• De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar a través de la Semarnat y de la Conagua sobre los alcances que tendrán las afectaciones por la falta de suministro de agua de enero a mayo, en particular en el valle de México.

• De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal a acordar mediante la SHCP la ampliación a las 24 horas del día de la tarifa 9N para uso agrícola.

• De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita al Comité Técnico que administra el Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos que prorrogue el registro de las 37 mesas receptoras del país.

• De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Nayarit y a la Sedesol a proporcionar a los niños y a los adolescentes jornaleros la atención necesaria en materia de salud, educación y alimentación.

• De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las comisiones correspondientes de ambas Cámaras a solicitar la comparecencia del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ciudadano Juan Rafael Elvira Quesada, y del director general de la Comisión Nacional Forestal, ciudadano José Cibrián Tovar, para que respondan a diversos cuestionamientos sobre la implantación del Proárbol.

• De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Banco de México, al Ejecutivo federal, a las instituciones de crédito y a los usuarios de los servicios en materia de tasas de interés.

• De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a suspender o, en su caso, modificar la aplicación del decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2008.

• De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar, a través del Servicio de Administración Tributaria y la Administración General de Aduanas, la regla 2.7.2, relativa a la franquicia "mercancía de pasajeros".

• De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro a evitar y sancionar el robo de energía eléctrica en el país.

• De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se desecha la proposición para exhortar a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Seguridad Pública a implantar un programa que salvaguarde la integridad física de los usuarios de carreteras y autopistas nacionales en la temporada navideña.

• De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición para exhortar al Ejecutivo federal a considerar la instalación de la refinería anunciada por él y la construcción de un complejo petroquímico en Tabasco.

• De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición a fin de solicitar la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes para que informe sobre las medidas y las acciones realizadas con objeto de construir una terminal de contenedores de Manzanillo.

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fueron turnadas el 7 y el 14 de enero de 2009, para análisis y dictamen, proposiciones con punto de acuerdo.

Antecedentes

1. Con fechas 7 y 14 de enero de dos mil nueve, los legisladores citados presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión las proposiciones de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que dichas solicitudes de punto de acuerdo se turnaran para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente.

3. Las proposiciones en estudio, en síntesis, contienen los siguientes fundamentos y razones en que se sustentan:

En consecuencia, los integrantes de la Tercera Comisión emiten el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La falta de agua se ha convertido en un importante problema en el país y principalmente en la cuenca hidrográfica del valle de México, la cual abastece a una de las ciudades más grandes del mundo con 8 millones 720 mil 916 habitantes, en el Distrito Federal según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en 2005.

La problemática del agua atiende a diversos factores: la complicación y el costo de abastecer de agua a la ciudad y al estado de México, la insuficiencia de plantas de tratamiento, la sobreexplotación del acuífero del valle de México y además, la pérdida por fugas en las redes de distribución de entre el 35 y 40 por ciento del vital líquido que se consume en la zona metropolitana del valle de México, debido a la obsolescencia de la infraestructura hidráulica.

En esta sentido, la Comisión Nacional del Agua es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuya función es administrar y preservar las aguas nacionales y sus bienes inherentes, para lograr su uso sustentable, con la participación de la sociedad.

La Conagua acordó junto con las autoridades del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y de la Comisión del Agua del Estado de México realizar acciones de mantenimiento en las redes de distribución y en las líneas de conducción del sistema Cutzamala, por lo que se tiene programado suspender el servicio durante tres días al mes, de enero a mayo del próximo año, para lograr un ahorro de 10 millones de metros cúbicos en los meses de estiaje.

Esta medida anunciada preocupa de sobremanera a los habitantes del Distrito Federal y, principalmente, a los ciudadanos de la delegación Iztapalapa, ya que esta demarcación se ha visto castigada desde meses atrás con la falta en el suministro de agua potable en diversas colonias, abasteciendo este líquido mediante pipas que en muchos de los casos son insuficientes.

En ese sentido, esta entidad legislativa considera pertinente exhortar al Ejecutivo federal para que, en coordinación con sus dependencias, tome en cuenta las propuestas planteadas por los promoventes.

Los integrantes de esta comisión de trabajo consideran que aún es tiempo de informar mediante intensas campañas de información sobre las consecuencias que tendrá el corte en el suministro de agua.

Además de informar con oportunidad sobre este problema, las autoridades deben diseñar políticas conducentes a fomentar la cultura del ahorro del agua.

Por tanto, los integrantes de la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión someten a esa honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, a informar qué comunidades se verán afectadas, los efectos sobre su población y las acciones que están coordinando para disminuir estos efectos por la restricción del suministro de agua en la zona hidrológico-administrativa del valle de México y los avances y alcances del proyecto para ampliar la infraestructura de distribución de agua. Asimismo, a informar sobre el número de pozos clandestinos.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Ciudad de México, a 27 de enero de 2009.

Por la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente

Senador Raúl José Mejía González, presidente; diputado Carlos Eduardo Felton González, senador Rubén Fernando Velázquez López, secretarios; diputado Carlos Altamirano Toledo, diputado Carlos Augusto Bracho González, diputado José Rubén Escajeda Jiménez, senador Alejandro González Yáñez, diputada María Esther Jiménez Ramos, diputado Octavio Martínez Vargas, diputado José Ascención Orihuela Bárcenas, senadora María Teresa Ortuño Gurza, senador Rogelio Rueda Sánchez, senadora Gabriela Ruiz del Rincón, senadora Eva Contreras Sandoval, diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva.
 
 
 

DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A ACORDAR MEDIANTE LA SHCP LA AMPLIACIÓN A LAS 24 HORAS DEL DÍA DE LA TARIFA 9N PARA USO AGRÍCOLA

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, fue turnada la proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a acordar, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la ampliación a las 24 horas del día de la tarifa 9n, para uso agrícola, presentada por el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de la proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente del 8 de enero de 2009, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión.

Consideraciones

En su capítulo de consideraciones el autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina señala que según el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las de Economía y Energía, y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijar las tarifas eléctricas, su ajuste y modificación.

Que actualmente existen dos tarifas especiales para la producción agrícola, la 9cu, que se aplica de las 8:00 a las 24 horas, y cuesta 40 centavos kilowatt hora; y la 9n, que se aplica de las 00:00 a las 8:00 horas, y cuesta 20 centavos kilowatt hora. Es decir, durante 16 horas del día los productores pagan una tarifa el doble de cara que la más baja.

Que los precios de los diversos insumos del sector agrícola se han elevado considerablemente en el último año, impactando en el precio al consumidor final de los productos básicos; y se habla de una crisis mundial de alimentos que en México afecta de manera especial a los mexicanos de menor poder adquisitivo.

Que el Ejecutivo federal redujo, mediante acuerdo publicado el 20 de noviembre de 2007, las tarifas para el uso industrial, bajo el argumento de que "es una prioridad para el gobierno federal instrumentar medidas tarifarias que promuevan la competitividad del sector industrial, por lo que es conveniente reducir los cargos de energía consumida en el periodo de punta para los usuarios de dicho sector".

Que a partir del 1 de marzo de 2008 entró en vigor una segunda reducción a los cargos de energía eléctrica consumida en los periodos de punta para tarifas correspondientes al sector industrial y empresarial.

La comisión dictaminadora desea señalar que una ampliación en el horario de aplicación de la tarifa 9N reduciría en forma importante los costos de producción de las tierras de riego con aguas subterránea.

En el campo mexicano 591 mil hectáreas están en esta categoría. Estas tierras representan el 10.99 por ciento de toda la agricultura de riego y el 3.55 del total de la agricultura nacional.

Sin duda es necesario apoyar al campo, máxime si se considera que el costo total de los subsidios a tarifas eléctricas al sector industrial es de 23 mil 326 millones de pesos.

El Estado puede bajar con relativa facilidad las tarifas para el sector agrícola, dado que los ingresos totales por la venta de energía eléctrica a este sector en 2007 fue de 3 mil 775.1 millones de pesos. Es decir, apenas el 16.1 por ciento de los subsidios entregados a los industriales.

En tal virtud, nos manifestamos a favor de la proposición presentada por el autor, a efecto de exhortar al Ejecutivo para que coordine con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la ampliación del horario de aplicación de la tarifa menciona que abatiría costos significativos para el sector agrícola.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acuerde la ampliación del horario de aplicación de la tarifa 9n para el uso agrícola a las 24 horas del día.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. México, DF, a 27 de enero de 2009.

