, como ante condiciones adversas del entorno, entre las que destacan: condiciones de vulnerabilidad, gastos catastróficos, fluctuaciones económicas, desastres naturales y ambientales.
Cuidar y mejorar el entorno propiciando la cohesión del tejido social, así como un desarrollo ordenado y regionalmente equilibrado del territorio. Al respecto, la política social habrá de fomentar el fortalecimiento del tejido social, el ordenamiento del territorio y un desarrollo regional equilibrado.
Elevar la productividad de las personas para que cuenten con mejores opciones de empleo e ingreso que permitan reducir la pobreza. La política social habrá de buscar el desarrollo de capacidades productivas, la dotación de elementos complementarios a estas capacidades básicas y productivas de los individuos, la facilidad de acceso a los mercados laborales, la garantía de tener certeza jurídica.
Incorporar criterios de sustentabilidad en la política social. Se buscará la preservación del patrimonio natural de las familias y comunidades, a través de la asignación de un verdadero valor económico al patrimonio natural de las zonas más pobres del país, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Pobreza de capacidades. Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aún dedicando el ingreso total de los hogares nada más que para estos fines.
Pobreza patrimonial. Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, educación, vestido, vivienda y transporte, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios.
La misma fuente señala que las diferencias se manifiestan a nivel regional entre estados y municipios. Existen en el país 492 municipios donde más de la mitad de la población se encuentra en pobreza alimentaría, la mayoría se sitúa en la región sur-sureste del país, con la característica de ser predominantemente indígenas.
Otro dato es que en las áreas urbanas reside la mayoría de la población nacional, más de 70 por ciento del total, pero también en ellas se concentra poco más de la mitad de los mexicanos en condición de pobreza patrimonial. De un total nacional de 44.7 millones de personas en situación de pobreza patrimonial, 23.6 millones habitan en zonas urbanas.
El Sistema de Protección Social en Salud o Seguro Popular, ha logrado incorporar a 21.9 millones de personas (es decir, 7.3 millones de familias) que no estaban cubiertas por los institutos de seguridad social.
El Programa Oportunidades atiende a 5 millones de familias y, entre otros beneficios, otorga apoyos monetarios, suplementos alimenticios y atención en salud, además de becas educativas.
El Ejecutivo federal pretende dotar de piso firme a 1.5 millones de viviendas ubicadas en localidades con menos de 15 mil habitantes que actualmente no cuentan con ello. También se plantea reducir en un 12 por ciento el número de viviendas que no disponen de agua entubada en localidades mayores a 500 habitantes, ubicadas en los municipios con muy alta y alta marginación, lo que equivale a dotar del servicio a 62 mil viviendas.
Busca reducir en un 40 por ciento el número de viviendas que no disponen de energía eléctrica en localidades mayores a 500 habitantes, ubicadas en los municipios con muy alta y alta marginación, lo que equivale a dotar del servicio a 51 mil viviendas en 2012.
Se plantea llevar a cabo mil 200 obras de saneamiento (sistemas de drenaje, lagunas de oxidación o plantas de tratamiento de aguas negras, según el caso) en los municipios de muy alta y alta marginación; así como instalar mil 321 centros públicos de cómputo con acceso a internet en los municipios de muy alta y alta marginación; lograr que el 80 por ciento de los municipios prioritarios lleven a cabo acciones de gestión integral de riesgos de desastre y dotar de piso firme a 359 mil 613 viviendas regulares en localidades con más de 15 mil habitantes que actualmente no cuentan con ello, al final de la presente administración.
Por otro lado, las mismas fuentes oficiales afirman que el Programa de Adultos Mayores de 70 y Más:
Busca mejorar el ingreso de los adultos mayores y su reincorporación a la vida familiar y comunitaria.
Facilita la búsqueda de empleo y permite mejorar los ingresos de madres y padres trabajadores al garantizar que sus hijos se encuentran atendidos en condiciones dignas y seguras.
