• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Chiapas a desaforar al ciudadano Renán Galán Gómez, presidente municipal de Huehuetán, para que enfrente las acusaciones penales en su contra, a cargo del diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, relativo al cambio climático en materia de salud, suscrita por integrantes de las Comisiones de Salud, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a los responsables de las dependencias competentes, de manera destacada a la SHCP y a la Sedesol, para que pongan en marcha acciones que blinden los programas sociales, a fin de enfrentar la actual crisis económica mundial, a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero a investigar el homicidio del reportero Paul Ibarra Ramírez; y a la CNDH, a seguir de cerca el intento de homicidio contra la periodista Liliana Merchán, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Oaxaca a firmar el convenio de colaboración a fin de resarcir el daño causado a los socios defraudados por Sacriputla, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, en cumplimiento de la Ley que crea el fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova, del Grupo Parlamentario del PRD, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aplicar una política exterior basada en los principios de la Doctrina Estrada, a cargo del diputado Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría General de esta soberanía que incluya en el centro de desarrollo infantil Antonia Nava de Catalán a los hijos de las trabajadoras que prestan servicios de apoyo secretarial a los grupos parlamentarios, a cargo del diputado Felipe Díaz Garibay, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar políticas y programas que permitan combatir la falta de oportunidades y de empleo que los jóvenes enfrentan al culminar estudios profesionales, a cargo de la diputada Aracely Escalante Jasso, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la SEP a flexibilizar por única vez los requisitos para que los hijos de inmigrantes mexicanos que han retornado a territorio nacional durante los últimos cuatro meses puedan inscribirse fácilmente en los niveles educativos y planteles oficiales del país, a cargo del diputado José Nicolás Morales Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN.

• A las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Gobernación, a solicitud del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD.

El que suscribe, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como lgislador no puedo dejar pasar por alto un hecho impune y menos solapar a las atoridades que ostenten el poder y se blinden de él para cometer ilícitos, y con esto no se les aplique lo establecido en las leyes y puedan ser juzgados como cualquier ciudadano; me refiero al caso que se suscitó el pasado 22 de octubre del 2008, donde el actual presidente municipal de Huehuetán, Chiapas Renán Galán Gómez le disparó tres tiros calibre 22 al joven Julio César Orellana Marroquín, impactándole uno de ellos en el cóccix. De tal hecho se desprende el inicio de una averiguación previa con numero 494/CPJSC2/2008 realizándose todas las diligencias exigidas por la ley para la debida integración; por lo que el ministerio de justicia hoy procurador de Justicia de Chiapas, solicitó oportunamente el juicio de procedencia a fin de retirarle el fuero a Renán Galán Gómez; y que fuera castigado tal como lo indica el Código Penal de Procedimientos Penales y demás relativos encuadrados a su probable conducta; pero cual fue lo sorprendente que el Congreso de Chiapas, en lugar de cumplir con el solicitado desafuero lo protegió dándole sólo una "separación de su cargo". Asimismo por fuentes extraordinarias se comenta que el multicitado presidente goza de poder económico y político y es por eso que no puede ser juzgado como un ciudadano común dejando hasta la fecha impune este delito; pero lo más importante, como legisladores que somos, es proteger el bien jurídico tutelado que en este caso es la vida de Julio César Orellana quien tan sólo con 20 años de edad estuvo cerca la muerte y tras dos cirugías se encuentra estable pero con grandes problemas psicológicos; secuelas que le deja esta triste experiencia, y por ser un joven ciudadano como cualquiera y quien lo hirió es un alcalde no se le ha dado el seguimiento y la importancia debidos "porque se esta acusando al presidente municipal"; señores y señoras diputados yo les pregunto ¿qué harían ustedes si su padre, su hermano, su hijo, o cualquier familiar fuera herido de bala?, basta sólo ponerse en el papel de sus familiares para tener la respuesta, asimismo someto a su consideración la investigación si se cuenta con el permiso para la portación de arma de fuego objeto del delito; por lo que se me hace injusto e intolerable dicho acto y es por ello que someto a esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Congreso de Chiapas para desaforar a Renán Galán Gómez, presidente municipal de Huehuetán, Chiapas para que sea juzgado ante la instancias correspondientes por los probables delitos de lesiones, tentativa de homicidio, portación de arma de fuego y los que resulten cometidos en contra de Julio César Orellana Marroquín.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de marzo de 2009.

Diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez (rubrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL CAMBIO CLIMÁTICO EN MATERIA DE SALUD, SUSCRITA POR INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DE SALUD, Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Los diputados abajo firmantes, integrantes de las Comisiones de Salud, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de los diversos grupos parlamentarios integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El cambio climático es actualmente un hecho comprobable, reconocido oficialmente por las Naciones Unidas en 2007. Todas las regiones y sectores de la población son vulnerables a los efectos del cambio climático, entre ellos escasez de agua, aumento del nivel del mar y modificación en la distribución de las enfermedades infecciosas.

Puesto que no podemos detener las actividades productivas, la humanidad está imposibilitada para detener el cambio climático. Sin embargo, podemos evitar que se acelere, implementando diversas medidas para reducir o mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Asimismo, se requiere estudiar con detalle cuáles son los puntos de vulnerabilidad en la población, con respecto a los efectos del cambio climático y, posteriormente, desarrollar medidas de adaptación pertinentes, diseñadas ex profeso para cada sector poblacional.

En el ámbito oficial, cada sector del gobierno debe implementar medidas especiales para promover la mitigación de emisiones, estudiar la vulnerabilidad de la población e implementar medidas de adaptación a los efectos del cambio climático, en su respectivo ámbito de competencia.

El sector salud tiene poca participación en la mitigación, puesto que sus actividades generan pocas emisiones contaminantes; sin embargo, su participación es decisiva en el estudio de la vulnerabilidad y la implementación de medidas de adaptación al cambio climático.

En este sentido, la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENACC), publicada por el gobierno federal en 2007, señala las líneas prioritarias de investigación para adaptación, donde tiene participación el sector salud:

A raíz de esta preocupación, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados desarrolló el programa Cambio Climático y Seguridad Nacional, en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Centro de Colaboración Cívica, El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, El Centro Mario Molina y la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable.

