La suscrita, Sonia Nohelia Ibarra Franquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El principio universal del interés superior de la infancia se encuentra establecido en nuestra Constitución en el artículo 4o., el cual dispone que "los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral". Que "los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos" y el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.
Sin embargo, la niñez mexicana es uno de los grupos más vulnerables que existen en el país. A pesar de formar parte de la mitad de la población, son víctimas de constantes abusos y se encuentran expuestos a entornos violentos tanto en el hogar como en sus escuelas. Adicionalmente, México ocupa el lugar 28 en el mundo y el 5 en América Latina con mayor comercio sexual de menores.
En el informe "La infancia cuenta en México 2008", publicado por la Red por los Derechos de la Infancia en México, se señala que en 2007 había en México más de 29 mil menores sin el cuidado de sus padres. 58 por ciento eran niñas y 42 por ciento niños; 23 por ciento pertenecía al grupo de edad de 0 a 6 años, y 77 por ciento, de 7 a 17 años. Estos niños y niñas viven en 703 centros de atención, 89 por ciento de estos centros es operado por organizaciones no gubernamentales y el restante por centros asistenciales del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Señala este informe que las entidades con mayor oferta de centros son el Distrito Federal, Baja California y Jalisco.
Por tanto, las desapariciones de la menor Ilse Michelle y de otros niños del albergue denominado "Casita del Sur" en Tlalpan, Distrito Federal, no pueden quedar impunes. Desde hace seis semanas, Ilse Michelle es la niña desaparecida "más buscada" por las autoridades del gobierno de la ciudad. Sin embargo, su paradero aún se desconoce.
Así lo ha reconocido el propio procurador del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, al tiempo que el Centro de Apoyo para Personas Extraviadas o Ausentes (CAPEA) a su cargo ya ha mandado colocar en sitios públicos un cartel con el rostro de esta pequeña de escasos 10 años.
Esta menor fue ingresada al CAPEA y posteriormente al albergue Casita del Sur en 2005, tras encarcelarse a sus tutores: un padrastro que presuntamente abusaba de ella y una madre biológica que lo permitiría.
Fue hasta finales de octubre de 2008 que se presentó su abuela, Ardelia Martínez, con una sentencia de la juez 16 de lo familiar, Gloria Rosa Santos, otorgándole la tutela.
Para sorpresa de la abuela y de las autoridades del Distrito Federal, el albergue a cargo de Vanesa Barros no logró explicar la desaparición de la niña, inclusive enfrentando un cateo por parte de la Procuraduría del Distrito Federal y un intento por encarcelarla, negado por el juez 64 del reclusorio sur, Eduardo Mata, quien argumentó que la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal no reunió elementos para acreditar la responsabilidad de Vanesa Barros.
Hasta hoy, la desaparición de Ilse es un enigma que envuelve a familiares, funcionarios, jueces, policías y hasta a la directiva del albergue que no ha querido dar ningún tipo de información.
Por lo antes expuesto, someto a consideración de la soberanía proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a ejercer su facultad de atracción y competencia en el caso de la niña Ilse Michelle y demás menores desaparecidos en el albergue Casita del Sur, en el Distrito Federal.
Segundo. Que al ejercer su facultad de atracción, la Procuraduría General de la República agote los protocolos y mecanismos internacionales que permitan dar con el paradero de la niña Ilse Michelle y demás menores desaparecidos en el albergue.
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 19 de febrero de 2009.
Diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SCT A REALIZAR ESTUDIOS SOBRE EL LÍMITE DE VELOCIDAD
ESTABLECIDO EN LAS AUTOPISTAS DEL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ
GILDARDO GUERRERO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
José Gildardo Guerrero Torres, diputado federal a la LX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos, 58, 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Actualmente, en el mundo han surgido diversos estudios de urbanistas y especialistas en transporte1 en los que se determinó que no es cierta la relación directa entre la velocidad y el índice de accidentalidad en las vías de comunicación, pues existen miles de factores críticos que a la fecha se han ignorado.
Aunque pudiera parecer sorprendente se ha constatado, que "la seguridad se incrementa y aparecen menores accidentes cuando el tráfico fluye a velocidad uniforme, ya que los conductores se vuelven menos impacientes y adelantan menos".
Por su parte, se demostró que cuando se circula despacio, bajan los niveles de atención del conductor y aparecen la fatiga y el aburrimiento, incrementándose la posibilidad de cometer errores.
Asimismo, el estudio en cuestión reveló que los congestionamientos provocados por la disminución de la velocidad, incrementan las situaciones de estrés y frustración entre los conductores; y diversas estadísticas demuestran que la reducción de velocidad no implica una reducción en la siniestralidad, en el estudio del ingeniero Juan Francisco Dols se hace notar que únicamente alrededor del 13 por ciento de los siniestros automovilísticos son causados por superar los límites de velocidad y no está demostrada una relación directa entre la velocidad máxima asignada a cada vía y la frecuencia de accidentes en estos tramos.
El estudio del doctor Juan Francisco Dols se corrobora con diversas investigaciones realizadas por el club automovilístico alemán ADAC, Meter Hemschik, en las cuales se establece que el límite de velocidad en las autopistas no garantiza más seguridad ni que se produzcan menos muertos por accidentes; cabe referir que en Alemania 53 por ciento de las autopistas carece de la prohibición de límite de velocidad.
La recomendación del referido club automovilístico es contraria al establecimiento de la restricción general de límite de velocidad en las autopistas, pero a cambio propone límites de velocidad locales en puntos negros con muchos accidentes, los cuales serían controlados estrictamente; así como concienciar al conductor de su responsabilidad con programas de información; medidas que sin duda podrían resultar mucho más efectivas para incrementar el grado de seguridad en vías de comunicación como las autopistas.
Se ha determinado, por su parte, que las autopistas o vías rápidas son los medios de comunicación más seguros, pues la mayor parte de los accidentes se registran en carreteras locales, construidas con dos carriles. Además, se ha concluido que la reducción de la velocidad también podría abonar a incrementar los índices de contaminación.
En adición a lo expuesto, resulta también interesante la aplicación de un "sistema de velocidad variable" en las distintas autopistas del país; es decir, modificar el límite de velocidad permitida, tomando en consideración las condiciones climáticas, la hora, el estado del pavimento, entre otros factores, para su establecimiento.
Al parecer, la conclusión que pudiera derivarse de lo antes expuesto, es que la accidentalidad en autopistas podría no provenir del exceso de velocidad, sino de la velocidad inadecuada, luego entonces resultaría importante obtener datos precisos de la situación que al respecto priva en nuestro país, por lo que se considera conveniente solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que realice estudios que determinen si las tesis de los estudios referidos aplican a la realidad nacional y si ese fuera el caso, la misma secretaría, considerara la viabilidad de incrementar el límite de velocidad en las autopistas de la red carretera nacional, así como la conveniencia de establecer "sistemas de velocidad variable" en éstas.