Atiende a 135 mil 805 niños, en beneficio de 124 mil 495 padres y madres titulares, de los cuales el 24 por ciento se encuentra laborando en su primer empleo. De ellos, el 76 por ciento no había trabajado antes por no tener donde dejar a sus hijos.
Se continuará avanzando en la consolidación del padrón único de beneficiarios, para lo cual se buscará incentivar a los distintos gobiernos estatales que aún no lo han hecho, con objeto de que se sumen a la plataforma ya existente.
En cuanto a la evaluación de la política social, es importante contar con evaluaciones sistemáticas y objetivas, tanto de programas como de la política social en su conjunto, que nos permitan cuantificar y verificar el avance puntual de los objetivos y metas propuestas.
Para ello, es imprescindible contar con mecanismos efectivos de evaluación, tanto internos como por medio de evaluadores externos (organizaciones civiles o instituciones de investigación) que verifiquen periódicamente la situación de los programas, el acceso adecuado a los recursos por parte de los beneficiarios y la satisfacción de los usuarios. Todo ello permitirá corregir oportunamente el diseño e instrumentación de las políticas públicas. De esta manera, los recursos públicos se utilizarán de una manera más eficiente, canalizándose hacia los programas que realmente estén contribuyendo al desarrollo de las personas.
Consideraciones
El presente punto de acuerdo pretende dar un repaso de las estrategias que en materia de desarrollo social han seguido los últimos cuatro gobiernos federales, incluido el actual. Se trata de dos gobiernos priístas y dos gobiernos panistas. La finalidad de repasar esta breve, pero indispensable, historia persigue afirmar que los programas sociales no solamente se han convertido en la construcción de clientelas políticas sino que los crecientes gastos en comunicación social, sobre todo en los dos últimos gobiernos, han sido instrumento para afianzar clientela.
Es un hecho que los dos gobiernos federales panistas han privilegiado el uso de los medios de comunicación, señaladamente los electrónicos, como medios para gobernar. No los han usado, como dicen los documentos oficiales sobre los distintos programas federales, como una forma de transparentar y rendir cuentas frente a la ciudadanía, sino como un recurso que sustituye la falta de gobierno y de resultados.
A pesar de que todos coincidimos en la importancia de los medios de comunicación electrónicos como herramienta fundamental para exigir transparencia y rendición de cuentas a los gobiernos, también estamos de acuerdo en que los medios de comunicación no pueden erigirse en poderes constitucionales siendo poderes fácticos.
Es muy lamentable que el ejecutivo federal no solamente incremente el gasto en comunicación social sino que inunde los medios electrónicos e impresos con abierta propaganda político-electoral a través de la estrategia Vivir Mejor. Es claro que en el Ejecutivo federal no hay memoria histórica, pues es muy reciente la aprobación del nuevo marco electoral que su partido aprobó, y es el que la violenta de manera ofensiva.
Pero el Ejecutivo no camina solo. Se ha dicho que el dirigente del Partido Acción Nacional es el animador de las campañas. Efectivamente, Germán Martínez, en una estrategia claramente acordada con Calderón, le da la vuelta a la ley electoral y usa el internet para denostar y denigrar, y llama a los medios de comunicación para atacar y provocar a sus adversarios. Calderón y Martínez creen en la utilidad de las campañas negativas que ellos mismos instrumentaron en 2006, y se olvidan del nuevo marco electoral para acortar las distancias que los separa de la preferencia ciudadana.
Los estudios de opinión ya documentaron que inseguridad y desempleo representan el gobierno fallido de Calderón y el Partido Acción Nacional. No es posible que pretendan sustituir una realidad que todo mundo ve y padece a diario: falta de empleo, inseguridad en las calles y en los pueblos, falta de oportunidades para los jóvenes, alta corrupción en el sector educativo, creciente pobreza y crisis alimentaria. La difusión de comerciales y campañas cada vez más intensas, en medio de un año electoral y en cínica violación de la ley y la civilidad que nuestro país reclama, no sustituye una realidad de pobreza generalizada.
Los legisladores no debemos permitir que se instale en la vida pública un ambiente de crispación que no necesita el país. Es indispensable que haya una competencia leal y en el marco de la vida institucional. El Partido Acción Nacional debe aceptar que ha fallado a las mayorías y que está muy lejos de la gente. Deben aceptar el veredicto ciudadano que no aprueba su desempeño. De modo que no se vale que usen recursos públicos en campañas en medios de comunicación que no cambiarán la realidad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, con carácter de urgente resolución, someto ante el Pleno de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que detenga sus campañas de propaganda política a través de la estrategia Vivir Mejor y todos los programas sociales que forman parte de ella, y destinen esos recursos públicos a proyectos productivos que verdaderamente alivien el desencanto y la desesperanza ciudadana.
Segundo. Se exhorta al Instituto Federal Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial para que hagan valer la ley en las resoluciones y sentencias que puedan afectar la civilidad del proceso electoral 2009, especialmente vigilando la conducta del dirigente del Partido Acción Nacional.
Tercero. Se exhorta a la Comisión Especial encargada de vigilar el correcto uso de los recursos federales, estatales y municipales en el proceso electoral federal de 2009 para que no se repitan las campañas sucias y el ambiente de crispación que predominó en el proceso electoral de 2006.
México, DF, a 18 de marzo de 2009.
Diputado Alberto Amaro Corona (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN
DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS A INTERVENIR ANTE LA COMISIÓN DE TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL A FIN DE QUE DICTAMINE TRES INICIATIVAS SOBRE
LA TUTELA DE LOS DERECHOS LABORALES DE NIÑAS, NIÑOS, JÓVENES
DISCAPACITADOS, ADULTOS MAYORES, INDÍGENAS Y MUJERES, ENTRE OTROS,
A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS SÁNCHEZ BARRIOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito, diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Carlos Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo
Consideraciones
Los derechos humanos exigen, que la legislación vaya de las simples declaraciones a su efectividad plena.
En este sentido, una de las obligaciones sustanciales del Estado es tutelar, con todas las atribuciones a su alcance, a las personas que forman parte de los grupos vulnerables. Entre ellos a las niñas y niños, a los jóvenes, a los discapacitados, a las mujeres y a los adultos mayores, entre otros.
Debe protegerse el sano e integral desarrollo de las niñas y los niños de la nación. Por lo que entre otras, deben aplicarse de manera estricta las prohibiciones y tutelas sobre trabajo infantil, establecidas en la fracción III del Apartado A del artículo 123 constitucional, así como en los artículos 22 y los comprendidos del 173 al 180 de la Ley Federal del Trabajo.
Igualmente, debe ponerse fin al desempleo masivo que agobia a los jóvenes, a los discapacitados, y a las personas de la tercera edad, recordemos que en el primer párrafo del artículo 123 constitucional se consagra el derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Además, un compromiso fundamental del programa anticrisis, debe ser la protección al empleo, con absoluto respeto a los derechos humanos.
En tal virtud, deseo mencionar que en el pasado reciente presenté, ante ésta honorable Cámara de Diputados, tres iniciativas, para la debida tutela de los derechos de los grupos poblacionales referidos.
a) El 24 de octubre de 2006, presenté una iniciativa para poner fin a la discriminación que sufren los jóvenes en materia de empleo, ya que en la actualidad, sin duda alguna, el mayor problema para los jóvenes en el país, es el desempleo. No obstante lo cual, en nuestra legislación existen disposiciones que en lugar de fomentar el trabajo de este sector lo obstaculizan. Destaco, la contenida en el artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo, que señala que en igualdad de condiciones se preferirá, para ser empleado, a la persona que tenga a su cargo una familia; siendo que los jóvenes, por regla general, no están en este caso.
b) No obstante la regulación tajante del artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo, para que los menores de 14 años no trabajen, y los mayores de esta edad y menores de 18, lo puedan hacer con ciertas restricciones. En el país crece de manera alarmante el número de niñas y niños que se incorporan a la actividad económica, incluidas las actividades peligrosas e insalubres, así como las peores formas de trabajo infantil. De manera precisa, de acuerdo al Inegi, 3 millones 600 mil niñas y niños trabajan. Para coadyuvar a resolver esta grave problemática social, el 27 de marzo de 2007 sometí a la consideración de esta soberanía, iniciativa para incrementar de manera sustancial los montos por concepto multas en contra de los patrones que no cumplan con los mandatos legales para la tutela de las niñas y los niños del país. Este planteamiento, en la actualidad es apoyado por la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
c) Finalmente, el 14 de noviembre de 2008, me permití presentar otra iniciativa para combatir la discriminación en el empleo que sufren los adultos mayores, discapacitados, indígenas y mujeres; al respecto propuse que dentro de la plantilla de trabajadores que empleé un patrón se deberán incluir de manera equitativa oportunidades de trabajo para todos y cada uno de estos grupos, toda vez que el trabajo es un derecho esencial que permite no sólo la supervivencia de las personas, sino su pleno desarrollo. Es decir, el trabajo es un derecho humano fundamental.
Preciso que estas tres iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la honorable Cámara de Diputados, sin que a la fecha hayan sido dictaminadas, en grave afectación de la justa tutela que pretendemos. Este hecho ha motivado señalamientos como los contenidos en la nota publicada el martes 3 de febrero del presente, en el diario El Universal, bajo el título "Diputados Ignoran Explotación Infantil".
La coyuntura de la crisis económica que vivimos, otorga renovada actualidad y vigencia al compromiso de proteger al empleo con absoluto respeto a los derechos humanos.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la honorable Cámara de Diputados, para que en el marco de su competencia intervenga ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para que de inmediato proceda a dictaminar las tres iniciativas descritas en el cuerpo del presente, a favor de la tutela en materia de derechos laborales de las niñas y los niños, jóvenes, discapacitados, adultos mayores, indígenas y mujeres, entre otros. Tal y como lo exige la justicia y el bienestar de la nación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2009.
Diputado Carlos Sánchez Barrios (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
ESTA SOBERANÍA INTERPONGA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ANTE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CONTRA ACTOS DEL PODER EJECUTIVO
FEDERAL ATINENTES AL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE
MODIFICADOS, A CARGO DE LA DIPUTADA ADRIANA DÍAZ CONTRERAS, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada federal Adriana Díaz Contreras, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 6 de marzo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (RLBOGM), para permitir la siembra experimental de maíz transgénico en México, centro de origen y diversidad de este grano, que representa la actividad agrícola más importante en el país y uno de los principales cereales en la alimentación humana, pecuaria y de uso industrial a nivel mundial.
El maíz es una planta que ha evolucionado de manera conjunta con las civilizaciones de México, cuyo proceso de domesticación comprende miles de años; siendo centro de origen y diversidad no sólo del maíz, sino también de múltiples cultivos, como es el caso de especies silvestres conocidas genéricamente como teocintle.
Debido a la importancia y riqueza milenaria del maíz mexicano, fue que en el artículo 20 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) se estableció que "Para cumplir su objeto, este ordenamiento tiene como finalidades: …XI. Determinar las bases para el establecimiento caso por caso de cultivos de los cuales México sea centro de origen en especial del maíz que mantendrá un régimen de protección especial;".
La importancia de la constitución de este régimen se deriva de la capacidad de polinización abierta que posee dicha gramínea y por tener una amplia variabilidad genética, lo que le permite su adaptación a los factores ambientales de manera muy rápida, además de que forma parte esencial de la alimentación de los mexicanos. Si se liberan maíces genéticamente modificados, habrá flujo genético hacia los maíces nativos, lo que pone en riesgo de contaminación al núcleo de la diversidad genética de maíz en México.
Respecto a la determinación de los centros de origen, a pesar de que la LBOGM fue publicada el 18 de marzo del 2005, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Conabio, reconocía en 2006 la falta de información para determinar los centros de origen y diversidad genética del país. Por ello, mientras no se avance en su determinación es evidente que se debe aplicar el "principio precautorio", es decir, establecer las medidas necesarias para la protección de la diversidad biológica cuando se manipulen y utilicen organismos genéticamente modificados, en especial de maíz.
De este modo, disposiciones que permitan liberaciones de organismos genéticamente modificados en los centros de origen y de diversidad genética aún cuando se trate de organismos genéticamente modificados distintos a las especies nativas y cuya liberación no cause afectación negativa a la salud humana o a la diversidad biológica, no deberá ser permitida debido a que no existen condiciones reales y objetivas para el control y evaluación de los alcances de la aplicación de la LBOGM.
Con el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del RLBOGM, la facultad reglamentaria del presidente de la República contraviene lo dispuesto en la LBOGM, en virtud de las siguientes consideraciones:
Si bien es cierto que no se elimina el Título Décimo Segundo del reglamento, denominado "Del régimen de protección especial del maíz", en el fondo se esta contraviniendo el mandato legal que obliga al Ejecutivo a conformar este régimen, no sólo por evadir nuevamente este mandato sino sobre todo al permitir la realización de actividades relacionadas con organismos genéticamente modificados, a pesar de que no se cuenta con información científica sobre los centros de origen, diversidad genética y de caso por caso de las diferentes variedades del maíz. En otras palabras, no existen condiciones reales ni objetivas para que el ejecutivo pueda prevenir, evitar y reducir los riesgos a la salud humana, medio ambiente y diversidad biológica (artículo 1o.) que pudieran causarse con la liberación experimental de organismos genéticamente modificados de maíz.
b) Con las adiciones de los artículos 66 al 73 del RLBOGM, se formaliza el inicio de la desregulación del cultivo de maíz transgénico en México, sin que en el reglamento se establezcan disposiciones para que dicho régimen sea un instrumento jurídico para proteger la herencia del maíz en México y preservar las variedades de este grano existentes en el territorio nacional mediante el establecimiento de los centros de origen y diversidad para evitar la contaminación de maíz transgénico en los cultivos de maíz convencional, que desde el 2001 se ha documentado científicamente en diferentes regiones del país: Oaxaca, Tamaulipas, Puebla, suelo de conservación de la Ciudad de México, Sinaloa, Veracruz y Chihuahua.
Sin una reglamentación completa y especial para proteger el maíz, es imposible que el ejecutivo pueda cumplir los principios de la LBOGM, establecidos en el artículo 9.
c) Por otra parte, el Ejecutivo y los secretarios de Sagarpa, Semarnat, Salud, Educación Pública y Economía, signatarios del decreto que reforma el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados cometen el delito de coalición como servidores públicos, señalado en el artículo 216 del Código Penal Federal, por tomar medidas contrarias a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración y aprobación del Pleno de la honorable Cámara de Diputados, en modalidad de urgente y obvia resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados aprueba interponer controversia constitucional en contra de actos del Poder Ejecutivo federal consistentes en la expedición, publicación y entrada en vigor del decreto del Reglamento de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2009.
Segundo. El Pleno de la Cámara de Diputados instruye al Presidente de la Mesa Directiva para que en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 23, numeral 1, inciso 1), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, interponga ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia constitucional de mérito y que, a su vez, solicite la suspensión del acto reclamado, previo análisis para sustento legal que realice la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de marzo de 2009.
Diputada Adriana Díaz Contreras (rúbrica)