Por la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente

Senador Raúl José Mejía González, presidente; diputado Carlos Eduardo Felton González, senador Rubén Fernando Velázquez López, secretarios; diputado Carlos Altamirano Toledo, diputado Carlos Augusto Bracho González, diputado José Rubén Escajeda Jiménez, senador Alejandro González Yáñez, diputada María Esther Jiménez Ramos, diputado Octavio Martínez Vargas, diputado José Ascención Orihuela Bárcenas, senadora María Teresa Ortuño Gurza, senador Rogelio Rueda Sánchez, senadora Gabriela Ruiz del Rincón, senadora Eva Contreras Sandoval, diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva.
 
 
 

DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL COMITÉ TÉCNICO QUE ADMINISTRA EL FIDEICOMISO DEL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS QUE PRORROGUE EL REGISTRO DE LAS 37 MESAS RECEPTORAS DEL PAÍS

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al comité técnico que administra el Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, otorgue una prórroga para continuar con el registro de la 37 Mesa Receptora del país, presentada por la diputada Susana Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de la proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de enero de 2009, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión.

Consideraciones

En su capítulo de Consideraciones el autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina señala que el 17 de abril de 2001 se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros, la cual se instaló en septiembre de 2001, y que actualmente continúa con su trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2, numeral II, de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Que en reclamo de los ex trabajadores migratorios que laboraron a través del convenio entre México y Estados Unidos de América de 1942 a 1964 de recuperar para ellos o sus familias parte de los ahorros que durante ese periodo hicieron a través del banco Wells Fargo y transferidos posteriormente al Banco de Crédito Rural (hoy Financiera Rural), el 29 de diciembre de 2000 se promulgó la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para los ex Trabajadores Migratorios.

Que en 2003 se instalaron las mesas receptoras que registraron 45 mil trabajadores, quedando fuera miles de ellos, en virtud de que la Secretaría de Gobernación utilizó un criterio erróneo al solicitar una serie de requisitos que no estaban considerados; dentro de ellos, requerir que hayan efectuado su registro en el padrón de la Secretaría de Gobernación. Por ese motivo, se desecharon muchas solicitudes. Resultado del amparo de muchos inconformes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el padrón que formó dicha secretaría era inconstitucional. Por tal razón, éste no era un requisito fundamental para reclamar el beneficio. Además, no se cubrió la difusión necesaria.

Que derivado de las complicaciones presentadas con la aprobación de la multicitada ley, el fideicomiso fue el mecanismo institucional para dar la solución a las demandas sociales que se venían presentando, por lo que la Secretaría de Gobernación integró un padrón de ex trabajadores migratorios, quedando la inclusión en este listado sujeta a la exhibición de pruebas documentales que acreditaran efectivamente que las personas interesadas laboraron en Estados Unidos de América durante aquellos años, o bien, que eran familiares con legítimo derecho a recibir la cantidad de 38 mil pesos.

Que en sesión de la Cámara de Diputados de fecha 27 de abril de 2006 se aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. En esa misma fecha, la Mesa Directiva remitió a la Cámara de Senadores y ésta turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para estudio y dictamen.

Que en sesión del 23 de octubre de 2007, la colegisladora aprobó el decreto, materia de este dictamen, que con esta misma fecha remitió a la Cámara de Diputados.

Que con fecha 25 de octubre de 2007, la Mesa Directiva turnó a Comisión de Hacienda y Crédito Público para estudio y dictamen. Y en sesión plenaria del jueves 10 de abril del 2008, la Cámara de Diputados aprobó las reformas con 393 votos en pro y 1 abstención, y se devolvió a la Cámara de Senadores para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que la Cámara de Senadores aprueba la minuta con 70 votos en pro el martes 22 de abril de 2008, y pasó al Ejecutivo federal para los efectos constitucionales (publicándose en la Gaceta Parlamentaria, número 2482-III).

Que el primer día de septiembre del año próximo pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la promulgación de las reformas señaladas en los párrafos anteriores.

Que el 24 de noviembre del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación y en los diarios de mayor circulación la convocatoria a las personas interesadas para que acudieran a las 37 mesas receptoras situadas en las entidades federativas de la República Mexicana y del Distrito Federal, para que acreditaran los requisitos de elegibilidad que se establece en el artículo 6 de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, así como el numeral 4 de las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (de 1942 a 1964).

Que tuvieron que pasar más de 5 años para que las reformas permitieran publicar una nueva convocatoria para inscribir aquellos trabajadores ex braceros que por circunstancias ajenas a su voluntad no pudieron hacerlo en su momento.

Que en las reglas de operación se especifica que las mesas receptoras contarán con personal capacitado y se atenderían los aspectos técnicos y logísticos para brindar un adecuado servicio a los nuevos beneficiarios; sin embargo, se detectaron fallas en el sistema: el personal carecía de capacitación, desconocían el manejo del programa y del sistema electrónico, sin contar las inmensurables filas. Aunado a esto, se originó una falla técnica del sistema de captura, ocasionando que por días no se recibieran documentos de los beneficiarios.

II. La comisión dictaminadora desea señalar que el Programa Bracero, iniciado en la década de los cuarenta, sirvió como fuente de empleo y, con éste, se gozó de garantías como alimentos, hospedaje, transporte y, en su caso, repatriación.

Los integrantes del comité técnico son los siguientes: 1) Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá; 2) Gobernación; 3) Contraloría y Desarrollo Administrativo; 4) Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; 5) Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 6) Banco de México; y 7) Un representante de cada uno de los dos gobiernos de las entidades federativas que hayan celebrado los convenios.

En esencia la reforma contempla lo siguiente:

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación para que, en el ámbito de su competencia, adopte las medidas y los mecanismos administrativos que propicien que sean atendidos todos los ex trabajadores migratorios elegibles para ser beneficiarios del Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia y la convocatoria publicada el 24 de noviembre de 2008.

Segundo. Se solicita al comité técnico que administra el Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, otorgue una prórroga para continuar con el registro de las 37 mesas receptoras instaladas en todo el país.

Tercero. De otorgarse esta prórroga se solicita se puedan tomar en cuenta para el registro de los ex braceros otros documentos como son: la mica blanca, otros recibos de pago que expida el patrón, la mención honorífica, la credencial que entregaba la Secretaría de Gobernación a cada trabajador antes de emigrar y eliminar el apostillamiento del Seguro Social Americano.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. México, DF, a 27 de enero de 2009.

Por la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente

Senador Raúl José Mejía González, presidente; diputado Carlos Eduardo Felton González, senador Rubén Fernando Velázquez López, secretarios; diputado Carlos Altamirano Toledo, diputado Carlos Augusto Bracho González, diputado José Rubén Escajeda Jiménez, senador Alejandro González Yáñez, diputada María Esther Jiménez Ramos, diputado Octavio Martínez Vargas, diputado José Ascención Orihuela Bárcenas, senadora María Teresa Ortuño Gurza, senador Rogelio Rueda Sánchez, senadora Gabriela Ruiz del Rincón, senadora Eva Contreras Sandoval, diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva.
 
 
 

DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE NAYARIT Y A LA SEDESOL A PROPORCIONAR A LOS NIÑOS Y A LOS ADOLESCENTES JORNALEROS LA ATENCIÓN NECESARIA EN MATERIA DE SALUD, EDUCACIÓN Y ALIMENTACIÓN

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, fue turnada la proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta al Gobierno del estado de Nayarit y a la Sedesol, proporcione la atención necesaria en materia de salud, educación y alimentación a las niñas, niños y adolescentes jornaleros, presentada por la diputada Sonia Noelia Ibarra Franquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de la proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 14 de enero de 2009, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión.

Consideraciones

En su capítulo de Consideraciones el autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina señala que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), define al trabajo infantil como la participación de los niños y niñas en cualquier actividad económica que no perjudique u obstaculice su salud, desarrollo o educación.

Sin embargo, la realidad indica que un gran porcentaje del trabajo infantil en México se traduce en maltrato y explotación infantil, padecida por los niños y niñas menores de 12 años que desempeñan cualquier trabajo, así como los que se encuentran en edades comprendidas entre los 12 y los 14 años y que realizan trabajos peligrosos. A su vez, la explotación infantil trae consigo las peores formas de trabajo infantil, en las que niñas, niños y adolescentes de todo el país son víctimas del tráfico de personas, son esclavizados, obligados a prostituirse, reclutados por la fuerza u obligados a realizar actividades ilegales o que amenazan su integridad.

Que para evitar este escenario y como medida de prevención, es necesario dirigir nuestra atención hacia Nayarit, en donde más de 500 niños y niñas indígenas entre residentes e inmigrantes, se encuentran en condiciones de vida deplorables, sin protección ante las inclemencias del tiempo y sin posibilidad de cubrir sus necesidades de educación y alimentación.