Uno de los productos de dicho programa es la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de cambio climático, que propone incorporar la noción de cambio climático en la Ley General de Salud, con el propósito de:

En atención a lo anteriormente expuesto, los legisladores que suscriben, someten a consideración de este honorable Pleno la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a revisar y mejorar la capacidad institucional de la Secretaría de Salud para afrontar los asuntos de su competencia en materia de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, a partir de un enfoque preventivo y de intersectorialidad en las áreas de salud pública, atención médica e intervenciones sanitarias.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a expedir el decreto para crear un organismo descentralizado, no sectorizado, dedicado al cambio climático, que tenga como ejes de acción la investigación sobre vulnerabilidad, mitigación y adaptación, así como el diseño de medidas de mitigación de emisiones y adaptación a los efectos del cambio climático.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 10 de marzo de 2009.

Por la Comisión de Salud

Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares, Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Efraín Morales Sánchez, María Oralia Vega Ortiz, Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe, Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar, Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora, Nemesio Domínguez Domínguez, Beatriz Eugenia García Reyes, Ángel Humberto García Reyes, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández, Tomás Gloria Requena, Daniel Gurrión Matías, María Mercedes Maciel Ortiz, Lorena Martínez Rodríguez, Holly Matus Toledo, Roberto Mendoza Flores, Elizabeth Morales García, Miguel Ángel Navarro Quintero, Gilberto Ojeda Camacho, Jorge Quintero Bello, José Ignacio Alberto Rubio Chávez, María Gloria Guadalupe Valenzuela García.

Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama, Aleida Alavez Ruiz, Armando Barreiro Pérez, Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García, Adriana Dávila Fernández (rúbrica), José Antonio Díaz García, Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Octavio Fuentes Téllez, José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Humberto López Lena Cruz, María Soledad López Torres, Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez, Roberto Mendoza Flores, Fernando Moctezuma Pereda, Víctor Manuel Méndez Lanz, Jorge Rubén Nordhausen González (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas, Martha Angélica Romo Jiménez, Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Juan Manuel Villanueva Arjona (rúbrica), Rafael Villicaña García.
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LOS RESPONSABLES DE LAS DEPENDENCIAS COMPETENTES, DE MANERA DESTACADA A LA SHCP Y A LA SEDESOL, PARA QUE PONGAN EN MARCHA ACCIONES QUE BLINDEN LOS PROGRAMAS SOCIALES, A FIN DE ENFRENTAR LA ACTUAL CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL, A CARGO DE LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita, Mónica Fernández Balboa, diputada a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en uso de las facultades que confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante la cual se exhorta al Poder Ejecutivo a instruir a los responsables de las dependencias competentes, de manera destacada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para que pongan en marcha acciones que blinden los programas sociales con el fin de enfrentar la actual crisis económica mundial, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La fuerte sacudida económica que se ha agudizado desde el pasado septiembre está afectando negativamente al conjunto de las principales economías del mundo, pues además del imperialismo de Estados Unidos, el panorama de la Unión Europea dista de ser optimista, pues se calcula que este año su economía sólo crecerá en un 0.6 por ciento contra el 2.9 alcanzado en 2007.

En Asia las cosas también marchan mal para los dos gigantes de la región: por su parte Japón ya reportó durante abril-junio el peor trimestre de desarrollo de su PIB a lo largo de siete años, al registrar un crecimiento durante esos meses del 0.7 por ciento.

En el caso de China, cuya economía durante los últimos años ha sido presentado por la burguesía internacional como el mejor ejemplo de los "éxitos" recientes del capitalismo, tan sólo en la industria juguetera se estima que a lo largo de este año quebrarán 3 mil 631 fábricas, número que equivale ya al 52.7 por ciento de las empresas del ramo. Si este está siendo el caso de las principales potencias industriales, es obvio que en el de las economías más atrasadas, como la mexicana, las consecuencias sean mayores.

México y el mundo entero están padeciendo ya los efectos de una que amenaza ser la peor crisis económica en ochenta años. La crisis financiera mundial tendrá un efecto en la economía real del país y de los ciudadanos.

Es cierto que México no desató la crisis, pero también lo es que nos va a afectar, y mucho. El gobierno espurio ha mostrado una evidente impericia para lidiar con la crisis económica anunciada desde el año anterior, crisis que tendrá para México un costo incalculable en incremento de la miseria y la pobreza y que significara un profundo deterioro en el nivel de vida del grueso de la población.

En este sentido, se exhorta al Ejecutivo a establecer blindajes y protección a los programas sociales a fin de evitar recortes presupuestarios que tengan como resultado efectos devastadores en materia de empleo, vivienda, salud y alimentación, educación de cual dependen las esperanzas de millones de personas.

Para finalizar, es preocupante que, en un momento como el actual, cuando las autoridades tienen ante sí la responsabilidad de afrontar una crisis económica severa y previsiblemente prolongada, y deben emprender acciones de auxilio para los sectores populares, las clases medias, los asalariados, los campesinos y los pequeños empresarios, el gobierno federal no esté a la altura de las circunstancias. No se observa su liderazgo, ni se ve profundidad en el análisis. Se empeña en seguir a la zaga y a remolque de los acontecimientos y de las políticas que se ponen en práctica en otros sitios.

Por lo expuesto y fundado, someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución:

Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo a instruir a los responsables de las dependencias competentes, de manera destacada a la SHCP y a la Sedesol, para que pongan en marcha acciones para blindar y evitar recortes a los programas sociales con el fin de enfrentar la actual crisis económica mundial y puedan dar algún tipo de alivio a las condiciones de nuestro país.

Segundo. En caso de que el deterioro de las condiciones económicas incida de manera negativa en las finanzas públicas, y una vez agotado lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se exhorta al Ejecutivo federal a implementar las siguientes medidas:

Diputada Mónica Fernández Balboa (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO A INVESTIGAR EL HOMICIDIO DEL REPORTERO PAUL IBARRA RAMÍREZ; Y A LA CNDH, A SEGUIR DE CERCA EL INTENTO DE HOMICIDIO CONTRA LA PERIODISTA LILIANA MERCHÁN, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO PRIEGO TAPIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, Gerardo Priego Tapia, diputado de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que otorgan los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia en el país ha alcanzado lamentablemente niveles preocupantes, el combate contra la delincuencia organizada elevó el número de enfrentamientos entre estas células de poder y las autoridades locales y federales.

Además de la población que queda en medio de estos enfrentamientos, existen grupos que son objeto de agresiones y coerción por parte de la delincuencia organizada, como lo es el de los periodistas.

Según cifras de diversas organizaciones de la sociedad civil y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Guerrero es uno de los que presentan un mayor índice de violencia en el territorio nacional y más aún de violencia contra periodistas, de hecho ocupa el cuarto lugar a nivel nacional de expedientes radicados por la CNDH en los últimos diez años. De igual forma, ocupa el cuarto lugar de homicidios contra periodistas en el mismo periodo.

El pasado viernes 13 de febrero, un periodista más fue asesinado en Iguala, Guerrero. Los hechos ocurrieron durante la noche después de que el reportero grafico del diario El Correo de Iguala, Paul Ibarra Ramírez y la periodista Liliana Marchán Arroyo, del Diario 21, ambos diarios de Iguala se dirigían a sus hogares después de haber cubierto una nota en el anfiteatro de dicha ciudad.

El reportero gráfico Paul Ibarra Ramírez, quien conducía una motocicleta, recibió dos impactos de bala, uno de ellos fue un tiro de gracia que le causo la muerte. Paul estaba dedicado a cubrir la fuente policiaca en la región.

Por su parte, la periodista Liliana Marchán recibió tres impactos de bala, por los cuales se encuentra hospitalizada en estado grave.

Ante estos hechos, esta tribuna no puede permanecer en silencio, es necesario que desde nuestra trinchera condenemos estos actos y cuidemos que estos homicidios se investiguen puntualmente y resulten en el esclarecimiento de tan lamentables actos.

Como presidente de la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación condeno enérgicamente el asesinato de Paul Ibarra Ramírez y hago un llamado a las autoridades a fin de que realicen las investigaciones correspondientes y se encuentre a los responsables de este asesinato.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, someto a la consideración de esta honorable soberanía los siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero a que investigue escrupulosamente el homicidio del reportero gráfico Paul Ibarra Ramírez.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero a que implante medidas de seguridad precautorias con el fin de salvaguardar la integridad física de la periodista Liliana Marchán Arroyo.

Tercero. Se solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que continúe ejerciendo su facultad de observancia y siga de cerca el caso del homicidio de Ibarra Ramírez, así como el intento de homicidio de Liliana Marchán.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2009.

Diputado Gerardo Priego Tapia (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE OAXACA A FIRMAR EL CONVENIO DE COLABORACIÓN A FIN DE RESARCIR EL DAÑO CAUSADO A LOS SOCIOS DEFRAUDADOS POR SACRIPUTLA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES, A CARGO DEL DIPUTADO OTHÓN CUEVAS CÓRDOVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el suscrito, diputado Othón Cuevas Córdova, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno constitucional de Oaxaca a cumplir la obligación impuesta en el artículo 10 de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, con relación al fraude cometido por la persona moral Sacriputla, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, que operó en el estado de Oaxaca, y firme el convenio de colaboración para resarcir el daño causado a más de mil 500 socios afectados, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los instrumentos que las comunidades rurales tienen para el ahorro, financiamiento de proyectos y otros servicios financieros son las sociedades de ahorro y préstamo. Este tipo de mecanismos, en los recientes años, se multiplicaron ante la necesidad de las personas por contar con instituciones financieras accesibles y con presencia en sus comunidades. Lamentablemente, muchas de ellas fueron operadas sin los debidos lineamientos legales y sus responsables incurrieron en diversos delitos como el fraude y el abuso de confianza.

Estos hechos se han presentado sobre todo en comunidades de alta marginación como es la mixteca oaxaqueña, donde los ahorradores son principalmente familiares de migrantes que se encuentran en Estados Unidos de América. Uno de estos hechos fraudulentos fue el realizado por la persona moral denominada Sacriputla, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, constituida el 9 de marzo de 2001 en Putla de Guerrero, Oaxaca, con sucursales en Santiago Juxtlahuaca, ciudad de Tlaxiaco, San Juan Mixtepec y Santiago Nuyoo, de la misma entidad federativa.

5 años después de seguir operando, el 29 de mayo de 2006, los administradores y empleados principales de la cooperativa abandonaron las oficinas administrativas, llevándose el ahorro de más de mil 500 socios, por un total de más de 160 millones de pesos. Situación que claramente afectó a los cientos de ahorradores, creando con ello una situación que a la fecha es insostenible para la gran mayoría de ellos, además del efecto económico que provocó en la región el robo de estos recursos.

Posteriormente, y conforme al procedimiento jurídico que se desprende de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, específicamente lo relativo al artículo 10 que dice "la aplicación de los recursos federales destinados al pago de ahorradores estará condicionada a la suscripción de convenios que realice la fiduciaria, en cumplimiento de los fines del fideicomiso creado por esta ley, con los gobiernos de las entidades federativas en donde residan dichos ahorradores. Se invitará a las entidades federativas que tengan sociedades objeto de esta ley dentro de su circunscripción territorial, a firmar dichos convenios, en los que se establecerán los montos de aportación de ambas partes.

Una vez suscrito el convenio con la entidad federativa de que se trate y aportados los recursos por parte de ésta, se aplicarán los recursos federales respecto de ésta, con independencia de la firma de otros convenios".

Con fecha 13 de octubre de 2007 se declaró disuelta la persona moral Sacriputla, SC de RL, nombrándose liquidadores en términos de los artículos 234, 235, 236 y 237 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, protocolizándose dicho acto ante notario público de la ciudad de Tlaxiaco, en Oaxaca, tomando posesión del cargo en noviembre del mismo año.

Como parte de las acciones de los afectados, un grupo de ahorradores representativo conformado por los ciudadanos Federico Aguilar Aguilar, Felícitas Aurelia Ramírez Paz, María de los Ángeles Zafra Guzmán, Florencio Gracida Martínez, Cirilo Reyes Rosario, Juan Rodríguez Santiago y Pedro Rolando Quero Méndez, realizaron diversas gestiones como dirigir un escrito a la Presidencia de la República solicitando el apoyo para la recuperación de los ahorros.

Derivado de ello, el 28 de mayo de 2007 se llevó a cabo una reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, encabezados por la licenciada María Antonieta Paz, titular de la Unidad de Banca y Ahorro, así como del licenciado Guillermo Barnes García, titular del Fideicomiso Pago, sin la presencia de algún representante del gobierno de Oaxaca, siendo que ya había sido notificado conforme al procedimiento legal correspondiente y había confirmado su asistencia en dicha reunión, demostrando un total desinterés por la crítica situación de los socios defraudados.

De esta reunión se concretó el acuerdo para iniciar el procedimiento de conformidad a la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedad y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, en la cual se mandata la disolución, liquidación y la auditoria a la persona moral que ya se encuentra en poder de la Secretaría de Economía de Oaxaca y de la que se deduce que corresponde al gobierno de Oaxaca aportar la cantidad de 33 millones 500 mil pesos dentro del marco de un convenio que debería de firmar con el fidecomiso pago, sin que hasta la fecha se haya llevado a cabo, lo que ayudaría a resarcir hasta en 70 por ciento los ahorros de los afectados.

Este grupo de ahorradores acudieron en fechas pasadas a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de esta Cámara, tal como lo demuestra oficio número CIGQ/950/07, turnándose esta petición al Congreso de Oaxaca, donde días después fueron recibidos y turnados a la Comisión de Derechos Humanos del mismo órgano legislativo local, sin que hayan tenido respuesta favorable.

Adicionalmente, y como resultado de la gestión ante la Presidencia de la República, el 14 de junio de 2007 se envío un escrito a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, por parte de la Dirección de Audiencias y Atención a Organizaciones Sociales de la misma presidencia, manifestando que a pesar del envío de diversas peticiones por escrito al gobierno de Oaxaca, no fue sino hasta finales de octubre de 2008, casi dos años y medio después del fraude, que el secretario general de gobierno del estado solicitó a la Secretaría de Finanzas incluyera los 33 millones 500 mil pesos que cubrirían la parte correspondiente al gobierno estatal, situación que, sin embargo, no fue atendida. Tampoco el Congreso del estado hizo valer sus facultades de incluir tal cantidad de dinero en el Presupuesto de Egresos de 2009, para resolver el problema social planteado.

Finalmente, y como consecuencia de las gestiones, y a casi tres años del fraude de la cooperativa, la crítica situación de los socios cooperativistas duerme el sueño de los justos en las Comisiones de Presupuesto, Programación y Cuenta Pública, y de Derechos Humanos del Congreso de Oaxaca, con base en el argumento de que no existen recursos para atender esta grave situación de índole social que afecta principalmente a mujeres jefas de familia, amas de casa y pequeños comerciantes de una de las regiones que tiene un alto índice de migración y de pobreza, como lo es la mixteca alta oaxaqueña, por lo que solicito a esta soberanía su apoyo para atender, de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno de Oaxaca, que encabeza el ciudadano Ulises Ruiz Ortiz, a cumplir con la obligación impuesta en el artículo 10 de la Ley que crea el Fidecomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, con relación al fraude cometido por la persona moral Sacriputla, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, que operó en el estado de Oaxaca.

Segundo. Se exhorta al gobierno de Oaxaca a firmar el convenio de colaboración para resarcir el daño causado a más de mil 500 socios afectados por Sacriputla, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, aportando la cantidad 33 millones 500 mil pesos al fideicomiso pago, en un plazo no mayor de 30 días, para que cumpla dicha ley.

Tercero. Se solicita a las Comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura constituyan un grupo plural de trabajo para dar seguimiento y coadyuvar en la solución definitiva del fraude cometido por Sacriputla, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2009.

Diputado Othón Cuevas Córdova (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A APLICAR UNA POLÍTICA EXTERIOR BASADA EN LOS PRINCIPIOS DE LA DOCTRINA ESTRADA, A CARGO DEL DIPUTADO EDMUNDO RAMÍREZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, diputado federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el presente punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Motivos

En el marco de la nueva agenda internacional basada en las transformaciones sociales, económicas y políticas dentro del mundo globalizado, las relaciones diplomáticas han venido a cobrar un nuevo protagonismo.

La adecuada política internacional es un factor determinante en el desarrollo de los países y ha servido como puente de comunicación que ha facilitado el conocimiento mutuo y, al mismo tiempo, ha abierto la posibilidad de una cooperación económica y cultural.

En México, la diplomacia ha sido históricamente un componente esencial de nuestro quehacer político, que nos ha ayudado a establecer relaciones y alianzas con países de desarrollo comparable para generar respuestas comunes a los desafíos que se han presentado a través de las décadas.

Es de destacar, que la política exterior de nuestro país ha encontrado hondos cimientos en los principios que sustenta la doctrina Estrada, resaltando principalmente "la no intervención de una nación en los asuntos de otra, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias". Lo anterior, conformaron una serie de elementos y principios de importancia fundamental en la configuración de nuestra política exterior, misma, que ha recibido el reconocimiento y respeto a nivel internacional.

La obra y el legado de don Genaro Estrada fueron relevantes para los mexicanos, por lo que podemos decir que recibió un justo Homenaje al inscribirse su nombre en letras de oro en el muro de honor de ésta Cámara de Diputados.

Su doctrina, ha sido piedra angular en la defensa de los intereses de México, de América latina y del mundo en general, por lo que debe seguir tomándose en cuenta para que nuestra nación mantenga una adecuada convivencia internacional.

Hoy día hemos sido testigos de cómo las recientes y recurrentes turbulencias financieras, el creciente desempleo, y el lamentable ensanchamiento de la franja de la pobreza y la marginación, así como la acelerada ampliación de la desigualdad entre las naciones y al interior de ellas han evidenciado una vulnerabilidad institucional globalizada, en la que las naciones no logran definir ni su sitio ni sus quehaceres en el nuevo orden internacional.

Es por ello que nuestro país debe incursionar nuevamente en una política exterior, basada en nuestra doctrina Estrada, que vaya ad hoc a las grandes transformaciones que se han derivado en los últimos años, en el sentido de consolidar su liderazgo y capacidad diplomática en dar solución a los problemas que han aquejado a la comunidad internacional.

Derivado de lo anterior, debemos coincidir en que los tiempos nos obligan a una constante cooperación a los altos propósitos de mantener la paz y fomentar la colaboración internacional.

México debe renovar a todas las naciones y gobiernos sus fervientes propósitos de alcanzar con ellas los mejores frutos para beneficio de la humanidad.

Estamos conscientes de que el reto que está tocando la puerta es de una gran dimensión, donde debe existir la convicción de que lograremos los objetivos de tener sociedades incluyentes y desarrollo sustentable, si efectivamente somos capaces de generar mecanismos eficientes que den solución realista a los problemas que enfrenta la sociedad mundial.

Estamos asistiendo al albor de una nueva etapa en las relaciones humanas de la comunidad internacional, y por ello, debemos dirigirnos hacia una sociedad basada en la justicia y equidad, donde las diferencias entre las naciones no impidan el ejercicio pleno de los derechos humanos, de la convivencia, cooperación y cordialidad entre las mismas.

Hagamos pues una nueva política, basada en la negociación, el diálogo y el consenso, que nos permita que todas las naciones hablemos en un mismo idioma, y fundamentalmente, con el mismo objetivo, el de cambiar nuestras sociedades y volverlas más humanas, íntegras y equitativas.

No podemos olvidar que nuestro país tiene diversos pendientes como son un acuerdo migratorio bilateral, así como lograr mejores acuerdos comerciales y tecnológicos, que nos permitan competir en condiciones justas y equitativas, en aras de lograr el desarrollo que nuestro país requiere.

En razón de lo anterior someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a instaurar e impulsar una política internacional congruente con nuestra historia, principios nacionales y realidad actual, con objeto de lograr los acuerdos e intercambios necesarios que beneficien a México y marquen un referente positivo a la comunidad nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2009.

Diputado José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA GENERAL DE ESTA SOBERANÍA QUE INCLUYA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ANTONIA NAVA DE CATALÁN A LOS HIJOS DE LAS TRABAJADORAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO SECRETARIAL A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, A CARGO DEL DIPUTADO FELIPE DÍAZ GARIBAY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, Felipe Díaz Garibay, diputado federal de la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría General de la Cámara de Diputados que incluya a los hijos de las madres trabajadoras que prestan sus servicios en las áreas de apoyo secretarial a los grupos parlamentarios para que disfruten los servicios que presta el centro de desarrollo infantil Antonia Nava de Catalán de la Cámara de Diputados, bajo las siguientes:

Consideraciones

El trabajo, como condición básica de la vida humana, es uno de los ejes que permite entender a la mujer y el hombre como géneros en su dimensión histórica.

Los cambios en las estructuras económicas y sociales han generado una mayor oferta de la mano de obra femenina, lo que ha propiciado que cada día más mujeres se inserten en el sector formal de la economía.

La nueva cultura laboral reconoce que el rol de la mujer es muy amplio y exige mucha preparación y estudio. Ellas deben abarcar el campo de la computación, administración y, en muchos casos, el manejo de varios idiomas, han podido encontrar un empleo y un ingreso, y gozar al mismo tiempo de un mejor presente y forjarse un mejor futuro para sus hijos y su familia.

Más aún, nadie puede negar su importancia dentro de los muros de este recinto ya que, además de las legisladoras, que tanto enaltecen al Poder Legislativo, nuestras asistentes en los grupos parlamentarios se han convertido en pilares y apoyo de nuestro quehacer legislativo.

Son el personal que se encarga de apoyarnos en la ejecución del trabajo diario; quienes ordenan el trabajo, llevan nuestra agenda, pactan nuestras reuniones, atienden el teléfono y tienen el deber de asistirnos en los asuntos elementales que nos ocupan en esta cámara.

En resumen, realizan un valioso, aunque a veces olvidado, aporte al Poder Legislativo; además, gracias a ellas, nos es posible delegar algunos aspectos importantes que se convierten en el gran puente entre nuestros representantes y nosotros, que manejan papeles y estrategias y siempre tiene características especiales. Sin embargo, muchas de las mamás que trabajan en nuestros grupos parlamentarios no tienen algunas prestaciones importantes.

Para obtener estos beneficios, las opciones que existen en el mercado para las madres trabajadoras de la Cámara de Diputados son, básicamente, de dos tipos: el servicio gratuito del centro de desarrollo infantil Antonia Nava de Catalán, al que tienen derecho los trabajadores cuya seguridad social esté regida por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dando prioridad a los trabajadores de base afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y que tiene como limitante la capacidad y cupo físico de atención; o la custodia de sus hijos en guarderías privadas con elevados costos, casi imposibles para la mayoría.

Un centro de desarrollo infantil como el que tenemos dentro de las instalaciones de este recinto legislativo, es una institución que proporciona básicamente educación y asistencia al niño que le permita desarrollar al máximo sus potencialidades para vivir en condiciones de libertad y dignidad, especialmente aquellos que por alguna circunstancia se ven temporalmente abandonados por su madre durante las horas en que ésta trabaja.

Para que este objetivo se logre es necesario contar con una organización que tome en cuenta las necesidades y características del niño, su edad y nivel de madurez; así como la participación familiar. Todo ello con el propósito de lograr un proceso educativo acorde con las relaciones que se establezcan con los miembros de la comunidad. A través del proceso enseñanza-aprendizaje se alcanza un desarrollo biopsicosocial que integra adecuadamente al niño a la sociedad.

Estas instituciones surgieron con la filosofía de que la educación es la guía del desarrollo y, por tanto, entre más temprano se brinde al niño una estimulación apropiada se logrará un mejor desarrollo multilateral y armónico de su personalidad, que propiciará la formación de nuevas generaciones más aptas para dirigir la sociedad en la que les corresponda vivir.

La educación temprana, como bien se dice, abre las puertas del futuro y contribuye a disminuir las desigualdades sociales. Asimismo, representa una valiosa herramienta para revertir el círculo vicioso de la pobreza e impulsar la formación del desarrollo humano, social y económico del individuo, su familia y su comunidad.

La labor educativa de los centros de desarrollo infantil es promover el desarrollo de las capacidades físicas, afectivo sociales y cognoscitivas del niño, dentro de un ambiente de relaciones humanas que le permita adquirir autonomía y confianza en sí mismo, para integrarse a la sociedad, donde se considera la clasificación de los niños de acuerdo a su edad y niveles de madurez, de manera que reciban la atención adecuada por parte del personal que labora allí, en este caso las educadoras, además de contar con la participación de los padres de familia.

Sabemos que hoy en día el impacto social y económico de la educación temprana es difícil de medir y comprender, sobre todo para sustentar su rentabilidad en quienes diseñan y aprueban las políticas públicas y el gasto social. También sabemos que existen importantes investigaciones y estudios que sostienen que el costo-beneficio de la atención temprana es alto para la sociedad.

Aprender requiere de un ambiente de trabajo organizado donde existan condiciones para que los niños entren en contacto con experiencias que le permitan poner en práctica los conocimientos adquiridos, y formar símbolos determinantes que delimitarán su vida posterior.

La educación infantil temprana puede incrementar, asimismo, el rendimiento de lo que se invierte en la educación primaria y secundaria. Puede elevar la productividad y el nivel de ingreso, así como mejorar el desempeño académico y reducir la deserción durante toda la vida de los participantes en el programa y, como consecuencia de lo anterior, hacer más eficiente el gasto público. Reduce también los costos sociales asociados con la repetición en la escuela, la delincuencia juvenil y el abuso de drogas.

A mediados del siglo pasado la mayoría de las mujeres se dedicaban al cuidado del hogar y de sus hijos. Hoy, la historia ha dado un giro de 180 grados y no son pocas las madres de familia que, al integrarse al mercado laboral, encuentran en los centros de desarrollo infantil un apoyo para su nuevo estilo de vida.

Lo que las mamás pretenden encontrar en estos lugares es el cuidado individual proporcionado por especialistas en puericultura o pedagogía, un ambiente seguro para el desarrollo de sus hijos; instalaciones y mobiliario congruente con el servicio, higiene, atención pediátrica y alimentación acorde a la edad de cada niño; un trato cálido, actividades recreativas y educativas, etcétera.

Tenemos claro que un ingreso da a las mujeres mayor capacidad de decisión sobre las cosas que importan en sus hogares; reduce la violencia intrafamiliar y contribuye a una mayor equidad entre hombres y mujeres. El que las mujeres trabajen fuera de casa es un reto para la familia, pero también un gran beneficio para el país, porque también se necesita el talento de las mujeres, es un bien para la sociedad, México no tiene por qué perderse de más de la mitad de su población, requiere que las mujeres salgan a trabajar.

Tengo claro que, para generar nuevas oportunidades de desarrollo y ayudar a la población a alcanzar mejores niveles de vida, es indispensable sumar esfuerzos con la sociedad, con dependencias gubernamentales y con el sector privado para hacer frente a los retos de desigualdad y pobreza que aquejan al país.

Por lo tanto, el objetivo fundamental del centro de desarrollo infantil será cuidar el desarrollo armónico del individuo e integral de los niños en sus diferentes etapas, a través de la implementación de programas, ya sean de alimentación o pedagogía, para contribuir a que las madres trabajadoras no tengan dificultad para acceder a servicios de cuidado infantil, que es una de las principales barreras para conseguir trabajo, y apoyar a las madres a tener un empleo digno, bien remunerado y de calidad que les permita ganar libertad y sacar adelante a sus familias.

La participación de la mujer en la actividad económica, le conviene a la sociedad, porque todos los temas humanos que se ven en una empresa, en una comunidad y en todo el país, son de hombres y mujeres y nuestro deber es beneficiar a la población de escasos recursos, caracterizada por mujeres que trabajan, buscan empleo o estudian, mediante la creación de espacios para el cuidado y atención de sus hijos, porque significan una respuesta a una nueva realidad, y a los retos de las familias.

Propongo entonces que a las mujeres, que siendo madres, trabajan en cada uno de nuestros grupos parlamentarios, les sea abierto un espacio dentro de los servicios de cuidado y atención para sus hijos en el centro de desarrollo infantil Antonia Nava de Catalán de esta Cámara de Diputados.

La sociedad es la más beneficiada económicamente cuando se atiende el desarrollo del niño. Esto debido a que el niño se convierte en un adulto económicamente productivo. No sólo hay beneficios para los niños, son también sociales y económicos, ya que hacen de ellos personas capaces de ayudar a su familia, su comunidad y su país.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta soberanía el presente

Punto de Acuerdo

Con carácter de urgente u obvia resolución.

Único. La honorable Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Secretaría General que incluya a los hijos de las madres trabajadoras que prestan sus servicios de apoyo secretarial a los grupos parlamentarios, en el Centro de Desarrollo Infantil Antonia Nava de Catalán de la Cámara de Diputados, en la medida de sus capacidades y cupo físico.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2009.

Diputado Felipe Díaz Garibay (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLANTAR POLÍTICAS Y PROGRAMAS QUE PERMITAN COMBATIR LA FALTA DE OPORTUNIDADES Y DE EMPLEO QUE LOS JÓVENES ENFRENTAN AL CULMINAR ESTUDIOS PROFESIONALES, A CARGO DE LA DIPUTADA ARACELY ESCALANTE JASSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional diputada federal a la LX Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante este honorable Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México 3 de cada diez personas son jóvenes menores de 29 años. Tres de cada 10 que demandan salud, educación, oportunidades laborales y posibilidades para construir un patrimonio que les dé tranquilidad para seguir planeando sus sueños.

Sin embargo, su realidad es diferente.

Hoy, los apoyos y oportunidades que tienen los jóvenes para integrarse al mercado laboral al termino de sus estudios profesionales son mínimas, las acciones realizadas por el gobierno federal para revertir esta situación en el país han sido insuficientes.

En este sentido, es lamentable el poco interés que ha mostrado el gobierno federal en dar solución a éste problema que aqueja a la juventud a nivel nacional, en donde el desempleo y los malos sueldos son la constante.

No se han generado oportunidades ni escuchado la voz de los jóvenes.

Un estudio reciente realizado entre jóvenes mexicanos encontró que muchas de las personas en este rango de edad tienen trabajos precarios, lo que a su vez no les permite aspirar a mejorar su calidad de vida.

Cabe señalar que de 10 jóvenes que buscan empleo sólo dos logran contratarse, lo cual resulta realmente preocupante si tomamos en cuenta que cada año miles de jóvenes que culminan sus estudios profesionales salen en busca de un trabajo bien remunerado. Asimismo, podemos decir que el problema del trabajo en los jóvenes no se centra solo en el desempleo, sino también en el subempleo, en el empleo informal, en las malas condiciones de trabajo o en la carencia de un contrato especifico que regule las relaciones obrero-patronales.

El gobierno federal no ha implantado verdaderas políticas públicas que atiendan la realidad de los jóvenes. Seguir actuando de la misma manera, será condenarnos a los mexicanos a un futuro con cada vez menos posibilidades. Vamos a heredar nuestras carencias.

Es por ellos, que desde ésta tribuna hago un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal, para a que genere e impulse programas y políticas públicas de corto, mediano y largo plazo que brinden mejores oportunidades de salud, educación, empleo y patrimonio a los jóvenes que egresan de las universidades, pero también a aquellos que pese a su preparación académica demandan oportunidades para tener una vida más digna, que les permita soñar y construir sus sueños.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a ésta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, diseñe y adecue los programas y políticas públicas, que permitan revertir los problemas de desempleo y la falta de oportunidades a las que se enfrentan miles de jóvenes profesionistas al culminar sus estudios universitarios.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 10 de marzo de 2009.

Diputada Aracely Escalante Jasso (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SEP A FLEXIBILIZAR POR ÚNICA VEZ LOS REQUISITOS PARA QUE LOS HIJOS DE INMIGRANTES MEXICANOS QUE HAN RETORNADO A TERRITORIO NACIONAL DURANTE LOS ÚLTIMOS CUATRO MESES PUEDAN INSCRIBIRSE FÁCILMENTE EN LOS NIVELES EDUCATIVOS Y PLANTELES OFICIALES DEL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ NICOLÁS MORALES RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, José Nicolás Morales Ramos, diputado a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos, 58, 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, como de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La más reciente crisis financiera de Estados Unidos de América, es la peor en toda su historia, y al ser la nación más poderosa del mundo, ha venido a trastocar en mayor o menos proporción, la economía mundial. Ya en la Unión Americana (principalmente, mas no limitativamente), se han cerrado diversas fuentes de producción lo cual trae aparejado un alto índice de desempleo, de encarecimiento de productos básicos y bajo o nulo poder adquisitivo en bienes o servicios esenciales para el ser humano.

Debemos recordar que, en territorio estadounidense, se encuentran millones de paisanos que se han visto más afectados por esta situación financiera, toda vez que han perdido su fuente de ingresos por despidos masivos; aunado a que incluso muchos de ellos no cuentan con documentos que acrediten su estancia legal en aquél país, por lo cual su situación se ve doblemente agravada ya que son más vulnerables a ser deportados al promoverse para ocupar algún trabajo.

Los dos factores ya señalados (la crisis financiera y la estancia irregular en aquél país, han generado el regreso de muchos mexicanos al lugar de origen, que de acuerdo con cifras expresadas por representantes del Ejecutivo, del Legislativo y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe se espera un regreso masivo de entre 200 mil y 3 millones de mexicanos.

Entre los muchos problemas a los que se han enfrentado los connacionales que han arribado a territorio nacional, se encuentra el hecho de que en la mayoría de los casos regresan con familia, en la cual los hijos que cuentan con nacionalidad distinta a la mexicana se ven afectados aún más en la inserción en la sociedad, principalmente a la educación en planteles oficiales, toda vez que no cuentan con documentos requeridos (principalmente acta de nacimiento que acredite su nacionalidad mexicana) por las instancias educativas tanto federal, como locales, para efectuar la respectiva inscripción al grado escolar correspondiente.

Algunos inmigrantes ya han iniciado el proceso de doble nacionalidad para sus hijos, sin embargo cabe destacar que este trámite así como la obtención de documentos probatorios no es tan rápido, más aún si recordamos que es precisamente a partir de febrero, cuando se abre la convocatoria para efectuar preinscripciones para el siguiente ciclo escolar, en planteles oficiales de los diversos niveles educativos del país.

Existen casos en los cuales el problema de no contar con documentación necesario para preinscribir a los hijos, radica en que hay familias que fueron deportadas y no tuvieron siquiera la oportunidad de acceder a sus pertenencias para trasladarlas consigo. Este supuesto hace más difícil la obtención y presentación de los documentos requeridos por las escuelas públicas para acceder a la educación.

Como representantes populares, es nuestra obligación coadyuvar en la solución de este problema social y educativo, máxime si una de nuestras prioridades es elevar la calidad educativa, fortalecer las instituciones encargadas de impartirla, y facilitar el acceso a la educación en México. No podemos como país, negarles un derecho primordial, ya que representaría una grave violación a las garantías individuales, además de una reprobable discriminación a este sector social.

Es por todo lo antes mencionado que me permito someter a su apreciable consideración, como de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que en el ámbito de sus atribuciones, flexibilice por única vez, los requisitos para que los hijos de migrantes mexicanos –que han retornado a territorio nacional los últimos cuatro meses– puedan acceder fácilmente a la educación en los diversos niveles educativos, y planteles oficiales del país.

Dado en el Palacio Legislativo Federal, a 10 de marzo de 2009.

Diputado José Nicolás Morales Ramos (rúbrica)
 
 

El suscrito, integrante de la Comisión de Defensa Nacional del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicita, en uso de la facultad conferida en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que excite en nombre de la Cámara a las Comisiones de Defensa Nacional, y de Gobernación de la Cámara de Diputados, para que se presente el dictamen correspondiente, en sus términos, de la iniciativa que reforma los artículos 1o., 2o., 3o. y 4o. y adiciona los artículos 5o. y 6o. de la Ley para conservar la Neutralidad del País, al tenor de las siguientes consideraciones.

Antecedentes

Primero. Con fecha 10 de noviembre de 1939 fue promulgada, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley para conservar la Neutralidad del País, instrumento legislativo que fortaleció la vocación pacifista de la nación mexicana, garantizando nuestro estatuto de país neutral, de frente a la escalada bélica que significó la segunda conflagración mundial.

Segundo. Con fecha 14 de mayo de 2003, la senadora Sara Isabel Castellanos Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa por la que se pretendía reformar y adicional la Ley para conservar la Neutralidad del País, con el objetivo único de adecuar su discurso a los instrumentos internacionales signados por el Estado mexicano.

Tercero. El 28 de octubre de 2004, el Pleno de la Cámara de Senadores desechó la iniciativa de la senadora Castellanos y, lamentablemente, aprobó la abrogación de la ley. El 15 de marzo de 2005, la Cámara de Diputados recibió esta minuta modificándola y reenvió a la Cámara de Senadores para los efectos del artículo 72 constitucional, inciso e).

Cuarto. Nuevamente, el 26 de abril de 2006, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió de la Cámara de Senadores la minuta con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley para conservar la Neutralidad del País.

Quinto. El 11 de junio de 2008, el diputado Pablo Trejo Pérez presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la iniciativa que suscribimos los diputados Javier González Garza, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera para reformar y adicionar la Ley para conservar la Neutralidad del País.

Sexto. Nuestro texto constitucional señala, explícitamente, que los principios rectores de la política exterior mexicana son "la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales".

Séptimo. Con fecha 5 de enero de 2009, el presidente Álvaro Colom ordenó enviar al ejército guatemalteco hacia su frontera con México, de frente a la "avalancha del narcotráfico mexicano que ha causado un montón de muertos".

Octavo. El 12 de enero del presente año, la prensa mexicana dio cuenta del anuncio del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América, en dónde se informó sobre el envío de tropas estadounidenses a la frontera sur de este país, con la finalidad de resguardarlo de la delincuencia organizada.

Noveno. El 15 y el 16 de enero de 2009 se dio a conocer, en los medios de comunicación, un informe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de América, en el que se cataloga a México como "un problema de seguridad de proporciones inmensas para Estados Unidos de América", debido al alto grado de infiltración del crimen organizado en las instituciones estatales de nuestro país.

Décimo. Por último, el 19 de enero, la agencia estadounidense Strategic Forecasting emitió el informe denominado Los cárteles mexicanos de la droga: el progreso del gobierno y el aumento de la violencia, en donde se señala que "la seguridad interna de México estará en peligro en caso de que el gobierno federal no reduzca la operación de las organizaciones especializadas en el tráfico de drogas e inhiba los índices de violencia que hubo en 2008".*

Undécimo. Con fecha 19 de febrero, el que suscribe solicitó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Defensa Nacional para dictaminar la iniciativa en cuestión, sin haber recibido respuesta alguna de las comisiones.

Duodécimo. El 4 de marzo de 2009, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de América, almirante Mike Mullen, declaró que, en vista de la grave crisis de seguridad provocada por el crimen organizado en México, las fuerzas estadounidenses se encuentran dispuestas a incrementar su intervención, tal como lo hicieron en Colombia; esto es, una intervención armada directa de un gobierno extranjero en nuestro país, lo cual vulneraría, de manera fundamental, la independencia y la soberanía del Estado mexicano.

De lo antepuesto, resulta obvio y urgente que, como representantes de la nación, tenemos la obligación de refrendar el compromiso adquirido por México con la comunidad internacional, al instaurar los principios de autodeterminación de los pueblos y la resolución pacífica de las controversias como baluartes de la política exterior nacional, con la finalidad única de establecer que es México, y únicamente México, el responsable de solucionar los problemas institucionales que aquejan a nuestra nación, en el marco de la cooperación internacional para confrontar al inmensamente poderoso cáncer del crimen organizado. Rechazamos cualquier intento de constituir nuestro territorio como una zona de guerra y defenderemos nuestra soberanía por todos los medios posibles.

Por lo anteriormente expuesto, debido a la preocupación que ha generado la reacción internacional de frente a un problema que, consideramos, atañe no únicamente a los mexicanos sino a todos y cada uno de los ciudadanos del mundo que, responsablemente, se oponen a la intervención armada como método de resolución de los conflictos y privilegian la cooperación internacional como el arma diplomática para enfrentar al crimen transnacional, el que suscribe, en uso de las atribuciones conferidas en la ley, se permite presentar a esta soberanía la propuesta de la siguiente

Excitativa

Única. A las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Gobernación de la honorable Cámara de Diputados se les solicita el análisis y dictamen inmediato de la iniciativa que reforma los artículos 1o., 2o., 3o. y 4o. y adiciona un artículo 5o. y 6o. de la Ley para conservar la Neutralidad del País, suscrita por los diputados Javier González Garza, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, la cual les fue turnada para su atención por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fecha 11 de junio de 2008.

Nota
* Excelsior, "Advierte agencia en EUA escalada de violencia", nota firmada por Lemic Madrid.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2009.

Diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica)