La suscrita, diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional (PRI), con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto de adición y reforma de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos describe por servidor público a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal. Los servidores públicos representan el activo más importante del gobierno para responder y satisfacer las necesidades ciudadanas, por lo que desempeñan un papel fundamental para lograr los fines gubernamentales.
La persona que sea designada para desempeñar un cargo de servidor público, o que ejecute los proyectos de gobierno en su calidad de empleado en todos los niveles debe reunir un conjunto de atributos en su persona, con principios, valores, ética y conducta de gobierno. Los principios son el punto de partida de todos los actos que concientemente afectan positiva o negativamente la relación con el entorno público. Los valores son las cualidades adquiridas socialmente a partir de los principios que se sintetizan en acciones para la sociedad en un conjunto de valores éticos. Por ejemplo, la conducta determina el comportamiento voluntario cuyo contenido o consecuencias son valorados a la luz de los principios y valores éticos establecidos por la sociedad. Así, se puede concluir que la conducta en un servidor público se considere correcta, incorrecta o ilícita.
Capítulo aparte es señalar los valores éticos inherentes al individuo que se forjan desde que son niños y que con el paso del tiempo la experiencia los va templando, cuando se es adulto su proceder transmitirá con sus actos los valores que cuestan una vida construirlos, son principios que no se compran ni en la tienda más lujosa, ni se adquieren en las escuelas más renombradas de México y del extranjero. Los valores éticos trascienden más allá de una simple conducta, no todos los individuos los poseen, pero los que decidan comprometerse con el servicio público nunca deben perder de vista, entre otros, los siguientes:
Integridad. Permite al servidor público reunir en cada uno de sus actos que el desempeño sea lo más recto y ajustado al derecho y al interés social.
Lealtad. Al servidor público implica fidelidad a principios y valores personales y colectivos, lealtad a la patria, a la familia, disposición hacia una causa justa y buena, como a la institución pública a la que se debe ser leal porque desde ahí se contribuye el progreso de la sociedad.
Legalidad. El servidor público debe guardar armonía con la ley, y cumplir las normas y el espíritu de las leyes.
Objetividad. El servidor público procederá sin prejuicios de ninguna naturaleza. Este valor ético nos permitirá actuar con base en la verdad y la legalidad, y servir sin distinción para que la nación se fortalezca.
Prudencia. El servidor público actuará con cautela, moderación y buen juicio, consciente del derecho y de la obligación de los demás, siempre en el marco de la legalidad, de la justicia y la equidad.
Responsabilidad. El servidor público asumirá conscientemente un encargo que rinda los frutos que espera la administración pública y en beneficio de la sociedad y la nación.
Transparencia. Es la esencia del trabajo en la administración pública y el gobierno. Es la abolición de la discrecionalidad, que propicia los arreglos al margen de la ley, brinda información al ciudadano sobre la gestión del servidor público mientras está en servicio y aun posteriormente a ello.
Secreto profesional. Los servidores públicos tienen el compromiso ineludible del secreto profesional en el desempeño de sus funciones, y aún más allá, debido a la naturaleza del cargo que desempeñan. El servidor público no debe revelar o poner en conocimiento de terceros la información o documentación inherente a los procesos técnicos en que participó o sabe de ellos, salvo que medie mandamiento judicial debidamente fundado y motivado. El secreto profesional comprende la confidencialidad del servidor público de los asuntos, información y documentos que conozca en el ejercicio de las labores. La confidencialidad fortalecerá y dignificará al servidor público, a la institución donde presta o prestó sus servicios y a la nación misma.
El servidor público, en el contexto del estado de derecho, se rige en su actuar por la estructura normativa y jurídica que para el efecto se ha edificado.
El Título Cuarto constitucional describe que los servidores públicos son los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial federal, del Poder Judicial del Distrito Federal, funcionarios o empleados en general que desempeñen un cargo en la administración pública federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores del Instituto Federal Electoral, quienes además son sujetos de su ley reglamentaria.
Los valores éticos del servidor público tienen su origen y razón de ser en la legalidad de su conducta, como describe el artículo 113 de la norma fundamental, que expresa los valores fundamentales de la función pública, que constituyen un imperativo de hacer y actuar para que la legalidad y conducta respondan a la aplicación de la responsabilidad.
El ordenamiento constitucional, específicamente el artículo 114, señala el juicio político como sanción que está claramente determinado a qué servidores públicos es aplicable y el término del procedimiento.
El sentido del presente razonamiento tiene el propósito de que el servidor público que deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión deberá observar un tiempo razonable de su actividad después de haber concluido sus funciones, con el propósito de que en ningún caso se llegue a aprovechar en detrimento de la administración pública federal y en general de los intereses de la nación, por influencia o por obtener ventajas derivadas de la información, documentación a que haya tenido acceso en su empleo, cargo o comisión y que no sea del dominio público, como establece el párrafo tercero de la fracción XII del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que a la letra dice: "Una vez concluido el empleo, cargo o comisión, el servidor público deberá observar, para evitar incurrir en intereses en conflicto, lo dispuesto en el artículo 9 de la ley", específicamente con el inciso b), que describe: "No usar en provecho propio o de terceros la información o documentación a que haya tenido acceso en su empleo, cargo o comisión y que no sea del dominio público".
El objetivo de la presente reforma consiste en que los servidores públicos de alto nivel de directores generales, subsecretarios de Estado, secretarios de Estado, diputados federales, senadores de la república, ministros de la Suprema Corte, Magistrados, jueces de distrito, consejeros de la Judicatura Federal, consejeros del Instituto Federal Electoral, auditor superior de la Federación, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presidente de la República, etcétera, se encuentren en un apartado especial de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, independientemente de que como servidores públicos resulten responsables en términos de las resoluciones administrativas o sean sujetos de manera general.
Otro aspecto importante es determinar el término o la prescripción que el servidor público será sujeto responsable para el universo de servidores públicos de alto nivel descrito en el párrafo anterior.
Y como establece el artículo 9 de la ley reglamentaria, para que, una vez de haber concluido sus funciones, deban haber transcurrido tres años para desempeñar un empleo afín o cualquiera que sea asimilable y cuyo objeto de la contratación sea aprovechar su influencia, información, documentación u obtener alguna ventaja derivada de la función que desempeñaba.
Los servidores públicos de alto nivel de directores generales, subsecretarios de Estado, secretarios de Estado, diputados federales, senadores de la república, ministros de la Suprema Corte, magistrados, jueces de distrito, consejeros de la Judicatura Federal, consejeros del Instituto Federal Electoral, auditor superior de la Federación, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presidente de la República, etcétera, que habiendo dejado de desempeñar su empleo, cargo o comisión en la administración pública federal y encontrándose en los supuestos de los artículos 9 y 25 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, dentro de los tres años, serán sujetos de responsabilidad penal por el delito de ejercicio abusivo de funciones, como manifiesta el artículo 220 del Código Penal Federal.
Por lo expuesto, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario del PRI, someto a aprobación de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 9 y se adiciona el 25 Bis a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
Artículo Único. Se reforma el artículo 9 y se adiciona el artículo 25 Bis a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:
Artículo 9. El servidor público que deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión deberá observar, hasta tres años después de haber concluido sus funciones, lo siguiente:
En términos de la resolución que se dicte, conforme a lo dispuesto en la legislación respectiva, los servidores públicos que incurren en responsabilidad penal, y una vez que se tenga conocimiento de ello, se integrará la resolución correspondiente, para que la secretaría, el contralor interno o, en su caso, el área jurídica de la dependencia o entidad respectiva formulen la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.
Artículo Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Propuesta en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 14 de enero de 2009.
Diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica)
QUE REFORMA EL ARTÍCULO
224 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO OCTAVIO MARTÍNEZ
VARGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Octavio Martínez Vargas, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscribe la presente iniciativa, y somete a consideración de esta soberanía el proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 224 del Código Penal Federal, en atención a la siguiente:
Exposición de Motivos
De acuerdo con la reforma al Código Penal Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1983, el enriquecimiento ilícito está tipificado como un delito de los servidores públicos; existe cuando un servidor público no pude acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El legislador, cuando estableció este delito, tuvo la intención de proteger el patrimonio del Estado; es decir, las sumas de dinero que por razón del cargo deben ser manejadas por el servidor público en cuestión para el cumplimiento de las metas y de los programas asignados en los respectivos planes de desarrollo aprobados por el Estado.
La norma jurídica vigente no es suficiente, la sanción que actualmente dispone el artículo 224 del Código Penal Federal respecto al enriquecimiento ilícito ya no se ajusta a la realidad.
Ahora bien, si un funcionario público no comprueba la legítima procedencia de 275 mil pesos, se sanciona con penas de tres meses a dos años de prisión; o bien, puede pagar una multa de mil 600 pesos.
Y, cuando el enriquecimiento ilegal del funcionario público llega a exceder la cantidad de 275 mil pesos se impondrá una pena de dos a catorce años de prisión, una multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal y destitución e inhabilitación de dos a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Como podrán observar las penas no se ajustan a la realidad, y nos preguntamos:
¿Con qué confianza los mexicanos volveremos a aceptar a un servidor público que fue deshabilitado por enriquecimiento ilícito?
Las sanciones son tan accesibles que permiten al delincuente volver a delinquir. Necesitamos poner un freno a tanta corrupción; por ello, la propuesta que presento consiste en elevar el delito de enriquecimiento ilícito a grave, que no alcance multa, y aumentar la pena corporal de siete a quince años para aquel que no exceda del equivalente de mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal.
Y cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente a mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, es decir, cincuenta y cinco mil pesos, se impondrán de dieciséis a treinta años de prisión.
Para ambos casos, al momento de cometerse el delito también procederá la destitución e inhabilitación permanente para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Es la única vía para combatir a todos los funcionarios corruptos y que piensen dos veces antes de incurrir en el delito.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de la Comisión Permanente la presente iniciativa con proyecto de
Decreto
Capítulo XIII
Enriquecimiento Ilícito
Artículo 224. …
…
…
…
…
Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente a mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrán de siete a quince años de prisión al momento de cometerse el delito, y destitución e inhabilitación permanente para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente a mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrán de dieciséis a treinta años de prisión, al momento de cometerse el delito, y destitución e inhabilitación permanente para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Artículo transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2009.
Diputado Octavio Martínez Vargas (rúbrica)
QUE REFORMA EL ARTÍCULO
363 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A CARGO DEL DIPUTADO MANUEL PORTILLA
DIÉGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Manuel Portilla Diéguez, diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta honorable asamblea, la presente iniciativa que contiene proyecto de decreto, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Las crisis bancarias tienen su origen en diversos factores del entorno macroeconómico entre los más comunes, cambios bruscos en las tasas de interés, la desestabilización de los mercados financieros producida generalmente, por un manejo inadecuado de riesgos en la cartera de inversiones y el crecimiento del endeudamiento.
La crisis bancaria consiste en una reducción drástica del financiamiento bancario, lo cual se traduce en una reducción del crédito, menor capacidad para otorgar préstamos, una reducción en los depósitos y en la capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras.
Aparte de los elementos de la crisis en cita, el contexto actual del sistema financiero se caracteriza por tender a la apertura de capitales y a la desregulación financiera, ello para provocar que las economías sean fundamentalmente eficaces para el libre comercio.
En tal situación, el Estado mexicano ha concertado que la estabilidad financiera descanse sobre el valor de los intercambios con el exterior, esto es una balanza comercial favorable y por otra parte, ha propiciado el desarrollo de la capitalización de la iniciativa privada.
Las experiencias recientes en las caídas abruptas del mercado de capitales han mostrado al mundo las consecuencias que pueden causar una mala supervisión bancaria o el relajamiento de la probidad en las operaciones financieras por parte de sus instituciones.
Por tal razón, dado el entorno económico y regulatorio los costes de la crisis económica y financiera los sufren todos los agentes del mercado, de hecho los mayores riesgos son asumidos por el gobierno a través de su déficit presupuestario y por los ciudadanos a través de su ahorro e inversiones.
En ese mismo orden de ideas, la usanza de proteger a los inversionistas a costa de la protección de los intereses del público inversionista ante las contingencias económicas, produjo severos estragos en las finanzas del gobierno federal que no han permitido la recuperación en la independencia económica ni la confianza en las instituciones crediticias.
Un referente cercano fue el fallo en materia de intereses fue formulado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 7 de octubre de 1998, al resolver la contradicción de tesis 31/98 entre diversos criterios sustentados por los tribunales federales respecto a la acumulación de intereses sobre intereses en los contratos bancarios de apertura de crédito.
Las tesis que antecedieron a esta controversia fueron la resolución del juicio de amparo directo 2647/97 del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que sostuvo que el llamado sistema de crédito adicional o refinanciamiento que ocasionalmente se acompaña a los contratos de apertura de crédito constituye un acto simulado y 215/96 del Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito.
El tópico sobre el cual verso la contradicción se encierra en el denominado anatocismo, una figura jurídica a través de la cual se transforman los intereses en capital de manera automática al vencer y no quedar satisfechos, en la capitalización de intereses es necesaria la voluntad de las partes contratantes en el momento o posterior a su vencimiento, por lo que debe convenirse expresamente.
La trascendencia de esta determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, retorna un especial interés en el fenómeno de la bancarización de la población, que esta intensivamente promovida por los bancos especialmente en el crédito al consumo.
Ante la actual crisis financiera internacional, los bancos no han presentado acciones para apoyar al gobierno para enfrentar la crisis; los especialistas del sector han reiterado la necesidad da que se conserven los empleos y el nivel de masa salarial, para ello es indispensable que la banca no limite el crédito y no endurezca las condiciones de pago de éstos.
Ante este panorama la imposición de altas tasas de interés resulta un esquema insostenible para la economía familiar y el desarrollo del comercio, principal fuente de empleos formales de la economía doméstica.
En virtud de que las altas tasas de interés y los elevados cargos por concepto de comisiones bancarias se esta exponenciando el número de deudores que no pueden pagar, este fenómeno se identifica más claramente con el incremento del diez por ciento en el registro de los deudores del buró de crédito.
Por su parte, el gobierno federal ha estimado para 2009 una deuda pública en 289 mil millones de pesos, que se prevé de esta cantidad, se pagará 214 mil 40 millones para financiar los adeudos de la administración pública; 44 mil 911 millones al costo financiero; 30 mil 992 millones para los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca; 3 mil 137 millones para cubrir las obligaciones de los programas de apoyo a deudores, y 27 mil 855 millones para las obligaciones surgidas de los programas de apoyo a ahorradores.
Los servicios que las familiar pagan con el crédito al consumo abarcan una diversidad de servicios necesarios para la vida diaria, servicio de teléfono, Internet, televisión por cable, crédito con tienda de autoservicio o departamentales, por lo que ante la morosidad las personas están cubriendo sus adeudos financiándose con otras fuentes crediticias tarjetas de crédito.
En el caso del crédito hipotecario, los bancos no parecen preocupados por la dilación en el cumplimiento de las obligaciones, por lo que pareciera que pudieran pretender beneficiarse de la adquisición de activos capitalizables en situación de crisis.
Según datos de la Asociación de Bancos de México el índice de morosidad de la banca mexicana se ubicó en niveles de 3.5 por ciento al 31 de octubre de 2008 y por otra parte, la cartera vencida de consumo fue la de mayor crecimiento al aumentar 7.9 por ciento, y dentro de la cartera de consumo, la de tarjetas de crédito subieron a 9.9 por ciento.
Por lo anterior, tomando en consideración que no existen medidas urgentes que atiendan las necesidades de los deudores, ni atenúen la discrepancia entre el incremento de la deuda a raíz de la capitalización de intereses y la capacidad para cumplir con sus obligaciones, se propone el prohibir el establecimiento formal del cobro de intereses sobre intereses, y la capitalización de estos.
Lo anterior a fin de que se refuercen los mecanismos formales de acceso al crédito, se proteja el patrimonio de la gente y se reactiven los esquemas de competencia que permitan bajar las tasas de interés, evitando a largo plazo que las instituciones soporten esquemas de riesgo que mermen severamente sus activos, síntoma precedente que antecede a la necesidad de un rescate financiero.
Por lo expuesto, el que suscribe, Manuel Portilla Diéguez, diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 363 del Código de Comercio
Artículo Primero. Se reforma el artículo 363 del Código de Comercio, para quedar como sigue:
Artículo 363. Los intereses vencidos y no pagados, no devengarán intereses.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, durante el primer receso del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura, a 14 de enero de 2009.
Diputado Manuel Portilla Diéguez (rúbrica)
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS
84 Y 130 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, A CARGO DE LA DIPUTADA BLANCA LUNA
BECERRIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
Blanca Luna Becerril, diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II; 72 y 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56, 60, 63, 64, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, presenta ante esta soberanía la presente iniciativa al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El trabajo, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, es un derecho y un deber sociales; no es un artículo de comercio y por lo tanto exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para la persona que trabaja y su familia.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 4o. y 5o. que tanto en el ámbito laboral como en cualquier otro, debe respetarse el principio de igualdad, que significa que mujeres y hombres son iguales ante la ley y por lo tanto gozan de las garantías fundamentales, quedaprohibida toda discriminación que anule o menoscabe los derechos o libertades de las personas.
En este sentido, y acorde a los principios establecidos en las leyes fundamentales que rigen nuestro país, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió, en septiembre pasado, un amparo a un hombre viudo, al considerar como violatorio el artículo 130, párrafo segundo, de la Ley del Seguro Social, que a la letra dice:
De acuerdo con la legislación vigente, para recibir la pensión por viudez, el esposo o concubino tiene que acreditar que dependía económicamente de la esposa o pareja, quién era trabajadora asegurada o pensionada, lo que la corte consideró como inconstitucional; ya que según sus conclusiones, la pensión no es una concesión gratuita o generosa, sino un derecho generado durante la vida productiva del trabajador o trabajadora con el objeto de garantizar, en alguna medida, la subsistencia de sus beneficiarios; por ello consideró que el párrafo segundo de este artículo viola las garantías de igualdad y no discriminación que están previstas en la Constitución, al impedir el cumplimiento de los fines de protección y bienestar de los trabajadores y sus familiares que previene del numeral 123, apartado A, fracción XXIX, de la propia norma fundamental, que establece:
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, de una manera general, todo contrato de trabajo:
I. (...) a XXVIII. (...)
XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.
XXX. (…) a XXXI. (...)
Por las consideraciones expuestas, someto, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, a la aprobación por esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de
Decreto
Único. Se reforman los artículos 84 y 130 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:
Artículo 84. Quedan amparados por este seguro:
II. El pensionado por:
a) Incapacidad permanente total o parcial;
b) Invalidez;
c) Cesantía en edad avanzada
d) Viudez, orfandad o ascendencia y vejez, y
III. La esposa o esposo de la persona trabajadora asegurada o, a falta de ésta, la persona con quien ha hecho vida marital durante los cinco años anteriores a la enfermedad, o con la que haya procreado hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si la persona asegurada tiene varias concubinas o concubinarios, ninguna de estas personas tendrá derecho a la protección.
IV. La esposa o esposo de la persona pensionada, en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, a falta de ésta, la concubina o el concubinario si reúne los requisitos de la fracción III.
V. (...) a IX. (...)
Transitorios
Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Instituto Mexicano del Seguro Social, al siguiente día de la entrada en vigor de la presente reforma, notificará a todos los derechohabientes a los que se les denegó la pensión por viudez por no demostrar la dependencia económica de su esposa o concubina, para efectuar los trámites correspondientes para el cobro de la pensión mencionada.
Notas
1. Presentación. Revista de teoría y filosofía
del derecho, lsonomía. Departamento Académico de Derecho
del Instituto Tecnológico Autónoma de México, ITAM.
Número 28.
Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 14 del mes de enero de 2009.
Diputada Blanca Luna Becerril (rúbrica)
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS
14 Y 136 BIS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A CARGO DEL SENADOR
MARIO LÓPEZ VALDÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Mario López Valdez, senador de la República por Sinaloa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículo 14 y 136-Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La situación económica mundial para 2009 es poco alentadora, por la incertidumbre que se ha creado en los mercados financieros del exterior, que indudablemente indican que México se encuentra inmerso en una grave desaceleración económica.
La creciente caída en la actividad económica de los Estados Unidos de América, nuestro principal socio comercial, ha reducido significativamente las expectativas de crecimiento del país.
De ahí, que para estimular el crecimiento y la generación de empleos, el Gobierno Federal implemente un primer programa para resistir los efectos de la crisis global, el cual consta de cinco puntos contracíclicos:
Segundo. Pretende que el sector público, cambie las reglas en el ejercicio de ese gasto para poder agilizar su ejercicio;
Tercero. Anuncia la construcción de una nueva refinería;
Cuarto. Lanza un plan extraordinario de apoyo a las pequeñas y medianas empresas; y
Quinto. Establece un nuevo programa de desregulación y desgravación arancelaria para hacer más competitivo el aparato productivo nacional.
Esto nos habla, de una falta de transparencia y claridad gubernamental para no reconocer el deterioro o estancamiento que vamos a seguir enfrentando, dado que esta crisis aun no se puede cuantificar de manera económica ni social, pero su repercusión inicial hace evidente que la contracción en las actividades financieras de todo el mundo, deteriorará la creación de nuevos empleos.
Ante este panorama, la comunidad empresarial y los contribuyentes cumplidos del país sienten que aún no son apoyados con programas fiscales oficiales, que les permitan subsistir ante la actual recesión económica.
Frente a estos indicadores, no será suficiente el gasto histórico asignado para las políticas públicas, que junto a la depreciación acumulada del peso, hace imprescindible anticipar problemas por falta de liquidez, para que las empresas no vean tan disminuidos sus aspectos operativos que sin duda se han comenzado a presentar en los despidos empresariales; donde pocos ven el cierre de la empresa, pero si el recorte laboral como la opción más inmediata para enfrentar estos tiempos difíciles.
Lo que nos lleva a la necesidad de contar con adecuaciones fiscales, que incentiven la inversión, alienten el empleo y se traduzcan a largo plazo en una mayor recaudación. De ahí, la importancia de contar con elementos que permitan reducir el impacto tributario que tiene el impuesto sobre la renta, para que los causantes no vean disminuidos sus flujos de efectivo.
Ya que este 2009 será un año complicado para los mexicanos, y en especial para las clases media alta hacia bajo, para las que su poder adquisitivo será agobiado por la inflación y su fuente de ingresos acechada por el fantasma del desempleo; así también, las micro, pequeñas y medianas empresas verán afectada su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad por la falta de liquidez.
Es por eso, que ante la presiones de incertidumbre e inestabilidad por la falta de liquidez y el encarecimiento de los préstamos personales y créditos para el sector empresarial, que han aumentado de manera considerable, nuestra propuesta de reforma pretende ampliar la periodicidad, de mensual a trimestral, en los pagos provisionales del impuesto sobre la renta, con el objetivo de revitalizar y otorgar mayor flexibilidad a los contribuyentes mexicanos, para adaptarse a los cambios actuales del mercado y para que el empresariado nacional pueda emprender en el corto plazo proyectos innovadores que resulten en una buena fuente generadora de empleo.
Sin dejar de advertir, que los Estados nacionales ya no pueden permanecer en un rol pasivo de simples observadores de la realidad o en contrapartida instituirse sólo como reguladores agobiantes, deben ahora convertirse en los nuevos tomadores de las decisiones estratégicas para el desarrollo económico.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto que adiciona los artículos 14 y 136-Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta
Artículo Único. Se adiciona un último párrafo a los artículos 14 y 136 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:
Artículo 14. Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, conforme a las bases que a continuación se señalan:
…
…
…
…
…
Los contribuyentes a que se refiere esta sección, que no tengan retraso en el pago de sus contribuciones durante al menos tres ejercicios fiscales anteriores, podrán optar por aplicar el pago provisional de manera trimestral, de conformidad con el reglamento que para tal efecto expida la secretaría.
…
…
…
…
Los contribuyentes a que se refiere esta sección, que no tengan retraso en el pago de sus contribuciones durante al menos tres ejercicios fiscales anteriores, podrán optar por aplicar el pago provisional de manera trimestral, de conformidad con el reglamento que para tal efecto expida la secretaría.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 14 de enero de 2009.
Senador Mario López Valdez (rúbrica)
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARICELA CONTRERAS
JULIÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada Maricela Contreras Julián integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
A partir de 1982 se instaló el grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, dando como resultado el Grupo de trabajo sobre poblaciones Indígenas, conformado por expertos independientes, los cuales iniciaron la redacción de un proyecto de declaración, cuyo texto fue llevado hasta 1994 ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Fue hasta el 23 de diciembre de 1994 cuando el pleno de la asamblea de la ONU determinó la conformación de un grupo de trabajo distinto para la elaboración del proyecto de declaración de los pueblos indígenas; después de 11 años hasta 2006 es cuando se remite al pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas el proyecto de la declaración citado, aprobándose y adoptándose el 13 de septiembre de 2007.
En los considerandos de la declaración se abordan de manera integral diversos temas, que se pueden resumir de la siguiente manera:
La protección contra el genocidio y el etnocidio.
Los derechos relativos a las religiones, los idiomas
y las instituciones educativas.
La propiedad, posesión y uso de las tierras y recursos
naturales indígenas.
La protección de la propiedad cultural e intelectual.
El mantenimiento de estructuras económicas y modos
de vida tradicionales.
La protección del medio ambiente.
La participación en la vida política, económica y social de los Estados interesados, especialmente si se trata de cuestiones que pudieran afectar a los pueblos indígenas.
La libre determinación, el autogobierno o la autonomía de los pueblos indígenas en cuestiones relacionadas con sus propios asuntos internos y locales.
Los contactos y cooperación tradicionales a través de las fronteras estatales.
La observación de los tratados y otros acuerdos concertados con los pueblos indígenas.
En ese sentido, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, como órgano administrativo federal encargado de la aplicación de las políticas en materia de comunidades y pueblos indígenas, debe velar de manera particular por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para garantizar el pleno desarrollo económico, social y cultural de los pueblos originarios.
Para tal efecto se propone que la CDI promueve en el Plan Nacional de Desarrollo, como parte de las políticas públicas, el respeto y reconocimiento al ejercicio pleno de la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas.
Otro de los puntos que se proponen de reforma a la ley, es dotar de facultades a la CDI para que promueva en los medios de comunicación que se evite difundir imágenes o mensajes de estereotipos de los pueblos indígenas, especialmente aquellos que generen cualquier tipo de violencia o que inciten la discriminación racial o étnica.
Por su parte, se requiere una trasformación social con la urgente necesidad de respetar, promover y coadyuvar en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas, sociales, culturales y de su tradición, filosofía, historia, especialmente al respeto de sus tierras, territorios y recursos.
El objetivo es fomentar las relaciones armoniosas y la cooperación basada en los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos y la no discriminación.
Por ello, se propone que la CDI garantice que los pueblos indígenas no sufran la asimilación cultural, social, política y económica forzada o la destrucción de su cultura, además de promover el respeto a sus valores y su identidad.
También se le está confiriendo a la CDI la facultad de vigilar que las políticas públicas, de manera especial, en materia de educación, salud y laboral sean aplicadas sin discriminación especialmente dirigida a niñas, niños y mujeres. Lo anterior, ya que en muchos casos, aunque desarrollan actividades económicas las mujeres de los pueblos indígenas, éstas no son reconocidas como tal pues se consideran simples ayudas y no como trabajo, de ahí que no perciban un salario, ni remunerado y mucho menos digno por su actividad.
Para el caso de la educación encontramos que de conformidad con los datos proporcionados por la propia CDI (Indicadores con perspectiva de género para los Pueblos Indígenas, CDI, 2006), casi el 30 por ciento de la población indígena es analfabeta; para el caso de las niñas y niños indígenas de 6 a 12 años, tienen una asistencia a la escuela de un 90 por ciento, sin embargo en el nivel secundaria en estudiantes de entre 13 a 15 años, se detecta una inasistencia casi de 40 por ciento. En educación media o superior, ni siquiera se cuenta con una estadística o indicador, de tal manera que no se tiene la certeza de que el Estado realmente garantice a este sector de la población el acceso a este tipo de educación.
Por otra parte, es importante destacar lo que la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994 enfatizó para todos los países integrantes, entre ellos México; en este documento se puso especial énfasis en las relaciones de género como requisitos indispensables y previos para lograr el desarrollo, exhortando a los gobiernos participantes a realizar los cambios necesarios para lograr la equidad de género y para asegurar el acceso de las mujeres a los programas sociales y económicos en condiciones de igualdad con el hombre.
Además, se insta a generar información desagregada por sexo, grupos de edad, región del país, entidad federativa y municipio, grupo étnico, entre otros con el fin de mejorar el conocimiento sobre la situación socioeconómica, el papel de las mujeres y los hombres en los procesos sociodemográficos y definir con mayor precisión el carácter de la condición social y laboral de la mujer, para que el Estado implemente la toma de decisiones en políticas y programas.
Una realidad a la que se enfrenta aún el país es que las mujeres indígenas enfrentan una doble desventaja en su capacidad de decisión, el acceso a los recursos y la capacidad de acción, pues son indígenas y mujeres; por ello es que la implantación de los indicadores adecuados que reflejan la relación entre mujeres y hombres de los pueblos indígenas, se logrará observar los comportamientos y prácticas sociales en que confluyen las barreras étnicas y de género.
Además en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se establece a los Estados parte como obligación la de contar con indicadores desagregados para un mejor conocimiento, promoción y protección de los pueblos indígenas.
De igual forma, se busca que la CDI oriente y asista a los pueblos indígenas ante las autoridades del Distrito Federal, además de las federales, estatales, municipales que ya se establece en el texto vigente de la ley.
Un factor adicional que se propone es que la CDI promueva el respeto de los derechos de las mujeres al interior de los pueblos indígenas, ya que en muchas ocasiones estos son vulnerados sin que se respete lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales en la materia que México ha suscrito y ratificado.
En atención a los razonamientos vertidos anteriormente, se propone adicionar el artículo 6 para que la Junta de Gobierno como órgano rector de la CDI esté integrada además por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y por el Instituto Nacional de las Mujeres
Se sugiere al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que coadyuve con la sistematización de datos en los indicadores desagregados que se proponen a efecto de tener precisión en la atención a las comunidades y pueblos indígenas.
Por lo que respecta al Instituto Nacional de las Mujeres, se propone su incorporación, ya que es el órgano encargado de vigilar la debida aplicación de las políticas públicas con perspectiva de género en todos los ámbitos de la administración pública.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de ésta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Artículo Único. Se reforma el artículo 2, fracciones VIII y XVI; el artículo 3 fracción V; y se adicionan los artículos 2, 3 y 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:
Artículo 2.
VIII. Coadyuvar, orientar y, en su caso, asistir a los indígenas que se lo soliciten en asuntos y ante autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal;
IX. …
X. Asesorar y apoyar en la materia indígena a las instituciones federales, así como a los estados, al Distrito Federal, municipios y a las organizaciones de los sectores social y privado que lo soliciten;
XI. a XV. …
XVI. Establecer las bases para integrar y operar un sistema de información y consulta indígena, que deberá estar desagregada por sexo, grupos de edad, región del país, entidad federativa, municipio y grupo étnico, que permita la más amplia participación de los pueblos, comunidades, autoridades e instituciones representativas de éstos, en la definición, formulación, ejecución y evaluación de los programas, proyectos y acciones gubernamentales;
XVII y XVIII …
XIX. Promover la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo de medidas y políticas que reconozcan y respeten el ejercicio pleno de libre determinación de los pueblos indígenas;
XX. Promover que los medios de comunicación eviten difundir imágenes o mensajes con estereotipos de los pueblos indígenas, especialmente aquellos que generen cualquier modalidad de violencia o que inciten la discriminación racial o étnica;
XXI. Garantizar que los pueblos indígenas no sufran la asimilación cultural, social, política y económica forzada o la destrucción de su cultura, además de promover el respeto a sus valores y su identidad;
XXII. Coadyuvar con las dependencias de la administración pública de los distintos niveles de gobierno, a fin de adoptar las medidas necesarias para que los pueblos indígenas, particularmente niñas y niños, tengan acceso a la educación y servicios de salud en su idioma;
XXIII. Impulsar el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de los pueblos indígenas, con particular atención a las niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad; y
XXIV. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.
VII. Promover el respeto de los derechos de las mujeres al interior de los pueblos indígenas, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia.
II…
a) a m) …
n) Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
ñ) Instituto Nacional de las Mujeres.
III. El director general de la comisión, sólo con derecho a voz.
…
Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de enero de 2009.
Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)
El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrátiva a la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Sin duda alguna la zona arqueológica de Teotihuacan es uno de los símbolos más representativos de la cultura prehispánica, y de los que identifican riqueza y diversidad cultural de nuestro país.
Gracias a la cultura teotihuacana, durante los siglos I al VIII, se desarrolla la civilización Olmeca en sus más originales y puras formas, con aportaciones en la escritura, la mitología, la poesía, la cerámica, estética mural y el cómputo del tiempo. Dichas aportaciones abrevarán las culturas del altiplano, particularmente los mexicas.
Desde los tiempos en que se construyó la urbe teotihuacana, se expresaba la compleja organización social, su estructurada forma de gobierno, con lo que se constituyó en una de las mayores urbes jamás construidas por la humanidad. Sobre la importancia de la cultura teotihuacana, sus aportaciones al conocimiento para la humanidad, la trascendencia, su cosmología y originalidad de su estética. Plasmada en cerámica, arte escultórico, murales y arquitectura, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) le otorgó la declaración de sitio patrimonio cultural de la humanidad.
En contraste, hace apenas 4 años se enfrentó en la LIX Legislatura una crisis por la construcción de un Wal Mart en el perímetro C de la zona arqueológica, y se actuó en contra del intento de explotar indebidamente nuestro patrimonio cultural.
Nuestra intención no es tomar iniciativas contra del turismo, ni de los proyectos de promoción turística, ni de encontrar sus diferentes formas de vinculación con la cultura; tampoco estamos en contra de proyectos de desarrollo económico y social que beneficie a los mexicanos que habitan en los municipios vecinos de la zona arqueológica: Lo que no podemos aceptar es el riesgo de que una obra de montaje pueda dañar a los monumentos arqueológicos de Teotihuacan, ni podemos aceptar el riesgo de que se emitan por parte de la UNESCO, recomendaciones, que de no ser atendidas, pudieran promover el retiro de la declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad.
Recuperamos una de las propuestas que han dado resultado en la resolución de conflictos donde el patrimonio cultural se encuentra en riesgo: una mesa de trabajo, en que coincidan representantes de los tres niveles de gobierno, estatal, municipal y federal; que tenga un carácter ejecutivo y que plantee las diferentes vías de solución a problemas derivados de las obras de montaje de luz y sonido, pero que también resuelvan los problemas de desarrollo urbano, desarrollo social y económico de los municipios colindantes con la zona arqueológica; además de integrar a especialistas y autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y representantes de la sociedad civil, con el propósito de salvaguardar la zona e investigar los posibles daños ocasionados a los monumentos arqueológicos, con la intención de restaurarlos.
Refrendamos nuestro apoyo a la solicitud de suspensión de las obras, particularmente el montaje de rieles por taquetes expansivos, o cualquier otro procedimiento que implique un posible deterioro de la zona arqueológica y de sus monumentos, en tanto no se obtengan los resultados y resoluciones por parte de los integrantes de la mesa de trabajo.
Por todo lo anterior, sometemos este punto de acuerdo a la consideración de la Comisión Permanente, de urgente u obvia resolución.
Punto de Acuerdo
Uno. Exhortar al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al gobierno del Estado de México a establecer, de manera urgente, la mesa de trabajo que integre a los tres niveles de gobierno, estatal, municipal y federal; así como a las organizaciones sociales y especialistas, para que en apego a las facultades del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el interés del pueblo de México se preserve la integridad de la zona arqueológica de Teotihuacán
Dos. Esta soberanía se pronuncia a favor del resguardo del patrimonio cultural, en particular de la zona arqueológica de Teotihuacan, por lo que reitera la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia para suspender las obras de montaje de cableado e instalación de luz y sonido, en tanto que la mesa de trabajo emita los resultado de sus investigaciones y pueda conocerse el nivel de deterioro o la posible destrucción de los monumentos arqueológicos y, si fuera el caso, se proceda en consecuencia en contra de los presuntos responsables, y en relación al proyecto de luz y sonido, el Instituto Nacional de Antropología e Historia autorice un sistema no lesivo a los monumentos de la zona arqueológica de Teotihuacan.
Dado en la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2009
Diputado José Alfonso Suárez del Real y
Aguilera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE INSTRUYA SOBRE LA CONGELACIÓN
DEL PRECIO DEL DIESEL A ESCALA NACIONAL, COMO PARTE DE LAS MEDIDAS DEL
PLAN ANTICRISIS QUE APLICA ACTUALMENTE EL GOBIERNO FEDERAL, SUSCRITA POR
EL DIPUTADO PASCUAL BELLIZZIA ROSIQUE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
El diputado, Pascual Bellizzia Rosique, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El 7 de enero de este año, el presidente Felipe Calderón anunció la firma del Acuerdo nacional en favor de la economía familiar, el cual, según datos de la propia Presidencia de la República, está enfocado a superar los efectos de la coyuntura económica internacional y así, con la puesta en marcha de diversas acciones por parte de los sectores políticos y sociales del país, proteger el empleo y la economía de los mexicanos.
Este segundo paquete de medidas "anticrisis" incluyó el congelamiento de los precios de las gasolinas, la reducción en 10 por ciento del gas LP y la reducción de tarifas eléctricas industriales.
A pesar de que estas medidas impactarán positivamente en la economía familiar de muchos mexicanos, faltó atender la situación del diesel, que sin lugar a dudas es el combustible más importante en el transporte terrestre de carga y pasajeros, así como en las diversas actividades productivas del campo y del mar.
A manera de ejemplo, el 1 de enero de 2009, el sector pesquero inició un paro nacional en protesta por los constantes incrementos al diesel, cuyo precio aumentó 35 veces en 2008 e hizo incosteable esta actividad. De acuerdo a los dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera, el paro llamado Cero pesca 2009 no es un capricho de los productores, sino una lucha legítima por el derecho al trabajo.
A partir del 3 de enero de 2009, el diesel cuesta 7.38 pesos por litro, lo cual representa un aumento de 23.6 por ciento con respecto a su precio en enero de 20081. Ante este escenario, el aumento de los precios del diesel ha tenido impactos severos no solo en la pesca, sino también en la industria, el transporte, la agricultura y la ganadería.
El gobierno federal ha cometido un nuevo error al no concebir en su justa dimensión las necesidades de la gente del campo para poder seguir produciendo.
En materia económica, nos congratulamos por el interés y la voluntad que todos los sectores están demostrando para poner remedio a esta crisis, sin embargo debemos señalar que los apoyos del Acuerdo nacional en favor de la economía familiar y el empleo, son desafortunados: por una parte, se congelaran los precios de las gasolinas en todo el país durante todo el año y se reduce el precio del gas LP en 10 por ciento, manteniéndolo en ese nivel por el resto del año; y por otra, se incrementa constantemente el precio del litro del diesel lo que afectará a miles de productores agrícolas del país.
En esto hay que advertir que durante todo diciembre sufrimos ajustes graduales a los precios de estos energéticos, y en ese mes que se aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el 2009, se previeron ingresos tributarios por 105 mil 871.9 millones de pesos provenientes del impuesto especial sobre producción y servicios a las gasolinas y diesel para combustión automotriz.
A pesar de estos incrementos, los productores, ejidos, comunidades y las organizaciones o asociaciones de carácter nacional, estatal, regional, distrital, municipal o comunitario de productores del medio rural, los autotransportistas, pescadores, continúan cumpliendo y trabajando por mejorar las condiciones del país.
Ante estos incrementos vía estímulos fiscales se otorgó la posibilidad de acreditar con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Ingresos de la federación las contribuciones causadas a razón del artículo 2o.-A, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Lejos de ayudar a los productores estas medidas los afectan porque las dependencias no liberan a tiempo los subsidios para los productores agrícolas, pesqueros o ganaderos, seguidamente el mercado encarece los insumos agrícolas y en consecuencia el campesino o el agricultor no tienen ingresos para comprar semilla menos aún para comprar el diesel.
Cabe decir que las reglas de acreditación del impuesto no son absolutas, esto es se sujetan a un porcentaje de las contribuciones por lo que subsiste la necesidad de enfrentar los incrementos en el costo del diesel para los motores de combustión interna para extracción de agua para riego, los tractores, y maquinarias en el caso del sector agrícola y del combustible utilizado por 80 por ciento del autotransporte de carga y pasajeros, así como por la flota pesquera del país.
En atención a lo anteriormente expuesto, el legislador que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía, somete a consideración de este honorable Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que instruya la congelación el precio del diesel a nivel nacional, como parte de las medidas del plan anticrisis, que aplica actualmente el gobierno federal.
Nota
1. Periódico La Jornada. 3 de enero de 2009. Hoy,
el primer aumento del año a la gasolina Magna y el diesel http://www.jornada.unam.mx/2009/01/03/index.php?section=economía&article=014n1eco.
Dado en el salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, durante el primer receso del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura, a 14 de enero de 2009.
Diputado Pascual Bellizzia Rosique (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL GOBIERNO DE NUEVO LEÓN A CONSIDERAR CADEREYTA COMO PARTE DE LA
ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY Y, POR CONSIGUIENTE, BENEFICIARLA CON EL
FONDO METROPOLITANO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO MARCO HERIBERTO OROZCO RUIZ
VELAZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura, Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Un acierto muy grande como diputados, fue considerar y apoyar, desde el 2006, a las zonas metropolitanas de las grandes ciudades, buscando con esto la competitividad económica y capacidades productivas; la viabilidad y disminución de los riesgos por fenómenos naturales y ambientales; la consolidación urbana; y por último, el aprovechamiento óptimo de las ventajas de un funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial.
Podemos decir que la zona metropolitana es el conjunto de municipios contiguos en donde se localiza una ciudad principal de 50 mil habitantes o más, cuya área urbana, funciones y actividades, trascienden los límites territoriales del municipio que originalmente la contuvo e incorpora a otros municipios vecinos.
En México, el apoyo anual a las zonas metropolitanas ha ido creciendo, pues en el 2006 la Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación mil millones para este fin, en el 2007 tres mil, en el 2008 se incremento a cinco mil quinientos cincuenta millones, y en este año el monto llegó a casi seis mil millones de pesos.
Así mismo, también ha ido creciendo el número de zonas metropolitanas sujetas a apoyos federales, pues en el 2006 sólo era considerada la zona metropolitana del valle de México, en el año siguiente se tomaron en cuenta la de Guadalajara y Monterrey, en el 2008 se incorporaron las de León, Puebla, Querétaro y la Laguna; actualmente son consideradas también las de Aguascalientes, Acapulco, Cancún, Mérida, Oaxaca, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz y Villahermosa.
Lo anterior denota la importancia que le estamos dando a mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en las zonas metropolitanas, pues dicho fondo sirve para atender aspectos como el abastecimiento de agua potable, alcantarillado, drenaje, transporte público, contaminación ambiental y rellenos sanitarios, entre otros.
Para la zona metropolitana de Monterrey se aprobaron en este año 425 millones de pesos, los cuales, como ya mencioné anteriormente, servirán para ofrecer más y mejores servicios para la sociedad.
Desafortunadamente, para estos efectos el gobierno de Nuevo León, me imagino que por alguna confusión, no está considerando al municipio de Cadereyta como parte de la zona metropolitana de Monterrey, por lo que sus habitantes no gozan de esos innumerables beneficios, tan importantes para el desarrollo regional.
Cabe hacer mención que en el estudio llamado Delimitación de zonas metropolitanas de México 2005; realizado en conjunto por la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Historia (INEGI), establece que la zona metropolitana de Monterrey incluye a los municipios de Apodaca, Cadereyta de Jiménez, García, San Pedro Garza García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina y Santiago.
Por lo anterior, me permito someter a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno estatal de Nuevo León para que considere al municipio de Cadereyta como parte de la zona metropolitana de Monterrey, y por consiguiente que sea beneficiado con el Fondo Metropolitano.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de enero de 2009.
Diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTAURAR UN PLAN URGENTE PARA BAJAR LAS
TARIFAS DEL DIESEL, A CARGO DE LA DIPUTADA LILIA GUADALUPE MERODIO REZA
Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los que suscriben, diputados federales de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes
Motivos
La actual crisis económica se resiente en todos los países por igual. Los efectos se diferencian en razón del tamaño de sus economías y del nivel de interacción comercial con el resto del mundo. En este sentido, la globalización muestra una de sus caras adversas, ya que la integración de las regiones ocasiona que se genere un efecto dominó con costos aún no cuantificables.
Aunado a lo anterior, cabe señalar que durante los últimos años otros ramos de la actividad económica han enfrentado serias dificultades que han mermado su capacidad productiva, tal es el caso del sector agrícola, que incide de manera directa en la producción de alimentos y materias primas.
Por otra parte, el sector de los energéticos es otro de los rubros que ha presentado variaciones que ocasionan efectos negativos en las economías de los países, principalmente en la producción de combustibles, sin olvidar que los derivados de los energéticos son pieza fundamental en otros sectores, lo que permite el eslabonamiento de las cadenas productivas.
En el contexto señalado, México también resiente los efectos negativos de la crisis mundial, ello derivado de diversos factores como la alta dependencia de los Estados Unidos, que al encontrarse en recesión ocasiona una disminución importante en las exportaciones, considerando que el vecino del norte es nuestro principal socio comercial; la baja de los precios del petróleo ha ocasionado que el nivel de recaudación sea menor al esperado; la escasez de granos básicos dificulta sobremanera la producción de alimentos y productos que son fundamentales en la alimentación de los mexicanos.
En suma, la crisis que enfrentamos es una de las más agudas de la historia, lo que representa un gran reto en el que las acciones que se implementen determinarán el rumbo de nuestro país, por lo que es momento de sumar esfuerzos por parte de los diferentes sectores productivos, políticos, gubernamentales y sociales a fin de lograr alcanzar el objetivo de solventar la crisis financiera actual.
Es lamentable que las propuestas que ha realizado el gobierno federal en colaboración con diferentes instituciones públicas y privadas, resultan insuficientes para hacer frente a la crisis actual, dejando al margen sectores que participan con una aportación importante a la producción nacional, tal es el caso de los sectores pesquero y agrícola, tan sólo por mencionar algunos.
Los sectores mencionados anteriormente, a la fecha, no han sido beneficiados con incentivos, deducciones fiscales o reducción en sus costos, lo que dificulta su participación en la economía nacional. Tan sólo por mencionar un ejemplo, desde el año pasado el precio del diesel ha subido de manera extraordinaria. El incremento ha sido del 23 por ciento, al pasar de 5.93 pesos por litro a enero de 2008, a 7.33 pesos por litro al cierre del año pasado.
En lo que respecta al sector pesquero mexicano, la gran mayoría de los pescadores se encuentran en paro desde el pasado 1 de enero, debido a los altos precios del diesel, elemento fundamental en su actividad, lo cual provoca que los costos de producción no sean competitivos con relación al resto de los participantes en el sector. Derivado de lo anterior, uno de los subsectores que mayores afectaciones presenta es el de la pesca de camarón, que representa una cantidad importante de ingresos para la producción nacional.
Cabe mencionar que, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola, a la fecha, este paro ha ocasionado que más de mil 280 personas, de las cuales un 80 por ciento son mujeres, estén sin empleo, debido a que las plantas procesadoras de productos pesqueros no cuentan con productos para empacar.
Además, un gran número de embarcaciones camaroneras ha decidido mantenerse encalladas en sus puertos de origen, debido a que ha sido necesario redistribuir y planificar nuevamente los costos de producción, ya que el precio del diesel se encuentra por encima de lo presupuestado por los pescadores.
En el sector agrícola las afectaciones se muestran de manera notoria en el nivel de producción. El incremento en el precio de los fertilizantes y el aumento en el precio del combustible diesel ocasionan que los costos superen las estimaciones que se tenían.
En los casos señalados anteriormente, las complicaciones no solamente se manifiestan en los participantes de los sectores, sino que inciden de manera negativa en el poder adquisitivo de las familias mexicanas, ya que el incremento en el precio, en este caso del diesel, es trasladado al precio final del producto, el cual es pagado por el consumidor final.
Es importante hacer notar que la gran mayoría de los consumidores finales son los sectores más pobres y desprotegidos del país, ellos son quienes resienten de manera inmediata y más severa los estragos del incremento de los precios de los productos. Es por ello que resulta prioritario implementar acciones que permitan subsanar las desventajas que representa la disminución del poder adquisitivo de las familias.
Asimismo, es fundamental diseñar mecanismos alternativos de apoyo a los sectores productivos que utilizan el diesel como un insumo más de su producción. Con la recién aprobada reforma energética se planteó establecer controles que permitan aumentos graduales y moderados de los combustibles, sin embargo, en el caso particular del diesel, dichos mecanismos son insuficientes.
En el control del precio del diesel, no debemos escatimar esfuerzos ni dejar pasar más tiempo, ya que las afectaciones se irán incrementando de manera preocupante, resultando afectados no sólo los productores o participantes de los sectores, sino también la sociedad en general.
Para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional no sólo es relevante proteger el poder adquisitivo de los consumidores, sino también reactivar la cadena productiva, la cual tendrá un efecto multiplicador en el mercado interno y en general en la economía en su conjunto.
Estamos conscientes de que a pesar de que existe un diferencial de aproximadamente 25 por ciento entre el precio internacional y el que prevalece en la economía nacional del diesel, dados los subsidios que ha otorgado el gobierno federal, es necesario que ante la situación económica no sólo se analice qué sectores han sido beneficiados con los apoyos otorgados, sino que se emprendan acciones que de manera integral protejan tanto a consumidores como a productores en beneficio de la economía nacional.
En razón de lo anterior sometemos a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, implemente un programa emergente que permita disminuir el precio del combustible diesel, a fin de incentivar el aparato productivo nacional que utiliza éste producto para su funcionamiento.
Lo anterior permitirá reducir el incremento en el precio final de bienes y servicios, y con ello mejorar el poder adquisitivo de las familias mexicanas que resienten aún más los efectos de la crisis económica mundial.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de enero de 2009.
Diputados: Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica),
Adolfo Mota Hernández, Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica),
José Luis Blanco Pajón (rúbrica), Víctor Manuel
Méndez Lanz (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR A TRAVÉS DE LA SEMARNAT Y DE LA
CONAGUA SOBRE EL EFECTO Y LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LAS MEDIDAS DE
RESTRICCIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA EN LA ZONA HIDROLÓGICO-ADMINISTRATIVA
DEL VALLE DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL SENADOR SILVANO AUREOLES CONEJO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Silvano Aureoles Conejo, integrante de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para que informen qué comunidades se verán afectadas, los impactos sobre su población y las acciones que están coordinando para disminuir las mismas, por la restricción del suministro de agua en la zona hidrológico-administrativa del valle de México.
Consideraciones
Primera. Que el director general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) de la Comisión Nacional del Agua, Jorge Efrén Villalón Figaredo, informó en el comunicado de prensa número 001-09, del 8 de enero, que se disminuirá el abasto de agua potable del sistema Cutzamala –hasta un 50por ciento— al valle de México, debido al nivel bajo que en las siete presas que lo abastecen.
Que con esta reducción se contemplan restringir aproximadamente 10 millones de metros cúbicos a la población, con el objeto de hacer frente a la época de estiaje, ya que actualmente las presas que abastecen el sistema Cutzamala se encuentran en un nivel bajo del 63 por ciento, debido a la baja precipitación pluvial en la región.
Que de acuerdo con el comunicado de prensa de la Comisión Nacional del Agua, se tiene programado realizar una suspensión de tres días por mes, con una duración de cinco meses, de enero a mayo, sin especificar el número de población que se verá afectada con la medida, ni el calendario de corte del suministro, ni las medidas que se coordinaran los gobiernos estatales y municipales para recudir al mínimo la afectación sobre la población que requiere el vital liquido.
Segunda. Que el sistema Cutzamala suministra agua en bloque para su distribución a diez delegaciones del Distrito Federal y 13 municipios del Estado de México: Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Tlalpan e Iztapalapa; así como Atizapán, Tlalnepantla, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan, Nicolás Romero, Tultitlán, Coacalco, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Lerma, Ocoyoacac y Toluca.
Que en los últimos nueve años el sistema Cutzamala ha entregado un promedio de 15.4 metros cúbicos por segundo a la zona metropolitana del valle de México (5.700 metros cúbicos por segundo al Estado de México, y 9.700 metros cúbicos por segundo al Distrito Federal). Por lo que el sistema contribuye con el 25 por ciento del total del consumo urbano de agua.
Que las fallas y el mantenimiento en el sistema Cutzamala tiene graves consecuencias sobre la población de la zona hidrológico-administrativa del valle de México, por lo que sumado al problema de la sobreexplotación de los mantos freáticos en esta zona que ha sido dejado de atender, se vuelve una imperiosa necesidad buscar fuentes alternas de suministro de agua para la población de esta zona conurbada, así como el diseño de políticas públicas tendientes a concientizar a la población sobre el ahorro y cultura del agua.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Comisión Nacional del Agua, para que informen que comunidades se verán afectadas, los impactos sobre su población y las acciones que están coordinando para disminuir las mismas, por la restricción del suministro de agua en la zona hidrológico-administrativa del valle de México.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Comisión Nacional del Agua, para que informen de los alcances del proyecto para ampliar la infraestructura de distribución de agua a la población de la zona hidrológico-administrativa del valle de México.
Comisión Permanente, a 14 de enero de 2009.
Senador Silvano Aureoles Conejo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA
CONVOCATORIA SEMARNAT-INE-CONACYT/2008/01, "DISEÑO DE LINEAMIENTOS
PARA EL ESTUDIO DE POBLACIONES DE TONINAS CON FINES DE CAPTURA", A CARGO
DEL SENADOR JAVIER OROZCO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Javier Orozco Gómez, senador integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En diciembre pasado, en la página web de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), se publicó la convocatoria del Fondo Sectorial de Investigación Ambiental. Dicha convocatoria se fundamenta en la Ley de Ciencia y Tecnología, constituye un fideicomiso con recursos concurrentes, denominado Fondo sectorial de investigación ambiental.
Dicho fondo tiene como objetivo apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que contribuyan a generar el conocimiento requerido por el sector, a atender los problemas, necesidades u oportunidades en materia de medioambiente, a fortalecer la competitividad científica y tecnológica de las empresas relacionadas con el sector y a promover la creación de nuevos negocios a partir de la aplicación de conocimientos y avances tecnológicos.
Para tal fin se han establecido cuatro agendas:
Dicha convocatoria se sustenta en argumentos tales como necesidades de los delfinarios para capturar delfines en aguas mexicanas para las actividades de nado con delfines y recreativos o terapéuticos. Acepta expresamente que "... ha habido una constante petición de permisos de captura de delfines por parte de los empresarios del ramo..."; sin embargo, la ley establece que las capturas se pueden autorizar sólo con fines de investigación o educación.
También se afirma que "por otro lado, la ley establece que sólo se podrán otorgar permisos de extracción cuando las tasas solicitadas sean menores a las tasas naturales de renovación". Los estudios de población hasta hoy presentados para cubrir con este requisito no han cumplido con los requerimientos técnico-científicos para demostrar la viabilidad de las capturas, según los dictámenes técnicos realizados.
Para dar una puntual atención a los solicitantes es necesario, entonces, contar con un plan estratégico que contemple tanto los temas científicos y de educación pertinentes respecto al nado con delfines, así como lineamientos específicos que sirvan de guía para la realización de estudios poblacionales que permitan responder a los requerimientos de ley.
El objetivo principal de esta convocatoria es "diseñar un plan estratégico de atención a peticiones de extracción de toninas para su uso en actividades de nado". El plan también debe incluir un diseño de lineamientos que sirvan de referencia para el estudio poblacional de toninas con fines de extracción.
La convocatoria afirma que "el tema está alcanzando niveles de poco control ante la creciente demanda y el seguimiento puntual de la ley con la negación de permisos de extracción". "Un estudio de este tipo puede coadyuvar a mostrar que las autoridades están al pendiente del tema e interesadas en su solución. La realización de talleres podrá permitir a todas las partes involucradas expresar su opinión y así liberar un cierto grado de la presión acumulada hasta ahora. Por otro lado, el plan sugerido permitirá a la autoridad gestionar el tema con base en conocimientos generados con la participación de los usuarios y otros actores, lo que brindará credibilidad y certeza a las acciones y decisiones de la autoridad".
Al respecto, los legisladores del Partido Verde Ecologista de México consideramos que la convocatoria para este proyecto específico es ilegal y que la misma adolece de serias omisiones y declaraciones falsas para sustentarse. En primer lugar, se debe reconocer que la Ley General de Vida Silvestre fue reformada el 10 de enero de 2002, para prohibir todo tipo de extracción comercial o de subsistencia, en su artículo 60 Bis:
El promovente de una autorización de captura de mamíferos marinos a los que se refiere este artículo deberá entregar a la autoridad correspondiente un protocolo completo que sustente su solicitud. El resto del trámite quedará sujeto a las disposiciones de la presente ley y demás ordenamientos aplicables."
Se omite, también, que los delfines que hoy las autoridades pretenden abrir para ser sujetos de investigación con fines de captura, se encuentran en la NOM-059-ECOL-2001, que se refiere a las especies en riesgo. En este sentido, todas las especies de delfines se encuentran en la categoría de "Sujetas a protección especial", o sea "aquellas que podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación, o la recuperación o conservación de las especies asociadas".
Debemos recordar que el artículo 62 de la misma ley faculta y obliga a la secretaría para promover el desarrollo de Proyectos de recuperación y conservación de especies prioritarias, con participación de las personas que manejen dichas poblaciones y los demás actores involucrados. Los proyectos se forman para impulsar la recuperación de aquellas especies consideradas como prioritarias, ya sea que se encuentren en alguna categoría de riesgo, o por su importancia biológica o estratégica para la conservación del hábitat, o los ecosistemas en que habitan1.
Durante el 2004 se promovió y creó oficialmente el Subcomité Técnico Consultivo para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de los Tursiones y Toninas (Tursiops spp.). El fundamento legal para la creación de estos subcomités es el acuerdo por el que se crea el Comité Técnico Consultivo Nacional para la Recuperación de Especies Prioritarias, de 19992. La función principal de los subcomités es conformar órganos de consulta que aporten elementos técnico-científicos para lograr la recuperación de dichas especies.
Este hecho de especial relevancia se omite, evitando la participación de dicho subcomité creado por la misma autoridad ambiental y que debe ser el órgano de consulta obligado para la toma de decisiones de manejo y recuperación de delfines. Esto también se omite y constituye una falta grave, ya que el artículo 26 de la Ley de Ciencia y Tecnología establece su participación tratándose de las especies de delfines Tursiops de cualquier especie, de la siguiente manera:
…
II. Los fondos contarán, en todos los casos, con un Comité Técnico y de Administración integrado por servidores públicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o del centro público de investigación, según corresponda. Asimismo, se invitará a participar en dicho comité a personas de reconocido prestigio de los sectores científico, tecnológico y académico, público, privado y social, correspondientes a los ramos de investigación objeto del fondo;
…
Por otra parte, y de acuerdo a cifras oficiales, en México existen alrededor de 270 delfines cautivos en delfinarios en todo el país; de los cuales alrededor del 25 por ciento son animales ya nacidos en cautiverio, lo cual hace realmente innecesaria la captura.
Finalmente, debemos expresar que el grupo de especialistas en cetáceos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, por sus siglas en Inglés), en su programa Acción para los Cetáceos del Mundo 2002-2010, ha establecido que "remover cetáceos vivos de la vida silvestre para exhibición en cautiverio/o investigación es equivalente a la cacería, ya sea incidental o deliberada, ya que los animales llevados a cautiverio (o muertos durante las operaciones de captura) dejan de contribuir a mantener la población natural."3
Este factor es particularmente importante ante el reporte de los científicos en el congreso internacional que fue publicado muy recientemente en Barcelona, en donde se afirma que en todo el mundo las especies más amenazadas son los mamíferos marinos y primates, y de los primeros, ballenas y delfines son las especies más amenazadas, por lo que se debe promover su conservación y recuperación.
Derivado de lo anterior, ahora más que nunca es necesario promover el cuidado del medio ambiente y nuestra biodiversidad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los legisladores del Partido Verde Ecologista de México proponemos la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para que en el ámbito de sus respectivas competencias:
Acaten las disposiciones legales en materia ambiental, así como de la Ley de Ciencia y Tecnología, en lo que se refiere a la conformación del comité técnico para el otorgamiento de dichos fondos y análisis de los proyectos que se someten a autorización.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respetuosamente solicita a la Secretaría de la Función Pública para que, en el ámbito de su competencia, inicie una investigación exhaustiva acerca de la legalidad del proceso de elaboración y emisión de la convocatoria "Semarnat-INE-Conacyt 2008/01. Diseño de lineamientos para el estudio de poblaciones de toninas con fines de captura", y se proceda conforme a derecho. Asimismo, para que rinda un informe pormenorizado de dichas acciones a esta soberanía a la brevedad posible.
Notas
1. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
2006. La gestión ambiental en México. Páginas 168-169.
2. Diario Oficial de la Federación. 2 de junio
de 1999.
3. Reeves, R.R. Smith, B.D., Crespo, E.A. and Notarbartolo
di Sciara, G., 2003. Dolphins, Whales, and Porpoises, 2002-2010. Conservation
Action for the World Cetaceans. IUCN/SSC Cetacean Specialist Group, IUCN,
Switzerland and UK. Página139.
Senador Javier Orozco Gómez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA COMISIÓN PERMANENTE SOLICITA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL
QUE IMPLANTE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL POLÍTICAS
QUE FORTALEZCAN A LAS FAMILIAS MEXICANAS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
EN EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, A CARGO DE LA SENADORA MARÍA
TERESA ORTUÑO GURZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La que suscribe, senadora María Teresa Ortuño Gurza, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, que se fundamenta con base en las siguientes
Consideraciones
Para nuestro orden jurídico constitucional la familia debe estar protegida por la ley en su organización y desarrollo. El artículo 4 de la norma fundamental ordena diversas disposiciones a favor de la familia, como el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos o el derecho de toda familia para disfrutar de vivienda digna y decorosa, entre otras cosas. Establece también que la ley secundaria deberá disponer los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
Las disposiciones constitucionales dan muestra de la supremacía de la familia como núcleo de respeto y amor hacia la sociedad. México es un país donde la familia constituye el ámbito principal en que la población se agrupa, es en ella donde las personas se desarrollan y comparten sus recursos, satisfacen sus necesidades esenciales y maduran solidaridades y afectos. En este país la familia es un elemento constituyente y primordial y eso queda evidenciado en diversas estadísticas que el INEG realizo al respecto, con motivo del establecimiento del "Día Nacional de la Familia" mediante decreto presidencial publicado en 2006.
Según dichos datos, la población mexicana se agrupa fundamentalmente en hogares familiares: 97.9 millones de personas, que representan 97.7 por ciento de la población total, forman grupos donde los miembros tienen relaciones de parentesco con el jefe del hogar. En promedio cada familia mexicana está conformada por 4.3 integrantes. De las familias mexicanas, 79.1 por ciento tiene como jefe a un varón y 20.9 por ciento a una mujer. La forma de agrupación predominante en México, es la familia integrada por el jefe, la cónyuge y los hijos (67.5 por ciento), le sigue la constituida por uno de los padres y sus hijos (17.9 por ciento) y las parejas sin hijos, sea porque los hijos ya salieron del hogar de origen o porque la pareja no ha tenido descendencia (11.1 por ciento).
Ahora bien, en estos tiempos actuales de crisis económica y social, donde la violencia y la inseguridad se han vuelto tan cotidianas, es oportuno deliberar sobre la importancia y el papel de la familia y de su aportación para la construcción de una sociedad en armonía. Con especial oportunidad, tenemos los gobernantes la ocasión de reflexionar sobre esta función primordial en ocasión del Encuentro Mundial de las Familias que se está llevando a cabo en la Ciudad de México en estos días.
El Encuentro Mundial de las Familias es una reunión de importancia internacional y que, no obstante su aparente carácter religioso, será un espacio de reflexión social que con toda seguridad rendirá importantes frutos y que como gobierno debemos aprovechar. No debe de ser ajeno al gobernante los esfuerzos que la sociedad civil organizada lleve a cabo, independientemente de las orientaciones religiosas o filosóficas que sustenten los trabajos de dicho congreso, lo cierto es que hay una voluntad con propósitos nobles para encontrar fortalezas a las familias mexicanas.
Por otra parte, las políticas públicas del gobierno mexicano se han enfocado en atender a familias disfuncionales, en situación de pobreza o donde imperan condiciones de violencia intrafamiliar. Indudablemente que por sus circunstancias especiales, la sociedad y el gobierno deben atender con carácter prioritario dichas situaciones, sin embargo, una gran mayoría de familias silenciosas, porque no encajan en alguno de los supuestos señalados, pero que luchan día a día por sobrevivir y desarrollar a cada uno de sus miembros, son ignorados por la acción del gobierno en la implementación de políticas públicas.
Es por ello que de manera respetuosa, presentamos este acuerdo para solicitarle al Ejecutivo federal que esté atento al evento mundial sobre las familias que se desarrolla en nuestro país y que en ocasión de esta circunstancia, desarrolle nuevas políticas públicas en favor de las familias funcionales, que no se encuentran en algunos de los supuestos que por vulnerabilidad ya están siendo atendidas por algunas dependencias de la administración federal.
Por las anteriores consideraciones, presento a esta soberanía proposición con carácter de
Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal para que implante en la administración pública federal, políticas públicas que tiendan a fortalecer a la familias mexicanas en su organización y desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional, aprovechando las reflexiones y conclusiones que se den en ocasión del Encuentro Mundial de las Familias que se lleva a cabo en la Ciudad de México.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2009.
Senadora María Teresa Ortuño Gurza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EMITIR EL
REGLAMENTO DE LA LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS Y,
EN CONSECUENCIA, A ESTABLECER LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL CORRESPONDIENTE,
A CARGO DEL SENADOR RAÚL MEJÍA GONZÁLEZ Y SUSCRITA
POR LOS SENADORES RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA Y ADOLFO TOLEDO
INFANZÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los que suscriben, senadores Raúl Mejía González, Ramiro Hernández García y Adolfo Toledo Infanzón integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Comisión Permanente, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a emitir el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Como ustedes saben, el 27 de noviembre de 2007 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que reforma y adiciona la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Penal Federal, y el Código de Procedimientos Penales.
Dicha Ley fue resultado de un proceso de discusión legislativa de mucho tiempo, que tuvo como cámara de origen al Senado de la República y en el que todos los grupos legislativos coincidieron al votarla a favor de manera unánime, por la importancia del tema y la necesidad de contar con un marco jurídico específico para enfrentar el fenómeno criminal de la trata de personas.
Durante las deliberaciones legislativas, se puso de manifiesto el desconocimiento que como sociedad teníamos acerca de la magnitud y complejidad del problema de la trata de personas.
Contábamos apenas con estimaciones muy generales respecto al número de víctimas de la trata de personas, mientras conocíamos reportes internacionales muy alarmantes que señalaban a México como el primer centro de reclutamiento con fines de explotación sexual de menores que llegan anualmente a Estados Unidos de América, así como con visiones fragmentadas del fenómeno, dada su conexión con otros delitos como la violencia doméstica y las violaciones a derechos laborales. La legislación logró precisar el marco jurídico de la trata de personas, en su especificidad, como parte de un fenómeno de delincuencia organizada que tiene dimensión internacional y somete a los seres humanos, particularmente a los más vulnerables e indefensos, como son los niños y las niñas, a una nueva forma de esclavitud.
Pero el esfuerzo legislativo es sólo el inicio de una acción pública que requiere ser complementado, porque de lo contrario se hace nugatorio el esfuerzo realizado para combatir tan terrible delito y proteger a sus víctimas.
Vale la pena recordar que el artículo 10 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas señala que "el Ejecutivo federal establecerá una Comisión Intersecretarial en los términos del artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal". Lo cual es imprescindible para precisar los diagnósticos, definir estrategias, trazar líneas de acción y definir prioridades que hagan avanzar más rápido en el combate del fenómeno. Desafortunadamente esto no ha ocurrido.
Precisamente, el artículo 12 de la ley en comento indica que esa comisión tendrá la finalidad de elaborar el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; de ahí la importancia de que se cumpla con lo establecido y no se demore más la emisión del reglamento de la ley indicado en artículo Segundo Transitorio del decreto correspondiente.
Se han realizado ya, varios exhortos al Ejecutivo para que proceda a la publicación del necesario reglamento de ley, sin resultados positivos. El martes 8 de julio de 2008, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo cuyo artículo único establece que: "La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal a que expida el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas".
El miércoles 10 de septiembre de 2008, se presentó nuevamente ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una nueva proposición por la que se realiza otro exhorto al Ejecutivo federal para que emita el reglamento de la multicitada ley.
Y el pasado 4 de diciembre varios compañeros senadores hicieron lo propio presentando un punto de acuerdo con ese propósito.
Por eso consideramos que es muy importante insistir en el exhorto y hacerlo con la urgencia que el caso amerita. Cada día que pasa sin que se concrete ese reglamento, es un día que se pierde y muchas víctimas que ven prolongado su sufrimiento ante la impunidad de quienes delinquen con la trata de personas.
El Estado tiene que cumplir con la parte que le corresponde en esta lucha contra el abominable crimen de la trata de personas, para convocar con autoridad moral a la participación directa de la sociedad civil organizada, para fortalecer los mecanismos de cooperación institucional; la colaboración entre los poderes públicos, a nivel federal y local y también para participar de la valiosa asistencia de los organismos especializados del sistema de Naciones Unidas.
Es responsabilidad del Poder Legislativo vigilar el estricto cumplimiento de los mandatos de la ley, y señalar los casos en los que hay violación a éstas, ya sea por comisión o por omisión.
Ante lo anterior, es preciso señalar que el Ejecutivo federal ha incurrido en una omisión grave al no expedir el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en los plazos que establece el Artículo Segundo Transitorio.
Por las anteriores consideraciones, propongo al Pleno la aprobación, por urgente y obvia resolución, del siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión realiza un extrañamiento al titular del Poder Ejecutivo federal, por la demora en publicar el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y lo exhorta a que lo haga a la mayor brevedad posible.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular del Poder Ejecutivo federal un informe detallado de los avances en la integración de la Comisión Intersecretarial, en los términos que establece la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, así como uno sobre los avances en la elaboración del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, dentro de los términos que establece la ley respectiva.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 14 de enero de 2009.
Senadores: Raúl Mejía González
(rúbrica), Ramiro Hernández García, Adolfo Toledo
Infanzón (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A DECRETAR UNA DISMINUCIÓN DE LA
TARIFA DEL DIESEL MARINO, EN RESPUESTA DE LA DEMANDA DE LOS PESCADORES
DEL PAÍS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALEJANDRO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Alejandro Martínez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con la colocación de 11 mantas y la ausencia de representantes y trabajadores del sector pesquero en Mazatlán, Sinaloa, inició el 1 de enero el paro nacional Cero Pesca 2009. A partir de esa fecha, la acción se ha generalizado a otros importantes estados pesqueros de la república, al punto que al día de hoy se considera paro nacional.
El conflicto se ha originado por los altos costos de producción en alta mar, principalmente el diesel marino, derivado del precio de este combustible que el 6 de enero alcanzó 7.38 pesos por litro y se prevé que llegará a 9.50 en dos meses, cuando apenas en 2006 costaba 3.50.
La difícil situación que vive el sector no es más que el resultado de los serios problemas estructurales, el abandono y la ausencia de políticas públicas que, históricamente, ha padecido la actividad pesquera, lo que a final de cuentas se traduce en baja rentabilidad, falta de competitividad, deterioro de nuestros recursos pesqueros y pobreza de los pobladores que se dedican a la actividad.
A estas alturas del conflicto de los trabajadores del mar, motivo de la presente proposición con punto de acuerdo, se requiere tomar decisiones muy concretas para resolverlo; de no hacerlo, se corre el riesgo de generalizarse, no sólo entre los pescadores del país, sino en otros sectores y a la sociedad en su conjunto, ya que el aumento de las tarifas de los energéticos afecta de manera muy significativa a los productores del campo, a los transportistas y, en general, a todos los mexicanos.
Cómo es posible que con las facultades que tiene el titular del Poder Ejecutivo federal, otra vez iniciando el año nos reciba con incrementos a los combustibles, incluidos por supuesto las gasolinas y el diesel, que para los productores son insumo importante para su desarrollo productivo y cuyos efectos negativos se dejan sentir entre la mayoría de la población mexicana.
Contrasta esta actitud del gobierno federal de afectar considerablemente a la sociedad en su conjunto con las decisiones de aplicar reducciones en horarios de mayor demanda de 9 por ciento en las tarifas eléctricas exclusivamente para el sector empresarial atendido en alta tensión.
La lógica que guía esta decisión gubernamental es que no hay energía más cara que la que no se tiene, y –por tanto– las grandes empresas del país, alrededor de 750, sí tienen la oportunidad de asegurarla para 2009, y más barata.
Mientras tanto, el resto de la sociedad mexicana y los medianos y pequeños productores deberemos continuar resistiendo el alza generalizada de los combustibles, incluidos gasolinas y diesel, con el supuesto de igualar los precios nacionales con los internacionales, tendencia que por cierto ya fue rebasada. Resulta inexplicable que los precios internacionales de los combustibles mantengan desde hace ya varias semanas una tendencia a la baja, mientras que en México el gobierno federal mantiene una política obcecada de alzas.
Por lo anterior, consideramos justa la protesta de los pescadores porque, aun cuando haya subsidios, éstos han resultado insuficientes.
Al gobierno federal se le olvida que, como en otros sectores de la economía, en particular el sector rural, continuamos compitiendo con economías sumamente subsidiadas. Así, en el tema que nos ocupa, los productores pesqueros chinos tienen importantes subsidios en el combustible, en los créditos, en la mano de obra, en los costos fiscales de producción y distribución, mientras que aquí se empeñan en poner piedras en el camino de los productores para hacer más difícil su trabajo.
De la misma manera, los productores pesqueros de España, Rusia, Portugal, Francia y Estados Unidos reciben créditos baratos y de largo plazo, además de precios especiales de combustible y de transportación del producto a los centros de distribución.
En consecuencia, con el propósito de estar en igualdad de condiciones y ser competitivos, se urge al gobierno federal a tomar medidas contingentes ante el disparo de los precios de los combustibles, en particular del diesel marino, y se exhorta al titular del Ejecutivo federal a decretar la disminución del precio de este último y no hacer más oídos sordos a los problemas sociales que enfrenta el país, los cuales han sido generados por la aplicación de su política económica neoliberal.
No resulta conveniente para el país ni es inteligente para el gobierno seguir manteniendo la indiferencia, la negligencia y el desinterés manifestados hasta hoy hacia la industria pesquera.
En 2007, el titular del Ejecutivo federal ofreció a los pescadores mexicanos de alta mar, en una reunión especial con productores pesqueros, que se mantendría el subsidio del diesel, como una medida necesaria para sostener la competitividad de la industria pesquera mexicana.
Por lo expuesto, y dadas la importancia y las repercusiones que podían tenerse de no tomar estas acciones, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición, de obvia y urgente resolución, con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en uso de las facultades conferidas por su responsabilidad, decrete una disminución en el precio del diesel marino, dando así respuesta puntual a la demanda de miles de pescadores que dependen de esta actividad en el país.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2009.
Diputado Alejandro Martínez Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y A LAS
ESTATALES A INCLUIR EN LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LOS DISTINTOS NIVELES
UNA CLASE MENSUAL DE NUTRICIÓN, A FIN DE COMBATIR LA OBESIDAD Y
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MEXICANOS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO MARCO
HERIBERTO OROZCO RUIZ VELAZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco, diputado federal de la LX Legislatura integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
México ocupa el segundo sitio en obesidad y el primero en obesidad infantil, lo cual en lugar de enorgullecernos nos preocupa mucho.
Desgraciadamente, en el país cada vez son más los niños y adolescentes que padecen obesidad como consecuencia de la falta de ejercicio y de una alimentación equilibrada.
Según algunas estadísticas, 26.8 por ciento de los niños en edad escolar padece obesidad o sobrepeso, además de que cuando esta enfermedad inicia entre los 6 meses y los 7 años, la proporción de los que seguirán siendo obesos en la vida adulta es de aproximadamente 40 por ciento, mientras que 70 por ciento de los que inician entre los 10 y 13 años será obeso como adulto.
Las anteriores cifras son alarmantes y no las podemos permitir, sobre todo si consideramos que esta enfermedad es la tercera causa de mortalidad en México, debido a las consecuencias tan drásticas que acarrea.
Este padecimiento conlleva varias secuelas, entre las que se encuentran las físicas, como problemas cardiacos, diabetes y enfermedades respiratorias, amén de problemas psicológicos, sociales y emocionales, como baja autoestima, depresión y ansiedad, además de que en muchas ocasiones crean complejos.
Un aspecto importante que debemos considerar en la obesidad infantil es el sedentarismo, ya que además de consumir a toda hora comida chatarra con una excesiva cantidad de grasas y azúcares, las actividades de muchos niños se reducen a ver la televisión y a pasar varias horas con los videojuegos.
Hace aproximadamente 20 años se detectó que nuestro país estaba en los primeros lugares en desnutrición infantil, y afortunadamente al aplicar las medidas adecuadas hemos podido erradicarla poco a poco. Sin embargo, transitamos de una desnutrición a una mala nutrición. Por eso ahora, de igual modo, tenemos que implantar los mecanismos necesarios para prevenirla y combatirla hasta llegar a erradicarla por completo.
Hace pocas semanas asistí a la boda del hombre más gordo del mundo, que es de Monterrey y se llama Manuel Uribe. Al platicar con él me comentó que uno de los mayores problemas con que se enfrentó fue la falta de información, pues en ningún lugar le enseñaron a alimentarse equilibradamente ni a conocer el valor nutricional de cada alimento y además lo más ofertado en las escuelas era la comida rica en grasa.
No podemos permitir que en un futuro tengamos una sociedad mexicana más obesa y enferma, por lo cual como legisladores federales tenemos que implantar urgentemente las medidas necesarias para prevenir y combatir este padecimiento, que tanto daña a nuestros ciudadanos.
Por ello me permito someter a consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal y a las estatales para que en el programa de estudios de los distintos niveles se incluya una clase mensual de nutrición, a fin de combatir la obesidad y mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de enero de 2009.
Diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL EJECUTIVO FEDERAL A MODIFICAR LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN LA IMPORTACIÓN
DE VEHÍCULOS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO CÉSAR DUARTE JÁQUEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, César Duarte Jáquez, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se permite poner a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a modificar las disposiciones que regulan la importación de vehículos, en virtud de la presente situación económica, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La situación económica en que se encuentra actualmente nuestro país, así como muchos otros, ha motivado diversas acciones por parte de los gobiernos y Parlamentos alrededor del mundo.
Dentro de las medidas para combatir la crisis se ha considerado la reducción de precios, incentivar la producción nacional y seguros de desempleo, entre muchas otras. Sin embargo, y ante la magnitud de la situación, los encargados de las políticas públicas tenemos la responsabilidad de continuar buscando soluciones.
Para la realización de las actividades agrícolas, ganaderas e industriales, así como para el desempeño de actividades profesionales, los vehículos se han convertido en un medio de transporte imprescindible.
Ante esto, es necesario reconocer que la compra de vehículos en nuestro territorio muchas veces resulta más costosa que en otras partes del mundo.
Por ello, y dadas las condiciones económicas en que nos encontramos, marcadas por un recorte evidente en el otorgamiento de créditos, resulta a menudo muy difícil adquirir un automóvil, por lo que muchas personas han recurrido a la importación de vehículos de nuestro socio comercial más importante, Estados Unidos de América.
El presente punto de acuerdo tiene dos objetivos principales: el primero, que en el marco del recién publicado decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos, se elimine el requisito de contar con un certificado de origen emitido por la empresa armadora del vehículo.
Esto obedece a que resulta difícil, improbable e impráctico que un ciudadano mexicano que desee adquirir un automóvil fuera del país pueda estar en posibilidades de requerir a una compañía extranjera que le expida un documento de comprobación de procedencia.
Más aún cuando dicho requisito se satisface plenamente mediante el número de identificación vehicular, el cual es grabado en todos los vehículos de manera obligatoria, e integra en sus elementos el código identificador del fabricante internacional, número que prueba de manera clara la procedencia del automóvil.
El segundo resolutivo del punto de acuerdo tiene como objetivo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en virtud de la situación económica en que nos encontramos, modifique el anexo 2 de la resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones sujetas a precios estimados por dicha secretaría, a efecto de reducir en 50 por ciento la valuación que realiza sobre los diferentes vehículos, brindando un apoyo muy importante a los sectores que necesitan los automóviles para la realización de sus actividades, lo cual es congruente con las medidas adoptadas y las acciones emprendidas en términos del Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo, presentado por el Ejecutivo federal el pasado 7 de enero.
Por último, es importante considerar que las medidas propuestas en el presente punto de acuerdo son acordes con lo establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual busca acertadamente la eliminación de barreras y de trámites para la importación de vehículos a nuestro territorio.
Con base en las razones expuestas, me permito someter a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a modificar el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2008, a efecto de eliminar el requisito de presentación del certificado de origen emitido por la compañía armadora del vehículo, acreditando la procedencia del vehículo con el número de identificación vehicular.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía modifique el anexo dos de la resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2005, disminuyendo en 50 por ciento el valor que se considera para cada uno de los vehículos que se enlistan en dicho anexo, en virtud de la difícil situación económica por la que atraviesa el país.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de enero de 2009.
Diputado César Duarte Jáquez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
AL PROYECTO GEOTÉRMICO EN EL BOSQUE LA PRIMAVERA, JALISCO, A CARGO
DEL SENADOR RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ Y SUSCRITA
POR EL SENADOR JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito, senador Rubén Fernando Velázquez López, en nombre propio y del senador José Luis García Zalvidea, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del Senado de la República, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con puntos de acuerdo con relación al proyecto geotérmico en el bosque La Primavera, Jalisco, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La explotación de yacimientos geotermales constituye uno de los más importantes recursos de energía alterna con que contamos para diversificar la base energética nacional y resolver diversos problemas de demanda eléctrica. No obstante, estos proyectos pueden ocasionar efectos ambientales negativos, como emanaciones de ácido sulfhídrico, deforestación derivada de la construcción de infraestructura, daños a especies endémicas, protegidas o en peligro, o contaminación de cuerpos hídricos.
Tal es la preocupación ante la autorización del documento de manifestación de impacto ambiental que el pasado 11 de noviembre libró la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para reanudar las obras del proyecto geotermoeléctrico Cerritos Colorados –suspendidas hace casi dos décadas–, que proporcionarían en una primera etapa 25 megavatios de energía. El proyecto es ambicioso, pues se habla de aumentar la producción hasta en 75 megavatios, lo que equivale a 12 por ciento de la energía que requiere la zona metropolitana de Guadalajara.
Evidentemente, este importante y prometedor proyecto, que comenzaría con la perforación de hasta 14 pozos geotérmicos, representa una oportunidad para aprovechar el potencial energético del bosque La Primavera, mas no podemos dejar de considerar las razones que orillaron a la suspensión de tal proyecto, en 1989: el grave daño ambiental causado a la zona y el descontento e indignación de los jaliscienses por no haber sido consultados –como hoy ocurre, de nueva cuenta.
La CFE argumenta que el desarrollo del proyecto Cerritos Colorados ocasionaría en su conjunto efectos ambientales poco significativos, tomando en cuenta la infraestructura ya existente en este campo geotérmico, caminos de acceso y plataformas para la perforación de pozos, lo cual parece un tanto falto de sentido, pues escapa a toda razón que la poca infraestructura instalada hace 20 años sea suficiente, sobre todo considerando que nunca fueron instalados los generadores y las turbinas necesarios para producir los 25 megavatios pretendidos por la paraestatal.
De hecho, según la manifestación de impacto ambiental de la CFE, las obras necesarias en la zona de Cerritos Colorados son construir una línea de subtransmisión del bosque a la zona metropolitana, perforar direccionalmente 14 nuevos pozos a partir de las plataformas de pozos ya existentes, 9 pozos productores y 5 inyectores, rehabilitar 4 pozos geotérmicos ya existentes, construir 2.5 kilómetros de vaporductos, tendido de 3.5 kilómetros de tubería para la inyección de las aguas residuales del fluido geotérmico y modificar 250 metros de un camino existente.
Ante estas necesidades, diversos órganos gubernamentales y de la sociedad civil han manifestado su inquietud, por considerar que la información proporcionada por la paraestatal y la Semarnat es incompleta y parcial porque no incorpora puntos de vista externos y de mayor rigor científico, y porque se han detectado diversas irregularidades en la aprobación de tal proyecto, como el que pese a que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas no emitió opinión alguna sobre el proyecto de Geotermia en La Primavera, la Semarnat dé luz verde a este centro de generación de energía eléctrica.
De hecho, diversas organizaciones ambientalistas han expresado su preocupación, dado que en otras regiones con aprovechamiento geotérmico, como Los Azufres, en Michoacán, a 30 años de operación se siguen dañando los bosques de oyamel con las emanaciones sulfurosas, y la contaminación del agua.
Por lo anterior, y considerando que con un adecuado enfoque de sustentabilidad éste podría ser un proyecto para generar energía eléctrica limpia, eterna y renovable para Guadalajara, proveniente de los yacimientos volcánicos que están profundamente ocultos en las entrañas del bosque La Primavera, es necesario, mas no a un costo tan alto como los más de 31 mil árboles que fueron talados cuando se puso en marcha por primera vez este proyecto.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de la Comisión Permanente los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión extiende un respetuoso exhorto al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada, a efecto de que remita a esta representación soberana un informe detallado con relación al impacto ambiental previsto en la implantación del proyecto de geotermia en el bosque La Primavera, Jalisco, a efecto de evaluar su sustentabilidad y viabilidad ecológica.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión extiende un respetuoso exhorto al director general de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, a efecto de que remita a esta representación soberana un informe detallado y pormenorizado con relación al proyecto de geotermia en el bosque La Primavera, Jalisco, a efecto de evaluar su sustentabilidad y viabilidad ecológica.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 14 de enero de 2009.
Senadores: Rubén Velázquez López,
José Luis García Zalvidea (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LOS SECRETARIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA QUE INFORMEN A LA COMISIÓN PERMANENTE
SOBRE LOS AVANCES, EL CUMPLIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y
EL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, RESPECTIVAMENTE, A CARGO DEL SENADOR
RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, Ramiro Hernández García, senador de la república por Jalisco e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permite someter a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 18 de julio de 2007, el Ejecutivo federal presentó el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 (PNI). Tenía como objetivos multiplicar los intercambios productivos, elevar la competitividad de la economía, llevar los servicios básicos a más familias, favorecer la integración de mercados, propiciar un desarrollo regional más equilibrado y generar los empleos que demandan millones de mexicanos.
El programa consideraba una inversión base de 2 billones 532 mil millones de pesos en conjunto, para los sectores carretero, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, agua potable, hidroagrícola y control de inundaciones, electricidad, y producción de hidrocarburos, así como refinación, gas y petroquímica. De los 2 billones 532 mil millones de pesos que importaría el PNI, 78.0 por ciento estaría a cargo del sector público y 22.0 por ciento provendría de fuentes privadas.
El 7 de febrero de 2008 se expidió el decreto por el que se ordena la creación del fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). A través de éste se canalizarían recursos del orden de 270 mil millones de pesos para inversiones en proyectos de infraestructura durante los siguientes cinco años. En su inicio, el fondo contó con recursos líquidos por más de 40 mil millones de pesos.
El Fonadin crearía 700 mil empleos directos desde su constitución y hasta el cierre de la administración federal, y aumentaría el crecimiento económico en 0.6 por ciento adicional cada año.
Según el secretario de Hacienda, la idea de dicho fondo "no era únicamente crear la infraestructura que por sí misma generaría empleos e impulsaría la economía sino que, además, sería muy importante para aumentar la competitividad del país y para interconectar mejor a la nación y así ayudar también al bienestar social y al abatimiento de la pobreza".
El Fonadin quedó a cargo del Banobras, entidad encargada de la coordinación con las dependencias y las entidades de la administración pública federal. También realizaría las contrataciones necesarias, en concordancia con los fines del Fonadin. De la misma manera, la SCT fue designada para otorgar las concesiones para los proyectos de caminos y puentes. A la Secretaría de la Función Pública corresponde fiscalizar la operación y evaluar el desempeño del Fonadin. Por tanto, son las dependencias federales encargadas de su coordinación, operación y evaluación.
Al cierre de octubre pasado, la Secretaría de Hacienda informó que la inversión en infraestructura en comunicaciones y transportes registraba un avance de 65 por ciento contra el programa anual. Con ello se reconoció la existencia de un subejercicio de los recursos presupuestales, hecho que el mismo secretario de Comunicaciones y Transportes aceptó ante la comisión respectiva en la Cámara de Senadores, al asegurar que en 2008 la dependencia a su cargo tendría un subejercicio de 4.4 por ciento.
Explicó que en el caso de las carreteras, mil 400 millones de pesos no se gastarían, de un monto total de casi 40 mil millones asignados por el Congreso de la Unión en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008.
En 2009, el presupuesto carretero ronda 49 mil 751.4 millones de pesos, 24.4 por ciento más respecto al año anterior, enfatizando el destino de los recursos hacia la construcción de nuevas vías y en trabajos de conservación.
Un hecho que ha preocupado al Legislativo son los subejercicios presupuestales. De hecho, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se ha destacado como una de las dependencias con mayor subejercicio, por lo cual es necesario que las dependencias de la administración pública federal cumplan el exhorto presidencial para que su ejecución fluya lo más rápido posible a efecto de contener los efectos derivados de la coyuntura de crisis internacional.
Al respecto, quisiera manifestar nuevamente nuestra preocupación por la necesidad de que el Ejecutivo transparente el destino de los recursos presupuestales. De igual manera, es necesario que haya reglas claras que faciliten su aplicación.
Compañeros legisladores: han pasado 18 meses del anunció del Programa Nacional de Infraestructura y casi un año de anunciado el Fondo Nacional de Infraestructura, cuyo propósito es atenuar el efecto adverso de la desaceleración de la economía mexicana.
En estos momentos, de crisis económica, las inversiones en infraestructura son fundamentales para fortalecer el mercado interno y el empleo. Por ello, esta soberanía y los ciudadanos solicitamos a los titulares de las dependencias de la administración pública federal involucrados que nos den a conocer los proyectos y avances en la ejecución del programa, así como el destino de los recursos asignados.
Por lo expuesto, someto a consideración de este Pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita al secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, que informe a esta soberanía sobre los avances, el cumplimiento y la ejecución del Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, así como del Fondo Nacional de Infraestructura.
Segundo. Se solicita al director del Banobras, Alonso Pascual García Tamés, que informe a esta soberanía sobre el monto y destino de los recursos ejercidos en los proyectos del Fondo Nacional de Infraestructura.
Tercero. Se solicita al secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, que informe a esta soberanía sobre la operación y evaluación del desempeño del Fondo Nacional de Infraestructura.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2009.
Senador Ramiro Hernández García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL TITULAR DE LA SEMARNAT A REVISAR E INVESTIGAR LOS TÉRMINOS EN
QUE SE ENTREGÓ LA PLAYA DE MIRAMAR, EN TAMPICO, TAMAULIPAS, A LA
SECCIÓN UNO DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES PETROLEROS DE
LA REPÚBLICA MEXICANA, A CARGO DEL DIPUTADO OCTAVIO MARTÍNEZ
VARGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permite someter a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las playas del país por ley son propiedad de la federación y, por tanto, deben ser públicas y no se pueden vender. Según lo que la Ley General de Bienes Nacionales establece en el artículo 7, son bienes de uso común las playas marítimas y la zona federal marítimo-terrestre.
En el artículo 119 establece que la zona federal marítimo-terrestre estará constituida por la faja de 20 metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a playas o, en su caso, a las riberas de los ríos, desde la desembocadura de éstos en el mar hasta 100 metros río arriba.
En la misma ley se establece que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, promoverá el uso y aprovechamiento sustentables de la zona federal marítimo-terrestre y los terrenos ganados al mar. Con este objetivo, dicha dependencia podrá celebrar convenios o acuerdos de coordinación con objeto de que los gobiernos de los estados y de los municipios, en su caso, administren, conserven y vigilen dichos bienes.
Todas estas disposiciones se ratifican en el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo-Terrestre y Terrenos ganados al Mar.
Asimismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el artículo 32 Bis, otorga el despacho a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la fracción VIII, de ejercer la posesión y propiedad de la nación en las playas, zona federal marítimo-terrestre y terrenos ganados al mar. Mientras, la fracción XXXIX le concede otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones o asignaciones, y reconocer derechos, según corresponda, en materia de aguas, forestal, ecológica, explotación de la flora y fauna silvestres, y sobre playas, zona federal marítimo-terrestre y terrenos ganados al mar.
A pesar de la legislación señalada, el ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, que preside Sergio Posadas Lara, anunció que mediante convenio entregó 150 hectáreas de frente de playa en Miramar a la sección uno del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
La playa de Miramar es el sitio de mayor captación de turismo en la entidad: se calcula que al año recibe a 800 mil de los más de 900 mil viajeros que llegan a la región.
Tamaulipas cuenta con más de 420 kilómetros de playa, pero sólo dos playas presentan infraestructura hotelera y de servicios: la de Ciudad Madero y la de Miramar.
La playa de Miramar representa uno de los principales puntos turísticos de Tamaulipas, y la cesión del terreno mencionado deja entrever un posible acto de tráfico de influencias, ya que el actual presidente municipal, antes de tomar el cargo, era dirigente justamente de la sección uno, con la que se firmó el convenio.
Sergio Posadas Lara forma parte de la cúpula del gremio petrolero en la sección uno desde la época del líder Jesús Olvera Méndez, acusado junto con Carlos Romero y Ricardo Aldana de ser responsables del presunto desvío de fondos sindicales a la campaña presidencial del priista Francisco Labastida (Pemexgate).
Los empresarios del sector turístico han expresado que el plan de desarrollo turístico de la playa de Miramar se preveía con una inversión por más de 200 millones de dólares y que se encontraba estancado desde hace más de seis años por la falta de certeza jurídica en torno de la tenencia de la tierra y que con la llegada de Sergio Posadas, en vez de solucionar el problema de legalidad, se entregaron 120 hectáreas de frente de playa al sindicato. Además, el promotor de esta playa es Jaime Posadas Lara, hermano del alcalde de Ciudad Madero.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a revisar e investigar los términos en que se realizó la entrega de la playa de Miramar, en Tampico, Tamaulipas, a la sección uno del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, y a informar de los resultados a esta soberanía.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de enero de 2009.
Diputado Octavio Martínez Vargas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL GOBERNADOR DE BAJA CALIFORNIA SUR A CUMPLIR LOS ACUERDOS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN
ESTATAL Y EL PERSONAL DE CUSTODIA PENITENCIARIA DE LA ENTIDAD, SUSCRITA
POR EL DIPUTADO SALVADOR BARAJAS DEL TORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRI
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito Salvador Barajas del Toro en su calidad de diputado federal del Grupo Parlamentario del PRI, acude a esta soberanía a presentar proposición con punto de acuerdo, relacionado con el incumplimiento del gobierno de Baja California Sur para atender los compromisos relacionados con los el personal de custodia penitenciaria de BCS, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
Primero. El pasado 31 de enero de 2008, el gobierno de Baja California Sur suscribió con el personal de custodia de los Centros de Readaptación Social de los municipios de La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé, acuerdo para la reorientación de recursos del Presupuesto de Egresos para el ejercicio de 2008, con la finalidad de apoyar en la mejora de las condiciones de vida de los propios custodios, mismo que quedó de la siguiente manera.
II. Otorgamiento al personal de custodia penitenciaria de los municipios de La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé, un incremento al apoyo mensual por concepto de despensa por un monto de 468.44 pesos pagaderos en vales de despensa, de igual forma 50 por ciento la primera quincena y 50 por ciento la segunda quincena del mes.
III. Otorgamiento de apoyo para reinscripción escolar al personal de custodia penitenciaria de los municipios de La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé, que comprueben tener hijos en edad escolar, por un monto de mil 200 pesos pagaderos en dos exhibiciones, en los meses de febrero 50 por ciento y en septiembre el otro 50 por ciento de cada año.
IV. Iniciación de programa de vivienda a través del Instituto de Vivienda del estado para personal de custodia penitenciaria en los centros de readaptación social de los municipios de Los Cabos y La Paz.
V. Realizar reuniones mensuales de gabinete de seguridad publica y protección civil para dar cumplimiento a los acuerdos establecidos.
Tercero. En 2008 en el Presupuesto de Egresos de la Federación se autorizó un bono de riesgo para el personal de custodia penitenciaria de los municipios de La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé, que solamente se les ha entregado a una parte del personal, excluyendo a una parte de ellos por considerar que no cumplieron con la evaluación realizada, que no se sustenta en una metodología definida para su realización.
Cuarto. Que el lunes 12 de enero se presentaron en la sede del Partido Revolucionario Institucional, un grupo de custodios inconformes para solicitar apoyo de la dirigencia, para exhortar la intervención de los legisladores federales, para la revisión del caso, en virtud de que se encuentran desempeñando sus funciones en un estado de verdadero riesgo, ya que no cuentan con los instrumentos necesarios de trabajo, y a su vez no se hace entrega de todos los activos que se asignan a los centros penitenciarios y a su personal.
Conscientes de la necesidad apremiante de atender esta situación, en virtud de lo anteriormente expuesto, presentamos ante la honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente hace un exhorto respetuoso al Ejecutivo del estado de Baja California Sur para que se cumplan los acuerdos suscritos por el gobierno de ese estado y el personal de custodia penitenciaria de la entidad, el 31 de enero del 2008.
Segundo. Solicita a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público informe a esta Comisión Permanente de los recursos asignados al Estado de Baja California Sur durante el ejercicio fiscal del 2008 para atender los compromisos relacionados con:
II. Otorgamiento al personal de custodia penitenciaria de los municipios de La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé, un incremento al apoyo mensual por concepto de despensa por un monto de 468.44 pesos pagaderos en vales de despensa, de igual forma 50 por ciento la primera quincena y 50 por ciento la segunda quincena del mes.
III. Otorgamiento de apoyo para reinscripción escolar al personal de custodia penitenciaria de los municipios de La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé, que comprueben tener hijos en edad escolar, por un monto de mil 200 pesos pagaderos en dos exhibiciones, en los meses de febrero 50 por ciento y en septiembre el otro 50 por ciento de cada año.
IV. Iniciación de un programa de vivienda a través del Instituto de Vivienda del estado para personal de custodia penitenciaria en los Centros de Readaptación Social de los municipios de Los Cabos y La Paz.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de enero de 2009.
Diputado Salvador Barajas del Toro (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA COMISIÓN PERMANENTE EXPRESA SU TOTAL RECHAZO A LA MEDIDA DEL
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DE DENEGAR
EL DERECHO A UN DEFENSOR DE OFICIO A LOS MIGRANTES QUE SE ENCUENTREN EN
PROCESO DE DEPORTACIÓN, A CARGO DEL SENADOR RUBÉN FERNANDO
VELÁZQUEZ LÓPEZ Y SUSCRITA POR EL SENADOR SILVANO AUREOLES
CONEJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Quienes suscriben, senadores Silvano Aureoles Conejo y Rubén Fernando Velázquez López, integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Comisión Permanente, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su total rechazo a la medida del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América de negar el derecho a un defensor de oficio a los migrantes que se encuentran en proceso de deportación.
Consideraciones
Primera. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América ha decidido que los inmigrantes que enfrentan deportación no tienen derecho a un abogado de oficio y si contratan uno privado deben hacerlo sin que ello signifique gastos para el gobierno.
Se ha decidido que esos inmigrantes indocumentados solicitantes de asilo y los demás no tienen garantizado el derecho de reapertura de sus casos si el alegato es que sus abogados no han ejercido una defensa apropiada.
El titular del Departamento de Justicia, el secretario Michael Mukasey señaló, en días pasados, que la Constitución, ni la Ley de Inmigración autorizan a las personas en proceso de deportación, a obtener ayuda por los errores que pudieran cometer sus abogados, mediante la reapertura y reconsideración de sus casos ante un juez.
La Quinta Enmienda de la Constitución consagra la garantía de un proceso judicial justo, la disposición constitucional "no incluye el derecho de un abogado o la asistencia efectiva de un abogado".
En un comunicado publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América, contenido en 33 páginas, se señala que la Constitución no da a los extranjeros en proceso de deportación derecho a un abogado de oficio debido a que ese derecho sólo se aplica a casos penales y los que se siguen a inmigrantes solamente son casos civiles.
Segunda. Ante estos acontecimientos diversos movimientos pro-inmigrantes, como la American Immigration Law Foundation (Fundación para las Leyes de Inmigración de Estados Unidos), se han pronunciado sobre esta situación diciendo que el gobierno ha reprimido el derecho de los inmigrantes a una defensa justa para su proceso de deportación. Con esta medida el gobierno intenta minar el derecho de los inmigrantes a una audiencia justa sobre si deben ser expulsados o no de Estados Unidos de América.
Lo anterior, conlleva a que las personas que se encuentran en esta situación legal queden sin derecho a ser oídos y vencidos en juicio por las autoridades judiciales norteamericanas, eliminando sus derechos legales a una defensa adecuada, revirtiendo décadas de precedentes legales que hasta ahora les garantizaban un proceso justo.
Por lo expuesto, se somete consideración de esta Comisión Permanente con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su total rechazo a la medida del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América de negar el derecho a un defensor de oficio a los migrantes que se encuentran en proceso de deportación.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que tome las acciones pertinentes para proteger y mantener informados a los mexicanos radicados en los Estados de Unidos de América, sobre las posibles repercusiones de la entrada en vigor de las medidas aplicadas por el Departamento de Justicia.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2009.
(Rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR A LA COMISIÓN
PERMANENTE, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, SOBRE LOS
CRITERIOS DEL PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD EN 2009, SUSCRITA POR LA SENADORA
MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes
Antecedentes
El gobierno federal estableció como uno de sus programas prioritarios el de Caravanas de la Salud, que tiene por objeto acercar la oferta de la red de servicios de salud con criterios de calidad, anticipación, integralidad y resolutividad, mediante equipos itinerantes de salud, a la población que habita en micro regiones con bajo índice de desarrollo humano, que carecen de atención médica oportuna debido a su ubicación geográfica, dispersión y condiciones de acceso, en las cuales resulta muy complejo el establecimiento de unidades médicas fijas y personal que lo atienda.
Para atender a poblaciones dispersas de comunidades caracterizadas por su tamaño y pocos habitantes, que residen en zonas orográficas de complejo acceso en México, la actual administración federal, a través de la Secretaría de Salud, diseñó una nueva estrategia de atención itinerante que beneficiaría, según las reglas de operación del programa Caravanas de la Salud, a 1.2 millones de personas que habitan en un poco más de 20 mil localidades que cuentan con problemas de acceso regular a servicios integrales e institucionales de salud.
La prioridad, en un primer momento, se centró en los 125 municipios de menor índice de desarrollo humano (IDH), de las 32 entidades federativas.
Es importante enfatizar que el programa Caravanas de la Salud constituye uno de los principales esfuerzos de la política de salud del gobierno de México, para resolver las actuales limitaciones de cobertura de servicios que aún prevalecen.
El programa tiene como misión acercar la oferta de servicios de salud con equipos itinerantes a la población que habita en las micro regiones de menor índice de desarrollo humano y alto grado de marginación.
Para lograr esta misión, se ha definido desde la perspectiva de la planeación estratégica la visión de que "En México, para el 2012 no existirá ninguna persona o familia que carezca de atención médica básica, independientemente de su status socioeconómico, laboral y su lugar de residencia; esta atención será otorgada por todas las instituciones del sector salud, ya sea a través de unidades fijas o de unidades móviles, todas ellas contarán con una acreditación que asegure la calidad y eficacia de los servicios que prestan."
Los objetivos se han formulado con la finalidad de contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población más pobre y sin acceso a los servicios de salud, a través de la oferta de servicios de prevención, promoción y atención ambulatoria; a partir de un servicio regular de promoción, prevención y atención médica, mediante equipos de salud itinerantes y unidades móviles.
Consideraciones
La instrumentación del programa Caravanas para la Salud para año 2009 plantea ampliar el padrón de beneficiados de aquellas comunidades con difícil acceso a los servicios médicos, pero con la salvedad de que acotará el campo de acción.
Las reglas de operación 2009, publicadas el 30 de diciembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, plantean que el programa atenderá a 1.4 millones de personas; es decir, 200 mil personas más que la meta fijada para el 2008.
Sin embargo, mientras que en el año que acaba de concluir el programa buscaba atender a 1.2 millones de habitantes de 20 mil localidades con difícil acceso a los servicios de salud en todos los estados del país, para el 2009 la Secretaría de Salud priorizará a 6 mil localidades de 125 municipios, localizadas en tan sólo siete entidades federativas.
Es decir, la prioridad del programa se centrará en los 125 municipios de menor IDH, localizados en Chiapas, Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Veracruz, de acuerdo con las reglas de operación antes descritas.
El incremento presupuestal del programa Caravanas de la Salud para el 2009 es mayor en un 14 por ciento respecto al aprobado en el 2008, con un monto total de 614 millones de pesos.
Por otro lado, el pasado 6 de enero el presidente Felipe Calderón Hinojosa reiteró el compromiso de su gobierno con la salud de los mexicanos, y aseguró que, a pesar de la coyuntura económica internacional adversa, no se detendrá las inversiones en este sector.
Durante la ceremonia del Día de la Enfermera 2009, el titular del Ejecutivo federal destacó que el objetivo de su administración para 2011 era lograr la cobertura universal en salud.
En este sentido, el presidente de la República señaló que para alcanzar esta meta se han puesto en marcha varias acciones, entre las que destacan el aumento en los recursos presupuestales destinados a la salud, que por cierto, es un logro del Poder Legislativo, ya que el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión para el año 2009 traía un recorte descomunal para el sector salud de 4 mil millones de pesos, bajo el pretexto de que sería necesario destinar recursos para fortalecer el combate que el gobierno federal ha emprendido contra la delincuencia organizada.
En este sentido, el Congreso de la Unión logró, a partir de las modificaciones correspondientes, que para el 2009 la Secretaría de Salud cuente, en el ramo 12, con más de 85 mil millones de pesos, 23 por ciento más que en 2008.
A pesar de todo ello, no se entiende cómo funcionará la medida de reducir geográficamente el programa Caravanas de la Salud y aumentar al mismo tiempo la cobertura de la población beneficiada.
De igual forma, sería deseable que la Secretaría de Salud informe a esta soberanía, con datos verificables, el número de beneficiarios del programa en el 2008, así como el impacto que este programa ha traído en la mejora de la salud de la población más desprotegida.
Es incomprensible, por tanto, que después de un año de haber puesto en marcha el programa Caravanas de la Salud, la Secretaría de Salud vuelva a aplicar como criterio de prioridad la atención los habitantes de los 125 municipios de menor índice de desarrollo humano, localizados en siete entidades federativas que cuentan con problemas de acceso regular a servicios integrales e institucionales de salud.
La pregunta en este punto sería si no se ha hecho lo suficiente, a más de un año de instaurado el programa, para lograr que la atención médica de la población de estas comunidades marginadas fuera atendida y, en su caso, establecer mecanismos institucionales para brindarles opciones de mayor calidad y permanencia para la atención de su salud, y si estos beneficios deberían trasladarse a otras partes de la República.
Ahora, de acuerdo a la visión de la Secretaría de Salud plasmada en las reglas de operación para el 2009, es necesario volver a atender a esos 125 municipios de alta marginalidad. En ese sentido nos preguntamos ¿Qué se hizo entonces durante el 2008? ¿Cuáles fueron las metas? ¿Cuáles son los logros obtenidos? ¿Hasta cuándo veremos permanencia de los servicios de salud en estas comunidades?
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, que informe detalladamente sobre la totalidad de la población atendida con el programa Caravanas de la Salud, de los 125 municipios de menor índice de desarrollo humano en el país durante el 2008; los tipos de servicios médicos otorgados a estas localidades beneficiadas, así como las medidas para mejorar la respuesta institucional para brindar opciones de mayor calidad y permanencia para la atención de la salud de estas poblaciones.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud, informe a esta soberanía sobre los criterios tomados en cuenta en las reglas de operación del programa Caravanas de la Salud para el 2009, para ampliar la cobertura a 200 mil personas respecto al 2008, pero reduciendo, de 20 mil localidades con difícil acceso a los servicios de salud en todos los estados del país, a tan sólo 6 mil localidades de 125 municipios localizadas en siete entidades federativas.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 14 de enero de 2009.
Senadora María Elena Orantes López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR AL CONGRESO DE LA UNIÓN SOBRE DIVERSOS
ASPECTOS DE LA INICIATIVA MÉRIDA E INVITAR A UNA REUNIÓN
A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, A CARGO DEL DIPUTADO ARMANDO
BARREIRO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Luego de un largo e intenso periodo de deliberaciones legislativas en Estados Unidos, la Iniciativa Mérida, acordada por los gobiernos de México y de la Unión Americana, ha iniciado sus operaciones.
2. El tema tiene especial relevancia por dos cuestiones: el ascenso permanente de la espiral delictiva en nuestro país, la cual multiplica los crímenes para expandir su dominio e incursiona ya en la utilización de métodos inéditos en México, como el terrorismo directo contra la población.
3. En contrapartida a la confianza que demuestran en las conferencias de prensa los funcionarios responsables de la seguridad pública, la audacia y ferocidad de los criminales atemorizan cada vez más a la sociedad, la cual no avizora una mejora que al menos atenúe la crispación en que vive. Ante la información de sucesivos boletines oficiales que enumeran decomisos de armamento, drogas y grandes cantidades de dinero, los hechos parecen demostrar que esas acciones en poco o nada afectan a las organizaciones de criminales, pues a una incautación supuestamente relevante siguen otras de mayor cuantía, lo que se ha convertido en una escalada que parece no tener fin y que expande la incertidumbre entre la sociedad, junto a la duda de si las acciones anticrimen del gobierno federal tienen rumbo y estrategia.
4. Ni los informes gubernamentales ni los discursos de los funcionarios son suficientemente convincentes para ganar la credibilidad social; el clamor de los ciudadanos y sus familias es el que se presenten hechos que demuestren la eficacia de las instituciones en un horizonte estratégico y que se suspendan las declaraciones efectistas que sólo buscan efectos publicitarios con fines electorales. Así, es fundamental que los recursos adicionales que se han gestionado a través de la Iniciativa Mérida generen resultados también adicionales, no sólo en las metas operativas más obvias, como la capacitación de personal y otras similares, sino también exigir del gobierno federal el compromiso para obtener resultados que demuestren el esfuerzo adicional de eficacia y eficiencia institucionales que la situación demanda.
5. Recordemos que el pasado 3 de diciembre, México y Estados Unidos firmaron una carta de entendimiento mediante la cual se libera la primera parte de los recursos considerados en la Iniciativa Mérida. Se liberaron así 197 millones 175 mil dólares de los 400 millones para apoyar la lucha contra el narcotráfico en territorio nacional. Dicha cantidad estaría orientada a la compra de equipos de inspección no intrusiva, tecnología aplicada, perros adiestrados, capacitación en materia de control de confianza y técnicas de investigación, entre otras. En el acto de firma del acuerdo de cooperación se indicó que la entrega de recursos y equipos se completaría hacia marzo o abril del presente año y los recibirían varias dependencias e instancias del Estado mexicano, como la Secretaría de Defensa Nacional.
6. De acuerdo con información que el titular del Ejecutivo envió al Senado de la República sobre el destino que podrían tener los recursos recibidos, las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar), y de Seguridad Pública federal (SSP), así como la Procuraduría General de la República (PGR), son las más beneficiadas con recursos de la Iniciativa Mérida en 2008 y 2009. Para la Sedena se prevén 69 millones 500 mil dólares; para la PGR, 63 millones 300 mil; para la Semar, 50 millones; y para la SSP federal, 56 millones 950 mil, mientras que en conjunto para varias acciones la PGR y la SSP ejercerían 15 millones 500 mil dólares. Adicionalmente, se establece en el documento que "a partir de la firma del acuerdo, cada dependencia del gobierno federal podrá convenir y formalizar acuerdos específicos en el marco de sus atribuciones, con la finalidad de ejecutar cada una de las medidas de cooperación consideradas en la Iniciativa Mérida".
7. Días después, autoridades de la cancillería mexicana informaron que durante la segunda etapa de aplicación de los recursos de la Iniciativa Mérida se destinarían 116.5 millones de dólares para la compra de helicópteros y aviones que se entregarían a la Sedena y a la Semar. Carlos Rico Ferrat, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, detalló que los recursos serían liberados antes que concluyera la administración del presidente estadounidense George Bush, el próximo 20 de enero.
8. No obstante, apenas el 7 de enero, el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Antonio O. Garza, señaló que México no recibirá hasta el próximo otoño el equipo con un valor de 99 millones de dólares, como parte de la segunda fase de la Iniciativa Mérida, los cuales serán entregados por medio de la Agencia de Cooperación en Defensa y Seguridad del Departamento de Defensa de aquella nación.
9. A pesar de que el Congreso de la Unión ha reiterado en numerosas ocasiones la petición de información precisa al Ejecutivo federal para dar seguimiento puntual a los acuerdos derivados de la Iniciativa Mérida, éste ha mostrado muy poca voluntad para compartir dicha información. En otros mecanismos de cooperación bilateral antidrogas ha sido necesario ajustar los esquemas funcionales para que la soberanía nacional no sea vulnerada.
10. Nos parece que sería un grave error del Congreso de la Unión permitir que los apoyos del gobierno estadounidense, comprometidos con la Iniciativa Mérida, sean operados con la misma ineficiencia con que el Ejecutivo federal ha ejercido los recursos normales destinados a la seguridad pública en el país y, más aún, sin la supervisión de la representación popular.
11. Por lo anterior, es preciso que esta soberanía sea informada sobre los asuntos sustantivos de la Iniciativa Mérida, como la fecha precisa de inicio operativo de los compromisos bilaterales establecidos; el desglose de responsabilidades institucionales en el cumplimiento de tales compromisos; cuáles serán las autoridades encargadas de otorgar la capacitación a los funcionarios mexicanos encargados de operar la nueva infraestructura, como la operación del nuevo software para el control sobre la migración; si nuestro país ha autorizado la portación de armas de agentes estadounidenses en nuestro territorio; y cómo se operarán mecanismos permanentes de consulta con organizaciones no gubernamentales.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición, de urgente resolución, con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión invita a la secretaria de Relaciones Exteriores a una reunión de trabajo con el fin de tratar los asuntos de interés nacional relacionados con los compromisos adoptados y con los acuerdos específicos para ejecutar cada una de las medidas de cooperación consideradas en la Iniciativa Mérida de cooperación bilateral.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a entregar a esta soberanía toda la información disponible sobre la implantación en México de la Iniciativa Mérida, que contenga, entre otros documentos, el plan de trabajo, la estructura orgánica, los elementos normativos y la metodología con que se ejecutarán los acuerdos, así como el número de integrantes y el tipo de función que realizará el personal extranjero que intervendrá en la implantación de los acuerdos de dicho acuerdo de cooperación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de enero de 2009.
Diputado Armando Barreiro Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA PROBLEMÁTICA DE LA SIGATOKA NEGRA EN JALISCO, SUSCRITA POR
LA DIPUTADA BERTHA YOLANDA RODRÍGUEZ RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
La suscrita, Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
La sigatoka negra, causada por el hongo Mycosphaerella fijienesis, es considerada la enfermedad más peligrosa para los cultivos de plátano en todo el mundo, a tal grado que en algunos casos puede reducir la producción hasta 50 por ciento en la mayoría de los países productores, donde se propaga con gran rapidez y ha estado socavando la producción durante las tres últimas décadas.
Esta afectación disminuye la capacidad fotosintética de la planta y, como consecuencia, hay reducciones en rendimiento, lo que afecta la economía de los agricultores. El hongo se propaga de manera fácil, y puede hacerlo a través del agua o el viento. El riego por aspersión, por ejemplo, ayuda a esparcir la enfermedad en el plantío.
El control tradicional se basa en la aplicación de funguicidas. Sin embargo, el control químico en plantaciones comerciales eleva en forma considerable los costos de producción, lo cual afecta de manera importante a los pequeños productores.
En algunos países, los insumos químicos representan hasta 27 por ciento del costo de producción para los plátanos de exportación. Los funguicidas sistémicos permiten luchar de forma eficaz contra la sigatoka negra en las plantaciones comerciales, pero sus efectos sobre el ambiente y la salud de los trabajadores en las plantaciones son preocupantes.
Por otra parte, no hay realmente un control biológico de la enfermedad. Su manejo más bien consiste en tratar de minimizar su propagación en el plantío, eliminando hojas afectadas y, mejor aún, quemándolas. Pero como el hongo se propaga con el viento, el manejo se dificulta cuando los vecinos no hacen lo mismo.
Los plátanos representan el alimento básico para casi 500 millones de personas en el mundo, pero sus cultivos se están perdiendo cada día más debido a las enfermedades. En los países en desarrollo, los plátanos representan el cuarto cultivo alimentario en importancia, después del arroz, trigo y maíz.
A escala mundial, 85 por ciento del cultivo se produce para el consumo doméstico y el comercio local, en gran parte sin usar los plaguicidas, lo que los hace susceptibles a las enfermedades. El 15 por ciento del cultivo global de plátano destinado a la exportación depende en gran parte de los insumos químicos.
México tiene un potencial de exportación de 10 mil toneladas por año, y es un importante productor de plátano a escala mundial, pues se sitúa en el decimotercer lugar en hectáreas cosechadas y en el octavo en toneladas producidas. Para nuestro país, el sector platanero es una gran fuente generadora de trabajo, ya que la actividad permite contar con 100 mil empleos directos en el campo y 150 mil indirectos.
El primer reporte oficial del hongo causante de la sigatoka negra que afectaba plantaciones comerciales de plátano en México fue de los estados de Chiapas y Tabasco, en el sureste, en 1981. Sin embargo, la enfermedad fue observada por primera vez en el área de Tapachula, Chiapas, a finales de 1980. Posteriormente, la sigatoka negra se diseminó hacia Veracruz y Oaxaca, en 1985.
En la región del Pacífico-centro, la sigatoka negra se detectó por primera vez en Colima en 1989 y un año después se diseminó a los vecinos Michoacán, Jalisco y Guerrero. En noviembre de 1994, la enfermedad fue encontrada en Nayarit. Con este último registro, la enfermedad se encuentra en todas las áreas productoras de plátanos en la República Mexicana.
En Jalisco, la presencia de la sigatoka negra se detectó por primera vez en el ejido de El Rebalse, en 1990. La enfermedad se convirtió en el principal problema fitosanitario que amenaza la producción del cultivo de plátanos, siendo que este cultivo es fuente importante de alimentos y divisas en Cihuatlán.
A partir de esa fecha, año con año, y sobre todo en la época de lluvias, la enfermedad se agrava considerablemente, ya que es la temporada propicia para la proliferación de la sigatoka negra, haciéndola más difícil de controlar.
Y en esta época los productores de plátano del valle de Cihuatlán ven afectada gravemente su economía, ya que para poder vender su producción deben bajar los precios de su cosecha, lo cual trae consigo la reducción de su cotización en los mercados nacionales.
Este año en particular, el costo de los productos para el control de la sigatoka negra se ha incrementado de manera significativa, lo que ha afectado considerablemente el buen control de la enfermedad respecto de años anteriores.
Actualmente, el periodo de fumigaciones aéreas se realiza con un ciclo de 8 a 15 días, lo que significa un incremento significativo en los costos de los cultivos. Actualmente, el nivel de infectación en las huertas del municipio de Cihuatlán podría considerarse en un punto muy riesgoso si no se toman las medidas necesarias para controlar la presencia de la sigatoka negra en los cultivos, lo que pone en riesgo la economía del municipio.
Los productores deben poner mucho cuidado en los aspectos sanitarios y de inocuidad en la producción de este cultivo, ya que merece atención especial de parte de mercados sensibles como el europeo y el asiático. La plaga de la sigatoka negra debe controlarse buscando siempre el equilibrio en el uso de pesticidas, ya que si se rebasan las normas ambientales europeas se estarían poniendo en riesgo las puertas abiertas al comercio del plátano mexicano a los mercados.
Esta situación, compañeras y compañeros, pone en peligro el bienestar y el nivel de vida de miles de personas que encuentran sustento en el cultivo de plátano.
El Estado está obligado a garantizar las condiciones mínimas que permitan a los mexicanos desarrollar su actividad económica de la mejor manera posible. Nosotros, como legisladores, debemos escuchar los problemas de la gente y buscar una solución que les permita alcanzar ese objetivo.
Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a que de manera urgente tome las medidas necesarias y establezca programas y políticas encaminados a controlar y combatir de manera efectiva la presencia de la sigatoka negra en los cultivos de plátano de Jalisco, específicamente en el municipio de Cihuatlán.
Salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, a 14 de enero de 2009.
Diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA AL GOBIERNO DE GUERRERO A SUBSIDIAR
EL PAGO POR EL USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS PARTICIPANTES
EN LA FERIA DE LA BANDERA, EN IGUALA, A CARGO DEL SENADOR RUBÉN
FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ Y SUSCRITA POR EL SENADOR LÁZARO
MAZÓN ALONSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Quienes suscriben, senadores Lázaro Mazón Alonso y Rubén Fernando Velázquez López, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo por el se exhorta respetuosamente al gobierno de Guerrero a subsidiar a los participantes de la Feria de la Bandera, en Iguala, el pago por el uso de energía eléctrica, e implantar medidas para concienciar a dichos participantes respecto al ahorro de energía eléctrica, a fin de favorecer la reducción de costos por consumo eléctrico, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
La Feria de la Bandera que año con año se celebra en Iguala, Guerrero, es una de las expresiones esenciales de la nación para conmemorar el lábaro patrio, el símbolo primordial de la identidad mexicana, que se remonta a la época de la Independencia, cuando México surgía como un nuevo estado libre y soberano el 24 de febrero de 1821 y en donde don Magdaleno Ocampo confeccionó con los colores verde, blanco y rojo, en franjas diagonales y en cada franja una estrella dorada de cinco picos.
Sin duda, debemos a los igualtecos la preservación de esta humilde tradición en una feria abierta al pueblo que lleva ya más de medio siglo. Esta feria, a petición personal de los participantes, continúa sin cobrar a los asistentes, a fin de que puedan disfrutar de los espectáculos de primer nivel, exposiciones ganaderas, artesanales, educativas, comerciales, palenque, juegos mecánicos y el teatro del pueblo, en el que se presentan diversos artistas.
Como parte de la feria, además, se llevan a cabo conferencias, danzas prehispánicas, el tradicional desfile cívico-militar y juegos florales, organizados por los poetas del lugar, donde el ganador se hace acreedor al Tamarindo de Oro.
Además, sobre la cima del cerro Tehuehe, perteneciente a la colonia CNOP, se iza a una altura de 114 metros un lienzo de bandera de 250 kilos y una dimensión de 27 x 50 metros desde el 24 de febrero de 1998, por el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León.
Sin embargo, debido a la atención que los participantes han tenido con los asistentes, actualmente se han descuidado áreas necesarias para proteger la economía de quienes proporcionan entretenimiento, pues la mayoría de ellos han visto afectados sus ingresos por el alto costo del uso de energía eléctrica necesaria.
Por tanto, considero necesaria una asistencia del gobierno de Guerrero a fin de ayudar a los participantes de la feria mediante un significativo subsidio en el pago de las tarifas eléctricas.
Por lo expuesto, someto a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Guerrero a subsidiar a los participantes de la Feria de la Bandera, en Iguala, el pago por el uso de energía eléctrica e implantar medidas para concienciar a dichos participantes respecto al ahorro de energía eléctrica, a fin de favorecer la reducción de costos por consumo.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 14 de enero de 2009.
Senador Rubén Velázquez López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA COMISIÓN PERMANENTE CITA A COMPARECER A LOS TITULARES DE LA SAGARPA
Y DE LA CONAPESCA RESPECTO AL MOVIMIENTO CERO PESCA 2009, A CARGO DEL DIPUTADO
GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN Y SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALEJANDRO
SÁNCHEZ CAMACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputados federales de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Al tomar posesión el ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez como titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, aseguró que la dependencia asumiría tres importantes desafíos el desarrollo rural integral con énfasis en el combate a la pobreza en el campo, el desarrollo sustentable y competitivo de la actividad agropecuaria y pesquera, y la política de diálogo intenso y de concertación, e incluso afirmó que buscaría una interlocución permanente con los legisladores de todos los partidos políticos. Estas promesas han quedado en el olvido y Cárdenas Jiménez, conjuntamente con el ingeniero Ramón Corral Ávila, que preside la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, deben asumir sus responsabilidades y hacer realidades sus ofrecimientos ante la grave situación que se presenta en el campo y en el sector pesquero nacional.
Traer a la memoria lo dicho en diciembre de 2006 por Cárdenas Jiménez, nos parece oportuno, pues su actuación y la de Corral Ávila frente al creciente movimiento denominado Cero pesca 2009, contradice el objetivo de propiciar el desarrollo sustentable y competitivo de la actividad pesquera y no es la mejor manera de propiciar un diálogo intenso en pos de la concertación. El ingeniero Corral caracterizó este movimiento social como irreal, que no lo deja en las mejores condiciones para generar confianza orientada a un diálogo productivo. Lo cierto es que de mantenerse y crecer este movimiento, las consecuencias, no sólo para los pescadores involucrados sino también para los consumidores, pueden resultar considerables.
El consumo promedio de productos del mar de los mexicanos es apenas de seis kilos anuales por persona, frente a, por ejemplo, los más de 40 kilos por persona que se consumen en Japón. Pero, además, más allá del impacto real en la producción que pueda tener el movimiento Cero pesca 2009, existe la amenaza de que se presente un creciente incremento en los precios al consumidor, y con ello se inhiba aún más el consumo de estos productos cuya integración a la dieta del pueblo mexicano se debe promover para hacer frente a los problemas de malnutrición y obesidad que se han ido agravando. Recordemos que la obesidad y el sobrepeso en México se han convertido en un asunto de salud pública; en promedio 4 de cada 10 niños sufren de sobrepeso o son obesos, en los adolescentes se observan sobrepeso u obesidad en 3 de cada 10. De continuar con esta tendencia para el 2010, 5 de cada 10 niños y adolescentes padecerán de sobrepeso u obesidad. En el caso de los adultos este padecimiento es mucho más severo, 7 de cada 10 adultos tienen problemas de sobrepeso u obesidad. Además, la obesidad está relaciona con la diabetes, que es la primera causa de muerte en México. Y todo ello pudiese ser disminuido con una correcta política que estimule el consumo de los productos del mar.
No está de más recordar que la disminución del precio de los energéticos fue una de las promesas electorales de Felipe Calderón. Se tiene el dato de que durante el último bimestre del 2008 se perdieron más de 400 mil empleos en el país, y ahora con la actitud de incomprensión y rechazó a la disminución de los precios de los combustibles y energía eléctrica para los productores por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se mantienen en riesgo más de 350 mil empleos directos que genera el sector pesquero, con pérdidas estimadas en 300 mil millones de pesos mensuales.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el marco de la colaboración entre poderes, cita a comparecer al ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y al Ingeniero Ramón Corral Ávila, que preside la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, para que informen las acciones realizadas, o las posibles salidas de resolución al conflicto conocido como Cero pesca 2009.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de enero de 2009.
Diputados: Alejandro Sánchez Camacho, Gerardo
Villanueva Albarrán (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA COMISIÓN PERMANENTE SOLICITA A LA SCJN QUE RESUELVA Y DÉ
EL FALLO DE INVESTIGACIÓN RESPECTO A LO ACONTECIDO EN EL ESTADO
DE OAXACA A PARTIR DE MAYO DE 2006, QUE CONSTITUYE GRAVES VIOLACIONES DE
LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS MARTÍNEZ
MARTÍNEZ Y SUSCRITA POR EL DIPUTADO OTHÓN CUEVAS CÓRDOVA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputados Othón Cuevas Córdova y Carlos Martínez Martínez, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la cual la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva y de el fallo de su investigación, con base en su facultad de investigación prevista en el párrafo segundo del articulo 97 constitucional y el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la presente legislatura, respecto de los hechos acontecidos en el estado de Oaxaca, a partir de mayo de 2006, que constituyen graves y sistemáticas violaciones a las garantías individuales, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El artículo 97 constitucional tiene gran relevancia para la conformación del estado de derecho y para sustentar la seguridad jurídica de la sociedad mexicana, los elementos expresados en este artículo consagran la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para designar de entre los miembros del Poder Judicial de la federación, uno o varios comisionados para que averigüen hechos que constituyan graves violaciones a alguna o algunas garantías individuales establecidas en la Carta Magna.
Esta facultad de nuestro máximo tribunal sólo puede ser ejercida a petición del Ejecutivo federal, de algún gobernador o de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión.
Amparada en este mandato la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, y ante los graves acontecimientos que suceden en Oaxaca, en años recientes, los cuales han sometido a la sociedad oaxaqueña al desamparo del estado de derecho, solicitamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de un punto de acuerdo aprobado por el Pleno de su soberanía el 28 de marzo del año 2007, ejercer su facultad constitucional en virtud de que en tales acontecimientos se puede apreciar la grave y sistemática violación a las garantías individuales que privan en el estado de Oaxaca.
Razón por la cual solicitamos exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que, con la finalidad de no seguir prolongando la determinación que en forma definitiva debe tomar en relación a si los hechos investigados constituyen o no violaciones graves a las garantías individuales, y tomando en consideración que en los términos de la regla número 5 de las reglas generales del propio acuerdo general número 16/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece en el segundo párrafo a la letra: "Las investigaciones podrán durar hasta seis meses, correspondiendo al Pleno decidir si amplía dicho plazo, cuando la investigación así lo requiera", en el caso concreto ese plazo ha sido ampliado en dos ocasiones por el Pleno de la corte, tiempo suficiente para la realización de la investigación ordenada, razón por la cual se hace necesario el fallo del máximo órgano de justicia de la nación en relación a estos hechos.
Los hechos que se piden investigar hasta el día de hoy se encuentran en la impunidad que tiene como características y funciones: la ausencia del castigo, la prolongación de una situación de injusticia ejercida contra las personas, la ausencia de investigación, el no ejercicio de la acción penal, la mala integración de la averiguación, la parcialidad de los jueces, entre otros. La impunidad no es un dejar de hacer o dejar pasar, sino un acto racional y deliberado de violencia y violación a los derechos humanos. Esto supone un problema de seguridad social y de procuración de justicia.
Por ejemplo, con los detenidos y encarcelados del movimiento social hubo violaciones a su debido proceso legal; se dieron detenciones arbitrarias (sin existir flagrancia, orden de aprehensión o tratarse de casos urgentes); se quebrantó la integración de averiguaciones previas por una fiscalía móvil, ubicada en zona federal; se incomunicó a los detenidos en virtud de no haber tenido derecho a una llamada y haber quedado prohibida toda visita o comunicación con personas ajenas a la "autoridad"; se tiene documentada tortura e intimidación física y psicológica de los detenidos (como la amenaza de muerte de tirarlos de los helicópteros, durante los traslados a los penales de Oaxaca y Nayarit); se cometió con ellos privación de los estímulos sensoriales, de necesidades fisiológicas y de contextos sociales; existió tortura física por parte de elementos de la PFP y de la policía ministerial del estado de Oaxaca, quienes les propinaron golpes, lesiones, daños psicológicos, hasta simulación de ejecuciones; se les imposibilitó el contar con un defensor de confianza; hubo casos de violación a la integridad personal y sexual de los y las detenidas, al haber sido vejados en el penal de Nayarit, principalmente (eran desnudados y desnudadas al salir de sus celdas, para ir a alguna revisión de carácter psicológico, medico o de trabajo social, dentro del penal. O el caso de un joven que fue obligado a realizar sexo oral a un elemento de la PFP); no se contó con traductores en los casos en que las personas pertenecen a un grupo étnico o pueblo indígena; no hubo acceso a los expedientes, por parte de los familiares o por los propios detenidos; hizo falta atención médica durante las primeras 72 horas en que estuvieron recluidos a pesar de las lesiones graves que les fueron propinadas por las fuerzas estatales y federales de seguridad pública; se trasgredió contundentemente la legalidad en los traslados a cárceles de alta seguridad de las personas por ser considerados delincuentes de alta peligrosidad, sin existir los exámenes criminológicos y psicológicos necesarios para dicha determinación, entre otros más.
El movimiento social más contundente de los últimos años que se levantó en Oaxaca, integrado primordialmente por la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APPO, está por cumplir tres años de su inicio en 2009, y a la fecha no se conoce a ningún responsable de las arbitrariedades que se cometieron hacia la población de la entidad.
El propio Senado de la República reconoció y discutió, en el dictamen de la Comisión de Gobernación, el 20 de octubre de 2006, por el que se analizaba la desaparición de poderes en el estado de Oaxaca, en el capitulo relativo a las "Consideraciones Políticas, Sociales y Económicas" y señaló, lo siguiente:
Es público y notorio que la crispación y el encono entre las partes en conflicto se ha incrementado, al grado que es patente la ingobernabilidad por la que atraviesa la entidad…
La autoridad local, desplegó una operación política tardía e ineficiente, que alentó el conflicto, desdibujó la legalidad y sumió a la ciudadanía en la incertidumbre y la desesperación…
Por una parte, la sociedad oaxaqueña, en particular la que habita en la ciudad capital, padece la arbitrariedad, la inseguridad, la incertidumbre y el desgobierno. Con ello, ha resultado afectada en el disfrute de sus garantías individuales, en el ejercicio de sus derechos, en la protección de su integridad física y su patrimonio, en el acceso a los servicios públicos y en el detrimento de su fuente de ingresos.
Además de los términos generales del dictamen del Senado de la República, a la fecha nadie sabe quien mató a 20 personas durante el conflicto (reconocidas por la CNDH), dónde están los más de 20 desaparecidos, nadie es garante de los cientos de heridos y lesionados, ninguna persona es responsable de los procesos legales equivocados que se le siguieron a muchas ciudadanas y ciudadanos que fueron detenidos arbitrariamente (por ejemplo el 14 de junio, el 6, 9 y 11 de agosto, el 29 y 30 de octubre, el 2, 20, 25, 26 y 30 de noviembre de 2006, el 16 de julio y el lunes del cerro de 2007, por citar alguna fechas), y encarcelados injustamente, muchos de ellos en penales de máxima seguridad como si fueran delincuentes de alta peligrosidad y absueltos después sin cargo alguno, en cumplimiento de las ejecutorias de amparo decretadas.
Y principalmente, hacemos la proposición porque ya existe el Acuerdo General Número 16/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se establecen las reglas a que deberán sujetarse las comisiones de investigación que se formen con motivo del ejercicio de la facultad consignada en el artículo 97, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es por todo lo anterior que sometemos a la consideración de esta soberanía, a efecto de que se considere como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva y dé el fallo sobre la solicitud número 1/2007, de ejercicio de la facultad de investigación, por los hechos ocurridos en el estado de Oaxaca dentro de los periodos de investigación que ordenó averiguar y que comprenden de mayo de 2006 al 31 de enero de 2007 y los días 16 y 17 de julio de 2007, hechos probablemente constitutivos de graves y sistemáticas violaciones a las garantías individuales, toda vez que tales hechos se encuentran en la impunidad.
Segundo. Se hace la anterior solicitud con base en la facultad de investigación, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación prevista en el párrafo segundo del articulo 97 constitucional, el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados de la LX Legislatura el pasado 28 de marzo de 2007 y el acuerdo general número 16/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se establecen las reglas a que deberán sujetarse las comisiones de investigación que se formen con motivo del ejercicio de la facultad consignada en el artículo 97, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado el 20 de agosto de 2007.
Dado en la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2009.
Diputados: Othón Cuevas Córdova,
Carlos Martínez Martínez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
A LA SCJN A RESOLVER EL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA NÚMERO
00686-2008, CONSIDERANDO QUE LA INDEMNIZACIÓN QUE SE PAGUE SE BASE
EN EL VALOR REAL Y VIGENTE, SUSCRITA POR EL DIPUTADO CELSO DAVID PULIDO
SANTIAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Celso David Pulido Santiago, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Veracruz es una de las entidades federativas con mayores índices de problemas agrarios sin resolver. Junto a Oaxaca, Chiapas y Michoacán es donde se concentran los conflictos más delicados según datos de la propia Secretaría de la Reforma Agraria.
En el sur de la entidad se contabilizan al menos 18 conflictos con más de 20 años de haber surgido, sin que hasta el momento las autoridades hayan podido dar solución a tales controversias.
Uno de ellos es el relativo al ejido El Jagüey y su anexo el Playón, perteneciente al municipio de Minatitlán, en el cual, desde 1987, sus pobladores fueron afectados mediante un decreto de expropiación por causa de utilidad pública debido a que existían asentamientos irregulares en los terrenos propiedad del ejido, pero que se encontraban prácticamente dentro de la zona urbana de Minatitlán; sin embargo, la indemnización de 80 hectáreas no se realizó en ese tiempo, ni tampoco se depositó ante alguna autoridad administrativa o judicial.
Lo anterior generó que los afectados, desde 1987, promovieron el juicio de amparo (609/1987), el cual en su resolución mandata al titular de la Secretaría de la Reforma Agraria a indemnizar el pago de éstas 80 hectáreas.
Al respecto, la propia Secretaría de la Reforma Agraria ha manifestado la imposibilidad de dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, debido a que se verían afectadas cientos de personas que actualmente se vieron regularizadas sus posesiones por parte de la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra (Corett).
En virtud de lo anterior, los afectados promovieron ante el juez décimo de distrito en Veracruz, un incidente de cumplimiento sustituto a fin de que se lleve a cabo un avalúo actual de las hectáreas que eran propiedad del ejido. Dicho incidente fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su resolución, misma que se encuentra pendiente.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de poderes, hace un atento exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que al resolver el incidente de inejecución de sentencia número 00686/2008 tome en consideración que la indemnización que se pague sea en base a un valor real y vigente.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2009.
Diputado Celso David Pulido Santiago (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL SECRETARIO DE SALUD A CUMPLIR LAS LEYES FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA,
Y GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA; Y A PUBLICAR
CON LA MAYOR BREVEDAD EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN LA NOM-046-SSA2-2005,
RELATIVA A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL CONTRA LAS MUJERES, SUSCRITA
POR LA DIPUTADA MARICELA CONTRERAS JULIÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones
El pasado 2 de febrero de 2007 se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la cual en el artículo 46, fracción III, le confiere a la Secretaría de Salud facultades y obligaciones para aplicar y garantizar la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, de ahí que la dependencia debe crear programas de capacitación para el personal, en materia de violencia contra las mujeres y se garantice la atención a las víctimas a través de la aplicación de la NOM 190-SSA-1999 relativa a la prestación de servicios de salud y criterios para la atención médica de la violencia familiar.
De ahí que la Cámara de Diputados retomando la urgencia de la atención a la violencia familiar derivado de una Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006, reveló que más del 20 por ciento de las mujeres mexicanas sufre de violencia familiar, es que el Pleno de la Cámara con fecha 3 de abril de 2008, exhortó a la Secretaría de Salud para que lleve a cabo las acciones conducentes que permitan la publicación de la NOM-046-SSA2-2005, violencia familiar, sexual contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.
Esta acción se tomó a partir de que la propia Secretaría de Salud realizó un anteproyecto de la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 y tras dos años de retraso, ya que desde el 12 de enero de 2007 que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) concluyó la revisión y actualización de la norma, remitiéndola a la Secretaría de Salud a fin de que se hicieran los ajustes de acuerdo a las observaciones hechas por la comisión.
Derivada de esta acción fue que hasta el 3 de marzo de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999. Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar, para quedar como NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.
Una vez publicado el proyecto, se abrió un periodo de consulta pública de 60 días, en el transcurso del cual se recibieron numerosos comentarios al proyecto mencionado, incluidas las de la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Equidad y Género.
Dichos comentarios fueron analizados por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, en el Subcomité de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, además por otros expertos en el tema, considerando la más reciente evidencia científica disponible, los compromisos internacionales suscritos por México y el marco jurídico nacional e internacional, particularmente de derechos humanos.
A partir de dicho análisis, se elaboraron las respuestas a cada uno de los comentarios recibidos y se integró una versión definitiva de la norma, ello de conformidad con los artículos 45 y 47 de Ley Federal sobre Metrología y Normalización y demás disposiciones aplicables en materia de normatividad. De ahí que la versión definitiva de la NOM-046-SSA2-2005 se sometió a la consideración del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades (Ccnnpyce), dependiente de la Secretaría de Salud, el pasado 21 de julio de 2008 y se aprobó por mayoría.
Tras su aprobación en el Ccnnpyce, el único paso pendientes en el proceso de emisión de la norma es la publicación en el Diario Oficial de la Federación, por una parte, de las respuestas a los comentarios recibidos y posteriormente, a más tardar 15 días después la publicación del texto final aprobado de la norma.
Sin embargo, ya casi ha pasado medio año desde que se aprobó la NOM-046-SSA2-2005 con los ajustes hechos al proyecto, pero el secretario de Salud continúa siendo omiso en el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en la Ley Federal de Mejora Regulatoria en lo que hace a la conclusión del proceso de modificación y publicación de la norma oficial.
Por otro lado, está violentando el mandato de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el cumplimiento de brindar atención a las víctimas de violencia familiar, ya que la modificación y actualización de la NOM-190-SSA1-1999. Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar por la NOM-046-SSA2-2005, se vuelve aún más relevante, ya que tiene por objeto establecer los criterios a observar en la detección, prevención, atención médica y la orientación en materia de violencia familiar y sexual que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en lo general, y en particular a quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual.
Además explicita la atención en lo referente a la violencia sexual y contra las mujeres, donde enfatiza la obligación del personal de salud de proporcionarles anticoncepción de emergencia o, en su defecto, de informarles sobre las alternativas para la interrupción legal del embarazo en los términos de la legislación estatal aplicable y garantizarles este servicio médico si lo requieren.
Adicionalmente establece que es necesario brindar a las personas que viven en situación de violencia familiar o sexual una atención con el enfoque de género que permita comprender de manera integral el problema de la violencia y define los criterios a observar en la notificación de los casos de violencia familiar o sexual, detectados en los establecimientos de salud, al Ministerio Público.
Aunado a ello, contribuye a la prevención y atención de la violencia familiar y sexual y obliga al personal de salud a identificar oportunamente a las personas que viven en situación de violencia familiar y sexual, pero en todo momento brindarles la atención integral y de calidad con el propósito de evitar o minimizar las consecuencias de la violencia vivida en su salud, integridad y desarrollo.
Y por último, establece que la atención médica integral de casos de violencia familiar y sexual debe comprender la promoción, protección y restauración de la salud física y mental a través del tratamiento, rehabilitación o referencia a instancias especializadas e información de opciones frente a la violencia.
Por ello, resulta de vital importancia que esta norma entre en vigor a efecto de lograr la prevención atención y erradicación de la violencia de género, por lo que sometemos a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que de cumplimiento a la Ley Federal de Mejora Regulatoria y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y se publique a la brevedad en el Diario Oficial de la Federación la NOM-046-SSA2-2005, relativa a la violencia familiar y sexual contra las mujeres.
Palacio Legislativo, a 14 de enero de 2009.
Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
AL CASO DE LA CIUDADANA ANA LAURA MONTERO OCAMPO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARICELA CONTRERAS JULIÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
En un estado de derecho que se jacta de ser social, democrático, respetuoso y defensor de los derechos humanos ¿puede una ciudadana de bien y con principios cívicos y éticos, ser privada de su libertad sin un sólo indicio jurídico que apunte a su culpabilidad? ¿Pueden autoridades encargadas de la impartición de justicia en este país, ser juez y parte en un proceso legal?
Tal es el caso de Ana Laura Montero Ocampo, una mujer de 27 años, pasante en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, luchadora social en pro de los derechos humanos y el respeto a las culturas indígenas, cantante y profesora de danza y de lengua náhuatl en las comunidades de Tlaxcala.
Ella ha sido víctima de la impunidad de las autoridades encargadas de administrar e impartir justicia en Estado de Tlaxcala, pues ha sido injustamente privada de su libertad.
Ana Laura ha sufrido graves violaciones a sus derechos humanos por autoridades administrativas y judiciales del estado, pues tras aprehenderla indebidamente la incomunicaron durante cinco días, amenazándola con ser privada de su vida, presionada psicológicamente y engañada por las autoridades.
Ana Laura está reclusa en el Centro de Readaptación Social femenil del municipio de Apizaco, Tlaxcala, pues se le acusa de haber asesinado a su suegra, aún cuando del estudio del expediente se desprende que no existen elementos para que se encuentre privada de su libertad.
Pero fue obligada a firmar, bajo amenazas de ser violada y ultrajada por los policías que la tenían en custodia, una declaración que la culpa del homicidio. A pesar de ser denunciada esta situación, la corrupción y manipulaciones de las autoridades obstruyeron el seguimiento de las violaciones.
Ana Laura Montero Ocampo fue consignada el 24 de septiembre de 2008 por el Juez Primero de la Penal en Tlaxcala, y fue remitida al Centro de Readaptación Social femenil de Apizaco, donde permanece recluida bajo un proceso legal confuso, turbio y matizado por la consigna y la corrupción.
Sumado a ello, se han hecho diversas denuncias públicas en medios de comunicación por parte de organismos de derechos humanos; además de que tanto la asociación civil Asilegal, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, se han hecho cargo de la representación legal de Ana Laura; sin embargo, las instituciones encargadas de impartir justica en su calidad de autoridades policiacas, judiciales y ministeriales, continúan vulnerando los derechos humanos de Ana Laura Montero Ocampo.
Este es un caso más de la repetida y constante violación de los derechos humanos en nuestro país por parte del personal al servicio del estado, tanto federales como estatales. Además del hostigamiento que sufren los defensores de los derechos humanos.
Es necesario que las autoridades asuman el compromiso de garantizar y respetar los derechos humanos de mujeres y hombres que son sujetos a un proceso penal, pues se debe garantizar una debida administración e impartición de justicia, así como el respeto a la labor de organizaciones y personas que buscan la protección de los derechos fundamentales.
Por lo antes expuesto, la que suscribe, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Comisión Permanente el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de poderes, exhorta al Poder Judicial de la federación para que en la estimación del procedente ejercicio de acción penal en contra de la ciudadana Ana Laura Montero Ocampo, recluida en el Centro de Readaptación Social de Apizaco, Tlaxcala, se apegue a los principios de independencia e imparcialidad, analizando de forma objetiva las pruebas de cargo en las que se basa la acusación en contra de la ciudadana mencionada.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos federal y estatal a que garanticen y respeten la labor de los defensores de los derechos humanos en México, particularmente aquellos que defienden a mujeres y sectores en situación de vulnerabilidad.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2009.
Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL GOBIERNO DE NAYARIT Y A LA SEDESOL A PROPORCIONAR LA ATENCIÓN
NECESARIA EN MATERIA DE SALUD, EDUCACIÓN Y ALIMENTACIÓN A
LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES JORNALEROS, SUSCRITA POR LA DIPUTADA
SONIA NOHELIA IBARRA FRANQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Quien suscribe, Sonia Noelia Ibarra Franquez, diputada de la LX Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración del Pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), define al trabajo infantil como la participación de los niños y niñas en cualquier actividad económica que no perjudique u obstaculice su salud, desarrollo o educación.
Sin embargo, la realidad indica que un gran porcentaje del trabajo infantil en México se traduce en maltrato y explotación infantil, padecida por los niños y niñas menores de 12 años que desempeñan cualquier trabajo, así como los que se encuentran en edades comprendidas entre los 12 y los 14 años y que realizan trabajos peligrosos. A su vez, la explotación infantil trae consigo las peores formas de trabajo infantil, en las que niñas, niños y adolescentes de todo el país son víctimas del tráfico de personas, son esclavizados, obligados a prostituirse, reclutados por la fuerza u obligados a realizar actividades ilegales o que amenazan su integridad.
Para evitar éste escenario y como medida de prevención, es necesario dirigir nuestra atención hacia Nayarit, en donde más de 500 niños y niñas indígenas entre residentes e inmigrantes, se encuentran en condiciones de vida deplorables, sin protección ante las inclemencias del tiempo y sin posibilidad de cubrir sus necesidades de educación y alimentación.
De acuerdo con información de distintas asociaciones rurales, durante el periodo de cultivo que se da de noviembre a junio, llegan a la zona agrícola de Nayarit unos 80 mil jornaleros procedentes de los municipios de El Nayar y Huajicori, en la sierra de la entidad, así como de Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. El mayor porcentaje de migración infantil se da entre abril y mayo, con el inicio del levantamiento de la cosecha, principalmente de frijol, jitomate y tabaco.
La falta de empleo y las proyecciones negativas en materia económica que se contemplan con el inicio de año en periodo de crisis, propició que se adelantara la llegada de más de 500 niños y niñas jornaleros agrícolas que esperan en las calles sin ningún tipo de cuidado, a que sus padres encuentren un empleo que les permita comer. Se trata de niñas y niños que año con año arriban a los municipios de Tuxpan, San Blas, Compostela y Tecuala, pero de manera preponderante, al municipio de Santiago Ixcuintla, en el ejido de Otates, por tratarse del principal productor agrícola de la entidad.
Debido a que se trata de una población infantil en extrema pobreza, la mayoría de los niños no tiene en donde dormir ni que comer; hablar de su derecho a la educación ya sería demasiado para ellos, y sus condiciones de salud, en condiciones precarias porque la mayoría vive a la intemperie de las plazas principales de los municipios o cerca de los campos de cultivo.
Es triste y preocupante que gran parte del apoyo que han recibido los hijos e hijas de jornaleros migrantes ha sido de la sociedad civil, a través de la organización de colectas en donde se reciben cobijas, ropa y alimentos para entregarlos a los niños en situación de calle. La situación ha llegado a tal extremo, que organizaciones sociales han pedido en calidad de préstamo, algunos albergues que se destinan únicamente a la población adulta en tiempo de cosecha de tabaco.
Desafortunadamente, lo que ocurre en Nayarit se reproduce en otras entidades federativas y es reflejo de la situación que se vive a nivel nacional. En materia de trabajo y explotación infantil, cifras de la UNICEF estiman que en que en México hay 3.3 millones de niños entre 6 y 14 años que trabajan para apoyar la economía de sus familias. Cada año, aproximadamente 350 mil niños y niñas, hijos de jornaleros agrícolas, abandonan sus comunidades de origen para emigrar con sus familias a los campos de cultivo. Menos del 10 por ciento de ellos asiste a la escuela (SEP 2007). De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2007), el 28 por ciento de los jóvenes mexicanos entre 15 y 19 años de edad trabaja y en consecuencia no está estudiando.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, realizada en 2007 por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, arrojó que durante ese año, existían en México 3.6 millones de niñas y de niños de 5 a 17 años de edad realizando alguna actividad económica; cifra que representa el 27.5 por ciento de la población total de nuestro país. Del total de la población infantil que trabaja, el 51.3 por ciento de las niñas y niños reciben una remuneración, mientras que el 45.2 por ciento son trabajadores sin pago.
Debido a lo anterior, México no está cumpliendo con lo establecido en el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre las peores formas de trabajo infantil, ni con la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada en 1990. Ésta última, ha realizado recomendaciones a nuestro país respecto al papel del Estado mexicano en materia de diseño y aplicación de políticas públicas que permitan sancionar, prevenir y erradicar el abuso, el descuido, los malos tratos y la violencia sobre la población infantil, así como para garantizar su salud, ecuación y esparcimiento.
En lo que se refiere a la legislación nacional, la situación que actualmente viven cientos de niñas y niños en Nayarit, contraviene lo establecido en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como en el artículo 4 de la Carta Magna, en el que se establece que "…los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral… El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos y otorgará las facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez".
Por lo antes expuesto, me permito someter a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión como de urgente u obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Nayarit a implantar las acciones necesarias para satisfacer los requerimientos de las niñas, niños y adolescentes jornaleros agrícolas en la entidad, en materia de salud, educación y alimentación, con especial atención en los municipios de Tuxpan, San Blas, Compostela, Tecuala y Santiago Ixcuintla.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que a través de su delegación estatal en Nayarit, se proporcionen de manera eficiente y eficaz, los recursos materiales, económicos y humanos para atender a la población infantil jornalera agrícola.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2009.
Diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez (rúbrica)
El suscrito, José Eduardo Calzada Rovirosa, senador a la LX Legislatura del Congreso de la Unión en nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucionario Institucional en el Congreso de la Unión, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 122, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que la Comisión Permanente realice un atento llamado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para que formule una excitativa a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Presupuesto y Cuenta Pública de la citada Cámara, a fin de que presenten a la mayor brevedad posible el dictamen de la minuta que contiene el proyecto de decreto de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Consideraciones
El 8 de marzo de 2007, la senadora Rosario Green, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
El 13 de diciembre de 2007, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular, por 109 votos a favor, cero en contra y una abstención, el dictamen con proyecto de decreto de la citada ley, elaborado por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Estudios Legislativos Segunda, con base en lo establecido en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que incorpora como principio de política exterior el relativo a la cooperación internacional para el desarrollo.
Ese mismo día fue turnada la minuta correspondiente a la colegisladora para su consideración, conforme al artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A su vez, el 1 de febrero de 2008 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó el asunto a su Comisión de Relaciones Exteriores, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En relación con este último aspecto, cabe mencionar que la valoración de la iniciativa de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, realizada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con fecha 7 de diciembre de 2007, estableció que su aprobación "no implicaría impacto presupuestario adicional alguno para el gobierno federal".
Resulta de la mayor importancia señalar que la expedición de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo debe ser la oportunidad de articular, en un marco jurídico único, los instrumentos y mecanismos que permitan diseñar, sistematizar, orientar, promover, consolidar y administrar la cooperación cultural, educativa, científica, técnica y económico-financiera que lleva adelante el sector público mexicano en sus dos vertientes, como donante y receptor de ésta. De igual manera, la existencia de este instrumento jurídico fortalecerá la convergencia entre las políticas y estrategias de desarrollo nacional y la política exterior, sistematizando los esfuerzos y los recursos nacionales en torno a líneas de acción prioritarias.
Han transcurrido más de 11 meses desde que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados recibió la minuta con proyecto de decreto de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, sin que a la fecha se haya presentado el dictamen correspondiente.
Señor Presidente, por lo anteriormente expuesto, le solicito de la manera más atenta dar trámite a la siguiente
Excitativa
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión realiza un atento llamado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para que formule una excitativa a las Comisiones de Relaciones Exteriores, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la citada Cámara para que presenten a la mayor brevedad el dictamen de la minuta que contiene el proyecto de decreto de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, aprobada por la Cámara de Senadores, y que les fuera turnada el pasado el 1 de febrero de 2008.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 14 de enero de 2009.
Senador José Eduardo Calzada Rovirosa (rúbrica)
A LAS COMISIONES DE EQUIDAD Y GÉNERO,
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A SOLICITUD DEL SENADOR RENÉ
ARCE ISLAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, senador de la república ante la LX Legislatura del Congreso de la Unión, René Arce Islas, del Partido de la Revolución Democrática, con base en lo dispuesto en los artículos 66, inciso c), y 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite formular excitativa a las Comisiones de Equidad y Género, y de Estudios Legislativos Primera a efecto de que se dictamine proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que fue presentada ante esta honorable soberanía el 29 de abril de 2008.
Por ello, con fundamento en los artículos invocados, me permito solicitarlo de la manera más atenta, sin dejar de considerar además que el plazo legal de las comisiones unidas para llevar a cabo el proceso de dictamen en 20 días hábiles a partir del turno ha sido ampliamente rebasado.
Senador René Arce Islas (rúbrica)
A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, A SOLICITUD DEL SENADOR CARLOS
SOTELO GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, Carlos Sotelo García, senador de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en uso de la facultad que le confieren los artículos 66, numeral 1, inciso c), y 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, respetuosamente le solicita que se envíe excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos para la elaboración y presentación del dictamen correspondiente a la iniciativa presentada por su conducto, el 29 de abril del 2008, la que contiene el proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fortalecer las comisiones de investigación del Congreso de la Unión sobre el funcionamiento de la administración pública o sobre materias de interés público.
Por ello, con fundamento en los artículos invocados, me permito solicitarlo de la manera más atenta, sin dejar de considerar además que el plazo legal de las comisiones unidas para llevar a cabo el proceso de dictamen en 20 días hábiles a partir del turno ha sido ampliamente rebasado.
Senador Carlos Sotelo García (rúbrica)