Que de acuerdo con información de distintas asociaciones rurales, durante el periodo de cultivo que se da de noviembre a junio, llegan a la zona agrícola de Nayarit unos 80 mil jornaleros procedentes de los municipios de El Nayar y Huajicori, en la sierra de la entidad, así como de Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. El mayor porcentaje de migración infantil se da entre abril y mayo, con el inicio del levantamiento de la cosecha, principalmente de frijol, jitomate y tabaco.

Que la falta de empleo y las proyecciones negativas en materia económica que se contemplan con el inicio de año en periodo de crisis, propició que se adelantara la llegada de más de 500 niños y niñas jornaleros agrícolas que esperan en las calles sin ningún tipo de cuidado, a que sus padres encuentren un empleo que les permita comer. Se trata de niñas y niños que año con año arriban a los municipios de Tuxpan, San Blas, Compostela y Tecuala, pero de manera preponderante, al municipio de Santiago Ixcuintla, en el ejido de Otates, por tratarse del principal productor agrícola de la entidad.

Que debido a que se trata de una población infantil en extrema pobreza, la mayoría de los niños no tiene en donde dormir ni que comer; hablar de su derecho a la educación ya sería demasiado para ellos, y sus condiciones de salud, en condiciones precarias porque la mayoría vive a la intemperie de las plazas principales de los municipios o cerca de los campos de cultivo.

Que desafortunadamente, lo que ocurre en Nayarit se reproduce en otras entidades federativas y es reflejo de la situación que se vive a nivel nacional. En materia de trabajo y explotación infantil, cifras de la UNICEF estiman que en que en México hay 3.3 millones de niños entre 6 y 14 años que trabajan para apoyar la economía de sus familias. Cada año, aproximadamente 350 mil niños y niñas, hijos de jornaleros agrícolas, abandonan sus comunidades de origen para emigrar con sus familias a los campos de cultivo. Menos del 10 por ciento de ellos asiste a la escuela (SEP 2007). De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2007), el 28 por ciento de los jóvenes mexicanos entre 15 y 19 años de edad trabaja y en consecuencia no está estudiando.

Que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, realizada en 2007 por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, arrojó que durante ese año, existían en México 3.6 millones de niñas y de niños de 5 a 17 años de edad realizando alguna actividad económica; cifra que representa el 27.5 por ciento de la población total de nuestro país. Del total de la población infantil que trabaja, el 51.3 por ciento de las niñas y niños reciben una remuneración, mientras que el 45.2 por ciento son trabajadores sin pago.

Que debido a lo anterior, México no está cumpliendo con lo establecido en el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre las peores formas de trabajo infantil, ni con la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada en 1990. Ésta última, ha realizado recomendaciones a nuestro país respecto al papel del Estado mexicano en materia de diseño y aplicación de políticas públicas que permitan sancionar, prevenir y erradicar el abuso, el descuido, los malos tratos y la violencia sobre la población infantil, así como para garantizar su salud, ecuación y esparcimiento.

II. La comisión dictaminadora desea señalar que es preocupante que gran parte del apoyo que han recibido los hijos e hijas de jornaleros migrantes ha sido de la sociedad civil, a través de la organización de colectas en donde se reciben cobijas, ropa y alimentos para entregarlos a los niños en situación de calle.

La situación ha llegado a tal extremo, que organizaciones sociales han pedido en calidad de préstamo, algunos albergues que se destinan únicamente a la población adulta en tiempo de cosecha de tabaco.

En lo que se refiere a la legislación nacional, la situación que actualmente viven cientos de niñas y niños en Nayarit, contraviene lo establecido en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como en el artículo 4 de la Carta Magna, en el que se establece que "...los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral...El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos y otorgará las facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez".

En tal virtud, nos manifestamos a favor de la proposición presentada por el autor, a efecto de que como lo señala, se exhorte al Gobierno del estado de Nayarit y a la Sedesol para atender el problema de las niñas, niños y jóvenes jornaleros y se les procure mejores servicios de alimentación, salud y educación.

Peticiones como ésta, deberían extenderse a todo el territorio nacional, ya que es un problema generalizado en todo el país.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de Nayarit a implantar las acciones necesarias para satisfacer los requerimientos de las niñas, niños y adolescentes jornaleros agrícolas en la entidad, en materia de salud, educación y alimentación, con especial atención en los municipios de Tuxpan, San Blas, Compostela, Tecuala y Santiago Ixcuintla. Asimismo, a las entidades federativas en que se encuentren adolescentes jornaleros agrícolas.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. México, DF, a 27 de enero de 2009.

Por la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente

Senador Raúl José Mejía González, presidente; diputado Carlos Eduardo Felton González, senador Rubén Fernando Velázquez López, secretarios; diputado Carlos Altamirano Toledo, diputado Carlos Augusto Bracho González, diputado José Rubén Escajeda Jiménez, senador Alejandro González Yáñez, diputada María Esther Jiménez Ramos, diputado Octavio Martínez Vargas, diputado José Ascención Orihuela Bárcenas, senadora María Teresa Ortuño Gurza, senador Rogelio Rueda Sánchez, senadora Gabriela Ruiz del Rincón, senadora Eva Contreras Sandoval, diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva.
 
 
 

DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES DE AMBAS CÁMARAS A SOLICITAR LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CIUDADANO JUAN RAFAEL ELVIRA QUESADA, Y DEL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, CIUDADANO JOSÉ CIBRIÁN TOVAR, PARA QUE RESPONDAN A DIVERSOS CUESTIONAMIENTOS SOBRE LA IMPLANTACIÓN DEL PROÁRBOL

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, fue turnada la proposición con punto de acuerdo con relación a las insuficiencias e irregularidades detectadas en la implantación del programa ProÁrbol, presentada por el senador Rubén Fernando Velázquez López, en nombre propio y de los senadores Silvano Aureoles Conejo y José Luis García Zalvidea, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de la proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen:

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de enero de 2009, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión.

Consideraciones

En su capítulo de Consideraciones los autores de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina señalan que el gobierno federal ha aplicado desde hace dos años, ProÁrbol, principal programa de apoyo al sector forestal.

Que a este programa se le han detectado anomalías sobre el destino de los recursos en el ejercicio del 2008, ya que no ha podido involucrar a la población con programas productivos y sustentables.

Que organizaciones ambientalistas han puesto en tela de juicio el manejo de los 2 mil 700 millones de pesos que el gobierno invirtió para este programa, mientras que asociaciones de silvicultores ya han denunciado ante la Cámara de Diputados favoritismo e irregularidades, por la falta de transparencia en la asignación de los recursos.

La Comisión Dictaminadora desea señalar que ProÁrbol es el principal programa de apoyo al sector forestal de la actual administración federal.

Este programa reúne en una sola convocatoria los apoyos que otorga la Conafor e integra el eje fundamental de las actividades de la institución en torno al objetivo de impulsar el desarrollo forestal, prioritariamente en los municipios con mayor índice de marginación en México identificados por la Secretaría de Desarrollo Social (101 municipios).

Este programa amplio e integrador debe garantizar la eficacia, transparencia y equidad en la entrega y ejercicio de los recursos forestales, ya que los 45 conceptos de apoyo que abarca, están sujetos a reglas de operación.

Sus objetivos particulares son: disminuir los índices de pobreza y marginación en áreas forestales, mediante la inducción a un manejo y uso adecuado de sus recursos naturales; generar desarrollo y expansión económica a partir de la valoración, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos de los bosques, selvas y la vegetación de las zonas áridas; e impulsar la planeación y organización forestal, elevar la producción y productividad de los recursos forestales, su conservación y restauración, así como elevar el nivel de competitividad del sector para contribuir a mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

Por lo anterior, nos manifestamos a favor de la proposición presentada por los autores, a efecto de que como lo señalan solicitar información al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al director general de la Comisión Nacional Forestal, mediante una reunión de trabajo ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales senatorial, para que respondan a diversos cuestionamientos respecto de la implantación del programa ProÁrbol.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las comisiones correspondientes de ambas Cámaras, a efecto de que soliciten la comparecencia del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ciudadano Juan Rafael Elvira Quezada, y del director general de la Comisión Nacional Forestal, ciudadano José Cibrián Tovar, para que respondan a diversos cuestionamientos respecto de la implantación del programa ProÁrbol.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a fin de que agilice las auditorías al Programa Nacional Forestal y remita un informe detallado respecto de sus resultados a las Cámaras de Diputados y de Senadores.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, DF, a 27 de enero de 2009.

Por la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente

Senador Raúl José Mejía González, presidente; diputado Carlos Eduardo Felton González, senador Rubén Fernando Velázquez López, secretarios; diputado Carlos Altamirano Toledo, diputado Carlos Augusto Bracho González, diputado José Rubén Escajeda Jiménez, senador Alejandro González Yáñez, diputada María Esther Jiménez Ramos, diputado Octavio Martínez Vargas, diputado José Ascención Orihuela Bárcenas, senadora María Teresa Ortuño Gurza, senador Rogelio Rueda Sánchez, senadora Gabriela Ruiz del Rincón, senadora Eva Contreras Sandoval, diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva.
 
 
 

DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL BANCO DE MÉXICO, AL EJECUTIVO FEDERAL, A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TASAS DE INTERÉS

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente fue turnada la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Banco de México, al Ejecutivo federal, a las instituciones de crédito y a los usuarios de los servicios en materia de tasas de interés, presentada por el diputado Martín Malagón Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de la proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Tercera Comisión, que suscriben, someten a consideración del Pleno el presente dictamen:

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de enero de 2009, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión.

Consideraciones

En el capítulo de consideraciones, el autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina señala que a finales de 2007 y a lo largo de 2008 los organismos y las autoridades financieros internacionales han alertado sobre la difícil situación financiera que las diversas economías, tanto desarrolladas como emergentes, comienzan a resentir.

Que en este contexto, las autoridades de los diversos países afrontan el reto de estabilizar las condiciones financieras de sus economías durante el periodo de desaceleración. Por esto se deben identificar los focos rojos que puedan derivar en una crisis que afecte a un amplio sector de la población.

Que en el caso de México, si bien es cierto que existe una avanzada regulación en materia financiera, hay aún áreas susceptibles de mejorar y que pueden contribuir al fortalecimiento de nuestra capacidad de respuesta ante el deterioro económico internacional, como los niveles de ahorro y financiamiento.

Que en este sentido, las tasas de interés son de especial importancia dado que, en parte, reflejan el costo del financiamiento y, a la vez, incentivan, o –en su caso– inhiben, los niveles de ahorro e inversión en una economía.

Que sin embargo, el diferencial entre la tasa de interés que pagan las instituciones financieras a los ahorradores (tasa pasiva) y la que cobran por los préstamos otorgados (tasa activa), en el caso de México, resulta realmente elevado si lo comparamos en el ámbito internacional, pues mientras que en el periodo 2000-2005, en promedio, Corea mostró un diferencial de 1.7 puntos porcentuales, España 2.0, Chile 4.1, Sudáfrica 4.9 y Panamá 5.3, en México se observaron 5.8 puntos porcentuales, estimándose que al cierre de 2007 fue del orden de 5 puntos porcentuales.

Este elevado diferencial deja al descubierto que en México realmente hay pocos incentivos para ahorrar y, a la vez, el financiamiento resulta muy costoso.

Como muestra, si observamos la tasa de interés de diversos instrumentos bancarios resalta que ésta, en promedio, va de 1.13 a 7.73 por ciento anual, hecho que contrasta con las relativas al crédito al consumo pues, por ejemplo, la tasa promedio anual de las tarjetas de crédito bancario se localiza en 41.78 por ciento, mientras que las referentes a los créditos hipotecarios, en promedio, son de 12.55 por ciento.

Que ante estos diferenciales de tasas de interés, las instituciones financieras poco contribuyen a ser impulsoras de los sectores productivos dado que, al otorgar pocos incentivos para el ahorro, se reduce la cantidad de recursos disponibles para financiar el desarrollo económico del país.

Sin embargo, éste no es el único problema que se genera, pues las instituciones financieras y demás entidades que otorgan financiamiento, al cobrar elevadas tasas de interés favorecen el incremento de la cartera vencida, producto de que los créditos otorgados muchas veces se vuelven impagables, no por el monto inicial de éstos sino por la acumulación de elevados intereses, lo que puede representar una fuente de inestabilidad tanto para el sector público como para el privado.

Que en los últimos meses, las elevadas tasas de interés, con otros factores, han incrementado el índice de morosidad pues, por ejemplo, en noviembre de 2008, en la cartera de crédito al consumo este índice, en promedio, fue de 8.49 por ciento. Sin embargo, si observamos la cartera de crédito al consumo a través de tarjetas de crédito la morosidad se localizó en 10.32 por ciento.

Que según el Banco de México, la morosidad del crédito al consumo ha sido resultado, entre otros, de la estrategia seguida por algunos bancos para atender a sectores de la población considerados de mayor riesgo y sobre los que en algunos casos no existía información crediticia previa, pero también al otorgamiento de tarjetas de crédito a consumidores que ya disponen de éstas, aumentos en las líneas de crédito y reducciones en el pago mínimo mensual.

Que de esta manera, diversos factores se juntan y generan elevadas tasas de interés, que derivan en una mayor morosidad, hecho que, como legislador y como usuario de los servicios financieros, me preocupa, de ahí que acudo ante esta representación popular para manifestar mi inquietud y solicitar que se exhorte a los actores del sistema financiero mexicano con la finalidad de buscar la reducción de las tasas de interés para impulsar el financiamiento en condiciones más favorables, sin poner en riesgo el sistema financiero y evitando que la población de bajos ingresos quede fuera de los servicios financieros.

De acuerdo con el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012 y diversos boletines del Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en nuestro país el diferencial de tasas activas (cobro por los préstamos que otorga la banca) y pasivas (pago a los ahorradores) es elevado respecto a los estándares internacionales.

Lo anterior inhibe el desarrollo económico de la economía mexicana y genera pocos incentivos al ahorro y la inversión. Asimismo, en cuanto a la morosidad del crédito al consumo, es incuestionable que ésta va en aumento.

El Congreso de la Unión ha realizado en los últimos años reformas legislativas para atender este asunto. Las medidas adoptadas por ambas Cámaras han logrado bajar el costo del financiamiento a través de las tarjetas de crédito mediante buenas prácticas, como las que se llevan a cabo en muchos países y que han probado su eficiencia.

Es importante mencionar la reforma más reciente de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. En el artículo 18 Bis 2 de dicha ley quedó establecido que

No se debe dejar de lado que, aun cuando se han realizado reformas importantes, el sector financiero sigue siendo un sector poco regulado y, en este sentido, hay que seguir fortaleciéndolo.

Por ello nos manifestamos en favor de la proposición presentada por el autor, a efecto de que, como señala, se exhorte al Banco de México, al Ejecutivo federal, a las instituciones de crédito y a los usuarios de los servicios, en materia de tasas de interés, en un contexto de recesión global que puede ocasionar mayores distorsiones en la economía.

En mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión se permite someter a consideración del Pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a estudiar, implantar y evaluar programas de educación encaminados a informar a los usuarios de los servicios financieros para que éstos tengan elementos para comparar, analizar y decidir sobre las diversas opciones existentes en el mercado, con objeto de que obtengan las mejores condiciones crediticias.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las instituciones financieras a sensibilizarse ante el entorno financiero adverso y a reducir las tasas de interés que cobran por los créditos, a partir del reconocimiento del costo de los recursos que captan y la diferenciación del nivel de riesgo que los clientes les representan.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, DF, a 27 de enero de 2009.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente

Senador Raúl José Mejía González, presidente; diputado Carlos Eduardo Felton González, senador Rubén Fernando Velázquez López, secretarios; diputado Carlos Altamirano Toledo, diputado Carlos Augusto Bracho González, diputado José Rubén Escajeda Jiménez, senador Alejandro González Yáñez, diputada María Esther Jiménez Ramos, diputado Octavio Martínez Vargas, diputado José Ascención Orihuela Bárcenas, senadora María Teresa Ortuño Gurza, senador Rogelio Rueda Sánchez, senadora Gabriela Ruiz del Rincón, senadora Eva Contreras Sandoval, diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva.
 
 
 

DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A SUSPENDER O, EN SU CASO, MODIFICAR LA APLICACIÓN DEL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES PARA LA IMPORTACIÓN DEFINITIVA DE VEHÍCULOS USADOS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, fueron turnadas las siguientes proposiciones con punto de acuerdo: por la que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a modificar las disposiciones que regulan la importación de vehículos, presentada por el diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y por la que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a suspender la aplicación del decreto que establece las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2008, presentada por el Senador Raúl Mejía González, en nombre del senador Fernando Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de las proposiciones a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen.

Antecedentes

Las proposiciones con punto de acuerdo que se citan en el proemio fueron presentadas en las sesiones del Pleno de la Comisión Permanente del 14 y 21 de enero de 2009, respectivamente; y turnadas para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión.

Consideraciones

En su capítulo de consideraciones el autor de la primer proposición con punto de acuerdo que se dictamina, diputado César Duarte Jáquez, señala que es necesario reconocer que la compra de vehículos en nuestro territorio muchas veces resulta más costosa que en otras partes del mundo.

Que dadas las condiciones económicas en que nos encontramos, marcadas por un recorte evidente en el otorgamiento de créditos, resulta a menudo muy difícil adquirir un automóvil, por lo que muchas personas han recurrido a la importación de vehículos de nuestro socio comercial más importante, Estados Unidos de América.

Que el presente punto de acuerdo tiene dos objetivos principales; el primero, que en el marco del recién publicado decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos se elimine el requisito de contar con un certificado de origen emitido por la empresa armadora del vehículo.

Que resulta difícil, improbable e impráctico que un ciudadano mexicano que desee adquirir un automóvil fuera del país pueda estar en posibilidades de requerir a una compañía extranjera que le expida un documento de comprobación de procedencia.

Que el segundo resolutivo del punto de acuerdo tiene como objetivo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en virtud de la situación económica en que nos encontramos, modifique el anexo 2 de la resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones sujetas a precios estimados por dicha secretaría, a efecto de reducir en 50 por ciento la valuación que realiza sobre los diferentes vehículos, brindando un apoyo muy importante a los sectores que necesitan los automóviles para la realización de sus actividades; lo cual es congruente con las medidas adoptadas y las acciones emprendidas en términos del Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo, presentado por el Ejecutivo federal el pasado 7 de enero.

Por su parte, los proponentes de la segunda proposición, senadores Raúl Mejía González y Fernando Castro Trenti establecen que el Servicio de Administración Tributaria y la Policía Federal Preventiva han realizado operativos tendientes a decomisar vehículos procedentes, principalmente, de los Estados Unidos, esto acompañado muchas veces del uso excesivo de la fuerza, cuando no de la brutalidad policíaca, lo cual constituye un menoscabo en la dignidad de quienes son víctimas de esta clase de actividades.

Que los instrumentos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 y 31 de diciembre de 2008, a través de los cuales se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, y se reforma el anexo dos de la resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, han vuelto insoportable la situación para miles de habitantes de los estados fronterizos del norte del país.

Que lo dispuesto en la publicación del 24 de diciembre, en el sentido de obligar a los importadores a presentar ante la autoridad aduanera un certificado de origen válido suscrito por la compañía armadora correspondiente, constituye un requisito inútil y difícil de obtener, ya que es casi imposible para un particular requerir de una compañía armadora domiciliada en el extranjero un documento para identificar un vehículo; siendo que, por virtud de diversas normas de carácter internacional, es obligatorio que los vehículos automotores cuenten con un número de identificación vehicular, el cual incluye a su vez el código identificador del fabricante internacional, datos suficientes para probar fehacientemente la procedencia de un automotor.

Que en las reformas publicadas el 31 de diciembre fueron elevados considerablemente los precios estimados en dólares aplicables a la importación de vehículos usados, situación que es violatoria de lo dispuesto en el anexo 300-A.2 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; ya que en el mismo se especifica que a partir del 1 de enero del año en curso nuestro país no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de esta clase de vehículos, y que tengan por lo menos diez años de antigüedad, siendo que en la referida resolución se establecen mecanismos para valuar estos bienes y garantizar así el pago de unas contribuciones que ya no deberían subsistir, lo cual constituye un contrasentido.

La comisión dictaminadora desea señalar que, con el fin de ordenar el mercado de automóviles usados, el 22 de agosto de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados.

El 26 de abril de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, en los estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial Estado de Sonora y en los municipios de Cananea y Caborca, Sonora; con el fin de regular la estancia definitiva de los vehículos importados en la región y franja señaladas.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) establece que, a partir del 1 de enero de 2009, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes de territorio de Estados Unidos de América o de Canadá que tengan diez años o más de antigüedad.

En el TLCAN se establece un arancel preferencial a los vehículos originarios usados que cuenten con un certificado de origen válido, que servirá para certificar que un bien que se exporte directamente del territorio de una parte a territorio de otra parte califica como originario, así como para acreditar que todos sus componentes y refacciones adicionadas no modificaron el carácter de originario que tenía el vehículo cuando fue fabricado.

El 24 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, que en sus artículos 3 y 5 establecen lo siguiente:

Además, resulta sumamente importante impedir la importación definitiva al territorio nacional de vehículos usados que en el país de procedencia, por sus características físicas o por cuestiones técnicas, esté restringida o prohibida su circulación, así como cuando el vehículo haya sido reportado como robado. Además, establecer la regulación de la contaminación de la atmósfera proveniente de todo tipo de fuentes emisoras, para asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico; por lo que los vehículos importados de manera definitiva al territorio nacional deben sujetarse a las disposiciones jurídicas aplicables en materia de protección al medio ambiente.

Por otra parte, coincidimos en que la situación económica en que se encuentra actualmente nuestro país, requiere de diversas acciones por parte del gobierno y del Congreso para intentar aminorar los efectos de la misma.

Además, debemos evitar sucesos que puedan incidir de manera grave en la economía de los estados fronterizos del norte de México, relacionadas con la importación de vehículos usados, desalentando con ello el desarrollo de esta región, al provocar el cierre de numerosas fuentes de trabajo; agudizando los problemas generados por la inseguridad, el desempleo y la falta de oportunidades, a efecto de evitar un escalamiento en el tono de las protestas que sobre este particular se han venido presentando en diversos estados de la República.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. En el marco de colaboración entre poderes, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que suspenda, o en su caso modifique, la aplicación del decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2008; a efecto de eliminar el requisito de presentación del certificado de origen emitido por la compañía armadora del vehículo, acreditando la procedencia del vehículo con el número de identificación vehicular; así como las reformas al anexo dos de la resolución que modifica a la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicada en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 2008, disminuyendo en 50 por ciento el valor que se considera para cada uno de los vehículos que se enlistan en dicho anexo

Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y a los gobiernos estatales y municipales, para que, a través de los secretarios de Economía, de Seguridad Pública y de Hacienda y Crédito Público, sean suspendidos los operativos de decomiso y/o detención de autos irregulares de procedencia extranjera.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. México, DF, a 27 de enero de 2009.

Por la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente

Senador Raúl José Mejía González, presidente; diputado Carlos Eduardo Felton González, senador Rubén Fernando Velázquez López, secretarios; diputado Carlos Altamirano Toledo, diputado Carlos Augusto Bracho González, diputado José Rubén Escajeda Jiménez, senador Alejandro González Yáñez, diputada María Esther Jiménez Ramos, diputado Octavio Martínez Vargas, diputado José Ascención Orihuela Bárcenas, senadora María Teresa Ortuño Gurza, senador Rogelio Rueda Sánchez, senadora Gabriela Ruiz del Rincón, senadora Eva Contreras Sandoval, diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva.
 
 
 

DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A MODIFICAR, A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ADUANAS, LA REGLA 2.7.2, RELATIVA A LA FRANQUICIA "MERCANCÍA DE PASAJEROS"

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, con fecha 8 de enero de 2008 le fue turnada, para su análisis, una proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Carlos Augusto Bracho González y suscrita por el diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para exhortar al Ejecutivo Federal, a través del Servicio de Administración Tributaria y su Administración General de Aduanas, a modificar la Regla 2.7.2., relativa a la franquicia mercancía de pasajeros.

Los suscritos integrantes de la Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el acuerdo de mérito, que a la letra que de conformidad a la Primera Resolución de modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2008, se reformó la Regla 2.7.2., último párrafo, estableciéndose que:

"Durante los periodos comprendidos del 27 de junio al 31 de agosto de 2008 y del 24 de noviembre de 2008 al 9 de enero de 2009, los pasajeros de nacionalidad mexicana provenientes del extranjero que ingresen al país por vía terrestre, con excepción de las personas residentes en la franja o región fronteriza, podrán importar al amparo de su franquicia mercancía hasta por 300 dólares o su equivalente en moneda nacional, asimismo, los pasajeros procedentes de la franja o región fronteriza al interior del país, podrán importar al amparo de su franquicia mercancía hasta por 300 dólares o su equivalente en moneda nacional."

En función de ello, se advierte claramente que por lo que se refiere al periodo 2008-2009, se aplicará durante los días que corren del 24 de noviembre de 2008 al 9 de enero de 2009 la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria elevará la franquicia terrestre de 75 a 300 dólares para que los paisanos puedan ingresar con un mayor volumen de mercancías.

Por otra parte, la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, como cada año iniciando durante la tercera semana de octubre y finalizando durante la segunda semana de enero, pone en marcha el Operativo de Invierno Paisano con el propósito de proteger a nuestros connacionales y orientarles durante el viaje y estancia que realizan a nuestro país en la temporada de fiestas de fin de año, así como para el regreso a sus sitios de residencia, contemplado en el periodo 2008-2009, a partir del 24 de octubre y hasta el 9 de enero de 2009.

En este contexto, esta comisión considera que tanto la regla de carácter general como el programa Paisano contemplan como fecha de terminación de sus respectivos planes el día 9 de enero de 2009, sin embargo, existe una diferencia en cuanto a su fecha de inicio, equivalente exactamente a un mes.

En tal sentido, es que se considera que en todos los programas y disposiciones implementados por el gobierno federal debe existir coherencia y armonía, de tal forma que se encuentren en perfecta alineación unos con otros, en específico aquellos que tengan estrecha relación por razón de la materia, como es el caso que nos ocupa.

En atención a que resulta deseable y posible que en el futuro las disposiciones y programas implementados por las dependencias federales cumplan sus objetivos y con ello se otorguen mayores beneficios a nuestros paisanos, se solicita al Servicio de Administración Tributaria la modificación de la Regla de Carácter General en materia de Comercio Exterior 2.7.2., para que su periodo de aplicación se alinee con el programa Paisano puesto en marcha por la Secretaría de Gobernación.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Administración General de Aduanas (AGA), para que dentro de la esfera de sus facultades, lleven a cabo las acciones coordinadas y tendientes a fin de que la Regla 2.7.2., relativa a la Franquicia Mercancía de Pasajeros y el programa Paisano comprendan el mismo periodo durante todo el año.

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil nueve.

Por la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente

Senador Raúl José Mejía González, presidente; diputado Carlos Eduardo Felton González, senador Rubén Fernando Velázquez López, secretarios; diputado Carlos Altamirano Toledo, diputado Carlos Augusto Bracho González, diputado José Rubén Escajeda Jiménez, senador Alejandro González Yáñez, diputada María Esther Jiménez Ramos, diputado Octavio Martínez Vargas, diputado José Ascención Orihuela Bárcenas, senadora María Teresa Ortuño Gurza, senador Rogelio Rueda Sánchez, senadora Gabriela Ruiz del Rincón, senadora Eva Contreras Sandoval, diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva.
 
 
 

DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y A LA COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO A EVITAR Y SANCIONAR EL ROBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PAÍS

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro a evitar y sancionar el robo de energía eléctrica en el país, presentada por el diputado Elías Cárdenas Márquez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127, párrafo primero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 8 de enero de 2008, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de trabajo –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Publicas.

1. Análisis de la propuesta

El autor de la proposición con punto de acuerdo, expresa sustancialmente lo siguiente:

En 1937, el país contaba con 18.3 millones de habitantes y sólo 7 millones tenían el servicio de electricidad (38.25 por ciento), 3 empresas privadas proporcionaban el servicio con tarifas elevadas e interrupciones constantes, las cuales atendían preferentemente a los mercados urbanos más redituables, sin considerar a las poblaciones rurales donde habitaba el 62 por ciento de la población nacional. Por esos problemas, el gobierno federal creó, el 14 de agosto de ese mismo año, la Comisión Federal de Electricidad, con una producción apenas al año siguiente de 64 kilowatts que, en 1945, había alcanzado la producción de 45 mil 594 kilowatts.

Actualmente, la capacidad instalada en el país es de 49 mil 931 megawatts, desagregados en 44.87 por ciento de generación termoeléctrica (CFE); 22.95 por ciento, de productores independientes de energía; 22.14 por ciento, de hidroelectricidad; 1.93 por ciento, geotérmica; 2.73 por ciento, nucleoeléctrica y, por último, 0.17 por ciento, de nucleoeléctrica.

Argumenta el proponente que las pérdidas no técnicas, esto es, el robo de fluido eléctrico, de acuerdo al primer informe de labores de la Secretaría de Energía de la presente administración, poco más del 40 por ciento de la electricidad generada por la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro se pierde por ese concepto, respectivamente, en un 10.48 por ciento y en un 32.31 por ciento que, convertido en números, representa una pérdida cercana a 18 mil millones de pesos anuales.

Por ejemplo, Tokio Electric Power registra un bajo nivel de pérdidas, situado en un 5.5 por ciento. Electricité de Francia o CGE de Chile, aproximadamente, andan en un 8.5 por ciento. Si como Unión Fenosa de Nicaragua o EEMCA de Ecuador o ENEE de Honduras o en Argentina, EPE, que registran pérdidas respectivamente de 35, 42.8 o 30 o más por ciento o 35 por ciento; en contraposición, podemos afirmar que es elevado.

Anterior a octubre de 2003, la Comisión Federal de Electricidad registró un 10.5 por ciento en pérdidas; Luz y Fuerza del Centro, en cambio, registró 28.51 por ciento.

Un 12.47 por ciento de las pérdidas de energía de la Comisión Federal de Electricidad corresponde a pérdidas técnicas y 16.04 por ciento a las no técnicas, es decir, a las que derivan de usos ilícitos que, cuantificados en unidades de energía, ascienden a 12 mil 507 millones de kilowatts-hora, con un costo que se estima en 13 mil 95 millones de pesos.

Entre las principales ciudades del país, Acapulco, Guerrero, desde hace 45 años representa un problema para la Comisión Federal de Electricidad, pero en los últimos 10 años ocupa el primer lugar en el robo de energía eléctrica. Sólo en 2008 tendrá pérdidas por 420 millones de pesos que equivalen al 32.65 por ciento de quebranto en la oferta a los usuarios del orden de los 100 millones de kilowatts-hora. Colonias de la zona rural del puerto como Polígono D, Radio Coco, Vacacional, Zapata, Simón Bolívar, Ciudad Renacimiento y La Libertad son los lugares con mayor número de "diablitos".

Luz y Fuerza del Centro, en 2007, reportó pérdidas por 18 mil millones de pesos por el robo de energía eléctrica. Más de la mitad, en el Distrito Federal.

6. El sujeto activo en el delito de robo de energía eléctrica puede ser cualquier persona, de cualquier nivel económico, social o cultural. Se encuentra en negocios establecidos como restaurantes, carnicerías, cafés internet, máquinas tragamonedas, talleres de herrerías, paleterías, venta de computadoras y equipo electrónico y hasta en salas cinematográficas que exhiben películas triple equis.

Este delito no solamente ocurre en ciudades perdidas o asentamientos humanos irregulares. Ahora, se ha extendido hasta zonas residenciales como las Lomas de Chapultepec o Polanco. Las bandas de piratas de la luz dotan de energía a comercios, casas habitación, puestos fijos y más, comúnmente al ambulantaje. Han hecho del robo de energía eléctrica una verdadera industria que perjudica principalmente a los usuarios que pagan el costo de este delito.

Consideraciones de la comisión

Efectivamente, como se denuncia en la propuesta de análisis no toda la electricidad que se produce se factura y se vende, pues al hacer en la mayoría de los casos grandes recorridos por las líneas y redes eléctricas, como no puede almacenarse y por la transformación de voltajes, se va perdiendo la energía producida y hasta se tiene como aceptable que las empresas que generan y venden electricidad registren pérdidas, tanto técnicas como no técnicas.

El delito de robo de energía eléctrica no es privativo de alguna comunidad, municipio o entidad federativa, se comete en todo el territorio nacional.

Sugiere el proponente que tanto la Comisión Federal de Electricidad como la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, para evitar el robo de energía, pueden blindar sus redes eléctricas con la instalación de cables trenzados y forrados con una malla plástica que con el calentamiento propio se endurece y evita que los cables puedan cortarse para la colocación de los diablitos.

Como ya se ha reconocido, el robo de energía eléctrica a la compañía de Luz y Fuerza del Centro sigue siendo grave, pues la gente se sigue colgando de los cableados o altera sus medidores. Aún cuando se han construido nuevas instalaciones con cables blindados y subterráneos, frenar por completo el robo es imposible, pues blindar los miles de kilómetros de redes de distribución implica una tarea descomunal.

Por la misma razón la electricidad nos cuesta a todos y hay muchos municipios de las entidades del país que arrastran deudas por miles de millones de pesos.

En la siguiente tabla se muestra un análisis del panorama mundial de pérdidas no técnicas, donde se indica el porcentaje de pérdidas no técnicas respecto a la energía generada en el año indicado.

