México, DF, a 1 de julio de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que se recibió oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en respuesta al acuerdo de la Cámara de Diputados relativo a las reglas de operación de los programas y fondos de 2009.
La Presidencia dispuso que se les hiciera llegar dicha documentación.
Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
México, DF, a 19 de junio de 2009.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto, y en alcance a mi oficio número SEL/300/2486/09, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 312.A.- 000371, suscrito por el ingeniero Carlos A. Treviño Medina, director general de Programación y Presupuesto B de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como los anexos que se mencionan en dicho documento, mediante los cuales complementa la respuesta al punto de acuerdo relativo a las reglas de operación de los programas y fondos de 2009.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Manuel Minjares Jiménez (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 10 de junio de 2009.
Licenciado Manuel Minjares Jiménez
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero al oficio número SEL/300/5405/08, del 12 de diciembre de 2008, recibido en esta área el 8 de abril de 2009, mediante el cual esa subsecretaría envía el punto de acuerdo que el honorable Congreso de la Unión aprobó durante la sesión del 11 de diciembre de 2008, que a continuación se describe:
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Ingeniero Carlos A. Treviño Medina (rúbrica)
Director General
México, DF, a 3 de junio de 2009.
Ingeniero Carlos A. Treviño Medina
Director General de Programación y Presupuesto
"B"
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Se hace referencia al punto de acuerdo que el honorable Congreso de la Unión aprobó durante la sesión el 11 de diciembre de 2009, mediante el cual se exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública, de Salud, de Desarrollo Social, de Trabajo y Previsión Social, de Relaciones Exteriores y demás dependencias del gobierno federal a incorporar en las reglas de operación de los programas y fondos por ejercer en 2009 los criterios especiales para la inclusión de los trabajadores migrantes en retorno y sus familias.
Al respecto, remito a usted los informes de la Unidad de Coordinación y Enlace y la Coordinación General de Programas y Proyectos Especiales, unidades administrativas que tienen a su cargo programas sujetos a reglas de operación.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Carlos H. Gutiérrez Ocampo (rúbrica)
Coordinador General de Administración y Finanzas
México, DF, 15 de mayo de 2009.
Carlos Hernán Gutiérrez Ocampo
Encargado de la Dirección General de Administración
y Finanzas
Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas
Hago referencia al punto de acuerdo del honorable Congreso de la Unión en el que se exhorta a los titulares de las dependencias del gobierno federal a incorporar a las reglas de operación de los programas y fondos a ejercer en el presente año, criterios especiales para la inclusión de trabajadores migrantes en retorno y sus familias, remitido por oficio 312.A.-000265 del director general de Programación y Presupuesto "B" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Referencia volante número 403).
Sobre el particular, me permito informar que, derivado de la naturaleza y mecanismo de operación del programa de infraestructura básico de esta comisión, se considera que no es aplicable la inclusión de criterios especiales.
Sin más por el momento le envío un cordial saludo.
Atentamente
V. Javier Camacho Hinojosa (rúbrica)
Director General
México, DF, a 21 de mayo de 2009.
Carlos H. Gutiérrez Ocampo
Coordinador General de Administración y Finanzas
En atención al volante número 403, relacionado con el oficio número 312.A.000265 turnado por la Subsecretaría de, Egresos, Dirección General de Programación y Presupuestos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que refiere al oficio SEL/300/5405/08, emitido por la Subsecretaría de Enlace, Legislativo de la Secretaría de Gobernación con fecha de 12 de diciembre de 2008, mediante el cual el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación informa sobre el punto de acuerdo que el Congreso de la Unión aprobó durante la sesión del 11 de diciembre de 2008.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ingeniera Elva Rodríguez Villarreal
Directora
En ausencia del director de Operación de Programas Especiales, con fundamento en el Artículo 15 cuarto párrafo, en relación con el Artículo 31 fracción I, firma
Biólogo Mario Rudy Jiménez Gandera (rúbrica)
Subdirector de Normatividad de Programas Especiales
2. El Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas. Señala en su numeral 1.2, "Objetivos específicos", que apoya "proyectos que impulsen la creatividad, recuperación y preservación de los elementos y manifestaciones que constituyen el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, a través del apoyo de las iniciativas presentadas por organizaciones tradicionales o culturales, migrantes, creadores culturales, y organizaciones legalmente constituidas, de comunidades y/o pueblos indígenas."
Acciones para el retorno de indígenas migrantes a su lugar de origen dentro del territorio nacional
Toda esta información tiene concordancia con el punto de acuerdo aprobado el 11 de diciembre del 2008.
Como dato adicional, menciono que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece claramente en su artículo 77, fracción I, dice que "las dependencias, las entidades, a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas deberán presentar a la Secretaría, a más tardar el 21 de noviembre, sus proyectos de reglas de operación, tanto de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente, como las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes". Acción que la CDI, cumplió a cabalidad, dado que fueron modificadas las reglas de operación 2008.
Atentamente
Janitzio E. Durán Ortegón (rúbrica)
México, DF, a 17 de abril de 2009.
Señor Carlos Hernán Gutiérrez
Ocampo
Encargado de la Coordinación General de Administración
y Finanzas de la CDI
Presente
Me refiero al oficio número SEL/300/5405/08 del 12 de diciembre de 2008 y recibido en esta área el 8 de abril de 2009, mediante el cual el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación informa al titular de esta Secretaría sobre el punto de acuerdo que el honorable Congreso de la Unión aprobó durante la sesión del 11 de diciembre de 2008, que a continuación se describe:
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Ingeniero Carlos A. Treviño Medina (rúbrica)
Director General
(Remitido a la Comisión de Población, Fronteras
y Asuntos Migratorios. Julio 1 de 2009.)
DE LA COMISIÓN PERMANENTE, CON EL QUE REMITE RESPUESTA DEL CONGRESO DE OAXACA A PUNTO DE ACUERDO
México, DF, a 1 de julio de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que se recibió oficio del Congreso de Oaxaca en respuesta del punto de acuerdo de la Cámara de Diputados relativo al Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
La Presidencia dispuso que se les hiciera llegar dicha documentación.
Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, a 30 de abril de 2009.
Diputado José Luis Espinosa Piña
Vicepresidente del Congreso de la Unión
Diputada Rosa Elia Romero Guzmán
Secretaria del Congreso de la Unión
Presentes
Por acuerdo del Ejecutivo del estado, con fundamento en el artículo 80, fracción II, de la Constitución del estado, y en atención de su oficio número D.G.P.L. 60-II-6-307, de fecha 26 de marzo del presente año, por medio del cual se exhorta al licenciado Ulises Ruiz Ortiz, titular del Poder Ejecutivo de Oaxaca, a cumplir los puntos de acuerdo que aprobó la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en sesión celebrada en la fecha precitada, me permito dar contestación en los siguientes términos:
Respecto al punto primero, es oportuno señalar que de la correcta interpretación del artículo 10 de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, se desprende que dicho artículo no obliga a las entidades federativas a suscribir convenios que realice la fiduciaria sino que sólo los invita a firmarlos, atendiendo su suficiencia presupuestaria.
Por lo que toca al punto segundo el gobierno del estado, de acuerdo con su actual Presupuesto de Egresos, no está en condiciones de firmar el convenio de colaboración para resarcir el daño causado a los socios afectados por Sacriputla, SCRL, en razón de que en el citado Presupuesto, que corresponde a 2009, emitido por el Congreso del estado, no se consideró oportunamente una partida especial por la cantidad que se especifica en el mencionado punto para efectuar dicho pago.
Finalmente, quedo por enterado respecto al contenido del punto tercero del mencionado acuerdo.
No obstante lo anterior, el gobierno del estado ésta en la mejor disposición de colaborar con las gestiones que realizan ante diversas instituciones los socios afectados de la caja Sacriputla, SCRL.
Sin otro particular, me es propicia la ocasión para reiterarle a la Cámara de Diputados mis respetos.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
"El respeto al derecho ajeno es la paz"
Ingeniero Jorge Toledo Luis (rúbrica)
Secretario General de Gobierno
(Remitido a la Junta de Coordinación Política.
Julio 1 de 2009.)
DE LA COMISIÓN PERMANENTE, CON EL QUE REMITE PUNTO DE ACUERDO DEL CONGRESO DE CHIAPAS
México, DF, a 8 de julio de 2009.
Diputado Javier González Garza
Presidente de la Junta de Coordinación Política
Presente
Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió del Congreso de Chiapas, punto de acuerdo por el que solicita al Congreso de la Unión que celebre una sesión solemne de Congreso General el 14 de septiembre de 2009, a fin de conmemorar el 185 aniversario de la federación del estado de Chiapas a la República Mexicana.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, el que se anexa.
Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
Junio 23 de 2009.
Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz
Presidente de la Comisión Permanente
Los diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de junio del año en curso, emitieron el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita respetuosamente al honorable Congreso de la Unión que celebre una sesión solemne de Congreso General el 14 de septiembre de 2009, con objeto de conmemorar el 185 aniversario de la federación del estado de Chiapas a la Republica Mexicana, y con ello refrendar la voluntad histórica del pueblo chiapaneco a la federación.
Segundo. Remítase el presente punto de acuerdo a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para los efectos parlamentarios correspondientes.
Tercero. Notifíquese a los legisladores federales del Estado de Chiapas, el contenido del presente punto de acuerdo, para su conocimiento.
Se comunica el presente resolutivo, a efectos de que se realicen los trámites legislativos correspondientes.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Por el Honorable Congreso del Estado
Diputada Ana Elisa López Coello (rúbrica)
Presidenta
Diputado José Ernestino Mazariegos Zenteno (rúbrica)
Secretario
(Turnado a la Junta de Coordinación Política.
Julio 8 de 2009.)
El que suscribe, diputado Javier González Garza, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía la presente iniciativa que reforma y adiciona la Ley del ISSSTE y la Ley del IMSS, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado 18 de junio de 2009, Felipe Calderón Hinojosa, anunció el llamado Programa integral de abasto de medicamentos express del ISSSTE, por el cual este instituto, en caso de que sus farmacias no puedan entregar a los burócratas y sus familias todas las medicinas que les hayan sido prescritas, recibirán cupones canjeables en las farmacias privadas por las medicinas omitidas.
Son constantes las denuncias de los derechohabientes del ISSSTE sobre la falta de medicamentos para surtir sus recetas, lo que por un lado incide sobre su salud pero, por el otro, los afecta económicamente pues tienen que comprar las medicinas con sus propios recursos, no obstante haber realizado ya antes las cotizaciones correspondientes. Lo que equivale a un fraude, ya que la relación jurídica de seguridad social entre los trabajadores y el ISSSTE abarca la obligación de este Instituto de entregar, de manera oportuna y completa, los medicamentos recetados por los doctores del instituto. Nadie puede estar de acuerdo con este trato inadecuado y tramposo hacia los derechohabientes del ISSSTE.
Como recordamos, la propaganda oficial señalaba que supuestamente la promulgación de la nueva Ley del ISSSTE iba a terminar con este desabasto. Inclusive en el artículo 29 transitorio de esta ley se destinaron 8 mil millones de pesos de manera extraordinaria para terminar con esta situación y en general, supuestamente, poner fin a las deficiencias en materia de los servicios de salud. Sobra decir, que la mentirosa oferta oficial no se ha cumplido y, por tanto, continúan escaseando los medicamentos, en lo general sigue la mala atención médica para los derechohabientes. Tampoco existe claridad sobre el monto aplicado y el destino de estos recursos extraordinarios.
Todo lo anterior, casi en sus términos, es aplicable a lo que sucede en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Desde luego debe buscarse una solución al desabasto de medicinas, pero en estricto cumplimiento del derecho, pues la primera obligación de una autoridad es respetar el marco jurídico aplicable.
Esta conducta arbitraria, contra los derechos fundamentales de los trabajadores, pretende arrebatarles sus escasos recursos derivados legalmente de su esfuerzo cotidiano y transferirlos a un grupo hiperprivilegiado, de gente adinerada que lucra con el tráfico de influencias con el gobierno.
El 18 de junio de 2009, hemos tenido un nuevo botón de muestra de esta actitud ilegal, que desprecia el estado de derecho del grupo en el poder en afectación del ISSSTE, que profundiza aún más la privatización ya desatada en el marco de la nueva Ley del ISSSTE y que ha anunciado Felipe Calderón diciendo que en el futuro inmediato las recetas del ISSSTE se van a surtir en diversa cadenas de farmacias privadas.
Así pues, han seguido al pie de la letra una estrategia para privatizar los servicios públicos. Primero inician bloqueando estos servicios maquinada y persistentemente y cuando en virtud de lo anterior el servicio público respectivo comienza a tener deficiencias se arma una campaña publicitaria en su contra. Acto seguido, tomando esta situación como pretexto, con cinismo entregan el servicio público a la iniciativa privada, creando grandes expectativas de beneficios al pueblo por este cambio de propietario que desde luego no se cumplen, pero sobre hechos consumados, se dificulta la reacción y defensa del los perjudicados, es decir, de los derechohabientes.
Esto mismo ha sucedido con los institutos de seguridad social y concretamente con el abasto de las medicinas necesarias para surtir las recetas médicas. Sistemática y maliciosamente se les han negado a estos institutos los recursos para que satisfagan a plenitud las necesidades de los asegurados y sus familias, se les ha obstaculizado a propósito tal surtimiento, contratando con empresas que venden más caro y surten medicamentos de menor calidad, se retarda la provisión de medicinas, por citar algunos.
A esto se ha sumado la propaganda de difamación de estos institutos; para ahora imponen la adquisición de medicinas por los derechohabientes en las farmacias privadas, que seguramente deben dar sobornos a los funcionarios que les dan la concesión, o son cuates, parientes o prestanombres de los funcionarios en turno. Esta subrogación de los servicios farmacéuticos, pinta para otro pantano de corrupción y vilezas, como lo ha sido la subrogación de las guarderías.
Inmediatamente surge una pregunta: ¿por qué, si el gobierno tiene dinero para pagar las medicinas a las empresas privadas que las surten a un mayor precio que el que obtendrían los institutos de seguridad social, no se proporciona oportuna y en cantidad suficiente los dineros a estos institutos?
Las privatizaciones son el medio para arrebatar la propiedad social y pública hacia las garras del negocio privado para el beneficio de unos cuantos. Y en perjuicio de los intereses de la mayoría del pueblo y de la nación.
Así pues, en el caso del ISSSTE se privatiza una de las atribuciones a su cargo: el entregar a sus derechohabientes las medicinas, el otorgar esta prestación en especie a sus derechohabientes, en los seguros de salud y riesgos de trabajo. La entrega de los medicamentos a cargo de los institutos entra dentro del concepto de una seguridad social solidaria e integral, con los subsecuentes beneficios a la salud de los asegurados y, para el equilibrio financiero del ISSSTE. Lo contrario, lo que acaba de aplicar Calderón: busca el negocio, pero también es una lucha política e ideológica que busca desmantelar la seguridad social del Estado mexicano.
Si nos atenemos a la letra de la Ley del ISSSTE, en los artículos 36 (seguro de salud) y 61 (seguro de riesgos de trabajo), se establece como derecho de los derechohabientes a cargo del instituto la atención farmacéutica, el surtimiento por el ISSSTE de las medicinas necesarias. Pero sin importar el mandato de ley, el gobierno federal ha dado un golpe de mano, que les permite, además de ir desmantelando las instituciones públicas de la seguridad social y fomentar el lucro a favor de los malos funcionarios, sus familias y amigos, dar un golpe electorero, ya que como sabemos esta medida fue anunciada, insisto, el pasado 18 de junio.
Desde luego esta actitud arbitraria, que hace que los funcionarios involucrados incurran en responsabilidad, comienza tímidamente como medida auxiliar, "para los casos en que el ISSSTE no tenga las medicinas", pero como ha sucedido en otros casos, como, otra vez, tratándose de la subrogación de las guarderías, la excepción se transformará en regla, bajo el látigo del despotismo y el lucro.
Con la privatización del servicio farmacéutico se violenta la letra expresa de la Ley del ISSSTE, al carácter público de las instituciones de seguridad social, el servicio debido a los derechohabientes y las finanzas de aquéllas.
Para avanzar en esta ilegalidad, se trastoca de pies a cabeza el principio básico que delimita las esferas de actuación de las autoridades frente a los particulares: "la autoridad sólo puede hacer lo que la ley permite". Ahora resulta que la autoridad puede hacer todo lo que se le antoje bajo los dictados de los grupos de poder. Al menos, puede hacer todo aquello que no se le prohíbe expresamente.
Pues bien, ante tamaña desfachatez del gobierno federal, urge esta reforma legal para prohibir expresamente en las Leyes del IMSS e ISSSTE la subrogación de la actividad farmacéutica, en general de las atribuciones a cargo de las instituciones de seguridad social.
Paralelamente, y concretamente respecto al ISSSTE, se exige que se suprima la posibilidad de que los servicios médicos sean subrogados de par en par a favor de los particulares, como finalmente se logró en el marco de la Ley del IMSS, que regresó al texto de la Ley de 1973, que tomamos como base para nuestra propuesta. La subrogación de los servicios médicos privatiza un servicio que por esencia y mandato constitucional es público, se impulsa el interés de lucro sobre el interés social de los derechohabientes, se saquean los recursos de las instituciones de seguridad social agravando la crisis que las maniobras y políticas económicas de los gobiernos neoliberales les han causado, esto sin ninguna garantía de una mejor atención médica para los derechohabientes, pues en los hechos hay más quejas contra la medicina privada que en contra de la medicina pública.
Como colorario de todo lo dicho anteriormente, se hace indispensable que las farmacias del IMSS e ISSSTE cuenten de manera permanente con las medicinas necesarias, para lo cual el gobierno federal, en su caso, deberá transferir a estas instituciones los recursos necesarios, en lugar de hacerlo a las farmacias privadas. Por otro lado, el abasto suficiente de medicamentos debe imponerse de manera expresa como obligación a cargo de los directores generales del IMSS e ISSSTE, so pena de destitución.
Finalmente, los contratos que ilegalmente haya celebrado el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabadores al Servicio del Estado, para que sus derechohabientes surtan sus recetas extendidas por los médicos a su servicio en farmacias privadas, quedarán nulos de pleno derecho, sin que las empresas privadas involucradas tengan derecho a indemnización alguna, esto en aplicación del principio que consagra a las disposiciones de la Ley del ISSSTE, como orden público, por lo que son nulos de pleno derecho todos los actos celebrados en contraposición de éstas.
Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de ley con proyecto de
Decreto
Artículo Primero. Se adiciona a la Ley del ISSSTE un artículo 1o. Bis; se reforma el primer párrafo del artículo 31, y se deroga el segundo párrafo del mismo artículo. Se adiciona también un segundo párrafo al artículo 36 y un párrafo a la fracción 1V del artículo 61.
Artículo 1o. Bis. Queda prohibido al Instituto, el contratar con empresas privadas para que surtan las recetas extendidas por sus médicos a los derechohabientes, en general queda prohibido que el instituto subrogue a favor de particulares cualquiera de los servicios públicos a su cargo conforme a esta ley. La conducta contraria a estas prohibiciones, será causa de destitución del funcionario responsable, incluido el director general del instituto, con independencia de las demás sanciones que deban aplicarse. Además de que los contratos relativos serán nulos de pleno derecho.
Artículo 31. Los servicios médicos que tiene encomendados el instituto en los términos de los capítulos relativos a los seguros de salud y de riesgos de trabajo, los prestará directamente, o bien indirectamente, sólo como excepción y temporalmente, en virtud de convenios con otros organismos públicos o particulares, para que se encarguen de impartir los servicios del ramo de enfermedades y maternidad y proporcionar las prestaciones en especie y subsidios del ramo de riesgos de trabajo, siempre bajo las instrucciones, normas técnicas, vigilancia y responsabilidad del instituto. Los convenios fijarán el plazo de su vigencia, la amplitud del servicio subrogado, los pagos que deban hacerse, la forma de cubrirlos, informes y estadísticas médicas o estadísticas que deban proporcionarse al instituto, las causas y procedimientos de terminación, así como las demás condiciones pertinentes.
(Se deroga)
Artículo 36.
El director general del instituto tendrá una obligación directa para que las farmacias del instituto estén permanentemente surtidas con todas las medicinas necesarias para presentar la atención farmacéutica debida. En caso contrario, será causa para la destitución de este funcionario. El gobierno federal deberá transferir al instituto los recursos que hicieran falta al efecto.
Artículo 61.
El director general del instituto tendrá una obligación directa para que las farmacias del instituto estén permanentemente surtidas con todas las medicinas necesarias para presentar la atención farmacéutica debida. En caso contrario, será causa para la destitución de este funcionario. El Gobierno Federal deberá transferir al Instituto los recursos que hicieran falta al efecto.
Artículo 4o. Bis. Queda prohibido al instituto, el contratar con empresas privadas para que surtan las recetas extendidas por sus médicos a los derechohabientes, en general queda prohibido que el Instituto subrogue a favor de particulares cualquiera de los servicios públicos a su cargo conforme a esta ley. La conducta contraria a estas prohibiciones será causa de destitución del funcionario responsable, incluido el director general del instituto, con independencia de las demás sanciones que deban aplicarse. Además los contratos relativos serán nulos de pleno derecho.
Artículo 56.
El director general del instituto tendrá una obligación directa para que las farmacias del instituto estén permanentemente surtidas con todas las medicinas necesarias para presentar la atención farmacéutica debida. En caso contrario, será causa para la destitución de este funcionario. El gobierno federal deberá transferir al instituto los recursos que hicieran falta al efecto.
El director general del instituto tendrá una obligación directa para que las farmacias del instituto estén permanentemente surtidas con todas las medicinas necesarias para presentar la atención farmacéutica debida. En caso contrario, será causa para la destitución de este funcionario. El gobierno federal deberá transferir al instituto los recursos que hicieran falta al efecto.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los contratos que ilegalmente haya celebrado el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que sus derechohabientes surtan sus recetas extendidas por los médicos a su servicio en farmacias privadas, para la subrogación de las guarderías y en general, cualesquiera otros contratos de subrogación de servicios celebrado de manera ilegal, quedarán nulos de pleno derecho, sin que las empresas privadas involucradas tengan derecho a indemnización alguna. Esto con independencia del deslinde de responsabilidades y aplicación de las sanciones correspondientes.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 8 de julio de 2009.
Diputados: Javier González Garza, Irma Piñeyro Arias (rúbricas)
(Turnada a la Comisión de Seguridad Social. Julio
8 de 2009.)
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LAS LEYES GENERALES DE SALUD, Y DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, RECIBIDA
DE LOS DIPUTADOS ALAIN FERRAT MANCERA Y CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, Y
DEL SENADOR JAVIER OROZCO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM,
EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES
8 DE JULIO DE 2009
Alain Ferrat Mancera, Carlos Puente Salas y Javier Orozco Gómez, legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el título cuarto de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto, con base a la siguiente
Exposición de Motivos
La Organización Mundial de la Salud señala que la discapacidad es un término sombrilla, que cubre los daños físicos, las limitaciones de actividad y las restricciones de participación. Un daño físico es un problema en la función o en la estructura del cuerpo; una limitación de actividad es una dificultad del individuo para ejecutar una tarea o una acción; y una restricción de participación es un problema experimentado por el individuo para involucrarse en situaciones de la vida.
Así, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del cuerpo de una persona y las características de la sociedad en la cual vive. En consecuencia, la discapacidad se ha convertido en un serio problema emergente de salud pública, que en los años recientes se ha incrementado como resultado de la interacción de diversos factores sociales, políticos y poblacionales.
En el ámbito mundial, en 2004 se calculó que había 19 millones de personas con alguna discapacidad severa; en el nacional, el último censo de población reveló que existen 2.6 millones de mexicanos discapacitados. La siguiente tabla demuestra que la distribución de las personas discapacitadas es diferencial entre los países ricos y pobres, así como entre los grupos de edad:
Fuente: World Health Organization. The global burden
of disease 2004 (2008 update).
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD_report_2004update.pdf
Con las cifras anteriores se comprueba que las discapacidades están fuertemente ligadas a factores sociales, especialmente a la pobreza. Por ello, la atención integral, adecuada y oportuna, es un factor fundamental para evitar que una discapacidad física se agrave con desajustes en las relaciones interpersonales, discriminación, analfabetismo, desempleo y mendicidad.
Recientemente México ha hecho esfuerzos importantes para promover la atención integral de los discapacitados. Uno de los mayores logros en el ámbito legislativo es la Ley General de las Personas con Discapacidad, expedida en 2005 con objeto de establecer las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, dentro de un marco de igualdad en todos los ámbitos de la vida.
Otro avance reciente es el proyecto de norma oficial PROY-NOM-015-SSA3-2007, "Para la atención integral a personas con discapacidad", publicado en el Diario Oficial de la Federación del 15 de junio de 2009. Este proyecto busca que las personas discapacitadas alcancen un nivel adecuado de integración social e igualdad de oportunidades, mediante la atención integral.
En el proyecto también se observa que ya no se utiliza el término "invalidez", sino "discapacidad". Esta adecuación aún está pendiente en la Ley General de Salud. Con fecha 9 de enero de 2008, los Senadores Guillermo Tamborrel, Héctor Pérez y Ernesto Saro presentaron la iniciativa que busca esta actualización de términos. Dicha iniciativa fue aprobada por el Senado y la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados emitió un dictamen favorable, publicado en la Gaceta Parlamentaria del 16 de octubre de 2008. El dictamen se encuentra pendiente para su discusión en el pleno de la Cámara baja, y con ello completará el proceso para convertirse en ley vigente.
Los avances logrados hasta ahora se deben complementar y afinar, con la finalidad de lograr una efectiva atención integral de los discapacitados. También se debe impulsar la homologación de términos y disposiciones en los instrumentos legislativos ya existentes.
En este sentido, la presente iniciativa busca, como primer punto, ampliar el alcance y la repercusión del artículo 33 de la Ley General de Salud, para homologarlo con el contenido del proyecto de NOM y con la Ley General de las Personas con Discapacidad.
El artículo 33 actualmente establece que las actividades de rehabilitación incluyen "acciones tendientes a corregir las invalideces físicas o mentales". Buscamos que estas acciones se amplíen para "facilitar que una persona con discapacidad alcance un nivel físico, mental y sensorial óptimo, para compensar la pérdida de una función, así como proporcionarle una mejor integración social".
Como segundo punto, se busca actualizar la definición de discapacidad contenida en el artículo 173 de la Ley General de salud, para integrarla con la definición del numeral 4.4 del proyecto de NOM. Es decir, se complementarán las siguientes definiciones de discapacidad:
La ausencia, pérdida o restricción de la habilidad para desarrollar una actividad neuromotora, intelectual, visual o auditiva en la forma o dentro del margen, considerado como normal para un ser humano (proyecto de NOM).
De esta manera, toda persona que lo solicite podrá obtener un certificado de discapacidad, elaborado por un médico debidamente autorizado. Se espera que este mecanismo sea un detonante para establecer futuras facilidades para las personas con discapacidad. Por ejemplo, para que los discapacitados obtengan descuentos y servicios especiales, con la presentación de su certificado.
Con estas reformas a la Ley General de Salud y a la Ley General de las Personas con Discapacidad, la presente iniciativa promueve y facilita la homologación e integración de los instrumentos legislativos ya existentes en materia de discapacidad.
Por lo expuesto, los legisladores que suscribimos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de
Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de las Personas con Discapacidad
Artículo Primero. Se reforman la fracción III del artículo 33, y el artículo 173 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 33. Las actividades de atención médica son las siguientes:
III. De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a facilitar que una persona con discapacidad alcance un nivel físico, mental y sensorial óptimo, para compensar la pérdida de una función, así como a proporcionarle mejor integración social;
IV.
Artículo Segundo. Se adiciona la fracción XI del artículo 7o., recorriéndose la fracción subsiguiente, de la Ley General de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:
Artículo 7o. Las personas con discapacidad tienen derecho a servicios públicos para la atención de su salud y rehabilitación integral. Para estos efectos, las autoridades competentes del sector salud, en su respectivo ámbito de competencia, realizarán las siguientes acciones:
XI. Expedir a quien lo solicite, un certificado de discapacidad, elaborado por un médico debidamente autorizado y en el formato que al efecto emita la Secretaría de Salud; y
XII. Las demás que otros ordenamientos les otorguen.
Primero. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En un plazo máximo de 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Salud elaborará el formato del certificado de discapacidad al que se refiere la fracción XI del artículo 7o. de la Ley General de las Personas con Discapacidad.
Dado en la Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, durante el segundo receso del tercer año de ejercicio, a 8 de julio de 2009.
Diputado Alain Ferrat Mancera
Diputado Carlos Puente Salas (rúbrica)
Senador Javier Orozco Gómez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Salud. Julio 8 de 2009.)
La que suscribe, diputada federal Guadalupe Socorro Flores Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, en razón de la siguiente:
Exposición de Motivos
La mayoría de estudios respecto a la marginación y pobreza establecen que estas condiciones son más notorias en las delegaciones de Tláhuac, Milpa Alta, Iztapalapa y Xochimilco.
De acuerdo con los resultados obtenidos podemos establecer que las condiciones de alta y muy alta marginación se ubican en la periferia del Distrito Federal, esto es, en las zonas de más reciente urbanización que sufren de varias carencias en su infraestructura urbana.
La disparidad de marginación entre distintas zonas de la ciudad también se aprecia en la distribución de la población residente en zonas urbanas según el grado de marginación por delegación.
Puede verse que en ciertas delegaciones, como Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Coyoacán la población residente tiene una marginación escasa o mínima. De hecho, en todas estas demarcaciones dos terceras partes o más de los habitantes residen en zonas de baja o muy baja marginalidad.
En contraste, en ciertas delegaciones más del 80 por ciento de la población reside en zonas de alta y muy alta marginalidad, en este grupo se encuentran, Milpa Alta, Iztapalapa, Xochimilco y Tláhuac.
La delegación Tláhuac está situada en el sureste del Distrito Federal, colinda al norte con Iztapalapa, al sur y suroeste con Milpa Alta y al oeste con Xochimilco; al ser limítrofe del Distrito Federal colinda al este con los municipios mexiquenses de Valle de Chalco Solidaridad y Chalco.
Por su situación geográfica, la delegación puede ser considerada como periférica y tiene un relativo aislamiento respecto al centro de la Ciudad, ya que sus intercambios se realizan más hacia los municipios mexiquenses colindantes.
Los datos del censo de 2005 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la delegación Tláhuac dan una cifra de 344 mil 106 habitantes, de los cuales 167 mil 271 son hombres, y 176 mil 835, mujeres, el grupo quinquenal de edad de 10 a 14 años es el que cuenta con mayor población, la de 0 a 24 años de edad representa cerca del 48 por ciento de la población, lo que especifica que la mayor parte de los habitantes de esta demarcación está representada por población joven; así, sufre un doble efecto: el de la migración y el de una alta natalidad.
Para 2005, en una superficie de 9 mil 178 hectáreas, que representa el 6.70 por ciento del territorio del Distrito Federal, la población de esa delegación representa el 3.9 por ciento del total de la entidad, en condiciones precarias, de deterioro habitacional y con acceso limitado y deficiente de los servicios públicos.
Del total de hectáreas de la delegación, 3 mil 121 son de suelo urbano, de las cuales el 51 por ciento corresponde a uso habitacional; y las 6 mil 57 restantes son de conservación; las que enfrentan, de forma frecuente, problemas de invasión y desalojos.
En materia de equipamiento para salud, la situación es aún más deficitaria. Para 2005 se contaban con escasas unidades médicas en servicio; si a esto de le suma que tampoco las delegaciones próximas, Xochimilco y Milpa Alta, cuentan con hospitales de especialidad, las necesidades de los habitantes de Tláhuac se cubren en delegaciones más lejanas, lo cual implica la realización de largos recorridos.
Por otro lado, los problemas que enfrentan los habitantes de Tláhuac son las vialidades, por ello es que se necesita desarrollar proyectos para la construcción de nuevas vías que permitan un mejor tránsito vehicular y, de alguna manera minimicen los efectos de la obra de la Línea 12 del Metro.
Cabe señalar que en la Ciudad de México existen mil kilómetros de vialidades primarias, y en Tláhuac apenas se cuenta con 15 kilómetros.
Por lo que respecta a la infraestructura vial básica y de transporte, la delegación dispone de pocas vías de acceso, como las avenidas Tláhuac, Tláhuac-Tulyehualco, División del Norte y 20 de Noviembre, así como Leandro Valle, Antiguo Camino a Tlaltenco y el Eje 10, que desemboca en la carretera federal México-Puebla.
El servicio de transporte público está integrado por autobuses urbanos, colectivos, taxis y bicitaxis. Las rutas de transporte delegacional e interdelegacional se sitúan principalmente en la avenida Tláhuac-Tulyehualco, debido a que es la de mayor comunicación con las delegaciones vecinas; sin embargo, el servicio de transporte es insuficiente y caro para una población perteneciente en su gran mayoría a grupos de bajos ingresos. Además, las distancias de los desplazamientos son mayores que en el resto de la Ciudad, baste mencionar que las estaciones más cercanas del Sistema de Transporte Colectivo Metro se encuentran en la delegación Iztapalapa y en Coyoacán.
Por las características socioeconómicas y geográficas de la delegación, es necesario integrar a su población a un trabajo digno y cercano a sus domicilios.
En razón de lo expuesto y fundamentado, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Comisión de Comunicaciones, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, en el contexto del análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, a considerar y etiquetar la cantidad de 300 millones de pesos para la construcción de la segunda etapa de libramiento de San Juan Ixtayopan a Santa Catarina en la delegación Tláhuac, Distrito Federal.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 8 de julio de 2009.
Diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública. Julio 8 de 2009.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE
A 2010 SE ASIGNEN Y ETIQUETEN RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CUATRO CENTROS
DE SALUD EN TLÁHUAC, RECIBIDA DE LA DIPUTADA GUADALUPE SOCORRO FLORES
SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 8 DE JULIO DE 2009
La que suscribe, Guadalupe Socorro Flores Salazar, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, en razón de la siguiente
Exposición de Motivos
De conformidad con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, todo ser humano tiene derecho a la salud, y se considera la enfermedad como un mal social; combatirla es una responsabilidad pública. Por esa razón, la salud es el eje por el cual deben girar las políticas sociales de un gobierno para proveer bienestar a su población. En el caso de México, el marco jurídico que define el derecho al acceso a los servicios de salud se consagra en el artículo 4o. de la Constitución.
De acuerdo con los índices de marginación en México, las condiciones de marginación y pobreza más notoria se localizan en las delegaciones Tláhuac, Milpa Alta, Iztapalapa y Xochimilco. Ello sitúa la zona sur-oriente de la Ciudad de México con condiciones de alta y muy alta marginalidad.
En cuanto a la dinámica sociodemográfica de la delegación Tláhuac, es importante hacer notar el crecimiento poblacional. En las décadas de 1970 a 1990 se registró una explosión poblacional, lo que derivó en un aumento superior a 400 por ciento. En 1970 habitaban en la delegación 62 mil 419 y para 1990 su población era de 206 mil 700 personas. Como consecuencia de la progresiva saturación del suelo urbanizable, la población continuó en ascenso, hasta llegar a 344 mil 106 habitantes en 2005. En este último año, Tláhuac registró una tasa de crecimiento de 4.1 por ciento. Asimismo, la población de la delegación, en el periodo comprendido en 1970 a 2005, pasó de representar 0.91 a 4.2 por ciento respecto al total de los habitantes del Distrito Federal.
Eso refleja que, en las últimas dos décadas, la delegación Tláhuac acelera los procesos de urbanización con la expulsión de pobres hacia la periferia y el despoblamiento de la ciudad central, lo que agudiza su segregación socio-territorial y polariza las condiciones de vida y salud.
Actualmente el crecimiento poblacional en Tláhuac es el más alto en el Distrito Federal. También presenta las tasas de fecundidad y natalidad más altas. La delegación Tláhuac cuenta con 85 por ciento de pobres.
La Ciudad de México presenta en términos generales valores promedio de los indicadores de vida y bienestar por arriba de la media nacional. Sin embargo, cuando se analizan las regiones, delegaciones o espacios-población específicos, el comportamiento de los indicadores expresa condiciones de vida muy heterogéneas y revela territorios fragmentados.
Al analizar por separado los índices de marginalidad, se observa que Tláhuac se halla sistemáticamente en uno de los últimos lugares de las delegaciones, concentrando así las mayores proporciones de vivienda precaria, la insuficiencia en el equipamiento básico de servicios y los porcentajes mayores de no derechohabiencia. Los indicadores también señalan porcentajes elevados de población de 15 y más años sin instrucción y de población económicamente activa con ingresos menores de 3 salarios mínimos.
En Tláhuac, la mayoría de las viviendas se localiza en territorios fuera de las disposiciones urbanas, y es habitada por familias de trabajadores de bajos ingresos, así como por población subempleada y desempleada. Eso representa que cerca de 52.9 por ciento de la población carece de seguridad social.
Los datos de marginalidad encontrados contribuyen al perfil de morbilidad caracterizado por el predominio de enfermedades infecto-contagiosas y carenciales.
Respecto al problema de enfermedades carenciales en menores de 5 años, se observa que la delegación Tláhuac presenta la mayor frecuencia de estos padecimientos, y el diagnóstico de desnutrición leve figura entre las principales causas de morbilidad por demanda de atención de los servicios de salud. La mortalidad infantil es elevada, ya que en los últimos años esta delegación presentó los índices más altos de muerte en niños menores de un año, por una tasa de 22 por cada 10 mil NVR.
Los cambios de los perfiles demográficos y epidemiológicos de la población urbana y la desinversión federal en infraestructura médico-sanitaria profundizan el desfase entre las necesidades de salud y las capacidades de atención del sistema público nacional.
En los últimos 30 años, la transformación socio-territorial de la ciudad y la inversión insuficiente en infraestructura en salud se combinaron negativamente y produjeron un desfase entre las necesidades de salud de la población y la capacidad de respuesta del sistema público de salud.
La situación externa está representada por los hospitales pediátricos, que en promedio tienen 40 años de haber sido construidos, por lo que su ubicación corresponde a las necesidades de atención médica y a los patrones de poblamiento de esta época. Ello explica parcialmente que la ocupación de estas unidades oscile entre 50 y 55 por ciento. En contraste, una parte sustancial de la demanda de atención de estas unidades proviene de la zona conurbada.
Si bien la Ciudad de México concentra como ninguna otra entidad recursos e infraestructura para la atención de la salud de la población sin seguridad social, su distribución es desigual: se concentra sobre todo en la parte central de la ciudad. Las unidades hospitalarias se hallan donde estaba la población hace 30 o 40 años en su mayoría, el diseño y la construcción de las unidades médicas corresponden a los principales problemas de enfermedad y muerte de esta época.
La situación se agrava por la escasa inversión para adecuar la disponibilidad de los servicios de salud a los patrones demográficos, epidemiológicas y de poblamiento de la ciudad actual y futura.
Otro problema que enfrentan los servicios de salud de Tláhuac es que gran parte de los usuarios de este servicio proviene del estado de México. Por tal motivo se necesita mejorar la infraestructura de los centros de salud de las colonias Quiahuatla y Zapotitla, y de los pueblos de Mixquic y Santa Catarina, en esa delegación.
En conclusión, con la siguiente propuesta se pretende
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a las Comisiones de Salud, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados que, en el marco del análisis, la discusión y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2010, se consideren y se etiqueten 70 millones de pesos para la sustitución y el mejoramiento de cuatro centros de salud en Tláhuac, Distrito Federal.
Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 8 de julio de 2009.
Diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública. Julio 8 de 2009.)
A la undécima reunión ordinaria, que se llevará a cabo el lunes 13 de julio, de las 10:00 a las 12:00 horas, en el salón E del edificio G.
Atentamente
Diputado Daniel Torres García
Presidente
DE LA TERCERA COMISIÓN HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
A la reunión que tendrá lugar el martes 14 de julio, a las 13:00 horas, en la sala de comisiones Miguel Ramos Arizpe, situada en Donceles 14, primer piso (oficinas del Senado de la República).
Atentamente
Diputado César Duarte Jáquez
Presidente
DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN DEL ACCESO DIGITAL A LOS MEXICANOS
A la presentación del informe final de actividades del órgano legislativo convocante, que se llevará a cabo el miércoles 15 de julio, a las 18:00 horas, en la zona C del edificio G.
Orden del Día
A la exposición Imágenes de mi tierra, que permanecerá hasta el viernes 10 de julio en el vestíbulo principal.
Atentamente
Diputado José Alfonso Suárez del Real y
Aguilera
Presidente
DE LA COMISIÓN DE CULTURA
A la exposición Hábitat, que permanecerá hasta el viernes 10 de julio en el vestíbulo principal.
Atentamente
Diputado José Alfonso Suárez del Real y
Aguilera
Presidente
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIOS DE LAS POLÍTICAS PARA LA MIGRACIÓN INTERNA
Al diplomado Análisis y debate de los problemas contemporáneos de México que, en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se llevará a cabo los viernes de las 15:00 a las 21:00 horas y los sábados de las 9:00 a las 14:00 comprendidos hasta el 11 de julio, en la Cámara de Diputados.
Se analizarán los grandes problemas nacionales en sus dimensiones social, política, económica, cultural, internacional y legal, las leyes y políticas que enmarcan su tratamiento, a fin de identificar las condiciones que los determinan actualmente, generar su clarificación y proponer las reformas que se requieren para dar un nuevo curso al desarrollo del país.
Módulo 1. El estado de derecho a debate: ¿vigencia o decadencia?
DE LA COMISIÓN DE CULTURA
A la exposición La Ciudad de los Palacios, que permanecerá del lunes 13 al viernes 17 de julio en el vestíbulo principal, donde se inaugurará el martes 14, a las 12:00 horas.
Atentamente
Diputado José Alfonso Suárez del Real y
Aguilera
Presidente
DE LA COMISIÓN DE CULTURA
A la exposición Naturaleza abstracta, que permanecerá del lunes 13 al viernes 17 de julio y se inaugurará el martes 14, a las 12:30 horas, en el vestíbulo principal.
Atentamente
Diputado José Alfonso Suárez del Real y
Aguilera
Presidente
DE LA COMISIÓN DE CULTURA
Al foro Delitos en contra del patrimonio cultural de la nación, que se llevará a cabo el martes 14 de julio, de las 9:00 a las 18:00 horas, en el Salón Verde, situado en el segundo piso del edificio A.
Atentamente
Diputado José Alfonso Suárez del Real y
Aguilera
Presidente
DE LA COMISIÓN DE CULTURA
Al foro Diagnóstico cultural en México, que se llevará a cabo el miércoles 15 de julio, de las 9:00 a las 13:00 horas, en el Salón Verde, situado en el segundo piso del edificio A.
Atentamente
Diputado José Alfonso Suárez del Real y
Aguilera
Presidente
DE LA COMISIÓN DE CULTURA
Al foro-debate Futuro del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que se llevará a cabo el jueves 16 de julio, de las 9:00 a las 18:00 horas, en el Salón Verde, situado en el segundo piso del edificio A.
Atentamente
Diputado José Alfonso Suárez del Real y
Aguilera
Presidente
DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA
Al foro La industria del mezcal en México: problemática, retos y oportunidades que, organizado con las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural, se llevará a cabo el miércoles 22 de julio, de las 9:00 a las 16:00 horas, en el salón Legisladores de la República, situado en el segundo piso del edificio A.
Atentamente
Diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez
Presidenta
DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA
Al diplomado Opinión pública y comunicación política que, en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, se llevará a cabo hasta el viernes 24 de julio, en la sala 4 del edificio I.
El diplomado contará con la participación de reconocidos especialistas de las principales casas encuestadoras en México, como Jorge Buendía, de Buendía & Asociados; Francisco Abundis, de Parametría; Roy Campos, de Consulta Mitofsky; y Ulises Beltrán, de BGC; e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estará dividido en seis módulos y 24 sesiones, con 48 horas efectivas de trabajo.
La vigésima tercera y vigésima cuarta sesiones se llevarán a cabo el 23 y el 24 de julio, de las 17:00 a las 20:00 y de las 10:00 a las 14:00 horas, respectivamente, en los salones de usos múltiples números 3 y 4 del edificio I.
Metodología
Módulo 6. Opinión pública, negociación y políticas públicas.
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS
Al foro Experiencias de funcionarios públicos hablantes de lenguas indígenas en el ejercicio de su cargo que, con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, se llevará a cabo el jueves 30 de julio, de las 10:00 a las 14:00 horas, en el salón 4 del edificio I.
Atentamente
Diputado Marcos Matías Alonso
Presidente