Por lo expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a realizar estudios que aclaren si el exceso de velocidad es el factor determinante de accidentalidad en las autopistas de la red carretera nacional; y
Segundo. En caso de que el factor velocidad no fuera determinante en la accidentalidad ocurrida en las autopistas, pudiera considerar el estudio de la viabilidad y conveniencia de incrementar el límite de velocidad en las autopistas de la red de carreteras nacionales, así como de establecer "sistemas de velocidad variable" en ellas.
Nota
1. Ingeniero Juan Francisco Dols, Universidad Politécnica
de Valencia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2009.
Diputado José Gildardo Guerrero Torres (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA SCT PARA QUE INFORME SOBRE
EL ESTADO QUE GUARDAN LOS ASUNTOS DEL DESPACHO QUE LE HA ENCOMENDADO EL
EJECUTIVO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS SERGIO ALCÁNTARA
NÚÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Jesús Sergio Alcántara Núñez, diputado federal a la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a esta soberanía proposición con punto de acuerdo para citar a comparecer al secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
El Estado mexicano enfrenta una serie de retos en el sector de las comunicaciones y los transportes que exigen la actuación seria, responsable y eficaz de los servidores públicos de la federación encargados de su adecuado despacho.
En las últimas semanas han sucedido una serie de acontecimientos que involucran al doctor Luis Téllez Kuenzler, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que pudieran estar ocasionando una inadecuada conducción de la política del ramo, por lo que se hace necesario citarlo a comparecer ante esta soberanía para que explique, entre otros asuntos, los alcances del las últimas reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión.
El respeto y la colaboración entre los poderes es vital para la buena marcha del país; los legisladores queremos mantener una comunicación fluida y directa con el doctor Luis Téllez, y la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre los asuntos que le ha delegado el presidente de la República.
Resulta altamente preocupante para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional que el secretario Téllez pudiera estar desempeñando sus funciones y atribuciones apartado del diálogo, de la discusión y de la recepción de opiniones de los mexicanos que mantienen relación con esta dependencia de la administración pública federal, en detrimento del país.
El ejercicio del gobierno implica conocer, tratar y resolver los diversos asuntos que se presentan con sensibilidad y respeto; fundando y motivando sus resoluciones siempre con respeto a la ley, sin preferencias por intereses personales o de grupo y privilegiando el interés superior de la nación, por lo que resulta oportuno conocer de primera mano el estado que guarda el despacho de los asuntos de esta secretaría.
La interlocución y el diálogo constructivo con los diversos agentes que inciden en el sector parecieran estar truncos; los avances en los diversos proyectos de infraestructura carretera, portuaria, aeroportuaria y en zonas urbanas, entre otros, precisan ser informados a esta soberanía, en forma oportuna y directa.
Nos preocupa, a los legisladores del Partido Revolucionario Institucional que se pudiera presentar, en breve, un proyecto de Ley General de Telecomunicaciones que genere un debate innecesario y provoque confrontaciones entre los distintos agentes de la economía nacional, que complicaría o agudizaría los efectos de la crisis económica que enfrentamos.
Los invito a que aprobemos este punto de acuerdo porque considero pertinente mantener la interlocución con el titular del ramo de las comunicaciones; ya que la sensibilidad política y la cautela son necesarias para escuchar y atender las demandas de quienes inciden en el sector para transitar a una nueva etapa de las telecomunicaciones y los transportes que demanda el México del siglo XXI.
Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía, como de urgente resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión cita a Luis Téllez Kuenzler, secretario de Comunicaciones y Transportes, para que comparezca ante el Pleno de esta soberanía, e informe sobre el estado que guardan los asuntos del despacho que le ha delegado el presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2009.
Diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SHCP Y DE LA PGR QUE INFORMEN A ESTA
SOBERANÍA RESPECTO A LA CAPITALIZACIÓN QUE HAN EFECTUADO
DIVERSOS BANCOS Y A LAS CORRESPONDIENTES REPERCUSIONES JURÍDICAS,
A CARGO DEL DIPUTADO MANUEL CÁRDENAS FONSECA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE NUEVA ALIANZA
El suscrito, diputado Manuel Cárdenas Fonseca, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta como asunto de urgente y obvia resolución proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al secretario de Hacienda y Crédito Público y al procurador general de la República que informen a esta soberanía respecto a la capitalización que diversos bancos han efectuado, así como las repercusiones jurídicas al respecto, conforme a las siguientes
Consideraciones
El capital de un banco provee una red de seguridad para absorber un cierto nivel de pérdidas inesperadas sin afectar negativamente los intereses de los depositantes. El capital provee protección a los depositantes a través de las siguientes dos formas: i) en el caso de situaciones adversas al banco, el capital tiene capacidad para absorber las pérdidas, por ejemplo, a través del no pago de dividendos a los accionistas o cupones de instrumentos híbridos; y ii) en el caso de liquidación de una entidad financiera el capital tiene menor grado de prelación que los depositantes.
El capital regulatorio es denominado "capital neto" por las normas mexicanas, y está formado por una parte básica y otra complementaria. Dentro del capital básico se admiten "los instrumentos de capitalización bancaria con flujos no acumulativos, es decir, en los que el emisor tenga la opción de que estos devenguen rendimientos. El monto computable como capital básico tendrá un límite de 15 por ciento de la parte básica, sin incluir a tales instrumentos" (Secretaría de Hacienda y Crédito Público).
Para que dichos instrumentos híbridos, que allí se denominan instrumentos de capitalización bancaria con flujos no acumulativos, computen en la proporción básica del capital, deben contar con autorización de la secretaría y la opinión de la comisión y el Banco de México. Asimismo, deben tener, como características, un plazo mínimo de 10 años en el caso que no sean de conversión obligatoria en certificados de aporte patrimonial (plazo que puede ser extendido por la secretaría); una prelación inferior a la deuda subordinada; valor nominal pagadero al vencimiento; y no tener garantías específicas por parte del emisor. El monto total de las emisiones de los instrumentos de capitalización bancaria no convertibles computará como capital con excepción del segundo año inmediato anterior y el año inmediato anterior al vencimiento en los cuales únicamente se considerará el 50 por ciento y el 20 por ciento respectivamente del saldo correspondiente.
En lo referido a la parte complementaria, se establece que se integrará por
b) Las obligaciones subordinadas no convertibles o de conversión voluntaria a capital hasta por un monto que no exceda del cincuenta por ciento de la parte básica.
No obstante, de acuerdo con las reglas de carácter general a las que se refiere el artículo 134 Bis de la Ley Instituciones de Crédito, mejor conocida como acciones correctivas tempranas, los 43 bancos que actualmente integran el sistema financiero mexicano registran un Icap superior a 10 por ciento exigido por lo que se sitúan en la categoría I.
El índice de capitalización, que mide la relación entre el capital neto y los activos sujetos a riesgo, es una medición de la solvencia de un banco. La recomendación del Banco de Pagos Internacionales, entidad que agrupa a bancos centrales y reguladores de todo el mundo, es que el índice de capitalización sea no menor a 8 por ciento.
Según la CNBV, el índice de capitalización promedio del sistema bancario se situó en febrero, en todos los casos, arriba del nivel mínimo recomendado internacionalmente. En BBVA Bancomer fue de 16.06 por ciento; en Banamex, de 16.26; y en Santander, de 13.03 por ciento, por citar a los bancos más grandes de los que operan en el país.
Aun con esta solidez financiera, el crecimiento del crédito, en especial dada la estrategia actual de la banca en México de canalizar más financiamiento a estratos de ingreso entre 3 mil y 5 mil pesos al mes y sin experiencia en el manejo de crédito, ha puesto la atención de analistas en la evolución de la morosidad.
Standard and Poor’s, la principal firma de calificación de valores en el mundo, comentó que a lo largo del último año el sistema bancario en México registró un aumento de los activos con problema, especialmente entre el tercer y cuarto trimestre, cuando el incremento en este rubro fue de 8 por ciento.
La Secretaría de Hacienda detectó que en las últimas semanas bancos establecidos en México trasladaron liquidez a sus matrices en el extranjero, a fin de hacer frente a la crisis que afecta los sectores financieros del mundo, sostuvo el jefe de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el marco del décimo Seminario internacional de prevención de lavado de dinero y financiamiento al narcotráfico. Ahí explicó que el modelo de la banca en México se compone por instituciones subsidiarias de los bancos extranjeros y en coyunturas difíciles como la actual trasladan liquidez para solventar sus crisis.
Ya sean créditos o intercambios, o sea cual sea la forma en que se documenten las transferencias, la ley mexicana prevé que no se podrán hacer ese tipo de operaciones de liquidez por montos superiores a 50 por ciento del capital neto de las instituciones.
En febrero pasado entró en vigor una modificación a la legislación para evitar que se extralimiten las transferencias de recursos y de esa manera se garantiza la capitalización permanente de la banca en México.
Adicionalmente, muchas instituciones bancarias que tienen su matriz en el extranjero, aún cuando están operando en nuestro país como instituciones mexicanas, recibieron en los últimos meses aportaciones a su capital y rescate con recursos provenientes de gobiernos extranjeros.
Por lo expuesto y fundado, solicito que, mediante el trámite de urgente y obvia resolución, la Cámara de Diputados emita los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión solicita al secretario de Hacienda y Crédito Público y al procurador general de la República que expliquen, fundada y motivadamente, las acciones de capitalización que han efectuado las instituciones de banca múltiple que operan en el país.
Segundo. Que señalen con precisión bajo qué criterios y preceptos legales fueron autorizadas dichas capitalizaciones, sus montos y las instituciones de crédito que las realizaron.
Tercero. Que expliquen quiénes autorizaron dichas transferencias de liquidez a sus matrices en el extranjero, así como los motivos para determinar a unos bancos sobre otros.
Cuarto. Que estas autoridades –Secretaría de Hacienda y Crédito Público–, en su carácter de coordinadora sectorial y encargada de normar la operación bancaria, y la Procuraduría General de la República, en su carácter de abogado de la nación, nos informen fundando en derecho su respuesta, si la capitalización de los bancos con matriz en el extranjero que recibieron aportaciones de capital convertibles a acciones y, en su caso, toma de asiento y decisiones en los consejos de administración, violan o no las disposiciones jurídicas del derecho positivo mexicano.
Quinto. Que aclaren a esta soberanía los motivos para negar a grupo financiero Banorte una capitalización aun cuando la calificación otorgada a éste por Standard and Poor’s lo coloca en posición para la autorización.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2009.
Diputado Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INAH PARA QUE INFORME
RESPECTO A LOS PROBLEMAS REFERIDOS A SU GESTIÓN AL FRENTE DE DICHA
INSTITUCIÓN, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS AURORA CERVANTES RODRÍGUEZ
Y JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Los diputados federales José Alfonso Suárez del Real y Aguilera y Aurora Cervantes Rodríguez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Uno de los temas que mueven las voluntades y conciencias de todos los mexicanos es la protección y uso de nuestro patrimonio. Esta soberanía atestiguó los debates apasionados en torno a la explotación de nuestra riqueza petrolera, y la firme voluntad que quedó manifiesta de conservar este energético como un bien de la nación. El caso de la riqueza cultural no puede ser una excepción.
Sin embargo, aunque la nación se integra en el imaginario cultural y se afirma en las realidades creadas por la cultura, la enorme riqueza cultural de todos los mexicanos se encuentra en vilo. Existen problemas de apropiación indebida, tráfico ilícito, robo de bienes culturales y destrucción. Para contrarrestar estos efectos, México creó organismos como el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
Recientemente, el caso de Teotihuacan ha estado en los titulares de los periódicos nacionales, debido al espectáculo de luz y sonido Resplandor teotihuacano, el cual ha sido erróneo tal y como lo reconoció públicamente el arqueólogo Roberto García Moll, presidente del Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) el 12 de enero en sesión de trabajo con legisladores
Entre los temas que han provocado una crisis en la ejecución del espectáculo de luz y sonido Resplandor teotihuacano está la abdicación de las funciones que por ley son conferidas al INAH, al no revisar los proyectos ni el desarrollo de las obras que autoriza.
La auditoría de desempeño aplicada por la Auditoría Superior de la Federación en 2006 al INAH arroja algunos problemas que, de no corregirse, podrían poner en crisis al instituto; aún más, nuestro patrimonio fósil, arqueológico e histórico quedaría en la incuria total, con lo que podríamos dejar en riesgo zonas y sitios de importancia nacional; y en algunos casos como el de Teotihuacán perderíamos declaratorias de zonas y sitios patrimonio cultural de la humanidad. El dictamen de la Auditoría Superior de la Federación no deja lugar a dudas:
A esto se debe que el artículo 93 constitucional establezca de manera precisa la obligación de los funcionarios del gobierno federal para comparecer ante esta soberanía:
Después de los informes de gobierno, las comparecencias tienen una obligatoriedad no sólo por la necesidad de informar a un poder autónomo de la nación como el Congreso, sino por la necesidad democrática de informar públicamente el estado de las finanzas y el desarrollo de las instituciones del Estado, más aún si se considera que dicha información es fundamental para la ciudadanía, que debe conocer el nivel de desarrollo de las políticas públicas y el honesto desempeño de funciones de los titulares de las instituciones de gobierno.
Es así que solicitamos a esta soberanía que se cite al titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, licenciado Alfonso de Maria y Campos Castelló, para que esclarezca problemas referidos a su gestión como director del INAH, y explique a esta soberanía la manera en que está solventando las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y la forma en que está cumpliendo sus recomendaciones; de no ser así, qué tipo de acciones tiene previstas.
Debe considerarse que el Instituto Nacional de Antropología e Historia realiza labores prioritarias en el resguardo e investigación de nuestro patrimonio arqueológico e histórico, que tiene una cobertura que abarca la totalidad de la República Mexicana y que los problemas referidos en este punto de acuerdo guardan importancia nacional. El riesgo para nuestro patrimonio es evidente, tanto por los problemas generados por el abandono de programas prioritarios, en los que la federación ha invertido cuantiosos recursos, financieros, laborales, programáticos y físicos del INAH, como la adquisición de terrenos en zonas arqueológicas prioritarias y los proyectos interdisciplinarios de incorporación de comunidades en zonas arqueológicas (Teotihuacán, Tajín, Chichen Itzá, Monte Albán, Zempoala); el abandono de este último programa es una de las razones por las que han estallado conflictos sociales -que ya produjeron muertos- en las comunidades de Chicontepek, Tulum, Toniná. Debemos conocer las medidas que se toman para resolver esta situación por medio de la comparecencia del titular del INAH.
Por todo lo anterior, sometemos este punto de acuerdo a la consideración del Pleno, y solicitamos que sea considerada de urgente u obvia resolución la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se cita a comparecer al director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, licenciado Alfonso de Maria y Campos Castelló, para que informe detalladamente la situación que guardan los problemas referidos a su gestión como director del INAH: acerca de las posibles omisiones a los exhortos del Congreso, así como a los resolutivos y recomendaciones del informe de la Comisión de Cultura sobre el programa regional de desarrollo turístico del corredor Teotihuacán-Acolman-Otumba-San Martín-Axapusco-Nopaltepec, y en particular al proyecto Resplandor teotihuacano; el aparente abandono de programas prioritarios cono el de adquisición de terrenos en zonas arqueológicas prioritarias y los proyectos interdisciplinarios de incorporación de comunidades en zonas arqueológicas (Teotihuacán, Tajín, Chichen Itzá, Monte Albán, Zempoala); los conflictos sociales en zonas arqueológicas como Palenque, Tulum, Chicultik, Toniná; además, que exponga a esta soberanía la manera en que el INAH está solventando las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y la forma en que está cumpliendo con sus recomendaciones; de no ser así, qué tipo de acciones tiene previstas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2009.
Diputados: José Alfonso Suárez del
Real y Aguilera, Aurora Cervantes Rodríguez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE INVITA AL GOBERNADOR DEL BANCO DE MÉXICO PARA QUE INFORME A ESTA
SOBERANÍA SOBRE LAS POLÍTICAS DE COMPRAVENTA DE DÓLARES
QUE LA INSTITUCIÓN HA APLICADO DURANTE LOS ÚLTIMOS MESES,
A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS SERGIO ALCÁNTARA NÚÑEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el presente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes
Motivos
En últimas fechas, la actual crisis económica, que se resiente en todo el mundo por igual, ha provocado en nuestro país diversos efectos negativos en nuestra economía, tales como una disminución importante en las exportaciones; la baja de los precios del petróleo, entre otras.
Lo anterior ha provocado que el precio del peso mexicano se haya visto afectado de manera preocupante ante su caída frente al dólar, por lo que el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Comisión de Cambios, realizaron maniobras para mantener el valor de la moneda nacional frente al dólar, recurriendo a la venta directa de divisas con intermediarios y actores del mercado cambiario.
Cabe señalar, que el objetivo de dicha política es proveer liquidez y atenuar la volatilidad en el mercado.
En tal virtud podemos señalar, que si no hay una política clara para mitigar los efectos de éste problema, y a medida que avanza el 2009, se puede acrecentar aún más la crisis en nuestro país, considerando que los indicadores de la economía mexicana acentúan una tendencia negativa.
Por lo anterior, resulta necesario conocer con detalle las políticas implementadas por las autoridades en la compra y venta de dólares, a fin de estar preparados por cualquier contingencia que pudiera presentarse con posterioridad.
En suma, la crisis que enfrentamos es una de las más agudas de la historia, lo que representa un gran reto, en el que las acciones que se implementen determinarán el rumbo de nuestro país, por lo que es momento de sumar esfuerzos por parte de los diferentes sectores productivos, políticos, gubernamentales y sociales, a fin de lograr alcanzar el objetivo de solventar la crisis financiera actual.
En razón de lo anterior someto a consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados hace una cordial invitación al gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, para que informe a esta soberanía sobre las políticas de compraventa de dólares que esa institución ha efectuado en los últimos meses.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2009.
Diputado Jesús Alcántara Núñez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN NÚMERO 45/2006 DE LA
CNDH, DIRIGIDA AL GOBERNADOR DE SONORA, SOBRE EL FALLECIMIENTO DEL NIÑO
ISMAEL MONDRAGÓN MOLINA, OCURRIDO EN EL HOSPITAL INFANTIL DE ESA
ENTIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
Fernando Enrique Mayans Canabal, diputado Federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
La proposición que vengo a plantear y a poner a consideración de esta asamblea busca dar atención y respuesta pronta al reclamo de justicia que desde hace más de cinco años vienen realizando los padres y familiares del niño Ismael Mondragón Molina, a quien a los 4 meses de edad, se le diagnosticó y corroboró craneosinostosis por médicos del Hospital Infantil de Sonora, por lo que se le sometió a una intervención quirúrgica en la que perdió la vida debido a las diversas inconsistencias que se presentaron durante ésta.
Se sabe que la craneosinostosis se caracteriza por el cierre precoz de una o más suturas craneales, conocidas como fontanelas, lo que produce un crecimiento y desarrollo anormal del cráneo. La craneosinostosis es una condición en la que las suturas del cráneo del recién nacido se cierran prematuramente, provocando problemas en el crecimiento normal del cráneo y del cerebro. El cierre prematuro de las suturas puede también provocar un aumento de la presión dentro de la cabeza y que los huesos faciales y del cráneo cambien su apariencia normal y simétrica.
Para mayor precisión de este asunto, el 14 de diciembre de 2004 el menor referido fue internado para la intervención quirúrgica, la cual se realizó el 15 de diciembre por personal medico adscrito al Hospital Infantil de Sonora, falleciendo el menor posteriormente al acto quirúrgico, por lo que los familiares presentaron denuncia formal ante el Ministerio Público del fuero común, quien determinó mediante la exhumación del cuerpo, que la muerte del menor fue a consecuencia de paro cardiorrespiratorio por edema cerebral, existiendo evidencia pericial para considerar negligencia en la atención médica.
No obstante de que, después de varias acciones legales intentadas y agotadas por los familiares del menor para deslindar responsabilidades, no ha existido una acción contundente para evitar que dicho caso quede en la completa impunidad.
De entre el conjunto de acciones que sobre el particular se han emprendido, destacan:
2. Opinión del Colegio de Neurólogos y Neurocirujanos de Sonora quienes, a petición de la autoridad, participan como peritos en el caso determinando una mala e inapropiada técnica ya que el niño debió haber sido operado por un médico neurocirujano pediatra; además de que según el video estiman que se trató de una cirugía cruenta, excesiva y fuera de indicación, desconociendo la participación activa del cirujano, que supuestamente participó en tal acontecimiento.
3. Queja interpuesta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, a la que le recayó una recomendación que a la fecha no ha sido íntegramente acatada.
Cabe señalar, que por los hechos materia del proceso, el juzgado aludido dio vista a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, con el número de expediente 1712/05, en el cual se determinan alrededor de 20 malas praxis.
En cuanto a la recomendación número 45/2006 de la CNDH de fecha 21 de diciembre de 2006 emitida con motivo del recurso de impugnación interpuesto por el ciudadano Édgar Mondragón Bustamante por la insuficiencia en el cumplimiento de la recomendación 07/ 2005 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, destaca la recomendación precisa al ingeniero Eduardo Bours Castelo, gobernador de Sonora para que en su carácter de superior jerárquico y no de autoridad responsable:
• Gire las instrucciones correspondientes para que se otorgue la reparación del daño ocasionado a los familiares del menor que en vida llevó el nombre de Ismael Mondragón Molina, como consecuencia de la responsabilidad institucional, en los términos de las consideraciones planteadas en dicha recomendación.
Cabe señalar, que de la investigación realizada por la Comisión Estatal se pudo acreditar que hubo violaciones a derechos humanos, relativos al derecho a la vida y protección a la salud, por lo que la recomendación que se dirigiera al secretario de Salud de Sonora, se hizo en los siguientes términos:
• Que de inmediato instruya al órgano administrativo que corresponda para que se investiguen los hechos relacionados con el fallecimiento del menor Ismael Mondragón Molina en el Hospital Infantil de Sonora; los servicios de salud que se le prestaron por cada uno de los médicos que en ellos intervinieron y el trato de los profesionales, técnicos y auxiliares de dicho hospital que se brindó a los familiares del menor, antes y después del fallecimiento, determinándose el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados y en su oportunidad se les impongan las sanciones administrativas y penales correspondientes;
• En virtud de la gravedad de los hechos, instruya a quien legalmente le corresponda a fin de que provisionalmente y hasta en tanto se resuelva en definitiva su situación legal, se separen del servicio que prestan en dicho hospital o en cualquier otra institución de salud pública, a los médicos que directamente participaron en la intervención quirúrgica practicada al menor fallecido; y
• Se sirva instruir a quien corresponda para que a la brevedad posible, establezcan programas tendentes a mejorar los servicios de salud que presta el Hospital Infantil de Sonora.
Punto de Acuerdo
Único. Con absoluto respeto del principio de colaboración de los poderes, se exhorta a todas las autoridades involucradas en este caso a actuar de manera expedita y a observar con la mayor brevedad la recomendación que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió en torno de la queja presentada por el ciudadano Édgar Mondragón Bustamante, padre del niño Ismael Mondragón Molina, quien perdiera la vida a consecuencia de las inconsistencias presentadas durante la intervención quirúrgica a que fue sometido por la craneosinostosis que le fue diagnosticada y corroborada por médicos del hospital infantil situado en Hermosillo, Sonora.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2009.
Diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL JEFE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A INFORMAR SOBRE LAS
IRREGULARIDADES EXISTENTES EN LAS CASAS HOGAR QUE OPERAN EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO EDUARDO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Eduardo Sánchez Hernández, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Uno de los objetivos que permite atender a los grupos vulnerables es a través de la implantación de políticas públicas y de programas centrados, como lo es la habilitación de albergues en todos sus niveles y específicamente en el rubro más sensible como los que atienden a menores de edad.
En tal virtud, y ante los graves acontecimientos dados a conocer en las últimas semanas que involucran a las denominadas Casas Hogar con la desaparición de la niña Ilse Michel, ha estremecido a la sociedad mexicana y en forma particular a los habitantes del Distrito Federal.
La respuesta que las autoridades locales han dado sobre el paradero de la niña es inaceptable; así como el irresponsable operativo efectuado en el local que ocupara la cuestionada institución Casitas del Sur, AC, que supuestamente resguardaba a la menor. Ante los hechos se hace necesario solicitar que se investiguen a fondo los acontecimientos para que se deslinden las responsabilidades y se castigue conforme a derecho a los responsables, sin distinción de jerarquías o rangos en la administración del Distrito Federal.
De frente a los lamentables hechos, el Gobierno del Distrito Federal debe de asumir las responsabilidades, no sólo de carácter político, sino las de tipo administrativo y penal, en su caso, en las que hayan incurrido servidores públicos de la administración capitalina, ya que existen elementos que hacen suponer la presunta responsabilidad por actos u omisiones, antes, durante y después de los acontecimientos anteriormente señalados, además de no haber implantado y ejecutado las políticas públicas necesarias para reparar los daños a las víctimas y a sus familiares.
La falta de información y el hermetismo del albergue infantil denominado Casitas del Sur, que es una asociación civil que tiene sus instalaciones en el número 447 de la autopista México-Cuernavaca, complica la situación, dado el régimen especial en el que opera, pues cuenta con la autorización legal para operar como albergue.
Es necesario conocer el sistema de autorización, registro y seguimiento de este tipo de establecimientos; sus planes de trabajo y objetivos para evitar posibles casos de corrupción e impunidad en perjuicio de los menores y sus familias, por lo que esta soberanía también se compromete a legislar sobre esta materia tan delicada, ya que se trata de proteger a los niños en situaciones de franca vulnerabilidad.
El caso de la niña Ilse Michel no debe pasar desapercibido, seamos exigentes y demandemos a las autoridades del Distrito Federal un informe detallado sobre el asunto y que se efectúe una investigación minuciosa para que se deslinden las responsabilidades de los servidores públicos que por acción u omisión han causado un grave daño a la sociedad capitalina en particular y a la sociedad mexicana en general una evidencia más de impunidad, corrupción e injusticia, en agravio de los más desprotegidos.
Por lo expuesto, solicito que sea aprobada como de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, para que informe a esta soberanía sobre la situación que guardan las autorizaciones, el registro, el censo de menores y el seguimiento a los planes y programas de las estancias de menores de edad en las diversas instalaciones que dirigen organizaciones religiosas y sociales denominadas "casas hogar" en la Ciudad de México.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, para que ordene la investigación correspondiente a fin de que se deslinden las responsabilidades administrativas y penales, en su caso, de los servidores públicos de la administración capitalina, en el caso de Ilse Michel.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2009.
Diputado Eduardo Sánchez Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEP A ESTABLECER UN PROGRAMA ORIENTADOR SOBRE EL PELIGRO
Y EL USO IRRESPONSABLE DE REDES SOCIALIZADORAS DE INTERNET, A CARGO DEL
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Miguel Ángel Macedo Escartín, en su carácter de diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática en la LX legislatura, suscribe, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública a establecer una serie de criterios orientadores respecto al peligro de usar las redes socializadoras de Internet, dirigido a todas las personas que estudian en el sistema educativo nacional, a través de las siguientes
Consideraciones
Las comunicaciones crecen día a día, Internet es uno de los medios de comunicación a que cualquier persona tiene acceso, Internet tiene un efecto profundo en el trabajo, el ocio y el conocimiento a nivel mundial, donde millones de personas tienen acceso fácil e inmediato a una cantidad extensa y diversa de información en línea.
En la actualidad se ha dado el boom de las paginas socializadoras, en donde en estos sitios se tiene la facilidad de crear una página personal con contenido fotográfico añadiendo intereses, datos privados, sitios que se frecuentan, estatus económico y un sinfín de elementos que están relacionados con la intimidad del usuario.
De acuerdo con el doctor Gustavo Aruguete, las redes sociales son formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos.
Las páginas comúnmente usadas son Hi5.com, Facebook.com, Myspace.com y un sinfín de páginas similares usadas por millones de personas en el mundo sin tomar en cuenta los riesgos que conlleva.
Este tipo de páginas va dirigido al público en general, que es comúnmente formado por menores de edad y adultos jóvenes.
De acuerdo con un estudio a nivel mundial de Ipsos Insight sobre el uso de redes llamado Face of the Web 2006 donde muestran el porcentaje de personas de varios países que usan regularmente el Internet y visitan redes sociales, los resultados son realmente sorpresivos; que Corea del Sur esté en primer lugar seguramente no le sorprende a nadie pero que Brasil esté en segundo con más del 40 por ciento y México en cuarto con más del 25 por ciento.
Entre los riesgos que se encuentran es que con la facilidad de acceso y de obtener información privada se pueden dar el acontecimiento de diversos hechos ilícitos, tal como secuestrar, extorsionar, calumniar, etcétera.
Es cierto que el usuario en el manejo de opciones de privacidad puede escoger quien puede ver su página personal y su información, pero para el usuario es fácil pensar el "no pasa nada".
Es común ver tal caso de aceptar a un contacto que no se conoce y tiempo después se extorsione por teléfono, tal caso suena lejos de la realidad pero sucedió así: una chica aceptó a un chico que no conocía dentro de sus contactos de Facebook (sitio web de redes sociales). Él colocó un comentario público al resto de los contactos de ella pidiendo su teléfono pues era "una vieja amiga" con la que no tenía contacto desde hace tiempo y quería sorprenderla, de buena fe varios de los amigos respondieron proporcionando los datos de la chica.
Al cabo de unos días comenzaron las llamadas amenazadoras. No se explicaba como un total desconocido podía tener tanta información sobre ella, las llamadas no pararon hasta que se vio en la necesidad de cambiar su número telefónico, al analizar su situación y comentarla con los amigos salió a relucir el comentario público que había aparecido tiempo atrás una persona que ella no conocía.
Con lo anterior vemos el peligro que puede ser usar estas redes sociales, no se pretende prohibirlas, sino que sólo se dé la adecuada orientación a los jóvenes, principalmente de los riesgos que puede tener usar mencionadas paginas, ya que cualquier persona con conocimientos informáticos básicos puede tener acceso a todo este mundo de comunidades virtuales.
Por lo anterior someto a consideración del Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Publica en el ámbito de su competencia, para que establezca un programa orientador respecto al peligro y el uso irresponsable de Internet, haciendo énfasis en aquellas páginas donde se proporcionan datos particulares en redes socializadoras virtuales, programa que debe ir dirigido a todas las personas que estudian en el sistema educativo nacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2009.
Diputado Miguel Ángel Macedo Escarpín (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SCT Y A TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO QUE INFORMEN
A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN O TERMINARON
LOS CONTRATOS DE SEGUROS DE VIDA O RETIRO DE ASEGURADORA HIDALGO, HOY MET
LIFE, CONTRATADOS EN 1975 Y AÑOS SUBSECUENTES PARA LOS TRABAJADORES
Y EX TRABAJADORES DE AQUEL ORGANISMO PÚBLICO, A CARGO DEL DIPUTADO
OTHÓN CUEVAS CÓRDOVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado Othón Cuevas Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a Telecomunicaciones de México a informar sobre los seguros de vida o retiro de Aseguradora Hidalgo (hoy Met Life) contratados en 1975 y subsecuentes, para los trabajadores de Telecomm, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Una de las obligaciones del Estado con sus trabajadores es ofrecer la seguridad y la protección al concluir la vida laboral de éstos. Para ello, cuenta con instituciones de seguridad social y con un sistema de retiro que debe ofrecer asistencia y protección a ex trabajadores del Estado, como lo es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.
Adicionalmente, ofreciendo un esquema complementario de apoyo, algunas dependencias del gobierno contrataron instrumentos como seguros de retiro en beneficio de sus empleados; tal es el caso de Telecomunicaciones de México (antes Telégrafos Nacionales), institución pública que en mayo de 1975, previa negociación en la que intervinieron el presidente Luis Echeverría; el secretario de la Presidencia, Hugo Cervantes del Rio; el secretario de Comunicaciones y Transportes, Eugenio Méndez Dacurro; el Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezado por su secretario general, José del Carmen Villanueva Ruiz; los secretarios generales de las secciones de correos, oficinas generales y las secciones 2 y 3 de Telecomunicaciones en el Distrito Federal, así como Aseguradora Hidalgo, SA, representada por el doctor Tomas Contreras Estrada, gerente general, llegando a un acuerdo para celebrar el contrato de un seguro colectivo de vida o retiro con Aseguradora Hidalgo, SA, que cubría a todos los trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con una suma asegurada por 40 mil pesos por fallecimiento o retiro, y una cuota mensual de 64 pesos por trabajador (seguro que fue adicional e independiente del seguro colectivo de los empleados al servicio civil de la federación y del Departamento del Distrito Federal), otorgando dicha aseguradora a cada trabajador de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la póliza número C-80255, como contratante el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes, como asegurado, el trabajador con una suma asegurada de 40 mil pesos (...) contrató uno para todos los trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por un monto de 100 mil para cada uno de ellos, que dejaran de laborar y que hayan cumplido más de 15 años ininterrumpidos prestando sus servicios para la institución.
Con el mismo fin, se contrató otro seguro de vida o retiro entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la misma Aseguradora Hidalgo (Met Life) por la cantidad de con un incremento de 4 por ciento sobre la suma total por cada año de servicios prestados con excesos a los 15 años hasta cubrir el 100 por ciento con 30 años de servicios.
Finalmente también se acordó el pago de los dividendos de un seguro colectivo capitalizable, cuya vigencia data del 14 de diciembre de 1990 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 1993.
Sin embargo, estas prestaciones no han surtido efecto para un grupo de trabajadores de Telecomunicaciones de México, puesto que la compañía aseguradora argumenta que los contratos fueron cancelados anterioridad dando aviso a las autoridades competentes.
Esta anomalía ya ha sido denunciada legalmente por ex trabajadores afectados por Telecomunicaciones de México en el estado de Oaxaca, donde se solicita a la aseguradora Met Life, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la SCT se entregue la cantidad estipulada en los contratos de los seguros.
Sin embargo, independientemente del proceso judicial que se encuentra en curso en un juzgado de la ciudad de Oaxaca desde 2006, no es posible que la falta de transparencia e información, tanto en la institución como en el sindicato, afecte de esta forma a quienes dieron su vida laboral y entregaron todo su esfuerzo a una institución del Estado mexicano.
Por ello, y por lo anteriormente expuesto, proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a Telecomunicaciones de México que informen a la soberanía el estado en que se encuentran o terminaron los contratos de el seguro colectivo de retiro, el seguro de vida de retiro y el seguro colectivo capitalizable, que se contrataron con la Aseguradora Hidalgo, SA (hoy Met Life, SA), en 1975 y subsecuentes, para los trabajadores y ex trabajadores de Telecomunicaciones de México.
Palacio Legislativo, a 19 de febrero de 2009.
Diputado Othón Cuevas Córdova (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REVISAR MEDIANTE LA SRE, LA SEGOB, LA
SHCP, LA STPS Y LA SSA LAS CONDICIONES EN QUE OPERA EL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRA EL APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS
MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO AMARO CORONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Alianza de ex Braceros del Norte, 1942/1964, y muchas otras más que comparten la misma causa migratoria de California, nos ha pedido que apoyemos las causas legítimas de esa organización, a partir de una serie de denuncias de abusos que se han cometido contra los ex braceros mexicanos radicados en Estados Unidos. En mi calidad de diputado integrante de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y dado mi compromiso con las causas migrantes, me permito dar voz a la petición que hace dicha agrupación.
Los argumentos que Rosa Martha Zárate ofrece son los siguientes:
La falta de respeto y negación de reunión con representantes de los grupos de ex braceros
Refiere que durante casi un año se ha solicitado, por medio del licenciado Sergio Bailón Velázquez, Coordinador Nacional de Enlace de ex Trabajadores Migratorios Mexicanos de la Secretaría de Gobernación, una reunión con representantes de los ex braceros de los distintos grupos de éstos radicados en Estados Unidos con los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, para presentar las propuestas de que responderían con más objetividad a la realidad y situación de los ex braceros radicados en ese país. Hasta el día de hoy se les ha negado esta oportunidad.
Las ventanillas en los consulados son un fraude, pues hay desinformación y engaño
Los consulados se concretaron a cumplir con el convenio entre los abogados de la firma de abogados Hughes Socol Piers Resnick and Dym y el gobierno mexicano. En ningún momento aparece este asunto en las Reglas de Operación. Los ex braceros no fueron conscientes de dicha demanda.
Por lo tanto, no se aplicaron las reglas de operación para los ex braceros en el exterior; por el contrario, las ventanillas se usaron para reclutar incautos ex braceros de 1942/1964 como clientes para la demanda de los abogados; acuerdo que está pendiente en la Corte de San Francisco, California, hasta el 6 de febrero de 2009.
No se publicó la apertura de ventanillas, ni de mesas receptoras
Se violaron las reglas de operación, no se publicó en los diarios de mayor circulación la apertura oficial del padrón, fueron abogados quienes un mes antes de la publicación oficial de las reglas de operación se dieron a la tarea de promover su demanda. Esto causó confusión entre los ex braceros.
Los consulados se concretaron a convocar a unos cuantos representantes de grupos para informar acerca de la apertura de ventanillas y la publicación de la apertura de estas en los boletines colocados en los estrados de los consulados.
Miles de ex braceros apenas se están dando cuenta que podían registrarse. En los distintos estados, como en Colorado y Nuevo México, por mencionar algunos, al no haber movimiento organizado, los ex braceros no se dieron cuenta de la posibilidad de registrarse para recibir el apoyo social. Es hasta los días recientes que se han enterado por familiares, o por algunas noticias en los medios de comunicación.
Personal no capacitado
La información que se recibió en los consulados fue incompleta, se concretizaron a recibir los documentos sin realmente informarles qué procesos se iba a seguir en la entrega de documentos. No se les dijo claramente que después de que se cerrara el padrón, les informarían si sus documentos estaban completos o correctos.
Esto da pie para que quienes pudieron haber regularizado cualquier documento faltante o traducción, lo hubieran hecho a tiempo. Es sabido que los ex braceros van a pagar por los errores que el personal encargado cometa en la aplicación de la ley, tal como ha sucedido con los seguros, los errores cometidos en las formas de documento completo y de documento faltante.
Cierre de las ventanillas el 5 de enero
Los consulados informaron del cierre del padrón el 5 de enero para cumplir con una demanda y un acuerdo ajeno al proceso oficial que se llevó a cabo en la República Mexicana. Una vez cerradas las ventanillas solo se les entregaba un número de teléfono que en la mayoría de los casos no respondía, los dejaban esperando, las respuestas eran cortantes y no entraban las llamadas.
Se negó la entrega del anexo II
En las ventanillas nunca se entregó el anexo II. Esto es una violación muy clara a los derechos de los ex braceros radicados en Estados Unidos; asimismo, se les negó cualquier explicación sobre su derecho de recibir el anexo II como se encuentra estipulado en las reglas de operación.
La matrícula consular es un fraude
Se denuncia principalmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores por estar vendiendo un documento que no tiene la garantía de validez de identificación de nacionalidad mexicana. Con burla de los dirigentes de la Segob se dice:"pues que saquen pasaporte, para qué tanto argüende". El asunto aquí está en la validez o no validez de esta matrícula consular que el gobierno de México no reconoce. Se informó por el señor Sergio Bailón Velázquez que este asunto sólo lo resuelve la Secretaría de Relaciones Exteriores y el documento no es válido para el asunto de los ex braceros.
Sobre los seguros sociales
En muchas de las oficinas de seguro social les están negando la información. Quienes obtienen los datos de su seguro social, igualmente en las oficinas en Estados Unidos, no se las quieren dar.
El apostillamiento del seguro social requiere un proceso largo y costoso. En Jalisco se está cobrando hasta 2 mil 500 pesos por el trámite. Las reglas de operación no especifican que el seguro social debe de incluir la leyenda "seguro relacionado con el Programa ex Bracero".
Violación a las reglas de operación
Dice que, sin más ni más, se canceló la recepción del seguro social como documento probatorio. En las reglas de operación no aparece el requisito que ahora se pide. Algunos ex braceros en estados de la República Mexicana así como en Estados Unidos suspendieron el proceso para obtener su seguro social, dado que en Mexicali y otros lugares se informó que no se estaba recibiendo ya el seguro social como documento probatorio. Por tanto, tendrán que reiniciar el proceso de apostillamiento, pero este trámite no alcanzará a realizarse a tiempo.
Discriminación
En ningún momento se vio la voluntad de buscar alternativas para la atención de los ex braceros, principalmente para personas sin documentación migratoria, incapacitados y enfermos terminales, entre otros. Muchos de ellos y ellas se vieron incapacitados para viajar a sus lugares de origen para hacer los trámites requeridos. No se aceptaron cartas testimoniales ni cualquier documento autorizado por notario en Estados Unidos. No todos los ex braceros tienen familiares directos dispuestos a representarlos. Las viudas de ex braceros de otra nacionalidad no fueron consideradas.
Viudas de ex braceros
Las concubinas, viudas de diferentes nacionalidades, son rechazadas automáticamente. No se da la oportunidad para que sus hijos puedan reclamar el apoyo social.
Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar al Pleno de esta Cámara de Diputados que se someta a consideración como asunto de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a revisar a través de la Secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, del Trabajo y Previsión Social, y de Salud las condiciones en que está operando el Comité Técnico del Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, y se tomen en cuenta las denuncias descritas en el cuerpo del presente documento para que se extienda el periodo de registro por un periodo razonable.
Segundo. En términos del numeral 4 del artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, integre con la mayor brevedad una subcomisión para atender y proponer soluciones de los ex braceros radicados en Estados Unidos y que, por causas ajenas a su voluntad, han sido excluidos de los beneficios de dicho programa. Entre las medidas mínimas que deberá atender están las siguientes:
2. Que se publique oficialmente la reapertura del padrón de acuerdo a las indicaciones en las reglas de operación, incluyendo los medios de comunicación de mayor circulación en los Estados Unidos o al menos en los estados donde se concentra el mayor número de ex braceros.
3. Que se entregue a los ex braceros el anexo II a los que les hace falta documentación o carta notariada con número de folio del 2003.
4. Que se informe a los ex braceros el procedimiento para reclamar la devolución de sus documentos originales.
5. Que se acepte la notarización de cartas de común acuerdo expedidas por notarios en Estados Unidos.
6. Que se incluyan las viudas de otra nacionalidad para la entrega del apoyo social o, en su caso, al hijo o a la hija.
7. Se responsabilice a los empleados de las mesas receptoras de documentación y a los consulados por errores cometidos en agravio de los ex braceros.
8. Que se publiquen en los diarios de mayor circulación la lista de depurados de 2005 para que los interesados se enteren de cuáles son los documentos faltantes y puedan presentarlos en el momento correspondiente.
9. Que se acepte la matrícula consular como documento de identificación de nacionalidad mexicana para el reclamo del apoyo social o que el gobierno mexicano deje de expedir este documento.
10. Que se responsabilice a la Secretaría de Gobernación de los errores que se cometan en las mesas receptoras.
11. Que se acepte que los hijos o hijas de viudas concubinas y de viudas de diferente nacionalidad, reclamen el apoyo social.
La Cámara de Diputados hará llegar dicho informe a las autoridades competentes para que en uso de sus facultades realicen las acciones conducentes.
Dado a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil nueve.
Diputado Alberto Amaro Corona (rúbrica)
El diputado David Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX legislatura de la Cámara de Diputados, en uso y cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva que, en pleno uso de sus facultades, formule excitativa a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social de esta Cámara, para que dictaminen la iniciativa que expide la Ley del Seguro de Desempleo y para el fomento del empleo; y la propuesta de reforma al artículo 25 de la Ley del Seguro Social, al tenor de los siguientes
Antecedentes
2) Dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.
3) A la fecha no han presentado el dictamen correspondiente, por lo que presento las siguientes
Primero. Que la iniciativa que expide la Ley del Seguro de Desempleo y para el Fomento del Empleo; y la propuesta de reforma al artículo 25 de la Ley del Seguro Social tienen por objeto constituir un seguro de desempleo ante la pérdida del empleo de los trabajadores.
Segundo. Que han transcurrido dos años desde que se presentó la iniciativa; por tanto, se ha excedido el término de cinco días, señalado en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social emitan el dictamen correspondiente.
Tercero. Que debido a que las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social no han cumplido con la responsabilidad que constitucional y legalmente tienen encomendada, hago la solicitud invocando el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que la Presidencia de esta Mesa Directiva excite a las comisiones antes mencionadas, a efecto de que dictaminen la iniciativa objeto de la presente solicitud.
Por lo expuesto y fundado, solicito respetuosamente al Presidente de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión:
Excitativa
Único. Que en uso de la facultad que le confiere el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excite, con el debido respeto, a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social para que presenten en este periodo de sesiones el dictamen relativo a la iniciativa objeto de la presente solicitud.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2009.
Diputado David Mendoza Arellano (rúbrica)