Fuente: Sistemas Integrales contra el Robo de Energía. Congreso Latinoamericano de Distribución Eléctrica. Septiembre 2008. Mar del Plata, Argentina. Pedro Puente Lozano, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, titulado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey.

Cabe señalar que, en 2008, Luz y Fuerza del Centro registró pérdidas de energía eléctrica por aproximadamente 12 mil millones de pesos, lo que a su vez representa 32 por ciento de la venta total de energía. Las pérdidas consideran las "tomas" ilícitas de electricidad, lectura errónea de los medidores y alteración en la factura de los recibos.

Al respecto, autoridades de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro han exigido la creación de una fiscalía especializada para sancionar el robo de energía eléctrica que le cuesta a la compañía miles de millones de pesos. Dicha fiscalía tendría que estar dirigida y operada por la Procuraduría General de la República, la cual actuaría en función de las denuncias que presentara la paraestatal.

Actualmente, el robo de energía eléctrica no está tipificado como un delito que amerite la cárcel, sólo se sanciona como falta administrativa.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Publico, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Publicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro a girar instrucciones a las áreas administrativas y jurídicas que correspondan para que se evite el robo de energía eléctrica en todo el territorio nacional; y se inicien las averiguaciones previas en contra de quien o quienes cometan el delito que sanciona el Código Penal Federal en el artículo 368, fracción II, y el nuevo Código Penal para el Distrito Federal en el artículo 321, fracción I.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, DF, a 27 de enero de 2009.

Por la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente

Senador Raúl José Mejía González, presidente; diputado Carlos Eduardo Felton González, senador Rubén Fernando Velázquez López, secretarios; diputado Carlos Altamirano Toledo, diputado Carlos Augusto Bracho González, diputado José Rubén Escajeda Jiménez, senador Alejandro González Yáñez, diputada María Esther Jiménez Ramos, diputado Octavio Martínez Vargas, diputado José Ascención Orihuela Bárcenas, senadora María Teresa Ortuño Gurza, senador Rogelio Rueda Sánchez, senadora Gabriela Ruiz del Rincón, senadora Eva Contreras Sandoval, diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva.
 
 

Honorable Asamblea

A la Tercera Comisión —Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas—, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada el 22 de diciembre de 2008, para su análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Seguridad Pública, a implementar un programa para salvaguardar la integridad física de los usuarios en carreteras y autopistas nacionales en temporada navideña, suscrita por el diputado Manuel Portilla Diéguez y el senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El 22 de diciembre de 2008, el Diputado Manuel Portilla Diéguez y el senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que dicha solicitud de punto de acuerdo se turnara, para su estudio y dictamen correspondiente, a la Tercera Comisión —Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas—, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente.

3. La proposición en estudio, en síntesis, contienen los siguientes fundamentos y razones en que se sustenta:

México, al ser un país con gran riqueza cultural y arqueológica, dispone de infinitas posibilidades turísticas que permiten diversas actividades, a través, entre otros, de la red carretera nacional, la cual permite la comunicación entre los diversos puntos turísticos, y cuyo uso se incrementa durante los periodos vacacionales.

Por ejemplo, según la Secretaría de Turismo, "durante las vacaciones de semana santa del presente año, el 25.2 por ciento de los más de 103 millones de mexicanos viajó a algún lugar, y el 89 por ciento de los desplazamientos se realizó por carretera".

Es importante notar que el aumento de accidentes de tránsito, de 1997 a 2007, no ha sido una constante en todas las entidades federativas.

Otro dato importante es que el total de víctimas fatales afortunadamente ha disminuido en un 8.3 por ciento de 1997 a 2007, según datos del mismo instituto.

Esto demuestra que las Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de Seguridad Pública y la policía de tránsito de los diferentes estados han realizado acciones para dar seguridad a los paseantes. Sin embargo, es necesario redoblar esfuerzos para disminuir aun más el número de víctimas fatales.

De esta información debemos notar que, de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el número de incidentes, tan sólo en carreteras federales, en el periodo de enero a agosto de 2007 fue de 20 mil 69; mientras que en el mismo periodo de 2008 se registraron 20 mil 87. Si consideramos que en 2006 el número de accidentes fue de 18 mil 879, y que el número de víctimas fatales ha aumentado en un 12.7 por ciento, es notable que hacen falta operativos que disminuyan estas cifras.

Es importante mencionar que dentro de la temporada navideña y de fin de año, que comprendió del 11 de diciembre de 2007 al 7 de enero de este, hubo 321 muertos y mil 865 heridos en diversos accidentes en las carreteras del país.

Con base en lo anterior, los autores de la proposición solicitan que se exhorte a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Seguridad Pública que ejecuten un programa para salvaguarda la integridad física de los usuarios en carreteras y autopistas federales en la temporada navideña.

En consecuencia, los integrantes de la Tercera Comisión emiten al presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los integrantes de esta comisión coincidimos plenamente con la preocupación de los legisladores proponentes en que es necesario que las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Seguridad Pública ejecuten acciones coordinadas para salvaguardar la integridad física de los usuarios de los servicios de carreteras y autopistas federales, ya que se trata de una actividad que contribuirá con el mejoramiento de la actividad económica y las regiones eminentemente turísticas y de un generador de empleo en nuestro país.

Sin embargo, es notorio y evidente que ha concluido el período vacaciones navideño, por lo que resultaría ocioso formular el exhorto solicitado a las secretarías citadas, toda vez que, en términos generales, las actividades laborales y estudiantiles se normalizarán a partir del lunes 5 y hasta el miércoles 7 de enero del año en curso.

Razón por la cual se consideró oportuno desechar la proposición citada, al considerar inoportuno el exhorto, tras concluir el período vacacional relativo a las festividades de navidad y año nuevo.

Por tanto, los legisladores integrantes de la Tercera Comisión —Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas— de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Seguridad Pública, a implementar un programa para salvaguardar la integridad física de los usuarios en carreteras y autopistas nacionales en temporada navideña; presentada por el diputado Manuel Portilla Diéguez y el senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 22 de diciembre de 2008.

Segundo. Archívese el presente asunto como totalmente concluido y, en su oportunidad, comuníquese al autor de la proposición para los efectos legales a que haya lugar.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México DF, a 7 de enero de 2009.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas

Senadores: Raúl José Mejía González (rúbrica), presidente; Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), secretario; Gabriela Ruiz del Rincón (rúbrica), María Teresa Ortuño Gurza (rúbrica), Eva Contreras Sandoval (rúbrica), Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Alejandro González Yáñez.

Diputados: Carlos Eduardo Felton González (rúbrica), secretario; Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo, Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica).
 
 
 

DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A CONSIDERAR LA INSTALACIÓN DE LA REFINERÍA ANUNCIADA POR ÉL Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO PETROQUÍMICO EN TABASCO

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de Trabajo –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el primer receso del tercer año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada el 22 de diciembre de 2008, para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar la instalación de una refinería, anunciada por el presidente de la República, y la construcción de un complejo petroquímico en Tabasco; presentada por los diputados César Duarte Jáquez, Raúl Cervantes Andrade, José Ascención Orihuela Bárcenas y José Rubén Escajeda Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. Con fecha 22 de diciembre de 2008, los diputados César Duarte Jáquez, Raúl Cervantes Andrade, José Ascención Orihuela Bárcenas y José Rubén Escajeda Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha solicitud de punto de acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente.

3. La proposición en estudio, en síntesis, contienen los siguientes fundamentos y razones en que se sustenta:

Con base a lo anterior, los autores de la proposición solicitan que se exhorte al Ejecutivo federal a considerar la instalación de una nueva refinería y la construcción de un complejo petroquímico en Tabasco.

En consecuencia, los integrantes de la Tercera Comisión emiten al presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Durante el año 2008 en México se llevaron al cabo las reformas en materia petrolera más importantes, después de la propia expropiación petrolera del 18 de marzo 1938. En un hecho sin precedentes en la vida política del país las fuerzas políticas de mayor importancia convergieron en una reforma estructural a Petróleos Mexicanos y al sistema petrolero mexicano y por unanimidad se realizaron las reformas necesarias y se crearon las leyes vitales para rescatar del rezago tecnológico y revitalizar la industria petrolera mexicana.

Al mismo tiempo, a nivel mundial, la crisis financiera sigue azotando las economías de todos las países y México, tiene que realizar los actos necesarios para mantener abante su economía, sin vulnerar su propia soberanía ni comprometer sus recursos energéticos.

Por ello, atinadamente el gobierno federal anuncio la construcción de una nueva refinería y de un completo petroquímico que contribuirán a la reducción de costos de los energéticos en la población mexicana, al fortalecimiento de la infraestructura energética y al desarrollo de una independencia en la explotación y aprovechamiento de los recursos naturales del país.

En esa tesitura, independientemente de que es facultad exclusiva del Ejecutivo federal realizar los estudios técnicos necesarios para decidir el lugar dónde se construirán la refinería y el complejo petroquímico referido; debido al alto impacto que dichas obras traerán a la economía nacional y de la población, es evidente el interés político que el Poder Legislativo federal tiene en que las decisiones tomadas en ese sentido, sean las más adecuadas, a fin de que, además de los beneficios referidos, el país cuento con un ahorro en dicha inversión que redunde las instalaciones más estratégicas y productivas del país.

Por ello, atendiendo a los principios constitucionales de colaboración entre poderes, y sin que ello implique una disposición vinculatoria, atendiendo a los estudios técnicos y profesionales que corroboren las aspectos descritos por los autorices de la proposición a estudio, los integrantes de la presente comisión coincidimos que resulta oportuno exhortar al Ejecutivo federal a que considere la construcción de estas magnas obras de infraestructura energética en Tabasco.

Información reciente sobre este asunto revela que los estudios técnicos se están realizando y, dada la complejidad natural de un sector como el energético, es oportuno dar más tiempo a que dichos estudios concluyan.

Razón por la cual se consideró adecuado desechar la proposición citada al considerar inoportuno el exhorto, y dar el tiempo necesario y suficiente para el proyecto de refinería citado. Lo anterior, con el objeto de que el país cuente con la mejor infraestructura posible.

Por tanto, los legisladores integrantes de la Tercera Comisión de Trabajo –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, someten a esa honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se desecha la presente proposición por considerar inoportuno el exhorto. Asimismo, se considera pertinente brindar el tiempo necesario y suficiente para los estudios técnicos del proyecto de refinería citado, con el propósito de elegir la mejor opción. Lo anterior, con el objeto de que el país cuente con la mejor infraestructura posible.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- Ciudad de México, a 27 de enero de 2009.

Por la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente

Senador Raúl José Mejía González (rúbrica), presidente; diputado Carlos Eduardo Felton González, senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), secretarios; senadora Gabriela Ruiz del Rincón, senadora María Teresa Ortuño Gurza, senadora Eva Contreras Sandoval, diputado Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), diputada María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), diputado José Ascención Orihuela Bárcenas, senador Rogelio Rueda Sánchez, diputado José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), diputado Octavio Martínez Vargas (rúbrica), diputado Carlos Altamirano Toledo, diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica), senador Alejandro González Yáñez.
 
 
 

DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN A FIN DE SOLICITAR LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA QUE INFORME SOBRE LAS MEDIDAS Y LAS ACCIONES REALIZADAS CON OBJETO DE CONSTRUIR UNA TERMINAL DE CONTENEDORES DE MANZANILLO

Honorable Asamblea

A la Tercera Comisión de trabajo –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en el primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada el diecisiete de diciembre de dos mil ocho, para su análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes que informe sobre las medidas y acciones realizadas para construir y licitar transparentemente la nueva terminal de contenedores del puerto de Manzanillo; presentada por los senadores Rogelio Rueda Sánchez, Martha Leticia Sosa Govea, Jesús Dueñas Llerenas y Carlos Sotelo García, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, respectivamente.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha diecisiete de diciembre de dos mil ocho, los senadores Rogelio Rueda Sánchez, Martha Leticia Sosa Govea, Jesús Dueñas Llerenas y Carlos Sotelo García, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, respectivamente, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que dicha solicitud de punto de acuerdo se turnara, para su estudio y dictamen correspondiente, a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente.

3. La proposición en estudio, en síntesis, contienen los siguientes fundamentos y razones en que se sustenta:

En el citado programa se prevé que la construcción de Manzanillo II quede finalizada en el presente sexenio, aspecto en el cual deja desfasado tanto por sus mayores alcances como por su mayor actualidad al Programa Maestro de Desarrollo Portuario de Manzanillo, documento este último que a pesar de tal desfasamiento prevé la realización de acciones diversas tendientes a la construcción del nuevo puerto.

Entre ellas puede citarse la anexión de la laguna de Cuyutlán al recinto portuario ampliando el actual polígono, así como la realización de estudios de impacto ambiental, técnicos, socioeconómicos, y de conectividad carretera y ferroviaria, ninguno de los cuales ha sido siquiera iniciado.

Si consideramos la complejidad propia de un proyecto de esta naturaleza, así como el tiempo que para su realización determinó el Ejecutivo federal, resulta evidente el atraso en que las autoridades están ya incurriendo.

Con base a lo anterior, los autores de la proposición solicitan que se cite a comparecer ante esta Tercera Comisión al Secretario de Comunicaciones y Transportes para que informe las medidas y acciones realizadas para construir las obras relativas a los contenedores del puerto de Manzanillo y explicar la carencia de acciones, en su caso, relativas a la construcción del puerto de Manzanillo.

En consecuencia, los integrantes de la Tercera Comisión emiten al presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En términos de lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los recursos económicos que disponga en Estado serán administrara con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos los que estén destinados.

Asimismo, la contratación de obras se llevara al cabo a través de licitación pública, mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

En este orden de ideas, independientemente del interés político y social que tiene el Poder Legislativo de que una obra como la modernización del puerto de Manzanillo y la construcción del puerto de Manzanillo II, se ejecute conforme a derecho y en estricto cumplimiento a los principios constitucionales antes señalados; es importante también que en un ejercicio de colaboración entre poderes y en franco acatamiento a los principios de control constitucional, la población tenga acceso, a través de sus representantes populares, a toda la información necesaria para conocer las medidas y acciones que implementado el gobierno federal para la modernización del puerto de Manzanillo y la construcción del puerto de Manzanillo II, con el fin de transparentar dichas actividades y evitar se lesiones el ambiente de confianza con el gobierno.

En efecto, la cultura de la transparencia y la información en nuestro país ha contribuido a darle mayor certeza social a todos los proyectos de obras públicas, en virtud de que con ello se permite conocer las bases de una licitación, las formalidades en el desarrollo de la misma, el respeto al marco jurídico de la misma, quienes son los licitantes triunfadores y la ejecución de las obras. Además evita, como sucedía en gobiernos anteriores, que los servidores públicos obren con preferencias e intereses mezquinos, con el ánimo de favorecer a grupos económicamente poderosos a cambio de su correspondiente regalía.

De ahí la necesidad social y política de que todo proceso de licitación y obra pública sea transparente. Máxime, si como en el presente caso, la ejecución de la obra no sólo afectará el gasto público en dimensiones considerables, sino que además requiere de la integración de varios programas y obras con la finalidad de afectar lo menos posible a la población económicamente activa y de comunidades aledañas a los puertos.

El éxito de una obra pública de la magnitud de la modernización y construcción de los Puertos de Manzanillo, no nada más debe expresarse en la conclusión de la misma, sino en las menores afectaciones a los sectores sociales, populares y económicos que le rodean, para que, a su vez, se vean beneficiados con el mejoramiento de su comunidad, si nivel de vida y en su seguridad pública.

Información reciente sobre este asunto revela que está en proceso la integración de los programas y obras antes citados y que se encuentran con un avance sustancial. En tal virtud, se consideró adecuado desechar la proposición citada al considerar inoportuno el exhorto, y dar el tiempo necesario y suficiente para la integración final de los programas. Lo anterior, con el objeto de que la entidad cuente con la mejor infraestructura posible.

Por tanto, los legisladores integrantes de la Tercera Comisión de trabajo –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión someten a consideración de la asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se desecha la presente proposición por considerar inoportuno el exhorto. Asimismo, se considera pertinente brindar el tiempo necesario y suficiente para la integración final de los programas en relación a la nueva terminal de contenedores del puerto de Manzanillo.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Ciudad de México, a 27 de enero de 2009.

Por la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente

Senador Raúl José Mejía González (rúbrica), presidente; diputado Carlos Eduardo Felton González, senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), secretarios; diputado Carlos Altamirano Toledo, diputado Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), diputado José Rubén Escajeda Jiménez, senador Alejandro González Yáñez, diputada María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), diputado Octavio Martínez Vargas (rúbrica), diputado José Ascención Orihuela Bárcenas, senadora María Teresa Ortuño Gurza, senador Rogelio Rueda Sánchez, senadora Gabriela Ruiz del Rincón, senadora Eva Contreras Sandoval, diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica).